Revista de Políticas Públicas

Nº 132 primavera 2013

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Director Responsable: Lucas Sierra I.
Secretaria de Redacción: María Teresa Miranda H.
Asistente de Edición: Joaquín Trujillo

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Contenido

¿CÓMO ENTIENDO EL PRAGMATISMO?*

Roberto Torretti

EL IMPACTO DE LA PERSECUCIÓN PÚBLICA EN LOS JUICIOS DE LIBRE COMPETENCIA EN CHILE*

Aldo González

Alejandro Micco

Constanza Caicha

LA APLICACIÓN DE MULTAS A AGENTES ECONÓMICOS EN EL DERECHO CHILENO DE LA LIBRE COMPETENCIA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA*

Javier Tapia

LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS REVOLUCIONES

Iván Jaksić

Alan Knight

“IMPARCIALIDAD Y VERDAD”: EL SURGIMIENTO DE LA HISTORIOGRAFÍA CHILENA*

Iván Jaksić

GONZALO BULNES: HISTORIADOR NACIONALISTA, POLÍTICO CIVILISTA*

Juan Luis Ossa Santa Cruz

LA FORMA EN LA ARQUITECTURA*

Luis Izquierdo

SOBRE VIDAS REVOLUCIONARIAS

Carlos Ominami

MORIR LUCHANDO POR LOS SUEÑOS

Ricardo Solari

EL ÉXITO DE UN FRACASO*

Lucas Sierra I.

¿CÓMO ENTIENDO EL PRAGMATISMO?*

Roberto Torretti

Universidad Diego Portales

Roberto Torretti. D.H.C. Universidad Autónoma de Barcelona; Dr. Phil. Universidad de Freiburg i. Br.; Profesor emérito, Universidad de Puerto Rico. Miembro de número del Institut International de Philosophie y de la Académie Internationale de Philosophie des Sciences. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, 2011. Académico de la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile). Dirección electrónica: roberto.torretti@gmail.com.

* Agradecimientos: Carla Cordua y Lucía Lewowicz leyeron un borrador de este trabajo y me propusieron varias mejoras, que les agradezco mucho. También agradezco las oportunas correcciones propuestas por dos árbitros anónimos.

Resumen: Este artículo expositivo traza a grandes líneas un retrato del pragmatismo americano clásico (Peirce, James, Dewey), ahonda luego en la veta pragmatista manifiesta en la obra del primer Heidegger y del último Wittgenstein, y finalmente se refiere a ciertos aspectos de la física que demandan un enfoque pragmático de la verdad científica, en lugar del enfoque cosista de quienes creen hallar en la ciencia natural un sustituto para la malograda religión de su niñez.

Palabras clave: pragmatismo, realismo cosista, estilo de pensamiento, distingos ociosos, C.S. Peirce, William James, John Dewey, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Isaac Newton, Albert Einstein.

Recibido: marzo 2013; aceptado: abril 2013.

HOW DO I UNDERSTAND PRAGMATISM?

Abstract: In §1 of this mainly expository paper I sketch a picture of classical American pragmatism (Peirce, James, Dewey). In §§2-3, I delve into the pragmatist vein that is visible in the early works of Heidegger and the latter works of Wittgenstein. Finally, in §4, I go into some aspects of physics that demand a pragmatic approach to scientific truth, instead of the substantialist (chosiste) approach common among those who expect to find in natural science a surrogate for the withered religion of their childhood.

Keywords: pragmatism, thing realism, style of thought, iddle differences, C.S. Peirce, William James, John Dewey, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Isaac Newton, Albert Einstein.

Received: March 2013; accepted: April 2013.

Though one part of our experience may lean upon

another part to make it what it is in any one of several

aspects in which it may be considered, experience as a whole

is self-containing and leans on nothing.

William James (1905), p. 114.

1

Entiendo el pragmatismo no como una doctrina filosófica, un blanco fijo más destinado a que profesores y estudiantes ejercitemos nuestra puntería contra él, sino como un estilo de pensamiento, un modo de filosofar[1] que se distingue, en primer término, porque quienes lo practican desdeñan arrojar anclas en el fondeadero de un dogma. Creo que tuvo su primera manifestación —y manifiesto— en las once tesis sobre Feuerbach que Karl Marx pergeñó en 1845[2], y que sus raíces están en el suelo fecundo de la obra de Hegel[3], con una que otra raicilla quizás en la filosofía de Fichte (recordemos su divisa: “¡Actuar, actuar! ¡Para eso estamos aquí!”[4]). Pero el término con que se lo designa es un aporte de nuestro continente al vocabulario filosófico, introducido en la década de 1870 en las discusiones del “club metafísico” formado en Cambridge, Massachusetts, por el princeps philosophorum americanorum, Charles Sanders Peirce[5], y sus amigos Oliver Wendell Holmes y William James, entre otros[6]. Según el Oxford English Dictionary, el primer testimonio impreso de la palabra pragmatism en esta acepción data de 1898[7]. Figura en una conferencia dictada por James en Berkeley, California, en la cual dio crédito a Peirce por la invención del término y por el “principio del pragmatismo” o “principio de Peirce”. Este no es otro que el criterio propuesto por Peirce en su ensayo “Cómo aclarar nuestras ideas” (1878), para establecer si hay diferencias entre dos o más conceptos o asertos: “Considerad qué efectos, que podrían concebiblemente tener repercusiones prácticas, concebimos que tiene el objeto concebido. Entonces, nuestra concepción de estos efectos es toda nuestra concepción del objeto”[8]. O, como dicen que dijo Gertrude Stein: una diferencia, para ser una diferencia, tiene que hacer una diferencia (a difference, to be a difference, must make a difference).

Mi ejemplo preferido para mostrar cómo el principio de Peirce es capaz de anular distingos ociosos es el concepto de un Dios personal único, todopoderoso y omnisciente. La existencia o inexistencia de Dios así concebido no produce ninguna diferencia en el curso futuro del mundo. Si tal Dios existe, lo que será será, exactamente como Él lo quiere y lo sabe desde siempre; y si no existe, también será lo que será, por azar o por necesidad. No hay diferencia alguna entre los practical bearings de la hipótesis de que Dios, así concebido, existe, y los de la hipótesis de que no existe. A la luz del principio de Peirce, no hay pues una diferencia significativa entre teísmo y ateísmo. Es oportuno recordar que el mismo ejemplo fue propuesto por James en la citada conferencia de Berkeley, pero solo bajo el supuesto de que “el momento presente sea absolutamente el último momento del mundo,… sin nada más allá para la experiencia o la conducta” (1898, p. 293). Distinto sería el caso del “mundo real en que vivimos, el mundo que tiene un futuro, que está aún incompleto mientras hablamos” (ibídem, p. 295). Entonces, sí, podría suceder que una intervención divina trastorne el acontecer natural. James pasa por alto que el mundo creado o controlado por una persona que todo lo puede y todo lo sabe está completamente definido desde que existe, que la omnipotencia y la omnisciencia combinadas no dejan el menor resquicio de indeterminación al devenir. En todo caso, es cierto que para un teísta convencido de la bondad de Dios el mundo no podría ser mejor que como va resultando, mientras que el ateo goza de mayor latitud de juicio en este respecto. Pero en rigor nada puede ocurrir de otro modo que como lo quiere ab aeterno el Todopoderoso, si lo hay[9].

La primacía de la práctica —esto es, de la acción humana— sobre la contemplación monacal, explícita en las palabras que cité de Fichte y en las Once tesis de Marx, está implícita en la raíz griega de la voz ‘pragmatismo’ (< πρᾶγμα subst. < πρᾶσσω verbo = ‘obrar, actuar’; alemán: ‘tun’; inglés: ‘to do’). Piedra de escándalo para muchos intelectuales hispanos, fue proclamada sin reservas por el yankee James en una publicación estrictamente contemporánea del citado ensayo de Peirce:

Quien conoce no es simplemente un espejo flotante sin pie en lugar alguno, y que pasivamente refleja un orden con el que se topa y halla simplemente existiendo. Quien conoce es un actor que, por un lado, contribuye a la verdad, mientras que por otro registra la verdad que ayuda a crear. Intereses mentales, hipótesis, postulados, en cuanto son bases de la acción humana —acción que en gran medida transforma el mundo—, ayudan a hacer la verdad que declaran[10].

La idea de que el sujeto que conoce contribuye activamente a configurar y definir el objeto conocido fue el gran aporte de Kant a la filosofía moderna; pero el pragmatismo se desentiende de la concepción kantiana de una razón predeterminada e invariable que presidiría sobre dicha actividad del sujeto y ve a este como una comunidad de hombres y mujeres de carne y hueso, resultante de la evolución de los organismos vivos, que genera conocimientos en su quehacer histórico, movido por necesidades y deseos. Este vuelco revoluciona la noción misma de experiencia. Esta “pasa a ser primordialmente una cuestión de obrar” (“Experience becomes an affair primarily of doing” —Dewey 1920, p. 86).

El organismo no está ahí […], esperando que algo se presente. No aguarda pasivo e inerte que algo se imprima sobre él desde fuera. El organismo actúa conforme a su propia estructura, simple o compleja, sobre su entorno. En consecuencia, los cambios producidos en el ambiente reaccionan sobre el organismo y sus actividades. La criatura viviente padece las consecuencias de su propia conducta. Esta estrecha conexión entre obrar y padecer forma lo que llamamos experiencia.

La interacción entre organismo y ambiente, que asegura la utilización de este último, es el hecho primordial, la categoría básica. El conocimiento queda relegado a una posición derivada, de origen secundario, aunque su importancia, una vez establecido, sea preponderante. El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está involucrado en el proceso por el cual la vida se sostiene y evoluciona. (Dewey 1920, pp. 86, 87)11.

Publicitado por la seductora prosa de James[12], el pragmatismo se difunde desde principios del siglo XX a ambos lados del Atlántico y, como suele ocurrir en tales casos, su nombre pronto adquiere connotaciones que disgustan a quien lo inventó. En un artículo de 1905 titulado “¿Qué es el pragmatismo?”, Peirce expresa satisfacción por el reconocimiento que el término ha obtenido “en un sentido generalizado”; pero advierte que “empieza a vérselo ocasionalmente en revistas literarias, donde se lo abusa de la manera despiadada que las palabras tienen que esperar cuando caen en garras de literatos”. Viendo “a su criatura ‘pragmatismo’ promovida de este modo, el autor siente que es hora de decirle adiós y abandonarla a su destino superior; mientras que, para servir al propósito preciso de expresar la definición original, anuncia el nacimiento de la palabra ‘pragmaticismo’, que es suficientemente fea para estar a prueba de secuestradores”[13].

En su “sentido generalizado”, el pragmatismo alcanza su madurez y máxima influencia a través de la obra de John Dewey cuando, concluida la Gran Guerra europea de 1914-18, los Estados Unidos de América se perfilan como la nación más rica y poderosa de la Tierra. Campeón del humanismo laico que poco a poco parece ir conquistando a sus conciudadanos más ilustrados, instalado desde 1904 hasta su jubilación en 1930 en la Universidad de Columbia, Dewey imparte en el famoso Teacher’s College metas y métodos para la educación pública. En las próximas décadas, una red gigantesca de discípulos y discípulos de discípulos extenderá su programa pedagógico a todo el continente[14]. Pero el pragmatismo, no obstante su origen nativo y su fuerte asociación al ideario democrático nacional, cayó en descrédito en Estados Unidos ante el embate de los neopositivistas, miembros o amigos del Círculo de Viena, que llegaron de Europa Central huyendo del nacismo, quienes le reprocharon su estilo intelectual demasiado impreciso y su excesiva indulgencia hacia la metafísica y la religión.

Mirando hacia atrás, vislumbramos los comienzos de un renacimiento de la tradición pragmatista nativa en la crítica de Willard Quine (1951) al distingo entre proposiciones analíticas y sintéticas —en que reposaba el apellido “lógico” del positivismo del siglo XX— y el ataque frontal de Wilfrid Sellars (1956) contra el “mito de lo dado”. Después de 1970, este resurgimiento cobra vuelo en los escritos de Hilary Putnam, Richard Rorty y Robert Brandom. Sin embargo, aun durante el período en que el neopositivismo en América eclipsó al pragmatismo en los principales centros de estudio y lo relegó a universidades marginales, cabe observar una veta pragmatista implícita o explícita en los mejores pensadores europeos. La advierto en el concepto de fenomenotecnia propuesto por Gastón Bachelard, que examiné en Torretti (2011); en la primacía que Heidegger confiere en Ser y Tiempo al Zuhandensein o “estar-a-mano”, y en su difícil concepto de Bewandtnis, temas que abordaré en la § 2, y en algunos aspectos de la obra tardía de Wittgenstein que tocaré en la § 3. Por último, en la § 4, recorreré a vuelo de pájaro algunos aspectos de la práctica de la ciencia física que inducen a ciertos autores a llamar “verdad pragmática” a la ofrecida por ella.

2

Como indiqué arriba, ‘pragmatismo’ deriva, sin intermediarios, de pragma, en plural prágmata (πρᾶγμα, πράγματα), voz griega que Liddell, Scott y Jones traducen ‘acto, acción’ (el ejercicio de una praxis) en textos tempranos[15], pero que en la lengua clásica significa ‘cosa’, en el sentido más habitual y amplio. Por ejemplo, Aristóteles dice que nada hirviente se corrompe, “porque es menor el calor en el aire circundante que en la cosa (pragma), de modo que no la domina ni le produce cambio alguno”[16]; y Plutarco alude a quienes discuten si cierta cosa (pragma) es o no es blanca[17]. Asimismo, Demócrito observa que el golpear de las olas arroja los guijarros largos en el mismo lugar donde están los largos, los redondos donde los redondos, “como si la semejanza de las cosas (prágmata) en esos respectos contuviese algo que las reúne”[18]. Por su parte, Demóstenes declara que el pueblo de Atenas es “la cosa (pragma) más inestable de todas”[19] y Jenofonte llama ἄμαχον πρᾶγμα —“cosa irresistible”— a una mujer bonita (Ciropedia 6.1.36).

En suma, pragma en griego corresponde a la palabra latina res[20] y, por tanto, pragmatismo equivale a realismo. Sin embargo, cuando Hilary Putnam caracterizó —con manifiesta redundancia— como realismo pragmático a lo que antes había llamado realismo interno (o inmanente), los sedicentes realistas “científicos” saltaron escandalizados, protestando que el pragmatismo de Putnam era todo lo contrario del realismo. Aunque la creciente ignorancia del latín y el griego sin duda ha contribuido a esta paradójica reacción, ella emana de algo mucho más antiguo y profundo: el vuelco en el modo de concebir las cosas ocasionado por el maridaje de la cosmología griega con el mito judío de la creación. La escolástica medieval y la metafísica moderna (exceptuado Spinoza) entienden que el mundo en que vivimos fue creado “de la nada” por Dios, vale decir, una persona que todo lo puede y todo lo sabe, y que existe antes y fuera del mundo. Esto significa que cada cosa con la que nos encontramos en la vida es, en sí, la cosa que es y no otra cosa, exactamente como Dios ha querido que sea. (Aparentemente no podría decirse lo mismo de las muchas cosas artificiales que nos rodean hoy, pero la filosofía medieval y moderna habría entendido esas cosas como compuestos armados por el hombre con ingredientes naturales creados por Dios). Además, la omnipotencia divina conlleva que cada una de esas cosas pueda ser creada o aniquilada sin alterar a las otras. Consecuentemente desarrollado, este enfoque redunda en la tesis de Leibniz: mi vida futura no cambiaría en lo más mínimo, aunque todo lo que hay fuera de mí fuese destruido, con tal que subsistiésemos Dios y yo[21]. La independencia mutua de las cosas creadas, requerida por la omnipotencia divina, conduce a cuestionar la realidad de las relaciones entre ellas[22]. Radicalizando este cuestionamiento, los filósofos ocasionalistas Geulincx y Malebranche niegan que exista entre criaturas una relación real de causa a efecto: cuando la presencia de un fenómeno de tipo F en un lugar r y un tiempo t da lugar regularmente a la presencia de un fenómeno de tipo F2 en un lugar r2 y un tiempo t2, es Dios quien, con ocasión de F en r y t, crea F2 en r2 y t2.

El ocasionalismo nunca tuvo muchos seguidores y no parece que alguno haya sobrevivido hasta hoy. Pero la concepción del mundo y del ser de las cosas mundanas inspirada por el teísmo creacionista persiste hasta hoy entre filósofos y científicos que nada quieren saber de este. Conforme a esta tradición cabe preguntar, respecto de cada cosa presente en el mundo, (i) qué es (τὶ ἐστι, quid est) y (ii) si es (an sit). A la pregunta (i) responde la esencia de la cosa (τὸ τὶ ἧν εἶναι, essentia, quidditas). La respuesta afirmativa a la (ii) es la existencia (existentia) de la cosa. El distingo se ajusta al mito creacionista como anillo al dedo: la esencia entraña todo lo necesario para que la cosa sea como Dios pensó y quiso que fuese, la existencia es el don de Dios que hace efectiva la cosa que Él quiso y pensó. Pero los términos en que la ontoteología cristiana acoge el mito judío provienen de la cultura helénica, que nunca compartió ese mito. En el último curso que dictó en la Universidad de Marburgo, en el mismo año 1927 en que publicó Ser y Tiempo, Martin Heidegger señala que la convicción inconmovible de que las cosas han sido creadas por Dios ha impedido hasta ahora aclarar satisfactoriamente el sentido de los conceptos de essentia y existentia y su relación mutua. Esta “explicación óntica” cierra de antemano el paso a un cuestionamiento ontológico[23]. Haciendo de lado la pretendida explicación, Heidegger aborda la pregunta por el origen de esos conceptos[24] y la contesta mediante un golpe hermenéutico tan audaz como original (GA 24: 141-158). Fija primero la atención en las voces empleadas por Aristóteles y Kant para designar la existencia actual, a saber, ἐνέργεια y Wirklichkeit. La voz griega significa ‘operación, actividad’, y deriva de ἔργον, ‘trabajo, obra’, y de ἐργάζομαι, ‘trabajar, laborar’ y (como verbo transitivo) ‘hacer, producir’ y ‘operar, ejecutar’. La voz alemana, usada en la lengua corriente donde nosotros diríamos
‘realidad efectiva’, propiamente significa ‘efectividad’, y deriva de wirken, ‘actuar, obrar, producir, hacer efecto, causar impresión’ y Werk, ‘trabajo, obra’[25]. Concluye que la comprensión del ser como actualidad remite al actuar (Handeln) de un agente y hace ver que ello también está implícito en la expresión alemana das Vorhandene con que corrientemente se designa lo que hay. Heidegger entiende que vor-handen, dicho de cualquier cosa existente, alude a un ente al alcance de cuya mano (Hand) está, para el cual ella es algo manejable (für das es ein Handliches ist)[26]. Así “la interpretación aparentemente objetiva del ser como actualitas en el fondo apunta a un sujeto […], a una relación con el ser humano en cuanto actúa con las manos, produce, fabrica”[27]. Según Heidegger, esta lectura del sentido primordial de existentia (Wirklichkeit, ἐνέργειᾳ εἶναι) queda corroborada si examinamos las palabras empleadas en griego para designar lo que los escolásticos llamaron essentia. Sería largo explicar cómo las interpreta todas, por lo cual me limitaré a dos: μορφή y εἶδος. Μορφή significa figura (en alemán, Gestalt), pero Heidegger pide liberar a este término de su ordinaria connotación espacial y entender que designa “la total impronta de un ente, en la cual leemos lo que es” (das ganze Gepräge eines Seienden, an dem wir ablesen, was es ist —GA 24: 149). Εἶδος significa aspecto (Aussehen), lo que algo muestra a quien sencillamente lo mira. En el aspecto de una cosa podemos ver lo que es, su quididad, su impronta peculiar, porque el aspecto se basa en esta. Esta es la relación que la percepción pone de manifiesto. Pero, señala Heidegger, “para la ontología griega, la relación de fundamentación entre εἶδος y μορφή, aspecto e impronta, es precisamente la opuesta: […] la impronta, la μορφή, se funda en el aspecto” (ibídem). Según Heidegger, esta inversión indica que los griegos no aprehendían la relación entre aspecto e impronta como la exhibe la percepción, sino bajo la perspectiva de la producción. Un alfarero moldea una vasija de arcilla guiado por el aspecto imaginado que quiere que tenga; confiere a la arcilla una determinada impronta para que luzca justamente ese aspecto. “El aspecto anticipado, el modelo, muestra la cosa como es antes de la fabricación y como debe verse en cuanto esté fabricada” (Das vorweggenommene Aussehen, das Vorbild, zeigt das Ding, was es vor der Herstellung ist und wie es als Hergestelltes aussehen soll —GA 24: 150). Los otros equivalentes griegos de essentia[28] remiten según Heidegger al mismo “comportamiento humano fundamental” (Grundverhaltung des Daseins), que, en aras de la brevedad, llama concisamente herstellen, esto es, fabricar o producir (como prefiere traducir García Norro en Heidegger, PFF, p. 142). Recordando que essentia traduce literalmente la voz οὐσία, empleada por Aristóteles como término técnico para designar un ente concreto existente (“este algo”: τόδε τι), pero que en griego cotidiano significaba ‘patrimonio’, los bienes propios de una persona o familia, Heidegger concluye: “Esta expresión essentia, que se usa para la quididad, la realidad, expresa a la vez el modo de ser específico del ente, su estar disponible, a la mano, que le es propio en virtud de haber sido fabricado” (dieser Ausdruck essentia, den man für das Wassein, für die Realität gebraucht, drückt zugleich die spezifische Seinsart des Seienden aus, seine Verfügbarkeit, oder wie wir auch sagen, seine Vorhandenheit, die ihm aufgrund seiner Hergestelltheit eignet —GA 24: 153). En suma:

Los conceptos ontológicos fundamentales de essentia y existentia surgen de la consideración de lo fabricado en el comportamiento fabricante, de lo fabricable en cuanto tal y del estar fabricado del producto que se halla en la intuición y en la percepción directamente como algo terminado[29].

En consecuencia, el ser de todo lo que hay en el sentido corriente de esta expresión, esto es, de los entes que en alemán se dicen vorhanden, conlleva una referencia al agente humano productor, el cual no puede ser en el mismo sentido que son las cosas elaborables o elaboradas sobre las que actúa. Este resultado revive la cuestión sobre los múltiples significados de ser abordada ya por Aristóteles[30], pero olvidada luego, una vez que la ontoteología medieval hubo radicado la agencia productiva en el Supremo Hacedor y asimilado el ser del hombre al de una cosa hecha por Él.

Para subrayar la singularidad del modo de ser (Weise-zu-sein) del hombre, Heidegger lo llama Existenz (en contraste con el Vorhandensein de lo que lisa y llanamente hay), mientras que llama Dasein al hombre mismo (eliminando así las connotaciones antropológicas, zoológicas, psicológicas, neumatológicas, demográficas y, en general, cosistas de su denominación habitual)[31]. No puedo explicar aquí los análisis históricos y fenomenológicos que Heidegger emprendió para esclarecer el modo de ser del Dasein[32], donde esperaba hallar la clave para elucidar todos los otros modos de ser. Hablaré solo de una fase inicial pero decisiva de su indagación, a fin de mostrar que ella redunda en una vindicación del pragmatismo. Ella concierne a “la mundanidad del mundo” (die Weltlichkeit der Welt), esto es, a su condición o carácter de tal; expresión abstracta que en una nota póstuma reemplazó con otra menos insípida: “el imperar del mundo” (das Walten der Welt). Heidegger dilucida este tema en los §§ 14-18 de Ser y tiempo. Se trata de poner en evidencia el modo de ser de lo que por de pronto y mayormente (zunächst und zumeist) encontramos y encaramos en la vida. A este propósito, justamente, Heidegger juzga oportuno recordarnos que los griegos tenían un vocablo particularmente apropiado para llamar a las “cosas” con las que tenemos que habérnoslas en la praxis cotidiana: prágmata[33]. Sin embargo, los filósofos griegos “dejaron ontológicamente en la oscuridad justo el carácter específicamente ‘pragmático’ de los πράγματα, determinándolos por de pronto como ‘meras cosas’” (SZ, p. 68; GA 2: 92; ST, p. 96). Para evitar toda confusión entre el modo de ser de las “cosas” (Dinge, things, choses, res) en la acepción ordinaria moderna con el de aquello que encontramos por de pronto (por ejemplo, al despertar), Heidegger se vale de la palabra alemana Zeug, que Rivera traduce ‘útil’ (en el sentido en que se usa en la expresión ‘útiles de escritorio’ —Schreibzeuge en alemán)[34]. Ambos vocablos pueden funcionar bien como equivalentes de πρᾶγμα, siempre que se les confiera la requerida amplitud: la voz griega conviene tanto al útil (o herramienta) en sentido estricto como al obstáculo que nos invita a utilizarlo: la escoba y la basura, la sierra y el árbol, la escala y el muro, el techo y la lluvia[35].

A diferencia de las cosas vorhanden de la metafísica medieval y moderna, que supuestamente Dios puede crear o aniquilar una a una, un útil no puede existir solo.

Al ser del útil le pertenece siempre y cada vez un todo de útiles (Zeugganzes), en el que el útil puede ser el útil que es. El útil, en su ser, es “algo para…”. Los distintos modos del “para-algo” (Um-zu) —servicialidad, capacidad de aportar, empleabilidad, manejabilidad— constituyen una totalidad de útiles (Zeugganzheit). En la estructura del “para-algo” hay una remisión (Verweisung) de algo a algo. […] Respondiendo a su pragmaticidad[36], el útil como tal solo es desde su pertenencia a otros útiles: útiles de escritorio, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. Estas “cosas” jamás se muestran primero de por sí, para luego llenar un cuarto como una suma de realidades. Lo que se encuentra por de pronto, aunque no se lo tematice, es el cuarto, y no como “lo que hay entre las cuatro paredes”, en un sentido espacial geométrico, sino como útil para habitar.

En el cuarto se manifiesta su “arreglo” y en este, a su vez, cada útil “singular”. Antes de cada uno ya está descubierta en cada ocasión una totalidad de útiles. (SZ, p. 68; GA 2: 92-93)[37].

En Ser y Tiempo Heidegger se abre paso laboriosamente desde este punto hasta la caracterización del imperar del mundo en términos de lo que llama Bewandtnis (término que, siguiendo a García Norro, traduciré ‘funcionalidad’)[38]. En las lecciones de 1927, de una manera muy favorable a mi presente propósito de mera exhibición, llega casi abruptamente a esa meta.

Fichte explicaba a sus oyentes la diferencia y la relación, para él básicas, entre Yo y No-Yo, “sujeto” y “objeto”, invitándolos a “pensar en la pared y pensar luego en el que piensa en la pared”. Heidegger objeta: “Ya la invitación ‘¡Piensa en la pared!’ envuelve un atropello constructivo de la situación (eine konstruktive Vergewaltigung des Tatbestandes), un punto de partida no fenomenológico” (GA 24: 231). En efecto, en nuestro comportamiento natural jamás pensamos en una cosa separada, y si llegamos a captarla por sí misma, lo hacemos desglosándola de un contexto que le es inherente. “La invitación ‘¡Piensa en la pared!’, entendida como punto de partida para […] la interpretación filosófica del sujeto, dice: Ciégate para lo que ya está dado de antemano, para y antes de cualquier expresa captación pensante. ¿Qué es lo que está dado de antemano?” No una cosa aquí con estas propiedades, allí otra con aquellas, una yuxtaposición, superposición y confusión de cosas tal que, tanteando, avanzamos de una a otra, para finalmente establecer un sistema que las recoja e interconecte. “Eso sería una construcción sofisticada. Más bien, lo que está dado de antemano —aunque no sea expresa y propiamente consciente— es un entramado de cosas”[39]. El insoslayable entrelazamiento previo de los prágmata (Zeuge, útiles) —la trama de remisiones con que por de pronto y mayormente nos encontramos— implica que su modo de ser difiere del Vorhandensein, el modo de ser de lo nudamente constatable. Heidegger lo designa con el neologismo Zuhandensein, derivado del familiar adjetivo zuhanden, que se dice de aquello que se encuentra a mano[40]. El vuelco —¿o debemos decir ‘la conversión’?— de lo presente zuhanden a lo presente vorhanden ocurre en situaciones de importunidad (Aufdringlichkeit). Por ejemplo, el automóvil que conduzco lo tengo entre manos, zuhanden, como una prótesis gigante, mientras me obedece y camina. Si de súbito se detiene, se me hace presente como un objeto bien deslindado, que está ahí, vorhanden, obstaculizando la vía pública, de donde debo sacarlo, para luego analizar qué ha fallado y determinar qué hay que hacer para que funcione de nuevo[41]. Pero los útiles, de entrada, se nos ofrecen de otro modo. Cuando entramos en el aula, dice Heidegger a sus alumnos, “no captamos los asientos como tales”.

Sin embargo, están ahí de algún modo peculiar, pues circunspectamente pasamos a su lado, circunspectamente los evitamos, o tropezamos con ellos, etc. Escaleras, pasillos, ventanas, sillas y bancos, pizarra, y mucho más se nos da sin que lo tematicemos. […] Un entramado de útiles nos rodea. Cada útil es según su mismo ser un útil-para, para viajar, para escribir, para volar. […] Cada ente que descubrimos como útil tiene una determinada funcionalidad. El entramado del para-algo es una totalidad de relaciones de funcionalidad. […] El entramado de funcionalidad no es un conjunto de relaciones, un producto resultante de la concurrencia de varias cosas, sino que la totalidad funcional, más estrecha o más amplia (cuarto, vivienda, caserío, aldea, ciudad), es lo primario, dentro de lo cual un ente determinado es como es, y como tal o cual se muestra. […] Existiendo fácticamente estamos siempre ya en un mundo circundante (GA 24: 232-233).

El ser humano no es una cosa que haya entre otras —ein Vorhandenes— con la sola diferencia de que las capta; sino que existe en el modo del ser-en-el-mundo, y esta determinación fundamental de su existencia es la condición previa que lo capacita para captar algo en absoluto[42]. Pero el mundo no es la suma de lo que hay, ni es en absoluto un Vorhandenes. El mundo es un atributo del ser-en-el-mundo, un momento de la estructura del modo de ser del Dasein. El mundo no está vorhanden, sino que existe, es decir, tiene el modo de ser del Dasein[43].

Para completar nuestra imagen de la vena pragmática de Heidegger en Ser y tiempo, habría que revisar lo dicho allí sobre el Verstehen (entender) y sobre la verdad en los §§ 31-33. Cuando, por ejemplo, asevera que “la verdad existe [en la acepción heideggeriana de este verbo, que designa el modo de ser del Dasein] y es solamente en cuanto el Dasein existe” (die Wahrheit existiert und sie ist nur, sofern Dasein existiert —GA 24: 313), o cuando habla de un entender “que, como proyecto, no solo entiende al ente desde el ser, sino que, en la medida en que el ser mismo es entendido, también ha proyectado de algún modo al ser como tal” (ein Verstehen, das als Entwurf nicht nur das Seiende aus dem Sein her versteht, sondern, sofern Sein selbst verstanden wird, auch das Sein als solches irgendwie entworfen hat —GA 24: 396), Heidegger da una vigorosa expresión al pragmatismo, como yo lo entiendo. Pero lo que hemos visto basta, creo, para mostrar su afinidad con esta tradición[44].

3

En su influyente monografía “Fundamentos de la teoría de los signos” Charles E. Morris (1939)[45] contrasta tres actitudes filosóficas ante el lenguaje. El formalista se interesa solo en su aspecto sintáctico, esto es, en las reglas de formación y transformación de las expresiones, no importa a qué cosas se refieren ni si hay un grupo de intérpretes que las usen. El empirista “se inclina a subrayar la necesidad de la relación de los signos con los objetos que denotan y cuyas propiedades enuncian verdaderamente”. El pragmatista “se inclina a considerar el lenguaje como un tipo de actividad comunicativa, social por su origen y naturaleza, mediante la cual los miembros de un grupo social son capaces de satisfacer mejor sus necesidades individuales y comunes” (p. 88). Los temas predilectos de estos tres grupos de filósofos forman las tres divisiones de la semiótica, o ciencia de los signos, según la presenta Morris: la sintaxis, que estudia “las relaciones mutuas entre los signos hecha abstracción de sus relaciones con objetos o con intérpretes” (p. 91); la semántica, que “trata de la relación de los signos con lo que designan, y así con los objetos que pueden o no denotar” (p. 99); y finalmente, la pragmática, “término obviamente acuñado con referencia al término ‘pragmatismo’” (p. 107). Según Morris es razonable pensar que el significado duradero del pragmatismo consiste en que ha atendido con mayor empeño a la relación de los signos con sus usuarios y “ha apreciado más profundamente que nunca antes la relevancia de esta relación para comprender las actividades intelectuales”. Y añade: “El término ‘pragmática’ (pragmatics) ayuda a señalar la significación de los logros de Peirce, James, Dewey y Mead dentro del campo de la semiótica” (pp. 107-108).

Para los neopositivistas entre los que Morris se contaba, la pragmática tenía que fundarse en la sintaxis y la semántica. Creían, al parecer, que con fijar las reglas de la construcción gramaticalmente correcta de expresiones y asignar un significado estable a cada expresión mínima y a sus combinaciones, se disponía de un lenguaje con todo lo que hace falta para comunicarnos inequívocamente y trasmitirnos información. En cambio, aquellos ingredientes del habla corriente (como los indéxicos ‘yo’, ‘tú’, ‘aquí’, ‘ahora’, etc.), cuyo significado depende de las circunstancias en que se usan, eran modulaciones advenedizas de las que el lenguaje “objetivo” de la ciencia podría prescindir[46]. Por otra parte, sostuvieron la autonomía de la sintaxis, que asegura la posibilidad de formar correctamente expresiones lingüísticas sin considerar para nada lo que estas significan. Este egregio disparate fue, sin embargo, singularmente afortunado, en cuanto estimuló la invención de los lenguajes artificiales de la informática, gracias a los cuales las computadoras pueden ejecutar una porción inmensa de nuestro trabajo intelectual, sin tener la menor idea de lo que significan las expresiones con que las alimentamos o las que ellas nos entregan. Que en las lenguas naturales la sintaxis se guía por el significado de las expresiones es demasiado obvio para comentarlo. Pero el neopositivismo característicamente ignora o minimiza el hecho de que, en una lengua viva, tal significado no es algo perfectamente deslindable según reglas fijas, sino que fluctúa en el uso que se hace lengua hablándola. Entusiasmados con el sueño de una lengua apta para guardar en inscripciones inequívocas los hallazgos perdurables de la ciencia, los neopositivistas dan la espalda a la vida real del pensamiento humano. Ludwig Wittgenstein, cuya obra juvenil Tractatus Logico-Philosophicus los neopositivistas celebraban como una importante fuente de inspiración, fue quien —en uno de los ejercicios de retractación más notables de que hay memoria— demolió dicho sueño y los castillos de naipes erigidos sobre él[47]. “Las palabras solo tienen significado sumidas en la corriente del pensamiento y de la vida” (Nur in dem Fluß des Gedankens und des Lebens haben die Worte Bedeutung —Z, §173), dice una de sus anotaciones póstumas, aún más radical, si cabe, que el dicho de Dewey: “El significado es primordialmente una propiedad del comportamiento” (Meaning is primarily a property of behavior —1925, p. 179).

En el prólogo a Investigaciones Filosóficas (1951), Wittgenstein reconoce su deuda con Frank Ramsey (1904-1930), quien durante los dos últimos años de su vida le hizo ver “en innumerables conversaciones” los “graves errores” del Tractatus. Ramsey, por su parte, al final de su ensayo “Hechos y proposiciones”, destaca su deuda con el autor del Tractatus, “de quien deriva mi visión de la lógica. Todo lo que he dicho se lo debo a él, excepto las partes que tienen una tendencia pragmatista, las cuales me parecen necesarias para llenar un vacío en su sistema” (1931, p. 155)[48]. Ramsey explica enseguida que para él “la esencia del pragmatismo” consiste en que “el significado de un enunciado (sentence) ha de definirse con referencia a las acciones a que conduciría aseverarlo”. Como esto varía con las circunstancias y las preferencias de los agentes/hablantes, la idea misma de una semántica autónoma, previa a toda consideración pragmática, es insostenible.

En su edad madura, Wittgenstein desconfía de las generalidades y rehúye las abstracciones con el mismo afán con que las abrazaba en su juventud[49]. Sus reflexiones sobre uso y significado se despliegan aduciendo un gran número y variedad de ejemplos[50], cuya presentación adecuada demanda mucho espacio. A este propósito solo me referiré, pues, al asunto principalísimo de la necesidad lógica, a través de un pasaje enjundioso e iluminador de Carla Cordua:

La necesidad es un fenómeno lingüístico en el que están envueltos no solo la forma de las operaciones simbólicas sino el lenguaje como tal. Pues este entraña siempre situaciones concretas que pertenecen a una manera de vivir, al modo como un grupo humano habita el planeta y se las arregla en él. La necesidad lógica, aunque lingüística, no se genera dentro del lenguaje en sentido estrecho, o entendido como la actividad especializada de manejar una terminología para expresarse y comunicarse. Es preciso considerar también la inserción de la actividad lingüística en una praxis vital determinada. La necesidad lógica pertenece a nuestro uso de los elementos del lenguaje, no a las relaciones entre estos elementos considerados aparte de sus funciones en la vida que opera con ellos; originariamente la necesidad lógica no proviene tampoco de las relaciones del pensamiento apráctico con sus símbolos. Es el uso establecido, repetido, enseñado y aprendido, el uso que concita y refleja el acuerdo universal en una comunidad lingüística y que está ligado a necesidades vitales y naturales, el que pone la necesidad. Somos nosotros los implacables en ciertas prácticas, sostiene Wittgenstein, los que le damos su inexorabilidad a las relaciones internas entre partes de nuestra terminología y los que, una vez establecidas ciertas técnicas, le ponemos indirectamente, mediante sus reglas, límites al pensar, a la representación, a la imaginación habituales (Cordua 1997, pp. 141-142).

Leyendo estas palabras, no hay duda que Wittgenstein ha llevado el pragmatismo, en el sentido caracterizado precisamente por Morris, a extremos que este nunca imaginó. Pero también desde otros ángulos el filósofo vienés presenta afinidades con esta tradición filosófica americana, aunque parece que por algún motivo ella no le caía bien[51]. En sus escritos publicados menciona muchas veces a James, a quien leyó asiduamente y con simpatía en su juventud; pero nunca a Dewey[52], y no parece haber conocido a Peirce. De haberlo estudiado, le habría quizás llamado la atención leer que “el pragmatismo muestra que pretendidos problemas no son problemas reales” (Pragmatism shows that supposed problems are not real problems —Peirce, CP, 8.259). Cabe asimismo conjeturar que Wittgenstein se habría reconocido en la noción deweyana de contexto, “un cuerpo de creencias e instituciones y prácticas asociadas a ellas” (a body of beliefs and institutions and practices allied to them —Dewey 1931, en Bernstein 1960, p. 106), que provee el trasfondo separados del cual términos y enunciados pierden su sentido. Así, quien se pregunte como Putnam (1995, pp. 27-56) si Wittgenstein fue un pragmatista, hallará motivos sobrados para darle una respuesta afirmativa a esta pregunta. Por lo demás, dicha respuesta ya había sido adelantada por Richard Rorty, el más conocido y extremoso agente del pragmatismo renovado a fines del siglo XX[53]. En el mismo sentido se ha pronunciado repetidamente Robert Brandom, quien en su último libro Perspectivas sobre el Pragmatismo (2011) menciona a Wittgenstein al menos 42 veces (contra 35 menciones de Dewey, 23 de James y solo 21 de Peirce), y anuncia que “el camino filosófico que avance desde las ideas de los pragmatistas americanos tiene que ser un pragmatismo lingüístico, aliado al Wittgenstein tardío y al Heidegger de la primera sección de Ser y Tiempo”[54].

4

Finalmente, para hablar un poco que sea de un asunto que me atrae más que la indagación del sentido del ser por Heidegger y me ha ocupado más tiempo que la reorientación de la filosofía por Wittgenstein, me referiré a ciertos aspectos de la física que demandan un enfoque pragmático de la verdad científica, en lugar del enfoque cosista de quienes creen hallar en la ciencia natural un sustituto para la malograda religión de su niñez. Para los cosistas, la actividad científica consiste en la búsqueda, hallazgo y acumulación de enunciados verbales adecuados a las cosas a las cuales se refieren y la ciencia misma no es sino la fraseoteca que almacena tales enunciados. Poco les importa que en las colecciones existentes de enunciados científicos —digamos, las revistas ISI—, las aseveraciones adecuadas anden perdidas en un maremágnum de enunciados que más temprano que tarde se probarán inadecuados, sin que jamás se disponga de criterios ciertos para separar la basura del oro. En tal estado de cosas, lo único razonable sería desesperar de la ciencia y del conocimiento, a menos que se reconozca que en los jardines de la academia estas palabras ostentan un significado contrahecho e ideal que poco tiene que ver con el uso que se les da en la vida diaria, por ejemplo, cuando decimos de alguien que cultiva una ciencia o que conoce su oficio. En cambio, bajo un enfoque pragmático, que vea, según hemos dicho, las cosas como πρᾶγματα —esto es, como puntos de arranque o de llegada de una praxis—, es natural que la ciencia o ἐπιστήμη se conciba como tarea y dote del ἐπιστήμων, el entendido o conocedor. Tal es justamente la “fundamental reorientación de nuestra idea del conocimiento” propuesta por Hasok Chang “para entender y facilitar la práctica científica”: to conceive [knowledge] in terms of ability rather than belief (Chang 2012, p. 215). Pasaré rápida revista a un par de aspectos de la física[55], con miras a mostrar que ella se aprecia mejor si los frutos de la investigación se juzgan según su idoneidad para su respectivo propósito y en su respectivo contexto, que si se los somete al criterio cosista, obseso con la ambición de alcanzar la adæquatio intellectus et rerum.

Empiezo por un hecho que rara vez se menciona, quizás porque es demasiado obvio, y que, sin embargo, podría ser suficiente para despertar a un cosista de su sueño dogmático: cuando una cantidad física se mide directamente —digamos, una distancia mediante una vara de medir, o una masa mediante una balanza de precisión, o un intervalo de tiempo mediante un cronómetro—, el valor registrado en cada caso solo puede ser un número racional, aunque la física matemática supone y requiere que tales cantidades puedan tomar cualquier valor real dentro de un intervalo finito o incluso dentro de (–∞,∞)[56]. Ahora bien, la probabilidad de que un número real cualquiera sea racional y no irracional es exactamente igual a cero. Por tanto, si entendemos con el cosista que la cantidad que intentamos medir directamente tiene un valor en el cuerpo de los reales, independiente de nuestras teorías y nuestras operaciones, la probabilidad de que una observación nuestra lo registre es exactamente igual a cero. Un evento con probabilidad cero no es totalmente imposible; pero ciertamente no es habitual. Por otro lado, aunque en el cuerpo de los reales los números racionales sean infinitamente raros, están densamente distribuidos entre los irracionales; esto quiere decir que si x es un número irracional cualquiera, entonces, por pequeño que sea el número real ε > 0, hay un número racional y tal que |x – y| < ε. Por tanto, en principio, el valor racional medido de una cantidad física podría aproximarse tanto como se desee al valor real que el cosista debe suponer que ella efectivamente posee. Sin embargo, la medición experimental presenta otras complicaciones: dos mediciones precisas de una misma cantidad —por ejemplo, la longitud de un riel, el peso de una moneda de oro, el período de un péndulo— rara vez registran el mismo número. Más aún, en una distribución normalizada la frecuencia relativa de los distintos valores registrados fluctúa al aumentar el número total de las mediciones. Como dice N. Barford al comienzo de su instructiva monografía Mediciones Experimentales: Precisión, Error y Verdad (1986, pp. 6-7):

Es un hecho experimental que en la mayoría de los experimentos esta fluctuación es bastante grande y errática para un número pequeño de mediciones. […] Sin embargo, al crecer su número las fluctuaciones decrecen. […] Cuando llegamos a comparar 500 y 1000 mediciones, la diferencia entre sus distribuciones normalizadas de frecuencia será desdeñable. Usualmente, no hay cómo predecir exactamente cuáles serán las fluctuaciones, solo que la distribución se decanta en una forma más o menos definida al aumentar el número de mediciones. Expresamos esto sumariamente diciendo que hay una distribución límite de la frecuencia para el experimento infinito. […] Es muy importante hacerse cargo de que la existencia de tal distribución límite es casi siempre un supuesto. Nunca podemos ponerlo a prueba de manera satisfactoria. […] El supuesto implica que, con suficiente ingenio, podríamos hacer las mediciones cuantas veces queramos sin ningún cambio en las propiedades del aparato, del observador, o de la cantidad que se está observando; asuntos que claramente no pueden ponerse a prueba.

El llamado “valor verdadero” (true value) de una medición se define como la media aritmética derivada de la distribución límite de la frecuencia (Barford 1986, p. 14). Obviamente, esta no es una cantidad que se observe, sino que se debe estimar. Por excelentes razones que no viene al caso repetir aquí, la mejor estimación de la media aritmética de la medición infinitamente repetida se define como “la media del número finito de mediciones” efectuadas (ibídem, p. 26).

Que sea necesario un “masaje” estadístico previo para que los datos empíricos se puedan utilizar científicamente es un hueso duro de roer para el sedicente “realista” o cosista (como prefiero llamarlo). Pero la inepcia de su aspiración a la adæquatio también queda puesta en evidencia si atendemos al “modelado” de los procesos naturales mediante estructuras matemáticas que caracteriza a la física moderna desde su fundación por Galileo y Newton. Para identificar procesos, situaciones y objetos mundanos con modelos de teorías matemáticas articuladas en torno a conceptos exactamente definidos hay que desglosar del flujo de la experiencia vivida los fragmentos que se quiere modelar y someterlos a simplificaciones e idealizaciones. Un par de ejemplos históricos permitirá apreciar el alcance de estas operaciones del intelecto. Para concebir la caída libre de los cuerpos pesados sobre la superficie terrestre de una forma que hiciera posible calcular satisfactoriamente la trayectoria de las balas de cañón, Galileo procedió a ignorar la resistencia del aire y la contribución positiva o negativa del viento al avance de un proyectil, así como la influencia que sobre este pudiera ejercer la distancia desde el centro de la Tierra. Este último factor, que Newton no podrá eludir cuando calcule el movimiento de la Luna como si se tratara de un proyectil era sin duda indiferente a la artillería del siglo XVII, cuyas balas se movían todas más o menos a la misma distancia de dicho centro. Pero el factor viento era decisivo y debió introducirse como corrección del modelo en sus aplicaciones prácticas. La teoría galileana de la caída libre no era, pues, adecuada al acontecer efectivo, ni pretendía serlo, pero resultó ser sorprendentemente idónea para mejorar la puntería de los artilleros[57]. Mi segundo ejemplo es más moderno y sofisticado. Los modelos newtonianos del Sistema Solar se probaron tremendamente idóneos durante el siglo XIX, por ejemplo, en la predicción por Leverrier y Adam de la posición del planeta Neptuno, basada en las perturbaciones que un cuerpo masivo desconocido introducía en la trayectoria observada de los planetas conocidos. Pero la aplicación de estos métodos a la anomalía observada en la trayectoria de Mercurio fracasó persistentemente. El perihelio del planeta avanza cada año 0,43 segundos de arco más que lo predicho por la mecánica celeste newtoniana (el avance total observado asciende a unos 56″ anuales, de modo que la anomalía es menos de un 1% del total). En noviembre de 1915, Albert Einstein dedujo la anomalía de Mercurio de una solución aproximada de sus nuevas ecuaciones del campo gravitacional, que suponen una concepción de la gravedad radicalmente diferente de la de Newton; en enero de 1916, Karl Schwarzschild obtuvo la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein, confirmando la predicción del avance del perihelio de Mercurio que era imprevisible para la teoría de Newton. De todo esto nos interesa aquí solamente la envergadura de la simplificación e idealización envuelta en el modelo adoptado por Einstein y Schwarzschild: el planeta Mercurio es identificado con una partícula de prueba, esto es, un cuerpo de masa tan insignificante que no ejerce ninguna influencia gravitacional; esta partícula se mueve en torno a una masa puntual de magnitud igual a la del Sol; fuera de este punto masivo, que se identifica con el Sol, no hay ninguna otra fuente de gravedad en todo el espacio del modelo. Bajo estos supuestos, la teoría de la gravedad de Einstein asigna un avance secular de 43″ al perihelio de Mercurio. El 99% restante del avance observado se deduce, como antes, de la precesión del perihelio terrestre y del modelo newtoniano del sistema solar, cuyas predicciones cabe fundadamente asumir que coincidirían suficientemente con las de un modelo einsteiniano que incluya los demás planetas, no obstante la profunda diferencia entre sus respectivos marcos conceptuales. Con la simplificación e idealización extremas que aplican al acontecer natural, Einstein y Schwarzschild parecerían estarse mofando de la concepción cosista de la verdad científica como adæquatio intellectus et rei; pero solo siguen el precedente sentado por la física matemática en los tres siglos anteriores. El gran interés del caso reside más bien en la apelación simultánea a dos modelos conceptualmente incompatibles para dar cuenta del mismo fragmento del devenir[58]. Ella está motivada, sin duda, por la carencia de los recursos matemáticos para construir un modelo einsteiniano de todo el Sistema Solar; pero es posible y legítimo proceder de esta manera, porque lo que está en juego no es la adecuación, sino la idoneidad de los modelos. Creo oportuno recordar que este mismo esquema de colaboración se está aplicando hoy en el área de las comunicaciones. El enjambre de satélites artificiales que surca nuestro cielo se construyó en la segunda mitad del siglo XX utilizando modelos newtonianos, pero el advenimiento del GPS, que es capaz de identificar con un error de pocos metros[59] la posición de un vehículo —o de un iPad— en el globo terráqueo, ha impuesto la introducción de correcciones relativistas en el cálculo de las trayectorias de los satélites de este sistema. La cacareada “inconmensurabilidad” de las teorías físicas en juego, fatal para la adæquatio de al menos una de ellas (y, a fin de cuentas, también para la de la otra), no menoscaba su idoneidad para servirnos conjuntamente en la vida diaria.

El empleo de modelos disímiles en el tratamiento científico de un mismo problema o asunto es, por lo demás, una consecuencia insoslayable de la imposibilidad de modelar directamente los fenómenos observados conforme a una teoría físico-matemática de vasto alcance y alto nivel de abstracción, como las teorías de la gravedad de Newton y Einstein. La aplicación de teorías de este tipo envuelve una jerarquía de modelos, que usualmente no pertenecen todos a la misma teoría: modelo estadístico de los datos recogidos, modelos de los instrumentos utilizados (para la recta interpretación de los datos, eliminando aquellos que sean “artefactos” del proceso de observación), modelo del experimento, modelo de la teoría. Como señaló atinadamente Patrick Suppes (1962, p. 260), “una jerarquía completa de modelos se interpone entre el modelo de la teoría básica y la experiencia experimental completa. […] Para cada nivel […] hay una teoría autónoma (a theory in its own right). La teoría de un nivel obtiene un significado empírico mediante conexiones formales con la teoría de un nivel inferior”. No puedo extenderme aquí sobre esto[60], pero esta enumeración basta para sugerir la complejidad del asunto y la distancia que separa al conocimiento científico moderno de las formas de conocimiento artesanal y, sobre todo, libresco que inspiraron la definición medieval de la verdad como adæquatio[61].

Termino aludiendo a un tema al que se ha prestado mucha atención durante el último medio siglo, aunque el punto donde focalizaré la mía no ha solido destacarse. A estas alturas, nadie niega que la física matemática es una creación histórica, condicionada por las prácticas, creencias, instituciones, etc. de las sociedades donde ha florecido. Pero rara vez se menciona el papel no menor que en su historia juega el azar, lo mismo que en la historia política o en la historia militar. Si lo que llamamos “la naturaleza” fuese un museo en que cada objeto, proceso o fenómeno discernible estuviese bien delimitado, encerrado una vitrina y rotulado de antemano con una descripción inequívoca y definitiva que fuéramos capaces de leer y registrar, el azar que inevitablemente rige nuestro paseo de vitrina en vitrina y de sala en sala no afectaría en definitiva el retrato de la naturaleza que la investigación científica acabaría procurándonos. Pero si los objetos, procesos y fenómenos de la naturaleza no están hechos y derechos de una vez por todas, sino que se van definiendo y articulando para nosotros como prágmata en el curso de nuestra interacción con ellos, entonces la situación contingente desde la cual trabamos contacto con ellos, el orden en que avanzamos, los recursos manuales e intelectuales de que disponemos, los propósitos que tenemos en vista, las ocurrencias que nos vengan a la cabeza configurarán la naturaleza, como la entiende en cada momento la ciencia vigente, de una manera que puede variar mucho según cómo sean los factores enumerados. Después de Copérnico (1543) nos hemos acostumbrado a creer que vivimos en un lugar cualquiera, de modo que el espectáculo que la naturaleza presenta a los terrícolas no difiere fundamentalmente del que podría ofrecer a los habitantes antropomorfos de otro planeta, si existieran. Sin embargo, la interpretación estándar de la radiación térmica de trasfondo descubierta por Penzias y Wilson (1964) nos fuerza a pensar que la vida antropomorfa solo es posible durante una fracción del tiempo cósmico, de modo que vivimos en una época privilegiada, que facilita la observación de ciertos aspectos del acontecer pero dificulta o quizás cierra totalmente el acceso a otros. Pero aun dando por descontada esta restricción previa de nuestro punto de vista, tenemos que reconocer que la historia de la física, como la de cualquier otra importante actividad humana, está marcada por incalculables golpes de fortuna. Así, aunque no podría asegurarlo, estimo muy probable que, de no haber mediado la audacia y el desparpajo de Albert Einstein (1905), el éter electromagnético debidamente reacondicionado formaría parte aún hoy del llamado  “mobiliario del universo”[62]. Me lo sugiere la comparación de las historias contrastantes del flogisto y el electrón. El primero, investigado y manipulado en los laboratorios químicos de toda Europa después de Stahl (1703)[63], murió víctima del radicalismo de la triunfante “revolución química” de Lavoisier en la década que precede a la revolución política cuyo radicalismo acabará a su vez con la vida de este sabio (Chang 2009, 2010; Lewowicz 2011). En cambio, el electrón sigue vivo y atendiendo en múltiples artefactos a una variedad creciente de necesidades humanas, a pesar de que ha sido reconcebido a fondo desde que supuestamente fue descubierto por J. J. Thomson en 1897. Theodore Arabatzis (2006) narra admirablemente la biografía del electrón, aunque evita nombrar la transformación que más drástica e irremisiblemente lo separa de su carácter inicial: su clasificación como fermión, esto es, como partícula regida por la estadística de Fermi-Dirac, la cual implica un criterio de identidad que nada tiene que ver con el que empleamos para individualizar lo que llamamos cosas[64].

Obras citadas

Adelung, Johann Christoph (1793-1801). Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig: bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf und Compagnie, bzw. bey Breitkopf und Härtel. 4 vols.

Ambrose, Alice, ed. (1979). Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1932-1935. From the Notes of Alice Ambrose and Margaret Macdonald. Chicago: University of Chicago Press

Arabatzis, Theodore (2006). Representing Electrons: A Biographical Approach to Theoretical Entities. Chicago: University of Chicago Press.

Barford, N. C. (1985). Experimental Measurements: Precision, Error and Truth. Second Edition. New York: John Wiley & Sons.

Bennett-Hunter, Guy (2012). “A Pragmatist Conception of Certainty: Wittgenstein and Santayana”. European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 4: 146-157.

Bernstein, Richard J., ed. (1960). John Dewey on Experience, Nature, and Freedom. Representative Selections. New York: Liberal Arts Press.

Bouwsma, O. K. (1986). Wittgenstein: Conversations 1949-1951. Indianapolis: Hackett.

Brandom, Robert B. (2002). Tales of the Mighty Dead. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———— (2011). Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, and Contemporary. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brown, Harvey R. (2005). Physical Relativity: Space-Time Structure from a Dynamical Perspective. Oxford: Clarendon Press.

Cavell, Stanley (1996/97). “What’s the Use of Calling Emerson a Pragmatist?” Cardozo Law Review. 18: 171-180.

Chang, Hasok (2009). “We Have Never Been Whiggish (About Phlogiston)”. Centaurus. 51: 239-264.

———— (2010). “The Hidden History of Phlogiston. How Philosophical Failure Can Generate Historiographical Refinement”. HYLE-International Journal for Philosophy of Chemistry. 16: 47-69.

———— (2012). Is Water H_2O? Evidence, Realism and Pluralism. Dordrecht: Springer.

Chauviré, Christiane (2012). “Experience and Nature: Wittgenstein Reader of Dewey?”. European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 4: 81-87.

Cordua, Carla (1997). Wittgenstein: Reorientación de la Filosofía. Santiago de Chile: Dolmen.

———— (2013). Wittgenstein. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Dewey, John (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Macmillan Co.

Dewey, John (1920). Reconstruction in Philosophy. New York: Henry Holt & Co. Second enlarged edition, Boston: Beacon Press, 1948. (Cito según esta última edición).

Dewey, John (1931). “Context and Thought”. University of California Publications in Philosophy. 12: 203-224.

Diels, H. y W. Kranz (1954). Die Fragmente der Vorsokratiker. 7. Auflage. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung. 3 vols.

Dilthey, Wilhelm (1883). Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Erster Band. En Dilthey, Gesammelte Schriften, 1. Band. Stuttgart: B.G. Teubner, 1959. (Mi cita remite a esta edición).

Fichte, Johann Gottlieb (1845-46). Sämmtliche Werke, herausgegeben von Immanuel Hermann Fichte. Berlin: Veit & Comp. 8 vols.

Goodman, Russell B. (1998). “Wittgenstein and Pragmatism”. Parallax. 4: 91-105.

Haack, Robin (1982). “Wittgenstein’s Pragmatism”. American Philosophical Quarterly. 19: 163-171.

Healey, Richard (2012). “Quantum Theory: A Pragmatist Approach”. The British Journal for the Philosophy of Science. 63: (4) 729-771.

———— (2013). “Observation and Quantum Objectivity”. Philosophy of Science. 80: (3) 434-453.

Heidegger, Martin (GA 2). Sein und Zeit. Unveränderter Text mit Randbemer-kungen des Autors aus dem “Hüttenexemplar” herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Martin Heidegger Gesamtausgabe. Band 2. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.

———— (GA 20). Prolegomena zu einer Geschichte des Zeitbegriffs. Marburger Vorlesung Sommersemester 1925 herausgegeben von Petra Jaeger. Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 20. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.

———— (GA 24). Die Grundprobleme der Phänomenologie. Marburger Vorlesung Sommersemester 1927 herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 24. Zweite Auflage. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.

———— (GA 63). Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). Frühe Freiburger Vorlesung Sommersemester 1923 herausgegeben von Käte Bröcker-Oltmanns. Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 63. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.

———— (PFF). Los Problemas Fundamentales de la Fenomenología. Curso de Marburgo del semestre de verano de 1927. Traducción y prólogo de J. J. García Norro. Madrid: Trotta.

———— (ST). Ser y Tiempo. Traducción, prólogo y notas de J. E. Rivera. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

———— (SZ). Sein und Zeit. 7. Auflage. Tübingen: Max Niemeyer.

James, William (1898). “Philosophical Conceptions and Practical Results”. University Chronicle. 1: (4) 287-310.

———— (1905). “The Essence of Humanism”. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. 2: 113-118.

Kant, Immanuel (1787). Critik der reinen Vernunft. Zweyte hin und wieder verbesserte Auflage. Riga: Johann Friedrich Hartknoch.

Kisiel, Theodore (1993). The Genesis of Heidegger’s Being and Time. Berkeley, CA: University of California Press.

Leibniz, Gottfired Wilhelm (GP). Die philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, herausgegeben von C.I. Gerhardt. Berlin: Weidmann, 1875-1890.

Lewis, Clarence Irving (1923). “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal of Philosophy. 20: 169-177.

Lewowicz, Lucía (2011). “Phlogiston, Lavoisier and the Purloined Referent”. Studies In History and Philosophy of Science Part A. 42: 436-444.

Margolis, Joseph (2012). “A Philosophical Bestiary”. European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 4: (2) 128-145.

Martin, Gottfried (1949). Wilhelm von Ockham: Untersuchungen zur Ontologie der Ordnungen. Berlin: De Gruyter.

Marx, Karl (FS). Frühe Schriften. Herausgegeben von Hans-Joachim Lieber und Peter Furth. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2 vols.

Mayo, Deborah G. (1996). Error and the Growth of Experimental Knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

Menand, Louis (2001). The Metaphysical Club, New York: Farrar, Straus and Giroux.

Morris, Charles (1939). “Foundations of the Theory of Signs”. En Neurath et al. (1971), pp. 77-137.

Neurath, Otto, Rudolf Carnap y Charles Morris (1971). Foundations of the Unity of Science: Towards an International Encyclopedia of Unified Science. Chicago: University of Chicago Press.

Okrent, Mark (1988). Heidegger’s Pragmatism: Understanding, Being, and the Critique of Metaphysics. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Peirce, Charles Sanders (1878). “How to Make our Ideas Clear”. Popular Science Monthly. 12: 286-302.

———— (1905). “What Pragmatism Is?” The Monist, 15: 161-181. Reproducido en Peirce, CP, 5: 411-437.

———— (CP). Collected Papers. Edited by C. Hartshorne et al. Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1931-60. 8 vols.

———— (W). Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition. Bloomington: Indiana University Press, 1982- .

Putnam, Hilary (1995). Pragmatism: An Open Question. Oxford: Blackwell.

Quine, Willard van Orman (1951). “Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism”. The Philosophical Review. 60: 20-43.

Ramsey, Frank Plumpton (1931). The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays. Edited by R. B. Braithwaite. London: Routledge and Kegan Paul.

Rorty, Richard (1982). Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

———— (1991a). Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.

———— (1991b). Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Sellars, Wilfrid (1956). “Empiricism and the Philosophy of Mind”. En Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. I, edited by Herbert Feigl and Michael Scriven. Minneapolis: University of Minnesota Press. Pp. 127-196.

Stahl, Georg Ernst (1703). Specimen Beccherianum, sistens fundamenta, documenta, experimenta, quibus principia mixtionis subterraneæ & instrumenta naturalia atque artificialia demonstrantur. Apud Joh. Ludov. Gleditchium.

Suppes, Patrick (1962). “Models of Data”. En E. Nagel et al., Logic, Methodology and Philosophy of Science. Stanford: Stanford University Press. Pp. 252–261.

Thesaurus Linguae Graecae. http://www.tlg.uci.edu/ (fuente utilizada para citar autores griegos).

Torretti, Roberto (2007a). De Eudoxo a Newton: Modelos Matemáticos en la Filosofía Natural. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

———— (2007b). Estudios Filosóficos: 1986-2006. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

———— (2007c). “Getting Rid of the Ether: Could Physics Have Achieved it Sooner, with Better Assistance from Philosophy?”. Theoria, 60: 353–374.

———— (2010). Estudios Filosóficos: 2007-2009. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

———— (2011). “Fenomenotecnia y Conceptualización en la Epistemología de Gastón Bachelard”. Theoria, 72: 97-114.

———— (2012). Inventar para Entender. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Wittgenstein, Ludwig (PG). Philosophische Grammatik. Herausgegeben von Rush Rhees. Oxford: Basil Blackwell, 1974.

———— (ÜG). Über Gewissheit. Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright. Oxford: Basil Blackwell, 1974.

———— (PU). Philosophische Untersuchungen. New York: Macmillan, 1953.

———— (T). Tractatus logico-philosophicus. With an introduction by Bertrand Russell. London: K. Paul, Trench, Trubner & co., 1922

———— (Z). Zettel. Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright. Oxford: Basil Blackwell, 1967.

Notas

1 “A way of thinking” —dice Hilary Putnam— y agrega: “…and an option (or at least an ‘open question’) that should figure in present-day philosophical thought” (1995, p. xi).

2 Marx FS 2: 1-4. Traduzco a continuación el comienzo de la primera tesis y toda la segunda: “1. El defecto capital de todo materialismo hasta la fecha (incluido el de Feuerbach) consiste en que la realidad (Wirklichkeit), la sensibilidad (Sinnlichkeit) se conciben solo bajo la forma del objeto o de la intuición; pero no como actividad humana sensible, Praxis; esto es, no subjetivamente. […] 2. La cuestión de si cabe adjudicar una verdad objetiva al pensamiento humano no es una cuestión teórica, sino práctica. El ser humano tiene que demostrar en la praxis la verdad, es decir, la realidad (Wirklichkeit [etimológicamente: ‘efectividad’ —R.T.]) y el poder de su pensamiento, la pertenencia de este al más acá (Diesseitigkeit seines Denkens). La disputa sobre la realidad o irrealidad (Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit) del pensamiento que está aislado de la praxis es una cuestión puramente escolástica”.

3 Véase “Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism”, en Brandom 2002, pp. 210-234. En un libro más reciente, Brandom (2011) traza esta genealogía hasta Kant, a quien llama “pragmatista avant la lettre” (p. 4). Explica este diagnóstico así: según Kant, “los juicios y las acciones son algo de lo que […] somos responsables; son una suerte de compromiso (commitment) que tomamos. Kant entiende que al juzgar y actuar se aplican reglas —conceptos— que determinan aquello a lo que el sujeto se compromete y de lo que se hace responsable al aplicarlas. Aplicar conceptos teóricamente en el juicio y prácticamente en la acción ata a la persona que los usa, la compromete, la hace responsable, abriéndola a una evaluación normativa conforme a las reglas a las que ella misma se ha sometido” (Brandom 2011, p. 2).

4 “Handeln! Handeln! das ist es, wozu wir da sind” (Fichte 1845/46, 6: 346).

5 Obsérvese la grafía del apellido: nada que ver con pierce o piercing. La familia del filósofo lo pronunciaba pɜ ː s, (esto es, como purse = ‘bolso’), de modo que rimaba con nurse (‘enfermera’). Lo llamo princeps porque no conozco otro filósofo americano del norte o del sur que me inspire tanto respeto.

6 El 24 de enero de 1872, Henry James le escribe a su amiga Elizabeth Boott: “Mi hermano [scil. William] acaba de ayudar a fundar un club metafísico en Cambridge (que incluye a Chauncey Wright, C. Pierce [sic], etc.), del cual cabe esperar que te nombren miembro correspondiente” (citado por Menand 2001, pp. 201-202). El grupo de Cambridge dejó de reunirse en 1879, cuando Peirce se trasladó a Baltimore para asumir una cátedra en la Universidad Johns Hopkins.

7 Anteriormente, pragmatism se usó en inglés para significar ‘oficiosidad, pedantería’ (acepción presumiblemente basada en el latín pragmaticus, ‘experto en derecho, asesor jurídico, abogado’); o también “un método de tratar la historia en que los fenómenos se consideran con especial referencia a sus causas, condiciones antecedentes y resultados, así como a sus lecciones prácticas”. Esta última acepción, ahora obsoleta, puede compararse con lo que dice Dilthey sobre el “pragmatismo de la historia” (dieser ganze Pragmatismus der Geschichte —1883, p. 27).

8 “Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object” (Peirce, 1982– , 3: 266). Cf. la traducción francesa del propio Peirce, publicada en la Revue Philosophique en enero de 1879: “Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l’objet” (1982–  , 3: 365).

9 En cambio, los dioses del politeísmo, que eran finitos pero muy poderosos e inmortales, podían cambiar en cualquier momento el curso de una guerra en favor de su pueblo preferido; aunque también podían fracasar en su intento, si otro dios más astuto o afortunado favorecía el bando contrario.

10 “The knower is not simply a mirror floating with no foot-hold anywhere, and passively reflecting an order that he comes upon and finds simply existing. The knower is an actor, and co-efficient of the truth on one side, whilst on the other he registers the truth which he helps to create. Mental interests, hypotheses, postulates, so far as they are bases for human action —action which to a great extent transforms the world— help to make the truth which they declare” (James 1898, p. 17). Compárese la frase entre guiones con la conocida tesis Nº 11 de Marx sobre Feuerbach: “Los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras; pero lo que importa es transformarlo” (“Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern” —FS 2: 4).

11 Una formulación más precisa de lo que entraña una revisión pragmatista de la filosofía de Kant ofrece el siguiente párrafo, que traduzco de “Una concepción pragmática del A Priori”, por C. I. Lewis (1923, p. 177): “Ni la experiencia humana ni la mente humana tienen un carácter universal, fijo y absoluto. ‘La mente humana’ no existe salvo en el sentido de que todos los humanos son muy parecidos en respectos fundamentales, y que el hábito del lenguaje y el enormemente importante intercambio de ideas han incrementado muchísimo nuestro parecido en los respectos en juego aquí. Nuestras categorías y definiciones son productos peculiarmente sociales, logrados a la luz de experiencias que tienen mucho en común, forjados […] por la coincidencia de los propósitos humanos y las exigencias de la cooperación humana. Con respecto al a priori, no tiene que haber acuerdo universal, ni continuidad histórica completa. […] La mente aporta a la experiencia el elemento de orden, de clasificación, categorías y definición. Sin ello, la experiencia sería ininteligible. Nuestro conocimiento de su validez es simplemente conciencia de nuestros propios modos fundamentales de actuar y de nuestro propósito intelectual. Sin este elemento, el conocimiento es imposible, y es aquí donde hay que encontrar cualesquiera verdades que sean necesarias e independientes de la experiencia. Pero el comercio entre nuestros modos categóricos de actuar, nuestros intereses pragmáticos y el carácter particular de la experiencia es más estrecho de lo que creíamos percibir. Ninguna explicación de uno de estos puede estar completa sin considerar los otros dos”.

12 Cuentan que la escritora Rebecca West decía que, mientras Henry James escribía novelas como si fuesen filosofía, William, su hermano mayor, escribía filosofía en el estilo colorido propio de las novelas.

13 “The word begins to be met occasionally in literary journals, where it gets abused in the merciless way that words have to expect when they fall into literary clutches. […] So then, the writer, finding his bantling ‘pragmatism’ so promoted, feels that it is time to kiss his child good-by and relinquish it to its higher destiny; while to serve the precise purpose of expressing the original definition, he begs to announce the birth of the word ‘pragmaticism’, which is ugly enough to be safe from kidnappers” (Peirce, 1931-60, 5, § 414).

14 Lo recibí de tercera mano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, del que egresé en 1951. Aunque quedé convencido de que la didáctica deweyana que nos enseñaba la Prof. Irma Salas ofrecía una receta impecable para una educación básica y media de calidad, me pareció sin embargo utópica como método universal para la instrucción pública, pues francamente no veía dónde podrían reclutarse maestros con la vocación y el talento requeridos para seguir los preceptos de Dewey, en el número necesario para atender con el mismo cuidado a todos los niños de mi país.

15 Píndaro Ol. 7.46: πραγμάτων ὀρθὰν ὁδόν (“el recto camino de los prágmata”); Teognis 1075: Πρήγματος ἀπρήκτου χαλεπώτατόν ἐστι τελευτήν / γνῶναι, ὅπως μέλλει τοῦτο θεὸς τελέσαι (“Es dificilísimo conocer el resultado de una acción incompleta, cuando ha de completarla un dios” —cf. 80, 116, 644). Sin embargo, en castellano diríamos naturalmente “cosa” donde Teognis dice pragma en los hermosos versos 255-256: Κάλλιστον τὸ δικαιότατον· λῶιστον δ’ ὑγιαίνειν· πρᾶγμα δὲ τερπνότατον, τοῦ τις ἐρᾶι, τὸ τυχεῖν (“Lo más justo es lo más bello; lo mejor es estar sano; pero la cosa más grata es lograr lo que uno ama”).

16 ἐλάττων γὰρ ἡ ἐν τῷ ἀέρι θερμότης τῆς ἐν τῷ πράγματι, ὥστ’ οὐ κρατεῖ οὐδὲ ποιεῖ μεταβολὴν οὐδεμίαν —Meteor. 379a31-33. Cf. De anima 432a3-4: οὐδὲ πρᾶγμα οὐθὲν ἔστι παρὰ τὰ μεγέθη […] τὰ αἰσθητὰ κεχωρισμένον, vale decir, “ni existe, fuera de las magnitudes sensibles, ninguna cosa (pragma) separada”.

17 οὐκ ὀρθῶς διαμάχονται περὶ τοῦ χρηστὸν ἢ πονηρὸν ἢ λευκὸν ἢ μὴ λευκὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα (Adv. Colotem 1109D8).

18 ὅπου δὲ κατὰ τὴν τοῦ κύματος κίνησιν αἱ μὲν ἐπιμήκεις ψηϕῖδες εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ταῖς ἐπιμήκεσιν ὠθοῦνται, αἱ δὲ περιϕερεῖς ταῖς περιϕερέσιν ὡς ἂν συναγωγόν τι ἐχούσης τῶν πραγμάτων τῆς ἐν τούτοις ὁμοιότητος (DK 68.B.164).

19 ὁ μὲν δῆμός ἐστιν ἀσταθμητότατον πρᾶγμα τῶν πάντων (De falsa legatione, 136).

