REVISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Nº 154 OTOÑO 2019

www.cepchile.cl

CONTENIDO

¿CANDIDATAS O ESPECTADORAS? UN ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA LEY DE CUOTAS

Joaquín Galeno; Francisco Gallego; Felipe González

DEJAR DE JUGAR POR LAS REGLAS: HACIA UNA REVITALIZACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Ignacio Valenzuela Nieto

LAS VICISITUDES DE LA ESPERANZA LIBERAL: DE LA UTOPÍA MINARQUISTA A LA DISTOPÍA ANARCOCAPITALISTA*

Felipe Schwember Augier

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS PARA CONSOLIDAR A LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA COMO UN SERVICIO PÚBLICO CONFIABLE

Felipe Irarrázabal Philippi

PETER SLOTERDIJK: “LA VIDA DEBIERA ORIENTARSE MENOS HACIA SU PROLONGACIÓN Y MÁS HACIA SU PROFUNDIDAD”*

Alfonso Peró

JUEGO DE GENERACIONES. APUNTES SOBRE EL NUEVO PAISAJE POLÍTICO CHILENO*

Cristóbal Bellolio

DINERO, ABSTRACCIÓN Y CRISIS DE LA SOCIABILIDAD LIBERAL

Eduardo Sabrovsky

EL MISTERIOSO PODER DE LAS IDEAS

José Joaquín Brunner

ACTUANDO LA POLÍTICA

Carlos Peña

DISIDENCIA O PROSTITUCIÓN*

Ernesto Ayala

DEL ORDEN SAGRADO A LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS NIÑOS

Manfred Svensson

ARTÍCULO

¿CANDIDATAS O ESPECTADORAS? UN ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA LEY DE CUOTAS

Joaquín Galeno

Pontificia Universidad Católica de Chile

Francisco Gallego

Pontificia Universidad Católica de Chile

Felipe González

Pontificia Universidad Católica de Chile

JOAQUÍN GALENO. Ingeniero comercial y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: jagaleno@uc.cl

FRANCISCO GALLEGO. PhD por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: fgallego@uc.cl.

FELIPE GONZÁLEZ. PhD en economía por la UC Berkeley. Profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: fagonza4@gmail.com.

Los autores agradecen los comentarios y las sugerencias de Felipe Aldunate, Vittorio Corbo, José Díaz, Andrés Hojman, Jeanne Lafortune, Rolf Lüders, José Tessada y Gert Wagner, así como de los árbitros anónimos de Estudios Públicos. También agradecen al proyecto Fondecyt regular 1170956 por el financiamiento entregado.

RESUMEN: Este artículo expone que, luego de la introducción de la ley de cuotas, los partidos políticos nominaron a candidatas mujeres en peores condiciones que a candidatos hombres en las elecciones parlamentarias del año 2017. Así, ellas tuvieron 20 puntos porcentuales menos de probabilidad de ocupar el primer lugar de su partido en la papeleta y recibieron un millón de pesos menos en aportes de su colectividad. Los cálculos realizados indican que la desventaja en la ubicación en la papeleta electoral se transformó en una pérdida que va de una a cinco parlamentarias. El artículo termina discutiendo potenciales diseños alternativos que afinarían la política de cuotas y los desafíos que implicarían.

PALABRAS CLAVE: cuotas de género, elecciones parlamentarias, papeleta, posicionamiento, candidatas mujeres.

RECIBIDO: marzo 2019; ACEPTADO: mayo 2019.

CLASIFICACIÓN JEL: D72; K16.

CANDIDATES OR ONLOOKERS? AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE QUOTA LAW

ABSTRACT: This article shows that following the introduction of the quota law, political parties nominated female candidates on worse terms than male candidates in the 2017 parliamentary elections. Thus, women were 20 percentage points less likely to be first-placed for their party on the ballot paper and received a million pesos less funding from it. The calculations carried out indicate that this poor ballot placement translated into a loss of between one and five women parliamentarians. The article concludes by discussing potential alternative designs that would refine quota policy, and the challenges these would entail.

KEYWORDS: gender quotas, parliamentary elections, ballot, positioning, female candidates.

RECEIVED: March 2019; ACCEPTED: May 2019.

JEL CLASSIFICATION: D72; K16.

1. INTRODUCCIÓN

La menor participación femenina en espacios de representación política y de poder ha sido una preocupación cada vez mayor dentro del debate público y académico. Esto porque, a pesar de que las mujeres conforman aproximadamente el 50 por ciento de la población, al año 2015 sólo el 12 por ciento de los escaños legislativos disponibles a nivel mundial eran ocupados por representantes del género femenino (Kanthak y Woon 2015). Aquello ha sido reconocido por gobiernos y la sociedad civil en diferentes países, lo que ha llevado a impulsar mecanismos de acción afirmativa que tienen por objetivo aumentar esta proporción. La más común de estas medidas es la implementación de cuotas de género, las que consisten en la obligación de contar con un número determinado de candidatas mujeres a nivel de partidos en las elecciones en que éstos participan. En la actualidad, más de 100 países han adoptado en alguna medida este tipo de política dentro de sus sistemas de representación (Internacional IDEA et al. 2018), ya sea de forma obligatoria (a través de la ley electoral) o voluntaria (a través de los reglamentos internos de los partidos).

Chile, desde el año 2015, también se sumó a este grupo de países a través de la promulgación de la Ley 20.840, que reforma su sistema electoral, pasando de un sistema binominal a uno proporcional “moderado”. En esta ley se establece que ningún género podrá superar el 60 por ciento del total de los candidatos inscritos por los partidos a nivel nacional —de lo contrario, toda la lista quedará invalidada—, a la vez que entrega incentivos monetarios para la inclusión de mujeres a través de una mayor devolución de gastos de campaña.

A pesar de los esfuerzos por incrementar la participación política femenina, la efectividad de las cuotas de género es variada entre países. En el caso chileno, luego de que se introdujo la cuota, la participación de representantes femeninas en la Cámara de Diputados se ha visto incrementada en 6,7 puntos porcentuales (desde una base de 15,8), mientras que para el Senado este aumento fue de 7,4 puntos porcentuales (partiendo de igual base). Si bien este incremento es mayor a la tendencia de aumento de representación femenina que se venía registrando en las elecciones parlamentarias chilenas, resulta relativamente bajo en comparación con la experiencia de otros países que han implementado este tipo de política.

La figura 1 muestra una selección de países en los que se han incorporado diversos tipos de cuotas de género. La cuota chilena presenta una baja efectividad en relación con legislaciones similares en otros países. Mientras un incremento de un punto porcentual de cuota en el caso argentino logró un aumento de 0,76 puntos porcentuales en la participación de mujeres en el parlamento, para Chile este efecto alcanza sólo 0,28 puntos porcentuales. Las distintas formas de aplicar las cuotas entre países pueden ser una causa importante detrás de esta variación.[1]

¿Qué elementos de la legislación que regula la competencia electoral podrían explicar la mayor efectividad de unas legislaciones sobre las otras? El trabajo de Schwindt-Bayer (2009) muestra que si bien las cuotas tienen un impacto positivo a la hora de aumentar la participación femenina en las cámaras legislativas, su efecto se ve disminuido a un tercio si es que no están acompañadas de (i) mecanismos que aseguren su cumplimiento y (ii) de mandatos acerca de la localización de los candidatos en la papeleta.[2] Si bien la autora logra cuantificar este menor impacto, no identifica cuál es el rol que está jugando cada una de estas características de las cuotas en el comportamiento de la participación femenina parlamentaria. Por otro lado, Esteve-Volart y Bagues (2012) muestran el rol que tienen los partidos para afectar el resultado electoral de las candidatas al poner en los primeros lugares de la papeleta de votación a los candidatos masculinos, lo que va en línea de lo encontrado por Besley et al. (2017) respecto al rol de los líderes del partido en no incorporar mujeres competentes debido a la preocupación de que puedan ser reemplazados producto del aumento de competencia interna.

Esto motiva el objetivo de este artículo. Tomando en consideración que en la última elección parlamentaria los partidos chilenos cumplieron con la cuota,[3] esta investigación busca revisar mecanismos que los partidos pueden utilizar para mermar las posibilidades de las mujeres de ser electas y que podrían estar jugando un rol en la efectividad de la ley en la última elección parlamentaria. Este artículo estudia tres razones que podrían explicar la baja efectividad de las cuotas en el caso chileno: el aporte monetario a las candidaturas, la posición dentro de la papeleta y la elección de la zona electoral en las cuales compiten los candidatos.

Los resultados indican que las candidatas tuvieron 20 puntos porcentuales menos de probabilidad de encabezar la lista de candidatos de sus partidos. Y es conocido que existen efectos significativos en la votación producto del posicionamiento de los postulantes dentro de la papeleta electoral, algo que se ha denominado ballot-order effect: nominados que ocupan las primeras posiciones tienen ganancias en votación de entre 2 y 6 puntos porcentuales.[4] Al mismo tiempo, las candidatas al parlamento en 2017 recibieron cerca de un millón de pesos menos de parte de sus partidos, lo que logra explicar un tercio de la brecha que existe entre hombres y mujeres. Finalmente, no encontramos evidencia respecto a que los partidos nominen a menos mujeres en las zonas electorales en las que son más competitivos ni de mayor tamaño.

El artículo termina por evaluar el impacto de distintos ordenamientos de los candidatos según género dentro de la papeleta electoral. Usando simulaciones de ordenamientos alternativos encontramos que el número de mujeres parlamentarias aumentaría entre uno y cinco si las mujeres encabezaran la papeleta o el orden de los candidatos fuera aleatorio. Esto corresponde a una reducción de hasta 10 por ciento (8 puntos porcentuales) de la brecha calculada para Chile en relación con los países que han logrado mayor efectividad en la implementación de las cuotas.

2. LITERATURA RELACIONADA

Este trabajo se suma a la literatura que estudia la participación femenina en política y las cuotas de género. Existen varios trabajos que han intentado comprender los efectos de la inclusión de este tipo de intervención tanto en variables observables relevantes como en políticas desarrolladas una vez que se incorporan mujeres en los espacios de poder.

En el primer grupo, Baltrunaite et al. (2014), por ejemplo, muestran que la incorporación de cuotas de género aumentó la cantidad de años de educación en los candidatos electos y que esto se debe no sólo a la elección de mujeres más educadas, sino que además se dejan de elegir a los hombres menos educados. Asimismo, Bagues y Campa (2017) presentan evidencia de que las cuotas para municipalidades pequeñas llevaron aparejadas un aumento en la cantidad de mujeres electas, no así en la calidad de los políticos electos, medida a través de la educación promedio de éstos. Por el lado de los sesgos en los votantes, De Paola et al. (2010) muestran que las cuotas son efectivas para reducir el sesgo negativo que existe dentro de la población respecto de las candidatas, aumentando la participación de mujeres en las administraciones locales aun después de haber retirado las cuotas en el sistema de elección. Finalmente, por el lado de la representación, Miranda y Suárez-Cao (2018) estudian el rol de las mujeres en la política chilena, con un capítulo especial dedicado al desempeño electoral de las mujeres en las elecciones parlamentarias de 2017, y Schwindt-Bayer (2018) presenta estudios del rol de las mujeres en la política latinoamericana de manera más general.

Dentro del segundo grupo de trabajos, que abordan políticas desarrolladas una vez que se incorporan mujeres en los espacios de poder, encontramos a Clots-Figueras (2011), investigación que muestra cómo legisladoras mujeres en cupos reservados pueden cambiar políticas orientadas a favorecer a las mujeres, así como también tiene un impacto positivo en políticas redistributivas. En la misma línea, Beaman et al. (2009) muestran que la exposición a cuotas reduce los sesgos negativos hacia las mujeres y que la presencia de asientos reservados en espacios de liderazgo aumenta la probabilidad de que mujeres compitan y ganen en las elecciones del consejo de villa en India. Además de esto, también encuentran una mejora en las percepciones del liderazgo femenino y un debilitamiento de los estereotipos de género en el espacio público y privado.

La importancia de ambos grupos de trabajos radica en que entregan evidencia acerca de la capacidad de las cuotas de género en conseguir sus objetivos, así como documentan las consecuencias que conlleva la implementación de cuotas auténticamente efectivas. En esta línea, Caminotti y Freidenberg (2016) estudian la efectividad de las cuotas en Argentina y México, y concluyen que es necesario prestar atención al comportamiento de los partidos a la hora de las nominaciones.

Por otro lado, una tercera línea de investigación busca introducir elementos adicionales a las explicaciones de oferta y demanda tradicionales que se han hecho a las políticas de acción afirmativa. En particular, intenta entregar evidencia acerca del comportamiento de los partidos políticos luego de la introducción de una ley de cuotas. En este grupo de trabajos podemos encontrar a Besley et al. (2017), quienes muestran el rol que tienen los líderes de partidos en Suecia para dificultar la entrada de mujeres, puesto que esto aumenta la competencia en el mercado de líderes políticos (o líderes de partidos), lo que termina por aumentar la probabilidad de que pierdan el poder. Frechette et al. (2008) investigan desde la perspectiva de los incumbentes el cómo existen diferentes incentivos —que además cambian según el sistema electoral en el que se desarrolle la votación— a la hora de aprobar la incorporación de este tipo de medida, ya que para la aprobación de este tipo de legislación se necesita, obviamente, el voto de individuos que luego competirán. Finalmente, Esteve-Bolart y Bagues (2012) muestran cómo los partidos nominan en peores posiciones a candidatas mujeres, aun en contextos donde el orden de los candidatos es determinado por orden alfabético de los apellidos, evidenciando que los partidos ocupan efectivamente todos los grados de libertad que tienen de forma estratégica.

Todas estas investigaciones muestran que el funcionamiento de las cuotas puede estar influido por comportamientos que van más allá de la contextualización clásica de oferta y demanda que entiende las cuotas como un desvío de la nominación óptima de candidatos, puesto que muestran que los actores involucrados pueden tener incentivos diversos, tanto a la hora de aprobar este tipo de legislación como de competir bajo ella. Esto es particularmente importante, dado que esta investigación busca mostrar canales alternativos vía los cuales los partidos responden a las cuotas de género.

Finalmente, la importancia de estudiar el orden de las candidatas dentro del voto se basa en la literatura conocida como ballot-order effect; es decir, el efecto causal en votación producto de encabezar la lista en el voto. Esta literatura muestra las ventajas que adquieren las candidatas que ocupan el primer lugar dentro de la papeleta electoral. Por ejemplo, Miller y Krosnick (1998) estiman que pasar a la primera posición de la papeleta entrega 2,5 puntos porcentuales más de votos en el contexto de elecciones en Ohio en 1992. De la misma manera, en América Latina, Gulzar y Ruiz (2018) usan datos de loterías en dos elecciones en Colombia en el año 1974, y encuentran efectos de 6,6 puntos porcentuales en votación producto de la posición, siendo, a nuestro saber, los resultados más altos encontrados.[5]

La literatura desarrollada en este sentido es relevante para esta investigación, puesto que, si bien existe evidencia consistente que muestra la presencia de ballot-order effect en las elecciones, enfatiza que éste depende del nivel de información que tienen los votantes. Tomando en consideración esto para el contexto chileno, se debe entonces tener en cuenta que el cambio de sistema electoral ha producido un aumento en el número de candidatos entre los cuales las personas tendrán que tomar una decisión. Al mismo tiempo, las zonas electorales han aumentado su tamaño, por lo que los candidatos deben abarcar una mayor extensión en su campaña. Todo esto genera una disminución en la cantidad de información asimilable por los votantes.

3. CONTEXTO

3.1. Reforma electoral del 2015

Bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se publicó la Ley 20.840, con la que se reforma el sistema electoral bajo el cual se celebran las elecciones parlamentarias. En esta ley no sólo se incorporaron cuotas de género, sino que también se reformó el sistema electoral parlamentario, la composición de las zonas electorales y se entregaron incentivos a los partidos y a las mujeres para participar en la competencia por asientos en el Congreso.

De esta forma, se estableció que el sistema para elegir a los parlamentarios consiste en uno que es proporcional “moderado”, bajo el método D’Hondt, y en el cual los partidos pueden nominar un total de n+1 candidatos en los 28 distritos para los diputados y en 15 circunscripciones electorales para los senadores, donde n corresponde al total de escaños a elegir en la zona electoral. Este número varía entre 3 y 8 diputados y entre 2 y 5 senadores, según el tamaño de la población comprendida en el territorio electoral respectivo. Previo a esto, Chile estaba dividido en 60 distritos y 19 circunscripciones que elegían a 120 diputados y 38 senadores, dos por cada zona electoral correspondiente. Estos eran votados bajo un sistema de elección binominal, en el cual las listas estaban conformadas por dos nominados, que por lo general correspondían a candidatos de distintos partidos.

En relación con las políticas de género implementadas, la nueva ley detalla que ninguno de los dos géneros puede superar el 60 por ciento del total de los candidatos nominados inicialmente a nivel nacional por el partido, lo que en la práctica corresponde a una cuota de género para las mujeres de 40 por ciento, toda vez que han sido ellas las que históricamente no han logrado cumplir con este porcentaje de nominación. Adicionalmente, la ley también establece mecanismos para incentivar la incorporación de mujeres en las elecciones, tanto a nivel de partidos, como a nivel de candidatos. A nivel de partidos, estos serán compensados con 500 UF por cada una de sus candidatas mujeres electas, dinero que podrán ocupar únicamente para actividades que busquen promover la inclusión y participación femenina en política. Del mismo modo, la ley establece que candidatos y partidos tendrán una devolución adicional de 0,01 UF por voto obtenido para el caso de las candidatas. Esto corresponde a un aumento de 25 por ciento en la devolución de gastos por voto en relación con los candidatos masculinos.[6]

Tanto la cuota de género incorporada, como los incentivos monetarios que se detallan en esta sección son válidos únicamente para las elecciones parlamentarias. Para el caso de los consejeros regionales, en elecciones que se celebran de forma simultánea a los comicios parlamentarios, estos son electos también bajo el método proporcional D’Hondt en las 64 circunscripciones provinciales del país.[7]

3.2. Nominación de candidatas

En lo que respecta a las candidaturas y su posición en la cédula electoral, el Servicio Electoral de Chile (Servel) sortea, para el caso de las elecciones parlamentarias y consejeros regionales, únicamente el orden de aparición de las listas en la cédula. El orden de los partidos dentro de una misma lista lo define el propio pacto, mientras que el orden de las candidatas de un mismo partido es elección del respectivo partido.

Los partidos entonces eligen libremente el orden en que pondrán a cada uno de sus candidatos, si éste será hombre o mujer, dónde le hará competir y cuánto dinero le entregará como aporte a su campaña, sujeto a la cuota de género que debe cumplir. De esta forma, podemos reconocer que, si bien las cuotas de género han restringido los grados de libertad que tienen los partidos políticos a la hora de nominar a sus candidatos y han asegurado la participación femenina en la elección, éstos aún mantienen altos niveles de discrecionalidad al momento de disponer de sus nominados a través de los distintos mecanismos estudiados en esta investigación y que, en la práctica, reducen la participación efectiva que las candidatas pueden llegar a tener en las elecciones.

4. DATOS

Nuestro análisis usa datos a nivel de candidatos en las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales en los años 2013 y 2017. La base de datos incluye información para todos los distritos (diputados), circunscripciones electorales (senadores) y circunscripciones provinciales (consejeros regionales) del país. Se ha reunido información acerca de la afiliación política, sexo, aportes recibidos a la campaña (desde los partidos, terceros y aportes propios), posición en la cédula electoral y resultado para todos los candidatos. Para los candidatos parlamentarios de la elección de 2017 se cuenta también con medidas de experiencia política, edad y competitividad del partido que representan. En el año 2013 compitieron 91 mujeres y 379 hombres por escaños en la Cámara de Diputados, mientras que en el año 2017 compitieron 397 mujeres y 563 hombres.

Esta información se ha obtenido de dos fuentes. La primera de ellas es información pública de elecciones dispuesta por el Servel, en donde se puede encontrar la información acerca del nombre de los candidatos, la edad, la posición en la papeleta y la zona electoral en la cual están participando, tanto para las votaciones del 2013 como de 2017. La segunda de ellas es a través de la búsqueda en internet de información acerca de la experiencia legislativa que tienen los candidatos. Esta fue dividida en tres variables: (i) si el nominado es incumbente en la elección; (ii) el número de años en el parlamento, en caso de que el candidato haya participado en el poder legislativo anteriormente, y (iii) el número de años en cargos de exposición pública dentro del aparato estatal (alcaldía, gobernación, intendencia, ministerio, etcétera).

El cuadro 1 muestra las características de los candidatos para la elección de 2017. Tanto para senadores como para diputados, los candidatos hombres muestran mayor experiencia política, ya sea a través de más años en cargos legislativos u otros cargos de exposición pública, o son con mayor probabilidad incumbentes que disputan una reelección. Del mismo modo, están situados con mayor probabilidad en los primeros lugares del voto y obtienen también más votación. Así, como esta mayor experiencia política podría estar explicando las ventajas a la hora de competir en las elecciones exhibidas por los hombres respecto de las mujeres, se ocuparán estas variables como controles, de manera de reducir el problema de selección existente en este contexto.

5. EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Como hemos discutido antes, los partidos políticos contaron con una serie de mecanismos para entregar ventajas a sus candidatos hombres por sobre las mujeres que nominaron el año 2017. En este artículo estudiamos tres mecanismos específicos: (i) pudieron mejorar la posición dentro de la papeleta electoral; (ii) entregar más o menos aportes a algún género, o bien (iii) pudieron asignar a más o menos mujeres a ciertas zonas electorales producto de las características que estas últimas tuvieran, como su tamaño (de manera de aprovechar de mejor forma los incentivos monetarios que enfrentan) o la competitividad del partido en determinado distrito.

5.1. Posición de las candidatas en la papeleta electoral

La cuota puede empujar a los partidos a posicionar a las mujeres en un lugar distinto dentro de la papeleta electoral. Para testear esta hipótesis debemos estimar qué hubiesen hecho los partidos en ausencia de las cuotas. Para lograr este objetivo utilizamos las decisiones de los mismos partidos políticos, pero al momento de tomar las decisiones de posicionamiento de las candidatas en las elecciones de consejeros regionales (cores), elecciones que no estuvieron influidas por la ley de cuotas. Más aún, nuestra metodología compara la diferencia entre la posición de candidatos hombres y mujeres en las elecciones de cores (no afectadas por la ley) con la misma diferencia en las elecciones parlamentarias (sí afectadas por la ley). Además, controlamos por las diferencias entre los tipos de elecciones al usar datos de las elecciones de 2013 y de 2017. De esta manera, nuestra metodología toma en consideración las distintas características de candidatos hombres y mujeres, las diferencias entre tipos de elección, y todos los cambios en el sistema político entre el 2013 y 2017 que afectaron a ambas elecciones de igual manera.[8]

A la hora de calcular si la cuota afectó el posicionamiento de las mujeres utilizamos un marco econométrico. En particular, para testear la hipótesis de interés de manera estadística estimamos la siguiente ecuación:

posicionipjzt = b_1(Dipj*mujeri*2017t) + b_2(Dipj*mujeri) +

b_3(mujeri*2017t) + b_4(Dipj*2017t) + nz + gp + eipjzt (1)

donde posicionipjzt indica la posición en la papeleta del candidato(a) i, perteneciente al partido p, compitiendo en la elección tipo j, en la zona electoral z, y en el año electoral t. Las variables a la derecha se definen como: Dipj es un indicador que toma el valor de 1 si el candidato(a) está participando en las elecciones parlamentarias y 0 si está participando en las elecciones de consejeros regionales; mujeri es un indicador de género, y 2017t es un indicador que toma el valor de 1 para quienes compiten en el año 2017 y 0 si lo hacen en el año 2013. Finalmente nz y gp son efectos fijos para las zonas electorales y partidos políticos, que controlan por cualquier diferencia no observable en la estimación en estas dimensiones que no cambie durante el tiempo.

Esta metodología corresponde a diferencias triples en que se presentan dos grupos (cores y parlamentarios), y uno actúa como grupo tratado (parlamentarios) y el otro como grupo de control (cores). Además, se comparan hombres y mujeres antes y después del año del tratamiento. En este caso, el tratamiento está dado por estar afectos a cuotas de género, mientras que la variable de interés estará dada por el posicionamiento de las mujeres en la papeleta electoral.[9]

Las elecciones parlamentarias antes del 2017 se desarrollaban bajo el sistema binominal, en el cual los partidos competían en listas que estaban compuestas por dos candidatos. Esto dificulta la medición de la variable dependiente (posición), porque el nuevo sistema electoral —con el cual se eligen parlamentarios luego de la reforma— permite que las listas nominen a tantos candidatos como escaños a elegir existan en la zona respectiva más un candidato. Para resolver este problema, se ha creado la variable indicador, que toma valor de 1 si el candidato está en la mitad inferior dentro de los candidatos por una lista y 0 si es que se encuentra en la mitad superior. Esta variable ayuda a unificar las dos elecciones con sistemas diferentes. De esta forma, el parámetro de interés corresponde a b_1 y captura el efecto que tiene ser candidata en las elecciones parlamentarias en el año 2017 según el posicionamiento dentro de la cédula electoral. Este coeficiente captura el efecto causal de la cuota de género en la localización de las mujeres dentro de la papeleta.[10]

La columna 1 del cuadro 2 muestra los resultados de la estimación de la ecuación (1). El coeficiente estimado de interés revela que en las elecciones de 2017 las mujeres aumentaron su probabilidad de estar en la mitad inferior de la papeleta en 18,9 puntos porcentuales. Este resultado constituye evidencia de que los partidos, una vez se vieron más restringidos debido a la ley de cuotas, localizaron a las mujeres en peores posiciones de la papeleta electoral. Como se puede observar en la columna 2 del mismo cuadro, la magnitud del efecto encontrado se mantiene constante aun cuando restringimos la muestra de candidatos a los primeros dos nominados de la lista.

5.2. Contribución a las campañas políticas

Para estimar cómo cambia la contribución de los partidos políticos a las campañas electorales de 2017 estimamos la siguiente ecuación por mínimos cuadrados ordinarios:

yi = a_0 + a_1mujeri + ncp + dXi + uicp (2)

donde yi corresponde a los aportes que recibe el candidato por parte del partido. El parámetro ncp corresponde a un vector de efectos fijos por pacto-zona electoral, mujeri es un indicador que toma valor 1 si la candidata es mujer y 0 si es hombre, y Xi es una colección de controles individuales entre los que se incluyen experiencia política (es decir, años como ministro, alcalde o intendente) y edad. El coeficiente de interés es a_1 y mide cuánto dinero más o menos reciben las mujeres en la campaña electoral del 2017 al compararlas con los hombres.

El cuadro 3 presenta los resultados de la estimación de la ecuación (2), usando como variable dependiente el aporte a los candidatos. Los controles son incorporados paulatinamente entre las diferentes columnas del cuadro. Todas las regresiones controlan por efectos fijos por zona electoral y pacto, si el candidato es incumbente así como también la interacción de esta medida con la variable de género (de manera de diferenciar entre las candidatas que forman ya parte del poder legislativo y aquellas que no), la experiencia legislativa y en otros cargos de connotación pública que ha tenido el candidato, la edad y la edad al cuadrado.

Los resultados muestran que los partidos entregan menos recursos a las candidatas mujeres, aun después de controlar por sus características observables. El género está asociado a un cambio de cerca de un millón de pesos en el financiamiento que entregan los partidos a sus candidatos, lo que corresponde al 25 por ciento del total de los aportes recibidos por los aspirantes desde su partido y al 12 por ciento del total del monto de los fondos recibidos para la campaña. El mismo cuadro muestra la diferencia que existe por género para cada una de las fuentes de financiamiento que puedan tener los candidatos para solventar sus campañas. Como es posible observar, para todas las fuentes de financiamiento la variable mujer tiene asociada un coeficiente negativo y estadísticamente significativo.

5.3. Posicionamiento en territorios electorales

Un tercer mecanismo que pueden usar los partidos es la ubicación de las candidatas entre las zonas electorales en las que el partido compite. Los partidos tienen dos formas de responder “territorialmente”. En primer lugar, dado que los partidos enfrentan diferentes niveles de competitividad en las zonas electorales en las que participan, pueden ubicar a mujeres en circunscripciones y distritos en los que el partido es menos competitivo, reduciendo sus posibilidades reales de obtener un lugar en el Congreso. Y en segundo lugar, los partidos tienen incentivos monetarios a incluir una mayor cantidad de mujeres en zonas electorales de mayor tamaño, de manera de recibir una mayor devolución de los aportes realizados a las candidatas que han nominado, toda vez que esta devolución se realiza según la cantidad de votos totales obtenidos por el candidato y no por el porcentaje de votos obtenidos por estos.[11]

Para testear la presencia de este tercer mecanismo estimamos:

% mujerescp = b_0 +b_1*tamañoc + b_2*competitividadcp + sp + ecp (3)

donde % mujerescp corresponde al porcentaje de mujeres que hay en la lista de nominadas por el partido p en la zona c, tamañoc corresponde a una medida del tamaño de la zona electoral, competitividadcp es una medida de competitividad por partido que enfrenta en la zona electoral c y sp corresponde a un vector de efectos fijos por partido.

La medida de tamaño utilizada corresponde al logaritmo del número de electores totales con los que cuenta la zona electoral respectiva. En cuanto a la competitividad, la variable ocupada es el menor porcentaje necesario para que el partido deje de tener candidatos electos (en el caso de que los tenga) o pase para elegir algún candidato (y en ese caso esta variable toma valores negativos) conforme a la elección parlamentaria de 2013. En el caso de que un partido no haya competido en la zona electoral respectiva se le ha imputado el valor del partido más cercano ideológicamente. De esta manera se podrá entregar evidencia sobre si los partidos sitúan a las mujeres en lugares en donde estos estiman que poseen menores posibilidades de obtener un buen resultado.

El cuadro 4 muestra los resultados de tres especificaciones de la ecuación (3). Como se puede apreciar, no hay evidencia de que los partidos estén respondiendo al incentivo de tamaño, ya que el porcentaje de mujeres nominadas no varía según el tamaño de las zonas electorales en las cuales el partido participa. Tampoco se observa evidencia de que las mujeres estén postulando en lugares más o menos competitivos. Los signos de los coeficientes implican que a mayor tamaño hay un aumento en la cantidad de mujeres en la lista y que, a un mayor nivel de competitividad, la participación femenina en la lista del partido disminuye. Sin embargo, los efectos no son estadísticamente significativos a niveles convencionales y son de una magnitud relativamente pequeña.

6. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN

¿Por qué los partidos políticos posicionan más abajo en la papeleta a las mujeres y les dan menos dinero para sus campañas? Esta sección evalúa el rol de la cualificación de las candidatas “adicionales” que trajo la ley de cuotas e intenta responder si los resultados se deben a un comportamiento estratégico de los partidos.

6.1. Selección y cualificación de candidatas

Dado que existe un cambio en el número de candidatos que participan en las elecciones producto del cambio de sistema electoral entre las elecciones de 2013 y 2017, una potencial explicación para los resultados anteriores sería que se deben a la entrada de candidatos menos cualificados o preparados.

Para responder esta pregunta, se propone seguir la metodología de Besley et al. (2017) y estimar un modelo de diferencias-en-diferencias para el cambio en la brecha entre los ingresos potenciales de hombres y mujeres participantes en las elecciones parlamentarias para los años 2013 y 2017. El objetivo es estimar el cambio en la cualificación de las mujeres en relación con los hombres, de manera de evidenciar si es que la presencia de ventajas al competir para los hombres se podría explicar producto de una mayor cualificación de los hombres con respecto a las mujeres, lo que se debería ver reflejado en mayores diferencias en el ingreso potencial, para el año 2017, entre hombres y mujeres.

Con esta motivación estimamos la siguiente ecuación:

ingresoit = b_0 + b_1(mujeri*2017t) + b_2(mujeri) + b_3(2017t) + eit (4)

donde ingresoit corresponde a una medida del potencial de ingresos. Para calcular estos ingresos potenciales usamos una selección aleatoria de los candidatos a diputados para los años 2013 y 2017, y recolectamos información acerca de los grados académicos de educación superior (de educación técnica, profesional y de posgrado) completados por cada uno, además de su edad. Luego —ocupando información de ingresos presente en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (Casen)—, estimamos el ingreso potencial de los candidatos en el mercado laboral como un proxy de sus habilidades como aspirantes al cargo. Este ingreso potencial se calcula con la edad y educación de los candidatos y candidatas y con los coeficientes estimados de una regresión de Mincer con las siguientes variables: edad, edad^2 e indicadores para educación técnica, profesional, estudios de postgrado, y para las mujeres. Realizamos la estimación con personas de entre 21 y 79 años, rango de edad de los candidatos y las candidatas en las elecciones. El cuadro 5 reporta estadísticas descriptivas de la información obtenida para estas variables.

Las variables mujer y 2017 en la ecuación (4) corresponden a indicadores de si la candidata es mujer y si compite en el año 2017 (y no en 2013), respectivamente. De esta manera, se busca tener una medida de habilidad de los candidatos y revisar cómo ésta ha variado producto de la incorporación de la cuota. Si la diferencia entre la cualificación de hombres y mujeres permanece constante en el tiempo ello evidencia, favorablemente, que la cualificación no es uno de los factores que están jugando un rol en el desplazamiento dentro de la papeleta electoral. La cifra de postulantes a diputados pasó de 470, en 2013, a 960 en la elección del 2017. La entrada de un mayor número de candidatos y candidatas podría generar un cambio en su cualificación promedio, lo cual a su vez podría explicar los resultados encontrados en posicionamiento.

El cuadro 6 presenta los resultados. Como se puede apreciar, las mujeres tienen un ingreso potencial menor que los hombres: existe una diferencia estadísticamente significativa de cerca de $ 700.000 en los ingresos potenciales entre géneros. Sin embargo, esta diferencia no se ha visto incrementada entre los años 2013 y 2017; esta brecha se achicó en $ 420.000. Más aún, no podemos rechazar la hipótesis de que esta diferencia se haya reducido para la elección de 2017 (o sea que b_1 + b_2 = 0). De esta manera, este resultado, sumado a lo encontrado en la columna 2 del cuadro 2 sugieren que la cualificación entre los candidatos no es una variable que esté explicando los resultados.

6.2. ¿Comportamiento estratégico de los partidos políticos?

Hasta ahora, el comportamiento exhibido se ha señalado como una diferencia en el posicionamiento en la papeleta del voto que despliegan los partidos sobre sus candidatas mujeres. Si bien se ha entregado evidencia a favor de que la educación de los candidatos no estaría jugando un rol en la conducta mostrada por las colectividades, no se le ha asignado una explicación a este patrón de comportamiento.

Una posibilidad es que quienes toman las decisiones de posicionamiento tengan un sesgo implícito en detrimento de las mujeres y que, sin ser conscientes del comportamiento que están desarrollando, posicionan a las mujeres en peores posiciones más allá de las diferencias que son explicadas por la experiencia y la educación de las candidatas. Sin embargo, esto no explica por qué es una estrategia que se inicia una vez que se introduce la cuota de género.

Una explicación consistente con la evidencia encontrada es que la conducta manifestada corresponde a un comportamiento estratégico. Esta hipótesis logra explicar el posicionamiento más abajo en la papeleta después de que se implementa la cuota, puesto que previo a ella el partido podía evitar el uso de este mecanismo dejando de nominar a mujeres en la lista. Además, logra explicar las diferencias en financiamiento que se exhiben, toda vez que es consistente con un agente que ocupa los mecanismos que tiene disponible para entregar ventajas a los hombres por sobre las mujeres.

Una explicación alternativa que no involucra necesariamente un comportamiento estratégico de los partidos está relacionada con potenciales características no observables de las candidatas “adicionales” en las elecciones parlamentarias del 2017, y que no tienen relación con sus ingresos potenciales. Un ejemplo de tal característica es la conexión política de las candidatas. Existe la posibilidad de que al verse necesitados de más candidatas en el año 2017 los partidos tuvieran que recurrir a personas alejadas de las “cúpulas partidistas”. Entonces, al llegar la hora de las elecciones las ubicaron en peores posiciones y les dieron menos financiamiento porque no formaban parte de su círculo cercano. Para que esta explicación sea relevante se requiere que los partidos se beneficien más cuando son elegidas las candidatas más cercanas a las cúpulas y, además, que estas redes no estén correlacionadas con el ingreso potencial.

7. DISEÑOS ALTERNATIVOS DE LAS CUOTAS DE GÉNERO

A diferencia de leyes de cuotas en otros países, en Chile no fueron desarrollados mecanismos que reglamentaran el posicionamiento de las candidatas en la papeleta electoral. Esto es de particular relevancia, porque, tal como se muestra en Schwindt-Bayer (2009), las cuotas de género exitosas (Suecia o Argentina, por ejemplo) se caracterizan justamente por contar con este tipo de mecanismos. Es por esta razón que resulta importante cuantificar el impacto que ha tenido en el número de parlamentarias electas el hecho de no contar con esta regulación. En particular, evaluamos dos diseños alternativos de la ley de cuotas. Primero, estimamos el cambio en el número de legisladoras si los partidos estuviesen obligados a posicionar a las candidatas en los primeros lugares de la papeleta. El objetivo de esta estimación es obtener una cota superior del número de mujeres que podrían entrar al Congreso si es que aprovecharan al máximo los beneficios del ballot-order effect. Y el segundo escenario evalúa el cambio en el número de parlamentarias electas si aleatorizáramos el orden de género dentro de un mismo partido.

7.1. Impacto del movimiento de candidatas a los primeros lugares de la papeleta

Bajo esta primera política alternativa, estimaremos el aumento en el número de mujeres electas si se obliga a los partidos a situar a las mujeres encabezando la lista de nominados. Este contexto representa una cota superior al efecto que pueda tener cualquier política que se implemente a nivel de partidos, pues modifica de la manera más beneficiosa posible la posición de las mujeres. Para calcular el impacto de esta política procedemos de la siguiente forma:

i) Se toman el orden real en el cual los candidatos están puestos para cada partido en cada una de las zonas electorales.

ii) Para cada uno de los partidos y en cada una de las zonas electorales, se separan los candidatos masculinos y femeninos en dos listas distintas. Estas listas mantienen el orden que existía en la lista original para un mismo género. Esto es, si las mujeres del partido estaban en la primera y la cuarta posición dentro de todos los candidatos, en la lista exclusiva de mujeres la primera mujer se mantiene en el primer lugar y quien estaba en el cuarto lugar ahora queda en el segundo.

iii) Para la creación del nuevo orden contrafactual, se crea la nueva lista a partir de las candidatas tal como se encuentran ordenadas en la lista femenina, seguidas de los candidatos hombres ordenados tal como se encuentran dispuestos en la lista masculina. De esta forma, el “orden contrafactual” de la lista, en el que las mujeres están arriba, queda determinado.

Una vez alterado el orden, se procede a calcular el efecto en votación, el cual se genera a partir de que existe una ganancia en votación al encabezar la lista. Esto lleva a un cambio en el resultado de las votaciones en todas las combinaciones de partido y zona electoral en las cuales la lista no está encabezada por una mujer. En estas combinaciones de zona-partido, el hombre que encabezaba la lista perderá votación, la cual será absorbida por la mujer que lidere el nuevo orden del partido. La magnitud de la ganancia estará dada por el tamaño del ballot-order effect, el cual será escalado por el porcentaje de votación que obtuvo el partido en el distrito o circunscripción respectiva. Asimismo, para alcanzar un panorama más amplio de los efectos que podría tener este fenómeno en el número de mujeres electas —y dado que la estimación del ballot-order effect en la elección presidencial si bien es informativa, no nos permite determinar de manera precisa el efecto causal de la ganancia en votación como producto de la primacía en la lista partidaria—, se procede a calcular las ganancias en votación para diferentes niveles de ballot-order effect. Una vez que se obtienen los nuevos porcentajes logrados por los candidatos, se procede a calcular el número de mujeres que hubiesen sido electas bajo este nuevo orden.

La figura 3 muestra el número de mujeres adicionales que hubiesen sido electas si es que los partidos hubieran sido forzados a colocar a todas las mujeres en las primeras posiciones. Asimismo, en la figura se muestran, con líneas verticales, los niveles de ballot-order effect estimados para Chile (ver apéndice A).

Vemos, por lo tanto, que el mover a las mujeres a las primeras posiciones tiene un efecto que fluctúa entre dos diputadas adicionales, para la estimación con controles, y cuatro diputadas y una senadora adicional, para la estimación sin controles. Este aumento en representatividad femenina equivale a una reducción de entre 11,1 por ciento (5,3 puntos porcentuales) y 22,3 por ciento (10,6 puntos porcentuales) de la brecha que separa a Chile de los países que más han tenido efectividad a la hora de incrementar la participación femenina con las cuotas de género.[12]

7.2. Impacto de un orden aleatorio

Si bien el escenario anterior es el que maximiza las oportunidades de las mujeres dentro de las elecciones para la obtención de los escaños que están en disputa, el mover a las mujeres hacia arriba puede considerarse como una forma de discriminación arbitraria, en cuanto asigna beneficios a un grupo producto de las características que éste tiene. Por esta razón, y en vista a disminuir todo tipo de arbitrariedad existente en la nominación de los candidatos, estimamos el cambio en el número de mujeres electas al aleatorizar el orden de los candidatos en las listas de los partidos.

A diferencia del caso anterior, en este escenario el aumento de los escaños obtenidos por las aspirantes mujeres no está asegurado, puesto que así como mujeres pueden mejorar su posición, también habrá candidatas que empeorarán la localización dentro del voto en la que se encuentran. No obstante, como se ha estimado en las secciones anteriores, las mujeres tienen a priori una probabilidad menor de encabezar las listas de nominados por los partidos, por lo que es esperable que este resultado se vea corregido en favor de las mujeres.

Para la estimación generamos 100 órdenes aleatorios de los candidatos a nivel de partido-zona electoral. Luego procedemos a modificar repetidas veces la votación obtenida por los candidatos usando ballot-order effects de 0,1 a 8,0 puntos porcentuales. Luego se determina, para cada una de las simulaciones, en cada uno de los ballot-order effects, cuáles son los candidatos elegidos y cuántos de estos candidatos corresponden a mujeres. Una vez conocido el número de mujeres electas, se procede a obtener la media de parlamentarias y diputadas ganadoras y los percentiles 5 y 95 de la distribución observada de parlamentarias y diputadas escogidas.

La figura 4 presenta los resultados. Este gráfico muestra que para la estimación con controles el número de mujeres en el parlamento aumenta en 1,5, y en el mismo número para el caso de las diputadas. Esto equivale a una reducción de 9,1 por ciento (4 puntos porcentuales) en la brecha que separa a Chile de los países con cuotas implementadas más efectivas. Del mismo modo, con la estimación del ballot-order effect sin controles el número de parlamentarias electas aumenta en 1,27, mientras que el número de diputadas lo hace en 0,72 (1,9 puntos porcentuales), esto equivale a una reducción del 4,2 por ciento de la brecha.

A partir de los impactos calculados, estimamos que con una política de mujeres en los primeros lugares de la papeleta Chile lograría alcanzar a Colombia en cuanto a efectividad de sus cuotas, mientras que para los casos aleatorios el cambio obtenido respecto de la situación inicial es más modesto. De este modo, podemos afirmar que, si bien el peor posicionamiento femenino por parte de los partidos está jugando un rol a la hora de aumentar la participación de las mujeres en el parlamento, éste no logra explicar más del 20 por ciento del total de la brecha que existe en efectividad de la implementación de la cuota entre Chile y las naciones que más han tenido éxito en este sentido.[13]

7.3. Limitaciones al análisis de políticas alternativas

Para una mejor interpretación de los resultados entregados, se deben tomar en consideración las limitaciones que estos tienen a la hora de evaluar posibles políticas públicas alternativas que afecten el ordenamiento de los candidatos dentro del voto.

El análisis recién desarrollado supone que los partidos se comportan de la misma manera en que se hubiesen comportado de manera previa a las limitaciones propuestas al posicionamiento en la papeleta. Pero el comportamiento de los partidos es dinámico y puede modificarse al cambiar las reglas del juego.

Las políticas alternativas propuestas disminuyen los grados de libertad que los partidos poseen al posicionar a sus candidatos dentro de la papeleta electoral. En cualquiera de las propuestas, las colectividades ya no pueden elegir poner a los hombres por sobre mujeres. Sin embargo, como se ha documentado en este trabajo, el posicionamiento dentro de la papeleta electoral no es el único mecanismo que los partidos han ocupado para tratar en forma diferente a candidatos y candidatas. Al ver restringido el canal de posicionamiento dentro del voto, los partidos podrían comenzar a utilizar con más intensidad alguno de los otros dos canales mencionados: el aporte en dinero a las candidatas o su ubicación en zonas electorales donde el partido es menos competitivo o de mayor tamaño.

Una segunda consideración a tomar en cuenta tiene que ver con la cualificación de las mujeres puestas a competir en las zonas electorales en las que participan. En las políticas alternativas propuestas, la probabilidad de que la lista la encabece un hombre se reduce cuando el orden es aleatorio, o es igual a cero cuando se les obliga a que las mujeres encabecen las listas. En consecuencia, ello puede convertirse en un incentivo a buscar mujeres más cualificadas o a aumentar la cualificación de las posibles candidatas. Por lo tanto, un posible efecto colateral que tendría este tipo de política es positivo, ya que empujaría a aumentar la cualificación para las mujeres, dado que los partidos ya no podrían controlar quién será su candidato beneficiado por el ballot-order effect.

8. CONCLUSIÓN

Este artículo examina las estrategias de nominación de los partidos para las elecciones parlamentarias chilenas del año 2017 a efectos de explicar el relativo bajo impacto de la ley de cuotas. Los resultados muestran que los partidos posicionan a las candidatas en lugares más bajos dentro de la papeleta electoral —lo cual no es producto de la entrada de candidatas menos cualificadas—, que las mujeres reciben menores montos de dinero como aportes desde su partido y que los partidos no responden al incentivo monetario que existe para las candidatas en las devoluciones de gastos de campañas.

El aporte de este artículo radica, en primer lugar, en ampliar el estudio de los efectos que tiene la incorporación de cuotas de género, particularmente en contextos fuera de Europa en donde se ha realizado el grueso del estudio de este tipo de políticas, enfatizando la importancia de un potencial comportamiento estratégico de los partidos políticos que podría impedir el correcto funcionamiento de las cuotas. En segundo lugar, éste es el primer trabajo que intenta estimar el efecto que tendrían políticas alternativas —posibles de implementar— en el número final de mujeres electas, lo cual amplía el análisis económico que se ha hecho en la literatura respecto a los efectos que las cuotas han acarreado.

APÉNDICE

A. Estimación del ballot-order effect (BOE) para Chile

Para la estimación del ballot-order effect usamos información del Servel consistente en: resultados, número de participantes en la elección y el orden de los candidatos para las elecciones presidenciales entre los años 1989 y 2017. Se cuenta con esta información a nivel de candidato, por lo que se tienen 50 observaciones para las 10 votaciones en las que participó un total de 40 candidatos durante el periodo estudiado. Para estas elecciones, el orden de los candidatos dentro de la cédula electoral es sorteado públicamente. También contamos con información de características observables de los candidatos: porcentaje estimado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) de votación para cada candidato presidencial en la última encuesta anterior a la elección correspondiente,[14] el género del candidato, la distribución ideológica del aspirante (izquierda, centro o derecha) y si es que éste forma parte de las dos grandes coaliciones que han gobernado el país (Alianza y Concertación). El cuadro A.1 muestra el promedio de los observables por lugar en la papeleta electoral (primero corresponde a un indicador que toma valor 1 si es que el candidato es el primer nombre dentro de la papeleta electoral y 0 si es que se encuentra en las posiciones restantes). Como se puede apreciar —y tal como es esperable dada la aleatoriedad del sorteo—, las variables observables no tienen, en la mayoría de los casos, diferencias significativas según la posición de los candidatos. No obstante, se tomarán en consideración dentro de las estimaciones que se hagan para el ballot-order effect con el objetivo de aumentar la precisión de los estimadores obtenidos en las regresiones.

Para la estimación explotaremos el orden aleatorio de los candidatos en las elecciones presidenciales. Siguiendo a Miller y Krosnick (1998) estimamos:

% votosiet = d_0 + d_1ordeniet + gXi + eict (A.1)

donde por ciento votosiet corresponde al porcentaje de votación del candidato i en la elección e en el año t; ordeniet corresponde a la medidas orden, en donde siguiendo la literatura existente acerca de ballot-order effect nos centraremos en la ganancia de votación al ser nominado como primer candidato del partido, y Xi corresponde a un vector de características observables de los candidatos. Dado que por la aleatoriedad del sorteo el error y la posición no están correlacionados entre sí, se estará capturando el efecto causal de la posición en el porcentaje de votos obtenido.

Sin embargo, tal como se discute en diversos trabajos relacionados (Miller y Krosnick 1998; Ho e Imai 2008; King y Leigh 2009), el efecto en votación que tiene la posición en el voto depende del nivel de información que tengan los votantes a la hora de manifestar sus preferencias. De este modo —dada la importancia y la cantidad de información disponible en los distintos medios de comunicación—, la estimación obtenida se debe tomar como una cota inferior del ballot-order effect existente para las elecciones parlamentarias.

El cuadro A.2 presenta los resultados. Las columnas 1 a 3 utilizan como variable dependiente el porcentaje de votación obtenido por el candidato en la elección mientras que las columnas 4 a 6 tienen como resultado el logaritmo del porcentaje obtenido en los comicios. Las columnas 1 y 4 no utilizan controles, en tanto que las columnas 2 y 5 incluyen en la estimación el control de la última encuesta CEP antes de la elección presidencial respectiva, debido a que es la principal variable explicativa del porcentaje obtenido por el candidato. Finalmente, las columnas 3 y 6 incorporan al resto de características observables que se presentan en el cuadro A.1.

Como se puede apreciar, el indicador para estar primero dentro del voto no resulta estadísticamente significativo en ninguna de las especificaciones reportadas para ningún nivel de significancia relevante. Sin embargo, el tamaño de los efectos es grande y está en línea con las magnitudes que se encuentran en la literatura (entre 1 y 6 puntos porcentuales). Esto se debe al bajo número de observaciones con los que se cuenta para realizar la estimación. De esta manera, no podemos contar con una estimación certera de cuál es el porcentaje de ganancia que reciben los candidatos al ser seleccionados en el primer lugar. No obstante, el estimador punto sí nos sirve para obtener una referencia acerca de los valores en los que se puede encontrar el ballot-order effect para el caso chileno.

REFERENCIAS

Bagues, M. & P. Campa. 2017. Can gender quotas in candidate lists empower women? Evidence from a regression discontinuity design. Manuscrito.

Baltrunaite, A., P. Bello, A. Casarico & P. Profeta. 2014. “Gender quotes and the quality of politicians”. Journal of Public Economics 118: 62-74.

Beaman, L., R. Chattopadhyay, E. Duflo, R. Pande & P. Topalova. 2009. “Powerful women: Female leadership and gender bias”. Quarterly Journal of Economics 124 (4): 1497-1540.

Besley, T. J., O. Folke, T. Persson & J. Rickne. 2017. “Gender quotes and the crisis of the mediocre man: Theory and evidence from Sweden”. American Economic Review 107 (8): 2204-2242.

Caminotti, M. & F. Freidenberg. 2016. “Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 228: 121-144.

Clots-Figueras, I. 2011. “Women in politics: Evidence from the Indian States”. Journal of Public Economics 95: 664-690.

De Paola, M., V. Scoppa & R. Lombardo. 2010. “Can gender quotas break down negative stereotypes? Evidence from changes in electoral rules”. Journal of Public Economics 94 (5): 344-353.

Economist Intelligence Unit. 2017. The Democracy Index. https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/. Último acceso el 27 noviembre, 2017.

Esteve-Volart, B. & M. Bagues. 2012. “Are women pawns in the political game? Evidence from elections to the Spanish Senate”. Journal of Public Economics 96 (3): 387-399.

Frechette, G., F. Maniquet & M. Morelli. 2008. “Incumbents interests and gender quotes”. American Journal of Political Science 52 (4): 891-909.

Freedom House. 2017. “Freedom in the World”. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/chile. Último acceso el 27 noviembre, 2017.

Gold, D. 1952. “A note on ‘rationality’ of anthropologists in voting for officers”. American Sociological Review 17: 99-101.

Gulzar, S. & N. Ruiz. 2018. “Ballot order effects and party respondes: Evidence from Lotteries in Colombia”. Judgment and Decision Making 6 (4): 333-342.

Ho, D. & K. Imai. 2006. “Randomization inference with natural experiments: An analysis of ballot effects in the 2003 California recall election”. Journal of the American Statistical Association 101 (475): 888-900.

———. 2008. “Estimating causal effects of ballot order from a randomized natural experiment: The California alphabet lottery, 1978-2002”. Public Opinion Quarterly 72 (2): 216-240.

International IDEA, Inter Parliamentary Union & Stockholm University. 2018. Gender Quotas Database.

Kanthak, K. & J. Woon. 2015. “Women don’t run? Election aversion and candidate entry”. American Journal of Political Science 59 (3): 595-612.

King, A. & A. Leigh. 2009. “Are ballot order effects heterogeneous?” Social Science Quarterly 90 (1): 71-87.

Koppell, J. & J. Steen. 2004. “The effects of ballot position on election outcomes”. Journal of Politics 66 (1): 267-281.

Miller, J. & J. Krosnick. 1998. “The impact of candidate name order on election outcomes”. Public Opinion Quarterly 62 (3): 291-330.

Miranda, L. & J. Suárez-Cao. 2018. La política siempre ha sido cosa de mujeres: elecciones y protagonistas en Chile y la Región. Santiago: Ediciones Flacso Chile.

Schwindt-Bayer, K. 2009. “Making quotas work: The effect of gender quota laws on the election of women”. Legislative Studies Quarterly 34 (1): 5-28.

Schwindt-Bayer, K. (editor). 2018. Gender and Representation in Latin America. Nueva York: Oxford University Press. EP

[1] Si bien podría sugerirse la existencia de efectos no lineales en la cuota, de manera que la efectividad dependa del porcentaje inicial de mujeres en el parlamento, en los datos se evidencia que mientras Suecia presenta una alta efectividad partiendo desde una base más alta (36 por ciento) que el caso chileno, Argentina también logra un nivel alto de logro en el objetivo de esta política partiendo de un nivel inicial menor (5 por ciento de participación femenina en el Congreso) a la participación femenina exhibida en Chile.

[2] Ejemplos de estos mandatos son lo que se ha conocido como zipper cuota, en los cuales los candidatos se deben alternar por sexo dentro de la papeleta, o mecanismos más débiles, en los cuales sólo los dos primeros candidatos deben ser de géneros distintos.

[3] Existen tres partidos, entre 25, que terminaron con un menor porcentaje que el 40 por ciento establecido, pero esto se explica por rechazos en las candidaturas enviadas inicialmente. De igual forma, el no cumplimiento observado por estos partidos corresponde a un máximo de dos candidatas menos a las requeridas.

[4] La figura 2 muestra la distribución de las candidaturas a nivel de partidos (electas y no electas), según género. Como se puede apreciar, los partidos posicionan a las mujeres en lugares “más abajo” dentro de la cédula electoral que la contraparte masculina; del mismo modo, se muestra que quienes se posicionan más arriba logran la elección con mayor regularidad.

[5] El trabajo seminal en esta literatura es de Gold (1952). Otros trabajos importantes son los de Koppell y Steen (2004), Ho e Imai (2006) y King y Leigh (2009). El trabajo de Ho e Imai enfatiza que encabezar la lista puede ser más importante cuando los votantes tienen menos información sobre las candidatas.

[6] Los hombres reciben una devolución de 0,04 UF por voto, mientras que las mujeres, 0,05 UF, lo que equivale a 1.040 y 1.300 pesos, aproximadamente, para cada caso.

[7] Además, el año 2016 se promulga la Ley 20.900, con la que se regula el financiamiento de las candidaturas en busca de una mayor transparencia acerca de los donantes, así como también limitando los montos con los que los candidatos pueden contar para financiar sus campañas. La ley mandata que todos los aportes a las campañas deben ser realizados a través del Servicio Electoral de Chile, el cual publica los montos y el tipo de aporte en su página web. Estas donaciones pueden tener tres fuentes: los aportes entregados por terceros (personas naturales), los partidos y los aportes que los mismos candidatos hacen a sus campañas. Sólo los últimos están sujetos a devoluciones de gasto.

[8] Vale la pena hacer notar que el uso del posicionamiento de los hombres en 2017 y el posicionamiento de hombres y mujeres en la elección del 2013 tiene como objetivo mejorar la estimación de qué hubiese sucedido el año 2017 en la ausencia de las cuotas. Una simple comparación de hombres y mujeres, o de elecciones parlamentarios con cores, es improbable que entregue una buena estimación.

[9] En términos técnicos, el supuesto de identificación clave para esta estimación es que el cambio en el posicionamiento de las mujeres candidatas a consejeras regionales en el 2017 es un contrafactual válido para el cambio en el posicionamiento de las mujeres candidatas al parlamento en ausencia de la cuota de género. Es decir, estamos asumiendo que no cambiaron las características de las candidatas al parlamento en el 2017 más de lo que ya diferían con respecto a los hombres y a las mujeres en las elecciones de cores.

[10] Dado que los partidos están obligados a inscribir mujeres en las elecciones parlamentarias, podría suceder que hombres, que sin ley de cuotas hubiesen sido nominados diputados, producto de la cuota pasen a ser nominados consejeros regionales. Esto afectaría el supuesto de identificación de la estrategia empírica utilizada. Sin embargo, lo anterior no parece estar sucediendo, puesto que en ambas elecciones el porcentaje de mujeres nominadas para ser candidatas aumentó. Las candidatas a consejeras regionales pasaron de 19,6 por ciento a 27,1 por ciento entre 2013 y 2017.

[11] Mientras el distrito 27, correspondiente a la región de Aysén, está compuesto por 95 mil electores, el distrito 8, que contiene algunas comunas de la Región Metropolitana como Maipú, supera el millón de electores.

[12] Para esta brecha se utilizaron únicamente los diputados, por lo que la ganancia en una senadora adicional para el caso superior no es tomado en consideración para estos efectos.

[13] La diferencia puede corresponder al efecto que encontramos en gasto electoral, pero, a diferencia de lo que implica el ballot-order effect, no tenemos estimaciones que nos permitan documentar el efecto en votación de las diferencias de gasto.

[14] Esta encuesta, a su vez, es tomada previo a que el orden en el voto de los candidatos sea determinado a través del sorteo realizado por el Servel.

ARTÍCULO

DEJAR DE JUGAR POR LAS REGLAS: HACIA UNA REVITALIZACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Ignacio Valenzuela Nieto

Pontificia Universidad Católica de Chile

IGNACIO VALENZUELA NIETO. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster por Columbia University. Investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales UC e investigador del David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) en Harvard University. Email: ignacio_valenzuela@uc.cl.

El autor agradece la colaboración de Lucas Sierra, José Miguel Mendoza y Aurelio Gurrea Martínez, así como los valiosos comentarios de dos árbitros anónimos de Estudios Públicos. Cualquier error que pueda contener el artículo, declara, es de su exclusiva responsabilidad.

RESUMEN: Para abordar los conflictos de agencia que se generan entre socios mayoritarios y minoritarios en las organizaciones de negocios, algunas jurisdicciones han optado por sistemas de control ex ante, basados en prohibiciones y reglas de autocumplimiento, mientras otras han preferido sistemas de control ex post, en los que predominan los estándares. El legislador chileno, consciente de una propiedad concentrada y falta de experiencia institucional en la materia, optó por privilegiar un sistema de control ex ante. Este sistema, aunque cumple algunos de los objetivos pretendidos, hoy dificulta el desarrollo y evolución dinámica del derecho societario nacional. En este artículo se plantean las ventajas de apuntar hacia un sistema mixto que favorezca los estándares y, siguiendo un precedente latinoamericano, se sugieren principios para implementarlo de manera exitosa.

PALABRAS CLAVE: derecho societario, sociedades comerciales, gobiernos corporativos, problemas de agencia.

RECIBIDO: enero 2019; ACEPTADO: abril 2019.

CLASIFICACIÓN JEL: G32; G38; K20; K41.

QUIT PLAYING BY THE RULES: TOWARDS A REVITALIZATION OF CORPORATE LAW AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC POLICY

ABSTRACT: To deal with agency conflicts that arise between majority and minority shareholders in business organizations, some jurisdictions have opted for ex ante control systems, based on bans and self-enforcing rules, while others have preferred ex post control systems, in which the standards predominate. The Chilean legislator, aware of a concentrated property and lack of institutional experience in the matter, chose to favor an ex ante control system. Such system, although fulfills some of its purposes, hinders the dynamic development and evolution of Chilean corporate law. This article presents the advantages of pointing towards a mixed system that prefers standards and, following a Latin American precedent, suggests principles for its successful implementation.

KEYWORDS: corporate law, business organizations, corporate governance, agency problems.

RECEIVED: January 2019; ACCEPTED: April 2019.

JEL CLASSIFICATION: G32; G38; K20; K41.

1. INTRODUCCIÓN

La protección de la propiedad privada ha sido consistentemente en la modernidad un pilar fundamental del desarrollo económico de las naciones. Este patrón comenzó a hacerse particularmente relevante hacia fines de la Edad Media. En la época de las exploraciones y los grandes navegantes, el éxito de las empresas de conquista en levantar capital dependía (digiérase, las primeras sociedades por acciones de la historia), en buena parte, de la protección que ofrecían sus reinos a la propiedad privada y el imperio del derecho.[1]

En términos de la propiedad recaída sobre las personas jurídicas, la adecuada protección de los activos de los inversionistas —los valores o títulos que reflejan su participación en la respectiva sociedad, junto con los derechos aparejados a dicha propiedad— se traduce en consecuencias positivas para el desarrollo económico. Dentro de estas consecuencias se encuentran una mayor demanda por los valores o títulos representativos del capital aportado, condiciones más favorables para quienes buscan financiamiento por vía de capital (los emprendedores y empresarios), más empresas que buscan financiarse por dicha vía, mayor liquidez de las inversiones, mayor madurez y profundidad de los mercados de capitales y, como corolario, mejores condiciones para el emprendimiento, más respaldo a la innovación y un mayor desarrollo de las organizaciones, empresas y mercados. Ello, a su vez, puede reflejarse en una mayor generación de riquezas y más y mejores puestos de trabajo, lo que repercute en el bienestar de todos los ciudadanos.

A fines de los años noventa, La Porta y López-de-Silanes, junto con otros, concluyeron que los países con protección deficiente de los accionistas minoritarios, medida tanto por la calidad de las normas legales como por la ejecución de las mismas, tienen en general mercados de capitales más pequeños y menos desarrollados.[2] Siguiendo estos estudios, organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE se abocaron a desarrollar recomendaciones sobre gobernanza corporativa para Latinoamérica, con la motivación de que las medidas recomendadas, de ser implementadas, ayudarían a los países de la región a mejorar sus mercados de capitales. Chile fue uno de los que promovieron reformas a su marco legal societario observando estas recomendaciones.

Si bien Chile hoy obtiene buenos resultados en mediciones de organismos multinacionales sobre reglas de protección de inversionistas minoritarios (en comparación con sus pares latinoamericanos),[3] su marco legislativo ha obstado a que el derecho societario se convierta en una herramienta de política económica relevante.[4] Como consecuencia de lo anterior, sumado a altos niveles de concentración de la propiedad, existen mayores riesgos de que conductas oportunistas por parte de los accionistas mayoritarios causen perjuicios a los minoritarios (incluyendo inversionistas institucionales) y a la sociedad en cuestión. La falta de certezas de los inversionistas acerca de si el controlador de la sociedad objeto de inversión incurrirá o no en dichas conductas genera problemas de selección adversa, haciendo así más costoso el levantamiento de capital y obstando al mejor desarrollo económico del país.

Este documento expone los problemas que genera el riesgo de expropiación por parte de los accionistas mayoritarios y distingue entre los sistemas de protección de accionistas basados en reglas —como el chileno— y aquellos basados en estándares. A continuación, se explican las fortalezas y debilidades de cada sistema, argumentando por qué, en consideración a las circunstancias particulares de Chile actual, sería preferible un sistema de protección mixto que, de manera gradual, favorezca los estándares; aun cuando ello supone desafíos importantes en su implementación. Finalmente, se plantean las consideraciones legales y de política pública que podrían contribuir a que el país lleve adelante de manera exitosa una transición hacia un sistema que considere estándares, para la prevención y resolución de conflictos societarios.

2. EL PROBLEMA DE LA EXPROPIACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS

En términos generales, son tres los tipos de problemas de agencia que se generan en las organizaciones de negocios:

i) Conflictos entre la empresa y sus administradores contratados;

ii) Conflictos entre accionistas controladores o mayoritarios y accionistas no controladores o minoritarios, y

iii) Conflictos entre la empresa y otras partes con la que la misma contrata (como acreedores, empleados y clientes).[5]

De estos problemas de agencia, aquellos entre accionistas mayoritarios y minoritarios son los que prevalecen en Latinoamérica,[6] incluyendo Chile. Esto es consecuencia del alto nivel de concentración de la propiedad que existe en las sociedades de la región, lo que, en el caso de Chile, se refleja en la presencia habitual de accionistas controladores en las sociedades constituidas en el país.[7] Tales accionistas controladores ejercen control efectivo sobre los gerentes y otros administradores sociales (por la vía de designación, remoción y monitoreo permanente), así como, consecuencialmente con lo anterior, sobre las relaciones de la empresa con otras partes con las que la misma contrata. Como resultado, disminuyen los problemas de agencia subyacentes a ambos tipos de relaciones. A pesar de tales ventajas, la presencia de accionistas de control genera riesgos de expropiación (o tunneling) para los accionistas minoritarios, dando lugar a problemas de agencia relevantes entre éstos y aquéllos.[8] Esto se debe a que el accionista controlador eventualmente buscará la manera más eficiente de despojar a los accionistas minoritarios para su propio beneficio, sea por la vía de apropiarse de flujos de caja (reduciendo la disponibilidad de caja sin afectar los activos operacionales, como otorgar préstamos a partes relacionadas en condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado o realizar pagos excesivos a los miembros del directorio), activos fijos (vendiendo a partes relacionadas activos subvalorados), porcentajes de participación (diluyendo culposa o dolosamente la participación de un minoritario),[9] u oportunidades de negocios (tomándolas, directa o indirectamente, para sí, en desmedro de la sociedad controlada).[10]

Estos riesgos de expropiación, naturales en cualquier contexto donde existan accionistas de control, generan problemas de selección adversa. Tales problemas se reflejan en que, dado que los minoritarios desconocen ex ante si serán o no objeto de expropiación o si podrán o no encontrar remedios adecuados en caso de que ello ocurra, aumentan los costos del financiamiento empresarial por vía de capital (y, eventualmente, del financiamiento externo, en general).

3. ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS LEGALES A LA REALIDAD

El diseño de sistemas legales se inserta dentro de una de las problemáticas generales del derecho. Desde un punto de vista teórico, requiere una elección en un continuo cuyos extremos son los estándares y las reglas —o en lenguaje de Dworkin, principios y reglas—, como elementos medulares de disposición normativa. Dicha elección entre principios y reglas es esencial en la planificación de sistemas para regular la conducta humana. Dworkin planteaba que la diferencia entre principios legales y reglas legales es una distinción lógica. Así, tanto unos como otros apuntan a decisiones sobre obligaciones legales en circunstancias particulares, pero difieren en el carácter de la instrucción que proveen: mientras las reglas se aplican en un modo “todo o nada” (configurados los supuestos la regla debe aplicarse, a menos que sea inválida), los principios no proporcionan consecuencias legales específicas que deben ocurrir automáticamente ante la existencia de ciertas condiciones y requieren una ponderación de los mismos principios en forma previa a su aplicación.[11] Existen grados en la designación de una norma como estándar o como regla y existirán así estándares que se asemejen a reglas y reglas que se asemejen a estándares. A medida que existe una mayor cantidad de estados posibles o mayor incertidumbre sobre las circunstancias que se relacionarán a la conducta prevista, el uso de principios sobre reglas se hace más conveniente. De tal manera, existe entre principios y reglas una tensión natural: los principios otorgan mayor dinamismo y la posibilidad de evolución ante estados del mundo inciertos (sin necesidad de modificaciones legislativas) al costo de menor previsibilidad en los resultados; las reglas otorgan mayores certezas en los resultados al costo de soluciones predeterminadas que son rígidas e inmutables, quizás ineficientes una vez conocidas las circunstancias que generan su aplicación. En cualquier caso, el costo de imprevisibilidad asociada a los principios disminuirá en la medida en que se desarrolle una experiencia institucional y criterios consistentes en su aplicación. El costo de inflexibilidad e ineficiencia de las reglas puede suplirse agregando reglas cada vez más específicas o modificando las reglas existentes, con los nuevos costos (principalmente transaccionales) que ello implica.

El derecho chileno ha incorporado tanto estándares como reglas en su diseño normativo. Así, por ejemplo, las normas sobre la sucesión intestada (título II del Libro Tercero del Código Civil), el contrato de arrendamiento (título XXVI del Libro Cuarto del Código Civil) y las del tránsito (Ley 18.290, de 1984) se asemejan a reglas. Por otro lado, las normas sobre graduación de la culpa (art. 44 del Código Civil), el mandato a las entidades inscritas en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero de “divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, todo hecho o información esencial respecto de ellas mismas y de sus negocios” (art. 10 de Ley 18.045, de 1981), y las disposiciones que sancionan “cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia” (art. 1 de Decreto Ley 211, de 1973) se asemejan a estándares.

En la práctica, no hay un sistema legal único que satisfaga de la mejor manera las necesidades de los distintos países. El sistema óptimo dependerá, entre otros factores, de la materia que se intente regular, la robustez del aparato estatal, la fortaleza de las instituciones judiciales y de la disponibilidad de recursos humanos y materiales adecuados.

Según Gilson y Schwartz, las reglas son más efectivas cuando hay pocos estados del mundo posibles; esto es, cuando abundan las certezas. Indican que esta condición, común en negocios jurídicos como la compraventa, es mucho más difícil de satisfacer cuando los estados del mundo se vinculan a la administración de una organización de negocios. Por esto, concluyen, hay una visión general de que las cortes deben regular las conductas vinculadas a decisiones de negocios —que implican evolución rápida y alto nivel de incertidumbre— por referencia a principios o estándares de conducta.[12]

La elección entre sistemas basados en estándares o en reglas, común a cualquier sistema jurídico, aplica también a los sistemas de control o revisión de actuaciones societarias. Éstos pueden caracterizarse, a grandes rasgos, de la siguiente manera (si bien, en la práctica, las regulaciones societarias no son enteramente de una u otra forma y serán más bien una combinación de ambos sistemas con predominancia de uno de ellos):

i) De control ex ante: Es un sistema basado en reglas. El legislador ha establecido prohibiciones o reglas de autocumplimiento (self-enforcing rules) para regular las actuaciones de los accionistas, directores y administradores ligados a una sociedad. El diseño de política pública de estas medidas privilegia una intervención estatal mínima previo a que tenga lugar la conducta en cuestión, en lugar de revisar, con posterioridad a la actuación, si la misma ha sido legítima. El ejemplo más evidente de estos mecanismos son los procedimientos para la aprobación de transacciones con partes relacionadas, en los que se suele requerir una combinación de requisitos que incluyen la aprobación por directores no conflictuados, acuerdo de mayorías calificadas de los accionistas o apreciación por peritos. Este mecanismo puede ir acompañado de un catálogo de operaciones que serán consideradas sujetas al mismo. Otros ejemplos de prohibiciones y reglas de autocumplimiento son el requisito de apreciación por peritos en otras operaciones vinculadas a la sociedad, los derechos de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones, el derecho a retiro que asiste a los accionistas minoritarios en caso de que se adopten ciertas decisiones definidas por el legislador, la obligación de distribuir un porcentaje establecido de dividendos y una descripción de los requisitos que deben cumplir los directores independientes para su designación.

ii) De control ex post: Es un sistema basado en estándares. Existe amplia libertad para que los accionistas, directores y administradores ligados a una sociedad adopten decisiones que estiman convenientes para la conducción de la entidad, sin que estén constreñidos por prohibiciones o reglas de autocumplimiento. El diseño de política pública de este sistema privilegia la intervención estatal a requerimiento de parte y de manera posterior a la actuación. La aplicación de este tipo de control requiere el desarrollo de estándares (basados en deberes fiduciarios y principios de equidad) que sirvan de base a la revisión de transacciones ex post, siendo lo suficientemente concretos para servir de guía a quienes resuelvan las controversias y lo suficientemente amplios para permitir discrecionalidad en su aplicación para el caso particular. Dichos estándares impactarán el comportamiento futuro de los actores relevantes.

De la descripción anterior, puede concluirse que un sistema de control ex ante es preferible en países con una institucionalidad administrativa y judicial más débil, mientras que un sistema de control ex post funcionará mejor en jurisdicciones con un sistema administrativo y judicial más desarrollado y que ofrezca certeza en la ejecución de las sentencias.[13] De manera semejante y, en principio, resulta natural que países con presencia mayoritaria de accionistas controladores —presumiblemente conducentes a mercados de valores menos profundos, dinámicos y desarrollados— opten por un modelo de control ex ante (pues, en principio, impone menores costos al aparato estatal), mientras que países donde la estructura de propiedad es más dispersa —presumiblemente conducentes a mercados de valores más sofisticados— se inclinen por un modelo de control ex post (pues los mayores costos impuestos al aparato estatal estarán mejor justificados).

4. EL CASO DE CHILE

Como se ha indicado, la estructura de capital societario en Chile es mayoritariamente concentrada, lo que incrementa los riesgos de que existan conductas expropiatorias de los accionistas mayoritarios en perjuicio de los minoritarios. A ese escenario se suma un escaso desarrollo jurisprudencial en cuanto a la resolución de controversias societarias, limitados recursos para la ejecución efectiva de acuerdos entre particulares y una tradicional aversión a judicializar los conflictos societarios.

Motivado por la alta concentración en la propiedad, las tendencias internacionales de fines de la década de los setenta[14] y, presumiblemente, la falta de experiencia en el tratamiento de conflictos societarios, el legislador nacional consagró en la Ley 18.046 (la “Ley sobre Sociedades Anónimas”) un sistema de control ex ante, con un marcado predominio de prohibiciones y reglas de autocumplimiento, como las recién descritas.[15]

El sistema originalmente implementado por la Ley sobre Sociedades Anónimas fue reforzado con las reformas introducidas a partir del año 2000. Siguiendo recomendaciones de organizaciones internacionales en materias de gobierno corporativo, Chile modificó sucesivamente la regulación de sociedades, principalmente la Ley sobre Sociedades Anónimas, para aumentar los resguardos a los accionistas minoritarios. Fue así como, entre otras materias, se incorporó una acción derivativa (habilitando a los accionistas minoritarios para demandar en representación de la sociedad),[16] un mecanismo para llevar adelante una oferta pública de adquisición de acciones cuando se pretenda superar cierto porcentaje en la propiedad de una sociedad anónima abierta (incluido en la Ley 18.045, de Mercado de Valores),[17] se reemplazó íntegramente el procedimiento de aprobación de operaciones con partes relacionadas en sociedades anónimas abiertas y cerradas,[18] y se estableció el requisito de contar con directores independientes y comité de directores para ciertas sociedades anónimas abiertas.[19]

Las modificaciones introducidas en la legislación nacional, si bien contribuyeron a mejorar el posicionamiento del país en mediciones internacionales sobre condiciones para hacer negocios, no fueron acompañadas por el desarrollo de un acervo jurisprudencial sobre conflictos societarios ni una experiencia institucional en la resolución de diferencias que involucran a socios y administradores de una sociedad.

