Revista de Políticas Públicas

Nº 134 otoño 2014

www.cepchile.cl

Director Responsable: Harald Beyer B.
Editor: Ernesto Ayala M.
Asistente Editorial: Joaquín Trujillo

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos publicados en la primera sección de Estudios Públicos han sido previamente sometidos a un arbitraje ciego por al menos dos especialistas externos al CEP. Los trabajos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni del Centro de Estudios Públicos.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Contenido

Artículo

TRAYECTORIAS EDUCACIONALES E INSERCIÓN LABORAL EN LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

Osvaldo Larrañaga

Gustavo Cabezas

Francisca Dussaillant

Artículo

DESIGUALDAD, MOVILIDAD, POBREZA: NECESIDAD DE UNA POLÍTICA SOCIAL DIFERENTE

Claudio Sapelli

Artículo

LA MORAL INDIVIDUAL Y LA MORAL DE LAS INSTITUCIONES*

Thomas M. Scanlon

Artículo

¿INNOVAR PARA EXPORTAR O EXPORTAR PARA INNOVAR?

Eduardo Bitran

Cristián González U.

Conferencia

¿PUEDE DURAR EL AMOR?*

Ricardo Capponi

Conferencia

DEMOCRACIA Y DOS SENTIDOS DE LIBERTAD*

Lucas Sierra

Conferencia

¿DEMOCRACIA LIBERAL O LIBERTAD DEMOCRÁTICA?*

Juan Pablo Mañalich

Conferencia

CAMBIO DE CICLO POLÍTICO*

Ernesto Ottone

Libro

¿DEMOCRACIA POPULAR EN CHILE?

Sofía Correa Sutil

Artículo

TRAYECTORIAS EDUCACIONALES E INSERCIÓN LABORAL EN LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

Osvaldo Larrañaga

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Gustavo Cabezas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Francisca Dussaillant

Universidad del Desarrollo

Osvaldo Larrañaga. Economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania. Actualmente se desempeña como encargado del área de pobreza y desigualdad de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile. Email: osvaldo.larranaga@undp.org.

Gustavo Cabezas. Economista y magíster en economía aplicada de la Universidad Alberto Hurtado. Trabaja en el área de pobreza y desigualdad del PNUD en Chile. Email: gustavo.cabezas@undp.org.

Francisca Dussaillant. Ingeniera civil industrial de la Universidad Católica. Master en educación en la Universidad de Carolina del Norte y doctora en economía de la Universidad Católica. Actualmente está afiliada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Email: mfdussaillant@udd.cl.

Este artículo está basado en un estudio que el Ministerio de Educación de Chile encargó al PNUD. El informe completo del estudio puede ser consultado en la página web del PNUD (Larrañaga, Cabezas & Dussaillant 2013). El Mineduc proveyó los datos que sustentan la investigación y se cuenta con su aprobación para realizar la presente publicación. Este artículo, sin embargo, es exclusiva responsabilidad de los autores y no representa la opinión del PNUD ni demás agencias del Sistema de Naciones Unidas. Los autores agradecen los comentarios de los dos árbitros de la revista Estudios Públicos, así como aquellos formulados por Claudia Peirano, Paulina Araneda, Hernán Araneda, Celia Alvariño, Carlos Henríquez, Rodrigo Herrera, Denise Falck y de profesionales del PNUD a versiones preliminares del documento. Asimismo, el estudio base que origina el documento contó con los comentarios de Francisco Lagos, Gabriel Ugarte, Alejandro Weinstein, Loreto Cox y otros profesionales del Mineduc.

Resumen: Alrededor del 45 por ciento de los estudiantes que se gradúan en la enseñanza media en Chile cursan la educación técnico profesional. El presente estudio entrega evidencia empírica sobre sus trayectorias educacionales y su inserción laboral. Para ello se sigue a través de registros administrativos a toda la cohorte de estudiantes que cursó segundo medio en el año 2003, a través de su paso por la enseñanza media, educación superior e inserción laboral. El documento cubre la elección de la modalidad de enseñanza media técnico profesional versus científico humanista, los resultados de aprendizaje en el Simce de segundo medio y en la Prueba de Selección Universitaria, la deserción en la enseñanza media, el acceso a la educación terciaria por tipo de institución, la graduación versus deserción en los estudios terciarios, la inserción en el mercado laboral y las remuneraciones obtenidas.

Palabras clave: educación media técnico profesional, trayectorias educacionales, inserción laboral, diferencias salariales de género.

Recibido: septiembre 2013; aceptado: abril 2014.

EDUCATIONAL PATH AND LABOR MARKET INSERTION IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

Abstract: Secondary vocational educational represents around 45% of students who graduate from secondary schools in Chile. This study provides empirical evidence about the educational trajectories and labor market insertion of the complete cohort of students that attended 10th grade in the year 2003. We use administrative data which allows for following individual students through secondary education, higher education and into the labor market. The paper addresses the choice between vocational and general secondary education, learning outcomes in the 10th grade Simce Standardized  Test and the University Entry Test, the dropout rate in secondary education, entry to higher education, the dropout versus graduation rates in higher education institutions, labor market participation and labor earnings.

Keywords: Secondary vocational education, educational trajectories, labor market insertion, gender pay gap.

Received: September 2013; accepted: April 2014.

INTRODUCCIÓN

La educación media técnico profesional congrega actualmente a un gran número de estudiantes en el país: entre el 40 y 45 por ciento de los alumnos de tercero y cuarto de enseñanza media, dependiendo de la cohorte. Este porcentaje aumenta a alrededor del 60 por ciento entre los estudiantes de los tres primeros quintiles de ingreso.

De acuerdo con el marco curricular que introduce la reforma de 1998, la formación media técnico profesional “ofrecerá a los alumnos y las alumnas oportunidades de realizar aprendizajes en un campo de especialización que facilite su acceso a un primer trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, mediante una formación técnica en el ámbito de un sector del mundo productivo, que los prepare en forma efectiva para el trabajo y para responder con flexibilidad a la velocidad de los cambios tecnológicos”.[1]

Así, el objetivo de la educación media técnico profesional es formar competencias para el trabajo y debiera ser un pilar importante de la formación de capital humano del país. También debiera contribuir a la movilidad social en vista de la composición socioeconómica de sus estudiantes. Sin embargo, la enseñanza media técnico profesional ha estado relativamente ausente del debate educacional de los últimos años, posiblemente porque la composición socioeconómica de sus alumnos la convierte en un sector educacional con baja visibilidad política.

A la falta de visibilidad del sector contribuye también la carencia de estudios e indicadores que informen sobre los resultados que obtienen los estudiantes en el campo educacional y laboral. Así, existe un conjunto de preguntas abiertas sobre el futuro de la enseñanza media técnico profesional: ¿está respondiendo a los objetivos que plantea su marco curricular y preparando a los estudiantes para insertarse en el mercado del trabajo? ¿Sigue siendo válida como una fase terminal de estudios o debe también preparar a sus alumnos para que continúen los estudios en el nivel terciario? ¿Hay que dar mayor peso en el currículo a los conocimientos y habilidades generales para facilitar los ajustes posteriores en el mercado del trabajo?

El presente estudio tiene por objetivo proveer evidencia empírica que contribuya a dar respuesta a estas preguntas y otras relacionadas. Para ello, se analizan las trayectorias educacionales y la inserción laboral de toda la cohorte de estudiantes que cursó segundo medio en el año 2003, utilizando para tal efecto registros administrativos individuales de los estudiantes durante su paso por la enseñanza media, la enseñanza superior y su inserción en el mercado laboral. Esta cohorte fue elegida porque es la que permite el mejor aprovechamiento de los datos disponibles.

El análisis cubre los principales hitos de las trayectorias seguidas por estos jóvenes: ingreso a la educación media técnico profesional o científico humanista, resultados de aprendizajes en el Simce de segundo medio y en la Prueba de Selección Universitaria, deserción en la enseñanza media, acceso a la educación terciaria por tipo de institución, graduación versus deserción de los estudios terciarios, inserción en el mercado laboral y remuneraciones obtenidas.

El estudio es inédito en términos de las bases de datos utilizadas, puesto que investigaciones previas en la materia no dispusieron del conjunto de fuentes aquí disponibles. Una excepción es el estudio de Ministerio de Educación (2011) en tanto accede a las mismas bases de datos, pero su análisis refiere a un período bastante más corto (cohorte del año 2008 seguida en los años 2009 y 2010).

El estudio entrega una visión comprehensiva de las trayectorias seguidas por los alumnos de la cohorte, pero cada uno de los temas tratados puede ser objeto de investigaciones más específicas y detalladas. En particular, el presente trabajo no tiene por objetivo la estimación de efectos causales, los cuales requieren del uso de métodos experimentales o la aplicación de técnicas estadísticas mediante instrumentos que provean variación exógena en la variable de interés. Por regla general, es difícil identificar efectos causales y ello excede el ámbito del estudio. Se sigue que los resultados aquí obtenidos no pueden ser interpretados como causados por la enseñanza técnico profesional, según se discute en el texto correspondiente.

Asimismo, los resultados del estudio no reflejan a la educación técnico profesional en abstracto, sino como parte del sistema que operaba en Chile en la década que va de 2000 a 2010. Éste se origina en la reforma curricular de fines de los años 90, que recopiló un conjunto de antecedentes sobre las competencias laborales que demandaba el mercado del trabajo y que pasaron a formar parte del currículo de enseñanza (Miranda 2003). Sin embargo, las evaluaciones más recientes muestran que alrededor de la mitad de los módulos de formación no se completan porque requieren más tiempo que el disponible en el año escolar (Espinoza 2011). Igualmente, hay falta de equipamiento adecuado en los establecimientos y escasez de profesores que posean las calificaciones necesarias para la enseñanza (Ministerio de Educación 2011).

El documento se organiza en cuatro secciones. En primer término, se presentan antecedentes generales sobre la educación media técnico profesional y se describen las bases de datos usadas en el estudio; en segundo lugar, se presentan los resultados de las trayectorias educacionales de la cohorte bajo análisis; la tercera sección presenta la inserción laboral de la cohorte, y en la última sección se sintetizan los principales resultados obtenidos.

1. ANTECEDENTES Y DATOS

1.1. Antecedentes

No hay un modelo único en el mundo en términos de la organización de la educación secundaria. La mayoría de los países de Europa y América Latina, Chile incluido, organizan la educación media en modalidades alternativas de enseñanza general y vocacional (técnico profesional en Chile), aunque hay diferencias en la etapa del ciclo educacional en que éstas se separan, en la existencia o no de establecimientos exclusivos para cada modalidad, en el número de especialidades de la educación técnica, así como en otras materias. Algunos países ofrecen formación vocacional de tipo dual, en forma alternada en las escuelas y lugares de trabajo (Alemania, Austria y Suiza, entre otros). También hay casos, como Estados Unidos y Nueva Zelandia, en que todos los alumnos son cubiertos por un currículo común de educación general, si bien pueden cursar asignaturas opcionales de contenido vocacional.

La proporción de estudiantes en educación vocacional es también variable. Dentro de los países de la OECD, ella fluctúa entre el 65 y 80 por ciento en Europa central; en torno al 50 por ciento en los países escandinavos; entre el 30 y 40 por ciento en Europa mediterránea, Japón y Corea, y es prácticamente inexistente en Estados Unidos y Nueva Zelandia (Sahlberg 2007).

Las variantes de organización de la enseñanza secundaria responden por lo general a desarrollos históricos de los países, no obstante la enseñanza vocacional congrega a la mitad o más de los estudiantes en la mayoría de los países desarrollados. Hay, eso sí, una tendencia a reducir el nivel de especialización en la formación vocacional, habida cuenta de la cambiante realidad del mercado laboral, que exige de competencias generales por parte de los trabajadores para adaptarse mejor a nuevos empleos. También son notorios los esfuerzos que están realizando los países desarrollados para implementar estrategias de formación de competencias laborales a lo largo del ciclo de vida de los trabajadores (OECD 2009).

La estructura de la educación escolar vigente proviene básicamente de la reforma educacional de Frei Montalva en 1965, que extendió la educación primaria de seis años de “preparatorias” a ocho años de educación básica y creó la educación media de cuatro años en modalidades de enseñanza general y técnico profesional. Previamente, la educación secundaria consistía en seis años de educación general de “humanidades”, que acogían a un porcentaje minoritario de jóvenes que luego cursaban estudios superiores o se integraban al mercado laboral en ocupaciones de oficinas. También había establecimientos de enseñanza técnica en el ámbito comercial y de oficios, incluida la formación de profesores primarios en las escuelas normales.

Bajo el currículo vigente desde 1998, los estudiantes de educación media cursan los dos primeros años en educación general y los dos últimos, en modalidad diferenciada, si bien en la práctica la elección entre modalidades ocurre al inicio de la enseñanza media, dado que la mayoría de los establecimientos a partir de tercero medio ofrece sólo un tipo de enseñanza u otra.[2] La modalidad técnico profesional contiene un conjunto de opciones de especialización agrupadas en sectores económicos y los egresados que completan una práctica profesional reciben el título de técnico de nivel medio.

1.2. Revisión de la literatura

La literatura internacional contiene una gran diversidad de investigaciones respecto de la educación secundaria vocacional. En materia del desempeño laboral, la mayor parte de los estudios realiza una evaluación comparativa entre los egresados de la educación secundaria vocacional versus general, con resultados que varían según la población evaluada y los datos y metodologías utilizados. El artículo de Meer (2005) provee una revisión útil de esta literatura. Una dificultad común en la estimación de los retornos de la educación vocacional es separar el efecto de la enseñanza respecto de atributos no observados que hacen distintos a los estudiantes en educación vocacional versus general (Malamud & Pop-Eleches 2008). También es relevante el horizonte de evaluación, dado que las competencias específicas adquiridas en la enseñanza vocacional pueden ser más efectivas en los primeros años de la inserción laboral, mientras que en el mediano y largo plazo adquieren más valoración las competencias generales que faciliten la adaptación a nuevos trabajos (Hanushek, Woessmann & Zhang 2011).

Otra línea de investigaciones refiere al efecto que sobre la igualdad de oportunidades tiene la asignación de alumnos en modalidades diferenciadas de enseñanza, dado que la mayoría de los estudiantes de familias vulnerables asiste a educación vocacional. Las investigaciones comparan países que difieren en el número de años en que los alumnos se ven expuestos a separación en las modalidades general y vocacional, o bien analizan situaciones de cambio de regímenes al interior de países. Los resultados muestran que mientras menos expuestos están los alumnos a contenidos de formación general, mayor tiende a ser la incidencia del nivel socioeconómico sobre los resultados, deteriorándose la distribución de oportunidades (Brunello & Checchi 2007).

A nivel internacional, la literatura muestra que los estudiantes de la enseñanza vocacional obtienen en promedio resultados educacionales inferiores en las pruebas TIMSS y PISA. Los resultados más bajos de la educación vocacional pueden deberse a razones intrínsecas de esta modalidad —es un currículo más acotado en asignaturas de formación general—, pero también podrían dar cuenta de una población de estudiantes con menores niveles de habilidades iniciales o profesores de menor calidad. Sin embargo, hay autores que postulan que la educación vocacional contribuye a la formación de rasgos de carácter, que derivan en mejores resultados educacionales en los grupos vulnerables. Una revisión de esta literatura se encuentra en Farías (2013).

En Chile ha existido un conjunto de estudios basados en microdatos que evalúan la inserción laboral de los egresados de la educación media técnico profesional en relación con los egresados de la modalidad científico humanista. Una primera ronda de estudios está basada en encuestas realizadas a muestras de egresados de ambas modalidades, cuyos resultados muestran que los egresados de la enseñanza técnico profesional tienen tasas más altas de ocupación y salarios iguales o mayores al grupo de comparación. Las evaluaciones refieren a los primeros años de la inserción laboral y no controlan por sesgos de selección en atributos no observables de los egresados. Ver en particular Cáceres & Bobenrieth (1993), Bravo (1999) y Centro de Microdatos (2009).

Una segunda ronda de estudios utilizan microdatos de carácter censal provenientes de registros administrativos, como en el caso del Ministerio de Educación (2011) y Bucarey & Urzúa (2013a). Estos últimos autores utilizan variables instrumentales para corregir por el efecto de selección en la distribución de los estudiantes entre las modalidades de enseñanza media, para encontrar que los jóvenes que egresan de la educación media técnico profesional obtienen una menor remuneración promedio que aquellos que egresan de la enseñanza científico humanista, pero el resultado varía de acuerdo con las ramas de estudio en la enseñanza vocacional.

Otras investigaciones también basadas en microdatos han estudiado la elección entre educación media técnico profesional y científico humanista. Farías (2013) releva el rol que juegan los factores culturales y muestra que el entorno sociocultural empuja a estudiantes vulnerables con potencial académico a estudiar educación media técnico profesional, una elección que los situaría en desventaja para seguir estudios universitarios.[3] Ver también, Cáceres & Bobenrieth (1994), De Iruarrizaga (2009) y Centro de Microdatos (2009).

Otro trabajo relevante es Bassi et al. (2012), donde se muestra que los egresados de la educación media técnico profesional contarían con una mayor dotación de habilidades socio-emocionales que sus pares de la enseñanza científico humanista, y que tal resultado se originaría en los hábitos que forma la enseñanza aplicada al trabajo.

Información también pertinente es provista por estudios cualitativos que indagan sobre las aspiraciones y expectativas de los estudiantes de la educación media técnico profesional. Sepúlveda et al. (2010) muestran que la mayoría de los alumnos del sector proyectan continuar sus estudios en el nivel superior y que para ellos la enseñanza media técnico profesional es un recurso que les permite tener un empleo a su egreso del nivel y así poder financiar el costo directo e indirecto de los estudios superiores. Evidencia en tal sentido es provista también por Ortiz (2009).

1.3. Los datos y la cohorte de análisis

El estudio analiza las trayectorias educacionales y la inserción laboral de la cohorte que cursó segundo medio en el año 2003. Ello se realiza siguiendo a la cohorte a través de microdatos contenidos en registros administrativos, que se unifican a través del Registro Único Nacional de cada estudiante. Como resultado se obtiene una base de datos longitudinal, que cubre las trayectorias de la cohorte en la educación media y superior, así como en el mercado laboral, en el período que va desde 2003 a 2012.

Las bases de datos utilizadas son las siguientes:[4]

• Registro de Estudiantes de Chile (RECh), años 2003 a 2011. Contiene datos longitudinales anuales para todos los estudiantes en el ciclo de la enseñanza básica y media. Permite conocer el establecimiento al que asiste el estudiante, el grado de estudios y la modalidad de enseñanza, entre otras variables.

• Servicio de Información de la Educación Superior (SIES), años 2007 a 2011. Contiene datos longitudinales anuales para la casi totalidad de los estudiantes en educación superior.[5] Permite conocer el tipo de estudios, el establecimiento y la carrera cursada, entre otras variables.

• Simce 2003 de segundo medio. Informa sobre las características de los hogares y los resultados obtenidos en la prueba Simce de ese año.

• Pruebas de Selección Universitaria de los años 2006 en adelante. Informa sobre los resultados obtenidos en la PSU y las características de los estudiantes y sus hogares.

• Base de datos del Seguro de Cesantía, año 2003 a 2012. Contiene datos longitudinales mensuales de los asalariados que cotizan en el Seguro de Cesantía, que son todos aquellos que tienen contrato de trabajo con excepción de los empleados públicos.

Para la cohorte principal no se dispone de mediciones de logro académico previo a la enseñanza media, puesto que a ella no le correspondió por calendario rendir el Simce de cuarto u octavo básico. Para relacionar el logro en la educación básica con las trayectorias educacionales posteriores se utilizan, a modo de complemento, los datos de una segunda cohorte, denominada en adelante “cohorte auxiliar”, correspondiente a los alumnos que rindieron el Simce de octavo básico en 2004. Las características de los alumnos de esta segunda cohorte son muy similares a los alumnos de la cohorte principal, por lo que la información allí provista debiera aproximar razonablemente bien las tendencias de la cohorte principal.

La cohorte principal de análisis contiene 106.562 estudiantes en la modalidad técnico profesional (TP) y 129.157 en la modalidad científico humanista (CH); 45,2 y 54,8 por ciento, respectivamente.[6] Los hombres tienen mayor representación en la modalidad TP, puesto que el 47,8 por ciento de ellos sigue esta modalidad, comparado con el 42,6 de las mujeres.

La figura 1 describe en una línea de tiempo la cobertura de las bases de datos disponibles para la cohorte principal. Hay que notar que esta cohorte egresa oportunamente de la enseñanza media en 2005 y que el SIES registra los datos de los estudiantes en la educación superior desde el año 2007. Por tanto, hay un “punto ciego” en el año 2006, cuyo efecto práctico es no poder identificar a quienes accedieron y desertaron de la educación superior en ese año.[7] En cambio, no hay problemas para identificar a quienes ingresaron a la educación superior ese año y siguieron estudiando en años posteriores, puesto que ellos quedan registrados en el SIES a partir del 2007.

Los datos laborales provienen de la base del Seguro de Cesantía. Esta base de datos registra mes a mes la remuneración y otra información del puesto de trabajo de cada trabajador adscrito al seguro. La afiliación al Seguro de Cesantía es obligatoria para todos los ocupados cuyos contratos laborales se establecen desde el año 2003 y voluntaria para los contratos anteriores. No son cubiertos los empleados del sector público, los trabajadores por cuenta propia, los asalariados informales y las trabajadoras de casa particular. No obstante, la elevada rotación laboral existente en Chile causa que la gran mayoría de los trabajadores quede registrada en la base del Seguro de Cesantía en aquellos períodos en que acceden a empleos que califican para cotización obligatoria.[8]

Figura 1. Diagrama para la construcción de la base de datos

2. TRAYECTORIAS EDUCACIONALES

2.1. ¿Quiénes estudian enseñanza media técnico profesional versus científico humanista?

Investigaciones previas para Chile muestran que hay dos variables claves que intervienen en la distribución de los estudiantes de enseñanza media entre las modalidades de educación general y vocacional: el nivel socioeconómico y el rendimiento académico.[9] La discusión que sigue tiene carácter descriptivo, no siendo propósito de este documento la estimación de un modelo de elección de modalidades de enseñanza.