20 También en el sentido más abstracto de asunto, negocio. Lo que llamamos la cosa pública —res publica en latín— llegó a llamarse en griego τὰ πολιτικὰ πράγματα. En particular, Platón, en la Apología (31d), hace a Sócrates decir que si él volviera a intervenir en política, de nuevo fracasaría: εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλη. De ahí proviene seguramente el uso curioso de πραγματικός para designar al asesor legal de un demandante o un demandado, que en los tribunales de Atenas tenían que defender sus causas personalmente. De donde resultó quizás la connotación de oportunista que tiene nuestro adjetivo ‘pragmático’.

21 “Si j’estois capable de considerer distinctement tout ce qui m’arrive ou paroist à cette heure, j’y pourrois voir tout ce qui m’arrivera, ou qui me paroistra à tout jamais; ce qui ne manqueroit pas, et m’arriveroit tout de même, quand tout ce qui est hors de moy seroit détruit, pourveu qu’il ne restât que Dieu et moy” —Discours de Métaphysique, XIV (GP 4: 440).

22 Este asunto fue admirablemente tratado por Gottfried Martin en su libro sobre Ockham (1949).

23 “Man hält an der unerschütterlichen Überzeugung fest, daß das Seiende als von Gott geschaffen verstanden werden müsse. Durch diese ontische Erklärung ist eine ontologische Fragestellung von vornherein zur Unmöglichkeit verurteilt” (GA 24: 140).

24 “Was schwebte dem Verständnis und der Interpretation des Seienden bei der Ausbildung der Begriffe essentia und existentia vor?” (GA 24: 144).

25 El diccionario de Adelung (1793-1801), contemporáneo de Kant, define: “Die Wirklichkeit, die Eigenschaft, da etwas wirklich ist, besonders in der dritten Bedeutung, zum Unterschiede von der Möglichkeit”; a la vez que define “Wirklich, 3. Als Wirkung, der Wirkung nach vorhanden, im Gegensatze dessen, was bloß möglich ist”. Wirkung significa ‘efecto’ (“eine gewirkte, d.i. von einem andern Dinge hervor gebrachte Veränderung”).

26 Gaos tradujo Vorhandensein como ‘ser-ante-los ojos’, para distinguirlo netamente del ‘ser-a-la-mano’ o Zuhandensein (al que me refiero en el texto más adelante). Rivera dice simplemente ‘estar-ahí’ y también ‘estar-ahí-delante’ (véase su nota explicativa en ST, p. 462). García Norro, traductor de las lecciones de 1927, dice ‘subsistir’. Las tres versiones eliminan la referencia a la mano (Hand) del hombre o de Dios, decisiva para la interpretación heideggeriana de lo vorhanden. Kisiel sortea este escollo diciendo on hand, present at hand por vorhanden, y handy, ready-to-hand por zuhanden (1993, pp. 508, 511).

27 “Die scheinbar objektive Interpretation des Seins als actualitas weist im Grunde auf das Subjekt zurück, […] im Sinne einer Beziehung zu unserem Dasein als einem handelnden, genauer gesprochen als einem schaffenden, herstellenden” (GA 24: 143).

28 τὸ τί ἦν εἶναι, γένος, φύσις, ὅρος/ὁρισμός, οὐσία (GA 24: 149).

29 “Die ontologischen Grundbegriffe der Sachheit, essentia, und der Wirklichkeit, existentia, entspringen aus dem Hinblick auf das im herstellenden Verhalten Hergestellte bzw. das Herstellbare als solches und die Hergestelltheit des Hergestellten, das als Fertiges in der Anschauung und Wahrnehmung direkt vorfindlich ist” (GA 24: 158).

30 τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς (el ser es dicho de muchas maneras —Metaph. 1003a33, 1003b5, 1018a35-36, 1026a33-34, 1026b2, 1028a10, 1060b32, 1061b12-13, 1089a7; Phys. 185a21, 185b6, 186a25, 206a21; cf. Eth. Eudem. 1217b25-26).

31 Aunque esta terminología precede en más de diez años al ingreso de Heidegger en el partido de Hitler, ella sugiere que ya por entonces incluía exclusivamente a los alemanes en la conversación de la humanidad, pues las palabras Existenz y Dasein se traducen ambas normalmente por existencia, existence, essistenzia,… al castellano, inglés, francés, italiano…, las cuales designan precisamente lo mismo que Vorhandensein. En estas lenguas, la confusión terminológica resulta por ello inevitable. Jorge Eduardo Rivera sabiamente dejó Dasein intraducido (como recomiendo hacer con Vorhandensein y Zuhandensein, con tal que previamente nos posesionemos de la connotación de estos términos). La voz Existenz la traduce existencia (ST, p. 35) —que es sin duda la única opción viable—, pero destacando en una nota (p. 456) el uso peculiarísimo que se le da a esta palabra.

32 Debo subrayar que, aunque el sustantivo Dasein tiene la forma de un infinitivo, Heidegger no designa con él un modo de ser (Weise-zu-sein), sino un ente (ein Seiendes), a saber, “este ente que nosotros mismos somos en cada caso y que tiene, entre otras cosas, esa posibilidad de ser que consiste en preguntar” (Dieses Seiende, das wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologisch als Dasein—SZ, § 2; GA 2: 10). “Somos cada uno de nosotros un Dasein. Este ente, el Dasein, tiene, como todos los entes, su específico modo de ser. En nuestra terminología designamos el modo de ser del Dasein como Existenz” (Wir sind jeweils ein Dasein. Dieses Seiende, das Dasein, hat wie jedes eine spezifische Seinsweise. Die Seinsweise des Daseins bestimmen wir terminologisch als Existenz —GA 24: 36).

33 “Die Griechen hatten einen angemessenen Terminus für die ‘Dinge’: πράγματα, d. i. das, womit man es im besorgenden Umgang (πράξις) zu tun hat” (SZ, p. 68; GA 2: 92). Rivera traduce así: “Los griegos tenían un término adecuado para las “cosas”: las llamaban πράγματα, que es aquello con lo que uno tiene que habérselas en el trato de la ocupación (πράξις)” (ST, p. 96).

34 Yo habría preferido ‘implemento’, sustantivo que no corre peligro de que lo confundan con un adjetivo, y tiene con el infinitivo ‘implementar’ y el nomen actionis ‘implementación’ una relación análoga a la de πρᾶγμα con πράσσω y πρᾶξις. Pero me atendré al término consagrado por Rivera.

35 “Lo a la mano queda descubierto, en cuanto tal, en su utilizabilidad, empleabilidad, perjudicialidad” (Das Zuhandene ist als solches entdeckt in seiner Dienlichkeit, Verwendbarkeit, Abträglichkeit —SZ, p. 144; GA 2: 192).

36 Así traduce Rivera —muy atinadamente diría yo— el término Zeughaftigkeit, acuñado por Heidegger para nombrar el carácter o condición de ser un útil (Zeug).

37 “Ein Zeug ‘ist’ strenggenommen nie. Zum Sein von Zeug gehört je immer ein Zeugganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Zeug ist wesenhaft ‘etwas, um zu...’. Die verschiedenen Weisen des ‘Um-zu’ wie Dienlichkeit, Beiträglichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit konstituieren eine Zeugganzheit. In der Struktur ‘Um-zu’ liegt eine Verweisung von etwas auf etwas. […] Zeug ist seiner Zeughaftigkeit entsprechend immer aus der Zugehörigkeit zu anderem Zeug: Schreibzeug, Feder, Tinte, Papier, Unterlage, Tisch, Lampe, Möbel, Fenster, Türen, Zimmer. Diese ‘Dinge’ zeigen sich nie zunächst für sich, um dann als Summe von Realem ein Zimmer auszufüllen. Das Nächstbegegnende, obzwar nicht thematisch Erfaßte, ist das Zimmer, und dieses wiederum nicht als das ‘Zwischen den vier Wänden’ in einem geometrischen räumlichen Sinne - sondern als Wohnzeug. Aus ihm heraus zeigt sich die ‘Einrichtung’, in dieser das jeweilige ‘einzelne’ Zeug. Vor diesem ist je schon eine Zeugganzheit entdeckt.”

38 Rivera, más críptico, dice ‘condición respectiva’; véase su larga nota aclaratoria (ST, pp. 468-469). Kisiel (1993, p. 388) estima que Bewandtnis es “uno de los términos más formidables que encara el traductor de Heidegger a cualquier idioma”. En su “glosario genealógico”, Kisiel propone, como equivalentes en inglés, “intentional [orienting] nexus, interwoundedness, circumstanding, standing, bearing, relevance, deployment” (1993, p. 493). Recuerda que la palabra empleada por Emil Lask como sustituto de ‘forma’ fue adoptada por Heidegger en su Habilitationsschrift para indicar cómo debe tomarse o considerarse una materia. Kisiel agrega que, en sus lecciones de 1925 sobre la historia del concepto de tiempo, Heidegger la emplea para especificar la orientación con respecto a otro que hay que adoptar de acuerdo con el estado, posición, condición del otro en el contexto del mundo (GA 20: 357). En las lecciones de 1925/26, el término se restringe y solo define el estado de funcionalidad y conformidad de las cosas manejables, su “estar listas”. De acuerdo con esto, en Ser y tiempo, la Bewandtnis deviene el mismísimo modo de ser de lo Zuhanden (“becomes the very being of handiness” —Kisiel, 1993, p. 493).

39 “Die Aufforderung ‘denken Sie die Wand’ als Ansatz für den Rückgang zu dem, der die Wand denkt, als Ansatz der philosophischen Interpretation des Subjekts verstanden, sagt: Machen Sie sich blind gegenüber dem, was vor allem und für alles ausdrücklich denkende Erfassen schon vorgegeben ist. Was aber ist vorgegeben? […] Hier ein Ding mit diesen Eigenschaften, dort ein anderes mit jenen, ein Neben-, Über- und Durcheinander von Dingen, so daß wir uns von einem zum anderen gleichsam forttasten, um, die einzelnen Dinge fortschreitend zusammennehmend, schließlich einen Zusammenhang zu stiften? Das wäre eine ausgeklügelte Konstruktion. Vielmehr ist primär gegeben —wenn auch nicht ausdrücklich und eigens bewußt— ein Ding-zusammenhang” (GA 24: 231-232).

40 Rivera traduce Zuhandensein como ‘estar a la mano’ y explica: “lo Zuhandenes es lo que ‘traemos entre manos’, casi sin advertirlo y sin ninguna objetivación” (ST, p. 467). Kisiel equipara Zuhandenes a the handy, ready-to-hand (1993, p. 511).

41 “Der besorgende Umgang [findet] solches, das fehlt, was nicht nur nicht ‘handlich’, sondern überhaupt nicht ‘zur Hand ist’. Ein Vermissen von dieser Art entdeckt wieder als Vorfinden eines Unzuhandenen das Zuhandene in einem gewissen Nurvorhandensein. Das Zuhandene kommt im Bemerken von Unzuhandenem in den Modus der Aufdringlichkeit. Je dringlicher das Fehlende gebraucht wird, je eigentlicher es in seiner Unzuhandenheit begegnet, um so aufdringlicher wird das Zuhandene, so zwar, daß es den Charakter der Zuhandenheit zu verlieren scheint. Es enthüllt sich als nur noch Vorhandenes, das ohne das Fehlende nicht von der Stelle gebracht werden kann. Das ratlose Davorstehen entdeckt als defizienter Modus eines Besorgens das Nur-noch-vorhandensein eines Zuhandenen” (SZ, p. 73; GA 2: 98-99). Rivera traduce este pasaje así (nótese que dice ‘apremiante’ por aufdringlich; yo prefiero ‘importuno’): “El trato de la ocupación [encuentra] aquello que falta, lo que no sólo no es “manejable”, sino que ni siquiera se halla “a la mano”. Una ausencia de esta especie, en tanto que hallazgo de algo que no está a la mano, descubre, una vez más lo a la mano en un cierto sólo‐estar‐ahí. Al advertirse lo no a la mano, lo a la mano reviste el modo de la apremiosidad. Mientras con más urgencia se necesita lo que falta, cuanto más propiamente comparece en su no‐estar‐a‐la‐mano, tanto más apremiante se torna lo a la mano, y ello de tal manera que parece perder el carácter de a la mano. Se revela como algo que sólo está‐ahí, que sin aquello que falta no puede ser sacado adelante. El quedarse sin saber qué hacer descubre, como modo deficiente de una ocupación, el sólo‐estar‐ahí de un ente a la mano” (ST, pp. 100-101. Creo oportuno recordar que todavía en un curso dictado en Freiburg el año 1923 Heidegger trata Zuhandensein y Vorhandensein prácticamente como sinónimos. Leemos allí que lo que nos sale al encuentro está a mano desde su determinado ser-para; “este estar-a-mano, estar disponible constituye su Vorhandenheit” (Aus seinem bestimmten Dazu und Dafür her ist das Begegnende zuhanden. Dieses Zuhanden-, Verfügbarsein macht seine Vorhandenheit aus —GA 63: 97). Heidegger contrapuso ambas nociones por primera vez en el curso de 1925 sobre la historia del concepto de tiempo, explicándolas con la frescura y vivacidad de quien acaba de hacer un descubrimiento; véase GA 20: 263ss.

42 “Das Dasein ist nicht unter den Dingen auch vorhanden, nur mit dem Unterschied, daß es sie erfaßt, sondern es existiert in der Weise des In-der-Welt-seins, welche Grundbestimmung seiner Existenz die Voraussetzung ist, um überhaupt etwas erfassen zu können” (GA 24: 234).

43 “Die Welt ist nicht die Summe des Vorhandenen, sie ist überhaupt nichts Vorhandenes. Sie ist eine Bestimmung des In-der-Welt-seins, ein Moment der Struktur der Seinsart des Daseins. Die Welt ist etwas Daseinsmäßiges. Sie ist nicht vorhanden wie die Dinge, sondern sie ist da, wie das Da-sein, das wir selbst sind, ist, d. h. existiert. Die Seinsart des Seienden, das wir selbst sind, des Daseins, nennen wir Existenz. Es ergibt sich rein terminologisch: Die Welt ist nicht vorhanden, sondern sie existiert, d. h. sie hat die Seinsart des Daseins” (GA 24: 237).

44 Como cabía esperar, el pragmatismo de Heidegger ha recibido la atención de la literatura anglófona. Hay una monografía de Okrent (1988), que no sabría recomendar, porque no la he leído y lo que en ella he visto a vuelo de pájaro no me ha hecho una buena impresión; pero están también los ensayos de Rorty —“Overcoming the Tradition: Heidegger and Dewey” (en Rorty 1982, pp. 37-59), “Pragmatism without Method” (en Rorty 1991a, pp. 63-77), “Heidegger, Contingency and Pragmatism” y “Wittgenstein, Heidegger, and the Reification of Language” (ambos en Rorty 1991b, pp. 27-65)— y de Brandom: “Heidegger’s Categories in Sein und Zeit” y “Dasein, the Being that Thematizes” (reproducidos en Brandom 2002, pp. 298-347).

45 Publicada originalmente como segundo fascículo de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, editada por Neurath, Carnap y Morris. Cito según la edición en dos tomos publicada en 1971 bajo el título de Fundamentos de la Unidad de la Ciencia: Hacia una enciclopedia de la ciencia unificada. Véase la ficha en la lista de obras citadas.

46 Por ejemplo, patrocinaban el reemplazo de los tiempos verbales —pretérito, pasado o futuro— cuyo sentido varía con el momento en que son empleados, por un “presente intemporal”, de modo que en vez de decir “Mañana pagaré la cuenta del gas”, se dijera “El 15 de febrero de 2013, EC, el cliente Nº 9004115903 de la empresa chilena RUT 92.722.460-K paga el saldo pendiente en su cuenta con ella”. Los partidarios del presente intemporal no advierten, al parecer, que para establecer una cronología, como la era cristiana o era común EC, hay que anclar una de sus fechas en un presente vivido, designado con un indéxico (vgr. ‘ahora’, ‘ayer’, ‘hace 2013 años y 45 días, contados desde hoy’).

47 Mi comprensión de la filosofía tardía de Wittgenstein debe mucho a la obra de Carla Cordua (2013), que también me ha guiado en la selección de citas ilustrativas de su pensamiento.

48 En una nota, Ramsey agrega: “Y la sugerencia de que la noción de proposición atómica podría ser relativa a un lenguaje”. Cf. Wittgenstein, PG, § 122: “‘Sprache’, das sind die Sprachen” (“‘El lenguaje’, vale decir, los lenguajes”).

49 “El concepto general del significado de las palabras rodea el funcionamiento del lenguaje con una niebla que hace imposible ver claramente” (der allgemeine Begriff der Bedeutung der Worte [umgibt] das Funktionieren der Sprache mit einem Dunst, der das klare Sehen unmöglich macht —PU § 5). “Si pregunto ‘¿cómo está delimitado el concepto universal de enunciado (Satz)?’, hay que preguntar en cambio: ‘¿acaso hay un concepto universal de enunciado?’” (PG, § 69).

50 “Our way of talking about propositions is always in terms of specific examples, for we cannot talk about these more generally than about specific games” (Ambrose 1979, p. 20).

51 Conozco solo dos menciones de la palabra ‘pragmatismo’ en su obra publicada. Una es claramente peyorativa (PG, § 133). En la otra Wittgenstein admite que quiere decir algo que “suena a pragmatismo” (ich will also etwas sagen, was wie Pragmatismus klingt —ÜG, § 422), y agrega a continuación: “Aquí se me atraviesa una especie de Weltanschauung” (Mir kommt hier eine Art Weltanschauung in die Quere). No me está claro si esto quiere decir que es el pragmatismo lo que se le atraviesa y contraría o si, al revés, se le ha atravesado una suerte de Weltanschauung que le impide abrazar con más decisión el pragmatismo. Recomiendo leer el contexto —digamos desde el §410: “Nuestro saber forma un gran sistema. Y solo dentro de este sistema tiene lo particular el valor que le atribuimos”—; pero es demasiado extenso y complejo para examinarlo aquí.

52 Lo nombra en una conversación con Bouwsma, a propósito de la Library of Living Philosophers de Schilpp; le pregunta si Dewey aun está vivo y, al enterarse que sí, comenta secamente: “No debiera” (“Dewey —was Dewey still living? Yes. Ought not to be”—, Bouwsma 1986, p. 29). Recordemos que Dewey, treinta años mayor que Wittgenstein, murió un año más tarde que este.

53 Rorty, “Wittgenstein, Heidegger y la Cosificación del Lenguaje”, citado arriba en la nota 44. Sobre el pragmatismo de Wittgenstein han escrito asimismo Robin Haack (1982) y Russell B. Goodman (1998). El European Journal of Pragmatism and American Philosophy dedica a este tema todo su vol. 4 Nº 2 (2012); recomiendo particularmente los artículos de Chauviré, “Experience and Nature: Wittgenstein Reader of Dewey”; Bennett-Hunter, “A Pragmatist Conception of Certainty: Wittgenstein and Santayana”, y Margolis, “A Philosophical Bestiary”. Por su parte, Stanley Cavell (1996), hablando a continuación de Putnam (1996) en un simposio sobre el resurgimiento del pragmatismo (the Revival of Pragmatism), le ve poco sentido a extender el adjetivo ‘pragmatista’ de manera que también se aplique a Wittgenstein y pregunta a su vez “¿De qué sirve llamar pragmatista a Emerson?” A mi vez, me pregunto si no es una malentendida fidelidad a Wittgenstein la que inhibe a Cavell de reconocerle su parecido de familia con los pragmatistas americanos.

54 “The philosophical way forward from the ideas of the American pragmatists must be a linguistic pragmatism allied with the latter Wittgenstein and the Heidegger of division 1 of Being and Time” (Brandom 2011, p. 55). Entiendo que la “division 1” es el “erster Abschnitt” o primera sección —titulada “Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein”— de la primera parte, única publicada, del libro de Heidegger.

55 Omito referirme a la “interpretación pragmática de la mecánica cuántica” recientemente propuesta por Richard Healey (2012, 2013), porque tomé conocimiento de ella cuando el presente artículo ya estaba en prensa, después de la aparición del segundo de los suyos. Pero recomiendo vivamente su lectura a quienquiera se interese en las dificultades conceptuales de esa teoría física.

56 Distinto es el caso de la medición indirecta. Por ejemplo, si por medición directa establezco que el ángulo AOB es recto (es decir, igual a su adyacente) y constato que las distancias OA y OB tienen el mismo valor racional a, puedo inferir del Teorema de Pitágoras que la distancia AB tiene el valor irracional a√2. El lector alerta no dejará de advertir que, si la distancia AB se mide directamente, digamos, utilizando la misma vara de medir con que se estableció que OA = OB = a, el valor obtenido será inevitablemente un número racional b≠ a√2.

57 Trato este tema en detalle en Torretti 2007a, pp. 203-216 y Torretti 2012, pp. 215-227.

58 Al respecto, véase Torretti 2007b, pp. 91-97; sobre la diferencia conceptual entre las teorías de la gravedad de Newton y Einstein (y entre ambas y el concepto ordinario de gravedad asumido y elaborado científicamente por Aristóteles), véase Torretti 2010, pp. 63-143.

59 Leo en el sitio web http://www.mio.com/technology-gps-accuracy.htm, consultado el 13 de febrero de 2013, que el error de localización no baja de 3 metros en los dispositivos GPS de uso corriente, pero se reduce a 30 centímetros en los dispositivos militares. La principal causa de error es la imprecisión de los relojes, que en los dispositivos corrientes bordea los 10 nanosegundos (1.000.000.000 nanosegundos = 1 segundo).

60 Remito al lector interesado a la exposición de Deborah Mayo (1996, pp. 128-173; véase también el ejemplo analizado en las pp. 278-292). Si bien la autora subraya que la manera precisa de descomponer una investigación experimental dada en una serie de modelos no es “a cut and dried affair”, ella ofrece un esquema “que nos permite trazar los pasos relativamente complejos que van de los datos crudos a las hipótesis científicas y plantear sistemáticamente los problemas que surgen a cada paso” (p. 129).

61 Evidentemente, tal definición es enteramente apropiada para juzgar la trasmisión de un texto determinado: la copia escrita y la repetición oral son fieles y pueden razonablemente llamarse verdaderas si y solo si hay adæquatio entre sus palabras y las palabras del original.

62 Bosquejo la historia del éter electromagnético hasta Einstein en Torretti (2007c). Harvey Brown (2005) sugiere que su démise fue quizás prematura e injustificada.

63 Recordemos que todavía Kant (1787, p. xii) sostuvo que Stahl había puesto a la química a marchar con seguridad por la autopista de la ciencia (der Heeresweg der Wissenschaft).

64 Explico concisamente la diferencia. Si a y b son dos cosas cualesquiera, en el sentido usual de la palabra ‘cosa’, y a y b pueden encontrarse en dos estados diferentes P y Q, entonces hay cuatro alternativas posibles: (i) Pa & Qb, (ii) Qa & Pb, (iii) Pa & Pb y (iv) Qa & Qb. Pero si a y b son electrones, no hay más que una alternativa posible, a saber, Pa & Qb; porque el Principio de Exclusión de Pauli —como explica Arabatzis 2006, pp. 219-220— excluye las alternativas (iii) y (iv), y la alternativa (ii) no se distingue de la alternativa (i).

EL IMPACTO DE LA PERSECUCIÓN PÚBLICA EN LOS JUICIOS DE LIBRE COMPETENCIA EN CHILE*

Aldo González

Universidad de Chile

Alejandro Micco

Universidad de Chile

Constanza Caicha

Ministerio de Desarrollo Social

Aldo González. Doctor en Economía, Universidad de Toulouse, Francia. Profesor del Departamento de Economía, Universidad de Chile. Email: agonzalez@econ.uchile.cl.

Alejandro Micco. Doctor en Economía, Universidad de Harvard, EE.UU. Profesor del Departamento de Economía, Universidad de Chile. Email: amicco@econ.uchile.cl.

Constanza Caicha. Magíster en Análisis Económico, Universidad de Chile. Ministerio de Desarrollo. Email: ccaicha@desarrollosocial.cl.

* Los autores agradecen los comentarios de Francisco Agüero, Julio Pellegrini, Patricio Rojas y de los participantes en el Seminario del Centro de Estudios Públicos.

Resumen: El artículo busca medir el impacto de la Fiscalía Nacional Económica en los juicios de libre competencia en Chile. Usando la estadística de litigios, a partir del momento en que el Tribunal fue creado, se obtiene que la participación de la agencia pública aumenta en 44 puntos porcentuales la probabilidad de lograr un veredicto culpable en una demanda por prácticas anticompetitivas. Condicional a que la causa termine en fallo, el involucramiento de la Fiscalía incrementa en 38 puntos porcentuales la probabilidad de una condena. Los resultados son robustos ante posibles sesgos de selección por parte de la Fiscalía y se mantienen así cuando se incluye la participación y resolución de la Corte Suprema. Se observa también una inclinación de la agencia a participar en casos que involucran mercados sensibles y en acusaciones por colusión. El carácter estatal de la entidad acusada y sus dimensiones no afectarían la probabilidad de intervención de la Fiscalía en una causa.

Palabras clave: libre competencia, persecución pública, litigación.

Clasificación JEL: K21, K41, K42.

Recibido: agosto 2013; aceptado: noviembre 2013.

THE IMPACT OF PUBLIC PROSECUTION ON ANTITRUST TRIALS IN CHILE

Abstract: The article seeks to measure the impact of the National Economic Prosecution Agency on antitrust trails in Chile. Using trial statistics, considering the timeline from the moment the tribunal was created, the involvement of the economic prosecutor shows an increase of 44 percent on the probability of conviction on an antitrust lawsuit. On the condition that the trial will end up with a ruling, statistics show an increase of 38 percent on the probability of conviction when the economic prosecutor gets involved. The results are robust in showing possible “selection-bias” on the part of the prosecution, something that is so when the Supreme Court gets involved and rules. The article also shows a tendency on the part of the prosecution to get involved in cases of sensitive markets and allegations of collusion. The fact that the indicted is a state institution or its size do not affect the probability of the Prosecution getting involved.

Keywords: Antitrust, Public Enforcement, Private Enforcement, Litigation.

JEL Classification: K21, K41, K42.

Received: August 2013; accepted: November 2013.

1. Introducción

Uno de los temas que concitan mayor debate en la aplicación de las leyes de libre competencia es la importancia que debe tener el enforcement público en relación con el privado[1]. En los Estados Unidos la mayor parte de las acciones legales referidas a casos de competencia son emprendidas por particulares, mientras que en Europa el enforcement es principalmente público. En Chile el sistema de libre competencia, diseñado en base al formato judicial, permite que tanto la agencia pública —Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE o simplemente Fiscalía)— como los entes privados puedan iniciar causas por faltas a la libre competencia.

Nuestro artículo busca medir el impacto de la agencia pública responsable de resguardar la competencia en Chile. El sistema institucional chileno, por su formato adversarial, ofrece condiciones propicias para realizar comparaciones de efectividad entre las acciones públicas y privadas en casos de libre competencia. Las sanciones a empresas por conductas anticompetitivas, así como las prohibiciones u obligaciones impuestas a éstas deben ser resueltas a través de un juicio. Los procedimientos judiciales pueden ser iniciados ya sea por la agencia pública —FNE— como por particulares afectados por la acción de terceros. El organismo que resuelve es un tribunal especializado en antitrust, el cual no tiene relación administrativa alguna con el ente persecutor. Aparte de las facultades de investigación que le confiere la ley a la Fiscalía, esta entidad no posee ventajas de procedimiento en los juicios ante el Tribunal respecto de los privados.

Usando la estadística de juicios presentados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (al que llamaremos indistintamente por este nombre legal, la sigla TDLC o simplemente Tribunal), desde su creación en el año 2004 hasta el 2013 comparamos los resultados de los juicios donde participa la FNE versus aquellos donde no se hace parte. Si la demanda solo es presentada por privados, la probabilidad de condena es de 15%. Si es la Fiscalía quien inicia un juicio, o se hace parte de él, la probabilidad aumenta a 55%. Considerando solo las causas concluidas en fallo, las demandas de privados obtienen un 27% de condenas, versus 64% por parte de la agencia pública. Este resultado se mantiene robusto ante posibles sesgos de selección de la FNE respecto al tipo de casos en que decide participar.

Los resultados obtenidos no se deben al sesgo de selección de los juicios por parte de la Fiscalía. Al usar variables instrumentales para controlar por autoselección, la probabilidad de un fallo condenatorio cuando la Fiscalía se hace parte se ve incluso aumentada.

Nuestras estimaciones respaldarían la tesis de superioridad del enforcement público sobre el privado. De acuerdo a las explicaciones que provee la teoría, el mejor resultado del enforcement público puede residir en la superior expertise de la agencia pública acerca de la aplicación de los principios de libre competencia. Ello permitiría a la Fiscalía defender mejor sus causas ante el Tribunal. Otra posible razón es el uso estratégico de los juicios por parte de los privados, de modo tal que la motivación de las demandas no es solo obtener un resultado favorable. Con la información que se dispone, no es posible concluir cuál es la causa preponderante detrás de esta mayor efectividad de la acción pública.

Respecto a los factores que inciden en la participación de la FNE en un juicio, la estadística demuestra que es más probable que la FNE inicie acciones legales cuando la acusación es por colusión, el mercado afectado es considerado “sensible” y el acusado no es una empresa que cotiza en bolsa. Esta última variable puede considerarse como una proxy del tamaño de la empresa acusada.

El carácter estatal de la acusada —empresa pública, ministerio o municipalidad— no incide en la decisión de la Fiscalía para hacerse parte de un juicio. Se descartaría así un sesgo de captura que inhiba a la agencia pública de actuar en contra de otras entidades que también son parte del Estado.

Las implicancias de política que se desprenden de los resultados apuntan a un fortalecimiento del sistema público de fiscalización, y no a inducir un aumento de la litigación privada como mejor medio para lograr una mayor efectividad del sistema de protección de la competencia en Chile.

El artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección dos se realiza una revisión de la literatura acerca de la comparación entre el enforcement público y el privado en libre competencia. El énfasis de la sección está puesto en resumir las distintas teorías que explican las ventajas relativas de un tipo de enforcement sobre el otro. La sección tres describe el sistema de libre competencia en Chile en lo que al procedimiento de presentación y desarrollo de juicios se refiere. En la sección cuatro se describen los datos y se analizan los factores que inciden en la probabilidad que la Fiscalía intervenga en un juicio. En la sección cinco se estima el impacto de la participación de la Fiscalía en la probabilidad que la empresa acusada sea declarada culpable. La sección seis presenta las conclusiones.

2. Teorías sobre enforcement público y privado

De acuerdo a la literatura, la primera diferencia entre el enforcement público y el privado la constituye la motivación. En libre competencia, una empresa emprenderá un juicio con el objetivo de detener una acción anticompetitiva de la que está siendo víctima, pero también para obtener compensaciones por el perjuicio ya sufrido. Una agencia pública actuará cuando estime que el caso constituye una violación lo suficientemente grave a la ley de antitrust. Los objetivos de beneficio privado y bienestar social, perseguidos respectivamente por cada parte, no siempre serán congruentes. Las diferencias entre ambos serán tanto de naturaleza como de intensidad. Al respecto, la posibilidad de obtener retribuciones que superen el perjuicio sufrido, como son los triples daños en los Estados Unidos, es un poderoso mecanismo conducente al enforcement privado en libre competencia.

La divergencia entre los objetivos de ambos tipos de enforcement queda de manifiesto si nos enfocamos en el fin disuasivo de las sanciones. En principio, una empresa que ha sido víctima de una acción anticompetitiva y cuyo daño no es recuperable, deseará emprender un juicio solo si puede obtener compensaciones por el perjuicio sufrido. En cambio una agencia pública perseguirá el caso debido al efecto demostrativo de la sanción ante una acción anticompetitiva y su impacto disuasivo futuro. Como señalan Segal y Whinston (2005), el enforcement público, al estar más centrado en la disuasión, será forward looking y por lo tanto tendrá un mayor compromiso para iniciar juicios incluso en casos donde el daño competitivo es irreversible. Se podría argumentar que las empresas también desearán actuar orientadas hacia adelante, afin de construirse una reputación de reaccionar de modo agresivo si son víctimas de un acto anticompetitivo. Sin embargo, es probable que el efecto reputación sea más fuerte en las agencias públicas que en las empresas, puesto que dentro de la función de las primeras se halla la disuasión de prácticas similares en todas las industrias. Mientras que una empresa solo se preocupará de impedir acciones en contra de ella.

La información es otra dimensión relevante en el análisis comparativo entre tipos de enforcement. En términos amplios, por información se entiende el conocimiento sobre la ocurrencia y el entorno de las acciones anticompetitivas, las pruebas para fundamentar el caso y las técnicas requeridas para evaluar si las acciones son o no contrarias a la competencia. La literatura reconoce que las empresas, al participar en el mercado, transando y compitiendo, están en mejores condiciones para detectar las prácticas anticompetitivas que las afectan. Una agencia pública, al regular por defecto la totalidad de las industrias, no podrá igualar la capacidad que tienen las empresas de identificar las faltas a la libre competencia y deben, en la mayoría de los casos, contar con las señales provistas por estas últimas.

Por su parte, las agencias públicas están mejor dotadas para discernir si una acción es o no dañina para la competencia. Evaluar una acusación en libre competencia requiere de la aplicación de conceptos económicos y legales al caso en cuestión. Según Segal y Whinston (2005) dicho conocimiento, de carácter más científico que factual, será dominado de mejor forma por las agencias especializadas que por empresas privadas. El conocimiento específico será más relevante en prácticas sujetas a la regla de la razón que en aquellas donde se aplican prohibiciones per se. En el primer caso, junto con las circunstancias propias, se debe evaluar si lo denunciado es o no dañino para la competencia, mientras que en las prohibiciones per se bastarían solo las pruebas de la ocurrencia.

La ventaja en disponer de información sobre hechos y pruebas que tienen las empresas sobre la agencia pública no implica que esta última no cuente con su propia capacidad de investigación. No siempre las partes involucradas en una disputa revelarán voluntariamente la información útil para juzgar el caso. En una investigación sobre colusión, precisamente el problema es disponer de las pruebas materiales que pongan en evidencia el acuerdo entre empresas. Un mecanismo que induce a las firmas involucradas en un cartel a entregar información es la delación compensada. Sin embargo, en una buena parte de los casos con condena por colusión las pruebas se obtienen por inspecciones realizadas por las respectivas agencias de competencia[2].

Por otro lado, las agencias públicas usualmente están dotadas de facultades especiales para investigar, lo que les permite acceder a mejor información, respecto a las posibilidades que tendría un privado al momento de presentar una demanda[3].

Uno de los principales riesgos del enforcement privado es el uso estratégico de las demandas de libre competencia por parte de las empresas. Los objetivos detrás del uso estratégico pueden ser diversos, pero en general buscan debilitar a los competidores. McAfee y Vakkur (2004) identifican siete potenciales usos estratégicos de las leyes de antitrust. Estos son: (i) Obtener fondos de un exitoso rival, (ii) Cambiar los términos de un contrato, (iii) Castigar un comportamiento no cooperativo, (iv) Responder a una demanda existente, (v) Evitar una compra hostil, (vi) Prevenir la entrada de un rival y (vii) Evitar la competencia agresiva de una empresa. Utilizar los litigios como un instrumento abusivo es posible, primero, porque los juicios son costosos y, segundo, por la posibilidad de error de los tribunales que juzgan los casos. Nótese que el costo del juicio no solo involucra los gastos en defensa del mismo, sino también perjuicios por imagen ante los consumidores o autoridades. Por ejemplo, para una empresa que está en vías de fusionarse y que requiere la aprobación de la autoridad, tener un juicio por prácticas anticompetitivas puede ser un factor en contra de su causa[4]. Según reporta la literatura, los multiplicadores de daños también tienen efectos en el uso estratégico de los juicios de libre competencia. Si bien la amplificación de daños para aplicar compensaciones disuade los actos anticompetitivos, como contrapartida incentiva el uso estratégico de los juicios de libre competencia en contra de rivales.

McAfee et al. (2008) desarrollan un modelo que compara ambos tipos de enforcement. Para ello, explotan el trade-off inherente al enforcement privado, entre la mejor información de las firmas afectadas acerca de una acción anticompetitiva y la mayor probabilidad de utilizar las leyes de antitrust estratégicamente. Los autores encuentran que si los tribunales resuelven con un bajo nivel de error, solo se presentarán demandas que tengan justificación y el enforcement privado en conjunto con el público será superior. En el caso opuesto, donde los tribunales son erróneos al fallar, los litigios privados aportarán valor sólo si el costo del enforcement público es suficientemente alto.

La superioridad, al menos teórica, del enforcement público sobre el privado puede no ser válida debido tanto a restricciones presupuestarias como a problemas de agencia entre el legislador y el organismo responsable de resguardar la libre competencia. Las agencias públicas cuentan con presupuestos limitados para cumplir su tarea de enforcement. Como los litigios son costosos en términos de recursos empleados, no siempre será posible emprender acciones en todas aquellas causas que correspondan, quedando así casos que por restricciones de recursos no serán llevados ante las cortes.

El problema de agencia se define como la divergencia entre la acción de la agencia pública y la misión definida para ella por ley. Dicha incongruencia de misión y de acción se origina en la asimetría de información entre las autoridades de la agencia y quienes deben supervisar su función[5]. Tal problema puede conducir a las autoridades del organismo a alinear sus objetivos con la industria que regula o con grupos o audiencias con interés en las acciones de la institución. A este fenómeno se le conoce como “captura regulatoria”, el cual es un mal inherente de las agencias que supervisan industrias.

La captura puede expresarse de diversas formas. La agencia puede omitirse de actuar en casos donde sea de interés público que lo realice, o bien puede emprender acciones donde no hay daño competitivo alguno. Dependiendo del tipo de ofensa anticompetitiva, la acción privada puede contrarrestar ambos tipos de sesgos inducidos por el comportamiento no benevolente de la agencia.

Debe mencionarse que la captura de la agencia de libre competencia por parte de los supervisados es menos probable que ocurra respecto al caso de organismos que regulan una industria específica. Una de las explicaciones de la captura es el fenómeno de la puerta giratoria (revolving door). Dado su carácter generalista, las agencias de libre competencia supervisan por defecto todos los mercados y por lo tanto el futuro laboral de sus máximas autoridades no está ligado a una industria en particular.

El problema de agencia también se manifiesta en las distorsiones que introduce en las decisiones de las autoridades respecto a la asignación de recursos entre las distintas tareas que la institución debe ejecutar. Como señala Tirole (1994), las burocracias, por el tipo de funciones que realizan y la ausencia de referencias comparativas, presentan problemas para medir el desempeño de sus autoridades.

Así, al momento de decidir cuáles causas tomar, la agencia puede priorizar aquellas que son más fáciles de ganar en vez de las que revisten mayor gravedad en términos competitivos. De esta forma las autoridades logran señalizar su habilidad ante quienes evalúan su desempeño o ante la industria para así advertir su capacidad de litigar. Otro posible sesgo es perseguir solo los casos de mayor impacto público, en términos del tipo de mercado y número de consumidores afectados, independiente del mérito mismo del caso.

Acción pública versus privada según tipo de falta anticompetitiva

La ventaja relativa del enforcement público respecto del privado dependerá también del tipo de ofensa competitiva que estemos analizando. Actos contrarios a la competencia que dañen a múltiples empresas o individuos crearán externalidades en las acciones legales que estos emprendan, lo que puede resultar en un nivel subóptimo de enforcement privado.

En una acusación sobre abuso de posición dominante, donde la víctima es una sola empresa, el enforcement privado debiera ser suficiente, tanto desde el punto de vista de las ventajas de información para detectar las faltas, como por los incentivos a emprender acciones legales contra la firma agresora. La empresa víctima será reclamante residual de todo el esfuerzo realizado en el juicio, ya sea por detener la acción ilegal a tiempo como por posibles compensaciones.

El caso opuesto, con fuertes externalidades en el enforcement, es la colusión entre empresas que venden en el mercado minorista. Las víctimas serán clientes cuyo daño individual percibido será bajo, pero que a nivel agregado el perjuicio debido al sobreprecio puede ser significativo. En tal situación, cada individuo afectado no tendrá incentivos para iniciar un juicio a fin de lograr una compensación, no obstante a nivel social sí sería conveniente que la acción legal fuese iniciada. El enforcement público actuaría entonces como bien público, favoreciendo a todos los potenciales afectados por la colusión entre empresas.

Externalidades entre partes, con un resultado subóptimo en enforcement privado, suceden también en casos de abusos de posición dominante, en donde las víctimas son más de una empresa[6]. Los problemas de free-riding se exacerban aún más si las afectadas son pequeñas empresas que no disponen de recursos para enfrentar los costos de un juicio en contra de una gran empresa.

La acción privada tampoco será suficiente cuando los afectados, por temor a represalias, no desean públicamente acusar a empresas que llevan a cabo prácticas abusivas en contra de ellas. Este es el caso de una empresa dominante que posee un insumo esencial y que lo ofrece en condiciones desmedidas a terceros. Otro ejemplo es la exigencia de exclusividad o de ventas atadas por parte de un proveedor dominante a pequeños comercios minoristas. En ambos ejemplos, la empresa que es cliente de la dominante puede temer que se dañe la relación comercial entre ambos en caso de una demanda judicial.

El enforcement público se requiere incluso en casos donde una disputa entre dos o más partes termina en conciliación. En principio, si las partes en litigio logran un acuerdo, no se justificaría mantener el juicio. Sin embargo, que las partes acuerden una solución que satisfaga a todos no implica necesariamente que ésta se ajuste a la legalidad. Es posible que terceras partes, como consumidores u otras empresas no involucradas directamente en la disputa, se vean afectadas por los términos de la conciliación. Por ejemplo, una disputa por exigencia de exclusividad se solucionaría si la empresa dominante traspasa algo de las rentas a los distribuidores a cambio de la exclusividad en la venta. Si bien el acuerdo es satisfactorio para las partes involucradas directamente en el litigio, éste podría ser excluyente para potenciales entrantes que deseen vender a través de los canales minoristas que aceptan la exclusividad. Otro ejemplo lo constituyen disputas por interconexión entre redes de telecomunicaciones, donde las empresas pueden acordar conexión mutua, pero en una forma tal que la competencia se debilite debido a los altos cobros de interconexión[7].

3. Sistema institucional chileno de libre competencia

La institucionalidad chilena de libre competencia presenta una serie de particularidades respecto a los diseños observados en la mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo. Su característica más singular es la separación a nivel institucional entre las funciones de persecución y de resolución[8].

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) es el organismo encargado de representar el interés público en materias de libre competencia. Dentro de las funciones de la agencia están: el actuar como investigador y acusador ante infracciones a la libre competencia, promover la libre competencia y proveer de informes técnicos a los entes resolutivos, así como fiscalizar el cumplimiento de las medidas que estos últimos dictaminan.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) es el que juzga y resuelve en primera instancia en los casos de faltas a la competencia. El TDLC es una corte especializada en resolver litigios relativos a libre competencia, que está compuesta por cinco miembros, tres de los cuales deben ser abogados y dos economistas. Las decisiones del TDLC son apelables ante la Corte Suprema[9].

La FNE no posee atribuciones para aplicar sanciones ni para ordenar a las empresas acciones o prohibiciones en materias de libre competencia. Su misión institucional de proteger la competencia en los mercados la ejecuta principalmente por la vía de la iniciación de causas, ya sean acusatorias o de consultas ante el TDLC.

La explicación de esta configuración particular puede encontrarse en la tradición legalista del país, tradición conforme a la cual las medidas del Estado que afecten la libertad de las empresas deben ser resueltas mediante el formato de un juicio. Estructura similar se encuentra en otras áreas de la acción pública en Chile, como son los delitos de carácter penal. Allí existe la figura del Fiscal Nacional, el cual actúa como investigador y acusador y debe defender su caso ante un juez perteneciente a otro poder del Estado.

Terceras partes, como empresas o particulares, también pueden presentar demandas ante el TDLC por la comisión de prácticas anticompetitivas. Los agentes privados cuentan con los mismos derechos y prerrogativas con que goza la FNE en un juicio. La FNE tampoco tiene el monopolio de la representación del interés público. Partes no directamente afectadas, pero con un interés legítimo en un caso, como señala la ley, pueden iniciar juicios o realizar consultas no litigiosas en defensa del interés público[10].

Los particulares, a través de un juicio, pueden demandar que el TDLC ordene el término de acciones anticompetitivas en contra suya, ya sea temporal o de modo permanente. Asimismo, ellos pueden requerir que la empresa acusada sea sancionada monetariamente por infracciones a la competencia. Sin embargo, el sistema de libre competencia en Chile no confiere a los acusadores el derecho automático a recibir una reparación monetaria, si sus demandas son aceptadas por el TDLC. Para requerir el pago de daños, el afectado debe originar un juicio especial por reparación, una vez que el sistema de libre competencia ya se ha pronunciado por el fondo del asunto, y en una sede judicial distinta a la de libre competencia.

Los juicios por indemnización de perjuicios derivados de prácticas lesivas a la competencia son conocidos por juzgados civiles y tienen su propio procedimiento. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los afectados no pueden reclamar triples daños. Las compensaciones a las que pueden optar son las señaladas en el Código Civil para casos de responsabilidad por actividades comerciales y equivalen al daño monetario efectivo causado por la empresa condenada, sin incluir ningún factor de amplificación al perjuicio causado[11].

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, el sistema chileno provee menos incentivos a particulares para realizar demandas que en aquellas jurisdicciones donde los afectados pueden optar a daños triples como es el caso de los Estados Unidos. En Chile, la motivación de privados para iniciar juicios sería el obtener el cese de acciones que le perjudican, el evitar que éstas sucedan nuevamente en el futuro o bien crearse una reputación de respuesta ante prácticas anticompetitivas. La obtención de compensaciones también juega un rol, pero de menor magnitud. En el mejor de los casos, el afectado podrá lograr recuperar el daño que la práctica ilegal le infligió.

En los hechos, los juicios compensatorios por faltas a la libre competencia han sido más bien escasos en Chile. Es probable que nuevas demandas por daños se presenten a medida que el TDLC comience a emitir sentencias condenatorias en casos de abuso de posición dominante, donde los afectados sean empresas individuales. No es evidente que para solicitar compensaciones por daños sea necesario que las empresas afectadas se hayan hecho parte en el juicio de libre competencia. En este sentido, podría haber un efecto free-riding en el enforcement público por parte de las afectadas y solo presentar una demanda en el juicio por daños en caso de fallo acusatorio por el sistema de libre competencia.

4. Descripción de los datos

Los datos sobre inicios y términos de causas judiciales así como el tipo de participación de la Fiscalía en ellas son extraídos de la base de datos sobre procedimientos contenciosos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La base contiene los casos vistos por el Tribunal desde su fundación en el año 2004 hasta la presente fecha. En total hay 202 juicios presentados, de los cuales 187 han finalizado. Al ser un tribunal especializado y único a nivel nacional, cualquier demanda por faltas a la competencia debe ser ingresada a esta sede judicial. Por consiguiente, la base de datos que emplearemos cuenta con la información completa, a nivel del país, de los juicios iniciados y de la forma en que concluyeron[12].

Las posibles actuaciones de la FNE ante el TDLC en los procesos considerados litigiosos son las que se presentan a continuación: (i) Demandante, (ii) Coadyuvante, (iii) Pretensión independiente y (iv) Informante. En el primer caso, la FNE es la entidad que acusa a una o más empresas por llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia, a esta acción se le denomina “requerimiento”. En el segundo caso, la Fiscalía se hace parte en un juicio ya iniciado por un particular, respaldando la posición del demandante. Se denomina pretensión independiente cuando la FNE interviene en un juicio sin necesariamente tomar posición por alguna de las partes. Finalmente, la FNE puede emitir una opinión a solicitud del TDLC por un juicio presentado por un tercero y finalmente puede no tener participación alguna. Se considera que en las dos primeras actuaciones la FNE toma un rol protagónico, pues se hace parte de un juicio, presentando cargos contra los acusados.

Las estadísticas demuestran que el 76% de los juicios son iniciados por particulares. La Fiscalía a su vez toma un rol activo en el 30% de los casos, de los cuales un 24% los inicia ella, mientras que en el 6% se hace parte, respaldando al demandante.

A pesar de no existir amplificación de daños, los privados tienen un rol protagónico en las demandas por libre competencia en Chile. En Estados Unidos con un sistema de triples daños, el porcentaje de inicio de juicios por privados alcanza al 90%, mientras que en Alemania es de 50% aproximadamente[13].

En cuanto al tipo de falta anticompetitiva, los litigios pueden ser por abuso de posición dominante o colusión. Según muestra la estadística, la gran mayoría de las demandas —el 86%— son por abuso de posición dominante. En los casos de colusión, la Fiscalía participa en el 89% de ellas. Por el contrario, en las acusaciones por abuso de posición dominante se observa un patrón asimétrico, pues en el 79% de los casos los demandantes son exclusivamente privados. A priori, estas cifras respaldarían la hipótesis del mayor valor del enforcement público en casos de colusión que en abuso de dominio de mercado, debido al inherente problema de free-riding de los afectados por acciones colusivas.

El tamaño de las empresas involucradas puede también tener alguna incidencia en la decisión de la agencia pública. Según se argumentaba en la sección anterior, las empresas pequeñas sufren de limitación de recursos que son necesarios para sostener un juicio en contra de una gran empresa, lo cual torna más importante la participación de la Fiscalía. Como no se dispone de información sobre tamaño de empresa, ya sea en ventas o valor de activos, emplearemos como variable proxy de tamaño a la presencia de la empresa en la bolsa. El supuesto implícito que justifica el uso de esta variable es que las empresas que cotizan en bolsa son en general de mayor tamaño que aquellas que no.

La FNE tendría una leve inclinación a participar más cuando la empresa acusada tiene presencia en bolsa. Cuando el demandante está en bolsa, por el contrario, la Fiscalía tiende a hacerse menos presente. Se debe mencionar que en este último caso los datos solamente muestran los casos en que la FNE se hace parte de un juicio que ha sido iniciado por una empresa.

Puede existir un sesgo a la no participación de la Fiscalía cuando el demandado es una institución pública. Ésta puede ser un ministerio, agencia regulatoria, empresa pública o municipalidad. La conjetura es que la Fiscalía se inhibiría de actuar cuando la parte acusada es una entidad que, al igual que ella, es parte del Estado. Los datos muestran que la Fiscalía se hace parte en el 16% de los casos cuando el demandado es una institución pública, comparado con el 34% cuando no lo es (Tabla N° 4).

Finalmente analizaremos si el tipo de mercado involucrado incide en la participación de la Fiscalía. La Tabla N° 5 muestra las demandas presentadas separadas por industria de acuerdo a la clasificación realizada por la Fiscalía Nacional Económica. A su vez, se identifica si el mercado se considera como sensible o no. Definimos un mercado como sensible si sus productos son considerados de primera necesidad o bien son consumidos por la mayor parte de la población. Pertenecerían a la categoría de sensible los sectores de alimentos, educación, farmacéutico, financiero, previsión social, retail, salud, telecomunicaciones y transporte.

La importancia del mercado afectado fue reconocida formalmente por la antigua ley de libre competencia en Chile. La sanción penal por colusión —existente en esa época— se aumentaba en un grado de gravedad si el delito ocurría en la venta de artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud[14]. Es común también que la Fiscalía haga mención explícita a la sensibilidad del mercado afectado, tanto en sus requerimientos contra empresas por acciones anticompetitivas como a través de comunicaciones ante los medios[15]. Otra referencia para clasificar un servicio como de alto impacto es la estadística de quejas de clientes ante el Servicio Nacional de Protección al Consumidor[16].

Al agregar los datos, clasificándolos entre industrias sensibles y no, se observa que la Fiscalía efectivamente tiende a enfocarse en las industrias consideradas como sensibles. La agencia pública se hace parte en el 39% de las causas que involucran mercados denominados sensibles, mientras que solo participa en el 21% de los casos que afectan el resto de los mercados.

El análisis bivariado hasta ahora expuesto puede presentar sesgos de variables omitidas. Por ejemplo, la menor participación de la Fiscalía cuando el demandado es un organismo público puede explicarse porque estos casos, en su mayoría, son por abuso de posición dominante y no porque la Fiscalía se inhiba de actuar contra otro actor del Estado.

En la Tabla N° 6 presentamos un modelo multivariado de los factores detrás de la participación de la Fiscalía. Nuestra variable dependiente Y puede tomar dos valores: Y=1 en caso que la Fiscalía participe, e Y=0 en caso contrario. Como la variable de interés es dicotómica, estimamos un modelo probit de probabilidad no lineal. Para esto se asume que existe una variable latente, Y*, que representa la utilidad para la Fiscalía de participar en el caso. Cuando la variable latente supera un determinado nivel, la variable discreta Y toma el valor 1, y si no lo supera, toma el valor 0. La variable latente depende del conjunto de variables explicativas antes descritas (X): Mercado sensible, Demandado es organismo público, Demandante es empresa en bolsa, Acusado es empresa en bolsa, y la Demanda es por colusión.

Donde supondremos que εi se distribuye normal con media cero y varianza uno.

La Tabla N° 6 presenta los resultados de tres estimaciones probit. La primera columna utiliza las variables explicativas descritas anteriormente, salvo la que dice relación con el tipo de proceso, posición dominante o colusión. Los resultados indican que es más probable que la FNE se haga parte en una causa cuando se trata de un mercado sensible (significativo al 1%), la parte demandada no es un organismo público (significativo solo al 10%) y la parte demandante no cotiza en bolsa (significativo al 1%). No se encuentra diferencia cuando la empresa demandada está o no en bolsa. Si el caso está relacionado con un mercado sensible, se aumenta en 16% la participación de la Fiscalía (suponiendo el resto de las variables en sus valores promedio)[17].

El tamaño de la empresa demandante sería de relevancia para la FNE. La agencia pública tendería a participar más cuando se trata de empresas menores, siendo el efecto muy significativo. Cuando el demandante es una empresa que lista en bolsa, la probabilidad de participar de la Fiscalía cae 28%. Este resultado daría soporte a la hipótesis que la FNE concentra sus esfuerzos en casos donde los afectados por prácticas anticompetitivas son empresas de menor tamaño y probablemente con menores recursos y menos expertise para enfrentar un litigio de libre competencia. Por otro lado, el tamaño de la empresa demandada no tendría relevancia alguna en la decisión de la FNE de hacerse parte o iniciar un caso.

La regresión dos rehace el ejercicio de la uno pero restringiendo la muestra a las 187 causas finalizadas. Los resultados son cualitativamente similares. En la columna tres se realiza una regresión incorporando el tipo de acusación presentada. Los resultados para todas las variables se mantienen, salvo para aquella en que la parte demandada no es un organismo público. Ello se explica porque las demandas en contra de entidades públicas corresponden a abusos de posición dominante, casos en que la FNE tiende a participar menos. Finalmente, el tipo de acusación tiene un alto grado de impacto en la presencia de la FNE en el juicio, ya sea iniciando el caso o haciéndose parte. En casos de colusión la probabilidad que la Fiscalía participe aumenta en 68%.

5. Eficacia del enforcement público

En esta sección medimos el impacto de la participación de la agencia pública en el resultado de los juicios de libre competencia. Con este propósito, comenzaremos analizando el resultado de los 187 procesos ingresados ante el Tribunal y finalizados desde su creación en el año2004.

Respecto al término de las demandas presentadas ante el TDLC, estas pueden finalizar en (i) Fallo, (ii) Conciliación, (iii) Desistimiento o (iv) Archivo. En caso de fallo, el TDLC resuelve respecto a la acusación presentada indicando si el acusado es culpable o no, fallo condenatorio o absolutorio, y cuál es la sanción que se le aplica. En la conciliación, las partes involucradas en el juicio —acusados y demandantes— llegan a un acuerdo, retirándose así la demanda. En el desistimiento, el querellante elimina la demanda sin necesidad de que exista algún acuerdo entre las partes. Finalmente, en el archivo de causas el TDLC cierra el caso debido a que el demandante abandona el caso o éste no es admitido a trámite por el Tribunal.

Desde el año 2004 se han resuelto 187 demandas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en 55 de las cuales la Fiscalía ha participado ya sea a través de un requerimiento o haciéndose parte en el juicio. Según se observa en la Tabla N° 7, el 22% de las demandas ingresadas terminan retiradas (5%) o archivadas (17%). En los casos en que participa la Fiscalía, el 4% de las demandas se archiva o retira, mientras que cuando la Fiscalía no participa, tal proporción alcanza a30%.

Los casos que finalizan en conciliación representan el 12% de las resoluciones. Este porcentaje es similar en caso de que participe (11%) o no la Fiscalía (12%). Finalmente, dos tercios del total de juicios concluyen con un fallo del Tribunal. Cuando la Fiscalía participa, el 85% de las causas termina en fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Si la FNE no tiene participación, dicho porcentaje es de 58%.

Al centrarnos en el tipo de sentencia dictada por el Tribunal, la evidencia muestra que más de la mitad de las causas en que se hace parte la Fiscalía —un 55%— termina con un fallo condenatorio. Si la agencia pública no participa, el porcentaje de fallos condenatorios cae al 15%. La probabilidad de lograr una condena, condicional a que el juicio finalice en fallo, es de 26,3% si los querellantes son solamente privados. Si la Fiscalía es parte en el juicio, el porcentaje de fallos condenatorios se eleva a 64%.

Los resultados de la Tabla N° 7 son un primer indicio de la mayor efectividad de la agencia pública en lograr resultados condenatorios para los privados al momento de hacerse parte de un juicio de libre competencia. La menor fracción de causas que terminan en fallo cuando participa la Fiscalía puede explicarse por un desconocimiento de los privados respecto a las materias relevantes en libre competencia. Por ejemplo, qué tipos de acciones son conocidos por el TDLC, o bien si los hechos denunciados tienen mérito suficiente para lograr un fallo condenatorio. La diferencia también puede reflejar un uso estratégico de los juicios por parte de las empresas, según lo explicado en la sección dos del artículo.

Un argumento similar puede explicar la mayor fracción de fallos condenatorios que logra la Fiscalía vis-à-vis los privados. Una mayor expertise y mayor conocimiento de la Fiscalía pueden hacer que un mismo caso, con un mismo set de pruebas, pueda ser mejor estructurado, de forma tal que sea más factible probar la culpabilidad del acusado. Una explicación alternativa sería la mejor calidad de las pruebas con que contaría la Fiscalía debido a sus poderes especiales de investigación.

Para realizar un análisis multivariado del efecto de la FNE en la resolución de los procesos, asumimos que las demandas que terminan retiradas, archivadas o en fallo absolutorio favorecen al acusado en desmedro de la postura del demandante, en particular de la Fiscalía, cuando participa. En referencia a los juicios que acaban en conciliación, la base de datos no emite clasificación respecto a si estas conciliaciones favorecen o no al demandante. Tampoco disponemos de información sobre lo pactado en ellas. Por esta razón no imputamos un resultado de conciliación como favorable a ninguna de las partes en disputa. Como robustez, en algunas estimaciones restringimos los resultados solo a los casos que terminan en fallo.

La variable a estudiar, resultado favorable al demandante, es dicotómica e igual a Y=1 en caso que la resolución favorezca al demandante, e igual a Y=0 si el caso se falla en favor del demandado, sea el fallo absolutorio, u ocurra retiro o archivo. Para estimar el impacto de la Fiscalía en el resultado de los casos estimamos un modelo probit de probabilidad no lineal.

Al igual que en el caso de la participación de la Fiscalía, en este caso asumimos la existencia de una variable Y*, que representa la evidencia y la solidez del caso presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Cuando la variable latente supera un determinado nivel, la variable discreta Y toma el valor 1, y si no lo supera toma el valor 0. La variable latente depende de un conjunto de factores explicativos entre los cuales está nuestra variable de interés, la participación de la Fiscalía.

La Tabla N° 8 presenta los resultados de nueve estimaciones probit. La primera columna simplemente realiza una regresión entre nuestra variable dependiente y el concurso o no de la Fiscalía. La participación de la Fiscalía aumenta en forma significativa la probabilidad de un resultado favorable para el demandante. El coeficiente estimado de 1.23, significativo al 1%, implica que la Fiscalía aumenta en 44% la probabilidad de éxito de la demanda. La regresión de la columna 2 controla por el tipo de caso tratado. La variable conducta es igual a 1 cuando se trata de un caso de colusión y cero si es por abuso de posición dominante[18]. El efecto de la Fiscalía no se ve afectado por este control[19]. La columna 3 restringe la muestra a las demandas con fallo del Tribunal. El coeficiente que acompaña la participación de la Fiscalía disminuye en 1%.

La evidencia hasta ahora presentada no es concluyente respecto al efecto de la FNE en el resultado de los juicios. Como hemos mencionado, estos resultados solo pueden reflejar una estrategia de selección de los casos que la Fiscalía decide tomar y no su eficacia en fundamentar y defender el caso ante el tribunal. Al momento de decidir cuáles causas tomar, la agencia pública puede priorizar aquellas que son más fáciles de ganar en vez de las que revisten mayor gravedad en términos competitivos. En este escenario nuestra variable participación de la FNE no solo captura el efecto de la Fiscalía en la resolución de los casos, sino que también la fortaleza de la evidencia condenatoria inicial de cada causa.

Para evitar el sesgo de autoselección, reestimamos el modelo instrumentalizando la participación de la Fiscalía. Como variables instrumentales utilizamos tanto si el caso involucra un sector sensible, como si el demandante o el inculpado es una empresa en bolsa. Ninguna de estas variables debiera estar correlacionada con la evidencia condenatoria inicial ni con la resolución que adopte el Tribunal más allá de la participación o no de la Fiscalía en el caso.

Las columnas (4) a (9) presentan los resultados de un modelo probabilístico del tipo probit con variables instrumentales. Al instrumentalizar la participación de la Fiscalía con los tres instrumentos señalados en el párrafo anterior, columna (4), el impacto de la Fiscalía en la probabilidad de obtener un resultado condenatorio no cae con respecto a la estimación sin instrumentalizar, columna (1). Al contrario, el punto estimado es mayor, señalando que la Fiscalía no selecciona los casos más fáciles de ganar, en términos de evidencia y argumentación. Los instrumentos en la primera etapa son diferentes de cero, al 1% de significancia.

Las columnas (5) y (6) presentan estimaciones utilizando solo dos instrumentos a la vez. Dado que la Fiscalía ha declarado que uno de sus criterios para seleccionar los casos en que se involucra es si la demanda afecta algún sector sensible de la economía, la columna (7) presenta el impacto de la Fiscalía sólo utilizando como instrumento nuestra variable dicotómica sector sensible. El coeficiente de la variable sector sensible es significativo al 5% en la primera etapa de la estimación. En todos los casos el impacto estimado de la Fiscalía en la probabilidad de lograr un fallo condenatorio es más alto que en el caso sin instrumentalizar.

Por último, las columnas (8) y (9) reestiman las ecuaciones (4) y (7) restringiendo la muestra a los casos que finalizan en fallo por parte del Tribunal. Según se observa, los resultados no varían.

Apelaciones a la Corte Suprema

Como se mencionó anteriormente, las decisiones del TDLC pueden ser apeladas ante la Corte Suprema. Desde el año 2004, de las 123 causas que terminaron en sentencia, 80 fueron reclamadas ante la Corte Suprema, es decir, el 65% de los casos fallados. Tal como lo muestra la Tabla N° 9, de los 80 casos, el 1% finalizó en avenimiento entre las partes, el 78% fue confirmado por la Corte Suprema, el 14% fue revocado y el 6% aún no ha sido resuelto por la Corte.

Al centrarnos en la participación de la Fiscalía, los datos muestran que de los 47 casos que son fallados cuando la Fiscalía participa (Tabla N° 7), 38 son llevados ante la Corte Suprema, es decir, el 81%. En el escenario en que solo participan privados, 42 casos de los 76 que terminan en fallo (Tabla N° 7) acuden ante la Corte Suprema, es decir, el 55%.

Cuando se corrige el resultado del fallo por el dictamen de la Corte Suprema, es decir, considerando como “Fallo condenatorio” aquellos casos que fueron absueltos por el Tribunal, pero revocados por la Corte, y como “Fallo absolutorio” aquellos casos que fueron condenados por el Tribunal, pero revocados por la Corte[20], obtenemos que si la demanda es solo presentada por privados, la probabilidad de condena es de 13%. Si es la Fiscalía quien inicia un juicio o se hace parte de él, tal probabilidad aumenta a 51%. (Ver Tabla N° 10).

La Tabla N° 11 presenta el análisis multivariado del efecto de la FNE en la resolución de los procesos, considerando lo dictado por la Corte Suprema[21]. De la primera ecuación se mantiene la conclusión acerca de la significancia de la participación de la FNE en el resultado favorable para el demandante. El coeficiente estimado de 1.23, significativo al 1%, implica que la Fiscalía aumenta en 42% la probabilidad de éxito de la demanda; resultados similares a lo obtenido en la Tabla N° 8. El mismo resultado se obtiene en la columna 2, cuando se controla por el tipo de conducta.

Cuando se restringe la muestra a las demandas concluidas con fallo del Tribunal, el coeficiente de la participación de la Fiscalía es de 1.17, significativo al 1%, lo que equivale a que la Fiscalía aumenta en 41% la probabilidad de éxito de la demanda.

De acuerdo a la evidencia, hay un alto porcentaje de causas de libre competencia concluidas con fallo de la Corte Suprema (65%). La Corte Suprema presenta una tendencia hacia fallos absolutorios, independiente de si la Fiscalía participa o no en esas causas. Acerca del efecto de la participación de la FNE en el resultado del juicio, se mantienen los resultados obtenidos cuando se consideran los fallos del TDLC corroborando la efectividad de la Fiscalía vis-à-vis los privados.

6. Conclusiones

El objetivo del artículo es medir la efectividad de la agencia pública respecto a las acciones de privados en los juicios sobre violaciones a la Ley de Libre Competencia en Chile. El sistema institucional chileno de competencia ofrece condiciones propicias para realizar este tipo de comparaciones.

Usando la estadística de juicios presentados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en sus nueve años de funcionamiento, comparamos los resultados de los juicios donde participó la FNE versus aquellos donde no se hizo parte. Si la demanda es solo presentada por privados, la probabilidad de condena es de 15%. Si es la Fiscalía quien inicia un juicio, o se hace parte de él, tal probabilidad aumenta a 55%. Considerando solo las causas concluidas en fallo, las demandas de privados obtienen el 27% de condenas, versus el 64% por parte de la agencia pública.

Cuando se considera el dictamen de la Corte Suprema los porcentajes anteriores caen; si la demanda es solo presentada por privados, la probabilidad de condena es de 13%. Si es la Fiscalía la que inicia un juicio, o se hace parte de él, tal probabilidad es de 51%. Considerando solo las causas concluidas en fallo, las demandas de privados obtienen un 22% de condenas, versus 60% por parte de la agencia pública.

Estos resultados se mantienen válidos si aplicamos variables instrumentales para controlar por posibles sesgos de selección de la agencia pública respecto al tipo de casos en que decide involucrarse y cuando se incluye el dictamen de la Corte Suprema.

Nuestras estimaciones respaldan la superioridad del enforcement público sobre el privado. Según las explicaciones provistas por la teoría, el mejor resultado del enforcement público puede residir en la superior capacidad de la agencia pública para aplicar los principios de libre competencia, lo que le permitiría defender mejor sus causas ante el Tribunal. Otra posible razón es el uso estratégico de los juicios por parte de los privados, de modo tal que la motivación de sus demandas no responde solo a obtener un resultado favorable. Finalmente, existe la posibilidad de que los mejores resultados de la FNE se originen en las facultades especiales de investigación con que cuenta la agencia pública, a diferencia de los privados, que no las poseen. Con la información que se dispone no es posible concluir cuál es la causa preponderante de esta mayor efectividad de la acción pública.

Los resultados obtenidos sugieren que para lograr una mayor efectividad de la política de competencia sería preferible un fortalecimiento de la persecución pública en vez de inducir un mayor protagonismo, a través de litigios, por parte de los privados. En caso que la Fiscalía racione las causas en que se hace parte por razones presupuestarias, el aliviar la restricción de recursos resultaría beneficioso. Por otro lado, introducir esquemas de compensación que amplifiquen los daños sufridos por prácticas anticompetitivas no parece aconsejable, dada la baja proporción de causas iniciadas por privados que terminan en condena.

El artículo también investiga acerca de los factores que inciden en la participación de la Fiscalía en un juicio. Los resultados señalan que hay una mayor probabilidad que la agencia pública inicie acciones legales cuando el caso es por colusión, el mercado afectado es considerado sensible o de alto impacto y el acusado es una empresa que cotiza en bolsa. Esta última variable puede considerarse como una proxy del tamaño de la empresa acusada.

El carácter estatal de la acusada —empresa pública, ministerio o municipalidad— no afecta la decisión de la Fiscalía en hacerse parte de un juicio. Se descartaría así un sesgo de captura que inhiba a la agencia pública a actuar en contra de otras entidades que también son parte del Estado.

Referencias

Becker, G. and G. Stigler (1974). “Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers”. Journal of Legal Studies, Vol. 3 (1), 1-18.

Caicha, C. (2012). Impacto del Enforcement Público en Libre Competencia: Caso Chileno. Tesis para el grado de Magíster en Análisis Económico, Universidad de Chile.

Hylton, K. (2003). Antitrust Law. Cambridge University Press.

Jensen, M. y W. Meckling (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, October, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.

Landes, W. and R. Posner (1975). “The Private Enforcement of Law”. Journal of Legal Studies, Vol. 4, pp. 1-46.

McAfee, P. and N. Vakkur (2004). ”The Strategic Abuse of the Antitrust Laws”. Journal of Strategic Management Education, Vol. 1, pp. 1-18.

McAfee, P., H. Mialon and S. Mialon (2008). “Private vs Public Antitrust Enforcement: A Strategic Analysis”. Journal of Public Economics, Vol.92, pp. 1863-1875.

Perloff, J., D. Rubinfeld and P. Ruud (1996). “Antitrust Settlements and Trial Outcomes”. The Review of Economics and Statistics, Vol. 78, N° 3, pp.401-409.

Peyer, S. (2012). “Private Antitrust Litigation in Germany from 2005 to 2007: Empirical Evidence”. Journal of Competition Law and Economics 8 (2), pp. 331-359.

Polinsky, M. (1980). “Private Versus Public Enforcement of Fines”. Journal of Legal Studies, Vol. 9, pp. 105-127.

Salop, S. y L. White (1986). “Economic Analysis of Antitrust Litigation”. 74 Georgetown Law Journal, pp. 1001-1064.

Segal, I. and M. Whinston (2005). “Public vs Private Enforcement of Antitrust Law: A Survey”. Standford Law School, Working Paper Nº 335.

Shavell, S. (1997). “The Fundamental Divergence between the Private and the Social Motive to Use the Legal System”. Journal of Legal Studies, pp.575-612.

———— (2004). Foundations of Economic Analysis of Law. Harvard University Press, Cambridge Mass.

Tirole, J. (1994). “The Internal Organization of Government”. Oxford Economic Papers 46 (1994), pp. 1-29.

Wils, W. (2003). “Should Private Antitrust Enforcement be Encouraged in Europe?”. World Competition, pp. 473-488.

Notas

1 La traducción al castellano del término enforcement es: aplicación de la ley o supervisión del cumplimiento de la ley. En lo que sigue del artículo emplearemos el término enforcement para referirnos a las acciones legales emprendidas por agencias públicas o entes privados en contra de quienes violan las leyes de libre competencia.

2 También, como demuestra la literatura, la capacidad propia de investigación de la agencia en casos de colusión es complementaria a la confesión voluntaria de las partes. Lo que induce a las firmas participantes en un cartel a confesar es el riesgo de que la otra confiese o de que la agencia obtenga las pruebas inspeccionando las sedes de las empresas bajo investigación.

3 En Chile, la Fiscalía posee poderes especiales para requerir información en una investigación o juicio. Un privado que inicia una demanda contra un tercero solo puede acceder a tal información si el Tribunal lo autoriza.

4 Similar fenómeno ocurre si una empresa está en venta. Tener un juicio de libre competencia reduce su valor de venta, pues el adquirente no tendrá certeza acerca del resultado del juicio.

5 El concepto de costo agencia fue introducido en la literatura económica por Jensen y Meckling (1976) en el marco de la relación contractual entre los propietarios de una empresa y quien la administra.

6 Ver Polinsky (1980)

7 Si el acuerdo incluye tarifas de interconexión muy altas, éstas se traspasarán a usuarios en forma de precios más altos, incrementando así los beneficios de las empresas.

8 La República de Sudáfrica cuenta con una institucionalidad similar a la chilena, donde se separan los roles de persecución y de sanción.

9 Técnicamente, las apelaciones por decisiones del TDLC se denominan “recursos de reclamación”.

10 Por ejemplo, la asociación de consumidores CONADECUS presentó una consulta para que se evaluara la fusión entre las aerolíneas LAN y TAM, lo cual gatilló el proceso de revisión por parte del Tribunal.

11 El Código Civil emplea los conceptos de “daño emergente y lucro cesante” para estimar los daños causados por terceras partes en disputas comerciales.