Según la ley chilena, la resolución de conflictos societarios se hace por vía de arbitraje o, excepcionalmente, de la justicia ordinaria. Existen ciertas materias para las cuales la ley impone la resolución por la vía de un tribunal arbitral (materias de “arbitraje forzoso”), dentro de las cuales destaca la resolución de conflictos entre los accionistas de una sociedad anónima o de una sociedad por acciones en su calidad de tales y entre los accionistas y los administradores sociales.[20] Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las sociedades anónimas, el demandante (salvo excepciones) es libre para sustraer el conocimiento del conflicto de la competencia de los árbitros y someterlo a la decisión de la justicia ordinaria, por lo que, en la práctica, el arbitraje sólo es obligatorio para el demandado.[21]

Desde una perspectiva institucional, tanto en el caso de resolución de conflictos societarios por un tribunal arbitral como por la justicia ordinaria, el mecanismo de resolución de controversias dispuesto por el legislador resulta problemático. En el caso de la resolución de conflictos por vía de un tribunal arbitral, las partes deben incurrir no sólo en las costas naturales de los procesos judiciales (honorarios de abogados, notificaciones, comparecencias, etcétera), sino que además en remunerar a el o los jueces árbitro.[22] Además, la resolución por jueces privados y confidencialidad habitual de estos procesos obsta a la creación de una jurisprudencia consistente y pública sobre las materias sometidas a su conocimiento, lo que dificulta crear un “historial” de los criterios utilizados por cada órgano jurisdiccional.[23] La falta de sistematización y publicidad respecto de los criterios utilizados en la resolución de conflictos societarios por tribunales arbitrales afecta no sólo a potenciales litigantes, sino también a asesores legales, asesores contables, administradores societarios, jueces, autoridades, y a los agentes económicos en general.

La resolución excepcional por vía de la justicia ordinaria tampoco presenta un marco apto para el mejor desarrollo del derecho societario. Como se ha indicado, nuestro marco jurídico favorece el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias societarias y, en general, las partes enfrentadas a tales controversias (en la medida de sus posibilidades) preferirán dicho mecanismo. La falta de disposición a recurrir a los tribunales ordinarios (considerando que hay casos en que la ley derechamente no lo permite)[24] es atribuible, presumiblemente, a una baja exposición de los mismos a este tipo de controversias (lo que es posible consecuencia, a su vez, del desfavorecimiento por el legislador), la mayor especialización ofrecida por los tribunales arbitrales y el tiempo que tarda obtener un fallo ejecutoriado. Esto dificulta el desarrollo de experiencia por parte de la justicia ordinaria en dirimir disputas societarias. Además, la tradición del sistema jurídico chileno, de marcada raíz europea continental, pone trabas significativas a la resolución expedita de conflictos de índole comercial. De manera creciente, el mundo de los negocios requiere celeridad, la que entra en conflicto con las intrincadas reglas de procedimiento y el abanico de recursos procesales que caracterizan los procesos sometidos a la justicia ordinaria. Muchas veces, incluso, las discusiones sobre las reglas del procedimiento se imponen en desmedro del asunto sustantivo. Esta hiperdependencia en las reglas procedimentales permea también la enseñanza impartida en las escuelas de derecho del país y de tal manera se contribuye a su enraizamiento y perpetuación.25, [26]

La escasa exposición que han tenido los tribunales ordinarios, en sus distintos niveles, a conflictos societarios puede inferirse de los gráficos 1, 2 y 3. Estos comparan, para el período de cinco años comprendido entre los años 2013 y 2017, los fallos (entendiendo por tales sentencias definitivas) que citan la Ley sobre Sociedades Anónimas con el total de fallos en materia civil dictados por los tribunales ordinarios para cada año del período.[27] En cualquier caso, debe tenerse presente que esta evidencia es meramente referencial, dado que el contrafactual —disputas que las partes se abstienen de someter a la resolución de la justicia ordinaria— no puede conocerse.

En el gráfico 4 se expone la razón de fallos de los tribunales ordinarios que citan la Ley sobre Sociedades Anónimas sobre los fallos totales en materia civil de los tribunales ordinarios para cada año del período 2013-2017.

Considerando el total de fallos para el período 2013-2017, la razón de fallos de los tribunales ordinarios que citan la Ley sobre Sociedades Anónimas por sobre el total de fallos en materia civil de los tribunales ordinarios, así como el promedio anual de fallos de los tribunales ordinarios que citan la Ley sobre Sociedades Anónimas, es el siguiente:

Un análisis pormenorizado de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios en el mismo período es consistente con los hallazgos de bajos niveles de litigiosidad antes expuestos. Utilizando como referencia sentencias dictadas entre los años 2013 y 2017 en las cuales un aspecto sustantivo de las mismas haya requerido un análisis o revisión de los artículos 30 (deber de los accionistas de ejercer sus derechos sociales respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas), 44 (operaciones con partes relacionadas en las sociedades anónimas cerradas) o 133 bis (acción en virtud de la cual uno o más accionistas se subrogan en la posición de la compañía para exigir la reparación de los ilícitos cometidos por sus directores, gerentes u otros en perjuicio de la misma) de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se observan tan sólo tres fallos referidos al primero (todos en Cortes de Apelaciones),[28] cuatro fallos referidos al segundo (uno en juzgados civiles, uno en Cortes de Apelaciones y dos en Corte Suprema),[29] y un fallo referido al tercero (en Corte Suprema).[30] Debe tenerse presente que todas estas disposiciones son medulares en el marco regulatorio nacional para la protección de accionistas minoritarios.

En términos de plazos, a modo de referencia, para el periodo 2013-2017 el promedio de duración de causas civiles sujetas a procedimiento ordinario terminadas con sentencia definitiva de primera instancia fue de 534 días. Para el periodo 2014-2017, el promedio de duración de causas en la Sala Civil de la Corte Suprema fue de 103 días (el valor para procedimientos ante Cortes de Apelaciones no está disponible, al igual que para Corte Suprema el año 2013).[31] En cuanto a los procedimientos judiciales que han incluido un análisis o revisión de los artículos 44 o 133 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas y que han obtenido sentencia de la Corte Suprema, la duración de los mismos fue de nueve años y tres meses, en un caso, y de seis años y ocho meses, en el otro.

Así, por una parte, las reglas escritas satisfacen, en general, buena parte de los criterios dictados por los organismos internacionales para la adecuada protección de inversionistas de capital. Sin embargo, ya sea por los costos involucrados, la carencia de incentivos, la falta de experiencia o los tiempos requeridos, en la realidad ha sido poca la experiencia institucional desarrollada en la resolución de conflictos societarios. La judicialización excepcionalísima de conflictos societarios que revela la muestra anterior hace irrealista pretender que el marco actual conducirá al desarrollo de una experiencia institucional en el entendimiento y resolución de dichos conflictos (al menos en lo referido a los tribunales ordinarios). De manera semejante, los plazos requeridos para obtener una sentencia ejecutoriada (que no admita recurso alguno) son del todo incompatibles con el curso regular de las relaciones de negocios actuales, haciendo ilusoria la efectividad de la certeza jurídica pretendida por las partes. Estas carencias repercuten en los oferentes de capital, los que difícilmente confiarán en que las reglas escritas garantizarán en toda circunstancia su tratamiento justo y demandarán más por sus aportes. Si bien las condiciones ofrecidas por los tribunales arbitrales pueden ser más favorables, en términos de experiencia de los juzgadores y tiempos de resolución, como se ha indicado previamente, sus servicios no son gratuitos —generando barreras a su acceso— y su jurisprudencia no es pública —limitando el desarrollo de experiencia institucional y criterios formadores en la resolución de conflictos societarios—.

La implementación de un sistema de control ex ante, si bien es apta para jurisdicciones en las que existen altos riesgos de tunneling y falta de experiencia institucional en la resolución de disputas societarias, presenta también considerables inconvenientes. En primer lugar, la determinación de parámetros con anterioridad a la consumación de las conductas puede obstar o imponer trabas (incluyendo altos costos) a la realización de actuaciones que no sólo pueden ser legítimas, sino que además convenientes para la sociedad y los accionistas minoritarios.[32] En segundo lugar, si bien el grueso de la intervención estatal se requiere al tiempo del diseño de las normas, una política pública responsable requiere incurrir en altos costos para asegurar —de manera continua— que las mismas se adecúen a las prácticas comerciales imperantes.[33] La falta de revisión continua se traducirá, necesariamente, en la obsolescencia e ineficacia de los propósitos inicialmente previstos para la regulación. En tercer lugar, la inmutabilidad de la norma escrita facilita el desarrollo de estrategias para su evasión desde el momento mismo en que entra en funcionamiento. Así, las partes interesadas tendrán incentivos para generar condiciones mediante las cuales puedan expropiar a los minoritarios de una manera que no se encuentre expresamente prevista por la norma, con bajos riesgos de escrutinio debido a la falta de judicialización. Finalmente, la reglamentación previa a las conductas conduce a falta de litigación, impide el desarrollo de experiencia en la resolución de conflictos societarios, eventualmente genera desconfianza en las instituciones judiciales para resolver dichos conflictos y obliga a las partes a incurrir en altos costos para zanjar las disputas que —de todas formas— se van a suscitar. Esta aversión a zanjar judicialmente las contiendas genera brechas en la experiencia judicial necesaria para brindar certezas jurídicas a las partes, de la misma manera que la falta de experiencia de las cortes produce aversión a demandar. Tal círculo vicioso no sólo es perjudicial para el adecuado remedio de la vulneración de las reglas en vigor, sino también para resolver la innumerable cantidad de controversias que pueden suscitarse en el ámbito de las interacciones societarias y que, como es natural, no están previstas en la ley.

5. LA TRANSICIÓN DE REGLAS A ESTÁNDARES

Cualquiera sea el sistema que se adopte, el desafío sigue siendo el mismo: interpretar actos complejos para, con independencia de sus formas, detectar la expropiación de accionistas mayoritarios en perjuicio de los minoritarios. El objetivo es, entonces, apuntar a un sistema que favorezca que los costos que sufren los minoritarios por expropiación de los mayoritarios no sobrepasen los beneficios emanados de la presencia de un socio controlador (en la forma de monitoreo de los administradores, apoyo de sociedades relacionadas y conocimiento del negocio, entre otros). Debe también considerarse que es eficiente que el controlador reciba alguna compensación razonable por sus esfuerzos en el monitoreo de los administradores y en la creación e implementación de proyectos, así como por el riesgo específico que asume en la empresa (y la diversificación que sacrifica) en comparación a los demás accionistas.[34] En definitiva, se requiere de un sistema que permita a los controladores comprometerse a extraer un nivel razonable y creíble de beneficios privados del control, de manera tal que se limiten los problemas de selección adversa en el financiamiento de capital y se favorezcan estructuras de control eficientes; que maximicen los beneficios para la sociedad derivados de la presencia de accionistas controladores.[35]

Como consecuencia de la globalización, las nuevas tecnologías y la internacionalización de las prácticas comerciales, las relaciones comerciales se desenvuelven en contextos cada vez más complejos. Es así como el derecho debe ponerse al servicio de la forma actual en que se hacen los negocios, y no al revés. Una transición desde un marco jurídico basado en reglas (pilares de un sistema de control ex ante) hacia uno basado en estándares (pilares de un sistema de control ex post) favorecería estos propósitos.

La adopción exitosa de un sistema de derecho societario que incorpore estándares tendría beneficios importantes para el país. En primer lugar, permitiría revitalizar el derecho societario como una herramienta de política económica, de forma que contribuya a la promoción del comercio por vía de proveer un mecanismo confiable y gratuito para la resolución de disputas en el contexto societario. Esto requiere, por cierto, liberar la carga de intrincados formalismos procesales (por ejemplo, en lo relacionado con notificaciones, presentaciones, excepciones, pruebas y recursos), los que entorpecen tanto el mejor desarrollo de las iniciativas de negocios como la adecuada resolución de conflictos de naturaleza eminentemente comercial (más que jurídica).

En segundo lugar, en un mundo de inversionistas globales, fondos de inversión ávidos de certezas y férrea competencia regional por la atracción de capitales, avanzar en esta dirección beneficiaría tanto a quienes se asocian regularmente por razones de negocios, como también a las nuevas mentes creativas locales que busquen capital dentro y fuera de Chile para el desarrollo y escalamiento de sus ideas. Desarrollar una reputación regional como expertos en derecho societario ciertamente favorecería la llegada de capitales al país, disminuyendo los costos del financiamiento empresarial.

En tercer lugar, la adopción de un sistema de control ex post permitiría hacer frente a una realidad que sólo cabe reconocer (ya no resistir, si fue alguna vez el caso): nuestros contratos comerciales (incluyendo contratos de compraventa de acciones y pactos de accionistas), de manera incremental, se han ido repletando de conceptos anglosajones.[36] Basta ver lo recurrente que son términos como tag along, drag along, right of first refusal, call y put option, covenants y representations & warranties (con sus correspondientes traducciones al español). La adecuada aplicación de estos conceptos —emanados de la práctica comercial, y no de la normativa jurídica— requiere de conocimientos específicos sobre sus propósitos y funcionamiento, así como de un adecuado entendimiento de los hechos concretos que son materia de disputa. Tales conocimientos y entendimiento sólo pueden ser aplicados en una revisión con posterioridad a la actuación (u omisión) controvertida y requieren considerable experiencia institucional, la que únicamente puede desarrollarse conociendo problemas del mundo real.

Finalmente, un involucramiento más activo de los tribunales de justicia ayudaría a desarrollar experiencia en la resolución de disputas societarias y generaría un acervo jurisprudencial que otorgue guías de conducta e influencie, de manera dinámica y sensible a la realidad, el comportamiento futuro de los actores económicos (en la forma en que la autoridad experta así lo determine). Todas estas consecuencias positivas, sumadas a la reconocida estabilidad política y económica del país, podrían contribuir al posicionamiento y consolidación de Chile como un centro financiero líder en Latinoamérica.

La transición hacia los estándares planteada y las propuestas discutidas a continuación bien podrían implementarse para sociedades de mayor tamaño, entendiendo por tales aquéllas que coticen sus acciones en las bolsas de valores de Chile. Sin embargo, debido a la complejidad y experiencia requerida para hacerlo de manera exitosa en dichas sociedades, una implementación gradual, comenzando por sociedades que no hagan oferta pública de sus acciones, es posiblemente el camino más aconsejable para iniciar la transición.

6. HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

La mayor estabilidad política del país, junto a la experiencia desarrollada en la implementación de foros especializados en la resolución de conflictos para algunas materias, representan un cambio de circunstancias respecto a aquellas que en las décadas de los ochenta y dos mil llevaron a establecer, y luego reforzar, un sistema basado en prohibiciones y reglas de autocumplimiento. Tal cambio de circunstancias, apoyado por las virtudes de los propósitos perseguidos con el nuevo modelo, así como un buen precedente en la región, ameritan la consideración de cómo podría llevarse adelante una transición hacia un sistema que paulatinamente privilegie los estándares. Dicha transición no limita la consolidación de un sistema mixto, que conserve prohibiciones y reglas de autocumplimiento estimadas valiosas. Pero el desarrollo de un sistema tal no está exento de desafíos. Para que el camino sea exitoso se requiere sortear obstáculos difíciles, tanto por las tradiciones enraizadas en la comunidad jurídica nacional como por los recursos humanos y materiales requeridos. Una evolución lograda requiere, al menos, de cuatro pilares: estándares adecuados, tribunales especializados, reglas procesales que privilegien la eficacia y la eficiencia, y políticas públicas que otorguen los incentivos correctos.

6.1. Estándares

En primer lugar, se requiere la implementación de estándares adecuados. En un mundo donde las prácticas comerciales son dinámicas, las normas padecen riesgos permanentes de obsolescencia. Es así como la estabilidad, de manera creciente, se encuentra en la adaptabilidad más que en la rigidez. Se requiere, entonces, de estándares que permitan recoger las conductas comerciales imperantes, incorporen criterios de equidad y se muevan en la tenue línea que separa la concreción y la generalidad. Ellos deben ser lo suficientemente concretos para delimitar razonablemente la conducta esperable y orientar las decisiones del proceso de revisión, y lo suficientemente flexibles para permitir su aplicación a las circunstancias particulares y su evolución según los tiempos y prácticas así lo requieran. Además, los estándares son herramientas de política pública y, como tales, deben diseñarse de una forma tal que promuevan eficiencias (reduciendo prohibiciones y permitiendo niveles razonables y creíbles de beneficios privados del control) y eliminen barreras al libre comercio.

Algunos ejemplos de estándares implementados en forma exitosa en otros países (incluyendo con origen jurisprudencial) son la regla de la discrecionalidad, o business judgment rule, que permite abstenerse de revisar judicialmente decisiones de negocios, a menos que exista conflicto de interés;[37] el levantamiento del velo societario, que permite prescindir de la forma societaria y alcanzar a los socios, en caso de abuso de dicha forma; y recursos contra el ejercicio abusivo de prerrogativas sociales, por ejemplo, abuso del derecho a voto o actos de los accionistas mayoritarios mediante los cuales éstos desvían recursos sociales para su propio beneficio en desmedro de la sociedad y los intereses de los minoritarios. Si bien es cierto que algunos de estos estándares y conceptos han sido recogidos de cierta forma por la legislación, la jurisprudencia o la doctrina nacional, la falta de litigios relacionados y de puesta en práctica de tales estándares y conceptos obsta a su plena vigencia, aplicación y desarrollo. Así, por ejemplo, la Ley sobre Sociedades Anónimas —de manera sumamente escueta— reconoce un deber de los accionistas de ejercer sus derechos sociales respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas (establecido en el artículo 30 de dicho cuerpo legal); pero, como se ha visto, esta disposición ha tenido un muy escaso (y casi inexistente) desarrollo jurisprudencial. En cuanto a la regla de la discrecionalidad y el levantamiento del velo societario, no hay norma legal alguna.

A nivel local, sería deseable también el desarrollo jurisprudencial de estándares que hoy consagra la legislación societaria chilena, pero que, por su falta de elaboración, son prácticamente inoperantes. Un ejemplo es el deber de los accionistas de respetar los derechos de terceros, según establece el ya citado artículo 30 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Otro caso es el concepto de “interés social”, elemento referido en diversas disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónimas y medular para resolver una pluralidad de asuntos propios de la marcha societaria, incluyendo algunos tan relevantes como los conflictos de interés entre quienes tienen injerencia en la administración de la sociedad y esta última.[38] Estándares como los anteriores deben ser complementados con principios generales del derecho civil, como la autonomía de la voluntad, la buena fe contractual y la libre circulación de los bienes, los que podrían consagrarse por la vía de estándares en la regulación societaria y ser aplicados en ese contexto por jueces expertos.

6.2. Tribunales especializados

En segundo lugar, se requiere de cortes especializadas en materias societarias. Chile ha desarrollado experiencia en la implementación de tribunales especiales en el ámbito tributario y aduanero, de propiedad industrial, de libre competencia, ambiental y de contratación pública; todos tribunales que, sin ser parte de la estructura administrativa del Poder Judicial, están sujetos a su supervigilancia directiva, correccional y económica, ejercida a través de la Corte Suprema.[39] La figura de un tribunal especial con facultades para resolver las más amplias controversias en materias societarias, tanto en lo referido a disposiciones legales y reglamentarias como derivadas de acuerdos entre socios, permitiría dar el paso adelante que se requiere para desarrollar una experiencia institucional en la resolución de tales controversias. En efecto, se requiere de un salto cualitativo para dar respuestas a la situación actual, caracterizada por riesgo de abusos como consecuencia de la alta concentración que existe en el control de sociedades, poca experiencia en la resolución de disputas societarias, y excesivas reglas procesales. Foros especializados de este tipo han sido establecidos en Holanda,[40] Israel[41] y Colombia. A ellos debe sumarse la Corte Estatal de Delaware, en Estados Unidos, que, si bien no tiene el carácter de tribunal especial para asuntos societarios, en la práctica, por la jurisprudencia desarrollada a lo largo de los años y la experiencia de sus jueces, es un tribunal reconocido internacionalmente como experto en estos asuntos.[42] Estos tribunales especiales a ser implementados en Chile difieren sustancialmente de los tribunales arbitrales actualmente existentes (foros también especializados) en tres aspectos fundamentales. Primero, los tribunales especializados propuestos promoverían de mejor manera el acceso a la justicia, al ser gratuitos. Segundo, facilitarían la unificación, desarrollo y evolución de criterios, al ser públicas todas sus actuaciones y resoluciones. Finalmente, contribuirían al mejor control de la calidad de las decisiones, al permitir procesos competitivos, objetivos y transparentes en la designación de sus miembros, así como en la evaluación de su desempeño.

El establecimiento de cortes especializadas a lo largo del país, como es natural, requiere de jueces con la independencia, habilidades y conocimientos adecuados para servir su cargo. Estos letrados deberían tener familiaridad con los fundamentos de las interacciones comerciales y ser capaces de privilegiar la eficacia y eficiencia en la resolución de conflictos, teniendo un rol más proactivo e inmediato que el característico de los procedimientos civiles. Asimismo, es de la mayor importancia que los juzgadores tengan formación multidisciplinaria, que incluya competencias en materia contable, financiera y el análisis económico del derecho. Particularmente respecto a este último, los jueces deben ser capaces de visualizar cómo las decisiones de un caso particular generan incentivos para comportamientos futuros, tanto por las partes del caso concreto, como también por todos los potenciales usuarios del tribunal. Por la naturaleza de las competencias y experiencia requerida, sería conveniente que las vacantes de los tribunales especializados se llenaran mediante concursos abiertos regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública (como ocurre, por ejemplo, con los Tribunales Tributarios y Aduaneros y los Tribunales Ambientales), en los cuales se exija a los postulantes el cumplimiento de ciertos requisitos de independencia, formación y experiencia. También sería deseable el involucramiento en el proceso de selección de los tribunales superiores de justicia y, según se sugerirá a continuación, en la Comisión para el Mercado Financiero.

Los tribunales societarios especializados, por sus características particulares —y sin perjuicio de poder optarse por otras alternativas, incluyendo una dependencia directa del Poder Judicial, sin que se desvirtúe el modelo de cuatro pilares propuesto—, podrían depender de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el otorgamiento de facultades jurisdiccionales especiales. Esto, al menos en una primera etapa, en que no estén sujetas a la jurisdicción de los nuevos tribunales entidades sometidas a la fiscalización de la mencionada entidad. De tal manera, una división de esta Comisión tendría a su cargo la implementación, gestión y administración del órgano jurisdiccional especializado, debiendo establecerse reglas adecuadas para salvaguardar la independencia de decisión y uso de recursos por parte del mismo. Esta alternativa —escogida por el precedente latinoamericano que existe en la materia, según se expone más adelante— parece especialmente conveniente, pues permitiría aprovechar la experiencia especializada que actualmente existe en el aparato público respecto a la interacción con sociedades comerciales. Si fuese conveniente, en una segunda etapa se podrían incluir en el nuevo sistema entidades reguladas y, con ello, plantearse la opción de que los tribunales societarios especializados se escindan del Poder Ejecutivo y pasen a integrar la lista de los tribunales especiales sujetos a la supervigilancia del Poder Judicial. Además, para garantizar la libertad de las partes, debería salvarse el derecho del demandante de someter las contiendas a arbitraje o bien a la justicia ordinaria, en forma equivalente a lo prescrito por el actual artículo 125 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Así, la sujeción de las partes al nuevo tribunal sería voluntaria. Pudiendo razonablemente preverse que partes financieras sofisticadas en contiendas que involucren montos mayores, al menos en principio, continuarán recurriendo a arbitrajes para la resolución de conflictos societarios; las nuevas cortes otorgarían una opción gratuita, expedita, y especialmente útil para todos los demás intervinientes en relaciones societarias, incluyendo emprendedores y socios de pequeñas y medianas empresas.

La propuesta de implementar tribunales especiales en materia societaria probablemente requeriría hacerse cargo de las críticas de quienes son contrarios a la atomización de la judicatura y de quienes creen que las reformas contempladas al sistema de justicia civil solucionarían buena parte de los problemas que fundamentan la pretensión. Así, por una parte, hay quienes son escépticos de los presuntos beneficios de los tribunales especiales, argumentando que estos atomizan nocivamente la actividad jurisdiccional, debilitan el equilibrio entre los poderes del Estado y que se apartan de la independencia e imparcialidad esenciales para el adecuado funcionamiento de la justicia ordinaria.[43]

Sin ánimo de profundizar en esta discusión en el presente trabajo, se aprecia que este tipo de críticas encuentra buenos contraargumentos cuando se trata de defender la conveniencia de los tribunales societarios especializados. En primer lugar, en cuanto a la atomización de la actividad jurisdiccional, cabe recordar que el legislador ha optado tradicionalmente por apartar la resolución de conflictos societarios de la esfera de la justicia ordinaria, haciendo los conflictos societarios, en general, materia de arbitraje forzoso. Por lo mismo, la implementación de estos tribunales no sustraería de los tribunales ordinarios la resolución de un tipo de conflictos que actualmente se le encuentre encomendada de forma preferencial o excluyente, o bien que en la práctica se sometan regularmente a su conocimiento. Luego, en lo referido a un supuesto desequilibrio entre los poderes del Estado y afectación de la independencia e imparcialidad esencial para la adecuada administración de justicia, debe tenerse en cuenta que la implementación de estos tribunales especiales fuera de la estructura del Poder Judicial (al menos en una primera etapa) en nada obsta a su vinculación con el mismo. Así, no sólo es posible sino de la mayor relevancia que se instaure una revisión posterior (aunque limitada) por los tribunales superiores de justicia, en la forma en que, por ejemplo, opera la “reclamación” contemplada en el Decreto Ley 211, en virtud de la cual la Corte Suprema puede revisar actuaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En este sentido, el profesor Arturo Fermandois, refiriéndose a propuestas para una reforma constitucional, destacaba en 2016 la necesidad de resguardar la independencia de los tribunales especializados (sea que se les ubique dentro o fuera del Poder Judicial), la importancia de rescatar el perfil técnico de sus decisiones y, en cuanto a la revisión de las mismas, proponía “configurar un sistema en que la revisión de lo fallado por los tribunales especializados se conduzca mediante recursos o reclamaciones con naturaleza de casación; esto es, infracciones de derecho que influyan en lo dispositivo de la sentencia o que representen quebrantos al debido proceso”.[44] Esta reclamación de casación, en opinión de Fermandois, cumple una función de “unificador de jurisprudencia, control de abusos procesales que cometan los reguladores, o (de) afectación a derechos fundamentales de las partes”, y es consistente con la revisión judicial que se desprende del artículo 38 de la Constitución Política de la República.[45] Asimismo, las nuevas cortes podrían desarrollar y mantener estrechas relaciones con el Poder Judicial por vía de acuerdos de cooperación y capacitación conjunta, así como mediante la participación del Poder Judicial en el nombramiento de sus jueces.

Por otra parte, críticas que apuntan a la conveniencia de mejorar las condiciones para la resolución de conflictos en la justicia ordinaria —incluyendo, por medio de la reforma procesal civil— en lugar de implementar tribunales especiales, se encuentran también con persuasivos argumentos para el caso de las cortes societarias especializadas. Si bien la implementación exitosa de la reforma procesal civil podría solucionar, al menos parcialmente, problemas asociados a la celeridad, inmediatez e impulso procesal requerido para una resolución conveniente de los conflictos societarios, nada parece indicar que se solucionarían los problemas asociados a la falta de experiencia en la resolución de tales disputas; cada vez más sofisticadas y demandantes de conocimientos multidisciplinarios. Tal sofisticación y multidisciplina no justifican el recurrir constantemente a peritos, puesto que se asocian a patrones que se repetirán en el tiempo. Es más, ambas características son fundamentos principales para la especialización. En opinión de Gilson y Schwartz, lo que permite desarrollar experiencia judicial en materia societaria es justamente contar con jueces experimentados en asuntos de negocios y casos sometidos a su conocimiento que caen en patrones limitados y repetitivos.[46]

6.3. Reglas procesales

En tercer lugar, la implementación exitosa de un sistema de control ex post requiere de celeridad y una interacción fluida entre las partes y el tribunal. Para ello se hacen necesarias reglas procesales que privilegien la eficacia y la eficiencia por sobre la regulación extenuante y restrictiva de cada una de las etapas del juicio. Medidas que podrían ayudar a estos objetivos serían destrabar la notificación y comparecencia de las partes (permitiendo, por ejemplo, la comparecencia de los intervinientes por medios audiovisuales), proveer una plataforma digital de comunicación entre el juez y los intervinientes (incluyendo para presentaciones de las partes y resoluciones del tribunal), facilitar la acumulación de procedimientos relacionados, hacer más expedito el flujo de información entre distintas reparticiones públicas (haciendo uso de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías, incluyendo, eventualmente, blockchain) y, en general, dotar al juez experto de un nivel de discrecionalidad suficiente, de manera que, en ocasiones justificadas, pueda modificar las formalidades previstas como regla general en pos de una mejor y más pronta resolución del conflicto.[47] Una variedad amplia de alternativas para hacer efectivas medidas precautorias (de manera consistente con el precedente latinoamericano, según se expondrá más adelante) facilitaría también el mejor desempeño de un marco en el que predominen medidas de control ex post.

Consistente con lo anterior, el conocimiento especializado y la celeridad que es menester para que la vía judicial sea una forma atractiva de resolución de conflictos societarios requiere que cualquier instancia de revisión, si la hubiera, se rija también por los principios de especialidad, eficacia y eficiencia. La supuesta falta de experiencia del sistema judicial en la resolución de conflictos societarios, causada por una falta de oportunidades para que los tribunales ordinarios adquieran un nivel de experiencia deseable, repercute también en la aptitud de los tribunales superiores de justicia para resolver acertadamente las disputas relacionadas con dichos conflictos. Sobreponerse a esta falta de experiencia en una segunda instancia regular —aun con mayores índices de litigiosidad— tomaría un tiempo considerable y podría arriesgar el éxito de un nuevo sistema de resolución de conflictos societarios. Asimismo, los fines perseguidos con resoluciones expeditas en la primera fase del proceso se verían afectados si se tramitara la revisión de las sentencias de primera instancia en la misma forma que la de los procedimientos civiles ordinarios. En vistas de lo anterior, el legislador podría considerar que las sentencias de los tribunales societarios especializados (i) estén sujetas a instancias de revisión limitadas en sede ordinaria, más en la forma de casación que de apelación (de manera equivalente a lo que ocurre con los laudos arbitrales), de acuerdo con lo antes sugerido, o (ii) que se establezca una instancia de revisión especializada que también se rija por los principios de eficacia y eficiencia. Optar por la segunda alternativa puede otorgar mayores garantías a los potenciales usuarios, y de tal forma servir de incentivo para que sometan sus contiendas al nuevo sistema, pero los altos costos que requeriría (en infraestructura, así como en recursos humanos y materiales) hacen más prudente favorecer la alta calificación de los jueces de primera instancia y una revisión posterior limitada en sede ordinaria.[48]

6.4. Políticas públicas

Un modelo basado en estándares requiere también de políticas públicas que entreguen los incentivos adecuados para que los accionistas que estimen haber sido lesionados en sus derechos procedan a demandar. Así, deben estudiarse cuidadosamente las mecánicas y los requisitos bajo los cuales puede iniciarse una acción derivativa[49] y otras que permitan a las distintas partes del contrato de sociedad u otros interesados, de ser el caso, hacer valer sus derechos, de manera que disminuyan las barreras para que persigan la resolución de conflictos societarios por la vía judicial.

Con respecto a la acción derivativa, en particular, se ha planteado que la forma en que la ley ordena la distribución de las costas judiciales impone obstáculos relevantes para que los accionistas minoritarios demanden en sede judicial ante el incumplimiento de deberes fiduciarios de los administradores sociales o por otras pérdidas irrogadas al patrimonio de la sociedad. Lo anterior porque, si bien el artículo 133 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas dispone que las costas a que hubiere lugar serán pagadas a el o los accionistas demandantes (y no a la sociedad), en la mayoría de los casos, estos últimos suelen asumir de manera individual las costas del juicio; aun cuando el eventual recupero aumente el patrimonio social y así sea compartido con los demás accionistas de la sociedad. Según las reglas de procedimientos civiles, incluso cuando prospere la acción del minoritario, éste únicamente podrá acceder al reembolso de las costas judiciales en la medida en que el demandado resulte totalmente vencido y siempre que la defensa no haya tenido motivo plausible para litigar.[50] La evidencia demuestra que los tribunales nacionales han sido reticentes a otorgar condenas en costas.[51] Más todavía, para el caso en que se cumplieran ambos supuestos y el tribunal condene en costas a la parte vencida, generalmente las costas reguladas y tasadas por el tribunal serán menores a las realmente incurridas por la parte. Como consecuencia, si el accionista demandante se ve obligado a soportar las costas judiciales en solitario, le resultará atractivo litigar exclusivamente en la medida en que tenga un cierto porcentaje relevante de participación en la compañía (que fácilmente excederá el 5 por ciento de participación social que la ley exige para tener legitimación activa) o, como lo plantean más precisamente Núñez y Pardow, “cuando su porcentaje de participación accionaria supere el porcentaje que las costas representan en la suma que espera obtener como condena”.[52] De tal forma, el accionista se beneficiaría por el exceso de la mayor valorización de su participación social por sobre los costos que eventualmente soportará en solitario por la acción judicial impetrada.

En consecuencia, para que la acción derivativa consagrada en la ley sea funcional a los fines que está llamada a cumplir (protección de los accionistas minoritarios en pos de mercados más transparentes y eficientes) se requiere mejorar la capacidad del accionista demandante de traspasar las costas judiciales a un tercero. Ello podría lograrse por la vía de fomentar un rol más activo de la Comisión para el Mercado Financiero en la interposición de acciones que apunten a la protección de accionistas minoritarios (de forma semejante al rol que tiene el Servicio Nacional del Consumidor, constituyendo un traspaso de costos a la autoridad) o bien contemplando una excepción a las reglas ordinarias para la distribución de las costas judiciales, dejándolas de cargo del demandado vencido (aun cuando no sea enteramente vencido o haya existido motivo plausible para litigar) o bien de la compañía (y, en consecuencia, de todos los accionistas a prorrata de su participación)[53]. La elección de cualquiera de estas alternativas debe incluir un análisis desde el prisma de política pública, especialmente en lo que se refiere a la conveniencia de una mayor intervención estatal en asuntos de índole privada.[54]

En paralelo, podría considerarse el fomento de acciones de clase como un mecanismo de hacer frente a la apatía racional que afecta a ciertos accionistas minoritarios (motivada, en parte, por los costos de transacción asociados a accionar junto con un grupo considerable de personas). Especialmente en países de tradición jurídica anglosajona, las acciones de clase suelen ser impulsadas por una industria de abogados litigantes que buscan transigir con los demandados y cobrar de las resultas sus honorarios. El aumento de litigación oportunista ligada a estas acciones podría enfrentarse con instancias de pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda o requiriendo aprobación judicial previa para que los demandantes derivativos puedan transigir.[55]

A lo anterior debe sumarse un marco de regulación y supervisión de los inversionistas institucionales que impulse que éstos persigan la actuación contraria a derecho de los accionistas mayoritarios y administradores de las empresas en las que invierten. Este marco requiere una revisión de cómo los resultados del litigio se considerarán en las estructuras de comisiones percibidas por tales inversionistas. Por otra parte, el propósito de desincentivar la omisión injustificada de inversionistas institucionales en el ejercicio de acciones societarias (incluyendo la acción derivativa) podría lograrse mediante la amenaza creíble de sanciones relevantes impuestas por el regulador competente. Sin embargo, esta alternativa requiere, nuevamente, ponderar de antemano la deseabilidad de la intervención estatal en la esfera privada.[56]

7. EL PRECEDENTE LATINOAMERICANO

El osado camino de comenzar a dejar atrás las reglas y apuntar hacia un sistema de derecho societario que incorpore estándares cuenta con un precedente relevante en Latinoamérica. Colombia, con la dictación de la Ley 1.258, de 2008 (la “Ley SAS”), fue un pionero en el intento. La ley en cuestión, cuya finalidad principal es regular la sociedad por acciones simplificada (símil cercano a la sociedad por acciones chilena), consagró legislativamente: (i) estándares específicamente diseñados para abordar conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios,[57] incluyendo las figuras de la desestimación de la personalidad jurídica y el abuso del derecho a voto,[58] y (ii) la resolución de conflictos societarios por la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile) mediante un trámite de proceso verbal sumario, a falta de disposición en los estatutos sociales que ordene someter la controversia a la decisión de árbitros o de amigables componedores.

En virtud de esta nueva concepción del derecho societario, el legislador colombiano otorgó a la Superintendencia de Sociedades “facultades jurisdiccionales para conocer sobre toda clase de controversias de naturaleza societaria, incluidas aquellas que se presenten entre accionistas, entre éstos y la sociedad o entre éstos y los administradores”.[59]

Estas facultades jurisdiccionales fueron puestas en práctica a través de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles (la “Delegatura”). El foro, una corte especializada en derecho societario creada en 2012 y dependiente de la Superintendencia de Sociedades, cuenta con amplias facultades para conocer acerca de los más diversos asuntos de índole societaria. La jurisdicción de la Delegatura, inicialmente concebida para conocer conflictos societarios relacionados con sociedades por acciones simplificadas, se extiende en la actualidad a “cualquier tipo de controversia que se presente entre sujetos que tengan la legitimación jurídica e interés económico para hacer efectivas reglas de derecho societario colombiano en un proceso judicial”[60] (incluyendo, salvo algunas excepciones, aquellas que se susciten en relación con sociedades que hacen oferta pública de sus acciones). La jurisprudencia de la Delegatura incluye conflictos sobre el abuso del derecho a voto, régimen de administración, pactos de accionistas, causales de disolución y liquidación, suscripción y transferencia de acciones y cuotas sociales, vicios en el funcionamiento de los órganos sociales, desestimación de la personalidad jurídica, exclusión de socios, valoración de sociedades, y falsedades en actas, entre otros.[61] Además, la Delegatura puede decidir sobre la aplicación de medidas cautelares o precautorias —nominadas o innominadas—, entendiendo por tales aquellas que son razonables para la protección del objeto del litigio (a modo de ejemplo, orden de no celebrar negocios jurídicos por fuera del giro ordinario de los negocios, orden de entregar copias de los libros de comercio de una compañía, orden de no celebrar una junta de accionistas, orden de reconstituir el patrimonio de una sociedad, orden de suspender la elección de miembros de la junta directiva y del representante legal, y orden de suspender la venta de los principales activos de una compañía).[62]

Los resultados han sido positivos. En sus primeros años de funcionamiento, el número de demandas presentadas por los usuarios se incrementó en 500 por ciento respecto del régimen anterior. En promedio, la corte recibe alrededor de dos demandas al día, lo que, según las autoridades colombianas, no ha generado congestión gracias a un eficiente proceso de gestión de causas.[63] La dictación de sentencias tarda en promedio cinco meses,[64] lo que resulta asombroso al comparar con lo que tarda en promedio la resolución de disputas comerciales ante los tribunales ordinarios de primera instancia en Colombia (43 meses), Latinoamérica y el Caribe (26 meses) e incluso los países de altos ingresos de la OCDE (19 meses).65,66 En un esfuerzo por acotar los plazos totales que tarda obtener sentencias ejecutoriadas, el estatuto colombiano sólo permite la apelación (ante tribunales ordinarios) de las sentencias dictadas por la Delegatura en casos limitados. Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia puede revisar dichas sentencias en procedimientos breves de tutela, destinados a hacer valer las garantías constitucionales.[67]

Junto con las eficiencias antes indicadas, las cortes societarias colombianas cumplen la función de construir jurisprudencia y orientar, en base a precedentes, sobre el comportamiento esperado de quienes intervienen en relaciones societarias. Esta experiencia institucional es plasmada en publicaciones periódicas a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en las que se ponen a disposición del público (en su página web, de manera gratuita y separados por materia) los pronunciamientos más relevantes de la Delegatura.

El nuevo sistema colombiano de resolución de controversias societarias, incluyendo la calidad de sus sentencias, ha sido reconocido por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la que ha indicado que “el amplio acervo de casos que ha resuelto la nueva corte, sumado a la calidad técnica de sus decisiones y la celeridad con la que se tramitan los procesos a su cargo, da cuenta del éxito que ha tenido este importante foro para la resolución de conflictos empresariales”.[68]

El aumento de litigios societarios, una consecuencia esperada del (así llamado) nuevo régimen colombiano de justicia empresarial, no debe ser motivo de inquietud en la transición propuesta hacia los estándares. Por el contrario, mayores índices de litigiosidad son habituales en países que, como Colombia —y también Chile—, han comenzado a recorrer el camino de la industrialización.[69]

8. CONCLUSIÓN

La adecuada protección de los inversionistas representa un requisito esencial para el desarrollo de las naciones. La alta concentración de la propiedad accionaria en Chile genera riesgos de que los accionistas mayoritarios, abusando de las prerrogativas que les otorga su posición, expropien a los minoritarios. Esta conducta no sólo es nociva para los inversionistas lesionados (incluyendo, eventualmente, inversionistas institucionales) y la sociedad en cuestión, sino que también atenta contra la transparencia y eficiencia de los mercados. La incertidumbre sobre si los minoritarios serán o no víctimas de expropiación a manos de los mayoritarios genera problemas de selección adversa y, así, aumentan los costos del capital, dificulta el desarrollo de los mercados, y limita la capacidad del país para atraer inversión extranjera.

La legislación chilena implementa un sistema de control de las actuaciones societarias ex ante —vale decir, antes de que ocurra la conducta—, el que privilegia prohibiciones y reglas de autocumplimiento; a diferencia de un sistema de control ex post, el que se encuentra basado en estándares. Esta opción fue tomada en consideración a la estructura de capital de las sociedades nacionales y, presumiblemente, a una herencia de escasa experiencia institucional en la resolución de conflictos societarios. A las puertas del desarrollo, considerar la transición hacia un sistema de derecho societario mixto que favorezca el uso de estándares y, además, conserve reglas útiles, contribuiría a mejorar las condiciones ofrecidas por el país para el comercio. Este sistema permitiría otorgar mayores certezas a emprendedores e inversionistas, junto con reducir ineficiencias que son consecuencia natural de los sistemas basados primordialmente en prohibiciones y reglas de autocumplimiento. El mismo debe apuntar a proteger con idéntico vigor tanto a los accionistas minoritarios, como a los mayoritarios y administradores sociales que han sido vulnerados en sus derechos o perjudicados injustamente.

La transición exitosa hacia un sistema que fomente el control de transacciones ex post supone cuatro pilares fundamentales: el diseño e implementación de estándares adecuados; la creación de tribunales especializados en materias societarias; reglas del proceso flexibles, que permitan al juzgador actuar en pos de la mejor y más expedita resolución del conflicto; y políticas públicas que provean los incentivos correctos.

El camino a seguir —no exento de dificultades— ya fue emprendido por otra nación latinoamericana. Los buenos resultados obtenidos, así como el reconocimiento de organismos internacionales respecto de tal sistema, hacen pensar que seguir un sendero parecido es no sólo atractivo, sino también posible para Chile.

Alcanzar una reputación de excelencia en la resolución de conflictos societarios, mediante la transición exitosa a un sistema de control de transacciones ex post, ayudaría a reivindicar el derecho societario como instrumento de política económica, favoreciendo un mayor dinamismo de la actividad empresarial interna. Asimismo, contribuiría al posicionamiento y consolidación de Chile como centro financiero regional, mejorando su atractivo para inversionistas internacionales.

Junto con los efectos antes señalados, la evolución hacia un sistema que incorpore en mayor grado estándares, representaría una sofisticación del derecho societario nacional. Así, tendría efectos entre estudiantes, académicos y abogados practicantes, potenciando el interés por esta apasionante rama del derecho. Para ello se requiere reformular la enseñanza del derecho societario, haciendo esfuerzos por instruir y entrenar a los estudiantes en el uso del razonamiento crítico y de conocimientos multidisciplinarios para resolver situaciones complejas. Quizás así se podría alejar el foco de los cursos de derecho societario de cuestiones relativamente periféricas, como los límites del objeto de la sociedad y su duración, para discutir sobre asuntos con implicancias prácticas más vigentes y relevantes, como el abuso de la posición del mayoritario, el tratamiento adecuado de los conflictos de interés, y la ejecución de acuerdos nominados e innominados entre socios, incorporando además la conducción de juicios simulados.

BIBLIOGRAFÍA

Aran, Yifat. “From Delaware to Israel: Evaluating Israel’s Quasi Experiment of a Specialized Corporate Court”. Disponible en SSRN (2015). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2619916.

Black, Bernard & Reinier Kraakman. “A Self-Enforcing Model of Corporate Law”. Harvard Law Review 109 (1996): 1911-1982.

Donelli, Marcelo, Borja Larraín & Francisco Urzúa. “Ownership Dynamics with Large Shareholders: an Empirical Analysis”. Journal of Financial and Quantitative Analysis 48 (2013). https://ssrn.com/abstract=1966011.

Dworkin, Ronald M. “The Model of Rules”. The University of Chicago Law Review 35 (1967): 14-46.

El Mercurio. “Tribunales especiales: ¿justicia a la carta o eficiencia técnica?” 4 de marzo de 2011. http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=900219&Path=/0D/BC/.

Enrione, Alfredo. “Gobierno corporativo: un imperativo de hoy”. En Directorio y gobierno corporativo: el desafío de agregar valor en forma sostenida, editado por Alfredo Enrione, 27-38. Santiago: ESE Business – Universidad de los Andes, 2014.

Fermandois, Arturo. “Propuesta inicial sobre régimen constitucional: la academia y el cambio constitucional en Chile”. En Propuestas constitucionales, editado por Lucas Sierra, 181-197. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2016.

Gilson, Ronald J. & Alan Schwartz. “Constraints on Private Benefits of Control: Ex Ante Control Mechanisms Versus Ex Post Transaction Review”. Yale Law & Economics Research Paper 455; Stanford Law and Economics Olin Working Paper 432; Columbia Law and Economics Working Paper 430; ECGI - Law Working Paper 194/2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2129502.

Gurrea Martínez, Aurelio. “La sociedad por acciones simplificada como paradigma de innovación jurídica: una reflexión sobre la función social de los investiga-dores de derecho a partir de la experiencia de la SAS en Colombia”. Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series 2/2018 (2018). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3097775.

Gurrea Martínez, Aurelio & Oliver Orton. “Hacia un sistema creíble de directores independientes en las sociedades cotizadas latinoamericanas”. Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series 3/2018 (2018). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144054.

Harari, Yuval Noah. Sapiens (New York: Harper Collins, 2015).

Kraakman, Reinier, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerald Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda, Mariana Pargendler, Wolf-Georg Ringe & Edward Rock. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. New York: Oxford University Press, 2017.

Latin America Private Equity & Venture Capital Association. 2017/2018 Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America. New York: Latin America Private Equity & Venture Capital Association, 2017. https://lavca.org/wp-content/uploads/2017/06/20172018-Scorecard-FINAL.pdf.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez‐de‐Silanes, Andrei Shleifer & Robert W. Vishny. “Investor Protection and Corporate Governance”. Journal of Financial Economics 58 (2000): 3-27.

———. “Law and Finance”. Journal of Political Economy 106, n.º 6 (1998): 1113-1155.

Lefort, Fernando. “Ownership Structure and Corporate Governance in Latin America”. Revista Abante 8, n.º 1 (2005): 55-84. http://finanzas.udp.cl/paper/fl17%20OWNERSHIP%20STRUCTURE%20AND%20CORPORATE%20GOVERNANCE%20IN%20LATIN%20AMERICA.pdf.

Mendoza, José Miguel. “El abuso de mayoría en la SAS”. En La SAS y su influencia en América Latina, editado por Francisco Reyes, 113-135. Bogotá: Editorial Temis, 2018.

———. “The Colombian SAS and the Transition from Rules to Standards”. En The Colombian Simplified Corporation: A Comparative and Functional Perspective, editado por Francisco Reyes, 79-106. Bogotá: Editorial Temis, 2018.

———. “La principal innovación de la Ley SAS”. Ámbito Jurídico, 15 de agosto de 2018. https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/sociedades-y-economia-solidaria/la-principal-innovacion-de-la-ley-sas.

Núñez, David & Diego Pardow. “¿Por qué no demandan los accionistas? El problema de las costas en la acción derivativa”. Estudios Públicos 118 (2010): 229-282.

Reyes Villamizar, Francisco. “Corporate Governance in Latin America: A Functional Analysis”. University of Miami Inter-American Law Review 39 (2008): 207-268. https://repository.law.miami.edu/umialr/vol39/iss2/2/.

Saona, Paolo, Pablo San Martín & Mauricio Jara. “Group Affiliation and Ownership Concentration as Determinants of Capital Structure Decisions: Contextualizing the Facts for an Emerging Economy”. Emerging Markets Finance and Trade (2017): 1-18. doi: 10.1080/1540496X.2017.1392850.

Ugarte Vial, Jorge. Pactos sobre transferencia de acciones. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2016.

World Bank Group. Doing Business 2019: Training for Reform. Economy Profile: Chile. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2019. http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/chile/CHL.pdf.

———. Doing Business 2019: Training for Reform. Economy Profile: Colombia. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2019. http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/colombia/COL.pdf.

DOCUMENTOS OFICIALES

Normas

Código de Comercio. República de Chile.

Código Orgánico de Tribunales. República de Chile.

Ley 18.045, del 22 de octubre de 1981. “Ley de mercado de valores”. República de Chile.

Ley 18.046, del 22 de octubre de 1981. “Ley sobre sociedades anónimas”. República de Chile.

Ley 19.705, del 20 de diciembre de 2000. “Regula las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS) y establece régimen de gobiernos corporativos”. República de Chile.

Ley 20.382, del 20 de octubre de 2009. “Introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas”. República de Chile.

Ley 1.258, del 5 de diciembre de 2008. “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”. República de Colombia.

Otros documentos

República de Chile. “Mensaje de la Ley 18.046”. 30 de diciembre de 1980. https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7574/.

Poder Judicial de Chile. Memorias Anuales 2013-2017. http://www.pjud.cl/memorias-anuales.

———. “Poder judicial en números 2018. Cortes de apelaciones Parte 3. Tomo IV”. Agosto de 2018. http://www.pjud.cl/documents/10179/11855875/4.Cortes+de+Apelaciones+Parte+III.pdf/a6af25e0-a59d-40a3-a923-dec89304b778?version=1.2.

———. “Poder judicial en números 2018. Estadísticas de causas. Tomo I”. Agosto de 2018. http://www.pjud.cl/documents/10179/11855875/1.Estadisticas+de+Causas.pdf/6c10b204-4f22-4b13-975c-8416f8ea0be7?version=1.2.

———. “Poder judicial en números. Tomo I. Estadísticas de causas”. (Para años 2015 al 2018). Disponible en http://www.pjud.cl/poder-judicial-en-numeros.

Superintendencia de Sociedades de Colombia. “El buen gobierno en práctica: cuatro años de gestión de la supersociedades”. 2014. https://www.super-sociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/Presentacion-Rendicion-Cuentas-20-agosto-2014.pdf.

———. “Guía de litigio societario. Delegatura para Procedimientos Mercantiles”. Septiembre de 2016. https://issuu.com/dpm20/docs/gui__a_de_litigio_societario/8.

———. “Introducción a la nueva corte societaria”. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Paginas/Objetivo.aspx (accedido el 20 de noviembre).

———. “Jurisprudencia Delegatura para Procedimientos Mercantiles”. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/Busqueda-Jurisprudencia-delegatura-procedimientos-mercantiles.aspx

———. “Preguntas frecuentes de los usuarios de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles”. https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/Documents/preguntas%20frecuente%20mercantiles.pdf. EP

[1] Por ejemplo, en el siglo XVI, Holanda, tierra pequeña, pantanosa y carente de recursos naturales, arrebató a España, entonces el reino más poderoso de Europa y que dominaba un imperio global, el control de las rutas de comercio. Esto lo logró, principalmente, ganando la confianza de los inversionistas en base al pago íntegro y oportuno de sus deudas y un sistema judicial que gozaba de independencia y protegía los derechos individuales; en particular, los derechos de propiedad. Las certezas generadas por tal sistema, de paso, convirtieron a Ámsterdam en el centro financiero de Europa. Ver Yuval Noah Harari, Sapiens (New York: Harper Collins, 2015), 318.

[2] Ver La Porta et al., “Law and Finance”, Journal of Political Economy 106, n.º 6 (1998) y La Porta et al., “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial Economics 58 (2000).

[3] Según el ranking de la Asociación Latinoamericana de Private Equity y Venture Capital (LAVCA, por su sigla en inglés), Chile junto a Brasil, Colombia y México tienen los puntajes más altos de la región en el ítem protección de derechos de los accionistas minoritarios. Ver Latin America Private Equity y Venture Capital Association, 2017/2018 Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America (New York: Latin America Private Equity y Venture Capital Association, 2017), 4. Disponible en https://lavca.org/wp-content/uploads/2017/06/20172018-Scorecard-FINAL.pdf.

[4] Según el ranking Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, es mucho lo que Chile puede todavía mejorar en aspectos tan relevantes para el desarrollo de los mercados, como facilidad de los accionistas para demandar, calidad de las reglas que determinan las estructuras de control y cambios en el control de las compañías, transparencia en la información societaria, y calidad del proceso judicial. En todos estos aspectos, Chile se ubica bajo el promedio en la categoría de altos ingresos de la OCDE. Ver World Bank Group, Doing Business 2019: Training for Reform. Economy Profile: Chile (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2019), 33 y 46. Disponible en http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/chile/CHL.pdf.

[5] Reinier Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (New York: Oxford University Press, 2017), 29-30.

[6] Resaltando este aspecto, ver Aurelio Gurrea Martínez y Oliver Orton, “Hacia un sistema creíble de directores independientes en las sociedades cotizadas latinoamericanas”, Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series 3/2018 (2018): 4-5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144054, y Francisco Reyes Villamizar, “Corporate Governance in Latin America: A Functional Analysis”, University of Miami Inter-American Law Review 39 (2008): 207-268. Disponible en https://repository.law.miami.edu/umialr/vol39/iss2/2/.

[7] Si bien no existe evidencia sistemática a través del tiempo, una serie de estudios proveen información relevante al respecto. En uno de los estudios más citados en la materia, se indica que para el año 2002, en una muestra de 260 sociedades chilenas, el mayor accionista tenía, en promedio, el 55 por ciento de la propiedad. El mismo estudio revela que, para ese mismo año y universo de sociedades, los cinco mayores accionistas tenían, en promedio, el 80 por ciento de la propiedad. Ver Fernando Lefort, “Ownership Structure and Corporate Governance in Latin America”, Revista Abante 8, n.º 1 (2005): 64. Disponible en http://finanzas.udp.cl/paper/fl17%20OWNERSHIP%20STRUCTURE%20AND%20CORPORATE%20GOVERNANCE%20IN%20LATIN%20AMERICA.pdf. En el año 2009, el controlador medio en las sociedades anónimas abiertas poseía el 67 por ciento de la propiedad, mientras que menos del 1 por ciento de las mismas hubieran sido consideradas como de “propiedad dispersa” al aplicar los umbrales comúnmente considerados en la literatura especializada. Ver Marcelo Donelli et al., “Ownership Dynamics with Large Shareholders: an Empirical Analysis”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 48 (2013): 8: Disponible en https://ssrn.com/abstract=1966011. Adicionalmente, en un análisis empírico de 119 compañías no financieras que transan sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago entre los años 2002 y 2014, se observa que, en promedio, el 43 por ciento de las acciones en circulación se encuentran en manos del accionista controlador (lo que excede largamente el porcentaje necesario para ejercer control). A mayor abundamiento, dentro de ese mismo periodo se observa que el 52 por ciento de las empresas estudiadas se encuentran relacionadas a uno de los grandes grupos económicos del país. Estas empresas consistentemente han exhibido mayor concentración en la propiedad por el accionista mayoritario. Ver Paolo Saona et al., “Group Affiliation and Ownership Concentration as Determinants of Capital Structure Decisions: Contextualizing the Facts for an Emerging Economy”, Emerging Markets Finance and Trade (2017): 4, 7. Disponible en doi: 10.1080/1540496X.2017.1392850.

[8] Ver Alfredo Enrione, “Gobierno corporativo: un imperativo de hoy”, en Directorio y gobierno corporativo: el desafío de agregar valor en forma sostenida, editado por Alfredo Enrione (Santiago: ESE Business – Universidad de los Andes, 2014), 34-36.

[9] José Miguel Mendoza, “El abuso de mayoría en la SAS”, en La SAS y su influencia en América Latina, editado por Francisco Reyes (Bogotá: Editorial Temis, 2018), 118-119.

[10] Enrione, “Gobierno corporativo”, 35-36.

[11] Ronald M. Dworkin, “The Model of Rules”, The University of Chicago Law Review 35 (1967): 25-27.

[12] Ronald J. Gilson y Alan Schwartz, “Constraints on Private Benefits of Control: Ex Ante Control Mechanisms Versus Ex Post Transaction Review”, Yale Law & Economics Research Paper 455; Stanford Law and Economics Olin Working Paper 432; Columbia Law and Economics Working Paper 430; ECGI - Law Working Paper 194/2012: 28. Disponible en http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2129502.

[13] En este sentido, Black y Kraakman indican que las “economías desarrolladas usualmente tienen instituciones sofisticadas para hacer valer el cumplimiento de las normas; instituciones que pueden implementar reglas complejas, finamente matizadas. Las economías emergentes tienen instituciones menos sofisticadas para hacer valer el cumplimiento de las normas y, en consecuencia, necesitan reglas más simples y de mayor facilidad en su administración”. Bernard Black y Reinier Kraakman, “A Self-Enforcing Model of Corporate Law”, Harvard Law Review 109 (1996): 1925.

[14] República de Chile, “Mensaje de la Ley 18.046”, 30 de diciembre de 1980. Disponible en https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7574/.

[15] La Ley sobre Sociedades Anónimas, en su forma actual, contiene abundantes ejemplos de prohibiciones y reglas de autocumplimiento, incluyendo los siguientes artículos: 15 (aportes no consistentes en dinero deben ser estimados por peritos); 25 (derecho de suscripción preferente de nuevas acciones emitidas por aumento de capital); 44 (descripción de transacciones que califican como “operaciones con partes relacionadas” para sociedades anónimas cerradas y procedimiento de aprobación, el que incluye aprobación por directores no interesados o aprobación en junta de accionistas por supramayoría); 50 bis (requisito de nombrar directores independientes y comité de directores en ciertas sociedades anónimas abiertas, junto con descripción de personas que no se considerarán “independientes” para ser designadas en el cargo de director que tenga esa calidad); 69 (acuerdos que dan origen al derecho a retiro); 79 (en sociedades anónimas abiertas, dividendo mínimo obligatorio de 30 por ciento de utilidades líquidas del ejercicio salvo acuerdo unánime de accionistas); 146 (descripción de transacciones que califican como “operaciones con partes relacionadas” para sociedades anónimas abiertas), y 147 (procedimiento de aprobación de operaciones con partes relacionadas en sociedades anónimas abiertas, el que incluye aprobación por directores no interesados y, de ser el caso, aprobación en junta de accionistas por supramayoría, previo informe por peritos).

[16] Ver Ley 19.705, del 20 de diciembre de 2000, “Regula las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS) y establece régimen de gobiernos corporativos”, República de Chile.

[17] Ibídem.

[18] Ver Ley 20.382, del 20 de octubre de 2009, “Introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas”, República de Chile.

[19] Ibídem.

[20] De conformidad a lo dispuesto en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, son materias de arbitraje forzoso, entre otras, la liquidación de una sociedad colectiva o en comandita civil, las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales, y las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima o (salvo disposición estatutaria en contrario) de una sociedad colectiva o en comandita comercial. Adicionalmente, el artículo 441 del Código de Comercio dispone, respecto de las sociedades por acciones, que las diferencias que ocurran entre los accionistas, entre los accionistas y la sociedad o sus administradores, y entre la sociedad y sus administradores, deberán resolverse por medio de arbitraje.

[21] Ver artículo 125 de la Ley 18.046 de 1981.

[22] En la página web del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago se encuentran disponibles los honorarios arbitrales y tasas administrativas cobradas para juicios arbitrales conducidos por árbitros de dicho centro. A modo ilustrativo, los honorarios arbitrales para un litigio con importe entre las 8.001 y 25.000 UF pueden llegar hasta el 4 por ciento del importe correspondiente, a lo que debe sumarse una tasa administrativa equivalente al 10 por ciento de los honorarios del tribunal arbitral. Ver http://www.camsantiago.cl/tarifas/nacional.html (accedido el 16 de enero de 2019).

[23] A modo ilustrativo, los documentos relativos a arbitrajes tramitados ante jueces árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago sólo son accesibles para las partes, sus abogados y los funcionarios de dicho Centro. Actualmente, tal Centro sólo pone a disposición del público ciertas sentencias seleccionadas, por medio de libros y CDs producidos periódicamente que están a la venta (según información proporcionada por la oficina de estudios del Centro, se ha descontinuado la práctica de poner algunas sentencias seleccionadas gratuitamente a disposición del público en su página web).

[24] Según el artículo 125 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, no pueden recurrir a la justicia ordinaria los demandantes que sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y accionistas que individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 UF, de acuerdo con el valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda. Adicionalmente, de conformidad al artículo 441 del Código de Comercio, la ley no permite recurrir a la justicia ordinaria para la resolución de disputas originadas en las sociedades por acciones.

[25] En conferencia en la Superintendencia de Sociedades de Colombia el 13 de julio de 2017, el profesor José Miguel Mendoza destacó que, mientras que en Harvard existe un solo ramo semestral obligatorio de derecho procesal y en Oxford tales ramos obligatorios no existen, universidades en Colombia —país de tradición jurídica similar a la de Chile— exigen hasta ocho ramos obligatorios en la materia (ponencia disponible en https://livestream.com/supersociedades/events/7598890/videos/159752976). En Chile, tanto la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile como de la Universidad de Chile, a modo ejemplar, incluyen cinco cursos semestrales mínimos de derecho procesal en su malla curricular.

[26] Ver Aurelio Gurrea Martínez, “La sociedad por acciones simplificada como paradigma de innovación jurídica: una reflexión sobre la función social de los investigadores de derecho a partir de la experiencia de la SAS en Colombia”, Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series 2/2018 (2018), 8-9. Disponible en http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3097775.

[27] Debe considerarse que la estadística está elaborada en base a sentencias definitivas que meramente citan la Ley Sobre Sociedades Anónimas, lo que en ningún caso quiere decir que un conflicto societario haya sido necesariamente medular en la resolución del litigio.

[28] Búsqueda efectuada en buscador jurisprudencial de suscripción los días 7, 8, y 10 de enero de 2019. Causas rol 5707/2015 Res. 1012404, de 5 de noviembre de 2015 (Corte de Apelaciones de Santiago); 5708/2015 Res. 1012393, de 5 de noviembre de 2015 (Corte de Apelaciones de Santiago); y 4213/2014 Res. 1366714, de 26 de diciembre de 2014 (Corte de Apelaciones de Santiago). En todas las anteriores, la consideración al artículo 30 de la Ley sobre Sociedades Anónimas se ha hecho en relación con el derecho de información que asiste a los accionistas.

[29] Búsqueda efectuada en buscador jurisprudencial de suscripción los días 7, 8, y 10 de enero de 2019. Causas 3329/2015 Res. 162874, de 21 de marzo de 2016 y 9303/2012 Res. 238597, de 29 de octubre de 2014 (ambas de la Corte Suprema); 13384-2012, de 4 de diciembre de 2013 (30° Juzgado Civil de Santiago) y 1440/2011 Res. 20960, de 17 de enero de 2013 (Corte de Apelaciones de Santiago). Una discusión interesante sobre el deber de lealtad que recae sobre los directores de sociedades anónimas y uso de información privilegiada se encuentra en opinión disidente de causa rol 205/2012 Res. 60362 de 28 de agosto de 2013 (Corte Suprema).

[30] Búsqueda efectuada en buscador jurisprudencial de suscripción los días 7, 8 y 10 de enero de 2019. Causa rol 9303/2012 Res. 238597, de 29 de octubre de 2014. Nótese que esta sentencia también ha incluido un análisis del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, según se ha indicado previamente.

[31] Poder Judicial de Chile, “Poder judicial en números. Tomo I. Estadísticas de causas”. (para años 2015 al 2018). Disponible en http://www.pjud.cl/poder-judicial-en-numeros.

[32] Considerar, por ejemplo, el caso de préstamos otorgados en condiciones de mercado a entidades relacionadas nuevas o con propósitos especiales (como organizaciones sin fines de lucro) que no podrían acceder a financiamiento externo o, si lo hicieran, tendrían que asumir condiciones más gravosas. Bajo el actual sistema de control ex ante, estos préstamos debieran sujetarse a los procedimientos de aprobación contemplados en el artículo 44 o el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, según si la sociedad anónima es cerrada o abierta. Si bien es cierto que la entidad relacionada que sería acreedora podría también ofrecer una garantía a favor de una institución financiera para que otorgue el préstamo, nada asegura que ello sea suficiente para ésta última. Otro ejemplo es el caso en que la ley fuerza la distribución de un porcentaje de las utilidades sociales (30 por ciento) en las sociedades anónimas abiertas y, supletoriamente, en las sociedades anónimas cerradas (artículo 79 de la Ley sobre Sociedades Anónimas), lo que podría dificultar el desarrollo de proyectos de innovación y la reinversión de utilidades (nótese que la excepción a dicha distribución forzosa requiere unanimidad de los accionistas).

[33] Por ejemplo, la regulación de la oferta pública de adquisición de acciones en Chile vio la luz por el llamado “Caso Chispas”, de fines de los años noventa. En dicho caso, según se argumentó, los controladores de facto de una sociedad nacional negociaron condiciones de venta más favorables para sí que para los demás accionistas. Más recientemente, el llamado “Caso Cascadas” encendió las alarmas sobre los desafíos que presentan a los reguladores y el mercado esquemas piramidales o de cascada, los que desvirtúan el principio que impide separar la propiedad del control o “una acción, un voto”.

[34] Gilson y Schwartz, “Constraints on Private”, 4.

[35] Ibídem, 37.

[36] Para una discusión sobre la integración de estos términos en la legislación comercial chilena, ver Jorge Ugarte Vial, Pactos sobre transferencia de acciones (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2016), 333-369.

[37] Esta regla puede ser particularmente útil en contextos como el latinoamericano, dado que, al predominar los vehículos de negocios con un socio controlador, los administradores se encuentran adecuadamente monitoreados. Así, las actuaciones cuestionables se generarán más por conflictos de interés (infracciones al deber de lealtad) que por falta de diligencia en la administración del negocio (infracciones al deber de cuidado).

[38] Ver, por ejemplo, los artículos 6 y 6A (responsabilidad ante terceros de sociedad nula o constituida defectuosamente), 42 (prohibiciones a los directores), 43 (deber de reserva de los directores), 54 (reserva sobre negociaciones pendientes antes de una junta ordinaria de accionistas) y 147 (operaciones con partes relacionadas en las sociedades anónimas abiertas) de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

[39] A ellos deben sumarse los tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial, como los Juzgados de Familia, Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

[40] Para advertir el potencial de tribunales especializados en materias societarias (incluso como foro internacional), basta revisar la página web desarrollada por una oficina de abogados local para promocionar la nueva corte holandesa para la resolución de disputas comerciales (The Netherlands Commercial Court). Este nuevo tribunal —cuyos procedimientos se desarrollarán en inglés— es promocionado como una alternativa a foros más costosos para la resolución de conflictos societarios, como Londres o Estados Unidos, y para aquellas partes que no quieren someter sus controversias a arbitraje, en el que “los procedimientos son costosos y los resultados pueden no ser tan predecibles como ante cortes nacionales” (“A First Guide to Commercial Litigation in the Netherlands”, Blenheim, accedido el 26 de noviembre de 2018, https://netherlands-commercial-court.com/#).

[41] Un estudio por Yifat Aran, de Stanford University, concluye que la experiencia de Israel, mediante una división especializada para asuntos societarios en la Corte de Distrito de Tel Aviv (creada en 2010), ha sido exitosa. Analizando 242 acciones de clase y derivativas sometidas tanto a la división especializada como a las cortes distritales generales entre 2006 y 2014, destaca que la “especialización ha probado ser un medio efectivo para potenciar el poder judicial y promover la protección de los inversionistas”, observando efectos positivos en eficiencia, generación de precedentes y trabajo de unificación jurisprudencial (Yifat Aran, “From Delaware to Israel: Evaluating Israel’s Quasi Experiment of a Specialized Corporate Court”, disponible en SSRN (2015), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2619916).

[42] Como consecuencia de esto (junto con otras prerrogativas normativas), más de dos tercios de las compañías listadas en Fortune 500 están constituidas en Delaware, como también cuatro de cada cinco compañías que comienzan a hacer oferta pública de sus acciones en Estados Unidos (“A Message from the Secretary of State – Jeffrey W. Bullock”, Delaware Division of Corporations, accedido el 19 de noviembre de 2018. Disponible en https://corp.delaware.gov/stats/).

[43] Uno de los más connotados exponentes de este tipo de críticas ha sido Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema. Ver “Tribunales especiales: ¿justicia a la carta o eficiencia técnica?, El Mercurio, 4 de marzo de 2011. Disponible en http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=900219&Path=/0D/BC/.

[44] Arturo Fermandois, “Propuesta inicial sobre régimen constitucional: la academia y el cambio constitucional en Chile”, en Propuestas constitucionales, editado por Lucas Sierra (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2016), 187-188.

[45] Ibídem, 188.

[46] Gilson y Schwartz, “Constraints on Private”, 21. A mayor abundamiento, en opinión de estos autores, las competencias requeridas para que los jueces puedan evaluar correctamente transacciones societarias depende de su habilidad para evaluar negocios particulares. Dichas competencias pueden agruparse en las siguientes categorías: “(i) pericia en interpretar lenguaje contractual, (ii) pericia en evaluar evidencia, especialmente en el contexto de juicios, (iii) pericia en inferir ex ante resultados intentados a partir de resultados obtenidos, y (iv) experiencia con la industria y los tipos de transacciones que se presentan al conocimiento de la corte”. Agregan que esta última categoría generalmente no existirá en las cortes generalistas (Gilson y Schwartz, “Constraints on Private”, 30-31).

[47] En la misma línea, la incorporación de la sociedad por acciones en el marco societario chileno (Ley 20.190, de 2007) fue un gran paso hacia la desformalización, permitiendo obviar la constitución por escritura pública (sin perjuicio de la intervención de un notario), requiriendo tan sólo un accionista (con amplia libertad para transferir la propiedad) y flexibilizando la aptitud de las partes para acordar los términos de su asociación.

[48] Una eventual dependencia de la Comisión para el Mercado Financiero por parte de los tribunales especializados en materia societaria en nada obstaría a que existan instancias de revisión en sede ordinaria de lo fallado por ellos. De manera equivalente ocurre, por ejemplo, con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (como ya se ha indicado), los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los Tribunales Ambientales y los demás tribunales especiales que, sin ser parte de la estructura administrativa del Poder Judicial, están sujetos a su supervigilancia directiva, correccional y económica, ejercida a través de la Corte Suprema.

[49] Esta acción, consagrada en el artículo 133 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas, es aquélla en virtud de la cual uno o más accionistas se subrogan en la posición de la compañía para exigir la reparación de los ilícitos cometidos por sus directores, gerentes u otros en perjuicio de la misma.

[50] Ver artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

[51] Según concluyen Núñez y Pardow, en base a un estudio de 447 casos de responsabilidad extracontractual ante la Corte Suprema entre los años 2005 y 2006, al 78 por ciento de los demandantes les fue negada la condena en costas y, en consecuencia, debieron soportar todos los gastos relacionados con el juicio. En el tiempo transcurrido entre la fecha del estudio y la de este artículo, no hay motivos para pensar que esta proporción haya variado considerablemente (ver David Núñez y Diego Pardow, “¿Por qué no demandan los accionistas? El problema de las costas en la acción derivativa”, Estudios Públicos 118 (2010): 248).

[52] Ibídem, 249-250.

[53] Esta solución no es ajena a nuestro derecho. Así, por ejemplo, en materia de quiebras e insolvencia, las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores constituyen un crédito de primera clase (artículo 2472 del Código Civil), el agente oficioso es asistido por un derecho de reembolso (artículo 2290 del Código Civil) y lo mismo el comunero que incurre en gastos para el beneficio de la comunidad (artículo 2307 del Código Civil) (Núñez y Pardow, “¿Por qué no demandan?”, 233 y 275).

[54] Ibídem, 274-275.

[55] Ibídem, 276.

[56] Ibídem, 276-277.

[57] José Miguel Mendoza, “The Colombian SAS and the Transition from Rules to Standards”, en The Colombian Simplified Corporation: A Comparative and Functional Perspective, editado por Francisco Reyes (Bogotá: Editorial Temis, 2018), 105.

[58] La consagración legal de estas figuras en la forma de estándares es clara de la redacción amplia de los artículos respectivos en la Ley 1.258. El artículo 42, referido a la desestimación de la personalidad jurídica, dispone en su parte relevante que “cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados” (el énfasis es nuestro). En el mismo espíritu, el artículo 43, referido al abuso del derecho a voto, dispone en su parte relevante que “los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto” (el énfasis es nuestro). Dispone además el referido artículo 43 que las acciones correspondientes al abuso del derecho a voto pueden ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, reconociendo que también los accionistas minoritarios pueden aprovecharse injustificadamente de las prerrogativas que les entrega la ley (Ley 1.258, del 5 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”, República de Colombia).

[59] Superintendencia de Sociedades de Colombia, “Guía de litigio societario. Delegatura para Procedimientos Mercantiles”, septiembre de 2016. Disponible en https://issuu.com/dpm20/docs/gui__a_de_litigio_societario/8.

[60] Ibídem.

[61] Ver “Jurisprudencia Delegatura para Procedimientos Mercantiles”, Superintendencia de Sociedades de Colombia. Disponible en https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/Busqueda-Jurisprudencia-delegatura-procedimientos-mercantiles.aspx (accedida el 27 de noviembre de 2018).

[62] Superintendencia de Sociedades de Colombia, “Preguntas frecuentes de los usuarios de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles”. Disponible en https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/Documents/preguntas%20frecuente%20mercantiles.pdf.

[63] “Introducción a la nueva corte societaria”, Superintendencia de Sociedades de Colombia (accedido el 20 de noviembre de 2018), https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Paginas/Objetivo.aspx (accedido el 20 de noviembre).