En este estudio la variable socioeconómica se mide en base a la escolaridad de la madre, según es informada en el cuestionario a los padres de la prueba Simce. Los alumnos se clasifican en cinco niveles según los estudios de sus madres: (i) educación básica incompleta o sin educación; (ii) educación básica completa; (iii) educación media incompleta; (iv) educación media completa; (v) educación superior, completa e incompleta. La distribución resultante entrega grupos de tamaños relativamente similares y por ello no difiere demasiado de una clasificación en quintiles.[10]

Por su parte, el rendimiento escolar se mide en base a los resultados del Simce de octavo básico.[11] Ésta es una medida de logro escolar anterior al ingreso a la enseñanza media y, por tanto, no está influenciada por las características de la variable que es investigada. El análisis se realiza en la cohorte auxiliar, que cuenta con la medición del Simce de octavo básico. Si bien el resultado individual de la prueba Simce no es informado a los alumnos o sus padres, el puntaje Simce se correlaciona con indicadores observables del rendimiento académico, como el promedio de notas o con el ranking del estudiante en su curso, así como con la disposición general que los alumnos tienen respecto de los estudios.[12]

El cuadro 1 muestra el porcentaje de alumnos de la cohorte que sigue la modalidad técnico profesional, según nivel socioeconómico y quintil de puntaje de Simce de octavo básico. Resulta claro que la enseñanza media técnico profesional atrae preferentemente a estudiantes de familias vulnerables. Alrededor de tres de cada cinco estudiantes de los primeros niveles socioeconómicos siguen esta modalidad de estudios, mientras que en el segmento más acomodado la gran mayoría se adscribe a la enseñanza científico humanista. Asimismo, los alumnos que tienen puntajes más bajos en la prueba Simce de octavo básico optan preferentemente por la enseñanza media técnico profesional. Más de la mitad de aquéllos en los dos quintiles inferiores de resultados del Simce siguen la educación media técnico profesional, comparados con sólo un 18 por ciento en el quintil superior.

Cuadro 1. Porcentaje de alumnos en modalidad técnico profesional según nivel socioeconómico y quintiles resultados Simce de octavo básico

Quintiles Simce

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

1

62,1

63,8

62,3

52,9

31,8

57,5

2

64,4

63,4

59,2

48,0

24,1

53,0

3

62,9

61,3

55,1

42,3

17,9

45,7

4

60,2

57,3

49,2

34,0

11,0

34,8

5

50,4

46,6

37,0

21,2

4,5

17,6

Total

61,8

60,5

54,6

38,6

12,2

41,3

Fuente: RECh 2003 a 2011; Simce 2004 octavo básico, cohorte auxiliar.

Es evidente que hay interrelación entre el nivel socioeconómico y el resultado del Simce. La correlación es positiva entre estas variables, de modo que los estudiantes de nivel socioeconómico alto tienden a tener buenos resultado en el Simce, mientras que los estudiantes de nivel socioeconómico bajo se concentran en la mitad inferior de los puntajes Simce (ver cuadro A.1 en Anexo). Éste es un hecho a tener presente cuando se interpretan los resultados del cuadro 1, que presenta porcentajes al interior de cada celda (pero no informa cuánta población hay en cada celda).[13]

Es interesante notar que los estudiantes en los niveles socioeconómicos inferiores tienden a optar por la enseñanza técnico profesional con relativa independencia del resultado obtenido en la prueba Simce. En cambio, en los estratos socioeconómicos medios y altos el resultado Simce cobra mayor relevancia, en tanto la probabilidad de seguir estudios técnico profesionales es mucho mayor en los estudiantes de bajo rendimiento académico.

En el Anexo se presentan los resultados de regresiones cuyos coeficientes proveen estimaciones más precisas del cambio en la probabilidad de estudiar TP frente a cambios en sus determinantes, controlando por el efecto de las demás variables. Los resultados muestran que la probabilidad de estudiar en la modalidad técnico profesional desciende en forma abrupta a partir del cuarto nivel socioeconómico y del cuarto quintil del resultado en el Simce, si bien el efecto de la variable socioeconómica es más importante en cuanto a su magnitud (cuadro A.2).

Los resultados descritos son consistentes con la premisa de que la enseñanza media técnico profesional constituiría una puerta de acceso más temprana al mercado laboral, por lo que atraería a quienes tienen una mayor necesidad de generar ingresos monetarios, así como a quienes tienen bajas expectativas de continuar estudios universitarios por presentar insuficiente rendimiento en los estudios generales.

2.2. Expectativas de los padres sobre la escolaridad que alcanzarán sus hijos

Las expectativas que tienen los padres sobre los logros educativos que alcanzarán sus hijos constituyen un factor relevante en la determinación de las trayectorias educacionales. Farías (2013) muestra que la decisión de elegir educación media técnico profesional es influenciada por las familias en la mayoría de los estudiantes considerados en su investigación para Chile.

Las expectativas se pueden medir en el cuestionario que responden los padres en la prueba Simce, que incluye la pregunta: “¿Qué nivel de estudios cree que completará el alumno?”. En la medición realizada en 2004 (Simce de octavo básico, cohorte auxiliar), cerca del 80 por ciento de los padres esperaba que sus hijos obtendrían en el futuro un título de nivel superior (cuadro 2). El dato de mayor interés es la respuesta comparada según la modalidad educacional a la cual asistirán los hijos en la enseñanza media. La opción de estudios superiores es favorecida por el 87,4 por ciento de los padres cuyos hijos asistirán a la enseñanza científico humanista y el 66,9 por ciento de aquellos con hijos que asistirán a la enseñanza media técnico profesional.[14] En el primer caso, la mayoría asumía que los estudios se realizarían en universidades; mientras que en el segundo caso la mayor parte suponía que tendrían lugar en institutos profesionales o centros de formación técnica.

Este es un resultado importante, porque muestra que la mayor parte de los padres que matricula a sus hijos en enseñanza media técnico profesional no considera esta modalidad como etapa final de la educación de sus hijos, sino que proyecta la continuidad de los estudios hacia carreras técnicas o profesionales de nivel superior.

En la formación de expectativas intervienen factores subjetivos, como preferencias, aspiraciones y motivaciones, así como factores objetivos, como el desempeño escolar de los hijos, la calidad de la educación a la que pueden acceder, los recursos económicos del hogar, etcétera. El análisis de regresión muestra que el porcentaje de padres que espera continuidad de los estudios en el nivel superior crece con el nivel socioeconómico del hogar y el resultado del Simce en octavo básico; asimismo, es más elevado en el caso de las alumnas mujeres que los alumnos hombres (cuadro A.3 en Anexo).

Cuadro 2. Expectativas de los padres en octavo básico sobre la continuidad de estudios de los hijos, según modalidad de estudio seguida posteriormente en enseñanza media (%)

TP

CH

Total

% que espera siga estudios superiores

66,9

87,4

78,6

• En universidades

27,8

71,8

53,0

• En instituto profesional o centro de

formación técnica

39,1

15,6

25,6

Fuente: RECh 2003 a 2011; Simce octavo básico, 2004. Cohorte auxiliar.

2.3. Distribución de estudiantes de enseñanza técnico profesional entre dependencias educacionales

La enseñanza media técnico profesional se imparte en establecimientos municipales, particular subvencionados y de administración delegada a corporaciones privadas. Los dos primeros tipos congregan a la mayoría de los estudiantes, representando al 48 y 40,1 por ciento, respectivamente, de la cohorte técnico profesional en estudio.[15]

Los establecimientos municipales y particular subvencionados se financian con una subvención por alumno, cuyo monto varía dependiendo de la especialidad de estudios. En cambio, los liceos de administración delegada tienen un financiamiento basal del Estado y en su mayor parte son gestionados por organismos vinculados a gremios de sectores productivos, lo que en principio permitiría una mayor correspondencia entre los estudios realizados y las demandas de los mercados laborales.

La distribución socioeconómica de alumnos en la enseñanza media técnico profesional es muy similar entre las distintas dependencias educacionales (cuadro 3). Ello contrasta con la enseñanza media científico humanista, donde hay una marcada segmentación socioeconómica de los alumnos entre dependencias, puesto que los establecimientos pagados concentran al segmento más pudiente, la educación particular subvencionada al segmento medio-alto y la educación municipal a los alumnos vulnerables (cuadro A.4 en Anexo).

Sin embargo, hay diferencias en el nivel académico de los alumnos que ingresan a los diferentes tipos de establecimientos de la educación media técnico profesional (cuadro 4). Al interior de cada nivel socioeconómico se constata que los establecimientos delegados a corporaciones privadas captan alumnos con mejores resultados en la prueba Simce de octavo básico. La brecha a su favor es más elevada en los niveles socioeconómicos más bajos, del orden de 10 a 18 puntos, correspondiente del 20 al 36 por ciento de la desviación estándar de la variable.

Cuadro 3. Distribución de la cohorte técnico profesional por nivel socioeconómico (%)

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

Municipal

34,4

22,3

20,1

19,6

3,7

100

Particular subvencionado

27,1

20,2

21,1

25,8

5,8

100

Corporación privada

24,1

20,4

22,8

27,6

5,1

100

Total

30,2

21,2

20,8

23,1

4,7

100

Nota: Nivel socioeconómico se mide por años de escolaridad de la madre: 0-7; 8; 9-11; 12; 13 y más.

Fuente: RECh 2003 a 2011; Simce octavo básico 2004, cohorte auxiliar.

Cuadro 4. Puntaje promedio en Simce de octavo básico para estudiantes técnico profesionales, según dependencia y nivel socioeconómico

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

Municipal

237

241

243

250

255

243

Particular subvencionado

238

244

246

255

261

249

Corporación privada

255

257

256

261

265

259

Total

239

244

246

254

260

247

Fuente: RECh 2003 a 2011; Simce octavo básico 2004; cohorte auxiliar.

2.4. Resultados en el Simce de segundo medio y en la Prueba de Selección Universitaria

La prueba Simce mide el logro de los objetivos de aprendizaje de matemáticas, lenguaje y otras asignaturas cuyo currículo es compartido hasta segundo año de enseñanza media, por lo que no debieran haber diferencias promedio de resultados en el Simce de segundo medio entre alumnos con iguales características que sigan la modalidad científico humanista o técnico profesional.

Para evaluar este punto se necesita conformar grupos de alumnos comparables en los atributos que son relevantes en el logro de objetivos de aprendizaje. La disponibilidad de una medición de logro previo, como es el Simce de octavo básico, contribuye a resolver este problema, puesto que en el puntaje obtenido en esa prueba confluyen las características individuales y del entorno relevantes, como el nivel socioeconómico, el capital cultural, el lugar de residencia, la motivación por los estudios, las habilidades iniciales, etcétera. Por tanto, comparar los resultados del Simce de segundo medio entre estudiantes que obtuvieron un resultado similar en el Simce de octavo básico equivale a realizar la comparación entre alumnos que en octavo básico eran estadísticamente similares en las variables que inciden sobre los aprendizajes.[16]

El gráfico 1 presenta los resultados obtenidos de esta comparación de resultados. En el eje horizontal se ordena a los estudiantes en percentiles según el puntaje obtenido en el Simce de octavo básico, mientras que en el eje vertical se muestra la diferencia de puntajes en el Simce de segundo medio entre estudiantes que —al año siguiente— cursarán estudios científico humanistas versus técnico profesionales.

Los alumnos de la educación media técnico profesional obtienen en promedio 7 puntos menos en el Simce de segundo medio que sus pares en la educación científico humanista. Esta brecha no es constante, sino que se va ampliando a medida que mejora el rendimiento en el Simce de octavo básico. Para los alumnos en los primeros 40 percentiles la diferencia en el Simce de segundo medio es pequeña y menor a cinco puntos; para aquellos en los percentiles superiores se aproxima a los 20 puntos. Hay que tener presente que la desviación estándar del Simce de segundo medio es 45 puntos en los datos utilizados, de modo que la brecha promedio entre alumnos TP y CH representa un 15 por ciento de esta medida de dispersión.

Gráfico 1. Diferencia en puntaje simce segundo medio entre alumnos ch y tp, según percentiles simce octavo básico

Fuente: Micro datos pruebas Simce segundo medio 2006 y octavo básico 2004.

La brecha de resultados descrita se originaría en diferencias en la enseñanza que reciben los alumnos de establecimientos de educación media de modalidad técnico profesional o científico humanista. Hay evidencia casuística y opiniones de actores que indicaría que algunos establecimientos introducen aspectos relacionados con la formación vocacional ya en primero y segundo medio, como fue su práctica histórica. Esto implica, por consideraciones de tiempo pedagógico, una menor atención a las asignaturas generales.[17] También es posible que haya una diferencia motivacional por los estudios generales entre alumnos que ya han tomado la decisión de seguir una u otra modalidad de enseñanza media.

La ampliación de la brecha de los resultados Simce en los percentiles superiores de rendimiento académico previo puede obedecer a efectos sinérgicos en la acumulación de capital humano (Cunha et al. 2005). También puede ocurrir que haya inversiones adicionales de capital humano si se considera que los estudiantes en los percentiles superiores del Simce provienen de hogares con mayores recursos socioeconómicos. Para tal efecto, se realizó una regresión entre el resultado del Simce de segundo medio, el puntaje del Simce de octavo básico y el nivel socioeconómico, obteniéndose coeficientes positivos y significativos, pero que reducen sólo marginalmente el coeficiente del Simce de octavo básico (cuadro A.5 en Anexo).[18] Ello muestra que la variable socioeconómica incide poco en la ampliación de la brecha de resultados descrita.

Para los alumnos que seguirán la enseñanza media técnico profesional los resultados de la regresión muestran que los alumnos en corporaciones privadas obtienen, en promedio, cerca de cinco puntos más en la prueba Simce que los alumnos en establecimientos particulares subvencionados, y cerca de ocho puntos más respecto de los alumnos en establecimientos municipales, después de controlar por diferencias en el nivel socioeconómico y rendimiento académico previo.

Gráfico 2. Diferencia en puntaje PSU entre alumnos ch y tp, según percentiles simce octavo básico

Fuente: Micro datos PSU 2006 (considera promedio lenguaje y matemáticas).

Un procedimiento análogo se aplica para los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que mide conocimientos de asignaturas de la enseñanza media hasta cuarto medio. Los alumnos de la modalidad técnico profesional tienen menos horas asignadas para el estudio de las materias medidas en la PSU y debieran llegar en inferioridad de condiciones para rendir la prueba. Una brecha negativa para los alumnos de enseñanza media técnico profesional es ahora un resultado esperado y la pregunta es sobre la magnitud del efecto.

El gráfico 2 muestra que la brecha de resultados en la PSU es bastante más pronunciada que en el Simce, puesto que alcanza a un promedio de 47 puntos o 45 por ciento de la desviación estándar de la variable.[19] La brecha de resultados aumenta cuando se compara a estudiantes con mayor puntaje en el Simce de octavo básico. La diferencia crece desde alrededor de 30 puntos en los percentiles inferiores del Simce hasta 80 o 90 puntos en los percentiles superiores.[20]

El análisis de regresión muestra que sólo una parte de la ventaja que acumulan los alumnos CH de mejor rendimiento inicial se debería a la variable socioeconómica (cuadro A.6 en Anexo). Al interior de la educación técnico profesional se tiene que los alumnos en corporaciones privadas obtienen en promedio cerca de 4 puntos más en la PSU que los alumnos en establecimientos particulares subvencionados, y cerca de 16 puntos más que los alumnos en establecimientos municipales.

Farías (2013) obtiene resultados relativamente similares y los vincula a la tesis de la distracción (diversion thesis), según la cual la educación vocacional “captura” a alumnos vulnerables que hubiesen tenido un mayor potencial de desarrollo en la educación general, pero que optan por la modalidad técnico profesional por razones culturales o económicas, obteniendo en definitiva logros inferiores a los que podrían haber alcanzado en la educación general. Las investigaciones cualitativas de Ortiz (2009) y Sepúlveda et al. (2010) sugieren que la elección de la modalidad técnico profesional por parte de jóvenes de hogares vulnerables puede representar una estrategia racional bajo condiciones de incertidumbre, puesto que posibilita contar con un ingreso cierto al término de la enseñanza media y que puede ser destinado para financiar estudios superiores, entre otros fines.

Es importante hacer notar que no se cuenta con evaluaciones que midan las competencias específicas que se aprenden en la enseñanza media técnico profesional, lo que es una tarea pendiente del sistema educacional en Chile.

2.5. Deserción en la enseñanza media

La tasa de deserción es aquí definida como el porcentaje de alumnos de la cohorte que abandona la enseñanza media. Los datos muestran que los alumnos de la enseñanza media técnico profesional tienen tasas de deserción bastante más bajas que los alumnos de la enseñanza científico humanista, especialmente aquellos que pertenecen a hogares vulnerables o quienes tienen bajo rendimiento escolar en la enseñanza básica (cuadros 5 y 6). La tasa de deserción es alrededor de 2,5 veces más baja en la educación técnico profesional para estudiantes de los tres niveles socioeconómicos inferiores o de los dos quintiles más bajos del Simce de octavo básico. La diferencia es aún mayor para jóvenes que combinan ambas características, en cuyo caso la tasa de deserción es cercana a 10 por ciento en la enseñanza técnico profesional y alrededor del 30 por ciento en la modalidad científico humanista.

Cuadro 5. Tasa de deserción de alumnos en enseñanza media técnico profesional según nivel socioeconómico y quintil Simce de octavo básico (%)

Quintiles Simce

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

1

13,3

11,0

10,3

7,8

7,6

10,6

2

7,4

7,2

6,6

4,8

5,4

6,4

3

5,3

5,2

4,9

3,8

3,4

4,6

4

4,1

3,8

3,5

2,9

2,4

3,3

5

3,0

2,5

2,4

2,4

2,6

2,5

Total

8,3

7,0

6,4

4,5

4,2

6,2

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004, cohorte auxiliar.

El análisis de regresión en el Anexo (cuadro A.7) muestra que la deserción de la enseñanza media responde más a diferencias en el rendimiento académico en la enseñanza básica que a diferencias en la condición socioeconómica. No obstante, ambos “factores de riesgo” importan más en la enseñanza científico humanista, en el sentido de que hay mayor pendiente de la tasa de deserción respecto de esas variables. También se constata que las mujeres desertan menos que los hombres en la enseñanza media.

La deserción en la enseñanza media está asociada a la repetición de cursos y al atraso escolar. El 37 por ciento de los desertores había repetido una vez antes de segundo medio y el 18 por ciento había repetido al menos dos veces, según la información reportada en los cuestionarios a los padres del Simce de segundo medio. La repetición es un predictor de la deserción, porque informa sobre un mal desempeño educacional, pero también porque hace más probable que los alumnos cumplan con la edad requerida para ingresar a la educación de adultos cuando aún están cursando la enseñanza media regular.

Cuadro 6. Tasa de deserción de alumnos en enseñanza media científico humanista según nivel socioeconómico y quintil Simce de octavo básico (%)

Quintiles Simce

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

1

32,9

31,5

28,6

20,8

15,4

26,1

2

23,7

20,7

18,3

12,7

9,4

15,7

3

16,7

13,2

12,0

7,3

5,0

8,9

4

9,6

6,8

7,0

4,6

3,4

4,9

5

3,4

3,5

2,7

2,0

1,8

2,0

Total

21,6

17,1

14,1

7,6

4,1

9,4

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004, cohorte auxiliar.

La educación de adultos es una modalidad educativa para mayores de 18 años que permite hacer dos cursos en un año calendario en jornadas vespertinas. Ella congrega a un porcentaje no menor de los alumnos que abandonan la educación media regular. Para la cohorte principal se tiene que el 47 por ciento de los desertores de la educación media científico humanista y el 34 por ciento de los desertores de la enseñanza técnico profesional se matriculan en la educación de adultos en algún año del período 2004 a 2010.[21] No obstante, sólo una tercera parte de ellos logra egresar de la enseñanza media de adultos en el período bajo estudio.

2.6. Acceso a la educación superior

La tasa de acceso a la educación superior para la cohorte que cursa educación media técnico profesional es de 41,4 por ciento. Éste es un porcentaje muy significativo y señala que esta modalidad de estudios no puede seguir considerándose como una fase terminal de enseñanza.[22] La mayor parte de este grupo asiste a centros de formación técnica e institutos profesionales (61,9 por ciento). En cambio, los jóvenes que estudiaron en la modalidad científico humanista tienen una tasa de acceso a la educación superior del 67,1 por ciento y cursan preferentemente sus estudios en universidades (70 por ciento).[23]

El ingreso a la educación superior es diferido en el tiempo. Para los egresados de la cohorte científico humanista que ingresan a la educación superior, cerca de la mitad lo hace en 2006, la tercera parte en 2007 y el otro 15 por ciento en los años siguientes. Para los estudiantes de la enseñanza media técnico profesional, el rezago es mucho mayor, puesto que sólo cerca del 20 por ciento ingresa en 2006, 35 por ciento en 2007 y el 45 por ciento entre 2008 y 2011.

El ingreso diferido de los egresados de la educación técnico profesional puede deberse a dos razones: la primera es específica al período analizado y reside en la disponibilidad de ayuda financiera para pagar por los estudios superiores. En estos años (2006 a 2011), se produce un fuerte aumento de créditos y becas para financiar estudios en centros de formación técnica e institutos profesionales, donde estudia la mayoría de los egresados de la educación técnico profesional. Es por ello plausible que a medida que se hacía disponible el financiamiento se integraban más miembros de la cohorte a la educación superior.[24] La segunda razón es que el acceso diferido sea consecuencia de la inserción laboral temprana por parte de los jóvenes egresados de la educación media técnico profesional.[25]

Cuadro 7. Instituciones donde se realizan los estudios superiores (%)

TP

CH

Todos

Centro de formación técnica

23,4

10,9

14,8

Instituto profesional

38,5

19,0

25,1

Universidad

38,1

70,1

60,1

Total

100

100

100

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011.

Para examinar el punto se realizó un análisis comparado con la cohorte que egresó de la educación media en el año 2007. Esta cohorte presenta un patrón de ingreso a la educación superior tanto o más diferido que la cohorte que egresa en 2005, a pesar de que tiene mayor acceso a becas y créditos para financiar el pago por la educación superior. Ello apunta a la inserción laboral temprana como causal más probable del ingreso diferido a la educación superior.[26]

Interesa también caracterizar el acceso a la educación superior en términos de la calidad de las instituciones en que se cursan los estudios. Esta variable puede ser aproximada por los años en que la institución ha sido acreditada, que fluctúan entre 0 y 7. Un mayor número de años de acreditación señalaría que la institución mantiene estándares de calidad más elevados.[27]

La mayoría de los alumnos que provienen de la enseñanza media técnico profesional estudia en universidades acreditadas menos años, comparados con los egresados de la enseñanza científico humanista. Así, el 51 por ciento de la cohorte asiste a universidades no acreditadas o con dos a tres años de acreditación, comparado con el 26,9 por ciento de los estudiantes que provienen de la enseñanza media CH (cuadro 8). A nivel de los institutos profesionales, sigue existiendo una brecha de calidad entre las entidades a las cuales asisten los alumnos provenientes de las diferentes modalidades de enseñanza media, pero es mucho menos pronunciada; a nivel de los centros de formación técnica no se observan diferenciales de calidad entre los estudiantes TP y CH.