12 En otras jurisdicciones, con sistemas más descentralizados, los juicios en materias de libre competencia pueden ser iniciados en tribunales civiles de carácter local.

13 Ver Peyer (2012) para Alemania y Hylton (2003) para los EE.UU.

14 Artículo 1°, Decreto Ley 2760 de 1979.

15 En el requerimiento contra diversas empresas de buses para transporte interurbano por colusión (2011), la Fiscalía argumenta sobre la gravedad de la falta señalando: “Máxime cuando afecta el funcionamiento del mercado en materia de servicios que es esencial para la comunidad”.

En entrevista concedida al diario Estrategia, la autoridad máxima de la Fiscalía, Felipe Irarrázabal, señala que, después del fallo de la Corte Suprema en el caso de colusión de las farmacias, “es necesario mirar mercados tan sensible y de alto impacto como los laboratorios y las farmacias”. Septiembre 11 del 2012.

16 De acuerdo a los datos del Servicio (SERNAC), los cuatro primeros servicios con más reclamos son: servicios financieros, tiendas de departamentos, telecomunicaciones y transporte.

17 El efecto marginal de la variable Xi en E(Yi=1|Xi)=f(Xβ) βi.

18 Como señalamos en la sección dos, en los casos de colusión es menos probable que los afectados presenten demandas. Por otro lado, se podría esperar que el Tribunal reaccione de manera diversa en una acusación de colusión que de prácticas abusivas, debido a la jurisprudencia creada. En el primer caso la prueba es principalmente formal, mientras que en el segundo el razonamiento económico juega un mayor rol puesto que su juzgamiento está más basado en lo que se conoce como regla de la razón.

19 En una regresión no presentada se controla tanto por tipo de caso como por si el demandante es una entidad del Estado. Los resultados no cambian.

20 Los casos en que hubo avenimiento, y aún están en proceso en la Corte, no serán considerados, ya que no es posible determinar para qué agente el resultado de la demanda será favorable.

21 Dado que en la sección anterior no se pudo corroborar la existencia de sesgo de selección, solo se estimaron las tres primeras ecuaciones.

TABLA N° 1: DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL ENTRE 2004 Y 2013

Año

Total

Participación de FNE

Tipo de participación de FNE

demandas

Casos

%

Inicia

Parte

2004

47

13

28

5

8

2005

21

9

43

7

2

2006

32

5

16

4

1

2007

18

7

39

7

0

2008

31

9

29

8

1

2009

12

6

50

6

0

2010

15

2

13

2

0

2011

15

7

47

7

0

2012

9

2

22

2

0

2013

2

1

50

1

0

Total

202

61

30

49

12

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 2: DEMANDAS SEGÚN TIPO DE ACUSACIÓN

Tipo de acusación

Total demandas

Participación Fiscalía

Casos

%

Casos

%

Colusión

28

14

25

89

Abuso posición dominante

174

86

36

21

Total

202

100

61

30

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 3: PARTICIPACIÓN DE LA FISCALÍA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA INVOLUCRADA

Tipos de firmas involucradas

Total casos

Participación Fiscalía

Número

%

Número

%

Ninguna en bolsa

120

59

37

31

Solo demandado en bolsa

62

31

23

37

Solo demandante en bolsa

10

5

1

10

Ambas en bolsa

10

5

0

0

Total

202

100

61

30

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 4: PARTICIPACIÓN DE LA FISCALÍA Y CARÁCTER PÚBLICO DEL DEMANDADO

Demandado

Total casos

Participación Fiscalía

Institución pública

Número

%

Número

%

No

163

81

55

34

Sí

39

19

6

15

Total

202

100

61

30

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 5: DEMANDAS INICIADAS SEGÚN MERCADO

Mercado afectado

Sector sensible

Casos

Participación Fiscalía

Abuso posición dominante

Número

%

Número

%

Alimentos

Sí

10

5,0

3

30

80

Artículos deportivos

No

1

0,5

0

0

100

Bebidas

No

3

1,5

1

33

100

Combustibles

No

15

7,4

1

7

87

Computación

No

1

0,5

0

0

100

Concesiones

No

11

5,4

2

18

100

Editorial

No

4

2,0

0

0

100

Educación

Sí

3

1,5

1

33

100

Electrónica

No

4

2,0

0

0

100

Eléctrico

No

9

4,5

2

22

100

Entretenimiento

No

2

1,0

2

100

100

Farmacéutico

Sí

15

7,4

3

20

93

Financiero

Sí

7

3,5

4

57

86

Juegos de azar

No

1

0,5

0

0

100

Juguetes

No

1

0,5

0

0

100

Material construcción

No

4

2,0

1

25

75

Obras sanitarias

No

3

1,5

1

33

100

Otros

No

19

9,4

4

21

84

Portuario

No

6

3,0

2

33

83

Previsión social

Sí

2

1,0

1

50

50

Residuos

No

10

5,0

4

40

100

Retail

Sí

13

6,4

4

31

92

Ropa y calzado

No

2

1,0

0

0

100

Salud

Sí

4

2,0

3

75

50

Tabaco

No

2

1,0

1

50

100

Telecomunicaciones

Sí

27

13,4

8

30

96

Transporte

Sí

19

9,4

12

63

47

Vehículos motorizados

No

4

2,0

1

25

50

Total

202

100,0

61

30

86

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TDLC.

TABLA N° 6: ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA FISCALÍA

Variable dependiente: Fiscalía se hace parte del juicio

1

2

3

Mercado sensible

0.551

0.445

0.440

[0.195]***

[0.201]**

[0.217]**

Acusado es organismo público

-0.512

-0.464

-0.073

[0.287]*

[0.290]

[0.300]

Demandante es empresa en bolsa

-1.318

-1.236

-1.504

[0.490]***

[0.501]**

[0.377]***

Acusado es empresa en bolsa

-0.043

0.02

0.235

[0.212]

[0.220]

[0.238]

Demanda es por colusión

2.031

[0.372]***

Constante

-0.625

-0.610

0.1

[0.169]***

[0.172]***

[0.370]***

Observaciones

202

187

202

Nota: Errores estándar robustos. * Significancia al 10%; ** significancia al 5%; *** significancia al 1%

TABLA N° 7: TÉRMINO DE LOS JUICIOS PRESENTADOS ANTE EL TDLC

Término del caso

Total juicios

Participación Fiscalía

Casos

%

Sí

%

No

%

Retiro

9

5

0

0

9

7

Archivo

33

17

2

4

31

23

Conciliación

22

12

6

11

16

12

Fallo absolutorio

73

39

17

31

56

42

Fallo condenatorio

50

27

30

55

20

15

Subtotal fallos

123

66

47

85

76

58

Total

187

100

55

100

132

100

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 8: ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES QUE INCIDEN EN EL RESULTADO DEL JUICIO

Variable dependiente:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Resultado favorable al demandante

(fallo condenatorio)

Fiscalía se hace parte del juicio

(instrumentalizado)

1.23

1.20

1.15

2.66

2.66

2.66

2.66

2.58

2.59

[0.23]***

[0.253]***

[0.254]***

[0.285]***

[0.318]***

[0.295]***

[0.351]***

[0.301]***

[0.363]***

Primera etapa (var. dep.: Fiscalía

se hace parte del juicio)

Mercado sensible

0.15

0.14

0.16

0.15

0.16

0.14

[0.060]***

[0.061]**

[0.062]**

[0.063]**

[0.063]**

[0.066]**

Demandado es empresa en bolsa

0.06

0.05

0.06

[0.053]

[0.053]

[0.055]

Demandante es empresa en bolsa

-0.25

-0.24

-0.26

[0.067]***

[0.063]***

[0.076]***

Demanda es por colusión

0.08

0.07

1.12

1.13

1.13

1.12

1.06

1.08

[0.329]

[0.329]

[0.436]***

[0.487]**

[0.455]**

[0.527]**

[0.442]**

[0.529]**

Constante

-0.94

-0.86

-0.82

-2.16

-2.17

-2.16

-2.16

-2.09

-2.10

[0.137]***

[0.344]***

[0.344]**

[0.355]***

[0.383]***

[0.365]***

[0.411]***

[0.368]***

[0.421]***

Observaciones

165

165

156

168

165

165

165

156

156

Muestra

Solo casos fallados

Solo casos fallados

Errores estándar robustos. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

TABLA N° 9: APELACIONES CORTE SUPREMA

Resolución Corte

Fallo

Participación Fiscalía

Suprema

%

Absolutorio

%

Condenatorio

%

Sí

%

No

%

Avenimiento

1

1

0

0

1

2

1

3

0

0

Confirma

63

79

35

88

28

70

28

74

35

83

Revoca

11

14

3

7

8

20

6

15

5

12

En proceso

5

6

2

5

3

8

3

8

2

5

Total fallos

80

100

40

100

40

100

38

100

42

100

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 10: CAUSAS CONCLUIDAS CON FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Término del fallo

Total juicios

Participación Fiscalía

Casos

%

Sí

%

No

%

Fallo absolutorio

78

42

19

35

59

45

Fallo condenatorio

45

24

28

51

17

13

Subtotal fallos

123

66

47

85

76

58

Total

187

100

55

100

132

100

Fuente: Estadísticas TDLC.

TABLA N° 11: ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN EN EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Variable dependiente:

1

2

3

Resultado favorable al demandante en fallo Corte Suprema

Fiscalía se hace parte del juicio

1.23

1.22

1.17

[0.23]***

[0.255]***

[0.256]***

Demanda es por colusión

0.04

0.03

[0.331]

[0.330]

Constante

-1.05

-1.01

-0.96

[0.143]***

[0.347]***

[0.347]**

Observaciones

165

165

156

Muestra

Sólo casos fallados

Errores estándar robustos. * significativo al 10%; ** significativo al 5%;

*** significativo al 1%.

LA APLICACIÓN DE MULTAS A AGENTES ECONÓMICOS EN EL DERECHO CHILENO DE LA LIBRE COMPETENCIA.
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA*

Javier Tapia

Universidad de Chile

Javier Tapia. Abogado, Universidad de Chile; Doctor en Derecho (Ph.D.) University College London (UCL, Reino Unido) y M.Sc. en Regulación, London School of Economics and Political Science. Académico de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Director de Asuntos Jurídicos de la Asociación Gremial de Empresas Generadoras Eléctricas de Chile. Investigador asociado del Centre for Law, Economics & Society (CLES), University College London. Dirección electrónica: jtapia02@gmail.com.

* Agradezco los valiosos comentarios (y críticas) de Francisco Agüero, Juan Cristóbal Gumucio, Carolina Werner y los árbitros anónimos del CEP que revisaron el trabajo, así como la invaluable asistencia de María José Alcalde en una versión preliminar. Cualquier error es de mi exclusiva autoría.

Resumen: La excesiva discrecionalidad con que cuentan hoy las autoridades chilenas para aplicar multas debe y puede ser acotada, cualitativa y cuantitativamente. Este trabajo se enfoca en el segundo aspecto. Procurando no llegar a un extremo ‘mecanicista’, se propone una metodología de cálculo de las multas a ser impuestas a los agentes económicos (que no sean personas naturales) que cometan infracciones a la libre competencia, la cual consta de cuatro etapas: (i) el cálculo de una base en función de las ventas netas del producto efectuadas en Chile, que varía entre el 15% y el 25%, dependiendo de la gravedad de la conducta, sumadas por cada uno de los años que dure la infracción; (ii) el ajuste porcentual de la base en función de agravantes (aumento en hasta el 30%, dependiendo de la causal) y atenuantes (disminución en hasta el 20%, dependiendo de la causal); (iii) el ajuste al máximo legal; y (iv) eventualmente, la aplicación de una rebaja por el programa de delación compensada. A juicio del autor, sólo la tercera parte requiere cambio legal, para lo cual se propone modificar el actual sistema de suma fija (en UTA) por uno basado en un porcentaje: el 10% de la facturación total neta de la firma.

Palabras clave: libre competencia, multas, metodología.

Clasificación JEL: K21, L49, L98.

Recibido: enero 2013; aceptado: julio 2013.

SETTING FINES FOR UNDERTAKINGS IN CHILEAN COMPETITION LAW: A PROPOSAL OF METHODOLOGY

Abstract: The excessive discretion of Chile’s public authorities to set fines in competition matters may and should be restricted —from both a qualitative and a quantitative perspective. This work focuses on the latter aspect. Avoiding a ‘mechanical’ approach, it proposes a four-stage methodology to set fines for undertakings that engage in anticompetitive conduct, which entails (i) a base fine of 15-25% of the net sales of the product in Chile, depending on the gravity of the conduct, for each of the years of the infringement; (ii) a percentage adjustment to reflect any aggravating factors (up to a 30% increase in the base amount depending on the circumstances) and mitigating factors (up to 20% decrease in the base amount depending on the circumstances); (iii) any necessary adjustment based on the legal maximum fine allowed; and (iv) any applicable adjustments under the leniency programme. In my opinion, only the third stage requires amendments to the Competition Act. I propose changing the actual system, which caps fines based on a fix amount, to a system that imposes a 10% cap based on the net total sales of the undertaking.

Keywords: competition law, fines, methodology.

JEL Classification Codes: K21, L49, L98.

Received: January 2013; accepted: July 2013.

1. Introducción

El Decreto Ley N° 211 de 1973 (DL 211) autoriza al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) imponer diversas medidas sancionatorias a aquellos agentes económicos que incurran en alguna conducta que sea declarada contraria a la libre competencia[1]. Dentro de esas medidas, señaladas en el artículo 26°, se incluye la aplicación de multas, la principal sanción legal en la materia[2]. El mismo artículo establece además algunos criterios para determinar el valor final de la multa, el cual está sujeto a un máximo legal permitido que varía en razón de la infracción cometida[3].

De manera reciente, han surgido opiniones públicas argumentando que los actuales parámetros legales serían suficientes y que no sería posible establecer ‘fórmulas matemáticas’ precisas para determinar una multa. De hecho, el propio presidente del TDLC afirmó en la prensa que establecer tales fórmulas sería un “grave error”[4]. Válidas como ciertamente lo son, en lo personal no concuerdo con estas afirmaciones. Más aún, como mostraré, existe buena evidencia nacional y comparada para sostener que ellas no son enteramente correctas. Si bien es cierto que la determinación de una multa tiene siempre un componente discrecional (e incluso hay razones para afirmar que es bueno que ello sea así[5]), no siendo viable establecer una formulación exacta para fijar el monto adecuado en un caso concreto, en la práctica sí es posible acotar bastante el ámbito de discrecionalidad mediante la adopción explícita de una metodología cuantitativa que haga más objetivo el cálculo del valor final a pagar. Esta metodología debiera complementar el necesario análisis cualitativo de la multa, el cual tiene por objeto no sólo reflejar el estado y características de la industria, sino también proveer una justificación para el método y parámetros escogidos.

Las consecuencias positivas de cuantificar los criterios son importantes. Un menor espacio de discreción por parte del TDLC podría verse reflejado, por ejemplo, en una disminución de la litigación especulativa vía recurso de reclamación ante la Corte Suprema, liberando de este modo importantes recursos administrativos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) e incrementando la disuasión[6] —el principal objetivo a alcanzar en materia sancionatoria en libre competencia[7]. Asimismo, es posible adecuar la multa a la capacidad económica de las firmas, o simplemente ajustarla de mejor manera a la conducta anticompetitiva en la que ha incurrido el agente.

Sin embargo, la práctica actual en materia de multas produce la pérdida de estos beneficios. Actualmente, es prácticamente imposible determinar a priori, de un modo general, en qué medida influirá cada criterio en el monto final de la multa; ni tampoco establecer a posteriori cómo un determinado criterio fue balanceado en el caso concreto. Esto contraviene las poderosas razones que indican que los organismos de defensa de la competencia debieran no sólo justificar sus decisiones en materia de multas (esto es, dar a conocer la razón que subyace a la aplicación de un determinado monto), sino también explicitar los criterios que utilizan en el cálculo[8]. El sistema, tal y como es hoy aplicado, es altamente discrecional, insuficientemente predecible y carente de transparencia. En los hechos, resulta bastante similar a lo que la doctrina denomina “discretionary remedialism”: “la visión de que [las autoridades de competencia] tienen discreción para establecer el remedio apropiado [o, en este caso, la sanción apropiada] en las circunstancias de cada caso individual”[9].

Al menos el aspecto cuantitativo —en el cual se enfoca este trabajo— ha sido largamente soslayado hasta hoy por los tribunales[10]. En sus fallos, tanto el TDLC como la Corte Suprema sólo hacen una simple y vaga mención a los parámetros legales al momento de establecer una multa, sin explicitar la forma de ponderarlos[11]. Si existe un procedimiento más acabado, él ha permanecido hasta ahora en el plano interno. Esta práctica es inadecuada, pues en el DL 211 los parámetros no sólo son escasos e insuficientes por sí mismos como justificación de un monto, sino que constituyen meros enunciados carentes de un peso específico conferido por la ley. Es precisamente este ‘peso’ el que las autoridades encargadas de sancionar debieran explicitar en cada caso concreto. En otras palabras, los conceptos de textura abierta que contiene la ley debieran ser llenados con definiciones cuantitativas serias, concretas y consistentes que permitan fundar de mejor manera las peticiones y/o sentencias.

El problema se ve agravado por la forma de presentación de las demandas y la falta de aportes de la doctrina. Por una parte, tanto los particulares como la FNE debieran dar en sus escritos una fundamentación más explícita, tanto cualitativa como cuantitativa, a sus peticiones en materia de multas. Por otra parte, a diferencia del derecho comparado, donde se han dedicado numerosos e importantes trabajos a los cruciales temas sancionatorios[12], hasta ahora las contribuciones en el derecho chileno son escasas[13]. Una metodología cuantitativa es compleja y abundante en parámetros y definiciones, por lo que requiere de un estudio acabado de los diversos trade offs que se generan y de las consecuencias de optar por una determinada alternativa[14].

En este contexto, en el presente trabajo propongo una metodología de cálculo de multas basada en criterios económicos objetivos, claros y probados internacionalmente para determinar el monto de las sanciones monetarias a ser aplicadas a los agentes económicos en un caso concreto[15]. Por cierto, la originalidad no es mi objetivo[16]. Tanto la doctrina como la jurisprudencia comparadas han analizado y especificado el contenido de varios criterios para determinar el monto a pagar, los cuales he adoptado como base de la propuesta. Asimismo, más allá de diferencias particulares, existe hoy una metodología relativamente estandarizada, establecida en múltiples legislaciones, cuya finalidad es que las agencias de competencia apliquen multas de un modo menos discrecional, la cual es aquí recogida y adaptada al caso chileno[17].

Ni la metodología ni los criterios aquí presentados debieran causar una real controversia desde un punto de vista de la aplicación de la política pública de competencia. De hecho, sólo un aspecto requiere cambio legal. En principio, los demás pueden ser recomendados por la FNE y aplicados por el TDLC, ya sea a través de una guía, la primera[18], o un auto acordado, el segundo; sujetos ambos siempre al límite institucional relativo a sus respectivas atribuciones y roles[19]. Con todo, algunas de las propuestas son más sencillas de implementar que otras, por lo que no planteo que todas ellas deban ser adoptadas al mismo tiempo. Por el contrario, la implementación de cada una de ellas —por separado— permitiría ir superando, al menos parcialmente, los problemas del sistema actual de cálculo de multas y mejorar así el régimen de sanciones chileno en el área de la libre competencia[20].

El resto del trabajo está organizado de la siguiente forma. La segunda parte explica con más detalle la dificultad de determinar el beneficio económico de una infracción a la libre competencia y la consecuente necesidad de utilizar proxis cuantitativos. Enseguida, la parte tres detalla las dos falencias actuales del sistema: la falta de criterios objetivos y la forma en que actualmente está establecido el máximo legal. La parte siguiente describe la metodología propuesta, que consta de tres pasos más uno eventual. La parte 5 y final concluye.

2. El problema básico: La dificultad de determinar el beneficio económico

Quizás el principal argumento para no adoptar una metodología objetiva de cálculo de multa dice relación con la dificultad de determinar el daño a los consumidores (y a la economía). Este daño incluye no sólo factores asociados al precio, sino también otros no cuantificables con facilidad, tales como una merma en la calidad del producto o servicio o el llamado ‘efecto paraguas’ en materia de carteles, entre otros[21]. Por tanto, él resulta imposible de determinar sin contar con un extenso análisis de datos.

La dificultad en parte se aminora si lo que se calcula es directamente el beneficio económico para el infractor, el cual corresponde a la utilidad adicional esperada que emana del comportamiento ilícito. Entre otros, esta utilidad puede derivar, por ejemplo, de un aumento en la participación de mercado de la firma producto de ese comportamiento; de la venta de productos o servicios prohibidos; o del ‘ahorro’ de costos directamente relacionados con el incumplimiento (éste sería el caso de aquellos costos que son evitados por el infractor durante el período de infracción o de aquellos necesarios para cumplir con cierta normativa y en los cuales el infractor no incurre). A su vez, la utilidad adicional es generalmente aproximada al sobreprecio del bien o servicio[22]. Para calcular este último, es necesario estimar el precio que hubiera primado en el mercado si no se hubiera desarrollado la conducta ilícita (por ejemplo, si no hubiera existido un cartel) durante el período de tiempo en que ella se desarrolló, lo que es conocido como el precio but for[23].

Existen diversos métodos económicos alternativos para efectuar el cálculo[24]. Por ejemplo, existe la alternativa de comparar el período de la infracción con uno anterior o uno posterior en el cual, se presume, no está presente la conducta anticompetitiva (éste es el llamado before-and-after method)[25]. Asimismo, es posible utilizar diversos modelos de comparación o yardstick methods, mediante los cuales es posible modelar el mismo período infraccional (por ejemplo, un período colusorio) ‘como si’ la conducta anticompetitiva no se hubiera llevado a cabo, para luego comparar los resultados; o, de modo similar, puede compararse el precio que prevalece en un mercado diferente, similar a aquel donde se produce la infracción, pero que se presume competitivo[26]. En fin, otras técnicas utilizadas incluyen el uso de simulaciones de precios competitivos y colusivos a partir de un modelo estructural; el uso de modelos de competencia que relacionan el precio con la estructura de la industria con el objeto de derivar analíticamente el efecto de pasar de un estado de competencia a uno de no competencia; y el método de cost-plus, según el cual el precio but for se construye agregando un cierto margen a los costos de la firma.

En la práctica, todos los métodos presentan limitaciones intrínsecas que hacen que el cálculo del sobreprecio sea extremadamente complejo[27]. Todos ellos se basan en cierto grado de especulación y requieren de la construcción de supuestos. Estos últimos, a su vez, dependen en gran medida del nivel de información que se posea (la cual puede incluso estar disponible mucho tiempo después de cesada la conducta)[28] y de las particularidades de un determinado caso (como el mercado relevante). En ocasiones incluso puede ser necesario usar más de un método, combinarlos o construir marcos de estimación. En fin, los tests econométricos siempre requieren de prueba acerca de cuán robustos son. Al mismo tiempo, idealmente el análisis cuantitativo debiera ser complementado con un detallado análisis cualitativo que refleje el estado y características de la industria y provea una justificación para el método y parámetros escogidos.

Todo lo anterior implica una pesada carga administrativa. Esto hace que el cálculo concreto de daños, a pesar de utilizar técnicas relativamente precisas para cuantificar el impacto de una infracción, se encuentre en la práctica mayoritariamente restringido al ámbito de la litigación privada (fundamentalmente en Estados Unidos, aunque con una creciente importancia en Europa y otros países) o en trabajos académicos[29].

En Chile, si bien la jurisprudencia no ha podido soslayar el beneficio económico como criterio de determinación, por cuanto se encuentra expresamente establecido en el DL 211, ella no ha logrado entregar pautas claras para su determinación —lo que es del todo esperable atendidas las complejidades de cálculo antes indicadas[30]. Esto es posible de ser subsanado. En mi opinión, debiera emplearse un sistema basado en aproximaciones, similar al utilizado por otros organismos de defensa de la competencia en el derecho comparado. Este sistema, como veremos, normalmente da inicio al proceso de cálculo de una multa con la adopción de un cierto valor de referencia que es equiparado, en el plano teórico, al beneficio económico obtenido por el infractor.

3. Dos problemas adicionales del sistema chileno

Sumado a la dificultad de determinar el beneficio económico, el sistema chileno actual de cálculo de multas adolece de al menos otras dos importantes deficiencias. Primero, los criterios consagrados en el artículo 26° del DL 211 constituyen simples enunciados que no clarifican de manera suficiente cómo debe ser establecida una multa en la práctica, ni mucho menos objetivan el cálculo (3.1). De hecho, en más de una ocasión la propia Corte Suprema ha criticado la aplicación de multas realizada por el TDLC[31]; aunque, más allá de las críticas, ella tampoco ha contribuido a dar la certeza necesaria mediante el establecimiento de criterios precisos[32]. Segundo, el máximo aplicable expresado en la ley no resulta compatible con los objetivos del derecho de la libre competencia y puede, en ocasiones, resultar insuficiente para disuadir a potenciales infractores de incurrir en conductas ilícitas (3.2).

3.1. Carencia de criterios cuantitativos para el cálculo de las multas

El artículo 26° letra c) del DL 211, en su inciso final, indica cuatro criterios para determinar la multa. La lista no es, por cierto, exhaustiva: cada uno de ellos subsume diversas circunstancias que han sido esgrimidas en casos concretos para fundamentar una multa determinada[33]. Un primer problema es que esto ha sido hecho de una forma relativamente indeterminada y carente de sistematización, lo que da lugar a excesiva incertidumbre. Con todo, más determinante aún resulta el hecho que tampoco exista, hasta hoy, en los casos concretos resueltos por el TDLC, referencia alguna a los parámetros que se utilizan para cuantificar cada uno de esos criterios.

Por ejemplo, en Guerra del Plasma la Corte Suprema decidió que la duración de la conducta considerada por el TDLC no se condecía con el monto condenado y procedió a rebajar de manera importante la multa[34]. Sin embargo, no indicó parámetro alguno que permitiera dilucidar cómo fue calculado el monto en que en definitiva aquella fue disminuida. En otras palabras, ¿qué justificó la rebaja impuesta en ese caso específico y no otra cifra por concepto de ‘duración’?

Lo mismo se repite en la jurisprudencia respecto de otros criterios. Por ejemplo, el TDLC ha reiterado en varias ocasiones que la colusión es la más grave infracción a la libre competencia[35], pero no ha instaurado un parámetro que permita establecer cuánto debe elevarse la multa por este factor. De modo similar, no hay un criterio que permita determinar cuánto ‘pesa’ la reincidencia o la gravedad de la conducta en el cálculo específico de una multa, aunque ambos son comúnmente mencionados en los fallos. El resultado es un sistema que fomenta la discrecionalidad, conlleva el germen de la arbitrariedad, aminora la predictibilidad de las decisiones y atenta contra la claridad de las reglas.

3.2. Problemas respecto de la multa máxima legal

La segunda deficiencia del actual sistema dice relación con la multa máxima. El DL 211 permite al TDLC aplicar multas hasta por un máximo de 20 mil unidades tributarias anuales (UTA) o, en el caso de las conductas colusorias, hasta un máximo de 30 mil UTA[36]. El problema es que si bien el máximo a pagar por concepto de multas debe siempre tener un tope (en virtud del principio de proporcionalidad), existen serios inconvenientes asociados a la forma en que está establecido ese máximo en nuestra legislación.

En efecto, existen muy pocas legislaciones que establecen un monto determinado[37]. Existen muy atendibles razones que explican esto. Primero está la sencilla razón que aquél puede quedar rápidamente obsoleto con el paso del tiempo y/o la dinámica de los mercados, aun cuando se incorpore un mecanismo de indexación como en el caso del DL 211[38]. Segundo, un monto expresado en valores monetarios predeterminados está fijado independiente de la situación económica de la infractora y/o su posición en el mercado. Por esto, las empresas de menor tamaño[39] podrían verse enfrentadas a pagar altas sumas de dinero que no se condicen con su situación económica[40]; o, a la inversa, en el caso de aquellas firmas con alta facturación el monto fijo aumenta la probabilidad de que el pago de la multa les sea indiferente, especialmente si ellas han obtenido mayores beneficios que los reflejados en la multa.

La pregunta es cuál debiera ser el nivel de la multa si no se establece un monto fijo. Un extendido argumento en nuestro derecho, en favor del sistema actual indica que las multas contempladas en el DL 211 ya son las más altas establecidas en la legislación chilena en el ámbito económico[41], y que si se cambiara por otro sistema ellas podrían aumentar aún más[42]. Sin embargo, lo importante no es el monto, sino si él permite alcanzar un adecuado nivel de disuasión. Considerando esto, existen buenas razones para pensar que en Chile la disuasión no es adecuada; incluso si el argumento indicado fuese cierto[43]. Esto, por cuanto los beneficios derivados de acciones anticompetitivas son en algunos casos probablemente más altos que la multa máxima actual[44] y, segundo, porque la probabilidad de detección parece ser aún baja en nuestro derecho[45]. De esto no se sigue, por cierto, que las multas deban aumentar exponencialmente, sino que ellas deben ser parte de una política sancionatoria diseñada adecuadamente, incorporando otros mecanismos de disuasión[46] y balanceando esta última con la necesidad de poner un tope a la multa en virtud de la proporcionalidad requerida por los principios básicos del derecho infraccional.

La solución requiere de una reforma legal al sistema de cálculo de la multa máxima. Para estos efectos, es aconsejable utilizar alguno de los dos métodos de más extendido uso en otras legislaciones[47]. El primero, excepcional en el derecho comparado, confiere al tribunal u órgano administrativo que impone la multa la facultad de fijar el monto máximo aplicable, decidiendo caso a caso, normalmente en atención a la capacidad económica del agente sancionado. El segundo, adoptado en la mayoría de las legislaciones, utiliza como máximo un porcentaje de la facturación, ventas u otra medida de los ingresos del agente infractor[48]. Por cierto, es también posible considerar modelos mixtos[49].

En favor del segundo método está el hecho de que la imposición de la multa no pone en peligro —por regla general— la solvencia del agente económico condenado, pues aquella será siempre proporcional al tamaño de alguna medida económicamente relevante de la firma. Asimismo, se evita el riesgo de obsolescencia y se superan los problemas de falta de disuasión. Es precisamente este método el que propongo sea incorporado por vía legal en nuestra legislación, para ser aplicado en la forma que detallo más adelante[50].

4. La solución: Una propuesta de metodología

Para superar los problemas indicados, en esta sección presento una propuesta metodológica para calcular la multa a aplicar en un caso concreto. Ella se basa en la premisa de que las sanciones en materia de libre competencia son, en esencia, una técnica regulatoria, un medio para normar actividades económicas dentro de un sistema económico de mercado, y en este contexto deben ser primordialmente entendidas y analizadas[51]. Por tanto, la metodología busca, ante todo, disuadir conductas ineficientes.

La metodología incorpora una serie de opciones explícitas cuyo fundamento es explicado en cada caso[52]. Aun así, se debe considerar que nunca será posible ni conveniente determinar, con total certeza y de manera anticipada, el monto que corresponderá pagar por concepto de multa. En todo método, para determinarla existe un factor que se decide caso a caso, pues el efecto disuasivo y el valor que se otorga a éste será siempre una cuestión casuística. Asimismo, cierto grado de incertidumbre es positivo en esta materia, pues evita que las firmas ‘calculen’ el precio por cometer infracciones. Por lo tanto, una propuesta de método de cálculo de multas sólo puede aspirar a proveer de manera anticipada el posible rango de aplicación[53].

En el derecho comparado existe una visión relativamente estandarizada en cuanto a la forma como las agencias calculan las multas que serán impuestas a quienes infringen la normativa. Más allá de diferencias particulares, no sólo las variables usadas al calcular una multa son en general muy similares, sino también lo son las etapas a seguir. Así, el cálculo concreto de la multa comienza generalmente con la determinación de una ‘multa base’, para luego incorporar atenuantes y agravantes y finalmente llegar a la ‘multa final’ luego de efectuados ciertos ajustes. La metodología aquí propuesta utiliza estas mismas etapas.

4.1. Primera etapa: Cálculo de la multa base

El cálculo de la multa base es la primera operación que se realiza para determinar la sanción a pagar. Para calcularla, es necesario, primero, establecer un valor de referencia que será utilizado como parámetro inicial, para luego considerar los factores de mayor importancia en relación con la conducta anticompetitiva: su gravedad (en función de la cual se determina el valor en concreto) y su duración.

4.1.1. Las ventas como valor de referencia

La mayoría de los países utiliza las ventas del bien o servicio relacionado con la infracción, realizadas por el agente infractor durante un determinado tiempo, como valor de referencia para comenzar a calcular una multa[54]. En algunas jurisdicciones estas ventas son consideradas netas, es decir, los ingresos percibidos por la firma en razón de la venta de sus productos relacionados con la infracción en el mercado geográfico relevante, menos el importe por devoluciones, bonificaciones, descuentos e impuestos respectivos. En otras, como la Unión Europea (UE), el valor de las ventas se determina antes de la aplicación del IVA y otros impuestos directamente vinculados con las ventas[55]. Además, en ciertas jurisdicciones, como la europea o en Estados Unidos, se utiliza el valor de las ventas globales de la empresa[56].

El propósito de considerar las ventas en función de los ingresos es objetivizar el criterio legal del “beneficio económico obtenido con motivo de la infracción”, dadas las complejidades de su determinación[57]. Mi primera propuesta, entonces, es utilizar ese mismo valor como referencia, considerando para efectos del cálculo concreto un porcentaje de las ventas netas del producto efectuadas por el agente económico en Chile.

Esta propuesta ya ha sido hecha por la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia (CAPDLC, 2012), la cual indicó que las multas debieran ser establecidas sobre la base del beneficio económico obtenido como consecuencia de la infracción más un monto que actuaría como disuasivo; pero que, sin embargo, en reconocimiento de “las dificultades prácticas que involucra disponer de medidas certeras y oportunas del ‘beneficio monopólico’” (ibíd.: 4), recomendaba al TDLC adoptar una política basada en un porcentaje de las ventas de las firmas participantes en la infracción.

Existen también precedentes del uso de un método similar a éste en la jurisprudencia nacional. En Guerra del Plasma (sentencia 63/08), por ejemplo, el TDLC utilizó, como base para determinar el valor de la multa, el 2% de las ventas anuales de productos electrodomésticos realizadas por medio de la utilización de las tarjetas de créditos de los agentes económicos infractores, percibidas por cada uno de ellos[58]. Al establecer este porcentaje se tomaron en consideración los beneficios económicos de las empresas, los cuales —a decir del TDLC— se vieron reflejados en sus ventas.

Sin embargo, aunque el hecho de considerar las ventas fue una decisión correcta, la forma de aplicar el método por parte del TDLC fue errada. Considerar un porcentaje de las ventas ‘anuales’ es correcto sólo si se está determinando el tope de la multa, no la base[59]. Si lo que se hubiera intentado determinar hubiese sido el tope de la multa, ciertamente se podría concluir que 2% es bajo para el caso de un cartel (que era realmente la conducta del caso)[60]. Pero si lo que se quiso fue calcular la base de la multa, las ventas no debieron haberse considerado anuales, sino en función de la duración de la conducta, y el porcentaje exacto de las ventas netas que debió haber sido utilizado en el cálculo debió considerar la ‘gravedad de la conducta’[61], como veremos a continuación.

4.1.2. La gravedad de la conducta

La gravedad de la conducta es el factor que determina el porcentaje de las ventas netas que será utilizado en el cálculo. La mayoría de los países aplica porcentajes diferentes dependiendo de aquélla. Por ejemplo, en la UE las conductas son clasificadas en diversos grados, a partir de lo cual la Comisión aplica una escala porcentual que alcanza hasta el 30% de las ventas como máximo[62]. Por su parte, Estados Unidos comienza utilizando al menos el 20% del volumen del comercio[63], porcentaje que puede llegar hasta el 40% en atención a la gravedad de la conducta y otras circunstancias[64]. Es importante reiterar que, en esta etapa, se trata de porcentajes aplicados a las ventas asociadas al producto y no a las ventas anuales totales, que son —como se verá— las que se utilizan para calcular el máximo de la multa.

Mi segunda propuesta es que el porcentaje de las ventas que se aplique por gravedad de la conducta varíe entre 15% y 25% de las ventas netas afectadas. Para estos efectos, propongo dividir la gravedad de la conducta en tres categorías:

i. Conductas de mediana gravedad: aquí se incluye la conducta descrita en el artículo 3° letra c) del DL 211, sólo en lo que respecta a competencia desleal, y la contravención a órdenes y resoluciones. A esta categoría se le aplicaría el porcentaje mínimo, esto es, el 15% de las ventas afectadas, sin perjuicio de aumentos en atención a las circunstancias del caso en particular.

ii. Conductas graves: se incluyen en esta categoría la conducta descrita en el artículo 3° letra b) del DL 211 (referida a abusos de posición dominante) y la conducta descrita en el artículo 3° letra c) del DL 211, en lo referido a prácticas predatorias. Mi propuesta es que en estos casos se aplique desde el 20% de las ventas afectadas, porcentaje que aumentaría hasta el 25% en atención a las características específicas de la conducta.

iii. Conductas gravísimas: conductas colusorias, sean perseguidas por vía del artículo 3° letra a) del DL 211 o por vía del inciso primero del mismo artículo. Mi propuesta es que en estos casos se aplique siempre el porcentaje máximo, esto es, el 25% de las ventas afectadas.

Nótese que el rango propuesto en este último caso asume que el beneficio económico medio de un cartel es cercano al 13%[65], correspondiendo el porcentaje restante a una mezcla de la gravedad de la conducta en sí misma, como al efecto disuasivo[66].

El porcentaje de las ventas netas afectadas que corresponda según el caso debe ser aplicado de acuerdo al tiempo de duración de la conducta. Como veremos a continuación, existen diversas maneras alternativas de incorporar dicho tiempo.

4.1.3. La duración de la conducta[67]

La duración de la conducta puede ser incorporada en el cálculo en dos momentos: primero, como atenuante o agravante, una vez que la multa base ya ha sido calculada[68]; segundo, ella puede ser utilizada, durante esta primera etapa, como variable para determinar el proxi del beneficio económico reportado por el agente infractor. La mayoría de las jurisdicciones comparadas sigue esta última tendencia, y mi propuesta en este caso es hacer lo mismo.

Cuando la duración es considerada para calcular la multa base, ella puede ser aplicada de dos maneras diversas:

— Primero, los años de duración de la conducta pueden ser multiplicados por el porcentaje que corresponda (de acuerdo a la gravedad) de las ventas del producto efectuadas durante el último ejercicio comercial en que el agente económico tuvo participación en la infracción[69].

— Alternativamente, las ventas efectuadas durante cada uno de los años que duró la infracción pueden ser sumadas[70].

Esta diferencia matemática produce una gran diferencia práctica[71]. El principal problema del modelo de multiplicación es el carácter arbitrario del indicador, pues el último año puede no ser representativo de los beneficios económicos del agente requerido derivados de la infracción[72]. En cambio, el método alternativo de sumar las ventas busca reflejar de mejor manera la realidad, aunque requiere de un mayor nivel de información que, en la práctica, podría no estar disponible. Desde este punto de vista, el método de multiplicación parece ser más práctico. Aun así, atendidos tanto la menor discrecionalidad que produce como el hecho que la información más relevante para estos efectos (esto es, el monto de las ventas) está generalmente disponible, mi propuesta es utilizar el método de suma.

Asimismo, en mi opinión la duración no debiera estar limitada a un número máximo de años aplicable en el cálculo fijado de forma arbitraria, sino que se debiera tomar en consideración el número exacto de años que perduró la infracción (o el que pueda probarse en el caso concreto, con el límite de los plazos de prescripción). Para esto, la tendencia mundial es aproximar. Así, toda infracción que haya sido menor que un año, sin importar el número de meses, es generalmente considerada que ha durado uno completo. Sobre el año, se aproxima al tiempo superior si han transcurrido más de seis meses del año respectivo, o al tiempo inferior en caso contrario.

4.1.4. El efecto disuasivo

Finalmente, varias legislaciones incorporan el efecto disuasivo como una variable distinta dentro de la multa base; la cual sólo tiene relación con las políticas de competencia y el ‘mensaje’ que se desea enviar a las demás firmas del mercado. En este caso, el valor de referencia, calculado en función de la gravedad y la duración de la conducta, puede verse aumentado en cierto porcentaje que se explica únicamente en la necesidad de desincentivar a las demás firmas a cometer conductas anticompetitivas.

Por ejemplo, en la UE la Comisión puede agregar entre 15% y 25% del valor de las ventas sólo como medida disuasiva[73]. Esta cifra, conocida como entry fee, se suma a la ya obtenida previamente. Con todo, a diferencia de esa cifra, el entry fee no se multiplica por el número de años de participación en la infracción. De manera similar, en Alemania es posible que la autoridad de competencia multiplique hasta por dos la multa base sólo en razón del efecto disuasivo. En cambio, a diferencia de estos ejemplos, en Estados Unidos el efecto disuasivo se encuentra ya incorporado, de forma previa, en el porcentaje del “valor del comercio” inicial a ser aplicado (es decir, en el valor de referencia), el cual, según lo explicado previamente, varía entre 20% y 40%.

En mi opinión, el efecto disuasivo no debe ser utilizado como variable separada al momento de determinar la multa, sino que debe ser considerado al determinar el porcentaje de gravedad. Existen dos razones centrales que justifican esta opción. La primera es que el arbitrio es insalvable: no existe modo de calcular el porcentaje requerido para disuadir. Sin embargo, al acotar el rango porcentual de las ventas que será considerado, aquél es en gran medida controlado. La segunda razón es práctica: la multa máxima está actualmente establecida en UTA en el DL 211 y, por tanto, mientras no se modifique el DL 211, aplicar un monto alto por efectos disuasivos implicaría que la multa final muchas veces supere dicho límite. De todos modos, la multa final del modelo propuesto en este trabajo debiera reflejar un monto cercano o mayor que los beneficios económicos obtenidos por el agente infractor (a excepción del caso en que este último tenga una muy alta facturación total).

4.2. Segunda etapa: Aplicar agravantes y atenuantes

El segundo paso para calcular la multa consiste en ajustar la multa base considerando atenuantes y agravantes. Al respecto, recuérdese que mientras la FNE solicita una determinada sanción a través de sus requerimientos, corresponde al TDLC (y eventualmente a la Corte Suprema) la determinación concreta de la sanción. Por tanto, si bien los criterios agravantes pueden ser aplicados por cualquiera de estos organismos, no parece que sea la FNE la que, en su calidad de órgano persecutor, deba aplicar atenuantes en su solicitud de multas, siendo sólo el TDLC el encargado de considerarlas en la determinación[74].

4.2.1. ¿Qué circunstancias agravantes y atenuantes se deben considerar?

Como hemos visto, de los criterios expresamente mencionados en el artículo 26° del DL 211, tanto el beneficio económico como la gravedad de la conducta ya se encuentran incorporados a través del cálculo de la multa base. El de la reincidencia es, entonces, el único que debe ser considerado en esta etapa.

Asimismo, dado que el mencionado artículo deja abierta la posibilidad de incorporar más circunstancias, mi propuesta es que también se consideren expresamente otras agravantes. Estas últimas varían entre un país y otro. Sin embargo, aparte de la reincidencia, hay ciertos factores considerados graves por la mayoría. Entre ellos están el que el agente económico sea instigador de la conducta; el entorpecimiento de la investigación y/o a la justicia[75]; el intentar controlar/monitorear el cumplimiento de la conducta; la participación en ésta de un alto ejecutivo (o de quien posea una ‘autoridad sustancial’) o de directores[76]; continuar con la conducta después de estar en conocimiento de que se inició una investigación en su contra; adoptar medidas vengativas y/o represalias comerciales en razón de que otra firma ha cooperado o entregado información durante la investigación; etc.

Existe una causal en particular, inexistente como tal en el derecho comparado, cuyo uso ha tenido cierta acogida en nuestra práctica jurídica: la importancia del mercado afectado. En mi opinión, el peligro central de acogerla es que su uso implica establecer valoraciones subjetivas respecto de la jerarquía de un determinado bien o servicio. No es claro, por ejemplo, si la relevancia se determina en base al nivel de consumo, al valor económico o a otro criterio (como por ejemplo una supuesta mayor valoración ‘social’)[77]. Además, acogerla en casos de carteles implica entregar el mensaje de que estos últimos resultan más reprochables en ciertos mercados que en otros, cuestión que contraviene no sólo la teoría económica, sino los fundamentos de una correcta política pública en la materia. Quizás una forma de entender la causal de manera más adecuada sería atendiendo al riesgo que presenta la conducta para la integridad o continua existencia de un mercado, cualquiera que éste sea. Esta interpretación es sustancialmente distinta de la anterior, menos subjetiva, y busca precisamente proteger el pilar fundamental del derecho de la competencia y la economía de mercado.

Por su parte, en materia de atenuantes, el artículo 26° inciso final del DL 211 acoge únicamente la cooperación que realiza la empresa en la investigación. Sin embargo, el TDLC ha aceptado otras, lo mismo que hacen tanto la legislación como la doctrina comparada, aunque en general son menos las hipótesis que hacen procedentes las atenuantes que las agravantes. Por ejemplo, también es considerado el hecho de poner fin a la conducta/infracción al momento de saber que se le está investigando por ésta[78] y el haber tenido una limitada participación en la infracción[79]. Otras jurisdicciones incluyen la autodenuncia y la aceptación de responsabilidad.

El valor de una circunstancia atenuante se determina caso a caso, en base a cuánto el agente económico cooperó y la utilidad de la colaboración. Es decir, las atenuantes se aplican conjuntamente con la cooperación. La regla es que sólo se apliquen si el agente económico ha prestado una cooperación significativa con la investigación; esto es, cuando brinda información necesaria y útil durante la investigación de manera espontánea y voluntaria, no proveniente de la aplicación del Programa de Delación Compensada del artículo 39° bis del DL 211 (en caso de carteles)[80]. Qué tipo o cuánta cooperación se consideran significativas son cuestiones que se deberán decidir caso a caso en atención a los antecedentes.

Finalmente, consistente con las recomendaciones mundiales más avanzadas y con la práctica más actual de la FNE (2012), propongo incluir el uso de programas de cumplimiento como una atenuante. En este caso, correspondería al TDLC considerar la tenencia del programa ya sea por sí mismo o como “colaboración antes de la investigación”, en los términos del artículo 26° inciso final del DL 211[81]. Obviamente, para que ello sea posible, el programa debiera cumplir con las características mínimas que aseguren su efectividad y seriedad, las cuales han sido, por ejemplo, claramente indicadas por la FNE (2012). La carga de la prueba recae siempre en la firma, quien deberá presentar la correspondiente ‘defensa de cumplimiento’.

4.2.2. ¿Cómo se aplican cuantitativamente las circunstancias agravantes y atenuantes?

Existen diversos métodos para aplicar las agravantes y atenuantes durante el cálculo de la multa. En EE.UU. se aplica un ‘puntaje de culpabilidad’ del agente económico. Así, a cada agravante y atenuante se le asigna un puntaje, que va desde 0,05 como mínimo a 4,0 como máximo[82], el cual luego se multiplica por la multa base. Los jueces son libres de determinar el monto definitivo de la multa entre el rango mínimo y máximo resultante de la aplicación del multiplicador a la multa base. No obstante, las Cortes pueden desviarse hacia arriba o hacia abajo del rango si concurren algunos factores especiales, incluyendo el riesgo que presenta la conducta para la integridad o continua existencia de un mercado, si la organización es un organismo público, o si excepcionalmente se determina que la culpa recae en la organización.

Otro modelo varía porcentualmente la multa base en relación con las agravantes y atenuantes. Por ejemplo, en la UE la agravante de reincidencia permite aumentar la base hasta en 100%. Lo central es que, luego, las demás circunstancias serán aplicadas de forma acumulativa, es decir, sumándolas. Por tanto, siguiendo con el ejemplo, la siguiente agravante o atenuante se aplicará porcentualmente a partir de la multa base ya aumentada por la reincidencia. En definitiva, el resultado será más alto que el que se obtendría con la aplicación de todas las agravantes de una sola vez.

No obstante, el sistema de puntajes y el de porcentajes son en la práctica similares en varios aspectos. Por ejemplo, los límites máximos pueden ser iguales en uno y otro caso. Asimismo, en ambos casos no es facultativo el aplicar o no la circunstancia agravante o atenuante de que se trate, pero las circunstancias y características del caso determinarán qué porcentaje o puntuación debe aplicarse en definitiva. Con todo, ciertas diferencias son importantes de considerar. Así, mientras el sistema de puntuación es menos discrecional, el sistema de porcentaje confiere una mayor flexibilidad en el rango de posibilidades de ajuste de la multa (por ejemplo, mientras el primero da la posibilidad de modificar la multa en 0%, 10%, 20% o 30%, el segundo permite toda posible aplicación entre 0 y 30%).

En este caso, mi preferencia es por un sistema de porcentajes, según el cual el máximo aplicable en el caso de las agravantes será un aumento de hasta 100% de la multa base y en el caso de las atenuantes una rebaja de hasta 50% de ella.

En particular, el porcentaje máximo aplicable a cada una de las agravantes que se apliquen a un caso concreto sería el siguiente:

— Reincidencia: aumento de hasta 30% de la multa base[83];

— El agente es instigador de una conducta concertada: aumento de hasta 20% de la multa base;

— Obstrucción de la justicia y/o la investigación: aumento de hasta 20% de la multa base[84];

— Otras: en conjunto, aumento de hasta el 20% de la multa base:

• Riesgo para la integridad o continua existencia del mercado.

• Continuar con la infracción incluso después de conocer formalmente que se le investiga[85].

• Gerentes o directores involucrados directamente en la in-fracción.

• Otras debidamente fundadas.

— Monitoreo y/o control de una conducta concertada: aumento de hasta el 10% de la multa base.

Por su parte, el porcentaje de reducción aplicable a cada una de las atenuantes sería el siguiente:

— Cooperación significativa en la investigación: reducción de hasta el 20% de la multa base;

— Programa de compliance: reducción de hasta el 20% de la multa base; y,

— Otras: hasta el 10% de la multa base[86].

4.3. Tercera etapa: Ajustar la multa al máximo legal

Mi propuesta en esta materia es la única que requiere un cambio legal: en vez de que la multa máxima legal sea un valor fijo, propongo que dicho máximo esté establecido: (i) sobre la base de un porcentaje (ii) definido sobre las ventas totales de la firma (iii) durante un período determinado, (iv) efectuadas en el territorio nacional.

Primero, con relación al porcentaje, propongo establecer como tope de la multa el 10% de la facturación neta (total) del agente económico. Esto es consistente con el derecho comparado, pues, como he adelantado, la gran mayoría de los países no indica un monto determinado sino que utiliza precisamente dicho porcentaje como máximo[87]. Para estos efectos, propongo que por ‘agente económico’ se entienda también la matriz por las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por alguna de sus filiales o subsidiarias, siempre que hayan fallado en asegurarse que éstas hayan implementado un programa de compliance[88].

Enseguida, es importante que el máximo aplicable sea determinado en relación con la facturación neta, pues si la multa base y las demás operaciones de cálculo se realizan en relación con un porcentaje de las ventas, resulta recomendable mantener un criterio similar al momento de establecer un máximo. Nótese, asimismo, que la cifra considerada dice relación con la facturación total del agente, no sólo la relacionada con el producto determinado, que es la utilizada para calcular la multa base.

Tercero, en cuanto al período de tiempo, en algunas legislaciones comparadas el 10% de las ventas netas totales es normalmente calculado en base a las ventas del último año comercial[89]. Se ha criticado que éste sería un período de tiempo arbitrario que no reflejaría ni la situación económica ni financiera de la firma, por lo que se debiera buscar uno más representativo[90]. Sin embargo, la crítica al menos deja dudas desde la perspectiva financiera, pues en la práctica las firmas suelen funcionar precisamente en anualidades para efectos de reparto de dividendos, gestión presupuestaria y otros. Lo que sí parece tener mayor sentido es que dicho período no tiene relación con la infracción cometida. Por esto, consistente con mi proposición en materia de cálculo de la multa base[91], propongo que se tome en consideración todo el período durante el cual se llevó a efecto la infracción.

Finalmente, algunas jurisdicciones no sólo toman en consideración la facturación dentro del ámbito nacional, sino que el porcentaje máximo se calcula considerando la facturación global del agente económico. Este último es el caso de Estados Unidos y de la UE. Sin embargo, mi recomendación es considerar sólo las ventas efectuadas en Chile, pues es probable que si la conducta se ha efectuado a nivel internacional, la firma ya haya sido, o vaya a ser también, sancionada en otras jurisdicciones. De considerarse las ventas mundiales, el principio de proporcionalidad podría verse vulnerado.

Como beneficio conexo, el cambio aquí propuesto permitiría tomar en consideración de mejor manera a las empresas de menor tamaño, al hacer la multa proporcional a la capacidad de pago. A este respecto, algunos economistas han sostenido que una multa podría llevar a una firma a la quiebra[92]. El argumento, sin embargo, es débil. Un pago único por concepto de multa no altera, necesariamente, los retornos futuros esperados de la firma, que son los verdaderos determinantes de su viabilidad en el largo plazo. Recuérdese que, económicamente, la decisión de cierre de una firma depende de sus costos totales; la quiebra puede ser sólo una situación transitoria. El máximo legal de la multa cumple precisamente el rol de prevenir estas situaciones, siempre que diga relación con la capacidad económica[93].

4.4. Etapa eventual: Aplicar la delación compensada (leniency)

Eventualmente, durante el proceso de determinación de la multa, corresponderá aplicar la delación compensada (artículo 39 bis del DL 211). En breve, cuando una firma cumple con las condiciones exigidas por la ley, puede acceder a una exención o rebaja de la multa[94]. Para los efectos de la metodología aquí propuesta, lo relevante es el momento en que debe ser aplicada la delación compensada en caso de rebaja.

En efecto, el resultado es diverso si se considera la delación como atenuante o si se la incorpora en el cálculo después que la multa ha sido ajustada al máximo legal (en caso que proceda tal ajuste). Al recibir aplicación posterior, el programa tiene mayores beneficios para los agentes que colaboraron con la investigación, pues la rebaja es mayor. Por esto, mi propuesta es que, cuando proceda aplicarla, la reducción por delación compensada sea considerada como la etapa final del proceso de determinación de la multa.

Luego de esto, no debería proceder variante alguna que modifique el monto estimado. La multa final es aquella suma que deberá pagar la firma como sanción.

5. Conclusiones

Las bases del derecho de la competencia moderno son eminentemente económicas. Esto es al menos claro cuando se trata del análisis sustancial de las conductas, el cual está basado en sofisticados conceptos teóricos económicos y de organización industrial, que tienen por objetivo determinar si una práctica es anticompetitiva y daña a la sociedad, o si ella es socialmente beneficiosa en razones de consideraciones de eficiencia (u otras)[95].

Sin embargo, las sólidas bases económicas parecen tambalear cuando se trata de determinar en concreto una sanción (y por ende, una multa) en casos de infracción a las normas sustantivas. Por esencia, sea en el plano público o privado, el derecho sancionatorio requiere cuantificación (de daños, beneficios económicos, etc.). Este último acto, a su vez, presenta complejidades empíricas que dejan en evidencia el abismo existente entre teoría y práctica, por una parte, y limitan severamente el aporte del análisis económico en esta materia, por otra. Por una parte, la cuantificación requeriría de análisis extremadamente complejos como para ser aplicados en el contexto de un proceso en un marco de tiempo razonable, aun cuando se litigue frente a un tribunal altamente especializado como en el caso chileno[96]. Por otra, la complejidad puede generar cierta tensión con algunos principios generales del derecho sancionador y la necesidad de que la sanción no sea establecida de manera arbitraria[97]. Todo esto hace que no sea aconsejable aplicar estudios empíricos en materia sancionatoria.

Con todo, lo anterior no implica ‘saltar’ de inmediato a la conclusión de que las sanciones no pueden estar basadas en una cierta metodología que, sumada al desarrollo de criterios cualitativos, otorgue pautas cuantitativas fundadas en sólidos pilares económicos (como en ocasiones se ha sostenido en nuestro derecho). Por el contrario, esto constituye un complemento necesario a las medidas y herramientas introducidas por las reformas más recientes a la institucionalidad de competencia chilena —particularmente, multas más altas a ser aplicadas por el TDLC y mayores herramientas a la FNE para perseguir las infracciones cometidas por agentes económicos.

Las ventajas de la cuantificación son múltiples. Primero, sólo una metodología robusta permite sancionar a una firma infractora con una suma determinada que tenga algún grado demostrable de relación con la conducta anticompetitiva en que ha incurrido. Segundo, si bien es inevitable la existencia de cierto nivel de discreción en materia de multas, la objetivación del cálculo incrementa la disuasión, pues ésta sólo puede ser alcanzada cuando la multa que un agente infractor espera le sea aplicada, en caso de ser descubierta, es clara y predecible. Finalmente, la liberación de recursos que trae aparejada la reducción de la discreción tiene el potencial de incrementar, en paralelo, la probabilidad de detección.

Lamentablemente, bajo nuestro marco jurídico actual, las ventajas son en gran medida inalcanzables si no ocurre un cambio en la práctica jurídica. Este cambio, en la forma que he indicado en este trabajo, tiene sólo un componente legal; los demás pueden ser de inmediata aplicación. Con todo, si bien las propuestas aquí planteadas pueden o no ser acogidas de manera exacta por las autoridades, su propósito es al menos contribuir al debate acerca de la mejor forma de alcanzar un adecuado nivel de disuasión de las conductas anticompetitivas. En este sentido, una metodología de cálculo debiera ser explicitada lo más pronto posible.

Bibliografía

ABA Section of Antitrust Law. Proving Antitrust Damages: Legal and Economic Issues (2a ed.), 2010.

Ashurst. “Study on the Conditions of Claims for Damages in Case of Infringements of EC Competition Rules. Part 2, Analysis of Economic Models for the Calculation of Damages”. Estudio preparado para la Comisión Europea, 2004.

Autorité de la Concurrence. “Notice of 16 May 2011 on the Method Relating to the Setting of Financial Penalties”, 2011.

Becker, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy 76, 1969, pp.169-217.

Birks, Peter. “Three Kinds of Objection to Discretionary Remedialism”. University of Western Australia Law Review 29, 2000, pp. 1-17.

Boyer, Marcel y Rachidi Kotchoni. “The Econometrics of Cartel Overcharges”. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1787632> (última visita: 20 de junio 2011), 2011.

———— “How Much do Cartels Typically Overcharge?” Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2076055> (última visita: 10 de agosto 2012), 2012.

CAPDLC (Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia). “Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia”, julio 2012.

CFC (Comisión Federal de Competencia de México). “Proyecto de Criterios Técnicos para la Imposición de Multas en Materia de Competencia Económica”, abril 2011.

Commerce Act. Nueva Zelanda, 1986.

Connor, John M. “Price-Fixing Overcharge: Revised 2nd Edition”. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1610262> (última visita: 20 de junio 2010), 2010.

Connor, John M. y C. Gustav Helmers. “Statistics on Modern Private International Cartels, 1990-2005”. American Antitrust Institute Working Paper N°07-01, 2007.

Connor, John M. y Robert H. Lande. “How High do Cartels Raise Prices? Implications for Optimal Cartel Fines”. Tulane Law Review 80, 2006, pp. 513-570.

Davis, Peter y Eliana Garcés. Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010.

Elzinga, Kenneth G. y William Breit. “Antitrust Penalties and Attitudes toward Risk: An Economic Analysis”. Harvard Law Review 86, 1973, pp. 693-713.

E.U. Commission. “Directrices para el Cálculo de las Multas Impuestas en Aplicación del Artículo 23, Apartado 2, Letra a), del Reglamento (CE) N° 1/2003”, DOCE 2010, septiembre 2006.

Evans, Simon. “Defending Discretionary Remedialism”. Sydney Law Review 23, 2001, pp. 463-500.

FNE (Fiscalía Nacional Económica). “Informe Anual 2009”, 2010, Santiago.

———— “Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia”. Material de Promoción N° 3, junio 2012, Santiago.

————. “Instructivo Interno para el Desarrollo de las Investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica”, mayo de 2013, Santiago.

Geradin, Damien. “The EU Competition Law Finin System: A Reassessment”. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1937582 (última visita: 28 de noviembre 2012), 2011.

Ginsburg, Douglas H. y Joshua Wright. “Antitrust Sanctions”. Competition Policy International 6 (2), 2010, pp. 3-39.

Hofstetter, Karl y Melanie Ludescher. “Fines against Parent Companies in EU Antitrust Law: Setting Incentives for ‘Best Practice Compliance’”. World Competition 33 (1), 2010, pp. 55-76.

Howell, Beryl A. “Sentencing of Antitrust Offenders: What Does the Data Show?”. Disponible en http://www.ussc.gov/About_the_Commission/About_the_Commissioners/Selected_Articles/Howell_Review_of_Antitrust_Sentencing_Data.pdf (última visita: 28 de agosto de 2013), 2010.

ICN (International Competition Network), Cartel Working Group. “Setting of Fines for Cartels in ICN Jurisdictions”. Informe de “7th ICN Annual Conference Kyoto”. Disponible en: <http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc351.pdf> (última visita: 1 de junio 2011), 2008.

Kneuper, Robert y James Langefeld. “The Potential Role of Civil Antitrust Damage Analysis in Determining Financial Penalties in Criminal Antitrust Cases”. George Mason Law Review 18 (4), 2011, pp. 953-986.

London Economics. “An Assessment of Discretionary Penalties Regimes”. Informe preparado para Office of Fair Trading, OFT 1132. Londres, octubre 2009.

Motta, Massimo. “On Cartel Deterrence and Fines in the European Union”. European Competition Law Review 29 (4), 2008, pp. 209-220.

Mutchnik, James, Christopher Casamassima y Brenton A. Rogers. “The Volume of Commerce Enigma”. Antitrust Source 7, 2008, pp. 1-10.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) “Economic Survey of Chile”, 2010a.

———— “Competition Law and Policy in Chile”, 2010b.

————. “Quantification of Harm to Competition by National Courts and Competition Agencies”. Policy Roundtable, febrero 2011, 2012.

OFT (Office of Fair Trading). “OFT’s Guidance as to the Appropriate Amount of a Penalty”, 2004.

Page, William. “Optimal Antitrust Remedies: A Synthesis”. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2061791 (última visita: 18 de diciembre 2012), 2012.

Posner, Richard. Antitrust Law. The University of Chicago Press (2ª ed.), 2001.

————. Economic Analysis of Law. Wolters Kluwer (7ª ed.), 2007.

Romero, Juan José. “Enforcement, Sanciones y Multas en el Sistema de Libre Competencia Chileno”. En Centro de Libre competencia UC (edit.), La Libre Competencia en el Chile del Bicentenario. Santiago: Thomson Reuters, 2011.

Smuda, Florian. “Cartel Overcharges and the Deterrent Effect of EU Competition Law”. ZEW Discussion Papers N° 12-050, 2012.

Tapia, Javier. “Carácter Anticompetitivo de los Acuerdos Restrictivos de la Competencia en el Sector Retail”. En Paulo Montt y Nicole Nehme (eds.), Libre Competencia y Retail. Santiago: Legal Publishing, 2010.

————. “Increasing Deterrence in Latin American Competition Law Enforcement Regimes”. En Richard Whish y Christopher Townley (eds.), New Competition Jurisdictions: Shaping Policies and Building Institutions. Edward Elgar, 2012.

Tapia, Javier y Santiago Montt. “Judicial Scrutiny and Competition Authorities: The Institutional Limits of Antitrust”. En Sokol, Daniel y Ioannis Lianos (eds.), The Global Limits of Competition Law. Stanford University Press, 2012.

U.S. Department of Justice. “The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement Over the Last Two Decades”. Presentado en The 24th Annual National Institute on White Collar Crime, febrero 2010, Miami, Florida.

U.S. Sentencing Commission. “Guidelines Manual”, § 3 E1.1, noviembre 2012.

Van Cayseele, Patrick, Peter D. Camesasca y K. Hugmark. “The EC Commission 2006 Fine Guidelines Reviewed from and Economic Perspective: Risking Over-Deterrence”. The Antitrust Bulletin 53 (4), 2008.

Veljanovski, Cento. “European Commission Cartel Prosecution and Fines, 1998-2006. An Updated Statistical Analysis of Fines under the 1998 Penalty Guideline”. Disponible en <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1016014> (última visita: 29 de noviembre 2012), 2010.

————. “Deterrence, Recidivism and European Cartel”. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1758639> (última visita: 29 de noviembre 2012), 2011.

Werden, Gregory. “Sanctioning Cartel Activity: Let the Punishment Fit the Crime”. European Competition Journal 5 (1), 2009, pp. 19-36.

Wils, Wouters. “Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice”. World Competition 29 (2), 2006, pp. 183-208.

Notas

1 La literatura señala que, desde el punto de vista de los objetivos del derecho sancionatorio, principalmente la disuasión, los mejores resultados se alcanzan cuando se sanciona tanto a la empresa como a los responsables de la conducta (e.g., Ginsburg & Wright, 2010). En Chile, el artículo 26° letra ‘c’ del DL 211 establece la posibilidad de que las multas sean impuestas también a directores y administradores del agente económico requerido y a toda persona que haya intervenido en el cometimiento de la infracción. Con todo, excede los límites de este trabajo analizar con mayor detalle las sanciones aplicables a personas naturales y su combinación con sanciones corporativas. En este sentido, la expresión ‘agentes económicos’ en este trabajo sólo hace referencia a personas jurídicas, públicas o privadas, actuando en la esfera de sus actividades económicas.

2 El análisis económico de las sanciones concluye que, generalmente, las monetarias son más eficientes que las no monetarias (en especial, la encarcelación). Véase, e.g., Posner (2007: 223-24), Becker (1969) y Elzinga & Breit (1973). Las demás sanciones contempladas en el artículo 26° del DL 211 son no monetarias: modificar o poner término a actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos; y ordenar la modificación o disolución de sociedades y otras personas jurídicas de derecho privado. De manera reciente, la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia (CAPDLC 2012) ha recomendado la incorporación de la inhabilitación como sanción y ha presentado algunas ideas respecto de las sanciones penales. Con todo, de manera concordante con la práctica chilena, en este trabajo asumo que la multa es la más relevante y normalmente la única sanción impuesta por una contravención al DL 211.

3 Véase infra, sección 3.2.

4 Diario Pulso, jueves 26.07.2012: entrevista al presidente del TDLC, p.5.

5 Infra, nota 53 y texto principal.

6 Estos recursos permitirían a la FNE, por ejemplo, monitorear diversos sectores económicos en búsqueda de carteles o implementar nuevos mecanismos que aumenten la probabilidad de detección.

7 En Chile, el TDLC ha reconocido que la disuasión debe ser considerada al momento de fijar las multas: “Que también se considerará, para determinar el monto de la multa, la efectiva disuasión que ésta debe necesariamente tener respecto de las empresas que se sancionarán, así como su objetivo de prevención y disuasión general. […] Así, en todo incumplimiento de la ley en el cual no exista, en términos ex ante, certeza jurídica plena y absoluta de que el ejecutante de tal ilícito será en definitiva sancionado por cometer dicho ilícito, el valor efectivo de la multa a imponerse debe ser superior al beneficio económico obtenido al realizar la conducta ilícita” (Empresas Sanitarias, sentencia 85/09, c°193). En el mismo sentido, de manera reciente la Corte Suprema ha indicado: “Que en lo referente a la determinación de la multa —objeto de impugnación de los tres recursos de reclamación— este Tribunal, coincidente con lo razonado por la sentencia recurrida, considera que la multa debe implicar a CCF al menos un costo mayor al beneficio esperado de haber establecido las barreras artificiales al mercado acreditadas en esta sentencia” (Compañía Chilena de Fósforos S.A., Rol 277-2010, 02.07.2010, c° 22, énfasis agregado). Un tratamiento más extenso de los principios sancionatorios en materia de libre competencia excede los límites autoimpuestos en este trabajo.

8 Iguales razones se aplican (al menos) a otras autoridades regulatorias que imponen sanciones, tales como las Superintendencias.

9 Evans (2001: 463). El término fue utilizado por primera vez por Birks (2000), en el contexto de la restitución.

10 Aunque en menor medida, también el plano conceptual carece de un desarrollo adecuado. Aún más, el razonamiento suele variar de un caso a otro, incluso en circunstancias análogas. Aunque excede los límites de este trabajo analizar los criterios cualitativos, compárese, a título ejemplar, la definición de “gravedad” de las sentencias mencionadas infra, nota 35, con la definición dada en Oxígeno (sentencia 43/2006, c° 97), donde se da a entender que en aquellos casos en que la colusión produce un efecto concreto, el reproche es mayor, lo que es incorrecto.

11 En Achap (sentencia 128/2013), por ejemplo, el TDLC aplicó la multa “prudencialmente” (c° 203).

12 Véanse, entre otros, Geradin (2011); Ginsburg & Wright (2010); Veljanovski (2010); Howell (2010); Werden (2009); Motta (2008); Wils (2006).

13 La revisión más completa es Romero (2011), quien analiza una serie de aspectos teóricos y prácticos relacionados con el diseño del sistema sancionatorio, en general, y con la aplicación de multas, en particular.

14 Por esto, la tímida propuesta de la CAPDLC (2012) —establecer la multa en base a un porcentaje de las ventas— constituye sólo un adecuado e importante punto de partida, pero es incompleta e insuficiente. Por sí sola, ella no permite dar “señales más claras a la comunidad acerca de los criterios” para establecer sanciones, ni tampoco produce “mayor predictibilidad a las decisiones”, dos de los objetivos que el propio informe menciona (p. 14).

15 Con anterioridad he hecho una propuesta similar para el contexto latinoamericano, en Tapia (2012).

16 Los avances del conocimiento son incrementales. Como dice la famosa frase de I. Newton: “if I have seen further, it is by standing on the shoulders of the giants”.

17 Para elaborar este trabajo, he analizado los sistemas de aplicación de multas en alrededor de 25 países, basado fundamentalmente en ICN (2008) y London Economics (2009). Asimismo, he utilizado principalmente las guías de multas de la Unión Europea (EU Commission, 2006), México (CFC, 2011), Francia (Autorité de la Concurrence, 2011) e Inglaterra (OFT, 2004), así como las Sentencing Guidelines (2012) de EE.UU. y los criterios establecidos en la jurisprudencia sudafricana (especialmente a partir de Avengs y otros, caso N°84/CR/Dec09).

18 En el marco de las labores de promoción de la competencia emanadas del artículo 1° del DL 211.

19 Atendidos estos últimos aspectos, que el TDLC adopte una metodología parece mucho más importante que lo haga sólo la FNE.

20 En este sentido, como señalé (supra nota 14), la propuesta de la CAPDLC (2012) de establecer la multa en función de las ventas es un buen punto de partida.

21 De acuerdo al ‘efecto paraguas’, las firmas no pertenecientes al cartel también aumentan sus precios durante el período colusivo producto del ‘relajo’ en la competencia.

22 No hay consenso respecto al valor porcentual real de este sobreprecio. Para casos de carteles, algunos estudios empíricos han señalado que el sobreprecio varía entre el 31% y el 49% (Connor y Lande, 2006); sin embargo, otros han rebajado ese monto: 23,3% promedio (Connor, 2010); 24% (aunque 29% en carteles internacionales) (Connors & Helmers, 2007); 20,70% (Smuda, 2012); 13,8% (Boyer y Kotchoni, 2012 & 2010). En cualquier caso, el valor máximo del sobreprecio depende de la elasticidad de la demanda y otras características del mercado. Por su parte, en materia de abusos de posición dominante existen aún menos ejemplos de cálculo de daños (para algunos, véase Ashurst, 2004), pero teóricamente ésta es una tarea más sencilla, al menos en el caso de abusos exclusorios: los costos de entrada impuestos sobre rivales son relativamente sencillos de calcular, mientras que cualquier diferencia que pueda existir con el costo social es recuperable a través de las acciones privadas (Posner, 2001). Con todo, el cambio en la estructura de mercado puede provocar nuevas dificultades para las metodologías empíricas.

23 Esto puede ser expresado con la fórmula D = (Preal – Pbut-for)Qreal, donde D es el daño; Preal el precio pagado por el bien o servicio; Pbut-for el precio que hubiera sido pagado sin los actos ilícitos; y Qreal la cantidad demandada del bien o servicio.

24 Para un análisis detallado, véase Davis y Garcés (2010: 347 y ss.) y ABA (2010).

25 El modelo before-and-after puede ser complementado con el uso de múltiples variables que den cuenta de los cambios en las condiciones de oferta y demanda.

26 En ambos métodos el cálculo es facilitado por el uso de herramientas económicas, como regresiones. Sin emplear estos métodos, en Tecumseh (sentencia 122/12) el TDLC utilizó una comparación entre dos firmas, basado en la similitud de costos de las materias primas y la tecnología utilizada por ellas, además del aumento similar que en términos porcentuales evidenciaron los precios de ambas firmas.