[64] Ibídem.

[65] World Bank Group, Doing Business 2019: Training for Reform. Economy Profile: Colombia (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2019), 48. Disponible en http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/colombia/COL.pdf.

[66] Según José Miguel Mendoza, abogado colombiano encargado de poner en marcha estos tribunales especializados, en los que además actuó como juez, después de tan sólo siete años de la creación de la Delegatura esta corte ha emitido más de mil decisiones judiciales sobre toda clase de asuntos societarios. Dicha producción jurisprudencial sería comparable a los resultados acumulados por Colombia durante la segunda mitad del siglo XX (José Miguel Mendoza, “La principal innovación de la Ley SAS”, Ámbito Jurídico, 15 de agosto de 2018. Disponible en https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/sociedades-y-economia-solidaria/la-principal-innovacion-de-la-ley-sas).

[67] Mendoza, “The Colombian SAS”, 104-105.

[68] Superintendencia de Sociedades de Colombia, “El buen gobierno en práctica: cuatro años de gestión de la supersociedades”. Disponible en https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/Presentacion-Rendicion-Cuentas-20-agosto-2014.pdf (accedido el 10 de noviembre de 2018).

[69] Mendoza, “La principal innovación”.

ARTÍCULO

LAS VICISITUDES DE LA ESPERANZA LIBERAL: DE LA UTOPÍA MINARQUISTA A LA DISTOPÍA ANARCOCAPITALISTA*

Felipe Schwember Augier

Universidad Adolfo Ibáñez

FELIPE SCHWEMBER AUGIER. Licenciado en derecho y en filosofía por la Universidad Católica de Chile. Doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Profesor del Centro de Investigación en Teoría Social y Política de la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. Email: felipe.schwember@uai.cl.

* Una versión preliminar de este artículo apareció en inglés en Schwember (2019). El autor agradece los comentarios y sugerencias de los evaluadores de Estudios Públicos, que contribuyeron a mejorar este trabajo, así como la lectura, las conversaciones y sugerencias de Daniel Loewe y Valentina Verbal.

RESUMEN: El presente trabajo repasa diferentes versiones de las utopías libertarias y anarcocapitalistas que han germinado al alero del concepto de propiedad sobre sí mismo, característico del liberalismo libertario. Al hilo de dicho repaso, se pretende demostrar cómo, a partir de la identificación de la voluntariedad con la no coacción, el abandono de la estipulación de Locke o, en fin, la reducción de las relaciones de justicia a la justicia correctiva, las utopías minarquistas y anarcocapitalistas terminan en distopías. Esos resultados distópicos permiten mostrar, además, cómo y cuánto se aleja el anarcocapitalismo del liberalismo, en cualquiera de sus versiones. Ese alejamiento, se sostiene, culmina en una teoría política no liberal, sui generis, que cabría denominar “neofeudalismo”.

PALABRAS CLAVE: liberalismo libertario, utopías, Nozick, Kukathas, distopías, anarcocapitalismo, neofeudalismo.

RECIBIDO: marzo 2019; ACEPTADO: junio 2019.

THE VICISSITUDES OF LIBERTARIAN HOPE: FROM THE MINARCHIST UTOPIA TO THE ANARCHO-CAPITALIST DYSTOPIA

ABSTRACT: The present work reviews different versions of the libertarian and anarcho-capitalist utopias that have developed from the concept of self-ownership, keystone of libertarianism. The purpose of this review is to demonstrate how, from the identification of voluntariness with non-coercion, the abandonment of Locke’s proviso or, in short, the reduction of relations of justice to corrective justice, the minarchist and anarcho-capitalist utopias end in dystopias. These dystopian results also show in what way and how far anarcho-capitalism moves away from liberalism, in any of its versions. That distancing, it will be argued, culminates in a non-liberal political theory, sui generis, which could be called “neofeudalism”.

KEYWORDS: Libertarianism, utopias, Nozick, Kukathas, dystopias, anarchocapitalism, neofeudalism.

RECEIVED: March 2019; ACCEPTED: June 2019.

1. INTRODUCCIÓN

En buena medida, el liberalismo del siglo XX se comprendió a sí mismo como la némesis de las grandes utopías. Algunos de sus más importantes teóricos realizaron enérgicas condenas de las utopías y sus tentaciones. Popper y Hayek pueden, en este sentido, ser considerados dos autores paradigmáticos: ambos ofrecen sesudos razonamientos para enrielar a los lectores desprevenidos y conjurar cualquier veleidad utópica. La utopía, advierten ambos, es un error intelectual o moral; un extravío tan peligroso como seductor, que nos persuade no sólo de la posibilidad de alcanzar un paraíso terrenal, sino que también de que ningún precio por hacerlo es demasiado alto.[1]

Popper enfatiza este peligro mediante la ecuación utopía-fanatismo-violencia: quien se convence de una utopía se ha convencido, básicamente, de los fines últimos de la vida política y, por lo mismo, de la inutilidad o impertinencia de cualquier discusión crítica acerca de esos fines. La imposibilidad de entablar una discusión crítica (y no meramente estratégica) acerca de los fines últimos destruye el ethos democrático y abre las puertas al fanatismo. La utopía desemboca, invariablemente, en la violencia (Popper 1991, 425-435).

Hayek, por su parte, subraya la conexión entre utopía y totalitarismo, advirtiendo acerca de la imposibilidad de ciertas formas de planificación particularmente ambiciosas, de los riesgos que esas formas de planificación entrañan para la libertad individual y, por último, de la inconsistencia que existe entre esas formas de planificación y los fines que con ellas se quiere alcanzar (Hayek 2006). Por eso, y dado que el hecho de carecer de una utopía propia constituye una gran desventaja a la hora de reclutar prosélitos, los liberales deberían saber construir su propia utopía, evitando, sin embargo, al mismo tiempo, los peligros que ello entraña (Hayek 2012, 274; Hayek 2006, 89-90).

Entonces, si atendemos a Popper y Hayek, el liberalismo clásico del siglo XX es una doctrina política antiutópica, por dos razones básicamente. Primero, porque no sólo renuncia, sino que además se opone frontalmente a la idea de que es posible identificar, de modo inequívoco, fines últimos de la organización política a partir de los cuales levantar una “sociedad ideal”, y segundo, porque la suya es fundamentalmente una estrategia de contención: su esfuerzo incesante por conjurar las pesadillas políticas se traduce no sólo en la renuncia a promover un fin último de la sociedad política, sino que también en el intento, más deslucido y modesto, de atajar las políticas impracticables. Popper ofrece un ejemplo particularmente claro de estos dos aspectos antiutópicos del liberalismo, cuando afirma que la finalidad de la política es combatir los males “más graves y serios de la sociedad” y no “encaminar todos sus esfuerzos hacia la consecución del bien final” (2017, 174).

Por consiguiente, si hubiese que definir la posición del liberalismo respecto de la utopía a partir de las posiciones de Popper y de Hayek, habría que decir que el liberalismo tiene una posición ambivalente, pues oscila entre la utopofobia[2] y la añoranza de la utopía (utopía de la utopía).

Sin embargo, no mucho después de estas enérgicas denuncias, la utopía parece haber obtenido carta de ciudadanía en el pensamiento liberal. Primero en el liberalismo libertario, a través de la “metautopía” que Robert Nozick defiende en Anarchy, State, and Utopia (en adelante ASU), y luego en el liberalismo igualitario, a través de la “utopía realista” que John Rawls describe en su obra The Law of Peoples. Ambos casos han dado lugar a una serie de reflexiones y proyectos melioristas: utopías de la justicia global, utopías de fronteras abiertas, utopías multiculturalistas, utopías de la tolerancia o de la autonomía, etcétera.

En este trabajo me detendré en una serie de utopías —es decir, descripciones de ciudades u órdenes políticos ideales— que han germinado al alero de la metautopía de Nozick. Me refiero a las utopías libertarias y anarcocapitalistas, a las que denominaré genéricamente “utopías del derecho privado”, en razón de las premisas que comparten acerca de las reglas de justicia: la propiedad de cada uno sobre sí mismo (self-ownership), la libertad contractual, el contrato como única fuente de obligaciones políticas y el principio de no agresión.

El objetivo de este análisis es, por una parte, repasar la evolución de tales utopías, desde su formulación original en Nozick hasta sus versiones más recientes en la filosofía de algunos autores anarcocapitalistas. Por otra, y al hilo de este repaso, se intenta rastrear la causa de la mutación de las utopías del derecho privado en distopías capitalistas. Si es cierto que en toda utopía anida una distopía,[3] el propósito general de este trabajo es, entonces, buscar el lugar en que se aloja la semilla de la que brotan las distopías contemporáneas —especialmente anarcocapitalistas— del derecho privado.

Al respecto, sostendré que la deriva distópica de las utopías del derecho privado se explica, por una parte, por la identificación de “no coacción” con “voluntariedad” y, por otra, por la adopción de la propiedad como modelo de los derechos subjetivos en general. La noción que de la voluntariedad y de los derechos subjetivos tienen los libertarios conduce por sí misma a ciertos resultados distópicos (como, por ejemplo, la admisión del chantaje como práctica legal) o desactiva principios y prohibiciones, frecuentes en los ordenamientos jurídicos, que precisamente evitan dichos resultados distópicos (por ejemplo, para evitar que las conductas discriminatorias puedan ser consideradas un derecho, etcétera). En este sentido, argumentaré que el proton pseudos de las utopías del derecho privado se encuentra en la tendencia de sus autores a prescindir todo lo posible de principios universales e intersubjetivos en la configuración del sistema jurídico. Esta tendencia propicia la fragmentación del ordenamiento político y jurídico en múltiples estatutos e “islas normativas” (neofeudalismo), así como en la desaparición del concepto de ciudadanía de la filosofía política.

La finalidad de este artículo es no sólo académica, sino también, hasta cierto punto, práctica. Me gustaría creer que con él puedo contribuir a que el lector conozca algunas de las ideas de fondo que modelan o informan el debate público. Aunque la mayor parte de las veces la conexión entre una doctrina y la política práctica sea más bien lejana, y aunque rara vez un político o un partido adopten una filosofía de modo, digamos, cabal, sigue siendo cierto que las teorías políticas y, sobre todo, las utopías políticas, informan la política práctica. La socorrida frase de Keynes acerca de la influencia de los economistas muertos sobre los políticos es cierta también, y tal vez con mayor razón, por lo que toca a la influencia que los filósofos ejercen sobre los políticos.

Por eso, no debería causar extrañeza que el aserto de Keynes (o, mejor dicho, la variante de él que hemos adoptado) sea igualmente válido para las teorías políticas-utopías que aquí revisaré: al lector perspicaz seguramente no le será difícil rastrear hasta ellas algunos de los tópoi argumentativos del discurso político contemporáneo de la así llamada “nueva derecha” o derecha “Alt-Right”, que ha cobrado una súbita e insospechada importancia con la llegada al poder de Donald Trump en los Estados Unidos o el triunfo del “Brexit” en el Reino Unido.

En buena medida, esa derecha es una reacción a las “políticas de identidad”, esto es, a las políticas que esgrimen las peculiaridades raciales, nacionales, religiosas, sexuales, etcétera, como locus de alguna pretensión o reivindicación política. La derecha “Alt-Right” ha reaccionado vigorosamente a esas políticas y ha sabido servirse de ellas para oponer su propia política identitaria, de carácter racista, nacionalista, cristiana, heteronormativa, etcétera (Fukuyama 2018).

Aunque esa nueva derecha no está inspirada única y exclusivamente en los movimientos libertarios o anarcocapitalistas, ni mucho menos, sí es cierto que ha recibido alguna influencia de ellos y, particularmente, de Hans-Hermann Hoppe, en cuya utopía-distopía me detengo al final de este trabajo.[4] No por nada, Hoppe ha sido, durante los últimos años, uno de los intelectuales “ancla” del Mises Institute (Hawley 2019, 98), uno de los think tanks principales entre los asociados a la derecha más dura en los Estados Unidos. Así, por ejemplo, este sector político tiende a defender ciertas formas de discriminación (en particular, contra minorías sexuales o raciales) del modo en que Hoppe lo hace; esto es, como expresión del legítimo ejercicio del derecho de propiedad.

Como el caso de Hoppe muestra, se ha producido una suerte de simbiosis entre algunas de las utopías que aquí se estudian y esa nueva derecha: las primeras (y particularmente el anarcocapitalismo) ofrecen a la segunda la oportunidad de presentar bajo ropajes nuevos ideas —prejuicios, en realidad— viejas. Los ropajes están tomados del liberalismo libertario, cuyas prendas (derechos, libertades, propiedad, privacidad, etcétera) permiten presentar las reivindicaciones de la “Alt-Right” de modo que resulten, al menos en apariencia, concordantes con los principios de justicia sobre los que se levantan las democracias liberales. De este modo, y en virtud de esa simbiosis, para promover su propia agenda, los partidarios de la “Alt-Right” no necesitan apelar directamente al racismo, la xenofobia, etcétera —lo que a fin de cuentas quedaría mal—, sino que pueden hacerlo de modo indirecto, apelando, por ejemplo, al derecho de propiedad y a la libertad contractual para justificar ciertas formas de discriminación y denunciar la “integración forzada”; a la libertad de expresión para ofender a ciertas personas o grupos; al derecho de familia para, en fin, denunciar programas educativos para sus hijos, etcétera.

Las utopías del derecho privado son funcionales a las políticas identitarias que, con mayor o menor fuerza, informan la “Alt-Right”. Por eso tal vez sería más exacto decir, no tanto que el liberalismo libertario ha influido en la “Alt-Right”, sino que la “Alt-Right”, en personas como Hoppe, ha sabido instrumentalizar esa forma de liberalismo, para presentar sus propias políticas identitarias como expresiones o prácticas legítimas de ciertos derechos individuales. La moraleja de toda esta historia es que —como ya advirtiera el propio Nozick—[5] es mala idea reducir el liberalismo al derecho privado (que es lo que tiende a hacer el libertarianismo) y abandonar, en consecuencia, todos los principios de derecho público.

En cualquier caso, el lector podrá comprobar que la influencia política de los autores aquí estudiados es inversamente proporcional a su importancia intelectual. Hay una gradiente que va de Nozick a Hoppe, tanto por lo que a la sofisticación argumentativa y filosófica se refiere, como a la fidelidad o proximidad a la idea original del liberalismo; es decir, a la idea de que cada individuo debe ser libre para vivir como prefiera, mientras con ello no impida a los demás hacer lo mismo. La gradiente se invierte por lo que toca a la influencia en el ámbito público. Mientras la postura de Nozick es una variante del liberalismo libertario que ha tenido escaso eco en la discusión pública y en el mundo político partidista (si es que ha tenido alguno), el anarcocapitalismo conservador de Hoppe ha tenido no poca repercusión a través de su vinculación con la nueva derecha, representada de manera especial en la ya mencionada “Alt-Right”.

Las utopías del derecho privado, y especialmente el anarcocapitalismo, han servido para articular un discurso que combina el liberalismo económico con el conservadurismo moral, salpicado aquí y allá con algo (y a veces no poco) de racismo y xenofobia. El anarcocapitalismo, por inverosímil que suene, ha contribuido a alimentar teóricamente el populismo de derechas, a dotarlo de un discurso, no sólo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica (el caso de Jair Bolsonaro en Brasil resulta ya emblemático a este respecto). Supongo, entonces, que la reconstrucción teórica de su génesis, así como la exposición de sus aspiraciones utópicas pueden servir al lector para hacerse una idea más cabal del trasfondo ideológico que ha alimentado a la “nueva derecha” en Occidente.

2. LA UTOPÍA FORMAL DE NOZICK Y LAS UTOPÍAS DEL DERECHO PRIVADO

En la Política, Aristóteles establece como punto de partida de cualquier investigación acerca de la ciudad ideal el problema de cuál es el modo preferible de vida para “todos”, “pues mientras esto no esté en claro, tampoco podrá estarlo, forzosamente, el régimen mejor”.[6] Esta pregunta preliminar explica la aparente contradicción envuelta en el intento de formular una utopía liberal. Si se considera, como Aristóteles, que la utopía (en su caso, el estudio de la “ciudad ideal”) debe inspirarse en una cierta concepción de la vida buena y de la virtud, entonces la utopía liberal es un oxímoron, en la medida en que el liberalismo busca promover, no la felicidad ni la perfección de los individuos, sino su coexistencia pacífica. Otro tanto ocurre si, con el objetivo de rehuir este problema, se despoja al concepto de felicidad de sus alcances normativos o se lo intenta reemplazar, en fin, por cualquier otra “doctrina comprehensiva” que pudiera servir de fundamento a la utopía. Dicho de otro modo, según el lenguaje al uso, el liberalismo es una doctrina política que da prioridad a lo justo por sobre lo bueno, y, sin una concepción sustantiva de lo bueno que sirva de meta a las aspiraciones utópicas y que aúne las voluntades de sus ciudadanos, no parece posible modelar una utopía.

Nozick, por su parte, rechaza la posibilidad de que exista un modo de vida que sea objetivamente mejor para todos y pueda servir para proyectar una utopía:

Wittgenstein, Elizabeth Taylor, Bertrand Russell, Thomas Merton, Yogi Berra, Allen Ginsburg, Harry Wolfson, Thoreau, Casey Stengel, The Lubavitcher Rebbe, Picasso, Moisés, Einstein, Hugh Heffner, Sócrates, Henry Ford, Lenny Bruce, Baba Ram Dass, Gandhi, sir Edmund Hillary, Raymond Lubitz, Buda, Frank Sinatra, Colón, Freud, Norman Mailer, Ayn Rand, el Barón de Rothschild, Ted Williams, Thomas Edison, H. L. Mencken, Thomas Jefferson, Ralph Ellison, Bobby Fischer, Emma Goldman, Piotr Kropotkin, usted y sus padres. ¿Existe realmente una sola clase de vida que sea mejor para cada una de estas personas? (1988, 298-299)

Un poco después, añade que “la idea de que hay una respuesta compuesta mejor que todas estas preguntas, una sociedad mejor para todos en la cual vivir, me parece increíble” (1988, 299).

Pero, entonces, ¿cómo es posible que el Estado mínimo —la única forma lícita de Estado para Nozick— pueda ser una utopía? ¿Y en qué sentido podría serlo? Podría serlo porque: a) ofrece las condiciones institucionales para ensayar libremente las más diversas formas de vida que quepa imaginar, que no sean incompatibles con los derechos equivalentes de todos los demás; y b) puede albergar las diferentes comunidades que florezcan al alero de las diferentes concepciones de bien de sus ciudadanos, mientras no impidan el florecimiento equivalente de otras comunidades.[7] Dicho de otro modo, el Estado mínimo es la utopía de la posibilidad de todas las utopías. Puede ser una utopía en tanto que “metautopía”.

La idea es, entonces, que imaginemos, con Nozick, las posibilidades utópicas del minarquismo, esto es, del Estado mínimo: ciudadanos se agrupan para formar comunidades según su particular concepción común del bien, que acuerdan modificaciones o cambios en las mismas bajo ciertas circunstancias, admiten nuevos miembros, pierden otros, que se unen a otras comunidades, etcétera. Todas las diferentes comunidades que se suceden coexisten, sin embargo, bajo el Estado mínimo, al que, por otra parte —es de suponer—, le guardan lealtad por la libertad que se les concede para desarrollar sus propios proyectos utópicos.

Como se desprende de lo anterior, el Estado mínimo de Nozick es, en primer lugar, una utopía puramente formal, que contiene (o pretende contener) las condiciones bajo las cuales podrían coexistir diferentes utopías particulares.[8] Por eso, no puede precisarse cabalmente su contenido, o no más allá del que nos proporcionan las diferentes utopías particulares que fuéramos capaces de imaginar. De ahí que, al abordar el problema de la utopía, Nozick básicamente delegue en el lector la tarea de imaginar cómo será su propia utopía particular, dentro del “marco” general trazado por el Estado mínimo, que, en lo fundamental, proscribe la violencia.

Este carácter puramente formal nos permite dilucidar el primer sentido en el que la metautopía de Nozick es, propiamente, una utopía o una aspiración política imposible: en el sentido de abrigar la improbable ilusión de que todas las utopías particulares (lo que, siguiendo a Lucas Misseri (2011), podemos llamar las “microutopías”) puedan coexistir y adaptarse al marco institucional del Estado mínimo. Esto es más improbable (o utópico) aún si se repara en el hecho de que esa ilusión equivale a esperar que todas las doctrinas alternativas (y tal vez rivales) del liberalismo (teorías perfeccionistas, paternalistas, socialistas, etcétera) se rindieran definitivamente a su hegemonía. Aspirar a la consecución del mejor de los mundos posibles por medio de la privatización total del bien y el fin de las disputas políticas bajo la preeminencia no desafiada y pacífica del liberalismo (libertario) es, seguramente, lo más utópico de la metautopía de Nozick.

El Estado mínimo puede ser también una utopía en el sentido de ofrecer el mejor estado de cosas imaginable, o las mejores condiciones institucionales imaginables, por dos razones fundamentales. Primero, porque ningún otro Estado puede ofrecer a sus ciudadanos mejores oportunidades para vivir, ensayar o recrear sus propias utopías particulares. En él no hay restricciones perfeccionistas o paternalistas y, por tanto, mientras cuenten con socios o colaboradores para ello, cada individuo puede embarcarse en su propia utopía. Este argumento nos conduce inmediatamente a la segunda razón por la cual el Estado mínimo puede ser considerado el mejor Estado imaginable: porque ofrece condiciones inmejorables para el descubrimiento y perfeccionamiento de las utopías. El Estado mínimo y el principio de la adhesión voluntaria crean condiciones institucionales que reproducen el principio de ensayo y error o el mecanismo de evolución por adaptación; esto es, las comunidades aparecen y desaparecen según sepan interpretar los anhelos de los individuos que participan en ellas. Las comunidades exitosas crecerán, prosperarán o serán imitadas; las otras se reducirán o serán abandonadas; otras rectificarán uno o varios aspectos de su organización, etcétera. Si es posible algún progreso por lo que al descubrimiento de la sociedad ideal se refiere, permitiría descubrirlo la acción conjunta de los mecanismos de diseño y de filtro que el Estado mínimo y el principio de adhesión voluntaria propician.

Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de la coexistencia de las comunidades utópicas a las que nos hemos referido?

Nozick quiere que la metautopía sirva como un argumento adicional e independiente de otros ofrecidos en ASU en favor del Estado mínimo. Más allá de si resulta suficiente para ese propósito, es claro que la independencia argumental de la metautopía no se extiende a lo que podríamos considerar las premisas o presupuestos más generales de ASU: las restricciones libertarias. Estas restricciones (que podríamos llamar también “derechos naturales libertarios”) son el resultado de la aplicación de las restricciones morales indirectas (es decir, derechos naturales) al campo político, que para Nozick tiene que ver con la delimitación de la esfera de libertades de cada cual.[9]

Nozick ilustra el contenido y alcance de las restricciones libertarias mediante el símil del espacio moral que rodea al individuo, otorgándole un espacio de inmunidad:

Una línea (o un hiperplano) circunscribe un área de espacio moral alrededor de un individuo. Locke sostiene que esta línea se determina por los derechos naturales de un individuo, los cuales limitan la acción de los otros. (1988, 65)

Un poco después añade:

Una persona, voy a suponer, puede decidir hacerse a sí misma cosas que traspasarían los límites que rodean al espacio moral de su persona si fueran hechas por cualquier otra sin su consentimiento (…). El consentimiento voluntario abre la frontera para cruzar. (…) Mi posición no paternalista sostiene que alguno puede decidir (o permitir a otro) hacerse a sí mismo cualquier cosa, salvo que haya adquirido la obligación ante cualquier tercero de no hacerlo o no permitirlo. (1988, 66-67)

El señorío que cada uno tiene sobre sí, y que Nozick ilustra con la imagen del hiperplano, puede explicarse con el concepto de la propiedad sobre sí mismo, pues ese señorío es tan amplio y extenso como el que tiene el propietario sobre el bien de su propiedad, es decir, ilimitado. En virtud de él, cada uno puede hacer consigo o de sí lo que desee, mientras con ello no afecte, impida u obstaculice la libertad equivalente de otros (es decir, el disfrute de la propiedad que otros tienen sobre sí mismos). Como en el caso de la propiedad, además, se trata de un derecho de uso y goce exclusivo (corresponde a su titular y nadie más), que autoriza a disponer sin límites sobre sí mismo. Eso incluye, en la concepción de Nozick, la posibilidad incluso de venderse como esclavo (1988, 317).

El funcionamiento del marco constitucional bajo el cual funciona la metautopía de Nozick presupone o refleja, entonces, el señorío que cada uno tiene sobre sí mismo. La propiedad sobre sí mismo abre oportunidades para la experimentación de los ciudadanos, al tiempo que fija los límites del deseo utópico, pues proscribe lo que Nozick denomina el “imperialismo” utópico; esto es, la imposición de la propia utopía a otros (1988, 307).

Ahora bien, precisamente porque el marco de la metautopía es libertario, “las comunidades individuales dentro de ella no necesitan ser así” (1988, 308). En el ejercicio de los derechos que se siguen de la propiedad que cada uno tiene sobre sí, los individuos bien pueden fundar o sumarse a comunidades no libertarias (socialistas, por ejemplo) o a comunidades que tengan estatutos paternalistas o perfeccionistas (como podrían ser algunas comunidades y sectas religiosas). Si se admite, como Nozick, que la propiedad que cada uno tiene sobre sí mismo le autoriza a venderse como esclavo, entonces debe admitirse la posibilidad menos extrema de que, dentro del marco, existan comunidades que, por ejemplo, exijan a sus miembros la renuncia al derecho de abandonarla o, en fin, que exijan se delegue en ellas grados importantes de la propia autonomía. Y todo ello sin contar con que debería admitirse la posibilidad de que existan comunidades que efectivamente alberguen esclavos.

En este punto, la metautopía de Nozick resulta problemática. ¿No podría estimarse que la libertad (es decir, la capacidad jurídica) es irrenunciable? Después de todo, es un contrasentido renunciar a aquello en virtud de lo cual puedo celebrar acuerdos. Otro tanto puede decirse del supuesto paternalismo de la prohibición de enajenar la propia libertad: ¿es acertado calificar esa prohibición como “paternalista”? Con todo, no todas las renuncias a la propia libertad son tan radicales como la de la esclavitud voluntaria. Para aquellos casos menos extremos, ¿dónde debemos trazar la línea que separa las renuncias aceptables de las no aceptables?

Seguramente podría objetarse a la “postura no paternalista” de Nozick que la aceptación de la enajenación voluntaria de la propia personalidad socava las bases de la propia utopía libertaria: a la larga, las enajenaciones de la personalidad que por una u otra razón ocurran (necesidad, inmadurez, condicionamiento cultural, etcétera) producirán zonas de dominación y servidumbre, que desfigurarán el semblante utópico (en el sentido ahora de “deseable”) del Estado mínimo.

Los peligros de esta potencial deriva distópica de la utopía de Nozick —peligro que, por lo demás, acecha a cualquier utopía—[10] ponen de manifiesto un problema más general del liberalismo, que tiene que ver con el grado de tolerancia que debe tener hacia las concepciones paternalistas o perfeccionistas y, más allá de ellas, hacia las concepciones derechamente hostiles a la libertad. Este problema queda reflejado, por ejemplo, en la denominada “paradoja de la tolerancia” de Popper o los debates acerca de la “neutralidad” del liberalismo frente a aquellas posiciones o doctrinas que exigen se reconozca la libertad para adoptar, enseñar, difundir, etcétera, el paternalismo y el perfeccionismo.

En cualquier caso, es claro que para Nozick las comunidades paternalistas y perfeccionistas y, en general, antiliberales no pueden invocar el marco constitucional del Estado mínimo para evitar darles a los niños una educación que impida el desarrollo gradual de su autonomía. Por este motivo, sostiene Nozick que “los niños representan problemas aún más difíciles. De alguna manera, tiene que garantizarse que ellos están informados de las clases de alternativas que hay en el mundo” (1988, 317).[11] La necesidad de informar a los niños se sigue de que la propiedad que los padres tienen sobre sí mismos no se extiende a los niños. Los hijos son seres diferentes y separados de sus padres. Sus padres no son sus propietarios. En consecuencia, la educación que les den debe ser tal que no impida a los niños el ejercicio futuro del derecho de propiedad que tienen sobre sí. Los niños deben poder llegar a ser adultos que vivan su propia vida. Pero, ¿cómo se resguardará ese derecho de los niños? Nozick no menciona ni las medidas ni las instituciones que debería adoptar el Estado mínimo con vistas a la protección de la autonomía de los niños.[12] Sin embargo, como él mismo afirma, no hay que esperar descripciones exhaustivas de todos los aspectos de una utopía. Algunos de esos aspectos quedarán apenas pergeñados. Es de suponer, podría añadirse, que el atractivo de las utopías descansa en parte en esa inconclusión.

3. EL DEBILITAMIENTO DEL MARCO: LA UTOPÍA DE LA TOLERANCIA DE KUKATHAS

El problema de los niños en que repara Nozick apunta a la disyuntiva que Kukathas formula en oposición a Kymlicka entre autonomía y tolerancia:

Un régimen liberal es un régimen de tolerancia. Apoya normas de tolerancia no porque valore la autonomía sino porque reconoce la importancia del hecho de que la gente piensa diferente, ve el mundo de modo diferente y está inclinada a vivir —o incluso piensa que debe vivir— de forma diferente al modo en que otros creen que deberían hacerlo. Defiende la tolerancia a través de la protección de la libertad de asociación, para que la gente puede vivir como ella piensa que debe hacerlo, como su conciencia le dicta. (Kukathas 2003, 39)[13]

En la utopía libertaria pueden prosperar las comunidades no libertarias o, incluso, antilibertarias. Pero, ¿hasta qué punto? Kukathas imagina dos posibilidades, que dan lugar a dos clases de libertarianismo: el de la autonomía y el de la tolerancia. Cada uno ofrece una respuesta diferente a esta pregunta (Kukathas 2009).

Conforme al primero, se entiende que el respeto de los principios libertarianos de propiedad y de no agresión no son optativos. Todas las comunidades (incluso las no libertarias) deben respetarlos. Por eso, en lo que podemos denominar la utopía libertaria de la autonomía, “a nadie se le permite vivir sin libertad, a menos que haya explícitamente renunciado a aquellas libertades particulares de que carece” (Kukathas 2009, 8). Pero eso significará que, en la utopía de la autonomía, “ciertas clases de asociaciones o comunidades no pueden existir, pues las únicas asociaciones legítimas son las asociaciones voluntarias” (Kukathas 2009, 8).

Obviamente, las comunidades que no pueden prosperar dentro de la utopía libertaria de la autonomía son aquellas que inculcan una educación que forma a sus miembros en, digamos, la heteronomía, proscriben estilos de vida por motivos puramente paternalistas o naturalizan ciertas posiciones sociales y culturales que coartan la libertad individual de algunos de sus miembros (como, por ejemplo, aquellas que mantienen a las mujeres en una situación de subordinación o criminalizan o estigmatizan a las minorías sexuales).

En estos casos, el marco constitucional de la sociedad libertaria se preocupará, por ejemplo, de informar a los niños que existen otras alternativas que aquella que se les enseña en sus comunidades de origen, o de impedir prácticas que atentan contra la integridad moral o física de los menores de edad, aun cuando dichas prácticas formen parte de tradiciones ancestrales, etcétera. Después de todo, si los hijos son personas diferentes de sus padres y tienen su propia vida que vivir, la sociedad libertaria debería disponer las medidas que les permitan finalmente vivirla.

En la utopía libertaria de la tolerancia, en cambio, se entiende que los principios libertarios se aplican a las relaciones entre las diferentes comunidades y no (o no necesariamente) a los individuos particulares. Esto supone que las comunidades tienen una amplia autoridad (o, mejor, “jurisdicción”) sobre sus miembros y que, en consecuencia, “la sociedad buena que la teoría política liberal describe no es una entidad unificada” (Kukathas 2003, 20). Por eso, la imagen con la que Kukathas describe su utopía liberal es la de un archipiélago cuyas islas son las comunidades que flotan en un mar de tolerancia:

El archipiélago liberal es una sociedad de sociedades, que ni es la creación ni es objeto de control de ninguna autoridad. Es una sociedad en que las autoridades funcionan bajo leyes que están por sí mismas más allá del alcance de cualquier poder singular. (2003, 22)

La utopía liberal de la tolerancia de Kukathas refleja la convicción de que “el principio fundamental que describe a una sociedad libre es el principio de libertad de asociación”; de él se siguen, como corolarios suyos, “el principio de libertad de disociación” y “el principio de tolerancia mutua de las asociaciones” (2003, 4).

Pero, ¿es realmente la utopía de la tolerancia de Kukathas una utopía liberal (o libertaria)? Tal vez la principal razón para desechar la posición de que verdaderamente lo sea radica en el hecho de que los principios libertarios se apliquen a las asociaciones y no necesariamente a las personas. Sin embargo, Kukathas siempre podría replicar que, pese a eso, la suya es una utopía liberal porque defiende “el derecho a dejar la comunidad” (right to leave) (Kukathas 2003, 96). Más aún, este derecho no sólo es esencial a la utopía de Kukathas por razones conceptuales, sino también porque sirve para explicar la legitimidad de las autoridades de las comunidades: dichas autoridades son legítimas en la medida en que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción decidan permanecer bajo la misma.

Ese derecho de salida recuerda la justificación del poder político que da Locke a partir del consentimiento tácito de los súbditos.[14] Está, por lo mismo, expuesto a dificultades semejantes. Por ejemplo, a la crítica que Hume hiciera al argumento del consentimiento tácito de las teorías contractualistas: los supuestos requeridos para el ejercicio del derecho a abandonar un país son en la mayoría de los casos ilusorios (Hume 2006, 105).[15]

Más allá de las dificultades asociadas al ejercicio del derecho de salida, la utopía de Kukathas podría sostenerse diciendo que la tolerancia de las comunidades opresoras (incluyendo a aquellas que retienen gente contra su voluntad) es un mal menor en comparación con el despliegue de autoritarismo que supondría el intento por desterrarlas o reformarlas. Dicho de otro modo, la política de la tolerancia es siempre mejor (o menos mala) que las políticas que reivindican la autonomía contra la conciencia de aquellos que se oponen a ella. Kukathas avanza por esa línea de razonamiento cuando afirma que la política de la tolerancia:

bien puede permitir dentro de la sociedad más amplia a una serie de comunidades cohesionadas pero opresivas: islas de tiranía en un mar de indiferencia. No obstante, es preferible la descentralización de la tiranía. Una razón para preferirla es que mientras todo poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. (2003, 137)[16]

Este argumento ofrece una defensa de toda la construcción teórica de Kukathas, al tiempo que evita (y denuncia) los riesgos de un eventual imperialismo o colonialismo cultural libertario, que obligara a las comunidades iliberales a adoptar coactivamente principios libertarios.[17]

La utopía de Kukathas puede entenderse como una reinterpretación del alcance de la afirmación de Nozick de que cada individuo debe ser libre para poder vivir su propia vida (Nozick 1988, 60). Kukathas entiende que eso significa, en lo fundamental, que cada uno pueda vivirla de acuerdo con sus propias convicciones (libertad de conciencia), y que esas convicciones le deben permitir formar y participar de las asociaciones que prefiera (libertad de asociación). Desde el punto de vista institucional, esas libertades se traducen en el rechazo del Estado mínimo y del marco metautópico de Nozick, por los riesgos y desventajas que, a su juicio, ese tipo de Estado entraña (Kukathas 2009 y 2011).

En cualquier caso, las razones para escoger entre una utopía y otra son, paradójicamente, desalentadoras, pues Kukathas cree que estamos condenados a tener que elegir entre dos formas de tiranía. La razón última para preferir la utopía de la tolerancia por sobre la utopía de la autonomía es que, pese a todo, la primera sería menos mala que la segunda. Aunque ése fuese el caso, es importante advertir las consecuencias que se siguen de esa elección que diluye el marco de la metautopía de Nozick: la dispersión del poder y de las funciones judiciales, el pluralismo jurídico y, en fin, la virtual desaparición de la igualdad natural de los individuos en las islas de tiranía de las comunidades opresoras. Así las cosas, el debilitamiento del “marco” descrito por Nozick conduce, en la propia lógica libertaria, a una sociedad cuyo semblante empieza a recordar al feudalismo. La única razón por la cual las “islas de tiranía” de Kukathas no son todavía un sistema feudal es por el derecho de salida. Los siervos de la gleba, en cambio, no tenían ese derecho.

4. LAS DISTOPÍAS ANARCOCAPITALISTAS Y LA DERIVA FEUDALISTA

En la utopía de Nozick, el derecho público aún tiene un modesto pero crucial papel que desempeñar a través del marco constitucional del Estado mínimo. Aunque Nozick no especifica el alcance ni el funcionamiento del marco, es claro que su existencia podría impedir —o al menos entorpecer— la realización de ciertas microutopías iliberales, que atentaran o menoscabaran la libertad individual.

Por limitada —e insuficiente— que sea su acción, la existencia del marco del Estado mínimo, incluidos los escuetos principios de derecho público que supone, hace una diferencia y distingue la metautopía de Nozick de lo que podemos denominar las “utopías puras del derecho privado”, en que todo vestigio de derecho público ha desaparecido. Las teorías anarcocapitalistas ofrecen el mejor ejemplo de este tipo de utopías, pues ellas mismas resultan de depurar el libertarianismo de las trazas de derecho público que todavía pudiera contener.[18] Por lo demás, el anarcocapitalismo comparte las premisas del libertarismo: propiedad sobre sí mismo, principio de no agresión y origen convencional de las obligaciones jurídicas positivas (es decir, de aquellas que no se reduzcan al deber de respetar la propiedad de otro e impongan, en cambio, la realización de alguna prestación u obligación positiva). Asimismo, los autores anarcocapitalistas tienden a identificar “involuntariedad” con “coacción”: si no ha habido coacción ilegítima (que es precisamente la que el principio de no agresión proscribe), las acciones de los agentes deben tomarse como voluntarias.

De todo esto se siguen los principios sobre los que se levantan las utopías puras del derecho privado (anarcocapitalistas), entre los cuales resultan fundamentales los siguientes:

a) La propiedad como modelo de todos los demás derechos subjetivos

Lo que podríamos denominar la formulación canónica de la propiedad sobre sí mismo se encuentra en el § 27 Segundo tratado del gobierno civil, en el que Locke afirma que “cada hombre tiene (…) una propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos”. Como Locke, los libertarios y anarcocapitalistas procuran derivar de ese derecho originario y natural sobre sí mismo los otros derechos adquiridos (podríamos decir “naturales adquiridos”, siguiendo a Kant). Concretamente los ius in rem y los ius in personam, es decir, los derechos sobre las cosas o a la conducta de algunas personas. Por esta razón, se puede afirmar, con Narveson, que “la tesis libertaria es en realidad la tesis de que un derecho a nuestras propias personas como nuestra propiedad es el único derecho fundamental que existe” (2001, 71).

Sin embargo, los autores libertarios y anarcocapitalistas van más lejos que Locke y sostienen que todos los derechos subjetivos son especies o formas de la propiedad sobre sí mismo. Por eso, Narveson afirma también que “la insinuación de que existan ‘derechos de otras clases’ además de los derechos de propiedad es bastante engañoso” (2001, 71).[19]

Esta concepción es muy importante, porque todo lo que no pueda ser reivindicado a la manera en que se reivindican los bienes materiales, o todo lo que no pueda ser usado de modo exclusivo, por regla general, no es para esos autores un verdadero derecho. Lo que pueda serlo, por su parte, lo será al modo de la propiedad. Por eso son frecuentes los esfuerzos entre ellos por explicar o delimitar todas las libertades y derechos a partir del modelo que ofrece el derecho de propiedad y sus condiciones de aplicación. Así, por ejemplo, Walter Block sostiene que la reputación (lo que jurídicamente podríamos denominar el “derecho a la honra”) no es algo “que se pueda poseer”, pues “es lo que otros piensan de él; consiste en los pensamientos que otros tienen” (Block 2012, 92-93). A partir de aquí Block concluye que “el escarnio y la calumnia son consistentes con la libertad de expresión” (2012, 94).

b) Alienabilidad de los derechos

Con todo, aquí hay grados. Como hemos visto, Nozick admite la posibilidad de venderse como esclavo, mientras que, por ejemplo, Rothbard (1995, 41; 134-135) y Hoppe (1987, 99) afirman que un contrato de esclavitud es nulo y carece de todo valor jurídico. No obstante, puesto que la propiedad es el derecho a partir del cual se orientan los libertarios y anarcocapitalistas para comprender los derechos, la alienabilidad de los derechos es la regla general. Por eso, fuera del caso de la esclavitud, los libertarios y anarcocapitalistas admiten la posibilidad de disponer de sí mismo, del propio cuerpo y de los propios bienes sin restricciones. La total libertad contractual es el resultado de esta alienabilidad y el modo, asimismo, de realizarla.

c) La no coacción como condición necesaria y suficiente de la voluntariedad

Básicamente, para los libertarios y anarcocapitalistas, todo aquel que no es víctima de coacción ilegítima obra voluntariamente. Por tanto, el que las opciones de una persona estén “severamente limitadas” (Nozick 1988, 255), no impide que su acción (o, más exactamente, las elecciones entre los cursos de acción que le queden) sea libre. Si esa limitación se debe a los hechos de la naturaleza, “las acciones son voluntarias”; si se debe, en cambio, a las acciones de otras personas, la acción de esa persona será voluntaria si es que esas otras personas “tenían el derecho a actuar como lo hicieron” (Nozick 1988, 255). Esta distinción entre las limitaciones originadas en la naturaleza y en la acción de otras personas es importante, pues permite distinguir entre “libertad” y “poder”. La confusión entre ambas, dice Rothbard, conduce a absurdos (1977, 42). Sólo las segundas pueden coaccionarnos y, por tanto, privarnos de nuestra libertad.

Ahora bien, es preciso, sin embargo, advertir que hay diferencias en las definiciones de coacción entre los autores libertarios y anarcocapitalistas. Nozick, por ejemplo, que tiene una concepción de coacción parecida a la de Hayek, que incluye las amenazas y otras formas de presión, llega a decir que “aunque la coacción está íntimamente ligada a la libertad (de hecho, para ciertos autores la libertad se reduce a la ausencia de coacción), no por ello equivale a dicho término” (Nozick 1999, 27). Rothbard, en cambio, simplemente define “libertad” (freedom) como la “ausencia de invasión de la persona o de la libertad de un hombre a manos de otros hombres” (1995, 78). Desde este punto de vista, el que alguien tenga que escoger en condiciones muy adversas, o apremiado incluso por la necesidad, no significa que debamos considerar sus acciones como involuntarias o no queridas (o cualquier otra categoría que permitiera introducir algún matiz). Por eso, por ejemplo, Block puede decir que “la vida de una prostituta es tan buena o tan mala como ella quiere que lo sea. Se mete a prostituta voluntariamente, y es libre de dejar de serlo cuando quiera” (Block 2012, 35).

d) Inexistencia de bienes públicos o apropiabilidad universal de los bienes

Al momento de discutir acerca de la conveniencia de la propiedad y el “comunismo platónico”, Aristóteles advierte tres posibilidades teóricas: que todas las cosas sean comunes, que todas sean privadas o, en fin, que algunas sean comunes y otras privadas. Desecha la segunda porque, dice, es imposible que todo sea privado, pues al menos el lugar en que se asienta la ciudad es común.[20] El libertarismo y el anarcocapitalismo pueden ser definidos como la negación de esta afirmación aristotélica de la imposibilidad de la privatización universal de los bienes. Los alcances de esta privatización universal de los bienes dependerán, en buena medida, sin embargo, de si los autores anarcocapitalistas admiten o no la estipulación de Locke. Esta estipulación permite el uso de bienes ajenos en ciertos casos.[21] Nozick cree que la inclusión de la estipulación de Locke es necesaria para la justificación de la propiedad. Rothbard y Hoppe no lo creen así.[22]

e) Carácter privado de los vínculos políticos y neofeudalismo

Samuel Freeman ha sostenido que, pese a sus aparentes similitudes, el libertarianismo y el anarcocapitalismo no son filosofías liberales. Una de las razones que esgrime es: “Como el feudalismo, el libertarismo concibe la justificación del poder político como una basada en una red de contractos privados. Rechaza la idea, esencial al liberalismo, de que el poder político es un poder público, imparcialmente ejercido para el bien común” (Freeman 2018, 63).

Una prueba del carácter privado de los vínculos políticos es el desvanecimiento del concepto de ciudadanía en las teorías libertarias. Ese desvanecimiento se produce porque “los libertarianos piensan que la ciudadanía en un Estado es casi tan significativa desde un punto de vista moral como la membresía en una compañía aseguradora de autos” (Hidalgo 2017, 381). En consecuencia, nadie por principio es miembro de una asociación política y, por lo mismo, en un mundo libertario podría haber individuos que carecieran de pertenencia a cualquier comunidad política. Podría ocurrir también que la pertenencia a alguna comunidad sea pagada o dependa del cumplimiento de ciertos requisitos arbitrarios (como los que se pueden exigir para obtener la membresía de un club). Podría suceder, por último, que un solo individuo, que fuera propietario del asentamiento en el que muchos conviven, dicte unilateralmente todas las reglas que rigen la vida común y que ninguno de los comuneros tuviera ningún derecho ni para discutir ni para modificar ni oponerse a esa decisión del propietario.

El que la ciudadanía —entendida como el igual derecho a participar en las deliberaciones y votaciones que regulan la vida común— no sea por principio universal permite que se introduzcan sistemas de castas o de estatus, al menos en la medida en que ellos sean compatibles con la propiedad de cada uno sobre sí mismo. En consecuencia, en las sociedades libertarias es posible suponer que, fuera de los derechos naturales, los individuos podrían tener derechos civiles y políticos de muy distinto tipo, según la habilidad que posean para granjearse el respeto de otros o, tal vez, según la capacidad que tienen para comprar esos derechos.[23]

En consecuencia, y en virtud de la aplicación de los principios precedentes, es posible imaginar la existencia de vastos territorios cuyos propietarios (tal vez grandes corporaciones o multinacionales) se comportan y tienen el estatus de verdaderos señores, que gobiernan a diferentes grupos de individuos que conviven en su territorio, pero pertenecen a diferentes castas, reguladas por diferentes estatutos, según los derechos que les han cedido.

Así las cosas, podemos completar la comparación de Freeman entre libertarianismo (o algunas de las formas del mismo) y feudalismo. Para ello podemos recurrir a la caracterización que del feudalismo ofreciera Ganshof, que reza del siguiente modo:

Se puede concebir el feudalismo como un tipo de sociedad cuyos caracteres determinantes son: un desarrollo elevado a grandes extremos de los lazos de dependencia de hombre a hombre, con una clase de guerreros especializados que ocupan los peldaños superiores de dicha jerarquía; una fragmentación extremada del derecho de propiedad; una jerarquía de los derechos sobre la tierra nacidos de dicha fragmentación, jerarquía que corresponde a la misma jerarquía en los lazos de dependencia personal que acabamos de mencionar; una fragmentación del poder público que crea en cada país una jerarquía de instituciones autónomas, que ejercen en interés propio los poderes atribuidos normalmente al Estado y a menudo la misma fuerza efectiva de éste en una época anterior. (Ganshof 2019, 15-16)

En las utopías del derecho privado, los lazos de dependencia podrían tenerse respecto de un gran propietario o de una corporación; estos últimos, junto con los gerentes y grandes accionistas, se ubicarían en la cúspide de la organización social. La propiedad de sí estaría igualmente dividida en virtud de los diferentes acuerdos que todos tendrían que celebrar para regular los distintos aspectos de la vida social. Es de suponer, entonces, una gran dispersión de derechos de los clientes-consumidores-empleados; esa dispersión es correlativa a la concentración de varios paquetes de esos derechos en manos de algunos grandes señores o propietarios. El porcentaje de participación en esos mismos paquetes determinaría el lugar en la jerarquía social (los que tienen más acciones deciden más cosas), así como la extensión de los derechos de cada cual. Es posible imaginar, también, que los derechos de diferentes señores o corporaciones se superponen y que, eventualmente, hay controversias acerca de lo que cada una puede exigirle a un individuo particular (por ejemplo, las aseguradoras de salud pueden prohibirle a un individuo ciertas cosas, mientras que su trabajo le exige otras, más o menos incompatibles con aquéllas). El poder, en este sentido, se dispersa. Pero, en cualquier caso, sus titulares lo ejercen en su propio beneficio.

Este estado hipotético de cosas, que tiene ciertos parecidos con el feudalismo histórico, bien podríamos denominarlo “neofeudalismo”.[24]

4.1. Rothbard, Block y algunos de los supuestos implícitos de la utopía anarcocapitalista

¿Cómo sería más concretamente la sociedad si se aplicaran sistemáticamente los principios anarcocapitalistas? Dejémonos guiar por las ocurrencias de Rothbard y Block, y exploremos algunos aspectos de la sociedad que ellos imaginan.

Lo más importante es que se acabaría el Estado. Con ello se acabarían también todos los programas de redistribución de la riqueza (por ejemplo, a través de los programas de seguridad social).[25] En lo sucesivo, cada uno obtendría tanto como puede conseguir a través de los acuerdos celebrados con otros. Pese al probable trauma inicial, no habría que temer que a la larga se multiplicaran los desposeídos, marginados o menesterosos, pues, liberadas de los impedimentos estatales, las fuerzas creativas de la iniciativa privada producirían un mundo tan desigual como próspero. Esa prosperidad —que seguramente no sería otra cosa que el “enorme cúmulo de mercancías” (Marx 2012, 43), que produce el capitalismo— conjuraría las penurias de los necesitados.

Este supuesto —el de la prosperidad y, más aún, el de la prosperidad indefinida y universal— es necesario para evitar dos derivas distópicas obvias de una teoría política que cree que las medidas redistributivas son esencialmente un robo: i) la ruina de aquellos que padecen necesidad, y ii) la explotación de aquellos que han contratado apremiados por la necesidad. Más concretamente, sólo bajo ese supuesto —que constituye lo que podemos denominar la utopía económica implícita y auxiliar del anarcocapitalismo— se puede entender que los anarcocapitalistas rechacen la estipulación de Locke/Nozick, que autoriza el uso —y no la apropiación, como erróneamente entiende Rothbard (1995, 330)— de los bienes ajenos en ciertos casos de necesidad,[26] y que tengan por justos (e incluso ventajosos) los contratos celebrados bajo estado de necesidad o en condiciones de precariedad.

Vamos al primer caso, el rechazo de la estipulación de Locke/Nozick. Aun suponiendo que la fe anarcocapitalista en la eficacia del mercado para erradicar la necesidad es cierta, existen situaciones (accidentes, casos de fuerza mayor, etcétera) que esa presunta eficacia no puede resolver. Piénsese en el caso del náufrago que necesita pisar tierra en una isla que ya tiene dueño. O el de un hombre que necesita cruzar por el puente de su vecino para huir de un incendio en su propiedad. O el de la persona extraviada en el desierto que encuentra un oasis que tiene propietario. ¿Cómo deberían tratarse estos casos en una utopía anarcocapitalista que no admite la estipulación de Locke/Nozick o que, en términos más generales, no admite que la propiedad pueda verse nunca superada por otros bienes jurídicos? Una utopía que responde a esta pregunta diciendo que en todos ellos “el dueño tiene derecho a prohibir el uso de sus bienes” es una utopía que se ha autorrefutado.

Extrapolemos ahora estos casos de laboratorio. ¿Qué pasaría en una sociedad anarcocapitalista con aquellos que padecen necesidad por algún accidente (y que no tenían seguro que los cubriera)? Algunos afortunados podrían contar con la ayuda de algún alma caritativa; otros tendrían menos suerte, pero todavía podrían cerrar algunos tratos leoninos a cambio de ayuda (tratos que para todos los efectos serían perfectamente “voluntarios”). Otros simplemente morirían.

Este último ejemplo nos conduce al segundo punto señalado arriba, acerca de la validez de los contratos y acuerdos. En los propios términos de los libertarios y anarcocapitalistas, un contrato es justo porque es voluntario. Volenti non fit iniuria: al que consiente no se le hace daño. El problema, sin embargo, no radica en este principio, sino en que tanto libertarios como anarcocapitalistas parecen decididos a hacer abstracción de las condiciones en y bajo las cuales se aplica. El principio no pone, evidentemente, las condiciones de su propia aplicación, es decir, las condiciones bajo las cuales la voluntad puede efectivamente escoger. Si así fuera, seríamos omnipotentes y no habría necesidad de ninguna teoría de la justicia. Sin embargo, dado que somos finitos, necesitamos de ciertas condiciones materiales para poder identificarnos y no simplemente resignarnos a aquello que escogemos.

Una aplicación que tuviera en cuenta las condiciones bajo las cuales se aplica el principio volenti non fit iniuria —es decir, una aplicación no ideológica del mismo— tendría que admitir que, mientras mayor es la necesidad o más adversas son las condiciones de un contratante, menor es la voluntariedad con la que contrata y que, por consiguiente, menos justo es el acuerdo que cierra. La voluntariedad, como la justicia de los acuerdos, tienen, pues, grados.[27]

El anarcocapitalismo hace abstracción de la necesidad y de los grados de voluntariedad, porque, como decíamos, adopta tácitamente un supuesto utópico. Ese supuesto no es simplemente que el capitalismo aumentará la cantidad de bienes disponibles (que, por lo demás, es una verdad empírica). El supuesto es más fuerte: es que lo hará de tal modo, con tanta eficiencia y con tanta rapidez, que por sí mismo y sin la aplicación de ninguna política centralizada, erradicará de modo general la necesidad. Ésta dejará, entonces, de ser un problema (teórico, político y jurídico) para el anarcocapitalismo y para todos los que vivan a su alero. Los demás casos (el náufrago, los accidentes, etcétera) serán lamentables, pero lo suficientemente marginales como para remecer la convicción de la sociedad anarcocapitalista en la supremacía absoluta de la propiedad privada.

Este supuesto utópico, por tanto, es condición general de inteligibilidad del libertarianismo y del anarcocapitalismo, como teorías de la justicia. Piénsese en la afirmación de Block de que la vida de una prostituta es tan buena o tan mala como ella quiere que sea. Esta afirmación es tan evidentemente falsa desde un punto de vista empírico, que el único modo de darle algún sentido (que no sea simplemente decir que no sabe ni es capaz de imaginar las condiciones que empujan a las mujeres a la prostitución, o que no entiende lo que significa “voluntario”) es atribuirle a Block la creencia de que, en un mundo anarcocapitalista, la necesidad habría sido erradicada, de modo que en él ninguna mujer tendría que prostituirse para poder ganarse la vida. Todas las que lo hicieran, lo harían, por tanto, únicamente por gusto.

Sin embargo, no es claro que la secreta utopía del éxito del capitalismo en la erradicación de la necesidad sea suficiente para evitar las derivas distópicas de la teoría anarcocapitalista de la familia. ¿Cómo sería esa teoría de la familia?

Por una parte, se permitirían los matrimonios entre personas del mismo sexo, la poliginia, la poliandria, etcétera; por otra, los padres no tendrían ya más obligaciones legales para con sus hijos. Esto significa que los padres

no deberían tener la obligación legal de alimentarlos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos. Por otro lado, estos padres no pueden asesinar o mutilar a sus hijos, y la ley castiga, con toda razón, a quienes lo hacen. Pero a los padres les asistiría el derecho legal a no tener que alimentar al niño, esto es, a dejarle morir. (Rothbard 1995, 150-151)

Aquí se abren, como es obvio, varias posibilidades distópicas: madres que prefieren esperar al parto para abandonar a sus niños porque no tienen dinero para pagarse un aborto; niños abandonados merodeando por las calles que no están vigiladas o por las que se puede transitar sin pagar peajes; niños desnutridos o pandillas de niños que se unen para robar a algún transeúnte, y niños de esos grupos que son muertos por haber tenido la mala suerte de atacar a alguno que iba armado. Llegado a este punto, el lector podría quizás reconciliarse con la utopía anarcocapitalista si considera que en ella el trabajo infantil estaría permitido.[28]

Otro aspecto importante serían los cambios normativos que tendrían lugar en las utopías anarcocapitalistas. El derecho penal se reduciría drásticamente.[29] No solamente porque se dejarían de perseguir los así llamados “delitos sin víctimas” (el consumo de drogas, algunas conductas autolesivas, etcétera) y se despenalizaría la producción y comercialización de drogas, sino porque, además, se despenalizarían el chantaje, las injurias y las calumnias. El primero de estos, sin ir más lejos, pasaría a ser considerado una forma legítima de intercambio. También se legalizaría la profesión del proxeneta, que pasaría a ser considerado un intermediario más. Se suprimiría el delito de la usura, pues no habría autoridad ni tampoco razón alguna para fijar el precio de los préstamos.

Desde el punto de vista de la ciudad, no habría lugares públicos (todas las calles serían privadas), de modo que podría ocurrir que hubiese gente que —al no aplicarse la estipulación de Locke/Nozick— no tuviera literalmente dónde estar o quedara encerrada por la propiedad de otros, que no le dejan pasar por la suya para ir a alguna otra parte. Es de suponer que habría gran segregación y que cada ciudad sería, en realidad, varias ciudades. Esa segregación, así como todo lo dicho hasta ahora, puede agravarse (por ejemplo, incluyendo la militarización de ciertas zonas de la ciudad, cordones de seguridad, toques de queda decretados por una junta de vecinos o un privado con un ejército particular, etcétera) si es que no se comparte el optimismo anarcocapitalista acerca de la eficacia y rapidez del capitalismo en la eliminación de la necesidad. Si ese supuesto es falso, es claro que la utopía anarcocapitalista será más parecida a la distopía de un estado de naturaleza hobbesiano.

4.2. Hoppe: la utopía del neofeudalismo conservador

Las utopías de Rothbard y Block todavía son formales, al menos en el sentido de que en ellas no se promueve explícitamente un particular estilo de vida. Y pese a que harían imposibles muchos estilos de vida, aún podría decirse que admiten varias utopías en su seno.

Ese no es el caso, sin embargo, de la utopía anarcocapitalista de Hoppe, que es una (micro)utopía que se levanta sobre una concepción sustantiva (bastante peculiar) de la vida buena, que es, además, derechamente hostil a todas las otras microutopías. Evidentemente, no es necesario que en las utopías del derecho privado las distintas comunidades mantengan relaciones fraternas. Basta con que reine la paz entre ellas, aunque sea, como dice Kukathas, por la indiferencia que se tienen. El caso de Hoppe es diferente, sin embargo, porque la suya es más bien una microutopía capitalista rodeada de comunidades disfuncionales, más o menos distópicas.

La concepción que lleva a este peculiar resultado se anuncia ya en el pasaje en que Hoppe divide la “raza humana” entre aquellos que son completamente incapaces “de comprender la mayor productividad de la división del trabajo y la propiedad privada”, aquellos que “son capaces de comprender ese proceder, pero carecen de la fortaleza moral para actuar en consecuencia” y, finalmente, aquellos que “actúan mal a sabiendas”. El que pertenece a la primera categoría “no es, propiamente hablando, una persona, sino que moralmente es como un animal —de los inofensivos (que son domesticados y empleados como un bien de consumo o de producción, o utilizados como ‘bienes libres’) o de los salvajes y peligrosos (que hay que combatir como una plaga)”—. Los que se encuentran en el segundo caso “o son brutos inofensivos que viven al margen y apartados de la sociedad o criminales más o menos peligrosos”. Las personas que se encuentran en la última categoría, “además de ser reprimidas o incluso reducidas físicamente, deben ser castigadas proporcionalmente a la gravedad de su crimen” (Hoppe 2004, 235-236).

La clasificación de Hoppe deja claro el problema: los que no comparten (“comprenden”) los principios de la utopía anarcocapitalista o son incapaces de seguir sus reglas pueden ser tratados como animales, lo que no quiere decir sino que se les puede tratar como enemigos.

El hecho de que, además, Hoppe pueda señalar de antemano a los individuos que caerán en alguna de estas categorías resulta sorprendente, especialmente si se considera que él considera “esta teoría [es decir, el libertarianismo] como esencialmente irrefutable, como una verdad a priori” (Hoppe 2015, 204). ¿Cómo a partir de ciertos principios pretendidamente a priori (propiedad sobre sí mismo, adquisición por prima occupatio, libertad contractual, etcétera) se llega a identificar a los indeseables, a los enemigos y, en último término, a la escoria que será expulsada de la ciudad ideal de Hoppe?

Ello es posible por el modo en que Hoppe interpreta la información empírica a la cual se deben aplicar esos principios a priori. Su peculiar interpretación de la historia ofrece un ejemplo de ello. El decurso de la misma demostraría que “la teoría Whig de la historia, según la cual la humanidad avanza hacia niveles cada vez más altos de progreso, no es correcta” (Hoppe 2004, 116). La interrupción del progreso la ocasionaría el advenimiento de la democracia, que causaría una lenta pero inexorable decadencia social, política, económica y moral. Esta decadencia sería consecuencia de la colectivización de la propiedad que inevitablemente tiene lugar en las democracias: todos deciden por y sobre todo lo de todos los demás. Esa colectivización produciría una nueva “tragedia de los comunes”, pues incentivaría el despilfarro, la irresponsabilidad y una visión infantil de la economía y la producción de bienes. Por su propio funcionamiento, la democracia aumentaría constantemente el rango de preferencia temporal de los individuos.

Otras observaciones o datos empíricos, refrendados, supuestamente, por las ciencias naturales o sociales, permitirían arribar a otras conclusiones igualmente importantes. Por ejemplo, que “el rico suele ser inteligente e industrioso, y el pobre, tonto, perezoso o las dos cosas” (Hoppe 2004, 149); que “la propiedad y las relaciones dominicales no existen al margen de las familias y las relaciones de parentesco” (2004, 270); que es la “típica familia blanca doméstica jerárquica de padre, madre, sus hijos comunes y futuros herederos y su conducta y estilo de vida ‘burgués’ —es decir, todo lo que la izquierda desprecia y difama” es el modelo de organización social económicamente más exitoso que el mundo haya visto nunca, “con la más grande acumulación de bienes de capital (riqueza) y los más altos estándares promedio de vida” (2015, 218)—; que el mestizaje de las clases superiores pertenecientes al estrato mercantil es beneficioso (una “mejora genética”), el de las demás clases, alentada por la integración forzosa de los Estados democráticos (es decir, la proscripción de la discriminación arbitraria), es perjudicial porque produce un “empobrecimiento genético” (genetic pauperization) (2007, 180); que “las habilidades físicas y mentales están desigualmente distribuidas”, tanto entre los individuos como entre las diferentes sociedades del globo, y que las diferencias de rango, logro y autoridad entre esas personas y sociedades simplemente reflejan esas diferencias (2015, 227).[30]

Como fuere, lo importante es que Hoppe cree estar en condiciones de poder identificar un conjunto de personas que, por diferentes razones, deben ser expulsadas de la utopía anarcocapitalista que él describe. ¿Quiénes son, concretamente estos individuos?

Aquellos que tienen un alto rango de preferencia temporal y que, en consecuencia, tienden al despilfarro, el parasitismo, la irresponsabilidad, etcétera, que deben ser objeto de la más decidida discriminación:

Los libertarios deben distinguirse de los demás practicando y defendiendo las formas más radicales de intolerancia y discriminación contra los igualitaristas, demócratas, socialistas, comunistas, multiculturalistas y ecologistas, contra las costumbres pervertidas, los comportamientos antisociales, la incompetencia, la indecencia, la vulgaridad y la obscenidad. (Hoppe 2004, 288)

En otro pasaje se refiere a la posibilidad de expulsar a los indeseables:

Un orden social libertario no puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. Será necesario apartarlos físicamente de los demás y extrañarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativas —hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo— tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario. (Hoppe 2004, 287)

Puesto que toda la tierra sería privada, los dueños de los territorios en que se asientan las ciudades libertarias (grandes propietarios, que harían las veces de autoridad política) podrían legítimamente expulsar de sus territorios a todos aquellos que no cumplieran el contrato de convivencia. Después de todo, dice Hoppe, “toda propiedad privada presupone una discriminación, pues si tal o cual cosa me pertenece, ello quiere decir que a usted no le pertenece y que yo estoy facultado para excluirle a usted de ella” (Hoppe 2004, 276).

Toda esta construcción rebosa arbitrariedad e ingenuidad. A Hoppe le preocupan las condiciones culturales que permiten la conservación del capitalismo y achaca, íntegramente, la presunta destrucción de esas condiciones (es decir, de la sociedad blanca, cristiana y heterosexual) a la expansión del Estado que ha tenido lugar a contar del siglo XX. Sin embargo, no contempla la posibilidad de que sea la misma expansión capitalista la que destruya esos modos de vida que él tanto ansía preservar. Una sociedad uniforme como la que él describe (y que seguramente tampoco existió nunca) no resulta posible más que bajo un fuerte disciplinamiento y control social. Gran parte de ese control sólo puede ser eficaz, en último término, si es coactivo.

Lo cierto es que el desiderátum liberal es incompatible con el tipo de sociedad jerarquizada, conservadora y segregada que promueve Hoppe. Piénsese, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que, teniendo la posibilidad de trabajar, la generalidad de ellas se someta, libre y voluntariamente, al señorío de un hombre, para conformar la familia tradicional por la que aboga Hoppe? Sobre todo, ¿cuál es esa probabilidad en una sociedad libertaria en la que, es de suponer, se ha dicho a las mujeres que, como los hombres, son dueñas de sus propios cuerpos? Si, como creía Fourier, el grado de libertad de que goza la mujer determina la estructura social en su conjunto (Fourier 1974, 167), ¿cómo podría preservar el libertarismo el modelo de sociedad que anhela Hoppe? Schumpeter, por su parte, muchísimo más perspicaz que Hoppe, se refería al feminismo como un fenómeno “esencialmente capitalista” (Schumpeter 2015, 241).

Lo mismo vale para los demás aspectos de la vida social, pues, si se concede a los individuos libertad, rápidamente aflorará la diversidad y proliferarán “los modos de vida alternativos”, que tan deplorables le resultan a Hoppe.

Pero, por lo demás, ¿qué razones podría esgrimir una filosofía no perfeccionista como la de Hoppe para que individuos libres eligieran el modo de vida que él defiende? ¿Qué razón podría esgrimir Hoppe para que los blancos heterosexuales vayan a vivir a su muy aburrida (y seguramente altamente reglada) ciudad ideal, fuera de la necesidad de preservar el capitalismo? Sin perjuicio del absurdo de creer que el capitalismo necesita defensores (la quijotada tonta de Hoppe sería desopilante si no tuviera tantos parecidos con el fascismo), ¿puede ser la conservación del capitalismo el fin de la vida de alguien?

5. CONCLUSIÓN

Las utopías son metáforas de las teorías políticas. Como tales, nos permiten apreciar las fortalezas y debilidades de las ideas en que se inspiran y del modelo político que proyectan. Las teorías del derecho privado son una utopía de la libertad individual, en la que la vida de cada individuo no es más que el resultado de sus elecciones y preferencias (y su buena o mala suerte). Para dar curso a esa aspiración, estas utopías abogan por un mundo sin derecho público, esto es, un mundo en el que el concepto de ciudadanía y de derechos políticos han desaparecido. Por eso, a medida que se extreman las premisas o supuestos de las utopías del derecho privado, se reduce progresivamente el papel y la necesidad de algunos de los conceptos políticos de la Ilustración, como el de la igualdad ante la ley, entendida como la supresión de estatutos personales y la aplicación del mismo conjunto de leyes para todos.

Nozick y Kukathas esperan que, fuera de la obligación mínima de no agredir a otros, las preferencias de los individuos determinen el conjunto de derechos y obligaciones que tiene cada cual. Puesto que habría libertad de elección, ese conjunto de derechos y obligaciones se diversificarían en diferentes lotes, del mismo modo que se diversificaría la oferta de mercancías en un mercado libre.

Llegado a este punto, uno podría recordar el reproche de Aristóteles a Platón y decir que los autores utópicos esperan que las cosas evolucionen en una dirección (por ejemplo, que, una vez abolida la familia, todos traten a todos los niños que encuentren como sus hijos), cuando en realidad probablemente lo harían en otra (los niños serían abandonados).

¿Cómo se aplicaría el reproche de Aristóteles a estas utopías del derecho privado? Los libertarios y anarcocapitalistas esperan que sus utopías reflejen un mundo en el que la libertad de todos y cada uno de los individuos tiene sus máximas posibilidades de expresión. A menos que haya cometido un delito o dañado a otro, nadie tiene más obligaciones que las que expresamente contrae.

Sin embargo, dadas las premisas de las utopías del derecho privado —particularmente, i) su tratamiento deficiente o, en sus versiones más extremas, la ligereza con que se desechan los casos de necesidad, y ii) su identificación de la libertad con la ausencia de coacción—, lo más probable es que, en lugar de maximizar las posibilidades de realización de todos sus habitantes, las utopías libertarias y anarcocapitalistas fueran espacios en los que algunos contaran con grandes oportunidades para la realización de sus libertades y adquirieran, además, muchos y tal vez muy extensos derechos sobre otros, que por su parte vieran comprometida su libertad por esas enajenaciones o, peor aún, se vieran reducidos a luchar contra la necesidad.

Dicho de otro modo, las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad, sumadas a la posibilidad de alienar todos o casi todos los derechos que se tienen, producirían, no que el conjunto de derechos y obligaciones de que son titulares los individuos reflejara sus preferencias, sino que, más bien, reflejara aquello que simplemente pudieron conseguir. Habría entonces un sistema parecido al de castas, pues sucedería con los derechos individuales lo mismo que con los productos de un mercado: se diversificarían la calidad y extensión de los paquetes de derechos y obligaciones, no sólo según las preferencias de los individuos, sino que también según lo que están en condiciones de adquirir.

Este resultado demostraría que, en términos kantianos, las utopías del derecho privado (al menos en sus versiones más extremas) no formulan un sistema de libertades que puedan coexistir “según una ley universal”. Al admitir la posibilidad de enajenar la propia personalidad o desestimar los casos de necesidad, las utopías del derecho privado ponen condiciones que son inconsistentes con la realización de la libertad de todos los agentes morales. Esta coletilla que Kant incluye en el principio universal del derecho (y que tal vez podemos llamar la “estipulación de Kant”[31]), que exige que las libertades de los individuos puedan coexistir “según leyes universales”, no es un mero pleonasmo. Su olvido explica que las utopías del derecho privado sean no sólo un esfuerzo de reducir toda la teoría de la justicia a la justicia correctiva, sino que además sean la distopía jurídica que resulta del intento —que Wittgenstein desaprobaría— de explicar la justicia y discurrir acerca de la ciudad ideal a partir de un lenguaje puramente privado.

REFERENCIAS

Aristóteles. 2005. Política, traducción de Julián Marías y María Araujo. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Block, Walter. 2012. Defendiendo lo indefendible, traducción de Diego González Calles. Madrid: Unión Editorial.

Boettke, Peter J. & Rosolino A. Candela. 2018. “Liberal Libertarianism”. En The Routledge Handbook of Libertarianism, editado por Jason Brennan, Bas van der Vossen y David Schmidtz. New York & London: Taylor & Francis.

Estlund, David. 2014. “Utopophobia”. Philosophy & Public Affairs 42 (2): 113-134.

Feser, Edward. 2005. “There Is no Such Thing as an Unjust Initial Acquisition”. En Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick, editado por Elle Franken Paul, Fred D. Miller Jr. y Paul Jeffrey, 56-80. Cambridge: Cambridge University Press.

Fourier, Charles. 1974. Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos ge-nerales, traducción de Francisco Monge. Barcelona: Barral.

Freeman, Samuel. 2018. “Liberal and Iliberal Libertarianism”. En The Routledge Handbook of Libertarianism, editado por Jason Brennan, Bas van der Vossen y David Schmidtz, 128-144. Nueva York & London: Taylor & Francis.

———. 2018. Liberalism and Distributive Justice. Nueva York: Oxford University Press.

Fukuyama, Francis. 2018. Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.

Ganshof, François L. 2019. El feudalismo, traducción de Feliu Formosa. Barcelona: Ariel.

Hawley, George. 2018. The Alt-Right. What Everyone Needs to Know. Nueva York: Oxford University Press.

Hayek, Friedrich A. 2006. Derecho, legislación y libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política. Madrid: Unión Editorial.

———. 2012. Estudios de filosofía, política y economía. Madrid: Unión Editorial.

Hidalgo, Javier. 2017. “The Libertarian Case for Open Borders”. En The Routledge Handbook of Libertarianism, editado por Jason Brennan,Bas van der Vossen & David Schmidtz. New York: Taylor & Francis.

Hoppe, Hans-Hermann. 1987. Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus. Opladen: Westdeutscher Verlag.

———. 2004. Monarquía, democracia y orden natural: una visión austríaca de la era americana, traducción de Jerónimo Molina. Madrid: Ediciones Gondo.

———. 2007. Democracy. The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order. New Brunswick & London: Transaction Publishers.

———. 2015. “A Realistic Libertarianism”. Procesos de mercado. Revista europea de Economía Política XII (1): 203-229.

Hume, David. 2006. “Del contrato original”. En Ensayos políticos, traducción de César Armando Gómez, 97-115. Madrid: Tecnos.

Kant, Immanuel. 1910-1917; 1923-1972. Kants Gesammelte Schriften heraus-gegeben von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Volúmenes I-XXVIII. Berlin, Leipzig: Georg Reimer; Walter de Gruyter.

Kukathas, Chandran. 2003. The Liberal Archipielago. A Theory of Diversity and Freedom. New York: Oxford University Press.

———. 2009. “Two Constructions of Libertarianism”. Libertarian Papers 1: 1-14.

———. 2011. “E pluribus plurum, or How to Fail to Get to Utopia in Spite of Really Trying”. En The Cambridge Companion to Nozick’s Anarchy, State, and Utopia, editado por Ralf M. Baader y John Meadowcroft, 289-302. Nueva York: Cambridge University Press.

Locke, John. 2002. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, traducción de Carlos Mellizo. Madrid: Alianza.

Marx, Karl. 2012. El capital, traducción de Pedro Scaron. Vol. I. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Misseri, Lucas. 2011. “Microutopismo y fragmentación social: Nozick, Iraburu y Kumar”. En-claves del Pensamiento 5 (10): 75-88.

Narveson, Jan. 2001. The Libertarian Idea. Canada: Broadview Press.

Nozick, Robert. 1988. Anarquía, Estado y utopía, traducción de Rolando Tamayo. México: Fondo de Cultura Económica.

———. 1992. Meditaciones sobre la vida, traducción de Carlos Gardini. Bar-celona: Gedisa.

———. 1999. Puzzles socráticos, traducción de Agustín Coletes. Madrid: Cátedra.

Okin, Susan Moller. 1989. Justice, Gender, and the Family. Nueva York: Basic Books.

Otsuka, Michael. 2003. Libertarianism without Inequality. Nueva York: Oxford University Press.

Popper, Karl R. 1991. Conjeturas y refutaciones, traducción de Néstor Míguez. Barcelona: Paidós.

———. 2017. La sociedad abierta y sus enemigos, traducción de Eduardo Leodel. Barcelona: Paidós.