En suma, los estudiantes de la cohorte de educación media técnico profesional ingresan en número suficiente a la educación superior para que esa modalidad de estudios medios deje de ser considerada una etapa terminal de enseñanza. La distribución de alumnos entre instituciones de educación superior según modalidades de enseñanza media es consistente con la naturaleza de los estudios respectivos (académicos versus técnico profesionales); con las expectativas que tenían los padres respecto a los estudios de los hijos cuando ellos cursaban octavo año básico, y con los puntajes que obtienen ambos grupos de estudiantes en la Prueba de Selección Universitaria.

Cuadro 8. Distribución de la matrícula según años de acreditación de las instituciones de estudios

Años de acreditación

Universidades

Institutos profesionales

Centros de formación técnica

TP

CH

TP

CH

TP

CH

Sin acreditar

13,4

6,8

7,4

5,6

29,2

24,1

2-3

37,6

20,1

5,5

5,8

6,0

4,6

4-5

41,5

50,9

52,8

40,9

28,6

35,0

6-7

7,5

22,1

34,3

47,8

36,2

36,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Consejo Nacional de Educación.

2.7. Deserción en los estudios superiores

En este estudio se entiende por deserción de los estudios superiores el abandono del sistema, antes que el simple cambio entre carreras o instituciones. Se hace notar que las trayectorias en educación superior no son aún definitivas y están sujetas a cambios futuros: quienes abandonan pueden retornar a los estudios; una parte de aquellos que están estudiando desertaran, etcétera.

A tal respecto, sorprende el elevado porcentaje de estudiantes de la cohorte que provienen de la enseñanza media técnico profesional y que abandona sus estudios superiores: el 32,6 comparado con el 19 entre los egresados de la enseñanza media científico humanista. Este resultado revierte el obtenido a nivel de la enseñanza media, donde los alumnos de educación técnico profesional tienen la menor tasa de deserción.[28]

La deserción en la educación superior es especialmente elevada para los estudiantes hombres provenientes de establecimientos técnico profesionales. El 35,5 por ciento de quienes ingresaron a la educación superior no termina sus estudios, comparado con el 20,4 por ciento de los hombres egresados de la enseñanza científico humanista. Para las estudiantes mujeres, las tasas respectivas son 29,4 y 17,9 por ciento.

El análisis de regresión muestra que la mayor tasa de deserción que presentan los egresados de la educación técnico profesional respecto de los egresados de la formación científico humanista se reduce a menos de la mitad cuando se controla por el nivel socioeconómico y el tipo de instituciones donde se realizan los estudios superiores. Se sigue que la mayor deserción que presentan estos jóvenes, en buena parte, sería atribuible a su vulnerabilidad socioeconómica y al hecho de estudiar en institutos profesionales y centros de formación técnica, atributos que en sí mismos tienen asociada una mayor probabilidad de deserción de los estudios.[29]

Al interior de la cohorte técnico profesional se constata que la tasa de deserción es más baja para los jóvenes que trabajan y estudian, lo cual desvirtúa una de las posibles explicaciones para la mayor tasa de deserción del grupo (que la deserción sea causada por la dificultad de conciliar ambas actividades). Asimismo, se constata que la tasa de deserción es más elevada en las instituciones de educación superior de menor calidad (medida por los años de acreditación).

3. INSERCIÓN LABORAL

El análisis de la inserción laboral se organiza en base a los niveles de escolaridad alcanzados al año 2011. Para ello se clasifica a la cohorte en los siguientes grupos: titulados en las instituciones de educación superior, estudiantes en educación superior, desertores de la educación superior, egresados de la enseñanza media que no continúan estudios superiores (en adelante, egresados de enseñanza media) y desertores de la enseñanza media. Hay que notar que se trata de categorías que distan de ser homogéneas en cuanto a su tamaño y que presentan una muy distinta distribución entre los jóvenes provenientes de la educación técnico profesional y científico humanista, un dato clave a la hora de interpretar los resultados de esta sección (cuadro 9).

Cuadro 9. Distribución de la cohorte según niveles educacionales en 2011 (%)

Modalidad de estudios secundarios

TP

CH

Titulados universidades

2,6

9,4

Titulados institutos profesionales

3,1

3,7

Titulados centros de formación técnica

2,5

2,9

Estudiantes de educación superior

19,3

38,1

Abandonaron los estudios superiores

13,7

13,5

Egresados educación media

43,7

15,1

Desertores de la educación media

15,1

17,3

Total

100,0

100,0

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011.

3.1. Participación laboral

Los jóvenes de la cohorte técnico profesional presentaban en el año 2011 una significativa mayor presencia en el mercado laboral que los provenientes de la enseñanza científico humanista, tanto a nivel de la tasa de ocupación como del número acumulado de meses trabajados a esa fecha (cuadro 10). Así, el 69,3 por ciento de ellos registra ocupación en el año 2011 y ha acumulado un promedio de 46 meses trabajados. Para la cohorte que cursó estudios científico humanistas, las cifras respectivas son 50,8 por ciento y 32 meses. La tasa de ocupación es aquí definida como el porcentaje de miembros de la cohorte que trabajaron con remuneración en el año 2011.

Así, los jóvenes de la educación técnico profesional presentaban una tasa de ocupación que es 18,5 puntos porcentuales más elevada y habían acumulado 14 meses más de experiencia laboral. La brecha se reduce a 11,3 puntos en la tasa de ocupación y 11,5 meses acumulados de trabajo si se excluye a quienes están estudiando en el nivel superior, que es la categoría donde los jóvenes provenientes de la enseñanza científico humanista presentan la menor tasa de participación laboral y que introduce un sesgo en su contra en la cifra agregada.

La mayor participación laboral de los jóvenes que estudiaron en la enseñanza técnico profesional rige para todas las categorías educacionales, sean titulados de la educación superior, egresados de la enseñanza media, desertores de la educación media y demás grupos. Para los titulados de educación superior se tiene que la mayor parte de quienes provienen de la educación técnico profesional ya trabajaba cuando cursaba sus estudios superiores, mientras que quienes provienen de la enseñanza científico humanista estarían en su mayor parte recién incorporándose al mercado laboral. Para los egresados de la enseñanza media y demás grupos se tiene que la mayor presencia laboral reflejaría ventajas en la formación de competencias laborales en la enseñanza media técnico profesional y una probable mayor predisposición hacia el trabajo remunerado por parte de este grupo.

Cuadro 10. Tasa de ocupación en 2011 y meses acumulados de trabajo de la cohorte

% ocupados sobre total

del grupo en la cohorte

Promedio meses con

ingresos 2003 a 2011*

TP

CH

TP

CH

Titulados universidades

71,4

60,3

31,9

19,3

Titulados institutos profesionales

79,6

70,9

40,2

28,1

Titulados centros de formación técnica

72,4

63,3

38,8

31,2

Estudiantes de educación

superior

62,6

36,7

41,4

22,0

Abandonaron los estudios

superiores

77,4

59,9

46,0

32,7

Egresados educación media

71,5

57,1

50,1

44,2

Desertores de la educación media

61,4

58,1

44,5

43,4

Total

69,3

50,8

46,0

32,0

Total sin estudiantes educación superior

70,9

59,6

47,0

35,8

*: para quienes están trabajando en el año 2011.

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

3.2. Remuneraciones

El perfil de remuneraciones que muestran los jóvenes de la cohorte sigue un patrón esperado respecto de la escolaridad, en tanto más años de educación tienen asociada una mayor remuneración promedio (cuadro 11). Sin embargo, el diferencial de remuneraciones es relativamente acotado, puesto que corresponde a la etapa inicial del ciclo de vida laboral y tenderá a ampliarse a medida que se acumule capital humano específico en los trabajos.[30]

¿Cómo se comparan las remuneraciones obtenidas por los jóvenes que estudiaron enseñanza media técnico profesional y científico humanista? Los datos del Seguro de Cesantía muestran que para el año 2012 la remuneración promedio de los jóvenes provenientes de la enseñanza técnico profesional tiende a ser más alta en la mayor parte de las categorías educacionales.[31]

Cuadro 11. Remuneraciones en el año 2012 (miles $, brutos)

Remuneración

promedio

Brecha TP vs CH (%)

TP

CH

Sin ajustar

Ajustada #

Titulados universidades

551,5

624,0

–11,6***

–9,9***

Titulados institutos profesionales

508,3

468,4

8,5***

1,8

Titulados centros de formación técnica

439,5

381,3

15,3***

5,0*

Abandonaron los estudios

superiores

389,9

353,9

10,2***

–0,2

Egresados educación media

349,8

328,1

6,6***

1,0

Desertores de la educación media

298,3

299,2

–0,3

–2,3*

# Nota: La brecha ajustada corresponde a la diferencia porcentual de remuneraciones controlando por la experiencia laboral, sexo y nivel socioeconómico del hogar paterno. Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***), 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Así, para los ya titulados en institutos profesionales hay una diferencia positiva promedio de 8,5 por ciento a favor de la cohorte de enseñanza media técnico profesional; para los titulados de centros de formación técnica la brecha es 15,3 por ciento; para quienes abandonan la educación superior es 10,2 por ciento, y para los egresados de la enseñanza media sin estudios posteriores la brecha promedio asciende a 6,6 por ciento. En cambio, entre los titulados universitarios hay una diferencia de ingresos de 11,6 por ciento a favor de los egresados de la educación media científico humanista.

Hay dos resguardos importantes a tener en cuenta sobre estos resultados. Primero, los ocupados que provienen de la educación técnico profesional tienen acumulada una mayor experiencia laboral y este hecho explica parte de la mayor remuneración que obtienen en el mercado laboral. Cuando se ajustan los resultados por el efecto de las diferencias en experiencia laboral, género y nivel socioeconómico, se tiene que la brecha de remuneraciones a favor de estos jóvenes mantiene significancia estadística sólo en el caso de los titulados de centros de formación técnica (cuadro 11, última columna). Segundo, las comparaciones de ingreso descritas no representan efectos causales de la educación sobre los salarios, porque no se dispone de controles sobre la distribución de habilidades que tenían los jóvenes previo a su ingreso a la educación media ni del clima cultural en sus hogares que afecta las motivaciones y expectativas de los estudiantes. Asimismo, hay importantes diferencias en la tasa de participación laboral según modalidad de estudios en la educación media, que muy probablemente afecten la comparación de remuneraciones entre ambos grupos.

A estos efectos hay que tener en cuenta los resultados obtenidos por Bucarey & Urzúa (2013a), quienes reportan una reducción del retorno de la educación media técnico profesional cuando se controla por atributos no observables de los jóvenes mediante el uso de variables instrumentales. Esto es, parte del retorno económico que se observa entre los ocupados se debería a características personales antes que a la enseñanza vocacional propiamente tal.

Otra comparación de interés es al interior de la cohorte técnico profesional, entre egresados de la enseñanza media y titulados de la educación superior. En promedio, un joven que se titula en un instituto profesional obtiene una remuneración inicial que es 45 por ciento superior a la que percibe un egresado de la enseñanza media. En el caso de un titulado de un centro de formación técnica, la brecha respecto de un egresado de la enseñanza media es de 25 por ciento. Un cálculo simple muestra que los citados diferenciales cubren el valor de los aranceles de los respectivos estudios superiores en un período inferior a tres años.[32]

3.3. Áreas de estudio en la enseñanza media técnico profesional e inserción laboral de los egresados

La relevancia laboral que tienen las áreas de estudio de la enseñanza media técnico profesional puede ser analizada a través de los egresados del nivel que no prosiguen estudios superiores, porque sus competencias laborales están directamente relacionadas con las adquiridas en los estudios medios. El grupo es también de interés por su carácter masivo, pues representa al 44 por ciento de la cohorte técnico profesional o 20 por ciento de toda la cohorte, y porque su nivel de estudios corresponde a la misión objetivo que originalmente se planteaba la enseñanza media técnico profesional; es decir, preparar a los jóvenes para que se incorporen al mercado del trabajo a su egreso de la enseñanza media.

Hasta mediados del año 2013, la enseñanza técnica profesional contenía catorce sectores de estudios, que se desagregan en 46 especialidades. La clasificación del grupo en términos de los sectores entrega subgrupos de tamaño muy disímiles. Por ello se desagregaron los sectores más numerosos en términos de sus principales especialidades, dando lugar a un total de 21 sectores/especialidades de estudio, que en adelante se denominan “áreas de estudios”.[33]

El perfil de remuneraciones del grupo se muestra en el cuadro 12, en el cual las áreas de estudios se ordenan de acuerdo con la remuneración promedio obtenida por los jóvenes de la cohorte en el año 2012. Por regla general, las áreas mejor remuneradas se vinculan a oficios industriales, como mecánica industrial, electricidad, química, construcciones metálicas y mecánica automotriz. En cambio, las remuneraciones más bajas corresponden mayoritariamente a la producción de servicios, como administración, hotelería, secretariado, alimentación y programas sociales.

La brecha salarial entre estas ocupaciones ha aumentado en el tiempo. Al primer año después del egreso de la enseñanza media había una diferencia de 21 por ciento de remuneración promedio entre los oficios industriales y de servicios; al sexto año después del egreso la brecha había crecido a 42 por ciento. Ello podría entenderse como reflejo del mayor aprendizaje en los puestos de trabajo en los oficios industriales, donde la acumulación de capital humano genera mayores remuneraciones, aunque también hay que considerar que la demanda por algunos de estos oficios experimentó un mayor crecimiento en este período (2006 a 2012), por efecto del aumento de precios de los productos de exportación.

Las diferencias de remuneraciones entre áreas de estudios responden, por una parte, a factores de demanda, que otorgan mayor valor al trabajo realizado en los sectores productivos que experimentan más demanda de mercado. También hay atributos de los oferentes de trabajo, que influyen en las remuneraciones y que difieren entre las áreas de estudio, como es el género, la calidad de la educación recibida, experiencia laboral acumulada y nivel socioeconómico del hogar paterno.

El análisis de regresión muestra que las diferencias salariales promedio entre áreas de estudios explican alrededor del 10 por ciento de la varianza del salario del grupo y que la adición de los atributos individuales permiten dar cuenta del 23 por ciento de la citada varianza (cuadro A.10 en Anexo). En promedio, las mujeres ganan alrededor de $ 57.000 menos que los hombres; un mes adicional de experiencia laboral se asocia a un aumento cercano a $ 3.500 en la remuneración promedio; haber cursado los estudios de enseñanza media en un establecimiento del quintil superior de calidad tiene asociado un premio de ingresos de alrededor de $ 46.000 respecto del quintil inferior,[34] y hay una diferencia de $ 26.000 en la remuneración promedio entre personas del quintil superior e inferior de la variable socioeconómica. Estas brechas de ingresos ya consideran el efecto de los demás variables de la regresión. Los efectos no condicionales, o sin ajustar por las demás variables, son mucho más elevados.

La brecha de ingreso entre las áreas mejor y peor pagadas, excluyendo a la minería, disminuyen desde $ 239.800 a $ 131.600 una vez que se consideran las diferencias que hay entre los ocupados en cuanto a género, experiencia laboral, calidad de los establecimientos y nivel socioeconómico. No obstante, el orden de áreas de estudio según nivel de ingreso laboral obtenido por los egresados se modifica sólo marginalmente después de tomar en cuenta los diferentes atributos de los ocupados. Ello sugiere que los oferentes de trabajo con atributos más valorados en el mercado del trabajo tienden a especializarse en las áreas que pagan mejor, ampliando las diferencias de ingresos que se observan entre ellas.

Es interesante hacer notar que en el trabajo de Bucarey & Urzúa (2013a) se muestra que el orden relativo de remuneraciones de egresados de la educación media técnico profesional no se altera cuando se controla por sesgo de selección, si bien estos autores trabajan a nivel más agregado (cinco ramas de la educación TP).

3.4. Diferencias salariales de género

Es un hecho conocido del mercado laboral que las mujeres obtienen remuneraciones más bajas, a igualdad de su capital humano y otros determinantes de la productividad laboral. La pregunta que aquí interesa responder es si la educación media técnico profesional acentúa o reduce estas brechas salariales.

El cuadro 13 muestra que las mujeres de la cohorte obtienen remuneraciones inferiores para cada nivel educacional y que la brecha de salarios es más acentuada entre quienes provienen de la educación media técnico profesional. Para la cohorte en conjunto, se tiene que la remuneración de las mujeres es un 73,2 por ciento de la obtenida por los hombres en la modalidad técnico profesional y 88,9 por ciento en la científico humanista.

La brecha salarial de género en la cohorte técnico profesional se reduce cuando se controla por los años de experiencia laboral, especialmente en los egresados de la enseñanza media y desertores del mismo nivel, que son los grupos que presentan una mayor diferencia de meses acumulados de trabajo entre hombres y mujeres.[35]

Cuadro 12. Salario y tasa de ocupación promedio por área de estudios, entre los egresados de la educación media técnico profesional que no siguen estudios superiores (áreas ordenados por remuneración promedio bruta)

Área de estudios

Remuneración

promedio 2012,

miles de $

Remuneración

mediana 2012

miles de $

Tasa

ocupación 2011

% de total

Minero

531,6

435,8

86,8

0,9

Mecánica industrial

433,1

358,0

82,4

4,6

Electricidad

395,5

349,3

82,1

5,9

Químico

383,8

326,5

72,3

0,8

Construcciones metálicas

378,2

314,3

83,1

3,8

Mecánica automotriz

372,1

314,5

80,2

7,5

Electrónica

366,3

322,6

80,3

4,8

Gráfica

356,8

304,9

71,8

1,1

Marítimo

346,2

298,4

79,0

1,9

Construcción

343,4

302,8

78,4

6,5

Telecomunicaciones

340,1

300,6

76,0

1,5

Contabilidad

306,6

274,0

72,6

7,6

Maderero

306,3

280,1

74,5

2,7

Agropecuario

302,2

266,1

73,3

5,4

Ventas

301,5

271,8

70,6

4,1

Administración

300,3

265,8

68,3

13,9

Hotelería y turismo

284,4

257,1

68,3

2,4

Secretariado

276,6

251,0

63,7

5,5

Alimentación

271,0

251,4

67,8

10,0

Programas y proyectos sociales

251,1

240,3

63,9

7,6

Confección

236,7

228,8

52,5

1,7

Total

349,8

297,4

72,1

100,0

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012. Las remuneraciones son brutas.

Las diferencias salariales de género están también relacionadas con las áreas de especialidad cursadas en la enseñanza media técnico profesional. Ello en tanto los hombres son mayoría en los estudios vinculados a los oficios que son mejor pagados en el mercado laboral, mientras que las mujeres son mayoría en áreas de estudios relacionadas con servicios, que son peor pagadas. Pero no sólo eso: la brecha de salarios entre mujeres y hombres es también más pronunciada en las especialidades mejor pagadas.[36] De esta manera, las pocas mujeres que se especializan en las áreas mejor pagadas obtienen un salario más bajo respecto de los hombres de la misma especialidad. Así, hay retroalimentación de efectos entre el sistema educacional y el mercado laboral. Las mujeres estudian especialidades que son peor pagadas en el mercado laboral, a la vez que el mercado laboral paga menos a las mujeres que se especializan en las áreas mejor pagadas.

En el debate internacional se ha argumentado que la educación vocacional podría generar segmentación a edades tempranas, en tanto encasillaría a estudiantes en trayectorias conducentes a trabajos de menor posición social y remuneración económica. La evidencia aquí presentada muestra que en el caso chileno esta situación tocaría en forma particular a las mujeres, puesto que la brecha salarial que las afecta está muy relacionada con las áreas de estudios que cursan en la enseñanza media técnico profesional. Este efecto parece diluirse a medida que las mujeres realizan estudios más avanzados, congruentes con una nivelación en la adquisición de competencias laborales en los niveles superiores de la enseñanza (ver cuadro 13).

3.5. Resultados laborales por tipos de establecimiento en la educación técnico profesional

¿Hay diferencias en los resultados laborales de los jóvenes de la cohorte proveniente de la enseñanza técnico profesional de acuerdo con el tipo de establecimientos donde realizaron los estudios medios? ¿Hay en particular ventajas de los establecimientos de administración delegada en corporaciones privadas dada su mayor vinculación con los sectores productivos?

Cuadro 13. Salario promedio de mujeres como porcentaje de salario promedio de hombres

TP

CH

Tituladas universidades

82,7

88,0

Tituladas institutos profesionales

74,8

77,6

Tituladas centros de formación técnica

69,2

75,6

Abandonaron los estudios superiores

72,8

80,5

Egresadas educación media

69,0

74,2

Desertoras de la educación media

66,1

67,0

Total

73,2

88,9#

# Nota: El porcentaje promedio es mayor que el porcentaje de los subgrupos por efectos de composición (las mujeres son más numerosas en los grupos de mayor educación).

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

La base de datos de registros administrativos unificada que se usa en esta investigación muestra que los jóvenes de la cohorte que estudiaron en corporaciones privadas de administración delegada obtienen en el 2012 un salario que es, en promedio, 12 por ciento más elevado respecto del obtenido en las otras dependencias (cuadro 14). Este resultado obedece a que estos jóvenes logran mayores niveles educacionales y, por consiguiente, remuneraciones más elevadas, pero también a que obtienen salarios promedios más altos a un mismo nivel de escolaridad.

En efecto, un porcentaje notoriamente más elevado de alumnos que estudia en corporaciones privadas accede a la educación superior: 53,6 versus el 44,1 por ciento de establecimientos particulares subvencionados y el 34,6 por ciento de liceos municipales. Estos alumnos también desertan menos: 6,3 versus 15,6 y 17,1 por ciento para las otras dependencias (cuadro A.14 en Anexo).