27 Por ejemplo, mientras la comparación debe ser ajustada con el fin de aislar las diferencias de costos y otras entre los mercados o períodos que se comparan, el modelo ‘antes y después’ depende de las circunstancias específicas de cada mercado (por ejemplo, del grado de concentración). Otro problema complejo, aunque más relevante en materia de cálculo de perjuicios, está vinculado al llamado efecto pass-on, que dice relación con la posibilidad que, en ciertos casos, las firmas víctimas de un cartel aguas arriba no sufran todo el sobreprecio asociado a la actividad del cartel porque traspasan parte del incremento a los consumidores finales.

28 Además, en Chile existe una evidente carencia de datos públicos.

29 Kneuper & Langefeld (2011) argumentan que, considerando costos y beneficios, el método de cálculo de daños debiera ser utilizado de manera más amplia. Para un buen resumen de lo que sucede en distintos países en materia de cuantificación de daños, véase OECD (2012).

30 Ante la OECD, Chile ha manifestado que la cuantificación de daños es “poco común” (OECD, 2012: 79). Sí se ha reconocido expresamente que no es posible evaluar directamente las ganancias adicionales (Tecumseh, sentencia 122/12, c° 117). Quizás los casos en que el TDLC ha realizado el esfuerzo de cálculo más relevante han sido el mismo Tecumseh, Guerra del Plasma (sentencia 63/08), AM Patagonia (sentencia 74/2008) y PTLA (sentencia 100/2010). En otros, como por ejemplo Transportes Central Osorno (sentencia 94/10), sólo ha hecho una mención vaga al posible beneficio obtenido por los agentes económicos requeridos, señalando que la multa no debe ser inferior a dicho valor.

31 La Corte ha indicado que es “casi como una facultad discrecional” (Rol N° 2339-2008, Guerra del Plasma, considerando trigésimo tercero), “[…] sin suficientes motivos, fundamentos y circunstancias sobre los parámetros utilizados para la fijación del monto en cuestión”, enfatizando además la necesidad de fundamentar la aplicación de multas para la consecución del debido proceso, tanto formal como sustancial (este último vinculado, a su vez, a la razonabilidad y la proporcionalidad) (Rol N° 5937-08, AM Patagonia, considerando duodécimo).

32 Por el contrario, más bien ha sido ambigua tanto desde un punto de vista cualitativo como de uno cuantitativo. Por una parte, aun cuando hace mención a la discrecionalidad del TDLC al determinar las multas, ha tomado en consideración los mismos fundamentos ya considerados por este último para aumentar la multa, sin especificar el porqué del aumento. Por otra parte, ahora desde un punto de vista cuantitativo, en aquellos casos en que se mantienen los mismos fundamentos que los esgrimidos por el TDLC, no se señala el peso específico que tiene cada criterio.

33 Véase Romero (2011). Hay incluso extremos: extrañamente, la colusión fue considerada como agravante del abuso de posición dominante(!) en Guerra del Plasma (sentencia 63/08): “…lo anterior es aún más grave si el abuso de dicho poder de mercado se ejerce, como ocurrió en este caso, mediante la colusión…” (c° 155). Para una crítica, Tapia (2010).

34 Corte Suprema, sentencia Rol N° 2339-08, de fecha 13.08.2008, reclamación en contra de la Sentencia 63/08 del TDLC, de fecha 10.04.2008.

35 Entre los fallos más recientes, véase Tecumseh (sentencia 122/12), c° 124; Farmacias (sentencia 119/12), c° 195; Radios (Sentencia N° 112-2011), c° 72; y Buses Puerto Montt-Los Muermos (sentencia 116/11), c° 39.

36 Los montos máximos han cambiado en el tiempo. Hasta el año 2004 el tope era de 20 mil unidades tributarias mensuales. El año 2003 se modificó el DL 211, estableciéndose como monto máximo 20 mil UTA. Finalmente, en el año 2009, se estableció el actual máximo legal (Ley N° 20.361, promulgada el 7 de julio de 2009 y publicada en D. O. el 13 de julio 2009).

37 Entre otras: Colombia, México, Canadá y Japón. La Sherman Act de Estados Unidos fija como máximo US$100 millones, pero una regla general aplicable a todas las infracciones criminales permite que la multa sea “el monto más alto entre el doble de la ganancia o la pérdida bruta producida por [la infracción]” (18 U.S.C. § 3571 (d)).

38 En Estados Unidos, por ejemplo, donde las multas impuestas por una autoridad pública sólo se aplican en casos criminales (como los carteles), los bajos montos legales han históricamente restado importancia a este mecanismo sancionatorio. Sólo desde el año 2004 el sistema fue mejorado, aumentando significativamente las multas. Véanse Page (2012) y Mutchnik et al. (2008).

39 Para estos efectos, debiera considerarse al menos la situación de las microempresas y las pequeñas empresas, en los términos de la Ley 20.416 sobre empresas de menor tamaño.

40 Véanse infra, nota 93 y el texto principal.

41 Las multas máximas legales son las siguientes: Superintendencia de Bancos: 10.000 UF; Superintendencia de Servicios Sanitarios: 10.000 UTA; Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 10.000 UTA; Subsecretaría de Telecomunicaciones: 10.000 UTM; Superintendencia de Valores y Seguros: 15.000 UF (que puede ser incrementada hasta en tres veces ese valor en ciertas circunstancias).

42 El temor no es infundado: la literatura económica estándar sugiere precisamente establecer altos montos en las multas y daños compensatorios (dos medidas muy similares desde la perspectiva económica) y usarlos al máximo posible, pues ellos no reducen el bienestar social.

43 Desde un punto de vista de la disuasión en general, la literatura muestra ambiguos efectos del incremento en las multas (e.g., Ginsburg & Wright, 2010).

44 Especialmente en materia de carteles (véase supra nota 22). Con todo, en Tecumseh (sentencia 122/12), el monto de la multa excedió al beneficio económico calculado por el propio TDLC y la FNE, lo que se explicaría sólo en la búsqueda del efecto disuasivo (c° 124). A mi juicio, esto es incorrecto (véase infra, sección 4.1.4).

45 Esto último se ve agravado si se considera que en la práctica la multa máxima legal sólo ha sido aplicada en un caso: Farmacias (sentencia 119/12, ratificada por la Corte Suprema en sentencia rol 2578-2012, de fecha 07.09.2012).

46 Tales como encarcelación (eventualmente), la inhabilitación o el uso de acciones privadas (que en Chile no se han desarrollado con la fuerza necesaria), más un aumento real de la probabilidad de detección.

47 Una completa revisión de la aplicación de los métodos en varios países se encuentra en el apéndice de Ginsburg & Wright (2010).

48 Un máximo del 10% de la facturación anual del agente económico es utilizado en Alemania, Inglaterra, Francia, EE.UU., Sudáfrica, India y la UE, entre otras. En otros países el porcentaje es incluso mayor, como en Brasil, donde llega al 30% de las ventas. En México, el máximo es entre el 5 y 10% de los ingresos del agente económico, dependiendo de la conducta.

49 Por ejemplo, en Nueva Zelanda la multa máxima para un agente económico es el monto mayor entre (i) diez millones de dólares de ese país, o (ii) tres veces la ganancia ilícita obtenida, si ésta es posible de ser calculada o, en caso contrario, el 10% de la facturación de la firma y sus empresas relacionadas (véase Commerce Act de Nueva Zelanda, 1986, sección 80 (2B)). En Holanda es la cantidad mayor entre el 10% de la facturación anual o 450 mil euros. Sistemas similares a este último se encuentran, por ejemplo, en la República Checa y Eslovaquia.

50 Los detalles infra, sección 4.3.

51 Según la doctrina mayoritaria del Tribunal Constitucional, el derecho administrativo sancionador es una de las manifestaciones de un único ius puniendi del Estado (véase sentencias del TC, roles 479 y 480, con votos disidentes que califican de manera importante este aserto).

52 Una metodología como la aquí propuesta permite aplicar el artículo 6° de la Ley 20.416, sobre empresas de menor tamaño, el cual indica que los servicios públicos que realicen procedimientos de fiscalización a este tipo de entidades deben mantener publicados en su sitio web y disponibles al público en sus oficinas los “manuales o resoluciones de carácter interno en los que consten las instrucciones relativas a los procedimientos de fiscalización establecidos por la autoridad correspondiente que guían a sus funcionarios y fiscalizadores en los actos de fiscalización y aplicación de multas y sanciones” (destacado agregado). La sanción de no hacerlo es la nulidad de derecho público del acto, fuera de las responsabilidades de tipo administrativo que puedan corresponder.

53 Por esto, los rangos porcentuales propuestos más adelante no dejan de ser, en cierto sentido, discrecionales, reflejando sólo una opción personal y razonable para aplicar la experiencia comparada al derecho chileno.

54 La denominación específica del valor de referencia varía dependiendo del país. Algunos lo denominan “volumen de comercio” (EE.UU.); otros hablan de “facturación relevante”; y otros de “ventas afectadas” (México). Sin embargo, la diferencia es casi completamente semántica, siendo el criterio aplicable similar.

55 EU Commission (2006: párrafo 17).

56 Esta medida es facultativa en Europa (EU Commission, 2006: párrafo 18). Sin embargo, ella no considera que los carteles internacionales son generalmente sancionados en más de una jurisdicción.

57 DL 211, art 26° inciso 3°. Véase supra, sección 2.

58 C° 63. Esta base de cálculo se tradujo en una multa más alta para una de las firmas involucradas, debido (entre otros factores) a sus mayores ventas.

59 Infra, sección 4.3.

60 Si bien los estudios comparados no son contestes en cuanto a las ganancias promedio de un cartel, hemos visto que ninguno de ellos ha calculado un monto inferior al 13% (véase supra, nota 22).

61 Recuérdese que las metodologías comparadas típicamente utilizan al menos un 10% (supra, nota 48).

62 EU Commission (2006: párrafos 19-23). Un sistema similar de graduación es seguido, entre otros, en Francia, Sudáfrica y Corea del Sur.

63 Este porcentaje representa: (i) el 10% por el beneficio económico obtenido por la firma que lleva a cabo la conducta, (ii) duplicado en razón del efecto disuasivo. Este último aumento lo analizo infra en sección 4.1.4.

64 Éstas son: el tamaño del agente económico y la posición de los directivos de la empresa involucrados en la decisión de cometer la infracción. Para que esta última sea considerada en el aumento, la decisión de incurrir en la conducta anticompetitiva debe haber sido tomada por un director o gerente de la firma.

65 Esto es, el mínimo porcentaje de ganancia de un cartel que ha sido estimado por los estudios. Véase supra nota 22.

66 Véase infra, sección 4.1.4. Con todo, el porcentaje equivalente al efecto disuasivo sería, en ausencia de modificación legal, en la práctica mínimo, dado que el máximo legal aplicable considerado por el legislador chileno está establecido en UTA y no en porcentaje de facturación.

67 Como ha sostenido el TDLC, en materia de carteles “[…] la ejecución del ilícito de colusión se inicia cuando se perfecciona el acuerdo anticompetitivo y se extiende hasta la terminación, cese o supresión del concierto de voluntades que lo configura” (Tecumseh, sentencia 122/2012, c° 11). Lo importante es la “unidad de acción” (ibíd.). (Nótese que la aseveración es previa a la reforma del año 2009.) Sin embargo, la Corte Suprema ha fallado —erróneamente— que una conducta colusoria que tuvo un año de duración “descarta un proceso persistente o constante en la transgresión a la libre competencia” (sentencia rol 5937-08, AM Patagonia, c° 13).

68 Éste es el caso de Canadá, donde la duración es utilizada como agravante e incluso, en casos excepcionales, como atenuante, cuando la infracción fue cometida durante un corto período de tiempo, siendo además necesario que el agente infractor haya cesado espontánea y voluntariamente la comisión de la infracción.

69 Éste es el modelo aplicado, por ejemplo, en la UE, Francia, el Reino Unido, Suiza, la República Checa, Hungría, Italia, Noruega y Sudáfrica, entre otros.

70 Éste es el modelo aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, México, Holanda, Alemania y Rusia, entre otros.

71 Alternativamente, siguiendo la misma lógica matemática del método de suma, es posible calcular la media de las ventas durante el tiempo de duración de la infracción y utilizar ese resultado como parámetro para determinar el valor de referencia. Luego, este resultado se multiplica por el número de años de duración.

72 Es posible que el volumen de ventas afectadas (nacional o global) fluctúe de un año a otro, incluso en una gran magnitud.

73 EU Commission (2006: párrafo 25).

74 Nótese que la posición de la FNE no es análoga a la de un fiscal en materia penal. Primero, los fiscales tienen un deber expreso de imparcialidad, que la FNE no posee. Segundo, este deber está fundado en el carácter garantista de esa área del derecho. En fin, el carácter retributivo de la sanción penal es diverso de la finalidad disuasiva de la sanción solicitada en sede de competencia.

75 El artículo 42° del DL N° 211 indica que “las personas que entorpezcan las investigaciones que instruya la Fiscalía Nacional Económica en el ámbito de sus funciones, podrán ser apremiadas con arresto hasta por 15 días”. Es razonable interpretar que, para que se configure la agravante, es necesario al menos haber solicitado el apremio al juez de garantía competente, pero no parece necesario, en cambio, que se materialice el apercibimiento. Con todo, esta causal no ha sido nunca invocada desde la creación del TDLC (por Ley 19.911 de 2003), y la historia de la reforma de la Ley 20.361 de 2009, que modificó la disposición, ni siquiera alude a ella.

76 Véase Achap (sentencia 128/2013), c° 202 (indicando que los directores “no actuaron conforme a sus deberes y permitieron que se configurara el boicot de autos”).

77 Véanse, por ejemplo, los fallos del TDLC en Farmacias (sentencia 119/2012), c° 197 (refiriéndose a “el tipo de mercado afectado y su importancia relativa en cuanto a la naturaleza del producto o productos”); y en PTLA (sentencia 100/2010), c° 107 (indicando que “las conductas en cuestión han afectado a un porcentaje importante de la población en Chile”).

78 Es considerada por República Checa, Hungría, Italia, Japón, México, Rusia, Serbia, Suiza y Turquía. En Chile, el TDLC la ha aplicado en AM Patagonia (sentencia 74/2008, c° 38), aunque sostiene —erradamente— que este factor atenúa la ‘gravedad’ de la colusión.

79 Considerada en la República Checa, UE, Hungría, Italia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Rusia, Serbia, Turquía, Suiza y Estados Unidos.

80 Nótese que no he incluido el Programa de Delación Compensada como una circunstancia atenuante, ya que, como veremos, para incrementar su efectividad es más conveniente aplicarlo después de ajustar la multa de acuerdo a la multa máxima (si procede).

81 Alternativamente, el uso de un programa de cumplimiento podría ser reconocido en el cálculo de la multa base, considerando ‘menos grave’ la conducta. Este reconocimiento correspondería a la FNE, y en tal caso el TDLC no debiera volver a reconocer la existencia del programa como atenuante. Éste parece ser el sistema establecido en FNE (2012: 18). Sin embargo, mi opción actual es por el reconocimiento como atenuante por parte del TDLC, a fin de no confundir la evaluación de la conducta misma con el hecho de que se hayan buscado vías adecuadas para evitarla.

82 Aunque las Sentencing Guidelines (2012) indican que el mínimo es 0,75, sin que importe el puntaje real que de otro modo aplicaría al ofensor.

83 En el derecho comparado este porcentaje es a veces variable. En Francia, por ejemplo, corresponde a entre 15 y 50%, dependiendo del lapso de tiempo transcurrido desde que comenzó a llevarse a cabo la conducta hasta el momento en que se descubre la infracción, y de la naturaleza de la infracción. En la UE, la multa base puede ser incrementada hasta en 100% por este concepto. Sin embargo, he optado por un porcentaje predeterminado con el fin de restringir al máximo posible el margen de discrecionalidad de la autoridad.

84 Véase supra, nota 75.

85 De acuerdo a la FNE (2013: 7), “La comunicación del inicio de la investigación será enviada a más tardar dentro del plazo de 5 días después de dictada la resolución que lo ordena, salvo en los casos en que se hubiere solicitado y accedido por el TDLC a mantener la reserva de la misma. En estos casos, la comunicación al afectado se realizará una vez alzada esa reserva”. La comunicación es por escrito, cumpliendo con los demás requisitos indicados en el instructivo interno de la FNE.

86 Siempre que concurra además la cooperación significativa, de acuerdo a lo señalado en la sección 4.2.1.

87 Véase supra, nota 48.

88 En el derecho comparado existe discusión respecto de qué debe entenderse por agente económico para estos efectos. La propuesta sigue aquí a Hofstetter & Ludescher (2010).

89 E.g., OFT (2004: párrafo 2.17); EU Commission (2006, párrafo 32).

90 Geradin (2011: 39).

91 Supra, sección 4.1.3.

92 E.g., Van Cayseele et al. (2008).

93 Con todo, idealmente también podrían ser adoptadas otras medidas que impidan eventuales dificultades económicas; por ejemplo, la posibilidad de que el TDLC decrete el pago de la multa en cuotas cuando así lo considere necesario (esta medida, sin embargo, probablemente requiere cambio legal).

94 La exención total fue aplicada, por ejemplo, en Tecumseh (sentencia 122/12), c° 125.

95 La excepción son los temas relativos a la definición del mercado relevante, los cuales tienen un componente empírico importante.

96 Sobre modelos institucionales en materia de competencia, véase Tapia y Montt (2012).

97 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, rol 376, de fecha 17.06.03 (estableciendo que las sanciones administrativas sólo pueden ser aplicadas previa instrucción de un debido proceso administrativo).

LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS REVOLUCIONES

Iván Jaksić

Stanford University

Alan Knight

Oxford University

Iván Jaksić. Doctor en Historia, State University of New York. Académico del Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas y Director del Bing Overseas Studies Program en Santiago de la Universidad de Stanford. Dirección electrónica: ijaksic@stanford.edu.

Alan Knight. D. Phil. en Historia, St Antony’s College, Oxford University. Profesor de historia de América Latina, Universidad de Oxford.

* La conversación entre los profesores Iván Jaksic y Alan Knight se dio en el marco de la visita del segundo a la Universidad Adolfo Ibáñez en septiembre de 2012, con ocasión de la inauguración del Centro de Estudios de Historia Política de esa casa de estudios. El profesor Knight dictó a su vez, durante esa visita, la clase magistral “El Estado en América Latina desde la Independencia”.

La transcripción de la conversación y la preparación de las notas al pie de página corrió por cuenta de Josefina Araos.

Resumen: El proceso revolucionario que se desató en México a partir de 1910 plantea una serie de interrogantes al historiador y al cientista social. En una conversación con Iván Jaksić, el destacado profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Oxford, Alan Knight, discutió sobre las implicaciones metodológicas de su importante estudio monográfico sobre la Revolución Mexicana tanto para la comprensión de los procesos revolucionarios como para la historia comparativa. Entre los temas discutidos se encuentran el rol del Estado, la relación entre el Estado y las regiones, la distinción entre revolución y guerra civil, los legados de la Revolución Mexicana, el papel de Estados Unidos y otras potencias, el uso de “conceptos organizadores” en los estudios históricos, y la situación actual del Estado mexicano. En respuesta las preguntas de la audiencia, Alan Knight desarrolló los puntos anteriores y explicó sus perspectivas sobre el populismo y el nacionalismo en América Latina.

Palabras clave: Revolución Mexicana, historiografía, revoluciones, guerras civiles, Estado nacional, regiones, historia local.

THE MEXICAN REVOLUTION AND THE HISTORIOGRAPHY OF REVOLUTIONS

Abstract: The Mexican revolutionary process unleashed in 1910 presents a number of challenges to the historian and the social scientist. In his conversation with Iván Jaksic´, Oxford University historian Alan Knight discussed many of the methodological implications of his landmark study of the Mexican Revolution for the understanding of revolutionary processes more generally, and for comparative history in particular. Some of the subjects discussed include the role of the state, the relationship between the state and the regions, the distinction between revolution and civil war, the legacies of the Mexican Revolution, the role of the United States and other powers, the need for “organizing concepts” in historical studies, and the current situation of the Mexican state. In response to questions from the audience, Alan Knight expanded on some of these points and offered his perspectives on populism and nationalism in Latin America.

Keywords: Mexican Revolution, historiography, revolutions, civil wars, nation state, regions, local history.

Iván Jaksić (IJ): La idea en esta conversación es que yo los invite a realizar preguntas a Alan Knight. Pero antes de hacer una serie de preguntas quiero referirme brevemente a la obra de nuestro invitado. Obviamente, Alan es muy conocido por su libro La Revolución Mexicana, realmente una obra magistral, que no ha sido superada después de 25 años. Fue publicada en 1986, con una traducción del Fondo de Cultura Económica en 2010[1]. Pero también conviene recordar que es autor de varios otros libros, empezando por su tesis doctoral del año 1974, que trató sobre nacionalismo y xenofobia, centrada más que nada en los extranjeros, e intereses vinculados a ellos, que observaron la Revolución Mexicana. Estudioso también de las relaciones entre México y Estados Unidos, publicó en 1992 un libro que estudia la industria petrolera mexicana, al que se suman una infinidad de otros libros en coautoría[2]. Lo más reciente, y que seguimos esperando todos, es la gran obra de síntesis de la Historia de México, de la que ya han salido dos tomos, mientras varios seguimos insistiendo que empiece con el tercero, que ya es cosa de sentarse a escribirlo[3]. Les recomiendo mucho esta obra, que es realmente un ejercicio de síntesis de primera línea, en donde es posible entender la impronta historiográfica de Alan Knight.

Hay tres elementos que quiero enfatizar de la obra de Alan, y después procederé a plantear algunas interrogantes. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que no se puede encasillar su obra dentro de ninguna etiqueta. No es historia económica, no es historia cultural —sobre todo si entendemos por cultural la historia posmoderna—, ni tampoco es historia cuantitativa. Su enfoque central, diría yo, es la historia política, pero una historia política en la que concurren una serie de disciplinas. En particular, Alan es una persona que respeta mucho el campo de la antropología; sin caer en la pomposidad literaria, le gusta mucho escribir bien, le importa que su narrativa sea fluida. Su enfoque es, por lo tanto, absolutamente interdisciplinario, con gran piedad por el lector, para ser así entendible. Sin embargo, ha tenido que entrar en una serie de controversias. La más famosa se inició cuando Stephen Haber escribió un artículo para Historia Mexicana, que produjo una serie de reacciones, que se tradujeron luego, en el año 1999, en un número especial del Hispanic American Historical Review[4]. En este número, Alan no tomó ninguna posición en particular, y es que no quiso abanderarse con ninguna. No le interesa la historia que se aferra a lo cuantitativo —lo que representa en alguna medida la obra de Haber—, ni mucho menos una historia que no sea empírica, y que tenga un grado tan alto de subjetividad. No obstante, entró a la palestra cuando se publicó en 2001 el libro de Eric Van Young, La Otra Rebelión, que fue traducido por el Fondo de Cultura Económica en 2006[5]. Yo creo que el destino de Alan y Eric va a ser estar siempre unidos en las estanterías, a propósito de México y sus revoluciones.

El segundo punto que me gustaría enfatizar es algo que lo distingue de otros estudiosos, que es la ausencia de lo que podría llamarse “Estadocentrismo”, o lo que él también denomina “Estadolatría”, es decir, hacer del Estado un deus ex machina[6]. Para Alan Knight, toda la política, en último término, es política local, y por eso es que su narración, sobre todo en la historia de La Revolución Mexicana, es tan matizada. Y es así que entendemos la revolución como algo mucho más complejo, con motivaciones diversas y actores diferentes. La política de los sonorenses no era la misma que la de los agraristas de Morelos. De esta forma, en su análisis local, Knight logra entregar un cuadro, un mosaico que respeta la especificidad de cada caso, pero al mismo tiempo logra dar una visión de conjunto de lo que fue la historia de la Revolución Mexicana. Este estilo de hacer historia se sostiene, además, en un gran cuerpo de fuentes primarias, que construye y ordena una narrativa que a uno lo transporta al lugar de los hechos.

En tercer lugar, es preciso subrayar el elemento comparativo que caracteriza la obra de Alan Knight. Si bien hace historia de México, sus escritos están repletos de referencias a otras eras y otras experiencias. Por ejemplo, sin desconocer la originalidad de los aztecas, Knight los pone en relación con el Imperio Español, en un ejercicio que le permite reconocer el uso de tácticas imperiales análogas; en otro caso, cuando se trata de examinar el régimen borbónico, afirma claramente que es un régimen centralista y absolutista, que sin embargo tiene también elementos feudales, mezcla que se repite en otras monarquías europeas del período. La Revolución Mexicana, por su parte, también puede ser una revolución única, pero es una revolución que, para poder comprenderla en su cabalidad, debe ser comparada con otras revoluciones. Particularmente la boliviana de 1952 y la cubana de 1959. Sin embargo, aun así, Alan Knight no las pone todas en un mismo grupo. Para analizarlas en su complejidad, introduce nuevamente una distinción entre las revoluciones burguesas y las revoluciones socialistas, cuestión que permite clasificarlas en categorías que hacen posible el reconocimiento de su heterogeneidad. También, por ejemplo, compara diferentes personajes clave, como Francisco Madero, Alexander Kerenski, Salvador Allende y otros, reuniéndolos a todos en el mismo concepto, al momento de intentar identificar los compromisos, los límites, a los que llegan en diferentes revoluciones políticas. Lo que une a todos estos casos comparativos, de pronto, es alguna referencia literaria, como a La Ilíada, o a ciertos personajes novelescos; en el fondo, Alan Knight busca darnos una imagen de México que evidencia el hecho de que, para comprenderlo, no debe afirmarse su excepcionalidad, sino analizarse desde su contexto regional y mundial, sin nunca negar su propia particularidad.

Dicho lo anterior quiero iniciar las preguntas a Alan Knight. La primera es a propósito de la historia nacional, esto es, cómo equilibra lo que sería una historia de México con la historia local, y la duda que uno tiene siempre respecto de esta combinación, o de este equilibrio. ¿Es que a veces los árboles no dejan ver el bosque?

Alan Knight (AK): Es cierto que en los últimos años, especialmente en la historia de México —aunque también en la de otros países—, ha habido un gran énfasis en la historia no solamente regional sino local. De ahí que se han identificado, en total, al menos tres niveles de análisis: nacional, regional y local. Es de ahí que han surgido muchos estudios de gran calidad, siendo justamente la historia regional y local la tendencia más fértil en los últimos años. Es lo que Luis González llamó también “microhistoria”, con la que comenzó toda una ola de investigación de los municipios[7].

Hay, eso sí, un problema en esto, tal como tú planteas, y es que una acumulación de estudios regionales o locales no nos da necesariamente una imagen más total de un fenómeno nacional. Yo comencé la Revolución Mexicana hace muchos años, habiendo entrado primero al tema por el lado de los intereses extranjeros y las compañías petroleras. En ese momento, por tanto, mi perspectiva de análisis fue nacional. Sin embargo, en una segunda etapa, me di cuenta que para entender la Revolución, que era también un objetivo en mi estudio, había que reconocer otros niveles. Y es que siendo un movimiento nacional fue también muy dinámico, dinamismo entendido en un sentido principalmente doméstico, en que se vuelven relevantes las particularidades de cada lugar. Por lo tanto, para comprender esa Revolución, se volvía necesario conocer también las grandes diferencias entre, por ejemplo, Sonora en el noroeste y Chiapas en el sur, Oaxaca, Morelos, etc. De hecho, en relación con la actualidad, no obstante la centralización de México después de la Revolución, sigue siendo un país bastante heterogéneo. Incluso hoy en día, más que Chile quizás, no se puede entender el país sin entrar en estas cuestiones.

Ahora, el problema es cómo juntar todas las diferencias sin perdernos en una infinidad de pequeñas historias locales. Resolver eso es una cuestión de juicio, de balance. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es un poco de historia comparativa, pero en vez de hacerlo entre naciones, que es la norma, puede ser en small group, para el caso de México —y también de Chile—, comparando regiones en relación con ciertos problemas. Por tanto, entender México es también una forma de historia comparada, porque uno siempre está tratando de balancear la experiencia del norte, del sur, del centro; de diversos lugares, tan diferentes en cuanto a su desarrollo económico, social y político. Aun así, estoy de acuerdo con el riesgo de tender hacia lo que algunos plantean como “saber más y más sobre menos y menos”, tendencia que debe resistirse en cierta medida. Una manera de hacerlo es balancear esas historias locales con una perspectiva más amplia, como la nacional, aun cuando hoy día en México muchos piensan que la historia nacional es una forma de diletantismo porque pareciera ser demasiado estratosférico. Lo importante es ir al fondo, y contrastar esos enfoques, como señalé, con perspectivas nacionales e internacionales.

IJ: La segunda pregunta es sobre la teoría de las revoluciones. En el caso de Alan Knight, en su estudio sobre México no comienza directamente hablando de una “revolución”, sino que se hace la pregunta de si lo que ocurrió a partir de 1910 puede entenderse con esa categoría. Para ello, revisa la manera en que se ha abordado el concepto, principalmente en la literatura sobre la “teoría de las revoluciones”. Y hay una distinción que me llama la atención, y es aquella entre los enfoques descriptivos y los funcionales. A Alan Knight, al parecer, no le interesan —o más bien, no son de su preferencia— los enfoques descriptivos; sin embargo, queda la duda respecto a qué define a cada uno.

AK: Esa distinción entre enfoques descriptivos y funcionales la hice hace varios años en un artículo sobre la Revolución Mexicana y cómo compararla con otras revoluciones. En él sostenía que si pensamos en “¿Qué es una Revolución?” nos tendríamos que plantear también la pregunta de por qué llamamos revolución a la Revolución Mexicana. Esto es algo importante al menos en el debate mexicano, porque hay quienes dicen que no fue una revolución. Como no fue suficientemente dinámica, o importante, no cambió la sociedad, entonces no fue una verdadera revolución, al estilo, por ejemplo, de la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. En ese juicio se ve que hay un modelo de revolución que varios historiadores han manejado, y que tiene ver con los criterios necesarios —no la esencia, no me gustan las esencias— para que la Revolución Mexicana, o cualquier otra, llegue ser parte de un grupo bastante reducido en la historia. Sabemos, por ejemplo, que hay una primera distinción, muy antigua y común, que es aquella entre rebeliones, cuartelazos, golpes y revoluciones. El problema entonces no es la distinción misma sino cómo hacerla, cómo establecerla.

Por el lado descriptivo, mi intención era mostrar cómo en México, y en otros casos, se ve un proceso de conflicto político, social y militar desde dos lados, que implica una movilización, incluso una movilización popular —quizás por ambos lados, quizás por un lado más que otro—, en búsqueda de ciertos objetivos que polarizan a la sociedad. Y es que hay cuestiones muy importantes en juego cuando se desencadena una revolución. Parece obvio, pero hay que entender eso como un proceso de lucha, lo que Charles Tilly llama una “situación de soberanía múltiple”, cuando hay facciones y grupos en conflicto, donde muchas revoluciones son aplastadas al principio, y sólo cuando una de ellas progresa o llega a su fin es entonces posible entrar al aspecto más funcional, que tiene que ver con el resultado: qué alcanzó, qué hizo, finalmente, la revolución. Aparece ahí otro debate, para el caso de México, respecto de si fue una revolución exitosa al menos en el sentido muy sencillo de que los revolucionarios ganaron, no fueron aplastados, y cuando llegaron al poder la contrarrevolución fue derrotada. Ahora, la pregunta que emerge ahí, en ese momento, es la de qué hicieron una vez instalados en el poder, que para mí es un problema de mayor duración y que avanza a lo largo de los años veinte y treinta, más o menos hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es entonces la pregunta por lo que se hizo, por la función o resultado de la revolución en el cambio efectivo de la sociedad, el Estado, o cualquier otro aspecto.

Obviamente esto es difícil de calibrar, de medir con precisión, pero creo que se puede llegar a la conclusión, en el caso de México y otros, que el nivel de cambio fue sustancial y estructural, aun cuando no hubo una transformación en el modo de producción, ya fuera capitalista, socialista o feudal —el capitalista es un cambio que se ve muy raramente y ha sido prometido en algunos pocos casos, específicamente en el de revoluciones socialistas, como la china y la cubana—. Y es que en muchas revoluciones, la de Bolivia, la Francesa y la de México, a pesar de que no existió esa transformación, sí hubo una modificación significativa, que cambió de manera definitiva la relación Estado-sociedad. Eso, me parece, es lo que hace válido llamar a estos procesos como revoluciones. Cosa que no se puede decir en el caso de muchas otras rebeliones, de manera que intento mantener la distinción entre golpes, cuartelazos, rebeliones y revoluciones grandes, que son sociales, políticas, etc. Y esta es mi manera de conceptualizarlo con un poco más de detalle. Con todo, León Trotsky y otros han planteado que sí hay leyes que permiten clasificar las revoluciones, en la medida en que obedecen a una trayectoria común; sin embargo, yo creo que cada una es diferente[8].

IJ: Siempre dentro del aspecto conceptual, es evidente en tu trabajo que rechazas las generalizaciones que son demasiado abarcadoras, pero también el abandono de algún tipo de generalización que ayude a ordenar. En relación con eso, tú prefieres hablar de organizing concepts, como de teorías que se pueden utilizar muy provisoriamente. Pero ¿qué significan estos organizing concepts?

AK: Creo que todo historiador utiliza organizing concepts. La cuestión es cuáles son y si son bien definidos. Hay historiadores, como el caso de algunos de mis profesores, que negaban absolutamente cualquier conceptualización, eran netamente experiencistas y, sin embargo, hablaban todavía de la “Monarquía”, el “Estado”, categorías que son conceptos que hay que aclarar, ya que no es necesariamente evidente lo que ellos quieren decir. Entonces mi idea es que, en primer lugar, se deben definir los conceptos. Por ejemplo, en relación con lo que hemos venido hablando: qué entendemos por una revolución. No tiene por qué ser algo demasiado largo, que ocupe páginas y capítulos, lo que se volvería algo aburrido, pero sí explicar qué se está estudiando. En segundo lugar, pienso que se pueden plantear lo que yo llamo “hipótesis de mediano rango”, que vienen a ser una suerte de respuesta a las grandes teorías como la “modernización” o el marxismo, que en la década de 1960, cuando yo estudiaba, estaban muy de moda. Creo que esas teorías son muy sencillas, a veces dogmáticas, donde todo debe cuadrar dentro de un esquema demasiado rígido. En el lado contrario están los historiadores que mencionaba antes, y que no quieren arriesgar ninguna comparación, ninguna hipótesis causal para explicar por qué pasan las cosas. En medio de ambos es que planteo el establecimiento de ciertas hipótesis de mediano rango. Por ejemplo, para el caso de la Revolución Mexicana, hablar de una “revolución burguesa” es realmente un poco estratosférico, y quizás es mucho mejor preguntarse: por qué hubo un movimiento revolucionario tan fuerte en el estado de Morelos, provocado por el zapatismo, mientras que en Oaxaca, que no estaba tan lejos, fue bastante pacífico, donde incluso los movimientos populares fueron, en ocasiones, muy reaccionarios. Se establece así una comparación donde se pueden generar estas hipótesis de mediano rango sobre, por ejemplo, la naturaleza de la movilización popular y campesina, la naturaleza del Estado, los caciquismos, etc.

En este sentido, pensando en la historia de la Revolución, en la historiografía de la Revolución —y quizás otros problemas, como la historia de Chile—, en este nivel se ve un mejoramiento. Hay una cierta acumulación en la historiografía de debate y conocimiento histórico, que tiene que ver, más que nada, no con una gran línea teórica que lo explica todo —tampoco con pequeñeces que pueden ser interesantes pero meramente idiosincráticas—, sino más bien con la formulación y discusión de hipótesis de mediano rango. Es un poco al estilo de Alan Heston en relación con la economía de América Latina, en que a veces estudiando problemas limitados puedes decir cosas interesantes, sugerentes y útiles sin tratar de hablar sobre grandes teorías dogmáticas[9].

IJ: Esto último es evidente en la obra de Alan Knight, a diferencia de la mayoría de las tesis doctorales o libros donde uno encuentra el marco teórico ocupando un lugar preponderante. Eso no se puede esperar de Alan Knight. Sí, en cambio, algunos momentos o pausas en que aparecen referencias a ciertas teorías y a ciertos autores, algunos con mucha recurrencia. Su obra, por ejemplo, frecuentemente remite a Max Weber, a Perry Anderson y en muchas ocasiones también a Barrington Moore. En cambio, uno echa de menos a Jean Francois Lyotard, Jacques Derrida o Michel Foucault. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que la historia debe ser, o tú en particular tienes una mayor preferencia por, una historia más relacionada con las ciencias sociales?

AK: Para mí Lyotard es un traje de baile o de gimnasio, no conozco nada de él. A Derrida y Foucault los he tratado poco también. Ahora, me parece que Foucault sí dice algunas cosas interesantes, aunque yo no soy un experto, no soy foucaultiano como tú bien sugieres, y en parte quizás tiene que ver con la formación intelectual y con mi generación. Comencé antes de que Foucault se pusiera de moda. Eso no quiere decir que uno no pueda aprender cosas nuevas, pero creo que la preferencia por un autor u otro depende, en parte, de lo que parece útil en cuanto a los problemas que estás estudiando. En mi caso, más que nada, era la Revolución Mexicana, y en relación con eso Max Weber siempre me llamó la atención como teórico del Estado. Marx también; he leído bastantes libros acerca de Marx que me han ayudado, pero creo que Weber, por su análisis de las formas de autoridad y las formas del Estado, siempre es muy sugerente. Por otro lado, el libro de Barrington Moore fue muy conocido cuando yo era estudiante, en parte por su estructura de historia comparativa, muy ambiciosa, donde tomaba cerca de ocho países para analizar la relación entre terratenientes y campesinos, la formación del Estado, la agricultura, entre otras cosas. Quizás no fue un modelo totalmente exitoso, pero sí un buen ejemplo de cómo armar una historia comparativa que mezclara, además, historia, sociología, ciencia política, etcétera[10].

No sé si queremos entrar en la cuestión espinosa del posmodernismo. Foucault, Derrida y Lyotard nos llevan en esta dirección. No es que esté en contra de esta línea; hay ejemplos de la Nueva Historia Cultural, que han sido influenciados por el posmodernismo, que me parecen útiles, interesantes y novedosos. Sin embargo, el posmodernismo en su forma más intransigente y más extrema no es para mí el enfoque adecuado o la manera correcta para estudiar y hacer historia.

IJ: Volviendo al tema de las grandes teorías, quisiera hablar ahora sobre Alexis de Tocqueville, especialmente en relación con su obra El Antiguo Régimen y la Revolución[11]. En el libro sobre la Revolución Mexicana tú haces referencia a lo que llamas una conclusión “ultra-tocquevilliana”, en el sentido de que nada cambia, o que, si lo hace, es para permanecer igual. No obstante, al mismo tiempo, es bastante obvio que tienes algunas simpatías por Tocqueville; me parece que lo utilizas en varias ocasiones, como cuando planteas que la Revolución y sus transformaciones no pueden entenderse sin el Porfiriato. De modo que quisiera que nos contaras cuál es el equilibrio entre lo “ultra-tocquevilliano” y lo legítimamente tocquevilliano.

AK: No soy experto en Tocqueville; hay gente aquí que conoce más que yo y tiene opiniones fuertes sobre Tocqueville, de manera que hay que ir muy cuidadosamente en este tema. Es cierto que hice referencias a Tocqueville y su contribución, que tiene que ver con la Revolución y el ancien régime, y no con la cuestión de Estados Unidos. Es la idea de que la revolución, inicialmente, destruye el Estado, el antiguo régimen, para después construir un régimen y un Estado más fuertes. La cita de “las cosas tienen que cambiar para que queden iguales” no es exactamente de Tocqueville sino de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de la novela El Gatopardo, que se vuelve muy frecuente en los estudios mexicanos, no tanto sobre la Revolución —porque creo que no sería muy apropiado— como sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en sus últimas décadas. La idea de que el PRI siempre estaba introduciendo nuevas reformas, no para cambiar las cosas sino para mantener su hegemonía. A fin de cuentas no tuvo éxito, pero la cita “lampedusiana” tiene más que ver con el PRI que con la Revolución[12].

Tocqueville es sugerente en el sentido obvio de que la Revolución destruyó el Porfiriato, y que después de varios años de caos y lucha, destrucción económica, caída demográfica, etc., el Estado pudo reinventarse y restablecer su autoridad. Lo interesante es que se creó un Estado más fuerte que antes; de hecho el Estado revolucionario en los años veinte y treinta tuvo mucha más penetración social. El régimen de Porfirio Díaz parecía muy fuerte y, desde afuera, los comentaristas extranjeros elogiaban constantemente el poder de Díaz, la estabilidad, el gran progreso económico. Sin embargo, fue un Estado que casi no tuvo instituciones: no existían partidos, no había elecciones, no había organizaciones masivas como sindicatos, grupos campesinos, etc. La Revolución, yo diría, no fue un esquema de los propios revolucionarios, sino, más bien, una reacción a la situación concreta de movilización popular de campesinos y obreros donde el Estado, para sobrevivir y fortalecerse, tuvo que reaccionar e incorporar tanto a los obreros como a los campesinos. No fue simplemente una imposición de arriba-abajo, tampoco un movimiento popular simplemente desde abajo, sino un proceso dialéctico entre arriba y abajo. Por tanto lo que emergió, especialmente a fines de los treinta, fue un Estado mucho más fuerte y más firmemente establecido que el anterior.

Así, pues, sí hay un aspecto tocquevilliano; el problema es que algunos historiadores, los ultra-tocquevillianos, han sobreenfatizado esto y se han enfocado en el Estado en sí, perdiendo el hecho fundamental —para mí obvio— de que el Estado no podía hacer su Revolución ni establecerse sin forjar ciertas alianzas o pactos sociales. Por lo tanto, no fue simplemente el Estado imponiéndose desde arriba, sino una relación entre el Estado y la población o la sociedad civil. Incluso con el PRI, si uno lo piensa en las palabras de Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”, no dejó de tener cierta relación dialéctica entre el Estado y la población. Los poderes, el poder central, el del presidente mismo, no fueron tan grandes como a veces se supone.

IJ: Hablando de los cambios desde arriba y los cambios desde abajo, Alan Knight hace comparaciones que, por lo general, son horizontales pero también longitudinales en el tiempo. Por ejemplo, los cambios borbónicos y los cambios del Porfiriato. Tú te refieres a ambos como parecidos, en cuanto a que en ambos períodos se intentó modernizar la sociedad desde arriba pero sin modificar las relaciones de producción. Llama la atención este concepto de las “relaciones de producción”, porque en varias ocasiones dices que hay que medirlas solamente en el largo plazo. En el caso de México, por ejemplo, en el tránsito del feudalismo al capitalismo, las grandes transformaciones deberían observarse en un horizonte de larga duración. Ahora bien, ¿cuáles serían los parámetros para ver estos cambios en las relaciones de producción?

AK: Es cierto que, pensando en el modelo más o menos marxista, cuando estamos hablando de fuerzas de producción y relaciones de producción, estas normalmente se caracterizan por ser cambios graduales. Quizás hay que repetir la distinción entre las revoluciones burguesas-capitalistas, por un lado, y las socialistas, por otro. Obviamente en los casos de China, Rusia y Cuba hubo una revolución política que después pudo institucionalizar una economía de mando centralizado, socialista o comunista. En ese caso, la revolución sí conllevó un cambio de las relaciones de producción, donde la Cuba socialista fue muy diferente de la Cuba pre-revolucionaria de Batista, sostenida en una lógica capitalista. En el caso de México, de Bolivia, incluso de la Revolución Francesa y la de Inglaterra, hubo también una revolución política —a veces con rasgos sociales—, pero que en cambio no transformó las relaciones de producción.

En México, por ejemplo, lo que vemos es un proceso mucho más largo de transformación del campo donde la Revolución, a mi juicio, fue quizás un motor de aceleración. Durante el Porfiriato existía todavía bastante coacción de la mano de obra —menos que en Guatemala, quizás—, pero todavía en el sur de México había peonaje por deudas junto con una dominación bastante fuerte de terratenientes; no propiamente feudales pero que sí tenían un monopolio casi completo de las tierras, al menos de las mejores. La Revolución, entonces, trajo como resultado la destrucción de esta hegemonía terrateniente oligárquica, con una reforma agraria bastante extensa y radical, en la cual el peonaje por deudas fue, también, más o menos abolido. Entonces si la Revolución cambia a México de una sociedad feudal a una sociedad capitalista o con rasgos socialistas, no sé si se podrá responder, porque como dije antes estos son conceptos demasiado estratosféricos para entender el problema. Pero sí hubo un proceso, aunque no me gusta la palabra, de “modernización” de la economía, un cambio en las relaciones de producción en el campo, formando un campesinado mucho más fuerte, con más movilización, con más libertad, y al mismo tiempo un sector obrero con la formación de sindicatos bastante fuertes —como en las compañías de petróleo, ferrocarriles y la minería—. Por lo tanto, creo que la Revolución no transformó todas las relaciones de producción, ya que eso pasa muy raras veces, pero sí las afectó sustancialmente, y por eso es que no fue simplemente una revolución política, sino también tuvo un importante aspecto social y económico.

IJ: Si te puedo llevar un momento al contexto internacional, hay un dicho famoso y jocoso que se le atribuye a Porfirio Díaz, que dice “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Sin embargo, cuando uno lee el trabajo de Alan Knight, una de las cosas que más destaca es el hecho de que, al parecer, Estados Unidos no tuvo injerencia en la Revolución. Esto, claramente, no lo generaliza, ya que afirma que el contexto internacional puede ser un importante agente de influencia, como por ejemplo en la Revolución Cubana, que constituye un caso completamente diferente. Pero entonces ¿cómo se explica que Estados Unidos haya tenido tan poco que ver en la Revolución Mexicana?

AK: No diría que no tuvo ninguna injerencia. No obstante, en mi interpretación, la influencia de Estados Unidos en la Revolución, desde sus comienzos con la revolución armada y luego a través de los años veinte y treinta con todas las reformas sociales, ha sido bastante exagerada por otros historiadores. En parte, hay una suerte de alianza entre historiadores o comentaristas mexicanos nacionalistas, que pueden ser de la izquierda o de la derecha —hay de todo—, y por otro lado historiadores norteamericanos, más que nada desde la izquierda, que siempre quieren ver a Estados Unidos como el gran villano del complot. Como John Hart, por ejemplo, que va buscando datos por todos lados para demostrar que Estados Unidos tiene su influencia acá y allá[13]. Yo he revisado sus fuentes, y habiendo archivos enormes, con un montón de datos, no es difícil sacar algo del estilo “fulano de tal dice que las compañías petroleras están subvencionando a este caudillo, para derrocar al gobierno”, etc., etc. Se pueden construir, en ese sentido, teorías muy bonitas, especialmente en esta área que tiene que ver con conspiraciones y cosas un poco clandestinas, pero que a mi juicio son muy exageradas.

Precisamente, yo comencé mi tesis original estudiando el papel de los intereses extranjeros, de Europa y Estados Unidos, en la Revolución Mexicana. Y llegué a la conclusión, después de varios años de investigar y escribir, que no había sido tan importante, en parte porque la revolución armada en México ocurrió, más o menos, en paralelo con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, cuando todas las grandes potencias tenían otras preocupaciones, principalmente las europeas. Pero también Estados Unidos, que, alrededor de 1916 o 1917, tuvo como una preocupación importante que México se mantuviera relativamente tranquilo, que no fuera un problema ya que el gran conflicto era el que se estaba desplegando en Europa. En una segunda instancia, durante los años treinta, cuando la Revolución Mexicana estaba llegando a su período más radical en términos de reformas sociales, con la reforma agraria y la expropiación petrolera —que involucraba intereses extranjeros muy poderosos—, las grandes potencias —y las compañías petroleras— no hicieron nada. Sí protestaron. Los ingleses, por ejemplo, lo hicieron de una manera tal que los mexicanos rompieron las relaciones con ellos; sin embargo, ese quiebre no afectó la situación mexicana. En un tercer momento, en medio del auge del Eje previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nuevamente reconoció lo esencial que era mantener buenas relaciones con México. Henry Morgenthau, quien era el Secretario del Tesoro durante esos años, escribió justamente en su diario que las buenas relaciones con México en ese momento eran más importantes que cualquier cantidad de petróleo. Me parece, entonces, que la Revolución Mexicana tuvo la fortuna, en su origen y en su período más radical, de ocurrir justo cuando Estados Unidos, por el contexto internacional, requería —y buscaba— tranquilidad en el vínculo con México, y con las relaciones con el resto de América Latina. Ejemplo de ello fue también la política del “Buen Vecino” liderada por Franklin Roosevelt.

Si uno compara esto con la situación de Guatemala en los cincuenta, en plena Guerra Fría y con una administración republicana en la Casa Blanca, el desarrollo de los hechos y la influencia externa son completamente diferentes. La Revolución Guatemalteca, que en la administración de Jacobo Árbenz tenía algunas similitudes con la de Cárdenas —por ejemplo, respecto a la Reforma Agraria—, fue completamente aplastada, en parte por la CIA, en parte por la oposición guatemalteca. En ese sentido, entonces, el contexto internacional favoreció a los mexicanos en su ensayo radical, constatación que, yo creo, explica en parte por qué la revolución armada mexicana, que fue tan caótica, no pudo ser controlada. Incluso cuando los norteamericanos intervinieron dos veces en Veracruz y luego con la expedición punitiva en el norte, fue un caos total. Involucrarse en las revoluciones de otros países, en cualquier caso, siempre será ocasión de caos, lo que evidencia que realmente no se pueden controlar. Es cierto que, por ejemplo, en los años veinte, cuando el Estado revolucionario mexicano, con los sonorenses, trató de establecerse y mejorar sus finanzas, de atraer inversión, Estados Unidos tenía más influencia en el país, debido a los banqueros, Dwight Morrow y otros. Pero eso no podía impedir una significativa autonomía por parte del Estado mexicano. Entonces, claro, depende un poco de la década, pero si uno toma los tres decenios de la Revolución, México tuvo mucha más autonomía respecto de Estados Unidos que la que tuvo después.

IJ: Tengo una última pregunta antes de pasar a las del público, y está motivada por la visita a Chile del presidente recién electo Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿él es el retorno del PRI? No sabemos hasta qué punto Enrique Peña Nieto es “nieto” de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, o de Lázaro Cárdenas, ni qué ha pasado en todos estos años. ¿Cómo se explica este cambio en que regresa, finalmente, el PRI? ¿Hay continuidades, hay rupturas?

AK: Supongo que cada revolución llega a su fin, es decir, no se puede mantener una revolución permanente. Mao Tse Tung hizo el intento de armar nuevas revoluciones, con la Revolución Cultural, por ejemplo, pero no me parece que sea la manera adecuada de gobernar un país. Para el caso de México, entonces, creo que era, no inevitable, pero sí muy probable que, después de toda la ola revolucionaria, viniera una reacción, la que se vio muy claramente, pienso, a comienzos de los años cuarenta. Durante el gobierno de Miguel Alemán, y no es una afirmación muy original, se llevó a cabo un nuevo proyecto de industrialización que acompañó la formación del PRI, que, no obstante su etiqueta de Partido Revolucionario Institucional, fue siendo cada vez más institucional y menos revolucionario. Eso es lo que hace tan difícil ver al México del milagro económico y de la hegemonía del PRI en los años cincuenta, sesenta, setenta, como un régimen o sociedad revolucionaria.

Ahora bien, la Revolución todavía está presente en los libros de texto, en los aniversarios, en las estatuas y en las conmemoraciones. Pero creo que siempre hubo una brecha, y que fue cada vez mayor, entre la retórica y la realidad, y me parece que eso —junto a otros factores obviamente— explica también la transformación del PRI; su retórica no pudo cuadrar bien con la realidad de un México capitalista, que crecía rápidamente, con muchas desigualdades y con una clase capitalista muy fuerte, especialmente en Monterrey. A fines de los 80, con el llamado “giro neoliberal”, Carlos Salinas y otros trataron de reformar toda la retórica, el discurso, con el objetivo de presentar al PRI como un partido justamente más neoliberal, reformista, procapitalista, que dio, por ejemplo, la bienvenida al Papa, un hecho sumamente novedoso en la política mexicana, asegurando un éxito que duró varios años. Sin embargo, debido a varias crisis económicas y muchos otros elementos, el PRI, al final de cuentas, no podía llevar a cabo esta re-imaginación o reformulación de su proyecto, lo que se hizo bastante obvio hace dos años, para el Centenario de la Revolución.

Para terminar, entonces, aun cuando la Revolución sigue siendo un punto de referencia muy importante en la historia, en la historiografía y en la cultura, me parece que en términos políticos ya es cosa del pasado. Incluso la izquierda mexicana —al menos la más sensata— no piensa ni quiere regresar a la Revolución. Los llamados “zapatistas”, que utilizaron el nombre de Zapata para definirse, tampoco buscaron realmente volver a aplicar la política del plan de Ayala de hacía un siglo, porque no podían. Y es que el México de comienzos del siglo XXI es tan diferente del México de la Revolución, que es necesario pensar en nuevas políticas y nuevas estrategias, tanto en la izquierda como en cualquier otro partido.

IJ: Doy cierre entonces a mi ciclo de preguntas, pasando ahora a las que quiera realizar el público.

Conversación con el público

Pregunta: Relacionando sus planteamientos respecto de una periodificación de la historia del Estado en América Latina con lo que ha desarrollado ahora, pareciera que estamos asistiendo a un momento de debilitamiento del Estado, por lo menos a nivel macro[14]. Mi pregunta es qué pasa si contrastamos ese supuesto debilitamiento, por ejemplo, con otros escenarios de fortalecimiento de ese mismo poder estatal, como es el caso de los poderes locales en las municipalidades. Me refiero específicamente a Chile porque es lo que conozco, pero me parece que no se ha medido el rol de la municipalidad como articulador de la gestión del Estado, principalmente en la relación con los estratos socioeconómicos más débiles, que justamente son los que más dependen de los beneficios o asistencias que entregan esas municipalidades. No sé si usted ve en esta dimensión una entrada para cuestionar, de alguna manera, este supuesto debilitamiento del Estado.

AK: La constatación de un debilitamiento del Estado es, obviamente, una generalización muy amplia que debe matizarse en el análisis de cada caso. El que mejor conozco es México, en donde sí ha habido una disminución o adelgazamiento del Estado en cuanto a su gasto, a la inversión pública, e incluso respecto de su mismo poder. Probablemente el Estado mexicano todavía es más fuerte que varios otros Estados, hablando muy abstractamente. Pero ha habido un cambio —justamente pensando en la cuestión que mencionas de los municipios—; ha habido un proceso de cierta devolución de poder y de gasto público, del Estado central a los estados y a los municipios. Volvemos acá a lo que conversábamos al inicio, la existencia de al menos tres niveles de poder: el Estado central, los estados y los municipios.

Como historiador, es interesante esta pregunta porque me hace pensar un poco en un horizonte de más largo plazo. Por ejemplo, en los años veinte se produjo en México una suerte de balance —incluso en el gasto público— entre el poder central y el de los gobernadores que fueron figuras especialmente fuertes en esa década: Adalberto Tejeda en Veracruz y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Por el lado opuesto, se ve en los setenta, durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, el período de mayor centralización fiscal y política, con una excesiva estatización de la economía, relacionada con el segundo auge petrolero que se produjo en esa década. Cuando este se desplomó, desencadenando la crisis de la deuda en 1982, comenzó este proceso de parcial debilitamiento del Estado central. Este proceso fue bienvenido por mucha gente, que lo consideraba como algo positivo en la medida que el Estado mexicano era visto como el “ogro filantrópico”, el Leviatán, en contraste con una visión positiva sobre los poderes estatales y locales que serían en cambio más democráticos, al ser, supuestamente, más cercanos al pueblo[15]. En ciertos casos quizás haya algo de verdad en esto, como en el caso de algunos movimientos populares y cívicos en ciertos estados que pudieron de hecho afirmar un poco más su poder al producirse este debilitamiento del Estado central.

Ahora bien, el problema de todo esto, especialmente el caso de los municipios en México —que quizás no tenga nada que ver con Chile, ya que no conozco muy bien su realidad actual—, es que la devolución de poder al nivel local depende mucho de qué y quién constituye ese poder local, esto es, quién controla el municipio. Hay municipios que hoy son completamente controlados por los narcos y por los carteles; hay otros en donde hay caciques al antiguo estilo, como en Oaxaca por ejemplo; hay regiones en donde se ha devuelto el poder a las autoridades tradicionales indígenas, algo que también suena muy progresista y muy bonito. El problema, no obstante, es que, por ejemplo, al sostenerse en un sistema de usos y costumbres, a la manera de las comunidades indígenas tradicionales, no hay partidos, no hay elecciones normales y periódicas, y la ley central tiene una aplicación parcial y antojadiza. Hay tradiciones también muy machistas, que se establecen como prácticas en estos municipios legitimadas por la ley de la costumbre y oculta para el Estado que se ha debilitado.

Entonces creo que hay también un problema en la devolución de poder al municipio, que depende mucho de la naturaleza del municipio y de sus autoridades. Puede verse como algo democrático, progresista, pero en muchos casos esa devolución no necesariamente es tan positiva, e incluso puede fortalecer la autoridad de caciques locales y grupos como los narcos, que nada tienen de democráticos ni progresistas. Por lo tanto, es un problema y un desafío, para el que, sin embargo, no tengo una respuesta; soy historiador, y no es mi tarea buscar soluciones.

Pregunta: A mediados de los noventa usted abordaba el tema del populismo como una herramienta que circulaba y que se estaba procesando intelectualmente a propósito del nuevo escenario tras la caída del Muro de Berlín. La pregunta es si usted considera que el término tiene todavía algún rendimiento interesante para el análisis histórico de América Latina. ¿Está básicamente todo dicho en ese ámbito? Y, por otra parte, ¿usted visualiza cuáles son las áreas de extensión interesantes del término?

AK: En cuanto a mi perspectiva, he desarrollado ya todo lo que pienso sobre el tema y por tanto no tengo mucho más que decir sobre el populismo[16]. Hay gente, en cambio, que sigue trabajando sobre ese problema, incluso con el concepto de neopopulismo. En esa línea está, por ejemplo, Kurt Weyland, que, junto a otros, ha armado su carrera con este tema y ha producido cosas interesantes[17]. Por tanto me parece válido que se siga hablando de populismo, aunque mi opinión sigue siendo todavía la misma, y es que para mí el populismo refiere fundamentalmente a un estilo de hacer política. Es útil como categoría ya que en todos los países —no es ningún monopolio de América Latina, pues se ve en Europa y en Estados Unidos— hay movimientos y líderes populistas. Se pueden establecer ciertos criterios —a mi juicio un poco vagos— acerca de la naturaleza del populismo, que normalmente tienen que ver con la relación entre el líder o el grupo que encabeza el movimiento y el pueblo, que es un concepto también muy vago. También se asocia a menudo con el contexto, en la medida que los movimientos populistas más fuertes suelen ocurrir en momentos de crisis —por ejemplo, cuando los partidos políticos se encuentran desarticulados—, lo que, sin embargo, no es una ley sino más bien una tendencia, que se asocia con la aparición de ideologías de contestación y polarización, de un “nosotros” contra “ellos”, que pueden ser judíos, extranjeros, etc.

Ahora, para mí, como dije, es un estilo de política —y esto no es un enfoque muy sofisticado—, definición que permite pensar en individuos y movimientos populistas. En el caso de México yo podría, sin mucha dificultad, clasificar muchos políticos y movimientos como populistas o no. Pero, más allá de eso, no me parece una clasificación que aporte demasiado, y en ningún estudio he visto que el populismo se pueda utilizar como el concepto organizador para entender todo un período. Hay gente que ha intentado hacer eso en el estudio de América Latina, llamando a toda una etapa como “período populista”. Empero, a mi juicio, es un ejercicio que no sirve. Aunque me parece una etiqueta con cierta utilidad, al igual que muchas otras como “radical” o “intransigente”, el populismo puede describir un estilo, pero no una etapa. Y un problema derivado de esta idea de “etapas”, de división en períodos, es que ha habido populistas antes y después; han aparecido en países más industrializados como Brasil, y en países más agrarios como Cuba o Nicaragua, con Batista y Somoza respectivamente, que tienen muchos rasgos populistas. Entonces, para mí, no es un reflejo de una forma de economía ni de una era, que es lo que se intentó plantear a mi juicio en la definición más clásica del populismo. Sin embargo, ello no quita que otros estudiosos lo consideren un concepto central para explicar ciertos procesos.

Pregunta: Mi pregunta quizás obligue a hablar sobre el presente, ya que tiene que ver con un informe que publicó el año 2009 la revista Forbes, que dio la vuelta al mundo estableciendo la tesis de que México era un Estado fallido. A usted, que ha hecho una historia donde el Estado es un elemento central del análisis, ¿qué le parece esta afirmación? ¿Tiene algún sentido? ¿Hasta qué punto, dado el problema del narcotráfico en el norte, de la corrupción, y de tantos otros temas que se han hablado sobre México, tendría sentido establecer una teoría de este tipo, o calificar derechamente a México como un Estado fallido?

AK: Uno podría preguntar cuáles son exactamente los criterios de un “Estado fallido”, ya que hay Estados que han fracasado en ciertos aspectos o ciertas regiones, y no en otras, lo que obliga a precisar el problema. Pero tratando de contestar tu pregunta, se puede decir que el Estado mexicano es un Estado fallido en algunas regiones, porque hay lugares como Ciudad Juárez, por ejemplo, en donde el estado de derecho no existe, y no ha existido durante varios años. En otras partes, como la frontera, y algunos estados del norte, o las regiones productoras en el llamado “triángulo del oro” que incluyen a Sinaloa, Durango, Chihuahua, el Estado tiene una presencia, pero muy débil. El ejército puede entrar, quemar sembradíos de marihuana, pero después sale y la producción del narcotráfico empieza otra vez. Ahora, decir que por ello México es un “Estado fallido”, me parece un poco exagerado, ya que hay también muchas otras regiones donde el Estado sí tiene una existencia efectiva. Puede ser una presencia a veces algo autoritaria, y por tanto no siempre tan bonita ni positiva, que implique la protección de los pobres o un estado de derecho, pero es igualmente una presencia. Una manera de entrar al problema es mirando las cifras de homicidios, como una idea de la falta de estado de derecho, en que hay regiones como Yucatán donde los números son como en Canadá, mientras hay otras que quedan fuera de la escala, como Ciudad Juárez. Por lo tanto la distinción no es sólo entre zonas con un Estado ausente o presente, sino también respecto de la misma presencia del Estado, corrupta o no, débil o no. De manera que la clasificación debiera ser más compleja, donde se introduzca al análisis no sólo el problema de que el Estado no tenga presencia efectiva, sino también aquel de que, cuando la tiene, es una existencia corrompida por los carteles o los narcos.

Hay otros países en el mundo que tienen estas características, como el caso de Colombia en América Latina, lo que evidencia que México no es una realidad tan fuera de lo común. Actualmente, y volviendo sobre la figura de Enrique Peña Nieto, está la incógnita sobre qué va a hacer o qué puede hacer respecto de este problema, de tan difícil solución especialmente en el tema de la violencia. Cuando el PRI dominaba el país, puso en todas las plazas a sus aliados, estableciendo un sistema corrupto y autoritario, pero en el que, sin embargo, al ser de alguna manera los amos del sistema, se minimizó la violencia, aun cuando existía exportación de drogas y carteles. Ese sistema corrupto se sostuvo en un mecanismo que controló la violencia entonces, tanto entre los mismos carteles como entre ellos y el Estado. Por diversas razones, que tuvieron relación con el tema económico, pero también con el derrumbe del PRI, la entrada del Partido de Acción Nacional (PAN) al gobierno y la iniciativa del ex presidente Felipe Calderón hace seis años de usar al ejército en contra de los carteles, los antiguos pactos y tratados por “debajo de la mesa” que garantizaron un cierto control del Estado, fueron rotos. Y a causa de ello es que existe hoy una suerte de guerra darwiniana entre estos grupos. Me cuesta trabajo entonces ver cómo un nuevo presidente, aunque pertenezca al PRI, podría rearmar un sistema así hoy día.

Pregunta: Mi pregunta tiene que ver con la discusión sobre sus referentes teóricos, donde se habló de Max Weber y Barrington Moore. ¿Cuáles serían sus interlocutores latinoamericanos, ya sean de la historiografía o de las ciencias sociales, en la reflexión sobre México? ¿Con qué autores está dialogando en el contexto latinoamericano?

AK: Hay muchos historiadores buenos en México, un país que siempre ha tenido una fuerte tradición historiográfica, quizás más creciente aún en las últimas décadas. Esto se puede ver en las librerías, en las bibliotecas, en las revistas que circulan, como Historia Mexicana y muchas otras. Ligado a la cuestión del regionalismo y el localismo en México, hay también un gran número de universidades, colegios y centros de investigación dedicados a estudiar la historia mexicana, que han minimizado la tan alta centralización de otros tiempos. Hoy puedes ir al norte, al sur, al centro, y encontrar en cada lugar diversos focos de investigación, lo que permite que existan muchos diálogos y muy buenos historiadores. Mencioné uno anteriormente, Luis González, quien murió hace poco, y que entre muchas otras obras escribió un libro llamado Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia, siendo con él el gran pionero del enfoque[18]. Este libro salió en 1968 y, aunque para mí nunca ha sido superado por otro historiador, ha habido un sinnúmero de estos estudios locales y regionales posteriores que han seguido su perspectiva, y que han sido fundamentales, al menos para mí, que estoy más bien del lado de la historia nacional.

Hay además en México una tradición de debate bastante fuerte, pienso que incluso más fuerte que en Estados Unidos, donde a veces hay un cierto temor al debate robusto y abierto. No sé si estarán de acuerdo conmigo en ese diagnóstico; yo al menos me estoy refiriendo específicamente al caso de los historiadores, no de los sociólogos o politólogos. Entonces existen en México muchas áreas de debate, en algunas de las cuales he podido participar y beneficiarme de los comentarios. Yo no sé si hay una sola persona que sea para mí un referente, aunque Luis González sea probablemente para mí el historiador que más ha influenciado a la generación de historiadores de México, yo incluido. Ahora, en términos teóricos hay que recordar el impacto de corrientes de interpretación que se han desarrollado en América Latina, como por ejemplo la Teoría de la Dependencia. Aunque para el día de hoy ya ha sido relativamente descartada —como dice Steve Haber, nada más valdría ponerla en la basura—, toda esta teoría, desarrollada por grandes intelectuales latinoamericanos como Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, fue un aporte fundamental que no ha perdido todo su valor.

Hay otros intelectuales que quisiera mencionar, como José Carlos Mariátegui, que escribió un buen ensayo sobre la Revolución Mexicana, ejemplo con el cual quiero evitar la impresión de que sólo fueron intelectuales del norte como Barrington Moore, o alemanes como Max Weber, los que me han influenciado. Pienso que el historiador puede ser bastante ecléctico; creo que es mejor leer por todos lados, beneficiándose incluso de Lyotard u otros que pueden ofrecernos una perspectiva interesante. Lo importante es reconocer dónde cada autor puede ser útil o valioso. El historiador, a mi juicio, se enfoca en problemas bastante concretos: un país, una región, una comunidad, que se transforman en una problemática que puede ser abordada desde múltiples ideas, enfoques y autores, ya sea de Marx, de Weber, de Barrington Moore o cualquier otro teórico, historiador o antropólogo. Valga decir aquí la importancia que creo tienen los antropólogos, en especial Eric Wolf, al menos para mí, quien fue un gran ejemplo de vinculación entre antropología e historia, con lo que formuló interpretaciones sobre América Latina y el mundo muy fértiles.

Pregunta: Me gustaría volver a la idea de hacer una historia que comienza con conceptos analíticos. Y quiero plantear para ello un contraste de imágenes. Tenemos dos países cuyas revueltas y desorden comienzan con un problema electoral. Tenemos dos países donde hubo, en uno, una transformación mucho más grande del modo de producción que en el otro. Y, sin embargo, a pesar de estar cercanos en el tiempo, cercanos en el espacio geográfico, al conflicto del primero le llamamos “guerra civil” y al otro le llamamos “revolución”. Estoy hablando, por supuesto, de la Guerra Civil de Estados Unidos y la Revolución Mexicana. ¿Por qué esta diferencia, que afecta la manera en que uno ve la historia norteamericana y la historia mexicana? Porque en el fondo la transformación social norteamericana, e incluso política, aunque muy tardía —y también la frustración, como en México— de los ideales que motivaron a los abolicionistas, pareciera que fueron mucho más profundas en Estados Unidos que en México. Y, sin embargo, nos mantenemos con la idea de que en una parte hubo una guerra civil y en la otra parte hubo una revolución.

Lo curioso, además, es que en la historiografía norteamericana se usa la palabra “revolución” para hablar de algo que no cambió nada, que es la Independencia, fuera de crear una estructura política centrada en un presidente. Entonces, ahí uno se da cuenta de cuáles son los sesgos analíticos que se producen en una historia cuando uno adopta dos conceptos que nadie cuestiona y que los reproduce mecánicamente. Porque si uno hace una historia de Estados Unidos basada en la idea de la guerra civil, como se ha hecho muchas veces, el tema es el de la autonomía de los estados, el tema es el hecho de que había un ejército enfrentado con otro, de dos estados, y no el despelote mexicano, donde había movimientos y procesos distintos. Pero si uno lo enfoca desde el punto de vista afroamericano, como lo hace la nueva historiografía sobre el tema, el resultado es completamente distinto, y la Revolución de Zapata no parece nada en comparación con la manera en que los ex esclavos se armaron, participaron en la guerra y se unieron a las tropas de la Federación. Con toda la enorme frustración que significó todo ese proceso para ese pueblo.

AK: Es cierto que el uso de “guerra civil” por un lado y “revolución” por otro es, en términos semánticos, muy importante. Y para nada más dar otro ejemplo, ha habido un sinnúmero de congresos y talleres de investigación sobre la independencia de América Latina en los últimos años para discutir justamente ese concepto. Me llama la atención en el caso de México —quizás para otros casos también— que hay una corriente de interpretación que quiere referirse a la Independencia de hace dos siglos como una guerra civil. Eso, en parte, es una manera de disminuir el significado del conflicto. Podemos debatir qué tan sustancial puede ser una “revolución” respecto a su transformación social o política exitosa, pero obviamente “revolución” es diferente de “guerra civil”, así como ha habido muchas guerras civiles que en ningún caso fueron revoluciones. Inglaterra, por ejemplo, con las Guerras de las Rosas en el período medieval, vivió una guerra civil bastante sangrienta pero que no fue revolucionaria, en la medida que tenía que ver con grupos o facciones rivales. En la historia de América Latina conocemos también muchos casos de guerras civiles que no fueron o, más bien, no tuvieron ningún ímpetu o contenido revolucionario.

Me parece, entonces, que es una discusión importante. Supongo que en el caso de la Guerra Civil norteamericana, la idea de la guerra civil, que es la costumbre, es una manera quizás de disminuir lo que tú apuntas correctamente, y que es el cambio que significó la movilización popular de los negros y el hecho de que el sur quisiera emanciparse. Es importante además constatar que después de la revolución y de la reconstrucción, hubo también una contrarrevolución, ejemplificada en las leyes de Jim Crow, lo que, sin embargo, no niega en ningún caso el que haya sido un momento revolucionario. Barrington Moore sí refiere a la Guerra Civil norteamericana como una forma de revolución y puede ser que tenga razón. Supongo que esto tiene que ver un poco, en parte, con la autoimagen de los Estados Unidos como un país en donde las cosas son más o menos estables, donde hay consensos, y donde los movimientos revolucionarios y radicales están muy al margen. Al ser la Guerra Civil un gran problema, esta es quizás una manera de suavizarlo, dejando de lado su dimensión revolucionaria.

Ahora, si uno toma en cuenta toda la trayectoria, comparando lo que pasó en Morelos, con Emiliano Zapata, con lo que ocurrió en Estados Unidos o en el sur, no me parece que el primero haya sido menos importante. En Morelos se destruyó casi completamente la elite terrateniente, las plantaciones azucareras nunca se recuperaron, y hubo una reforma agraria muy amplia antes incluso de la llegada de Cárdenas. Claro, Morelos constituye el caso ejemplar de una revolución popular que conllevó rápidamente un cambio muy sustancial, no solamente en la tenencia de la tierra sino también en el gobierno, en donde hubo representantes campesinos ya en los años veinte. Hay otras partes de México, como Oaxaca, en donde los cambios fueron mucho más ligeros y menos importantes, que podrían ponerse en comparación con la Guerra Civil en Estados Unidos. Otra vez estamos en el problema de la diferencia regional.

Réplica: A lo que voy es que si uno usa la palabra “revolución”, entonces uno se enfoca justamente en Zapata. Pero si hablas de “guerra civil”, entonces te enfocas en otras cosas. Y esa es la importancia de siempre tener muy claro el efecto que tiene la manera en que uno investiga las cosas, de las categorías analíticas que emplea.

Pregunta: Yo siempre me he preguntado cuán útil es hacer una diferenciación conceptual tan rígida entre “revolución” y “guerra civil”. Porque la verdad es que las revoluciones más importantes han tenido fuertes elementos de guerra civil. La francesa, la rusa, como revoluciones, han tenido también elementos de guerra civil. Entonces no sé qué tan útil sea optar muy monolíticamente por una u otra.