Roark, Eric. 2013. Removing the Commons. Plymouth: Lexington Books.

Rothbard, Murray N. 1977. Power and Market: Government and the Economy. Kansas: Sheed Andrews and McMeel.

———. 1995. La ética de la libertad, traducción de Marciano Villanueva Salas. Madrid: Unión Editorial.

———. 1998. The Ethics of Liberty. New York & London: New York University Press.

Schumpeter, Joseph A. 2015. Capitalismo, socialismo y democracia, traducción de José Díaz García y Alejandro Limeres. Vol. I. Barcelona: Página Indómita.

Schwember, Felipe. 2018. “¿Liberalismo y derechos sociales? Las vías libertarias hacia el Estado más que mínimo”. HYBRIS. Revista de Filosofía 9 (n.º especial: Debates contemporáneos sobre justicia social): 149-183.

———. 2019. “The Twisted Path to Dystopia: The Libertarian Utopias of Private Law”, en Disciplines of the City: New Forms of Governance in Today’s Postmetropolises, editado por Julia Urabayen y Jorge León Casero, 107-133. Nueva York: Nova Science Publishers.

Schwember, Felipe & Julia Urabayen. 2018. “At the Margins of Ideal Cities: The Dystopian Drift of Modern Utopias”. SAGE Open 8 (4).

Vallentyne, Peter & Hillel Steiner. 2000. Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate. Nueva York: Palgrave Publishers.

———. 2000. The Origins of Left-Libertarianism. An Anthology of Historical Writings. Nueva York: Palgrave Publishers.

Van Parijs, Philippe. 1996. Libertad real para todos. Qué puede justificar el capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo). Barcelona: Paidós.

Widerquist, Karl. 2010. “Lockean Theories of Property: Justifications for Unilateral Appropriation”. Public Reason 2 (1): 3-26. EP

[1] Ver Popper (2017, 173-184) y Hayek (2006).

[2] La expresión es de Estlund (2014).

[3] Al respecto, Schwember y Urabayen (2018).

[4] Para una explicación acerca de esta “derecha alternativa”, su historia y programa, ver Hawley (2018).

[5] Al respecto, Nozick (1992, 227 y ss).

[6] “El que se proponga hacer un estudio adecuado del régimen mejor tendrá que definir primero necesariamente cuál es la vida más preferible, pues mientras esto no esté en claro, tampoco podrá estar, forzosamente, el régimen mejor (…). Por eso tenemos que ponernos de acuerdo ante todo acerca de cuál es la vida más preferible, por decirlo así, para todos”. Aristóteles, Pol. IV, 1323a14-20.

[7] El Estado mínimo puede ser una utopía porque en él cada uno puede vivir según su propia utopía, pero “donde ninguno puede imponer su propia visión utópica sobre los demás”. Ver Nozick (1988, 300).

[8] “La utopía consistirá en utopías, en muchas comunidades diversas y divergentes en las cuales las personas llevan diferentes clases de vida bajo diferentes instituciones”. Ver Nozick (1988, 300).

[9] Así se desprende de su caracterización de la filosofía política: “La filosofía política se ocupa únicamente de ciertas formas en que las personas no pueden usar a los demás; primordialmente: agresión física contra ellos” (Nozick 1988, 44).

[10] Ver Schwember y Urabayen (2018).

[11] Okin ha llamado la atención acerca de la dificultad que Nozick tendría para justificar el derecho independiente de los niños. Ciertamente, Nozick no explica por qué los niños no son propiedad de sus padres, que los fabricaron (y, particularmente, de sus madres). De ser ése el caso, la utopía de Nozick podría derivar en un matriarcado distópico. Comparar Okin (1989, 74 y ss.). El pasaje citado de ASU revela, sin embargo, que no cree que los niños sean propiedad de sus padres.

[12] Pero, ¿no requeriría esto la introducción de alguna forma de instrucción obligatoria? ¿Y no convertiría esto al Estado en un Estado más que mínimo?

[13] “A liberal regime is a regime of toleration. It upholds norms of toleration not because it values autonomy but because it recognizes the importance of the fact that people think differently, see the world differently, and are inclined to live —or even think they must live— differently from the way others believe they should. It upholds toleration because it respects liberty of conscience. It upholds toleration by protecting freedom of association so people can live as they think they should, as conscience dictates”.

[14] Locke, Segundo tratado §١١٩-١٢٢.

[15] Kukathas se hace cargo de varias objeciones al “exit principle” en Kukathas (2003, 103 y ss.).

[16] “May well leave within the wider society a number of cohesive but oppressive communities: islands of tyranny in a sea of indifference. Nonetheless, the decentralization of tyranny is to be preferred. One reason to prefer it is that while all power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

[17] Con todo, en un universo libertario aún cabría imaginarse “justicieros” (o incluso grupos de “justicieros”) que, en ejercicio del derecho lockeano de salvar a los inocentes y castigar las transgresiones a la ley natural, asaltaran las comunidades opresoras para liberar a las personas injustamente retenidas en ellas. Kukathas es consciente de este riesgo, naturalmente. Ver Kukathas (2009, 6).

[18] De todos modos, es preciso admitir que los libertarios siempre intentan dar cuenta del derecho público mediante las explicaciones o categorías del derecho privado. El argumento de Nozick a favor del Estado mínimo hace, en efecto, eso: intenta mostrar cómo una autoridad pública, con el monopolio de la fuerza, podría legítimamente surgir a partir de acuerdos privados y la aplicación de ciertos criterios de derecho contractual, derecho de daños y responsabilidad extracontractual.

[19] Comparar también Rothbard: “but in the profoundest sense there are no rights but property rights” (1977, 238); “the concept of ‘rights’ only makes sense as property rights” (1998, 113) y Hoppe (2007, 200): “all human rights are property rights, and all human rights violations are property rights violations”.

[20] Aristóteles Pol. II, 1260b36-41.

[21] Más concretamente, lo permite cuando una apropiación ha empeorado la situación de una persona. En tal caso, el afectado puede usar el bien de aquel cuya apropiación lo puso en esa situación desventajosa. Nozick introduce su interpretación de la estipulación de Locke (1988, 175-183). Para las estipulaciones del propio Locke, comparar los §§31 y 33 del Segundo tratado del gobierno civil. La literatura acerca de la estipulación de Locke es enorme. Un mapa general de las diferentes interpretaciones de la misma se encuentra en Widerquist (2010). En cualquier caso, la estipulación fue concebida por Locke como una forma de justificar la propiedad sin necesidad de tener que recurrir a un contrato social o contrato originario en el cual o por el cual ésta fuera instituida.

[22] Una de las líneas divisorias entre el así llamado “Right-libertarianism” y el “Left-libertarianism” se puede trazar a partir del lugar que tiene o se le otorga a la estipulación de Locke en una teoría: si la admiten o no, de qué modo y hasta qué punto. Los “libertarios de derecha” no admiten la estipulación o admiten una versión muy débil de la misma. Fuera de los anarcocapitalistas aquí referidos, se encuentran entre ellos, por ejemplo, Narveson (2001) y Feser (2005). Los “libertarios de izquierda”, en cambio, tienden a interpretar la estipulación en un sentido fuerte, que inclina el libertarianismo hacia el liberalismo igualitario. Entre estos últimos se encuentran Van Parijs (1996), Otsuka (2003), Vallentyne y Steiner (2000) y Roark (2013). Una introducción al “Left-libertarianism” a través de una antología de textos representativos se encuentra en los dos volúmenes publicados por Vallentyne y Steiner en el 2000, y que se consignan en la bibliografía final.

[23] Obviamente, sólo se pueden comprar las muestras meramente exteriores de reconocimiento y respeto. Por eso podría decirse que, en la medida en que se los entrega y reduce a esas muestras puramente exteriores, el anarcocapitalismo y el libertarianismo más duro falsean tanto el respeto como el reconocimiento que recíprocamente se deben los conciudadanos.

[24] Uno de los evaluadores anónimos de este trabajo me invitaba a referirme al caso de “Left-Libertarianism”; concretamente, a que abordara el problema de si acaso dicha corriente está expuesta a la deriva distópica del “Right-Libertarianism” que aquí describo. La pregunta es muy pertinente pues, como ese mismo evaluador observa, ambas clases de libertarianismo parten de las mismas premisas. Pues bien, creo que la respuesta a esa pregunta es: “No, el libertarianismo de izquierdas no está expuesto a esta particular distopía neofeudalista”. La razón de ello se encuentra en la particular interpretación que los libertarios de izquierdas hacen de las premisas del libertarianismo. Así, mientras, por ejemplo, los libertarios de derecha interpretan las libertades que concede el “self-ownership” de modo puramente formal, los libertarios de izquierda las entienden de modo material; mientras los primeros asumen (con razón, hay que decir) que en un principio los bienes carecen de dueño, los segundos parten de alguna forma de comunidad originaria positiva; otro tanto sucede con la estipulación de Locke, que resulta de especial importancia para atajar ciertas derivas distópicas que pueden seguirse del libertarianismo. En virtud de lo anterior, los libertarios de izquierda aceptan y defienden, por ejemplo, impuestos altos, distribuciones más o menos igualitarias de los recursos o la inapropiabilidad de ciertos bienes. Todo ello los lleva a promover sus propias utopías (la renta básica universal es seguramente la más característica), que de seguro están expuestas a sus propias derivas distópicas. La narración de esa deriva (o posible deriva) deberá quedar, me temo, para otra ocasión.

[25] “Al régimen de libertad pura —a la sociedad libertaria— se lo puede describir como una sociedad en la que no se ‘distribuyen’ los títulos de propiedad” (Rothbard 1995, 77).

[26] Existen muchas versiones de la estipulación de Locke. En rigor, la interpretación que de ella ofrece Nozick se aplica a algunos casos de necesidad, no a todos. También se debe aplicar en otros en que mi apropiación causa a otros un empeoramiento que no los deja en estado de necesidad.

[27] Para las implicaciones de la admisión de los grados de voluntariedad en una teoría libertaria, ver Schwember (2018).

[28] Comparar Block (2012, 367 y ss.).

[29] En realidad, desaparecerían todas las leyes positivas generales, pues la sociedad ideal de Rothbard se rige por los derechos naturales de los individuos (de los que se puede derivar un derecho penal muy general). Como no habría una autoridad centralizada, todos los vacíos o lagunas del derecho natural tendrían que ser llenados mediante acuerdos que regularan diversos aspectos de las relaciones de los individuos particulares. Uno puede imaginarse que cada individuo está sujeto a muy diversos contratos, con diferentes sujetos, etcétera.

[30] Este pasaje del texto de Hoppe es vago, pues puede entenderse de varios modos. Que existen diferencias de talentos, habilidades, etcétera, entre individuos es indiscutible; que las estratificaciones, logros, jerarquías, etcétera, de una sociedad reflejen sin más esas diferencias naturales no lo es. Que, por otra parte, los talentos, habilidades, etcétera, estén repartidos desigualmente entre las sociedades (o entre las “razas”, pues Hoppe cita más de una vez con aprobación a J. Phillippe Rushton, quien sostiene que esas diferencias se explican por distintas estrategias evolutivas) es derechamente falso. En cualquier caso, Hoppe no sólo parece empeñado en naturalizar esas diferencias, sino que además en justificarlas moralmente.

[31] Ver Kant, Ak VI, 230.

ENSAYO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS PARA CONSOLIDAR A LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA COMO UN SERVICIO PÚBLICO CONFIABLE

Felipe Irarrázabal Philippi

Universidad Adolfo Ibáñez

FELIPE IRARRÁZABAL PHILIPPI. Abogado de la Universidad de Chile. LL.M. por la Universidad de Yale. Visiting scholar Stanford Law School. Ex Fiscal Nacional Económico (2010-2018). Hoy director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez (CeCo). Email: felipe.irarrazabal@uai.cl.

RESUMEN: En este texto, el ex persecutor económico de la libre competencia da cuenta de los objetivos y las estrategias desarrolladas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante su liderazgo, con miras a consolidar un modelo institucional de funcionamiento eficiente, eficaz y consistente, con altas tasas de reputación y confianza. Explica las características principales del derecho de competencia y de la institucionalidad chilena, concentrándose en la independencia técnica y política del organismo persecutor, en la estricta selección de los casos, el tono técnico utilizado, la conformación de equipos de trabajo de alto rendimiento y la internacionalización de la FNE. Finaliza con una reflexión acerca de la confianza en las instituciones, ingrediente clave de un modelo exitoso.

PALABRAS CLAVE: libre competencia, FNE, TDLC, independencia institucional, confianza institucional.

CLASIFICACIÓN JEL: K21; O17.

THE OBJECTIVES AND STRATEGIES USED TO CONSOLIDATE THE NATIONAL ECONOMIC PROSECUTOR’S OFFICE AS A RELIABLE PUBLIC SERVICE

ABSTRACT: In this text, the former competition prosecutor describes the objectives and strategies developed by the National Economic Prosecutor’s Office (FNE) under his leadership with a view to consolidating an institutional model that would function efficiently, effectively and consistently, with high levels of reputation and trust. He explains the main characteristics of Chilean institutions and competition law, concentrating on the technical and political independence of the prosecuting agency, the strict selection of cases, the technical tone used, the formation of high-performing work teams and the internationalization of the FNE. He ends with a reflection on trust in institutions, which is the key to a successful model.

KEYWORDS: free competition, FNE, Competition Tribunal, institutional independence, institutional trust.

JEL CLASSIFICATION: K21; O17.

La complejidad del mundo futuro se reduce por

medio del acto de confianza. Al confiar, uno se

compromete con la acción como si hubiera solo

ciertas posibilidades en el futuro. El actor une

su futuro en el presente con su presente en el futuro.

Niklas Luhmann, Confianza[1]

1. INTRODUCCIÓN

A principios del año 2010, el Presidente Sebastián Piñera me nombró como Fiscal Nacional Económico, a través de un concurso de Alta Dirección Pública, y el año 2014 la Presidente Michelle Bachelet renovó mi nombramiento. Así, tuve el privilegio de liderar la Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE) por algo más de ocho años y de contribuir a que se convirtiera en un servicio público de excelencia.

Quiero partir aclarando que la FNE era un buen servicio público cuando la recibí.[2] De hecho, la primera medida que adopté recién llegado fue confirmar a todos y cada uno de sus funcionarios en sus cargos. También les aclaré que venía solo. O sea, que nadie externo me acompañaba, ni segundo de a bordo, ni jefe de gabinete, ni secretaria. Esos gestos eran importantes porque se estaba transitando, por primera vez, a partir del retorno de la democracia, desde una coalición de centroizquierda a otra de centroderecha y los funcionarios tenían legítimas dudas sobre su continuidad.[3]

Durante aquellos ocho años lideré la FNE, ésta logró hacer contribuciones importantes a la defensa y promoción de la libre competencia y —creemos— pasó a consolidarse como un servicio público confiable y de excelencia, tanto en Chile como en el extranjero, sin aumentar exponencialmente ni el número de sus funcionarios ni su presupuesto.[4]

En estos años fuimos capaces de perfeccionar un modelo de funcionamiento de la FNE que respetara los tiempos, objetivos y sello de la institución, consolidamos su reputación y se produjeron resultados concretos que fueron percibidos por la ciudadanía, por los actores políticos del país y por el mundo empresarial.[5]

Ese modelo se basaba en los siguientes pilares, como se lee en nuestra cuenta pública del 2017:

El modelo de la FNE es complejo y se apoya —creo— en al menos nueve pilares básicos. Esos pilares son la autonomía, que hay que defender a sangre y a fuego, contra viento y marea; el carácter técnico, alejado de juegos políticos de salón; el enfoque selectivo, tanto en casos como en profesionales que se integran a nuestro equipo; la constante evaluación de nuestro desempeño, aunque duela; nuestra exigencia de contar con una visión estratégica de largo plazo y actuar en sintonía con dicha visión; ser transparentes en lo que la ley nos lo permite; la humildad para recurrir a asesorías externas especializadas; la necesidad de mantener una integración internacional, en especial con los centros principales de creación de reglas de competencia, y mantener una clara estrategia con los medios de comunicación.[6]

¿Cómo lo hicimos? Eso es lo que quiero relatar en este artículo: los objetivos esenciales que nos guiaron y las estrategias específicas utilizadas para concretar tales objetivos, estrategias que nos permitieron en estos ocho años consolidar un modelo institucional de funcionamiento eficiente, eficaz y consistente, que se tradujo en una mejora en la reputación y en la confianza hacia el derecho de competencia.

Necesitamos, eso sí, antes de desarrollar esos objetivos y estrategias, explicar las características principales del derecho de competencia y de la institucionalidad de nuestro país.[7]

Este trabajo se organiza, en lo que sigue, bajo los siguientes capítulos: (2) complejidad y simpleza del derecho de competencia, (3) consolidación institucional, (4) independencia, (5) selección, (6) tono técnico, (7) equipos de trabajo, (8) internacionalización, (9) confianza y (10) reflexión final.

2. COMPLEJIDAD Y SIMPLEZA DEL DERECHO DE COMPETENCIA

El derecho de la competencia, esto es, la regulación que protege a la economía de mercado, es complejo. Enmarañado e impredecible, dirán algunos. En contraste, las leyes que regulan estas materias tienden a ser sencillas y austeras. Insípidas, dirán otros.

La complejidad arranca de lo protegido. La economía de mercado es una forma de organización de por sí compleja y novel, con expresiones prácticas que difieren de lo que podemos aprender de textos teóricos de economía.

El trabajo de los organismos de libre competencia consiste en trazar una línea entre la crueldad propia de la economía de mercado y el reproche anticompetitivo, en un paisaje que presenta grises, echando mano a una ciencia económica que es dinámica y desprecia todo formalismo, con el fin de construir un edificio jurídico sólido pero flexible, que soporte el paso del tiempo y que irradie sentido común.

Eso no es fácil.

Quizás esto se entienda mejor si recurrimos a una analogía: la economía de mercado no debiera ser un cuadrilátero de ring donde todo está permitido, pero tampoco una práctica de tai chi.

La economía de mercado se basa en la competencia, y la competencia ofrece un juego vibrante, que destila una tensión y fuerza entre los equipos rivales en beneficio de los consumidores. Hay ahí un aire de destrucción creativa y un espíritu de incertidumbre en el ambiente, donde nadie tiene asegurado el futuro.

La dificultad viene cuando se tienen que investigar casos concretos o dar orientaciones específicas. La mayoría de las veces es posible distinguir cuándo una conducta empresarial es inapropiada y no está basada en la competencia, en el mérito y en la eficiencia, sino en el abuso o la conspiración. Pero a veces no es sencillo saber, a buenas y primeras, si una conducta es legal o no.

El conocimiento a fondo de los hechos y del mercado en que ellos se desenvuelven es esencial. Pero eso es caro y lento, y, una vez que se tiene, recién empieza la búsqueda de reglas y estándares.

El entramado legal del derecho de la competencia incluye instancias, procedimientos y estándares que tienen particularidades respecto de las tradiciones (en especial sobre las fuentes del derecho), en donde la teoría económica se combina con, por ejemplo, elementos de derecho económico, derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional y métodos de argumentación de raigambre anglosajona.

La fuente principal normativa es la jurisprudencia de las instancias decisorias y las guías y doctrinas dictadas por las autoridades administrativas. Se requiere un esfuerzo mental doble: de inducción (sobre el estándar que destila un caso concreto ya resuelto) y deducción (sobre la aplicación de ese estándar a un nuevo caso concreto).

Debido a que la institucionalidad de cada país tiene recursos limitados, y cada caso consume mucha energía, se tramita año a año generalmente un número limitado de ellos. Esos pocos casos demoran tiempo en decidirse, dependiendo del régimen de recursos judiciales existentes.

La resolución o sentencia precisa los hechos sobre los que se desenvuelve el caso y luego concluye si ha habido o no una infracción, pasando por referencias a las leyes, precedentes y principios aplicables.

Sin embargo, a veces no queda claro el razonamiento que se aplicó o no se pueden destilar reglas o estándares precisos de éste. Esa timidez o falta de articulación hace difícil pronosticar cómo se resolverá un caso parecido a futuro, desvaneciéndose la posibilidad de que esa sentencia genere una externalidad positiva en el derecho de la competencia.

Otro desafío es que el grupo de personas que está más capacitado para entender las claves de los casos y sus resoluciones o sentencias es reducido, y por ello el efecto pedagógico de una resolución o sentencia puede verse disminuido.

Algunos de los desafíos arriba anotados se pueden agudizar en los países de tradición jurídica continental, en la que los jueces fallan generalmente caso a caso y la jurisprudencia no es considerada una fuente vinculante de primer orden. En los países de cultura jurídica anglosajona, en cambio, los jueces de la máxima jerarquía pueden excepcionalmente alejarse del precedente, pero deben argumentar en profundidad por qué se están apartando de lo fallado en casos anteriores y por qué la nueva regla o estándar es superior al anterior.[8]

En esta área del derecho, la jurisprudencia y la doctrina extranjera ejercen un influjo de relevancia. En general, reina bastante la convergencia. Sin embargo, puede ocurrir que esa influencia no sea pacífica y existan puntos de vista contradictorios entre las distintas autoridades extranjeras respecto a un mismo tema, amén de las dificultades propias de todo trasplante.[9]

Otro desafío se refiere a la cuantificación de las consecuencias económicas de una determinada conducta abusiva u operación de concentración. El mundo de los efectos es de por sí vaporoso y supone apuntarle a qué podría ocurrir en el futuro y construir contrafactuales, algo de lo cual no es fácil presumir.

La principal sanción de una infracción de libre competencia es la multa. La determinación del monto de la multa conlleva cierta complejidad, porque hay varios factores que hay que sopesar, algunos de los cuales se mencionan explícitamente en la ley. Pueden también imponerse otras sanciones u ofrecerse medidas en una operación de concentración, tales como la prohibición de hacer algo determinado, cuyos efectos pueden reconfigurar una industria entera, o incluso varios mercados.[10]

Como una constatación de esta complejidad, el laureado premio Nobel de Economía Ronald Coase decía sentirse cansado del derecho de la competencia porque cuando los precios subían los jueces decían que eran explotativos; cuando bajaban, que había predación, y cuando se mantenían iguales, que estaba ocurriendo una colusión tácita.[11]

En un sentido similar, aunque con mayor acidez, el juez estadounidense de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes se quejaba de que la Sherman Act era “un engaño basado en ignorancia económica e incompetencia”, aunque fuera él mismo quien en su aplicación hizo aportes jurisprudenciales esenciales que permitieron el correcto funcionamiento del derecho de la competencia.[12]

En suma, la complejidad del derecho de la competencia se refleja en que lo protegido es en sí complejo; no hay en general reglas precisas sino estándares que se desprenden de fallos que pueden ser difíciles de entender; confluyen distintas ramas del derecho; prima un análisis consecuencialista más que formalista, y suele tener importancia el derecho comparado.

Como habíamos adelantado, las leyes de competencia son simples, en contraste con la complejidad recién descrita, y así ocurre en los lugares de creación y liderazgo del derecho de la competencia.

En efecto, tanto la ley inicial de Estados Unidos, la Sherman Act,[13] como el tratado europeo[14] son sencillos en la descripción del ilícito, al igual que nuestra legislación.

En el caso de la ley chilena, el corazón del derecho de la competencia se encuentra en dos palabras: “libre competencia”,[15] cuyos orígenes se remontan a la Ley 13.305, de 1959, aprobada durante el gobierno del Presidente Jorge Alessandri.[16]

La ley chilena, siguiendo la tradición comparada, no define qué se entiende por “libre competencia”, el bien jurídico protegido.[17]

Este contrataste de complejidad del derecho y simpleza de la ley no es al azar.

Se podría argumentar, por el contrario, que este contraste denota una madurez de los órganos legisladores, los que sabían que tenían que contrarrestar de alguna forma el poder privado —que invariablemente surge de una economía de mercado— a través de una fórmula flexible y abierta. Esa fórmula debía permitir que los órganos aplicadores del derecho de la competencia le pudieran ir dando contenido con sus resoluciones y fallos. Así la ley pasaba a ser una suerte de tipo delegado, que permitía y legitimaba las decisiones concretas de los órganos de libre competencia, pero en donde el legislador no se exigía algo que no podía entregar: una precisión afinada de lo prohibido.[18]

Esto no es el mundo ideal, por cierto. En un mundo ideal, uno querría que el derecho de la competencia sea menos complejo y que existiese una lista detallada y concreta de lo que no se puede hacer, y que esa lista se mantuviese en el tiempo inalterada.

Al menos, sabemos que tenemos un consuelo: esta misma dualidad de complejidad y simpleza, y la consiguiente decepción natural, ocurre en los países con mayor desarrollo del derecho de la competencia, tales como Estados Unidos y la Unión Europea. En esto no estamos solos ni somos originales.

Ésta es la forma como se estructura el derecho de la competencia urbi et orbi, lo que permite que las autoridades gocen de la necesaria flexibilidad para controlar el poder privado, evitando elusiones formales que harían ineficaces las aplicaciones de estas leyes.

Esa ineficacia devendría en desprestigio de la economía de mercado, en tanto el control del poder privado se haría no sólo difícil, quizá imposible.

La flexibilidad impone, por cierto, la necesidad de contar con autoridades serias, prudentes y reputadas, tanto frente al mundo político como empresarial, que tengan la energía para comprender en detalle los mercados y los hechos en discusión, el estado del arte de los estándares aplicables a la conducta en análisis, pero por sobre todo que tengan conciencia sobre los efectos de sus decisiones en la economía de mercado.

3. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

Los órganos esenciales que intervienen en el derecho de la competencia en nuestro país son tres: la FNE, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Tercera Sala de la Corte Suprema (CS).[19]

El sistema chileno institucional se distingue en que la decisión es tomada por un órgano judicial especializado (TDLC), que es integrado por tres abogados y dos economistas, y cuyos fallos y resoluciones son revisados directamente por la sala administrativa de la Corte Suprema.[20]

La FNE es el órgano persecutor y administrativo que investiga las posibles infracciones a la ley de competencia —“representando el interés general de la colectividad en el orden económico”—,[21] administra el sistema de control preventivo de operaciones de concentración y elabora estudios de mercado, entre otras responsabilidades.

El nuestro es un sistema exigente y con contrapesos. La exigencia viene dada por las formas propias de un litigio para los requerimientos y demandas, en el que cada evidencia tiene que ser presentada y analizada en su mérito por un panel de cinco jueces independientes. El contrapeso está en que el requerimiento no es más que la opinión de la FNE (o de un particular, en el caso de una demanda) y el fallo del TDLC está sujeto a su vez a la revisión por parte de la CS.[22]

Así, el que el derecho de la competencia sea vibrante y relevante en nuestro país depende de una ecología sana, conformada por los tres engranajes mencionados, en donde cada uno de ellos cumple un rol determinado, lo que permite que el sistema en su conjunto funcione bien y produzca resultados.[23]

Permítannos concentrarnos ahora en la FNE y en lo que con falta de pudor podríamos catalogar como un organismo consolidado y reputado por su desempeño en los últimos años.

¿Por qué la FNE ha sido y está siendo exitosa? En pocas palabras, y aunque parezca de Perogrullo, porque ha sido eficaz en aplicar la ley, en un contexto complejo, tanto del derecho de competencia en sí como del ambiente político imperante en el país, y lo ha hecho con la prudencia y sobriedad propia de una autoridad.

Veamos primero las cifras. Durante el período de abril de 2010 a agosto de 2018, la FNE presentó 37 requerimientos ante el TDLC, 19 consultas ante el mismo organismo, 37 acuerdos extrajudiciales y avenimientos,[24] 43 resoluciones de cambio de conducta por parte del investigado, 9 resoluciones con recomendaciones de cambio normativo, 37 informes al TDLC y 25 acciones de promoción de libre competencia, incluidos los estudios de rentas vitalicias y notarios.

A partir del año 2013, tanto el TDLC como la CS han acogido el 100 por ciento de los requerimientos presentados por la FNE, superando con creces la tasa en torno al 50 por ciento que imperaba con anterioridad. Para el período 2010 a 2017, en tanto, recolectó por concepto de multas un monto superior a los 80 mil millones de pesos.[25]

En el mismo período se iniciaron y terminaron más de 500 investigaciones, respecto de diversas conductas y en muy distintos mercados. Todas las investigaciones terminan con una resolución firmada por el Fiscal Nacional Económico, y desde el año 2011 además se acompaña el informe interno que cada división produce a propósito de la investigación. Ambos documentos, que destilan la doctrina de la FNE, se suben a su página web y, de tiempo en tiempo, se indexan a una clasificación que facilita su búsqueda.[26]

La FNE logró aplicar exitosamente la reforma del año 2009 al DL 211 (Ley 20.361), que introdujo la delación compensada y las facultades intrusivas en los casos de carteles.

La FNE pudo tramitar y otorgar delaciones compensadas, tanto de empresas nacionales como internacionales, en relación con ocho solicitudes específicas de empresas, delaciones que sirvieron para desbaratar y sancionar a seis distintos carteles.27-28

La FNE pudo, con el eficiente y eficaz auxilio de las policías, allanar e interceptar teléfonos, con la debida autorización otorgada tanto por el TDLC como por un ministro de Corte de Apelaciones.

Todos esos allanamientos e interceptaciones fueron minuciosamente ejecutados conforme a los artículos aplicables del Código Procesal Penal y hasta ahora ningún recurso en su contra ha sido acogido por el ministro de Corte autorizante, lo que merece destacarse porque refleja la rigurosidad de la FNE y las policías en la aplicación de normas procesales penales que le eran ajenas hasta la reforma del año 2009.

La mayoría de esas medidas sirvieron para allegar evidencia que permitió sancionar a infractores de la ley de libre competencia.

Echar a andar un programa de delación compensada, que funcione, y aplicar medidas intrusivas, que no sean impugnadas, no es baladí. Se requiere planificación (en especial con la policía), prudencia (en la selección de los casos que ameritan esas medidas) y confianza (de parte de las autoridades que otorgan las autorizaciones y también respecto de las empresas que solicitan el beneficio de la delación compensada).

Ambos institutos, la delación compensada y las medidas intrusivas, son algo ajenos a la tradición jurídica chilena: que se exculpe completamente a quien confiesa y que se utilicen medidas intrusivas como la interceptación telefónica por una infracción de naturaleza económica.

Explicar la delación compensada no fue fácil. Exculpar a quien ha reconocido una infracción no se considera, en principio, justo. Pero ésa es una crítica cortoplacista y equivocada, por varias razones. Primero, resulta evidente que hay que darle incentivos al delator para que se delate. El principal incentivo es que quede completamente liberado de sanciones pecuniarias y de la posibilidad de tener que enfrentar un eventual proceso penal. Los incentivos para autodenunciarse van adquiriendo mayor importancia a medida que los partícipes del cartel logran administrarlo sin dejar o dejando poca evidencia, lo que suele ocurrir cuando los empresarios toman mayor conciencia del derecho de competencia. Segundo, un programa efectivo de delación compensada permite inhibir futuros carteles o desbaratar los que están operativos. Debido a las limitaciones naturales de toda autoridad, la disuasión es vital. Tercero, el delator y los otros partícipes del cartel deben compensar a las víctimas del cartel, y esa compensación justa se facilita precisamente por su delación.

Otra expresión de la madurez de la FNE se refiere a la planificación desplegada por este organismo para acometer una reforma legal (la Ley 20.945), la cual fue aprobada con amplio apoyo de los diversos sectores políticos del Congreso.[29]

Es interesante anotar en qué consistió esa planificación y cómo gracias a ella el debate, la discusión y el resultado fueron los esperados, y no hubo grandes sobresaltos ni improvisaciones, lo que contrasta con otras reformas que se hicieron en esos años.

La planificación consistió en contar con un diagnóstico claro de lo que se requería reformar, en ir mostrando en el tiempo esa necesidad a propósito de casos concretos y en encargar estudios externos que reafirmaran el diagnóstico del problema y sugirieran soluciones.

El diagnóstico hacia adentro de la FNE era bastante claro: las sanciones por infracciones —en especial carteles— no eran disuasivas,[30] y Chile requería un sistema de control de operaciones de concentración que fuese predecible y ordenado.[31]

La presentación del requerimiento del cartel de pollos aceleró la discusión y el primer gobierno del Presidente Piñera formó una comisión de estudio de la legislación chilena, liderada por el economista Francisco Rosende, que entregó su informe el año 2012.[32]

La sensación de que se requería una reforma en el sistema de operaciones de concentración se acrecentó en parte gracias a las actividades de la FNE. Varias de las acciones de la FNE ocurrían por primera vez en el sistema de libre competencia chileno e iban despertando una conciencia sobre la necesidad de un cambio legal.

Lo primero que habría que destacar es el rechazo de un prospecto de joint venture de dos empresas líderes en el mercado de la leche por parte de la FNE, lo que se alejaba de la postura tradicional del órgano persecutor de focalizarse en las condiciones de una operación y evitar una solicitud frontal de rechazo.[33] Además, la FNE por primera vez formuló una consulta sobre una operación de compra en el mercado de los supermercados, utilizando una facultad de la reforma del 2009.[34] También se empezó a emplear por la FNE el mecanismo de los acuerdos extrajudiciales, para aprobar las condiciones negociadas entre la FNE y las empresas que buscaban concentrarse.[35] Por último, y también por primera vez, la FNE presentó un requerimiento por una operación de concentración materializada sin haberse consultado en el mercado de los locales para exhibición de cine.[36]

Con un sentido realista, pero con la firme intención de avanzar en este tema, la FNE aprobó una guía de control de operaciones de concentraciones el año 2012, con la que ofrecía un procedimiento ordenado, en etapas y con plazos perentorios, para quienes voluntariamente quisiesen conocer la opinión de la FNE respecto a una operación concreta. Esta opinión obviamente no amarraba ni al TDLC ni a la CS, pero al menos le aseguraba al consultante conocer de antemano el parecer de la FNE bajo un procedimiento de negociación horizontal y así evitar la sorpresa de una posible consulta de la FNE ante el TDLC.[37]

La FNE encargó tres estudios a reputados organismos extranjeros, previo al inicio del proceso legislativo de reforma al DL 211. Un estudio se refería a las sanciones aplicables en Chile y su real disuasión, a cargo de connotados abogados y economistas vinculados al University of College de Londres.[38] Otro era sobre el control de operaciones de concentración a la OCDE de 2014[39] y un tercero, también a la OCDE, sobre estudios de mercados en Latinoamérica de 2015.[40]

La Ley 20.945, de 2016, entonces, introdujo un régimen de sanciones disuasorio, un sistema de control preventivo de operaciones de concentración y la facultad para realizar estudios de mercados, además de otras reformas. Con estas modificaciones el escenario regulatorio cambió radicalmente, y Chile se acopló a las normativas de los países más adelantados.

Antes de la reforma de 2016, las sanciones monetarias tenían un techo de aproximadamente US$ 30 millones y no había sanción penal por casos graves de colusión. Ese techo beneficiaba especialmente a las grandes empresas. Estas sanciones no eran disuasivas, y se podía decir que podía ser un “buen negocio” para las empresas infringir la ley, teniendo en consideración los enormes beneficios que se pueden derivar de un cartel o un abuso de posición dominante.

Ahora las sanciones monetarias pueden llegar al 30 por ciento de las ventas del infractor o el doble del beneficio, y se estableció una sanción penal de hasta diez años de privación de libertad para el caso de carteles para fijar precios, limitar la producción, repartir zonas o cuotas o afectar el resultado de licitaciones públicas.[41]

Luego de una tradición de más de 50 años, el país cambió de un sistema voluntario de revisión de las operaciones de concentración hacia uno de notificación previa obligatorio bajo una tramitación esencialmente administrativa. El nuevo sistema permite analizar las operaciones de concentración que superen ciertos umbrales antes de que se perfeccionen, y evaluar, dentro de plazos acotados, sus riesgos y eficiencias.[42]

También la nueva ley le otorgó a la FNE facultades para elaborar estudios de mercados con información de privados y de órganos públicos.

La FNE ha logrado, hasta ahora, aplicar exitosamente la reforma del año 2016 al DL 211, mediante la Ley 20.945.

El año 2017 la FNE dictó, luego de un proceso de consulta pública, cinco guías en materia de fusiones: una sobre jurisdicción; otra sobre remedios o medidas de mitigación; una tercera sobre aplicación de los umbrales, y dos más sobre los documentos que deben presentarse, en versión completa y simplificada.[43]

El contenido de algunas de estas guías fue revisado por abogados extranjeros con experiencia en notificaciones, el Colegio de Abogados de Chile, autoridades estadounidenses y por la International Bar Association y la American Bar Association.

Además, la FNE contribuyó con el Ministerio de Economía en la redacción del reglamento a la Ley 20.945, el cual fue publicado dentro del plazo establecido en la ley y antes de entrar en vigencia el sistema de control.

En junio del año 2018 se cumplió un año del funcionamiento del sistema de control de operaciones de concentración. De un total de 58 operaciones presentadas, ya se habían resuelto 43, de las cuales 36 fueron aprobadas pura y simplemente en fase 1 (con un plazo de promedio de 18 días), 6 fueron aprobadas con medidas (en un plazo de 66 días promedio) y 1 fue rechazada.

Al cumplirse seis meses de la vigencia del mecanismo de notificación, la FNE realizó una encuesta entre abogados de estudios jurídicos que asesoraron a las partes notificantes en procesos de notificación de operaciones de concentración, y ésta arrojó un balance positivo.[44]

Además, se implementó un mecanismo digital para recibir las notificaciones por participaciones cruzadas, según lo exige el artículo 4 bis del DL 211, y se dieron lineamientos sobre cómo y cuándo cumplir dicha obligación, a través del formulario respectivo.[45]

En materia de estudios de mercado, se procedió a conformar el equipo profesional encargado de realizar dichos estudios, se aprobó una guía para su elaboración,[46] que sigue las mejores prácticas de la OCDE, y se iniciaron los análisis sobre rentas vitalicias, notarios y medicamentos, de los cuales se alcanzó a terminar los dos primeros.[47]

Además, la FNE publicó una guía que precisa las situaciones que ameritarían la interposición de una querella penal, realizada con el apoyo de asesores externos y luego de recibir comentarios a un borrador inicial, tanto de abogados chilenos como extranjeros. Esta guía busca disminuir los espacios de discrecionalidad y señalizar al mercado la visión de la FNE sobre la aplicación de la ley, con mucha antelación a su aplicación efectiva.[48]

La consolidación de la FNE también se refleja en los resultados que arrojaron las encuestas sobre percepción confeccionadas por la auditora Deloitte a los abogados que se dedican al derecho de la competencia en Chile. El año 2012, dicha auditora entrevistó personalmente a tales abogados sobre temas de percepción y desempeño de la autoridad de libre competencia. La gran mayoría de los abogados accedió y el informe final se hizo público, con los datos agregados. Los resultados que la FNE obtuvo fueron en general buenos, y el ejercicio se repitió los años 2014 y 2016, con el objetivo de observar las tendencias.[49]

Es pertinente analizar a continuación los principales objetivos y valores que guiaron la actuación de la FNE: independencia, enfoque selectivo, tono técnico, conformación de equipos de trabajo e internacionalización. Para cada una de estas orientaciones se adoptó una estrategia que hizo posible su concreción en el modelo vigente.

4. INDEPENDENCIA

La primera estrategia seguida por la FNE fue poner especial hincapié en la independencia, tanto respecto de las empresas como del gobierno y reparticiones públicas. Esto fue considerado siempre como primera prioridad, como algo intransable. La dirección de la FNE era la que se ocupaba de este asunto, de manera que los equipos de trabajo tuvieran la tranquilidad necesaria para hacer el trabajo con criterios estrictamente técnicos.[50]

Fue una primera prioridad porque veíamos que había una conexión y un círculo virtuoso entre independencia, espesura técnica, confianza y predictibilidad. Si las decisiones dependían enteramente de argumentos y razones técnicas era porque no había interferencia de ningún tipo, y esa falta de interferencia se conseguía precisamente mediante la independencia. La espesura técnica, a su vez, permite mejorar la confianza y predictibilidad del organismo técnico, que queda así liberado de los vaivenes y azares propios del juego político.

Asimismo, la independencia está conectada con la planificación. Si el organismo es independiente, ese organismo va fijando sus tiempos, sus prioridades y sus modos, y no debe responder a los apuros y las ansiedades propias del mundo político.[51]

Por ley, la FNE es independiente de todo organismo, servicio o autoridad. Esto se dice dos veces en el DL 211, y no se admite excepción alguna.[52]

Y se dice nuevamente una tercera vez cuando la ley ordena que el fiscal defienda los intereses que le están encomendados, o sea los intereses públicos en el orden económico de libre competencia, “en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones”.[53]

Así, tanto el texto como el sentido de la ley es claro, y no hay doblez alguno.

Esta independencia se refuerza con la existencia de un período fijo de duración del cargo (cuatro años renovables por otros cuatro más) y el mecanismo de destitución del Fiscal Nacional Económico. Para que opere una destitución, a partir de la reforma del año 2009, debe concurrir una causal legal (“negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”), no siendo suficiente la mera voluntad de quien lo eligió; esto es, el Presidente de la República. Pero quizás más importante es el resguardo procesal para dicha destitución, que tiene que iniciarse con una petición del ministro de Economía, luego debe emitirse un informe favorable del pleno de la Corte Suprema que corrobore que se cumple la causal de negligencia manifiesta, para terminar con la decisión de destitución por parte del Presidente de la República.[54]

Puede ocurrir, sin embargo, que el derecho sea superado por la realidad, y la aplicación de una norma legal, por un sinnúmero de subterfugios o resquicios, sea débil o inexistente —o sea, letra muerta— en situaciones concretas en las que hay intereses poderosos en juego, como suele ocurrir en los casos de libre competencia.

El libro del historiador Patricio Bernedo sobre la libre competencia en Chile da cuenta de las dificultades que han enfrentado anteriores fiscales nacionales económicos respecto a la independencia.

Rodrigo Asenjo, quien fuera Fiscal Nacional Económico durante los años 1994 a 2000, relata su experiencia y parecer en los siguientes términos:

Quiero dejar constancia que, en 6 años, jamás recibí un llamado del Presidente de la República. Tampoco recibí un mensaje del Presidente vía algún ministro de Estado, pero sí recibí muchas llamadas de diversos personeros, a los cuales había que darles lectura del artículo 24 del DL 211, que establecía la autonomía absoluta del servicio y del Fiscal. Ahí se dice que el Fiscal actúa según sus propias convicciones. Reconozco que eso lo hice en muchas ocasiones, con muchos funcionarios, parlamentarios, jefes de otros servicios y empresarios. Ahora, el tema de las presiones opera, en la medida que uno sea presionable. Y yo —me siento muy orgulloso de lo que voy a decir—, no me considero un tipo presionable. Podría hablar un día entero respecto de las presiones, pues de verdad tuve muchas, pero bueno, esto va con la personalidad de cada uno y con la estructura de pensamiento que uno tiene, y la trayectoria que uno tiene. Este cargo se puede ejercer con independencia, siempre y cuando se quiera ejercerlo así, pues tiene las atribuciones para hacerlo, pero debe quererlo. Y yo creo que eso es suficiente. Eso está en la persona.[55]

Francisco Fernández, Fiscal Nacional Económico desde el año 2000 al 2001, decidió renunciar debido a las presiones, según se desprende de sus propias palabras:

Ahí hubo presiones muy intensas, un fenómeno de lobby, que al no estar regulado daba pábulo para todo tipo de maniobras.[56] (…) Cuando asumí, se me prometió un apoyo político que no terminó dándose en los hechos. Dada la naturaleza de ente descentralizado de la Fiscalía, era muy importante contar con un respaldo del Ejecutivo para disponer de libertad de juicio. Era un apoyo en términos de no interferir y eso no se dio como yo hubiera deseado y como se me dijo por el Presidente Lagos cuando me pidió asumir esta tarea en su gobierno. Las presiones eran múltiples, yo fui testigo de algunas francamente inaceptables y yo preferí entonces dar un paso al lado. Las presiones se ejercían también sobre los miembros del Tribunal [Comisión Resolutiva]. En el caso de los directores de servicio, yo fui testigo de instrucciones perentorias dadas para que votaran en un sentido determinado. Cuando se decía que las instituciones funcionaban, uno se preguntaba, bueno ésta también debería funcionar.[57]

Lo anterior no debiera sorprendernos. La textura abierta del derecho de la competencia —similar a una esponja que puede absorber distintas políticas públicas— sumada a su armamento sancionatorio de alto calibre y al costo reputacional natural de cualquier inicio de un procedimiento hacen especialmente atractiva su instrumentalización para fines distintos al derecho de la competencia.

Un ejemplo de esa instrumentalización, por cierto, excepcionalísimo, viene del país que inventó el derecho de competencia. En 1971, el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, amenazó a las cadenas de televisión norteamericanas ABC, NBC y CBS con iniciar un juicio de competencia, si tales cadenas no suavizaban sus críticas al gobierno, según dan cuenta las grabaciones de la Casa Blanca que recogen frases textuales de Nixon en tal sentido.[58]

En esta materia, tenemos que admitir que nuestra experiencia de más de ocho años al mando de la FNE fue muy positiva. No nos vimos expuestos a experimentar malos ratos por parte de personeros de gobierno o ejecutivos de empresas que presionaran en uno u otro sentido. Tampoco recibimos mensajes o indirectas desagradables que buscaran poner en riesgo nuestro proceso de toma de decisiones.

La independencia se da naturalmente con las empresas y entidades privadas, en tanto sujetos de investigaciones. La FNE tiene su foco en el interés general, en tanto las empresas se centran en su interés particular. Algo distinto devendría en corruptela. El desafío de la FNE con el poder privado, más que con la independencia, se centra en la razonabilidad, no discriminación e igualdad de trato que se les debe dar a las empresas, que deriva del análisis desapasionado de los hechos que van apareciendo en cada una de las investigaciones.

Las empresas necesitan, eso sí, tener certeza de que la autoridad de libre competencia es independiente de las máximas autoridades del país, porque de lo contrario el lobby de ellas se encauza a través de tales autoridades.[59]

Así, el tema de la independencia adquiere real magnitud en relación con otras autoridades, y en especial con las máximas autoridades de gobierno.

Hipotéticamente, las interferencias más graves que podrían provenir del gobierno de turno podrían referirse a sugerencias de aperturas de una determinada investigación en un mercado específico sin haber mérito para ello; a cerrarla sin que concurran razones técnicas suficientes; a solicitar conocer las investigaciones que la FNE está realizando y que tienen el carácter de confidenciales; a exigir conocer de antemano los requerimientos o presentaciones que la FNE hará, o, en general, a interferir de cualquier forma con alguna diligencia particular en una investigación o juicio.

Como ya dijimos, al menos en nuestra experiencia y habiendo ejercido el cargo durante el período de dos presidentes de la República de distinto color político (y sus consiguientes seis ministros de Economía), no sufrimos ninguno de los embates arriba anotados. Ni de cerca. Esto es algo que la misma Fiscalía ha ido ganando en el tiempo, gracias a los sacrificios de los anteriores fiscales, pero también a la seriedad de las máximas autoridades del país y su confianza en los organismos técnicos.

Ese activo de la FNE debe mantenerse a futuro, a sangre y a fuego, y es su sello más valioso, si se pretende que su reputación y consolidación se mantengan.

La independencia tiene, a mi juicio, un componente importante de carácter de las personas que ejercen el cargo. La disposición mental es que no se va a otorgar favor alguno a nadie. La otra cara de la moneda es que no se puede pedir favor a nadie. Así, la independencia deviene en soledad, tanto respecto al gobierno, como a los partidos políticos, al Congreso, a las otras autoridades y, por cierto, a las empresas que se investigan.

Además de esa soledad, hay otro componente sicológico que es importante y que se refiere al control personal de la ambición, que tiene una conexión con la libertad en las actuaciones que requiere el cargo. A nuestro juicio, idealmente, el Fiscal Nacional Económico no debería ambicionar otro cargo público, menos en la arena política, de manera que el cargo no sea un trampolín para futuras nominaciones o designaciones. Esa falta de ambición otorga la libertad que se necesita para no caer en la tentación de complacer, en especial a las máximas autoridades del país.

La falta de complacencia deviene en frialdad (sin que eso implique perder la natural cordialidad), tanto con el mundo público como con el mundo privado. No parece aconsejable dar espacio a un ambiente más relajado y de cercanía. Es necesario ser, como sabiamente se nos aconsejó, “descariñado”.[60]

La independencia también tiene una conexión con el tema de los conflictos de intereses. Si se quiere ser independiente, no puede haber conflicto alguno de intereses.

A nuestro juicio, en ese tema hay que ser muy cuidadoso. Apenas asumimos, aprobamos un reglamento interno en la FNE, que se cumplió a nuestro entender cabalmente.[61] Ahí se aclaraba que el inhabilitado no iba a participar en reuniones internas en las que se discutiera sobre el caso en que se inhabilitó, no iba a participar en audiencias, no podría revisar el expediente del caso, e incluso sería impedido de tener acceso computacional a las carpetas de archivos del caso. Además, se establecía un mecanismo de notificación por escrito de las inhabilidades.

Así, en los casos en que un funcionario de la FNE presentaba conflicto de interés, perdía toda conexión con el caso, y el asunto era liderado total y completamente por un equipo sin conflicto alguno, quienes con entera libertad e independencia decidían sobre lo que se tenía que hacer o no hacer.

En suma, la FNE ha gozado durante estos años de independencia real y efectiva, lo que le ha permitido decidir con criterios técnicos, aumentar la predictibilidad de sus actuaciones, incrementar la confianza de los gobernados y autoridades, y proyectar tareas de largo plazo.

5. SELECCIÓN

Un segundo pilar esencial del modelo de la FNE fue ser selectivos en relación con los casos que investigamos y respecto a las herramientas a utilizar en caso de infracciones.

La selección significa que hay que elegir, y elegir significa que hay que dejar de investigar asuntos que parecen de segundo orden, asumiendo un costo alternativo. También significa que hay que seleccionar la herramienta proporcional y justa para hacerse cargo del grado de intensidad que pueden presentar las distintas reprochabilidades.

En principio, la tendencia natural de la autoridad es a abarcar lo más posible, y supone que no se tiene limitación alguna de recursos ni de tiempo. Nosotros hicimos justo lo contrario, y establecimos una estrategia que implicaba que había que tener buenas razones para iniciar una investigación, sea por oficio o por denuncia.[62]

Cuando llegamos a la FNE, el stock de investigaciones llegaba a alrededor de 150. De inmediato consideramos que ese número era difícil de manejar, y nos propusimos bajarlo, en especial si se quería investigar a fondo algunos mercados complejos y en un tiempo acotado.

Un problema secundario, que es clave en las investigaciones de mercados de por sí dinámicas, son los tiempos que se requerían para cada investigación. Mientras más investigaciones, más lento el proceso para terminarlas. Si, en cambio, acotábamos el número de investigaciones, íbamos a poder concentrar nuestras energías en las seleccionadas, y el tiempo promedio debía mejorar. Eso resultó ser así, como pudimos comprobar años después, en especial respecto a las investigaciones de abusos de posición dominante (con un descenso del 50 por ciento de su duración promedio entre el año 2012 y el 2017) y de fusiones (18 o 66 días promedio en fase 1 —según sea sin medidas o con medidas— o 97 en fase 2, en contraste con una demora previa de meses ante una consulta ante el TDLC).[63]

La frase que sonaba en nuestras cabezas era menos es más, algo que sabíamos era difícil de explicar, y que podía ser malinterpretado, porque su entendimiento no es intuitivo y en nuestra cultura no se aprecia el foco y el precio que hay que pagar por ese foco.

Otro beneficio de elegir es que aumenta la tasa de investigaciones que se traducen en algún producto o acción concreta; esto es, requerimiento, consulta, acuerdo extrajudicial o cambio de conducta. Aquí no hay azar. Es simplemente el resultado de haberlas seleccionado bien desde un principio. Así, uno puede elegir menos investigaciones y terminar con un número parecido e incluso mayor de acciones concretas de reprochabilidad. Así pudimos comprobar que era eficiente disminuir las investigaciones, e incluso pudimos medir el grado de eficiencia según la relación entre número de investigaciones y número de acciones concretas (distintas al simple cierre). Con ese índice de eficiencia, los resultados iban desde el 8 por ciento en el año 2010, al 41 por ciento el 2012 y 2013, hasta lograr el 61 por ciento el año 2014 y el 71 por ciento el año 2015.[64]

El control de la dirección de la FNE con los jefes de división se concentraba principalmente en dos momentos específicos: al principio y al final. Entremedio, se les daba a los jefes bastante libertad para conducir sus investigaciones, sin perjuicio de que se sostenían reuniones bilaterales con cada uno de ellos una vez por semana.

Al principio era, a mi juicio, el control más complejo, e implicaba una cuota de intuición, en decidir qué investigar y qué no, en el contexto de un ejercicio razonado de discrecionalidad. También había algo de “economía del hogar” y de oportunidad, en el sentido de aquilatar el costo de una investigación, lo que dependía del conocimiento que se tenía al interior de la FNE de ese mercado, de su sofisticación y de las posibles hipótesis contravencionales.

El segundo control era al final; esto es, cuando el equipo estaba convencido de que efectivamente había un reproche. Ahí, se producía una revisión afinada de los antecedentes concretos —la evidencia de la investigación— y se trabajaba en distintas versiones de un requerimiento o una consulta.

Había una autoexigencia de que los documentos finales fueran claros y al grano, y que no tuviesen grasa ni flecos innecesarios, ni menos errores de edición o tipeo. El estilo utilizado no era, de adrede, de gran pluma, sino que apegado a los hechos que luego íbamos a tener que probar.

El DL 211 contiene una norma que nos permitió ser selectivos. Se trata del artículo 41 sobre admisibilidades y que establece que ante denuncias de particulares la FNE dispone de un plazo de 60 días para pedir información y citar voluntariamente a declarar o pedir información, “para determinar si corresponde investigar o desestimar las denuncias que se formulen”.[65]

A través de este mecanismo se podía, entonces, desestimar el inicio de una investigación por múltiples razones, lo que se tenía que traducir en una resolución por escrito que así lo declarara, a la cual se le adjuntaba un informe interno, que era público, sobre las actividades realizadas y las razones de la inadmisibilidad.

El mayor control que pudimos tener sobre las denuncias que se recibían se tradujo en la posibilidad de aumentar las investigaciones de oficio, y depender menos del flujo de solicitudes de afuera y desarrollar el músculo y el instinto al interior de la institución. Pudimos así aumentar el número de investigaciones de oficio por sobre las denuncias de particulares, y se llegó a que sobre el 50 por ciento de las investigaciones fueron de oficio.[66]

La selección se facilitaba debido a que la FNE no tiene monopolio alguno sobre las acciones ante el TDLC. Cualquier privado o autoridad puede accionar ante el TDLC, y no necesita que la FNE participe en ese proceso. De hecho, la mayoría de los casos de abusos de posición dominante ocurrían sin la participación de la FNE, y sólo en algunos de ellos el TDLC solicitaba un informe a la FNE. Ese aspecto de la institucionalidad chilena es sano, y le permite a la FNE focalizarse primordialmente en ciertas y determinadas conductas u operaciones (como carteles y fusiones), y en los casos en que está comprometido el interés general y no se perciba que existan otros actores que pudiesen asumir los costos de un juicio.

No sólo decidimos conscientemente limitar el número de investigaciones y aumentar el porcentaje de aquellas que se iniciaban de oficio, sino que además priorizamos áreas.

Hubo especial celo en los casos de carteles, porque teníamos la sensación de que ni los empresarios ni las autoridades les tomaban el peso a su gravedad como atentado a la economía de mercado.

La FNE instauró una política de cero tolerancia hacia los carteles, y lo demostró en los casos que investigó, requirió y ganó ante los tribunales. Cada caso de cartel es una historia aparte, pero lo importante fue fijar y explicitar una priorización en la política persecutoria contra los carteles, que se tradujo en la creación de una unidad de carteles y en el destino de recursos y horas hombres para esas investigaciones y juicios.

Esta política dio resultados, y se vieron victorias judiciales en casos emblemáticos, tales como en los de farmacias (iniciado bajo la administración anterior), de compresores de refrigeradores, de transporte interurbano (Curacaví, Cartagena, terminales, Caldera), de transporte intraurbano (Valdivia), de pollos, de asfalto, de navieras, de supermercados, de laboratorios (ampollas y sueros), de tissue y de doctores (Chillán y Quinta Región), por citar a los principales.

La otra prioridad fue fusiones, y ahí se hicieron muchos esfuerzos novedosos para poner el tema sobre la mesa, que ya fueron mencionados. Era muy incómoda la regulación raquítica con que teníamos que operar, y había muy buenos incentivos para que las empresas lisa y llanamente se concentraran sin consulta ni revisión alguna.

Además de la priorización de casos, hay otra faceta que requiere explicación y que se refiere a la selección de la herramienta adecuada a utilizar para un caso concreto.

La FNE dispone de un arsenal amplio de herramientas sancionatorias, en caso de una violación al derecho de competencia.[67] La principal herramienta es el requerimiento o demanda de la FNE, con solicitudes de multas, pero también de modificaciones o términos de contratos e incluso disoluciones de entidades.[68] Es una herramienta potente, pero cara. Implica destinar muchos recursos para prepararse para el litigio y ser efectivo. En los procesos legales pueden surgir múltiples variables difíciles de controlar o prever, por lo que se requiere estrategia. Los litigios también demoran, en especial si las controversias son álgidas y los contenedores poderosos, como normalmente ocurre en libre competencia.

Debido a las atribuciones que la ley le otorga a la FNE para investigar, al equipo de la fiscalía siempre se le exigió no verse sorprendido en el proceso mismo. Es decir, se trató de que durante la etapa de investigación se aquilataran bien los argumentos que las contrapartes podían hacer. Con eso, la FNE podía preparar bien sus argumentos e indagar en los hechos que sustentaban esos argumentos, y eventualmente podíamos llegar a convencernos de su bondad o mérito, si ése era el caso.

Eso había que hacerlo en la etapa de investigación, y si no se hacía ahí, entonces la pista se hacía cuesta arriba e incierta en el proceso mismo. La idea de arreglar la carga durante el viaje que implica todo litigio era algo descartado de plano.

Para mejorar la capacidad de detectar saltos en la investigación, establecimos un mecanismo interno de contrapeso: separamos las divisiones de investigación (carteles, abusos y fusiones) de la división de litigios. Así, la división de litigios comenzó a revisar toda la evidencia contenida en la investigación y a analizar si había algo pendiente y si se estaba de acuerdo o no con la tesis de la división de investigación pertinente.

Éste era un sano check and balance interno, adicional al contrapeso natural del TDLC, que costó al principio instaurarse por la entendible tensión que se provoca al interior de los equipos de trabajo, pero que luego se apreció como un mecanismo de control de calidad que limita el sesgo de confirmación propio de las personas involucradas en la investigación. Además, aumentó la especialización, en tanto el equipo de la investigación no iba a participar en el litigio, y tenía entonces que orientar sus energías en las nuevas investigaciones que surgieran tan pronto el requerimiento fuese presentado.

Adicionalmente a los requerimientos, hay otras herramientas que pueden ser apropiadas para investigaciones determinadas, y que pueden implicar menores costos institucionales y conseguir resultados análogos.

Una de ellas son los acuerdos extrajudiciales, en los que la FNE tiene que detectar qué le parece reprochable, se lo comunica a las empresas y después hay negociaciones para ver cómo hacerse cargo de la conducta reprochable. El mecanismo contenido en el DL 211 ante el TDLC es sumamente expedito.[69]

Asimismo, a la FNE le puede resultar razonable y justo, en casos de menor importancia y efectos, aceptar cambios de conductas propuestos por las empresas, que no impliquen ni requieran de la participación del TDLC. Estos cambios de conducta pueden ser tanto o más relevantes que las multas que se pudiesen obtener, y sus efectos suelen ser inmediatos.

Por último, tanto la FNE como el TDLC tienen atribuciones para formular recomendaciones de cambios regulatorios o de dictación de normativa, con el objetivo de promocionar la libre competencia, y esta herramienta también puede ser útil y apropiada en determinados casos.

6. TONO TÉCNICO

Otro pilar del modelo de la FNE fue mantener un tono técnico, e incluso una cierta distancia con el debate encendido que surgía luego de las presentaciones en el TDLC de los casos importantes (en especial de carteles) o sobre las bondades o defectos de la economía de mercado.

Esta actitud se ve reflejada con claridad en nuestras cuentas públicas:

Nos han ido dando mucho poder, (…) y precisamente por eso no podemos darnos el lujo de creer que las sabemos todas, que sólo nos tienen que dejar hablar o escribir porque no necesitamos ni escuchar ni leer. Podemos cometer errores. Podemos sufrir de miopía momentánea y omitir involuntariamente aspectos del mercado que debieran analizarse. O equivocarnos en predecir bien los cambios futuros que se van a producir en las distintas industrias. Pero bajo ningún pretexto podemos caer en la tentación, ahora más que nunca, del trabajo fácil, de la frivolidad, del populismo, del ingenio cortoplacista.

(…) Y que el carácter que la fiscalía ha ido construyendo desde hace décadas, de trabajo riguroso, de independencia y mirada de largo plazo, de sobriedad mediática y de alejamiento de la farándula y charlatanería, del partidismo y el populismo, es lo único que nos garantiza que vamos a poder enfrentar los nuevos desafíos que se nos presenten, de manera sensata, eficaz y eficiente (…).[70]

Se nos veía como tímidos, retraídos y poco energéticos; que no aprovechábamos nuestros minutos de gloria; que no se nos veía cómodos con los motes de sheriff o zar; que no teníamos complicidad con el gobierno de turno ni con los congresistas interesados en temas económicos; que desperdiciábamos la cobertura periodística que se nos ofrecía, en especial la televisiva y radial. Pero la estrategia fue mantener siempre la parquedad y la sobriedad, algo que considerábamos consustancial a un funcionario público, y que normalmente lo diferencia de un político. Considerábamos que eso nos permitía mantener el foco en los hechos crudos y la evidencia sólida de las investigaciones y de los litigios, y alejarnos de la frivolidad y tentación del adjetivo fácil.

Había por cierto algo estético en esta decisión, de mirar el ejercicio de autoridad con una dignidad y prestancia, que no era compatible con actitudes livianas, declaraciones pomposas o ganancias de corto plazo. Ni con la fama. Pero sabíamos que lo que había en juego superaba la mera estética y se adentraba en la estrategia.

Por de pronto, no éramos ágiles con los medios de comunicación porque es muy difícil traducir la jerigonza legal y económica en palabras sencillas, sin perder precisión, como profundizaremos más adelante.

Además, los periodistas podían hacer buenas preguntas, pero era muy difícil dar buenas respuestas, o porque eso requería explicar muchos antecedentes previos (y los tiempos de la televisión y la radio son de minutos y de frases cortas), o no queríamos vernos en una posición de tener que adelantar argumentos que se podían venir en el litigio.

Nuestra estrategia con los medios de comunicación fue siempre la misma, y consistía en mantener un bajo perfil mediático, en especial en la persona del Fiscal Nacional Económico, pero un alto perfil en las labores de la FNE y su cobertura por la prensa especializada. Que en lo posible hablara la institución, más que la persona.[71]

Yo era renuente a dar entrevistas. Si las daba era por motivos puntuales, de preferencia no más de dos al año, y en medios escritos que permitían de mejor manera explicar las complejidades del derecho de competencia.

La idea detrás del bajo perfil era incentivar a los periodistas a que los casos hablaran por sí solos, y así se procuraba fortalecer una especialización en periodismo económico que cubriera las noticias de la FNE y el TDLC con autonomía, luego del análisis de los documentos que se hacían públicos, ya sea en el contexto de una investigación o en un litigio.

Nunca tuvimos inconvenientes en explicarles a los periodistas qué estábamos haciendo, respecto a casos públicos y a propósito de documentos específicos que ya estaban en la esfera pública. La traducción de eso a un lenguaje sencillo preferíamos no hacerla nosotros, sino que viniera de los propios periodistas, que estaban más capacitados que nosotros para así hacerlo.

Veíamos la utilidad de que hubiese una explicación sencilla, y fuimos con el tiempo puliendo las notas de prensa que salían desde la FNE para hacerlas más comprensibles, pero sin menoscabar su precisión técnica.

Tampoco quisimos corregir o contestar todas las cosas que se decían por la prensa (muchas de ellas incorrectas o descontextualizadas), sino sólo en casos excepcionales y cuando nosotros creíamos era el momento apropiado. La idea era no caer en la tentación de reaccionar a todas las instancias mediáticas que no provenían de la FNE, y así mantener el foco en las investigaciones y litigios.

Teníamos dos limitaciones importantes, una legal y la otra de buena administración. La legal era la confidencialidad con que teníamos que actuar y que requería ser diligente en que no se nos saliera nada que podría implicar una violación a esa confidencialidad. Donde mejor se puede hacer eso es ante el TDLC porque se presenta el escrito, pero con la información confidencial tachada.

La otra limitación era de buena administración de todo persecutor. No buscábamos el brillo efímero de la demanda, sino la contundencia de la sentencia. Como ya dijimos, la nuestra era una simple opinión, a través de un requerimiento. La verdadera decisión surge del fallo del TDLC y de su confirmación por parte de la CS, y entre un requerimiento y su fallo puede pasar mucha agua bajo el puente.

También había una preocupación porque el asunto reputacional no rebasase el costo de las consecuencias jurídicas del reproche anticompetitivo, con la convicción de que había que reconducir la discusión en el formato jurídico, que permite profundidad, textura y precisión.

Todo lo anterior no es fácil de conseguir en momentos cuando las discusiones públicas se daban bajo un tono vociferante y de escasa racionalidad, y cuando la popularidad de la economía de mercado estaba (o así lo sentíamos) en descenso o al menos en tela de juicio, en parte por la constatación de los abusos empresariales cometidos.

Era difícil dar a entender que los abusos de las empresas son inherentes a una economía de mercado, en la que prima la libertad y los actores privados tienen importantes cuotas de poder. El quid de la cuestión no es que no existan, sino que exista una institucionalidad fuerte que pueda ir desbaratando carteles y abusos, controlando las operaciones de concentración y que tenga la suficiente musculatura para enfrentar eficazmente a un grupo económico o empresa poderosa ante los tribunales. La clave es poder contar con órganos estatales que puedan disuadir a las empresas de cometer actos contrarios a la libre competencia, lo que no se traduce en la ausencia de atropellos. No podía ser —ni queríamos— que el propio éxito de la FNE se tradujera en el desprestigio de la economía de mercado o del sector privado en su conjunto; es decir, que la conducta impropia e ilegal de unos pocos manchara y deslegitimara a todo un sistema social de organización que es probadamente eficaz y eficiente en la creación de riqueza.[72]

Creemos, sin embargo, que se logró un equilibrio sano entre, por un lado, la seriedad y confidencialidad que requerían nuestras investigaciones y el ejercicio de las atribuciones encomendadas, y, por el otro, la necesidad de toda autoridad de explicar lo que hace, que en el caso de la FNE involucra especialmente promocionar la libre competencia.

Teníamos, como parte de la estrategia, reuniones anuales con los editores de los principales medios de comunicación. Incluso algunos años lo hicimos con la televisión y la radio. Ahí les explicábamos qué hacíamos y comentábamos casos ya resueltos. Pero esencialmente aprovechábamos para explicarles el sistema institucional chileno y las complejidades del derecho de la competencia. Lo mismo hacíamos con los think tanks más relevantes de Chile, y ahí el foco eran los cambios legales que se requerían y, una vez aprobados, cómo se iban a ir implementando.

También organizamos talleres para periodistas del área económica, en los que explicábamos las últimas tendencias y los principales principios del derecho de la competencia.[73]

7. EQUIPOS DE TRABAJO

La FNE pudo consolidar a un equipo de alto rendimiento profesional en estos años, logrando atraer a los profesionales jóvenes más talentosos del mercado con inquietudes de servicio público. Sabíamos perfectamente que el factor clave de la FNE eran sus personas, y así lo manifestamos públicamente en varias oportunidades.

Los equipos funcionaban en forma afiatada y focalizada. Los jefes estaban debidamente empoderados. La gente podía trabajar en equipo y cada profesional sabía lo que tenía que hacer. Asimismo, la experiencia de haber trabajado en la FNE era considerada valiosa y formativa en el mercado laboral.[74]

Sabíamos perfectamente que el factor clave de la FNE eran sus personas, y así lo manifestamos públicamente en varias oportunidades:

La fiscalía es su gente, y es esa gente la que tiene que ir aplicando prudentemente y sin estridencia las reglas que nos gobiernan, en un trabajo que demanda no sólo inteligencia y conocimiento, sino que también carácter y disciplina. Todos y cada uno de sus funcionarios han sido seleccionados por su preparación académica, por su disposición hacia el trabajo grupal bien hecho, pero sobre todo por un carácter que les permite enfrentar desafíos y tensiones de una manera eficiente, eficaz y sana. Esa disposición y ese carácter permitieron, entre tanta jerigonza y teoría, preservar un cable a tierra, llamado sentido común. Esa disposición y ese carácter permitieron que las atribuciones y el poder entregados a la fiscalía no nublaran la vista de su equipo, y que se entendiera siempre que la modestia del trabajo bien hecho y la obsesión por los hechos han construido ladrillo a ladrillo este edificio de la libre competencia, cuyos cimientos se remontan al año 1959.[75]

Concebimos a la FNE con una estructura piramidal de base ancha. Eso implicaba que el promedio de edad de su equipo fuese bajo, asumiendo el desafío de una alta rotación. Se entendía que cada contratado iba a permanecer en la FNE entre dos años y medio y tres años. Sabíamos que era costoso el período inicial de aclimatación, y para acelerar ese proceso, que en algunos casos podía demorar un año, llevamos a cabo programas de inducción e instrucción.

¿Qué hicimos para atraer a los talentos jóvenes y competir eficazmente con los estudios de abogados, consultoras y otras reparticiones públicas?

Primero, cambiamos la estructura organizacional de la FNE, para hacerla más ágil y eficiente. La estructura anterior de la FNE descansaba en una división jurídica y otra económica. El diseño de la FNE al 2018, en cambio, se basaba en cinco divisiones: antimonopolios, carteles, fusiones, estudios y litigios, además de la administración y la dirección de la FNE.

Este diseño se fue dando de a poco en los años que lideramos la FNE, y resultó ser bastante eficiente. Se basa en la forma de organizarse que tienen los estudios de abogados y las consultoras. La idea es que una persona tiene capacidad para administrar efectivamente alrededor de 20 personas de alto rendimiento. Entonces la idea fue hacer grupos pequeños, con una función definida, y dar libertad a cada jefe para desarrollar su división.

Las claves eran, por supuesto, elegir a un excelente jefe o jefa para cada división y tener un control de calidad profundo, en especial al principio y al final de los casos, con un énfasis en aquellos que se traducían en requerimientos o consultas.

También quisimos tener un contrapeso efectivo para cada división de investigación; esto es, carteles, abusos y fusiones, en especial respecto de aquellas investigaciones que derivaban en litigios o procedimientos no contenciosos ante el TDLC (y eventualmente ante la CS). De ahí surgió la idea de crear una división de litigios que controlara cómo se había hecho la investigación y se focalizara en ganar los pleitos.

Quisimos, desde un principio, que los equipos profesionales de cada división combinaran abogados y economistas, optando por no tener dos compartimentos separados de acuerdo a la profesión de sus miembros, de forma que desde la investigación misma, y luego en el litigio, hubiese una eficaz simbiosis entre abogados y economistas. Esta fórmula fue además un gancho para atraer a los jóvenes profesionales de ambas profesiones, que consideraban estimulante trabajar en un ambiente interdisciplinario y con jefes altamente especializados, combinación que a los estudios de abogados les era difícil ofrecer de la misma manera.[76]

A agosto del 2018, la FNE contaba con 4 profesionales con grado de doctor, 4 como candidatos a doctor y 44 con grado de magíster, egresados de las mejores universidades de Chile y del mundo.[77]

Otro aspecto de la FNE atractivo para los jóvenes profesionales era la interacción con asesores externos —ya sean nacionales o extranjeros—, que enriquecía las discusiones internas y sofisticaba la mirada técnica. Había asesores especializados permanentes y otros transitorios, por ejemplo, para emitir un informe determinado que se iba a utilizar en un litigio. Siempre fuimos muy bien recibidos por los profesionales externos, quienes a mi juicio apreciaban trabajar con nosotros.[78]

También nos preocupamos de facilitar el estudio en el extranjero de los profesionales de la FNE, en especial a universidades anglosajonas, a través de orientación, contacto con tales instituciones y cartas de recomendación.

Inventamos un sistema de entrevistas a los candidatos, que también estaba fundado en contar con contrapesos efectivos. Queríamos a los mejores alumnos, que en general estuvieran dentro del 10 por ciento con mejores calificaciones de las facultades de derecho y economía líderes del país. Pero también queríamos diversidad y, sobre todo, integridad.

El sistema de contrapeso consistía en que los candidatos tenían que pasar dos filtros distintos. Por un lado, estaban las entrevistas que se hacían ante los profesionales de la división que los requería, y, por otro, las entrevistas con la dirección de la FNE. El proceso podía partir por uno u otro lado, pero tenía que ser siempre doble. Normalmente, las contrataciones partían por la división que necesitaba al profesional. Ellos se encargaban de buscar al candidato, entrevistarlo y seleccionarlo. De ahí tenía que pasar el filtro de la dirección de la FNE. Ese filtro consistía en dos entrevistas, una conmigo y otra con el subfiscal y con la jefa de relaciones institucionales. Las entrevistas eran separadas y no se producía ningún contacto entre los entrevistadores. Sólo al final del proceso nos reuníamos para comentar sobre el candidato.

En esas entrevistas el foco principal de la dirección de la FNE era analizar la integridad del candidato y su carácter para soportar, a pesar de su juventud, la presión y carga del poder. Como segundo criterio, se evaluaba su aporte a la diversidad de la FNE.

Otro cambio que hicimos se refirió al plan de procuradores. Ahí instauramos un programa atractivo para estudiantes de derecho, siguiendo los parámetros utilizados por los estudios de abogados, y lo principal era que sirviera como una plataforma para seleccionar a futuros profesionales de la FNE.

8. INTERNACIONALIZACIÓN

Ya hemos dicho varias veces que los centros de creación del derecho de la competencia residen en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Hay otros que tienen actividades interesantes que vale la pena seguir, como Alemania, Australia, Canadá e Inglaterra. En Latinoamérica, Brasil ha sido especialmente fuerte en el tema de carteles, y México, en promoción de la libre competencia. Perú y Colombia han ido sofisticándose a grandes zancos, y Argentina estaba recién estrenando una nueva ley que prometía mostrar resultados.

Chile era visto como un país avanzado, con un esquema institucional interesante, pero el tamaño del mercado chileno no nos hacía un país especialmente gravitante, más si no teníamos un sistema de notificaciones de operaciones de concentración y el programa de delación compensada estaba recién empezando.