Así también, los jóvenes que estudiaron en corporaciones privadas obtienen remuneraciones más elevadas entre los titulados en institutos profesionales y centros de formación técnica, los egresados de educación media y entre quienes abandonaron los estudios superiores. La suma de estos grupos representa dos terceras partes de la cohorte técnico profesional con ingresos laborales en el año 2012. Por lo demás, los jóvenes provenientes de corporaciones privadas presentan tasas de ocupación más altas en la mayor parte de los niveles educativos.[37]

Estos resultados pueden deberse a que recibieron una mejor enseñanza en la educación media. Como fue reportado, los alumnos de las corporaciones privadas obtienen mejores resultados promedios en la prueba Simce de segundo medio y en la Prueba de Selección Universitaria en relación con estudiantes de similar nivel socioeconómico y similar rendimiento académico en la enseñanza básica de las otras dependencias, un resultado sugerente de una mejor enseñanza de contenidos generales en los establecimientos de educación media. No obstante, también hay indicios de que estos jóvenes tienen ventajas iniciales en términos de habilidades y motivaciones, en tanto obtienen mejores resultados en la prueba Simce de octavo básico, al interior de cada segmento socioeconómico.

Cuadro 14. Salarios promedios según trayectoria educacional y dependencia de enseñanza media para la cohorte técnico profesional (miles de $ brutos, 2012)

Municipal

Particular

subvencionado

Corporación

delegada

Total

Titulados universidades

558,3

541,8

559,4

551,5

Titulados institutos profesionales

501,6

508,9

520,7

508,3

Titulados centros de formación técnica

431,1

431,5

483,7

439,3

Estudiantes de educación superior

330,6

347,5

347,3

340,7

Abandonaron los estudios superiores

386,5

387,2

407,5

389,9

Egresados educación media

348,5

343,7

375,9

349,8

Desertores de la educación media

303,1

292,0

294,0

298,2

Total

358,7

361,8

402,0

364,9

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de las trayectorias educacionales y de la inserción laboral de la cohorte de estudiantes que cursó segundo medio en el año 2003 entrega un conjunto de antecedentes que aportan a un mejor conocimiento de la educación media técnico profesional. El estudio provee también un marco de referencia para investigaciones futuras que indaguen materias más específicas, como los efectos causales de la educación técnico profesional sobre los resultados educacionales y laborales.

El estudio muestra que los estudiantes que optan por la enseñanza media técnica profesional pertenecen a grupos de nivel socioeconómico medio y bajo de la población. El desempeño académico en la educación básica es también un factor relevante en la elección de la modalidad técnico profesional, especialmente en los grupos socioeconómicos medios, donde un mal resultado en el Simce de octavo básico hace mucho más probable la asistencia a estudios técnico profesionales. En cambio, los sectores más vulnerables de la población tienden a optar por esta modalidad de estudios con relativa independencia del desempeño en la enseñanza básica.

Los jóvenes de la enseñanza media técnico profesional tienen un rendimiento significativamente más bajo en el Simce de segundo medio y, particularmente, en la Prueba de Selección Universitaria. La comparación se realiza respecto de jóvenes de la enseñanza científico humanista con igual resultado en el Simce de octavo básico, lo que permite controlar por el efecto de variables individuales y del entorno social que influyen sobre los resultados de esas pruebas. Es, por lo tanto, muy probable que estas brechas de rendimiento se originen en diferencias en la enseñanza recibida, un resultado esperado en la Prueba de Selección Universitaria pero no así en el Simce de segundo medio, si se considera que el currículo es común hasta ese nivel.

No obstante lo anterior, los jóvenes que optan por la enseñanza media técnico profesional presentan una menor tasa de deserción respecto de quienes estudian educación general. En particular, para los grupos de nivel socioeconómico bajo y menor rendimiento académico, la tasa de deserción es tres veces más baja en la enseñanza técnico profesional que en la científico humanista.

Más del 40 por ciento de los jóvenes de la cohorte técnico profesional prosigue estudios superiores después de egresar de la enseñanza media; mayoritariamente en institutos profesionales y centros de formación técnica. Este es un contingente numeroso, por lo que este tipo de enseñanza no puede seguir siendo considerado como una fase terminal de estudios. El acceso a la educación superior es diferido en el tiempo y, por lo general, ocurre una vez que los jóvenes están trabajando en el mercado laboral, donde es común la combinación de trabajo y estudios entre los jóvenes que provienen de la enseñanza media técnico profesional.

Cerca del 30 por ciento de la cohorte técnico profesional que ingresa a la educación superior abandona sus estudios, una tasa que duplica a la que presentan los egresados de la enseñanza científico humanista. Alrededor de la mitad de la tasa de deserción en los jóvenes técnico profesionales es atribuible a la condición socioeconómica y al tipo de institución donde realizan los estudios superiores.

Los jóvenes de la cohorte técnico profesional participan más en el mercado laboral que sus contrapartes de la educación científico humanista. El resultado rige para todas las trayectorias educacionales, distinguiéndose dos tipos de situaciones: para los titulados de la educación superior el resultado es probable reflejo de que el grupo ya trabajaba cuando estudiaba y no está buscando empleo por primera vez; para egresados de enseñanza media y otros niveles educativos reflejaría, también, diferencias en la dotación de competencias laborales y en la predisposición hacia el trabajo remunerado.

Un conjunto de los egresados de la educación media técnico profesional obtiene un buen nivel de remuneraciones en el mercado del trabajo en relación con sus respectivos grupos de referencia. En particular, éste es el caso de aquellos que siguieron estudios posteriores en centros de formación técnica e institutos profesionales, así como de los hombres que egresan de la enseñanza media y que se especializaron en oficios industriales.

Sin embargo, las mujeres que estudian enseñanza media técnico profesional reciben un mayor castigo salarial en el mercado del trabajo, especialmente aquellas que no prosiguen estudios superiores. En parte ello ocurre porque muchas de ellas se especializan en áreas de estudio que son mal remuneradas en el mercado laboral, como son las relacionadas con los servicios. Por otra parte, las mujeres que estudian en las áreas mejor pagadas presentan las mayores brechas salariales respecto de los hombres de su misma especialidad. Hay así retroalimentación entre el sistema educativo y el mercado laboral, que redunda en bajos salarios para este grupo.

Quienes estudiaron educación técnico profesional en establecimientos de corporaciones privadas obtienen mayores salarios que quienes asistieron a establecimientos municipales o particulares subvencionados. Los primeros logran niveles de escolaridad más altos, a la vez que obtienen mayores remuneraciones a igual nivel de escolaridad. Estos resultados reflejarían, por una parte, una mejor enseñanza, como se constata en los resultados en el Simce de segundo medio y en la Prueba de Selección Universitaria, después de controlar por factores individuales y del entorno social, y, por otra, probables ventajas en habilidades o motivaciones iniciales, según se desprende de los resultados del Simce de octavo básico. EP

Referencias

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ANEXO

Cuadro A.1. Distribución de la cohorte auxiliar según nivel socio-económico y quintiles resultados Simce de octavo básico (%)

Quintiles Simce

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

1

8,3

5,5

3,3

2,6

1,6

21,4

2

6,7

5,1

3,5

3,3

2,3

20,9

3

5,2

4,3

3,5

3,8

3,4

20,2

4

3,5

3,3

3,1

4,3

5,0

19,3

5

1,7

1,9

2,1

4,0

8,6

18,3

total

25,5

20,1

15,4

18,0

20,9

100,0

Fuente: RECh 2003 a 2011; Simce 2004 octavo básico, cohorte auxiliar.

Cuadro A.2. Regresión probit para probabilidad de estudiar Educ. media TP

Probit: estudiar TP/

enseñanza media

d1

d2

d3

d4

Mujer

-0.039***

-0.043***

-0.043***

-0.024***

Nivel socioeconómico 2

-0.013**

-0,002

-0,005

0.007

Nivel socioeconómico 3

-0.072***

-0.054***

-0.063***

-0.032**

Nivel socioeconómico 4

-0.212***

-0.171***

-0.182***

-0.117***

Nivel socioeconómico 5

-0.438***

-0.387***

-0.397***

-0.317***

Simce octavo quintil 2

-0,008

-0,007

0.014

Simce octavo quintil 3

-0.039***

-0.037***

0.008

Simce octavo quintil 4

-0.106***

-0.105***

-0.034

Simce octavo quintil 5

-0.235***

-0.236***

-0.141***

Región 1

-0,001

0.038***

Región 2

-0,002

0.016***

Región 3

0.116***

0.138***

Región 4

-0.133***

-0.136***

Región 5

-0.079***

-0.079***

Región 6

-0.150***

-0.167***

Región 7

0,01

-0.006

Región 8

-0.077***

-0.077***

Región 9

-0.016**

-0.017***

Región 10

-0.071***

-0.080***

Región 11

-0.147***

-0.147***

Región 12

-0.032*

-0.012***

Padres esperan estudios en IP o CFT

0.014

Padres esperan estudios

universitarios

-0.275***

r2_p

0,113

0,135

0,144

0,19

p

0

0

0

0

ll

-91636,207

-89348,35

-88392,295

-83688,527

N

153354

153354

153354

153354

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*). Los coeficientes son efectos marginales. Las variables de referencias respectivos son: hombres; nivel socioeconómico 1; Simce octavo quintil 1; Región Metropolitana; padres que esperan que hijos realicen estudios medios.

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2003.

Cuadro A.3. Regresión probit, padres que esperan que hijos continúen estudios superiores

Mujer dummy

0.048***

Quintil simce 2

0.071***

Quintil simce 3

0.126***

Quintil simce 4

0.175***

Quintil simce 5

0.229***

SES 2

0.084***

SES 3

0.167***

SES 4

0.239***

SES 5

0.318***

r2_p

0,218

P

0

Ll

-87944,13

N

188301

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004, cohorte auxiliar.

Cuadro A.4. Distribución de la cohorte CH según nivel socioeconómico (%)

Nivel socioeconómico

1

2

3

4

5

Total

Municipal

26,1

16,7

17,6

27,1

12,4

100

Particular subvencionado

9,2

9,1

14,6

37,5

29,6

100

Particular pagado

0,9

1,2

2,8

19,2

76,0

100

Total

16,0

11,6

14,5

30,3

27,6

100

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2003.

Cuadro A.5. Regresiones para resultados Simce de segundo medio (Cohorte auxiliar)

Toda la cohorte

Alumnos en técnico profesional

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Simce 8vo

0.97***

0.98***

0.94***

0.86***

0.86***

0.85***

TP dummy

23.1***

19.0***

TP*simce 8

-0.11***

-0.09***

Quintil SES 2

1.24***

1.18**

0.96**

Quintil SES 3

2.22***

1.34***

0.88*

Quintil SES 4

6.16***

4.22***

3.54***

Quintil SES 5

12.9***

6.93***

6.12***

part subv

3.22***

Corporación

8.25***

_cons

5.49***

3.41***

7.36***

26.5***

26.2***

26.0***

r2

0,68

0,68

0,69

0,58

0,58

0,58

P

0

0

0

0

0

0

N

159094

159094

159094

65596

65596

65596

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004 y 2006.

Cuadro A.6. Regresiones resultados Prueba Selección Universitaria (Cohorte auxiliar)

Toda la cohorte

Alumnos en técnico profesional *

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Simce 8vo

1.89***

1.87***

1.75***

1.45***

1.43***

1.42***

TP dummy

61.5***

49.6***

TP*simce 8

-0.41***

-0.33***

Quintil SES 2

4.93***

2.56**

1.96*

2.19*

Quintil SES 3

8.07***

4.61***

3.54***

4.29***

Quintil SES 4

20.5***

12.9***

11.4***

12.1***

Quintil SES 5

44.2***

20.7***

18.8***

19.4***

Part. subv.

8.99***

12.1***

Corporación

13.6***

15.8***

_cons

-9.43***

9.82***

17.2***

71.3***

68.5***

66.5***

r2

0,63

0,68

0,69

0,52

0,53

0,54

P

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N

118295

118295

118295

37511

37511

37511

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004 y PSU 2009.

Cuadro A.7. Regresiones probit de deserción en la educación media (Cohorte auxiliar)

Todos

CH

TP

TP dummy

-0.056***

Mujer dummy

-0.035***

-0.044***

-0.016***

Quintil simce 2

-0.033***

-0.032***

-0.033***

Quintil simce 3

-0.057***

-0.055***

-0.050***

Quintil simce 4

-0.076***

-0.076***

-0.064***

Quintil simce 5

-0.100***

-0.114***

-0.066***

SES 2

-0.010***

-0.011***

-0.007*

SES 3

-0.016***

-0.018***

-0.010***

SES 4

-0.044***

-0.046***

-0.029***

SES 5

-0.065***

-0.065***

-0.032***

Part. subv.

-0.010***

Corporaciones

-0.025***

Part subv.

-0.008***

Part pagado

-0.039***

r2_p

0,123

0,185

0,044

P

0

0

0

Ll

-43000,962

-24169,748

-17627,507

N

159527

92858

65569

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2004.

Cuadro A.8. Regresión probit para deserción en educación superior

Toda la cohorte

Alumnos provenientes de TP

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

TP = 1

0.061***

0.046***

0.028***

Mujer = 1

-0.027***

-0.025***

-0.045***

-0.043***

-0.047***

-0.045***

SES 2

0,007

0,009

0,005

0,006

0,006

0,005

SES 3

0.008*

0.014***

0,013

0.018*

0.018*

0.017*

SES 4

-0.012***

0,001

-0,006

0,005

0,008

0,008

SES 5

-0.036***

-0.013***

-0,014

0

0

0,001

IP = 1

-0.031***

-0.049***

-0.048***

-0.061***

Uni = 1

-0.097***

-0.105***

-0.106***

-0.119***

Trabaj y estud= 1

-0.069***

-0.068***

Uni/sin acre

-0.105***

Uni/2-3 acre

-0.102***

Uni/4-5 acre

-0.150***

Uni/6-7 acre

-0.142***

IP/sin acre

-0.102***

IP/2-3 acre

-0.048***

IP/4-5 acre

-0.083***

IP/6-7 acre

-0.094***

CFT/2-3 acre

-0.016

CFT/4-5 acre

-0.041*

CFT/6-7 acre

-0.091***

P

0

0

0

0

0

0

0

Ll

-32556,4

-32390,7

-31866,5

-12278,6

-12328,6

-11879,3

-11763,6

N

87240

87240

87240

27790

27790

26712

26712

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2003; SIES 2007 a 2011.

Cuadro A.9. Cohorte de educación técnico profesional por sector/especialidad (área) de estudios

Sector

Especialidad

Casos

% en total

% mujeres

Administración

Administración

17.798

17,6

60,8

Administración

Contabilidad

11.166

11,1

58,1

Administración

Secretariado

6.101

6,0

93,1

Administración

Ventas

4.180

4,1

60,9

Metalmecánico

Mecánica industrial

3.645

3,6

3,2

Metalmecánico

Construcciones metálicas

2.620

2,6

3,5

Metalmecánico

Mecánica automotriz

5.658

5,6

2,3

Electricidad

Electricidad

5.684

5,6

3,9

Electricidad

Electrónica

5.162

5,1

6,0

Electricidad

Telecomunicaciones

1.656

1,6

28,2

Construcción

5.964

5,9

15,5

Minero

836

0,8

25,0

Gráfica

1.342

1,3

32,6

Químico

1.000

1,0

66,0

Confección

1.792

1,8

95,3

Alimentación

8.636

8,6

69,7

Programas sociales

7.813

7,7

94,0

Hotelería y turismo

2.485

2,5

74,9

Maderero

2.179

2,2

21,8

Agropecuario

3.828

3,8

30,5

Marítimo

1.460

1,4

36,0

Total

101.005

100,0

47,7

Fuente: RECH 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Cuadro A.10. Regresiones de salarios para egresados TP sin educación superior

M1

M2

M3

M4

M5

Minero

250957***

250092***

250422***

250422***

249964***

Gráfica

13532

35939**

35947**

35947**

33595**

Químico

701

38604**

38621**

38621**

37544**

Confección

-128469***

-37158***

-37590***

-37590***

-36208***

Alimentación

-88947***

-44206***

-43953***

-43953***

-43329***

Programas y proyectos sociales

-113106***

-35241***

-34834***

-34834***

-34996***

Hotelería y turismo

-84391***

-26878**

-26079**

-26079**

-26313**

Maderero

-47632***

-43699***

-43165***

-43165***

-39096***

Agropecuario

-37817***

-25169***

-24943***

-24943***

-19802**

Marítimo

-4964

9215

9609

9609

9227

Administración

-49018***

-3936

-3408

-3408

-4269

Contabilidad

-40918***

-4731

-4332

-4332

-6166

Secretariado

-85990***

-6901

-6545

-6545

-6869

Ventas

-49903***

-11243

-11383

-11383

-12041

Mecánica industrial

111326***

91678***

90963***

90963***

90689***

Construcciones metálicas

27139***

16956*

16275*

16275*

16752*

Mecánica automotriz

39916***

30460***

30860***

30860***

31934***

Electricidad

74350***

56950***

56798***

56798***

56297***

Electrónica

17315*

7830

8653

8653

6217

Telecomunicaciones

-10894

2064

2836

2836

1376

D_mujer

-56168***

-56261***

-56261***

-55535***

Experiencia

3532***

3529***

3529***

3527***

Calidad estab 2

13525***

Calidad estab 3

19298***

Calidad estab 4

31892***

Calidad estab 5

28040***

SES 2

-1804

-1804

-3342

SES 3

3695

3695

1132

SES 4

375896***

194852***

194993***

194993***

182365***

SES 5

250957***

250092***

250422***

250422***

249964***

Part. subvencionado

13532

35939**

35947**

35947**

33595**

Corp. adm. delegada

701

38604**

38621**

38621**

37544**

Cte

-128469***

-37158***

-37590***

-37590***

-36208***

r2

0,096

0,225

0,225

0,228

0,231

N

24711

24711

24711

24711

24711

Nota: Los asteriscos señalan significancia estadística al 1% (***); 5% (**) y 10% (*).

Fuente: RECh 2003-2011; Simce 2003; Seguro de Cesantía 2003 a 2012.

Cuadro A.11. brechas salariales de género ajustadas por experiencia laboral (%)

TP

CH

Titulados universidades

86,0

88,2

Titulados institutos profesionales

76,1

78,7

Titulados centros de formación técnica

74,5

77,5

Abandonaron los estudios superiores

77,2

83,0

Egresados de la educación media

78,6

80,2

Desertores de la educación media

83,9

83,7

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Cuadro A.12. Meses trabajados 2003-2011

TP

CH

mujeres

hombres

mujeres

hombres

Titulados universidades

22,1

28,9

12,8

13

Titulados institutos profesionales

31,9

37,4

20,2

23,9

Titulados centros de formación técnica

26,7

37,4

20,9

26,1

Estudiantes de educación superior

27,2

32,2

9,4

10,9

Abandonaron los estudios superiores

33,1

42,7

19

25,3

Egresados educación media

31,3

46,9

23,4

34,6

Desertores de educación media

16,1

39,7

15,9

37,5

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Cuadro A.13. Brecha salarial y áreas de estudios para mujeres egresadas de la educación técnico profesional sin estudios superiores (áreas ordenadas según nivel de remuneración promedio)

Área de estudios

% mujeres en

área estudios

Salario mujer

como %

salario hombre

Tasa de

ocupación

mujeres

Minero

14,9

68,2

63,1

Mecánica industrial

1,7

55,7

44,4

Electricidad

3,5

62,1

63,9

Químico

66,3

72,0

54,8

Construcciones metálicas

1,7

63,8

69,4

Mecánica automotriz

1,4

75,3

56,1

Electrónica

4,9

81,3

64,8

Gráfica

29,4

62,9

55,8

Marítimo

26,7

70,9

67,1

Construcción

10,7

69,1

56,5

Telecomunicaciones

30,0

72,2

65,7

Contabilidad

59,9

83,4

62,8

Maderero

13,4

66,5

48,2

Agropecuario

22,6

71,0

56,2

Ventas

62,6

81,5

68,9

Administración

60,9

80,0

63,2

Hotelería y turismo

72,3

83,7

64,1

Secretariado

92,9

78,9

65,8

Alimentación

65,3

77,6

61,8

Programas y proyectos sociales

94,2

83,9

63,4

Confección

95,8

78,9

51,8

Total

42,5

72,6

62,6

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Cuadro A.14. Trayectorias educacionales según dependencia de enseñanza media para la cohorte técnico profesional (%)

Municipal

Particular

subvencionado

Corporación

delegada

Total

Titulados universidades

2,2

2,7

4,1

2,6

Titulados institutos profesionales

2,5

3,3

4,8

3,1

Titulados centros de formación técnica

2,3

2,6

3,1

2,5

Estudiantes de educación superior

16,1

21,4

25,5

19,3

Abandonaron los estudios superiores

11,6

14,9

16,1

13,5

Egresados educación media

48,3

39,6

40,0

43,8

Desertores de educación media

17,1

15,6

6,3

15,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

Cuadro A.15. Tasa de ocupación según trayectoria educacional y dependencia de enseñanza media para la cohorte técnico profesional (%)

Municipal

Particular

subvencionado

Corporación

delegada

total

Titulados universidades

69,0

72,0

75,2

71,4

Titulados institutos profesionales

76,7

82,9

77,8

79,6

Titulados centros de formación técnica

70,7

73,0

75,9

72,4

Estudiantes de educación superior

62,1

62,9

63,1

62,6

Abandonaron los estudios superiores

76,0

77,9

80,5

77,4

Egresados educación media

70,7

71,7

74,7

71,5

Desertores de la educación media

61,7

61,0

60,8

61,4

Total

68,5

69,5

72,0

69,3

Fuente: RECh 2003-2011; SIES 2007-2011; Seguro de Cesantía 2003-2012.

1 Ministerio de Educación (Mineduc) de Chile, 2005. Este nuevo marco curricular empieza a implementarse en el año 2001.

2 En el año 2009, había sólo 19 por ciento de establecimientos de enseñanza media que ofrecían ambas modalidades de estudios (establecimientos polivalentes).

3 Esta referencia corresponde a la tesis doctoral del autor, la que fuera desarrollada en paralelo al presente trabajo. Hay algunos temas que se superponen entre ambos documentos con resultados por lo general coincidentes, como se hace notar a lo largo de este documento.

4 Las bases de datos empleadas en el estudio son propiedad del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Estas bases pueden ser solicitadas por investigadores interesados a las respectivas instituciones. No obstante, la vinculación de los distintos microdatos se realiza a través del Registro Único Nacional de cada estudiante, información que no es pública. La base de datos unificada que dispuso esta investigación fue creada especialmente para estos efectos por el Ministerio de Educación con el concurso del Ministerio del Trabajo. Esta base se encuentra en poder de la primera entidad y puede en principio ser solicitada para otras investigaciones. Asimismo, es posible actualizar esta base de datos con registros administrativos más recientes, ampliando el período de análisis para los miembros de la cohorte.