AK: Yo diría que toda revolución es una guerra civil, por definición. Pero revolución incluye además otras cosas, como una polarización ideológica —puede ser de clases, de regiones—, donde hay cuestiones muy importantes en juego. Podríamos agregar también aquí la cuestión de las revoluciones nacionalistas que, aplicada al caso de Estados Unidos, permitiría decir que la Guerra Civil fue una revolución nacionalista por parte del sur, que fue aniquilada por el norte. Esa es otra perspectiva comparativa interesante. Estoy de acuerdo, entonces, en que es necesario distinguir entre los dos, precisando eso sí que aunque toda revolución, por definición, es también una guerra civil, no toda guerra civil es revolucionaria. Ejemplo de ello es la Guerra de las Rosas en Inglaterra, que ya mencioné, el caso de la guerra de Nigeria en los años sesenta, donde se enfrentó el Biafra con el gobierno central, en los cuales los movimientos secesionistas y muchos otros que son guerras civiles, muy importantes y sangrientas, no son revoluciones, en el sentido de que no contienen dos programas, dos fuerzas, dos imaginarios colectivos en juego.

Pregunta: Me quedé pensando en lo que has mencionado al final de la charla acerca del legado de la Revolución Mexicana en la política actual de México. Y, sin ánimo de entrar a la cuestión de la teoría acerca de las revoluciones, creo que al analizar las revoluciones del pasado, de los últimos tres o cuatro siglos, uno encuentra ejemplos clásicos de revoluciones que se podrían dividir en dos grupos. El primero, por llamarlo de alguna manera, el de las revoluciones restituyentes, pensando en la de Gran Bretaña en 1688 y Francia en 1830. El segundo grupo sería el de las regenerativas, donde entrarían las más comunes o clásicas: Francia en 1789, Rusia en 1917 y me parece que, claramente en ese sentido, México quedaría entre esas. Sin embargo, tu último comentario me dejó pensando ¿hasta qué punto la resonancia actual de esa revolución es tan profunda o tan poderosa como en el caso de estas otras que mencioné, en sus países o en general?

AK: Como mencioné, probablemente semejante a lo que ha ocurrido con la Revolución Francesa, que ha tenido más de dos siglos de reflexión, con gente a favor y en contra, la Revolución Mexicana sí tiene una presencia en la política y hay gente que de vez en cuando la invoca, aunque yo diría que cada vez menos. Además, en México siempre hubo quienes rechazaron la Revolución, tomando en cuenta la existencia de un fuerte núcleo de católicos políticos que ha tenido una larga historia de oposición. De manera que la Revolución nunca fue, o nunca tuvo, el monopolio de la adhesión de todos los mexicanos. Siempre hubo bastante disidencia y cuestionamiento, principalmente desde los católicos pero también de otros grupos.

Entonces, yo diría que hay una tradición, como en Francia, tanto de invocar la Revolución como de criticarla. Ahí tenemos, por ejemplo, a los zapatistas o al partido izquierdista en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en cierta medida invocan a la Revolución. Su ex líder, Cuauhtémoc Cárdenas, es además hijo de Lázaro Cárdenas, por lo que también hay un aspecto familiar o dinástico que explica ese vínculo. Pero no sé bien en qué medida esta referencia histórica significa algo en la práctica. No quiero decir que no tiene nada que ver con la política contemporánea, pero creo que en México, como en muchos países, la política, las elecciones, los resultados tienen mucha más relación con la economía, el desempleo, la falta de seguridad del estado de derecho, la criminalidad, el acceso a la educación, etc. Entonces, la gente puede apelar a Cárdenas, en pro o en contra, pero no me parece que sea algo tan fuerte. Entre intelectuales está también este debate, que se discute en términos de los méritos o falta de méritos de la Revolución, que al final alude a lo mismo. Sin embargo, la Revolución es algo que pasó hace más de un siglo, lo que hace de ella más que nada una referencia histórico-cultural, pero no un factor que incida directamente en los tiempos actuales. Hoy estamos a tres o cuatro generaciones de la Revolución, ya no quedan los que lucharon, quizás sólo queden algunos ya muy ancianos, por lo que es un hecho ya muy lejano.

Hay debates interesantes en la historiografía, y no sólo entre los académicos sino también, por ejemplo, en los libros de texto. En los años noventa hubo un esfuerzo para reescribir todos los libros de texto, sacando a los supuestos “buenos” como Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata —o el episodio de los niños héroes que se arrojaron del castillo de Chapultepec para no rendirse a los norteamericanos, en la guerra de 1847— para reescribirlos con nuevos enfoques, nuevos héroes, nuevos villanos. Incluso se incorporó una suerte de revalorización de la figura de Porfirio Díaz, algo muy interesante que no sólo se dio en el espacio de los libros de texto sino en las telenovelas, donde se ha mostrado a Díaz como una persona mucho más heroica, que contribuyó al crecimiento de la economía y la estabilidad mexicana. A fin de cuentas, los libros de texto fueron un fracaso, tuvieron mucha oposición, en parte debido al rechazo por parte del sindicato de maestros —quizás por razones ideológicas, quizás por razones puramente personalistas y políticas—, de manera que no se dio paso a una nueva generación de libros de texto más radical, o más neoliberal. Este es entonces un ejemplo donde sigue operando la influencia de la Revolución, que me parece que de vez en cuando vuelve a entrar en la política contemporánea, aunque, insisto, lo hace cada vez menos.

Pregunta: Mi pregunta es cómo conciliar la definición que usted hace de la Revolución Mexicana como, efectivamente, una revolución, y el hecho de que los zapatistas hayan sido derrotados, siendo justamente los elementos más radicales del bando revolucionario. Al ser asesinado Zapata, lo que se implementó en Morelos no se implementó en el resto de México, lo que permite ver en eso la derrota del zapatismo. Limitándose entonces, en ese sentido, a Morelos, ¿podría hablarse de una Revolución Morelense y no de una Revolución Mexicana?

AK: No sé qué quieres decir exactamente con la idea de que el zapatismo fue derrotado. Sí comparto que fue una Revolución, y que el zapatismo fue el movimiento más consistente y más fuerte, pero no me parece tan cierto que haya sido derrotado. Es cierto que Zapata fue asesinado, pero los movimientos pueden seguir una vez que asesinan al líder, y eso fue lo que pasó en Morelos. Y no se extrapoló lo que ahí se llevó a cabo, en parte, porque fue un movimiento fundamentalmente local, un movimiento muy regionalista, lo que constituyó una de sus fuerzas y también de sus debilidades. Podría entonces plantearse lo que tú señalas, la idea de una Revolución Morelense, pero habría que agregar que no fue una sola; hubo otras revoluciones, quizás menos radicales, en otras partes. Si uno piensa en el cardenismo en Michoacán, el tejedismo en Veracruz, es posible reconocer la existencia de otros movimientos revolucionarios. Claro que hay diferencias entre ellos, pero es importante constatar que hubo diversos movimientos: de protesta, de modernización —militar y política—, de una reforma agraria, de expansión de la educación federal, formación de sindicatos potentes, etc. La reforma agraria fue quizás lo más nuevo, porque bajo Porfirio Díaz hubo una verdadera concentración de las tierras. Con la Revolución, el giro fue de 180 grados, porque se distribuyeron esas tierras a los campesinos. La educación federal había comenzado, en parte, con Díaz, pero la Revolución la hizo más amplia y mucho más rural, con todo un cuadro de maestros que se desplazaron por el país —y que no son los maestros actuales, sino con una formación diferente que tenía que ver con una misión social—.

Entonces, no es simplemente una Revolución Morelense, había más revoluciones, o mejor dicho, muchas experiencias durante la Revolución que se podrían calificar como revolucionarias. Y como historiador, intentando armar un conjunto a partir de estas experiencias diversas, me parece que es posible plantear que fueron suficientemente importantes respecto a los cambios que provocaron para definirlas en su unidad como una Revolución. Si uno quiere decir “no”, porque necesitas a Stalin, la colectivización, la formación de una economía planeada para reconocer una verdadera revolución, está bien; al final, es una cuestión de criterios. Sin embargo, a mi juicio, si la Revolución Mexicana no fue una revolución, me cuesta trabajo ver cuáles otras sí lo serían. La Francesa en cierto sentido, pero en otros no; la Boliviana, para nada, y así.

Regresando a la cuestión del zapatismo, es cierto que fue limitado y regional, por lo que es cierto también lo que afirmas de que el éxito del zapatismo no quiere decir el éxito de la Revolución. Y de hecho, sumando las demás experiencias —y hay excepciones, Yucatán, Oaxaca—, la Revolución fue mucho más débil que lo que pasó específicamente en Morelos. No obstante, creo, fueron ejemplos y experiencias suficientes para considerarlos como parte de una revolución.

Pregunta: Con la perspectiva del tiempo, da la sensación de que la Revolución Mexicana, pese a su extensión temporal y a la fuerza que alcanzó, no tuvo el mismo potencial para transformarse en un modelo de cambio en otros países —incluso latinoamericanos— que el que tuvieron otras revoluciones más adelante, como la cubana o la rusa. ¿A qué se debería eso? ¿Será porque no había una ideología universalista detrás? ¿O habrá otros elementos?

AK: Los líderes mexicanos no fueron muy dedicados a exportar la Revolución. En este sentido, son diferentes a los franceses o los rusos, para los que, aunque de manera muy diferente, fue clave difundir su idea de revolución, así como su experiencia. No así para los mexicanos, en parte por temor a Estados Unidos. Enfaticé antes que Estados Unidos no se involucró demasiado —o con éxito— en el proceso revolucionario en México, pero ello fue también, en parte, porque los mexicanos no querían molestar demasiado al “coloso del Norte”. Hubo momentos en los años veinte, cuando México tuvo relaciones con los liberales en Nicaragua, con Augusto César Sandino y otros, apoyándolos en sus objetivos, entregándoles armas, etc., en que Estados Unidos reaccionó. Se generó todo un conflicto diplomático que terminó, más o menos, con el retiro de Calles, y no lo plantearía como una traición para Sandino, pero el apoyo mexicano efectivamente se desvaneció. Y sabemos qué pasó después con Sandino. Entonces nunca hubo un esfuerzo muy concreto por exportar la Revolución. En parte también porque los mexicanos siempre han enfatizado que la Revolución es su revolución, es distinta, no una revolución comunista o de cualquier otro tipo. Siempre ha habido un énfasis en eso: esta fue una revolución nacionalista. No hemos hablado mucho de eso, pero sí es una dimensión importante, que explica el hecho de que no haya sido exportada a otros países.

Hubo algunas influencias sin duda, que se ven por ejemplo con la formación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú y la figura de Raúl Haya de la Torre, que había estado en México algún tiempo. Y la influencia se puede observar en cierta semejanza que existió entre el programa del APRA y la Revolución Mexicana. Para conocer mejor esta influencia habría que conocer mejor también la historia de otros países, como el Perú, pero esa no es mi propia expertise. Aun así, me parece que las influencias son visibles no sólo en el caso del APRA, sino en Cuba y en Centroamérica, pero no debido tanto a una política de exportación de los propios mexicanos, sino a la existencia de ciertas referencias. Ejemplo de ello es el caso de los bolivianos y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de los años cincuenta, que hicieron referencia a la reforma agraria mexicana como un modelo válido a seguir. Sin embargo, si la Revolución Mexicana nunca hubiera existido, quizás los bolivianos habrían hecho más o menos lo mismo. ¿Quién podría decirlo?

Notas

1 La primera edición fue en inglés, Alan Knight, The Mexican Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1986 (2 vol.)). La traducción al español del FCE se titula La Revolución Mexicana (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010). Sin embargo, la primera traducción corresponde a la Editorial Grijalbo, en 1996.

2 Su tesis doctoral fue publicada en Oxford en 1974, con el título Nationalism, Xenophobia and Revolution: The Place of Foreigners and Foreign Interests in México, 1910-1915. El texto sobre las relaciones entre México y Estados Unidos corresponde a U.S.-Mexican Relations, 1910-1940: An Interpretation, libro editado por la University of California en 1987.

3 El profesor Jaksic´ se refiere aquí a los dos volúmenes de México: From the Beginning to the Spanish Conquest y México: The Colonial Era (New York: Cambridge University Press, 2002).

4 La controversia a la que el profesor Jaksić se refiere se inicia en 1997, cuando en la revista Estudios Mexicanos Stephen Haber manifiesta sus temores frente a una Nueva Historia Cultural que cuestionaba los fundamentos básicos de la disciplina histórica. En “The Worst of Both Worlds: The New Cultural History of Mexico”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 13:2 (verano 1997), pp. 363-383. Luego, en 1999, la Hispanic American Historical Review reunió a un conjunto de historiadores en un número especial que buscaba discutir los límites y alcances de esa Nueva Historia Cultural que ya acumulaba una serie de trabajos historiográficos de gran influencia, entre los que publicaron Haber y Eric Van Young, The Hispanic American Historical Review, 79:2 (1999). Alan Knight se unió a este debate respecto de la Nueva Historia Cultural en 2004, cuando reseñó el libro de Van Young, The Other Rebellion, entrando en una discusión con el autor donde ponía de manifiesto una postura crítica, aunque no completamente distanciada, de esta tendencia historiográfica. Su pertenencia a una escuela diferente, originaria de Inglaterra, quizás permitió en parte la elaboración de una mirada más autónoma sobre esta corriente. En “Eric Van Young, The Other Rebellion y la Historiografía Mexicana”, en Historia Mexicana, Vol. 54, N° 2 (214) (oct.-dic. 2004), p. 445-515.

5 Eric Van Young, La Otra Rebelión. La Lucha por la Independencia de México, 1810-1821 (México: FCE, 2006).

6 A lo largo del texto se ocupará la palabra “Estado” con mayúscula cuando se hagan referencias relativas a Estados nacionales o al Estado como categoría analítica. En el caso de los estados federales se utilizará, en cambio, la palabra “estado”.

7 Alan Knight está haciendo referencia a la obra de Luis González, Pueblo en Vilo: Microhistoria de San José de Gracia (México: El Colegio de México, 1968).

8 León Trotsky desarrolló su perspectiva en el libro titulado La Revolución Permanente, publicado en 1930.

9 Alan Heston es conocido por sus investigaciones económicas en conjunto con Robert Summers en la Universidad de Pennsylvania, donde dirigen el Center for International Comparisons (CIC).

10 El texto emblemático de Weber sobre el tema del Estado y la teoría de la dominación corresponde a Economía y Sociedad: Esbozo de Sociología Comprensiva (México: FCE, 1964). El de Barrington Moore se titula Los Orígenes Sociales de la Dictadura y la Democracia: Señor y Campesino en la Formación del Mundo Moderno (Barcelona: Ediciones Península, 1973), la primera edición en inglés es de 1966.

11 Anotamos la referencia completa: Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución (Madrid: Alianza, 1982), la primera edición es de 1856.

12 Referencia completa de la obra a la que alude Knight: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo (Buenos Aires: Losada, 2004), publicada por primera vez en 1958.

13 En su libro sobre la Revolución, Alan Knight cita el trabajo de John Hart, Anarchism and the Mexican Working Class, 1869-1931 (Austin: University of Texas Press, 1978). Además, para esta discusión, Knight está haciendo también referencia a los trabajos Empire and Revolution: Americans in Mexico since the Civil War (Berkeley: University of California Press, 2002), y Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution (Berkeley: University of California Press, 1987).

14 Conferencia magistral de Alan Knight “El Estado en América Latina desde la Independencia”, dictada con ocasión de la inauguración del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez (martes 25 de septiembre de 2012).

15 La figura del ogro filantrópico refiere a la obra de Octavio Paz, El Ogro Filantrópico: Historia y Política, 1971-1978 (Barcelona: Seix Barral, 1979). La imagen del Leviatán remite, a su vez, a la obra de Thomas Hobbes, Leviatán: O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil (Madrid: Alianza, 1999), publicado por primera vez en 1651.

16 Su artículo sobre populismo fue publicado en español en una compilación de estudios de Alan Knight sobre la historia política de América Latina: Alan Knight, Revolución, Democracia y Populismo en América Latina (Santiago: Colección América Latina, Centro de Estudios Bicentenario y Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005).

17 Los planteamientos de Kurt Weyland pueden revisarse en el ensayo “Clarifying a Contested Concept: Populismo in the Study of Latin American Politics,” Comparative Politics, Vol. 34 (octubre 2001), pp. 1-22, y en uno de sus principales libros, The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela (New Jersey: Princeton University Press, 2002).

18 La referencia completa del texto de González se indicó en la nota al pie N° 7.

“IMPARCIALIDAD Y VERDAD”: EL SURGIMIENTO DE LA HISTORIOGRAFÍA CHILENA*

Iván Jaksić

Stanford University

Iván Jaksić. Doctor en Historia, State University of New York; académico del Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas y Director del Bing Overseas Studies Program en Santiago de la Universidad de Stanford. Dirección electrónica: ijaksic@standford.edu.

* Versión extendida de la presentación el 9 de mayo de 2013 en el Centro de Estudios Públicos (N. de. E.).

El autor desea expresar su agradecimiento a Rafael Sagredo por sus valiosas sugerencias.

Resumen: La configuración del campo histórico en Chile obedece a necesidades tanto prácticas como políticas. Por una parte, establecer los hitos fundamentales del pasado para un mejor conocimiento del país en sus dimensiones geográfica, natural, civil y política. Por otra parte, incentivar la investigación histórica profesional a partir de criterios académicos establecidos por la Universidad de Chile. El cumplimiento de ambos objetivos generó una rica polémica en la década de 1840, que proporcionó la base de la tradición historiográfica chilena. Esta se caracterizó por una dicotomía dinámica entre el compromiso por la investigación histórica basada en hechos establecidos como tales a partir de documentos válidos y un propósito más amplio de influir en el cambio político y cultural del país. Los criterios de “imparcialidad” y “verdad” prevalecieron en cuanto a la determinación de los hechos, pero los historiadores siguieron motivados por sus preferencias políticas o personales en la selección de temas históricos relevantes.

Palabras clave: historiagrafía, Andrés Bello, Claudio Gay, José Victorino Lastarria, Universidad de Chile, memorias históricas.

Recibido: junio 2013; aceptado: julio 2013.

“IMPARTIALITY AND TRUTH”: THE FOUNDATIONS OF CHILEAN HISTORIOGRAPHY

Abstract: The emergence of the historical field in Chile responded to practical as well as political concerns. On the one hand, to establish a systematic knowledge of the past in order to identify the central geographical, natural, civil, and political features of the country. On the other hand, to foster professional historical research based on academic guidelines provided by the University of Chile. The effort to meet these objectives generated, in the 1840s, a lively polemic that provided the fundamental basis for a Chilean historiographical tradition. This tradition was characterized by a dynamic dichotomy between a commitment to historical research based on facts documented as such by credible records, and a larger purpose to influence political and cultural change in the nation. The criteria of “impartiality” and “truth”prevailed insofar as the establishment of historical “facts” was concerned, but historians continued to be motivated by political and personal choices in their selection of relevant historical themes.

Keywords: historiography, Andrés Bello, Claudio Gay, José Victorino Lastarria, University of Chile, annual historical reports.

Received: June 2013; accepted: July 2013.

El surgimiento de la historiografía en Chile obedece a una necesidad que tarde o temprano se plantean las naciones: cómo comprender y asimilar su pasado, sobre todo en un contexto de quiebre imperial y guerra civil. Esto no ocurriría, o por lo menos no sería tan urgente, de no ser por posiciones que suelen ser encontradas con respecto al significado, por ejemplo, de la independencia, o del carácter de las instituciones republicanas que se pretenden instalar. Chile no es una excepción, y por lo mismo es importante hacer un trazado de los momentos clave en que se manifiesta un interés por la historia, como también de quienes impulsan su cultivo.

En general se acepta que existe un debate fundacional, la famosa polémica historiográfica que protagonizaron Andrés Bello y José Victorino Lastarria, que tuvo lugar entre 1844 y 1848[1]. El presente ensayo destaca la importancia de tal debate, pero también busca contextualizarlo, puesto que existen manifestaciones más tempranas del interés por la historia, como asimismo una compleja imbricación sin la cual es difícil comprender lo que está en juego en la polémica.

En este sentido, resulta indispensable referirse a la obra de Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile. Esta obra, que Rafael Sagredo denomina “la primera narración del pasado chileno elaborada en el período republicano”, fue publicada en 30 tomos entre los años 1844 y 1871[2]. Por contrato celebrado el 14 de septiembre de 1830, y autorizado por el ministro Diego Portales, Gay se comprometía a recorrer el territorio de la república “con el objeto de investigar la historia natural de Chile, su geografía, geología, estadística y todo aquello que contribuyera a dar a conocer los productos naturales del país, su industria, comercio y administración”[3]. En la realización de esta obra Gay incluyó 8 tomos de una historia civil y política que abarcaba desde los comienzos de la conquista española hasta fines de la década de 1820. A pesar de no ser parte de su plan original, Gay redactó esta historia a instancias del gobierno de Joaquín Prieto a través de su ministro Mariano Egaña. Estos tomos revelaban de forma sistemática y por primera vez el pasado colonial de Chile y los primeros pasos de su vida independiente[4]. En el prospecto de su obra, publicada el 29 de enero de 1841, Gay explicó que “no obstante los atractivos que ofrece esta historia [la de Chile], los chilenos no pueden todavía lisonjearse de poseerla, porque las de [Alonso de] Ovalle y [Juan Ignacio] Molina y aun la del padre [José Javier] Guzmán no pueden de ningún modo satisfacer las necesidades de la época y a la ilustración del país: la primera es sobrado antigua; la segunda compendia demasiado los hechos y no llega verdaderamente más que hasta el año 1665; y la tercera, aunque más moderna y más completa, sólo puede servir para la instrucción de la juventud, que fue el único objeto que se propuso su digno y venerable autor al publicarla. Esta gran laguna nos ha sugerido la idea de añadir a nuestras publicaciones de Historia Natural y Geografía, una Historia Civil y Política de Chile”[5].

Si bien se trataba de una obra encargada y financiada por el gobierno, y de la cual se esperaba una orientación triunfalista, Gay logró introducir procedimientos metodológicos provenientes de las ciencias naturales que dieron un carácter de rigor e imparcialidad a su narrativa histórica[6]. Sin embargo, la recepción del primer tomo de la obra, que llegó a Chile en agosto de 1844, no fue particularmente halagadora. Domingo Faustino Sarmiento, el intelectual argentino radicado por entonces en Chile, comentaría casi de inmediato que “En América necesitamos, menos que la compilación de los hechos, la explicación de causas y efectos”[7]. Impactado por este y otros comentarios, Gay le diría a Manuel Montt que

Algunos diarios me reprochan el escribir más bien una crónica que una verdadera historia, añadiendo que no conozco bastante la filosofía de esta ciencia [la historia], para ser capaz de publicar una buena obra acerca de este tema. Sin duda, me gustan mucho como a ellos esas brillantes teorías engendradas por la escuela moderna, y con el ejemplo de esos prosélitos yo querría entrar en esas seductoras combinaciones espirituales que dan a los autores de esas obras la actitud de filósofos o grandes pensadores. Pero antes de ahondar esta clase de materias, los señores periodistas debieran preguntarse si la bibliografía americana, y en particular la de Chile, ha avanzado bastante para suministrar los materiales necesarios para este gran cuadro de conjunto y de crítica… Siendo particularmente la historia una ciencia de hechos, vale mucho más, según mi opinión, contar concienzudamente esos hechos, tal como han ocurrido, y dejar al lector en completa libertad para sacar él mismo las conclusiones. No es aún ni útil para los países bien conocidos, y es de toda necesidad para los que como Chile están por conocerse[8].

Es decir, las bases del debate estarían establecidas por la obra de Gay y su recepción en Chile, que giraría en torno a la interpretación del pasado, sus fuentes y sus fines.[9] La Universidad de Chile, fundada en 1842 e inaugurada en 1843, jugaría un papel central en cuanto a implementar un modelo académico para este y otros campos del conocimiento.

La Universidad de Chile

La inauguración de la Universidad de Chile en septiembre de 1843 representa un hito fundamental en el surgimiento de la historiografía chilena. Es con la instalación de la Universidad que se establecen los lineamientos, estatutos y propósitos que definirán el cultivo profesional del campo histórico en Chile. En el discurso inaugural de la Universidad, el Rector Andrés Bello indicó al respecto que,

Respetando como respeto las opiniones ajenas, y reservándome sólo el derecho de discutirlas, confieso que tan poco propio me parecería para alimentar el entendimiento, para educarle y acostumbrarle a pensar por sí, el atenernos a las conclusiones morales y políticas de Herder, por ejemplo, sin el estudio de la historia antigua y moderna, como el adoptar los teoremas de Euclides sin el previo trabajo intelectual de la demostración. Yo miro, señores, a Herder como uno de los escritores que han servido más útilmente a la humanidad: él ha dado toda su dignidad a la historia, desenvolviendo en ella los designios de la Providencia y los destinos a que es llamada la especie humana sobre la Tierra. Pero el mismo Herder no se propuso suplantar el conocimiento de los hechos, sino ilustrarlos, explicarlos; ni se puede apreciar su doctrina, sino por medio de previos estudios históricos[10].

La referencia a Herder es significativa. La obra del pensador alemán, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit (1784-91) [Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad], representaba un hito en el desarrollo de la filosofía de la historia en Europa entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX[11]. La obra era conocida en Chile a través de la traducción de Edgar Quinet, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, publicada en París en 1827. De hecho, esta versión fue discutida en la sesión del 4 de abril de 1842 en la Sociedad Literaria fundada por un grupo de profesores y estudiantes del Instituto Nacional. Bello mismo poseía una edición francesa (1834) de este libro[12]. Lo que hacía Bello en la ocasión del discurso inaugural de la Universidad, aparte de identificar la filosofía de la historia de Herder como un ejemplo de lo que se podría, pero que aún no se debía hacer en Chile, era enfatizar la necesidad de establecer los hechos en un sentido documental. Sin un trabajo previo de recopilación documental y análisis crítico, resultaba innecesario y quizás hasta dañino el hacer filosofía de la historia[13].

Es precisamente por eso que Bello acogió favorablemente, un año después del discurso inaugural (1844), la primera entrega de la obra de Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile. Allí señalaría que “El prurito de filosofar es una cosa que va perjudicando mucho a la severidad de la historia; porque en ciertas materias el que dice filosofía, dice sistema; y el que profesa un sistema, lo ve todo al través de un vidrio pintado, que da un falso tinte a los objetos”[14].

Bello encontraba en la obra de Gay lo que en su concepto debía ser la tarea historiográfica:

Si la exactitud y la diligencia son las prendas más esenciales de la historia, no podemos negar a la presente un mérito distinguido entre las que se han dado a luz en nuestro país, sea que consideremos el juicio con que el autor ha hecho uso de sus materiales, que a la verdad no eran escasos, o el celo con que se ha procurado documentos, al paso que raros y nuevos, preciosos por su auténtica originalidad. Con este auxilio, vemos ya rectificados o desmentidos algunos hechos, que pasaban por ciertos, y se nos dan pormenores desconocidos, pintorescos a veces, y siempre interesantes; porque apenas pueden dejar de serlo los relativos al nacimiento, a la historia, a los primeros pasos de la sociedad a que pertenecemos[15].

A los términos “exactitud” y “diligencia” habría que sumar otros atributos que Bello señaló en el mismo artículo y que consideraba inherentes tanto a la historia como a la obra de Gay: “imparcialidad” y “verdad”, todos los cuales constituían un polo opuesto a la “filosofía de la historia”[16].

En aquel momento, y por encargo del mismo Bello a título de Rector, José Victorino Lastarria preparaba la primera memoria histórica que habría de presentarse en la Universidad de Chile en septiembre de 1844, por lo que conviene identificar los primeros pronunciamientos de este autor sobre la historia como disciplina. Según Lastarria, la primera manifestación pública del interés por la literatura nacional (que incluía la historia) se encontraba en la fundación de la Sociedad Literaria el 5 de marzo de 1842, de la que fue su primer director. Este evento fue en verdad significativo, en el sentido de que era expresión tanto del interés de los jóvenes por las letras como del clima político más relajado del primer período del gobierno de Manuel Bulnes (1841-1846). El discurso que pronunció en la ocasión de su elección como director el 3 de mayo de 1842 fue descrito, también por él mismo décadas más tarde, como la contrapartida intelectual del discurso inaugural de Bello en la Universidad de Chile. Allí se vislumbra su concepción de la historia:

La democracia, que es la libertad, no se legitima, no es útil, ni bienhechora sino cuando el pueblo ha llegado a su edad madura, y nosotros [no] somos todavía adultos. La fuerza que deberíamos haber empleado en llegar a la madurez, que es la ilustración, estuvo sometida tres siglos a satisfacer la codicia de una metrópolis atrasada y más tarde ocupada en destrozar cadenas, y en constituir un gobierno independiente. A nosotros toca volver atrás para llenar el vacío que dejaron nuestros padres y hacer más consistente su obra, para no dejar enemigos por vencer, y seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo[17].

Comentando este discurso, el exiliado argentino Vicente Fidel López no vaciló en detectar lo allí involucrado: “Se le ve [a Lastarria] poseído de la idea de que es una novedad fecunda… y que esta novedad es un resultado de la ley del progreso social, que ha hecho resaltar en la historia de la humanidad la ciencia nueva: esa ciencia, propiedad de nuestro siglo que se llama filosofía de la historia, y que consiste en ligar lo que es con lo que será”[18].

La dirección que tomaba el pensamiento histórico de la Sociedad Literaria, inspirada en Herder, sería después desarrollada con mayor detalle tanto por Lastarria como por Jacinto Chacón[19]. Es decir, se instalaba en la primera mitad de la década de 1840, además de la perspectiva de Gay y de Bello, una concepción de la historia que privilegiaba aquellos puntos de inflexión que señalaban un camino de progreso hacia el futuro. También Lastarria acusó el impacto del discurso inaugural de Bello, con sus referencias a la historia:

El discurso inaugural de la Universidad de Chile nos abismó a todos los partidarios de la nueva escuela, a pesar de las insinuaciones lisonjeras con que su autor parecía aprobar nuestros ensayos y tomar parte en nuestro movimiento de emancipación intelectual. El ilustre rector proclamaba, a nombre de la Universidad, doctrinas que venían a contrariar enérgicamente el efecto natural de esta evolución, el cual consistía en que la sociedad se emancipara de las preocupaciones que, como dogmas, dominaban en la vieja civilización colonial. El representante de la sabiduría entre nosotros ponía al frente de las nuevas esperanzas las tablas de la antigua ley. Su magisterio en aquellos momentos era una potencia que tomaba bajo su protección todas las tradiciones añejas que encadenaban el espíritu humano, cuya independencia queríamos nosotros conquistar[20].

Lastarria recurría a Herder para enfatizar lo que la historia debía revelar: el que la humanidad contaba con suficiente autonomía y estaba de hecho libre de la intervención divina, para avanzar hacia grados mayores de perfección y libertad. En esta última interpretación, la mera narración de los hechos impedía un juicio orientador sobre el desenvolvimiento histórico conducente a la libertad. Bello, por su parte, insistía en que Herder mismo no aprobaría una historia que no estuviese basada en la investigación empírica. De esta forma, surgía la dicotomía fundamental que caracterizaría el desarrollo historiográfico en Chile, en el sentido de ser o no la historia un agente de cambio cultural, político y social. Es en este contexto que se generaría el debate historiográfico, en un ambiente ya recargado por la polémica en torno al reconocimiento de la independencia por parte de España con José Miguel Infante[21] y por el juicio de imprenta en contra de Francisco Bilbao a raíz de la publicación de su ensayo “Sociabilidad Chilena”[22].

El debate fundacional

La presentación de una memoria anual sobre un tema histórico estaba contemplada en los estatutos (art. 28) de la Universidad de Chile, y especificaba que “se pronunciará un discurso sobre alguno de los hechos más señalados de la historia de Chile, apoyando los pormenores históricos en documentos auténticos, y desenvolviendo su carácter y consecuencias con imparcialidad y verdad”[23]. La intención de Bello era inaugurar una tradición de estudios históricos desde la Universidad, y pidió a Lastarria, quien había sido designado como uno de los diecinueve miembros fundadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que presentara la primera memoria en 1844. Lastarria caracterizó el encargo del Rector de acuerdo a su narrativa de Bello como una figura autoritaria, y señaló en sus Recuerdos Literarios que fueron las diversas conversaciones que sostuvieron sobre temas históricos que “le movieron sin duda a ordenarnos que hiciéramos la primera Memoria histórica”[24]. Lastarria aceptó, pero decidió presentar un provocador ensayo titulado “Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile” ante los académicos de la universidad el día 22 de septiembre de 1844[25].

El ensayo de Lastarria tenía un doble propósito: por una parte, demostrar que aunque Chile se había emancipado de España en 1810, el país estaba todavía sumido en una mentalidad colonial, presente en las instituciones culturales y políticas, que obstaculizaban el desarrollo democrático. Por otra parte, el discurso buscaba promover una metodología histórica que consistía en extraer lecciones del pasado para guiar el cambio en el Chile presente y encaminarlo hacia un futuro democrático.

Algunos elementos del rechazo de Lastarria al legado colonial no eran nuevos: ya estaban presentes en su discurso ante la Sociedad Literaria en 1842. Pero en las “Investigaciones” Lastarria denunció lo que consideraba una nefasta persistencia del colonialismo español. En este discurso, Lastarria hizo un resumen de tres siglos de historia para concluir que el balance del período era desastroso. La inquietud que manifestó a su público era que el país había avanzado muy poco desde 1810, ya que no era mucho lo que podía esperarse de un pueblo que, “bajo la influencia del sistema administrativo colonial, estaba profundamente envilecido, reducido a una completa anonadación y sin poseer una sola virtud social, a lo menos ostensiblemente, porque sus instituciones políticas estaban calculadas para formar esclavos”[26]. La tarea por cumplir, afirmó, era conducir el proceso de independencia a su verdadera culminación, es decir, erradicar las trazas coloniales en la legislación y en las costumbres. En sus propias palabras,

Los héroes de nuestra independencia terminaron su espinosa tarea destruyendo el poder que nos esclavizaba, y dieron con esto principio a la reacción social que en el día se opera contra lo pasado: a la generación presente y más que todo a los hombres públicos que tienen en sus manos la suerte del Estado, corresponde apoderarse de esa reacción para encaminarla hasta destruir completamente las resistencias que opone el sistema español antiguo encarnado en la sociedad[27].

El discurso estaba diseñado para impactar, y los académicos y estadistas presentes respondieron como Lastarria esperaba, aunque no con la aprobación que pretendía. De acuerdo a su descripción, los asistentes escucharon el discurso “con una indiferencia glacial” y además “la Universidad calló y ni siquiera me dió las gracias”[28]. Lastarria se sintió especialmente decepcionado porque un elemento importante de su presentación, a saber, su “metodología”, había sido completamente soslayado. En el discurso declaró que habría sido muy fácil para él concentrarse en la simple narración de los hechos históricos, pero se preguntaba acerca de la utilidad social que de esto podría obtenerse, y de si era incluso posible hablar con objetividad sobre temas cronológicamente muy recientes. “No os presento, pues”, declaró, “la narración de los hechos, sino que me apodero de ellos para trazar la historia de su influencia en la sociedad a que pertenecen, cuidando de ser exacto e imparcial en la manera de juzgarlos.” Es decir, la evaluación y el sentido de los hechos históricos eran más importantes que su identificación como tales.

El ensayo de Lastarria tenía suficientes elementos que preocupaban a Bello como para responder a través de El Araucano en dos artículos fechados 8 y 15 de noviembre de 1844[29]. Bello no consideraba fuera del alcance del historiador el referirse a cualquier tema o período con imparcialidad, si es que en efecto se guiaba por los documentos y no por un móvil ideológico o político. Además, los detalles de la historia no le parecían menos importantes que las generalizaciones que caracterizaban al discurso de Lastarria. En su contestación, Bello declaró que a la historia no sólo convenían “las grandes y comprensivas lecciones de sus resultados sintéticos. Las especialidades, las épocas, los lugares, los individuos, tienen atractivos peculiares, y encierran también provechosas lecciones”[30]. Sin embargo, su mayor preocupación era que en el afán por denunciar el pasado colonial español, Lastarria distorsionaba la verdad: en relación con los abusos de la conquista y la colonia, Bello afirmó que España tenía la misma actitud que “los estados poderosos han manifestado siempre en sus relaciones con los débiles, y de que aún en nuestros días de moralidad y civilización hemos visto demasiados ejemplos”[31],

Pero debemos ser justos: no era aquélla una tiranía feroz. Encadenaba las artes, cortaba los vuelos al pensamiento, cegaba hasta los veneros de la fertilidad agrícola; pero su política era de trabas y privaciones, no de suplicios ni sangre. Las leyes penales eran administradas flojamente. En el escarmiento de las sediciones no era extraordinariamente rigorosa; era lo que el despotismo ha sido siempre, y no más, a lo menos respecto a la raza española, y hasta la época del levantamiento general, que terminó en la emancipación de los dominios americanos. El despotismo de los emperadores de Roma fue el tipo de gobierno español en América. La misma benignidad ineficaz de la autoridad suprema, la misma arbitrariedad pretorial, la misma divinización de los derechos del trono, la misma indiferencia a la industria, la misma ignorancia de los grandes principios que vivifican y fecundan las asociaciones humanas, la misma organización judicial, los mismos privilegios fiscales; pero a vueltas de estas semejanzas odiosas hay otras de diverso carácter[32].

Bello no buscaba justificar el pasado colonial, o sus legados, pero rechazó el tono de denuncia que emanaba del discurso de Lastarria[33]. Además, era contrario a la idea de que, como resultado del colonialismo, los chilenos y los demás hispanoamericanos estuviesen irrevocablemente corrompidos: “Jamás un pueblo profundamente envilecido, completamente anonadado, desnudo de todo sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos que ilustraron las campañas de los patriotas, los actos heroicos de abnegación, los sacrificios de todo género con que Chile y otras secciones americanas conquistaron su emancipación política”[34].

A partir de esta evaluación comparativa del colonialismo español, Bello rehusó adoptar las mismas conclusiones de Lastarria respecto de la guerra contra sus presuntos legados. El propósito de su crítica era dirigir la atención hacia la manera en que se establecían los hechos históricos, puesto que sólo podrían extraerse conclusiones falsas a partir de premisas erróneas. El hecho, sin embargo, de que Bello prestara tal atención a un ensayo escrito por un autor sin mayor experiencia como historiador demuestra que los temas involucrados eran muy serios. El asunto de cómo Chile debía evaluar su pasado colonial era en verdad bastante grave.

La crítica de Lastarria al pasado colonial era más cautelosa que la de Francisco Bilbao en “Sociabilidad Chilena”, pero seguía la misma lógica: los legados del coloniaje debían ser destruidos en nombre de la libertad. Una interpretación de este tipo invitaba al quiebre con las tradiciones hispánicas en materias de legislación, lenguaje y costumbre. En términos políticos, tal llamado al enfrentamiento con los supuestos guardianes de las tradiciones españolas chocaba con los intereses tanto de Bello como del gobierno de Bulnes a propósito de inducir el cambio gradual y ordenado hacia un nuevo orden político y cultural. Agitar las pasiones de la independencia sólo lograría debilitar el esfuerzo del gobierno por orientar la política desde la ideología anticolonial a la construcción pragmática del Estado y la nación. Además, se planteaba la pregunta de si la Universidad de Chile debía ser tribuna de convocatorias para el cambio político, antes que un centro de investigación y difusión del conocimiento.

Con las líneas divisorias así marcadas, Lastarria insistió en que los hechos eran históricamente significativos sólo en la medida en que apuntaban al perfeccionamiento humano y social. Una nueva versión del mismo modo de ver la historia apareció con el título de Bosquejo Histórico de la Constitución del Gobierno de Chile durante el Primer Período de la Revolución en diciembre de 1847. En este ensayo, Lastarria se refirió a la política de la Patria Vieja (1810-1814) para concluir, como ya lo había hecho en sus Investigaciones, que la confusión y desorden de los años que culminaron en la Reconquista (1814-1817) eran la consecuencia directa del legado colonial. De acuerdo a Lastarria, no se podía esperar más de patriotas bien intencionados pero fallidos, ya que eran el producto de siglos de servidumbre y estaban malamente preparados para dirigir su propio destino. Eventualmente, los héroes de la independencia legarían un país libre de la dominación extranjera, pero todavía sujeto a “los defectos y las aberraciones” del pasado colonial[35].

Lastarria presentó el “Bosquejo” para un concurso en la Universidad de Chile en 1847. El texto fue evaluado por un comité de la Facultad de Filosofía y Humanidades integrado por Antonio Varas y Antonio García Reyes, quienes pertenecían a la misma generación de Lastarria. La comisión otorgó el premio a este concursante (que era el único), pero planteó algunas dudas en un informe aparte[36]. Tal como Bello había señalado en relación con las Investigaciones, la comisión determinó que el nuevo ensayo abundaba en conclusiones sugerentes pero carecía de evidencia documental para sostener las generalizaciones más importantes. Declaró, en consecuencia, que los estudios de este tipo “consignan el fruto de los estudios del autor y no suministran todos los antecedentes de que ellos se han valido para formar este juicio. La Comisión se siente inclinada a desear que se emprendan, antes de todo, trabajos destinados principalmente a poner en claro los hechos; la teoría que ilustra esos hechos vendrá en seguida andando con paso firme sobre un terreno conocido”[37].

Lastarria no contestó directamente, pero publicó su ensayo con un prólogo de Jacinto Chacón, profesor de historia del Instituto Nacional a fines de 1847. En el prólogo, Chacón presentó el “Bosquejo” como una demostración de las ventajas de estudiar la historia “filosóficamente” antes que como una fría enumeración de hechos, como lo exigía supuestamente la comisión. “Agradezcamos pues al Sr. Lastarria”, declaró, “el que se haya apartado de sus predecesores en la tarea de fijar los hechos, como quiere la comisión, y que se haya elevado a un trabajo más importante, dándonos la explicación de estos mismos hechos y remitiéndonos la clave que debe facilitarnos la comprensión de la historia política del primer período revolucionario”[38].

Como era su costumbre cuando enfrentaba un desafío a sus ideas, y en este caso porque la definición sobre la naturaleza de la historiografía chilena estaba en juego, Bello respondió públicamente al “Bosquejo” el 7 de enero de 1848. Dado que el Rector ya se había referido a las ideas centrales de Lastarria en las Investigaciones, y estas se repetían en el nuevo escrito, se concentró ahora en el prólogo de Chacón, que contenía declaraciones perentorias sobre metodología histórica. Bello dio su apoyo al informe de la comisión, y agregó que la distinción entre historia “filosófica” y “narrativa” era artificial:

Poner en claro los hechos es escribir la historia; y no merece este nombre sino la que se escribe a la luz de la filosofía, esto es, con un conocimiento adecuado de los hombres y de los pueblos, y esta filosofía ha existido, ha centelleado en las composiciones históricas mucho antes del siglo XIX. No se pueden poner en claro los hechos como lo hicieron Tucídides y Tácito, sin un profundo conocimiento del corazón humano; y permítasenos decir (aunque sea a costa de parecer anticuados y rancios) que se aprende mejor a conocer el hombre y las evoluciones sociales en los buenos historiadores políticos de la antigüedad y de los tiempos modernos, que en las teorías abstractas y generales que se llaman filosofía de la historia, y que en realidad no son instructivas y provechosas, sino para aquellos que han contemplado el drama social viviente en los pormenores históricos[39].

Bello mencionó algunas fuentes, la mayoría de la escuela romántica francesa, como ejemplos de la mejor investigación histórica. Más adelante se explayaría sobre varias de estas fuentes, pero aquí destacó la obra de François Guizot, Histoire Générale de la Civilisation en Europe (1828)[40]. También tenía en mente obras de Augustin Thierry, Simonde de Sismondi y Amable Guillaume Prosper Brugière, barón de Barante, todos ellos autores que combinaban la documentación de archivos con una reflexión política y cultural[41]. Aun así advirtió que no debía imitarse este modelo, o cualquier otro, sin un examen crítico. Chacón no se dio por aludido, e insistió en las ventajas de la “filosofía de la historia”, que continuaba distinguiendo de la mera narración de hechos. ¿Por qué tendrían los chilenos que reinventar la rueda para justificar las ventajas de un ferrocarril? ¿Por qué no usar los mejores modelos historiográficos, a saber, la filosofía de la historia, en lugar de empezar por las formas primitivas de narración hasta llegar a las formas contemporáneas de investigación histórica? Y agregaba:

¿Y se quiere que nosotros retrogrademos; se quiere que cerremos los ojos a la luz que viene de la Europa; que no nos aprovechemos de los progresos que en la ciencia histórica ha hecho la civilización europea, como lo hacemos en las demás artes y ciencias que esta nos transmite, sino que debemos andar el mismo camino, de la crónica hasta la filosofía de la historia?[42]

Durante el debate con Bello, el inexperto Chacón cometió una serie de errores factuales y bibliográficos, tales como ubicar personas y fuentes históricas en el siglo equivocado. Bello se los hizo notar, pero en su contestación aprovechó la oportunidad para resumir su postura con respecto a los temas de investigación histórica, y la manera de estudiarla en un contexto de desarrollo nacional:

Leamos, estudiemos las historias europeas; contemplemos de hito en hito el espectáculo particular que cada una de ellas desenvuelve y resume; aceptemos los ejemplos, las lecciones que contienen, que es tal vez en lo que menos se piensa: sírvannos también de modelo y de guía para nuestros trabajos históricos. ¿Podemos hallar en ellas a Chile, con sus accidentes, su fisonomía característica? Pues esos accidentes, esa fisonomía es lo que debe retratar el historiador de Chile, cualquiera de los dos métodos que adopte. Ábranse las obras célebres dictadas por la filosofía de la historia. ¿Nos dan ellas la filosofía de la historia de la humanidad? La nación chilena no es la humanidad en abstracto; es la humanidad bajo ciertas formas especiales; tan especiales como los montes, valles y ríos de Chile; como sus plantas y animales; como las razas de sus habitantes; como las circunstancias morales y políticas en que nuestra sociedad ha nacido y se desarrolla[43].

El debate entre Chacón y Bello terminó luego de este intercambio[44], pero las discusiones en torno a la historia continuarían por muchos años más. Es obvio que Lastarria y Chacón seguían una tradición historiográfica arraigada en los escritos de Voltaire, Mably y Raynal, que transmitían el propósito de la Ilustración de destruir la ignorancia y la superstición para instaurar la razón[45]. La historia tenía una tarea que cumplir, y en el contexto de Chile esta tarea consistía en la eliminación del legado colonial español. Bello, por su parte, conocía bien esta tradición filosófica y además estaba familiarizado con la escuela romántica desde su estadía en Londres. Si bien esta escuela también tenía un sesgo, y se basaba en supuestos filosóficos, se preocupaba de la búsqueda de claves para el desarrollo de las tradiciones nacionales, y por lo tanto se interesaba más centralmente en la validez de las fuentes históricas[46]. Como ha señalado Ricardo Krebs, Bello pudo también estar al tanto de la polémica entre Leopoldo von Ranke y Heinrich Leo en torno a la historia filosófica y documental. Lo cierto es que conocía a Ranke y que estaba muy familiarizado con el problema metodológico central de la historiografía europea decimonónica[47].

El legado

Los historiadores chilenos posteriores demostraron que la disciplina podía recibir una fuerte influencia de escuelas filosóficas y aun de intereses políticos, pero más y más enfatizaron el uso de la evidencia documental, quizás en paralelo con la tradición legal escrita establecida a mediados de siglo[48]. En este sentido, Bello logró establecer la identificación y ponderación de los hechos como el objeto central de la historia. Dos de sus discípulos, Miguel Luis Amunátegui y Diego Barros Arana, continuaron sus ideas por el resto del siglo, y aun más allá, como también lo hicieron Crescente Errázuriz y José Toribio Medina[49]. Bello también logró que la Universidad de Chile se constituyera en un centro de investigación y difusión histórica. La institución había sido establecida para supervisar todos los ramos de la educación, formar profesionales en varios campos del saber y crear un sentido de identidad nacional a través del cultivo de una investigación histórica imparcial. Bello estaba convencido de que una institución estatal podía y debía trascender los intereses políticos sectarios.

En los debates con Jacinto Chacón y José Victorino Lastarria, Bello defendió una historia políticamente neutral y fuertemente orientada hacia la investigación, y por eso reaccionó muy fuertemente ante la idea de una disciplina que sirviera propósitos políticos, por muy ilustrados que estos fuesen. Bello criticó en particular el que la historia se utilizara para justificar el quiebre con el pasado hispánico. Tal pasado podía analizarse e incluso condenarse, pero no sería historia sin el apoyo documental que los partidarios de la “filosofía de la historia” consideraban como de importancia secundaria. Su preocupación surgía del temor a que la falta de cuidado por la evidencia derivase en interpretaciones ideológicas, y sobre todo revolucionarias, que prolongaran el conflicto civil precipitado por la independencia. La separación de la investigación y la política, pero aun más importante, el esfuerzo por evitar la politización del pasado, fue el propósito central de Bello al inaugurar la tradición histórica chilena.

Con todo, sería exagerado describir el resultado del debate en términos de ganadores y perdedores. Los historiadores chilenos siguieron una ruta que más bien combinaba la investigación empírica con la subjetividad personal o política, en lugar de separarlas tajantemente. El contenido de las memorias históricas (véase el listado en el anexo) presentadas ante la Universidad de Chile ilustra muy bien cómo hasta finales del siglo los historiadores siguieron utilizando la historia para una variedad de fines no necesariamente empíricos.

Benjamín Vicuña Mackenna es un ejemplo destacado de historiador decimonónico cuya obra obedecía a múltiples intereses, que en su caso incluían un fuerte rechazo a la concentración del poder, como también a la barbarie que veía como un gran obstáculo para la construcción de la nación. Sin embargo, hacía al mismo tiempo alarde de su investigación empírica. Como ha sostenido el historiador Manuel Vicuña, “Vicuña Mackenna ha resultado una víctima de sí mismo: ayudó a fijar los parámetros de evaluación del trabajo historiográfico en virtud de los cuales, poco a poco, se le iría expulsando de la ciudadela interior de la historiografía chilena, a la par que ésta elevaba sus pretensiones de cientificidad y devaluaba, en el mercado de los productos académicos, las narraciones tributarias de un código estético romántico”[50]. Su joven amigo Gonzalo Bulnes, de hecho, consideraba que la obra de Vicuña Mackenna, por extraordinaria que fuese, no era suficientemente rigurosa, dado que giraba en torno a “la visión de los hombres” y descansaba en particular en la correspondencia privada. Además, sus últimas obras “fueron escritas al correr de la pluma”. Bulnes, por su parte, escribió pocas obras, pero de una gran densidad documental. Como ha señalado Juan Luis Ossa Santa Cruz, su metodología empírica, “sobre los hechos y los hombres tales como fueron”, no excluía un fuerte énfasis patriótico y particularmente castrense. Su obra Historia de la Campaña del Perú en 1838, en la que buscaba demostrar que Chile no tenía afanes de expansión territorial, lo llevarían a ser considerado como “uno de los exponentes más serios de la corriente historiográfica nacionalista”[51].

El debate a que darían lugar los escritos de Bello y Lastarria, impulsado por Jacinto Chacón, fue central para el desarrollo de la historiografía nacional. Sin embargo, es importante introducir algunas cualificaciones. Domingo Amunátegui Solar, en un sugerente título publicado en 1939, anunciaba que “Don Andrés Bello enseña a los chilenos a narrar la historia nacional”, significando con ello el triunfo del caraqueño en el debate fundacional[52]. En realidad, lo que hizo Bello fue instalar una serie de procedimientos de revisión, crítica e incentivos que, en su conjunto, generaron una sucesión de obras de carácter histórico. Sería quizás más adecuado llamar a este fenómeno una “profesionalización” del campo histórico. Pero se trata de una profesionalización incompleta, en el sentido de que los historiadores chilenos siguieron aplicando criterios de índole política —y a veces personal— tanto en la elección de temas como en la redacción de sus obras[53]. Lo que resultaba insoslayable, y que con el tiempo daría curso a una historia cada vez mejor documentada, es que con mayor o menor convicción, los historiadores proclamarían realizar una historia objetiva, fundamentada con documentos válidos, y narrando los hechos “tal como ocurrieron”.

El gran tema que surge tanto de la polémica como de la redacción de las memorias es sobre las relaciones entre la historia y la política. Si bien hay un profundo contenido metodológico en el debate que aquí hemos tratado, en último término su trasfondo es político. Las formas de apropiación del pasado obedecían a diferentes perspectivas sobre el presente y su proyección en el futuro. Para Bello, el pasado tenía valor por sí mismo. Además, el despertar y exacerbar las inquinas del pasado, que dividieron a chilenos y americanos en la contienda civil que fue la independencia, sólo lograría obstaculizar, y tal vez descarrilar, la política de cambio gradual y moderado que Bello compartía con el gobierno de Manuel Bulnes. Para Lastarria, la condena del pasado colonial, pero sobre todo la denuncia de sus legados en el presente, resultaba indispensable para abrir nuevos espacios de libertad. Bello no excluía a la libertad del orden, y Lastarria no pretendía una libertad sin orden, pero ellos daban énfasis diferentes al uno sobre la otra. Así, la historiografía a la que dieron impulso, por el resto del siglo, buscó en el pasado las herramientas para propiciar el cambio, con diferentes ritmos, en el proceso de evolución política del país.

ANEXO

Memorias anuales de historia presentadas en la Universidad de Chile, 1844-1900[54]

1. José Victorino Lastarria, Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile (1844)

2. Diego José Benavente, Memoria de las primeras campañas de la guerra de la independencia (1845)

3. Antonio García Reyes, Memoria sobre la primera escuadra nacional (1846)

4. Manuel Antonio Tocornal, Memoria sobre el primer gobierno nacional (1847)

5. José Hipólito Salas, Memoria sobre el servicio personal de los indígenas y su abolición (1848)

6. Ramón Briseño, Memoria histórica crítica del derecho público chileno desde 1810 hasta nuestros días (1849)

7. Salvador Sanfuentes, Chile desde la batalla de Chacabuco hasta la de Maipú (1850)

8. Ramón Valentín García, Memoria sobre la historia de la enseñanza en Chile (1852)

9. Miguel Luis Amunátegui, La dictadura de O’Higgins (1853)

10. Alejandro Reyes, La expedición al Perú de 1820 (1854)

11. Diego Barros Arana, Las campañas de Chiloé, 1820-1826 (1856)

12. Domingo Santa María, Memoria histórica sobre los sucesos ocurridos desde la caída de don Bernardo O’Higgins en 1823 hasta la promulgación de la Constitución dictada en el mismo año (1857)

13. Federico Errázuriz, Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828 (1860)

14. Miguel Luis Amunátegui, Descubrimiento y conquista de Chile (1861)

15. Melchor Concha y Toro, Chile durante los años 1824 a 1828 (1862)

16. Gregorio Víctor Amunátegui, La época colonial en Chile (1863)

17. Marcial Martínez, Historia del comercio durante la Colonia (1864)

18. Adolfo Valderrama, Bosquejo histórico de la poesía chilena (1865)

19. Benjamín Vicuña Mackenna, La guerra a muerte (1868)

20. Miguel Luis Amunátegui, Los precursores de la independencia de Chile (1870)

21. Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (1876)

22. Crescente Errázuriz, Seis años en la historia de Chile (1881)

23. Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (1883)

24. Ramón Sotomayor Valdés, Campaña del Ejército chileno contra la Confederación Perú-Boliviana (1896)

25. José Toribio Medina, Biblioteca Hispano-Chilena (1897)

26. José Toribio Medina, Las medallas chilenas (1900)

Bibliografía

Amunátegui Solar, Domingo. “Don Andrés Bello Enseña a los Chilenos a Narrar la Historia Nacional”. Anales de la Universidad de Chile Serie 3, año 97, Nº 33-34 (enero-junio 1939).

Andrade Moreno, Marcos. “La ‘Constitución Nacionalista’ de 1980”. Derecho y Humanidades Nº 12 (2006).

Barros Arana, Diego. Un Decenio de la Historia de Chile, 1841-1852. 2 tomos. Santiago: Imprenta y Encuadernación Universitaria e Imprenta y Litografía Barcelona, 1905-1913.

Bello, Andrés. “Discurso Pronunciado en la Instalación de la Universidad de Chile el Día 17 de Septiembre de 1843”. En tomo XXI, Obras Completas (OC), 26 tomos. Caracas: La Casa de Bello, 1981-1984.

———— “Historia Física y Política de Chile por Claudio Gay”. En OC, XXIII.

———— “Investigaciones sobre la Influencia de la Conquista y del Sistema Colonial de los Españoles en Chile: Memoria Presentada a la Universidad en la Sesión Solemne de 22 de Septiembre de 1844 por don José Victorino Lastarria”. En OC, XXIII.

———— “Bosquejo Histórico de la Constitución del Gobierno de Chile durante el Primer Período de la Revolución, desde 1810 hasta 1814, por don José Victorino Lastarria”, El Araucano, 7 de enero de 1848. En OC, XXIII.

———— “Modo de Escribir la Historia”. El Araucano, 28 de enero de 1848. En OC, XXIII.

———— “Modo de Estudiar la Historia”. El Araucano, 4 de febrero de 1848. En OC, XXIII.

———— “Constituciones”. El Araucano, 11 de febrero de 1848. En OC, XXIII.

Bromsen, Maury A. (ed.). José Toribio Medina: Humanista de América. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1969.

Buchbinder, Pablo. “Vínculos Privados, Instituciones Públicas y Reglas Profesionales en los Orígenes de la Historiografía Argentina”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” Tercera serie, Nº 13 (primer semestre de 1996).

Chacón, Jacinto. “Cuestión sobre la Ciencia Histórica: Contestación al ‘Araucano’”. El Progreso, 25 de enero de 1848.

———— “Cuestión sobre la Ciencia Histórica, art. 2º, Consideraciones sobre las Constituciones”. El Progreso, 28 de enero de 1848.

———— “Al Araucano: Ratificación Histórica”. El Progreso, 29 de enero de 1848.

Chuecas, Ignacio. “‘Preocupaciones Coloniales’ en la Obra de José Victorino Lastarria”. Manuscrito, Seminario Teoría y Métodos II, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, diciembre 2012.

Colmenares, Germán. Las Convenciones contra la Cultura: Ensayos sobre la Historiografía Hispanoamericana del Siglo XIX. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2006.

Dager Alva, Joseph. “El Debate en torno al Método Historiográfico en el Chile del Siglo XIX”. Revista Complutense de Historia de América 28 (2002).

Donoso, Ricardo. Diego Barros Arana. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1967.

Gazmuri, Cristián. “Algunas Influencias Europeas en el Método Historiográfico de Bello”. En Fundación La Casa de Bello, Bello y Chile, 2 tomos. Caracas: La Casa de Bello, 1981.

———— La Historiografía Chilena, 1842-1970. Tomo 1. Santiago: Taurus, 2006.

Gay, Claudio. Historia Física y Política de Chile, 30 tomos, 2ª ed., Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile y Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, 2007-2008.

González-Stephan, Beatriz. Fundaciones: Canon, Historia y Cultura Nacional. La Historiografía Literaria del Liberalismo Hispanoamericano del Siglo XIX. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2002.

Guzmán, José Javier de. El Chileno Instruido en la Historia Topográfica, Civil y Política de su País. Santiago: Editorial Universitaria, 2012.

Halperín Donghi, Tulio. “España e Hispanoamérica: Miradas a través del Atlántico”. En El Espejo de la Historia: Problemas Argentinos y Perspectivas Latinoamericanas, 2ª edición. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1998.

Hentscke, Jens R. “José Victorino Lastarria’s Libertarian Krauso-Positivism and the Discourse on State, and Nation-Building in Nineteenth-Century Chile”. Intellectual History Review 22, Nº 2 (junio 2012).

Iggers, Georg G. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1968.

Jaksić, Iván. Andrés Bello, la Pasión por el Orden, 3ª ed. Santiago: Editorial Universitaria, 2010.

Krebs, Ricardo. “Proyecciones del Pensamiento Histórico de Andrés Bello”. En Fundación La Casa de Bello, Bello y la América Latina. Caracas: La Casa de Bello, 1982a.

———— “Bello y la Historia”. En Instituto de Chile, Homenaje a don Andrés Bello. Santiago: Editorial Jurídica de Chile y Editorial Andrés Bello, 1982b.

Lastarria, José Victorino. Investigaciones sobre la Influencia de la Conquista y del Sistema Colonial de los Españoles en Chile. Santiago: Imprenta del Siglo, 1844.

———— Bosquejo Histórico de la Constitución del Gobierno de Chile durante el Primer Período de la Revolución, desde 1810 hasta 1814. Santiago: Imprenta Chilena, 1847.

———— Miscelánea Histórica i Literaria, 3 tomos. Valparaíso: Imprenta de la Patria, 1868.

———— Recuerdos Literarios: Datos para la Historia Literaria de la América Española y del Progreso Intelectual en Chile, 2ª edición. Santiago: Librería de M. Servat, 1885.

Lastarria, José Victorino y Federico Errázuriz. Bases de la Reforma, por los Diputados Lastarria i Errázuriz. Santiago, Imprenta del Progreso, 1850.

Lipp, Solomon. Three Chilean Thinkers. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1975.

Mizón, Luis. Claudio Gay y la Formación de la Identidad Cultural Chilena. Santiago: Editorial Universitaria, 2001.

Mora, José Joaquín de. Ensayo sobre las Preocupaciones, Escrito en Francés por el Barón de Holbach y Traducido con Correcciones y Adiciones por José Joaquín de Mora. Madrid: Imprenta de don José del Collado, 1823.

Morla Vicuña, Carlos (ed.). Don Miguel Luis Amunátegui, 1828-1888. París: Imprenta de A. Lahure, s.f.

Novick, Peter. That Noble Dream: The ‘Objectivity Question’ and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Ocaranza, Nicolás. “Francisco Bilbao. La Conciencia Crítica de un Joven Liberal Chileno”. En XIX: Historias del Siglo Diecinueve Chileno. Santiago: Vergara, 2006.

Ossa Santa Cruz, Juan Luis. “Gonzalo Bulnes y su Historia de la Campaña del Perú en 1838”. En Nicolás Cruz e Iván Jaksic (eds.). Seminario Simon Collier 2005. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005.

Picard, Roger. El Romanticismo Social, trad. por Blanca Chacel. México: Fondo de Cultura Económica, 1947.

Picón Salas, Mariano. “Bello y los Estudios Históricos en la Universidad de Chile”. En Pedro Grases (ed.), Andrés Bello y la Universidad de Chile. Homenaje del Sesquicentenario, 1843-1993. Caracas: La Casa de Bello, 1993.

———— “Bello y la historia”. En Bello, OC, XXIII.

Pinilla, Norberto. La Generación Chilena de 1842. Santiago: Editorial Manuel Barros Borgoño, 1943.

Sacks, Norman P. “Andrés Bello y José Victorino Lastarria: Conflicto de Generaciones y Tensiones Intelectuales”. Cuadernos Americanos Nº 62 (marzo-abril 1997).

Sagredo Baeza, Rafael. “De la Historia Natural a la Historia Nacional. La Historia Física y Política de Claudio Gay y la Nación Chilena”. En Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile, 30 tomos, 2ª ed., Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile y Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, 2007-2008.

———— “Los Documentos de la Historia de Gay. La Confirmación de su Método Histórico”. En Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile: Documentos I. Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile y Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, 2009a.

———— “La Historia como Política. Montt y la Historia Física y Política de Chile de Gay”. En Bernardino Bravo Lira y Felipe Vicencio (eds.). Manuel Montt. Educador, Legislador, Gobernante y Magistrado. 2tomos. Santiago: Fundación Manuel Montt, 2009b.

———— “Ciencia, Historia y Arte como Política. El Estado y la Historia Física y Política de Chile de Claudio Gay”. En Rafael Sagredo Baeza (ed.). Ciencia-Mundo: Orden Republicano, Arte y Nación en América. Santiago: Editorial Universitaria y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2010.

Sarmiento, Domingo Faustino. “Historia Física y Política de Chile por don Claudio Gay”, El Progreso, 20 de agosto de 1844. En Obras completas de Domingo Faustino Sarmiento, tomo II. Buenos Aires: Universidad Nacional de la Matanza, 2001.

Silva Castro, Raúl. “Don Crescente Errázuriz y don Diego Barros Arana, Historiadores de Chile”. Revista Chilena de Historia y Geografía N°109 (enero-julio 1947).

Stuardo Ortiz, Carlos. Vida de Claudio Gay, 1800-1873. 2 tomos. Santiago: Editorial Nascimento, 1973-1975.

Stuven, Ana María. La Seducción de un Orden: Las Elites y la Construcción de Chile en las Polémicas Culturales y Políticas del Siglo XIX. Santiago: Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000.

Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. “Libro de Actas, 1843-1862”. En Memorias de los Egresados, 2 tomos. Santiago: Departamento de Historia, Universidad de Chile, 1957.

Unzueta, Fernando. “Bello, la Nueva Conciencia Histórica y los Discursos Poscoloniales”. En Beatriz González Stephan y Juan Poblete (eds.). Andrés Bello y los Estudios Latinoamericanos, Serie Críticas. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, University of Pittsburgh, 2009.

Varona, Alberto J. Francisco Bilbao: Revolucionario de América. Buenos Aires: Ediciones Excelsior, 1973.

Velleman, Barry. Andrés Bello y sus Libros. Caracas: La Casa de Bello, 1995.

Vicuña, Manuel. Un Juez en los Infiernos: Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2009.

Vrsalovic, Stefan. “Las ideas filosóficas en la disputa historiográfica entre José Victorino Lastarria y Andrés Bello”. Tesis para optar al grado de Magíster en Filosofía, Universidad de Chile, 2011.

Woll, Allen. A Functional Past: The Uses of History in Nineteenth-Century Chile. Baton Rouge y Londres: Louisiana State University Press, 1982.

Yeager, Gertrude M. Barros Arana’s Historia Jeneral de Chile: Politics, History, and National Identity. Forth Worth: Texas Christian University Press, 1981.

———— “Sobrellevar el Pasado Español. Liberalismo Latinoamericano y la Carga de la Historia Colonial en el Siglo XIX: El Caso Chileno”. En Gabriel Cid y Alejandro San Francisco (eds.). 2 tomos, Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009.

Notas

1 Las fuentes sobre el debate historiográfico incluyen Allen Woll, A Functional Past: The Uses of History in Nineteenth-Century Chile, 1982; Germán Colmenares, Las Convenciones contra la Cultura: Ensayos sobre la Historiografía Hispanoamericana del Siglo XIX, 2006; Ana María Stuven, La Seducción de un Orden: Las Elites y la Construcción de Chile en las Polémicas Culturales y Políticas del Siglo XIX, 2000; Cristián Gazmuri, La Historiografía Chilena, 1842-1970, 2006; Mariano Picón Salas, “Bello y los Estudios Históricos en la Universidad de Chile”, 1993; Joseph Dager Alva, “El Debate en torno al Método Historiográfico en el Chile del Siglo XIX”, Revista Complutense de Historia de América, 2002, y Gertrude M. Yeager, “Sobrellevar el Pasado Español. Liberalismo Latinoamericano y la Carga de la Historia Colonial en el Siglo XIX: El Caso Chileno”, 2009. Una lectura del debate desde una perspectiva poscolonial es la de Fernando Unzueta, “Bello, la Nueva Conciencia Histórica y los Discursos Poscoloniales”, 2009. También Beatriz González Stephan, Fundaciones: Canon, Historia y Cultura Nacional, 2002, pp. 138-155.

2 Rafael Sagredo Baeza, “De la Historia Natural a la Historia Nacional. La Historia Física y Política de Claudio Gay y la Nación Chilena”, 2007-2008. Véase también Gazmuri, quien menciona a Gay como “el primer autor de una historia general de Chile escrita durante la república” y como “el iniciador de la escuela narrativa que caracterizó a la historiografía chilena del siglo XIX” en La Historiografía Chilena, pp. 48 y 57. Importa mencionar, sin embargo, la obra del clérigo José Javier de Guzmán, El Chileno Instruido en la Historia Topográfica, Civil y Política de su País, 1834-1836. Andrés Bello comentó favorablemente esta obra, a pesar de sus “defectos” en una nota necrológica publicada en El Araucano el 28 de agosto de 1840 (En Bello, Obras Completas, 1981-1984, tomo XXIII, pp. 377-380; citaré los textos de Bello de aquí en adelante como OC y utilizaré números romanos para designar el tomo, y arábigos para indicar las páginas). Existe una edición reciente de la obra de Guzmán publicada en un tomo por la Editorial Universitaria en 2012. A pesar de apoyarla, el gobierno de Prieto no consideró la obra de Guzmán lo suficientemente apropiada para una historia general de Chile, lo que explica el que ampliara su patrocinio de la publicación de los 8 tomos de la historia civil y política de Gay.

3 Sagredo, “De la Historia Natural”, p. xix. El texto del contrato se encuentra en Stuardo Ortiz, Vida de Claudio Gay, tomo II, pp. 91-93.

4 Ibíd., p. xxxi.

5 Prospecto publicado originalmente en El Araucano, 29 de enero de 1841. Se incluye en Stuardo Ortiz, Vida de Claudio Gay, 1973-1975, tomo II, p. 280.

6 Véase Rafael Sagredo Baeza, “Ciencia, Historia y Arte como Política. El Estado y la Historia Física y Política de Chile de Claudio Gay”, 2010, pp. 165-233.

7 Domingo Faustino Sarmiento, “Historia Física y Política de Chile por don Claudio Gay”, 2001, p. 162. Este artículo apareció originalmente en El Progreso el 20 de agosto de 1844. En un comentario anterior en el mismo diario (10 de mayo de 1844), Sarmiento había afirmado que en Chile los estudios históricos se encontraban “descuidados en su parte filosófica”, p. 155. El artículo se titula “Los Estudios Históricos en Francia” y comenta un ensayo publicado en The Edinburgh Review, vol. 19 (enero de 1844), pp. 1-39, por John Stuart Mill sobre la obra de Thierry, Guizot y Michelet. Al parecer, Sarmiento quiso derivar de Mill una preferencia por la historia “filosófica” cuando en realidad el autor británico aseveraba que para hacer este tipo de historia era necesario identificar con claridad las épocas o eventos que se buscaban conectar antes de establecer conclusiones de cualquier tipo.

8 Carta de Claudio Gay a Manuel Montt, 7 de septiembre de 1845, incluida en Stuardo, en Vida de Gay, tomo I, p. 332. Luis Mizón en Claudio Gay y la Formación de la Identidad Cultural Chilena, 2001, afirma que el comentario del naturalista francés se refiere a las publicaciones del periódico El Siglo, del cual el redactor principal entre octubre de 1844 y mediados de 1845 era José Victorino Lastarria. El mismo Lastarria lo reconoce en su Recuerdos Literarios, 1885, p. 209. En cuanto a la referencia de Gay sobre los hechos, “tal como han ocurrido”, que he destacado en cursiva, nótese la similitud con el dictum de Leopoldo von Ranke, wie es eigentlich gewesen, que se encuentra en el prefacio de su obra sobre los pueblos romanos y germánicos (1824). Sobre la fructífera relación entre Gay y Montt, véase Rafael Sagredo Baeza, “La Historia como Política. Montt y la Historia Física y Política de Chile de Gay”, 2009b, pp. 303-366.

9 A propósito de las fuentes, Gay no dejó duda acerca de la importancia de los documentos, pero no negaba con esto el que pudiera extraerse de ellos una reflexión interpretativa igualmente válida. Véase al respecto Rafael Sagredo Baeza, “Los Documentos de la Historia de Gay. La Confirmación de su Método Histórico”, 2009a, pp. ix-lxiv.

10 Andrés Bello, “Discurso Pronunciado en la Instalación de la Universidad de Chile el Día 17 de Septiembre de 1843”, OC, XXI, p. 18.

11 Georg G. Iggers, The German Conception of History, 1968.

12 Barry Velleman, Andrés Bello y sus Libros, 1995, p. 189.

13 Véase el análisis de Allen Woll sobre la presencia de Herder en las discusiones historiográficas chilenas en A Functional Past, pp. 41-43. También Marcos Andrade Moreno, “La ‘Constitución Nacionalista’ de 1980”, 2006, pp.231-249. Pese al título, este último artículo versa en su parte central sobre la polémica historiográfica. Bello estaba muy consciente de que Herder privilegiaba un concepto de humanidad basado en la cultura y el lenguaje antes que en la formación del Estado. De hecho, Herder consideraba las “maquinarias estatales” como “monstruosidades inertes”. Para Bello esta concepción atentaba contra los esfuerzos del gobierno chileno por construir tanto Estado como nación.

14 Andrés Bello, “Historia Física y Política de Chile por Claudio Gay”, El Araucano, 6 de septiembre de 1844 (el artículo continuó en el mismo periódico el 7 y 14 de marzo de 1845). En OC, XXIII, p. 141.