Sin embargo, la integración al mundo es importante en el derecho de la competencia, porque tanto las decisiones judiciales como las resoluciones y guías de afuera han tenido y tienen impacto en el derecho de la competencia nacional. Además, muchos de los desafíos que la autoridad nacional enfrenta ya han tenido alguna solución en el extranjero, como, por ejemplo, respecto a los temas de confidencialidad, a la interacción con otras autoridades regulatorias o la priorización al interior de la institución.

Así, es importante tener redes en las agencias extranjeras, que permitan llamar por teléfono ante alguna cuestión acuciante, poder hacer que un borrador de guía sea revisado por una agencia con experiencia en el tema y establecer lazos permanentes con los equipos de trabajo especializados en determinados mercados.

A través de reuniones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), International Competition Network (ICN), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), foros anuales de la Fordham University y de la New York University, se fueron produciendo instancias de contactos con los jefes de las agencias y jefes de divisiones de los otros países. La pregunta era entonces cómo hacíamos para potenciar nuestras relaciones con agencias extranjeras y organismos internacionales y que al mismo tiempo fuera de interés para ellos ayudarnos, a pesar de nuestro tamaño.

La estrategia que utilizamos consistió en hacer esfuerzos para aumentar nuestra influencia en la región. Nos era fácil poder coordinarnos con las otras autoridades de Latinoamérica. No sólo debido a que el idioma facilitaba las relaciones, sino que además porque todos teníamos que navegar bajo el sistema del derecho continental y estructuras económicas con una tendencia hacia la monopolización por economías de escala.

En estos años, hicimos esfuerzos importantes de ayuda y asesoría a nuestros pares en Latinoamérica. Todos teníamos algo que aprender, por cierto. Pero Chile tenía una economía de mercado más adelantada que la mayoría de esos países, y eso hacía que a su vez el derecho de la competencia también mostraba un mayor avance en ciertas áreas.

Eso significó conversar con los jefes de servicios extranjeros de la región sobre desafíos institucionales y darles nuestra opinión, respetando la confidencialidad, pero también hacer que los equipos técnicos de los países participaran en sesiones de trabajo sobre temas de mutuo interés, participar en el Día de la Competencia de esos países, ayudándolos sobre casos concretos y facilitándoles materiales de estudio, entre otras actividades.[79]

Tan pronto las agencias de mayor experiencia se dieron cuenta de que Chile estaba ejerciendo un liderazgo regional, su actitud fue de mayor atención hacia nosotros. Se daban cuenta, y así se lo hacíamos saber, de que las enseñanzas y experiencias que podíamos recibir de ellas las íbamos a diseminar en el resto de los países de Latinoamérica.[80]

Asimismo, hicimos un trabajo de acercamiento con los principales estudios de abogados internacionales. Les pedimos a los estudios de abogados nacionales que nos indicaran los estudios extranjeros con que ellos trabajaban, para que pudiéramos explicarles de primera mano nuestra normativa de delaciones compensadas y la nueva normativa de control de operaciones de concentración.[81]

9. CONFIANZA

El modelo de la FNE descansa en una piedra angular del edificio: la confianza. La independencia, el enfoque selectivo, el tono técnico, la excelencia de los profesionales y la internacionalización se anclan en la confianza en las instituciones y en el sistema, que depositan todos y cada uno de los actores involucrados.[82]

Sin confianza, no hay modelo que valga.

Quizás ésa es la clave esencial que explica nuestra sensación de consolidación y reputación institucional, en un contexto de un país desconfiado.[83]

La confianza sirve para reducir la complejidad del futuro. La apertura total de lo que viene se limita por la vía de contar con que los sucesos del mundo o las acciones de otros se desarrollarán de acuerdo con ciertas generalizaciones que hemos construido a partir del presente y del pasado.[84]

Aunque arriesgada, la confianza es necesaria y urgente para posibilitar las decisiones y la acción en un mundo cada vez más abierto, cambiante y complejo.

La falta de confianza impide a las instituciones desplegarse y congela las actuaciones de los privados. La desconfianza en las instituciones es un costo infranqueable para el desarrollo económico, y quizás sea uno de los impedimentos claves que nos impide alcanzarlo.

La confianza aparece como el mecanismo más perfecto para alcanzar esa reducción de la incertidumbre, porque permite asegurar la libertad y la autonomía de todos los sujetos que entran en interacción, sin que se necesiten excesos de intervención o de costos de transacción.

La confianza se construye y se alimenta, y es un esfuerzo permanente el que subsista. Confiamos en las personas, pero también en las instituciones, y cada vez más necesitamos confiar en las instituciones en la medida en que la división del trabajo, la técnica y la globalización presentan altos niveles de complejidad e interdependencia.

Hay razones para confiar en una institución: la transparencia y el conocimiento de su estructura; el carácter técnico, el profesionalismo, la racionalidad en las actuaciones y la predictibilidad; la independencia en las decisiones; la seriedad en las actuaciones pasadas y la autoevaluación con miras a detectar errores y deficiencias y propender a su enmienda.

Todos esos factores hacen posible crear una expectativa y mantenerla en el tiempo, y permiten asimismo neutralizar posibles defraudaciones que naturalmente se puedan generar y que son el fruto natural de la necesaria flexibilidad con que el edificio institucional debe contar.

Esa confianza no significa, en modo alguno, captura del regulador u autoridad blandengue o indecisa. Significa más bien que las empresas deben suponer una autoridad alerta y firme, pero que va a actuar dentro de las vías legales, con independencia de cualquier factor que no arranque del caso concreto y con un tono discreto y ponderado, buscando resguardar de la mejor forma el interés público.

10. REFLEXIÓN FINAL

Hasta ahora, la institucionalidad de libre competencia chilena ha sido exitosa, creemos, en lograr que exista un ambiente de confianza en el derecho de la competencia, en un país y en un mundo esencialmente desconfiado y litigioso.

Esa confianza se palpa en los investigados y demandados, y el mundo empresarial en general, que confía en que podrán desplegar sus argumentos en un ambiente racional y que los antecedentes serán efectivamente analizados de buena fe por quienes deben tomar las decisiones; en que se tomarán las medidas que franquea la ley para resguardar la confidencialidad de su información sensible; en que habrá un nivel sensato de predictibilidad respecto a las decisiones que podrían tomar las autoridades o al menos de las razones que explicarían ciertos ajustes; en que sus delaciones compensadas serán analizadas en su mérito y con estricta aplicación del principio de legalidad; en que en casos que así lo ameriten habrá espacio para llegar a acuerdos que satisfagan las pretensiones de las partes en conflicto y se resguarde el interés público; en que se buscará aplicar el verdadero sentido de la ley y no utilizar un caso concreto como pretexto para correr sus deslindes, y en un largo etcétera.

El gobierno, el Congreso y los políticos depositan confianza en la institucionalidad, y necesitan estar seguros de que, siguiendo los parámetros técnicos y las protecciones formales que exige la ley, la autoridad de libre competencia ha tenido, tiene y tendrá el coraje de enfrentarse a los poderosos, en forma eficiente y eficaz.

Los medios de comunicación también deben confiar en la institucionalidad respecto a que lo discutido está fielmente plasmado en los papeles del proceso o de la investigación; en que la jerga legal y la económica tienen una función de precisión y no de oscuridad, y en que las ritualidades del procedimiento facilitan un debate racional.

Es esta confianza la que le debiera permitir a la FNE sortear los desafíos que el derecho de la competencia le va a plantear con fuerza en un futuro cercano, en especial bajo el contexto de una economía digital.

Es la aplicación prudente, justa y proporcional de este modelo, ya asentado y pulido, inspirado en la independencia, enfoque selectivo, tono técnico, excelencia de sus profesionales e internacionalización, lo que debiera permitirle a la FNE seguir controlando eficiente y eficazmente los excesos del poder privado y profundizar la economía de mercado en Chile, a través de los cauces legales.

BIBLIOGRAFÍA

Agüero, Francisco & Santiago Montt. “Chile: The Competition Law System and the Country’s Norms”. En The Design of Competition Law Institutions: Global Norms, Local Choices, editado por E. Fox & M. Trebilcock. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Bernedo, Patricio. Historia de la libre competencia en Chile (1959-2010). Santiago: Fiscalía Nacional Económica, 2013.

Crane, Daniel. Antitrust. Nueva York: Wolters Kluwer Law, 2014.

Elhauge, Einer R. & Damien Geradin. Global Antitrust Law and Economics. Foundation Press, 2018.

Ezrachi, Ariel. “Sponge”. Journal of Antitrust Enforcement 5 (2017).

Fiscal Nacional Económico. “Cuenta pública de la Fiscalía Nacional Económica 2015”. 2016. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Cuenta_Publica_Propuesta-Final.pdf.

———. “Cuenta pública de la Fiscalía Nacional Económica, del período 2015-2016”. 2017. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso-Cuenta-Publica-040517.pdf.

———. “Cuenta pública 2017”. 2018. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso_final.pdf.

———. “Discurso Día de la Competencia 2015”. 2015. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/discurso.pdf.

———. “Discurso Día de la Competencia 2016”.

———. “Discurso Día de la Competencia 2017”. 2017. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/Discurso-Fiscal-Felipe-Irarr por cientoC3 por cientoA1zabal-2017.pdf.

FNE. “Participaciones minoritarias y directores comunes entre empresas competidoras”. 2013. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Participaciones-minoritarias.pdf.

———. “Política general de comunicaciones de la FNE”. 2018. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Pol por cientoC3 por cientoADtica_comunicaciones.pdf.

———. Reflexiones sobre el derecho de la libre competencia: Informes en derecho solicitados por la Fiscalía Nacional Económica (2010-2017). Santiago: Fiscalía Nacional Económica, 2017. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/FNE-Libro.pdf.

Gifford, Daniel J. & Robert T. Kudrle. The Atlantic Divide in Antitrust: An Examination of US and EU Competition Policy. Londres y Chicago: University of Chicago Press, 2015.

González, Aldo & Alejandro Micco. “Private versus Public Antitrust Enforcement: Evidence from Chile”. Journal of Competition Law & Economics 10 n.º 3 (2014).

Irarrázabal, Felipe & Felipe Cerda. “Establecimiento de un sistema de control previo de operaciones de concentración en Chile: orígenes, implementación y desafíos”. En Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia, dirigido por Demetrio A. Chamatropulos, Pablo Trevisán, Miguel del Pino. Buenos Aires: La Ley, 2018.

Jackson, Robert. “The Federal Prosecutor”. Journal of American Judicature Society 24 (1940).

Jacobs, Michael. “Combatting Anticompetitive Interlockings: Section 8 of the Clayton Act as a Template for Chile and Similar Emerging Economies”. 2013. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Clayton-Act-Section-8.pdf.

———. “U.S. Antitrust Enforcement Involving Minority Shareholdings”. 2013. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Minority-Shareholding-in-the-US.pdf.

Krause M., María Soledad & Rodrigo González F. “La confianza en la construcción de la realidad social”. Revista de Filosofía 41, n.º 1 (2016).

Landes, William. “The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Econ at Chicago”. Journal of Law and Economics 26 (1983).

Luhmann, Niklas. Confianza. Traducción de Darío Rodríguez Mancilla. Barcelona: Anthropos, 2005.

OCDE. “Competition and Market Studies in Latin America”. 2015. www.oecd.org/daf/competition/competencia-y-estudios-de-mercado-en-america-latina por ciento202015.pdf.

———. “Panorama de la Sociedad 2016, la situación de Chile, OECD”. https://www.oecd.org/chile/sag2016-chile.pdf.

Rivas, Virginia. “La reputación técnica y el emprendimiento de políticas como fuente de poderes: el caso de la Fiscalía Nacional Económica”. Estudios Públicos 152 (2018).

Secretariado de la OCDE. “Evaluación del régimen de control de concentraciones en Chile”. 2014. www.oecd.org/daf/competition/Chile por ciento20merger por ciento20control_ESP_nov14.pdf.

Valdés, Domingo. Libre competencia y monopolio. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006.

Vergara, Enrique. “Balance cuatrienio 2006-2010”. 2010. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2010/12/inan_0005_2010.pdf.

Waller, Spencer Weber. “The Modern Antitrust Relevance of Oliver Wendell Holmes”. Brooklyn Law Review 59 (1994). EP

[1] Niklas Luhmann, Confianza, traducción de Darío Rodríguez Mancilla (Barcelona: Anthropos, 2005), 33.

[2] Es interesante leer el “Balance cuatrienio 2006-2010”, de marzo de 2010, en donde el entonces fiscal Enrique Vergara hace un recuento de su gestión, y exterioriza sus anhelos institucionales, los que guardan armonía con lo que se hizo posteriormente: “(…) ser una institución eficiente, que sus acciones estén orientadas y planificadas según su impacto sobre la competencia en los mercados, ser una institución reconocida en el país, a nivel técnico y ciudadano, ser una institución validada ante sus pares extranjeros”. Allí también da cuenta de sus principales desafíos: “incorporación de las nuevas facultades que en materia de colusión y carteles establece la Ley 20.361” e “incrementar la efectividad de los requerimientos presentados por la FNE, particularmente en casos de colusión”. Disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2010/12/inan_0005_2010.pdf.

[3] Además, y para reforzar la señal de continuidad, colgamos los retratos de todos los fiscales anteriores en la sala principal de reuniones de la FNE, algo que es bastante usual en los servicios públicos chilenos, pero que no se estilaba en la FNE. Asimismo, invitamos a los ex fiscales (incluyendo a doña Olga Feliú, señora de Waldo Ortúzar) a una reunión donde les planteamos el proyecto de un libro sobre la libre competencia en Chile que requería las entrevistas de cada uno de ellos, a lo cual accedieron de inmediato. Patricio Bernedo, profesor de historia de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, escribió el libro, luego de entrevistarlos. Patricio Bernedo, Historia de la libre competencia en Chile (1959-2010) (Santiago: Fiscalía Nacional Económica, 2013), disponible en http://www.fne.gob.cl/wpcontent/uploads/2013/11/Historia_libre_competencia.pdf.

[4] El número total de funcionarios aumentó entre los años 2010 y 2018 de 87 a 115, y el presupuesto, de 3.940 a 6.981 millones de pesos (en pesos nominales de las respectivas leyes de presupuestos).

[5] Ver Virginia Rivas, “La reputación técnica y el emprendimiento de políticas como fuente de poderes: el caso de la Fiscalía Nacional Económica”, Estudios Públicos 152 (2018). Disponible en https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20181226/asocfile/20181226123254/rev152_rivas.pdf, en especial sobre la relación entre independencia y reputación. Ver también Francisco Agüero y Santiago Montt, “Chile: The Competition Law System and the Country’s Norms”, en The Design of Competition Law Institutions: Global Norms, Local Choices, editado por E. Fox & M. Trebilcock (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[6] Ver Cuenta Pública del año 2017 del Fiscal Nacional Económico, en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso_final.pdf.

[7] Las personas entendidas en el derecho de la competencia pueden saltarse los primeros dos capítulos (sobre “Complejidad y simpleza del derecho de competencia” y sobre “Consolidación institucional”) y partir revisando el capítulo de la independencia.

[8] Una expresión anecdótica de la fuerza de los precedentes la encontramos en el caso State Oil Co. v. Khan, 522 U.S. 3 (1997) resuelto por el juez estadounidense Richard Posner, quien falló siguiendo los precedentes, pero advirtiendo que ello era del todo inadecuado, lo que fue revertido posteriormente por la Corte Suprema. Ver Daniel Crane, Antitrust (Nueva York: Wolters Kluwer Law, 2014), 82.

[9] Por cierto, hay que ser muy cuidadosos con la tentación del copy-paste, máxime cuando la importación es parcial (y no comprende una serie de consideraciones institucionales del país donde se aplica) o el argumento se arma con características de distintas jurisdicciones (en lo que podría denominarse un Frankenstein legal). Sobre las distintas visiones imperantes en Estados Unidos y Europa, ver Daniel J. Gifford y Robert T. Kudrle, The Atlantic Divide in Antitrust: An Examination of US and EU Competition Policy (Londres y Chicago: University of Chicago Press, 2015).

[10] Conscientes de lo delicado de adoptar decisiones en materia de libre competencia por sus consecuencias y por la posibilidad de que esa decisión sea errada, la academia ha tomado prestado de la estadística los conceptos de “falso negativo” o “error tipo II” (exonerar o dejar libre a alguien que infringió la norma) y “falso positivo” o error tipo I (castigar a un inocente). Así, se reconoce que una decisión o un fallo pueden estar errados, y se analizan los posibles efectos de tales errores, comparando ambas situaciones, la de exculpación y la de liberación.

[11] William Landes, “The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Econ at Chicago”, Journal of Law and Economics 26 (1983).

[12] Carta del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Oliver Wendell Holmes a Sir Frederick Pollock, fechada el 23 de abril de 1910. Sobre la importancia del juez en libre competencia, ver Spencer Weber Waller, “The Modern Antitrust Relevance of Oliver Wendell Holmes”, Brooklyn Law Review 59 (1994), 1443.

[13] Estados Unidos tiene dos artículos esenciales, ambos contenidos en la Sherman Act de 1890, sobre el ilícito anticompetitivo. La primera sección prohíbe los carteles, en los siguientes términos: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished (…)”. Por su parte, la segunda sección se refiere a la monopolización en los siguientes términos: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony (…)”. Hay otras leyes que también establecen prohibiciones en el derecho de la competencia, tales como Clayton Act (1914), Federal Trade Commission Act (1914), Robinson-Patman Act (1936), Celler-Kefauver Act (1950) y Hart-Scott-Rodino Act (1976). Ver Einer R. Elhauge y Damien Geradin, Global Antitrust Law and Economics (Foundation Press, 2018), 11.

[14] La Unión Europea regula el ilícito anticompetitivo también en dos normas esenciales. En relación con los carteles, el artículo 101 del tratado establece: “The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts”. Respecto a los abusos de posición dominante, el artículo 102 determina: “Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts”. Hay además regulaciones y directivas, como fuentes secundarias del derecho de competencia. Ver Elhauge y Geradin, Global Antitrust Law…, 52.

[15] El ilícito del derecho de la competencia de nuestro país se encuentra en el artículo 3 del Decreto Ley 211, de 1973, que “fija normas para la defensa de la libre competencia”, el cual ha sufrido varias modificaciones desde su origen en el año 1959. La ley de 1959 establecía: “Todo acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país, sea mediante convenios de fijación de precios o repartos de cuotas de producción, transporte o de distribución, o de zonas de mercado; sea mediante acuerdos, negociaciones o asociaciones para obtener reducciones o paralizaciones de producción; sea mediante la distribución exclusiva, hecha por una sola persona o sociedad, de varios productores del mismo artículo específico, o por medio de cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar la libre competencia, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados y con multa de uno por ciento al diez por ciento del capital en giro de los autores”. El actual texto legal vigente dispone: “El que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado (…). Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”. Las cursivas son nuestras. El origen de las palabras “libre competencia” se encuentra en un proyecto de ley de 1957 de Carlos Ibáñez del Campo que no fue aprobado y en la asesoría de los economistas estadounidenses que formaron parte de la misión Klein-Saks.

[16] Ver Acta del Congreso Nacional, de fecha 18 de marzo de 1959. El ministro de Justicia de Alessandri de ese entonces, Julio Philippi Izquierdo, defendiendo ante el Congreso el proyecto de ley que devino en la Ley 13.305, argumentaba que “si existe una materia sobre la cual es difícil legislar, es precisamente ésta” y que “por primera vez se intenta en Chile; puede ser imperfecta, pero no parece justo que se afirme que ella constituye una simple declaración demagógica”.

[17] Ver Domingo Valdés, Libre competencia y monopolio (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006), 90-203, en donde se reconocen ocho acepciones distintas para “libre competencia” y además se reconoce la necesidad de que se precise tal concepto a través de la jurisprudencia. Dice: “[la libre competencia en Chile] se desenvuelve en un estadio de positivación legal todavía incipiente —en nuestra opinión éste es más precario de lo debido— y por ello se ha entregado al Tribunal Antimonopólico un cúmulo de atribuciones y decisiones que, en los hechos, excede con mucho la tarea que ordinariamente realiza un tribunal en el sistema jurídico continental”. Ibídem, 23.

[18] Si el legislador se hubiese tentado a hacer una descripción más detallada del ilícito, esa ley iba a estar condenada a una obsolescencia desde su origen. La historia de la Ley 13.305 da cuenta de la necesidad de que el ilícito sea amplio, “porque la imaginación humana es inagotable”, según consta en la sesión de la Cámara de Diputados del 26 de enero de 1959. Por su parte, en la discusión de la Ley 19.911 de 2003, la Corte Suprema reconoce esta vaguedad legislativa en su oficio a la Cámara: “(…) que la experiencia internacional sobre la materia aconseja que cada caso debe ser estudiado en su propio mérito, de acuerdo con sus particularidades y complejidades, por lo que estima procedente establecer una norma amplia con ejemplos básicos, para que los integrantes del tribunal decidan en cada caso qué conducta constituye un atentado a la libre competencia” (Oficio del 20 de junio de 2002, 20). En la historia fidedigna de la Ley 19.911 de 2003 consta la opinión de la Comisión de Economía en el mismo sentido: “La mayoría de sus integrantes, desechada la idea de definir la libre competencia, se inclinó por establecerla solamente como el bien jurídico protegido, y confiar la expresión de su alcance a la doctrina y, en particular, a la jurisprudencia que emanará del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. Asimismo, el profesor Jorge Streeter, invitado a dicha comisión, aseveró que “la ley de defensa de la competencia debe limitarse a describir lo substancial de las conductas monopólicas, ya que el derecho de la competencia es una disciplina que está en permanente elaboración, sobre la base de muy pocas pero fundamentales disposiciones de derecho substantivo. De aquí la necesidad de que las conductas sancionadas sean breves y simples, sin descripciones plenas de elementos normativos y subjetivos que dificultan la aplicación e interpretación de la norma, favoreciendo, finalmente, a los infractores y creando incertidumbre jurídica entre quienes observan un correcto comportamiento”. Ver www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5814/. Por último, el Fiscal Nacional Económico precisó, en la tramitación de la Ley 20.945 de 2016 que “las leyes sobre libre competencia deben ser escuetas, dejando a la FNE y al TDLC la labor de darles sentido, por ser estas normas propias del Common Law, que es un derecho que se va formando a través de su aplicación judicial”. Ver www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5311/.

[19] También interviene la Corte de Apelaciones en las autorizaciones para medidas intrusivas, y eventualmente otras autoridades e instancias, si así se les requiere y en sus respectivos ámbitos competenciales, como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y los tribunales penales cuando el Fiscal Nacional Económico haya presentado una querella por colusión.

[20] El sistema institucional chileno, que se instauró con la reforma de 2003, es similar al de Sudáfrica, aunque posterior en un par de años. En lo esencial, difiere del sistema estadounidense, en el que las decisiones son tomadas por jueces generalistas (de manera descentralizada, por la existencia de múltiples circuitos federales y de jueces estatales) y hay dos agencias encargadas del derecho de la competencia: el Department of Justice y la Federal Trade Commission. El sistema chileno, por otra parte, difiere del sistema de la Unión Europea, en el que la decisión en primera instancia es tomada por un organismo administrativo y los recursos son ante una corte generalista pero única. El sistema europeo, a diferencia del estadounidense, es centralizado y con un alto componente administrativo.

[21] Artículo 39 letra b) del Decreto Ley 211, de 1973, que “fija normas para la defensa de la libre competencia”, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2010/12/DL_211_refundido_2016.pdf.

[22] El contrapeso al que está sujeto el TDLC frente a la CS es, a mi juicio, sano y necesario, en tanto obliga al primero a conectar el derecho de la competencia a los principios generales del sistema jurídico y a traducir la argumentación a algo inteligible para un juez generalista y con escasos conocimientos profundos en la ciencia económica. Al respecto, y dado que la CS es la última instancia, es importante contar con un análisis crítico de sus fallos por académicos independientes y por los medios de comunicación especializados, así como que el máximo tribunal exhiba una deferencia natural por los temas económicos y prácticos resueltos por el TDLC. Sobre la experticia de la CS en materia económica, es interesante transcribir el comentario del ex ministro de la CS y senador de la República Enrique Zurita, a propósito de la tramitación de la Ley 19.911: “Me desempeñé durante ocho años como presidente de la Comisión Resolutiva (…). ¿Saben Sus Señorías por qué? Porque nadie se interesaba en él, pues no era remunerado. Además, ¿qué sabe de economía un ministro de la Corte Suprema? Y para el ejercicio de ese cargo tenía que aprender, o del representante del Ministerio de Hacienda, o del de Economía, o de los decanos; y si estos últimos sabían poco, menos aprendía yo. ¿Qué hacía, entonces? Escuchaba la opinión de los otros cuatro integrantes y trataba de producir la armonía entre ellos. Sólo eso. En todo caso, estimo que no debemos seguir metiendo abogados allá. ¡Economistas! Nada más”.

[23] Ver el discurso del “Día de la Competencia 2017” del Fiscal Nacional Económico: “La FNE no sería un buen servicio público si no contara con excelentes contrapartes —la comunidad de abogados y economistas dedicados a la libre competencia—, ni con un excelente Tribunal de Defensa de la Libre Competencia —especializado y con jueces economistas— ni con la excelencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema”, en www.fne.cl. En el mismo sentido, discurso del “Día de la Competencia 2016”, del Fiscal Nacional Económico: “El sistema de libre competencia ha funcionado (…) porque su diseño institucional castiga las opiniones infundadas, las aseveraciones livianas, las teorías sin fundamento, las frases llenas de adjetivos y carentes de verbos”.

[24] Los acuerdos extrajudiciales y avenimientos han ido en aumento e importancia en Chile. La tradición estadounidense va en ese sentido pragmático, y los órganos persecutores evitan en lo posible enfrentarse a juicios y buscan arreglos, en la gran mayoría de las infracciones investigadas. A mi juicio, ésta es una tendencia positiva para nuestro país, por dos razones principales. Primero, porque se logran resultados concretos sobre cambios conductuales que tienen aplicación inmediata, evitando así la espera de años de un litigio. Segundo, porque libera recursos humanos de la autoridad de libre competencia y puede dedicarse a otros casos en distintos mercados.

[25] Acoger el cien por ciento de los requerimientos no implica que se otorgue todo lo pedido, y así se podría acoger el requerimiento pero imponer el pago de una multa por un monto inferior a lo solicitado en el petitorio. El monto de multas recolectado para el período 2010 a 2017 fue 80.292 millones de pesos, actualizados a pesos al 31 de diciembre de 2017. Hay que advertir, eso sí, que la FNE no es un recolector de dineros para el erario público, como lo sería un servicio de impuestos internos, sino que un defensor de la libre competencia. Ocurre que normalmente los cambios conductuales o ajustes en la forma de actuar de las empresas pueden ser más relevante que las multas. Ver Aldo González y Alejandro Micco, “Private versus Public Antitrust Enforcement: Evidence from Chile”, Journal of Competition Law & Economics 10 n.º 3 (2014): 691-709.

[26] A nuestro juicio, la transparencia en el fundamento de las decisiones de la FNE ayuda a mejorar la predictibilidad de sus futuras acciones, en tanto se explicitan públicamente los fundamentos de sus decisiones.

[27] Los carteles acusados por la FNE respecto de los cuales se han acogido delaciones compensadas son (i) el de compresores para refrigeradores, (ii) transporte interurbano Santiago-Curacaví, (iii) asfalto, (iv) tissue, (v) navieras y (vi) medicamento para ampollas. En el cartel del tissue y de navieras se recibieron delaciones compensadas de dos empresas. Es interesante hacer notar que hay casos que involucran empresas internacionales (como el de compresores) y otros, nacionales (como el de transporte interurbano). Dentro de las empresas nacionales que obtuvieron el beneficio de la delación compensada figuran dos grupos económicos chilenos de importancia, lo cual denota un éxito en la implementación del programa de delación compensada. Las sentencias condenatorias del TDLC respecto del caso tissue, navieras y medicamentos para ampollas fueron reclamados ante la CS y aún no han sido resueltos por el máximo tribunal.

[28] El año 2009 la FNE redactó una guía de delaciones compensadas para dar certezas a sus postulantes, guía que luego fue reemplazada por una nueva versión en el año 2017. El documento de 2017 fue sometido a tres procesos de consulta pública y recoge los comentarios, sugerencias y aportes de diversos organismos públicos y privados, tanto nacionales (como el Colegio de Abogados de Chile) como internacionales (como la American Bar Association, la International Bar Association y el Departamento de Justicia de Estados Unidos). Ver www.fne.gob.cl/guia-interna-sobre-delacion-compensada-en-casos-de-colusion.

[29] La Ley 20.945 fue aprobada por unanimidad en el Congreso, salvo respecto al artículo que establecía que la investigación del Ministerio Público sólo podía iniciarse por querella del Fiscal Nacional Económico una vez que estuviese a firme la sentencia del TDLC que condena al cartel. El Ministerio Público, en cambio, prefería (al menos eso manifestó al final del proceso legislativo) que pudiese iniciar investigaciones penales a su discreción, con o sin querella del Fiscal Nacional Económico.

[30] Como un botón de muestra de la falta de disuasión de las sanciones, podemos citar las declaraciones del dueño de una importante empresa productora de pollos condenada por colusión a pagar la máxima multa del sistema chileno, que ascendía a alrededor de US$ 30 millones: “Si hay multas las vamos a pagar, pero las multas dan lo mismo. Es el hecho, el nombre (…)”. El Mercurio, 12 de octubre de 2014. Las cursivas son nuestras.

[31] Chile, a diferencia de Estados Unidos y Europa, se había negado a aprobar una ley que controlara preventivamente las operaciones de concentración, esto es, antes de que se materialicen, y mantenía un sistema de control voluntario desde el año 1959. La naturaleza voluntaria obligaba a la autoridad a impugnar operaciones ya concretadas, lo que era jurídicamente difícil por la prueba de los efectos potenciales de la operación. Si la autoridad administrativa hubiese logrado convencer al TDLC de la reprochabilidad de la operación, surgía la dificultad de tener que volver a la situación existente antes de la operación, lo que coloquialmente se conoce en el mundo anglosajón como “unscrambled the eggs”. Además, el DL 211 no contenía ninguna regulación específica sobre las fusiones, y el sistema de consulta ante el TDLC era inapropiado para conducir una discusión razonable sobre las operaciones de concentración por su tinte litigioso, aunque se tratara, en el papel, de procedimientos no contenciosos.

[32] Disponible en www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2012/07/INFORME-FINAL-ENTREGADO-A-PDTE-PINERA-13-07-12.pdf.

[33] Ver el informe de la FNE sobre operación Nestlé-Soprole en http://www.fne.gob.cl/fne-se-opone-a-la-operacion-consultada-por-soprole-y-nestle/.

[34] Ver consulta de la FNE por la compra por parte de D&S a Alvi en http://www.fne.gob.cl/fne-consulta-ante-el-tdlc-compra-de-supermercados-alvi-por-parte-de-ds/.

[35] Ver acuerdos extrajudiciales en sitio del TDLC, sección “Expedientes”, subsección “Acuerdos Extrajudiciales”.

[36] Ver requerimiento por una operación de concentración en cines en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/06/requ_01_2012.pdf. La operación era una concentración horizontal entre Hoyts y Cinemundo, dos cadenas de cines con presencia en nuestro país. La FNE buscaba que se produjese una desinversión en tres localidades en donde la concentración del nuevo conglomerado era alta. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo.

[37] Disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/10/Guia-Fusiones.pdf. Esta guía, que fue redactada luego de revisar en profundidad las guías existentes en el extranjero, fue sometida a un proceso de consulta pública, por el cual se recibieron comentarios de actores nacionales y extranjeros. No es de extrañar que la guía presente evidentes similitudes con la Ley 20.945 de 2016, la que precisamente instauró un sistema de control obligatorio de operaciones de concentración.

[38] Disponible en www.fne.gob.cl/2014/11/12/estudio-sobre-multas-en-sede-de-libre-competencia/. Este estudio sobre multas en sede de libre competencia fue encargado al Centro de Derecho, Economía y Sociedad del University College London (UCL), y confeccionado, entre otros, por los profesores Ioannis Lianos, Florian Wagner Von Papp y Frederic Jenny. El estudio analizó el régimen sancionatorio de diversos países líderes en derecho de la competencia y lo comparó con el chileno, concluyendo que el sistema chileno de sanciones no era disuasivo y que por ende requería una modificación.

[39] Ver Informe del Secretariado de la OCDE “Evaluación del régimen de control de concentraciones en Chile”, del año 2014, disponible en www.oecd.org/daf/competition/Chile%20merger%20control_ESP_nov14.pdf. Este estudio fue solicitado por el Ministerio de Economía del primer gobierno del presidente Piñera y recibido por el Ministerio de Economía del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, lo cual refleja que se trataría de una política de Estado.

[40] Ver el “Informe para el año ٢٠١٥” de la OCDE: “Competition and Market Studies in Latin America”, disponible en www.oecd.org/daf/competition/competencia-y-estudios-de-mercado-en-america-latina por ciento202015.pdf.

[41] Ver artículo 62 del DL 211, de 1973.

[42] El proyecto de ley presentado por el gobierno el año 2015 establecía que la determinación de los umbrales era responsabilidad del Ministerio de Economía. Sin embargo, el Congreso prefirió que esa determinación fuese hecha por la FNE, y así quedó en la Ley 20.945. Para determinar los valores de los umbrales, la FNE se basó en un informe económico que siguió los lineamientos de la International Competition Network y de la OCDE en la materia. Este informe fue sometido a comentarios de los economistas externos Claudio Agostini, Ronald Fischer, Aldo González, Juan Pablo Montero y Tomás Rau, los cuales se manifestaron a favor de la metodología y de los umbrales propuestos en el informe. Ver informes en www.fne.gob.cl/umbrales-operaciones-de-concentracion/.

[43] Ver Felipe Irarrázabal y Felipe Cerda, “Establecimiento de un sistema de control previo de operaciones de concentración en Chile: orígenes, implementación y desafíos”, en Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia, dirigido por Demetrio A. Chamatropulos, Pablo Trevisán, Miguel del Pino (Buenos Aires: La Ley, 2018). La guía de remedios orienta a las partes de una operación de concentración sobre las medidas de mitigación que pueden ofrecer a la FNE.

[44] Las encuestas se realizaron entre junio y noviembre de 2017 y se encuentran disponibles en: www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Resultados-Encuesta-Fusiones.pdf. El 76,4 por ciento de los encuestados calificó con nota 6 o superior (de un máximo de 7) la implementación del nuevo régimen de control de operaciones de concentración. A su vez, el 87 por ciento de los encuestados calificó como muy pertinente o pertinente la información solicitada por la FNE una vez iniciada la investigación.

[45] Disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Formulario-Participaciones-minoritarias-v1.9.pdf. Es interesante consignar que la preocupación por el tema de las participaciones cruzadas y por el interlocking surgió de la misma FNE, la que hizo un estudio sobre el tema (años antes del proyecto de ley de 2016), que incorporó un informe de un abogado estadounidense sobre la realidad regulatoria de ese país. Ver documento “Participaciones minoritarias y directores comunes entre empresas competidoras”, de noviembre de 2013, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Participaciones-minoritarias.pdf. Ver “Combatting Anticompetitive Interlockings: Section 8 of the Clayton Act as a Template for Chile and Similar Emerging Economies”, de Michael Jacobs, de 24 de octubre de 2013, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Clayton-Act-Section-8.pdf y “U.S. Antitrust Enforcement Involving Minority Shareholdings”, del mismo autor, de 31 de agosto de 2013, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Minority-Shareholding-in-the-US.pdf.

[46] Disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Guia_Estudios_Mercado_Final_oct2017.pdf.

[47] Ver el informe sobre rentas vitalicias en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-EM01.pdf y ver informe sobre notarios en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe-Final-optimizado.pdf. El informe sobre medicamentos debiera publicarse a fines del 2019, según se consigna en el calendario propuesto por la FNE en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Minuta_EMO3_2018.pdf.

[48] Disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/06/Gu%C3%ADa-de-Querellas-final-definitiva.pdf. Esta guía se elaboró con la asesoría de destacados abogados penalistas y administrativistas nacionales, y también se recibieron comentarios de la American Bar Association (ABA), Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece), International Bar Association (IBA) y del Fiscal Nacional del Ministerio Público. También se refleja la planificación con que opera la FNE en los temas importantes. La aplicación de la ley se hará en varios años más porque la decisión de querellarse o no que debe adoptar el Fiscal Nacional Económico debe tomarse una vez que se haya dictado una sentencia, que esté a firme, por parte del TDLC, respecto a hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la aprobación de la ley del 2016, de conformidad con lo que exige la Constitución Política de la República de Chile.

[49] Hasta donde sabemos, la FNE es la única agencia de competencia en el mundo que ha hecho este ejercicio en forma continua, y esperamos que se siga haciendo porque es una forma eficiente de recoger el parecer de las contrapartes sobre cómo está operando el sistema, y en especial la autoridad administrativa. La agencia que primero lo hizo fue la OFT de Inglaterra el año 2007, pero no repitió el ejercicio. La encuesta Deloitte está constituida por cerca de 50 preguntas. Se interroga, por ejemplo, por el nivel del análisis técnico de la FNE, su independencia, resguardo a la confidencialidad, grado de previsibilidad y rigurosidad. Los estudios están disponibles en http://www.fne.gob.cl/estudios-de-percepcion-deloitte/.

[50] La dirección de la FNE estaba compuesta por el fiscal, el subfiscal y la jefa de relaciones institucionales, y la encargada de prensa. No era un organismo que estuviera así ideado en la ley, sino una organización interna que se adoptó y que se facilitaba con la cercanía física de las oficinas respectivas. Resulta interesante anotar que los subfiscales de estos últimos ocho años eran funcionarios que habían sido contratados bajo administraciones anteriores de la FNE (Jaime Barahona y Mario Ybar), al igual que la jefa de relaciones institucionales (Mónica Salamanca), lo que corrobora la sana continuidad institucional.

[51] Ver el discurso del “Día de la Competencia 2017”. Disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/Discurso-Fiscal-Felipe-Irarr %C3%A1zabal-2017.pdf.

[52] El artículo 33 del DL 211 dispone: “La Fiscalía Nacional Económica será un servicio público (…) independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”. Esa supervigilancia debe circunscribirse a la inspección de asuntos administrativos de la FNE, y al proceso de remoción en caso de negligencia manifiesta, a asuntos de remuneración y planta y a toda otra cuestión administrativa, sin alcanzar en forma alguna a las atribuciones reseñadas en el artículo 39 del DL 211, de 1973, las que son exclusivas y privativas del Fiscal Nacional Económico. Por su parte, el encabezado del artículo 39 del mismo cuerpo legal establece: “El Fiscal Nacional Económico, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúe”. Las cursivas son nuestras.

[53] El mismo artículo 33, en su encabezado, establece que: “Podrá, en consecuencia, [el Fiscal Nacional Económico] defender los intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones”. La cursiva es nuestra. Ver Patricio Bernedo, Historia de la libre competencia en Chile, 1959-2010 (Santiago: Fiscalía Nacional Económica, 2013): “Como se verá más adelante, este artículo [39 encabezado] se transformó en el verdadero fundamento de la autonomía y poder de los fiscales económicos que, dependiendo de los rasgos de personalidad del fiscal en ejercicio, sirvió para resistir todo tipo de presiones”.

[54] Ver artículo 33 del DL 211, modificado por la reforma del 2009. A mi juicio, es importante que el inicio del procedimiento de destitución no quede entregado a instancias enteramente políticas, como sería, por ejemplo, un número determinado de diputados de la República, como ocurre con el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. Esa fórmula, según veo, puede provocar un efecto negativo por el solo hecho de que se inicie un procedimiento de destitución, aunque luego sea desestimado por la Corte Suprema. Durante la discusión de la Ley 20.945, algunos diputados de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados intentaron modificar la ley para permitir que el proceso de destitución del Fiscal Nacional Económico fuese iniciado por 10 diputados, pero la idea afortunadamente no prosperó. Este mecanismo de destitución no estaba consagrado así en el proyecto de ley. Fue introducido en la Cámara de Diputados por una indicación del Ejecutivo. Inicialmente, el Consejo de Alta Dirección era el órgano que emitía el informe favorable para la destitución, pero luego en el Senado se reemplazó por la Corte Suprema.

[55] Bernedo, Historia…, 148. Los énfasis son nuestros.

[56] Ibídem, 152. La cursiva es nuestra.

[57] Ibídem, 157. La cursiva es también nuestra.

[58] Ariel Ezrachi, “Sponge”, Journal of Antitrust Enforcement 5 (2017): 56.

[59] Como ya se comentó, la encuesta Deloitte de percepción a los abogados chilenos de libre competencia mide, entre otros aspectos, el grado de independencia de la FNE. Los resultados fueron los siguientes, en una escala de 1 a 7, lo que refleja una tendencia positiva en el tiempo: nota 4,5 para el año 2012, nota 5,8 para el año 2014 y nota 6,4 para el año 2016.

[60] En mi primera reunión protocolar con el en ese entonces presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, le pregunté sobre qué consejos me daría. El primero a que hizo referencia es que fuese “descariñado”, lo que siempre recordé durante el ejercicio del cargo.

[61] Ver “Instructivo sobre aplicación del principio de abstención e inhabilidades en la Fiscalía Nacional Económica”, en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/reso_236_2010-1.pdf.

[62] Ver Robert Jackson, “The Federal Prosecutor”, Journal of American Judicature Society 24 (1940): 19. Disponible en https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2015/01/The_Federal_Prosecutor.pdf. Ahí sostiene: “Law enforcement is not automatic. It isn’t blind. One of the greatest difficulties of the position of prosecutor is that he must pick his cases, because no prosecutor can even investigate all of the cases in which he receives complaints. If the department of justice were to make even a pretence of reaching very probable violation of federal law, ten times its present staff would be inadequate. (…) What every prosecutor is practically required to do is to select the cases for prosecution and to select those in which the offense is the most flagrant, the public harm the greatest, and the proof the most certain”. Las cursivas son nuestras.

[63] Sobre los plazos en las investigaciones sobre operaciones de concentración, ver Irarrázabal y Cerda, “Establecimiento de un…”.

[64] Ver Cuenta pública de la FNE de 2015 en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Cuenta_Publica_Propuesta-Final.pdf, 19.

[65] La norma del artículo 41 del DL 211 está en armonía con el encabezado del artículo 39 y con los principios de eficiencia y eficacia de la Ley 18.575.

[66] Por ejemplo, la investigación del cartel del pollo empezó sin denuncia alguna. En algunos años, el porcentaje de investigaciones de oficio por sobre las que surgían de denuncias fue incluso muy superior al 50 por ciento. Ver Cuenta pública de la FNE de 2015 en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Cuenta_Publica_Propuesta-Final.pdf, 16. La existencia de investigaciones de oficio es positiva, porque implica que la agencia está activa analizando los distintos mercados, y así disminuye un sesgo a focalizarse sólo en aquellos que presentan denuncias. Este sesgo a las denuncias, y la consiguiente reducción de investigaciones de oficio, ha sido una crítica constante que han debido enfrentar las agencias de países desarrollados.

[67] Un cambio administrativo a las metas de eficiencia institucional de la FNE, aprobado por la Dirección de Presupuestos, facilitó este enfoque selectivo en las herramientas a utilizar. Ese cambio consistió en modificar la meta de números de requerimientos por año por uno de “productos” por año, que incluía requerimientos, consultas y cambios de conductas.

[68] El artículo 26 del DL 211 dispone que: “En la sentencia definitiva, el Tribunal podrá adoptar las siguientes medidas: a) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones de la presente ley; b) Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior; c) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, el Tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma equivalente a sesenta mil unidades tributarias anuales”.

[69] Ver artículo 39 letra ñ) del DL 211 e informes en derecho agregados a la causa rol n.° 5418-2018 ante el Tribunal Constitucional, a propósito del acuerdo extrajudicial presentado el 27 de agosto de 2018 por la FNE y Tianqi Lithium Corporation.

[70] “Cuenta pública de la Fiscalía Nacional Económica, del período 2015-2016”, 2 y 13. Disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso-Cuenta-Publica-040517.pdf. El discurso del fiscal Mario Ybar en el “Día de la competencia 2018” va en el mismo sentido: “Debemos, por un lado, alentar la confianza, la vigilancia —la indignación ante la transgresión, incluso—; pero también, por otro, evitar la instrumentalización y el populismo. Conservar ese equilibrio entre mantener vivo el compromiso social con la competencia, y no ceder con ella al populismo, estimo, será el principal desafío de la FNE para los tiempos que vienen”. Las cursivas son nuestras.

[71] Ver “Política general de comunicaciones de la FNE”, julio 2018, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/%C3%ADtica_comunicaciones.pdf. Fue muy útil también contar con la asesoría permanente de expertos comunicacionales externos, quienes semanalmente nos comentaban sobre las apariciones de la FNE y su contexto, y nos advertían sobre los nuevos desafíos que debían enfrentar las autoridades en la sociedad chilena.

[72] En el mismo sentido, ver el discurso del “Día de la competencia 2015”, disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/discurso.pdf. Ahí se sostiene: “No se entierra la economía de mercado porque descubrimos que hay empresas e individuos que se aprovechan de ella. Es justo lo contrario: podría haber entierro, y un fracaso, si el Estado no se preocupa de defender a los mercados con todos los mecanismos legales” que tenga a la mano.

[73] Ver, por ejemplo, http://www.fne.gob.cl/fne-realiza-taller-para-periodistas-٢٠١٧/.

[74] El año 2017 hicimos una encuesta a los ex funcionarios de la FNE que trabajaron con nosotros en los últimos diez años, cuyos resultados se encuentran en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Encuesta-a-ex-funcionarios.pdf. Anónimamente, el 91 por ciento de ellos evaluó en forma satisfactoria y muy satisfactoriamente su experiencia en la FNE, y el 95 por ciento dijo que recomendaría trabajar en la FNE. Pero algo aún más importante para la defensa y promoción de la libre competencia en nuestro país: el 51 por ciento dijo que siempre aplicaba conocimientos de libre competencia en su actual trabajo, y el 45 por ciento, que lo hacía ocasionalmente.

[75] Ver la “Cuenta Pública de la Fiscalía Nacional Económica, del período 2015-2016”, en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso-Cuenta-Publica-040517.pdf.

[76] Además, esto se avenía muy bien con el derecho de competencia, que combina ambas disciplinas, en especial en un sistema como el chileno en el que dos ministros del TDLC son economistas.

[77] A esa fecha, la FNE contaba con profesionales egresados de las siguientes universidades: Georgetown University, Nueva York University, The London School of Economics and Political Science, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Ámsterdam, Universidad de Barcelona, University College London, University of British Columbia-Vancouver, University of California-Berkeley, University of Cambridge, University of London-Birkbeck College, University of London-King’s College, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Oxford, University of Wisconsin-Madison y Yale University. Sin duda, el programa Becas Chile nos ayudaba, tanto para enviar a los profesionales de la FNE a perfeccionarse en el extranjero como para recibir a los que volvían de sus estudios.

[78] Durante el período 2010 a 2018, los siguientes profesionales prestaron servicios a la FNE, en temas de su experticia: Alan Frankel, Aldo González Tisinetti, Alexander Galetovic Potsch, Andrés Fuchs Nissim, Andrés Gómez-Lobo Echeñique, Antonio Bascuñán Rodríguez, Arturo Fermandois, Carlos Noton Norambuena, Carlos Pizarro Wilson, Carlos Portales Echeverría, Claudio Agostini González, Claudio Magliona Markovicth, Cristián Maturana Miquel, Eduardo Cordero Quinzacara, Eduardo Engel Goetz, Eleonora Ocello, Enrique Barros Bourie, Enrique Navarro, Enrique Vergara Vial, Felipe Bulnes Serrano, Fernando Coloma Ríos, Fernando Díaz Hurtado, Florian von Papp Wagner, Frederic Jenny, Ioannis Lianos, Jaime Arancibia Mattar, Jorge Bofill Genzsch, Jorge Correa Sutil, Jorge Grunberg Pilowsky, José Luis Lara Arroyo, José Luis Lima Reina, Juan Pablo Mañalich Raffo, Juan Pablo Montero, Julio Peña Torres, Leonardo Basso, Luis Barros Cabero, Luis Cordero Vega, Luis Morand Valdivieso, Marcelo Olivares Acuña, María Soledad Krause Muñoz, Mario Olivares González, Massimo Motta, Michael Carrier, Michael Jacobs, Miguel Chávez Pérez, Mona Chammas, Nicolás Figueroa González, Octavio Bofill Genzsch, Okeoghene Odudu, Ramiro Mendoza Zúñiga, Ramón Domínguez Águila, Raúl Núñez Ojeda, Ricardo Jungmann Davies, Ricardo Sanhueza Palma, Richard Whish, Roberto Plass Gerstmann, Rodolfo Fuenzalida Sanhueza, Siobhan Dennehy, Spencer Waller, Tom Ross, Tomás Rau Binder y Valentina Paredes Haz. Incluso la FNE publicó el año 2017 un libro que recoge algunos de los informes en derecho que solicitó y que presentó en determinadas causas. Ver Reflexiones sobre el derecho de la libre competencia: Informes en derecho solicitados por la Fiscalía Nacional Económica (2010-2017). Disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/FNE-Libro.pdf.

[79] Además, se crearon instancias multilaterales, en las que se compartían experiencias y conocimientos de mercados específicos. Ver, por ejemplo, “Declaración de Lima”, en la que Chile, Colombia y Perú acordaron crear un espacio de intercambio de experiencias entre las agencias de competencia en temas jurídicos o económicos y, además, fortalecer los mecanismos de cooperación y capacitación. Disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/dec_lima_2013.pdf. Algo similar se hizo posteriormente con México.

[80] Quizás el indicador más objetivo de cómo mejoró la posición de la FNE en el ámbito internacional sea el ranking de agencias que cada año elabora Global Competition Review, calificando a las autoridades principales de todo el mundo. El sólo hecho de estar listado ahí era por cierto un honor. En esa lista, pasamos de tener dos estrellas en 2010 a 2,5 estrellas en 2011 y 3 estrellas en 2015. Otras muestras del éxito de integración de la FNE son el ingreso al bureau del Comité de Competencia de la OCDE, el ingreso de la División Anti Carteles al Grupo de Carteles de ICN, la presidencia del Comité de Competencia de APEC y el patrocinio de la primera reunión anual ISCI-Cresse en Latinoamérica para economistas.

[81] Aprovechamos las reuniones anuales de la American Bar Association, que ocurren una vez al año en Washington, DC, para visitar a los estudios de abogados internacionales y explicarles los cambios que venían. Eso nos ayudó a acelerar el acoplamiento a nivel internacional de nuestros programas de delación compensada y de notificaciones de operaciones de concentración.

[82] Ver “Cuenta pública 2017” del Fiscal Nacional Económico”, en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/Discurso_final.pdf.

[83] Ver “Panorama de la sociedad 2016, la situación de Chile, OECD”, donde se sostiene: “Chile pertenece al grupo de países de la OCDE con bajos niveles de confianza: menos del 13 por ciento de los chilenos expresan confiar mucho en los demás (36 por ciento en la OCDE) (…); también, los jóvenes chilenos tienden a confiar menos en el gobierno que el resto de la población”. Disponible en https://www.oecd.org/chile/sag2016-chile.pdf.

[84] Ver María Soledad Krause M. y Rodrigo González F., “La confianza en la construcción de la realidad social”, Revista de Filosofía 41, n.º 1 (2016): 33-53.

ENTREVISTA

PETER SLOTERDIJK: “LA VIDA DEBIERA ORIENTARSE MENOS HACIA SU PROLONGACIÓN Y MÁS HACIA SU PROFUNDIDAD”*

Alfonso Peró

El Mercurio

RESUMEN: En esta entrevista, previa a su visita a Chile en noviembre de 2018, el filósofo alemán Peter Sloterdijk se refiere a distintos tópicos de su obra filosófica, tales como la administración política de la ira, la voluntariedad de los impuestos y la globalización. También aborda otros temas coyunturales, como el auge del populismo y la crisis de la Iglesia Católica.

PALABRAS CLAVE: ira, impuestos, populismo, globalización.

PETER SLOTERDIJK. Filósofo alemán (Karlruhe, 1947). Autor de Crítica de la razón cínica (1983) y Esferas I, II y III (1998, 1999 y 2004), así como de los ensayos Ira y tiempo (2006), Los hijos terribles de la modernidad (2014), ¿Qué sucedió en el siglo XX? (2016), entre otros libros.

ALFONSO PERÓ. Periodista de la Universidad Finis Terrae. Management and Business Track Diploma Program UC Berkeley y Eisenhower Fellow. Editor de política y reportajes de El Mercurio. Email: alfonso.pero@mercurio.cl.

* Versión revisada de la entrevista hecha por Peró a Sloterdijk vía email y publicada en el cuerpo Reportajes de El Mercurio, el domingo 11 de noviembre de 2018. Estudios Públicos agradece a Enrique Barros Bourie la traducción de esta entrevista. La versión en alemán se reproduce para quienes quieran acceder a las respuestas originales de Sloterdijk.

PETER SLOTERDIJK: “WE SHOULD BE CONCERNED LESS WITH THE LENGTH OF LIFE THAN WITH ITS DEPTH”

ABSTRACT: In this interview before his visit to Chile in November 2018, the German philosopher Peter Sloterdijk talks about different areas of his philosophical work, such as the political administration of rage, voluntary taxation and globalization. He also addresses other topical issues such as the rise of populism and the crisis in the Catholic Church.

KEYWORDS: rage, taxation, populism, globalization.

INTRODUCCIÓN

Si bien las respuestas que da son atractivas y provocativas —una rara mezcla de imágenes difusas y concretas—, las preguntas que plantea el filósofo alemán Peter Sloterdijk (1947) son fuertemente resonantes, impregnadas todas de vínculos amplios: ¿Cómo se racionaliza el Estado? ¿Cómo conciliar el hecho de que mientras la economía necesita la paz, el Estado necesita la guerra? ¿Quiénes cumplen hoy con el papel de administrar la ira? Es un rupturista, le dicen el Friedrich Nietzsche de nuestra época. Impregna frases como “hoy el ciudadano, el individuo moderno, acumula desilusiones”,[1] tras declarar que hay que repensar el Estado, pues la ciudadanía demanda autenticidad y paz (“la utopía de hoy es un Estado libre de guerras”[2]), mientras que el Estado es una “potencia bélica” que observa al individuo como un deudor y no como un contribuyente generoso. A su juicio, la tensión entre el Estado y la libertad —pues el primero habría surgido de los gobiernos absolutistas— monopoliza el poder por el miedo.[3]

El mayor problema que ve en esto es que se acumula la ira y “la ira se convierte en resentimiento; aquí volvemos a Nietzsche, porque Nietzsche es el padre fundador de la filosofía del resentimiento. Los afectos como la ira y otros pueden ser recolectados en bancos de afectos, y los partidos políticos son esos bancos de afectos, que pueden aclarar mi ira de manera de que mis afectos lleguen a representarse en el escenario social”.[4]

Por otro lado, para el filósofo, la tributación actual tiene un fundamento inadecuado, que otorga un poder muy amplio al Estado y que perjudica a los contribuyentes, de manera que debe pensarse una nueva ética política para el futuro. Dice: “Excluir a la ciudadanía de las grandes decisiones alimenta un proceso de degeneración del modelo democrático y se corre el riesgo de una indignación general”.[5]

Según Sloterdijk, aún no peligra la democracia, pero “el sistema está muy debilitado. Los electores sienten que no hay alternativas y que todo conduce a la confusión”.[6] “No creo que la sociedad occidental esté en vísperas de una erupción volcánica en la política (...). Puede ser un choque más que un estallido”,[7] dice con ese tono pausado con el que le da a cada letra un sentido magistral.

ENTREVISTA

—En uno de sus libros, usted ha dicho que la ira se puede despertar cuando se decepcionan las esperanzas.[8] Hoy, las sociedades están marcadas por la violencia, la desconfianza, el desempleo, la corrupción, etcétera. ¿Cree que Occidente es un volcán a punto de explotar?

—Nada mejor que comenzar nuestra conversación con reflexiones sobre conceptos como rabia, esperanza, desengaño y desconfianza. Pertenecen al vocabulario del análisis psicopolítico, al que me he dedicado por un cuarto de siglo. Su pregunta muestra que entre estos conceptos existe una secuencia, que se sigue de la lógica de los sentimientos que son efectivos en la política. Cuando se ha partido de la esperanza y de la confianza y se experimenta el desengaño, las consecuencias naturales son desconfianza y rabia. Éstas son tangibles en las elecciones, en las que ganan el poder partidos de la ira y coaliciones de la desconfianza. Fenómenos como corrupción, violencia y cesantía, según el análisis psicopolítico, son eficaces en primera línea como factores de desmoralización, desánimo y aislamiento. Con estos sentimientos, los afectados no tienen nada de lo que puedan sentirse orgullosos en común; en el mejor de los casos, pueden provocar acuerdos defensivos frente al mal. Sólo muy raramente la rabia puede producir efectos amplios y sustentables de solidaridad.

No creo que la sociedad occidental esté en vísperas de una erupción volcánica en la política. Pueden ocurrir muchas cosas, pero lo característico de estos tiempos son los cambios por implosión, por derrumbe hacia adentro. La Unión Soviética desapareció por implosión. Venezuela se ha derrumbado por implosión. En un día de elecciones, en junio de 2017, el sistema tradicional de partidos en Francia fue enviado de vacaciones sin ruido por La république en marche!, de Macron. En Italia existe por largo tiempo un sistema político en “permanente implosión”. Por el contrario, en muchos países lo que sí se desarrolla explosivamente es la deuda pública. Si entendemos la erupción volcánica como metáfora de la “revolución” —como dice la primera estrofa de la Internacional: c’est l’éruption de la fin—, a uno le resulta claro que puede ser un crash, más que de un estallido.

—Friedrich Hayek dijo que un buen economista no es sólo economista, y que a él le gustaba pensar que era algo más que sólo un economista. En los últimos años ha habido una predominancia de los economistas en la formulación de políticas públicas. En su desarrollo, ¿falta filosofía política?

—La pregunta acerca de si a nuestros sistemas de convivencia les falta filosofía, se contesta con un “no”. Primero, no se ve un déficit de filosofía. Todos los actores esenciales en los escenarios estatales del mundo son Estados constitucionales. Las constituciones no son más que filosofías políticas congeladas, y no es raro que también antropologías políticas. Es lo que se muestra en los catálogos de derechos fundamentales y en el diseño de las instituciones, construidas en general sobre las ideas de la Ilustración sobre distribución de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el papel, es la filosofía en el poder. Si entiendo bien a von Hayek, en su obra tardía buscó mecanismos de conducción política y jurídica que vienen bien a la creatividad de la economía movida por el dinero, evitando que las intervenciones estatales conduzcan a efectos cuasi socialistas. En este contexto es plausible su dicho según el cual quien entienda sólo algo de economía, no entiende nada de economía. De hecho, la economía —como teoría de las pasiones adquisitivas, posesivas y consumistas— es una ciencia humana, que se funda en filosofías implícitas.

Desde mi perspectiva, son falsas casi todas las filosofías económicas, también la de F. von Hayek, porque acentúan unilateralmente las pulsiones de apropiación y de expansión de sí mismo. Una teoría psicopolítica realista del ser humano debiere finalmente levantar de nuevo, en vinculación con las intuiciones psicológicas de Platón, el conflicto primario de Eros y Thymos; esto es, la lucha interna entre querer tener y el sentido de orgullo y de vergüenza. Quien quiera concebir al hombre verdadero y su lugar en el intercambio de los bienes no llega a parte alguna si no toma en cuenta el duelo entre el impulso de poseer y la generosidad. La lucha entre la codicia y la ofrenda sensible no se materializa sólo entre grupos sociales; se construye a partir de la conditio humana de cada individuo.

—Usted propuso que el pago de impuestos sea voluntario. Señaló que los gobiernos reclaman al año para el fisco no menos de la mitad de todos los éxitos económicos de sus capas productivas, sin que los afectados recurran a la reacción más plausible a esta situación: la guerra civil anti-fiscal. Esto sólo se puede explicar por los sentimientos de culpa que nuestra cultura moral sabe inocular en todos los no pobres. ¿Por qué la culpa sería responsable y no una concepción racional de justicia a lo Rawls? ¿Por qué cree que los ricos voluntariamente pagarán impuestos? ¿Cómo podría el Estado planificarse y sostener sus políticas, si sus ingresos dependen sólo de la buena voluntad de los ciudadanos?

—Cuando en 2010 presenté la idea de que los impuestos no debían seguir siendo considerados como obligaciones de los ciudadanos para con el Estado, sino como aportes voluntarios de quienes los pagan al fisco, se dejó caer en las páginas culturales alemanas, en particular en el espacio liberal de izquierda y socialdemócrata, un griterío de los bien pensantes: esta “nueva insensibilidad social”, este “neoliberalismo despiadado”, este “desvío típicamente generacional de un tipo del 68 hacia posiciones neoconservadoras”. Luego de unas pocas semanas de “debate”, sólo quedó de mis reflexiones una irónica caricatura cínica, que bailaba sobre los escombros del Estado social. Esta caricatura dio vueltas por medio mundo. No desconozco que ser objeto de caricaturas pueda ser una distinción, a menos que uno se tenga por Mahoma y sufra esa hipersensibilidad frente a la ironía de los no creyentes tan característica de los profetas. No es ése mi caso, al menos así lo veo, pero preferiría leer una paráfrasis correcta de mis reflexiones antes de que ellas sean víctimas de la parodia.

El pensamiento principal de mi artículo periodístico “La revolución de la mano que da”[9] decía que la única fundamentación sistemático-jurídica para la imposición de impuestos en democracias consiste en el reconocimiento del contribuyente como patrocinador de la comunidad. La percepción predominante por todas partes es entenderlo como un deudor del Estado, al que es justo privar cada año de una parte de su patrimonio. Esta concepción se muestra, en el contexto de mis reflexiones, como una calamidad política y moral. En ella se manifiesta la falla constructiva psicopolítica de toda la política fiscal moderna, que ha heredado del absolutismo y del feudalismo tardío la sumisión de los ciudadanos al poder estatal. A las libertades democráticas también pertenece inevitablemente la libertad del dar para la comunidad, si por “libertad” no entendemos un seudónimo de sometimiento. La ciudadanía en una democracia sólo puede ser creíble si también es soberana respecto del fisco. Como tal, las personas serían tratadas como dadores de contribuciones espontáneas a la caja común, en correspondencia con sus percepciones acerca de las necesidades comunes; los ciudadanos no pueden seguir siendo concebidos ni tratados como sujetos sometidos a aportes forzosos.

Como se ve, estas reflexiones nada tienen que ver con una invocación a la buena voluntad de los ricos. Por lo demás, puede verse en la cultura filantrópica norteamericana que los aportes para fines de bien común en ningún caso son una afición de millonarios; se trata de un hábito popular de arraigo profundo. A partir de todo esto, sería una exigencia adicional a la imaginación política declarar oficialmente que los impuestos de todo tipo resulten de actos auto-filantrópicos en la sociedad democrática. Entonces operaría una diferencia mayor con la sustracción: si todos los contribuyentes son reconocidos como dadores, cada contribución al fisco, desde la suma más pequeña a la más grande, sería considerada como un acto de honor, no de imposición, un gesto de alegría, no de sometimiento a una sustracción inevitable. La evasión tributaria pasaría a igualarse con el deshonor. Lo que en el régimen de imposición forzosa, con su consecuencia penal, es un evidente gesto de aversión, pasaría a ser un ecosistema del honor y la evasión, una vergüenza voluntaria. Creo que así introduciríamos un experimento antropológicamente informativo acerca de si de un clima de fuerza efectivamente fluyen más recursos al fisco que de uno de empatía honorable. Se ha intentado hacer prácticamente todo desde la perspectiva de la fuerza. Tendremos que esperar al experimento de la fiscalidad del honor.

Por lo demás, con esta reflexión me acerco a las recomendaciones de Marcel Mauss, cuyo ensayo sobre El don, publicado hace casi cien años, todavía supera el debate actual. Él mostró que el dar —le don—, junto al parentesco, es fundamento del más intenso vínculo social. La paradoja del dar consiste en que opera de modo bipolar: por un lado es un acto de espontaneidad y por otro crea el deber de reciprocidad. En él se funden en uno el deber y la libertad. Si se interpretan los impuestos bajo una nueva luz, desde Mauss, puede mostrarse que el Estado no necesariamente pierde si confía a los ciudadanos la capacidad de proveerlo con los medios que requiere para su funcionamiento.

—¿Qué opina de los líderes populistas, nacionalistas que han tenido un éxito importante en los últimos años? ¿Qué pasa con el centro político? ¿Desapareció, está en vías de disolución o sólo pasa por un mal período? Donald Trump es un ejemplo; Jair Bolsonaro, en Brasil, otro.

—Desde una perspectiva sociodinámica, el éxito de movimientos o partidos neo-nacionalistas en muchos lugares del mundo es una respuesta completamente lógica al fenómeno que desde hace algunos decenios se llama “globalización”. Que la mayoría de los sociólogos y politólogos de Occidente respondan a ella con asombro y escándalo deja al descubierto la unilateralidad de su formación. La mayoría de ellos obviamente nunca han oído de la tercera ley de Newton: acción es igual a reacción. Sólo si se toma conocimiento de ello, se puede intentar una explicación de por qué no debe regir también en la política. Se reclama para la esfera política una física especial, donde la acción siempre está en lo correcto y la reacción en lo incorrecto. La primera es innovativa y la segunda pertenece a las leyes de la inmutabilidad. En el siglo XIX era reaccionario quien deseaba la permanencia de relaciones basabas en el predominio de monarcas, aristócratas y señores coloniales. No se puede negar que el sector antireaccionario podría hoy invocar fuertes razones para su manifiesto.

El siglo XX estuvo dominado por el tumulto de las reacciones revolucionarias; en primer lugar del antiliberalismo (católico, fascista y comunista) y del anticolonialismo. A comienzos del siglo XXI, la “reacción” responde a una tendencia de la disolución de las comunidades nacionales por élites transnacionales, a la sustitución de naciones recién reencontradas por asociaciones trasnacionales, a la disgregación del proletariado nacional organizado por mercados laborales sin fronteras y a la disolución de los pueblos por gene-pools que se entremezclan.

Lo original de la situación actual se muestra en que, a diferencia de los años veinte y treinta del siglo XX, la característica “reaccionaria” se reconoce a simple vista en las posiciones radicales de izquierda, y ni hablar de los extremismos de derecha. Con los reflejos del siglo XX, es cada vez más difícil interpretar las realidades del siglo XXI. Irónicamente, la racionalidad política exige compasión con los “reaccionarios”. Pero es claro que no se les puede permitir destruir el centro, porque sólo desde allí es posible una política constructiva. A esto lleva un pensamiento en marcos de tiempo más extensos. Figuras patológicas como Trump, Bolsonaro, Duterte, Erdogan, Putin y otros producirán, sin duda, enormes daños al espíritu de sus comunidades políticas. Desde la perspectiva de los grandes relatos, ellos no son más que capítulos transitorios.

—¿Qué percepción tiene de la globalización? ¿Cómo ve la protección de las industrias locales y los procesos migratorios?

—Debiese, ante todo, comprenderse que la llamada globalización es en primera línea un acontecimiento en la historia de la verdad, relacionada con la historia de la cosmología y de la navegación. En ella va envuelta la prueba de la configuración global de la Tierra. Ella fue representada ya alrededor del 500 antes de Cristo por los filósofos-geómetras herederos de Pitágoras, y fue probada con medios náuticos por marinos europeos como Colón, Vasco de Gama y Magallanes, y demostrada científicamente por físicos como Copérnico y Kepler. En nuestro tiempo es confirmada cada noventa minutos por la International Space Station. Que la Tierra es una mónada planetaria, una singularidad cuasi esférica, habitada por incontables formas de vida, todo eso es un conocimiento cuya resiliencia muestra que el empirismo de las matemáticas puede llegar a ser igual que el de las otras ciencias.

Los cosmógrafos y navegantes europeos fueron quienes impusieron este conocimiento a los pueblos de todo el mundo. Eso nada tiene que ver con eurocentrismo. La “verdad de la Tierra” vale para todos los habitantes de la Tierra, con independencia de si la alcanzaron con sus propios medios. Contra la verdad es ineficaz el proteccionismo. Más aún, a la larga es un sinsentido. Que ahora muchos de aquéllos que fueron descubiertos y por un tiempo sometidos por europeos quieran llegar a Europa o a la ex colonia europea, Estados Unidos de América, muestra cómo están permeados por la ilustración geográfica europea y norteamericana. Las migraciones son ambiguas: muestran, por un lado, que hay gente que quiere huir de su lugar de origen; también muestran que hay puntos de atracción que orientan hacia un punto de destino. Ambas observaciones confirman el proverbio: ubi bene, ibi patria.[10]

—El diccionario inglés Oxford declaró el término “posverdad” como la palabra internacional del año 2016. ¿Cree que este fenómeno está vinculado con la preeminencia de la apariencia que promueven las redes sociales? En un mundo virtual, ¿qué lugar le cabe a la verdad?

—Una entrada como posverdad ilustra que los redactores del diccionario más serio del mundo no son inmunes a la patraña. No puede haber una situación “después de la verdad”, tanto lógica como históricamente. Que Donald Trump haya jurado como Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017 delante del Capitolio, es una verdad de hecho hasta el fin de los tiempos. Que él desde entonces yerre o mienta en promedio ocho veces al día, permanecerá para siempre en los anales del cargo de la presidencia. Lo que en verdad se observa a lo ancho del mundo es una inflación galopante de noticias inventadas y de imágenes falsificadas. La experiencia muestra, sin embargo, que luego de las más grandes inflaciones se regresa a valores más acotados. Quien habla de manera acrítica de la posverdad, muestra una tendencia a arrodillarse ante eslóganes pretenciosos.

Lo que de hecho se observa desde hace una década es la desmedida multiplicación de comunicaciones privadas por las llamadas redes sociales, que más bien son asociales. La importancia de una publicación se mide por el número de visitantes. Pero el consenso no prueba nada. Si siete mil millones de seguidores confirmaran la noticia de que la Tierra es un disco, sería un despropósito, pero el único que dijera la verdad confirmaría que es una esfera. En la red global parasita la evidencia de que todas las redes se extienden sobre el planeta Tierra. La portadora de todos estos constructos no es en sí misma más que un constructo.

—En una entrevista con Le Point usted menciona que la “selfie” es el nuevo género autobiográfico, como si fuese necesario divulgar y fijar de forma permanente el deseo narcisístico. También dice que hoy el “idiota” está obsesionado con la imagen de sí que brinda a los otros.[11] Las nuevas tecnologías de la comunicación están desafiando nuestra comprensión de la realidad. De pronto, pareciera ser que lo que nos sucede en los portales virtuales como Facebook, Instagram, Twitter es más importante que lo que nos pasa en la vida real. ¿Cree que la apariencia logrará superar la realidad? ¿Se requiere una nueva ontología o es simplemente una nueva forma de donación del ser?

—La vida como filósofo tiene muchas desventajas. Por ejemplo, se es permanentemente testigo de cómo la gente se engolosina con ilusiones, mientras uno mismo vive a dieta. Pero también a veces tiene ventajas: cuando aficionados hablan de “parecer” y “ser”, o cuando se fantasea sobre la degradación de los sujetos humanos por máquinas inteligentes, se sabe por adelantado gracias al oficio hacia dónde conduce todo eso. Se recuerda el siglo de oro español, cuando se discutió con virtuosismo sobre rostros verdaderos y máscaras; o el romanticismo alemán temprano, que sabía todo acerca del estatus ontológico de las ficciones. Quien tiene una gran biblioteca, conoce también a Jorge Luis Borges, para quien todo lo que es se compone de selfies irónicas del absoluto.

—Este año[12] se cumplieron 45 años desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile y el inicio de la dictadura hasta el plebiscito que permitió el retorno a la democracia en 1990. Este proceso es una herida que todavía divide a los chilenos. A principios de los años ochenta se inició una liberalización económica en Chile que se ha mantenido hasta estos días. A grandes rasgos, ¿cómo ve la situación en Chile?

—Para un europeo, Chile es ante todo casi inimaginablemente lejano. Apenas se puede ir más lejos en el planeta. Después nos vienen a la mente los nombres de Allende y Pinochet. De una vez se nos acerca mucho el lejano país. Sentimos que Chile pertenece a la familia de las naciones trágicas. Se tiene un tema común: modernización, delitos y desarrollo desigual. Hace muchos años tuve un alumno que había sido policía en el gobierno de Allende y debió huir. Tenía la pretensión de obtener asilo y estudió alemán. Gracias a él aprendí el texto de “Guantanamera”: “Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca amparo en el monte”. Más tarde encontré que Isabel, sobrina nieta de Allende, lograba grandes tirajes para sus novelas en la misma editorial donde yo publicaba. ¿Qué es la némesis divina? ¿Era una parte de la regeneración de Chile? Ella misma parece haber hecho la paz con la historia doliente, en particular cuando en 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura.

—¿Cómo ve la crisis de la Iglesia Católica, ese gran administrador de la ira? ¿Cree que la ciencia reemplazará a la religión en este rol, al menos en Occidente, como lo adelantó Nietzsche?

—La Iglesia Católica está en crisis al menos desde 1789. Se ha especializado en el arte de la sobrevivencia, en tanto primero probó la no adaptación y, luego, la adaptación. No hay razón para que eso no perdure otros mil años. La “voluntad de creer”, de la que hablaba William James en 1896, atraviesa coyunturas históricas y en el largo plazo sus valores permanecen constantes. La Iglesia ya no juega ningún rol como administradora de la ira. Juan Pablo II remarcaba ocasionalmente: “Esperemos que el infierno esté vacío”. Pero no ha sido la ciencia la que ha reemplazado a la Iglesia como administradora de la ira, sino el Islam, en la medida en que logre defender el más allá.

—El ser humano busca —y probablemente seguirá buscando— extender la vida por más años. Los especialistas dicen que pronto viviremos 150 años e incluso 200. ¿Qué le parece todo esto? ¿Le gustaría vivir esa cantidad de años? Es más, algunos especialistas dicen que en pocos años más podremos alcanzar la inmortalidad. Heidegger dice que la muerte determina nuestra existencia completa. ¿Dejaríamos de ser hombres si alcanzáramos la inmortalidad? ¿Qué consecuencias éticas avizora?

—No existe en verdad el riesgo de que los hombres sean alguna vez inmortales, más allá del recuerdo de las generaciones posteriores. La expectativa de vivir 150 o 200 años en el mismo cuerpo es suficientemente terrible. Antes de los sesenta años el ser humano se volverá completamente neurótico, porque no podría permitirse ni una pequeña herida, ninguna gripe, beso o apretón de manos con el vecino, ya que siempre estaría pensando en los cien años de vida que se ponen en juego con el más mínimo error. Se estaría condenado, desde los ochenta, a pasar la vida en un centro biológico con estándares de alta seguridad, como preso de su propia longevidad.

Como se sabe, casi todo mal se sigue de la feroz voluntad de autoconservación. Nace de la incapacidad de comprender cuándo ya es suficiente. Si la mayoría de nosotros viviera sobre 150 años, la maldad sin fronteras de los ancianos haría caer al mundo en innumerables guerras, más allá de Hobbes y el Armagedón. Por eso, la vida debiera orientarse menos hacia su prolongación y más hacia su profundidad.