5 En el año de inicio de la base (2007) se incluyen 71 de un total de 72 centros de formación técnica, 35 de 38 institutos profesionales y 56 de 57 universidades.

6 La asignación de los estudiantes entre la educación técnico profesional y científico humanista se realiza en base al último grado cursado. En el caso de los estudiantes cuyo último grado de estudios es segundo medio, se procede a clasificarlos de acuerdo con la modalidad que prevalece en el establecimiento que cursan estudios.

7 Estos alumnos no pueden distinguirse en la base de datos de aquellos que egresan de la educación media y no siguen estudios superiores, categoría que por lo tanto queda sujeta a algún grado de sobreestimación.

8 Así se desprende al comparar la tasa de ocupación de los egresados de la educación media técnico profesional de edad equivalente entre la encuesta Casen y los datos del Seguro de Cesantía, con resultados prácticamente idénticos.

9 Farías (2013) discute los posibles determinantes de la elección entre enseñanza media TP versus CH, teniendo por referencia las teorías de capital humano, capital cultural, capital social y elección de escuelas. De Iruarrizaga (2009) muestra que la elección de TP depende del nivel socioeconómico, del resultado en la prueba Simce y del ranking de notas del alumno en su establecimiento. Centro de Microdatos (2009) muestra que la distancia al establecimiento representa también una variable relevante en la elección de modalidad de estudios.

10 Otros candidatos para realizar esta clasificación son la educación del padre y el ingreso familiar, sin embargo para muchos estudiantes no se dispone de información sobre la educación del padre mientras que el ingreso del hogar se reporta en tramos que son muy agregados para ser informativos.

11 A lo largo del texto, el puntaje Simce considerado es el promedio de las pruebas de matemáticas y lenguaje.

12 Alrededor del 12% de los estudiantes de la cohorte auxiliar no pueden ser clasificados por la variable socioeconómica. Ellos aparecen en el Registro de Estudiantes de Chile, pero no en la base de la prueba Simce. Ellos incluirían casos en que hay problemas con el identificador individual que permite unificar ambas bases, pero también a alumnos que no rinden el Simce por falta de motivación o porque sus establecimientos desincentivan que rindan la prueba.

13 Igual advertencia aplica a los cuadros 5 y 6, más adelante.

14 Se hace notar que los datos utilizados son censales, por lo que no es necesario utilizar testeo de hipótesis para mostrar que las diferencias son significativas en la comparación de medias y otras estadísticas descriptivas.

15 La clasificación de la dependencia del establecimiento se realiza cuando el alumno cursa cuarto medio o cuando el último grado es efectivamente cursado en la enseñanza media.

16 Por semejanza estadística debe entenderse que son comparables a nivel de promedios grupales, no individualmente.

17 Un grupo minoritario de estudiantes asisten a establecimientos TP que imparten el ciclo completo de enseñanza básica y media. Para ellos podría suceder que las falencias en la educación general se inicien en la educación básica, “contaminando” nuestra línea base de octavo año. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, porque la enseñanza básica opera con profesores que, por formación, son generalistas y porque este nivel de enseñanza siempre ha sido integrado.

18 Específicamente, el coeficiente de interacción Simce 8B con la dummy de educación TP.

19 Hay que notar que la PSU es rendida por un porcentaje mucho menor de egresados de la TP que CH (24% versus 66% en la PSU evaluada) y serían aquellos que en principio tendrán la mejor preparación para rendir esta prueba.

20 La brecha es estadísticamente significativa en todos los percentiles.

21 El porcentaje es más elevado entre los desertores de los niveles socioeconómicos acomodados. Así, en la modalidad científico humanista se matricula en la educación de adultos el 44 por ciento de los desertores del nivel socioeconómico más bajo y el 60 por ciento del nivel más alto. En la enseñanza técnico profesional los respectivos porcentajes son 31 y 50.

22 Este dato refiere a la cohorte en estudio, cuyo ingreso a la educación superior parte en 2006. El porcentaje de estudiantes de enseñanza media que accede a la educación superior ha crecido en el tiempo: en el bienio 2011-2012 el número de matriculados en el primer año es 47 por ciento mayor respecto del bienio 2006-2007 (para un total de estudiantes de enseñanza media más o menos estable en el tiempo).

23 A nivel del conjunto de la cohorte, el 55,6 por ciento ingresa a la educación superior. Entre ellos, el 60,1 por ciento cursa estudios en universidades, 25,1 por ciento en institutos profesionales y 14,8 por ciento en centros de formación técnica. Estas cifras no son comparables con las estadísticas que se publican sobre matrícula en educación superior, puesto que se trata del dato acumulado para el conjunto de la cohorte, mientras que las estadísticas habituales están referidas a la matrícula en un determinado año calendario.

24 La colocación de financiamiento estudiantil en la forma de Créditos con Aval del Estado y Becas Nuevo Milenio aumentó desde MM$ 61,2 en 2006 a MM$ 294,8 en 2011.

25 En la sección 3 se presenta en detalle la inserción laboral de la cohorte.

26 La cohorte técnico profesional que egresa en 2007 presenta la siguiente distribución de acceso a la educación superior: 23,5 por ciento en el primer año, 42 en el segundo, 21 en el tercero y 13,5 por ciento en el cuarto. Los porcentajes se calculan sobre el total que ingresa a la educación superior en los cuatro años siguientes al egreso de la educación media. Las cifras correspondientes a la cohorte que egresa en 2005 son, respectivamente, 34, 35, 19,4 y 11,6 por ciento (considerando sólo a los que ingresan los cuatro primeros años).

27 La medición de la calidad de las universidades es una materia compleja por la diversidad de funciones y de misiones institucionales. La acreditación institucional existente en Chile es realizada por pares académicos y se basa en evaluar el cumplimiento del proyecto de la institución y el funcionamiento de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad. Una medición alternativa clasifica a las universidades mediante indicadores objetivos, que se basan en atributos de los profesores, estudiantes, proceso formativo y gestión institucional (Grupo de Estudios Avanzados Universitas), pero el orden resultante no difiere en lo sustancial de la acreditación institucional. Un desafío pendiente en ambos casos es evaluar los aprendizajes efectivos de los estudiantes y su empleabilidad.

28 Farías (2013) obtiene un resultado similar en base a la variable persistencia de los estudios superiores.

29 Ver cuadro A.8 en Anexo. La regresión considera a los estudiantes con información sobre la institución donde se realizan estudios superiores, variable que se registra a partir de 2008 en el SIES. La regresión no considera por tanto a quienes desertaron en los años 2006 y 2007. Las estadísticas de deserción citadas en el texto más arriba sí incluyen esos casos.

30 En la cohorte de estudio hay una diferencia de 2:1 entre las remuneraciones promedio de los titulados universitarios y los desertores de la enseñanza media; en la cohorte de 30 a 40 años esta diferencia aumenta a 4:1 (Casen 2011).

31 Los salarios que se reportan corresponden al promedio mensual entre enero y octubre de 2012, último período para el cual se dispone de información (el dato promedio incluye sólo los meses con remuneración).

32 La remuneración es 12 por ciento mayor en promedio cuando los estudios en centros de formación técnica o institutos profesionales se realizan en especialidades similares a las cursadas en la enseñanza media técnico profesional (sin ajustar por otras variables). Este es un dato sólo referencial, puesto que la correspondencia de los sectores de estudios en los niveles medio y superior no es exacta en las bases de datos utilizadas (RECh, SIES y Seguro de Cesantía).

33 Ver Anexo, cuadro A.9.

34 No se cuenta con medidas directas de la calidad de los establecimientos técnico profesionales. En la regresión se aproxima esta variable a través del porcentaje de alumnos desertores a nivel del establecimiento. La hipótesis subyacente es que el incentivo para desertar depende de la calidad de la educación que se recibe, por lo que la primera variable sería informativa de los niveles de la segunda. No obstante, puede haber otras interpretaciones para la relación entre calidad y deserción a nivel de establecimientos.

35 Ver cuadro A.11 y cuadro A.12 en Anexo.

36 Ver cuadro A.13 en Anexo.

37 Cuadro A.15 en Anexo.

Artículo

DESIGUALDAD, MOVILIDAD, POBREZA: NECESIDAD DE UNA POLÍTICA SOCIAL DIFERENTE

Claudio Sapelli

P. Universidad Católica de Chile

Claudio Sapelli. Ph. D. en economía, Universidad de Chicago. Profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: csapelli@uc.cl.

Resumen: En Chile, las generaciones más jóvenes tienen una distribución del ingreso sustancialmente más equitativa que las generaciones más viejas. En ellas hay también mayor movilidad social y menor pobreza. Las tendencias gruesas “van bien”, pero la política social no se ha adecuado a este nuevo escenario. El artículo discute cómo debiera cambiar el diseño de la política social para tomar en cuenta estos resultados. El autor considera que la política social debe preocuparse centralmente de la pobreza y de la movilidad social. Los nuevos programas deberían, entonces, centrar su diseño en acompañar a las personas en una etapa de sus vidas (durante un episodio de pobreza) y no para siempre (porque no “son” pobres). En consecuencia, deben basarse en el ingreso y no en una ficha de protección social, cualquiera ésta sea. Es necesario reconocer que la pobreza tiene una importante dimensión temporal, hay alta movilidad entre pobres y no pobres y que la política social debe adecuarse a esa realidad, en lugar de representar una traba.

Palabras clave: política social, distribución del ingreso, movilidad social, pobreza, ingreso ético familiar, impuesto negativo al ingreso.

Recibido: julio 2013; aceptado: enero 2014.

INEQUALITY, MOBILITY, POVERTY: THE NEED FOR A DIFFERENT SOCIAL POLICY

Abstract: In Chile, income is distributed on a substantially more equitable basis among younger generations than older generations. There is a greater social mobility and less poverty in the younger generations. The overall trends “are going well,” but social policy has

not been adapted to this new scenario. This article discusses how the design of social policy should be changed in order to take into account these findings. The author believes that social policy must focus on poverty and social mobility. The design of new programs should therefore be centered on accompanying individuals in one stage of their lives (during an episode of poverty) and not forever (because these people are not intrinsically poor). Consequently, the program should be based on income and not on the indicators of a welfare survey, whatever its content may be. It is important to acknowledge that there is an important time dimension to poverty and that there is high mobility between the poor and the non-poor. Social policy should be adapted to that reality instead of representing an obstacle.

Keywords: social policy, income distribution, social mobility, poverty, ethical family income, negative income tax.

Received: July 2013; accepted: January 2014.

1. INTRODUCCIÓN

En Chile, las generaciones más jóvenes tienen una distribución del ingreso sustancialmente más equitativa que las generaciones más viejas. En ellas hay también mayor movilidad social y menor pobreza que en las generaciones de sus padres. Si bien discutiré aquí evidencia empírica al respecto (que no ha sido publicada en otros lugares), el objetivo central del ensayo es la política pública que se deriva de estas observaciones. O sea, en una primera sección se discuten los datos relevantes y, en una segunda sección, se discute qué política pública debiera seguirse de las realidades que se describen.

En trabajos previos (Sapelli 2011a, 2011b) se utilizan los datos de la encuesta de empleo de la Universidad de Chile para mostrar que, si bien la distribución del ingreso para toda la población puede mostrar cierta estabilidad, los indicadores de desigualdad por cohortes muestran una persistente mejora a partir de aquellos nacidos en la década de los cincuenta. Los resultados con la encuesta Casen serán presentados con algo de detalle en este ensayo, pero el hecho de que ambas bases de datos den conclusiones similares le da robustez a esta observación.

El diseño de la política social requiere además de una (breve) reflexión sobre cuáles debieran ser sus objetivos y sobre la forma más adecuada de alcanzarlos. En ese sentido se discuten, como objetivos posibles, la movilidad, la pobreza y la desigualdad. Me detengo un poco más en el tema de la desigualdad en Chile, que parece ser el centro de mucha discusión últimamente y que algunos analistas creen debe ponerse como el objetivo central de la política social. Este ensayo, sin embargo, recomienda que la política social debe preocuparse centralmente de la pobreza y de la movilidad social.

En particular, se recomienda que la política respecto de los pobres tome en cuenta la mayor movilidad que hoy existe, lo que, además, mejorará los incentivos para trabajar. De esta manera, lograremos mejorar el diseño de la política social y al mismo tiempo atenuar sus efectos anticrecimiento.

2. LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES SOCIALES

La evolución de los indicadores sociales como la distribución del ingreso, la movilidad social y la pobreza en Chile “va bien”. Normativamente, sin embargo, uno podría aceptar esto y aun así afirmar que hay mucho por hacer. Decir que nos estamos moviendo en la dirección correcta (y no estancados) es diferente a decir que “llegamos” a algún puerto o que definitivamente “estamos bien”.

Esta constatación de que “vamos bien” nace de lo que en la literatura técnica se llama “análisis de cohortes”. Éste implica estudiar no la evolución de los indicadores año a año, estimados como promedios de toda la población, sino que estudiar la realidad de las diferentes generaciones por separado. Para ello la población se separa en cohortes o generaciones según el año de nacimiento de las personas. A partir de ahora usaremos el término “generaciones”, que es de uso más amplio.

De dicho estudio obtenemos que los indicadores, cuando se estiman por generación, tienen una historia de mejora importante. Conviene recalcar que esta es solamente una forma “diferente” de ver la información, ya que ella es la misma sobre la cual se basan los indicadores promedio que solemos manejar.

¿Por qué hacer un análisis de generaciones?

Chile es un país en que ha habido muchos cambios en poco tiempo, pero cuando se toman promedios poblacionales estos cambios a veces se pierden o no se ven tan claros. Pero si uno ordena los datos por generación, sí resulta claro que existe una tendencia a la mejora en los indicadores sociales, tendencia que en varios casos es de larga data.

Un buen ejemplo lo obtenemos de un análisis basado en datos de la OCDE. En el gráfico 1 se observa el porcentaje de personas con educación secundaria por grupo etario, que viene a ser una agrupación generacional, de personas nacidas en años cercanos.

Gráfico 1. Porcentaje de personas con educación secundaria

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de la OCDE (2011).

Si uno se fija en el porcentaje promedio (el que agrupa a toda la población, en las últimas tres barras), vemos que Chile tiene un porcentaje de educación secundaria muy inferior a Estados Unidos y algo inferior al de la OCDE. Pero si uno mira los datos por generaciones, vemos que Chile ha estado haciendo importantes progresos, y en la generación de 25 a 34 años ya superó el promedio de la OCDE y está muy próximo al de Estados Unidos.

Un enfoque de este estilo no es tan útil en países donde todas las generaciones tienen similares niveles de educación, como es el caso de Estados Unidos. Sí lo es en Chile, en donde, si se mira el promedio del país, se podría decir que tenemos un problema de acceso de la población a la educación secundaria, pero si se mira el tema por generaciones se da cuenta que el acceso está ya resuelto en las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, la conclusión es que, desde un punto de vista de la política pública, no nos debiera preocupar el acceso a la educación secundaria.

Distribución del ingreso: la visión de siempre y la visión de generaciones

Este enfoque de generaciones también podemos aplicarlo a la distribución del ingreso. ¿Son las generaciones más viejas muy desiguales pero las más jóvenes no? ¿O son todas las generaciones, desde las más viejas a las más jóvenes, igualmente desiguales?

Gráfico 2. Gini por año de encuesta: la visión de siempre

Fuente: Sapelli 2011a, en base a datos de la U. de Chile.

Gráfico 3. Distribución del ingreso por generación* (La línea continua representa el Gini por generación. La línea punteada, la tendencia)

Fuente: Sapelli 2011a, en base a datos de la U. de Chile.

* Lo graficado aquí es el llamado “efecto cohorte” puro que resulta de aplicar el método de Deaton, que permite separar el efecto generación del efecto edad. Como las generaciones nacidas a principio de siglo las observamos solamente cuando son “viejas” y las más recientes, cuando son jóvenes, se requiere de un método para evitar confundir el efecto en su ingreso que es propio de la generación del efecto que es propio de su edad. El método de Deaton es el más utilizado para hacer esta descomposición (ver Deaton & Paxson 1994; Deaton 1997; Attanasio 1998; Deaton & Paxson 2000; Blisard 2001; McKenzie 2002). Incluso métodos desarrollados más recientemente (como el del double hurdle) son sólo modificaciones menores del método original (ver, por ejemplo, Aristei et al. 2008). Se excluyen de éste y otros gráficos los intervalos de confianza a efectos de hacerlos más legibles, pero todos los procesos analizados son significativos al 5% cuando se los analiza punta a punta.

La frustración que suele palparse en Chile cuando se discute la distribución del ingreso se deriva de mirar los datos del gráfico 2 (con datos de la encuesta de empleo de la Universidad de Chile). Allí tenemos la evolución de la desigualdad del total de la población y su evolución en el tiempo, sin distinguir por generación. En esta perspectiva, el Gini parece oscilar sin dirección clara en torno a 0,5, un valor muy alto. Aunque mirándolo en más detalle, se puede observar que hay una tendencia a la mejora desde fines de los ochenta, que los datos de la Casen ratifican que existe muy marcadamente desde el año 2000 (ver gráfico 8).

Sin embargo, cuando miramos esta evolución por generaciones (gráfico 3), la evolución es muy diferente. La desigualdad empeora hasta los nacidos a mediados de los cincuenta y a partir de allí empieza a mejorar. La mejora de punta a punta, desde las generaciones nacidas a mediados de los cincuenta hasta las nacidas a principios de los ochenta, es de 8 puntos del Gini, una mejora sustancial. Con los datos de la Casen se obtiene algo similar en términos de evolución (ver discusión más adelante) y el orden de magnitud de la mejora en el indicador de distribución del ingreso es incluso algo mayor: 14 puntos de Gini.

En resumen, si bien el indicador de toda la población indica poca variación, la distribución del ingreso por generaciones ha mejorado sustancialmente. La razón de por qué ello no se ha notado aún en el indicador global tiene que ver con la recomposición de la población chilena, en la que los grupos etarios más viejos, que son los que tienen peor distribución del ingreso, han adquirido mayor peso.

Robustez de la evidencia empírica sobre distribución del ingreso

Los gráficos 4 y 5 muestran el efecto cohorte calculado sobre el Gini para las encuestas Casen (se utilizan todas las disponibles a la fecha del estudio, desde 1990 hasta 2009). El gráfico 4 muestra con la definición normal de generación (agrupando a todos los nacidos en un año) y el gráfico 5 lo hace calculando el Gini sobre cohortes definidas como un promedio móvil de cinco años (para cada generación se incluyen los datos de los nacidos en ese año más los datos de los nacidos dos años antes y dos años después, una técnica para encontrar resultados más robustos).

Este análisis confirma la caída en la desigualdad por cohorte, la cual se acentúa a partir de los años 50. En términos de magnitud, la estimación con generaciones definidas tradicionalmente es de una caída de 12 puntos y en el caso de las generaciones definidas como promedios móviles, la caída empieza antes y es mayor, de 14 puntos entre la generación nacida en 1943 y la nacida en 1977.

En el gráfico 6 se confirman los resultados, utilizando otros índices para medir la desigualdad, diferentes al Gini. Hay diferencias entre los resultados para el Gini y para los otros índices, pero estos muestran una mejora aún mayor en la desigualdad.

Gráfico 4. Efectos cohorte del Gini, definición tradicional (La línea continua representa el Gini por generación. La línea punteada, la tendencia)

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de las encuestas Casen 1990-2009.

Gráfico 5: Efectos cohorte del Gini en promedios móviles (La línea continua representa el Gini por generación. La línea punteada, la tendencia)

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de encuestas Casen 1990-2009.

Gráfico 6. Comparación del efecto cohorte entre tres índices de desigualdad

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de las encuestas Casen 1990-2009.

Si se trata de explicar esta mejora de la desigualdad, los datos de las encuestas Casen permiten ratificar que la educación ha jugado un rol importante. En el gráfico 7 se muestra la evolución de un indicador de desigualdad de la educación de las personas en cada cohorte (en que se usa, al igual que para los ingresos, el índice de Gini). Allí puede observarse una persistente disminución de los niveles de desigualdad.

Conclusión

Las cohortes se han vuelto crecientemente más iguales en términos de distribución del ingreso. La educación ha cumplido un rol fundamental en este proceso. Si bien esta mejora en la distribución del ingreso se observa muy claramente al analizar los datos por generación (tanto a través de las encuestas de la Universidad de Chile como a través las encuestas Casen), esta tendencia ya se nota a nivel de datos totales para la población (gráfico 8). La tendencia es más fuerte para la población en edad de trabajar (18 a 65 años): una mejora de 5 puntos del Gini, casi 10 por ciento en el indicador.

Gráfico 7. Gini de los años de educación, por generación

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de las encuestas Casen 1990-2009.

Gráfico 8. Evolución del Gini para la población total

Fuente: Elaboración del autor en base a datos de las encuestas Casen 1992-2011.

Esta evolución entonces ya no debiera ser un punto de controversia: existe, las mediciones son concluyentes. De manera que respecto de cómo mejorar la distribución del ingreso, la discusión debiera centrarse en si la velocidad de progreso es o no la adecuada y si puede aumentarse sin afectar en exceso el crecimiento. Pero ésta es una discusión diferente a la originada en la frustración, porque el indicador de Gini no muestra mejoras.

En relación con este último punto, es conveniente recordar que la distribución del ingreso es un tema en el que el progreso es lento y en el que, por lo tanto, la impaciencia puede ser mala consejera. Cuando el Banco Mundial armó una base de datos de diferentes países y distintos momentos en el tiempo de indicadores de distribución del ingreso (Deininger & Squire 1996), uno de los aspectos más notorios de los datos era que, si bien los países tenían diversos niveles de desigualdad, esos niveles permanecían relativamente constantes por largos periodos en todo el mundo.

Tratar de empujar muy fuerte en la desigualdad de ingreso puede terminar minando el proceso de crecimiento, y este último constituye la base de los positivos resultados que Chile ha estado observando. Ellos son, a su vez, la base del aumento de la demanda de personas con más educación y los que, además, han llevado a aumentar significativamente los ingresos de los más educados, hecho que explica, también, que la población se esté educando más. O sea, el crecimiento es el motor de la mayor cantidad de años de educación de la población, de los mejores salarios y del mayor empleo, todo lo cual está detrás de la mejora en la distribución del ingreso en las generaciones más jóvenes.

3. MOVILIDAD SOCIAL

Aun cuando hubiéramos concluido algo diferente respecto de la evolución de los indicadores de distribución del ingreso, uno podría argumentar que esta distribución no debiera ser el objetivo último de la política social, sino que este objetivo debiera ser la mayor movilidad social, una distribución de oportunidades más equitativa.