15 Ibíd., p. 140.

16 Evidencia de un estrecho diálogo entre Bello y Gay la proporciona este último cuando se refiere a “las juiciosas insinuaciones del Araucano” en el prólogo al primer tomo de Documentos anexos a la Historia fechado 1 de septiembre de 1846 y publicado el mismo año. Allí exhorta a la juventud chilena a concentrarse en la búsqueda de “documentos antiguos y auténticos”, insistiendo en que “sólo por medio de esta especie de trabajos, perfectamente meditados y discutidos, se puede remontar a las altas ideas sociales y entrar con ventaja en la noble escuela filosófica, que conduce directamente a la historia de la humanidad”. También manifiesta una clara concordancia con las ideas de Bello cuando convoca al futuro historiador a que “se limite a referir con la sencillez de una sólida verdad los hechos tal como sucedieron, absteniéndose en cuanto le sea posible de todo comentario o explicación teórica, dejando casi que cada uno los interprete según su propia opinión”, en Historia Física y Política de Chile. Documentos I, pp. 5-9.

17 Lastarria, Recuerdos Literarios, pp. 98-99.

18 Vicente Fidel López, Gaceta del Comercio (Valparaíso), 31 de mayo de 1842. Citado por Lastarria, Recuerdos Literarios, p. 132. Las cursivas provienen de esta obra.

19 Norberto Pinilla, La Generación Chilena de 1842, 1943, p. 107.

20 Lastarria, Recuerdos Literarios, p. 234 (he modernizado la ortografía para los efectos de cita). Ignacio Chuecas ha analizado el origen del uso del término “preocupaciones” en Lastarria, que significa en uso contemporáneo algo similar a “prejuicios”. Como discípulo de José Joaquín de Mora, sospecha el autor, conocería su traducción de la obra Ensayo sobre las Preocupaciones, Escrito en Francés por el Barón de Holbach y Traducido con Correcciones y Adiciones por José Joaquín de Mora, 1823. Véase Chuecas, “‘Preocupaciones Coloniales’ en la Obra de José Victorino Lastarria”, 2012.

21 He comentado este debate en mi Andrés Bello, 2010, pp. 140-146. Una discusión importante a propósito de las diversas perspectivas sobre el pasado hispánico que incluían a Francisco Bilbao y Domingo Faustino Sarmiento, además de Bello y Lastarria, es de Tulio Halperín Donghi, “España e Hispanoamérica”, 1998, pp. 67-74.

22 Tres meses antes del discurso de Lastarria, Santiago había presenciado, en junio de 1844, el juicio en contra de Francisco Bilbao (1823-1865), cuyo ensayo “Sociabilidad Chilena”, publicado en el periódico El Crepúsculo, atacó la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Mucho se ha dicho y concluido en la historiografía nacional y extranjera sobre los cargos contra Bilbao, pero estos consistían en violaciones específicas de la ley de imprenta de 1828, que contemplaba castigos penales por “blasfemia”, “inmoralidad”, “injuria” y “sedición”. La corte declaró culpable a Bilbao de los dos primeros cargos, pero le absolvió del último, que era el más grave, y le multó con 600 pesos, los que fueron pagados en el acto por el público asistente y parcial a Bilbao. La celebración tumultuosa que siguió a continuación irritó enormemente al gobierno, que respondió con la confiscación y destrucción del ejemplar de El Crepúsculo en que aparecía el ensayo y, más adelante, en 1846, promulgó una nueva ley de imprenta bastante más restrictiva. La combinación de palabra impresa y juicio de imprenta era explosiva, y tanto el caso de Bilbao como otros anteriores demostraban que culminaban en desórdenes callejeros. Una descripción de este suceso se encuentra en Diego Barros Arana, Un Decenio, 1905, I, pp. 492-506. Véase también Alberto J. Varona, Francisco Bilbao, 1973, pp.75-91; Solomon Lipp, Three Chilean Thinkers, 1975, pp. 12-52; Stuven, La Seducción de un Orden, 2000, pp. 251-282, y Nicolás Ocaranza, “Francisco Bilbao”, 2006, 99-130.

23 Anales de la Universidad de Chile, N° 1 (1843-1844), p. 9. Cabe señalar que la fecha de impresión es 1846. Los términos “imparcialidad” y “verdad” son los mismos que usó Bello en su comentario a la obra de Gay el 6 de septiembre de 1844. Más tarde los emplearía también Benjamín Vicuña Mackenna en su Historia de la Campaña de Tarapacá (1880). Desde entonces adquirieron vida propia, siendo utilizados por los historiadores como valores incuestionables si bien en muchos casos se trataba de recursos meramente retóricos.

24 Lastarria, Recuerdos Literarios, p. 238. El énfasis en cursiva es mío. Sobre el conflicto generacional véase Norman P. Sacks, “Andrés Bello y José Victorino Lastarria”, Cuadernos Americanos, 1997, pp. 183-213.

25 Este ensayo fue originalmente publicado en la Imprenta del Siglo a fines de 1844, y apareció luego en el primer número de los Anales, pp. 199-271. Está incluido en la Miscelánea Histórica i Literaria, 1868, tomo I, pp.3-136, edición que utilizaré para los propósitos de cita. Este ensayo apareció también en el tomo VII de las Obras Completas de Lastarria, 1906-1914.

26 Lastarria, Investigaciones, I, p. 67.

27 Ibíd., 133-134.

28 Lastarria, “Prólogo”, en Miscelánea, I, p. x.

29 Andrés Bello, “Investigaciones sobre la Influencia de la Conquista y del Sistema Colonial de los Españoles en Chile: Memoria Presentada a la Universidad en la Sesión Solemne de 22 de Septiembre de 1844 por don José Victorino Lastarria”, OC, XXIII, pp. 155-173.

30 Ibíd., p. 159.

31 Ibíd., p. 162.

32 Ibíd., p. 165.

33 Algo similar hizo Domingo Faustino Sarmiento en su comentario a la misma Memoria: esta no hacía más que “azuzar los ánimos contra la dominación española”. A pesar de haberse manifestado anteriormente parcial a la “filosofía de la historia”, Sarmiento no compartía para ese entonces el acendrado sentimiento anti-español y menos “una pretendida fraternidad con los indios” con fines de denuncia. Véase su “Investigaciones sobre el Sistema Colonial de los Españoles, por J. V. Lastarria”, 2001, II, 163-168. El artículo apareció originalmente en El Progreso el 27 de septiembre de 1844. Es decir, este comentario precede al de Bello por cerca de dos meses, ampliando de esta forma la reacción al escrito de Lastarria.

34 Bello, “Investigaciones”, OC, XXIII, p. 169.

35 El “Bosquejo” está incluido en Miscelánea, I, pp. 137-266. La cita se encuentra en la página 215. Este ensayo fue originalmente publicado por la Imprenta Chilena en diciembre de 1847, con un prólogo de Jacinto Chacón.

36 Sesión del 5 de octubre de 1847, “Libro de Actas, 1843-1862”, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1957, tomo I, 137.

37 El “Informe” de Varas y García Reyes está incluido en Lastarria, 1868, I, pp. 155-160. La cita se encuentra en la página 160. Ambos académicos demostraron estar muy compenetrados de los argumentos de Bello y Gay respecto de la historia “filosófica”. De allí el tono polémico de la discusión que asumió Jacinto Chacón, identificando a Bello como el principal expositor del método ad narrandum.

38 Jacinto Chacón, Prólogo al “Bosquejo”, en ibíd., I, pp. 138-154. La cita se encuentra en las páginas 146-147.

39 Bello, “Bosquejo Histórico”, 1981, OC, XXIII, 223. Este artículo fue originalmente publicado en El Araucano el 7 de enero de 1848. El pasaje citado demuestra que Bello no rechazaba completamente la “filosofía de la historia” sino que consideraba importante primero establecer los hechos. Stefan Vrsalovic ha discutido este aspecto, como así mismo los elementos románticos en el discurso predominantemente ilustrado de Lastarria, en “Las ideas filosóficas”, 2011.

40 Los textos centrales de Bello en torno a la metodología histórica son “Modo de Escribir la Historia” y “Modo de Estudiar la Historia”, 1981, OC, XXIII, pp. 231-242 y 245-252, respectivamente. Fueron publicados originalmente en El Araucano Nº 912 (28 de enero de 1848) y Nº 913 (4 de febrero de 1848). Si bien el eje central de estos ensayos es el tema metodológico, no deben disociarse de la polémica en torno al “Bosquejo” y lo allí involucrado: la interpretación del papel de las constituciones en la organización política y social.

41 La influencia de la escuela romántica francesa ha sido examinada por Cristián Gazmuri en “Algunas Influencias Europeas”, 1981, tomo II, pp.325-338. Véase también Roger Picard, “Los Historiadores Románticos”, en El Romanticismo Social, 1947, pp. 213-235.

42 Estas declaraciones aparecieron en El Progreso, 25 de enero de 1848 bajo el título de “Cuestión sobre la Ciencia Histórica: Contestación al ‘Araucano’”). Cursivas en el original. El artículo de Chacón continuó el 28 de enero (“Cuestión sobre la Ciencia Histórica, art. 2º, Consideraciones sobre las Constituciones”) y el 29 de enero (“Al Araucano: Ratificación Histórica”). Véase la discusión de Allen Woll en A Functional Past, p. 37; Picón Salas, “Bello y la Historia”, 1981, pp. liii-lxii, y Stuven, La Seducción de un Orden, pp. 242-250.

43 Bello, “Modo de Escribir”, 1981, XXIII, p. 249.

44 El último escrito de Bello al respecto, titulado “Constituciones”, apareció el 11 de febrero de 1848 en El Araucano. Está incluido en OC, XIII, 255-261. Allí revela que un aspecto importante del debate iba más allá de la metodología histórica, es decir, giraba en torno al papel y legitimidad de las constituciones en el establecimiento del orden político. Lastarria había argumentado en el “Bosquejo” que los primeros intentos de organización política nacional no podían sino ser defectuosos dado que los chilenos no habían logrado destruir los legados del pasado colonial. Dado que tal cosa no había ocurrido hasta la fecha (la década de 1840), el mismo criterio podía aplicarse a la vigente Constitución de 1833, cuya reforma pedía Lastarria en el Congreso en 1849. Véase Bases de la Reforma, de Lastarria y Errázuriz, 1850. Para Bello, la conclusión que por su parte extraía Chacón de la obra de Lastarria era errónea, en el sentido en que las constituciones reflejaban fielmente el estado de avance cultural y político de una sociedad. Para el venezolano, las constituciones eran más bien diseños mutables que podían, mal o bien, responder a los cambios inevitables de una sociedad. Además, para Bello, el cambio constitucional era menos urgente que el de la legislación civil, en cuya tarea se encontraba concentrado precisamente en ese momento, y que culminaría en el Código Civil aprobado por el Congreso en 1855.

45 Gracias al trabajo de Jens R. Hentscke es posible matizar el propósito ilustrado de Lastarria, dado que en su obra se pueden identificar elementos románticos y krausistas, y posteriormente positivistas. Véase su “José Victorino Lastarria’s Libertarian Krauso-Positivism”, 2012, pp. 241-260.

46 Véase Gazmuri, La Historiografía Chilena, pp. 78-81.

47 Ricardo Krebs, “Bello y la historia”, 1982b, pp. 251-265. Bello poseía un ejemplar de la Historia de los Papas en la Época Moderna de Ranke en versión francesa de 1838. Véase Velleman, Andrés Bello y sus Libros, p.242. Sobre Ranke y Leo, véase también Iggers, The German Conception of History, pp. 67-69.

48 Un elemento no menos importante es que un sector considerable de la intelectualidad chilena provenía del ámbito del derecho. Para ellos, el lenguaje de los hechos “tal como ocurrieron” y los procedimientos para determinarlos era bastante familiar. La evolución misma del derecho nacional transitaba entonces hacia una legislación civil republicana. Es decir, se eliminaban del derecho civil los elementos estamentarios y propios de la monarquía sin por ello abandonar el análisis de la tradición histórica con bases en el derecho romano. Así, confluyen en el Chile de la época del debate el positivismo jurídico y el énfasis metodológico histórico en torno a la determinación de los hechos. Quedaba lugar para la interpretación, pero esta debía basarse en documentos susceptibles de escrutinio histórico crítico.

49 Un trabajo sistemático sobre estos historiadores está aún por hacerse. Algunas excepciones incluyen Ricardo Donoso, Diego Barros Arana, 1967, y Gertrude M. Yeager, Barros Arana’s Historia Jeneral, 1981; Maury A. Bromsen (ed.), José Toribio Medina, 1969; Raúl Silva Castro, “Don Crescente Errázuriz y don Diego Barros Arana”, 1947, pp. 50-65; Carlos Morla Vicuña (ed.), Don Miguel Luis Amunátegui (s.f.). Sobre la influencia de Bello, véase Ricardo Krebs, “Proyecciones del Pensamiento Histórico de Andrés Bello”, 1982a, pp.337-354.

50 Manuel Vicuña, Un Juez en los Infiernos, 2009, p. 16.

51 Juan Luis Ossa Santa Cruz, “Gonzalo Bulnes”, 2005, pp. 195-221.

52 Anales de la Universidad de Chile, 1939, pp. 44-55.

53 Un grado similar e incluso menor de profesionalización se observa en Argentina. Véase Pablo Buchbinder, “Vínculos Privados, Instituciones Públicas y Reglas Profesionales”, 1996, pp. 59-82. En cuanto a la profesionalización del campo histórico en Estados Unidos, véase Peter Novick, That Noble Dream, 1988.

54 Benjamín Vicuña Mackenna editaría las memorias presentadas entre 1844 y 1865 en 5 volúmenes entre 1866 y 1882 con el título de Historia General de la República de Chile desde su Independencia hasta Nuestros Días. Como señala Manuel Vicuña, el historiador “acompañó la edición con un aparato crítico provisto de un arsenal de incisivas disquisiciones de método; y aportó antecedentes nuevos, complementando o corrigiendo el trabajo de los autores ahí antologados, mediante el recurso a documentos inéditos e impresos situados fuera del orbe de sus indagaciones originales”. Es decir, una obra en sí misma, que consolidaría la dirección historiográfica establecida por los estatutos de la Universidad de Chile y el posterior debate Bello-Lastarria-Chacón. Véase Vicuña, Un Juez en los Infiernos, p. 96. Véase también Gazmuri, La Historiografía, 2006, tomo I, pp. 65-76.

GONZALO BULNES: HISTORIADOR NACIONALISTA, POLÍTICO CIVILISTA*

Juan Luis Ossa Santa Cruz

Universidad Adolfo Ibáñez

Juan Luis Ossa Santa Cruz. Doctor en Historia Moderna, St Antony’s College, Universidad de Oxford. Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Correo electrónico: juan.ossa@uai.cl.

* Versión extendida de la presentación el 23 de mayo de 2013 en el Centro de Estudios Públicos (N. de. E.).

Resumen: Este artículo analiza la vida y obra del historiador chileno Gonzalo Bulnes. En primer lugar, se presentan los principales datos biográficos de Bulnes, los cuales dan cuenta de la generación intelectual a la que perteneció. Luego se discuten algunos conceptos como “nacionalismo” y “positivismo” con el fin de comprender las principales corrientes historiográficas que influyeron el trabajo de Bulnes. Finalmente, se intenta diferenciar a Bulnes el historiador de Bulnes el político, argumentando que, aun cuando en su obra fue un obsecuente defensor del papel de los militares en la construcción de la república, en política defendió siempre la supremacía de los partidos políticos y la civilidad.

Palabras clave: Gonzalo Bulnes, militares, nacionalismo, positivismo, civiles, política.

Recibido: julio 2013; aceptado: agosto 2013.

GONZALO BULNES: NATIONALIST HISTORIAN, CIVIL-MINDED POLITICIAN

Abstract: This article studies the life and work of Chilean historian Gonzalo Bulnes. First, it presents some of the most important aspects of Bulnes' biography, which account for the intellectual generation to which he belonged. Then, it discusses concepts like “nationalism” and “positivism” in order to understand the main historiographical trends that influenced his work. Finally, it tries to differentiate Bulnes the historian from Bulnes the politician, arguing that although in his work he supported the role of the military in the construction of the republic, in politics he always defended the supremacy of civilians and political parties.

Keywords: Gonzalo Bulnes, military, nationalism, positivism, civilians, politics.

Received: July 2013; accepted: August 2013.

El año 2005 tuve el privilegio de publicar un artículo sobre la vida y obra de Gonzalo Bulnes, uno de los historiadores chilenos más destacados de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En dicho trabajo analicé las corrientes intelectuales que ejercieron mayor influencia en su trabajo, ejemplificándolas mediante el estudio de una de sus obras: Historia de la Campaña del Perú en 1838[1].

En esta oportunidad quisiera retomar algunos aspectos de aquel artículo, aunque enfatizando otro tipo de conceptos. Luego de presentar algunos datos biográficos, intentaré demostrar que Bulnes fue influenciado por el positivismo historiográfico decimonónico, aquel que se construyó sobre los pilares del método “narrativo” de Andrés Bello y las interpretaciones “filosóficas” de José Victorino Lastarria. Veremos que, a pesar de las diferencias entre ambas vertientes historiográficas, Bulnes bebió de ambas escuelas: de Bello heredó el método ad narrandum al escribir sus principales obras. De Lastarria, en tanto, tomó una visión particularmente negativa del pasado español (y, por tanto, nacionalista). Además, en los escritos de Bulnes se aprecia —como en los del pensador liberal— una confianza ciega en el progreso material y político de Chile. Propongo, entonces, que pasado y futuro se fundieron en una escuela de pensamiento que tuvo en Bulnes a uno de sus mayores exponentes.

A continuación diré algo sobre la historia de la historiografía chilena y cómo ella puede ayudarnos a entender más cabalmente la obra de Bulnes. A fines del siglo XIX, el objeto de la historia era conocer la “verdad” de los hechos tal como supuestamente habían ocurrido. La influencia (directa o indirecta) de Leopold von Ranke era, pues, gravitante, tanto en Europa como en Chile. Sin duda, el hecho de que no existieran historiadores profesionales —esto es, que los historiadores no se dedicaran a tiempo completo al estudio del pasado— posibilitó el ingreso de las ideas de Ranke en un escenario intelectual como el chileno. El cuestionamiento a los planteamientos del alemán surgiría únicamente con el nacimiento de las primeras Escuelas de Historia en Chile, donde otras corrientes historiográficas, como la Escuela de los Annales, el marxismo anglosajón y el postmodernismo de los años ochenta, ejercerían un ascendiente cada vez más evidente. Bulnes, que murió en 1936, no alcanzó a empaparse de dichas influencias. Su trabajo fue más un pasatiempo que una profesión (al menos tal como entendemos a las profesiones en la actualidad), cuestión que, en todo caso, no resta mérito a la calidad de su obra.

Que Bulnes no haya sido un historiador profesional explica en parte por qué el hijo de Manuel Bulnes combinó su trabajo como historiador con una participación relativamente activa en el debate público. Este es el último punto de este artículo: el vínculo entre la historia y la política. Veremos que, aun cuando difícilmente puedan dividirse ambas actividades en compartimentos estancos, en más de una oportunidad Bulnes el político se posicionó en las antípodas de Bulnes el historiador. Lo anterior puede verse reflejado sobre todo en su impresión sobre cuál debía ser el papel de los militares en la política. Apologético en sus libros de la responsabilidad de los militares en la construcción de la república, Bulnes era un convencido político civilista. Para él, los militares debían subordinarse al poder civil y a la Constitución Política. Este es un punto interesante para comprender cuánto ha cambiado el estudio de la historia política en Chile, como también el papel público de los historiadores en la actualidad.

1. Gonzalo Bulnes y su tiempo

Gonzalo Bulnes Pinto, el menor de los hijos de Manuel Bulnes Prieto y Enriqueta Pinto Garmendia, nació el 19 de noviembre de 1851 en Santiago. Cuenta Ignacio Domeyko en sus memorias que el general Bulnes quedó sorprendido la primera vez que vio a la que se convertiría en su mujer. En una visita a la casa de Francisco Antonio Pinto, Bulnes fue recibido por su hija Enriqueta “con tal encanto (...) e inefable dignidad, que el vencedor [de Yungay] enmudeció, se sentó y salió al poco rato casi sin haber abierto la boca”[2]. La anécdota de Domeyko da cuenta de la cercanía de la familia Pinto con los intelectuales más respetados de la época. Estando en Londres, Pinto había forjado una cercana amistad con Andrés Bello, con quien, según Joaquín Edwards Bello, había compartido penurias y pesares en la capital británica[3]. Pinto logró, además, que Mariano Egaña convenciera a Bello de venir a Chile en 1828, fecha a partir de la cual continuaron cultivando su amistad hasta el punto de que el chileno fue nombrado padrino de Luisa Isabel Bello, hija del venezolano[4].

Ya en Chile, Bello sería el principal agente intelectual del régimen pelucón. Durante el gobierno de Manuel Bulnes, el venezolano inauguró formalmente la educación moderna en Chile, a través de la reformulación del Instituto Nacional y la fundación de la Universidad de Chile[5]. Aunque Manuel Bulnes fue ante todo un militar forjado en la guerra fronteriza contra los últimos remanentes realistas, se las arregló para cultivar su lado más académico. Durante esos años leyó las obras del Abate Molina y la Historia del reinado de los Reyes Católicos D.Fernando y Doña Isabel, de Prescott[6]. Sus hijos mayores, Wenceslao (que nació de una aventura en 1833) y Manuel, siguieron la carrera militar. Gonzalo, en tanto y por insistencia de su padre, se transformaría en el “escritor” de la familia[7].

Poco tiempo antes de morir, Manuel Bulnes realizó un último gesto para lograr que su hijo menor se vinculara al mundo de las letras. En 1865 falleció Andrés Bello, dejando una imborrable marca de agradecimiento en el triunfador de Yungay. Cuando el cuerpo del sabio venezolano aún estaba siendo velado, el general decidió llevar a su hijo hasta su casa. Cuenta Gonzalo Bulnes que su padre lo condujo

Hasta la casa de don Andrés, desde el colegio, y tengo presente en mi memoria la casa donde vivía el sabio, en la calle Catedral, la pieza a la cual entramos, donde yacía el cuerpo inanimado. A los pies del lecho estaba arrodillada una señora, rezando fervorosamente, quien le tomó una mano al muerto y le dijo: Hasta luego, señor [...] Yo pregunté a mi padre, visiblemente emocionado, quién era la dama y él me respondió, que era doña Mercedes Marín del Solar. Al marcharnos de la casa de don Andrés, mi padre me agregó: Te he traído para que veas al señor Bello, aunque muerto, porque en tu vida te habrás de sentir honrado con haber estado cerca de él[8].

En la década de 1860 Gonzalo Bulnes era estudiante de los Padres Franceses, luego de haber pasado por el colegio de Villarino. Después ingresó al Instituto Nacional, cuyo rector era Diego Barros Arana y quien, según Gonzalo Bulnes, “llegó a ser un hombre de conocimientos extraordinarios”[9]. Sin embargo, no todos los profesores llenaron las expectativas del muchacho. Miguel Luis Amunátegui, por ejemplo, era profesor de literatura, y, muy a pesar de Bulnes, era diputado y ministro, lo que le dejaba “bien poco tiempo [...] para dedicarse a sus clases”[10].

Por otra parte y probablemente supliendo la partida prematura de su padre, Gonzalo Bulnes creó un estrecho vínculo con su madre. Ella le dio los últimos toques a su educación, acompañándolo a Europa y subrayándole la importancia de la historia. En su primer viaje por el Viejo Continente, comenzado en 1871, Bulnes visitó París al momento de la formación de la República de Thiers; en España asistió a la proclamación de la Primera República, además de ver cómo el ejército carlista “moría defendiendo a Dios y al rey absoluto; es decir, la religión de la Inquisición y la monarquía de Fernando VII, todo lo contrario de la civilización”, una opinión que, como veremos, refleja el anti-españolismo que se apoderó de la mayoría de los intelectuales chilenos de la segunda mitad del XIX. Finalmente visitó Italia, cuando Víctor Manuel II abrió el Segundo Parlamento Italiano, y luego retornó a París, donde tomó cursos con Philarete Chasles y con Renan e inició una estrecha amistad con Juan Bautista Alberdi, quien “iba frecuentemente a casa de mi madre, en el Hotel del Louvre, donde vivíamos”[11]. Su paso por Europa le sirvió, además, para publicar su primer artículo literario, en que defendió a Chile de una acusación suscrita por el Parlamento inglés luego de un incidente ocurrido con el naufragio de un vapor[12].

A su regreso a Chile en 1875, Bulnes comenzó su etapa historiográfica más productiva. Siguiendo a un pequeño artículo titulado “Causas de la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana”, publicó en 1878 su primera gran obra: Historia de la Campaña del Perú en 1838[13]. En ella, Bulnes recogió las experiencias de chilenos, peruanos y bolivianos entre los años 1836-1839 en la disputa por la supremacía regional del Océano Pacífico.

En 1879, solo meses después de la publicación de su libro, su tío Aníbal Pinto debió dirigir, como presidente de la república, las campañas que el ejército chileno volvió a protagonizar contra las fuerzas unidas del Perú y Bolivia, ahora eso sí de manera mucho más sangrienta y prolongada. La Guerra del Pacífico conmovió al país durante cerca de cuatro años. El conflicto determinó el futuro político e historiográfico de Gonzalo Bulnes. En efecto, Pinto lo nombró jefe político y militar de Tarapacá, posición desde la cual Bulnes recopiló —a la usanza de Benjamín Vicuña Mackenna— una buena cantidad de documentos y anécdotas que, años más tarde, le permitirían escribir la historia más acabada de aquella guerra.

Entre 1887 y 1888, Bulnes publicó su segunda obra: Historia de la Expedición Libertadora del Perú[14], la cual fue complementada nueve años más tarde con las Últimas Campañas de la Independencia del Perú[15]. En este tiempo se acercó a su tío Aníbal, quien lo había tomado bajo su velo protector una vez que su padre había fallecido. A raíz de esta amistad, Bulnes construyó un ideario político en que se mezclaba la firmeza pelucona —heredada de su padre— con el liberalismo oligárquico chileno. Esta simbiosis ideológica lo acercó al gobierno de Federico Santa María e incluso al de su sucesor, José Manuel Balmaceda. No obstante, a este último quitó su apoyo una vez que la clase política chilena comenzó a sentirse amenazada por el autoritarismo de la presidencia.

Después de derrocado Balmaceda e iniciado lo que se ha conocido como el Régimen Parlamentario, Gonzalo Bulnes tuvo diversos cargos públicos, entre ellos el de oficial mayor del Ministerio de Guerra de la Junta de Gobierno y, posteriormente, Ministro Plenipotenciario de Chile en Alemania e Italia[16]. Su segunda estadía en el Viejo Continente —que duró cinco años— la hizo acompañado de su mujer, Carmela Correa Sanfuentes. En Alemania, Bulnes contrató algunas de las misiones militares que por ese entonces vinieron a Chile con la tarea de instruir al Ejército[17].

De vuelta en Chile, retomó la senda de la política, apoyando decididamente la candidatura de Federico Errázuriz Echaurren. Para esos años, el parlamentarismo estaba en su cenit, mostrando el Congreso el dilettantismo tan criticado por Alberto Edwards en La Fronda aristocrática[18]. La subordinación del Ejecutivo permitía que la oligarquía desestimara las opiniones de los ministros y propiciara un ineficaz sistema de consensos. Esta política llevó finalmente a la magistratura principal del gobierno a hombres como Errázuriz, con el inusitado apoyo de conservadores, liberales y nacionales[19]. Con todo, Bulnes dejó de apoyar a Errázuriz cuando los conflictos limítrofes con Argentina obligaran a suscribir el Laudo de 1902, ya que el historiador se sintió molesto por la actitud del presidente al momento de solucionar el entredicho con los vecinos transandinos, que él calificaba como débil[20].

Ahora bien, a pesar de estos trances políticos, pareciera ser que Bulnes, por lo menos durante estos años, no se sintió verdaderamente cómodo representando a ningún gobierno. Aquello se debía probablemente, como dice Francisco Antonio Encina en el prólogo de La Guerra del Pacífico, a que Bulnes “nunca tuvo una decidida vocación política”[21]. O, como él mismo le confirmó a Armando Donoso: “no he querido ser ministro [en Chile] nunca. Le tengo una cordial distancia a toda la política”[22]. En esos años sus actividades públicas fueron bastante escuetas: fue diputado por Rancagua en 1901 y por Malleco en 1912, siendo reelegido para este último cargo en el periodo de 1918-1924[23]. Lo anterior, empero, no fue óbice para que a fines de su vida tomara un papel político más activo.

En 1915, uno de sus mejores amigos además de consuegro[24], Juan Luis Sanfuentes, asumió la presidencia de Chile. Su administración estuvo marcada por dos eventos: la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria y la oposición del presidente a apoyar a los aliados en la Primera Guerra Mundial. En este último caso, Bulnes jugaría, como analizaremos más adelante, un papel clave. También jugaría un papel importante en la oposición a Arturo Alessandri Palma, la nueva estrella política que nacía al amparo de trabajadores, profesionales y burócratas estatales y que amenazaba quebrar el statu quo parlamentarista. Las elecciones de 1920 fueron un duro trance para el gobierno de Sanfuentes, pues el candidato del oficialismo, Luis Barros Borgoño, aunque en una estrecha elección, perdió ante la arremetida alessan-drista.

La oposición de Gonzalo Bulnes a Alessandri puede comprobarse a través de su participación en los siguientes dos gobiernos. Designado en 1926 embajador en Argentina por Emiliano Figueroa, fue ratificado por quien fuera el rival más acérrimo de Alessandri, el militar y luego dictador Carlos Ibáñez del Campo. La relación de Bulnes con Ibáñez sufriría un vuelco inesperado en 1928, al negarse aquél a seguir representando un gobierno que, en su pensar, no respetaba la tradición civilista del país (más de esto en las siguientes secciones).

Esta última postura fue la que defendió al entrar la década de 1930. En 1932, Bulnes fue elegido como primer presidente del renovado Partido Liberal, formado por los antiguos partidos Liberal-Democrático, Liberal, Liberal-Doctrinario y Nacional. Cuenta Raúl Marín que Ladislao Errázuriz, a nombre de los liberales, le ofreció a Bulnes la primera dirección del Partido:

“Estoy seguro, don Gonzalo —le dijo el señor Errázuriz— que su patriotismo no resistirá la unificación y ha tenido el privilegio de ser aceptado de todos.” “Estoy viejo ya, Ladislao —contestó don Gonzalo— ya no sirvo para nada, pero si Ud. cree que aceptar esto es cuestión de patriotismo y que yo soy necesario, lo hago con gusto por el país, y por Ud. Ladislao, porque lo estimo mucho”[25].

En estos últimos años, su actividad intelectual se subordinó a su participación política. En 1927, siendo embajador en la Argentina, Bulnes había terminado de escribir su último libro: Nacimiento de las Repúblicas Americanas[26]. Esta obra la había comenzado en 1922, año en que había llegado a la conclusión de que “la Independencia se produjo casi simultáneamente en todas partes y en la misma forma”[27]. Este libro fue el preludio de un estudio sobre José Miguel Carrera, el cual, sin embargo, dejó inconcluso debido a su ancianidad. De hecho, el último tiempo Bulnes ya no podía escribir por sí mismo y debía dictar a un secretario que lo asistía.

Su última morada fue el quinto piso de un edificio en la calle Dieciocho número 45. Murió como católico practicante (rezaba el rosario todas las noches junto a su señora Carmela), aunque durante su primer viaje por Europa se había alejado de la Iglesia al ver la belicosidad de los curas carlistas. Murió el lunes 17 de agosto de 1936, a consecuencia de una bronconeumonía.

Sus funerales se llevaron a cabo el 19 de agosto con una misa en la Parroquia de San Lázaro, y fue enterrado en el Cementerio General[28]. La opinión pública estuvo atenta al acontecimiento toda esa semana, a través de artículos de prensa y agradecimientos públicos. Como muestra de gratitud por sus actividades públicas e intelectuales, el presidente Arturo Alessandri (durante su segunda presidencia) promulgó un decreto en que ordenaba al Ejército rendir a Bulnes honores de general de división[29].

En su entierro se pronunciaron discursos desde todos los espectros de la política chilena. Los liberales, encabezados por Ruperto Murillo, dijeron: “para Bulnes comienza la vida imperecedera de la inmortalidad. Y nosotros, los liberales, se la entregamos, sin temer al juicio de la historia”[30]. Los conservadores se unieron al sentimiento de tristeza que inundaba a sus pares liberales: “El duelo que aflige al Partido Liberal no es solo el duelo de una colectividad, es el duelo de la República porque ha caído uno de sus hijos que supo honrarla en el interior y darle días de brillo con su vigoroso talento en el exterior”[31]. Finalmente, Miguel Cruchaga, en nombre de la Academia de la Historia, comentaba que Gonzalo Bulnes “quiso a la historia sobria y franca como sobrio y franco fue su corazón”[32].

2. La historiografía de Gonzalo Bulnes:

Nacionalismo, positivismo y parcialidad/imparcialidad

¿Puede encasillarse el trabajo de Bulnes en una corriente historiográfica determinada? ¿Fue Bulnes un historiador únicamente militar? ¿Cuál es el papel de la política en su obra? Para contestar estas preguntas me referiré, en primer lugar, a la preparación de Bulnes en los albores de su vida, cuestión que nos permitirá dilucidar cuáles fueron sus maestros y a quiénes respetaba como tales. En segundo lugar, diré algo sobre su método de investigación, sus fuentes y la forma en que estudiaba a sus personajes. Aquí me concentraré en los conceptos nacionalismo y positivismo y en el binomio parcialidad/imparcialidad.

a. Los primeros maestros

Según Gonzalo Bulnes, su gusto por la lectura lo debía a su tío Aníbal, siendo él quien le habría estimulado más seriamente el amor por las letras[33]. También, y aunque era bastante menor que él, Bulnes hizo amistad con Benjamín Vicuña Mackenna, con quien compartió pensamientos políticos y temas historiográficos[34]. Vicuña Mackenna se interesó en la vida de Manuel Bulnes, como también en la Guerra del Pacífico y la carrera política de Carrera. En una reunión entre Vicuña Mackenna y Gonzalo Bulnes, el consagrado escritor explicó al joven discípulo parte de su método de trabajo: “un día lo fui a ver [Bulnes a Vicuña Mackenna] y estaba yo con él cuando hizo referencia a un papel que guardaba en su escritorio. En él decía: Biografía de Manuel Bulnes. Entonces me contó que él escribía las biografías antes de que murieran sus personajes, lo cual explica su rapidez en el trabajo”[35].

En muchos aspectos, sin embargo, Bulnes consideraba que Vicuña Mackenna no era propiamente un historiador. Alababa su capacidad de penetrar en una situación a través de un documento, pero no consideraba que su trabajo fuera historiográficamente exacto. Con todo, creía que Vicuña poseía un talento innato para estudiar la “visión de los hombres”[36], y por ello respetaba y admiraba su trabajo:

Benjamín ha dejado muchos libros, que tendrán que vivir siempre: su Vida de O’Higgins: un folletito de gran mérito histórico, que se puede decir que fue la primera revelación histórica sobre San Martín, folleto publicado con motivo de su estatua; La guerra a muerte, libro lleno de colorido, sobre los hechos muy confusos, que él ha aclarado bastante; su Portales, que es uno de los mejores suyos. Hay bastante diferencia entre las primeras obras de Benjamín, que son muy buenas y las del final de su vida, que fueron escritas al correr de la pluma. Con ese talento de investigación que tenía, con su lenguaje tan galano, tan brillante, si en vez de escribir cuarenta tomos hubiera escrito seis u ocho, habría dejado una obra tan duradera como la de los más grandes historiadores[37].

De lo último podemos concluir que Gonzalo Bulnes prefería escribir poco y sobre materias que verdaderamente conocía. Vicuña Mackenna, por su parte, escribió, entre otras, sobre sicohistoria, historia costumbrista —¿vida privada?— e historia urbana, todas las cuales hicieron de su trabajo un ejemplo de interdisciplinariedad pero también de cierta inexactitud.

Gonzalo Bulnes también dio su opinión sobre los trabajos de Ramón Sotomayor Valdés, al que tenía por un gran erudito con una inteligencia asertiva y audaz. No obstante, consideraba que sus investigaciones no eran suficientemente acabadas, criticándole que solo se atuviera a las fuentes periodísticas para formular sus ideas en torno a un tema en específico. Según él, las obras de Sotomayor Valdés “están muy bien escritas, pero adolecen de falta de investigación. El gobierno de Prieto es un trasunto del Araucano. Se conoce que escribía teniendo el diario abierto sobre una mesa. Pero, siendo esa una fuente muy importante, hay otras que habría podido consultar con mucho provecho para su trabajo”[38].

Una opinión distinta tenía de Diego Barros Arana. Al autor de la Historia General de Chile lo consideraba un intelectual completo, que incluso había aprendido matemáticas y otras disciplinas con el fin de lograr una relación más estrecha con los estudiantes del Instituto Nacional[39]. Según Ricardo Donoso, Barros Arana siguió “los consejos que poco ha había dado don Andrés Bello, desde las columnas del Araucano, sobre la manera de componer la historia (...) Es decir, se pronunciaba resueltamente sobre el método que denominaba ad narrandum”[40]. Bulnes, al igual que Barros Arana, prefirió antes el documento que la interpretación, aunque no por ello se abstuvo de dar impresiones y juicios personales. Esto no era nuevo: Barros Arana y su generación habían crecido, es cierto, bajo el alero narrativo de Bello. Sin embargo, la polémica historiográfica entre el venezolano y Lastarria no había sido concluyentemente dominada por el primero. Una cosa era construir un relato a través del uso de los documentos y fuentes orales, pero otra muy distinta demostrar que dicha metodología era neutra en términos interpretativos. El positivismo historiográfico chileno de fines del siglo XIX era, por su origen y objeto, esencialmente interpretativo.

b. Historiador nacionalista y militar

La revolución de independencia fue el gran acontecimiento histórico que marcó a la generación de historiadores chilenos de la segunda mitad del siglo XIX. Ninguno de estos intelectuales combatió en los ejércitos independentistas, como sí lo hizo, por ejemplo, José Manuel Restrepo, el gran historiador colombiano. No obstante, todos ellos, desde Barros Arana hasta Bulnes, se criaron en un ambiente donde la revolución y el triunfo patriota fueron concebidos, respectivamente, como momentos de epifanía y como el resultado inevitable de la construcción de la nacionalidad. De ahí que la revolución comenzada en 1810 fuera generalmente concebida como una disputa entre dos naciones soberanas —“Chile” versus “España”— y que la victoria patriota se justificara en términos no tanto políticos como demográficos: los españoles —salvo contadas excepciones— no podían sino defender el proyecto monarquista, mientras que los criollos —salvo contadas excepciones— eran considerados referentes únicos del ideario americanista[41].

La historiografía actual sobre las independencias ha venido, sin embargo, a cuestionar esta interpretación. En primer lugar, existe consenso en que las tropas de ambos ejércitos —el revolucionario o insurgente y el realista o monarquista— estaban conformadas por soldados y oficiales nacidos, o con una larga experiencia vital, en el continente americano[42]. Esta fue, en otras palabras, una guerra civil entre americanos, y en ello la incapacidad de la metrópoli de enviar refuerzos desde España a las zonas periféricas y económicamente menos rentables como Chile jugó un papel clave. Por otro lado, desde los estudios pioneros de Brian Hamnett y François-Xavier Guerra, se ha comenzado a cuestionar —quizás en Chile con menos fuerza— que la independencia fuera el punto de llegada de la nacionalidad[43]. Más bien, los historiadores sostienen que aquélla fue el puntapié inicial de un proceso en constante construcción y que, por tanto, la nacionalidad chilena —y, en consecuencia, el estado republicano— no existía en 1810 como un proyecto político transversalmente legítimo. Hasta 1820, de hecho, la posibilidad de implementar en Chile un tipo de monarquía constitucional o de continuar vinculados administrativamente con el imperio español era relativamente viable.

Pero tal como en la actualidad existe consenso entre los historiadores respecto a que la independencia no era el corolario inevitable de la revolución, a fines del siglo XIX había también consenso en que la historia era un vehículo constructor de la nacionalidad y que, en ese contexto, la “epopeya” separatista era una coyuntura crítica que no podía desaprovecharse. En el caso específico de Bulnes, su nacionalismo era tanto personal como interpretativo. Así, por ejemplo, en su primer libro encontramos una tenaz defensa al pasado “patriota” de su padre durante los años 1820, al tiempo que una crítica feroz a su abuelo, Manuel Bulnes Quevedo, por haber este luchado al lado de los ejércitos realistas. La visión de Gonzalo Bulnes sobre su abuelo permeó a la historiografía chilena, hasta el punto de que Bulnes Quevedo continúa siendo un personaje menor en la historia de Chile, cuando lo cierto es que su papel negociador entre monarquistas, autonomistas y separatistas fue mucho más importante de lo que su nieto Gonzalo creyó[44]. Por supuesto, la ceguera interpretativa de Gonzalo Bulnes no fue del todo culpa suya; era, más bien, una visión epocal que motejaba de traidores a los criollos realistas. El problema con esta interpretación es que asumía que la única causa justa era la independentista y que el monarquismo estaba destinado a perecer a manos de los “verdaderos” patriotas.

Según Simon Collier, el nacionalismo historiográfico de Bulnes se aprecia claramente en su Guerra del Pacífico, donde sobresalen el orgullo nacional y una visión positiva sobre el pasado y el progreso espiritual y material del país vencedor. Para confirmar esta hipótesis, el historiador inglés cita un interesante párrafo de la obra de Bulnes:

Lo que venció al Perú fue la superioridad de una raza i la superioridad de una historia: el orden contra el desorden; un país sin caudillos contra otro aquejado de este terrible mal. (...) El almirante francés Du Petit Thouars (...) no podía comprender el resultado. [Patricio] Lynch se ofreció para explicárselo. Se acercó a dos heridos peruanos (...), les preguntó separadamente: ¿I para qué tomó Ud. parte en estas batallas? Yo, le contestó el uno: ‘por don Nicolás’: el otro, ‘por don Miguel’. Don Nicolás era Piérola; don Miguel, el Coronel Iglesias. Dirijió después la misma pregunta a dos heridos del ejército chileno i ámbos le respondieron con profunda estrañeza: Por mi Patria, mi jeneral! (...) Era eso lo que había vencido; la superioridad de una historia sana i moral sobre otra convulsionada por los intereses personales. No diré que era la única causa de la derrota, pero sí que tuvo parte en ella[45].

Collier identificó la postura de Bulnes con la interpretación liberal inglesa (whig) del pasado, más aún cuando la historia de Chile era “enfáticamente la historia del progreso, y progreso coronado por la gloria militar”[46].

En efecto, prácticamente todas las obras de Bulnes se concentran en las glorias militares chilenas. Ese es el caso de sus tres obras más conocidas: Historia de la Campaña del Perú en 1838, La Guerra del Pacífico e Historia de la Expedición Libertadora del Perú. Ya me he referido suficiente —y lo volveré a hacer más adelante— a las dos primeras, por lo que a continuación me detendré en esta última. Este trabajo es el resultado de una exhaustiva investigación sobre la responsabilidad que cupo al Estado de Chile en la creación del Ejército Libertador del Perú y en la posterior declaración de la Independencia del Perú en 1821. Recordemos que, luego de las batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), el objetivo principal del proyecto “americanista” de José de San Martín y Bernardo O’Higgins era emprender un ataque en Lima, considerado el centro de la contrarrevolución sudamericana. Para ello, se debía organizar un gran ejército con las tropas del Ejército de los Andes, del recientemente creado Ejército de Chile y de las fuerzas que, se esperaba, se unirían al proyecto separatista una vez que San Martín desembarcara en tierras peruanas[47].

Bulnes entrega detalles prolíficos sobre este proceso de organización militar, aunque su objetivo final va más allá. Para él, lo importante era enfatizar los conflictos políticos entre los distintos cuerpos militares del Ejército Libertador del Perú una vez que la independencia fue proclamada en Lima el 28 de julio de 1821. En su interpretación, la cual está fielmente documentada, se analiza el proceso por el que los oficiales chilenos, encabezadas por Francisco Antonio Pinto, fueron progresivamente distanciándose de los oficiales rioplatenses, peruanos y colombianos (estos últimos habían hecho recientemente su ingreso a Lima liderados por Antonio José de Sucre) con el fin de representar —ya para 1824— un proyecto político más “chileno” y menos “americanista”. Detrás del análisis de Bulnes se encuentra una reflexión sobre la conformación soberana de los nuevos estados, toda una originalidad interpretativa si consideramos que una de las grandes propuestas historiográficas del siglo XX sostiene que el Estado chileno se forjó a partir de su vínculo con la guerra y los ejércitos. Nos referimos, claro está, a la tesis de Mario Góngora en su Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX.

Los conceptos Estado y nación, entonces, se funden en el libro de Bulnes como si fueran homologables, aunque, como nos han enseñado la ciencia política y la sociología, no son necesariamente iguales. En palabras del historiador británico Alan Knight: “Estado y nación, mezclados en la práctica, son analíticamente distintos. Han habido muchos Estados sin base nacional (imperios, Estados-ciudad), y naciones potenciales sin Estado (los Kurdos y Catalanes, quizás los Maya, Aymara, Quechua y Mapuche)”. Sin embargo, más importante que resaltar el “error” de Bulnes, es destacar la existencia de su argumento, ya que demuestra que, para la generación de historiadores nacidos en las décadas inmediatamente posteriores a la “gesta independentista”, el Estado era el gran creador y organizador de la nación. De ahí el nacionalismo de muchos de los libros salidos a la luz de las memorias históricas de la Universidad de Chile[48].

c. Positivismo: parcialidad/imparcialidad

Las fuentes utilizadas por Bulnes eran, ante todo, escritas y oficiales: cartas, reglamentos, oficios y partes gubernamentales se incluyen en su arsenal documental. En La Guerra del Pacífico encontramos papeles pertenecientes, entre otros, a Rafael Sotomayor, Cornelio Saavedra y Manuel Baquedano, como también al Senado, el cual “haciendo una excepción en mi favor, tomó el acuerdo de autorizarme para utilizar una colección de papeles secretos sobre la guerra”[49]. En Historia de la Campaña del Perú en 1838, en tanto, resaltan la colección privada de cartas de Manuel Bulnes, un diario del coronel Placencia y uno que otro artículo de prensa.

En la mayoría de sus obras, Gonzalo Bulnes instruye al lector sobre los documentos, personajes y periodos de sus estudios. Al igual que sus maestros y condiscípulos, Bulnes fue un historiador positivista[50], esto es, siguió el argumento de Andrés Bello en cuanto a que el empirismo era el método más adecuado para comprender el pasado; la interpretación, se creía, era solamente secundaria. Los herederos del venezolano —Barros Arana, los hermanos Amunátegui y Vicuña Mackenna— defendieron con pasión aquella forma de historiografía, utilizando documentos oficiales por sobre otro tipo de fuentes. A las enseñanzas del venezolano se sumaron posteriormente las sacadas de los trabajos de Leopold von Ranke, para quien los historiadores tenían la responsabilidad de buscar la verdad de los hechos a través de los documentos: los hechos tal cual fueron, según el historiador alemán.

Es difícil afirmar que Bulnes haya leído a Ranke. Lo que sí puede comprobarse es que, al menos implícitamente, su posición historiográfica era parecida —acaso igual— a la del alemán. Refiriéndose a la obra de Barros Arana, Bulnes concluye: “el autor establece los hechos como pasaron, ajustándose con la mayor estrictez a la verdad y coordinándolos entre sí. [...] El cuadro de los sucesos políticos y militares se complementa con el examen de las obras literarias y del movimiento económico e industrial. Da un lugar considerable en sus prolijas investigaciones a los rasgos de la geografía nacional”[51]. Como Barros Arana, Bulnes empleó diversos conocimientos como la geografía, la economía e incluso la sicología, pero ellos aparecían siempre en función del documento, como complemento o apéndice de él. Consideraba que su trabajo era aún más exacto que el de un fotógrafo, ya que este generalmente deja de lado los objetos que no se insertan dentro de la cámara; en cambio los historiadores los abarcan todos, incluso aquellos que a primera vista estaban vedados a la lente humana. En el prólogo de su estudio sobre la guerra de 1879 señaló que

El historiador y el fotógrafo pueden enfocar en la parte brillante del paisaje y presentar un cuadro impresionista de luz y colorido, suprimiendo los detalles que lo enlazan con la materialidad del terreno que retratan o de la época que recuerdan, pero la historia presentada en esta forma, no es enseñanza porque no es la verdad. He procurado enfocar la máquina sobre los hechos y los hombres tales como fueron, para que la posteridad comprenda los tropiezos que encontró en su marcha en 1879 el carro de la victoria, y así, si lo que Dios no quiera, el país vuelve a encontrarse en situación análoga pueda sacar de estos sucesos las lecciones que se desprenden de ellos[52].

Su apego a la verdad documental era, como vemos, sistemático y a toda prueba. Presentando los hechos tal como habían ocurrido se seguía al pie de la letra la doctrina rankeana, es decir, la doctrina positiva, escrita y oficial. Además, otro de sus objetivos era aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. En este proceso era Bulnes, como historiador, el llamado a jugar el papel principal, siendo un intérprete claro de su tiempo y adiestrado en el trabajo de archivo.

Pero ser un “intérprete” de su tiempo conllevaba ciertos peligros; o al menos ciertos cuestionamientos al método positivista y supuestamente objetivo de Bello y Ranke. Ya adelanté que la disputa entre Bello y Lastarria en torno a cómo debía investigarse y escribir la historia no dio por vencedor absoluto al primero. Bello triunfó en lo que decía relación con la importancia asignada a los documentos y al método narrativo. Sin embargo, ninguna de las historias publicadas en el siglo XIX fueron interpretativamente planas; el positivismo decimonónico chileno acarreaba en sus entrañas una visión positiva y nacionalista del pasado. Aquí es donde la pregunta por la parcialidad y la imparcialidad cobra sentido. ¿Podía Bulnes ser imparcial, tal como Bello sostenía? ¿No eran —no son— los historiadores agentes subjetivos y, por tanto, parciales? Según el propio Bulnes, los historiadores sí podían ser imparciales. En Historia de la Campaña, por ejemplo, se preocupó de informar al público que, debido a su relación filial con el principal protagonista de la historia, había omitido aquellos comentarios que podían ser tachados de parciales, “poniendo de preferencia al lector en situación de sacar por sí mismo las deducciones que me eran vedadas”[53]. No obstante, en este libro su búsqueda de la verdad quedó muchas veces subordinada a su parentesco con Manuel Bulnes y a su condición de chileno.

Esto es aún más evidente en relación con el régimen colonial y el periodo de la independencia. Al igual que Lastarria, la generación de Bulnes definió el pasado colonial como un periodo oscuro, despótico y reaccionario. La diferencia con Lastarria es que este sostenía que la “filosofía de la historia” —es decir, la interpretación— debía ir por delante de los documentos. El positivismo de Lastarria, en otras palabras, era más ideológico que historiográfico. Bulnes, por su parte, concebía el positivismo tanto historiográfica (de ahí su apego a los documentos) como ideológicamente (de ahí su confianza en el progreso material de Chile, sobre todo en relación con los países vecinos).

Ahora bien, con el paso del tiempo Bulnes fue madurando su forma de investigar y comenzó a aceptar, al menos implícitamente, que la historia no era tanto la búsqueda de la verdad cuanto la comprensión de fenómenos específicos en contextos de cambio y continuidad. Si comparamos, por ejemplo, las fuentes de Historia de la Campaña del Perú en 1838 con las de La Guerra del Pacífico encontramos muchas similitudes, pero también un avance significativo en la forma de plantear la metodología. En esta última Bulnes ocupó fuentes novedosas y, se podría decir, más modernas: las orales. Mediante entrevistas con los sobrevivientes de la guerra, y aprovechando su cargo de jefe político y militar de Tarapacá, Bulnes recolectó confidencias, anécdotas y relatos que facilitaron su acercamiento al objeto histórico. Esto, más su instintivo apego a los documentos, hizo que su estudio estuviera tan bien investigado que los historiadores contemporáneos aún no han sido capaces de superarlo. “No hay en la historiografía chilena —concluye Encina— otra obra cuya documentación supere en abundancia y calidad a la de La Guerra del Pacífico, ni creo que la haya en la historiografía hispanoamericana”[54].

Al final de su vida, sus perspectivas historiográficas lo vincularon con otro tipo de historia, más interdisciplinaria e interpretativa. Creemos, en efecto, que el ejemplo de Gonzalo Bulnes se encuentra en una suerte de dialéctica entre los historiadores decimonónicos —como Barros Arana— y los del siglo XX. Estos últimos, como profesionales de la historia, influenciaron los últimos trabajos de Bulnes, por lo menos en la forma de historiar el pasado. Así, pues, si en el siglo XIX Bulnes se posicionó entre Barros Arana y Vicuña Mackenna, en la nueva centuria logró un espacio entre los intelectuales que combinaron las diversas ciencias del espíritu, ocupando con mayor asiduidad la sociología, la economía e, incluso, la sicología.

Aunque no sabemos si leyó a Wilhelm Dilthey, es probable que haya estado al tanto de la revolución que significó la arremetida de las ciencias del espíritu y que, como historiador, haya adherido a los planteamientos del alemán. Dilthey señaló que las ciencias humanas debían estudiar las individualidades, apuntando a conocer el hecho histórico mismo. Según él, el hombre, al ser un sujeto cognoscente, está en la historia y, como tal, puede conocer el pasado de los personajes históricos: una vida conoce a otra vida. Al igual que Dilthey, Bulnes ocupó la metodología histórica como mecanismo comprensivo del ser humano. Para ello, conjugó su propia vivencia con la comprensión y esta con la representación o interpretación. Es decir, a partir de su experiencia o tiempo, Bulnes fue capaz de comprender a sus sujetos históricos y darles, desde ahí, un espacio interpretativo, sustrayéndolos del pasado y poniéndolos sobre la mesa del presente. Ese es, por ejemplo, el caso de La Guerra del Pacífico.

Gracias a esto, Bulnes se acercó a la historia de las ideas. En el Nacimiento... interpretó las ideas independentistas, consiguiendo con ello un cambio en su perspectiva historiográfica. Del apego decimonónico a Ranke, había pasado a ser un historiador del siglo XX, ayudado quizás por Dilthey pero sobre todo gracias a la tímida profesionalización de la historiografía chilena. Positivista hasta el final de sus días, Bulnes fue capaz, no obstante, de acercarse a otras corrientes de pensamiento y aceptar que los historiadores no son más que intermediarios subjetivos entre el ayer y el hoy.

3. Historia y política

A pesar del marcado carácter militar de la obra de Bulnes, en su actividad política fue siempre un defensor de la paz y de la supremacía civil sobre la militar. Hay algunos ejemplos que confirman ambas afirmaciones. Decíamos que durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes cupo a Bulnes un papel preponderante en la decisión de mantenerse neutrales en la Gran Guerra. En 1917, Sanfuentes recibió una visita del embajador de Estados Unidos, el cual lo instó a apoyar prontamente a los aliados. El presidente, sin embargo, no estaba seguro de que aquélla fuera la mejor estrategia política, por lo cual, junto a su Consejo de Ministros, optó por la neutralidad. Las razones de Sanfuentes eran varias. Una de ellas decía relación con el inmenso gasto que significaría entrar en una guerra desconocida, perdiendo contratos económicos importantes con los países que no estaban del lado de los aliados. Como cuenta Gonzalo Bulnes, su amigo Sanfuentes tenía un criterio financista cuando miraba el asunto: “si nuestros aliados [sobre todo Estados Unidos] —decía Sanfuentes a Bulnes— nos piden algún aporte, tendremos que decirles que no tenemos nada. Somos pobres de solemnidad. No tenemos dinero, ni soldados, y si es el salitre: lo necesitamos imperiosamente para vivir”[55].

Sanfuentes buscaba crear una suerte de cofradía latinoamericana para desentenderse de los problemas de los aliados. Con ese fin, se contactó con el presidente argentino Hipólito Irigoyen, gracias a lo cual representantes de ambos gobiernos se reunieron con la intención de adoptar una política conjunta sobre el conflicto internacional. El encargado de visitar a Irigoyen fue Gonzalo Bulnes, quien se mostró a favor de la neutralidad. Ello se debía, probablemente, a que su corazón estaba más con Alemania que con los aliados[56], pero también porque consideraba que a Chile no le convenía intervenir en asuntos ajenos. Según él, entrometerse en la Gran Guerra era “autorizar a cualquier nación a inmiscuirse en la cuestión del Pacífico”, lo cual rompería “el derecho a resolver por nosotros mismos nuestros asuntos, sin intervención de nadie”[57]. La posición de Bulnes fue acogida por el mandatario argentino, quien le confirmó “su resolución inquebrantable de no declarar la guerra a Alemania”, además de demostrar deferencia hacia el agente chileno[58].

Pero más relevante que la participación de Bulnes en la decisión de mantenerse neutrales durante la Primera Guerra Mundial es su crítica a Carlos Ibáñez de Campo a fines de la década de 1920 por considerar que su gobierno no respetaba la tradición civilista del país. Recordemos que Bulnes fue confirmado como embajador en Argentina por Ibáñez y que, por tanto, su estadía en Buenos Aires se debió más a un interés por consolidar su relación con los argentinos que a una pretensión de representar a un gobierno determinado. Cuando Bulnes aceptó el cargo en Argentina lo hizo pensando que probablemente el gobierno de Figueroa traería paz y estabilidad a la política chilena, sobre todo luego de que una seguidilla de sucesos llevara al autoexilio de Alessandri y a la posterior promulgación de la Constitución de 1925.

En una carta a Ibáñez, fechada el 27 de abril de 1927 desde Buenos Aires, Bulnes manifestó su apoyo al nuevo presidente. Confirmando su intención de que el país iniciara una nueva etapa en la construcción del estado nacional, Bulnes aseguró un buen futuro al gobierno de los militares si estos respetaban el orden interno. Con su gobierno, señalaba a Ibáñez, “se abre una página en blanco en nuestra historia y Ud. es el encargado de llenarla. Ojalá sea con gloria para Ud. y para el país, que necesita ante todo orden, el cual será progreso en el interior y prestijio en el exterior”[59].

Su misión en Argentina estuvo en principio dedicada a que el gobierno de Marcelo Torcuato Alvear respetara los tratados referentes a Tacna y Arica, firmados con el Perú, además de estar atento a los conflictos entre paraguayos y bolivianos en el Chaco. Sin embargo, más temprano que tarde se restaría del gobierno de Ibáñez. El 3 de octubre de 1928 Bulnes abandonó el cargo de embajador, probablemente luego de ver el comportamiento dictatorial de Ibáñez y sus ministros[60]. Para él, los militares debían ser los garantes de las fronteras internacionales y no partícipes de la política interna. Así, pues, si las actuaciones de los militares en 1927 habían sido de una u otra forma aceptadas por Bulnes, ya para 1928 y principios del año siguiente no lo eran tanto. Bulnes era preferentemente un liberal que respetaba la preponderancia de la civilidad.

Pocos años después, luego de la caída de Ibáñez, a Bulnes se le apareció una nueva oportunidad de criticar la participación de los militares en política; ahora, en favor del gobierno de Juan Esteban Montero, quien enfrentó en 1932 una sublevación de otro grupo de militares encabezado por Marmaduque Grove. El presidente Montero se vio en la necesidad de convocar a las grandes personalidades del país con el objetivo de encontrar una solución al problema generado por la intervención de los militares. En aquella reunión, Gonzalo Bulnes confirmó los postulados que había ido forjando a lo largo de toda su vida y que habían agarrado fuerza después de desligarse del gobierno de Ibáñez:

Las Fuerzas Armadas ya no solo atentan contra el orden constitucional, sino contra la existencia misma de la República! A pesar de mis años no tengo experiencia en estas cosas. Estos motines no eran conocidos en mis tiempos. Los soldados de Chile a cuyo recuerdo consagré mi pluma de escritor, solo combatían contra el enemigo extranjero... Me imagino que lo que debe hacer el Presidente es oponer la firme resistencia de los civiles ante la inminencia militar. Agotar todos los recursos y medios posibles y seguir en el gobierno por el periodo por el cual fue elegido por el pueblo[61].

Las palabras de Bulnes, sin embargo, no dieron fruto. El presidente Montero debió renunciar, permitiendo el ascenso de Grove y la posterior República Socialista. Luego de caída esta, empero, la coalición liberal logró conducir a Arturo Alessandri a su segunda presidencia. Bulnes, como hombre de partido, apoyó a Alessandri, quien, para esos años, era una persona distinta, mucho más cercana a las elites que a la “chusma querida” que lo había llevado al poder en 1920.

La posición civilista de Bulnes en los debates públicos en los que le tocó participar nos permite adelantar algunas conclusiones sobre su obra historiográfica. Además, a través de ella podemos dar cuenta de las formas en que ha cambiado el papel político de los historiadores desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Vimos que Bulnes fue un historiador inminentemente militar y político, aunque su vocación historiográfica tendía a doblegarse ante su quehacer ideológicamente comprometido; en este caso, al nacionalismo. ¿Cuán sorprendente es esto? A juzgar por lo que hemos visto en estas páginas, la generación de Bulnes —como también la inmediatamente anterior— entendía a la historia como una ciencia objetiva —de ahí su apego a la verdad—, pero en la práctica su parcialidad política era evidente. ¿Fue Bulnes por esto un historiador menos creíble? Como nos ha enseñado la historia de la historiografía en las últimas décadas, el conocimiento del pasado es por naturaleza y objeto una disciplina subjetiva, por lo que difícilmente pueda argumentarse que Bulnes haya sido menos creíble que, por ejemplo, los historiadores europeos y norteamericanos de su tiempo.

Esto nos lleva a la pregunta de cuán semejantes y diferentes son el “hacer política” y el escribir sobre “historia política”. Hacer política y escribir sobre historia política no son actividades completamente disímiles, aunque existen algunas diferencias importantes de ser recalcadas. Un historiador es igualmente ciudadano que un filósofo, un periodista o un profesor secundario. En esa calidad puede —quizás deba— juzgar cuando lo estime conveniente. Al participar de debates públicos no podemos, no debemos, escudarnos en nuestra disciplina, como si ella fuera más verdadera que otras ramas de las ciencias sociales. Ahora bien, si como ciudadanos juzgamos, como historiadores debemos intentar comprender. Y los historiadores “políticos” no son una excepción.

Aquí vale la pena recordar que, por un largo tiempo, la “historia política” fue relegada a un segundo plano luego de que se creyera que el “triunfo” durante la década de 1930 del estructuralismo, la historia económica y los estudios sociales —inspirados, unos más unos menos, en la Escuela de los Annales— había destronado de una vez y para siempre a la historia política. Aunque exagerada, dicha impresión tenía ciertos visos de plausibilidad, en cuanto la historia política, tal como se concibió durante el siglo XIX y parte del XX —con su enfoque puesto en la diplomacia, los grandes eventos protagonizados por pequeñas elites y en la creación heroica de los Estados-nacionales (la historiografía de Bulnes es un buen ejemplo de ello)—, perdió no solo vigencia sino importancia entre los académicos a ambos lados del Atlántico.

Las cosas comenzaron a cambiar en los 1960 y 1970. Una característica de los cultores actuales de la historia política es que dan cuenta de la heterogeneidad de intereses al interior de países, sociedades, comunidades y vecindarios, enfatizando así la importancia de los estudios de caso. Lo anterior ha permitido ver a los grupos que se relacionan con el poder no como compartimentos monolíticos y homogéneos, sino como conjuntos formados por individuos con distintas aspiraciones y objetivos. Además, esta visión ha ampliado lo que, en general, se entiende por “cultura política”: de una visión unívoca del concepto de “cultura” se ha pasado, como bien ha dicho Alan Knight en un artículo reciente, a una visión plural del mismo. Tal como no se puede hablar de la existencia de una “cultura democrática” en un país donde la estabilidad política depende del uso de la fuerza, tampoco es posible definir lo “chileno” (o lo “porteño”, “penquista”, “valdiviano” y “chilote”) con categorías singulares y totalizadoras que no consideren la heterogeneidad de intereses y las distintas formas de identidad[62].

Pero la historia política en el presente no solo da cuenta de la relación entre individuos y comunidades con fines disímiles y el poder; también pretende recuperar el valor del evento histórico, diluido a lo largo del siglo XX a manos de las estructuras y los modelos teóricos. En el caso latinoamericano, aquella recuperación del evento histórico se dio en un contexto de “reconstrucción política” luego de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta. Así, por ejemplo, los estudios de historia electoral publicados desde hace tres décadas conectan el ejercicio de participación electoral con las raíces democráticas del continente[63]. Desde entonces, la pregunta que preocupa a los historiadores no es si las elecciones decimonónicas eran más o menos participativas, más o menos corruptas, sino demostrar que la historia electoral es mucho más que la sumatoria final de votos. Como ha dicho Samuel Valenzuela, “las elecciones no solo preocupaban a quienes votaban; las personas no inscritas como votantes, incluyendo a muchas mujeres, también participaban en el proceso, intentando asegurar que se llevaran a cabo imparcialmente, protegiendo las urnas de interferencias fraudulentas, celebrando las victorias de los candidatos o lamentando su derrota, haciendo propaganda en su favor, o escribiendo en la prensa partidista a favor o en contra de candidatos específicos”[64].

El objetivo ha sido, en ese sentido, dar a conocer el pasado político no tanto desde una mirada localista, sino comparativa; no tanto presentando explicaciones monolíticas, sino multicausales; no tanto comprendiendo a la política desde una óptica mecanicista e institucional, sino estudiando a quienes ejecutan la administración y están detrás del poder. Así, y tal como nos dicen los nuevos estudios sobre el Estado, el análisis del papel de los burócratas y otros agentes estatales permite historiar políticamente a aquellos que, en la mayoría de las veces, no aparecen en las historias políticas tradicionales. En palabras de Annick Lempérière, “sabemos que ‘el Estado’ no actúa, el Estado no recoge impuestos, no recluta soldados y sabemos que ‘la administración de justicia’ no es la que administra la justicia. Son hombres muy concretos los que desempeñan todas estas funciones del Estado”[65]. Algo similar podría decirse de la historia de las ideas políticas: las ideas no flotan en el aire; por el contrario, reflejan intereses concretos de personas de carne y hueso[66].

“Hacer política” y escribir sobre “historia política” no es, pues, lo mismo. Ninguna es mejor que la otra. Son simplemente dos formas de conocimiento que perfectamente pueden ser ejecutadas por la misma persona. Aquí es donde quizás estribe la mayor diferencia entre la generación de Bulnes y la actual. Sin duda, en sus actividades políticas Bulnes no tenía —como los historiadores en la actualidad— mayor problema en emitir juicios de valor. No obstante, algo similar puede decirse de muchos de sus estudios historiográficos, donde se encuentran explicaciones maniqueas (el “español” o el “peruano” eran lo malo, el “patriota” o el “chileno” lo bueno) que, en vez de explicar, tendían a oscurecer el conocimiento del pasado. Esto no quiere decir que nuestra forma de hacer historia sea mejor que la de Bello, Lastarria, Vicuña Mackenna o Bulnes. Más bien, nos habla de cuánto ha cambiado la historiografía chilena desde que las universidades se abocaran de lleno a la profesionalización de las Escuelas de Historia.

Referencias bibliográficas

Bulnes Ripamonti, Cristián. Los Auxiliares de Penco y su Capitán Manuel de Bulnes Quevedo. Ograma Impresores, 2012.

Bulnes, Gonzalo. Historia de La Campaña del Perú en 1838. Santiago: Imprenta de Los Tiempos, 1878.

———— Historia de la Expedición Libertadora del Perú. Santiago: Rafael Jover Editor, 1887, 2 tomos.

———— Últimas Campañas de la Independencia del Perú. Santiago: Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1897.

———— Nacimiento de las Repúblicas Americanas. Buenos Aires: Librería “La Facultad” Juan Roldán y Cía., 1927, 2 tomos.

———— “Don Diego Barros Arana”. En Homenaje de la Sociedad de Historia y Geografía a la Memoria de D. Diego Barros Arana. Santiago, Imprenta Cervantes, 1930.

———— La Guerra del Pacífico. Santiago: Editorial del Pacífico, 1955.

Collier, Simon. “The Historiography of the ‘Portalian’ Period (1830-1891) in Chile”. Hispanic American Historical Review, Vol. 57, N° 4, 1977.

Collier, Simon y William F. Sater. Historia de Chile, 1808-1994. Madrid: Cambridge University Press, 1998.

Domeyko, Ignacio. Mis Viajes. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1978, Tomo I.

Donoso, Armando. Recuerdos de Cincuenta Años. Santiago: Editorial Nascimento, 1947.

Donoso, Ricardo. Barros Arana, Educador, Historiador y Hombre Público. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1931.

Edwards Bello, Joaquín. Andando por Madrid y otras Páginas. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1969.

Edwards, Alberto. La Fronda Aristocrática. Santiago: Editorial Universitaria, 1989.

Encina, Francisco Antonio. “Don Gonzalo Bulnes y la Guerra del Pacífico”. En Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacífico, Santiago: Editorial del Pacífico, 1955.

Gazmuri, Cristián. Tres Hombres, Tres Obras. Vicuña Mackenna, Barros Arana, Edwards Vives. Santiago: Editorial Sudamericana/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2004.

Góngora, Mario. Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX. Santiago: Ediciones La Ciudad, 1981.

Hamnett, Brian. Revolución y Contrarrevolución en México y el Perú. Liberales, Realistas y Separatistas, 1800-1824. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Jaksić, Iván. Andrés Bello: La Pasión por el Orden. Santiago: Editorial Universitaria, 2001.

———— Rebeldes Académicos. La Filosofía Chilena desde la Independencia hasta 1989. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

Knight, Alan. “¿Vale la Pena Reflexionar sobre la Cultura Política?”. En Cristóbal Aljovín de Losada y Nils Jacobsen (editores), Cultura Política en los Andes. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 2007.

Lempérière, Annick. “La Historiografía del Esto en Hispanoamérica. Algunas Reflexiones”. En Guillermo Palacios (coordinador), Ensayos sobre la Nueva Historia Política de América Latina, Siglo XIX. México D.F.: El Colegio de México, 2007.

Marín, Raúl. “Don Gonzalo Bulnes”. Revista Chilena de Historia y Geografía, diciembre 1936, Santiago de Chile.

Ossa, Juan Luis. “Gonzalo Bulnes y su Historia de la Campaña del Perú en 1838”. En Nicolás Cruz e Iván Jaksić (coordinadores), Seminario Simon Collier 2005. Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.

———— “La Criollización de un Ejército Periférico. Chile, 1768-1810”. Historia, Vol. II, N° 43, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.

———— “Armies, Politics and Revolution. Chile, 1780-1826”. Tesis doctoral, St Antony’s College, Universidad de Oxford, 2011.

Palacios, Guillermo. “Introducción: Entre una ‘Nueva Historia’ y una ‘Nueva Historiografía’ para la Historia Política de América Latina en el Siglo XX”. En Guillermo Palacios (coordinador), Ensayos sobre la Nueva Historia Política de América Latina, Siglo XIX. México D.F.: El Colegio de México, 2007.

Prescott, William H. Historia de Fernando e Isabel, Los Reyes Católicos, 1892. Traducción del castellano de Juan Manuel Arias. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2007.

Serrano, Sol. Universidad y Nación. Chile en el Siglo XIX. Santiago: Editorial Universitaria, 1994.

Valenzuela, J. Samuel. “Hacia la Formación de Instituciones Democráticas: Prácticas Electorales en Chile durante el Siglo XIX”. Estudios Públicos, N° 66, Santiago, 1997.

Notas

1 Juan Luis Ossa, “Gonzalo Bulnes y su Historia de la Campaña del Perú en 1838”, 2005, pp. 195-222.

2 Ignacio Domeyko, Mis Viajes, 1978, tomo I, p. 511.

3 Véase el capítulo “Andrés Bello y los Pinto”, en Joaquín Edwards Bello, Andando por Madrid y otras Páginas, 1969.

4 Iván Jaksić, Andrés Bello: La Pasión por el Orden, 2001, p. 271. Tan recurrentes pasaron a ser las visitas de Bello a la familia Pinto en Chile que Gonzalo Bulnes solía escucharle a su madre que “casi cotidianamente llegaba don Andrés a la hora del café a casa, y cuando eso no sucedía se mandaba preguntar por él porque se creía que podía estar enfermo”. En Armando Donoso, Recuerdos de Cincuenta Años, 1947, p. 253.

5 Para el papel jugado por Bello en la construcción educacional de Chile véase Sol Serrano, Universidad y Nación. Chile en el Siglo XIX, 1994.