INTERVIEW

—In einem Ihrer Bücher behaupten Sie, dass „der Zorn durch enttäuschte Hoffnungen entfacht werden kann“. Heutzutage ist die Gesellschaft durch Gewalt, Unzuverlässigkeit, Arbeitslosigkeit, Korruption usw. geprägt. Glauben Sie, dass das Abendland einem Vulkan gleicht, der jeden Moment ausbrechen kann?

—Mir scheint, wir könnten nichts Besseres tun, als unser Gespräch mit Überlegungen zu Ausdrücken wie Wut, Hoffnung, Enttäuschung und Mißtrauen zu beginnen. Sie gehören zum Vokabular der psychopolitischen Analyse, mit der ich mich seit einem Vierteljahrhundert beschäftige. Ihre Frage zeigt, dass es unter diesen Begriffen eine Reihenfolge gibt, die aus der Logik der politisch wirksamen Gefühle folgt. Wenn man mit Hoffnung und Vertrauen angefangen hat und Enttäuschung erlebt, sind Mißtrauen und Wut die natürlichen Konsequenzen. Diese werden greifbar in Wahlen, bei denen Wutparteien und Koalitionen des Mißtrauens an Macht gewinnen. Phänomene wie Korruption, Gewalt und Arbeitslosigkeit werden, der psychopolitischen Analyse gemäß, in erster Linie als Faktoren der Demoralisierung bzw. der Entmutigung und der Isolierung wirksam. An ihnen ist ja nichts, worauf die Betroffenen gemeinsam stolz sein könnten; bestenfalls lassen sich unter ihnen Abwehrbündnisse gegen die Übel schließen. Nur selten bewirkt die Empörung breitere und haltbare Solidarisierungseffekte.

Ich denke nicht, daß der westlichen Gesellschaft eine Phase des politischen Vulkanismus bevorsteht. Es kann viel passieren, aber für die typischen Veränderungen von heute sind eher Implosionen bezeichnend: Die Sowjetunion verschwand durch Implosion, die sklerotische DDR ging lautlos unter, Venezuela implodierte, das etablierte französische Parteiensystem wurde an einem Wahltag im Juni 2017 durch Macrons Bewegung La république en marche fast lautlos in den Urlaub geschickt. Was Italien angeht, so existiert sein politisches System seit langem in dem paradoxen Zustand der „permanenten Implosion“. Was sich hingegen explosiv entwickelt, sind die Staatsschulden vieler Länder. Verstehen wir die Vulkanexplosion als Metapher für „Revolution“ —wie in der ersten Strophe der Internationale: c’est l’éruption de la fin—, so wird einem klar, dass es heute mehr um den Crash als um den Ausbruch geht.

—Friedrich Hayek sagte, ein guter Wirtschaftswissenschaftler soll nicht nur Wirtschaftswissenschaftler sein. Hayek selbst dachte wohl, dass er etwas mehr als ein bloßer Wirtschaftswissenschaftler war. In den letzten Jahren überwiegen die Wirtschaftswissenschaftler in der Gestaltung der Politik. Fehlt nicht die politische Philosophie in der Entwicklung der Politik?

—Die Frage, ob es unseren Systemen des Zusammenlebens in Staaten an politischer Philosophie fehlt, ist mit Nein zu beantworten. Fürs erste ist an Philosophie kein Mangel zu erkennen. Alle wesentlichen Spieler auf der Staatenbühne der Welt repräsentieren Verfassungsstaaten —Verfassungen sind nichts anderes als gefrorene politische Philosophien, nicht selten auch politische Anthropologien. Diese bekunden sich in Grundrechts-Katalogen und im Design von Institutionen, in der Regel aufbauend auf aufklärerischen Ideen zur Teilung der exekutiven Gewalt von der rechtsprechenden und der gesetzgebenden. Auf dem Papier ist die Philosophie an der Macht. Verstehe ich von Hayek richtig, suchte er in seinem Spätwerk nach politischen und juristischen Steuerungsmechanismen, die der Kreativität der geldgetriebenen Ökonomie zugutekommen, ohne daß staatliche Interventionen zu para-sozialistischen Effekten führen. In diesem Kontext wird sein Satz plausibel, daß, wer nur etwas von Ökonomie verstehe, auch von Ökonomie nichts versteht. Tatsächlich ist Ökonomie —als Theorie der akquisitiven, possessiven und konsumptiven Leidenschaften— eine Humanwissenschaft, die in impliziten Philosophien gründet.

Aus meiner Sicht sind freilich nahezu sämtliche ökonomischen Philosophien falsch, auch jene von Hayeks, weil sie beim Menschen einseitig das Streben nach Aneignung und Selbstausdehnung betonen. Eine psychopolitisch realistische Theorie des Menschen müßte in diesem endlich wieder (anknüpfend an Platons psychologischen Intuitionen) den primären Widerstreit von Eros und Thymos hervorheben, das heißt das innere Ringen zwischen Habenwollen und Zu-Geben-Haben. Wer den wirklichen Menschen und seinen Ort im Stoffwechsel der Güter begreifen will, kommt nicht umhin, das Duell zwischen Besitzstreben und Großzügigkeit in Betracht zu ziehen. Der Kampf zwischen der Gier und der vornehmen Verausgabung vollzieht sich nicht bloß zwischen sozialen Gruppen; er bildet sich ab in der conditio humana jedes einzelnen.

—Sie haben vorgeschlagen, dass Steuern freiwillig bezahlt werden sollen. Sie behaupten nämlich, dass die Regierungen mehr als die Hälfte der wirtschaftlichen Erfolge der Produktionschichten für sich verlangen, ohne dass die Betroffene die normale, angebrachte Reaktion zeigen: einen antifiskalischen Bürgerkrieg. Dies lässt sich nur mit den Schuldgefühlen erklären, die unsere Moralkultur in jeden Nicht-Armen einplanzt. Aber warum ist die Schuld die Erklärung und nicht eine rationale Auffassung à la Rawls? Warum glauben Sie, dass die Reichen freiwillig Steuer zahlen werden? Wie könnte sich der Staat organisieren und Pläne machen, wenn seine Einnahmen nur vom guten Willen der Bürger abhängen?

—Als ich so um 2010 die Idee vorbrachte, man soll die Steuern künftig nicht mehr als Schulden der Bürger beim Staat betrachten, sondern sie als freie Spenden der Zahler an den Fiskus ansehen, kam es in den deutschen Feuilletons, namentlich im linksliberalen und sozialdemokratischen Lager, zu einem Aufschrei der Wohlmeinenden: diese „neue soziale Kälte“, diese „neoliberale Verrohung“, dieses „generationstypische Abgleiten eines alten 68ers zu neo-konservativen Positionen“. Nach wenigen Wochen der „Debatte“ war von meinen Überlegungen bloß noch ein zynisch grinsendes Gerippe übrig, das über den Trümmern des Sozialstaats tanzte. Diese Karikatur ging um die halbe Welt. Ich verkenne nicht, daß es eine Auszeichnung sein kann, Gegenstand von Karikaturen zu werden, außer man heißt Mohammed und legt die für Propheten kennzeichnende Überempfindlichkeit gegen die Ironie von Ungläubigen an den Tag. Dies ist bei mir, soweit ich sehe, nicht der Fall; doch zöge ich es vor, eine korrekte Paraphrase meiner Reflexionen zu lesen, bevor sie der Parodie zum Opfer fallen.

Der Grundgedanke meines Papiers über Die gebende Hand und die nehmende Seite lautete: Die einzige rechtssystematisch kohärente Begründung für die Erhebung von Steuern in Demokratien besteht in der Anerkennung des Steuerzahlers als eines Sponsors des Gemeinwesens. Die allenthalben vorherrschende Annahme, er sei in Wirklichkeit ein Schuldner des Staates, dem ganz recht geschieht, wenn er eine alljährliche Pfändung eines Teils seines Vermögens erleidet, erweist sich im Kontext meiner Überlegungen als eine moralische und politische Kalamität. In ihr manifestiert sich die psychopolitische Fehlkonstruktion der gesamten neueren Fiskalität: Diese hat vom Absolutismus und Spätfeudalismus die Unterwerfung der Bürger unter den Staatszwang geerbt. Zu den Freiheiten der Demokratie muß unvermeidlich auch die Freiheit des Gebens für die Allgemeinheit gehören, wenn „Freiheit“ nicht ein Pseudonym für fiskalische Untertänigkeit sein soll. Die Bürgerschaft der Demokratie kann als Souverän erst dann glaubwürdig werden, wenn sie auch Souverän des Fiskus ist. Als solcher wäre sie als Geber von spontanen Beiträgen zur Gemeinwesen-Kasse anzusehen, entsprechend ihren Einsichten in deren Bedürfnisse; die Bürger dürften nicht länger als Dulder von Zwangsabgaben aufgefaßt und behandelt werden.

Wie man sieht, haben diese Überlegungen nichts mit dem Appell an den guten Willen der Reichen zu tun. Im übrigen kann man an der philanthropischen Kultur der USA ablesen, daß das Spenden zu Zwecken des Gemeinwohls keineswegs nur ein Hobby für Millionäre ist; es ist ein tief verankerter populärer Habitus. Von hier aus würde es eine zusätzliche Anstrengung der politischen Imagination kosten, um jede Art des Steuerzahlens offiziell als eine auto-philanthropische Geste der demokratischen Gesellschaft zu deklarieren. Dabei käme die Unterscheidung zum Tragen, die den größtmöglichen Unterschied bewirkt: Sind alle Steuerzahler als Geber anerkannt, so wäre jeder Beitrag zum Fiskus, vom kleinsten Betrag bis zur höchsten Summe, eine Leistung der Ehre, nicht des Zwangs, eine Geste der Freude, nicht ein Zugeständnis an die unvermeidliche Beraubung. Steuervermeidung käme dann der Ehrenvermeidung gleich. Was im Regime des Steuerzwangs eine zwar sträfliche, doch begreifliche Geste des Widerwillens darstellt, würde im Ökosystem der Ehre zur freiwilligen Schande. Ich meine also, es wäre ein anthropologisch informatives Experiment, zu erfahren, ob im Klima des Zwangs tatsächlich mehr Mittel in den Fiskus fließen als im Klima der ehrenvollen Empathie. Auf dem Feld des Zwangs wurde bereits so gut wie alles versucht. Auf das Experiment einer Fiskalität der Ehre wird man warten müssen.

Im übrigen beziehe ich mich mit dieser Reflexion auf die Anregungen von Marcel Mauss, der mit seiner Studie über Die Gabe, vor fast einhundert Jahren publiziert, noch immer die gegenwärtige Debatte überragt. Er hatte gezeigt, daß es die Gabe (le don) ist, die neben der Verwandtschaft das intensivste soziale Band stiftet. Das Rätsel der Gabe besteht darin, daß sie zweipolig wirkt: zum einen ist sie ein Akt der Spontaneität, zum anderen erzeugt sie die Pflicht zur Gegengabe. In ihr fallen Pflicht und Freiheit in eins. Interpretiert man von Mauss her die Steuern in neuem Licht, so könnte sich zeigen, daß der Staat nicht notwendigerweise etwas verliert, wenn er den Bürgern die Fähigkeit zutraut, ihn mit den Mitteln auszustatten, die er zu seinem Funktionieren braucht.

—Was meinen Sie von den populistischen und nationalistischen Führern, die einen großen Erfolg in den letzten Jahren gehabt haben? Was ist mit den gemäßtigeren Politikern passiert? Sind sie schon verschwunden, oder sind sie vom Aussterben bedroht, oder machen sie nur gerade eine schwere Zeit durch? Beispiele dafür sind Trump in den USA und Jair Bolsonaro in Brasilien.

—Der Erfolg neo-nationaler Partei-Bewegungen in vielen Gegenden der Welt ist eine aus sozialdynamischer Sicht völlig logische Antwort auf das Geschehen, das man seit einigen Jahrzehnten „Globalisierung“ nennt. Daß die Mehrzahl der Soziologen und Politologen im Westen hierauf mit Staunen und Empörung antworten, legt die Einseitigkeit ihrer Bildung offen. Die meisten von ihnen haben offenbar nie etwas vom dritten Newtonschen Gesetz gehört, welches lautet: Aktion ist gleich Reaktion. Wo man davon Kenntnis genommen hat, versucht man zu erklären, warum es hier nicht gelten soll. Man reklamiert für die politische Sphäre eine Sonderphysik, der zufolge die Aktion immer Recht hat und die Reaktion unrecht. Die erste ist innovativ, die zweite gehorcht den Trägheitsgesetzen. Im 19. Jahrhundert war reaktionär, wer den Fortbestand von Verhältnissen wünschte, die auf dem Vorrang von Monarchen, Aristokraten und Kolonialherren beruhten. Man wird nicht abstreiten, dass die anti-reaktionäre Seite diesbezüglich starke Gründe für ihr Plädoyer in Anspruch nehmen konnte.

Das 20. Jahrhundert war vom Tumult der revolutionären Reaktionen dominiert – an erster Stelle der Anti-Liberalismus (katholisch, faschistisch, kommunistisch) und der Anti-Kolonialismus. Am Beginn des 21. Jahrhunderts antwortet die „Reaktion“ auf den Trend zur Auflösung der Volksgemeinschaften durch transnationale Eliten, zur Auflösung der jüngst erfundenen Nationen durch postnationale Bündnisse, zur Auflösung der organisierten Nationalproletariate durch entgrenzte Arbeitsmärkte und zur Auflösung der Völker durch sich vermischende Gen-Pools.

Das Originelle der heutigen Situation zeigt sich darin, daß man —anders als in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts— die „reaktionäre“ Qualität auch der linksradikalen Positionen mit freiem Auge erkennt, um von den rechtsextremen zu schweigen. Es wird immer schwieriger, mit den Reflexen des 20. Jahrhunderts die Gegebenheit des 21. zu interpretieren. Ironischerweise verlangt die politische Vernunft jetzt Mitgefühl mit den „Reaktionären“. Man darf ihnen aber nicht erlauben, die Mitte zu zerstören, von der aus allein gestaltende Politik möglich ist. Dazu gehört ein Denken in größeren Zeitbögen. Pathologische Figuren wie Trump, Bolsonaro, Duterte, Erdogan, Putin und andere werden ohne Zweifel enorme Schäden am Geist ihrer politischen Gemeinwesen anrichten. Unter dem Aspekt größerer Erzählungen bilden sie nicht mehr als vergängliche Kapitel.

—Was denken Sie über die Globalisierung? Wie sehen Sie den Schutz der lokalen Industrie und die Migrationsprozesse?

—Man sollte als erstes einsehen, daß die sogenannte Globalisierung in erster Linie ein Ereignis in der Wahrheitsgeschichte ist, verbunden mit der Geschichte der Kosmologie und der Seefahrt. In ihr geht es um den Beweis für die Globus-Gestalt der Erde. Diese wurde von griechischen Geometer-Philosophen zuerst um das Jahr 500 v. Chr. in der Nachfolge des Pythagoras dargestellt; sie wurde von europäischen Seefahrern wie Kolumbus, Vasco da Gama und Magellan mit nautischen Mitteln bewiesen und von Physikern wie Kopernikus und Kepler wissenschaftlich expliziert; zurzeit wird sie durch die International Space Station alle neunzig Minuten bestätigt. Daß die Erde eine planetarische Monade ist, eine quasi-sphärische Singularität, von zahllosen Lebensformen bevölkert, das ist eine Erkenntnis, deren Belastbarkeit beweist, daß die Empirie der Mathematik ebenbürtig werden kann.

Es waren europäische Kosmographen und Seefahrer, die den Völkern der ganzen Welt diese Erkenntnis aufgezwungen haben. Mit Eurozentrismus hat dies nichts zu tun. Die Erde-Wahrheit gilt für alle, die die Erde bewohnen, gleichgültig, ob sie sie aus eigener Kraft entdeckt hätten oder nicht. Gegen Wahrheit ist der Protektionismus wirkungslos, überdies auf Dauer ohne Sinn. Daß nun sehr viele von denen, die von Europäern entdeckt und zeitweilig unterdrückt wurden, nach Europa streben oder nach der europiden Ex-Kolonie USA, das beweist, wie sehr sie von der geographischen Aufklärung durch Europäer und Amerikaner durchdrungen sind. Migrationen sind zweideutig: Sie zeigen, daß Menschen Gründe zur Flucht vom Ausgangsort haben; ebenso beweisen sie, dass es Attraktoren gibt, die die Fluchtbewegung zu einem Zielort lenken. Beide Beobachtungen bestätigen das Diktum: Ubi bene ibi patria.

—Das Oxford Englisch-Wörterbuch hat das Wort post-truth („postfaktisch”) zum Wort des Jahres 2016 gekürt. Glauben Sie, dieses Phänomen hat etwas zu tun mit dem Vorrang des Scheins, der von den sozialen Netzwerken gefördert wird? Hat die Wahrheit einen Platz in einer virtuellen Welt?

—Ein Eintrag wie post-truth illustriert, daß die Redakteure des seriösesten Wörterbuchs der Welt gegen Bluff nicht immun sind. Es kann keine Situation „nach der Wahrheit“ geben, weder logisch noch historisch. Daß Donald Trump am 20. Januar 2017 vor der Westfront des Kapitols zu Washington auf das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, bleibt eine Tatsachenwahrheit bis zum Ende der Zeiten. Daß er seither im Durchschnitt acht Mal am Tag vor Zeugen irrt und lügt, wird in den Annalen des Amts für immer festgehalten. Was man tatsächlich weltweit beobachtet, ist eine galoppierende Inflation erfundener Nachrichten und gefälschter Bilder. Erfahrung beweist aber, daß man auch nach größten Inflationen zu überschaubaren Werten zurückkehrt. Wer unkritisch von post-truth spricht, verrät die Neigung zum Einknicken vor aufgetakelten Slogans.

Was man seit gut einem Jahrzehnt tatsächlich beobachtet, ist die maßlose Vermehrung von Privatbotschaften durch die sogenannten sozialen —wahrscheinlich eher: asozialen— Medien. Bei diesen sollen Besucherzahlen die Bedeutsamkeit einer Publikation beweisen. Konsensus beweist aber nichts. Würden sieben Milliarden Follower die Botschaft bestätigen, die Erde sei eine Scheibe, würde dennoch der eine die Wahrheit sagen, der ihre Kugelgestalt feststellt. Die globale Vernetzung parasitiert die Tatsache, daß sich alle Netze über die eine Erde ausspannen. Die Trägerin aller Konstrukte ist selbst kein Konstrukt.

—In einem Interview mit Le Point sagen Sie, dass das „Selfie” eine neue autobiographische Gattung sei, in der eine Notwendigkeit der Verbreitung und Fixierung des narzisstischen Wunsches auftaucht. Sie sagen zudem, der „Idiot” sei besessen von seinem Selbstbild. Die neuen Technologien fordern unser Verständnis der Wirklichkeit heraus. Plötzlich sieht es so aus, als ob unser Leben auf Facebook, Instagram, Twitter wichtiger als unser reales Leben wäre. Glauben Sie, dass der Schein die Wirklichkeit übertreffen wird? Benötigt man eine neue Ontologie oder handelt es sich einfach um eine neue Form der Schenkung des Seins?

—Das Leben als Philosoph hat viele Nachteile: Zum Beispiel muß man ständig mitansehen, wie andere Leute sich mit Illusionen vollfressen, während man selber auf Diät lebt. Andererseits hat man gelegentlich Vorteile: Wenn Amateure über Schein und Sein reden oder von der Deklassierung humaner Subjekte durch intelligente Maschinen phantasieren, weiß man dank des Metiers im Voraus ungefähr, bis wohin dergleichen führt. Man erinnert sich an das Goldene Jahrhundert Spaniens, das virtuos über wahre Gesichter und Masken diskutierte oder die frühe deutsche Romantik, die über den ontologischen Status von Fiktionen schon alles wußte. Wer eine größere Bibliothek hat, kennt auch Jorge Luis Borges, für den alles, was ist, aus ironischen Selfies des Absoluten besteht.

—In diesem Jahr gedenkt man in Chile des Putsches vom 11. September 1973 und des Anfangs der Diktatur, die bis 1990 dauerte, als das Plebiszit die Rückkehr der Demokratie ermöglicht hat. Dieser Prozess ist eine Wunde, die die Chilenen immer noch trennt. Am Anfang der 80er Jahre hat eine bis heute andauernde Liberalisierung der Wirtschaft begonnen. Wie sehen Sie im Großen und Ganzen die chilenische Situation?

—Für einen Europäer ist Chile an erster Stelle eines: fast unvorstellbar weit entfernt. Man kann auf dem Planeten kaum noch weiter wegfahren. Danach kommen unsereinem die Namen Allende und Pinochet ins Gedächtnis. Mit einem Mal rückt uns das ferne Land sehr nahe. Wir spüren, Chile gehört zur Familie der tragischen Nationen. Man hat ein gemeinsames Thema: Modernisierung, Verbrechen und ungleichmäßige Entwicklung. Ich hatte vor vielen Jahren einen Schüler, der unter Allende als Polizist gedient hatte und fliehen mußte. Er hatte Anspruch auf Asyl, er studierte Deutsch. Von ihm habe ich den Text von Guantanamera gelernt: „Mein Vers ist von einem hellen Grün und von brennendem Rot; mein Vers ist ein verletztes Wild, das Schutz sucht in den Bergen.“ Später erreichte Allendes Großnichte Isabel mit ihren Romanen hohe Auflagen in dem Verlag, in dem auch ich publiziere. War es die nemesis divina? War es ein Teil der chilenischen Regeneration? Sie selbst schien mit der schlimmen Geschichte ihren Frieden gemacht zu haben, als sie 2010 den nationalen Literaturpreis entgegennahm.

—Wie sehen Sie die Krise der katholischen Kirche, dieses großen Verwalters der Wut? Glauben Sie, dass zumindest im Abendland die Wissenschaft diese Rolle der Religion übernehmen wird, wie es Nietzsche vorausgesagt hat?

—Die katholische Kirche existiert mindestens seit 1789 in der Krise. Sie hat sich auf die Kunst des Überlebens spezialisiert, indem sie zuerst die Nicht-Anpassung erprobte, dann die Anpassung. Es gibt keinen Grund, warum das nicht noch tausend Jahre weiter gehen sollte. Der „Wille zum Glauben“, von dem William James 1896 sprach, durchläuft historische Konjunkturen, im langfristigen Mittel bleiben seine Werte konstant. Als Verwalterin des Zorns spielt die Kirche keine Rolle mehr; Johannes Paul II bemerkte gelegentlich: „Hoffen wir, daß die Hölle leer sei“. Doch nicht die Wissenschaft löst den Katholizismus als Zorn-Verwalterin ab, sondern der Islam, solange er das Jenseits mit seinen beiden Abteilungen als feste Größen verteidigt.

—Der Mensch versucht heute – und wahrscheinlich wird er es noch lange versuchen – sein Leben zu verlängern. Die Experten behaupten, dass wir bald 150 oder 200 Jahren leben werden. Was denken Sie von alledem? Würden Sie gerne so viele Jahren leben? Experten behaupten sogar, der Mensch werde die Unsterblichkeit erreichen. Heidegger sagt, dass der Tod unsere Existenz vollkommen prägt. Würden wir noch Menschen sein, wenn wir unsterblich werden? Welche ethischen Konsequenzen sehen Sie dabei?

—Die Gefahr, daß Menschen je unsterblich würden, außer im Andenken späterer Generationen, besteht nicht wirklich. Die Aussicht auf 150 oder 200 Jahre Dasein im selben Körper ist schlimm genug. Man würde spätestens ab sechzig völlig neurotisch, weil man sich keine kleine Blessur, keine Grippe, keinen Kuß, keinen Handschlag mit einem Nachbarn mehr leisten könnte, immer im Gedanken an die hundert Lebensjahre, die man durch den geringsten Fehler aufs Spiel setzt. Man wäre dazu verurteilt, sein Leben ab achtzig in einem biologischen Hochsicherheitstrakt zu verbringen, als Gefangener der eigenen Langlebigkeit.

Fast alles Böse folgt bekanntlich aus dem verwilderten Willen zur Selbsterhaltung. Der entspringt der Unfähigkeit einzusehen, wann es genug ist. Würden wir in der Mehrheit über 150 Jahre alt, die Greisenbosheit ohne Grenzen würde die Welt in endlose Kriege stürzen, jenseits von Hobbes und Harmageddon. Also sollte das Leben weniger auf Verlängerung ausgehen als auf Vertiefung. EP

[1] Tomado de Sloterdijk en Chile, “El Estado y el futuro de la sociedad”, segunda conversación del filósofo, realizada con Sylvia Eyzaguirre y Leonidas Montes el martes 13 de noviembre de 2018, en el Centro de Estudios Públicos. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=wnfZHnAKh18.

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

[4] Ibídem.

[5] Ibídem.

[6] Ibídem.

[7] Ibídem.

[8] Peter Sloterdijk, Ira y tiempo. Ensayo psicopolítico, traducción de Miguel Ángel Vega Cernuda y Elena Serrano (Madrid: Siruela, 2010).

[9] Publicado originalmente en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el marco de la serie “Futuro del capitalismo”, el 10 de junio de 2009. En castellano, está reproducido en Peter Sloterdijk, Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana (Madrid: Siruela, 2014), 81-89.

[10] Donde esté el bien, ahí está mi patria.

[11] Christophe Ono-Dit-Biot, “Les charlatans vont-ils nous ruiner?”, Le Point, 31 de mayo de 2018.

[12] Recordemos que esta conversación se llevó adelante en 2018.

ENSAYO

JUEGO DE GENERACIONES. APUNTES SOBRE EL NUEVO PAISAJE POLÍTICO CHILENO*

Cristóbal Bellolio

Universidad Adolfo Ibáñez

CRISTÓBAL BELLOLIO. Abogado y licenciado en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en filosofía política por la University College London, Reino Unido. Profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Email: cristobal.bellolio@uai.cl.

* Las ideas centrales de este trabajo fueron presentadas como comentario a la publicación del estudio “Juventud y política a 30 años del plebiscito”, de la investigadora del Centro de Estudios Públicos Loreto Cox, en octubre de 2018. Agradezco a Kenneth Bunker y Stephanie Alenda por sus observaciones a una versión preliminar del texto, así como a Patricio Navia y Sergio Toro por conversaciones al respecto. Agradezco también los comentarios de los árbitros anónimos y editores de la revista Estudios Públicos.

RESUMEN: Este ensayo propone mirar con atención el recambio generacional de las élites políticas que ha tenido lugar en los últimos años en Chile. En lo central, sostiene que la línea divisoria del plebiscito de 1988 —con coaliciones y partidos alineados en torno al Sí y al No— ha perdido fuerza como determinante de la pertenencia política. La generación que no vivió la experiencia autoritaria y adquirió conciencia política en democracia se organiza, en cambio, asegura el autor, en torno a una oferta electoral propia.

PALABRAS CLAVE: transición, Frente Amplio, Evópoli, oferta electoral, paisaje político.

CHANGE OF GENERATIONS. NOTES ON THE NEW POLITICAL LANDSCAPE IN CHILE

ABSTRACT: This essay sets out to look closely at the generational shift of recent years in Chile’s political elites. Its central argument is that the watershed of the 1988 plebiscite, when parties and coalitions aligned around Yes and No, has become less important as a determinant of political allegiance. Instead, the author argues, the generation that did not go through the authoritarian experience but grew to political awareness under democracy has organized around an electoral platform of its own devising.

KEYWORDS: transition, Frente Amplio, Evópoli, electoral platform, political landscape.

INTRODUCCIÓN

Hay diversas razones que explican el cambio en los sistemas de partidos y en el mapa político en general. Sin desmerecer la influencia de los clivajes sociológicos tradicionales ni de las teorías institucionalistas, el presente ensayo se concentra en la variable del recambio generacional de las élites políticas que ha tenido lugar en los últimos años en Chile. En lo central, sostiene que la línea divisoria del plebiscito de 1988 pierde fuerza como determinante de la pertenencia política, en la medida en que una generación que no vivió la experiencia autoritaria adquiere conciencia política en democracia y se organiza en torno a una oferta electoral propia. Si bien esta variable no es suficiente para subsumir las alineaciones políticas previas ni para determinar la posición relativa de todos los actores, sí entrega claves relevantes para entender la emergencia de nuevas fuerzas y la conformación del paisaje político chileno post-transición.

Este paisaje, encarnado en el sistema de partidos que emergió a partir del plebiscito de 1988, sufrió importantes modificaciones en la elección presidencial y parlamentaria de 2017. La principal de ellas apunta a la fragmentación de un sistema que hasta entonces era dominado sin contrapesos por dos grandes coaliciones. Esta vez, más de cuatro coaliciones obtuvieron más del 10 por ciento de los votos, revelando un fraccionamiento superior al que tenía Chile previo a 1973 (Bunker 2018). Por primera vez en más de medio siglo hubo más de diez partidos relevantes compitiendo, con más de siete logrando representación en el Congreso. Las elecciones del 2017 marcan, además, un hito en términos de recambio de las élites políticas de la transición. De los 155 diputados que obtienen un escaño en la Cámara Baja, 92 son debutantes. En este sentido, destaca la irrupción del Frente Amplio, que obtiene veinte diputados y un senador, en su mayoría jóvenes que no votaron o no habían nacido para el plebiscito de 1988.

Este cambio en el paisaje político chileno puede intentar explicarse desde una perspectiva institucionalista (Duverger 1954) o bien sociológica (Lipset y Rokkan 1967). Según la primera, el sistema de partidos se ordena dependiendo de las reglas electorales, las que funcionan como incentivos o disuasivos para la formación de partidos y coaliciones. El sistema de partidos de la transición, según la teoría institucionalista, respondía principalmente a los incentivos y disuasivos del sistema electoral binominal establecido por la dictadura (Guzmán 1993). En las elecciones de 2017 coinciden, por primera vez, las dos grandes reformas que experimentó el sistema electoral. Por un lado, el mecanismo de inscripción automática y voto voluntario, que entró en vigor en las municipales de 2012. Por el otro, la sustitución del sistema binominal por uno proporcional corregido, promulgado en 2015. Estas nuevas reglas del juego explicarían, desde la perspectiva institucionalista, el nuevo paisaje político: su fragmentación sería el resultado de la aplicación de reglas que entregan más posibilidades de obtener escaños a terceras fuerzas.[1]

La perspectiva sociológica, en cambio, sugiere que los sistemas de partidos se organizan en torno a ciertos clivajes sociológicos que dividen profundamente a la población, como es el caso de la religión o la clase. Dichos clivajes habrían explicado el sistema de partidos chileno hasta 1973 (Scully 1992; Valenzuela 1995). Sin embargo, el plebiscito de 1988 habría sido capaz de absorber dichos clivajes en una nueva “fisura generativa” que dividió a los chilenos en dos campos: el democrático y el autoritario (Tironi y Agüero 1999). Aunque se discute si este reordenamiento obedece a la definición tradicional de clivaje o bien sólo representa el resultado de posicionamientos políticos contingentes (Valenzuela 1999), la mayoría de la literatura coincide en que las actitudes de los chilenos frente a la dictadura son claves para entender el paisaje político que emergió a fines de los ochenta, se consolidó durante la transición y logró extender su vigencia por más de veinticinco años (Carey 2002; Torcal y Mainwaring 2003; Ortega 2003; Garrido y Navia 2005; Luna 2008). Este artículo no se pronuncia si acaso la fisura de 1988 corresponde a un clivaje en el sentido original de Lipset y Rokkan. Como observa el propio Valenzuela (1999), un sistema de partidos se puede transformar a partir de ciertas circunstancias políticas y no necesariamente a partir de nuevas fisuras sociales estructurales. Lo que parece evidente es que el plebiscito de 1988 constituye un hito de socialización política para toda una generación, que determina fuertemente sus preferencias sucesivas y entrega coordenadas nítidas para entender el sistema de partidos chileno.

En este sentido, esta indagación propone que, más allá de los factores institucionales, el paisaje político chileno que emerge en 2017 se relaciona con la entrada definitiva de la generación post-Pinochet a la arena electoral, a través de partidos y coaliciones propias que desafían a los partidos y coaliciones históricamente asociadas con la fisura democrático-autoritaria. A medida que el hito originario de dicha fisura —el plebiscito de 1988— se difumina en el tiempo, una nueva generación que adquiere conciencia política en democracia reclama el derecho de competir electoralmente con colores propios, en parte debido al fracaso de la propia generación de la transición de alimentar procesos de renovación internos. En este sentido, este artículo sostiene que las movilizaciones de 2011 funcionan como hito formativo para las élites políticas de esta nueva generación, que recién en 2017 se traduce en un relativo éxito electoral que transforma parcialmente el sistema de partidos. En resumen, se argumenta, la variable generacional, si bien carece de las características socio-tectónicas de los clivajes tradicionales, ha influido en el cambio parcial del paisaje político chileno, diluyendo el impacto del proceso de socialización previa ligado a la experiencia autoritaria como elemento explicativo de la pertenencia partidista y coalicional.

1. DE LOS CLIVAJES TRADICIONALES A LA FISURA DEMOCRÁTICO-AUTORITARIA

Según Lipset y Rokkan (1967), los sistemas de partidos se organizan en torno a ciertos clivajes sociológicos estructurales. Tomando ejemplos de Europa occidental, concluyeron la existencia de cuatro tipos de clivajes: centro-periferia, Estado-iglesia, urbano-rural y trabajadores-empleadores. Aunque estos clivajes no siempre determinan sistema de partidos, una vez que lo hacen, sostenían los autores, tienden a petrificarlo. Similares clivajes habrían determinado el sistema político chileno. Así, en el siglo XIX habría predominado la fisura religiosa, que dividió entre partidos clericales y seculares. El siglo XX se habría inaugurado con la incorporación del clivaje de clase y el debut de los partidos obreros. Los principales partidos decimonónicos quedaron entonces a la derecha del eje. Poco después, en tiempos de migración del campo a la ciudad, el Partido Demócrata Cristiano reclamó la representación de la ruralidad, incorporándose como tercero en discordia entre la derecha capitalista y la izquierda marxista. Aunque, en rigor, el sistema chileno pasó a ser multipartidista, hacia 1973 ya se había configurado un eje de tres tercios en términos coalicionales. Basándose en la experiencia comparada, algunos sugirieron que, una vez terminada la experiencia autoritaria, el sistema de partidos chileno retomaría las características previas al golpe, pues la desmovilización forzada habría dejado el anterior paisaje político en estado de hibernación (Scully y Valenzuela 1993; Valenzuela 1995).

Tironi y Agüero (1999) disputan esta tesis de la continuidad del sistema de partidos pre-1973 y argumentan, en cambio, que el plebiscito de 1988 representa una nueva “fisura generativa” que divide políticamente a la población entre dos campos: democrático o autoritario. El viejo sistema de partidos no reemergería. Un nuevo paisaje se había formado. El referido plebiscito había hecho más que poner término al régimen de Pinochet; había fundado un clivaje que resumía de mejor manera las identidades ideológicas y lealtades afectivas de la población. A un lado quedaron los opositores al régimen, al otro lado, sus partidarios. Dicho clivaje se expresaba en un sistema de partidos organizado en torno a dos grandes coaliciones, herederas del No y del Sí, respectivamente. Aunque dicho clivaje ha sido recalificado como estrictamente político (Ortega 2003; Bargsted y Somma 2016), Tironi y Agüero lo incluyen dentro de la amplia categoría sociológica, para distinguirlo de los clivajes institucionales que surgen a partir de cambios en las reglas electorales. Con independencia del innegable efecto del sistema binominal, la tesis de Tironi y Agüero es que la experiencia autoritaria marcó a fuego a toda una generación “que construyó en esta etapa su marco de referencia político” (1999, 157), y en consecuencia construyó partidos y coaliciones afines a dichos marcos.

Para temperar esta tesis, algunos sostuvieron que la religión y la clase seguían siendo importantes para explicar las preferencias políticas de los chilenos (Valenzuela, Scully y Somma 2007; Raymond y Feltch 2014). En cualquier caso, si bien es plausible que los clivajes clásicos de clase y religión hayan coexistido con la “fisura generativa” de 1988, hay indicios de que los primeros se debilitaron en la transición. Prueba de ello sería la aparición de una derecha “popular”, por un lado, y la consolidación de una coalición de centroizquierda que aglutinó a humanistas laicos y humanistas cristianos, por el otro. De manera interesante, el supuesto clivaje democrático-autoritario estaría mostrando también signos de declive (Bargsted y Somma 2016). No es un fenómeno inesperado: Torcal y Mainwaring (2003) anticiparon que el eje democrático-autoritario perdería fuerza a medida que el tiempo fuera borrando las memorias de la dictadura, una nueva generación de votantes entrara en escena y la derecha lograra distanciarse exitosamente de Pinochet.

Como teoría general, Torcal y Mainwaring (2003) sugirieron también que los factores determinantes del paisaje político dependen más de la agencia de los actores y las élites que de la manera en que se despliegan las grandes divisiones sociales. Es decir, que la morfología del sistema de partidos no siempre responde a una lógica “de abajo hacia arriba”, sino que muchas veces queda determinada a partir de acciones “de arriba hacia abajo”.[2] En el caso chileno, esta teoría permite argumentar que la vigencia del eje democrático-autoritario está relacionada con el interés de las propias élites políticas en su instalación y persistencia. Su debilitamiento, en tanto, estaría correlacionado con la incapacidad de dichas élites de controlar la morfología del paisaje político. En este marco, la élite de la transición habría perdido parte importante de su capacidad de insistir en la fisura de 1988 cuando el padrón electoral deja de representar casi exclusivamente al electorado del plebiscito tras la reforma de 2012.[3]

Del mismo modo, la praxis política sería la responsable de la erosión de ciertos clivajes sociales que pierden utilidad. Así, por ejemplo, la Concertación de Partidos por la Democracia que nació a fines de los ochenta minimizó deliberadamente la importancia del clivaje de clase que históricamente había definido a la izquierda en el siglo XX.[4] Tampoco, ni entonces ni después, fue relevante hablar de religión. En cambio, consistente con la promesa de su nombre, la Concertación intensificó el relato de la reconquista de la democracia, un relato efectivo con el que el adversario estaba plenamente identificado y era electoralmente minoritario: en el nuevo paisaje político, eran dos de los viejos tercios (izquierda y centro) contra uno (derecha). Si el objetivo de la Concertación era continuar como la coalición política dominante en Chile, evocar el plebiscito de 1988 era una estrategia ganadora. Por lo anterior, sus dirigentes invirtieron en la persistencia de dicha división.

En ello contribuyó que el propio Augusto Pinochet continuara siendo protagonista durante los noventa. Su detención en Londres, diez años después del plebiscito, sirvió para reavivar el ordenamiento democrático-autoritario. El ex dictador muere en 2006. En la primera elección presidencial sin Pinochet, gana finalmente la derecha. Durante ese gobierno, se termina la Concertación. Pero renace en 2013 con otro nombre —Nueva Mayoría— y una composición muy similar, salvo que integra por primera vez al Partido Comunista. El único factor común de las candidaturas que participaron en su primaria presidencial de 2013 fue precisamente “la oposición a la figura de Pinochet, las violaciones a los derechos humanos, el debate en torno al sistema político institucional y al modelo económico heredado del régimen militar” (Aubry y Dockendorff 2014, 19). Del mismo modo, siguiendo la tesis de la agencia política en la activación y desactivación de los clivajes, Aubry y Dockendorff (2014) destacan los esfuerzos de la élite política de centroizquierda por reponer emocionalmente el eje democrático-autoritario a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe militar.

La derecha, en cambio, ha intentado en diversas ocasiones emanciparse de su sombra autoritaria. El primer intento sistemático fue la candidatura presidencial de Joaquín Lavín en 1999, que buscó cambiar el eje de la discusión política hacia la solución práctica de los problemas cotidianos de la ciudadanía. El progresivo deterioro reputacional de la dictadura, en especial después de la detención de Pinochet en Londres y el caso Riggs, obligó a los líderes de la derecha a desactivar un clivaje político crecientemente incómodo. Aun así, la agenda programática de la derecha chilena durante la transición estuvo siempre asociada a la defensa de la obra del régimen militar y al mantenimiento de sus instituciones. Aunque la fisura generativa de 1988 los condenó a ser minoría, sus dirigentes nunca estuvieron del todo descontentos: en el escenario pre-1973 eran un tercio; en el nuevo escenario —al menos, en términos de representación parlamentaria por efecto del sistema binominal— eran prácticamente la mitad.

En síntesis, el sistema de partidos chileno que emergió del plebiscito de 1988 quedó determinado por la fisura democrático-autoritaria, absorbiendo los clivajes sociales anteriores. El nuevo paisaje político se consolidó por la acción de las élites políticas que invirtieron en su vigencia, sin perjuicio del efecto del sistema electoral en su mantenimiento. Sin embargo, el nuevo ordenamiento no sería eterno. Llegaría el momento en el cual perdería su capacidad de movilizar y diferenciar entre votantes. El nuevo sistema de partidos no se configuraría necesariamente a partir de la reaparición de las viejas o la emergencia de nuevas grietas estructurales del calado descrito por Lipset y Rokkan (1967), sino por nuevas temáticas que nuevas élites serán capaces de presentar como determinantes para fijar la pertenencia política de las nuevas generaciones (Torcal y Mainwaring 2003). El propio Valenzuela (1999) reconoce que el sistema de partidos que emerge del período autoritario es el quinto desde que surgieron partidos duraderos a fines del gobierno de Manuel Montt, y que la mayoría de estas transformaciones se han debido a circunstancias políticas y no al surgimiento de nuevas fisuras sociales. Un sexto reordenamiento podría darse en el mismo registro. En Europa, al menos, las divisiones que estarían determinando los nuevos sistemas de partidos ya no tienen esas características tectónicas.[5] Lo relevante es que sean suficientes —ya sea por sí mismas o en combinación con otras— para explicar la configuración de un sistema de partidos. La fisura de 1988 fue suficiente para explicar la política chilena desde el retorno a la democracia. Hasta ahora.

2. A FALTA DE RENOVACIÓN, REEMPLAZO

El plebiscito de 1988 contó con una exuberante participación electoral que superó el 90 por ciento de la población habilitada para votar. Pero luego fue decreciendo dramáticamente. Tomando en cuenta el porcentaje de votos emitidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, sobre el total de la ciudadanía habilitada para sufragar, en 1989 votó el 84,2 por ciento; en 1993 el 81,5; en 1999 el 71,8; en 2005 el 63,7; en 2009 el 59,6, y en 2013 el 49,3. En la segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, la participación electoral alcanzó un mínimo histórico de 42 por ciento. Aunque era esperable un proceso de normalización de la participación después del intenso hito plebiscitario de 1988, éste ocurrió a un ritmo muy acelerado en términos comparados (Navia 2004). De la epopeya pasamos rápidamente a la normalización, para caer finalmente en un cuadro de relativa desafección electoral, que se agudiza en los jóvenes (Toro 2008).

La explicación más recurrente del fenómeno apunta a que las nuevas generaciones, que se fueron incorporando formalmente a la ciudadanía después del retorno de la democracia, simplemente dejaron de inscribirse en los registros electorales. Es decir, los jóvenes se restaron del proceso. Si bien existe cierto consenso en que la población adulta tiende a participar más que la población joven (Smets y Van Ham 2013), para el caso chileno esta hipótesis parece insuficiente. En 1988, sin ir más lejos, los jóvenes fueron protagonistas. Más de un tercio del padrón tenía menos de 30 años. Por otro lado, a medida que pasaban los años, la abstención se fue extendiendo hacia segmentos etarios mayores de treinta años (Toro 2008). Por lo anterior, se especula que el fenómeno tiene que considerar los distintos ciclos políticos que enfrentan las distintas generaciones. En esta hipótesis, la generación del plebiscito demuestra una predisposición mayor a participar que las generaciones que no alcanzaron a votar en el plebiscito (Toro 2008; Contreras y Navia 2013; Bargsted, Somma y Muñoz 2018). La razón, se plantea, está ligada a la profundidad de la experiencia autoritaria, así como a la potencia emotiva del hito que le puso término y reinauguró la democracia.

En este mismo lapso, el descenso en los niveles de participación electoral fue acompañado de un descenso en el grado de identificación política con los partidos y las coaliciones que surgieron de la fisura de 1988. Chile destacaba por la baja volatilidad de su sistema de partidos, especialmente en el contexto latinoamericano, pero la ciudadanía se sentía cada vez menos representada por ellos. Esta fue la llamada excepcionalidad chilena: aunque los partidos se convirtieron en instituciones con bajísima legitimidad social, este mínimo respaldo no se tradujo en alta volatilidad y desinstitucionalización del sistema (Luna y Altman 2011; Toro 2016). En un principio, esto no fue problemático para los partidos y las coaliciones de la transición, pues el padrón electoral —todavía con inscripción voluntaria y voto obligatorio— quedó biográficamente anclado al clivaje democrático-autoritario. Es decir, la élite política de la transición disfrutó del congelamiento del electorado. En otros términos, la oferta se conformó con la demanda original, sin experimentar la necesidad de atraer a una nueva demanda.

Esta situación produjo un desacople entre el discurso de las élites políticas de la transición y la experiencia histórica de las generaciones que adquirieron conciencia política en democracia. Estas últimas se habrían sentido progresivamente “ajenas” al marco de referencia que determinó la pertenencia política de sus padres y abuelos, y, en consecuencia, progresivamente alienadas del sistema de partidos que lo traduce (Bellolio 2013). De acuerdo con la tesis de la agencia política, los sistemas de partidos que dependen de hitos políticos retrospectivos se juegan su subsistencia en la capacidad de las élites de asegurar su continuidad. Pero, justamente por la profundidad de la experiencia autoritaria chilena, se hizo difícil que las élites de la transición pudieran transmitirla a las nuevas generaciones. Por su parte, esta élite hizo lo posible por extender su permanencia en la primera línea de sus respectivos partidos y coaliciones. Al aspecto permanente de la psicología humana que nos aferra al poder, en el caso chileno hay que añadir el cuadro de ansiedad política de una generación que fue privada de actividad partidista formal durante 17 años.[6]

Por razones como las anteriores, a los partidos de la transición les costó llevar adelante procesos de renovación generacional interna, agudizando la crisis de representatividad por “ajenidad”. Según esta tesis, la legitimidad cultural de los partidos está indisolublemente asociada a su capacidad de encarnar los marcos de referencia de las respectivas generaciones. Los partidos que duran décadas lo hacen porque son capaces de renovar sus elencos dirigentes cada cierto tiempo. En Chile, hasta hace muy poco, las dirigencias que emergieron del período autoritario se negaron a reconocer que existía una creciente demanda por renovación generacional.[7] A falta de renovación, sin quererlo incentivaron la vía del reemplazo (Bellolio 2013). Según la teoría del reemplazo, cuando fracasa la renovación interna, las generaciones más distantes del hito que origina la morfología partidaria se rebelan contra el sistema de partidos y forman sus propias estructuras, afines a su propia experiencia histórica. Esto es precisamente lo que habría ocurrido en Chile: las nuevas generaciones que adquirieron conciencia política en democracia se vieron excluidas de la conversación 88 céntrica, y sus élites políticas se movilizaron para construir sus propias organizaciones partidarias con el fin de competir contra los partidos de la transición.

A diferencia de la vía de la renovación, la estrategia de reemplazo requirió de un hito originario, un sucedáneo que jugara un rol similar al que jugó el plebiscito de 1988. Ese hito fueron las movilizaciones de 2011. Las generaciones post-Pinochet, nacidas en los ochenta y principios de los noventa, participaban al fin de un suceso político del cual eran protagonistas. Esta coyuntura les permitió emanciparse de una épica ajena y generar una nueva, y en torno a ella fijar renovadas coordenadas de pertenencia ideológica y afectiva. Es posible que dicho hito se estuviera fraguando desde 2006, cuando millares de escolares salieron a las calles y obligaron al primer gobierno de Michelle Bachelet a responder políticamente con cambios de gabinete y reformas al modelo educacional. Sin embargo, para todos los efectos simbólicos relevantes, la presentación en sociedad de una nueva generación auténticamente post-plebiscito tuvo lugar en 2011. Podría retrucarse que las movilizaciones de 2011, si bien reflejaron una efervescencia inusual, no pueden compararse con el impacto dramático que tuvo el plebiscito de 1988. Eso es objetivamente cierto. Pero, para la generación que no vivió el quiebre de la democracia ni su posterior recuperación, la experiencia de 2011 aparece como suficiente en tanto hito movilizador. En el valle de la desafección por el cual transitaba Chile se advierte un peak de efervescencia en torno a esos años.[8] En la misma línea, Bargsted, Somma y Muñoz (2018) sostienen que la cohorte 1991-1995, una de las protagonistas de las movilizaciones estudiantiles de 2011, registra un alza en los niveles de participación respecto de cohortes anteriores.

Se trata de la generación que nace entre 1981 y 1999. Son los millennials chilenos, que tenían entre 12 y 30 años para las movilizaciones de 2011. Es aproximadamente el rango que Krosnick y Alwin (1989) llaman los “años impresionables”. Así como la generación de Sebastián Piñera —nacido en 1949— y Michelle Bachelet —nacida en 1951— adquirió conciencia política en los tiempos que culminaron abruptamente con el golpe militar, la generación de José Antonio Kast —de 1966— y Álvaro Elizalde —de 1969— hizo lo propio a partir de la efervescencia política que rodeó el plebiscito de 1988. Las movilizaciones de 2011 fueron el hito catalizador para la generación de Giorgio Jackson —de 1987— y Camila Vallejo —de 1988— por el flanco izquierdo, pero también lo fueron para la generación de Jaime Bellolio —de 1980— y Felipe Kast —de 1977— por la derecha. Estos últimos no son estrictamente millennials, pero su cohorte política es de todos modos 2011 céntrica. Ninguno de los dos, por ejemplo, tenía más de diez años al celebrarse el plebiscito de 1988.[9]

Siguiendo la distinción entre estrategias de renovación y reemplazo, los casos de Jaime Bellolio y Camila Vallejo —a los cuales habría que agregar a Karol Cariola, nacida en 1987— son típicos de renovación interna: representan el recambio en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Comunista (PC), respectivamente. Pero las otras figuras más representativas de la generación 2011 céntrica siguieron la vía del reemplazo: mientras Felipe Kast cofundó Evópoli, Giorgio Jackson cofundó Revolución Democrática (RD). En esta estrategia habría que agregar a Gabriel Boric —de 1986—, cofundador del Movimiento Autonomista (MA)[10], así como a Vlado Mirosevic —de 1987—, que refundó el Partido Liberal de Chile (PL). En el marco de la estrategia del reemplazo de partidos cabe aun una distinción: mientras unos aspiran a renovar una coalición, otros aspiran a reemplazar una de las coaliciones existentes. Evópoli ejemplifica lo primero: constituye reemplazo a nivel de partidos, pero busca la renovación de una coalición existente, en este caso la vieja coalición heredera del SÍ a Pinochet. En tanto, RD, el MA y el PL constituyen reemplazo a nivel de partidos y reemplazo a nivel de coaliciones, pues forman el Frente Amplio en lugar de renovar la coalición heredera del No a Pinochet. Evópoli se muda de casa, pero no de barrio. RD se muda de casa y de barrio. Esta diferencia, veremos, dificulta nuestra capacidad de medir el impacto de la variable generacional en forma transversal de izquierda a derecha.

3. LA ELECCIÓN DE 2017

Según esta historia, la efervescencia política del 2011 anima la formación de estructuras partidarias cuya primera línea pertenece a una generación cuyos marcos de referencia se desarrollan en democracia. Los casos más emblemáticos de la estrategia de reemplazo —RD por la izquierda y Evópoli por la derecha— nacen oficialmente en 2012. No alcanzan a competir en las municipales de ese año.[11] Al año siguiente, sin embargo, las figuras más representativas de la generación 2011 céntrica obtienen un escaño en la Cámara de Diputados: Felipe Kast y Giorgio Jackson por Santiago, Gabriel Boric por Punta Arenas, Camila Vallejo por La Florida, Karol Cariola por Independencia, Vlado Mirosevic por Arica y Jaime Bellolio por San Bernardo. Las elecciones municipales de 2016, sin embargo, temperan las esperanzas de renovación y reemplazo. El sistema de partidos de la transición no sufre abollones. La excepción más resonante es el triunfo de Jorge Sharp, del MA, en Valparaíso. Allí, una coalición integrada por fuerzas ciudadanas, pero animada políticamente por los movimientos que meses después darían vida al Frente Amplio, se impone sorpresivamente a las dos grandes coaliciones tradicionales.

En las presidenciales y parlamentarias de 2017, finalmente, la arremetida generacional se observa con mayor claridad a nivel nacional. La candidata del recientemente formado Frente Amplio, Beatriz Sánchez, alcanza —contra todos los pronósticos— el 20,27 por ciento de las preferencias, pisándole los talones al candidato oficialista de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien obtiene 22,7 por ciento. A diferencia de Guillier, que fue proclamado candidato por los dirigentes de su coalición, Sánchez consiguió la nominación a través de un proceso democrático de primarias en las cuales derrotó al sociólogo Alberto Mayol. Aunque estuvo lejos de ser un éxito de participación —votaron 327.716 personas, contra 1.418.138 de la coalición de derecha—, sirvió para que el Frente Amplio se posicionara ante la opinión pública como “la” alternativa de izquierda. El buen resultado de Sánchez en la presidencial tiene un correlato en el buen resultado de su lista parlamentaria, que obtiene 16,5 por ciento de los votos totales. Superando sus propias expectativas, el Frente Amplio conquista un escaño senatorial y veinte diputaciones. De aquéllas, diez son para RD, apenas cuatro menos que la histórica Democracia Cristiana (DC) y dos más que el Partido por la Democracia (PPD), la agrupación más identificada con la fisura generativa de 1988. Entre otros resultados llamativos, Giorgio Jackson obtiene primera mayoría en el nuevo distrito que incorpora las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín, uno de las más grandes del país con un padrón de casi un millón de personas. Le alcanza para arrastrar a dos compañeros de subpacto. En el extremo sur y en el extremo norte del país, respectivamente, Boric y Mirosevic consiguen cómodas reelecciones.

Por su parte, Evópoli elige dos senadores y seis diputados, también mejor que lo esperado. Meses antes, Felipe Kast había desafiado al propio Sebastián Piñera en la primaria del sector. En la parlamentaria, Felipe Kast obtiene la primera mayoría senatorial en La Araucanía. Cerca de alcanzar la primera mayoría también estuvo Francisco Undurraga en el nuevo distrito 11, que incluye las comunas donde se concentra el poder político y económico del país. En ambos casos se observa un descenso de la votación histórica de la UDI. Como integrante de la nueva coalición de gobierno, Evópoli obtiene dos carteras ministeriales: la Secretaría General de la Presidencia y Transportes. Menos exitosa fue la apuesta de la debutante coalición de centro liberal Sentido Futuro —integrada por los partidos Ciudadanos, Todos y Amplitud—, que no obtuvo representantes.[12] Finalmente, según datos de una encuesta realizada a candidatos de todo el espectro político (Sajuria et al. 2017), los partidos que presentaron candidatos más jóvenes en la última elección de diputados fueron RD y el PL, ambos del Frente Amplio, con un promedio de 37 años cada uno. El promedio del Frente Amplio se elevó a 45 años. En la ex Nueva Mayoría, el promedio fue de 50,5 años. El PC llevó los candidatos más longevos (51,1), seguido de la DC (50,7) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD, 50,1). Por su parte, el promedio de edad de los candidatos de Evópoli fue algo menor que el promedio de su coalición: 47 contra 49.

Ahora bien, ¿contribuyó esta arremetida generacional, representada por nuevos partidos y coaliciones, para revertir la crisis de representatividad que venía experimentando el sistema político chileno? Tenemos pocos datos concluyentes para afirmarlo, aunque sí existen algunos indicios de que la nueva oferta política fue más atractiva en sectores más jóvenes. Un reciente estudio, que aplica herramientas de big data sobre la base de datos públicos del Servicio Electoral respecto del padrón electoral de 2009 (tomando en cuenta que muy pocos chilenos se inscribieron en los registros entre 1988 y 2009) y del 2017, confirma que es posible constatar un quiebre generacional, al menos en la izquierda. Mientras lo que los autores llaman la “generación del plebiscito” votó mayoritariamente por los candidatos de la ex Nueva Mayoría, la “generación de la democracia” votó mayoritariamente por las candidatas y candidatos que ofreció el Frente Amplio (Huneeus et al. 2018). Si sólo hubiesen votado los segundos, afirman, Beatriz Sánchez habría obtenido casi un tercio de los votos y habría accedido a segunda vuelta en detrimento de Guillier. Estos datos son consistentes con otra reciente investigación, la que estima que el 44,4 por ciento de los estudiantes chilenos —principalmente menores de 30 años— habría votado por Beatriz Sánchez, contra el 29,9 por ciento que habría votado por Piñera y apenas el 7 por ciento por Guillier (Cox 2018).

Los datos de participación electoral entregan otra pista. A primera vista, las elecciones de 2017 marcaron el fin de la tendencia a la baja. Aunque sólo el 46,7 por ciento de la población en edad de votar lo hizo en la primera vuelta presidencial, en segunda vuelta la participación subió a 49,02 por ciento, siete puntos porcentuales más que en el balotaje de 2013. Para nuestro propósito, este dato no es muy útil, tomando en consideración que la segunda vuelta se disputó entre dos candidatos que no representaban renovación generacional. Más útil resulta comparar la participación electoral por segmento etario entre las parlamentarias de 2013 y 2017, en las que por primera vez desde el retorno de la democracia se registra un alza en las cohortes más jóvenes (cuadro 1).

Cuadro 1. PARTICIPACIÓN ELECTORAL POR SEGMENTO ETARIO EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2013 Y 2017

18-19

20-24

25-29

30-34

2013

29,4%

32,2%

34,4%

36,3%

2017

36%

36%

37,4%

38,3%

Fuente: Servicio Electoral de Chile (Servel).

A partir de lo anterior, la especulación es que la nueva oferta política —principal pero no exclusivamente representada por los partidos que encarnan la estrategia del reemplazo— se encontró con una nueva demanda electoral, principal pero no exclusivamente representada por la población que no votó en el plebiscito de 1988. Es tarea de nuevos estudios empíricos demostrar o refutar que los jóvenes votaron por los candidatos y candidatas de los nuevos partidos y coaliciones. La hipótesis, en concreto, es que el Frente Amplio fue más atractivo que la Nueva Mayoría para la generación 2011 céntrica con sensibilidad de izquierda. La misma hipótesis podría plantearse respecto de Evópoli versus sus socios de coalición, aunque en este caso es más difícil determinarlo, tomando en cuenta que todos esos votos fueron a parar a la misma lista y que Evópoli tuvo que someterse a ciertas restricciones de cupos a nivel nacional.

En resumen, la fragmentación del paisaje político chileno, a primera vista, va aparejada de la irrupción de una nueva generación que se organiza políticamente bajo banderas propias. Estas banderas no se corresponden necesariamente al ordenamiento democrático-autoritario de la transición. La tesis del artículo es que el sistema de partidos muta, en parte, cuando la élite política de la generación post-Pinochet articula una oferta electoral propia y es capaz de movilizar a parte relevante del electorado.[13] Las oportunidades que entrega el nuevo sistema electoral permiten que dicha estrategia sea relativamente exitosa y se traduzca en representación parlamentaria.

4. EL NUEVO PAISAJE POLÍTICO CHILENO

¿Qué fisura determina, entonces, al sistema chileno de partidos? Siguiendo a Tironi y Agüero (1999), hemos sostenido que el proceso de socialización política que aconteció a partir de la experiencia autoritaria y el plebiscito de 1988 tuvo la capacidad de absorber y sustituir a los grandes clivajes sociológicos pre-1973. Por casi tres décadas ininterrumpidas, organizó la competencia partidaria entre los herederos del Sí y del No a Pinochet. Sin embargo, la división democrático-autoritaria ha perdido tracción. Desde una perspectiva estrictamente institucional, hemos sostenido, las razones apuntan principalmente al fin del sistema binominal, el que perpetuaba dicho ordenamiento a través de incentivos y desincentivos electorales. Sin perjuicio de los factores institucionales, aquí hemos explorado una tesis complementaria: el reciente cambio en el paisaje político chileno se explica a partir del vencimiento del eje del plebiscito ante los ojos de una generación que construyó sus marcos de referencia en democracia. Al tratarse de un hito retrospectivo, las élites políticas interesadas en su vigencia van perdiendo la capacidad de ofrecer coordenadas de pertenencia para quienes no experimentaron dicho proceso de socialización.

La reciente conmemoración del trigésimo aniversario del plebiscito ilustra el punto: mientras la generación 88 céntrica intentó revivir la épica de la recuperación de la democracia a través de una serie de actos y declaraciones públicas, la generación 2011 céntrica participó sólo en calidad de comparsa. Para los jóvenes elencos dirigentes del Frente Amplio, revivir el clivaje del plebiscito implica aceptar la vigencia de las mismísimas figuras que aspiran a suceder en la primera línea política. Para los jóvenes elencos dirigentes de Evópoli, revivir el clivaje del plebiscito significa traer de regreso la incómoda sombra de Pinochet.

Éste no es el único problema para la centroizquierda de la transición. La centroderecha mainstream también está siendo relativamente efectiva en separarse de la experiencia autoritaria. El triunfo de Sebastián Piñera en 2010 fue el primer indicio. En 2013, al cumplirse 40 años del golpe militar, Piñera denunció a los “cómplices pasivos” de la dictadura.[14] Aun así, la derecha se dividió y algunos interpretaron que el episodio había sido propicio para revivir la fisura democrático-autoritaria (Aubry y Dockendorff, 2014). En 2018, nuevamente desde La Moneda, Piñera encabezó la conmemoración de los 30 años del plebiscito. En su narrativa revisionista, el hito de 1988 debía ser reivindicado por todos los sectores, en tanto había inaugurado una transición ejemplar del autoritarismo a la democracia. Sin perdedores, sólo ganadores. Aunque también hubo voces disidentes, esta vez la mayoría de la derecha agrupada en Chile Vamos respaldó la tesis de Piñera. En clave gramsciana, la opción por la democracia se convirtió en la opción hegemónica. Se hizo difícil encontrar políticos que públicamente defendieran la opción de la continuidad de Pinochet. Más todavía, algunas de las figuras más emblemáticas tanto de la estrategia de la renovación como del reemplazo en la derecha llamaron a condenar sin matices, ni justificaciones, ni contextos, la dictadura militar.[15] En este marco, un sondeo realizado en septiembre de 2018 arrojó que el 70 por ciento de la ciudadanía votaría por la opción No si el referendo sobre la continuidad de Augusto Pinochet se llevara a cabo en la actualidad. Apenas el 18 por ciento señaló que votaría Sí.[16] En síntesis, la opción por la democracia parece imponerse en forma tan clara por sobre la opción del autoritarismo, que pierde algo de sentido seguir dividiendo a la población en base a ese ordenamiento. Son los paradójicos costos de la hegemonía: la centroizquierda gana, pero, al convertir a sus adversarios al credo democrático, diluye las coordenadas que le permitían dividir el mundo entre ellos y nosotros.

El debilitamiento de la fisura del plebiscito como elemento explicativo del mapa político chileno no equivale a su desaparición. La variable generacional impacta en el sistema de partidos, pero no lo define enteramente. En el escenario post-2017, ambas variables coexisten. En este sentido, si la división democrático-autoritaria no es un clivaje en el sentido canónico, sino que obedece al resultado de posicionamientos contingentes a partir de un determinado proceso político de socialización, lo mismo podría decirse de la variable generacional. En rigor, no existe un clivaje generacional, pues la población chilena no se divide políticamente entre jóvenes y viejos. Los jóvenes que irrumpen a partir del proceso de socialización desatado en 2011 no se agrupan en el mismo partido ni en la misma coalición. RD y Evópoli, los casos más representativos, no están en el mismo bando en el sistema de partidos. Si bien es cierto que en algunos episodios han dejado entrever un espíritu de validación generacional, esto ha sido principalmente por motivos tácticos. Del mismo modo, los elencos de la transición no se agrupan bajo el mismo paraguas. Por tanto, la variable generacional no constituye un clivaje propiamente tal, ni tampoco es suficiente para explicar por sí sola el nuevo paisaje político. Pero sí contribuye a su entendimiento.

Por el lado izquierdo, como hemos visto, se percibe una fractura generacional tanto a nivel de élites políticas como de su electorado. Por el lado derecho, se advierte un cierto quiebre generacional a nivel de élites —lo que explica el nacimiento de Evópoli—, pero aún no sabemos si ello conlleva además una grieta en su electorado. Al optar por la estrategia de reemplazo partidario, pero renovación coalicional, los votos de Evópoli se confunden con los de sus socios herederos del Sí. Aun así, es plausible suponer que, del mismo modo que los jóvenes de centroizquierda se sienten biográficamente más cercanos a RD que al PPD, los jóvenes de centroderecha se sientan biográficamente más cercanos a Evópoli que a la UDI.[17] Esta tesis ya cuenta con suficientes antecedentes a nivel universitario.[18]

Ahora bien, RD y Evópoli no pueden considerarse como una mera reedición del eje democrático-autoritario. Como hemos sugerido, Evópoli no puede ser ubicado en el lado autoritario de dicho ordenamiento. En primer lugar, porque generacionalmente no fue parte de dicho proceso de socialización. En segundo lugar, porque sus credenciales son impecablemente democráticas. Sin embargo, sí se puede sostener que tanto RD como Evópoli se identifican, respectivamente, con una idea general de izquierda y de derecha, al menos si estas categorías sirven para responder a las clásicas preguntas respecto del rol del Estado y del mercado. Sin ir más lejos, el hito de origen de la arremetida generacional —las movilizaciones de 2011— giró en torno a estos imperecederos debates. Si bien la discusión específica abordó el lucro y la gratuidad universitaria, la temática educacional fue un proxy para debatir sobre el modelo de desarrollo. No es sorpresivo que dichas demandas hayan escalado hasta la cuestión constituyente. De esta manera se configuró una línea divisoria en las élites de la nueva generación: los que estaban a favor y los que estaban en contra del discurso del movimiento estudiantil. Mientras los futuros fundadores de RD marchaban en las calles, los futuros fundadores de Evópoli debutaban en el gobierno de Sebastián Piñera.[19] Por cierto, a diferencia de lo que ocurrió en 1988, las definiciones de 2011 eran mucho menos nítidas. No obstante, fue posible identificar dos miradas sobre el modelo chileno. Mientras los futuros líderes del Frente Amplio se nutrieron del relato de derechos sociales que articularon intelectuales como Fernando Atria, Claudia Sanhueza y Alberto Mayol, los futuros líderes de Evópoli se resistieron a demandas que consideraron normativamente injustas, y pidieron invertir la preocupación desde los universitarios hacia los niños. Por resumirlo de alguna manera, el eje izquierda-derecha de la nueva generación quedó definido en clave sandeliana (a propósito de la obra del teórico político Michael Sandel (2013) y su atención respecto a qué puede y qué no puede comprar el dinero). Mientras la izquierda proponía sustraer de las reglas del mercado algunos accesos a bienes y servicios fundamentales para gozar de un estatus de igual ciudadanía —como educación y salud—, la derecha estimaba que dichos mercados no sólo permitían el despliegue de la libertad, sino que sus diferenciales accesos se justificaban en función del esfuerzo y el mérito personal, dentro del marco de una razonable igualdad de oportunidades.

Respecto de estas alineaciones ideológicas, Cox (2018) observa una contradicción: si bien el discurso del Frente Amplio y de su candidata presidencial parecía radical y autoflagelante respecto del legado de la Concertación, un porcentaje importante —casi el 40 por ciento— de los jóvenes que dijeron adherir a Beatriz Sánchez se declaró independiente o de ninguna tendencia, incluso con algunos identificándose con el centro y la derecha. Tampoco encontró Cox que fueran, en promedio, particularmente críticos de la Concertación. En otras palabras, a diferencia de lo que ocurría con Piñera —cuyo votante joven resultó ser mucho más duro y consistente ideológicamente—, el votante joven de Sánchez resultó ser menos ideologizado de lo que pudiera pensarse. No hay entre los votantes jóvenes de Sánchez, concluye Cox, “una visión radical a favor de un rol más fuerte para el Estado o la igualdad. Así, tanto por autoidentificación como por posiciones en temas relevantes, el estudiante que votó por Sánchez no sería un votante duro de izquierda” (2018, 12). Sin embargo, esta contradicción es solo aparente respecto de la tesis de este artículo, que insiste justamente en la importancia de factores no ideológicos en la conformación del nuevo paisaje político. La investigación de Cox sostiene que en las preferencias juveniles por Piñera pesó más la ideología mientras en las preferencias juveniles por Sánchez pesaron factores más transversales. Mi tesis es que esos factores están íntimamente ligados a la promesa de renovación. Los jóvenes de derecha votaron por el candidato de derecha, pero los jóvenes en general se inclinaron mayoritariamente por la candidata que representaba a su generación.[20]

Lo que concluye Cox, entonces, es perfectamente compatible con mi tesis: el Frente Amplio fue capaz de conectarse con la mayoría relativa de la nueva generación, trascendiendo las fronteras de lo que podría considerarse ideológicamente la izquierda. Si bien muchos chilenos votaron por Beatriz Sánchez y los candidatos del Frente Amplio debido a sus ideas de izquierda, otros tantos lo hicieron porque representaban renovación y frescura, especialmente en el contexto del descalabro reputacional de los elencos de la transición a partir de los casos de corrupción conocidos en el segundo gobierno de Bachelet. En este sentido, sus propios dirigentes declararon que la suya no era una coalición de izquierda “sino más bien ciudadana”.[21] En lo ideológico, la inclusión del PL le ha permitido al Frente Amplio sostener que no está integrado solamente por partidos y movimientos anticapitalistas. En otras palabras, sus líderes comprendieron que sus perspectivas electorales no podían depender de su radicalidad doctrinaria, sino que tenían que vincularse con la novedad incontaminada de sus elencos. Es una estrategia consistente con la tesis del rol de la agencia política en la activación y desactivación de los clivajes, entendidos en forma genérica. El Frente Amplio se posicionó simultáneamente como una fuerza joven en el eje generacional y como una fuerza de izquierda en el eje ideológico. Dependiendo de la necesidad, subrayó uno u otro.[22]

Cox se pregunta si acaso la idea de una juventud de izquierda en Chile no se debe acaso al “reflejo de un grupo minoritario de jóvenes que han logrado construir exitosamente una opción política y que tienen, además, una narrativa y una alta figuración mediática” (2018, 12). Es muy posible que sea así. Pero eso no obsta a que la élite dirigente del Frente Amplio tenga efectivamente convicciones de izquierda en la clave sandeliana descrita. Desde el punto de vista de las élites, las movilizaciones del 2011 fueron útiles para actualizar el eje ideológico izquierda-derecha en torno a la legitimidad social del lucro, desanclándolo parcialmente del eje democrático-autoritario en el cual había quedado absorbido. Así se entiende, por ejemplo, que intelectuales y technopols fuertemente identificados con el campo democrático de la fisura plebiscitaria —Carlos Peña, José Joaquín Brunner, Andrés Velasco y el propio Eugenio Tironi, entre otros— fueran al mismo tiempo detractores de las demandas del movimiento estudiantil y de la izquierda 2011 céntrica. Para la izquierda millennial del Frente Amplio, haber estado en el bando democrático de la transición no basta. Por el contrario, la élite frenteamplista sí critica duramente el legado de la Concertación y lo que según ellos fue una mera administración de la obra de la dictadura. De hecho, obligan a la generación de la transición a radicalizarse: en la campaña presidencial de 2013, Michelle Bachelet toma como propias las banderas del movimiento estudiantil.[23] Por su parte, Evópoli se distancia del resto de la derecha 88 céntrica si de la fisura plebiscitaria se trata, pero comparte ideológicamente con sus socios de Renovación Nacional (RN) y la UDI si la línea divisoria se presenta en la clave sandeliana descrita.

Este proceso de actualización ideológica de las élites políticas sugiere al menos dos cosas. Primero, que es posible fundar un ordenamiento izquierda-derecha con relativa independencia del eje democrático-autoritario del plebiscito y la posterior transición. Y segundo, que la variable generacional no puede ser entendida como un nuevo eje que separa aguas entre jóvenes y viejos, pues persisten fuertes diferencias ideológicas entre las fuerzas jóvenes que emergen del proceso de socialización de 2011. Este proceso gatilla una reflexión ideológica que actualiza los criterios de izquierda y derecha que habían quedado subsumidos en el eje democrático-autoritario. La fisura de 1988 persiste principalmente para las generaciones que votaron en el plebiscito, pero pierde influencia para determinar la posición relativa de los actores, establecer las pertenencias partidarias y dictar las lógicas coalicionales en el nuevo mapa político. En las generaciones que no votaron en el plebiscito, otras coordenadas adquieren relevancia. Un veinteañero políticamente consciente que favorece la idea de derechos sociales se encuentra, probablemente, dentro de la esfera de influencia del Frente Amplio. Un veinteañero políticamente consciente que favorece criterios de mercado para determinar la distribución de recompensas sociales se encuentra, probablemente, dentro de la esfera de influencia de Evópoli. Para la mayoría de ellos, la fisura de 1988 no es determinante a la hora de fijar su domicilio dentro del sistema de partidos.

A primera vista, a propósito del debilitamiento del eje democrático-autoritario, tampoco reaparecieron los clivajes sociales pre-1973. La religión no parece ser un factor determinante, toda vez que hay liberales “valóricos” y partidos seculares en prácticamente todas las coaliciones. Aunque la derecha, en teoría, agrupa las sensibilidades más religiosas, dicho patrón no se replica en Evópoli (Alenda et al. 2019). Desde el punto de vista de la clase, no se puede afirmar que la dirigencia del Frente Amplio provenga de las capas populares u obreras, sino más bien de estratos socioeconómicos medio-altos. De ahí su penetración en jóvenes profesionales y estudiantes universitarios. Siguiendo la lógica de Valenzuela (1999), entonces, es posible especular que este nuevo sistema de partidos no emerge por la acción de clivajes sociales estructurales que dividen profundamente a la población, sino por procesos de socialización política que se combinan y superponen. En la medida en que el proceso de socialización que Tironi y Agüero condensaron en su teoría de la fisura democrático-autoritaria se difumina en el tiempo, una nueva generación reclama el derecho de construir su propia oferta electoral a partir de su experiencia histórica, que se configura esta vez en torno a las movilizaciones de 2011. Por el lado de la izquierda, por primera vez en treinta años, al menos dos coaliciones se disputan el mismo espacio: mientras las élites de la transición siguen contando con la fidelidad de las generaciones que fueron políticamente socializadas en el período autoritario, el novel frenteamplismo ha sido más atractivo para las generaciones políticamente socializadas en democracia. Por el lado de la derecha, Evópoli se origina como alternativa a los partidos que nacieron para defender la obra de la dictadura, constituyéndose en el primer partido auténticamente post-Pinochet del sector.