Es relevante entonces responder la pregunta: ¿Qué ha pasado en Chile al respecto? Para ello podemos analizar la evolución de la movilidad educacional intergeneracional (Sapelli 2011c); esto es, cuánto depende la educación del hijo de la educación del padre. Esto se mide por un indicador que va de cero (la educación del hijo es independiente —o sea, no depende para nada— de la educación del padre) a uno (la educación del hijo depende totalmente —es idéntica— de la educación del padre). De esto se concluye que en este indicador lo mejor es estar más cerca de cero y, en términos de evolución, lo mejor es que el indicador caiga. Esto es lo que ha sucedido en Chile, como puede observarse en el gráfico 9. Desde las generaciones nacidas en los treinta a aquellas nacidas en los ochenta ha habido una mejora importante en la movilidad (el indicador cayó aproximadamente de 0,7 a 0,4). Si bien éstas son buenas noticias, se ve una cuasi detención del proceso de mejora sobre el final, lo que es preocupante.

Gráfico 9. Movilidad intergeneracional de la educación: evolución en el tiempo

Fuente: Sapelli 2011c.

Más allá de que el progreso es importante, impacta el estancamiento entre la generación nacida en 1957 y aquella nacida en 1978. Analizando las causas de este estancamiento, se concluye (puede verse la fundamentación en Sapelli 2011c) que un factor importante fue la imposibilidad de acceder a educación universitaria a partir del congelamiento de las vacantes que ocurre a mediados de los 70 y que para la educación universitaria dura 20 años. La generación nacida en 1957 (que es cuando se estanca el proceso de aumento en la movilidad) debía entrar a la universidad justamente en 1975, pero vio fuertemente restringido su acceso. Esto fue lo que falló. En ese sentido, la información permite observar que la cobertura de educación terciaria para quienes son hijos de padres con educación terciaria mejora en 20 puntos porcentuales entre la generación nacida a fines de los cincuenta y aquella nacida a fines de los setenta. Pero, simultáneamente, puede verse que las curvas de cobertura para hijos de padres con menor educación divergen y en especial la cobertura para aquellos que son hijos de padres con menos de 12 años de educación, que mejora poco y nada en ese periodo. Ahí puede verse que el congelamiento de las vacantes universitarias y el racionamiento de puestos vía Prueba de Aptitud Académica impidieron una mayor movilidad intergeneracional de la educación.

Lo importante es que eso ya ha cambiado. El estancamiento en las vacantes del sistema terciario ha sido superado con el cambio del marco institucional de la educación terciaria, que ocurrió a principios de los 90 y favoreció a las personas nacidas a mediados de los setenta (sobre el final del periodo que pudimos observar). Este cambio es aún demasiado reciente como para poder evaluar su efecto en la movilidad, pero es de esperar que haga que ella mejore en el futuro. Como una reflexión anexa, puede considerarse que la restricción cuantitativa generó importantes premios a la educación terciaria, lo que dio lugar a un aumento excesivo de la oferta, que, al hacer desaparecer muchos de los importantes premios salariales de las distintas carreras, está detrás del descontento actual.

Finalmente, conviene recalcar que este proceso de aumento de la movilidad intergeneracional se ha visto acompañado de un proceso de movilidad intrageneracional importante (Sapelli 2013), que es la razón de que la pobreza hoy deba conceptualizarse como temporal, tema que resulta central en el diseño de una adecuada política social, como se verá más abajo.

4. POBREZA

Respecto de la pobreza, utilizando el mismo método de generaciones usado para analizar la distribución del ingreso y la movilidad, se puede observar, en el gráfico 10, una marcada caída de ella. Los datos también muestran que la pobreza es principalmente un tema juvenil. Así, las personas son pobres durante su niñez y, luego, la mayor educación los saca de la pobreza y pueden disociarse de la suerte de sus padres. Pero el ser pobre cuando menor de edad deja marcas permanentes en el desarrollo cognitivo, por lo que el apoyo a esa edad es fundamental para que esta mejora no tenga un techo. Por otra parte, la temporalidad de la pobreza se acentúa con el aumento observado en la movilidad social.

5. ¿HAY QUE ELEGIR ENTRE POBREZA Y DESIGUALDAD?

Por muchos años, el objetivo de la política social chilena ha estado en el combate a la pobreza. Hoy se discute cambiar el énfasis y hacer más esfuerzo en combatir la desigualdad. ¿Un pronunciamiento en favor de una política que promocione la igualdad de ingresos podría significar una atenuación en la fuerza con que se combate la pobreza? ¿Es necesario elegir entre ambos objetivos? ¿Se pueden perseguir ambos al mismo tiempo?

Vamos por partes.

Primero: es importante dejar en claro que una política de combate a la pobreza es, por sí misma, una política de combate a la desigualdad. Todo lo que mejore los ingresos de aquellos más pobres disminuirá la desigualdad de la totalidad del país. O sea, combatir la pobreza es una política complementaria a una política de combate a la desigualdad.

Gráfico 10. Pobreza por cohortes

Fuente: Sapelli 2011b.

Segundo: frente a los datos recién mostrados, resulta paradójico que en estos momentos surja, y con tanta fuerza, la propuesta de enfocar los esfuerzos en la desigualdad, cuando ella parece estar mejorando sin necesidad de más ayudas que las ya existentes.

Tercero: a mi juicio, combatir la pobreza e incrementar la movilidad son más importantes que reducir la desigualdad. En ese sentido, perseguir un tercer objetivo, por loable que sea, parece inconveniente, especialmente si ello pone en riesgo uno de los dos objetivos principales.

Respondiendo entonces la interrogante del título, me parece que sí, que es necesario elegir entre ambos objetivos de política pública.

Es necesario elegir, en primer lugar, porque cada peso gastado para mejorar la distribución del ingreso en alguien que no es pobre es un peso menos gastado en alguien que sí es pobre.

Veremos que la recomendación de política que se planteará en este ensayo incluye ampliar la base que recibe transferencias, para incluir a los no pobres más cercanos a la línea de pobreza, a quienes podrían aún definirse como “vulnerables”. El objetivo principal de ello es eliminar un efecto perverso de la actual política social, que enfrenta a los pobres a impuestos confiscatorios cuando tratan de dejar la pobreza. ¿Qué es lo describimos como impuestos confiscatorios? Estos ocurren cuando una familia deja de ser pobre y sube en un punto del puntaje requerido en la ficha, momento en que se le terminan todos los programas sociales, que obviamente valen más que el ingreso extra que la llevó a superar el límite, con lo cual ese último ingreso, en la práctica, es confiscado.

Una vez que se ha ampliado esta política a aquellos que están cerca de la línea de pobreza se agota la justificación, a mi juicio, para seguir ampliando la cobertura de dicha política. ¿Por qué ayudar a los no pobres que ni siquiera están cerca de la línea de pobreza? ¿Para mejorar la distribución del ingreso? En mi opinión esto no se justifica, básicamente, porque en términos de resultados lo importante es que no haya pobres, que todos tengan un mínimo considerado adecuado y que lo que incluya este mínimo sirva, además, para impedir la transferencia intergeneracional de la pobreza. Para el resto de la población, lo importante es la igualdad de oportunidades y que las políticas no afecten el crecimiento. La política de incluir a los no pobres vulnerables, como veremos, hace que la política social ideada para disminuir la pobreza sea más amigable con el crecimiento. Políticas sociales universales, en cambio, tendrían importantes efectos sobre la oferta laboral y, por lo tanto, sobre el crecimiento.

La razón de por qué se justifica el ayudar a los no pobres “vulnerables” está en eliminar el fuerte desincentivo a mejorar que existe hoy en la política social chilena.

El problema radica en que la política social chilena actual es un buen mecanismo antipobreza solamente si la pobreza es permanente. Cuando la pobreza es permanente, lo central de la política es identificar a quienes son pobres, razón por la cual se confecciona la ficha de protección social. Como en esa visión las personas estarían condenadas a la pobreza, no habría necesidad de preocuparse de los incentivos que tendría la política social sobre su comportamiento. Entonces, el hecho de que la política enfrente a los pobres a impuestos confiscatorios cuando están por dejar la pobreza no importaría, ya que, bajo este paradigma, ello nunca sucederá.

Sin embargo, como la pobreza se ha transformado en una circunstancia principalmente temporal, el contexto social donde se aplica la política ha cambiado y ésta genera hoy incentivos perversos. La gente sale de la pobreza, algunos para siempre, otros temporalmente. Cualquiera sea el caso, enfrentados a los impuestos confiscatorios estas personas se ven ante el dilema de mentir, de ocultar ingresos o bienes o, incluso, de no mejorar. La política antipobreza, entonces, está diseñada de tal manera que se opone a la movilidad, lo que es un contrasentido.

Por las mismas razones, la ficha de protección social es un mecanismo de focalización que se ha vuelto obsoleto. Ella se basaba en que podía identificarse a un pobre por algunas pocas características permanentes que lo diferenciaban de un no pobre. Pero ahora eso no existe. Ahora un no pobre y un pobre son muy parecidos: sólo difieren en su ingreso. Las personas no “son” pobres, sino que pasan por episodios de pobreza. En ese contexto, el objetivo de la política pública debiera consistir en acompañar a una persona en tanto sea pobre y “soltarla” cuando deje de serlo. Hoy, en lugar de focalizar el gasto social a través de una ficha, es necesario focalizarlo a través del ingreso, que es el único criterio diferenciador entre pobres y no pobres.

Al mismo tiempo, se debe tener cuidado de que el aumentar en forma importante las transferencias a los no pobres genere incentivos para no trabajar. Es un punto que con un buen diseño del Ingreso Ético Familiar (IEF), no el actual, podría solucionarse.

Por último, en esta dicotomía entre el objetivo actual de la política social (bajar la pobreza) y el objetivo deseado por algunos para el futuro (bajar la desigualdad), queda a un lado un tema que, a mi juicio, es clave y que sí debiera ser objeto de un esfuerzo adicional: aumentar la movilidad social o, lo que es lo mismo dicho de otra forma, proveer igualdad de oportunidades.

Si lo que buscamos es la igualdad de oportunidades o la de resultados es una vieja discusión (desde Rawls 1971 a Nozick 1974). Pero lo cierto es que la movilidad es un objetivo importante en el que, además, no hay trade off con la pobreza, ya que hay políticas que permiten perseguir ambos objetivos al mismo tiempo. Por ejemplo, para aumentar la movilidad tenemos que ayudar a los hijos de padres pobres para que no resulten afectados por la pobreza de sus padres. Esto se logra, en parte, mejorando la situación de aquellos padres que se encuentran en situación de pobreza.

6. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La propuesta de este ensayo consiste en agrupar buena parte de las transferencias hoy existentes en una sola política simple y transparente. Esto permitiría convertir al Ingreso Ético Familiar, correctamente implementado, en el pilar central de la política social, lo que ayudaría a mejorar la política antipobreza y, al mismo tiempo, ampliarla a los más cercanos a la línea de pobreza, los aún vulnerables. Este mecanismo contribuiría también a bajar la desigualdad y a aumentar la movilidad.

La proposición es implementar una adaptación del “negative income tax”, o impuesto negativo al ingreso (INI), adaptación que también tomaría aspectos prestados del “Earned income tax credit” (EITC) de Estados Unidos. Este programa consiste en “ayudar a quienes se ayudan a sí mismos”, subsidiando el ingreso de quienes son pobres pero trabajan, por lo que en la práctica opera como un aumento salarial para estas personas.

Las ventajas de un INI están en que uno puede reemplazar con un programa a gran parte de la multiplicidad de programas sociales que implican transferencias en dinero, lo que simplifica la política social y permite evaluar mejor sus efectos, evitando arbitrariedades y disminuyendo costos de implementación.

Por otra parte, hay ya mucha evidencia empírica acumulada respecto de los efectos del EITC, en particular en Estados Unidos (ver, por ejemplo, a Eissa & Liebman 1996 o a Meyer & Rosenbaum 2001). Está visto que mejora los ingresos de los más pobres, disminuye la tasa de pobreza, mejora la desigualdad y disminuye la dependencia de las familias de las políticas de bienestar social. También reúne una clara evidencia de un efecto positivo en la participación laboral (en particular sobre las madres solteras), aunque no en las horas trabajadas de quienes ya participaban.

Una adaptación del EITC permitiría, a su vez, implementar a través de un mecanismo alternativo el objetivo del salario mínimo. En otras palabras, a través de una política fiscal —y no de una laboral— se podría asegurar un mínimo de ingresos a la población. Esta política tiene la ventaja de no incurrir en los costos del salario mínimo como lo conocemos hoy, ya que el INI no tiene el efecto perverso de perjudicar la demanda por trabajadores. Aunque puede afectar la oferta, al menos deja en las manos de las personas la decisión de trabajar o no trabajar. El salario mínimo, por oposición, impide que aquéllos con menor capital humano trabajen, aun cuando quieran hacerlo.

A su vez, el INI permite reemplazar a todos los programas que tienen incentivos perversos, como el impuesto confiscatorio ya descrito.

Gráfico 11. Impacto del impuesto negativo al ingreso

Fuente: Elaboración del autor.

Entre sus ventajas, el impuesto negativo al ingreso permite tratar más simétricamente a pobres y ricos, como se puede ver en el gráfico 11. Allí, en el eje horizontal está el ingreso autónomo de la persona y en el vertical, el ingreso después de transferencias e impuestos. La recta de 45 grados significa que no hay diferencias entre ellos. Cualquier política de transferencias, por lo tanto, tiene por objetivo desviarse de la recta diagonal y aumentar los ingresos de los más pobres —vía subsidios— y disminuir los de los más ricos, vía impuestos. Eso es lo que se ve en el gráfico, en que para las personas de menores ingresos, el ingreso después de subsidios es más alto y para las personas de mayores ingresos, el ingreso después de impuestos es más bajo.

El problema es que un esquema de este tipo hay que diseñarlo con mucho cuidado, porque se corre el riesgo de que las personas decidan dejar de trabajar ya que reciben un ingreso suficiente a través de las transferencias. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, si se les diera un mínimo no condicionado: todos aquéllos con un ingreso menor al garantizado dejarían de trabajar, dado que si su ingreso es cero recibirán este monto garantizado sin necesidad de laborar. Se daría la tendencia entonces de que toda la cola izquierda de la distribución del ingreso dejaría de contribuir al PIB, viviría de sus rentas y se concentraría en un punto en la distribución, con ingreso autónomo cero, pero ingreso efectivo igual al mínimo garantizado. Como esto requeriría de más impuestos para financiarse y los impuestos generan incentivos perversos, entraríamos en un círculo vicioso.

Una discusión un poco más detallada del impuesto negativo al ingreso, de cómo diseñarlo y su aplicabilidad a Chile, se hace a continuación.

El impuesto negativo al ingreso (INI)

En esta sección discutiré la recomendación de implementar un impuesto negativo al ingreso (INI). Veré sus ventajas y desventajas, con un ojo puesto en su aplicación a Chile, y terminaré con una discusión de hasta qué punto el Ingreso Ético Familiar se parece al INI.

La propuesta original de Friedman (1962) surge como una alternativa a las políticas vigentes en ese momento en Estados Unidos. A él le preocupaban sobremanera los altos impuestos marginales implícitos en los programas existentes y su enorme desincentivo a trabajar, lo que promovía la creación de una clase dependiente de los ingresos del gobierno y producía un menor nivel de producto.

Los beneficios del INI (B) pueden estimarse por una simple fórmula:

B=G-tY,

Donde G es el ingreso garantizado, t es la tasa de impuesto e Y es el ingreso autónomo de la persona. A una persona con cero ingresos se le garantiza G, y a medida que va creciendo su ingreso autónomo se le va quitando de esta transferencia un porcentaje t de dicho ingreso. A partir de que G/t=Y entonces el beneficio es cero.

Hay dos elementos del diseño que son importantes: el nivel de G y el de t. Para evitar que el nivel G genere desincentivos a trabajar pareciera necesario que haya condicionalidad, aun cuando Friedman no lo previó en su propuesta original.

Un punto importante de este esquema es que t nunca sea uno (cien por ciento), ya que eso genera los impuestos confiscatorios. El esquema chileno, sin embargo, se parece a un esquema en que t es igual a 1 y que tiene la forma: B=G-Y, que justamente posee el incentivo a hacer Y=0 —o sea, a no trabajar— para todos aquellos que ganan menos que G, o incluso para un pequeño grupo que está por encima de G y que le gusta el ocio, el incentivo es a no trabajar. En Chile el incentivo puede ser hoy canalizado, más bien, en mentir en la ficha de protección social, pero como ella está siendo cambiada para que sea menos factible hacerlo, el efecto desalentador del sistema puede transformarse en un problema de primer orden.

En cambio, si se deja de cobrar un impuesto expropiatorio de 100%, se incentiva a las personas a trabajar. Pero los mejores incentivos a trabajar no son las únicas ventajas del INI. También tiene como ventaja que no opera como “un programa especial para pobres”, sino que de una manera en años buenos y de otra en años malos. Tiene la particularidad de ser muy flexible y no estigmatizar a las personas. Además, no distorsiona los precios de mercado, como sí hacen otros programas de apoyo, como el salario mínimo o los precios mínimos en la agricultura. El impuesto negativo al ingreso es, a las finales, un mecanismo simple que podría reemplazar a una serie de programas de difícil comprensión y, posiblemente, con menos costos administrativos.

Friedman fue muy crítico del intento de Nixon de implementar un programa que decía estar inspirado en su propuesta. Su principal crítica es que se adicionaba a todos los programas existentes en lugar de reemplazarlos. Esto es algo similar a lo que se puede decir hoy respecto de la implementación del Ingreso Ético Familiar. Al sumar al IEF, como una suerte de INI, al conjunto de programas existentes no se corrige la existencia de impuestos expropiatorios en el margen y, además, se pierden las ventajas de la simplicidad del INI y sus menores costos administrativos. El INI tiene la ventaja de tratar a los iguales de manera igual, cosa que un conjunto grande y heterogéneo de programas difícilmente puede asegurar.

Permítanme ahora volver al problema de cómo fijar el nivel de G y t adecuados. Al poner t=1, como en los programas actuales que existen en Chile, se permite “en principio” focalizar los gastos en los más pobres y proveerlos de una garantía G mayor (sin por ello generar un gasto público muy grande). Pero, como dijimos, esta configuración tiene el incentivo perverso de que disminuye los incentivos a que estas personas se ayuden a sí mismas trabajando más. Un programa con una menor tasa de impuesto (t) implica gastar más en no pobres y tiene como consecuencia que, si se quiere gastar lo mismo en total, el G garantizado debe bajar. Alternativamente, si se quiere mantener el ingreso garantizado, el gasto total tiene que subir.

El otro punto importante consiste en resolver, en parte, los conflictos que se presentan en diseñar un buen INI al imponer requisitos adicionales para recibir los subsidios. Estos requisitos tratarían de evitar el fraude. Esta es una característica que no estaba en el diseño original del INI pero que sí la tiene el Ingreso Ético Familiar, y es posible que sea necesaria. Por ejemplo, condiciones como exigirles a los beneficiarios que busquen trabajo o que laboren en un esquema público o comunitario. Este tipo de requisitos adicionales pueden resolver el conflicto entre un nivel de ayuda razonable, un impuesto de tasa razonable e incentivos al trabajo razonables.

Ésa es justamente la diferencia entre el impuesto negativo al ingreso y un esquema de tipo “Earned income tax credit” (EITC). El INI da transferencias incondicionadas, en cambio el EITC exige que la persona trabaje. De esta manera, pretende resolver el problema que genera el INI en términos de desincentivar la participación laboral y el empleo.

En el caso del Ingreso Ético Familiar (IEF) hoy aplicado en Chile lo que se está haciendo es continuar con el mal diseño tradicional de la política social chilena, imponiendo impuestos expropiatorios en el margen a los pobres y tratando de resolver el problema de incentivos que ello genera vía otras exigencias. Si bien uno puede jugar en el margen con este trade-off, el IEF es un programa más de transferencias adicionado a los 300 y tantos existentes. Claramente, no es un cambio revolucionario en la política social chilena, como se pensó podía ser.

Sus requisitos, cualquiera sea su forma, están en contradicción con la filosofía del INI propuesto originalmente. En el INI, es el diseño el que previene los desincentivos al trabajo, vía una tasa de impuesto no confiscatoria en el margen, y los incentivos remanentes se aceptan como un costo inevitable de la política social.

La idea en la propuesta original del INI es que a quienes no tienen el ingreso suficiente, no se les pregunta por qué no lo tienen. Es decir, el único juicio se hace respecto del nivel de ingreso. Los requisitos exigidos, en cambio, imponen una burocracia para verificarlos y administrarlos, lo que va contra una de las ventajas del INI. Estos requisitos, además, terminan dotando a la política de un grado de discrecionalidad que el INI buscaba remover.

Insisto en que no quiero decir con esto que los requisitos no sean necesarios, sino más bien que disminuyen el atractivo del esquema teórico propuesto originalmente. Hay que ver en la práctica si estos costos no advertidos en el diseño “de pizarrón” son lo suficientemente importantes para que la propuesta de política deje de ser atractiva. En el caso del INI, solamente la implementación del mismo nos permitiría evaluarlo.

Este es un programa, sin duda, en que el diablo está en los detalles. Diseñarlo no es fácil, pero por lo mismo debemos empezar a discutir cómo hacerlo.

Uno de los problemas es que, al igual que en la ficha de protección social, las personas podrían mentir y, en este caso, declarar vivir solas y crear artificialmente un bajo ingreso del hogar (estudiantes universitarios viviendo solos por ejemplo). Otro tema es cómo tratar a personas que pueden ser muy ricas en términos de patrimonio, pero cuyo ingreso es bajo. Para evitar abusos entonces probablemente habrá que recurrir a algún filtro adicional, que requerirá de una burocracia para administrarlo, lo que disminuirá el atractivo que “en el papel” tiene este instrumento.

En todo caso, creo que podríamos concluir que sus beneficios son mayores que los problemas que su implementación genera.

La aplicación del INI en Chile

¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años con la implementación de la política social? ¿Se ha movido en la dirección de un INI? Hay tres áreas en que ello puede evaluarse: mejora de los incentivos para trabajar, operación por reglas en lugar de discrecionalidad y disminución del número de programas.