6 Gonzalo Bulnes nos entrega ciertos detalles de la preparación intelectual de Manuel Bulnes. Según él, su padre leyó, entre otros, al Abate Molina, por quien parecía tener una viva admiración: “habría dado —dice Gonzalo Bulnes— toda su vida militar por ser el autor de la Historia de Chile”; también a Prescott y su Historia... [1892] 2007, cuyo personaje principal, Gonzalo de Córdoba, “fue la causa de que me dieran el nombre con que me bautizaron”; finalmente, a Vicuña Mackenna y sus primeros trabajos sobre O’Higgins y Carrera, de los cuales fue crítico debido a las exageraciones cometidas por el autor al momento de relatar las batallas de la Independencia. En Armando Donoso, Recuerdos, 1947, pp. 254-255.

7 Raúl Marín, “Don Gonzalo Bulnes”, 1936, p. 9.

8 Armando Donoso, Recuerdos, 1947, pp. 255-256.

9 Iván Jaksić, Andrés Bello: La Pasión por el Orden, 2001, p. 262.

10 Ibídem, 265.

11 Los detalles de su primer viaje por Europa pueden encontrarse en Armando Donoso, Recuerdos, 1947, pp. 268-269.

12 Ibídem, p. 270.

13 Gonzalo Bulnes, Historia de La Campaña del Perú en 1838, 1878.

14 Gonzalo Bulnes, Historia de la Expedición Libertadora del Perú, 1887, 2 tomos.

15 Gonzalo Bulnes, Últimas Campañas de la Independencia del Perú, 1897. Un buen recuento de las obras de Gonzalo Bulnes se puede encontrar en Francisco Antonio Encina, “Don Gonzalo Bulnes y la Guerra del Pacífico”, 1955, p. 10.

16 Véase Armando Donoso, Recuerdos, 1947, pp. 279-280.

17 Ibídem, pp. 280-282.

18 Alberto Edwards, La Fronda Aristocrática, 1989.

19 Véase Francisco Antonio Encina, “Don Gonzalo Bulnes”, 1955, p. 8.

20 Su posición frente al problema limítrofe con Argentina la clarificó en un folleto titulado “Chile y la Argentina: Un debate de 55 años”. Ibídem, p. 9.

21 Ibídem, p. 8.

22 Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 283.

23 Simon Collier y William F. Sater aseguran que en 1910 Gonzalo Bulnes estuvo cerca de convertirse en presidente de Chile, luego de que un grupo de militares lo ungiera como candidato a La Moneda. Según ellos, “la insatisfacción con la política militar de la República parlamentaria llevó a un grupo de oficiales a formar una Liga Militar secreta, que pretendía llevar a cabo un golpe de Estado para colocar en La Moneda al historiador Gonzalo Bulnes”. En Simon Collier y William F. Sater, Historia de Chile, 1808-1994, 1998, p. 189.

24 Francisco Bulnes Correa, hijo de Gonzalo, se casó en 1910 con Blanca Sanfuentes, hija de Juan Luis.

25 Raúl Marín, “Don Gonzalo Bulnes”, 1936, p. 20.

26 Gonzalo Bulnes, Nacimiento de las Repúblicas Americanas, 1927, 2tomos.

27 Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 250.

28 El Mercurio (Santiago), martes 18 de agosto de 1936.

29 Ibídem.

30 El Mercurio (Santiago), miércoles 19 de agosto de 1936.

31 Ibídem.

32 El Mercurio (Santiago), jueves 20 de agosto de 1936.

33 Véase Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 272.

34 Su aprecio por Vicuña Mackenna se confirmó cuando le dedicó su obra La Espedición Libertadora del Perú a Victoria Subercaseaux, esposa de Benjamín. La dedicatoria dice así: “Señora: Permítame poner su nombre al frente de estas pájinas. Es Ud. el reflejo vivo del hombre ilustre que ocupa un lugar prominente en nuestra historia contemporánea. Este libro le pertenece bajo muchos respectos. Él dio los niveles de la personalidad militar de San Martín, i casi me atrevería a decir que presentó a la República Arjentina al ilustre ausente que estaba condenado a la proscripción del olvido. Sea a la vez, señora, tributo de mi admiración al hombre esclarecido que lloran con Ud. la Patria i las letras nacionales”. En Gonzalo Bulnes, Historia de la Expedición, 1887, tomo I.

35 Véase Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 263.

36 Ibídem.

37 Ibídem, p. 264.

38 Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 264.

39 Ibídem, p. 262.

40 Citado en Cristián Gazmuri, Tres Hombres, Tres Obras. Vicuña Mackenna, Barros Arana, Edwards Vives, 2004, p. 72.

41 He trabajado estos temas en mi tesis doctoral “Armies, Politics and Revolution. Chile, 1780-1826”, 2011.

42 Véase Juan Luis Ossa, “La Criollización de un Ejército Periférico. Chile, 1768-1810”, 2010, pp. 413-448.

43 Brian Hamnett, Revolución y Contrarrevolución en México y el Perú. Liberales, Realistas y Separatistas, 1800-1824, 2011 (la primera edición es de 1976).

44 Una excepción notable es Cristián Bulnes Ripamonti, Los Auxiliares de Penco y su Capitán Manuel de Bulnes Quevedo, 2012.

45 La cita de Collier se encuentra en “The Historiography of the ‘Portalian’ Period (1830-1891) in Chile”, 1977, p. 668. El destacado es mío.

46 Ibídem. El original en inglés dice: “their country’s history was emphatically the history of progress, and progress crowned by military glory”.

47 Trabajé este tema en el capítulo sexto de mi tesis doctoral “Armies, Politics and Revolution”.

48 Según Mario Góngora, Gonzalo Bulnes fue uno de los últimos exponentes chilenos de la historiografía nacionalista chilena: “ese nacionalismo popular del siglo XIX —dice Góngora— lo compartían hacia 1900 ya escasos individuos. Un Joaquín Walker Martínez, un Marcial Martínez, un Gonzalo Bulnes, eran sus últimos exponentes”. En Mario Góngora, Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX, 1981, p. 96.

49 Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacífico, 1955, pp. 30-31.

50 Mi definición de “positivismo” se circunscribe únicamente al ámbito historiográfico y no hace alusión a la “filosofía positivista”. Para un estudio sobre esta última corriente, véase Iván Jaksić, Rebeldes Académicos. La Filosofía Chilena desde la Independencia hasta 1989, 2013, capítulo II.

51 Gonzalo Bulnes, “Don Diego Barros Arana”, 1930, p. 22.

52 Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacífico, 1955, p. 30. El destacado es mío.

53 Gonzalo Bulnes, Historia de La Campaña, 1878, p. VIII.

54 Francisco Antonio Encina, “Don Gonzalo Bulnes y la Guerra del Pacífico”, 1955, p. 13.

55 Raúl Marín, “Don Gonzalo Bulnes”, 1936, p. 14.

56 Recordemos que Bulnes había sido Ministro Plenipotenciario en Alemania por cerca de cinco años, donde forjó grandes amistades, además de una gran admiración por el pueblo germano.

57 Años después de estas actividades de política exterior, Bulnes reiteró a Armando Donoso su postura inicial: “Un país no puede entrar en una guerra sino por la defensa de sus intereses fundamentales, pero hacerlo por seguir a la nación tal o a la nación cual, porque son fuertes, me parece una bajeza, indigna de un pueblo libre. Las consecuencias usted las ve: ¿somos menos por no habernos metido en esa aventura? Es cierto que no tenemos derecho a ser convidados a la mesa del pellejo, como el Perú y Bolivia, en los banquetes de naciones de Europa, pero estoy seguro que ningún hombre, que comprenda lo que es el honor, encontrará que por eso nuestro país es menos; al contrario, digo yo: por eso nuestro país es más”. En Armando Donoso, Recuerdos, 1947, p. 284.

58 La amistad entre Bulnes e Irigoyen se confirmó un año más tarde cuando el mandatario argentino visitó Chile con motivo del centenario de la Batalla de Maipú. En esta ocasión, Gonzalo Bulnes debía “representar a nuestro país en la inauguración del monumento a O’Higgins, pero el fondo de la misión era ratificar oficialmente el acuerdo de los dos Presidentes. Irigoyen, así también lo comprendió, y como la vez anterior que le había tratado, extralimitó sus deferencias para mí. Mi discurso que pronuncié en la inauguración del monumento de O’Higgins fue oído de pie por el Presidente argentino, y al referirme a la alianza chileno-argentina de 1817, el Presidente avanzó hacia mí y me abrazó estrechamente al terminar mi discurso”. En Raúl Marín, “Don Gonzalo Bulnes”, 1936, pp. 14-15.

59 Carta de Gonzalo Bulnes al presidente de la república Carlos Ibáñez del Campo. 11 de mayo de 1927. En Archivo Sergio Fernández Larraín, volumen 119 (Archivo Nacional de Chile).

60 En un recorte de diario (del que lamentablemente no sabemos el nombre) encontrado en los papeles de Gonzalo Bulnes se halla un artículo (fechado el 20 de octubre de 1928) escrito por Galvarino Gallardo Nieto en que culpa a la dictadura de Ibáñez de la repentina renuncia de Bulnes a su cargo de embajador en Argentina. Dice: “La exclusión del Señor Bulnes, como embajador de Chile, fue un error de la dictadura y sobre todo intempestivo desacierto. [...] El régimen militar de Chile no tiene el tino necesario para comprender el daño derivado de la eliminación de los pocos funcionarios del servicio diplomático que habían venido, resignadamente, comprometiendo antiguos prestigios personales, al continuar como representantes de un gobierno desprovisto de respetabilidad intrínseca”. Ibídem.

61 Raúl Marín, “Don Gonzalo Bulnes”, 1936, p. 21.

62 Alan Knight, “¿Vale la Pena Reflexionar sobre la Cultura Política?”, 2007.

63 Guillermo Palacios, “Introducción: Entre una ‘Nueva Historia’ y una ‘Nueva Historiografía’ para la Historia Política de América Latina en el Siglo XX”, 2007, p. 15.

64 J. Samuel Valenzuela, “Hacia la Formación de Instituciones Democráticas: Prácticas Electorales en Chile durante el Siglo XIX”, 1997, p. 220.

65 Annick Lempérière, “La Historiografía del Esto en Hispanoamérica. Algunas Reflexiones”, 2007, p. 55.

66 Algunas de estas reflexiones las presenté en la inauguración del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, en septiembre de 2012.

LA FORMA EN LA ARQUITECTURA*

Luis Izquierdo

P. Universidad Católica de Chile

Luis Izquierdo (1954-). Arquitecto, P. Universidad Católica de Chile. Premio Nacional de Arquitectura 2004. Socio de Izquierdo Lehmann Arquitectos. Profesor de la Escuela de Arquitectura de la P.Universidad Católica de Chile. Dirección electrónica: l.izquierdo@izquierdolehmann.com.

* Texto de la conferencia dada en el CEP el 15 de septiembre de 2011 en el marco del ciclo para estudiantes universitarios “Formas de Realidad”. Las conferencias “Forma, Función y Realidad: Observaciones sobre la Noción Platónica y Aristotélica de Forma”, de Marcelo D. Boeri, “Ontogenia de la Forma en los Seres Vivos”, de Miguel Concha, y “El Derecho como Forma de la Política y de la Sociedad”, de Enrique Barros, aparecieron respectivamente en los números 128 y 130 de Estudios Públicos.

Resumen: En estas notas sobre el oficio de la arquitectura se subraya que la “forma” es una decisión de la libertad, de la creación, pero no escindida de las circunstancias. Izquierdo ve el “encargo” como el problema que debe resolver el arquitecto, y la “forma” como la solución a ese problema. La arquitectura —sostiene— es un quehacer que va “del designio a la forma”, donde un concepto tan difundido como el de “función” debe ser reemplazado por el de “propósito”. El autor critica la concepción de la arquitectura como mero lenguaje y finalmente ilustra sus planteamientos con un proyecto de su autoría.

Palabras clave: arquitectura, forma, propósito, habitar, identidad.

FORM IN ARCHITECTURE

Abstract: This article on the profession of architecture underscores that “form” is a creative decision, made freely, but not immune to circumstances. Izquierdo sees the “assignment” as the problem to be resolved by the architect and “form” as the solution to that problem. He argues that architecture is a task that goes “from design to form,” where the widespread concept of “function” must be superseded by “purpose.” The author criticizes the conception of architecture as mere language and finally illustrates his arguments by his own design.

Keywords: Architecture, form, purpose, inhabit, identity.

Cuando Ernesto Rodríguez me llamó para invitarme a hablarles sobre la Forma en la Arquitectura, un día cualquiera de mediados del semestre pasado, yo estaba inmerso en mi trabajo cotidiano consistente en atender apurado las mil cosas menores y prosaicas, pero generalmente urgentes, que determinan los proyectos, y que, unas con otras, hacen de la arquitectura un oficio. Cosas tales como revisar la aplicación de normas municipales de edificación en cierto caso ambiguo, estudiar las interferencias de pasadas de ductos con la estructura en otro caso, hacer un detalle de reja, contestar alguna consulta de obra, revisar una propuesta, averiguar por la existencia de un perfil de acero, atender un cliente que pide un cambio en el programa, etc. Mientras conversábamos por teléfono, tal como cada vez que me había visto ante el desafío de explicar nuestro trabajo de dar forma a las obras, intentado ser fiel y veraz, no podía evitar abrumarme pensando en: ¡Qué aburrimiento sería dar, y peor, oír, explicaciones sobre ese cúmulo de pormenores circunstanciales que verdaderamente originan las obras, y cuyo prolijo cuidado es indispensable para que resulten más o menos bien! Sabemos que al final lo que hace la diferencia es la dedicación, el tiempo acumulado sobre la obra, el propio y el de muchos otros. Pero viendo que entonces faltaba tanto para esta fecha, contesté a Ernesto que sí, considerando que, mal que mal, presentar públicamente nuestro trabajo, además de sernos honroso, nos obliga al saludable ejercicio de tomar una distancia respecto de toda esa minucia en que consiste nuestro quehacer cotidiano, para comprender de modo renovado su sentido. Con este pensamiento tranquilizador se durmió inmediatamente este asunto en mi memoria, hasta hace algunos días atrás, cuando llegó inexorablemente la hora en que debía empezar a prepararme.

Resurgió, ahora de modo perentorio, la para mí angustiosa pregunta: ¿de qué voy a hablar? Y, ¿qué voy a mostrar?, ¿por dónde empiezo a explicar toda esta prolija minucia?, ¿por dónde terminaré? Vino entonces en mi ayuda una frase que había leído no hacía mucho en una crónica sobre el proyecto nuestro que les mostraré más adelante, una torre de oficinas en la avenida Apoquindo, y que me había iluminado en un instante lo extraordinario, por así decir, del acontecer de la arquitectura: aquello que la distingue de la mera construcción con que masivamente se copan nuestras ciudades y nuestro planeta. Una frase capaz de aclarar esa paradoja tan recurrente como errónea, surgida de fundamentar la arquitectura en cierto excedente “artístico” superpuesto a los fines utilitarios que caracterizarían a la mera construcción, y que, con diversos matices, se ha establecido en las teorías que suponen la imposibilidad de conciliar la disyunción entre, por una parte, aquello que tiene la arquitectura de operativo respecto de la vida humana encarnada en un cuerpo activo como protección, cobijo o manto, y, por otra, aquello que ésta tiene de significativo, icónico o monumental, siendo, por el contrario, que la tarea en cada particular proyecto de arquitectura es justamente superar esa disyunción reformulando el problema para encontrar la forma conciliadora; asunto que yo antes ya había tratado de sintetizar en la siguiente definición esencial: la arquitectura, en cada obra, es, de hecho, a la par que manifiesta, una solución al problema de vivir ahí, en ella.

¿Y cuál era la frase que me había iluminado en ese trance? No la podía recordar con exactitud, así es que fui a buscar el texto periodístico, escrito por Ana Lea-Plaza, que decía simplemente: “… la arquitectura —entendida como respuesta radical a un problema particular—”. Ésta nos dice mucho en pocas palabras: que la obra es la respuesta a un problema que es anterior a ella, que no trata de un problema general sino de uno particular, es decir, que es un caso, y que, sabiendo que los problemas de la arquitectura son compuestos de particularidades, de múltiples requerimientos, la clave está en dar con lo que sea una respuesta radical. Una respuesta radical es, por una parte, la que consigue una forma sintética capaz de resolver de un golpe los diversos requerimientos de un problema complejo, como en el ejemplo del nudo gordiano, pero es también, a la vez, una respuesta enraizada. Enraizada en tanto nutrida de los múltiples factores particulares atingentes al caso en un lugar y tiempo determinados, como también en cuanto a su capacidad evocativa para despertar reminiscencias, es decir, para poder asociarse con nuestras singulares memorias dormidas, que son, en lo profundo, las mismas de muchos otros; en suma, enraizada para intentar ser respuesta entrañable.

Lo que presentaré a continuación son notas de reflexiones condensadas sobre la marcha, tomadas al paso en el ejercicio de mi profesión, al elaborar temas fundamentales subyacentes en los problemas particulares a los que he debido responder con formas construibles. Son notas que recogen pensamientos surgidos en el movimiento pulsante del ir y venir desde la contemplación a la acción operativa, y no desde la sola retirada a una especulación teórica. La teoría pura pone entre paréntesis todo presunto interés práctico (tal vez astutamente y a veces hipócritamente) en pos de alcanzar un máximo grado de generalidad e imparcialidad, mediante la suspensión virtual de la propia voluntad intencional (aunque en última instancia, no pueda haber teoría absolutamente pura o inocente). Y así también entre paréntesis, dejo constancia de que, al menos en nuestro caso, más bien habría que restringir el desiderátum clásico, de alcanzar como fin último un pensar contemplativo absolutamente puro en cuanto a desinteresado y no intencionado, a un alcance provisional y tentativo, anticipatorio de la acción, cuyo sentido se revela en cada decisión, en el quehacer, y que está permanentemente oscilando con la praxis en la ejecución de una obra. El puro pensar no podría por sí solo dotar de sentido a sus pensamientos si no hubiere en adelante nada que hacer, nada que decidir hacer, que proyectar; si no tuviésemos además de mente y sensibilidad, motricidad con alguna libertad de acción, y especialmente, si no estuviéremos dotados de manos. Pero, recíprocamente, tampoco podría tener sentido un actuar sin deliberar, sin proyecto anticipatorio, o que no diera después siquiera qué pensar.

La arquitectura como actividad reflexiva

Consideremos la forma arquitectónicamente, vale decir, en cuanto manifestación significativa de la identidad de un artefacto operativo.

El arquitecto, como todo artista, y como cualquier persona que trabaja creativamente, produce su obra rítmicamente en el ir y venir entre la acción con que la ejecuta y la acción de retirada, que pone una cierta distancia necesaria para captar críticamente lo que esos trazos iniciales le dicen, atendiendo cada vez a las oportunidades de significación que estos abren para la jugada siguiente. El pintor pinta, se retira y mira, mira como miraría un espectador hipotético y re-pinta; el escritor escribe y lee, lee como leería un lector, y re-escribe; el músico compone y toca, toca y re-compone. Todos ellos van y vienen muchas veces a y ante la obra que hacen. Incluso en las modalidades más impulsivas y menos premeditadas, como el action painting, la “escritura automática”, o una improvisación de jazz, el artista tiene instantes de deliberación en los que debe juzgar la jugada anterior y preparar la siguiente. Lo que cambia es el grado de conciencia puesto en la deliberación, el tiempo entre una jugada y otra, la cantidad de veces que se ensaya un mismo tema, el número de correcciones a un poema. Pero finalmente toda obra de arte es el producto de una serie alternada de acciones, miradas y correcciones sucesivas: es fruto de ensayos, de pruebas tentativas.

En arquitectura, este ir y venir entre la contemplación y la ejecución es un recorrido necesariamente demoroso. Los arquitectos, a diferencia de la mayoría de los artistas de otras clases, no hacemos obras libre y directamente con nuestras propias manos: ellas, además de estar específicamente destinadas al bienestar de otros, son proyectadas y mandadas a hacer con recursos ajenos. Por ello, no podemos hacer espontáneamente lo que nos dé la gana, siguiendo impulsos e intuiciones, sean éstos los dictados del subconsciente, del capricho, o de la moda. Los arquitectos debemos dar cuenta y razón de lo que proyectamos y ordenamos hacer, respondiendo por nuestros motivos y resultados; especialmente, tratándose de obras que además definen el espacio público, al situarse en lo ajeno. A la exigencia de responsabilidad, que coloca nuestro quehacer arquitectónico en el campo de la ética, debemos agregar el problema de la estética, el desafío de la belleza. La belleza, que es el fulgor del pulsante ir y venir armónico entre lo que las cosas son y su manifestación. Este tránsito desde la ética al ámbito de la estética —donde se suele clasificar el estudio de las cosas por su apariencia— no responde a una mera pretensión de buen gusto, validez social, o “valor cultural agregado” de un objeto útil. La apariencia es clave en un artefacto arquitectónico precisamente porque afecta la misma comprensión de éste, y ésta, recíprocamente, su aptitud operacional.

La arquitectura es entonces, necesariamente, un oficio reflexivo, que requiere articular el orden concreto o material y el orden significativo o metafísico de la realidad. Sin embargo, con el correr de la historia, este imperativo que implica necesariamente conectar distintos dominios del saber se ha hecho cada vez más difícil en un territorio cultural que se ha expandido y fragmentado en diversas disciplinas jurisdiccionales custodiadas celosamente por eruditos especialistas.

La generación de la forma en el oficio arquitectónico

Nuestro oficio consiste en dar forma a las obras de edificación. Y toda conformación está condicionada por sus circunstancias. Pero las circunstancias de algo hecho no son la mera agregación de datos dados de antemano por una realidad previamente constituida como entorno local, sino son aquellas condicionantes atingentes a ello, selectivamente estructuradas desde y con ese mismo ente, según sea la propia forma gestada en el proceso que la informa; además, tal realidad circundante es a su vez retroactivamente alterada por el nuevo ente en ella instalada. Las cosas son causalmente informadas por sus circunstancias, pero también las circunstancias son, respectivamente, realidades locales selectivamente constituidas a partir de la existencia de tales cosas. Forma e información se retroalimentan. El ir y venir de ese juego dialéctico abre espacio a la libertad en la génesis de la forma. Así, la forma arquitectónica es un resultado no mecánico (causalmente forzoso), ni tampoco caprichoso (causalmente indeterminado), sino el producto de un acto creativo libre de un autor. Por esto mismo, en general, una explicación causal (de las circunstancias) no equivale a una justificación del quehacer humano, y no basta ni para excusar ni para celebrar nuestras obras. Porque, aun cuando somos condicionados, no lo somos absolutamente; también somos libres y por ende responsables. Los arquitectos, en particular, debemos entonces dar responsablemente explicaciones sobre lo que resolvemos: a nuestros colaboradores en el trabajo, a nuestros clientes respecto de sus encargos, y al público, en cuanto afectamos el espacio público; y conviene que las demos: primero, cada cual a sí mismo, para hacer experiencia, y, después, a quienes sean los que puedan aprovecharlas, tal como también nos han servido las recibidas. Valga lo anterior para justificar la tarea de escribir estas palabras.

Para entender la génesis de la forma arquitectónica, su poética, es necesario distinguir claramente lo que es propio del encargo —el problema— de lo que es propio de la forma —la solución—. Y también hace falta un particular ingenio para elaborar formas de conciliación de requerimientos que inicialmente aparecen como contradictorios. Como en todo pensar, aquí el trabajo de dar una respuesta conlleva el de reformular la pregunta inicial, que constituye el encargo. Aplicando la dualidad conceptual de forma y materia al proceso del pensar creativo, la materia es la pregunta formulada, la cuestión constituida en un encargo —voluntad de ser y designio—, y la forma es la respuesta ordenada en un diseño, el proyecto. La inteligencia de una respuesta depende de la comprensión de la pregunta. Asimismo, la significación de la forma depende la comprensión de la intención que la genera. Las formas significan por el propósito que manifiestan. Y como forma e información se ocasionan recíprocamente, las cosas son cuestiones, y éstas son incógnitas. Por ello, metodológicamente, nuestro trabajo es una actividad reflexiva, en tanto va y viene alternativamente de la crítica del designio a la proposición de forma, el diseño.

Tal crítica pasa sucesivamente por los siguientes momentos: i) aclaración, ii) atingencia, iii) ponderación y iv) consecuencia.

i) La aclaración de las intenciones planteadas: Antes de nada, aclarar cuáles son verdaderamente los deseos en juego y qué los motiva; saber deliberar cuando se hace algo qué se quiere, para qué y porqué, y poder declararlo de antemano. Esta tarea implica, por una parte, averiguar cuáles son aquellos requerimientos que son sencillamente forzosos, y, por otra, para aclarar las concomitancias de éstos y descubrir aquellos que no lo son, explorar introspectivamente en lo profundo de la conciencia. Además, los propósitos enunciados han de ser de orden específico y no general, a fin de constituir designios, tales que su cumplimiento pueda verificarse en la forma diseñada (vaguedades no hacen voluntades). Estos requerimientos se pueden clasificar en aquellos que provienen de las condiciones del lugar (deslindes, topografía, suelo, clima, vistas, accesos); el programa de usos (nómina de recintos y sus tamaños, acondicionamientos y relaciones según sean las actividades que acojan); la normativa legal aplicable (cuyas múltiples limitaciones acotan en gran medida la configuración del proyecto); y las posibilidades constructivas de los materiales disponibles, su costo y su durabilidad.

ii) La atingencia: Es crucial discriminar si vienen o no al caso los requerimientos declarados y si acaso se han considerado todos aquellos que debían atenderse. Suelen colarse requerimientos irrelevantes para el encargo, así como omitirse otros que son fundamentales.

iii) La ponderación de requerimientos atingentes pero contrapuestos: Es sopesar su importancia relativa y componer la forma que mejor los armonice, lo cual implica su valoración y arbitraje, junto con la búsqueda de disposiciones que minimicen sus conflictos.

iv) La consecuencia: Es verificar el cumplimiento eficaz de las demandas requeridas en la forma proyectada, viendo si acaso aquello que se quiso, que era atingente y que tenía importancia, se cumple sintéticamente en la forma diseñada.

La reiteración de este proceso metódico produce un orden y conforma un proyecto como un caso específico.

La repetición tradicional de casos similares en este quehacer reflexivo va constituyendo un oficio.

El saber propio de nuestro oficio es dual: la arquitectura consiste en el aparejamiento de un saber construir y un saber vivir (en cuanto habitar).

Pero en nuestra época el saber construir ha ido saliendo de la competencia de los arquitectos, especializándose y desvinculándose del saber habitar, para pasar a la de los ingenieros y constructores civiles. Y sobre el saber vivir (habitar), ¿qué podemos afirmar?... ¿Quién requiere hoy de este lujo existencial si no dispone siquiera de su tiempo, y que a pesar de ser un saber verdadero y humilde, se ha ido descuidando? Unos pocos, algo. Y, ahora, ¿a quién puede reconocérsele una maestría en algo que de tan amplio y difuso parece innecesario, precisamente cuando el vivir se torna un sobrevivir? A unos pocos arquitectos, un poco.

El saber vivir no es un asunto trivial. Ni es espontáneo: es precisamente ése el saber que cultiva la cultura para capacitar al ser humano para la vida, partiendo por la sobrevivencia, pasando por la buena vida, y queriendo la vida buena. El saber vivir habitando, del que los arquitectos deberíamos ser reputados expertos, trata de asuntos esencialmente domésticos, tales como, por ejemplo, los acondicionamientos térmicos, lumínicos y acústicos del ambiente, las relaciones de privacidad entre lugares próximos, las cualidades del espacio para hacer posible la intimidad, la memoria afectiva (reminiscente) y la familiaridad. Entonces, para que florezca la arquitectura en una época se requiere la concurrencia armónica de una cultura (así entendida) y unos recursos. Pero en nuestro tiempo escasea lo primero aunque abunde lo segundo (ello en todo el espectro socio-económico) y, para peor, este saber vivir se ha disociado del saber construir, por lo que, salvo excepciones, nuestro arte se ejerce contra corriente, ya sea desvirtuándose o desvalorizándose.

Una muestra de la debilidad cultural referida es la recurrencia de la disyuntiva entre los términos de una antinomia aparente, llamados superficialmente “lo estético” y “lo funcional”. Por “estético” suele entenderse lo bello, y por funcional, lo útil. Lo bello sería un bien ornamental, suntuario, mientras que lo útil, un bien necesario. ¡Qué lejos estamos aquí de la concepción clásica de la belleza como resplandor de la verdad!

La utilidad

La utilidad, tal como es definida en cuanto uno de sus conceptos centrales por la teoría económica, corresponde a la máxima satisfacción posible, y la satisfacción es ahí entendida como placer estadísticamente mensurable. Sin todavía preguntarnos por los enormes alcances de una concepción como ésta, que domina en nuestra sociedad contemporánea y es tan fundamental como discutible, cabe establecer aquí algunas peculiares diferencias con que, en contraste, pensamos la utilidad en la arquitectura. Al respecto conviene recordar aquí la famosa sentencia del arquitecto Sullivan: “forma sigue a función”, puesto que ésta resulta de la utilidad. Nosotros preferimos hablar más bien de uso o de utilidad como propósito, y no de “función”, que es un término científico originado en la biología y también en la matemática. Útil es una herramienta. La utilidad siempre tiene un sentido teleológico, asociado al concepto de medio instrumental para alcanzar un fin. La administración de los medios para fines (justificados) es la virtud de la prudencia. En la arquitectura esta virtud ética es de importancia crucial, atendiendo la amplitud de los vínculos implícitos entre el saber construir y el saber vivir (habitando), al destinarse la utilidad a la provisión de algo a la vez tan general y tan específico como es el bien-estar, que es lo que de modo singular se pone en juego en cada proyecto. Así, el concepto de utilidad en arquitectura no se reduce al de funcionalidad, donde no cuenta el valor que hay en las cosas mismas y en su goce, sino solamente su ulterior provecho, como en los negocios. En la arquitectura, la utilidad corresponde más bien al concepto de servicio que al de función, y sería mejor decir “la forma obedece al servicio”, o “la forma es según el propósito”, que “forma sigue a función”.

Un edificio es una herramienta para habitar, un útil para bien-estar. Y definir el bien-estar en cada caso y lugar no es, como ya dijimos, un asunto trivial, sino bastante problemático —el hacer de ello un problema es lo propio del ser humano—, que no puede equipararse con algo así como la sumatoria estadísticamente mensurable de las respuestas clasificadas comparativamente como satisfactorias o placenteras; argumento con el cual se inicia la teoría económica, donde placer y dolor quedan asimilados a una variable unidimensional y por tanto cuantificable, apta para medir, comparar y elegir, no obstante el empobrecimiento fenomenológico que ello supone, al no atender lo que las cosas tienen de singulares e irrepetibles. Para mostrar ese menoscabo del ser humano y de la comprensión de cómo se da en él el dolor y el placer, bastaría considerar la paradójica asimilación del éxtasis y la agonía en los extremos de este rango sensible, pero mejor sería entender propiamente el sentido de éstos como sentimientos involuntarios de alerta, inductores de rechazo o adhesión no deliberada de ciertos estímulos predeterminados por la memoria genética para la conservación de la vida, que proponerlos como finalidades últimas de toda conducta humana. Aun cuando, para escapar de esta reducción hedonista, algunos economistas hayan querido generalizar como criterio de decisión el concepto de satisfacción más allá de lo meramente placentero, incluyendo cualquier motivo de preferencia independientemente de cuál sea su índole, sigue siendo esencial para la construcción de una teoría económica que (en tanto capaz de cálculos numéricos reivindique un status científico) que ésta opere a partir del cómputo de opciones entre alternativas comparables planteadas de antemano, como se ejemplifica en el clásico ejemplo de elegir entre cañones y mantequilla con que Samuelson inicia su Introducción a la Economía. Pero ésta no deja de ser una concepción reductiva de la libertad, que lleva a cálculos simplificadores de la conducta humana, con los consiguientes errores predictivos, porque, como vimos, la libertad no consiste solamente en optar cada vez entre determinadas alternativas, en contestar preguntas previamente planteadas, sino, también y previamente, insisto, en hacer esas preguntas; en formular adecuadamente el problema, estableciendo cuáles son las alternativas elegibles, qué es lo que ahí se pone en juego. Tal formulación del problema a resolver en cada caso es, como hemos dicho, el principio de nuestro quehacer arquitectónico. Y además, la complejidad de la tarea arquitectónica queda elevada a otro orden por la relación que en ella se da entre utilidad, en tanto operatividad instrumental, y significación.

El sentido religado

Para explicar esto último, partamos por volver a aquello de que la obra de arquitectura es, a la vez que significa, una solución al problema de vivir ahí, en ella. Así podemos definirla para comprender tanto su totalidad como sus partes. Por ejemplo, una puerta es una herramienta para abrir o cerrar un recinto al paso, y su significación (con toda la riqueza evocativa de sus connotaciones) procede de este uso, pero, a su vez, el uso, es decir, el hecho de que efectivamente crucemos o no ese umbral, y especialmente el modo, la ocasión y la memoria de este acto, dependen de nuestra percepción y comprensión de ésta en cuanto objeto presente: de su apariencia. En la arquitectura, utilidad y apariencia van íntimamente entreveradas. En ella todo quiere ser signo eficaz. Como en la liturgia, en que los sacramentos son signos eficaces de la presencia de Dios en el hombre, en la arquitectura las cosas son signos eficaces de la presencia del hombre en el mundo.

El significado —siempre potencial y genérico— de una presencia —siempre en acto y singular— se actualiza cada vez en su sentido, que aparece al quedar ésta situada dentro de un orden mayor. Esa operación de emplazamiento es lo que corrientemente llamamos “hacerse una composición de lugar”: las cosas hacen sentido en tanto comprendidas dentro de cierto orden. En la composición de tal orden colabora la arquitectura, que da forma donde no había. Y, como veremos, es éste el sentido en que decimos que la arquitectura es un arte, e incluso, que es el arte mayor.

La misma palabra “sentido” contiene varios sentidos o acepciones. Se aplica a:

i) la finalidad última de algo (como en “el sentido de la vida”);

ii) la actualización del significado que viene al caso dentro de cierto orden de cosas, según la intención (como en “una broma de doble sentido”);

iii) la recepción de estímulos corporales (como en “he sentido un ruido”);

iv) los sistemas receptores correspondientes (como en “el sentido del oído”).

El arte es la creación humana que intenta religar estos diversos sentidos del sentido en un mismo sentido-sentido. Las obras de arte son aquellas en las que su finalidad última, su aplicación operativa en el uso, su captación sensible y los órganos mediante los cuales las captamos, se acoplan óptimamente. Los arte-factos ponen en juego la intuición sensible con la comprensión del sentido en la presencia de algo hecho. Si la arquitectura es el arte mayor, lo es en tanto artefacto primigenio, donde el sentido se liga al uso en la cotidianeidad, implícitamente, antes que en el explícito apartamiento en el ámbito de lo excepcional mediante el recurso del marco, el pedestal o la sala encantada de una galería de arte, con que se dispensa el status de obra de arte a ciertos artefactos específicos.

Pero, por más que la obra de arquitectura y sus partes componentes sean en verdad significativas, y plenas de sentido, no por ello se debe incurrir en el error, tan fundamental como frecuente, de concebirla como un lenguaje, cosa que no es. Porque, al contrario que en la arquitectura, en el lenguaje los signos son cifrados, es decir, son meros significantes que remiten convencionalmente a sus significados y los representan codificados (una convención es un acuerdo para asignar más o menos arbitrariamente ciertas referencias conceptuales a determinados signos). En cambio en la arquitectura las cosas son significativas remitiendo a sus posibilidades operacionales, a los usos que hemos aprendido a darles en su trato y hemos registrado en la memoria. Así, si nombro la silla en que estoy sentado, ello significa verdaderamente la cosa concreta que es porque en ella me suelo sentar, porque se trata de una silla-silla y no es una “silla” virtual (entre comillas —cual sucedáneo— no me sostendría de hecho), tal como la pipa que pintó Magritte con la leyenda ceci n’est pas une pipe a modo de advertencia, no se fuma: es sólo una representación, remarcada. El signo virtual de una silla significa conceptualmente algo en tanto hemos usado habitualmente tales cosas concretas para sentarnos.

Los signos del lenguaje son forma pura; su condición material concreta es irrelevante para operar en cuanto tales. Son entes virtuales que por ser pura representación son registrables y reproducibles, sin pérdida de contenido significativo, en cualquier tipografía, formato o modalidad material de registro. No es éste el caso en la arquitectura, que opera con cosas reales y concretas, pero significativas, cuyo sentido procede del uso que le damos en nuestro trato directo o en su manipulación. Aquí, trato, significado, identidad, idea y forma se co-generan. Sin embargo, la significación de las cosas, al tornarse convencional como en el lenguaje, va dejando en el olvido los sentidos originarios y éstas toman un carácter “emblemático”, como se suele decir ahora. Sus presencias valen sólo en tanto son representativas. Dejan de ser consideradas como necesarias en tanto útiles para un fin práctico, y aparecen como gratuidades, acaso graciosas, que tienen su finalidad presuntamente en sí mismas, justificada su presencia por un orden estético concebido como autónomo. En arquitectura hablamos entonces de ornamento. Y de estilo. Por ejemplo, si tenemos un edificio con una serie de columnas, y hay una de ellas que en verdad no recibe carga, decimos entonces que es como una columna, una “columna” —entre comillas—, es decir, que es una columna ornamental; la cual bien podría estar hecha de un material ligero, no resistente, pero conservando la apariencia de sus vecinas que sí trabajan como tales. Sin embargo, su significación en tanto ornamento procede del trabajo estructural que efectivamente hacen las columnas-columnas, columnas verdaderas, similares pero sin comillas que denoten su virtualidad. A fin de cuentas, la evaluación de orden puramente estético, vale decir, estilístico, que podamos hacer del género “columnas” y de sus distintas proporciones, con sus respectivos elementos componentes tales como “base”, “fuste” y “capitel”, según se codifican en el convencional lenguaje clásico de la arquitectura, y de la pertinencia de sus aplicaciones, derivará de las creencias y evidencias que tengamos de hechos tales como la resistencia del material de que son (piedra), la carga soportada, la manufactura, etc., siempre remitiéndonos en última instancia a columnas hechas realmente para un uso estructural, sin los cuales estas apariencias y proporciones serían conceptualmente insignificantes.

La falla de la comprensión de la forma arquitectónica corriente en este tiempo, que deriva de entenderla como mero lenguaje, se produce con la desvinculación del significado culturalmente cifrado de las cosas de su genética significativa primordial, que es la que se actualiza en su sentido-sentido, y cuyo origen está en nuestro trato con ellas; como si aquel significado convencional pudiera sostenerse solamente en las referencias a otras cosas que a su vez también son tomadas meramente como signos convencionales. Vale decir, la equivocación está en hacer de las cosas en general, y de la arquitectura en particular, asuntos eminentemente representativos, virtualidades antes que realidades.

Ello es así finalmente porque, si todos los signos de un lenguaje remiten nada más que los unos a los otros, en un sistema cerrado, autorreferencial, entonces todas las proposiciones resultan tautológicas, y los signos, por irrelevantes, pasan a ser insignificantes. Es lo que sucede en el género de las paradojas lógicas cuyo exponente más sintético y hermético es el de la vieja “paradoja del mentiroso”, cuyo enunciado se reduce a afirmar solamente: “yo miento”; es decir: sea lo que fuere, “lo que digo es falso”, que siempre es verdadero si ello es falso y, contradictoriamente, es falso si ello es verdadero. El lenguaje, para continuar siendo significativo, debe operar en un universo referencial abierto. En última instancia, el conjunto de signos debe apuntar finalmente a algo que no es un mero signo, sino a algo real. Por algo real quiero referirme a aquello que tiene una existencia independiente de quien lo nombre y también diferente del resto de las cosas, tal que no se agote en la idea que de ello nos podamos hacer, trascendiendo en su entidad todas sus posibles representaciones. La abertura de la red referencial supone al misterio como horizonte de lo real. Sin esa abertura trascendental implícita en el lenguaje, sin silencio y sin novedad posible, la verdad finalmente carecería de sentido, puesto que ésta sería siempre, a fin de cuentas, o trivial o inefable.

La belleza ocurre ante la presencia de aquello que abre su misterio latente, haciéndose ésta real. Por ello la belleza es lo menos suntuario de nuestra existencia: ella nos pone propiamente en la realidad y no en la pura virtualidad ficticia. Y por ello la belleza no es accesoria a las cosas, sino una verdadera manifestación de lo que son.

La belleza se puede predicar de la forma y no de la materia de las cosas. La forma es la sustancia ingrávida de las cosas: la abstracción que queda al quitarles toda cantidad de materia, o sea, al sustraerles su masa. La materia es potencia: la posibilidad que la forma actualiza en cada caso, en cada cosa. En la arquitectura, la materia se califica como material de construcción, lo cual denota algo distinto de la idea de aquella materia prima absolutamente amorfa e indeterminada del caos anterior a la creación del mundo. Es que, en general, la dualidad de forma y materia corresponde a términos intermedios, relativos entre sí: no hay en lo concreto materia pura, sin forma alguna, ni forma exenta de materia. Específicamente, en nuestro oficio, la estructura constitutiva de la materia determina un campo específico de posibilidades constructivas, que la forma que le da el diseño debe respetar y poner de manifiesto. Madera, piedra, arcilla, acero y hormigón armado, tienen cada cual su propio modo de ser, que ofrece determinadas posibilidades constructivas. La materia así concebida es un espacio, puesto que un espacio es un determinado orden de posibilidades, un campo de acción. El material de construcción es respecto a la obra conformada así como la información del encargo es a la forma proyectada, y como es en el pensar toda pregunta a su respuesta. Por esto la belleza, que es de la forma, es en tanto ésta actualiza en plenitud una posibilidad de ser propia de la materia constitutiva. Es en tanto la forma conviene a su materia.

La frivolidad de las formas

Según decía, cuando en la arquitectura la forma se reduce a puro lenguaje, ésta deviene en ornamento. Y el ornamento deviene en decoración, que siempre es decoración aplicada; y es aplicada sobre algo sustancial: un soporte estructural que deja oculto. Si se desvincula el aspecto de las cosas de su uso, el arquitecto se torna en decorador de obras de ingeniería. Y se desacredita socialmente, perdiendo valor su trabajo, porque su rol en el proyecto de la obra completa se torna secundario.

Los arquitectos que abrieron la modernidad de comienzos del siglo veinte reaccionaron ante la codificación estilística del eclecticismo convencional, a la que se había llegado en la época precedente como culminación de un proceso de creciente distanciamiento entre el significado icónico y la experiencia directa, fuente del sentido primigenio de las cosas. Esos pioneros de nuestra modernidad intentaban de múltiples maneras volver a religar nuevamente las apariencias y el uso efectivo, profundizando las raíces del sentido arquitectónico en los arquetipos primarios y en la técnica. Sin embargo, a poco andar, afloró el estilo, el nuevo estilo como marca identitaria del movimiento. Es así como, tras alcanzar cierto grado de reconocimiento público, una selección de las primeras obras modernas fue consagrada en los Estados Unidos en la famosa exposición titulada “The International Style” por sus curadores Philip Johnson y Henry Russel-Hitchcock. Este equívoco nombre delata la dificultad de mantener la condición alboral de la creación en los seguidores, quienes intentan acortar camino en el aprendizaje mediante el rápido expediente de la imitación de los rasgos iconográficos de los referentes (que son obras puestas entre comillas), para eludir el trabajo de volver cada vez de nuevo al sentido originario de las formas. Además, ya está en cualquier creación, por más novedosa que sea, la dificultad, como la de separar el trigo de la paja, de discriminar hasta qué punto las formas son alcanzadas por imitación convencional, o son resultantes genuinos de requerimientos originarios. Más tarde, ya bien adentrados en el siglo veinte, cuando se hubo extendido esta duda, muchas veces razonable, sobre la sinceridad de las motivaciones pretendidamente originarias causantes de las formas construidas, e incluso de la mera posibilidad de tal justificación; cuando sobre la épica moderna se impuso la sospecha de una inevitable hipocresía, sobrevino la revuelta del post-modernismo, el movimiento que, a partir de esa decepción, restauró la validez del ornamento, del eclecticismo historicista, y, sobre todo, de la autonomía de la significación convencional de las formas aparentes respecto de algún supuesto sentido originario, verdadero, o de cualquier requerimiento anterior que pudiera considerarse su razón de ser. Volvió entonces la arquitectura a ser considerada en su esencia como mero lenguaje, tal como había sido en el período anterior al movimiento moderno, pero ahora con el respaldo de la nueva semiología y de una técnica renovada. El desacoplamiento de lo instrumental y lo significativo ocurrido en un ámbito cultural expandido (desde el núcleo de nuestra disciplina), volvió a legitimar la primacía del estilo y reivindicó la noción lingüística de contexto como base ética, abriendo paso a la producción masiva de “arquitecturas con tema”, sea éste el que fuere.

En el campo de la arquitectura doméstica, entre los años veinte y sesenta del siglo pasado, en Chile lo comme il faut era construir chalets temáticos, que podían ser o de estilo “francés” o bien “inglés”, como símbolos de una raigambre europea; pero eso era desdeñado por los arquitectos de talante moderno. Después de la crisis de los años setenta, al tiempo que surgía el post-modernismo (que es cuando iniciamos nuestra carrera profesional), las opciones locales eran el estilo “colonial” o el georgian; el primero representativo de la nostalgia de un status social tradicional, afincado en un orden rural recientemente desmantelado; el segundo como señal de adscripción a un estilo de vida norteamericano, concordante con la aun más reciente abertura comercial del país. Y las obras que hacíamos entonces con espíritu más moderno fueron agrupadas bajo el insólito nombre de “estilo mediterranée”, para poder llamarlas de alguna manera a fin de ofertarlas en el mercado inmobiliario. Toda esta gran banalización fue implícitamente refrendada por la doctrina “posmo”, particularmente desde su conexión “Pop”, y desarrollada después con grados crecientes de refinamiento, sofisticación y vulgaridad, en un mercado expansivo de opciones icónicas estereotipadas, que creció hasta incluir también toda la producción característicamente moderna, tornada en referente. Para huir del estado de saturación tautológica al que aludimos anteriormente, se expande sin fin el mercado de producción de imágenes referenciales, en un ciclo aceleradamente reiterado de consumo y desecho, donde una nueva imaginería sustituye el sinsentido (el aburrimiento) en que cae el repertorio formal cada vez que se clausura el anterior sistema de signos codificados en un lenguaje convencional. Puede que nada llegue a tener mucho sentido, pero ahora todo tiene estilo, o mejor, es estilo. Cualquier creación genuina, que establezca su sentido sensible, es rápidamente imitada en sus rasgos aparentes, puesta entre comillas y reducida a pura imagen, para ser incorporada, ya desvirtuado su sentido originario, en este proceso de estilización y consumo.

En cuanto la arquitectura ha sido vista como lenguaje, es decir, codificación de apariencias reproducibles, su valor específico ha quedado relegado a sus imágenes, a su condición iconográfica. El negocio de la arquitectura (su valor agregado respecto de la mera construcción) está ahora en su capacidad de generar imágenes, en su fotogenia, y en el incremento de valores representativos, como los asociados a las marcas comerciales o al posicionamiento social, antes que en servicios correspondientes a experiencias más directas del ámbito concreto, operando cual moda. La frivolidad es cosa seria, que surge con la suposición de la irrelevancia final de los signos, en la creencia de que éstos no han de remitir en último término a algo real, de que, en fin, no hay tal cosa como una verdad que venga al caso. Pero la frivolidad es un negocio rápido, porque todo lo que toca, no bien aparece se torna desecho, deviene en basura. Y la degradación de todo lo hecho, la acumulación irrefrenable de basura sofocando hasta la última brizna de naturaleza, es la pesadilla final de nuestra era.

Por otro lado, la primacía de lo representativo en arquitectura induce, como en todo, a considerarla según los criterios de la ostentación, en tanto finalmente destinada a operar como herramienta retórica al servicio del poder y el prestigio. Ésa ha sido una interpretación tan socorrida como plausible del papel de la arquitectura a lo largo de la historia, especialmente concerniente a lo monumental, y sostenida como base irreductible de todo su quehacer por la crítica de raíz marxista, que, en consecuencia con su origen ideológico, reduce cada manifestación cultural humana a la expresión o el encubrimiento de intereses económicos.

La irrelevancia de la calidad formal de la arquitectura se acentúa en la medida que no se adviertan cabalmente sus efectos en la vida que alberga. No habrá demanda que valore la diferencia, si, como decíamos, ese saber vivir en cuanto habitar, inherente a la arquitectura, que no se da naturalmente en el hombre, no ha sido culturalmente adquirido; y menos si los arquitectos no somos convincentes en cuanto a que una buena arquitectura es aquella en que realmente se vive bien, y no la que se ve a la moda.

Forma y autor

La forma de los artefactos es creada y tiene un autor. Es posible que surja aquí, desde la perspectiva de cierto pensamiento económico liberal, la objeción de la inconveniencia social de la presunción de privilegios para calificar lo que cada cual (si puede) debe preferir libremente por sí mismo. Asimismo, suele surgir también desde el punto de vista político el cargo de autoritarismo elitista, basado en la eventual improcedencia ética de asumir el privilegio y la responsabilidad de ordenar cosas o asuntos concernientes a la comunidad, que idealmente pudieran resolverse mediante la participación directa de los ciudadanos, como si ello fuera un procedimiento contrario a la democracia, olvidando su condición de ser representativa o suponiendo como ideal que en ésta el gobierno hubiera de ser directo.

Este argumento, que deslegitima autoridades y autorías, suele presentarse en el ámbito de las políticas culturales, como en el caso de la programación de los canales de televisión y la educación masiva, y especialmente, en el campo del diseño urbano. En la arquitectura, el diseño socialmente óptimo sería el directamente resultante de la información recogida de la demanda del conjunto de consumidores. Tal como se da, por ejemplo en el caso de la empresa “Zara”, una cadena internacional comercializadora y productora de vestuario con sede en España, que recibe informes diarios de la venta de sus productos desde sus locales distribuidos en todo el mundo, y en respuesta a la mayor o menor demanda de cada ítem en la jornada, ajustan la producción del día siguiente, la cual es rápidamente ofertada a la venta en la jornada subsiguiente. De esa manera, los diseñadores de vestuario (que tradicionalmente han dado nombre y prestigio a las marcas de ropa) ahora pasan a desempeñar el papel secundario de intérpretes instantáneos del público que decide el diseño de lo que compra. Y bien pudiera decirse que esos productos son democráticamente diseñados por la mano invisible del mercado, en un proceso evolutivo como el concebido por Darwin para explicar las renovadas formas biológicas cambiantes en el tiempo. ¿Podría un procedimiento, no intencionado y reiterativo, de este tipo, que operara en condiciones ideales, llegar a crear productos sin autor cuyas formas sean tan perfectas como las que admiramos por doquier en la naturaleza? No, porque para la teoría de la evolución es esencial que las formas (de los seres vivos) sean el producto estadístico de una (quizás excesivamente) numerosa serie generacional de ajustes ciegos, carente de causas finales, resultantes de aquellas mutaciones azarosas que ofrecen ventajas de supervivencia por su mejor adaptación al medio ambiente, y no de decisiones teleológicamente intencionadas, como es en el caso de las formas producidas por la elección de seres libres, aun cuando ellas sean también el resultado estadístico de un gran número de éstas interactuando en un mercado, sin que ninguna de estas personas pueda incidir singularmente en el resultado, como para reclamar su autoría. Aunque se dé en ambos casos la similitud de un proceso estadístico de prueba y error que prescinde de la necesidad de un autor para explicar las formas, subsiste la diferencia fundamental entre el proceso de ajustes ciego de la teoría darwiniana de la evolución, donde no intervienen finalidades previamente designadas, y el caso de la elaboración de productos mediante la interacción directa entre la demanda y la oferta, en que éstos son el resultado de la integración de decisiones libres e intencionadas según alguna finalidad. Para conjeturar fines se necesita disponer de imaginación y deseos, de la fantasiosa capacidad de hacer proyectos personales. Pero la agregación estadística de muchos deseos dispersos no asegura un resultado formal mejor, un orden con más sentido, que la síntesis de requerimientos que puede lograr un solo autor. Nunca se ha creado automáticamente una obra de arte colectiva. No, porque toda decisión personal, independientemente de su mayor o menor importancia, y aunque recoja experiencias pasadas comunes o las olvide, es una nueva partida (en cada vida humana singular se juega de nuevo lo genérico de la especie, la humanidad, y por ello no hay progreso evolutivo en el campo de la ética ni el de la estética como el que hay en los campos colectivos de la ciencia y la tecnología); en cambio, en la explicación de la evolución por adaptación iterativa de las formas orgánicas de las especies vivas se prescinde de un deliberar libre que ordene cada mutación genética: ella opera azarosamente y sin intenciones. Aún así, ¿no podría esperarse, temerse o desearse, por ejemplo, que el mercado inmobiliario empezara a operar de manera parecida? No, tampoco, porque la obra de arquitectura no es un artículo de consumo, sino un bien durable e inmueble, por lo que el ciclo iterativo de información entre el comprador (después, el usuario) y el productor no tendría la frecuencia necesaria para alcanzar el perfeccionamiento evolutivo del producto, como sería el caso de la industria automotriz, por dar un ejemplo relativo a bienes algo más durables que la ropa de moda. La condición inmueble, la durabilidad y la estabilidad, no es un mero accidente en la arquitectura, sino, junto a la habitabilidad, uno de sus atributos esenciales, a partir del cual cobran sentido todas sus variaciones formales a lo largo de su historia. Sin embargo, un procedimiento como el descrito, pero de ciclo mucho más lento que el del caso de la ropa y todavía bastante más que el del ejemplo de la industria automotriz, se intenta implementar por doquier, en la industria del cine o en la inmobiliaria, cuando se encuestan las preferencias de grupos seleccionados como representativos de la demanda, mostrándoles diversas imágenes ilustrativas de características estilísticas y tipológicas opcionales, para después informar a los “creativos”, quienes deberán amalgamar en los nuevos proyectos esos atributos lo más directamente que sea posible. Asimismo, los arquitectos del caso, al abdicar de la autoría, pasan a tener un rol tenue en la arquitectura del proyecto, y de relevancia menor en el negocio. Podría decirse, demagógicamente, que así ahora es el pueblo quien diseña y deja de ser manipulado por arquitectos, autores autoritarios. Pero el resultado de estas metodológicas vueltas y revueltas autorreferenciales, las mismas que antes describimos como propias de la frivolidad, es la degradación cultural de la forma en imagen, de ésta en estilo, de éste en moda y de ésta en clisé: en kitsch. Demagogia, frivolidad y kitsch van juntos. Para comprobarlo basta ver televisión.

Debemos referirnos ahora a otro problema ético simétricamente opuesto al anterior, pero también característico del quehacer arquitectónico: ¿Puede el arquitecto diseñar su obra como artista, entendiendo por tal cosa la postura, cercana al expresionismo, que prioriza el valor de ésta en tanto manifestación plástica de la subjetividad de su autor por sobre cualquier otro tipo de requerimiento, haciendo del encargo un pretexto para ello? ¡No! Tampoco, porque, según consta, el arquitecto no hace la obra solo, con sus manos y sin más que lo propio, sino disponiendo de recursos ajenos; y entonces, salvo que una tarea así le fuera expresamente encomendada (que es el caso que se da cuando se busca la marca de una firma), habría de su parte abuso de la confianza puesta en él. El arquitecto, creemos, debe ser siempre un ministro, es decir, un servidor que administra prudencialmente recursos puestos a su disposición para conseguir los fines encomendados que fueran legítimos, tanto de provecho privado como relativos al bien común. Sin embargo, la excepción de incluir en el encargo el requisito del arte, como si éste fuera un asunto de otro orden (el de lo sublime), con la expectativa de que ello entregue a la obra un valor adicional incomparable, aun a costa de muchos costos (de construcción y de comodidad), es cada vez más frecuente. A raíz de esta demanda han surgido en el negocio de la arquitectura los starchitects, junto con el neologismo que los nombra, cuyos star-buildings deslumbran y marcan la moda. Producen estilo, a partir de imágenes sensacionalistas, como carísimas ficciones para el entretenimiento. Esta diversión se consuma por la misma causa de separar lo instrumental de lo significativo, la vida del arte, antes referida para explicar la aparente disyuntiva entre lo bello y lo útil.

Nosotros quisiéramos, más bien, ampararnos en el aforismo de Goethe: “de lo útil, por lo verdadero, a lo bello”.

Explicación de un caso

Pasaremos ahora a considerar el caso concreto de la forma de un edificio que hemos proyectado para una empresa inmobiliaria, en que se han puesto en juego los temas antes genéricamente comentados.

El proyecto que explicaré a continuación es el de una torre de oficinas con placa comercial, que está ubicado en el nudo urbano formado por el cruce de la Av. Apoquindo, eje principal de Santiago, y la Av. Américo Vespucio, anillo de circunvalación de la ciudad. A pesar de su importancia urbana, el lugar está mal conformado por un cruce vial en desnivel y por distintos edificios de diversa altura y calidad, varios de ellos resultantes de la funesta norma de rasantes antigua, apodados “lustrines”. Nuestro terreno está inmediato a un acceso muy concurrido a la estación de metro, que concentra un gran flujo peatonal. El predio tiene una superficie aproximada de 4.000 m^2, y es el resultante de la fusión de cinco lotes, cuya gestión de compra realizamos nosotros mismos para agenciarnos la obtención de este encargo. El sitio tiene tres frentes: a la Av. Apoquindo, a la calle Cruz del Sur y a la calle Félix de Amesti, y en su parte mayor es de planta aproximadamente cuadrada. El volumen edificable es un objeto aislado, perceptible por todos sus lados, desde cerca y a gran distancia. Dada su ubicación, la torre que proyectaríamos enfrenta como remate visual desde el poniente el eje de la Av. Apoquindo.

La normativa aplicable sobre este terreno permite la construcción de una torre de 74 metros de altura y un máximo de 21 pisos; con una superficie edificable de 18.738 m^2 (que hay que copar, considerando la incidencia del valor del suelo en el costo de lo vendible); con plantas de forma cuadrada de aproximadamente 1.000 m^2 de superficie promedio cada una; y con un núcleo de circulaciones verticales conteniendo una batería de ocho ascensores, más dos cajas de escaleras dobles, y servicios, ocupando un área de aproximadamente 15 por 15mts. Además, la normativa requería una placa comercial de dos pisos de alto, con edificación continua levantada en la línea de edificación frente a las tres calles en el perímetro del terreno, cuya cabida edificable, descontados los accesos a la torre y a los estacionamientos, era de aproximadamente 4.000 m^2. Por último, la normativa exige una dotación de casi 600 estacionamientos, que ocupan una superficie que dividida por el área disponible de terreno, da cinco pisos subterráneos. Como se ve, la volumetría del edificio queda bastante acotada por la aplicación de la normativa a un producto inmobiliario.

Nuestra primera decisión de partido general, considerando la alta densidad peatonal en el sector, fue despejar todo lo posible el sitio en su nivel de suelo para liberar terreno privado a la extensión del espacio público. Esto era posible, considerando el aprovechamiento inmobiliario del terreno, soterrando una gran parte de la superficie comercial del programa, que podía quedar conectada directamente a la estación del metro existente, y retirando el resto de la placa a los bordes de fondo del terreno para conformar una esquina de plaza interior (lo que, paradojalmente, implicó superar un arduo trámite de aprobación municipal, dada la normativa hecha según el modelo edilicio de “torre y placa”). Además, por otra parte vimos que era factible estructurar la torre de modo que cayera al suelo solamente el fuste con las circulaciones verticales, considerando la proporción de la altura y la base del volumen edificable y el hecho de que éste estuviera centrado en plantas cuadradas, lo que evitaba torsiones producidas por fuerzas sísmicas en la estructura. Después de un primer análisis por parte del ingeniero estructural, en que quedó ratificada la posibilidad de un diseño donde el fuste tomara por sí solo el corte basal y el momento volcante de la masa estimada del volumen, pasamos a estudiar más en detalle la forma construida y la estructura de la torre. La forma materializada es aquí concordante con el tamaño del objeto construido (así como, en general, la adecuación entre forma y escala es una relación arquitectónica fundamental, que se observa ejemplarmente en todas las estructuras naturales).

Por otra parte, al caer en los subterráneos sólo con el fuste de la torre, como es indispensable ya que contiene las circulaciones verticales, se podía prescindir de otras columnas que comprometieran una distribución de los estacionamientos estrictamente ajustada a sus modulaciones. Así se lograría en estas plantas un rendimiento óptimo.

En la imagen N° 1 se muestran algunas alternativas preliminares.

El proyecto definitivo quedó como se muestra en la foto N° 2. La reducción del área de las plantas en la base del volumen (a la altura del cuarto piso) es compensada por la ampliación incremental en los pisos superiores a fin de conservar la superficie total edificada. Esto permite:

— Disminuir el área sombreada por la base suspendida de la torre, mejorando la proporción del espacio exterior cubierto de la plaza.

— Cerrar el ángulo del apuntalamiento diagonal que descarga la estructura perimetral soportante de la serie de losas superpuestas, para aliviar las compresiones de los arbotantes y las tracciones de la losa basal.

— Aumentar la superficie vendible en pisos altos, cuyo precio es mayor.

— Definir la silueta del edificio como hito urbano colocado en el remate visual de la Av. Apoquindo.

Por otra parte, al quedar la estructura portante de los pisos resumida al fuste más la serie de columnas del perímetro externo de las losas de piso, las plantas quedan libres de pilares interiores. Los ventanales, de piso a cielo, se colocaron en posición vertical retirados 90cms. respecto del borde de losas y pilares, quedando sombreados por un alero continuo y por la trama de pilares y dejando la estructura visible en el exterior del volumen. Esta disposición tragada de las superficies vidriadas, más la especificación de cristales serigrafiados de óptimo rendimiento, diferenciados según tramos de fachadas, dio como resultado un cuantioso ahorro de consumo de energía en comparación con edificios con fachadas acristaladas de muro-cortina. La estructura queda expuesta en el edificio, por el exterior de su cuerpo, y asimismo queda manifiesta su hechura material, que es de hormigón armado, sin recubrimiento. La obra es así conforme a su apariencia, verdaderamente.

El costo de construcción estimado inicialmente era de UF 18 por m^2 de superficie de oficinas y locales, más UF 7 por m^2 de estacionamientos subterráneos, lo que daba un total de UF 580.284. La construcción se licitó a un valor de UF 535.320, es decir, un 7,75% menos que la referencia inicial. Doy estas cifras porque pienso que la economía con que un diseño logra sus cometidos demuestra su ingenio y purifica la retórica arquitectónica; en definitiva, que la eficacia con que se ajustan los medios es condición indispensable de la belleza.

Ya en el proyecto previo del edificio Manantiales, también una torre de pisos de oficinas, habíamos dado con que lo esencial de este tipo edilicio radicaba en el hecho de multiplicar y levantar un suelo, como un loteo aéreo servido por una calle vertical; esfuerzo que, primordialmente, se manifiesta como un desafío estructural. Eso es lo que origina su sentido arquitectónico. En este otro proyecto esa concepción se radicaliza aún más al entroncarse en el núcleo central la vía vertical de circulaciones y servicios con la estructura soportante de la torre.

Por otra parte, observamos que las torres son vistas desde abajo. El triunfo de la estructura sobre la gravedad se hace más patente cuanto más nos acercamos a la masa levantada, hasta que ésta como totalidad rebasa nuestro rango visual. La estimación de las dimensiones cambia con la sensación de peligro, como en el vértigo. La condición sustancial de la arquitectura en cuanto objeto inmueble, estático, queda en este edificio puesta en juego —arriesgada— por la forma trapezoidal de sus fachadas extraplomadas y luego reafirmada por la serie de columnas que apoyan los cantos perimetrales de la sucesión de losas, en tanto la asimilación mental a un orden ortogonal de esta figura reticular distorsionada, vista en perspectiva desde el nivel del suelo, sería contradictoria con la sensación del aplome propio del espectador. La percepción coordinada de la geometría del objeto y de su masa gravitatoria se ajusta según cambia el punto de vista del observador en su aproximación al edificio. Las fachadas y las trazas de su retícula estructural aparecen trapezoidales para la visión horizontal, pero se regularizan ortogonalmente al levantar el ángulo visual. En la imagen de trazado trapezoidal el volumen aparece inestable y tensamente erguido, mientras que al mirar hacia arriba ajustando el ángulo visual perpendicularmente al plano frontal abatido del prisma, la composición reposa en el orden ortogonal, pero respecto de un horizonte visual no perpendicular al eje de aplome gravitatorio en que reposa de pie el espectador. (La correlación intuitiva entre la imagen, dada por el sentido visual, y la posición del espectador, dada por el sentido del movimiento —llamado cenestesia—, se da por sentada en la experiencia de las cosas, pero ella no comparece en la misma imagen registrada fotográficamente o pictóricamente mediante la proyección en perspectiva, aunque tenga un punto de vista implícito. Advertir esta diferencia es atingente cuando las imágenes virtuales pretenden suplantar a la experiencia real).

En este proyecto hemos querido relacionar la ponderación gravitatoria de la masa con la visión en perspectiva de la forma, ambas determinantes esenciales de la percepción arquitectónica. Tal cuestión general, hoy en día bastante olvidada, se manifiesta en las fuentes griegas de la arquitectura occidental, ejemplarmente en el éntasis de las columnas (engrosamiento en el primer tercio de su altura), en las variaciones del intercolumnio y el aplome, junto con las intencionadas curvaturas de los horizontes del entablamento (coronación) y el estilóbato (basamento), ajustes destinados a corregir las distorsiones de la visión en perspectiva desde determinados puntos de vista respecto de las representaciones ideales del mismo objeto, artificios que culminan durante el barroco, con la técnica del trampantojo (o trompe-l´oeil en francés) que hizo posible una profusión de distorsiones dimensionales calculadas geométricamente para lograr diversos efectos arquitectónicos, mediante la coordinación anamórfica (transformada) de la forma con el desplazamiento del observador.

La síntesis arquitectónica

Al explicar este proyecto, como en cualquier otro caso similar, hemos pasado rápida revista a consideraciones de diversa naturaleza, consignando las contingencias que ocasionan su forma, tratando de avanzar hacia una síntesis que ponga de manifiesto en su particular singularidad lo que constituye más profundamente su propio ser, concebido en términos universales: su esencia. Se trata de encontrar para muchos requerimientos de diverso orden una misma respuesta radical (aquella que citamos al comienzo de este ensayo). Lo propio del modo de pensar arquitectónico es la coordinación de los momentos simultáneos de múltiples argumentos, es decir, la capacidad de seguir diversas hebras lógicas y, a la vez, detectar oportunamente las correspondientes asociaciones significativas que simultáneamente las atraviesan, como en la composición musical polifónica, en donde varias líneas melódicas se superponen en momentos armónicos sucesivos. La potencia del orden arquitectónico encontrado depende de la reducción de sus medios a lo mínimo para dar óptimo cumplimiento a máximos requerimientos, según sus debidas prioridades. La gracia está en que tal reducción no comporte un déficit cualitativo sino una compresión sin pérdida de los datos que informan una obra y que, a su vez, ésta manifiesta. Esta potencia se manifiesta en la belleza. Por ello “menos es más”. Lo que vale en la economía formal de la arquitectura no es sólo la cortedad de los medios (la parsimonia) para alcanzar un cometido, sino la síntesis alcanzada “en una respuesta radical a un problema particular”, con lo cual terminamos por donde partimos.

La forma íntegra

Forma ha sido también horma, sinónimo de molde (en inglés el molde para hormigón se llama “form”). Éste coacciona y contiene una masa material líquida, que después se solidifica. Asimismo actúan formas sociales tales como las costumbres y las instituciones, cuando son experimentadas como un ropaje ajeno, que, como un corsé, oprimiría una naturaleza libre e incontinente, sofocando su devenir espontáneo, al no ser adquiridas en propiedad según una íntima convicción surgida de la comprensión de sus sentidos más genuinos, que es solamente como la forma puede ser la manifestación verdadera de una estructura identitaria de las cosas. Nuestro esfuerzo más perseverante en el campo de la arquitectura ha sido ése: el de buscar formas genuinas, que respondan y reflejen lo que son, íntegramente.

N° 1: Esquemas de alternativas preliminares del edificio Cruz del Sur.

N° 2: Foto del edificio Cruz del Sur.

N° 3: Fotos del edificio Cruz del Sur tomadas desde el mismo lugar con diferentes inclinaciones del ángulo horizontal de la cámara.

SOBRE VIDAS REVOLUCIONARIAS

Carlos Ominami

Carlos Ominami. Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Económicas y Doctor de Estado en Economía, Universidad París X (Nanterre), Francia. Presidente honorario de la Fundación Chile 21. Ex senador y ex ministro de Economía. Dirección electrónica: ominami@chile21.cl.

Quiero partir agradeciendo y, sobre todo, felicitando al Centro de Estudios Públicos. Lo que están haciendo es una buena demostración de pluralismo y valoración de la diversidad.

Las historias que se narran aquí en Vidas Revolucionarias tienen muchos ribetes, muchos vericuetos y complejidades. Pueden gustar o no gustar, pero son historias que merecen ser contadas y creo que, desde ese punto de vista, el trabajo de Cristián tiene un enorme mérito.

Se dijo al inicio que esto forma parte de la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado. Parto entonces con una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo estos días, en torno a la conmemoración de los cuarenta años. Por de pronto, creo que ha sido un buen momento para presentar este libro. No soy el único, pero estoy sorprendido y también conmovido por la forma que ha adquirido esta conmemoración, que está siendo mucho más de lo que uno podría haber pensado hace algunos meses.

Déjenme decir lo siguiente: creo que no fue ningún sector político el que empujó o precipitó las cosas en esta dirección, yo diría más bien lo contrario. Si uno les hubiera preguntado a los principales sectores políticos del país, ¿quieren ustedes tener una gran conmemoración de los cuarenta años? Yo creo que habría buenas razones de lado y lado para no hacerlo. Del lado de la Alianza, se hubiese evitado esta discusión compleja sobre los “cómplices pasivos”. Del lado de la Concertación se hubiesen también evitado discusiones que están todavía en curso. No sé bien en lo que irán a terminar, que quizás tienen menos que ver con los cómplices pasivos, pero sí con algunos responsables activos que también están allí. Entonces, lo cierto es que esta es una discusión bastante incómoda para ambas coaliciones. Como diría mi hijo Marco Enríquez-Ominami, para el duopolio no era una buena discusión. Pero lo concreto es que estamos en esto.

A la inversa de lo que ha ocurrido hasta ahora, donde los medios de comunicación se caracterizaron más bien por el silencio, esta vez ha sido fundamental la presión de los medios en la dirección contraria. Hubo un canal de televisión que partió, los otros lo fueron siguiendo y hoy día lo que tenemos es una tremenda disputa, insólita por el rating que aseguran los programas respecto a los cuarenta años.

La verdad es que cuando me tocó participar en los treinta años con la apertura de Morandé 80[1] por parte del Presidente Ricardo Lagos, no podía sino pensar que ése era el momento máximo de las conmemoraciones respecto del golpe de Estado. Era la República, era el cierre de la transición. Creo que el Presidente Sebastián Piñera podrá decir que bajo su mandato tuvo lugar la mejor conmemoración de toda la historia.

Una última reflexión respecto a este tema: contrariamente a lo que uno pudiera pensar, no es tan cierto eso que el tiempo cura las heridas. Los cuarenta años están siendo más importantes que los treinta y quizá la conmemoración de los cincuenta será aún más importante de lo que hemos vivido ahora. El hecho de que existan temas pendientes es lo que hace que estas cosas en vez de irse apagando puedan ir in crescendo. Esto como rápida reflexión sobre la conmemoración de los cuarenta años.

El trabajo de Cristián Pérez, personalmente, lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo. He tenido ocasión de conversar, de discutir con Cristián y debo decir que el trabajo que él ha hecho es francamente gigantesco. Es por muy lejos, el mejor historiador de movimientos como el Ejército de Liberación Nacional, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y me impresiona mucho su rigor y el gusto que tiene por el detalle. Arturo Fontaine eligió muy bien episodios que narran y que ilustran el conjunto de la obra[2].

Hay por cierto, y me quiero referir a continuación a eso, una tesis central en el trabajo de Cristián. Creo, sin embargo —y es una pequeña recomendación—, que sería bueno complementar este trabajo tan acucioso, con tanto detalle, de reconstitución a veces de la historia minuto a minuto, con algunas interpretaciones más globales respecto de estos procesos. Dejo planteada una modesta idea: a lo mejor en una segunda edición pudiera haber un capítulo de conclusiones. Están los seis fragmentos, la historia del Fundo San Esteban, la del Ejército de Liberación Nacional, los dos capítulos sobre el MIR, el capítulo sobre Allende y el GAP y el Frente Patriótico. Reitero, no sería malo pensar en un capítulo de conclusiones. No digo que no haya una conclusión en el texto, pero quizá se le pueda sacar más punta a la reflexión respecto de todos los elementos que están allí planteados.

Antes de ir al libro, dos o tres comentarios previos. Quiero decirle a Cristián que le agradezco mucho el honor de haber sido invitado a comentarlo. Me ha hecho trabajar, pero la verdad es que lo pasé bien.