Aunque la variable generacional explorada tiene un poder explicativo limitado, en tanto el sistema de partidos no se configura a partir de una división entre la generación del plebiscito, por un lado, y la generación de la democracia, por el otro, mientras subsisten profundas diferencias ideológicas al interior de la generación 2011 céntrica, sí entrega claves para comprender el nuevo paisaje político. Como toda consideración generacional, sobre todo cuando va asociada a un hito retrospectivo, también está destinada a diluirse en el tiempo.

REFERENCIAS

Alenda, S. 2017. “La derecha perdida”. El Mostrador, 27 octubre.

Alenda, S., C. Le Foulon & S. del Hoyo. 2019. Evolución política y la renovación liberal en Chile. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Aubry, M. & A. Dockendorff. 2014. “Cuarenta años no son nada: ¿la reposición del clivaje autoritarismo-democracia en el sistema de partidos chileno?” Revista de Sociología 29: 9-36.

Bargsted, M. & N. Somma. 2016. “Social cleavages and political dealignment in contemporary Chile, 1995-2009”. Party Politics 22 (1): 105-124.

Bargsted, M., N. Somma & B. Muñoz. 2018. “Participación electoral en Chile: Una aproximación de edad, período y cohorte”. Revista de Ciencia Política (aceptado, por publicarse).

Bellolio, C. 2013. Renovación y reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile. Santiago: Planeta.

Bidegain, G. 2016. “Informe especial: Movimiento estudiantil chileno: la des-partidización y la politización pueden ir de la mano”. En Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas?, editado por S. Toro, C. Acevedo & N. Jaramillo-Brun, 113-114. Nashville: Vanderbilt University.

Bunker, K. 2018. “La elección de 2017 y el fraccionamiento del sistema de partidos en Chile”. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 9 (2): 204-229.

Carey, J. 2002. “Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s”. En Legislative Politics in Latin America, editado por S. Morgenstern & B. Nacif, 222-253. Cambridge: Cambridge University Press.

Contreras, G. & P. Navia. 2013. “Diferencias generacionales en la participación electoral en Chile, 1988-2010”. Revista de Ciencia Política 33 (2): 419-441.

Cox, L. 2018. “Juventud y política a 30 años del plebiscito”. Puntos de Referencia 497. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Cox, L., & R. González. 2016. “Cambios en la participación electoral tras la inscripción automática y el voto voluntario”. CEP Debates de Política Pública 14.

Duverger, M. 1954. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Londres: Methuen.

Garrido, C. & P. Navia. 2005. “Candidatos fuertes en la Concertación”. Estudios Públicos 99: 165-194.

Guzmán, E. 1993. “Reflexiones sobre el sistema binominal”. Estudios Públicos 51: 303-325.

Hooghe, L. & G. Marks. 2018. “Cleavage Theory Meets Europe’s Crises: Lipset, Rokkan, and the Transnational Cleavage”. Journal of European Public Policy 25 (1): 109-135.

Huneeus, C., S. Acuña, I. Badal & A. Díaz. 2018. “La Generación del Plebiscito, aún decisiva 30 años después”. La Segunda, 3 de octubre.

Krosnick, J. & D. Alwin. 1989. “Aging and Susceptibility to Attitude Change”. Journal of Personality and Social Psychology 57 (3): 416-425.

Lipset, S. M. & S. Rokkan. 1967. “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction”. En Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives, editado por S. M. Lipset & S. Rokkan. Nueva York: The Free Press.

Luna, J. P. 2008. “Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes”. En Reforma de los Partidos Políticos en Chile, editado por A. Fontaine et al. 75-124. Santiago: PNUD, CEP y Cieplan.

Luna, J. P. & D. Altman. 2011. “Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization”. Latin American Politics and Society 53 (2): 1-28.

Morales, M. & B. Reveco. 2018. “El efecto de las generaciones políticas sobre la participación electoral. El caso de Chile, 1999-2013”. Revista Perfiles Latinoamericanos 26 (52): 1-27.

Navia, P. 2004. “Participación electoral en Chile, 1988-2001”. Revista de Ciencia Política 24 (1): 81-103.

Ortega, Eugenio. 2003. “Los partidos políticos chilenos: Cambio y estabilidad en el comportamiento electoral 1990-2000”. Revista de Ciencia Política XXIII (2): 109-147.

Raymond, C. & B. Feltch. 2014. “Parties, Cleavages and Issue Evolution: The Case of the Religious-Secular Cleavage in Chile”. Party Politics 20 (3): 429-443.

Sajuria, J., I. Mackinnon, R. Jeria & J. Morillo. 2017. “Candidaturas Chile: Datos candidaturas al Congreso Chile v. 1.0”. Harvard Dataverse. https://doi.org/10.7910/DVN/MIRQMB.

Sandel, M. 2013. Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado. Buenos Aires: Debate.

Scully, T. 1992. Los partidos de centro y la evolución política chilena. Santiago: Cieplan-Notre Dame.

Scully, T. & S. Valenzuela. 1993. “De la democracia a la democracia: Conti-nuidades y cambios en las opciones electorales y el sistema de partidos en Chile”. Estudios Públicos 51: 195-228.

Smets, K. & C. van Ham. 2013. “The Embarrassment of Riches? A Meta-Analysis of Individual-Level Research on Voter Turnout”. Electoral Studies 32 (2): 344-359.

Tironi, E. 2010. Radiografía de una derrota, o cómo Chile cambió sin que la Concertación se diera cuenta. Santiago: Uqbar.

Tironi, E. & F. Agüero. 1999. “¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno?”. Estudios Públicos 74: 151-168.

Torcal, M. & S. Mainwaring. 2003. “The Political Recrafting of Social Bases of Party Competition: Chile, 1973-1995”. British Journal of Political Science 33 (1): 55-84.

Toro, S. 2008. “De lo épico a lo cotidiano: Jóvenes y generaciones políticas en Chile”. Revista de Ciencia Política 28 (2): 143-160.

———. 2016. “Movilización partidaria y electoral”. En Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas?, editado por S. Toro, C. Acevedo & N. Jaramillo-Brun, 115-126. Nashville: Vanderbilt University.

Valenzuela, S. 1995. “Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile”. Estudios Públicos 58: 5-77.

———. 1999. “Reflexiones sobre el presente y futuro del paisaje político chileno a la luz del pasado”. Estudios Públicos 75: 273-290.

Valenzuela, S., T. Scully & N. Somma. 2007. “The enduring presence of religion in Chilean ideological positionings and voter options”. Comparative Politics 40 (1): 1-20. EP

[1] Tal como señala Bunker (2018), mientras entre 1989-2013 fue necesario obtener el 33 por ciento de los votos de una unidad electoral para asegurar un escaño, en 2017 fue necesario sólo el 25.

[2] Que las transformaciones del paisaje político sean animadas por una élite “de arriba hacia abajo” no las transforma necesariamente en institucionales, como podría pensarse. Por variables institucionales, este artículo entiende estrictamente cambios en las reglas del juego, como reformas electorales. Por supuesto, las élites responden a dichos cambios adecuando su oferta política, pero la teoría de la agencia política es relativamente independiente de dichos cambios. Aun sin cambios en el sistema electoral, las élites políticas pueden insistir o desistir de ciertas narrativas, dependiendo de su conveniencia.

[3] Tal como observan Cox y González (2016), en las elecciones de 2013 hubo cerca de 30 por ciento de recambio en los votantes. En cuanto a la composición etaria, señalan que en 2013 “hubo un incremento neto en la participación electoral de los chilenos entre 18 y 34 años, y una pérdida neta de votantes mayores de 35 años, la cual se concentra principalmente en los votantes de entre 40 y 55 años de edad. Como consecuencia, el sesgo etario que se observaba en el padrón, al momento de establecerse la reforma, se redujo importantemente” (2016, 2).

[4] Torcal y Mainwaring (2003) sostienen que el clivaje de clase en Chile se ha debilitado por razones estructurales y otras ligadas a la acción política. Respecto de las primeras, sugieren que los clivajes tradicionales tienden a declinar cuando se resuelven los conflictos sociales que les dieron origen. Cabe preguntarse entonces si el fenómeno de una creciente clase media en Chile ha terminado por diluir el clivaje de clase. Respecto de las segundas, los autores recuerdan que la dictadura desmovilizó sindicatos y organizaciones obreras ligadas a la izquierda. Sin perjuicio de lo anterior, insisten, los líderes de la Concertación evitaron conscientemente los debates sobre clase y redistribución para ahuyentar los miedos que éstos generaron en las décadas de los sesenta y setenta.

[5] En un reciente artículo, por ejemplo, Hooghe y Marks (2018) expanden la teoría de Lipset y Rokkan al sugerir que en Europa ya es posible identificar un nuevo clivaje transnacional motivado por los debates sobre inmigración e integración regional.

[6] Tal como ha reconocido Enrique Correa, la suya es “probablemente la generación de más larga vigencia en la historia, que hunde sus raíces en la Patria Joven y también jugó un rol importante y a veces decisivo en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, y encabezó la lucha contra la dictadura”. Fuente: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/12/03/833935/Enrique-Correa-Al-estigmatizar-a-Lagos-se-estigmatiza-a-quienes-participamos-de-la-transicion.html. Uno de los mejores ejemplos de la resistencia de la generación de Correa a ceder espacios a las nuevas generaciones ocurrió en la antesala de las elecciones parlamentarias de 2013. En la ocasión, el naciente movimiento Revolución Democrática anunció su intención por competir por una diputación en Talca. El diputado incumbente desde 1990, Sergio Aguiló, reaccionó refiriéndose a ellos como un “grupito de jóvenes acomodados” e “hijos de papá”, acusándolos además —por la osadía de desafiarlo— de “denostar más de cuarenta años de lucha”, preguntándoles si acaso “sabrán lo que fue la dictadura”. Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/04/22/aguilo-trata-de-hijos-de-papa-a-jackson-y-revolucion-democratica-en-disputa-por-cupos-a-diputados-en-talca/.

[7] La primera campanada de alerta vino con la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami en 2009. Entonces, el columnista Héctor Soto lo llamó “el candidato inesperado”, resumiendo el desconcierto de su generación. Con apenas 36 años, ME-O irrumpió como una carta de renovación que trascendía la división plebiscitaria. Sus adversarios tomaron nota y se apuraron a incorporar figuras jóvenes a sus equipos de campaña. Aunque Tironi (2010) sostiene que la necesidad del recambio generacional aún no estaba en la agenda cuando Eduardo Frei nombró a Sebastián Bowen, de apenas 27 años, como coordinador de su campaña, para entonces ya se publicaban decenas de columnas y piezas de opinión que alertaban sobre la necesidad de “renovar la política” (Bellolio 2013). La generación del plebiscito no estaba leyendo con atención el escenario.

[8] Según el informe 2014 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por su sigla en inglés), de la Vanderbilt University, durante los años 2011 y 2012 en Chile se observó un aumento considerable en el número de personas, especialmente jóvenes, que participaron en actividades de carácter político, ya sea marchas o protestas. Puesto que dicha participación aún no tenía traducción institucional, se ha sostenido que la intensidad del movimiento estudiantil de la época demuestra que la despartidización y la politización pueden ir de la mano (Bidegaia 2016).

[9] Morales y Reveco (2018) establecen una clasificación similar en Latinoamérica: los que votaron previo a los golpes de Estado de los años sesenta y setenta, los que no votaron previo a dichos golpes pero que sí tenían edad para votar en el plebiscito posterior o primeras elecciones democráticas, y los que no votaron en ninguna de aquellas instancias. En el caso chileno, todos estos últimos serían parte de la generación 2011 céntrica.

[10] En mayo del 2019, el MA se une a la Izquierda Libertaria (IL), Nueva Democracia (ND) y Socialismo y Libertad (SOL), todos del Frente Amplio, para fundar el nuevo partido Convergencia Social.

[11] Aun así, en la comuna de Providencia, RD apoya a Josefa Errázuriz, la candidata que derrota en una mediática competencia al histórico alcalde UDI Cristián Labbé.

[12] El caso de Sentido Futuro es interesante, pues representaba un esfuerzo explícito por superar la división heredada de 1988. Mientras la trayectoria política de los dirigentes de Ciudadanos estaba asociada a la Concertación, la trayectoria política de los dirigentes de Amplitud estaba asociada a la coalición del Sí. Más allá de sus dirigentes, sus militantes más jóvenes interpretaron estos proyectos en clave 2011 céntrica. De hecho, Ciudadanos nace en 2013 y Amplitud, en 2014.

[13] Estas nuevas élites no provienen de una extracción socioeconómica muy distinta a las élites de la transición. Varios de sus líderes pertenecen a familias ligadas a la política. Felipe Kast es hijo del fallecido economista gremialista Miguel Kast, ex ministro de la dictadura. Hernán Larraín Matte, actual presidente de Evópoli, es hijo de Hernán Larraín Fernández, dirigente histórico de la UDI. Respecto del Frente Amplio, la ex Presidenta Michelle Bachelet señaló que “los jóvenes del Frente Amplio son hijos de militantes de partidos tradicionales” (fuente: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/06/15/862780/Michelle-Bachelet-En-general-los-jovenes-del-Frente-Amplio-son-hijos-de.html). La expresión no es metafórica, sino literal. Varios de los líderes del Frente Amplio son hijos de ex colaboradoras de la propia Bachelet. El diputado de RD Miguel Crispi es hijo de la ex ministra socialista Claudia Serrano. Nicolás Grau, coordinador programático de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y militante del MA, es hijo de la ex ministra socialista Paulina Veloso. Camilo Riffo, candidato a diputado del MA en Concepción, es hijo de la ex ministra socialista Paula Quintana. Algunos de estos dirigentes alcanzaron a militar brevemente en partidos tradicionales (Larraín Matte en Renovación Nacional (RN), Crispi en el Partido Socialista), a los cuales renunciaron para colaborar en la fundación de los propios.

[14] Fuente: https://www.latercera.com/noticia/presidente-sebastian-pinera-y-su-juicio-a-40-anos-del-golpe-hubo-muchos-que-fueron-complices-pasivos-que-sabian-y-no-hicieron-nada-o-no-quisieron-saber/.

[15] Principalmente el diputado UDI Jaime Bellolio y el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte. Otros, como el diputado de Evópoli Francisco Undurraga y el diputado de RN Sebastián Torrealba asistieron al acto oficial de la conmemoración del triunfo del No en Santiago. La excepción que confirma la regla es el caso de la joven diputada RN Camila Flores —nacida en 1987—, quien se ha declarado abiertamente pinochetista. Sus expresiones han sido motivo de revuelo público justamente porque se creía, al menos en las nuevas generaciones, una etapa superada.

[16] Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/estudio-senala-plebiscito-fuese-hoy-70-votaria-no/336832/#.

[17] Según ha investigado Stéphanie Alenda (2017), si bien la militancia de Evópoli coincide con la militancia de la UDI y RN en los debates socioeconómicos, se distancia del conservadurismo de sus socios en las llamadas materias “valóricas”. Una reciente radiografía al Congreso realizada por la Universidad Diego Portales confirma lo anterior: los congresistas de Evópoli conjugan liberalismo económico y valórico (fuente: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/cuan-liberales-los-congresistas/395347/). Si a esto le sumamos la evidencia de que las nuevas generaciones de chilenos son más liberales —en lo moral— que sus padres (Luna 2008), entonces es razonable especular que Evópoli representa mejor las sensibilidades de los millennials de su sector.

[18] En las universidades más emblemáticas del país, la disputa por las federaciones estudiantiles ya no se da entre las juventudes de los partidos políticos de la transición —quizás con la sola excepción del PC—, sino entre facciones universitarias de las nuevas fuerzas políticas nacionales. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) ha sido conducida en los últimos años por movimientos que integran el Frente Amplio, como el MA, el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL) y la Unión Nacional Estudiantil (UNE). La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) ha sido dirigida principalmente por la agrupación Nueva Acción Universitaria (NAU), que funciona como semillero de RD. Los diputados Miguel Crispi y Giorgio Jackson, por ejemplo, presidieron la FEUC representando al NAU. En instituciones privadas como la Universidad Adolfo Ibáñez, se registra alternancia entre representantes estudiantiles de RD y Evópoli. Este dato es relevante, tomando en cuenta la importancia histórica del movimiento estudiantil en el devenir político chileno.

[19] Esto explica en parte los diez años de diferencia que tuvieron, en promedio, los candidatos de RD y Evópoli.

[20] Si bien Beatriz Sánchez no es una millennial en sentido estricto, sino más bien una representante de la llamada Generación X, no tenía edad para votar en el plebiscito de 1988. Es decir, al igual que Felipe Kast, cae dentro de la categoría que hemos denominado 2011 céntrica. El ascenso de Sánchez como voz política, a través de sus diversas tribunas de opinión y periodísticas, coincide también con el despertar político de la generación de Jackson y Boric, que la “ungen” como su candidata para las primarias del Frente Amplio.

[21] Fuente: https://radio.uchile.cl/2017/03/28/voceros-del-frente-amplio-afirman-que-no-son-una-coalicion-de-izquierda-sino-mas-bien-ciudadana/.

[22] Tal como les ocurrió a las élites de la Concertación, las élites del Frente Amplio se verán también en la necesidad de alimentar la vigencia del hito originario de 2011, reponiéndolo cada cierto tiempo en la memoria. Así se explica, en parte, la relación entre el Frente Amplio y las movilizaciones feministas de 2018. En circunstancias de que las demandas centrales del movimiento estudiantil de 2011 han sido procesadas por el sistema político (gratuidad universitaria, fin del lucro, selección y copago en la educación escolar, desmunicipalización), a la nueva izquierda le resulta difícil revivir aquella efervescencia. A esto se suma que los principales líderes del 2011 están en el espacio institucional que representa el Congreso. La movilización feminista les dio la posibilidad de reconectarse con el espíritu de rebeldía de la calle, y extender de esa manera el recuerdo del hito originario de 2011. Como lo expresó la escritora Arelis Uribe en su cuenta de twitter: el 2018 es el 2011 feminista.

[23] En su primera actividad tras retornar de Nueva York en abril de 2013, Bachelet confiesa que le parece injusto que su hija vaya gratis a la universidad si ella puede pagársela. Nunca más volvió a decirlo. Muy probablemente, fue conminada a seguir al pie de la letra la pauta de las demandas del movimiento estudiantil, las cuales luego incorporó íntegramente en su programa.

ENSAYO

DINERO, ABSTRACCIÓN Y CRISIS DE LA SOCIABILIDAD LIBERAL

Eduardo Sabrovsky

Universidad Diego Portales

EDUARDO SABROVSKY. Doctor en filosofía, Universidad de Valencia. Profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Email: eduardo.sabrovsky@mail.udp.cl.

RESUMEN: Este ensayo se centra en la situación actual del liberalismo, en un entorno caracterizado por el auge del populismo y por expresiones generalizadas de resentimiento e ira que circulan incesantemente en los medios sociales. Sus tesis principales son: (i) que lo que está en juego en esta nueva era de la ira es el dispositivo moderno de la sociabilidad y la verdad pública en su totalidad, tal como fue inicialmente articulado por Thomas Hobbes y, más adelante, por Immanuel Kant en sus trabajos históricos y políticos, y (ii) que el reto que enfrenta este dispositivo no es efecto de atavismos resultantes de un déficit de modernización, sino del resurgimiento de la inherente insociabilidad de los sujetos modernos, ahora desencadenada por el predominio abrumador de la abstracción en las relaciones sociales. El argumento se inicia con una lectura en profundidad de Lo que el dinero sí puede comprar, libro del intelectual público chileno Carlos Peña, entendido como una pieza destacada del pensamiento liberal contemporáneo, en la cual tanto la potencia de este pensamiento como sus puntos ciegos quedan en evidencia.

PALABRAS CLAVE: liberalismo, sociabilidad, dinero, abstracción, Kant, Carlos Peña.

MONEY, ABSTRACTION AND THE CRISIS OF LIBERAL SOCIABILITY

ABSTRACT: This essay focuses on the present predicament of liberalism in an environment characterised by the rise of populism and widespread expressions of resentment and rage unceasingly circulating in social media. Its main contentions are (i) that what is at stake in this new age of rage is the entire modern apparatus of sociability and public truth, as it was initially articulated by Thomas Hobbes and further on by Emmanuel Kant in his historical and political works, and (ii) that the challenge this apparatus is facing is not result of atavisms that an intensified modernisation would wipe away, but of the emergence of the inherent unsociability of modern subjects, now unbridled by the overwhelming predominance of abstraction in social relations. The argument starts by an in-depth critical reading of the Chilean public intellectual Carlos Peña’s book Lo que el dinero sí puede comprar, understood as an outstanding piece of contemporary liberal thought displaying both its pungency and its inherent blind spots.

KEYWORDS: liberalism, sociability, money, abstraction, Kant, Carlos Peña.

Lo que el dinero no puede comprar.

Lo que el dinero sí puede comprar.

La primera frase titula un libro del filósofo político norteamericano Michael Sandel (con un subtítulo que es una suerte de denominación de origen “made in the USA”: Los límites morales del mercado).[1]

La segunda es el libro publicado en 2018 por su antagonista local, el también filósofo político y celebrado intelectual público Carlos Peña González.[2] Salvo por una breve partícula —“no”; “sí”—, ambos títulos son idénticos, como en un letrero de neón en el que dichas partículas se sucediesen a intervalos fijos. Pero la identidad en cuestión es más profunda. Pues tanto para Sandel, como para Peña se trata de “Lo que…”: cosas que el dinero potencialmente podría comprar, con la sola diferencia que Sandel quisiera establecer una suerte de cerco moral, de modo de impedir que, en el caso de cierto tipo de cosas, lo potencial se transforme en realidad.

Este ensayo pretende profundizar este debate, llevándolo hacia una indagación acerca del dinero, de la abstracción que constituye su esencia y de las consecuencias que se siguen cuando ésta se transforma en el principio rector de la vida moderna en todas sus dimensiones. Por cierto, sería vano e innecesario pretender aquí partir de cero; una revisión de la polémica Sandel-Peña debiera ofrecer, en cambio, un buen punto de partida. Pero aquí las similitudes entre ambos contendientes se desvanecen. El libro de Sandel es rico en información sobre la asombrosa expansión de las cosas que, hoy por hoy, el dinero sí puede comprar; por ejemplo, ciertas prisiones estadounidenses ofrecen a sus huéspedes atractivos upgrades de celda carcelaria, como si se tratase de un hotel o un avión. Pero proporciona poco más; nada, prácticamente que, con menos bombo, no se pueda encontrar en las páginas de un buen reportaje periodístico. Peor aún, su moral es arrojada sobre sus lectores sin fundamento ni discusión; sin consideración alguna, tampoco, de las dinámicas históricas con las cuales se tendría que articular, de modo de hacer realidad su ambiciosa pretensión de poner límites al mercado. Finalmente, todo queda entregado a la voz del evangelizador y la conversión moral de los infieles.[3] Pero, como espero mostrarlo más adelante a propósito de la tradición de pensamiento que suele identificarse con Immanuel Kant —uno de los muchos nombres que brillan por ausencia en el libro de Sandel; en cambio, Brad Pitt, Zsa Zsa Gabor y Jim Carrey sí tienen su lugar—, cualquier semejanza entre la moralina de Sandel y la reflexión moral de la era moderna es mera coincidencia.

Quedémonos entonces con el libro de Carlos Peña. No hay en él argumentos parroquiales para poner límites a lo que el dinero puede comprar, sino más bien una voluntad de seguir la lógica expansiva del mercado hasta su consumación. En lo que sigue, me propongo aceptar ese desafío, pasando de las cosas que, por su propia naturaleza de cosas, el dinero sí puede comprar, hasta lo que cabría llamar el “ser” del dinero: “ser” que designa no una cualidad misteriosa y “filosófica” del dinero, sino su principio operativo: la abstracción y la cuantificación. Un principio profundamente inscrito en el código genético de la era moderna, que tiene en el dinero su expresión más visible, pero que no se agota en él.[4] Pues las tecnologías contemporáneas —big data, algoritmización, captura de la atención— hacen posible su propagación hacia la casi totalidad de la vida individual, social y política. El énfasis unilateral, en cambio, en lo que el dinero sí puede comprar desatendiendo, como lo mostraré más adelante, tanto la experiencia histórica del siglo XX como los inquietantes síntomas del presente, constituye la esencia del paradójico populismo liberal de nuestro tiempo. Éste, al hacer del consumo la forma más elevada de la libertad moderna instala una bomba de alto poder sobre las bases mismas de la legitimidad de los discursos considerados como públicamente verdaderos bajo las condiciones de la moderna democracia liberal. De esta manera, el complejo dispositivo que desde sus orígenes el mundo moderno ha venido produciendo para establecer qué es, y no es, plausible de ser considerado verdadero y legítimo en el espacio público —universidades y demás instituciones formativas, think-tanks, prensa “seria”, instituciones culturales en general— queda desactivado, expuesto como arbitrario poder empeñado en reprimir la genuina libertad, la de elección en el mercado.[5]

Comienzo entonces por algunas observaciones sobre Lo que el dinero sí puede comprar. Se trata de una obra que, teniendo en vista los debates político-intelectuales en la actual sociedad chilena, aborda la cuestión de la sociabilidad humana en condiciones en que el capitalismo, el dinero y el consumo se han tornado hegemónicos. Y lo hace mediante un erudito recorrido por la compleja historia del problema. Así, son llamados a dar testimonio en sus páginas muchos de los más connotados pensadores del mundo moderno. Hobbes, Hume, Adam Smith, Kant, Hegel, Simmel, Freud, Durkheim, Arendt, Karl Polanyi, Hayek, Heidegger, Schmitt, Luhmann, Baudrillard, Deleuze, por sólo mencionar algunos nombres, figuran en su frondoso índice onomástico.[6] A la vez, son numerosas las disciplinas —sociología y antropología, filosofía, derecho, economía— cuyas discusiones Carlos Peña recorre e interpreta.

“Este ensayo trata, pues, del lugar que poseen el dinero y el mercado en la sociedad contemporánea”, se lee en la introducción del libro. El recorrido descrito de autores y disciplinas es, por tanto, consubstancial a este intento. Pues se trata, para su autor, de complejizar la cuestión, más allá de las simplificaciones fundamentalistas —muy particularmente en el debate local— con que suele ser tratada. Así, escribe:

La estela de incomodidad que producen los procesos de modernización se atribuye así al mercado, al apetito de lucro, a la omnipresencia del dinero, dejándose ver la sugerencia de que si esas cosas aminoraran su presencia en la vida, si estrecharan el papel que cumplen, todo iría mejor, la sociedad estaría más cohesionada y la vida sería más plena (…) Como todas las escatologías, esa idea (lo mismo que su rival, la idea del mercado total) padece el error de creer que en la vida se puede disponer del lado bueno de las cosas y sacudir de una vez por todas lo malo. (12-13)

En su recorrido, Peña muestra —y éste es quizás su aporte fundamental— que esa incomodidad es parte de la misma existencia moderna. No surgiría entonces del recuerdo reprimido de un paraíso perdido y pastoral del cual los seres humanos habríamos sido injustamente expulsados, al que podríamos retornar entonces mediante un acto supremo de voluntad política, sino que de la necesaria contraparte de la libertad de los individuos modernos. Individuos arrojados a un mundo en el cual los costos psicosociales de la finitud de la existencia humana no pueden ser ya cargados a la cuenta de la salvación. Se trataría entonces de un malestar que el individuo moderno no debiera impugnar, sino aceptar con madura entereza.

Hasta ahí, todo bien. No obstante, ¿por qué es tan esquiva esa madurez? Como Peña elocuentemente lo describe, en nuestro país, “las multitudes inundan los malls y pasean entre sus vitrinas, anhelantes de las cosas que miran, como si buscaran en ellas algo que supieran de antemano, desde siempre, y que ahora sólo se trataría de encontrar” (43-44). No obstante, ¿ofrece la cultura del consumo la posibilidad de que esas multitudes procesen maduramente el malestar, o las destina a vivirlo como resentimiento? Pues, por alguna razón, sobre la cual es fundamental reflexionar, esas multitudes parecen ser refractarias a esa maduración, y prefieren más bien seguir a predicadores de diversas layas: fugaces superstars académicos “de izquierda” —las comillas son aquí imprescindibles— al estilo de Sandel, o, de un modo más profundo y digno de consideración, políticos populistas y evangelizadores que día a día aumentan su arraigo entre la población, y cuyas prédicas encuentran terreno fértil en el malestar, que es la contracara, el “lado b”, de la cultura del mall.

Carlos Peña, evidentemente, no está del lado de los predicadores. Pero tampoco parece hacerse cargo de la misma naturaleza moderna del problema. Pues, dada la frecuente aparición en su libro de la palabra “nostalgia” y otras afines cuando se trata de los críticos de la sociedad de consumo, pareciera que, para él, finalmente, el malestar sería el resultado, no de la propia modernización de todos los ámbitos de la existencia, sino de atavismos que, nuevamente, una buena dosis de economía de mercado podría hacer desaparecer. Con esto, la lectura de su libro produce una fuerte sensación de déjà vu: ya ante la primera “edad de la ira” del siglo XX,[7] aquella que culminó con el fascismo, el nacionalsocialismo, el estalinismo y la guerra, la reacción de algunas capas de la intelectualidad fue, simplemente, atribuir todo ello a la barbarie —barbarie germana, barbarie eslava—, exonerando así de responsabilidad a las violentas modernizaciones capitalistas a nivel global. Finalmente, ese recurso de exoneración se trasladó a la cultura de masas: hasta hoy, en gran parte del cine de Hollywood, Hitler, Mussolini, Stalin y sus seguidores suelen ser presentados como bárbaros estrafalarios, de modo que toda consideración seria del asunto queda de antemano bloqueada.

La segunda edad de la ira, la que parece estar en ciernes, suscita reacciones semejantes: la cultura de masas, el cine y los juegos electrónicos, con sus monstruos, extraterrestres y superhéroes, y sus combates del bien contra el mal, son expresiones tanto del malestar como de la tendencia a conjurarlo mediante representaciones simplistas. Y la cultura de los intelectuales, con interpretaciones que, o bien moralizan piadosamente el asunto (à la Sandel), o bien lo intentan archivar bajo el rótulo de la nostalgia, no lo hace tampoco mejor. No obstante, es posible que en los mismos saberes que el libro de Carlos Peña invoca esté contenida una interpretación ni nostálgica ni moralizante de la insociabilidad contemporánea. En lo que sigue, me propongo mostrar que esto es así, y muy particularmente en el caso del pensamiento filosófico moderno al que Peña hace más frecuente referencia, el asociado al nombre de Immanuel Kant. Más precisamente, me propongo profundizar en dos nociones, “autonomía” e “insociable insociabilidad”, a las cuales Peña otorga un lugar central en su libro, pero sin advertir al parecer que en ellas —en el problema que en ellas se plasma— podría encontrarse la explicación de los indóciles fenómenos sociales del presente.

“La historia de la filosofía no es un vano museo de distracciones y de juegos verbales”, escribió alguna vez Jorge Luis Borges.[8] Si hay pensador moderno a quien esta observación se aplica plenamente, ése es Kant. Pues Kant fue un agudo observador del mundo moderno; su filosofía no es pieza de museo, sino una muy vigente indagación acerca de los desafíos que enfrenta una sociedad secularizada, cuyos integrantes, en su vida práctica, no se rigen por mandatos trascendentes, sino por la maximización de sus propios intereses egoístas. Son, en la terminología de Kant, que Carlos Peña frecuenta, “insociables”. Y el desafío consiste en operar la transmutación de esa insociabilidad en sociabilidad; en “insociable sociabilidad”, como escribe Kant en uno de sus más célebres aportes a la filosofía de la historia, su Idea para una historia universal en clave cosmopolita.[9]

Mas, antes de entrar a este estrato del pensamiento de Kant, vale la pena detenerse en un concepto que aparece con frecuencia en el libro de Peña que comento: “autonomía”. El término, en su acepción kantiana, alude al mayor logro que el mundo moderno ofrecería a los seres humanos: la emancipación de todas las sujeciones “heterónomas”; ya sea la sujeción externa, como la ciega obediencia que los seres humanos prestan a autoridades morales, políticas e intelectuales; o la sujeción interna a las propias pasiones e inclinaciones, que tienden a encerrar al individuo en su propia insociabilidad, y cuya relevancia se acrecienta a medida que la misma dinámica de la vida moderna desencadena la emancipación práctica respecto al primer tipo de sujeción, desde los poderes señoriales y religiosos hasta llegar a todo tipo de autoridad externa. La cuestión que examino aquí es si acaso esa autonomía equivale a libertad de elección, como la que los consumidores ejercen en el mercado. El examen se justifica, dado que esa equivalencia es un elemento fundamental del planteamiento de Carlos Peña.

Por cierto, no faltan en él afirmaciones condicionales y prudentes. Así, por ejemplo:

La autonomía personal y la libertad de configurar la propia vida, así como la libertad política, muestra una larga experiencia, dependen en parte importante de la existencia del intercambio más o menos libre y de la expansión del consumo. (13)

Si ésta es una “parte importante” —difícil no coincidir en ello— restaría, sin embargo, por saber cuál sería la parte menos o no importante de la cual implícitamente se distingue, y de qué manera se establecen esas distinciones y su valoración. El autor, sin embargo, deja esto sin explicar. De este modo, más adelante en su libro, la identificación entre autonomía y mercado se vuelve total. Así, ya casi finalizando su recorrido, se lee en él:

El mercado no posee una idea antecedente de virtud o de vida buena que promover (aunque subyace en él la idea de que la mejor vida es la vivida autónomamente), sino que él se orienta por las preferencias, deseos y anhelos de las personas sin someterlos a control ni dirección moral alguna. De ahí que los precios en un mercado no reflejen el valor intrínseco de las cosas, sino que se trata nada más que de un índice acerca de cuáles son, y qué tan intensas, las preferencias de la gente. (224, los énfasis son míos)

No obstante, la construcción conceptual de Kant, tal como termina de ser elaborada en su célebre texto La religión dentro de los límites de la mera razón (1793), se centra en la idea de que dirección moral y autonomía no solamente no se contraponen, sino que conjugarlas es imprescindible para la deseada transmutación de insociabilidad en sociabilidad. La sociabilidad moderna supone que los individuos no sólo se han liberado del yugo de la tradición, sino que son capaces también de extraer de sí mismos los recursos morales (psíquicos, diríamos en términos más contemporáneos) que les posibilitarían ejercer un control sobre sus propias inclinaciones y pasiones sin tener que recurrir a autoridades externas.

El naciente mundo moderno se levanta sobre las ruinas del mundo medieval; al disolverse la totalidad ética al interior de la cual el fiel cristiano vivía, la obediencia a la tradición que formaba parte de ésta no pudo sino transformarse en mera obediencia externa; como lo entendieron ya los reformadores protestantes, a partir de entonces no hay más fuente de recursos éticos, ni de sentido para la vida social y política, que aquella que emana de la propia vida del individuo. Pero —y esto es fundamental— tanto los teólogos de la Reforma como Kant entienden que no se trata de esa vida sin más: no se trata de dar rienda suelta a los impulsos, a las egoístas pasiones instantáneas de los individuos, sino de hacer posible su postergación en la perspectiva de la apertura hacia un futuro en común con otros; en suma, de hacer del humano, así lo observará Nietzsche en su Genealogía de la moral, “un animal al que le sea lícito prometer”.[10] Pero en Kant, y en eso consiste su genio, no se trata de legitimar una nueva imposición venida desde el exterior (ése había sido el destino del calvinismo y de sus sucesores puritanos), sino de la autoproducción de una instancia interior, psíquica, capaz de poner la energía de esos mismos impulsos y pasiones al servicio de la indispensable sociabilidad.

La instancia en cuestión es la razón, que Kant entiende como sede de directivas incondicionales (la palabra alemana para incondicional, Unbedingen, lo dice todo: Ding equivale a cosa; lo incondicional es lo no cósico, lo des-cosificado) y coincidentes con la voz interior más propia de todos y de cada uno de los individuos modernos. Y la autonomía kantiana es inseparable de este momento de incondicionalidad, que se contrapone radicalmente a toda apología de la mera libertad de elección en medio de las cosas. Pues esa mera libertad, tomada por sí sola, vuelve sordos a los individuos al llamado de esa voz interior.

Pero sólo un puritano podría pretender que la voluntad humana se podría regir, así sin más, por mandamientos incondicionales. Por ello Kant complejiza la cuestión, distinguiendo entre dos aspectos de la voluntad, que designa mediante variantes que la lengua alemana hace posibles. Por una parte, Wille, la voluntad como legisladora, como sede de la ley moral en todo su rigor racional e incondicional y en su plena capacidad de abrirse paso a través de los caparazones egoístas de los individuos; por la otra, Willkür, o sea, la voluntad como capacidad de acción, de elección en un mundo secular.[11] Esta última es esa “parte importante” de la construcción kantiana de la autonomía, que el profesor Peña reconoce. Pero no es más que una parte. Hay libertad de elección, sin duda, pero también hay ley moral incondicional. ¿Cómo se resuelve esta contradicción?

En La religión dentro de los límites de la mera razón, Kant termina por dar respuesta a esta pregunta.[12] No hay solución fácil al conflicto entre Wille y Willkür; como en el psicoanálisis, que de alguna manera la elaboración de Kant anticipa, no queda más que aceptar el desgarro inherente a la psiquis moderna. Ahora bien, el teatro de este conflicto es aquello que Kant llama “disposición” (Gesinnung), la cual, no obstante estar compuesta de los rasgos hereditarios y de las experiencias vitales del individuo, es la más elevada expresión de su autonomía, a condición de que éste la reconozca como el producto de su propia elección voluntaria. ¿Pero cómo es posible pretender que la herencia, la biografía, que se encuentran en el pasado, sean asumidas como realizaciones de la voluntad? ¿No estaba acaso Kant ya senil, se preguntan algunos lectores, cuando se le ocurrió esto? Pero, si la autonomía ha de tener algún contenido, algún significado relevante para la vida real, éste ha de consistir, no en la libertad de elegir esto o lo otro, esta cosa o esta otra cosa, sino en elegirse des-cosificada, incondicional y soberanamente a sí mismo; finalmente, sólo esta elección existencial salva a la Willkür kantiana de disolverse en mera aquiescencia ante la seducción que emana de las cosas y, más concretamente, de las mercancías.[13]

En esto, como en muchas otras cosas, Kant es precursor de Nietzsche y de su crítica radical a la moral del resentimiento, la moral de quienes no están en condiciones de liberarse del peso de su historia asumiéndola como propia. En obras como La gaya ciencia y Ecce Homo, Nietzsche elabora una versión depurada de la autonomía kantiana, a la cual llama, muy apropiadamente, amor fati, “amor al propio destino”. Escribe, y sus claras palabras arrojan luz sobre lo que quedaba oscuro en la elaboración de su antecesor:

Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati: el no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo ―todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario― sino amarlo...[14]

Tanto Kant como Nietzsche advierten, además, que la construcción moral autónoma está siempre en riesgo de fracasar; en la terminología del primero, la “disposición” puede colapsar, quedando reducida a mera “propensión” (Hang) que Kant, en una quizás profética nota al pie de su Religión dentro de los límites de la mera razón, asocia a la adicción a las substancias intoxicantes.[15] Y si bien esta asociación podría parecer algo extrema —¿pero lo es, realmente, aquí y ahora?—[16] ya es posible extraer de todo esto un corolario relevante para un diagnóstico del presente: de faltar las condiciones para que el sujeto realice su autonomía en este sentido fundamental —en cuanto decisión moral radical— el resentimiento ocuparía su lugar, como disposición psíquica predominante de la vida moderna.

Vuelvo sobre esto más adelante. Me interesa ahora examinar cuáles son los requerimientos que Kant, en su filosofía de la historia, establece para que la primordial insociabilidad moderna se transmute efectivamente en sociabilidad. Como Carlos Peña lo hace ver en su libro, Kant no añora el pasado premoderno; por el contrario, ve en la insociabilidad moderna el motor capaz de poner en tensión las fuerzas de los sujetos y extraerlos de “una arcádica vida de pastores”, en la cual no son distintos de los borregos a su cuidado; de impulsarlos a “llenar el vacío de la creación”. Pero, nuevamente, la descripción que el autor hace en su libro es parcial e insuficiente (34-35). Pues en el texto al que hace referencia —el mencionado Idea para una historia universal en clave cosmopolita— la transmutación insociabilidad-sociabilidad no tiene nada de automático, sino que pende de una compleja y frágil premisa: la postulación de una teleología de la naturaleza y de la historia humana; esto es, de un desenlace que aseguraría que, en medio de sus a veces catastróficos y desalentadores episodios, la especie humana estaría de alguna manera encaminada a un destino de plenitud.

Observemos el texto de Kant más de cerca.[17] Idea para una historia universal en clave cosmopolita está organizado como una secuencia de principios, desde un primero que postula que “[t]odas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada”,[18] hasta el octavo, que dice: “Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un secreto plan de la naturaleza (…)”.[19] De nuevo, ¿estaba Kant en sus cabales cuando, contra lo enseñado en su Crítica de la razón pura, pretende ahora que aceptemos la idea de una naturaleza que velaría secretamente por el destino de la humanidad? Pero las cosas son más complejas.

En 1790, Kant publica su tercera y última Crítica, la Crítica de la facultad de juzgar.[20] Observa allí que nuestra aproximación cognitiva a la naturaleza consiste, en su mayor parte, no en la aplicación a los fenómenos de conceptos preexistentes (de eso se había ocupado en Crítica de la razón pura), sino en producir conceptos de modo inductivo, “reflexionante” lo llama, a partir de datos empíricos carentes en sí mismo de organización. Es decir, la cognición se sustenta en el implícito supuesto de una primordial afinidad (“conmensurabilidad”, escribe Kant) entre nuestras facultades cognitivas y la realidad exterior. El placer estético, la belleza parecerían confirmar esta conmensurabilidad y, con ella, la posibilidad de reconciliar al ser humano con la naturaleza, tanto exterior como interior. No obstante, se trata de vivencias que no logran trascender la subjetividad. Más en profundidad —de esto trata la segunda parte de esta tercera Crítica—, se requeriría de una teleología de la naturaleza capaz de garantizar que, en su moderna autoafirmación política, tecnocientífica, moral, la humanidad moderna no sería un mero episodio efímero, carente de legitimidad y destinado a conducir a la humanidad a la catástrofe, sino el resultado de una finalidad de alguna manera inscrita en la misma naturaleza. Pero, para el autor de la Crítica de la razón pura, aseverar algo así necesariamente desborda los límites de la razón entendida en términos modernos. Por ello, finalmente, no podría sino tratarse de un postulado; de una suerte de ficción performativa —hagamos como si tal finalidad trascendente existiese— como contenido de esa religión minimalista, la kantiana “religión en los límites de la mera razón”. Una religión, es decir, no un mero juego intelectual, sino una fe racional y a la vez colectiva.[21]

Estas ideas, desarrolladas en detalle en 1790, estaban ya presentes en el escrito de 1784. De hecho, a los ocho principios mencionados, Kant agrega un noveno, en el cual se desdobla en atento lector de los principios anteriores, y observa: “Parece una ocurrencia un poco extraña y hasta incongruente tratar de concebir una historia con arreglo a cómo debía marchar el mundo si se atuviera a ciertas finalidades razonables: parece que el resultado sería algo así como una novela”.[22] Pero entonces, ¿por qué escribirla? “Esa idea podría ser útil”, responde de inmediato Kant. Mas, ¿útil para qué? Aunque a grandes rasgos conocemos la respuesta, vale la pena emular a Kant en la lectura atenta de su texto. Pues todo él está marcado por la amenaza de la catástrofe que se desencadenaría sobre la humanidad si esas “finalidades razonables” no se cumpliesen: la arbitrariedad, el desconsuelo, la sospecha, la envidia corrosiva, la tiranía son las plagas letales que Kant enumera.

En suma: sin teleología, la primordial insociabilidad difícilmente podría transmutarse en sociabilidad. Y, si a nosotros, secularizados lectores, se nos hace difícil aceptar esta teleología, tampoco es razonable atribuir a Kant la fe ingenua de la cual nosotros nos hemos despojado. Más bien, Kant nos ha dejado una advertencia: si el mundo moderno no fuese capaz de extraer de sí mismo una suerte de religión civil, en la cual los individuos renueven su compromiso con el proyecto moderno, proporcionando así un sostén a la producción de subjetividades autónomas en el sentido moral ya descrito, entonces los espectros mencionados más arriba se dejarán caer sobre él:[23] arbitrariedad, desconsuelo, sospecha, envidia, tiranía. ¿Suena conocido?

En el capítulo que Carlos Peña dedica a discutir expresamente el libro de Sandel, su insuficiente consideración de este fundamental aspecto de la cuestión se expresa con nitidez. Escribe Peña:

Un intercambio en estado de necesidad (cuando usted contrata para salvar un bien que juzga más importante que el precio que sacrifica) es injusto, pero es voluntario… Una persona pobre que celebra un contrato quiere celebrarlo; decir que las circunstancias lo obligan es una forma figurada de describir el fenómeno que no ayuda a su comprensión intelectual (…) no se observa qué ventaja se sigue de llamar falta de voluntad a la injusticia. Una cosa es no querer hacer algo, otra cosa es ser víctima de la injusticia. (118-120)

Para establecer esto —es decir, la compatibilidad entre coacción externa y libre voluntad en el caso de “una persona pobre”— Peña acude a Puffendorf, a Pothier, al mismísimo Aristóteles. Pero, para quien haya seguido mi argumentación en las páginas anteriores, la falacia argumentativa que hay aquí debiera ser evidente. Pues, ciertamente al interior de la Gesinnung, de la disposición libremente elegida por un sujeto moderno en plena posesión de sí mismo, la injusticia no es falta de voluntad, sino más bien la ocasión de su ejercicio: el sujeto, una vez sublimada la coerción externa, se torna nietzscheanamente capaz de hacer válida su promesa, cumpliendo, contra viento y marea, lo establecido en el contrato que ha celebrado. Pero todo esto supone precisamente lo que Carlos Peña ha omitido; es decir, que la voluntad moral, a la cual apela, no se reduce a mera insociable libertad de elección, y que ello sólo es posible para individuos cuya formación moral les hace posible transmutar su inherente insociabilidad en sociabilidad. Si no se dan esas condiciones, no es posible pretender que “una persona pobre que celebra un contrato quiere celebrarlo”; a la vez, se hace evidente que esa pretensión será vivida por el pobre mismo como imposición injusta, e internalizada como ira y resentimiento.

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Más allá de su problemática comprensión de la cuestión de la insociable sociabilidad, de la moral y de la filosofía de la historia de Kant, y de su alcance respecto a los problemas de la vida contemporánea, hay un rasgo del mundo moderno que Lo que el dinero sí puede comprar destaca, y que merece ser comentado en profundidad, en la perspectiva de ir hacia la respuesta a nuestras preguntas iniciales: ¿qué es el dinero?, ¿cómo llega la abstracción a ser el principio organizador fundamental de la vida moderna, y qué consecuencias se seguirían de esto? Se trata de la relación entre abstracción y libertad, tal como fue observada, entre otros, por Georg Simmel en su Filosofía del dinero;[24] más concretamente, entre autonomía individual, en el sentido elaborado más arriba, y los modernos dispositivos de abstracción que, de manera creciente, sustituyen a las relaciones humanas tradicionales; del dinero en cuanto “equivalente universal”; más en general, agrego, de las tecnologías de la cuantificación que, partiendo desde las sencillas técnicas contables del siglo XIV, han terminado por ser un elemento principal del paisaje sociopolítico contemporáneo. Escribe al respecto Carlos Peña:

[E]n la economía moderna (que para Simmel es el intercambio de mercado mediado por el dinero) los sujetos dependen, en casi todas las dimensiones de su vida, de un intercambio con otras personas; pero ese intercambio, mediado por el dinero, exige, por decirlo así, poco gasto comunicativo de manera que deja fuera de la relación a la personalidad. De esta forma, sostiene, se produce “la independencia interior y el sentimiento del para sí individual (…) en el cambio voluntario de los sujetos, ocasionado a través de la estructura de la relación, se revela aquella indiferencia del elemento subjetivo, que lleva el sentimiento de la libertad”. (209)[25]

Por cierto, Peña tiene razón; nuevamente, sin embargo, su razón no es toda la razón. El dinero hace posible un frecuentemente bienvenido ahorro comunicativo: no tengo que trabar amistad con el gásfiter para que haga reparaciones en mi domicilio, ni con el panadero para que me venda pan; para que el taxista evangélico me transporte basta con que le cancele la tarifa indicada en el taxímetro, no que comparta sus lecturas de la Biblia, etcétera. Y no se trata sólo del dinero, sino del principio que encarna: la cuantificación y, más precisamente, la abstracción.

En virtud de ella, el trabajador puede, en principio, prescindir de servilismos tradicionales hacia jefes y patrones; en principio, nada impide que un militante de un partido antisistema trabaje bajo las órdenes de superiores pertenecientes, digamos, al Opus Dei. Y si bien fácticamente, al menos en sociedades como la chilena, algo así podría ser de difícil ocurrencia, la tendencia es indiscutible: las organizaciones obstinadas en discriminar ideológicamente a su personal terminarán, muy probablemente, sucumbiendo bajo el peso de una fuerza de trabajo devotamente ineficiente.

Pero esta consumada libertad negativa tiene costos. Carlos Peña no los desconoce. Escribe:

El surgimiento de una economía estrictamente monetaria, advirtió Simmel, favoreció las interacciones humanas en un muy alto nivel de abstracción, con un mínimo de esfuerzo comunicativo (…). Pero es fácil advertir que, al mismo tiempo, el uso del dinero se convierte en un formidable destructor de las relaciones comunicativas tradicionales. El dinero, al no necesitar del mundo de la vida, por el nivel de abstracción que supone, corroe las tradiciones y formas de existencia en las que el individuo estaba emboscado y protegido y permite que, desprovisto de esas referencias que lo abrigaban, deba ahora salir desnudo a la luz. (21-22)

Las relaciones abstractas, efectivamente, no quedan encerradas en sus ámbitos de origen. Del mundo de la producción y circulación mercantil, así como del trabajo, en el cual se tornan primeramente dominantes, ellas saltan hacia el mundo de las interacciones comunicativas que conforman lo que una importante vertiente de la filosofía del siglo XX, la fenomenología, suele llamar “mundo de la vida”. ¿Qué sucede entonces? ¿Y qué significa esa cuasi mística expresión de Peña: “salir desnudo a la luz”?

Pues pocas líneas más atrás ha escrito, en relación con el mismo proceso, que oculta al “sujeto que usted es”. La luz en cuestión, entonces, no descubre, sino oculta; la desnudez no alude a la plena presencia de una vida humana, sino más bien a lo que resta de ella bajo la radiación intensa de la abstracción. Y ese residuo —difícil no pensarlo— es un “hombre sin atributos”, como el personaje de la novela homónima de Robert Musil, contemporáneo de muchos de los pensadores convocados por Peña en su argumento. No obstante, como las mil y tantas páginas de la novela de Musil lo evidencian, Ulrich, su “hombre sin atributos”, no es un consumidor vagando en el laberinto del mall comercial, sino un refinado matemático e intelectual vienés de comienzos del siglo XX, dotado de recursos espirituales —y materiales también, por cierto— que le hacen posible procesar su confinamiento interior mediante la distancia y la ironía, y lo libran de quedar atrapado en la insociabilidad y el resentimiento.

Pero en la novela de Musil, a la figura de Ulrich se contrapone sugerentemente la de Moosbrugger, asesino serial que aterra y fascina a los buenos burgueses de Viena. “A ojos del juez”, reflexiona Ulrich después de observarlo en la sala del tribunal que lo juzga, “Moosbrugger era el origen de sus actos; a los de Moosbrugger, éstos se habían posado sobre él, cual pájaros que hubiesen aparecido volando no se sabe de dónde”..[26] Más allá, y por sobre sus crímenes, lo que define entonces a Moosbrugger es la incapacidad de aceptarse a sí mismo como “origen de sus actos”; esa incapacidad lo transforma en el paradigma del resentimiento. Bajo la radiación intensa de la abstracción, entonces, la vida desnuda se desdobla: sobre Ulrich, matemático, y por ello predispuesto a la abstracción, ésta fluye como la radiación benéfica de un solárium; sobre Moosbrugger, en cambio, cae como rayos desde un cielo hostil.

Como otras grandes creaciones literarias de ese tiempo (La montaña mágica, de Thomas Mann; La conciencia de Zeno, de Italo Svevo, por sólo nombrar un par), la novela de Musil transcurre en una suerte de estado de suspensión. Pues, cuando el tiempo nuevamente se ponga en marcha, la época no será ya la de Ulrich en su civilizada Viena, sino la de los Moosbrugger, matando y muriendo en los campos de batalla de la Gran Guerra, o incorporándose a la inmensa oleada de ira y resentimiento que se dejará caer sobre Europa y buena parte del planeta en las décadas siguientes.

La generación de Musil, de Freud, Durkheim, Simmel y tantos otros fue testigo de estos cataclismos, difícilmente disociables de la expansión de la lógica de la abstracción y de su concomitante insociabilidad. El siglo XX no fue solamente el del consumo, sino el de la ira y el resentimiento; el de las guerras y las revoluciones; el de Hitler y Mussolini; Lenin, Stalin, Mao; del fascismo y bolchevismo como expresiones del malestar intenso y generalizado de la época. Las multitudes no se limitan a consumir mansamente; matan y mueren en los campos de batalla; asaltan el Palacio de Invierno; desfilan con antorchas y esvásticas en Nuremberg.

Una frondosa literatura registra la reacción de la intelectualidad de la época frente a estos fenómenos: Durkheim y su anomia, Weber y su desencanto, Adorno y la alienación, Husserl y la “crisis de la humanidad europea”. Y no se trata, en ellos, de suave nostalgia de salón, sino de puesta en juego, activación, interrogación urgente del patrimonio intelectual, filosófico-político de la edad moderna ante la aterradora explosión de insociabilidad de la cual les tocó ser testigos. Y si bien el posterior triunfo de las democracias liberales que culminó con el colapso de los “socialismos reales” ha podido llevar a pensar que la explosión de entonces fue un mero episodio pasajero, las mismas nociones que he desplegado aquí lo desmienten. Pues lo que entró ya entonces en crisis fue el dispositivo mismo de la sociabilidad moderna: el crisol alquímico que se suponía capaz de transmutar insociabilidad en sociabilidad. Más concretamente, de transformar la dispersa y egocéntrica subjetividad de los individuos modernos en madura disposición; de erradicar las plagas de la historia —arbitrariedad, desconsuelo, sospecha, envidia, tiranía—, haciendo de ésta una “historia universal en sentido cosmopolita”; de conducir la racionalidad utilitaria, limitada y egoísta, hacia una religión racional del progreso.

Vuelvo a la cuestión del mercado, la abstracción y el ahorro comunicativo. Como los ejemplos dados más atrás sugieren, el ahorro comunicativo es pertinente cuando se trata de proveedores de bienes o servicios —panaderos, gasfíteres, taxistas, más un largo y creciente etcétera—, con los cuales la economía de mercado ha hecho progresivamente posible sostener relaciones que eximen a los individuos de ir más allá de su inherente insociabilidad. Así, mercado, abstracción, dinero son, primordialmente, tecnologías de la insociabilidad; reproducen por una parte la insociabilidad ubicada en el mismo código genético del mundo moderno; a la vez, la potencian y la proyectan más allá, tanto en extensión —hacia la planetarización del capitalismo— como en profundidad, hacia la propia psiquis del ser humano. Veamos esto más en detalle.

Con su ahorro comunicativo, el dinero es el elemento central de lo que cabría llamar “dispositivo social de la confianza”. No se trata aquí de la confianza substantiva entre integrantes de una familia o comunidad, sino de la confianza formal, institucionalizada y tecnologizada hasta constituir un complejo dispositivo, que caracteriza y hace posible al capitalismo moderno. ¿Cómo puede un productor de papas, digamos, en Chiloé, tener la certeza de que, si vende sus papas a un mayorista europeo, podrá adquirir, a su vez, por ejemplo, un vehículo “cuatro por cuatro” de último modelo fabricado en China? La solución está, por cierto, en el dinero; en el dinero como mediador, a través del cual se hace presente la complejidad de la estructura social y económica en medio de la cual se realiza tal mediación. Es decir, el dinero no es mero dinero: se trata, más bien, del elemento en el cual se condensa una estructura fundamental: el dispositivo societal de la confianza, que abarca todas las esferas de la sociedad moderna, desde las instituciones de la banca, del derecho y el Estado, hasta la educación y la cultura. Ahora bien: la confianza hecha dispositivo tiene su base en la cuantificación. Esta cuantificación, entonces, es un imperativo central de la era moderna, que abarca desde las sencillas prácticas y técnicas contables en las que parece haber tenido su origen, hasta las complejas matemáticas tanto de las finanzas como de la ciencia.[27]

El ahorro comunicativo es inseparable del proceso histórico del surgimiento, expansión e intensificación de este imperativo, hasta llegar a la sociedad masificada y global de nuestros días. No se trata entonces de una tendencia inscrita en la naturaleza humana, sino de la más poderosa tecnología moderna de reducción de la complejidad; su poder la torna omnipresente y por ende invisible, hasta transformarla en una suerte de “segunda naturaleza”, cuyo carácter histórico tiende entonces a pasar desapercibido.

Ahora bien, la cuantificación tecnologizada lleva esa reducción al extremo. La matemática reduce las formas del mundo circundante a rectángulos, círculos y curvas resultantes de una cierta función; la técnica hace de esta reducción el principio de la producción de bienes de consumo masivo. Pero, más fundamentalmente, lo que la cuantificación tecnologizada viene haciendo posible ya hace algunas décadas es la transformación de la economía del trabajo en lo que una ya extensa literatura llama “economía de la atención”.[28] Con ella se abre un nuevo y quizás decisivo capítulo de la desnuda vida moderna.

Ya en la primera mitad del siglo XIX, los editores de los grandes periódicos empezaron a caer en cuenta de que su negocio consistía en vender, no información impresa a sus lectores, sino la capacidad de atención de estos a sus avisadores. Surgía así el marketing, cuya penetración, ubicuidad e intensidad las tecnologías digitales contemporáneas han incrementado asombrosamente. Todo proceso económico es, finalmente, una forma de organización de la vida humana, de la cual necesariamente ha de extraer su energía. Pero con la revolución tecnológica contemporánea, la economía capitalista deja de ser la economía de la valorización del trabajo del siglo XIX. Se transforma en “economía de la atención”: la atención, es decir, la misma psiquis humana, pasa a constituir el recurso fundamental a poner en valor en el proceso económico. De esta manera, la atención de los individuos es permanentemente solicitada; la enorme huella digital que cada uno de nosotros va dejando en la ahora “internetizada” vida cotidiana hace posible segmentar las audiencias con un grado de exactitud que minimiza todo desperdicio de la atención y maximiza su valorización a través de la información y el avisaje segmentados; finalmente, los públicos segmentados son confinados en grupos de interés cuya afinidad, algorítmicamente producida y reproducida, los transforma en cámaras de eco, en las cuales verdades y hechos alternativos cristalizan a fuerza de clausura y repetición. En estas condiciones difícilmente pueden ya los individuos volverse reflexivamente sobre sí mismos de modo de asumir, kantiana o nietzscheanamente, su propia disposición, su propio destino. La “sociedad de masas”, tan deseada o tan temida, se hace realidad ahora bajo el régimen de las “redes sociales”, que transmiten la radiación intensa de la abstracción no sólo hacia todos los rincones del planeta, sino que también hacia la interioridad de los sujetos, instaurando una temporalidad que no admite pausa ni reflexión.

En otras palabras, la sociedad internetizada es también la sociedad en la que el ahorro comunicativo y su concomitante insociabilidad desbordan la esfera tradicional del mercado, hasta invadir todos los ámbitos de la vida intersubjetiva y psíquica. La transformación de la insociabilidad en sociabilidad, ya lo sabemos, no es la operación automática que algunos teóricos del liberalismo, olvidando las enseñanzas de la misma tradición de pensamiento que invocan, han dado en imaginar. Pero los legendarios emprendedores de las tecnologías de la información y la comunicación, como Steve Jobs o Bill Gates, al crear un medio capaz de materializar esas ilusiones, las han expuesto a la severa prueba de la realidad. Y el resultado está a la vista: la insociabilidad se reproduce y circula a raudales a lo largo y lo ancho de la red; a través de ella, legiones de neo-Moosbruggers ventilan a toda hora su ira y su resentimiento; finalmente, la proliferación de verdades, identidades y hechos alternativos contribuye a la deslegitimación de los dispositivos liberales del saber y de la verdad, creando las condiciones para el populismo fascistoide que hoy por hoy perturba seriamente a la Europa liberal, y que con Donald Trump ocupa ya el poder ejecutivo de la nación más poderosa del planeta.[29]

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Así, con el ahorro comunicativo y la abstracción, la insociabilidad penetra hasta el núcleo más interno de la sociabilidad liberal: el dispositivo de producción de la verdad pública, cuyos elementos fueron lúcidamente articulados por Thomas Hobbes hace ya más de 350 años. Este aspecto central del pensamiento de Hobbes suele pasar desapercibido, eclipsado tras su reputación como pensador de la política y del derecho. Pero para Hobbes, política y producción de verdad pública son asuntos inseparables. Su “estado de naturaleza” es la moderna insociabilidad en su estado primigenio: en él se enfrentan, en una potencial “guerra de todos contra todos”, los individuos que la descomposición del orden medieval ha dejado a la deriva, luego de que —Reforma Protestante de por medio— han aprendido a confiar, no ya en la institución medieval de la verdad, sino en sus propias y subjetivas certezas.[30] Y si bien la subjetividad en cuanto árbitro último de la verdad puede dar lugar al escepticismo razonable de un Montaigne, o a la fuga del mundo del pietismo, también, como Hobbes lo observó en su tiempo, hace posible la aparición de la insociable figura del “entusiasta”: el poseído por la divinidad, como lo indica la etimología griega de la palabra (enthousiastḗs), que se sabe irrevocablemente llamado a imponer la verdad trascendente y absoluta que le ha sido revelada.[31]

Su compleja construcción teórico-práctica de la soberanía política moderna es la respuesta a este desafío; en ella se plasma el intento de construir un orden social inmanente capaz de canalizar las energías humanas liberadas con el colapso del absolutismo del medioevo. Para lograrlo, la insociabilidad no ha de ser reprimida, sino más bien conservada, pero a la vez neutralizada en su dimensión cognitiva y política. Así, los entusiastas de la fe han de ser transformados en escépticos prácticos, a la manera de los científicos y demás expertos modernos, para quienes la verdad ha dejado de ser trascendente y total, pasando a ser inmanente —su validez controlada por los protocolos propios de una comunidad de pares—, relativa y falsable. Y la soberanía moderna se define por instaurar y dar protección a estos espacios; éstos, sustraídos de “la guerra de todos contra todos” por un poder que monopoliza la violencia, hacen posible el formidable despliegue del poder de lo relativo que caracteriza al mundo moderno.[32]

Tales espacios no son ni podrían entonces ser ajenos a lo político, a la soberanía; no obstante, su politicidad está marcada por una paradoja constitutiva: existe en la precisa medida en que puede ser ignorada por quienes participan en ella. Y éste es el principio generador de la complejidad inherente a la polis moderna; de su diferenciación en esferas —tecnociencia, economía, arte, derecho, religión— regidas por principios de validez en principio independientes entre sí. En relación con ellas, la soberanía moderna habita el lugar intensa y explícitamente político de la excepción y de la paradójica y absoluta interdicción de lo absoluto en el espacio público y la consiguiente protección absoluta de lo relativo. Sin embargo, y a diferencia de lo que Carl Schmitt muy superficialmente extrajo de su lectura de Hobbes —y que hoy sus seguidores de izquierda y derecha repiten—, esa excepción nada tiene que ver con declarar el “estado de excepción”.[33] Pues declararlo, intentando sustituir el despliegue societal de lo relativo por el imperio sin mediación de lo absoluto, equivale a la renuncia a la altura de la soberanía, a su disolución en medio de un renovado estado de naturaleza. Lo absoluto moderno, en cambio, vive de la invisibilidad que le otorga la paradoja que lo envuelve.

Con sus verdades y hechos alternativos, el populismo es la expresión política de la insociabilidad contemporánea. Estas nociones, que han comenzado a volverse recurrentes a raíz de eventos inesperados tales como el Brexit, la elección de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, ponen en evidencia una situación en la cual progresivamente el conflicto político gira, no en torno a hechos y a su construcción e interpretación ideológica —una escena en la que diferentes ideologías compiten por la verdad—, sino que, más bien, a la verdad como tal. En otras palabras, el dispositivo de producción de la verdad pública que ha caracterizado al mundo moderno parece estar en retirada, dando paso a la fragmentación del nuevo “estado de naturaleza”.

Lo que llamo aquí “dispositivo” es el complejo formado por instituciones del saber —universidades, think tanks—; por los diversos saberes y estamentos de especialistas, desde científicos, divulgadores, hasta los diversos consultores, asesores y expertos que, después de cursar estudios de tercer ciclo, salen a engrosar las filas de los organismos del Estado, de ONGs y empresas; finalmente, por los medios y la industria cultural. Y es la credibilidad pública de este complejo la que se encuentra en entredicho, en parte por su progresivo distanciamiento de la vida real del resto de la población, y en parte también como efecto de las tecnologías digitales —internet, las redes sociales, la economía de la atención, los macrodatos y la algoritmización— con su incremento del potencial de fragmentación inherente a la era moderna. Pero hay algo más en esta crisis de la verdad pública.

Pues estos estamentos de especialistas, y la misma población educada, ya hace tiempo han dejado de ver a través del tupido y paradójico velo de olvido con que la soberanía moderna, necesariamente como hemos visto, envuelve a su absoluto; la ficción de la apoliticidad, de la neutralidad de los saberes, ha pasado a constituir la garantía de cientificidad y verdad. Por eso, cuando esta ficción se ve confrontada a verdades alternativas —como el “creacionismo” opuesto a ciencia moderna, que las confesiones evangélicas de los Estados Unidos de Norteamérica expanden por el planeta—, el velo se descorre y deja ver un panorama inquietante.

Durante buena parte del siglo XX hasta el día de hoy, la cuestión de la verdad ha generado una división radical al interior de las comunidades del saber. Por un lado, en las disciplinas humanísticas y en parte de las ciencias sociales, y a partir de una lectura muy simplista de filósofos como Nietzsche o Jacques Derrida, el relativismo ha sido reconocido y celebrado: al fin, las malditas verdades absolutas han sido destronadas. Pero lo celebrado ha sido, más bien, la distancia respecto al absoluto de la soberanía moderna; en otras palabras, lo que causa regocijo es la discreta protección que el poder brinda a la discusión intelectual. Al otro lado de la línea se ubica la empresa globalizada de las ciencias “duras”, empeñadas, según se suelen presentar, en revelar la estructura del mundo tal como es, sin más. Se trata, por cierto, de una promesa, de un horizonte; éste, sin embargo, suele ser invocado como legitimación no solamente de las ciencias, sino que también de la era moderna en cuanto tal. Pero este horizonte de verdad incondicional no podría ser el de las cosas en sí mismas, sino el del saber, no en cuanto mera contemplación sino, primordialmente, en cuanto poiésis, producción de su solo “objeto” y “referente” absoluto, el secularizado mundo moderno en cuanto tal. Es también, ya lo sabemos, el de la religión de la razón de Kant, en la cual se renovaba la fe, la fidelidad al proyecto moderno. En ausencia de esta religión, la pretendida incondicionalidad del saber moderno se convierte en un mero dogma revestido de un platonismo de segunda mano.[34]

Todo esto podría carecer de significación fuera de los claustros académicos y las discusiones eruditas. ¿Acaso la tecnociencia no funciona? ¿Qué importan entonces Platón o Kant, bien o mal leídos, cuando se trata de la vida cotidiana, de hacer compras en el mall, de pagar con dinero plástico o de subir fotografías a Facebook? La respuesta es que, efectivamente, no importan hasta que sucede algo inesperado. Y lo inesperado, que ahora sucede, es la emergencia del creacionismo. Pues sus defensores han advertido que la ciencia moderna no es resultado de una búsqueda incondicional de la verdad, sino que, como lo enseña por lo demás su historia, está inherentemente ligada al desencantamiento moderno de la naturaleza, del cual surge tanto el evolucionismo como la matematización de las ciencias.[35] De aquí, los creacionistas concluyen que la ciencia moderna se fundamentaría en una mera mitología atea, cuya única superioridad respecto al creacionismo sería —descontando la fe de los creyentes en un Dios que habría creado el mundo hace sólo unos miles de años, y habría sembrado en él fósiles para engañar a los infieles— el poder del Estado moderno para imponerla.

Recapitulo: desde el Leviatán de Hobbes hasta La religión dentro de los límites de la mera razón de Kant, la era moderna ha estado marcada por tentativas de transmutar en sociabilidad la insociabilidad inscrita en su mismo núcleo de sentido; por abrir espacios al interior de los cuales sea posible inscribir la libertad de elección de la cual disfrutan los individuos modernos en un mundo de cosas, bajo una instancia moral inmanente, que tanto la idea kantiana de la disposición (Gesinnung) como la de amor al propio destino (amor fati) en Nietzsche articulan ejemplarmente. No obstante, el mismo progreso del mundo moderno termina por impedir estas complejas construcciones de la subjetividad; así, los modernos “hombres sin atributos”, imposibilitados ya de apropiarse de sus circunstancias, quedan destinados al resentimiento y la ira. Finalmente, se trata de lo que he llamado “segunda edad de la ira”, en la cual, tecnologías de la insociabilidad mediante, la ira y el resentimiento circulan y se potencian globalmente a tiempo completo, y el ya frágil dispositivo de producción de la verdad pública se ve enfrentado a una avalancha de verdades y hechos alternativos. El populismo fascistoide de hoy se alimenta de estos factores, y los potencia a la vez.

El pensamiento liberal actual —para finalizar vuelvo a él— lleva la marca de las denegaciones de su politicidad que son parte ya de su larga historia. Así, le resulta casi imposible al intelectual liberal contemporáneo aparecer renegando del mayor y más visible logro de la civilización liberal: la cultura del consumo y las tecnologías de la insociabilidad. Pero obsérvese la paradoja: los mismos teóricos del liberalismo, que, en sus escritos, desestiman la cuestión de la insociabilidad como si se tratase de una queja de intelectuales desplazados y nostálgicos, suelen ser los primeros sobre los cuales la insociabilidad encarnada en las redes sociales se deja caer, bajo la forma de comentarios abusivos, calumnias, “troleos”, funas. De esta manera, al final del camino, no nos espera un amable intelectual liberal que dice “dinero sí” o “dinero no”, sino el vástago, monstruoso y no obstante legítimo del liberalismo, el mismísimo Donald Trump: You are fired!

BIBLIOGRAFÍA

Allison, Henry E. “Wille, Willkür, and Gesinnung”. En Kant’s Theory of Freedom, 129-145. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Alter, Adam. Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. Nueva York: Penguin Books, 2018.

Bernstein, Richard J. Radical Evil: A Philosophical Interrogation. Cambridge, MA: Polity, 2002.

Blumenberg, Hans. The Legitimacy of the Modern Age, traducción de Robert M. Wallace. Cambridge: The MIT Press, 1985.

Borges, Jorge Luis. “De las alegorías a las novelas”. En Obras completas II 1952-1972, 122-124. Buenos Aires: Emecé, 2004.

Chapernel Elorduy, Eduardo. “Gesinnung y autoconocimiento en la filosofía de la religión kantiana”. En Rostros de la razón: Immanuel Kant desde Hispanoamérica. Vol. III Filosofía de la religión, de la historia y crítica de la facultad de juzgar: Estética y teología, editado por Gustavo Leyva. Barcelona - Ciudad de México: Anthropos, 2014.

Crosby, Alfred W. The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Gauchet, Marcel. Le desenchantement du monde. París: Gallimard Education, 2005.

Hayek, F. A. von. “The Use of Knowledge in Society”. The American Economic Review 5, n.º 4 (1945): 519-530.

Heidegger, Martin. “Die Zeit des Weltbildes”; “Nietzsches Wort ‘Gott ist Tot’”. En Holzwege. Frankfurt del Meno: Klostermann, 2003.

Hobbes, Thomas. Leviathan: With Selected Variants from the Latin Edition of 1668, editado por Edwin Curley. Indianapolis, IND: Hackett Publishing Company, 1994.

Kant, Immanuel. Crítica de la facultad de juzgar. Caracas: Monte Ávila Editores, s/f.

———. Idea para una historia universal en clave cosmopolita. México DF: UNAM, 2006.

———. La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza, 2009.

Koyré, Alexandre. From the Closed World to the Infinite Universe. Radford: A&D Publishing, 2015.

Latour, Bruno. Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity, 2018.

Mishra, Pankaj. La edad de la ira. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017.

Monod, Jacques. El azar y la necesidad. Barcelona: Tusquets, 2002.

Muller, Jerry Z. The Tyranny of Metrics. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Musil, Robert. Der Mann Ohne Eigenschaften. Hamburgo: Rowohlt Verlag, 1952.

Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: Cómo se llega a ser lo que se es. Madrid: Alianza Editorial, 2013.

———. La genealogía de la moral. Un escrito polémico. Madrid: Alianza, 2013.

Oksenberg Rorty, Amélie & James Schmidt, Eds. Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 2012.

Peña, Carlos. Lo que el dinero sí puede comprar. Santiago: Taurus, 2017.

Popkin, Richard H. The History of Scepticism: From Savonarola to Bayle. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Sabrovsky, Eduardo. “Carl Schmitt, enemigo de sí mismo”. Revista de Filosofía Aurora 29, n.º 47 (mayo/agosto 2017): 551-574.

Sandel, Michael J. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2013.

Simmel, Georg. Filosofía del dinero. Madrid: Universidad Autónoma de México, 2013.

Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First. Nueva York: Harper, 2016.

Vaihinger, Hans. Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, editado por Alfred Schilken. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

Wu, Tim. The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. Nueva York: Vintage, 2016. EP

[1] Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2013).

[2] Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017). En adelante, este libro se citará tan sólo con su número de página entre paréntesis.

[3] Sandel es profesor de Harvard. En un sitio web de esa institución (http://justiceharvard.org/) se lo ve, a todo color y a toda pantalla, como una suerte de predicador evangélico llevando la palabra a audiencias extasiadas que repletan parques, anfiteatros y estadios. Y los eslóganes con que se lo presenta parecen sacados de los más exaltados delirios del advertising: “Un filósofo con el perfil de un rock-star”; “Los mejores diálogos socráticos desde Sócrates” (este último, firmado “Chris Patten, Chancellor of Oxford University”). ¿Estarán aún Harvard y Oxford entre las cosas que el dinero no puede comprar?

[4] Para la cuantificación como principio fundante del mundo moderno, ver: Alfred W. Crosby, The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-1600 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Jerry Z. Muller, The Tyranny of Metrics (Princeton: Princeton University Press, 2018).