Creo que en ninguna de estas tres áreas ha existido en Chile un progreso sustancial. El país continúa teniendo un sistema con altas tasas de impuestos marginales (pese a que últimamente se están haciendo cambios al respecto, subsisten muchos programas anclados en ese esquema). Hay mucha discrecionalidad en lo que al final termina poniéndose en la ficha, ya sea a través de lo que las familias ocultan o a través de lo que convencen al encuestador de ocultar (en cualquier caso, sería sorprendente que el punto de corte de la ficha pudiera efectivamente separar a los pobres de los no pobres. Es una división arbitraria e injusta para aquellos que quedan levemente sobre el puntaje requerido). Finalmente, el número de programas ha crecido y crecido. O sea, Chile se ha mantenido lejos de esta política sencilla, simple, digna.

El INI es además una alternativa para extender beneficios a la clase media baja en una forma saludable, dotando a la política social de adecuados incentivos al trabajo.

El problema quizás pueda estar en los incentivos de la clase política. Dotar a la política de mayor impersonalidad y menor discrecionalidad les quita poder a los políticos. Lo que desde el punto de vista de la sociedad es una de sus ventajas —tener un solo programa, sin discrecionalidad—, puede no serlo desde el punto de vista político.

Agostini et al. (2013) evalúan numéricamente las ventajas de la implementación de un esquema de EITC para Chile y lo comparan con el IEF ya implementado. Concluyen que el EITC es más efectivo en aumentar los ingresos de las personas que están bajo la línea de pobreza y tiene un costo de transferencia por familia menor que el IEF. Concluyen, además, que el EITC promueve la inserción laboral, ya que para las mujeres complementa el salario y contribuye a pagar los costos fijos de salir a trabajar, haciendo más atractivo el mercado laboral para ellas. Finalmente, determinan que el EITC, en el largo plazo, debiera reducir la dependencia del sistema de bienestar social, con lo cual se evita que estas personas caigan en la “trampa de la pobreza” que generalmente producen los programas de transferencias.

7. CONCLUSIONES FINALES

Resumiendo, cuando uno mira los datos por generación hay varias tendencias que entusiasman:

• la distribución del ingreso mejora;

• la movilidad social intergeneracional mejora y, si bien luego se estanca, uno esperaría que continuara mejorando en el futuro, y

• la pobreza mejora.

Sin embargo, también es cierto que la política social no ha sido modificada para estar a la altura de estos cambios. Las tendencias gruesas “van bien”, pero la política social no se ha adecuado a todo lo que ha cambiado como consecuencia de ello.

Respecto de las conclusiones de política pública, hay varias que merecen ser destacadas.

En el tema de la pobreza aparece cada vez más relevante su alta dimensión temporal. Es cada día más frecuente que las personas pasen por episodios de pobreza pero que no las convierten en “pobres”. Está dimensión temporal de la pobreza es un problema de política pública diferente al problema para el cual se diseñó la actual política antipobreza en Chile. Por lo tanto, es necesario resolverlo con instrumentos diferentes a los usados hasta ahora. En particular, hay que cuidarse de no hacer de la pobreza temporal una permanente, un riesgo que se corre con políticas equivocadas, como sucede cuando ellas crean impuestos expropiatorios en el margen. Preocupa, además, el marco normativo del mercado de trabajo, un problema central de la política social, donde siguen acumulándose cambios que lo hacen menos dinámico (aunque éste es un tema para tratar en otro texto).

El énfasis de la política social debiera estar en promover la movilidad, la igualdad de oportunidades. La política para aliviar las consecuencias de la pobreza puede interpretarse como una política que promueve la movilidad, ya que entre sus beneficios permite que los hijos no sufran las consecuencias de la pobreza de los padres y tengan, entonces, mayores posibilidades de salir de ella. Respecto de la desigualdad, vamos bien encaminados, y no creo que sea necesario hacer más, al menos en el tema de desigualdad por ingresos (el tema de la desigualdad de la calidad de la educación sí merece atención).

Estos cambios que se recomiendan en la política social tienen como consecuencia un aumento en el gasto. La recomendación es agrandar la asistencia en torno a un programa en la lógica de impuesto negativo al ingreso, simple, no discriminatorio, que no tenga impuestos confiscatorios en el margen. Promovería la movilidad, el alivio de la pobreza y disminuiría la desigualdad, mejorando los incentivos a trabajar.

Para que estén bien diseñados estos programas deben acompañar a las personas en una etapa de sus vidas (durante un episodio de pobreza) y no para siempre (porque no “son” pobres). Implica, por lo tanto, basarlos en el ingreso y no en una ficha de protección social (cualquiera sea ésta). Es necesario reconocer que la pobreza tiene una importante dimensión temporal, que hay alta movilidad entre pobres y no pobres y que, en consecuencia, hay que adecuar la política social a esa realidad. El actual diseño de la política social representa una traba para dicha movilidad. EP

REFERENCIAS

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——— 2013. “Movilidad intrageneracional del ingreso en Chile”. Estudios Públicos 131: 1-35.

Artículo

LA MORAL INDIVIDUAL Y LA MORAL DE LAS INSTITUCIONES*

Thomas M. Scanlon

Harvard University

Thomas M. Scanlon. Profesor Alford de religión natural, filosofía moral y política civil en el Departamento de Filosofía de la Universidad Harvard. Primero se interesó en lógica-matemática (fue discípulo de Paul Benacerraf), pero pronto se dedicó a la filosofía moral y filosofía política, las que ha desarrollado principalmente en Harvard, donde obtuvo su Ph.D. en filosofía en 1968. Ha desarrollado una versión del contractualismo similar a las de Rawls, Kant y Rousseau, pero como teoría de la obligación moral. Esta teoría se encuentra expuesta en su What We Owe to Each Other (1998). Es autor además de varios artículos sobre libertad de expresión, derechos civiles y el concepto de bienestar, algunos de los cuales están recogidos en su libro The Difficulty of Tolerance (2003). Otras monografías incluyen Moral Dimensions: Permissibility, Meaning, Blame (2008) y recientemente su Being Realistic about Reasons (2014) que recopila sus charlas John Locke dictadas en la Universidad de Oxford en 2009. Estudios Públicos reprodujo antes su artículo seminal “Contractualismo y utilitarismo”, escrito en 1982 (101, verano 2006). Email: scanlon@fas.harvard.edu.

* Este trabajo corresponde a un texto inédito presentado como ponencia por su autor en el Centro de Ética Edmond J. Safra de la Universidad Harvard, en 2010. Cuenta con la debida autorización del autor para su publicación en castellano. Traducción de Javier Gallego Saade (CEP).

Resumen: Este trabajo desarrolla la relación entre la filosofía moral y la filosofía política. Se sostiene que, de alguna manera, la filosofía política es parte de la filosofía moral, en el sentido que la primera se preocupa del contenido de los estándares morales que rigen las relaciones de los individuos con las instituciones. Éste sería el objeto de la “moral de las instituciones”, mientras que la así llamada “moral individual” se ocuparía de los estándares que se aplican a los individuos. Sobre la base de una concepción de la moral individual vinculada al contractualismo, y un desarrollo de la moral de las instituciones que sigue de cerca la teoría de la justicia de John Rawls, el trabajo se pregunta por el fundamento de la obligación de cumplimiento de estándares definidos por instituciones y dirigidos a los individuos. Se pone al final especial atención a la dificultad de fundamentar dicha obligación en el caso de instituciones injustas.

Palabras clave: Filosofía moral, filosofía política, instituciones, teoría de la justicia, John Rawls, deberes de cumplimiento.

Recibido: abril 2014; aceptado: mayo 2014.

INDIVIDUAL MORALITY AND THE MORALITY OF INSTITUTIONS

Abstract: This paper discusses the relationship between moral philosophy and political philosophy. It holds that political philosophy in some way is part of moral philosophy as the former deals with the content of moral standards governing the relations between individuals and institutions. That would be the purpose of the “morality of institutions,” while the so-called “individual morality” would inform the standards applicable to individuals. On the basis of a conception of individual morality as it relates to contractualism and a discussion of the morality of institutions that closely follows John Rawls’ theory of justice, the paper addresses the question of the foundations of the obligation to comply with institution-defined standards that are directed towards individuals. At the end, it focuses in particular on the difficulty of rationalizing that obligation in the case of unjust institutions.

Keywords: Moral philosophy, political philosophy, institutions, theory of justice, John Rawls, duty of compliance.

Received: April 2014; accepted: May 2014.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo desarrolla la relación entre la filosofía moral y la filosofía política, o más bien la relación entre los objetos de estudio de ambas disciplinas. ¿Es la filosofía política simplemente un subgénero de la filosofía moral? Me parece que en un aspecto importante lo es, pero hay, no obstante, algo reconocible como original. Según lo adelanta el título de mi trabajo, en lo que sigue entenderé que la primera y básica distinción surge al constatar que la filosofía política se preocupa por las instituciones de un modo que la hace diversa de la filosofía moral, o del resto de la filosofía moral, lo que aquí denominaré “moral individual”.

Con el concepto “moral individual” hago referencia a los estándares morales que se aplican a los individuos. En lo primordial se trata de estándares determinantes de la permisibilidad, impermisibilidad, y reprochabilidad de acciones individuales, aunque también pueden incluir conclusiones sobre aquellos valores —referidos a la mejor forma de vivir— que son comúnmente denominados “valores morales”. Muchos estándares morales se aplican a nosotros sin importar si otros los cumplen de modo general. Por ejemplo, la prohibición de uso de fuerza letal tiene excepciones: está permitido el uso de fuerza letal cuando somos atacados y se hace necesario conservar la vida. Pero esta prohibición general (y sus excepciones) es válida independientemente del hecho de su observancia. Seguirá siendo incorrecto atacar a una persona que no representa una amenaza para nosotros incluso si la mayoría deja de observar este comportamiento. No obstante esto, existen otras conclusiones sobre la permisibilidad de las acciones de individuos que sí dependen de los principios que otros, de hecho, siguen.

Supongamos, por ejemplo, que el uso generalizado de productos que contienen un cierto químico supone una amenaza para la salud de todos nosotros, y que no hay ninguna duda respecto del remedio apropiado, que no es sino el cese del uso de dichos productos (asumo que la carga que esto involucra es la misma para todos, y omitiré por el momento la pregunta por los efectos que tiene el uso del químico en las vidas de aquellas personas que trabajan en la industria que lo produce o que venden productos que lo contienen). Si, reconociendo este hecho, constatamos que la mayoría de las personas han adoptado una política de no usar estos químicos, entonces, creo, sería incorrecto que yo continuara con su uso. (Para ponerlo en términos de mi propia concepción de la moral, un principio que permitiese a las personas excluirse de esta práctica establecida sería uno que podríamos razonablemente rechazar[1].)

La práctica de abstenerse de usar los productos que contienen el químico dañino es lo que aquí voy a llamar una “institución”. Una institución existe allí donde las personas no sólo actúan en conformidad con ciertos estándares, sino que además tienen la convicción de que muchos otros también lo hacen. Ésta es una concepción muy abstracta de institución, pero asumiré en adelante que los Estados, sistemas jurídicos, universidades y otras entidades que normalmente llamamos instituciones son instituciones en este sentido abstracto, aun cuando son mucho más complejas que la institución simple de mi ejemplo.

La tesis que presenté arriba, sobre lo incorrecto de usar productos que contienen el químico dañino cuando otros omiten su uso reconociendo el daño involucrado, depende de la existencia de una institución; algo que no podemos afirmar de la prohibición de uso de fuerza letal, aunque en ambas ideas subyace un principio de moral individual. La filosofía política, como habré de entenderla, se preocupa de estándares morales para la valoración de las instituciones mismas; por ejemplo, como justas o injustas[2]. Las conclusiones a las que llega pueden tener implicancias en la determinación de lo que los individuos debieran o no hacer, pero no son en principio conclusiones de este tipo, sino más bien conclusiones relativas a las instituciones.

Ambos tipos de conclusiones, a las que llegan estas dos disciplinas, parecen ser juicios morales en algún sentido amplio. ¿Pero qué sentido es éste? Ésta es la primera pregunta que quisiera abordar sobre la relación entre las disciplinas: ¿En qué sentido son las preguntas, con las que ambas deben lidiar, preguntas morales? La segunda interrogante se refiere a la relación entre los dos objetos de estudio. La cuestión aquí pasa por determinar las implicancias que tienen las conclusiones sobre la moral de las instituciones para la cuestión de la permisibilidad o impermisibilidad de la conducta individual, y si el contenido de las conclusiones sobre la moral de las instituciones se satisface con estas implicancias, o bien incorpora algo más.

2. DIVERSAS COMPRENSIONES DE LA MORAL (UNA PEQUEÑA DIGRESIÓN)

Creo que el concepto “moral” se usa ampliamente sin una clara y compartida comprensión de su contenido. Esto ocurre no sólo en el discurso público sino también en discusiones académicas. Hay un acuerdo generalizado, creo, en torno a que la moral reclama ser algo importante: que los estándares morales supuestamente son tales que cualquier persona tiene buenas razones para adoptarlos seriamente como pautas de conducta. Pero incluso aquellos que creen en su importancia tienen desacuerdos en torno a las razones que tenemos para ello. Y muchos de los que tienen mayor claridad tienen desacuerdos sobre cuáles son esas razones específicas.

Una manera de reconocer lo que identificamos como razones en este sentido será concentrarnos en el tipo de aflicción que experimentamos (y que entendemos apropiada) cuando nos percatamos de que hemos sido incapaces de satisfacer los requerimientos de la moral en cierto caso particular. He aquí lo que llamo el “test del remordimiento”. El carácter de este remordimiento nos informa sobre la naturaleza de las razones que adoptamos para fundamentar los estándares que infringimos. Identificar qué entendemos por estas razones es, por supuesto, sólo el primer paso de un proceso reflexivo. Debemos luego preguntarnos si son, de hecho, buenas razones o si, como diría Nietzsche, no lo son, y la susceptibilidad a ellas es una enfermedad que debiéramos intentar precaver.

Creo que este proceso de reflexión revela dos formas de diversidad. Primero, distintas personas tratan la moral de modo distinto pues la entienden respaldada por razones diferentes (en algunos casos buenas razones, en otros casos no). Pero, en segundo lugar, el test del remordimiento, me parece, indica que yo trato el concepto “moral” como aplicable a estándares respaldados por razones muy diversas, y por buenas diversas razones. Conjeturo que esto es cierto respecto de otras personas también, y quiero explorar brevemente esta segunda forma de diversidad.

El componente central de la moral individual tal y como yo la entiendo —la llamo la moral de lo que nos debemos los unos a los otros— es algo que tenemos razones para cuidar porque tenemos razones para preocuparnos por nuestras relaciones con otros, en un ámbito en que la justificabilidad de las acciones juega un rol importante. Existe, creo, una versión correlativa en la moral de las instituciones, consistente en estándares que las instituciones deben satisfacer si pretenden justificarse ante aquellos sujetos respecto de los cuales reclaman aplicación. Mucho depende, por cierto, de la forma particular de justificación involucrada. Someramente, la entiendo como justificación en el sentido de los intereses de los afectados. En lo que sigue me concentraré en esta forma de moral individual y de moral de las instituciones, y es en este sentido que las presento a ambas como formas de moral. Injustos morales, del tipo que tengo en mente, se pueden identificar gracias a la presencia de una forma particular de remordimiento: el sentimiento de enajenación del resto, sentimiento que se sigue de constatar que se les ha tratado de un modo que no podría ser justificado ante ellos, o que se participa con ellos de una institución que no podría ser justificada ante ellos (incluso dependiendo de su participación en esta institución).

Pero no sólo un déficit de esta naturaleza cuenta como ese tipo de cosa que comúnmente llamamos injusto moral, o un acto moralmente incorrecto (morally wrong). Varios tipos de faltas personales, como lo es dejar de trabajar duro, o de esforzarse por lo que es valioso, por ejemplo, son plausiblemente llamadas faltas morales aun cuando no involucran falencias relativas a lo que debemos a otros.

En Ana Karenina, Tolstoi describe a Lievin retornando de un día de trabajo en los campos junto a sus campesinos, sintiéndose moralmente superior a su hermano, quien se ha quedado en casa, leyendo. Al leerlo nos hace sentido. ¿Pero cuál es la idea de moral presente aquí? Puede ser que Lievin se sienta menos enajenado que sus campesinos porque ha estado (al menos en un sentido simbólico) compartiendo el trabajo con ellos. Aquí se invocaría la moral en el sentido restringido descrito más arriba. Pero podemos leer el pasaje y pensar que es simplemente mejor participar de un trabajo físico, bueno y honesto, a estar tirado en el sofá todo el día con un cigarrillo y una novela.

La última idea forma parte de lo que Bernard Williams, en su Ethics and the Limits of Philosophy, denominó ética —la cuestión de cómo es mejor vivir— en oposición a la moral, que se preocupa de nuestras obligaciones con otros. Hasta la contribución de Williams, los conceptos “moral” y “ética” eran, al menos en la mayoría de los círculos académicos, usados de modo más o menos indistinto. El hecho de que un curso de filosofía fuera llamado “Ética” o “Filosofía moral” no generaba la expectativa de que hubiera diferencia en el contenido, aunque sí se sabía que era improbable que tuviera algo que ver con el sexo. Esto es, aunque ciertas conductas que involucran actos sexuales, como una violación, fueran consideradas moralmente incorrectas en los términos con los que trata un curso como ése, esto sólo sería así porque se trata de especies de un género de injustos, como es el caso del uso de la fuerza, la violencia o el engaño. Cuestiones relativas al acto sexual en sí mismo —el número de personas involucradas en el acto, si se trata de hombres o mujeres, las partes del cuerpo utilizadas, etcétera— serían moralmente indiferentes, en el sentido de “moral” que se va a discutir.

Afuera en el mundo, por supuesto, las cosas son muy distintas. Si leemos en el periódico sobre la moral de un político, sabemos inmediatamente que tiene que ver con sexo. Y si es la ética lo que se menciona, entonces tiene que ver con dinero. Me parece que esta forma popular de entender la distinción entre ética y moral puso las cosas al revés. Si es que hay una diferencia como la que sugirió Williams, y yo creo que la hay, una diferencia, digo, entre cuestiones de obligación y cuestiones más amplias sobre el valor de la vida y cómo vivirla; y si es que existen asuntos morales relacionados con el sexo que van más allá de los que nos debemos unos a otros, como creo que los hay, entonces estos últimos son asuntos de ética y no de moral. Tienen que ver con lo que vale la pena valorar y cuánto, antes que con la definición de las acciones permitidas o prohibidas. Esto puede sonar a un ejercicio pedante de limpieza terminológica, pero es verdaderamente importante. Suena melodramático decir que muchas vidas se han arruinado por la amplia confusión en torno a esto, pero creo que efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Ésa es, en todo caso, materia de otro trabajo[3].

He mencionado el sexo y el trabajo duro como dos objetos de discusión moral usando un sentido de “moral” que excede los términos de lo que nos debemos unos a otros. Otro tópico de debate es la lealtad personal con una causa o institución. Esta lealtad, que probablemente podemos llamar una virtud moral, no es requerida por los principios que especifican lo que les debemos a otros. Más bien es un asunto de perseverancia en los compromisos que uno asume con una causa o institución que vale la pena mantener. Una persona que resulta ser desleal queda expuesta a la crítica por parte de otros, que siguen comprometidos con la causa o institución, no sólo por el déficit que muestra en lo que les debe a ellos, sino también por el insuficiente compromiso que muestra con la causa o institución en cuestión. Pero éste es un déficit moral sólo en la medida en que vale la pena mantener esa forma de compromiso con dicha causa o institución.

El punto de esta discusión sobre las diversas comprensiones del concepto “moral” no es sólo mostrar que distintas personas lo usan con distintas ideas en mente sino también, como ya he dicho, que cada uno de nosotros lo usa para referirse a (lo que yo sugiero veamos aquí como el reflejo de) una diversidad de valores. Cuando reconocemos esta última diversidad la pregunta deja de ser: “¿Qué concepción acierta en capturar lo que la moral realmente es?”; y pasa a ser, en cambio: “¿Qué son estos valores, cuáles vale la pena proteger, y cómo encajan todos juntos?”.

Correspondiente con esta diversidad de modos de comprender la moral individual existe una diversidad de formas de crítica moral a las instituciones. Como ya he dicho, la moral institucional que discutiré aquí se preocupa de la justificabilidad de las instituciones frente a los individuos, sobre la base de sus reclamaciones individuales. Pero tal y como puede expresarse una crítica respecto de la acción de individuos, que podemos plausiblemente llamar “moral” sobre la base de su capacidad de responder al estímulo de valores (que no surgen de sus obligaciones con otros), también las instituciones pueden ser criticadas con arreglo a los fines valiosos que promueven, el tipo de individuo que tienden a producir, o el tipo de vida que instan a llevar.

John Rawls desarrolla lo que aquí estoy identificando como una versión individualista de la moral de las instituciones cuando expone, al principio de A Theory of Justice, su concepción de la sociedad como un “esquema cooperativo para la ventaja mutua” diseñado para promover el bien de los individuos que participan y que tienen fines y propósitos diversos[4]. Una concepción de la justicia, como Rawls la entiende, supone un set de estándares destinados a evaluar las reclamaciones o exigencias que los individuos pueden dirigir a un “sistema cooperativo”, en este sentido rawlsiano. Una concepción tal afirma aquello que Rawls identifica como “los vínculos de la amistad cívica”, vínculos que limitan la persecución de los fines diversos de los individuos. Tal forma de entender la justicia —y aquello que yo llamo la moral de las instituciones— se distingue claramente de aquella que sería apropiada para la sociedad concebida como un grupo de individuos unidos en la persecución de algún objetivo o valor compartido.

Instituciones en este último sentido incluyen universidades, partidos políticos y grupos de acción, como también algunos negocios. Éstas nos invitan a confiar en ellas y apoyarlas de distintas maneras por cuanto están guiadas por valores importantes. ¿Qué significa que una institución esté guiada por valores? Asumo que significa lo siguiente: las instituciones están conformadas por individuos a los que les asignan varios roles y responsabilidades. Decir que a una institución la guían ciertos valores es decir que se organiza de tal forma que se mostrará responsiva a estos valores si los individuos a quienes se asignan los roles cumplen con lo que les está asignado. Si es que esto llega o no llega a ocurrir depende del modo en que la institución esté organizada, y de lo que podríamos llamar su “economía de influencia” como propiedad interna, esto es, el patrón motivacional al cual responden los individuos que forman parte de la institución[5].