Soy un comentarista bueno y malo a la vez. Puedo ser un buen comentarista porque sé perfectamente bien de lo que se está hablando, incluso podría agregar algunos detalles sobre episodios que narra Cristián. Lo he dicho muchas veces y con esto no pretendo impresionar a nadie: soy un sobreviviente de las historias que Cristián cuenta. Soy rigurosamente eso. Un sobreviviente de esas historias. Por de pronto, conté hace poco una de ellas: algunos me vieron en un reportaje reciente realizado por Televisión Nacional. Me preguntaron: ¿qué es lo que había hecho el día del Golpe? Yo conté y creo que nunca lo había dicho en detalle: tenía 23 años y fui de las personas que se tomó en serio la idea de que había que defender el Gobierno Popular y fue lo que traté de hacer en las condiciones que podía hacerlo un militante del MIR. No les cuento toda la historia, pero intenté resistir. Fui parte de un grupo de gente que se concentró hacia las cinco o seis de la tarde del día 11 de septiembre tratando de armar granadas caseras. La mayoría de las granadas no funcionaron, pero cuento esto para manifestarles que sé de lo que estoy hablando, y que soy testigo de las precariedades de todo el dispositivo militar del MIR y de la izquierda para enfrentar esa situación. Cristián narra un episodio muy trágico: la muerte de Edgardo Enríquez, el hermano de Miguel Enríquez, que murió en combate en octubre de 1974. Edgardo partió a finales del 75 a Buenos Aires. Yo era parte del pequeño grupo de las personas que íbamos a acompañarlo. Afortunadamente, por el retraso de la documentación, no partí a Buenos Aires, porque probablemente si lo hubiese hecho no estaría aquí comentando el libro de Cristián.

Soy parte de esta historia. Pero por otro lado, puedo no ser tan buen comentador, porque no tengo la distancia propia que tiene un observador más externo de los acontecimientos.

Una última reflexión antes de entrar al libro. Y ésta es una reflexión bien de fondo que yo me hago: lamento que la mayoría de los protagonistas de este libro no hayan vivido como para poder contar directamente la historia.

La historia, en especial la del MIR, es la historia de un exterminio. Son cerca de 1.000 hombres y mujeres, en su mayoría dirigentes jóvenes, que se precipitaron finalmente al exterminio. Miguel Enríquez, en particular, era un dirigente —lo conocía, no mucho, pero lo conocía— que tenía la fuerza y la inteligencia para haber sido perfectamente el equivalente de un José Mujica o de una Dilma Rousseff.

José Mujica, como ustedes bien saben, es el Presidente de Uruguay. Fue dirigente de MLN Tupamaros. Dilma Rousseff fue parte de la izquierda armada brasileña. Ellos afortunadamente lograron sobrevivir. Desgraciadamente, el caso de Miguel fue distinto. Yo muchas veces me he hecho la pregunta: ¿qué fue finalmente lo que pasó por su cabeza? Tengo la sensación de que de alguna forma eligió su destino. Con todos esos dirigentes la izquierda chilena habría sido otra y, a mi juicio, mucho mejor.

Pero vamos al libro. Quiero hacer comentarios a cuatro de los seis fragmentos. El relativo a Allende y el GAP, los dos fragmentos sobre el MIR y la muerte de Miguel Enríquez y, si tengo algo de tiempo, decir un par de cosas relativas al Frente Patriótico.

La tesis central del libro es fundamental para entender esta parte tan dramática de la historia. Efectivamente, existieron grupos en Chile que pretendían ser vanguardias armadas. Pero en lo concreto, Cristián hace la demostración palmaria de que esos grupos nunca fueron amenazas reales para las Fuerzas Armadas. Eso es un punto fundamental que el libro deja meridianamente claro. Comparto enteramente esta tesis y cito textual: “En la etapa de 1975-1990, la izquierda chilena contó con algunas estructuras armadas, pero hasta 1973 éstas no tuvieron mayor desarrollo debido a cinco cosas”, que enumera Cristián, y creo que las cinco razones son verdad.

Uno, por el peso de la tradición electoral en segmentos importantes de sus adherentes. En segundo lugar, por las ambigüedades del Partido Socialista; en tercer lugar, por la posición comunista; en cuarto lugar, por una escasez de zonas donde sentar una fuerza guerrillera, y la legitimada opinión dentro de la izquierda en cuanto a que las Fuerzas Armadas chilenas eran finalmente el pueblo en armas y, por último, por la negativa de Salvador Allende para fomentar la actividad armada de sus propios partidarios. Esa es la explicación que da Cristián y a mí me parece que está bien documentada. La comparto enteramente. Creo que un ejemplo de esto es justamente lo que narraba Arturo Fontaine, que ocurrió el día del Golpe con el Presidente Allende y con su escolta. Ahí es bien impresionante el trabajo que hace Cristián, porque busca reconstituir la historia con múltiples detalles. Él se pregunta cuántas personas estaban con Allende en el momento de ingresar a La Moneda. Según él, eran entre 12 y 16; a los cuales se habría podido agregar el grupo de los 14, comandados por Bruno (jefe de la escolta), que venía de El Cañaveral, pero este grupo —lo esencial de la guardia personal de Allende— termina siendo detenido por la dotación de carabineros que estaba en la Intendencia de Santiago.

Estos dispositivos eran cualquier cosa, menos un ejército. No era un gran batallón, o un destacamento militar capaz de protagonizar el absurdo Plan Z o un sangriento Yakarta destripando a moros y cristianos. La verdad, se trataba de una fuerza extremadamente precaria, constituida, como se dijo, por entre 12 y 16 hombres que entraron con el Presidente ese día: decididamente no era un gran ejército.

La capacidad de fuego de la izquierda armada era mínima, por no decir ridícula. No tenía municiones. El general Prats en algún momento dijo que él había calculado que las municiones que tenían los distintos grupos armados, incluidos los de Patria y Libertad, si se ponían todos a disparar al mismo tiempo, no duraban más de 75 segundos. La capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas chilenas no era diez veces más, sino diez mil veces mayor que eso. Esa era la realidad de los grupos armados en Chile. Desde ese punto de vista, ¿cuál fue el problema? Yo creo que, también lo he dicho en otras ocasiones, el principal problema de la izquierda armada y de buena parte del Partido Socialista fue hablar mucho de la violencia, hablar mucho de las armas, fue la grandilocuencia. Eso también lo dice Cristián. Fue la verborrea y un discurso que terminó siendo altamente provocador.

Las Fuerzas Armadas chilenas y el general Prats lo sabían, pero otros no. Otros pensaban que estos grupos armados eran mucho más de lo que eran y ahí había algo de malentendido, que era producto de esa grandilocuencia. No es casualidad, y eso también está dicho en múltiples testimonios, que los militares se sorprendieran ante la escasa resistencia, disminuida aún más por el llamado que hizo Allende en su último discurso en La Moneda, cuando les pidió a los trabajadores de Chile que se replegaran y que no se hicieran matar.

Desde ese punto de vista —y por eso creo que el libro de Cristián es históricamente fundamental—, no es cierto que había que dar el Golpe para prevenir el Plan Z. No era cierto tampoco lo que también en algún momento se dijo sobre los cinco mil cubanos que estaban en Chile. Dirigentes políticos importantes han dicho que había cinco mil cubanos que eran parte de este dispositivo armado. La verdad es que los cubanos eran menos de cien, y tuvieron que rendirse y salir sin disparar un tiro el día 12 de septiembre, cuando fueron evacuados en algunos buses y llevados directamente al aeropuerto.

Ahora, y para ir terminando, continúo con la cita de Cristián: “este panorama de esta izquierda armada, que no era amenaza, sufrió algunos cambios en la década de los 80, cuando el Partido Comunista crea el Frente Patriótico para cuestionar el monopolio de las armas que tenía la dictadura militar. El Frente Patriótico consigue un desarrollo mucho mayor en comparación con las experiencias anteriores porque contó con militares de escuela, que habían luchado en Centroamérica, mayor cantidad y calidad de armas y una mejor infraestructura proporcionada por el partido”. Cristián afirma: “en el periodo 65-90, la izquierda logró dotarse de cierta capacidad militar, pero jamás estuvo en condiciones de enfrentar con éxito a las Fuerzas Armadas y por lo tanto, la alternativa de construir una sociedad socialista mediante la lucha armada no fue nunca viable”. Comparto enteramente ésta, que es la tesis central del libro.

En esto hay que hacer una precisión que es importante. La única batalla militar seria que hubo en Chile a lo largo de este periodo es la que tuvo lugar en 1986 con el atentado a Pinochet. Eso fue una batalla donde incluso las fuerzas regulares estaban en inferioridad de condiciones respecto de la guerrilla que tenía de su lado la sorpresa. Era una emboscada. Pero esa es la única. Un detalle que dijo a la pasada Cristián y que quizá historiográficamente puede ser interesante: pudo haber tenido lugar durante el Gobierno de la Unidad Popular otra batalla, el 29 de junio de 1973. El MIR tenía una reflexión muy crítica de lo que había pasado ese día, porque efectivamente, la capacidad militar del MIR, aunque reducida, le habría permitido enfrentarse a la asonada del blindado número dos, pero no alcanzaron a llegar a tiempo.

La precariedad de la izquierda armada queda también en evidencia el día del Golpe, cuando se produce la conversación entre las diferentes fuerzas políticas de la izquierda. Miguel Enríquez ofrece para ese día a las cuatro de la tarde, cuatrocientas personas, de las cuales cincuenta iban bien armadas, que era la fuerza que el MIR tenía. Esos cincuenta hombres o esos cuatrocientos se hubieran podido desplegar temprano el día 29 de junio, en contra de los diez tanques comandados por el coronel Souper. Eso pudo cambiar el curso de las cosas porque habría sido una batalla equivalente. Las fuerzas irregulares habrían podido ganar dado el nivel de improvisación de la asonada militar, que fue una especie de parodia de golpe de Estado.

Entre otras cosas, el apuro del general Prats y del general Pinochet para terminar rápido con esa sublevación tenía que ver con esto, porque había un riesgo de que si no lo resolvían ellos por los cauces institucionales, hubiesen surgido que lo resolverían por otros cauces, legitimando así la respuesta armada y abriendo paso a otro tipo de proceso. En todo caso, eso no ocurrió y quedará para la historia el hecho de que la única confrontación militar importante que existió en Chile durante estos años fue la del 86, en el atentado al general Pinochet.

Dos palabras sobre el fragmento seis, el relativo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es cierto que es la experiencia militar más relevante. Todavía me cuesta entender mucho el carácter totalmente extemporáneo de la decisión del Partido Comunista. Las primeras acciones del Frente Patriótico son en diciembre de 1983, diez años después del Golpe. Ese año ya se habían producido movilizaciones importantes en Chile, habían ocurrido protestas, era más o menos evidente que el curso de la lucha política por la democracia iba a ser de masas y no armada. Es muy impresionante que un partido inteligente, con una gran sabiduría como el Partido Comunista y que históricamente lo demostró, terminó muy extemporáneamente, muy atrasadamente tomando esa decisión.

Tomen nota, ¿qué hubiera pasado si hubiese tenido éxito el atentado al general Pinochet en 1986? No tengo idea, pero lo concreto es que eso estaba completamente a contracorriente del proceso general y llama la atención cómo un partido fuerte, con gran inteligencia colectiva, fue arrastrado a ese proceso. Es un tema sobre el cual habrá que investigar más. Con posterioridad lo que ha pasado con muchos de los sobrevivientes del Frente Patriótico es ya un proceso de descomposición, donde desde la violencia armada se transita directamente hacia la delincuencia. Son las personas que terminan secuestrando por dinero, de ahí las acciones que conocimos —particularmente— durante la década de los 90.

Una observación pequeña en relación con el grueso de esta historia, pero bien importante. La justicia que le hace Cristián a un personaje que ha sido el más vapuleado de toda la izquierda chilena: Carlos Altamirano. Cristián rescata muy a la pasada algo que es totalmente cierto. El único dirigente socialista importante que estuvo hasta el final de este proceso, hasta el final de la tragedia con Allende, tratando de buscar una salida pacífica en torno al plebiscito, fue él. Terminó finalmente arrastrado por los acontecimientos. Hizo el discurso que hizo, un discurso en el cual no creía mucho, un discurso que no tenía que hacer él, le tocaba a otro. Todo esto para decir que las cosas no son siempre como se cuentan y que es bueno que puedan existir historiadores, acuciosos como Cristián, para poner los antecedentes sobre la mesa y hacer una discusión más documentada sobre estos acontecimientos tan trágicos.

Notas

* * *

1 Pequeña puerta de La Moneda por la cual circulaban los presidentes de la República de manera no oficial.

2 Nota del editor: se refiere a la presentación de Arturo Fontaine Talavera durante la misma jornada.

MORIR LUCHANDO POR LOS SUEÑOS

Ricardo Solari

Ricardo Solari. Economista, Universidad de Chile. Diploma en Ciencias Sociales, Flacso. Ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y ex ministro del Trabajo. Consultor en políticas públicas (BID). Dirección electrónica: ricardosolari@gmail.com.

Este año, la alineación de los astros propició circunstancias inéditas para reflexionar sobre la historia reciente de Chile. Se cumplieron cuarenta años del golpe de Estado que derrocó al Presidente Allende y veinticinco años del plebiscito que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet. Conmemoraciones, debates, seminarios, programas de televisión, documentales, películas de ficción fluyeron para indicarnos, una vez más, la importancia e impacto de esos acontecimientos en la vida pública nacional.

El mercado editorial no se ha quedado atrás. Junto con la reedición de publicaciones relevantes sobre el período, se pusieron en circulación decenas de libros nuevos[1]. De calidad variable, estos textos ofrecen perspectivas originales, sistematizan información dispersa, sacan a la luz datos ignorados y redimensionan acontecimientos o procesos conocidos. No se puede menos que celebrar este florecimiento de miradas frescas sobre un período, a la vez, tan intenso y oscuro de nuestra historia.

En esta cosecha reciente destaca la publicación de Vidas Revolucionarias, escrito por Cristián Pérez y publicado por la Editorial Universitaria y el Centro de Estudios Públicos. A pesar de las apariencias, el libro de Pérez no tenía un propósito de oportunidad. La circunstancia de su entrega a público es solo una coincidencia poderosa con las efemérides mencionadas. Los trabajos contenidos en este libro son el resultado de una larga investigación, que incluye entrevistas, en distintos continentes, con protagonistas de los hechos que se relatan y la revisión de materiales esparcidos por bibliotecas, hemerotecas y centros de investigación en muchos países del mundo.

El autor es un historiador experto en la izquierda chilena y desde 1999, un destacado investigador del Centro de Estudios Públicos. Este riguroso trabajo no es posible de entender sin conocer su largo proceso de formación, que incluye una beca de investigación de la Universidad de Princeton. Además, tiene que ver con la aproximación directa de Pérez a los escenarios y las personas que sobrevivieron a las batallas de la izquierda chilena a partir de los años 60 y hasta los días finales del régimen de Pinochet.

Vidas Revolucionarias indaga sobre la izquierda armada chilena. Esta izquierda que navegó excéntrica a las coaliciones electorales que sustentaron las sucesivas candidaturas presidenciales de Allende y que sobrevivió pese “a la ambigüedad socialista y a la firme oposición del Partido Comunista hasta 1980” (p. 21), para seguir la descripción del propio Pérez. El libro muestra este recodo controvertido y desconocido de la historia nacional en sus distintas etapas, antes y después del golpe de 1973, ofreciendo una aproximación profunda a esa experiencia, a sus orígenes y al doloroso costo humano de sus tremendos fracasos.

El texto está dividido en seis secciones. Cada una de ellas relata un proyecto político-militar de la izquierda de Chile. Todas las historias, aunque su núcleo dramático en el tiempo y en el espacio esté diferenciado, son intrínsecamente interdependientes. Todas nos remiten a un espíritu de la época determinado por el carácter global del proceso político continental a partir del primero de enero de 1959, día de la entrada de los milicianos de Fidel Castro a La Habana.

Seis historias de la izquierda chilena

Fragmento I: El ejército del Che y los chilenos que continuaron su lucha

El plan del Che, luego del fracaso de su aventura africana, fue establecer un foco revolucionario en el corazón de Sudamérica, en la selva boliviana, en un lugar denominado Ñancahuazu. Bolivia era, en la consideración del comandante Guevara, el eslabón más débil en la cadena del imperialismo en este continente. Este foco, para ser posible y exitoso, requería una fuerte logística internacional. En ese contexto se crea la sección chilena del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un caso mayor de cooperación política global entre revolucionarios. Vidas Revolucionarias revisa en particular el papel de los chilenos y específicamente de militantes del Partido Socialista en las tareas de ELN, que fue el nombre que asumió la formación político-militar creada por Guevara en 1966 y continuada luego por los hermanos Peredo hasta su desaparición en 1984[2]. Los acuerdos del Congreso de Chillán exponen bien el marco intelectual en el que se desenvolvía la actuación de esos militantes. El libro relata la trayectoria que acontece a esa formación político-militar desde la llegada del Che a Bolivia y hasta su disolución.

El entrenamiento del grupo había comenzado años antes en Cuba y formaba parte de un diseño destinado a formar insurgentes para combatir en todo el continente, iniciando esa operación en Bolivia, país de tradición revolucionaria, con un extendido campesinado, con condiciones geográficas compatibles, a juicio del comandante Guevara, para el desarrollo de un foco revolucionario y para la formación militar de cuadros que pudiesen emprender tareas de esa naturaleza en otros países del continente.

La narración de Pérez, nada autocomplaciente, describe el camino del Che en Bolivia como extremadamente precario en lo táctico e incomprensible en lo estratégico. El Che, quien escribió uno de los manuales más importantes de lucha guerrillera, se condujo por propia voluntad y de modo incomprensible al aniquilamiento. Vidas Revolucionarias narra el fracaso de la guerrilla del Che y de los hermanos Peredo, y trata por primera vez de un modo sistemático la participación chilena en esa aventura.

Esta participación tiene dos etapas: la primera, el apoyo a la guerrilla del Che y el rescate desde Bolivia, por el norte de Chile, de los derrotados sobrevivientes cubanos; aquellos que tenían la dura consigna de acompañar al comandante en la formación de ese foco guerrillero. En este aspecto la tarea de los chilenos era logística, es decir, de apoyo en la retaguardia. Aunque los estándares operativos sean cuestionables, esta colaboración tuvo como resultado contribuir a salvar la vida de tres combatientes cubanos, hombres muy próximos al frente América, y a su jefe Rafael Piñeiro (“Barbarroja”), pero por sobre todo contribuyó a evitar, por medios políticos y publicitarios, la posibilidad de su arresto por la CIA y su escarnio posterior.

En esta operación aparece con claridad el rol del presidente del Senado, Salvador Allende, de su hija Beatriz (Taty) y del periodista socialista Elmo Catalán, quien daría posteriormente su vida en esta causa. La decisión y voluntad del grupo chileno, logró mantener a salvo la integridad de los compañeros del Che, quienes abandonaron Bolivia e ingresaron a Chile por la frontera norte del país luego de la muerte del comandante, pero lograron terminar su viaje sanos y salvos en Cuba, con el senador Allende acompañándolos en parte importante de su trayectoria a casa. Este episodio significó un capítulo aparte en la disputa sobre la postura de Chile en la guerra fría.

La segunda etapa está vinculada a la promesa de los hermanos Peredo de volver a las montañas, en la selva boliviana, para reiniciar el foco guerrillero. Aquí la participación chilena es de otra naturaleza y toma la forma de una columna que se involucra activamente en el conflicto interno boliviano. Elmo Catalán, quien había colaborado en el rescate de los colegas combatientes cubanos del Che, viaja a Bolivia y se involucra personalmente en esta operación. Al igual que otros chilenos asume esta tarea pese a las increíbles exigencias físicas que implica sumarse al foco organizado por Inti Peredo en la altura altiplánica. La guerrilla de los hermanos Peredo es cercada y derrotada, algunos combatientes chilenos son muertos, otros logran escapar y el propio Elmo Catalán es asesinado por un militante de la misma agrupación guerrillera.

Una reflexión que surge de la lectura de este fragmento es que este plan del comandante Guevara, oficialmente respaldado por la dirección del Partido Comunista de Cuba, se plantea en total ruptura con la tesis impuesta por el Partido Comunista de la Unión Soviética, denominada “del socialismo en un solo país”. Josef Stalin desde fines de los años 20 del siglo pasado, y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, impuso a los partidos comunistas de todo el mundo el deber de subordinar sus estrategias locales a la consolidación del socialismo en la URSS. El camino cubano apunta, en cambio, en el lenguaje de derecha, a exportar la revolución y en el propio lenguaje del Che “a crear un, dos, tres Vietnam”.

Algunos señalan, sin embargo, que ambas tesis no son contradictorias. Autores como Jorge Castañeda (ver La utopía desarmada, 1994) plantean la tesis de un doble juego en la acción del departamento de América, organización del Partido Comunista de Cuba, que apoyaba política y logísticamente la presencia del Che en Bolivia. En último término, la tremenda influencia, ganada a costa de la acción armada de la izquierda continental, incrementaba la capacidad de negociación del régimen de los hermanos Castro ante la presión norteamericana y el bloqueo a sus costas impuesto por ese país.

Fragmento II: La batalla del fundo San Miguel

Pocos procesos han generado más tensión en la historia de Chile que la transformación de las relaciones sociales en el campo. La Reforma Agraria y la ley de sindicalización campesina son dos puntos culminantes de ese cambio profundo de la sociedad chilena.

Al amparo de la nueva ley de sindicalización campesina (aprobada en 1967) se puso en marcha una negociación colectiva, en la comuna de San Esteban, en la provincia de Aconcagua, territorio, además, de origen del autor de Vidas Revolucionarias. En los meses de junio y julio de 1968 se da inicio a la huelga legal del fundo San Miguel, proceso liderado por dirigentes sindicales socialistas vinculados a la Comisión Nacional Agraria (CONAS) de ese partido. El conflicto tuvo su base en una diferencia respecto de los reajustes salariales y los beneficios que exigían los sindicalizados. El momento correspondía a un periodo en que el despertar campesino significaba asumir por primera vez en una larga historia su condición plena de asalariados.

La huelga legal tuvo una extensa duración y contó con amplia solidaridad del movimiento sindical y de las fuerzas políticas de izquierda de la época, en particular de los parlamentarios y regidores del Partido Socialista. En esta solidaridad participó activamente Salvador Allende, quien visitó en dos oportunidades la zona para expresar su apoyo a los huelguistas. Al cabo del tiempo, y sin que se pudiese encontrar una solución en el marco de la negociación, los sindicalistas dan un paso más agresivo: toman el control de las instalaciones del fundo San Miguel. En la operación participan ya no tan solo sindicalistas, sino también “ayudistas” de la Juventud Socialista, quienes colaboran en las tareas de vigilancia y protección de las instalaciones, bajo la conducción de un sindicalista joven que en el texto de Pérez se denomina Aníbal Ruiz, el que habría recibido entrenamiento de guerrilla rural en Cuba. El planteamiento político detrás de la ocupación, según el dirigente Aníbal Ruiz, no era simplemente presionar para resolver el conflicto salarial, sino iniciar acciones armadas que serían ejemplares para el resto de los trabajadores chilenos y que convertirían a San Miguel en la Sierra Maestra de la revolución chilena.

El desalojo se concretó luego de una larga y dura jornada con una operación durante la cual participaron quinientos efectivos del Grupo Móvil (hoy Fuerzas Especiales). Los insurgentes intentaron resistir con armamento, explosivos caseros y fortificaciones. La batalla de San Miguel incluyó intercambios de disparos entre las partes del conflicto y la utilización de explosivos por parte de los ocupantes. La jornada terminó con la detención de la mayoría de los dirigentes campesinos, y su respectiva presentación a los Tribunales de Justicia, desde donde, al tiempo, fueron dejados en libertad como resultado de la inmensa presión pública.

La toma de fundo San Miguel y la batalla que concluye con su desalojo, en 1968, establecerá un precedente respecto de la difícil y conflictiva realidad que se empieza a vivir en el campo chileno a partir de la Reforma Agraria y plantea por primera en la historia del Chile contemporáneo la defensa de los derechos sociales, no solo a través de la acción de organización de los trabajadores, sino además por medios armados.

Fragmento III: Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo de seguridad: el Grupo de Amigos Personales

De la lectura de las páginas anteriores, se percibe que Salvador Allende, además de sempiterno candidato presidencial (a fines de los años 60 del siglo pasado, ya tenía tres candidaturas en el cuerpo) era un protagonista permanente de los sucesos políticos del país.

Días después de su elección en 1970, el país ya vivió un episodio brutal de violencia política: el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider. Desde ese momento su seguridad personal pasó a ser un tema de creciente preocupación entre sus cercanos.

Beatriz Allende, la hija médico, militante socialista y colaboradora de la red de cooperación con el Ejército de Liberación Nacional, fundado por el Che Guevara en Bolivia, fue la persona encargada de tomar la iniciativa para que originalmente un cuadro militar formado en Cuba, Fernando, militante del ELN y del Partido Socialista, iniciase los primeros aprestos para organizar una guardia que asumiera la protección del recientemente nombrado Jefe de Estado. A fines de 1970, esta responsabilidad cambia de manos y es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el que asume la responsabilidad principal en la tarea de acompañar al Presidente recién electo en sus desplazamientos. Participan también del dispositivo militantes socialistas, algunos cuadros del ELN, ex comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército y un número de militantes del MIR. A cargo del grupo fue designado el militante mirista Max Marambio, el que ha dejado plasmado su testimonio de ese periodo en el libro Las armas de ayer (2008). Marambio, quien disponía de algún entrenamiento militar, conocía a Allende, por ser hijo del diputado socialista Joel Marambio.

El Presidente Allende estaba consciente que corría riesgo de ataques y agresiones. La decisión de designar a militantes del MIR en la conducción de su aparato de seguridad, era desafiante para su época, pues el MIR tenía un récord de acciones subversivas y al momento de que asumiera la Presidencia de la Republica, treinta de ellos —“jóvenes idealistas”, según Allende—, estaban en la cárcel. Para Salvador Allende, lo que ocurría es que esa gente tenía el entrenamiento y la capacidad de enfrentar eventuales amenazas. A la vez eran confiables y tenían el respaldo de un aval muy importante, Fidel Castro, quien personalmente se preocupaba que el grupo tuviese entrenamiento y un mínimo armamento homogéneo y en buenas condiciones para cumplir su misión. Uno de los momentos más altos en la tarea del GAP fue acompañar la extensa visita de Castro a Chile, visita que se efectuó en 1972 y duró casi un mes. Su denominación como Grupo de Amigos Personales surge de la respuesta del Presidente a la prensa que consultó por estos jóvenes que lo acompañaban. “Son amigos personales”, dijo Allende.

Diferencias de estilos de conducción con los militantes socialistas, concluyeron con la salida de Marambio. Pero el problema principal fue el intento del MIR de acrecentar su capacidad militar aprovechando su participación en el GAP, tanto para usar las instalaciones destinadas al entrenamiento, como también para utilizar el poder que brindaba esa posición cercana al Jefe de Estado para acceder a información y a apoyo. Esta situación obligó al Presidente a ejecutar el cambio de composición del GAP en su etapa final.

A mediados de 1972, Marcelo Schilling (PS) se hace responsable de la coordinación del GAP proponiendo una orientación que apuntaba a la profesionalización del grupo y su dedicación exclusiva a la seguridad del Presidente. El grupo queda conformado exclusivamente por militantes socialistas, quienes habían realizado su entrenamiento en Chile, con instructores locales, introduciendo fuertes principios de disciplina, algo quebrantada en la fase anterior, y una lógica de compartimentación indispensable en esas tareas para evitar la infiltración que es siempre un riesgo en los entornos presidenciales. El grupo tomó control de las dos residencias presidenciales de Salvador Allende: Tomás Moro y El Cañaveral.

El grupo disponía de alrededor de 40 hombres en su unidad de escolta, y unas decenas más que cumplían funciones de resguardo de los lugares de trabajo y habitación del Presidente. Su armamento consistía en armas de puño y subametralladoras para los escoltas y algunas ametralladoras y dos o tres bazucas para la protección de instalaciones. No disponían de chalecos antibalas. El trabajo de inteligencia era muy precario, tanto que no se pudo tener capacidad preventiva ni para anticipar el “Tanquetazo” de junio de 1973 y menos el golpe de Estado de septiembre.

El GAP desenvolvía su trabajo en el contexto de una gran presión y de campañas negativas de parte de la derecha y sus medios de comunicación. Estos ataques se acentuaron a propósito del asesinato del edecán naval del Presidente, capitán de navío Arturo Araya. La prensa de derecha y los conspiradores detrás del crimen responsabilizaron del suceso a un miembro del GAP, en una operación multipropósito, claramente preparatoria de un clima golpista.

El diseño de la defensa del gobierno constitucional, más allá de discursos y planes trasnochados, estaba basado en la confianza en los sectores leales de las Fuerzas Armadas, los que además, se suponía, eran mayoritarios. Los golpistas, en esta hipótesis, eran incapaces de quebrar la unidad y la lealtad al mando. Esto equívoco determinó en gran medida el triste desenlace.

Según Vidas Revolucionarias el 11 de septiembre encuentra al GAP en disposición de combate. Una parte de sus integrantes llega a La Moneda y es detenida, otra logra entrar con el Presidente y junto con un puñado de detectives, presenta batalla en defensa del gobierno constitucional. Luego del bombardeo de La Moneda y por instrucciones de su superior, el Presidente de la República, sus integrantes abandonan el Palacio rumbo a la muerte en manos de sus captores. El día 11 de septiembre, el Gap cumplió su tarea que era acompañar al Presidente en su destino.

Fragmento IV: Historia del MIR: “Si quieren guerra, guerra tendrán…”

Una de las grandes incógnitas del 11 de septiembre de 1973 es qué ocurrió con toda esa hipotética capacidad militar de que disponía la izquierda. Más allá de destacar el coraje de quienes decidieron resistir, los menos (ver Ignacio Vidaurrazaga, Martes once la primera resistencia, Lom), es evidente que los planes que se avizoraban en los discursos de los dirigentes, o contenían demagogia pura y dura o representaban una lamentable pérdida de percepción de la realidad. Una realidad que en lo militar significaría a partir de la mañana del 11 de septiembre enfrentar a unas Fuerzas Armadas con unidad, mando y convicción de enfrentar y derrotar duramente a sus enemigos.

En el terreno militar los errores son muchos. Según Vidas Revolucionarias, los principales son la incapacidad de articular un estado mayor, la inexistencia de comunicaciones, la torpeza de pretender agrupar los combatientes en lugares de trabajo o estudio dejando libres las vías de circulación de las fuerzas adversarias. Pero la principal, la confianza ciega en la división de las Fuerzas Armadas.

El caso del MIR tiene un lugar en este análisis. Porque el MIR surgió a la vida política para llevar a cabo la revolución socialista con el apoyo de las armas. El MIR nace del desencanto de esa izquierda siempre frustrada por las derrotas electorales. La desconfianza en la vía electoral caló profundo en parte de la joven generación socialista y comunista, luego del triunfo de Frei Montalva en 1964, que se unió a un grupo de ex trotskistas para formar en 1965 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. “Desde 1967 la organización comenzó una política de mayor radicalidad enfrentándose a menudo con el gobierno. Particular atención pusieron en las acciones de propaganda armada y en operaciones para recaudar fondos, que ellos llamaron “recuperaciones” que no eran sino asaltos a los bancos” (Cristián Pérez, p. 157).

Al llegar 1970, encaminada la candidatura presidencial de Salvador Allende, el MIR tiene a sus principales dirigentes en la clandestinidad. Otros están en prisión. Aunque dudoso del camino de las urnas, Miguel Enríquez, su secretario general, pacta con Allende la suspensión de las acciones armadas y da libertad de acción a sus militantes para votar por él. Luego del triunfo del candidato de la Unidad Popular, el MIR reconoce un cambio en las condiciones políticas y coopera con el recientemente elegido mandatario, entregándole información valiosa de conspiraciones para impedir su ratificación en el Congreso Pleno. Y luego, como lo señala nuestro autor en el fragmento anterior, el MIR se compromete activamente con la seguridad del nuevo Jefe de Estado.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el MIR realizó un fuerte trabajo de crecimiento en el movimiento estudiantil y poblacional, y mantuvo un duro enfrentamiento político e ideológico con el Partido Comunista y con sectores del Partido Socialista, particularmente en relación a las dimensiones militares de la lucha por el poder. Donde para los comunistas se necesitaba consolidación de los avances y amplitud de las alianzas, para los miristas se requería poder popular con capacidad político-militar.

El 11 de septiembre de 1973, la Dirección Nacional del MIR, evaluando las condiciones concretas, toma la opción del repliegue y no del enfrentamiento temprano con las fuerzas golpistas. Luego da instrucciones a su aparato militar (la Fuerza Central) para desactivar sus planes de contingencia. La urgencia, en el momento, era tratar de conseguir alguna capacidad para organizar el funcionamiento clandestino de la Comisión Política y del Secretariado Nacional. Si bien es cierto que el repliegue salvó muchas vidas miristas, no impidió que desde el mismo once se desplegara la más feroz y brutal represión contra el movimiento, conducida primero desde el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), la que plantea en un momento una negociación a través de Laura Allende, ofreciendo libertad a los presos a cambio del fin de sus actividades. Esta propuesta fue rechazada por los presos y la Dirección del partido.

Luego la DINA toma la posta represiva bajo la conducción de Manuel Contreras. Esta represión sistemática y brutal desmanteló la organización de modo tal que ésta nunca más pudo reponerse. La baja de prácticamente todos sus cuadros militares y de sus más destacados dirigentes públicos fue demasiado castigo para una organización tan joven como el MIR. Luego de la trágica coyuntura que culmina con la muerte de Miguel Enríquez, el partido intentó dos esfuerzos de rearticulación, uno a través del rearme de su Fuerza Central para desde allí desarrollar algunas acciones de perfilamiento y otro de construcción de una columna guerrillera en el sur de Chile, en la cordillera de Neltume. Ambos intentos eran parte de la Operación Retorno. Esta operación terminó siendo un gran fracaso que significó en la apreciación del autor Cristián Pérez el inicio del ocaso definitivo de esta organización que se había constituido para tomar el poder por las armas.

Fragmento V: Disparos y torturas (1973-1975): Los últimos días de Miguel Enríquez

El cinco de octubre de 1974 murió Miguel Enríquez en la calle Santa Fe, comuna de San Miguel. Al momento de su muerte era la persona más buscada de Chile.

Miguel Enríquez condujo el MIR desde 1967 y le dio su propia fisonomía al movimiento que tomó la conducción de la Federación de Estudiantes de Concepción e inició audaces acciones de propaganda armada, las que incluyeron asaltos a bancos y escarmientos a periodistas. Perseguidos por la policía, con órdenes judiciales en su contra, los miristas aprendieron temprano a vivir en la clandestinidad. Durante el gobierno del Presidente Allende, fueron amnistiados y entraron activamente a colaborar en su seguridad personal.

El día del golpe de Estado, Enríquez se pone a la cabeza de las decisiones, se reúne con dirigentes de otros partidos, resuelve que la Fuerza Central se repliegue y declara que “el MIR no se asila”, marcando una diferencia con militantes y dirigentes de otras colectividades de la izquierda. Enríquez afirma que ningún militante del partido podrá abandonar Chile sin perder su condición de tal a menos que viaje a cumplir una misión encomendada. El desafío a los militares, de la consigna “el Mir no se asila”, llegó a cobrar un precio demasiado alto a la organización. Así fue como el propio movimiento lo reconoció años después.

Bajo esas exigentes condiciones Enríquez debió no solo trabajar políticamente, sino sobrevivir en un entorno cada vez más arriesgado. A pocos días del Golpe, entre los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, resuelven especializar la represión y la Fuerza Aérea queda a cargo del ataque al Mir. Esta institución instala un gran centro de torturas donde van cayendo poco a poco militantes y dirigentes del partido. Sometidos a brutales tormentos, asesorados por expertos extranjeros en contrainsurgencia, la dictadura empieza a acumular una gran cantidad de información que aprieta un cerco en torno a la organización.

Esta estrategia se eleva en intensidad al momento que Manuel Contreras se hace cargo de la represión y se centraliza el mando en la DINA. Las técnicas de tortura elevaron su brutalidad y sofisticación, utilizando, según el autor, los conocimientos que la inteligencia francesa extrajo de su experiencia en Argelia y todo el bagaje de quienes combatieron los movimientos revolucionarios del Cono Sur de América.

Y una de las tareas principales de esa organización consistía en intentar cazar y matar a Miguel Enríquez. En el camino, como se muestra en el relato de Cristián Pérez, uno a uno van cayendo todos los altos dirigentes del partido. Hasta que la información lleva a la DINA y a sus agentes a la calle Santa Fe, donde se encuentra Miguel Enríquez con su compañera Carmen Castillo, embarazada, y con otros dos dirigentes. El secretario general del MIR no entrega fácil su vida, resiste por un par de horas contra fuerzas inmensamente superiores. “El teniente de Ejército (DINA) Miguel Krassnoff, que encabezó el operativo (…), fue condecorado por esa acción” (p. 216).

Fragmento VI: ¡A las armas, camaradas!: El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

El derrocamiento del gobierno del Presidente Allende vendría a provocar profundos cambios en la izquierda chilena. Enfrentarse a un golpe de Estado brutal y exitoso, conducido por unas Fuerzas Armadas que se creían básicamente leales y constitucionalistas, demolió convicciones fundamentales que se abrigaban en la izquierda chilena prácticamente durante todo el siglo XX.

“El golpe militar de septiembre de 1973, puso en tela de juicio la estrategia de la izquierda chilena para materializar la revolución socialista, en especial la del Partido Comunista denominada Frente de Liberación Nacional, más conocida como “vía pacífìca”. Esta política se sustentaba en tres pilares: 1) La unidad política de la clase obrera, que era la unidad de los partidos con mayor influencia en el movimiento obrero (Partido Socialista y Partido Comunista). 2) La unidad sindical, en base a la constitución de una sólida organización como la Central Única de Trabajadores, que se fundó en 1953. 3) La alianza de la clase obrera con el campesinado. Esta política postergaba indefinidamente la lucha armada para la toma del poder” (p. 222).

Esta tesis, primero soterradamente, pero luego de modo explícito, empezó a ser cuestionada por la máxima dirigencia comunista mundial. Su vocero más explícito fue el ideólogo del Partido Comunista de la Unión Soviética, Boris Ponomariov. Él sostuvo que la “revolución debe ser capaz de defenderse y estar preparada para utilizar la violencia revolucionaria contra la violencia reaccionaria” (p. 224).

El debate pronto aterrizó en el seno de la cúpula comunista chilena, esparcida en el exilio en distintos países socialistas, en particular en Cuba, la Unión Soviética y la RDA. La conclusión es precisa: hay que iniciar cuanto antes la formación de cuadros militares que puedan colaborar tanto con los sectores de las Fuerzas Armadas partidarios de la democratización de esas instituciones, como en la tarea de hacer viable la perspectiva socialista.

Esta formación de cuadros no era un simple entrenamiento en escuelas guerrilleras, sino una formación sistemática en escuelas militares de sus cuerpos armados regulares. En ese proceso de formación llevado a cabo particularmente en Cuba se constituye el núcleo de los militantes que formarían el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre ellos su futuro líder Raúl Pellegrín.

Pero el viaje de retorno a Santiago de Chile tendría una escala fundamental en esta historia. Ésta es la participación de un significativo contingente de chilenos, en el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) en 1979. El jefe de esa expedición fue el militante comunista Sergio Apablaza Guerra (“Salvador”). La participación del multipartidario contingente (había también socialistas, miristas, mapucistas e independientes de izquierda) fue muy valiosa para el sandinismo, particularmente por el alto nivel de formación en especialidades de los milicianos chilenos que se incorporaron a la batalla. Muchos perdieron la vida en las batallas que terminaron con la derrota del dictador Somoza y el triunfo sandinista. Algunos de los soldados internacionalistas continúan su tarea apoyando la lucha guerrillera en El Salvador, donde nuevamente el fragor del combate cobra sangre chilena.

A partir de 1980, el discurso de todas las formas de lucha empieza a ganar un espacio en la política oficial del Partido Comunista. La existencia de los cuadros militares con experiencia real de combate, el impulso de dirigentes destacados —el principal de ellos, Gladys Marín— y el fracaso de la política del Frente Antifascista ante la indiferencia de la Democracia Cristiana, pavimentan el camino a un nuevo diseño estratégico: la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM).

La PRPM era una combinación de distintas formas de lucha, tanto de masas como armadas, que apuntan a crear condiciones ascendentes para la sublevación nacional y el desmoronamiento de las Fuerzas Armadas. “La fuerza militar propia debe estar en condiciones de apoyar la paralización y debilitar al enemigo con acciones de hostigamiento” (p. 245). Es en ese contexto conceptual que surge el FPMR.

En 1983, y en medio de no pocas tensiones internas, el Partido Comunista acepta el ingreso a Chile de algunos oficiales militares para los efectos de poner en marcha el FPMR y las Milicias Rodriguistas, y de esa manera desplegar la Política de Rebelión Popular de Masas. Entre ellos Raúl Pellegrín. Antes, partir de 1980, utilizando sus estructuras militares tradicionales, el PC ya empieza a desarrollar una línea activa de sabotaje a tendidos eléctricos. Pero en 1983 también se inician las protestas sociales convocadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, como respuesta a la severa crisis económica que vivía el país. El Partido Comunista estaba convencido de que se podía radicalizar ese momento político mediante la adición de componentes armados a la movilización social.

El Frente se constituye con una Dirección Nacional responsable del trabajo operativo, la que recibe sus orientaciones del Partido Comunista a través de la Comisión Militar de esta organización. “Guillermo Teillier (‘Sebastián’), el jefe de ésta, entrega los lineamientos generales para la acción del Frente y actúa, a su vez, como enlace con los demás dirigentes comunistas.” (p. 249).

Luego de un exitoso apagón nacional de diciembre 1983, a inicios de 1984 el Frente se da a conocer a la opinión pública. En ese año el Frente realiza un conjunto amplio de acciones, asaltos a trenes, armerías, secuestros, ocupación de medios de comunicación. Junto con ello desarrolla una completa estructura de cuadros, formación, logística y comunicaciones. Además de ese esfuerzo del aparato militar, está también la promoción de las Milicias Rodriguistas, donde los jóvenes, particularmente en las poblaciones, se incorporaban a acciones paramilitares y de agitación y acompañaban con barricadas y bombas molotov las protestas nacionales a que llamaban los referentes sindicales.

El año 1985 el Partido Comunista empieza a poner en marcha el plan estratégico de sublevación nacional. En poco más de dos años, el Frente y las Milicias están en pleno despliegue. Sin embargo, según sostiene nuestro autor, los datos de realidad que se percibían en las poblaciones, en particular la facilidad para “liberar territorios” de la presencia policial, llevó al Frente a una lectura equivocada de esa mezcla de descontento social y contención de la fuerza represiva, en una coyuntura, además, donde al interior del régimen había poca claridad del camino a seguir.

Esta lectura de la contingencia marcada por las protestas sociales y el control territorial llevó a la dirección a pensar que 1986 debe ser “el año decisivo”. La cuestión principal para concretar ese diseño supo disponer de abundante armamento. “Se inicia, entonces, un operativo internacional, que al año siguiente sería conocido como Carrizal, cuyo objetivo era dotar al Partido Comunista y al FPMR de una cantidad importante de armas industriales para iniciar la sublevación nacional” (p. 271). Carrizal, playa al norte de Huasco, Tercera Región, fue el lugar elegido para internar un importante arsenal, donación vietnamita, ingresada a Chile mediante una operación organizada por el gobierno cubano. El segundo ingreso de armas fracasa porque las operaciones, de gran envergadura, son detectadas por los servicios del régimen. Miles de fusiles, centenares de lanzacohetes, granadas y explosivos son incautados y muchos rodriguistas capturados.

Sin embargo, y pese al impacto del descubrimiento de los arsenales de Carrizal, el Frente pone en marcha “otra acción estratégica: Operación Patria Nueva, más conocida como Siglo XX. Se trata de acabar con la vida de Augusto Pinochet mediante una emboscada de aniquilamiento” (p. 276). La emboscada fracasa, aunque cobra la vida de varios escoltas de Pinochet, por problemas de elección y uso de armamento y de cobertura de la retaguardia de la emboscada. Pinochet escapa con vida.

Se inicia una intensa represión sobre el conjunto de la oposición. Y los efectos políticos combinados del descubierto desembarco de armas y del frustrado atentado, sumados al cansancio de años de protestas sociales, provocan un cuadro en donde las aspiraciones contenidas en el plan del “año decisivo” no solo se desvanecen sino que conducen la hipótesis militar del Partido Comunista a un severo aislamiento. El resto de la oposición, incluyendo antiguos aliados del Partido Comunista, fuerzas de izquierda y centro empiezan a converger en la estrategia que daría lugar al triunfo del No en el plebiscito de 1988. El Partido Comunista, consciente de los problemas, intenta ajustar su táctica, restringiendo el margen de maniobra de los jefes del Frente.

En respuesta, a mediados de 1987 en medio de la visita del Papa, los comandantes del Frente resuelven autonomizarse del Partido Comunista. En el episodio a su vez, los comunistas deciden revisar la política puesta en marcha a inicios de los años 80. El Frente Autónomo recluta a la mayoría de los cuadros con formación militar del PC y continúa sus acciones, incluso después del triunfo del No.

Además se desata la represión más dura contra el FPMR desde el día siguiente del atentado a Pinochet. Por casi un año los servicios de seguridad se dan a la tarea casi exclusiva de liquidar al Frente. Mediante una acción sistemática de seguimientos, chequeos y torturas, logran formarse un cuadro de la estructura de la organización que les permite atacar y asesinar a decenas de frentistas. La acción más brutal ocurre el 16 de junio de 1987, cuando la CNI asesina a un grupo de frentistas, quienes habían sido previamente detenidos. Estos, luego de ser salvajemente torturados, son trasladados a una casa donde los agentes simulan un enfrentamiento y los asesinan disparándoles a quemarropa. Es la Operación Albania.

Pese a la euforia ciudadana por la derrota pacífica de la dictadura, el Frente Autónomo, bajo la conducción de Raúl Pellegrín y de Cecilia Magni, despliega el último intento de poner en marcha la política de Guerra Patriótica Nacional, a partir del asalto al cuartel policial de Los Queñes, en la Sexta Región. Esta política, profundamente aislada del acontecer nacional, termina con el asesinato cruento a manos de carabineros de los dos jóvenes jefes frentistas. Este episodio simboliza tristemente el momento definitivo del fin del Frente.

Luego, incluso en democracia, el Frente sigue protagonizando acciones, entre ellas el asesinato del senador Jaime Guzmán, y, luego, la audaz fuga de sus responsables en un helicóptero desde la cárcel de Alta Seguridad. Pero con independencia de la espectacularidad y relevancia pública de estos atentados, estos solo representaban los estertores de una política que había sido sepultada por la indiferencia de sus protagonistas respecto de los acontecimientos políticos nacionales, por la represión brutal y por el cierre del ciclo de Pinochet a la cabeza del Estado.

Epílogo: la izquierda como experiencia global

Estas seis historias bien podrían ser hebras de una novela o pre-guiones de estupendas películas reflexivas de cine engagé. No obstante, constituyen un aporte duro e insustituible para elaborar una panorámica completa de la historia política chilena. Destaco, para terminar, algunas de las lecciones que deja la lectura de este libro desde esta perspectiva general.

Vidas Revolucionarias presenta una realidad que desenmascara el llamado Plan Z, presunto proyecto militar ultraizquierdista, que fue redactado a cuatro manos entre la CIA y asesores chilenos de la recién instalada Junta de Gobierno[3]. Esta farsa fue presentada inmediatamente después del Golpe del 73 y alimentada posteriormente por el discurso público de Pinochet y de la derecha, magnificando la amenaza que significaron estos intentos político-militares emanados de la izquierda. Lo decisivo, sin embargo, reside en la evidencia incuestionable de la debilidad estratégica de esa opción militar y la dramática fragilidad de su capacidad operativa real. Esto quedó demostrado, por lo demás, en el éxito de las campañas de exterminio de la dictadura.

Un mérito del trabajo de Pérez consiste en abrir estos problemas más allá de las circunstancias locales. Esta izquierda derrotada en Chile en 1973 y luego destruida por la represión o desgastada por el aislamiento político, fue parte de un proceso global que tuvo en su origen el impacto del triunfo de la revolución cubana. Este acontecimiento, para ser bien entendido en toda su importancia cincuenta años después, fue asumido en su oportunidad por muchos en América Latina como un segundo intento de concretar la pretendida independencia nacional. Tampoco debe desestimarse lo que se perfilaba ya entonces como un fracaso norteamericano en Vietnam. En los años 80 le correspondió a la revolución sandinista volver a iluminar ese faro. Por tanto, el origen de este camino en Chile no surge de la inspiración autónoma de mentes iluminadas. Su fuente principal son experiencias históricas de alcance global, marcadas por la Guerra Fría, que impactaron profundamente en la infancia, en la juventud y en la edad adulta de los hombres y mujeres de que nos habla Cristián Pérez.

Otro aspecto valioso en la reconstrucción histórica de Pérez es el peso que otorga a la lectura que una parte importante de la izquierda hizo del proceso vivido posteriormente al Golpe. La tesis de la excepcionalidad de la experiencia de la Unidad Popular (la vía chilena al socialismo) fracasó y fue derrotada por la fuerza, cumpliendo con el vaticinio de muchos de los que respaldaban la otra vía. Estos escépticos de la singularidad de combinar socialismo con democracia formal, murieron defendiendo un proyecto que compartían en su inspiración pero no en su estrategia. Ellos jamás creyeron que un proceso de transformaciones tan profundas como el que proponía el Presidente Allende podría materializarse sin grandes confrontaciones.

La discusión de las causas de la derrota fue muy intensa, y dividió a militantes y dirigentes de la izquierda en Chile y en el exilio por casi una década. A la luz de este análisis, debe advertirse que los grupos estudiados por Pérez tenían un gran punto de sabiduría política, toda vez que la experiencia enseña, y en este caso duramente, que giros históricos de gran magnitud siempre han incluido formas armadas o algún grado explícito de control del poder militar. Si no, por definición los cambios han de ser moderados y graduales.

Es necesaria una consideración final sobre el carácter tan trágico de esa generación que se consumió en nombre de la revolución. La cárcel, la tortura y la muerte son el corolario de las trayectorias de esos militantes que decidieron entregarlo todo por el sueño de la construcción socialista. Lejos de la retórica política de los revolucionarios de salón, de la verborrea discursiva ejercida desde la cómoda tribuna parlamentaria, estos compañeros decidieron dejarlo todo en el intento. Su fracaso está teñido de heroísmo, pero de un heroísmo de bajo perfil. El grueso son héroes anónimos. Y sus tumbas, las que se conocen de estos héroes anónimos, están repartidas por todo el planeta.

Notas

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Véase el siguiente listado no exhaustivo, preparado gentilmente por Juan Carlos Fau y Maximiliano Díaz, librería Qué Leo: Carlos Dorat: Asociación ilícita-1976 DINA Secreto reservado (Ceibo); Ascanio Cavallo: Golpe 11 de Septiembre de 1973 (Uqbar); Jorge Escalante: Los crímenes que estremecieron a Chile (Ceibo); Bruno Serrano: Exhumación del olvido (Ceibo); Carlos Basso Prieto: La CIA en Chile (Aguilar); Óscar Contardo: Volver a los 17 (Planeta); Marisi Pérez Zujovic Yoma: La gran testigo (Catalonia); Mario Amoros: Sombras sobre Isla Negra (Ediciones B); Jaime Quezada: El año de la ira (Catalonia); VV. AA.: Las voces de la reconciliación (Instituto de Estudios de la Sociedad); Maura Brescia: Mi carne es bronce para la historia (Momentum); Álvaro Hoppe: Chile 1973-1990 la dictadura de Pinochet (Lom); Raymond Depardon: Chile 1971 (Lom); Ignacio González Camus: El día que murió Allende (Catalonia); Jorge Dixon R.: Aviación contra Allende y otros (Escritores.cl); Steve J. Stern: Luchando por mentes y corazones (Ediciones Universidad Diego Portales); Francisco Marín y Mario Cassasus, El doble asesino de Neruda (Ocho Libros Editores); VV.AA.: Golpe a golpe, 11 testimonios del 11 (Palabras Latinas); VV.AA.: Golpe 1973-2013 (Ocho Libros Editores); Patricio Guzmán: Chile en la retina (Lom).

2 Acuerdos del XXII Congreso General del PS en Chillán (noviembre de 1967). Julio César Jobet: El partido socialista en Chile. Santiago, Ediciones Prensa Latinoamericana, 1971.

Además de la formulación del Frente de Trabajadores, el PS define:

“1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

”2.- La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista.

”3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados”.

3 Ver Informe Church, Senado de los Estados Unidos.

EL ÉXITO DE UN FRACASO*

Lucas Sierra I.

Lucas Sierra. Abogado, Universidad de Chile. LL.M. Universidad de Yale. Ph.D. Universidad de Cambridge. Profesor de Derecho de las Tele-comunicaciones, Universidad de Chile. Director (i) del Centro de Estudios Públicos (CEP). Dirección electrónica: lsierra@cepchile.cl.

* Presentación del libro Vidas Revolucionarias en la Feria Internacional del Libro de Santiago, el día 28 de octubre de 2013.

1. Introducción

La cita con que empieza la primera página del libro de Cristián Pérez (sacada del testimonio de un cubano que había combatido con el Che en Bolivia, algunos meses después de haber sido fusilado este último), anticipa la, quizás, principal sensación que deja la lectura del libro. Cito:

Siéntese y escriba —le digo—: “Hoy, día 14 de febrero de 1968, nosotros los sobrevivientes de la guerrilla del ‘Che’ en Bolivia, al llegar al pueblo de Sabaya y ver las condiciones en que este se encuentra: la escuela sin pupitres, sin cuadernos, sin lápices; nosotros, en nombre de la Guerrilla y del comandante ‘Che’ Guevara, donamos cuatrocientos dólares para la adquisición de material escolar. Hacen entrega: Pombo, Urbano, Benigno; la suma la reciben el señor alcalde y el señor contrabandista ‘fulano de tal’. Le hicimos firmar un original y dos copias. Una la entregamos al alcalde en presencia del pueblo. Luego nos dimos a la tarea de salir de allí”.

Los donantes de esos US$400 para útiles escolares iban escapando del Ejército boliviano hacia Chile, donde debían esperarlos miembros del Ejército de Liberación Nacional, los “Elenos”. Sus condiciones eran precarias. Venían arrancando desde muy lejos y en condiciones difíciles.

Pero lo más notable es lo que describe Cristián Pérez sobre la reacción de los habitantes de Sabaya, los supuestos beneficiarios del generoso regalo de los revolucionarios. Dice el autor: “Los habitantes de Sabaya no se inmutan, permanecen entre incrédulos y temerosos. El llamado a la revolución cae en tierra árida”.

Esta es la sensación que produce la lectura del relato extraordinario que ha construido Pérez después de una paciente y meticulosa investigación.

El libro va dando cuenta de grandes gestos, de grandes gestas, que, a la larga, no prosperan. Proyectos que se diluyen o que son, finalmente, derrotados o aniquilados.

Por lo mismo, en este relato de Cristián subyace una épica. La épica que suele acompañar a la derrota. Esa ética rara, discutible, que subyace en la inmolación. Vidas que se inmolan llamando a la revolución, vidas extraordinarias, fascinantes y entretenidas, vidas individuales y colectivas, pero el llamado a la revolución que hacen y pagan, termina, inexorablemente, por caer en tierra árida.

Pero hay algo en relación con estas vidas revolucionarias que no cayó en tierra árida. Quizás no es algo que haya estado necesariamente en la mente de quienes las vivieron, pero sí ha tenido que ver con ellas. Volveré sobre esto hacia el final.

A pesar de su título, éste no es un libro sobre biografías individuales solamente. Hay datos personales, por supuesto, y son muy interesantes y a ratos sabrosos, pero este libro es un estudio sobre fenómenos históricos, es el libro de un historiador. Y de uno que sabe escribir bien.

Además de varias biografías, los sujetos de la acción, los sujetos de esta historia, son cinco grupos que entre 1967 y 1996, sumaron al discurso político de izquierda la empuñadura de las armas: los “Elenos”, el Sindicato Alianza de San Esteban, el MIR, el GAP y el FPMR. Hay una cierta secuencia cronológica entre ellos. Entre algunos, además, hubo vínculos políticos y personales.

2. El brazo del Che en Chile

Los “Elenos” constituyeron el capítulo chileno del Ejército del Che, ése de la donación de US$400 al impertérrito pueblo de Sabaya en Bolivia. Cristián nos cuenta que uno de sus primeros contactos en Chile fue Jaime Barrios, un ingeniero que en la primera mitad de los años ’60 fue a Cuba como técnico en materias económicas. Volvió, estuvo con Allende en La Moneda para el Golpe, desde donde fue llevado al Regimiento Tacna, y de allí se pierde su rastro hasta hoy. Otra persona importante en la formación de los “Elenos” fue el periodista Elmo Catalán, quien también estuvo en Cuba y en 1969 se fue a combatir a Bolivia con lo que quedaba de las fuerzas del Che. En 1970 murió a manos de un compañero en Cochabamba por, aparentemente, un lío de faldas. Su nombre fue usado luego por la brigada muralista del PS, lo que habla de la vinculación que hubo entre los “Elenos” y ese partido, en cuyo aparato varios pasaron a militar. De hecho, algunos participaron en los efímeros actos de resistencia el día del Golpe, en la industria Indumet y en la población La Legua. Los “Elenos” también tuvieron que ver en la formación del GAP, con el MIR y algunos de sus militantes habían participado en la batalla del fundo San Miguel, en San Esteban, departamento de Los Andes, en julio de 1968.

3. La batalla de San Miguel

Este es un segundo fragmento del libro y el hecho que describe puede ser considerado como un primer indicio de los hechos políticos de fuerza que luego vendrían en el campo chileno.

En medio de un conflicto con sus patrones por mejoras salariales, miembros campesinos del Sindicato Alianza de San Esteban, vinculados al PS, decidieron tomarse el fundo San Miguel, al mando de una dirigente de 23 años. Tenían algunos revólveres, escopetas, rifles, una metralleta checoslovaca, con el escudo de armas del Ejército boliviano y un cargador con 20 tiros.

Poco pudo hacer ese reducido arsenal frente a las fuerzas de carabineros que el 31 de julio de 1968, con tanquetas y tropas de infantería, tomaron por asalto la toma, venciendo rápidamente a los alzados y llevándoselos detenidos a Valparaíso. Cuenta Pérez que en la cárcel del puerto debieron mover unos fardos de pasto para hacer espacio a los más de 100 detenidos que fueron en un primer momento. En un acto de ingenio y rebeldía, al moverlos construyeron la misma trinchera que habían levantado en la toma del fundo San Miguel. Tan parecidas eran, que al despertarse al día siguiente, uno de los campesinos, “con bajo coeficiente intelectual”, precisa el autor, gritó: “¿Qué fundo nos tomamos ahora, compañeros?” Una nota de humor, en medio de una situación generalmente trágica (que no faltan en este texto, ni las unas ni las otras).

Hubo dos víctimas fatales a raíz de la batalla del fundo San Miguel. Una infinitamente más triste que la otra. Algunos de sus protagonistas cayeron tras el Golpe, varios debieron partir al exilio.

4. Amigos personales

Desde el intento de revolución campesina en el valle del Aconcagua, el autor nos lleva a un acontecimiento fundamentalmente urbano: el Grupo de Amigos Personales (GAP). Este fragmento se inicia con un relato fascinante y lleno de suspenso, en la noche del 10 al 11 de septiembre de 1973. La guardia pretoriana del Presidente Allende espera acuartelada un golpe de Estado, algo que era un rumor, un secreto a voces, una posibilidad que en esos días ya había adquirido una presencia atmosférica. El grupo estaba en sus dependencias de las casas de El Cañaveral y Tomás Moro.

A las 07:35 del 11 de septiembre, cuando el alzamiento de la Armada en Valparaíso era ya un hecho sabido, y se oían rumores de tropas del Ejército moviéndose hacia el centro de Santiago, los GAP acompañan al Presidente Allende en su viaje hacia La Moneda. La caravana de autos Fiat 125 enfiló rauda y armada hacia el centro. El Presidente llevaba el fusil AK-47 que le había regalado el Comandante Fidel.

El grupo del GAP que logró entrar con el Presidente al palacio resistió a los militares hasta algunas horas después del mediodía. Otro grupo, encabezado por “Bruno”, uno de los jefes más importantes del GAP, increíblemente se baja de su camioneta camino a La Moneda, frente a la Intendencia de Santiago, para preguntar a unos carabineros cómo iban las cosas, creyendo cándidamente que eran leales al Gobierno. Para su sorpresa, la de sus catorce hombres y la de los lectores del libro, son inmediatamente encañonados y arrestados, sin disparar un solo tiro.

Varios de ese grupo, como los que intentaron resistir en La Moneda y en las demás casas presidenciales, corrieron una suerte parecida: fueron detenidos, ejecutados, varios tirados al río Mapocho un par de días después del Golpe, otros aparecieron, mucho después, en el Patio 29. Otros, en fin, permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Hubo sobrevivientes, claro, muchos de los cuales en el exilio, donde fueron sistemáticamente entrevistados por el autor para, junto a otras fuentes, dibujar el cuadro probablemente más completo que existe del dispositivo de seguridad que rodeó a Salvador Allende, un dispositivo que existió y operó por el borde externo de la legalidad, y en el que, también, se entrecruzan las distintas vidas revolucionarias que revive este libro: hubo algunos “Elenos” en él, también miembros del MIR —grupo que controló el GAP en una primera etapa—, y del PS, que lo controló en la segunda y final.

5. El MIR: panorama y zoom

Tras el estudio del GAP el libro pasa revista en dos capítulos al MIR. El primero estudia la evolución del grupo, desde su formación a mediados de la década de 1960 hasta su última baja en 1989, después del plebiscito y poco antes de las elecciones que llevaron a Patricio Aylwin al poder: en la noche del 4 de septiembre de ese año cayó acribillado por agentes de la CNI Jécar Neghme, vocero de la fracción política del MIR.

Este primer capítulo empieza con un epígrafe notable. Es el comentario hecho ante las cámaras de Canal 13 “por una joven y buenamoza” testigo del asalto que el 20 de agosto de 1969 un comando del MIR hizo al Banco de Londres en Santiago: “Los asaltantes eran altos, se veían regios: ¡Me encantaron!”.

El segundo capítulo dedicado al MIR se concentra en su figura más emblemática: Miguel Enríquez y su muerte en combate en octubre de 1974.

La narración del primer capítulo se abre, también, con la noche del 10 al 11 de septiembre de 1973. El grupo de elite del MIR, la “Fuerza Central”, se encuentra acuartelada en distintas casas de seguridad, bajo la espada de Damocles en que se había constituido la posibilidad de un Golpe. Tras la experiencia que habían tenido con el Tanquetazo un par de meses antes, cuando no habían alcanzado a constituirse para actuar, ahora estaban en estado de alerta. Sin embargo, salvo un enfrentamiento en la Industria Indumet —en el que participó Miguel Enríquez— y otros pocos hechos puntuales, la Fuerza Central se quedó a la espera de órdenes para entrar en acción, órdenes que nunca llegaron, ni el día 11 ni después. El libro elabora algunas hipótesis interesantes para tratar de explicar este sorprendente hecho.

Luego, el relato de Pérez se lanza a recorrer la historia del MIR desde su fundación, en un local del centro de Santiago, el 15 de agosto de 1965. A partir de 1967, el grupo adopta una actitud más radical, con la llegada a su dirección de los estudiantes penquistas, Miguel Enríquez entre ellos. Así, por ejemplo, empezaron lo que ellos llamaban “recuperaciones”, que eran asaltos a bancos. Luego, pasaron a la clandestinidad. Una clandestinidad relativa en tiempos de Allende ya que, como vimos, el MIR estuvo a cargo del GAP hasta mediados de 1972.

La clandestinidad se hizo dramática tras el Golpe de 1973, pues las fuerzas de seguridad de la dictadura se lanzaron en jauría tras el MIR. El SIFA y la DINA compiten en su caza. Y comienzan a caer. Bautista von Schouwen (el “Bauchi”), uno de los dirigentes históricos, cayó en diciembre de 1973. Fue una de las primeras bajas de importancia, de una seguidilla que vendrían después, culminando con la muerte en combate de Miguel Enríquez a manos de la DINA el 5 de octubre de 1974.

A este episodio, casi mítico a estas alturas, el libro hace un zoom en el capítulo siguiente, un zoom que empieza con una perturbadora imagen: es la calle Santa Fe en la comuna de San Miguel. Miguel Krasnoff y un suboficial caminan mirando las casas, buscando. Hay niños jugando en la calle. Uno de ellos les indica con un gesto la casa azul-celeste, a la que los dos hombres, con armas evidentemente ocultas en sus ropas de civil, se dirigen.

Hay también otras imágenes perturbadoras: los combatientes que sucumben a la tortura y no sólo hablan, sino que se pasan al bando de los torturadores. Es la compleja humanidad que se pone en juego en estas circunstancias extremas y dramáticas, dejándonos preguntas que tal vez nunca podamos contestar. Quizás, sólo la literatura es capaz de encarar esas preguntas insondables, como el intento que hace Arturo Fontaine con su novela La vida doble (2010), un trabajo literario que algún parentesco tiene con el trabajo histórico que ahora presentamos.

Pero antes de concentrarse en el extraordinario episodio del combate y muerte de Miguel Enríquez, el libro de Pérez sigue desplegando la historia del MIR en los duros años tras su muerte. Viene la reorganización en el extranjero y la Operación Retorno, que empieza en 1977-78. Uno de los lugares seleccionados fue Neltume, en la cordillera a la altura de Valdivia, la zona donde el mismo 11 de septiembre de 1973, José Liendo (el “Comandante Pepe”), al mando de un grupo de campesinos, abrió fuego contra el retén de carabineros de Neltume.

En el marco de la Operación Retorno comenzaron a ejecutarse las primeras acciones el año 1979, con asaltos o “recuperaciones”. Es la Fuerza Central del MIR otra vez en acción. Como recién se apuntó, un hecho importante del Retorno fue el campamento guerrillero que, a principios de 1980, los miristas montaron en Neltume. Fueron descubiertos en junio de 1981. En los meses siguientes empezaron a caer todos. El mismo año se inicia el proceso de decadencia del MIR, el que sufrió golpes importantes como las operaciones en las calles Fuenteovejuna y Janequeo, en septiembre de 1983. Este declive, como se apuntó más arriba, terminó con el asesinato de Jécar Neghme en 1989. Aquí se cierran los dos capítulos que el libro dedica al MIR, quizás el equivalente más cercano al Che y su ejército en nuestra conciencia colectiva.

Y a continuación se abre el último fragmento de estas vidas revolucionarias, uno cuyas acciones son un poco más recientes y, por lo mismo, están más frescas en la memoria. Se trata del brazo armado del Partido Comunista: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

6. Los últimos tiros: el FPMR

El talento literario de Cristián Pérez una vez más se luce en la obertura: La imagen es de una mujer, “buenamoza”, que contempla las aguas del río Tinguiririca, fumando un cigarro. Era la mañana del jueves 27 de octubre de 1988. Luego se le acerca un hombre más bien delgado, le dice algo al oído y ella lo abraza con ternura. Estaban en la cordillera, más o menos frente a Curicó. El paisaje es idílico, la primavera ya está en forma. Hay una calma aparente, que un rato después se rompió violentamente por la irrupción de innumerables efectivos del GOPE de Carabineros. Pocos días después, los cuerpos torturados y baleados de la pareja son encontrados flotando en el Tinguiririca. Eran “Tamara” (Cecilia Magni) y “José Miguel” (Raúl Pellegrín), máximas figuras del Frente, que días antes, para el Plebiscito de 1988, habían ocupado el pueblo y retén de Los Queñes.

Abrir el capítulo del Frente con ese suceso es muy acertado, pues da una idea del proceso que experimentó el Frente en relación con el proceso político general de Chile entre dictadura y transición. El análisis histórico-político que el libro hace de este proceso es extraordinariamente valioso.

La preparación del Frente comenzó en abril de 1975, con el ingreso de 28 comunistas chilenos a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en La Habana, tras conversaciones entre chilenos en el exilio, soviéticos, miembros de otros países tras la Cortina de Hierro y Fidel, en una operación que refleja la Guerra Fría en todo su esplendor. El hecho del ingreso a esa escuela militar es revelador: el Frente aspiró siempre a ser una estructura militar, con grados y disciplina castrense.

Algunos de sus líderes se foguearon en Nicaragua combatiendo contra las fuerzas de Somoza, como una antesala de la puesta en práctica de la “Política de Rebelión Popular de Masas del PC”. En noviembre de 1980, Santiago, Valparaíso y Viña del Mar quedaron a oscuras por un apagón provocado por el derribe de torres de alta tensión. Al año siguiente fueron saboteadas torres cuando se transmitía el Festival de la Canción. ¿Los autores? Un tal comando “Manuel Rodríguez”. Un par de años después, en medio de la crisis social y económica de 1983, ese comando se transformaría en el FPMR, bajo la dirección de Raúl Pellegrín.

La actividad del Frente fue intensa: apagones, acciones de propaganda armada, “recuperaciones” y dos hechos mayúsculos: la internación de armas por Carrizal y el atentado contra Pinochet y su comitiva, entre 1985 y 1986. Todo con el objeto de lograr un estado masivo de rebelión popular. Ambos hechos están relatados con precisión y maestría. En ellos se aprecia la humanidad de la vida, en la que la disciplina y los férreos ideales se entremezclan con las pasiones y los instintos. Basta citar la relación de los comandos encargados de la internación de armas en Carrizal con la casa de putas de Vallenar, algo que, de alguna manera, recuerda la muerte en 1970 de Elmo Catalán en Cochabamba. La vida misma: trágica y cómica al mismo tiempo, en una mezcla tan potente como compleja.

Esa complejidad se empezó a observar en los años siguientes, marcando su inicio la Operación Albania, el golpe asesino que la CNI asestó al Frente en 1987. El relato de Cristián Pérez se adentra en las entrañas de la organización y de su relación con el PC, del cual se empezaron a autonomizar en ese año, separándose de la línea política que tomó el partido e insistiendo en la estrategia militar, en lo que se llamó la “Guerra Patriótica Nacional”. La cuestión es delicadísima. Pérez la estudia con tanta profundidad como prudencia y tacto. El asalto a Los Queñes (un fracaso sonado), pocos días después del Plebiscito (un triunfo sonado), es un hecho elocuente de esa delicada tensión.

Luego vendrán otras acciones, que traspasarán el retorno a la democracia, diluyéndose progresivamente el sentido político de su actuar. El relato —y el libro— se cierra con el rescate de los frentistas presos en diciembre de 1996, en un helicóptero, desde la Cárcel de Alta Seguridad.

7. El éxito de un fracaso

El trabajo de Cristián Pérez tiene muchos méritos. Enfoca en perspectiva histórica y echa luz sobre una dimensión fundamental de la historia reciente de Chile. Una dimensión que, por las condiciones políticas que la subyacieron, carece de los registros usuales de la historia.

Desde la recuperación de la democracia en 1990, se ha venido intentando recuperarla. Por ejemplo, están los esfuerzos de las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004), en cuales, a partir de trazos, fragmentos y testimonios, se ha buscado entender un pasado del que, deliberadamente, se trató de no dejar huella.

Aquí también radica el valor de este libro. Al valor literario de su relato (un relato casi cinematográfico a veces), se suma la interpretación histórica y, a todo esto, el registro, la búsqueda de huellas. Me tocó presenciar el largo y paciente trabajo de Pérez a través de los años. Lo vi ir y venir, hacia distintos lugares de Chile y hacia distintos países del mundo, con sus entrevistas y testimonios (de ambos lados, vencedores y vencidos), sus listados de fechas, de “chapas” o nombres políticos y de nombres reales. Lo vi chequear y cruzar estos datos con otros testimonios, con los registros disponibles, con informaciones de prensa; para preservar una información que, de otra manera, estaría muriendo con sus protagonistas.

En esto mismo radica el interés del CEP en este proyecto y en su trabajo: tratar de hacer historia antes que sus fuentes desaparezcan para siempre.

Al empezar este comentario dije que una épica de la derrota recorre esta historia. La impavidez de los habitantes de Sabaya ante el regalo en dólares de los guerreros sobrevivientes del Che en 1968 es un símbolo de la aridez con que la tierra recibe el llamado a la revolución, pese a la valentía y pasión que pusieron en ella las vidas que estudia este libro.

Pero esta historia envuelve un triunfo que, tal vez, ni siquiera estuvo en la mente de quienes la protagonizaron. Sus nombres engrosan los informes Rettig y Valech, y sus caras y biografías se exhiben al público en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos.

Por esta vía, indirecta, sus vidas y sus muertes participan de un triunfo moral en el mejor sentido que la expresión tiene: la vigencia jurídica, política y, sobre todo, cultural, de los derechos humanos.