[5] Es preciso distinguir entre tres tipos de populismo, no obstante que en la realidad se presenten frecuentemente mezclados: 1) Populismo a la manera de Donald Trump: “America first” es la Norteamérica que sueña con muros que la sustraigan de las catástrofes climáticas, migratorias y sociales asociadas al “American way of life” vuelto modelo planetario. 2) Populismo como intento de protección ante las catástrofes desencadenadas por la globalización; asume por lo general la engañosa forma del chovinismo, el racismo, etcétera. 3) “Populismo liberal”, que se halla en la base de los dos anteriores. Se caracteriza por privilegiar la abstracción —mercado, cuantificación tecnologizada— por sobre cualquier otra forma de relación entre seres humanos; de este modo, potencia la insociabilidad de base de los individuos modernos. Ver Bruno Latour, Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime (Cambridge, UK; Medford, MA: Polity, 2018).

[6] En contraste, con excepción de una breve referencia a Adam Smith, Sandel no menciona a ninguno de estos autores. Peña, criticando a Sandel, aproxima su crítica al mercado a la de Karl Polanyi. Pero Polanyi tampoco es mencionado por aquél ni tan sólo una vez.

[7] Para “la edad de la ira”, tanto en sus versiones que llamo “primera” como “segunda”, ver: Pankaj Mishra, La edad de la ira (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017).

[8] Jorge Luis Borges, “De las alegorías a las novelas”, en Obras completas II, 1952-1972 (Buenos Aires: Emecé, 2004), 122-124.

[9] Immanuel Kant, Idea para una historia universal en clave cosmopolita (México, DF: UNAM, 2006).

[10] Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral. Un escrito polémico (Madrid: Alianza, 2013), tratado 2, §1 (itálicas de Nietzsche).

[11] Para una discusión de estos dos aspectos, ver: Eduardo Chapernel Elorduy, “Gesinnung y autoconocimiento en la filosofía de la religión kantiana”, en Rostros de la razón: Immanuel Kant desde Hispanoamérica. Vol. III Filosofía de la religión, de la historia y Crítica de la facultad de juzgar: Estética y teología, editado por Gustavo Leyva (Barcelona - Ciudad de México: Anthropos, 2014); Henry E. Allison, “Wille, Willkür, and Gesinnung”, en Kant’s Theory of Freedom (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 129-45, y Richard J. Bernstein, Radical Evil: A Philosophical Interrogation (Cambridge, MA: Polity, 2002).

[12] Immanuel Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón (Madrid: Alianza, 2009).

[13] Ibídem, 29-34.

[14] Friedrich Nietzsche, Ecce homo: Cómo se llega a ser lo que se es (Madrid: Alianza Editorial, 2013), 71 (itálicas de Nietzsche).

[15] Kant, La religión…, 37, nota 9.

[16] Ver, por ejemplo, Adam Alter, Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked (Nueva York: Penguin Books, 2018). La etimología de “adicción” es sugerente: esclavitud. Ver Valentín Anders y múltiples autores, en http://etimologias.dechile.net/.

[17] Para un análisis de los distintos aspectos de este texto de Kant, ver Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide, editado por Amélie Oksenberg Rorty y James Schmidt (Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 2012).

[18] Kant, Idea para una historia…, 37.

[19] Ibídem, 56.

[20] Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar (Caracas: Monte Ávila Editores, s/f).

[21] Para la filosofía del “como si” (als ob) en Kant y en Nietzsche, ver Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, editado por Alfred Schilken (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014).

[22] Kant, Idea para una historia…, 60.

[23] La idea de un “estado de naturaleza ético” y de la formación que los individuos requieren para salir de él son parte fundamental de la religión cívica de Kant. En la tercera parte, primera sección, “Del estado de naturaleza ético”, Kant escribe: “Un estado civil de derecho (político) es la relación de los hombres entre sí en cuanto están comunitariamente bajo leyes de derecho públicas (que son en su totalidad leyes de coacción). Un estado civil ético es aquel en el que los hombres están unidos bajo leyes no coactivas, esto es: bajo meras leyes de virtud”. Kant, La religión dentro…, 95.

[24] Georg Simmel, Filosofía del dinero (Madrid: Universidad Autónoma de México, 2013).

[25] Peña está citando Filosofía del dinero.

[26] Robert Musil, Der Mann Ohne Eigenschaften (Hamburg: Rowohlt Verlag, 1952), 77 (la traducción es mía).

[27] Por cierto, como el mismo ejemplo lo sugiere, hay algo más que dinero en su acepción más inmediata en todo esto: tecnologías del transporte, que posibilitan el acceso a mercados distantes, y, muy decisivamente, tecnologías de comunicación y de cálculo: computadores de enormes capacidades a bajo precio, softwares. La llamada “hoja de cálculo” surgió hace ya casi cuatro décadas con el programa VisiCalc (1979) y, junto a otras killer apps como el software de procesamiento de texto, fue determinante para el crecimiento explosivo de la computación personal antes de internet. Estas tecnologías han sido el motor de la progresiva “capilarización” de la economía de mercado: pequeños productores, en lugares apartados, han podido y han sido incentivados a abandonar la tradicional economía de subsistencia para incorporar sus productos al mercado global.

[28] Tim Wu, The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads (Nueva York: Vintage, 2016). Ésta es sólo una pieza en una ya vasta literatura que no puedo detallar aquí.

[29] Agréguese a todo esto que la promesa de la expansión sin límites del “imperio de las cosas” no parece sustentable, ni en términos medio-ambientales ni energéticos. Ver Frank Trentmann, Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First (Nueva York: Harper, 2016). A la vez, sin el colonialismo, con su violenta destrucción de economías de subsistencia para sustituirlas por plantaciones e industrias extractivas, el moderno capitalismo difícilmente habría llegado a tener el éxito que conocemos. El resultado es esa serie de inquietantes fenómenos contemporáneos —terrorismo, crisis de los refugiados, migraciones masivas— que, en conjunto con las reacciones internas que gatillan, constituyen el retorno de una historia dolorosa, cuya memoria ha sido reprimida, y que ahora vuelve, como un espectro, a golpear la puerta y a poner en escena sus horrores en el corazón mismo de la metrópolis.

[30] Richard H. Popkin, The History of Scepticism: From Savonarola to Bayle (Oxford: Oxford University Press, 2003).

[31] Thomas Hobbes, Leviathan: With Selected Variants from the Latin Edition of 1668, editado por Edwin Curley (Indianapolis, IND: Hackett Publishing Company, 1994), viii, 25; xii, 19; xxxii, 9.

[32] Fundamental entre estos espacios es el mercado. Su principio, tal como lo observó Hayek, es ese formidable poder de lo relativo, en ausencia de toda inteligencia central. F. A. von Hayek, “The Use of Knowledge in Society”. The American Economic Review 5, n.º 4 (1945): 519-530.

[33] Ver para esto Eduardo Sabrovsky, “Carl Schmitt, enemigo de sí mismo”, Revista de Filosofía Aurora 29, n.º 47 (mayo/agosto 2017): 551-574. En ese mismo texto se aborda la elocuente incomprensión de Schmitt de la cuestión de los milagros en Hobbes, en su Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes. Pues, ante esta candente cuestión —la intromisión de lo absoluto en el espacio político reivindicada por los entusiastas— Hobbes responde estableciendo una distinción fundamental. Pues, afirma, sólo al soberano le cabe decidir sobre la ocurrencia efectiva de milagros; a la vez, si algún ciudadano opta por creer, al soberano no le cabe intervenir siempre que se trate de creencias mantenidas en la interioridad de la conciencia o, por qué no, de una comunidad de creyentes (“Of Miracles and Their Use”, en Leviathan:… editado por Edwin Curley, op. cit.: 293-300). Así, bajo la construcción hobbesiana de la soberanía, toda fe substantiva es neutralizada, transformada en mera creencia. Y el soberano no es ya una antena atenta a las comunicaciones venidas desde lo alto, sino una suerte de pararrayos que, en el improbable caso de que ocurriesen, las sepultaría en la tierra. Schmitt, al reducir este fundamental elemento de la arquitectura de la soberanía moderna a un resquicio a través del cual se habría de filtrar la sedición judía, lo malentiende radicalmente.

[34] Ya en los albores del mundo moderno, Descartes expresa su fundamentum inconcussum veritatis, su fundamento último e inconmovible de la verdad, en términos, no de intellectus, sino de cogito. Pues se trata entonces de un co-agitare (de agere: hacer, actuar). Es decir, de un hacer, un producir. Ver: Martin Heidegger, “Die Zeit des Weltbildes”; “Nietzsches Wort ‘Gott ist Tot’”, en Holzwege (Frankfurt del Meno: Klostermann, 2003), 75-113; 209-267.

[35] Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (Radford: A&D Publishing, 2015); Marcel Gauchet, Le desenchantement du monde (París: Gallimard Education, 2005); Hans Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, traducción de Robert M. Wallace (Cambridge: The MIT Press, 1985). La teoría de la evolución, a la que el creacionismo se opone frontalmente, es la explicación de la vida a partir del postulado moderno, en cuanto tal indemostrable, del desencantamiento del mundo natural: no hay en él formas dadas de una vez para siempre, sino orden a partir del desorden constitutivo. Y dicho postulado rige también la moral y la política modernas, en tanto producciones inmanentes de la ciudad de los hombres, emancipadas ya de la tutela de la “ciudad de Dios”. Ver para esto: Jacques Monod, El azar y la necesidad (Barcelona: Tusquets, 2002). En esta notable obra, el biólogo francés, Premio Nobel 1965, fue capaz de articular una exposición del “estado del arte” de la biología en la segunda mitad del siglo XX, con una lúcida y muy vigente reflexión acerca de la inseparabilidad de la ciencia moderna y el postulado moderno del desencantamiento del mundo, y la moral y la política de la era moderna. Al reconocer que se trata de un postulado indemostrable, incondicional, pero a la vez histórico, Monod evita el dogmatismo.

Alfredo Joignant, Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field (Nueva York y Abingdon, UK: Routledge, 2019).

RESEÑA

EL MISTERIOSO PODER DE LAS IDEAS

José Joaquín Brunner

Universidad Diego Portales

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER. PhD en sociología por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Profesor titular de la Universidad Diego Portales. Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Email: josejoaquin.brunner@cpce.com.

I.

Del excelente libro de Alfredo Joignant (2019), Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field, elijo para este comentario el tema del “poder de las ideas” —un asunto fundamental—, al cual el autor dedica un capítulo completo y además menciona en diversas partes del texto.

Desde el comienzo, el autor se sitúa en la perspectiva del giro ideacional, cuya consigna es ideas matter (las ideas importan: Blyth 1997; 2002; 2003; Carstensen 2013), sin abandonar por completo la atención prestada tradicionalmente por la sociología a los intereses materiales y las instituciones. Menciona, por ejemplo, la lucha de ideas y las hegemonías que ellas crean, aunque precisa tempranamente que las ideas no tienen poder en sí, intrínseco, en el sentido de una fuerza ilocucionaria. Al contrario, si algunas se vuelven hegemónicas, se debería a que encuentran agentes, recursos y medios cuyo poder específico incorpora a dichas ideas en su despliegue de campo. Algo similar sostenía Gramsci (1997) en su reflexión sobre los intelectuales.

En breve, el poder de las ideas residiría, dice nuestro autor, en “la articulación política de las ideas, conectadas con el malestar e interés de ciertos grupos y con fallas de sentido en el campo político” (Joignant 2019, 156, en adelante citado sólo con el número de página entre paréntesis). Explicar ese poder sería una tarea de las ciencias sociales. Con la confianza de que únicamente los practicantes de estas disciplinas solemos tener en su poder explicativo, Joignant, en efecto, declara: “Solo la sociología puede revelar el misterio de las ideas y luego deconstruir los mecanismos de su éxito” (156).

Parte del “misterio de las ideas” y su poder en el campo político podría develarse observando el papel que cumplen ciertos agentes que actúan como proveedores de ideas u operan con ellas haciéndolas circular e interpretando su sentido: intelectuales públicos, cientistas sociales, empresarios del sentido y doxósofos, como llama Bourdieu (1988, 1) a aquellos “personajes ambiguos, que tienen un pie en la ciencia y otro en el objeto de la ciencia: sabios aparentes, se sirven de la apariencia de ciencia que saben exhibir, para intervenir, a nombre de la ciencia, en la realidad que ellos fingen analizar; sabios de la apariencia, ellos dominan también las recetas y las astucias de la representación política para explotarlas bajo apariencia de analizarlas”; personajes similares, por tanto, a la figura que los ingleses llaman pundits y la prensa de los EE.UU., talking heads.

Entre los intermediadores de ideas, Joignant trata con cierta fascinación al technopol, cuyo capital es académico y político a la vez y que actuaría como un doble agente en ambos campos: a veces como correa transportadora de teorías que vienen del norte, dice el autor y, en otras ocasiones, asumiendo el papel de consejero experto del Príncipe.

Otras partes del misterio permanecen irresueltas, sin embargo, debido (y cito) a la “naturaleza vaga de aquello que es transmitido por el término ‘idea’, cuyo contenido y anatomía, así como también sus efectos políticos, son desconocidos” (158). Y no sólo eso. Debe considerarse, adicionalmente, la complejidad proveniente de la variedad de instancias de recepción y de receptores —públicos, audiencias y usuarios—, así como de correas de transmisión, filtros selectivos y discursos dominantes que operan en el campo político.

Esta aproximación a las ideas y sus articulaciones de poder podrían llevarnos a pensar que su autonomía desaparece, subsumida por una densa trama de actores, instancias y mecanismos. No lo entiende así nuestro autor.

Más bien, puede postularse que existe una fuerte tensión en el esquema interpretativo utilizado por él, que en algunos momentos se expresa mediante ciertas ambigüedades, como ocurre en el siguiente párrafo que traduzco del inglés libremente:

Cuando unas ideas ideológicas se emancipan de quienes las producen y adquieren una suerte de vida propia, gatillando controversias más allá del control y la intención de los autores de un texto particular, es porque dichas ideas se han vuelto parte de la realidad, abriendo las puertas a toda índole de usos y abusos, como puede verse con toda claridad cuando las ideas en disputa se convierten en un pretexto para luchas sobre otras cosas. (163)

Este críptico enunciado sobre la emancipación de las ideas y su uso y abuso cuando los autores pierden su control sobre ellas nace de la reflexión de Joignant sobre la suerte corrida por El otro modelo (Atria et al. 2013), volumen del cual él es coautor. Sostiene que las controversias que rodearon la recepción de aquel opus en el campo político proporcionan un buen ejemplo de lo que sucede con las ideas cuando se independizan de sus autores: dejarían de ser controvertidas exclusivamente en el campo académico-intelectual, pasando a formar parte de la controversia política. Ahí, en tanto, sucede con frecuencia que las ideas son discutidas por los agentes del campo no en su propio mérito, sino que más bien son usadas como un recurso entre otros disponibles para la lucha política. Incluso, se queja nuestro autor, el hecho de que tales ideas sean utilizadas allí “no implica necesariamente que hayan sido asimiladas luego de una real lectura del libro” (164).

Estamos pues frente a una paradoja: al parecer, entonces, las ideas sí tienen contenido intrínseco y valor por sí mismas; en tal sentido gozan de cierta autonomía en su campo de origen, el campo intelectual. Pero, al mismo tiempo, al ingresar a otros campos pueden ser manipuladas —mal interpretadas o mal usadas— por receptores y usuarios con motivaciones y fines políticos.

Por mi parte, concluyo que el análisis del poder político de las ideas, conducido bajo un enfoque heredado de Bourdieu, si bien en su momento representó un interesante avance, manifiesta sin embargo las limitaciones de dicho enfoque en cuanto teoría y análisis de campos.

II.

En efecto, desde hace un cierto tiempo, el reconocimiento de esas limitaciones ha dado paso a la emergencia de nuevos enfoques, post-bourdianos podemos llamarlos. Éstos buscan alejarse de la pesadez estructural que posee la comprensión de la sociedad como un número finito de campos separados, cada uno dotado de su propia lógica. Estos campos se hallarían poblados por agentes con funciones claramente definidas que funcionan orientados hacia otros agentes situados dentro del mismo espacio. Allí comparten ciertos sentidos (meanings) básicos sobre las reglas del juego de cada campo. Al mismo tiempo, esos agentes están envueltos en una continua lucha de posiciones; entre quienes ocupan las posiciones dominantes —los incumbentes— por un lado y, por el otro, los pretendientes o contendientes, que buscan desalojar a aquéllos para, a su turno, ocupar dichas posiciones.

En una versión post-bourdiana como desarrollan Fligstein y Mc-Adam (2012) en su Teoría de campos, por ejemplo, la sociedad entera se concibe como un enjambre de infinitos “campos de acción estratégica”. Estos son variadísimos, cubren todo el espacio de la sociedad, están en continua emergencia, estabilización o transformación, cada uno inserto a su vez en campos mayores y conteniendo dentro de sí campos más pequeños; como una “muñeca rusa”, dicen apropiadamente estos autores.

De modo que los actores colectivos o agencias institucionales —tales como organizaciones, clanes, movimientos sociales, sistemas de gobierno, universidades, disciplinas científicas, sectas e iglesias, ciudades y gremios, etcétera— necesitarían entenderse como integrados por múltiples campos de acción estratégica relacionados entre sí, horizontal y verticalmente. Según declaran Fligstein y McAdam, “suponemos que los campos de acción estratégica se hallen siempre en alguna forma de flujo, dado que el proceso contencioso es continuo y las amenazas al orden se hallan siempre presentes en algún grado” (2012, 12).

Pues bien, en este contexto —el de un enjambre movible de campos, donde las fronteras entre ellos son lábiles y los actores ocupan múltiples posiciones en constante rotación—, ¿cómo podría explicarse el “poder de las ideas”?

Primero que todo, sería necesario cambiar nuestra idea sobre las ideas, yendo más allá de la distinción entre su fuerza performativa y aquella que les viene de los agentes que las enuncian. Lo mismo, debería evitarse su reducción a contenidos cognitivos bien definidos para dar lugar, según sugiere la literatura del giro ideacional, a una noción de ideas que incluye una infinita variedad de “materiales simbólicos”, tales como concepciones de mundo, ideologías, marcos interpretativos, creencias, narrativas, leyendas, información, noticias (y fake news también), data, estadísticas, argumentos, declaraciones, conocimientos, citas, traducciones, programas, imágenes y, en general, todo aquello evocado por la metáfora de una continua rotación de signos.

También el alcance de esos flujos ideacionales se expande a la velocidad de internet, a través de una enorme variedad de soportes y medios, a escala global, al mismo tiempo que los mensajes pueden dirigirse ahora hacia audiencias cada vez más finamente segmentadas; desde audiencias globales hasta el memorando que sólo conocen el Príncipe y su consejero áulico. Algo similar ocurre con los soportes y las correas transmisoras de esa profusión de signos de diverso tipo.

La propia noción de productores individuales de ideas necesitaría reemplazarse por la comprensión de los agentes como campos de citas y referencias, citantes y citados ellos mismos, en medio de un flujo de signos que no controlan ni les pertenecen, ni siquiera en cuanto a su interpretación “correcta”.

Tómese de nuevo el caso de El otro modelo que utiliza Joignant. Mirado en la perspectiva aquí bosquejada, lo que interesaría analizar es cuáles ideas (materiales simbólicos) selecciona, elabora y vehiculiza aquel opus y, en seguida, por qué redes aquéllas circulan; a través de qué campos de acción; impulsadas por cuáles agentes; formando parte de qué controversias; buscando qué posicionamientos estratégicos; integrando cuántas y cuáles coaliciones promotoras de causas y compitiendo con qué alternativas en el mercado de ideas. Sólo de esta forma podría uno aproximarse a una explicación racional del misterioso poder de ciertas ideas.

Para conocer su impacto político, en tanto, se requeriría rastrear su recepción y uso entre élites partidarias y parlamentarias; su intermediación a través de redes de technopols; su proyección y eco en los medios de comunicación convencionales, en la blogosfera y en las redes sociales; su incidencia en el campo de la elaboración programática; su incorporación en las redes tecnoburocráticas, y su aplicación en la formulación, diseño, adopción e implementación de políticas públicas sectoriales específicas. En efecto, una parte importante de lo que llamamos impacto de las ideas (y, por ende, de su poder) tiene que ver con el papel de policy entrepreneurs —emprendedores de políticas—y su capacidad de “vender” ciertas ideas no sólo en el espacio deliberativo de la polis, sino directamente a los tomadores de decisiones (Béland et al. 2016).

Entonces, quizá no sea la sociología bourdiana, como confía Joignant, la que mejor ayude a resolver el misterio del poder de las ideas. O bien, pudiera ser que dicha función les siente mejor a otras disciplinas, como la historia, por ejemplo, especialmente su rama más sensible al giro ideacional.

Pienso, para no ir más lejos, en Simon Collier (2012, 63-70) y su libro sobre la independencia chilena, donde estudia —con un enfoque semejante al aquí esbozado— “la penetración de las nuevas ideas” independentistas y su circulación a través de las redes de poder emergentes en aquel tiempo. Menciona a grupos de criollos que viajaron a Europa y allí adquirieron nuevos conceptos políticos. Algunos regresaron con considerables colecciones de libros (o sea, ideas) que aquí circularon. En un caso bien documentado fueron 16 cajas con títulos de Rousseau, Montesquieu, Helvetius, D’Holbach, Raynal y Robertson. Otros criollos mantuvieron contacto epistolar con corresponsales en Europa. Además, durante el siglo XVIII, había un extenso contrabando, principalmente inglés y norteamericano, respecto del cual se sospecha que entre los bienes importados se incluían doctrinas revolucionarias. También los ideales de la Revolución Francesa tuvieron eco en Chile, como testimonia el caso del sacerdote Clemente Morán de Coquimbo. Por su lado, el gobernador O’Higgins observó en 1790 que durante una función universitaria se impugnaba con demasiado ardor el origen divino del poder real.

“La evidencia relacionada con el modo preciso que las nuevas ideas fueron recibidas [en Chile] es escasa”, escribe Collier (2012, 68). Sin embargo, resulta plausible pensar que una minoría de criollos educados y descontentos las recibieron y difundieron entre pequeños grupos de futuros patriotas, multiplicando su efecto en la sociedad. Así, por caminos insospechados, comenzaron a fluir las ideas que luego fueron parte de dramáticos cambios en el campo político.

En suma, el poder de las ideas no viene de productores individuales carismáticos ni es vehiculizado por agentes con capital político. Tampoco las ideas se mueven libremente en una esfera ideal, al mando de la academia o de sus contemporáneos en los medios de comunicación, la tecnocracia estatal o la plaza pública. Más bien, el poder de las ideas parece fluir por los infinitos campos de acción estratégica que componen y recomponen continuamente la sociedad; en especial, aquellos más próximos a las elites y a los dispositivos del Estado. Precisamente por eso, según reconocen dos connotadas voces del giro ideacional, el análisis empírico de las ideas y su poder “no es una tarea fácil” (Schmidt y Radaelli 2004, 205). El libro de Joignant da un impulso académico valioso a esa tarea.

REFERENCIAS

Atria, F., G. Larraín, J. Benavente, J. Couso & A. Joignant, eds. 2013. El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público. Santiago: Debate.

Béland, D., M. B. Carstensen & L. Seabrooke. 2016. “Ideas, Political Power and Public Policy”. Journal of European Public Policy 23 (3): 315-317. doi: 10.1080/13501763.2015.1122163.

Blyth, M. 1997. “Any more bright ideas? The ideational turn of comparative political economy”. Comparative Politics 29 (1): 229-250.

———. 2002. Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 2003. “Structures do Not Come with an Instruction Sheet: Interests, Ideas, and Progress in Political Science”. PS: Political Science and Politics 1 (4): 695-706.

Bourdieu, P. 1988. “Penser la politique”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 71-72: 2-3. Traducción de David Velasco, sj. Disponible en: https://davidvelasco.files.wordpress.com/2009/01/pensar-la-politica.pdf.

Carstensen, M. B. 2013. “Conceptualising Ideational Novelty: A Relational Approach”. British Journal of Politics and International Relations 17 (2): 284-297. doi: 10.1111/1467- 856X.12030.

Collier, S. 2012. Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Fligstein, N. & D. McAdam. 2012. A Theory of Fields. Oxford: Oxford University Press.

Gramsci, A. 1997. Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visión.

Joignant, A. 2019. Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field. Nueva York y Abingdon, UK: Routledge.

Schmidt, V. A. & C. M. Radaelli. 2004. “Conceptual and Methodological Issues in Policy Change and Discourse in Europe”. West European Politics 27 (2): 183-210. EP

Alfredo Joignant, Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field (Nueva York y Abingdon, UK: Routledge, 2019).

RESEÑA

ACTUANDO LA POLÍTICA

Carlos Peña

Universidad Diego Portales

CARLOS PEÑA. Abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Chile. Profesor asociado de esa institución. Rector de la Universidad Diego Portales. Sus más recientes libros son El tiempo de la memoria (2019), Por qué importa la filosofía (2018) y Lo que el dinero sí puede comprar (2017). Email: carlos.pena@udp.cl.

El título de este libro —Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field—[1] expresa inmejorablemente el amplio contenido teórico que en sus páginas se despliega. En él, en efecto, se trata de describir a la política como un quehacer que carece de sustancia, de algo que permita definirla con prescindencia de su situación temporal. La política, sugiere en efecto este libro, se constituye performativamente, mediante la actuación de los actores que la ejecutan.

La pregunta por lo que constituye a la política, o, mejor aún, la pregunta por qué es lo que hace a un político —central en el argumento de este libro—, es de las preguntas más recurrentes y más viejas de la literatura. Se la encuentra en Platón, quien insinúa que el político es un especialista en la crianza de hombres, una frase que no molestaría a los teóricos de la biopolítica; en Aristóteles, que la trató en dos de sus obras más importantes: la Ética nicomaquea y la Política; en Cicerón, quien describe en sus discursos al político como el piloto que conduce la nave del Estado, aunque Estado no tenía aún el sentido moderno que hoy posee; en Santo Tomás, en su opúsculo Del gobierno de los príncipes, cuya tarea dice es inteligir racionalmente el bien común; en Maquiavelo, en Ribadeneyra, incluso en Azorín; hasta alcanzar a Schmitt, Strauss, Voegelin o Arendt en el pensamiento continental. En toda esa vasta literatura se intenta inteligir en qué consiste la arena de la política y cuáles son los atributos y características del político. Si acaso es la razón como creen Platón o Tomás, o la fortuna como piensa Maquiavelo, o un sentido práctico como el que describe Kant en la Crítica del juicio, según sugiere Arendt.

Alfredo Joignant, y he aquí la originalidad de su planteamiento, y el valor de su libro, piensa que lo político es un quehacer que no puede ser definido con prescindencia de la escena en que se desenvuelve.

El suyo es un intento por sentar las bases de una teoría general del quehacer político a partir de la sociología de Bourdieu, empleando, en especial, los conceptos de campo, habitus y capital. Cada uno de los capítulos del libro está destinado a esclarecer, echando mano a investigaciones realizadas por el propio autor, ese aparato teórico con el que, inspirado en Bourdieu, Alfredo Joignant intenta construir una teoría general de la política. Se trata, como se ve, de un proyecto intelectual de amplias proporciones que el trabajo previo del profesor Joignant —por ejemplo, sus trabajos sobre élites y technopols— ya insinuaba.

Si hemos de resumir la importancia de este trabajo, debemos decir que él intenta proveer una teoría de largo alcance que permite conferir sentido a la recolección de datos y las interpretaciones puramente estratégicas con las que suele interpretárselos, que son hoy día tan frecuentes en la ciencia política, para en cambio favorecer una comprensión (verstehen, según la fórmula que viene de Dilthey) del quehacer político que logre capturar el sentido que en cada caso él inevitablemente posee. Así, emplear la noción de campo supone darse a la tarea de recolectar datos —por ejemplo empíricos— y al mismo tiempo captar el horizonte de sentido en cuyo interior se configuran.

Ahora bien, a fin de formular algunos comentarios al trabajo del profesor Joignant, puede ser útil dividirlos en tres partes. En la primera, examinaré el enfoque que emplea y las particularidades que posee; en la segunda parte, revisaré en términos muy generales las fuentes de las que se nutre, y en la tercera parte, discutiré los límites de un enfoque como el que en este libro se adopta.

I.

En la tradición del pensamiento político es frecuente situar al quehacer político como el manejo de un espacio dotado de identidad ontológica, como ocurre por ejemplo en Santo Tomás o el Padre Ribadeneyra; o, en cambio, como un simple juego de agencia y de incentivos, como es frecuente encontrar en cierta literatura del public choice; o como un ámbito agonal, como es el caso de los análisis inspirados en Carl Schmitt; o como una cuestión de estructuras, como ocurre, por ejemplo, con los análisis del tipo de Althusser; o, incluso, como una cuestión de personalidades, como ocurre con el estudio de Ortega sobre Mirabeu.

Ahora bien, el enfoque que adopta el profesor Joignant en este libro no coincide con ninguno de ellos, puesto que, siguiendo a Bourdieu, define lo político como un quehacer cuya fisonomía y cuyo sentido sólo pueden ser inteligidos escudriñando, hasta develar, la red de relaciones en cuyo interior se produce. Se trata de un enfoque hasta cierto punto circular, puesto que el campo político, al consistir en una red de relaciones, no podría ser identificado con prescindencia de ellas, y éstas, por su parte, no podrían ser distinguidas de las pertenecientes a otros campos sin contar antes con alguna idea de aquello en que lo político consiste. Pero esta circularidad del planteamiento no es un defecto, sino una condición de este tipo de investigaciones. Después de todo, ya Durkheim, cuando inauguró la sociología, dijo que ésta debía explicar “lo social por lo social”.

Ahora bien, una vez que el campo político se describe como un sistema de posiciones sociales, en el que cada una de ellas determina por su relación con todas las demás, de manera que el campo político semeja un campo de fuerza en el que cada punto es sostenido por vectores invisibles, quedan también definidos los otros conceptos, en especial el de capital, al que el profesor Joignant dedica algunas de sus mejores páginas.

Conviene detenerse en los conceptos que este libro utiliza a fin de asomarse a la perspectiva general que, mediante ellos, logra construir.

El capital es, en principio, una dotación cualquiera que carece de valor intrínseco. Su valor es en realidad equivalente a lo que desde Aristóteles a Marx se llama valor de cambio. El valor de cambio es asignado por el sistema de relaciones que constituyen el campo, un sistema de relaciones que varía, desde luego, históricamente. Así entonces qué sea el capital político, cuál la dotación precisa que lo constituye, no podría ser definido con prescindencia de una red de relaciones sociales.

Estrechamente enlazado con el capital, se encuentra el concepto de habitus, que proviene de la vieja noción aristotélica de hexis. En Aristóteles, según puede leerse en la Metafísica, hexis equivale a la vez a una energía y una disposición. Bourdieu emplea el concepto para aludir a un sistema de competencias en el sentido de una capacidad para la acción que es socialmente reconocida como tal capacidad.

Todos esos conceptos, el de campo, el de habitus y el de capital, carecen de garantía ontológica y se configuran históricamente, de manera que —y el profesor Joignant insiste una y otra vez en el punto para que no quede duda— el análisis político es inseparable de la temporalidad o, mejor aún, de la historicidad que lo constituye. Lo que ayer formó parte del capital político, o aquella disposición que se incorporó como habitus —por ejemplo, el linaje en el primer caso o la elocuencia en el segundo— pueden ser despojados de valor por los vientos de la historia, de manera que pensar la política es pensar también históricamente.

Pero no es sólo la ontología o la idea de que la política posee un piso ontológico en medio del que se desenvolvería, como si la política estuviera anclada en la naturaleza, lo que este libro de Joignant echa por tierra, sino que también relativiza la tarea normativa que a la política suele asignársele.

Suele sostenerse, en efecto, que la política y el político deliberan la forma en que la realidad pueda llegar a ser lo que debe ser. Según este punto de vista, la política sería un instrumento para que la verdad normativa llegue al mundo. Joignant, como Arendt, piensa que la verdad nada tiene que ver con la política y, por lo mismo, las ideas cuando tienen éxito, más que acertar, es que logran transformar performativamente el campo en el que inciden. En el capítulo sobre el papel de las ideas, uno de los capítulos, en mi opinión, mejor logrados del libro, Joignant muestra, con acopio de antecedentes y de ejemplos, que las ideas en política no son un espacio traslúcido cuya medida sea la verdad.

II.

El enfoque que acabo de describir tiene un muy conspicuo origen que, por supuesto, está a las espaldas de Bourdieu.

Sus primeros signos se encuentran en una investigación que llevó adelante Ernst Cassirer, el gran neokantiano, famoso por su disputa con Heidegger, acerca de las formas simbólicas, uno de esos trabajos que acerca hasta casi la intimidad a la filosofía con la sociología. Cassirer sugirió que nuestras capacidades cognitivas son, al mismo tiempo, configuradoras del mundo. Nunca aprehendemos el mundo tal cual es, sino que siempre lo atrapamos mediado por alguna forma que lo envuelve y sin la cual se nos escaparía. De ahí, dijo Cassirer —y habría bastado esta observación para que se le recordara—, que toda crítica de la razón es al mismo tiempo una crítica de la cultura. Este punto de vista, de fuertes raíces neokantianas como se ve, presenta la cultura como un ámbito de significados que se han ido poco a poco adosando a nuestra experiencia sensible, hasta que la relación entre lo interno y lo externo principia a carecer de importancia.

Por supuesto, Bourdieu conoció el trabajo de Cassirer e influyó sin duda en su idea de contar con una armazón teórica que le permitiera superar la vieja querella de las ciencias sociales entre agencia y estructura, o aquella que es posible observar entre el realismo de la estructura y el realismo de la acción. ¿Es el agente y sus capacidades quien tiene la última palabra en la vida social o es la estructura la que la posee? Bourdieu sostiene que el dilema es erróneo, porque la agencia es moldeada por la estructura y viceversa, y la tarea del cientista social es describir la manera en que ello ocurre, eludiendo cualquier perspectiva sustancialista, cualquier punto de vista que suponga que la vida social se erige a partir de una esencia preconstituida.

Haciendo pie en esos puntos de vista —que en la literatura filosófica son hoy frecuentes, como ocurre en la filosofía de la acción inspirada en Austin o Wittgenstein—, el profesor Alfredo Joignant intenta llevar a término, de forma sistemática, una concepción que, por decirlo así, se aleje por igual del operacionalismo (que tiende a reducir lo político a la medición de sus acciones) y del sustancialismo (que ve en lo político una realidad ontológica o quiescente). La concepción que Joignant expone en este libro es una concepción relacional de la política, cuya mejor metáfora, que el título del libro insinúa, es la del juego.

El juego ejemplifica muy bien la realidad social y, por extensión, la realidad de la política. El juego, en efecto, es una realidad convencional, opuesta a la natural, en la que se entrelazan reglas y acciones hasta configurar poco a poco una práctica que es, a fin de cuentas, la realidad del caso. Ésta es una vieja idea que está en Kant, quien en su antropología habla del “juego de la vida”; en Heidegger, en sus cursos de los años treinta sobre introducción a la filosofía, y por supuesto en Wittgenstein, con la idea de juegos de lenguaje. El empleo de la noción de juego, o, como prefiere el título de este libro, la idea de que la política se actúa, subraya con gran brillo esta concepción no sustancialista, histórica y relacional de la política que, inspirándose en Bourdieu, el profesor Joignant despliega en este libro.

Todos los conceptos cuyo origen acabo de mencionar no son exactamente sistematizados por Alfredo Joignant en este libro, sino que son más bien mostrados por la vía de examinar su funcionamiento. Desde ese punto de vista, el libro ejecuta muy bien la convicción de que la mera teoría no es posible, porque toda teoría que lo es realmente está enlazada con la práctica. El libro piensa la política sin pensar políticamente, y ejecuta la teoría sin reflexionar teóricamente.

III.

¿Tiene limitaciones este enfoque? Hay algunas que saltan a la vista y que, en vez de ser obstáculos, son desafíos que un programa de investigación, como el que Alfredo Joignant está desenvolviendo, debe ser capaz de disolver. Las principales en mi opinión son las tres que siguen.

Desde luego el enfoque relacional debe hacer frente a lo que, desde antiguo, desde los trabajos de Dilthey para ser más preciso, se llama “círculo hermenéutico”. Si lo político es un campo de meras relaciones sin sustento ontológico alguno, entonces ¿cómo se identifica enfrente de otras relaciones? Esta objeción no es sin embargo tal. El círculo hermenéutico es la condición misma de las ciencias sociales, condenadas a tratar con un objeto a partir de una noción que es fruto de la misma práctica que se intenta identificar. Esto es lo que Durkheim, como anoté más arriba, reconoce en su famosa máxima, tantas veces malentendida, según la cual lo social se explica por lo social.

A lo anterior se suma el planteamiento de Cassirer respecto a la medida del éxito o la validez de una descripción en un determinado campo simbólico. ¿Cuál es la medida del rigor de estas descripciones? Alfredo Joignant, a juzgar por los ejemplos que su libro contiene, intenta eludir, tal como lo haría Bourdieu, la oposición entre el empirismo positivista y la simple comprensión de los fenómenos. Como se sabe, hay una larga disputa en las ciencias sociales que opone la descripción fáctica de los fenómenos, entregada a métodos empíricos, por una parte, y la comprensión, que consistiría en un esfuerzo por captar el horizonte de sentido que posee la conducta que se describe, por la otra. Para Joignant, siguiendo a Bourdieu, esos extremos pueden ser conciliados: la validez de la descripción del campo político exige datos que sean significativos a la luz de una cierta comprensión del campo, y esta última, por su parte, requiere datos que la hagan plausible. En otras palabras, los datos deben ser relevantes a la luz de un cierto horizonte de sentido que el investigador debe suponer, y este horizonte, a su vez, consistente con los datos que se recopilen.

La tercera es el peligro del irracionalismo o, si se prefiere, del relativismo. Si las ideas, como se sugiere en este libro, valen por su poder performativo y no por su contenido conceptual, ¿cómo evitar considerar la vida social y la política como un baile de máscaras? Quizá aquí habría que echar mano a la vieja distinción —que está en autores tan disímiles como Bergson o Wittgenstein— entre el punto de vista interno a una práctica social y el punto de vista externo. El sociólogo o el cientista político, como es el caso de Alfredo Joignant, adoptan un punto de vista externo a la práctica social, y por eso son capaces de apreciar la contingencia de las ideas que allí se desenvuelven. Otra cosa ocurre cuando se adopta el punto de vista interno a la práctica, el punto de vista de los actores: en ese caso, la contingencia desaparece. El problema entonces, el viejo problema de las ciencias sociales, el problema que Weber sospechó cuando reclamó la neutralidad de la ciencia, se configura cuando una misma persona intenta adoptar ambos puntos de vista, porque, en ese caso, como observador sabe que todo es contingente, y como partícipe está convencido de que hay cosas cuyo valor es necesario. Lo que parece más difícil, entonces, es saber que todo es contingente y pretender a la vez que hay valores necesarios. Es lo que le ocurre al científico que, al mismo tiempo, participa de la política. EP

[1] Alfredo Joignant, Acting Politics. A Critical Sociology of the Political Field (Nueva York y Abingdon, UK: Routledge, 2019).

Patricio Fernández, Cuba. Viaje al fin de la revolución (Santiago: Debate, 2018).

RESEÑA

DISIDENCIA O PROSTITUCIÓN*

Ernesto Ayala

Centro de Estudios Públicos

ERNESTO AYALA. Periodista de la Universidad de Chile. Escritor. Autor de Trescientos metros (2000), Noche ciega (2000) y Examen de grado (2006). Investigador del Centro de Estudios Públicos. Email: eyala@cepchile.cl.

* Dada la posición del autor como editor de Estudios Públicos, este texto fue aprobado por el director de la revista. El autor agradece las sugerencias de Lucas Sierra y Andrés Hernando.

El periodismo impresionista tiene sus limitaciones. Hecho con talento, ayuda a trasladar al lector a un tiempo y un espacio, a transmitir imágenes, sensaciones y olores. Incluso, bien escrito, permite el despliegue del humor. Sin embargo, este tipo de periodismo también puede ser un camino que evita el análisis y se queda con, valga la redundancia, impresiones, anécdotas, que por vívidas —y vividas— que sean no reflejan más que lo que el cronista experimentó. En el fondo, el periodismo impresionista corre siempre el riesgo, ya sea directa o indirectamente, de hablar más del narrador y sus circunstancias que del objeto indagado. Esto sucede, en alguna medida, con Cuba. Viaje al fin de la revolución, de Patricio Fernández.[1]

En poco más de 400 páginas, este libro relata, con inteligencia y una prosa muy agradable, un conjunto de viajes de Patricio Fernández —fundador de The Clinic, analista político, escritor— a Cuba.

El primero fue en 1992, en pleno Período Especial, luego que, caída la Unión Soviética, Cuba perdió su principal fuente de financiamiento. En aquella ocasión, Fernández mochileaba por México, cuando lo invitó a Cuba José Antonio Viera-Gallo, tío político y entonces presidente de la Cámara de Diputados en Chile, quien, a su vez, había sido invitado directamente por Fidel Castro.

El segundo viaje se dio en 2009 como parte de la comitiva de la Presidenta Michelle Bachelet, viaje que terminó siendo memorable por el entusiasmo mostrado por la Presidenta en reunirse con Fidel, que entonces ya no ejercía como Jefe de Estado pero seguía siendo Fidel, y, luego, por las declaraciones que el mismo Fidel publicaría en Granma al día siguiente de esta reunión, en que “promovía que Chile le diera salida al mar a Bolivia” (41), reflexiones que no anticipó de manera alguna a Bachelet y, cuenta Fernández, amargaron a la comitiva presidencial.

Los siguientes viajes no están tan claramente especificados, pero se advierten más como un continuo de estadías de diversa extensión que, en el relato al menos, comienzan a principios de 2015, cuando Barack Obama y Raúl Castro recién habían manifestado la voluntad de restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y llegan hasta abril de 2018, lapso en el que se reabrieron las respectivas embajadas, los Rolling Stones tocaron en La Habana, murió Fidel Castro y Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.

Este último periodo justifica el título del libro y articula su sentido en gran medida. Sí, Fernández asiste a lo que parece ser, después de un régimen inamovible por más de 50 años bajo el control de Fidel Castro, un cambio en las condiciones políticas, económicas e internacionales de Cuba, un posible fin de la revolución.

Con Cuba, sin embargo, nunca se sabe y Fernández lo relata con soltura, juego de piernas y fineza. Su crónica es generosa en situaciones en que la certeza con que se realizan las cosas en un país capitalista de Occidente parece desarreglada en Cuba. Así, un viaje en auto fuera de La Habana se puede calcular en distancia pero nunca en tiempo, porque la dirección del auto puede fallar, una rueda se puede pinchar o un diluvio puede inundar la carretera. Si se trata de comprar un plan para el teléfono móvil, el camino oficial y largamente burocrático se puede saltar pagando un dólar en el mercado negro, que te entrega una solución inmediata. Cuba, se sabe, es la tierra de la precariedad, de la improvisación, del acomodarse con lo que hay, del mercado paralelo y, por sobre todo, del tiempo: todo hay que hacerlo con mucho más tiempo del que tomaría en otro lugar de Occidente. Pero el tiempo a la vez sobra, ya que nadie parece hacer algo realmente productivo con el suyo. Más que una ética del trabajo, existe una ética del goce del momento y del arreglo entre amigos. Para un extranjero sometido al rigor y la velocidad extenuante de una sociedad capitalista, Cuba tiene, así, un inevitable encanto.

No en vano dice Fernández: “¿Por qué, si gobierna una dictadura, el viajero que llega experimenta una liberación?” (389). A eso se suma que en Cuba, como asegura el autor, el sexo “es una fuerza que los vincula a todos con una convicción sanguínea, superior a cualquier ideología” (82). Tiempo, calor y sexo, de hecho, configuran una suerte de paraíso para un hombre que aún conserva sus ímpetus.

De hecho, Fernández llega a reconocerlo abiertamente, con no poco candor, mientras conversa con un par de amigos cubanos. Dice:

—Por lo que me ha tocado experimentar, si alguien tiene mil quinientos dólares al mes, esta ciudad es lo máximo. Se vive como rey: tienes tiempo, tienes amigos, tienes playa, tienes salud, tienes mujeres. ¿Qué más quieres? Es el mejor lugar del mundo. (360)

Esta declaración parece estar en el centro del amor que Fernández profesa por Cuba. La vida es fácil y divertida en Cuba si se tiene el dinero suficiente. Naturalmente, el problema está, como siempre, en este último ingrediente. Nidia, una empleada de ferrocarril que comienza a coquetear con Fernández a partir de una llamada telefónica, le cuenta que recibe como sueldo 25 dólares al mes. “Ni para las celvezas alcanza… Yo lo hago porque si no me aburro. Después salgo en la tahde, busco un extranjero, y a diveltihnos” (155).[2] De hecho, tener mil quinientos dólares al mes ni siquiera es trivial en Chile, donde los ingresos laborales promedio son de 554 mil pesos; es decir, de unos 830 dólares.[3] Bastante más que en Cuba, es cierto, pero también exigen mucho sudor. Tener mil quinientos dólares al mes, de libre disposición para gozarlos en La Habana durante sucesivos viajes, es, a lo menos, excepcional.

Sumado a esto, Fernández no parece consciente de que justamente gracias a que Cuba es un país muy pobre todo ahí resulta más barato (incluido, hay que decirlo, el sexo). Francia fue muy pobre —y muy barata— después de la Primera Guerra Mundial, y eso explica que Hemingway, Dos Passos, Scott Fitzgerald y quién sabe cuántos miles de norteamericanos más pasaran allá largas temporadas a comienzos del siglo XX. Hoy en La Habana se “vive como rey” con mil quinientos dólares porque hay millones que ganan menos de treinta dólares al mes. Si todos tuvieran acceso a esos mil quinientos dólares, vivir como rey exigiría muchísimo más y Cuba se parecería más a Hawái, Sicilia o las Seychelles. En otras palabras, la “liberación” que el viajero experimenta en Cuba o el entusiasmo que lleva a Fernández a describir La Habana como “el mejor lugar del mundo” tiene buena parte de su causa en un hecho muy concreto: la pobreza de ese país o, si se quiere plantear de manera inversa, la riqueza de quien lo visita.

****

La posición privilegiada de Patricio Fernández, sin embargo, no limita necesariamente sus observaciones ni su esfuerzo por transmitir parte del fracaso que ha significado la revolución:

En Cuba hoy es evidente que la Revolución acaba de perder su encanto. Su proceso de degradación no es nuevo, pero ahora se encuentra en una etapa terminal. (369)

Fernández, sin embargo, no define explícitamente en qué consiste ese fracaso, cuál es su naturaleza.

Hay un aspecto económico que aparece en muchos de los testimonios que el libro recoge. Aunque más que quejarse de la pobreza, los cubanos refieren a las limitaciones que ella impone, a la falta de oportunidades para desarrollar sus inquietudes y talentos. Hay impresiones asociadas también a las limitaciones que impone una economía controlada centralmente, al limitado acceso a las comodidades de la modernidad, al estado paupérrimo en que se encuentran los servicios públicos, a una suerte de tiempo congelado de la isla. Ahora, estas impresiones están matizadas, por la sencillez del estilo de vida cubano. Por ejemplo:

Quien diga, sin embargo, que a los cubanos los desvela la riqueza que les falta, no sabe de lo que habla. Si desaparecen las papas o la cerveza, se quejan, pero no viven para el dinero. No es ésa todavía la vara con que se miden entre ellos. Y si la falta de ambición por momentos se traduce en una fatiga del deseo, para quienes llegamos desde el capitalismo puede representar un remanso en medio de la competencia incesante por ganar trofeos. (405)

O:

La pobreza, se aprende en Cuba, no es una condena. Se puede vivir con poco y mucha dignidad. Quizás no exista un mejor lugar en el mundo para los pobres. (406)

Parte de la fatiga que vive la revolución tiene, por cierto, un lado político. Aunque lejos de la fuerza con que lo hizo Jorge Edwards en Persona non grata, Fernández describe cómo Cuba es una sociedad vigilada, controlada por un aparato de inteligencia muy institucionalizado y, peor aún, por ciudadanos que se vigilan a sí mismos:

El Líder es el Dios de un sistema panóptico, donde la vigilancia acabó por instalarse al interior de individuo. (…) El último grado de suspicacia establece que si alguien se atreve a mucho, es porque algún acuerdo tiene con la nomenclatura. (243)

En consecuencia, incluso entre amigos se evita la crítica al régimen. Así, no es raro que Fernández nunca encuentre entre los cubanos ansias de democracia, de representatividad ciudadana, de la necesaria rendición de cuentas de las autoridades públicas, aspectos que parecen mínimos en cualquier democracia vigente.

El libro también constata la falta de libertad de expresión que reina en la isla, así como la omnipresencia de la propaganda fastidiosa del régimen y del socialismo, ideología que, según Fernández, muy pocos de los cubanos están dispuestos a defender. Pero el autor no ahonda en el problema epistemológico que una sociedad controlada y sin libertad de expresión puede acarrear. ¿Cómo logra desarrollarse un mínimo pensamiento crítico si no es posible discutir libremente lo que un vecino te dice, ni qué hablar de lo que viene escrito en el Granma? ¿Qué sucede en una sociedad sometida a este tipo de limitación por sesenta años? ¿Cómo se puede imaginar una democracia en esas condiciones? ¿Qué posibilidades hay de que la élite reinante se abra al ejercicio de la soberanía electoral? En Cuba, el estándar básico de una democracia occidental tiene el aspecto de una utopía.

No parece ser especialmente puntudo preguntarse por las consecuencias de largo plazo del pétreo régimen cubano. Si se puede postular a que cierto conservadurismo duro que aún patalea al interior de la derecha chilena es herencia de la dictadura de Pinochet, pese a los treinta años que han pasado desde entonces, ¿cuáles llegarán a ser las herencias internas de la dictadura cubana? Incluso si un improbable régimen democrático comenzara mañana mismo en la isla, la estela de los Castro podría prolongarse por décadas.

Fernández sí detecta hastío o indiferencia hacia las autoridades: a nadie le importa mucho lo que ellas digan o prometan. La decepción y el escepticismo parecen ser la regla de sobrevivencia:

La Revolución es un bloque de granito que nadie quiere cargar. Parece una lápida. Y, no obstante, ese pueblo deprimido es formidable… Pueden ser muchas las necesidades, pero son muy pocas las urgencias. Les consta que hay un problema para cada solución, y se despreocupan. Últimamente, sin embargo, la despreocupación ha dado paso al desencanto. (389)

O:

Hay un silencio incómodo al fondo de la alegría cubana. Una debilidad inconfesable. ¿Castración? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Con el paso de los años, la Revolución dejó de pertenecerles, pero en lugar de manifestarlo, guardaron el secreto. (...) La Revolución estatizó la rebelión. Los ciudadanos renunciaron a incidir en el ámbito público. (398)

Fernández no lo dice directamente, pero no es difícil imaginar que este desencanto es lo menos que puede esperarse cuando se ha crecido bajo un régimen que, a lo largo de sus sesenta años, ha vivido de sembrar expectativas para luego justificar su desilusión: la zafra de los diez millones que nunca se logró, la alianza soviética que sucumbió al Período Especial, el desarrollo socialista nunca llegó por culpa del embargo norteamericano. Aunque es obviamente muy difícil de predecir, dado que no existe forma alguna de enterarse de las disputas de poder en Cuba (de hecho, el libro contiene innumerables conversaciones en las que se trata de especular, a partir de rumores, sobre lo que está políticamente sucediendo), Fernández tiende a creer que la apertura del régimen a la actividad privada, a inversionistas y a Estados Unidos continuará progresiva pero lentamente, al ritmo cubano. Una hipótesis alternativa es ver que esta tímida apertura sólo ha sido una nueva promesa, la creación de una nueva expectativa, sembrada de forma estratégica para tranquilizar tensiones internas, y que más temprano que tarde será desilusionada, bajo una nueva excusa. Por lo pronto, la presidencia de Trump, que enfrió gran parte de lo que avanzó Obama, ya podría utilizarse como una nueva justificación.

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Cuba. Viaje al fin de la revolución, a no dudarlo, es un relato rico en impresiones, personajes, observaciones, historias coloridas y sabrosas. Si se tiene a la vista Ferrantes (2000) y Los nenes (2008), sus dos primeros libros, Fernández ha progresado enormemente como narrador. Menos ajustado a un marco estrictamente literario, la crónica parece acomodarlo y ello se nota en la soltura de su relato. Entre otros aciertos del libro están sus apuntes a las muchas relaciones que hay entre el castrismo y el cristianismo, las pintorescas expediciones fuera de La Habana y el generoso paisaje de los personajes retratados.

Sin embargo, la tentación impresionista del género escogido nunca se extingue y pasa por encima de esquinas que un analista como Fernández debiera haber sondeado con más curiosidad. Ensayos como “Viaje a Hanoi”, de Susan Sontag,[4] los de David Foster Wallace reunidos en Algo supuestamente divertido que nunca volveré,[5] o, para no ir tan lejos, las crónicas de Joaquín Edwards Bello, dan cuenta de que la observación in situ no necesariamente te condena al impresionismo. La introspección aguda, el análisis detallado y fino, el material de archivo y los saltos a conexiones no necesariamente obvias pueden —además de la evidencia tradicional— enriquecer la mirada personal.

Por ejemplo, el autor registra la sensación de seguridad que se tiene en Cuba, percepción que coincide con otros testimonios de visitantes a la isla. Sin embargo, no se da el trabajo de indagar su origen. ¿A qué se debe que La Habana se sienta tan segura? Caminar tranquilamente por cualquier parte de una capital de dos millones de habitantes no parece ser un logro menor para un país. Es, de hecho, una situación extremadamente excepcional. En Chile, sin ir más lejos, la demanda por más seguridad nunca abandona el podio de las prioridades que la ciudadanía exige al gobierno, y no se trata de un país especialmente inseguro.[6] La seguridad en las calles podría clasificar como el mayor logro de la revolución, menos publicitado pero más envidiable que los supuestos logros en salud. ¿Cómo se ha logrado? ¿Se debe a que nadie tiene mucho que envidiar del otro, por lo tanto no habría mayores incentivos al hurto o el crimen? ¿Se debe a la fuerza amedrentadora del aparato de seguridad? ¿A que la ciudadanía tácitamente protege al visitante dado que la isla vive del turismo? ¿O a un código de leyes draconianas que, como describe Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entrega muy pocas garantías individuales (más sobre eso en un momento)? ¿O se debe, como se suele comentar en las calles de Cuba, a que cierto grado de condena legal le cierra al cubano toda posibilidad de obtener una visa para entrar a Estados Unidos? Fernández no explora ninguna de estas posibilidades.

En otra parte del libro, el autor se suma alegremente al cliché de que en Cuba existe la mejor educación de América Latina. Dice: “Hablamos de un pueblo, en promedio, más instruido que cualquier otro de América Latina” (398). Sin embargo, la verdad es que no hay cómo saber si esto es cierto. Que ingenieros manejen “almendrones” o atiendan en restoranes no nos habla de la extensión o la calidad de la educación cubana, sino que de la falta de oportunidades para el desarrollo profesional. Cuba no participa de las pruebas internacionales que miden la calidad de la educación escolar, como PISA o TERCE, de manera que poco podemos saber sobre la capacidad real de sus estudiantes en matemáticas, lectura o ciencias naturales.[7] Todo indica que Cuba sí ha logrado extender la educación a todos sus niños, pero respecto a la calidad de esa educación se sabe poco o nada. Fernández, por lo pronto, no entrega apunte alguno más allá del cliché citado.

El estado de los derechos humanos en la isla es otro tema sobre el que sabe poco y nada, tanto porque —descontados algunos blogs de iniciativa grupal— no existen medios de comunicación independientes del Estado, como porque Cuba no permite la visita de observadores internacionales. Fernández habla del “pequeñísimo e irrelevante mundo de los «disidentes»” (398, las comillas son suyas) y describe a las Damas de Blanco, agrupación de esposas y familiares de presos políticos que existe desde 2003, como un grupo de señoras solitarias que no le importan a nadie. Por cierto, Fernández podría haberse tomado algo más en serio el tema.

Por ejemplo, con la poca información que tiene a mano, así describe Human Rights Watch la situación en la isla hacia junio de 2017:

El gobierno cubano se apoya menos que en el pasado en encarcelamientos de largo plazo para castigar a sus críticos. Pero arrestos de corto plazo, arbitrarios, de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otros han crecido en los últimos años. Otras tácticas represivas incluyen palizas, avergonzamientos públicos y despidos laborales.[8]

La misma organización, en su informe sobre la isla de 2009, para dar cuenta de la era post Fidel, habla de que el gobierno de Raúl Castro ha usado “leyes draconianas y juicios simulados para encarcelar a muchos que se han atrevido a ejercer sus libertades fundamentales”,[9] y refiere cómo el Código Penal cubano permite encarcelar a personas incluso antes de que hayan cometido un crimen, bajo la sospecha de que podrían hacerlo en el futuro.

Amnistía Internacional no apunta muy distinto. En su reporte de Cuba 2017-2018 dice:

La detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente tanto en Internet como fuera de la Red debilitaba los avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los derechos humanos.

(…)

Un gran número de activistas, tanto políticos como en favor de los derechos humanos, continuaban siendo objeto de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización no gubernamental cubana no reconocida oficialmente por el Estado, registró 5.155 detenciones arbitrarias en 2017, en comparación con las 9.940 de 2016.[10]

****

Hay otras omisiones muy dudosas, casi sospechosas. Como bien señala el escritor Arturo Fontaine en un comentario sobre Cuba. Viaje…,[11] Fernández, pese a incluir una larga entrevista con el empresario Max Marambio como testigo privilegiado de la ilusión revolucionaria, nunca menciona en su relato al ingeniero chileno Roberto Baudrand, gerente general de Alimentos Río Zaza, empresa que Marambio compartía con el Estado cubano, investigada por la Contraloría General de La República, y que, como muchos recuerdan, apareció muerto en su residencia de La Habana el martes 10 de abril de 2010. Debido a la investigación en curso desde diciembre de 2009, Baudrand tenía prohibido salir de Cuba y había sido largamente interrogado al menos tres veces durante el mes previo a su muerte. ¿Marambio no tenía nada que decir al respecto? ¿Fernández tampoco? ¿No es acaso esa muerte un final definitivamente fúnebre para la historia de amor entre Marambio y la revolución cubana?

Sorprende un poco, por último, la liviandad con que Fernández describe el tema de la prostitución en la isla. No es que sea ingenuo o, en este caso, soslaye. De hecho, lo aborda claramente. Dice: “Es frecuente que los jóvenes oferten a sus novias y que las madres consientan que sus hijas se prostituyan” (83). Luego da cuenta de los usos y costumbres actuales, en donde “la prostitución no sólo vende sexo, sino también la ilusión de un noviazgo sincero” (84). Y reitera más adelante:

En La Habana es prácticamente imposible seducir a una jeva en un lugar público y tener sexo esa misma noche sin pagar. Les cuesta jugar a la seducción sin poner fichas sobre la mesa. Si cada cual se las arregla como puede, ellas han encontrado ese modo. (406)

No hay duda de que la situación está acertadamente descrita. Ahora, esto no es un problema para quien visite la isla, sino para quien vive en ella. Si se piensa un poco, qué puede decirse de una sociedad que invita a sus hijas —y a sus hijos también, por cierto— a prostituirse de manera casi institucional. Si ésa es una de las maneras más seguras de salir adelante, resulta evidente que se trata de una sociedad con un problema estructural. El sexo en Cuba puede ser una fuerza “superior a cualquier ideología”, pero de ello no se desprende que haya que cobrar por entregarlo. La prostitución es materia de otro saco: resulta sólo una forma certera de subsistencia. Su práctica debe ser algo triste, por lo pronto, para los padres de esas hijas (o hijos). Todo padre sueña para sus hijos un futuro más pleno y digno que el que le tocó vivir. Cuba, en lugar de alimentar esa ilusión, alimenta una resignación, que con no baja frecuencia debe tomar la forma de “como puta quizá conoce a alguien y se la lleva a un lugar mejor”.

Fernández nunca lo plantea explícitamente, pero la extensión de la prostitución en Cuba es una consecuencia evidente de un sistema económico que hace agua y de un régimen político que no permite modificarlo. Un país que está a treinta minutos de Florida, en una situación privilegiada del Caribe, cuna de escritores, artistas y poetas de fuste, con una de las ciudades más bellas del mundo, no merece ese destino. Quienes se han mantenido gobernando el país por sesenta años son responsables de ello. En eso, Fernández acierta: “A diferencia de lo que pudo ocurrir cuando todo esto empezó, hoy es claro que la Revolución necesita a los pobres más que los pobres a la Revolución” (406). Al régimen hoy le conviene que los cubanos estén más preocupados de comer y sobrevivir que de la política. Dicho en corto, el régimen prefiere la prostitución a la disidencia. Sería algo radical afirmar que Fernández también lo prefiere así, pero su libro ciertamente transmite simpatía por el estado actual de la situación. Tal como está, Cuba luce como un país lleno de encantos. Diferente, capitalista, sería otra cosa. EP

[1] Santiago: Debate, 2018. En adelante, el libro se citará tan sólo con el número de página entre paréntesis.

[2] Fernández, no siempre pero sí muchas veces, trata de traspasar a la ortografía los sonidos del habla cubana. De ahí esas “celvezas”, esa “tahde” y ese “diveltihnos”.

[3] Datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE para 2017. Ahora, de acuerdo a esa misma encuesta, la mediana —el punto medio de la distribución de los ingresos laborales, donde el 50 por ciento gana más y el 50 por ciento gana menos— es de 379.673 pesos; o sea, unos 570 dólares.

[4] Contenido en Estilos radicales, editado originalmente en 1969, bajo el nombre de Styles of Radical Will.

[5] Editado originalmente en 1997.

[6] Ver, por ejemplo, Encuesta CEP octubre-noviembre 2018. Pero también la realizada en septiembre y octubre de 2017 o la de julio y agosto del mismo año. https://www.cepchile.cl/cep/site/edic/base/port/encuestacep.html.

[7] En esas pruebas, de hecho, es Chile el que obtiene los mejores lugares de América Latina, aunque con puntajes bajos en comparación con el promedio de los países de la OCDE. http://www.oecd.org/pisa/data/.

[8] Human Rights Watch, US/Cuba: Don’t Reverse Cuba Policy. Dismantling Embargo Should Be Priority, 13 de junio de 2017, https://www.hrw.org/news/2017/06/13/us/cuba-dont-reverse-cuba-policy/.

[9] Human Rights Watch, New Castro, Same Cuba. Political Prisoners in the Post-Fidel Era, 18 de noviembre de 2009, https://www.hrw.org/report/2009/11/18/new-castro-same-cuba/political-prisoners-post-fidel-era/.

[10] Amnistía Internacional, Cuba 2017/2018, https://www.amnesty.org/es/countries/americas/cuba/report-cuba/.

[11] Arturo Fontaine, “Cuba o la ‘isla del sexo’”, El Mostrador, 29 de septiembre de 2018, https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/29/cuba-o-la-isla-del-sexo/?fbclid=IwAR2riog-HyWmJLRbRkbOp65fjpuvCtAQT7FGF2p1M2lTcdJvYrS3IYeEg4E/.

Pablo Ortúzar, El poder del poder. Repensar la autoridad en tiempos de crisis (Santiago: Tajamar Ediciones, 2016).

RESEÑA

DEL ORDEN SAGRADO A LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS NIÑOS

Manfred Svensson

Universidad de los Andes

MANFRED SVENSSON. Doctor en filosofía por la Universidad de Munich, Alemania. Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Email: msvensson@uandes.cl.

“El argumento se desparrama hacia mil partes”,[1] nota de Pablo Ortúzar con la que explica las dificultades a la hora de poner cierre a El poder del poder. El lector puede haber tenido esa sensación mucho antes de llegar a la conclusión. Pues mientras el título de esta obra genera la expectativa de una concentrada reflexión sobre una dimensión de la vida en común —la del poder—, la obra se extiende, en realidad, desde la reflexión básica sobre la sociabilidad humana hasta la cuestión de la opción preferencial por los niños. Si esta expresión se ha vuelto hoy parte de nuestro discurso político, en este libro no es una fórmula cualquiera, sino un intento por dar concreción a la pregunta por las víctimas del orden social. Entre estos asuntos aparecen la discusión sobre el carácter mimético de la cultura humana, los problemas de la representación y la peculiar mirada que recae sobre las élites en periodos de crisis. La bisagra que une estos tópicos no es una convencional clasificación de los modos de dividir el poder político y el poder social. Se trata de inquirir sobre el poder y su división, pero en particular preguntar por el modo de relacionarnos con las víctimas que todo orden social produce. Dichas preguntas remiten, a su vez, a una reflexión sobre la naturaleza misma del hombre y los modos en que lo sacro se vincula con el orden.

Muchas de las preguntas así tocadas se cruzan con la inquietud por la subsidiariedad, que Ortúzar ha contribuido a revitalizar en el debate nacional durante los últimos años (véase su edición del libro Subsidiariedad: más allá del Estado y el mercado[2] y su traducción de La gran sociedad, de Jesse Norman).[3] Pero aquí, como ya lo sugiere nuestra síntesis, dichas preocupaciones se encuentran insertas en las preguntas más fundacionales que el autor se plantea como antropólogo. En concreto, en este libro desempeña un papel fundamental la obra de René Girard y su idea de que el surgimiento de lo sagrado y del orden social se vinculan con la violencia sacrificial ejercida contra figuras luego mitificadas. El “poder del poder” radica en la legitimidad adquirida de dicha fuente. La inquietud que atraviesa el libro desde diversos ángulos es si acaso el poder puede fundarse de otro modo.

Dado el trasfondo en Girard, se encuentra de modo recurrente en el libro la tesis según la cual la humanidad es hija de lo religioso, con el orden cultural fundamentado en el orden de lo sagrado. En nuestra discusión política y cultural, tal tesis puede encontrarse con objeciones provenientes desde dos polos: Desde un lado se podría elogiar que el fundamento sacro del orden social sea recogido, criticando, eso sí, la aparente reducción que se hace de dicho carácter sacro al fenómeno de la violencia sacrificial. Desde otro lado, se podría sostener que la perspectiva adoptada en la obra permite en realidad explicar el funcionamiento de sociedades premodernas, pero que en la nuestra, desvestida de todo encantamiento, resulta una explicación superflua. Las dos objeciones parecen pertinentes, y considerarlas nos puede dar una adecuada vía de acceso a lo que el autor se propone en este libro.

Si hay un fundamento sagrado del orden social, dicho fundamento puede efectivamente exhibir muchos rostros (misterio, don, mediación y un largo etcétera). Cabría entonces objetar que aquí se privilegia de modo desmedido una de esas dimensiones, la del sacrificio. Pero parece pertinente responder a esta potencial objeción recordando el foco de la obra: no se trata de una exploración de los fundamentos sagrados de un orden social, sino de una exploración de una dimensión de dicho orden —la del poder—; es por su utilidad para iluminar éste que es introducida toda la teoría de Girard sobre las víctimas sacrificadas para frenar el conflicto y luego sacralizadas en relatos sobre el origen de la comunidad. Si la posición de Girard es plausible, el característico intento moderno por alcanzar la paz mediante la simple reducción de la influencia religiosa en el espacio público parece ocioso. Según lo explica la sucinta fórmula de Ortúzar, “no es lo sagrado lo que produce la violencia: es la violencia humana la que, a veces, produce lo sagrado” (45). Es bajo este prisma, insisto, que el trasfondo sagrado del orden social es abordado en el libro, y no parece pertinente extrapolar desde ahí respecto de otras relaciones de dicho orden con la religión: las tesis del libro podrían, me parece, leerse de un modo que se las considere abiertas a más relaciones de ese tipo, pero también admitirían una lectura más secularizadora.

En cualquier caso, planteadas así las cosas, la solución moderna a estos asuntos deja de tener la forma que presentamos en la segunda objeción: efectivamente, hay una novedad moderna, pero ésta consiste ante todo en la complejidad de los modos de representación, que van separando el orden social del plano de lo sagrado. Eso puede leerse como un lado de la secularización. Pero no hay que olvidar que la nacionalización de las iglesias o los intentos por sacralizar el Estado son parte de la misma trama moderna. Y en dicha historia sigue habiendo víctimas. Éstas no siempre son sacralizadas de los modos que Girard describe como típicos de las sociedades premodernas, pero también nosotros oscilamos entre ver a las víctimas como dioses o bestias, castigándolas o temiéndolas en periodos de normalidad, volviendo la mirada esperanzada sobre ellas en momentos de crisis. Culpar y sacrificar a las víctimas o poner las esperanzas de renovación en ellas son fenómenos que hundirían sus raíces en un mismo terreno (60). Quien esté atento al lugar que ocupa el victimismo en una infinidad de problemas actuales —véase, por ejemplo, The Rise of Victimhood Culture, de Manning y Campbell— no tendrá dificultad para comprender la manera en que desde este género de reflexión Ortúzar logra transitar al análisis político y cultural.

En efecto, este marco de interpretación es usado por Ortúzar para descender a un análisis bastante pormenorizado de la cultura contemporánea. Así, por ejemplo, se estudia la introyección del sacrificio como una de las transformaciones modernas del mismo (un tópico que en nuestro medio también fue central para Pedro Morandé). La idea de que cada uno se esfuerza y se sacrifica por los otros es descrita como una vía que traspasa en apariencia el poder a los consumidores, pero que lo difumina de modo tal que hace difícil volver el mecanismo sacrificial contra los que ejercen el poder (63). Entroncando aquí con el análisis de Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, Ortúzar se muestra atento a los riesgos de esta realización mediante el autosacrificio, que bien puede terminar en un simple narcisismo de sujetos cansados e incapaces de relación (157). El libro desciende también, de modo cauteloso pero agudo, a la política nacional, haciendo notar cómo este trasfondo ilumina los problemas de un Sebastián Piñera sin nada en nombre de lo cual gobernar, así como los problemas de una Michelle Bachelet a la que le tocó guiar a una izquierda que por primera vez no gobernaba en nombre de ninguna víctima (112-115).

Pero en lo que a discusión política se refiere, sin duda la dimensión más vigorosa del libro es el doble acento puesto en la subsidiariedad y el pluralismo. El primero de estos puntos cuenta con un propio capítulo que podría haber sido más extenso. Sus publicaciones previas sobre el punto pueden haberlo llevado aquí al autor a una innecesaria parquedad; aunque el argumento del libro no se ve afectado por ésta, es evidente que algo padece la forma. Pero de subsidiariedad se puede hablar no sólo en el sentido cuidadosamente delimitado que se usa en dicho capítulo, sino que también como término que nos recuerda la dimensión comunitaria de la existencia humana. En este sentido, es un tópico que se encuentra presente mucho más allá del capítulo específico dedicado a la subsidiariedad. Hay una conciencia aguda, en otras palabras, de que no vivimos “en sociedad”, sino en sociedades, en un complejo conjunto de agrupaciones naturales y voluntarias que se entrecruzan (73-107). Esta distribución del poder que una sociedad civil fuerte trae consigo es vista como una contribución fundamental para contrarrestar la violencia sacrificial (95).

Una política que deje atrás la violencia sacrificial parece además exigir su propio modo de legitimidad, uno que sea altamente participativo. Eso implica no sólo cierto modo de organización, preocupado por la pluralidad del orden social, sino también una cierta disposición. Ortúzar nos habla de ella hacia el final, donde aborda la cuestión de cuánta distancia se requiere respecto de la propia posición para poder respetar la del otro. Acertadamente, me parece, el autor cuestiona aquí aquellos proyectos que proponen ese tipo de fuerte distanciamiento como fundamento para la sociedad plural. Los hombres no logran relativizar a tal extremo la propia forma de existencia, y constituye por tanto un riesgoso estrechamiento de nuestras posibilidades el que atemos el pluralismo a tal distancia.

La pregunta fundamental, en cualquier caso, es si acaso para el hombre es posible vivir fuera de mitos que oculten una violencia arbitraria, mitos que lo ponen a él y a su grupo de preferencia en una posición privilegiada (136). Ortúzar no se hace aquí ilusiones: ve muy bien que no hay orden social sin víctimas. Por lo mismo, la meta propuesta no es la de una sociedad sin víctimas, sino una consciente de las mismas. En síntesis, el ideal al que apunta el libro es el de “una sociedad cuyas organizaciones se encuentran imbricadas en una tensión virtuosa, que no construye su identidad sobre la negación de la identidad de otros, que construye mecanismos para poder auto observarse (y observar así a sus propias víctimas) y que no legitima la violencia ni el resentimiento de unos grupos sociales contra otros dentro de sí” (126). Se trata de un género de reflexión muy singular en un país cuya reflexión pública está dominada por disciplinas menos atentas a estas dimensiones de lo humano. Si en alguna dirección peca este libro, es en el intento por abordar de modo simultáneo tantos problemas de envergadura. En cualquier caso, el lector notará con facilidad que no es extravagancia lo que está en cuestión: el autor nos guía de modo hábil desde la oscura reflexión sobre el sacrificio a discusiones muy aterrizadas sobre la opción preferencial por los débiles y sobre el desafío de la justicia intergeneracional. Lo anima cierta distancia crítica con el ideal moderno de progreso; pero en lugar de un simple desencantamiento respecto del mismo, nos mueve a una visión humilde del progreso, a una búsqueda de uno que reconozca a sus víctimas y que reconozca que no controla todas las variables. EP

[1] Pablo Ortúzar, El poder del poder. Repensar la autoridad en tiempos de crisis (Santiago: Tajamar Ediciones, 2016), 209. El libro se citará, en adelante, tan sólo con su número de página entre paréntesis.

[2] Pablo Ortúzar, editor, y Santiago Ortúzar, coordinador, Subsidiariedad. Más allá del Estado y el mercado (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015).

[3] Jesse Norman, La gran sociedad. Anatomía de la nueva política (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad y Fundación Cientochenta, 2014).

Table of Contents

¿CANDIDATAS O ESPECTADORAS? UN ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA LEY DE CUOTAS

Joaquín Galeno

Francisco Gallego

Felipe González

DEJAR DE JUGAR POR LAS REGLAS: HACIA UNA REVITALIZACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Ignacio Valenzuela Nieto

LAS VICISITUDES DE LA ESPERANZA LIBERAL: DE LA UTOPÍA MINARQUISTA A LA DISTOPÍA ANARCOCAPITALISTA*

Felipe Schwember Augier

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS PARA CONSOLIDAR A LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA COMO UN SERVICIO PÚBLICO CONFIABLE

Felipe Irarrázabal Philippi

PETER SLOTERDIJK: “LA VIDA DEBIERA ORIENTARSE MENOS HACIA SU PROLONGACIÓN Y MÁS HACIA SU PROFUNDIDAD”*

Alfonso Peró

JUEGO DE GENERACIONES. APUNTES SOBRE EL NUEVO PAISAJE POLÍTICO CHILENO*

Cristóbal Bellolio

DINERO, ABSTRACCIÓN Y CRISIS DE LA SOCIABILIDAD LIBERAL

Eduardo Sabrovsky

EL MISTERIOSO PODER DE LAS IDEAS

José Joaquín Brunner

ACTUANDO LA POLÍTICA

Carlos Peña

DISIDENCIA O PROSTITUCIÓN*

Ernesto Ayala

DEL ORDEN SAGRADO A LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS NIÑOS

Manfred Svensson