Entonces, a modo de ejemplo, diremos que una aerolínea está guiada por los valores de la seguridad de sus pasajeros si se encuentra organizada de modo tal que la información sobre las condiciones del clima y condición mecánica del avión llega a los individuos que toman decisiones sobre los vuelos, y además los individuos que asumen esta tarea están motivados como para tomar las decisiones apropiadas sobre si volar o no, sobre la base de esta información. Cuando decido volar, confío en que la aerolínea se guía por este valor.

De modo similar, la Universidad Harvard dice estar guiada por el valor consistente en producir investigación académica de alto nivel e impartir educación de elevada calidad. Invita a las personas a confiar en ella enviando a sus hijos a estudiar allí y depositando su confianza en la investigación que Harvard produce. También invita a la lealtad, esto es, invita a los aportantes a comprobar que vale la pena su aporte, y a aquellos que trabajamos en esta universidad nos invita a comprobar que vale la pena trabajar duro aquí y sacrificar otros compromisos para hacer bien nuestro trabajo. La corrupción institucional ocurre cuando la economía de influencia interna de una institución es tal que no opera del modo requerido para responder a los valores que, se supone, han de proveer de razones a otros para interesarse y preocuparse por la institución.

Así entendidas, la corrupción, la confianza y la lealtad son nociones normativas. Esto es, dicen relación con las razones que las personas tienen para comportarse de cierto modo y adoptar ciertas actitudes. Estas nociones también parecen ser morales, pero ¿en qué sentido? Un elemento moral presente es la honestidad: la pregunta es si las instituciones realmente hacen lo que afirman hacer, mientras nos invitan a confiar en sus acciones, o bien llevan adelante una forma de engaño que los estándares morales prohíben. Aunque hay más que esto. Si yo fuera a suprimir o suspender la confianza y lealtad depositada en una institución —ya sea una aerolínea, Harvard o la FDA—, podría ser porque creo que ha actuado de modo deshonesto, pero la principal razón no surgiría del hecho de haber sido engañado sino del hecho de que las instituciones no han respondido a los valores involucrados. Esto me importa no sólo porque no deseo ser víctima de engaños sino también porque me importan los valores. De modo que la principal fuente de la fuerza normativa de las nociones de confianza, lealtad y corrupción viene dada, en este contexto, por los valores particulares involucrados, ya sea se trate del valor de la seguridad personal, la calidad intelectual u otro.

Esto es paralelo a lo afirmado más arriba sobre la deslealtad en tanto falta individual. Si una persona que está comprometida con cierta causa critica a otra por ser insuficientemente leal a aquélla, esto puede involucrar en subsidio el cargo “decepcionar al resto de nosotros” por esta falta de compromiso. Pero ésta no es la cuestión principal. La lealtad que se espera (y en este caso se acusa que falta) no se deja ver en principio como un sentido de obligación para con el resto de nosotros, que honramos el mismo objetivo. La lealtad en este caso se muestra en primera instancia vinculada a la motivación con el compromiso asumido con el objetivo mismo.

De este modo, la relación (con fuerza normativa) que existe allí donde hay lealtad y confianza hacia una institución, y que se pierde cuando éstas se menoscaban por la corrupción es, para decirlo de alguna forma, vertical. Se trata de una relación entre un individuo y una institución, derivada de cierto valor respecto del cual la institución se presume responsiva. Esto contrasta con los vínculos morales horizontales entre individuos que operan como miembros cooperativos.

3. UNA CUESTIÓN PRELIMINAR SOBRE LA MORAL DE LAS INSTITUCIONES Y SU RELACIÓN CON LA MORAL INDIVIDUAL

Hasta ahora me he preocupado de la pregunta: “La moral individual y la moral de las instituciones, ¿en qué sentido de ‘moral’ tratan con cuestiones ‘morales’?” He identificado una comprensión de lo moral en que ambas convergen. Mi segunda pregunta sobre la relación entre la moral individual y la moral de las instituciones tiene que ver, primero, con cómo las conclusiones morales de este tipo, relativas a instituciones, llevan a conclusiones morales sobre lo que los individuos deben o no hacer; y en segundo lugar, con la cuestión de si estas conclusiones sobre la moral individual agotan el contenido normativo de las conclusiones sobre la moral de las instituciones.

Desarrollaré estas preguntas dentro del marco de la teoría de John Rawls, pues éste ofrece una comprensión elaborada de todas las nociones relevantes: de la justicia como la noción central de la moral institucional, y de la relación entre la justicia de las instituciones con los deberes de los individuos. Al seguir su teoría no estoy usándola como un argumento de autoridad, ni presumiendo la exactitud de su visión. Puede ocurrir que al evaluar las tesis con que nos compromete la propuesta de Rawls decidamos cuestionar sus asunciones básicas y busquemos una propuesta alternativa.

Los principios de justicia, según Rawls, son estándares para evaluar las reclamaciones de los individuos contra las instituciones, en particular contra lo que él llama la “estructura básica” de una sociedad. El papel de estos principios es determinar la validez de las demandas que persiguen el cambio o la reforma de esas instituciones. Al interior de lo que Rawls llama una “sociedad bien ordenada” sus miembros comparten un “sentido de la justicia”. Esto significa que ellos están de acuerdo en ciertos principios de justicia que los motivan. Además, en la sociedad bien ordenada, los ciudadanos creen, correctamente, que sus instituciones satisfacen estos principios. En una primera instancia podemos entender la motivación por un sentido de justicia como una tendencia a cumplir con las instituciones que uno cree son justas, a exigir que se hagan cambios cuando uno cree que son injustas, y a consentir en esos cambios cuando son demandados por otros. Esto encaja con el postulado de Rawls sobre un sentido compartido de justicia cual un “aparato equilibrante”[6]. Aun las instituciones justas, afirma, pueden devenir en injustas por un cambio en las condiciones. Cuando esto ocurre, el sentido de justicia que los ciudadanos de una sociedad bien ordenada comparten los motiva a demandar, trabajar y aceptar los cambios necesarios para devolver sus instituciones a la justicia.

Nuestro sentido de justicia es lo que gobierna ese sentimiento de angustia y desconcierto, tal como lo describí en la sección anterior, y que aparece allí donde constatamos la manera en que nuestras instituciones injustas tratan a otros, quienes deben acatarlas de modo que estas instituciones funcionen y satisfagan nuestras necesidades. En las palabras de Rawls arriba expuestas, las instituciones que no son completamente justas lesionan los “vínculos de amistad cívica”, y la aflicción descrita es producto de la constatación de esta lesión.

Esta aflicción forma parte de la vida moral e institucional y nos es por tanto familiar, pero ¿cuál es su significado práctico? Rawls afirma que este sentimiento nos incentiva a llevar a cabo lo que sea necesario para hacer más justas nuestras instituciones: tomarse en serio los estándares de justicia supone tomarlos como guías para la acción al momento de emitir un voto como ciudadanos y en cualquier otro momento en el que nuestras acciones pueden tener efectos en los arreglos institucionales. Lo triste es que generalmente nos encontramos viviendo bajo —y dependiendo de— instituciones que no satisfacen estándares de justicia, lo que se encuentra fuera de nuestra capacidad de intervención. Estamos atrapados en estas instituciones que gobiernan nuestras vidas, en una relación moralmente inaceptable con aquellos que están involucrados o afectados por ellas.

Puede ser provechoso detenerse aquí para apreciar el papel esencial que juegan las instituciones en esta forma particular de aflicción. Si escucho que alguien muy lejos está abusando de otra persona, puedo sentir indignación. Pero ese hecho no me involucra. En cambio, si constato que una institución en la que confío (aun cuando no jugué ningún rol en su creación ni tengo el poder para cambiarla) opera por medio de la explotación de personas en cierto lugar, este hecho tampoco me involucra, y sin embargo da origen al tipo de aflicción que estoy describiendo.

Una forma similar de aflicción puede originarse en la dimensión de la moral individual. El utilitarismo es frecuentemente criticado por lo inaceptable de sus exigencias. No obstante, si tomáramos en consideración el apuro de todas las personas del mundo que están en una situación desesperada (como lo haría un utilitarista), estando su auxilio a nuestro alcance, parecería que cualquier consideración posible de moral individual estaría en condiciones de descubrir o formular estándares de conducta individual en cuya satisfacción estaríamos fallando, y que seguiríamos defraudando (dada nuestra preocupación por nuestra propia satisfacción y la de aquellos cercanos a nosotros). Si esto es así, entonces tanto la moral individual como la moral de las instituciones tienen su lado doloroso.

Estas formas de aflicción no siempre son distintas. El hecho de que existan exigencias desde la moral individual que probablemente defraudaremos —como aquellas relativas a deberes de asistencia al necesitado, lejano y no tan lejano— permite constatar problemas que requieren una solución institucional. De modo que el dolor de constatar el déficit en la expectativa en realidad es un caso del primer tipo de aflicción mencionado (el de la participación en una institución que no satisface los estándares de justicia).

Los ejemplos señalados involucran nuestra relación con los más pobres en otras partes del mundo. Pero el análisis también se aplica a nivel doméstico. En Estados Unidos dependemos de las personas pobres para recoger nuestra fruta tanto como dependemos de las personas pobres en cualquier otra parte para recoger nuestro café. De modo que se presentan los mismos problemas.

La aflicción que sentimos en estos casos se parece, en cierta manera, a ese remordimiento que surge con la infracción de un estándar de moral individual. En ambos casos nos percatamos de que estamos conduciendo nuestras relaciones con otros de una forma que no podría ser justificada ante otros de manera aceptable. Pero en el caso de la moral personal lo que daña nuestra relación con otros es nuestro comportamiento y la falta de preocupación por otros que expresan nuestras acciones. La aflicción que se sigue de injustos propiamente institucionales, por el contrario, no depende ni de nuestro comportamiento ni de nuestra actitud hacia otros. Puede surgir simplemente del hecho de que participamos con otros de una institución que no puede justificarse ante ellos mismos. La necesidad de supervivencia puede darles a otros razones para comprometerse con la institución, pero existe un constreñimiento injustificable que afecta su proceso de decisión. Podemos también, por cierto, sentir aflicción por el hecho de que nuestro bienestar actual sea fruto de injusticias pasadas. Mas la aflicción que surge de la injusticia presente es diferente, porque surge en un contexto en el que dependemos de la continua participación injusta, en cierta institución, por parte de ciertos individuos con quienes nos relacionamos[7].

Algunos podrían decir que, en la medida en que las imperfecciones de este tipo son inevitables, una aflicción a causa de ellas no es más que un acto de problematización ociosa. Pero parece falto de corazón dejar de reparar en ello. El emotivo parágrafo final de A Theory of Justice lo entiendo como la expresión de un deseo por una condición en la que esa forma de aflicción pueda, en una conciencia limpia, ser evitada. Por más elocuente que nos parezca ese pasaje, todavía podemos preguntarnos si la justicia, en el sentido ideal que a Rawls le preocupa, tiene algo que decirnos sobre cómo pensar y cómo actuar en las condiciones en las que de hecho vivimos.

4. JUSTICIA Y DEBERES DE CUMPLIR CON LAS INSTITUCIONES

Hasta aquí lo que se ha dicho sólo se refiere al rol motivacional del sentido de la justicia. Nada se ha dicho sobre la moral individual, sobre el deber o la obligación. Ahora me preocuparé de la cuestión sobre cómo las conclusiones respecto de la justicia o injusticia llevan a conclusiones referidas al deber individual; o sea, me referiré al vínculo entre la moral de las instituciones y la moral individual. En el trabajo de Rawls este vínculo se forja en torno a lo que él denomina el “deber natural de justicia”. Este deber, afirma, “nos exige apoyar y obedecer a las instituciones justas existentes que nos son aplicables. Nos constriñe también a promover acuerdos justos aún no establecidos, al menos cuando esto pueda hacerse sin demasiado costo para nosotros”[8]. Discutiré en lo que sigue las dos partes de este deber, comenzando por el deber de cumplimiento (duty to comply).

La lógica de este deber opera así: si cierta institución es justa, entonces los individuos no tienen razones válidas para objetarla o exigir cambios. Parece seguirse de esto que tampoco tienen justificación para dejar de realizar aquello que la institución exige. Esto puede parecer apresurado, pero explicaré más adelante por qué creo que no lo es. Lo que Rawls afirma es que tenemos un deber de cumplimiento con las instituciones que existen, que son justas y que se aplican a nosotros. Para lograr comprender lo que está en juego en estas tres condiciones, y la relación entre ellas, será de utilidad volver a mi ejemplo de los químicos dañinos.

Afirmé que si la mayoría adopta una política de no uso de estos químicos entonces, me parece, sería incorrecto que yo siguiera usándolos. Esta conclusión se encuentra en el terreno de la moral individual, esto es, se trata de una conclusión sobre lo que está moralmente permitido a un individuo hacer. Pero es dependiente de otra conclusión, la cual es propia de la dimensión que aquí estoy llamando moral de las instituciones, puesto que depende de que la práctica en cuestión no sólo exista sino que además sea justa. Debemos detenernos un minuto y considerar lo que esto significa. Parece natural concebir en un principio a la justicia de una institución en términos puramente distributivos. Así, en nuestro ejemplo, la práctica sería injusta si (en ausencia de una justificación adicional) exigiera solamente a ciertas personas abstenerse de usar los productos que contienen el químico y permitiera su uso a otros. De modo más general, diríamos que una práctica es justa si distribuye los beneficios y cargas de un modo equitativo. Esto sería correcto si “beneficios”, “cargas” y “equitativo” se interpretan de modo suficientemente amplio. Pero poner las cosas así puede desviar nuestra atención de la cuestión de si los beneficios que la práctica trae, independientemente de su distribución equitativa, son lo suficientemente importantes para justificar las exigencias que impone, aun cuando éstas sean las mismas para todos[9].

Escogí el ejemplo del químico dañino porque lo trato como el caso en que esta exigencia de suficiente importancia se satisface. Un ejemplo más claro, o más dramático, sería el de un sistema de cooperación destinado a mantener los diques que evitan que el mar nos lleve a todos. Hay un contraste entre estos ejemplos, y otro ejemplo de la vereda opuesta, como el que ofrece Robert Nozick: el del vecindario y su sistema de megafonía[10]. Supongamos, dice Nozick, que hay un sistema de megáfonos en nuestro vecindario y que a algunos vecinos se les ocurre la idea de usarlos para emitir una programación de modo regular con el contenido que ellos quieran —noticieros, música, poesía u otra cosa— y que luego postean una lista asignando a cada miembro un lapso de tiempo por el cual es responsable. Pasan un par de semanas hasta que llega el momento de tu lapso de tiempo asignado, y concluyes que disfrutas mucho de esta institución. Aun así, afirma Nozick, no tienes la obligación de asumir tu turno cuando llegue el día que te corresponde.

Esto parece ser así, creo yo, puesto que los beneficios que la institución genera no son lo suficientemente importantes como para justificar, por ejemplo, coaccionar a todos los vecinos a participar. Una institución justa de este tipo tiene que ser voluntaria. Esto es, debería permitir a los vecinos salirse si así lo eligen. Nozick sugiere que la práctica que él describe es justa, teniendo en mente, supongo, el hecho de que el trato que reciben los vecinos es igualitario. Mas la práctica no es justa si impone obligaciones injustificables. Esto es lo que nos interesa de su argumento.

Lo anterior nos trae a la tercera condición que Rawls estipula: que la institución se aplique a alguien. ¿Qué significa, en términos relevantes, que una institución se aplique a alguien? Dada la condición previa —que la institución sea justa—, creo que podemos interpretar esta tercera condición como estipulando simplemente que la institución afirma que se aplica a alguien. La pregunta entonces es ¿respecto de quién puede una institución, con justicia, afirmar que se aplica? La respuesta, creo, es que una institución justa puede afirmar que se aplica sólo a aquellos cuya participación es necesaria para generar los beneficios en cuestión, y puede afirmar esto sólo si los beneficios tienen la suficiente importancia para justificar el constreñimiento que supone la ejecución.

Esta afirmación clarifica lo que expresé antes con relación a que podía parecer un paso muy apresurado el que se hacía desde la constatación del hecho que una institución es justa —que nadie tiene un reclamo válido que hacer contra ella— a la conclusión de que las personas están obligadas a cumplir con ella. Se trata de un paso sensato, y por tanto no es apresurado, toda vez que, como ya vimos, una reclamación posible que los individuos pueden dirigir a una institución es que ésta no puede con justicia aplicársela a ellos. La explicación parece validar el paso por la vía de trivializarlo, o bien parece obligar al argumento a dar un paso atrás hacia la cuestión de cómo debe ser una institución para que sea justa. No obstante esto, me parece que la reflexión en torno a la diferencia entre el ejemplo del químico dañino y el ejemplo del sistema público de Nozick muestra que es aquí el lugar al que la discusión pertenece.

5. INSTITUCIONES INJUSTAS

Parece que hemos llegado a la conclusión de que la justicia de una institución es condición suficiente para que exista un deber de cumplimiento para con ésta[11]. ¿Es también condición necesaria? ¿Es que no existe un deber de cumplimiento para con instituciones injustas? Esto parece plausible para el ejemplo del sistema público del vecindario. Pero ése era un caso especial, porque la injusticia en cuestión simplemente era la ausencia de la opción de salirse, y porque el beneficio no era particularmente alto. Las cosas serían distintas, creo, dado el caso de un esquema injusto en la mantención de los diques. La justicia no parece siempre tener el efecto de eliminar el deber de cumplimiento. Muy pocas instituciones sociales de gran magnitud (las que Rawls llama “estructuras básicas”), si es que alguna, son completamente justas, mas no parece seguirse de esto que las personas se libren por eso de la obligación de cumplir con sus exigencias. De modo que al afirmar que una institución está legitimada cuando los que viven bajo sus condiciones tienen un deber de cumplir con sus exigencias, lo que estamos haciendo es elevar la justicia como estándar por encima de la mera legitimidad.

Pero la legitimidad, entendida según una cuestión de todo o nada, no se muestra como un concepto adecuado para abarcar el rango de casos que debieran ser de nuestro interés. Consideremos lo siguiente: los deberes de cumplimiento varían, dependiendo de la posición del individuo en la institución. Si la práctica establecida de frenar el uso de los productos que contienen el químico dañino fuera injusta, no se seguiría de ello la ausencia de un deber de cumplimiento de la práctica por parte de los beneficiarios de dicha injusticia. En segundo lugar, aun cuando la injusticia de una práctica cambie la situación moral de aquellos que son víctimas de la injusticia, no lo hará sólo por la vía de eliminar cualquier deber de cumplimiento de los requerimientos de la práctica.

Esto es aun más claro en el caso de las víctimas de la injusticia en sociedades reales. Consideremos, por ejemplo, uno de los grupos peor situados de nuestra sociedad, las personas que nacen y viven en los guetos negros urbanos[12]. Estas personas crecen en condiciones que les presentan muy pocas oportunidades de desarrollo económico, un poder político severamente limitado y oportunidades educacionales tan pobres que hacen improbable que puedan superar estas condiciones. Las instituciones que ponen a las personas en estas condiciones son seriamente injustas, pero esta injusticia no anula el deber de estas personas de obedecer el derecho. Sus efectos son más complejos.

Necesitamos, entonces, mirar más de cerca los modos en que el hecho de que una institución sea injusta afecta la situación moral de aquellos a quienes se aplica. Me aproximaré a esta cuestión usando dos estrategias de modo más o menos simultáneo. La primera es considerar lo que la segunda parte del deber natural de justicia de Rawls tiene que decir sobre casos como éstos. La segunda, situada en el fondo de la cuestión, es preguntarme —cual un contractualista— qué principios, gobernando la conducta de personas que viven bajo instituciones injustas, serían principios que nadie podría razonablemente rechazar.

La segunda parte del deber natural de justicia de Rawls “nos constriñe a promover acuerdos justos aún no establecidos, al menos cuando esto pueda hacerse sin demasiado costo para nosotros”. Este principio resuelve lo que de otro modo habría sido una paradoja en lo que respecta a las “instituciones aún no establecidas”. Volvamos nuevamente al caso del químico peligroso[13]. Si se establece una práctica de abstención de uso de productos que contienen el químico, entonces dejar de cumplir resulta incorrecto. Pero si la gran mayoría sigue usando los productos, a pesar de los efectos dañinos conocidos, ¿sigue siendo incorrecto que un individuo los use? Si dejar de usarlos supone asumir algún costo, y el uso por parte de un solo individuo no supone una diferencia significativa en el peligro a la salud, entonces parece haber una paradoja. Por un lado, parece inútil que un solo individuo renuncie al uso de los productos sin ningún beneficio significativo. Por el otro, el uso generalizado viola un principio que nadie podría razonablemente rechazar, y causa un daño serio. Parece entonces claramente incorrecto afirmar que nadie está haciendo nada malo continuando el uso. La pregunta es: ¿está o no la prohibición de uso condicionada a que exista a su respecto un cumplimiento generalizado? Llamaremos a esto el “dilema del no-cumplimiento”.

La apariencia de dilema se explica por la presencia de sólo dos alternativas: cumplimiento y no cumplimiento. La tercera alternativa sería la siguiente: cuando existe un no-cumplimiento generalizado, lo que los principios no-rechazables exigen es que hagamos saber a otros nuestra disposición a validar un principio que prohíba el uso de los productos, e insistir en la importancia de este camino. Esto puede incluir la acción de abstención del uso del producto por parte de nosotros mismos, como un ejemplo para los demás y como señal de buena fe. Si una persona hace esto, y persiste el no-cumplimiento generalizado, entonces no será incorrecto que esta persona deje de cumplir, si el cumplimiento implica un costo personal significativo. Esta alternativa se ve expresada en la cláusula relevante del deber natural de justicia de Rawls.

Pasando ahora al caso de instituciones que existen pero que son injustas, recordemos que los principios de justicia, como los entiende Rawls, son estándares evaluativos de estructuras básicas, y en particular son evaluativos de reclamaciones de cambio o reforma. Rawls describe el sentido de justicia compartido como una fuente de motivación “equilibrante”. Ahora tratamos los principios de justicia como una fuente de justificación, en vez de una mera fuente de motivación, como lo es el sentido.

Consideremos primero la posición de los partícipes de una institución injusta que se benefician del hecho de que es injusta. Dado que las reclamaciones de cambio o reforma de aquellos a quienes la institución trata injustamente son válidas, sería incorrecto que los beneficiarios de la injusticia se resistieran a los cambios demandados. El deber natural ralwsiano va más lejos y exige que ellos se esfuercen por promover dichos cambios cuando “esto pueda hacerse sin demasiado costo para nosotros”. Esto parecía correcto para el caso de instituciones “aún no establecidas” y parece correcto también aquí. Pero la pregunta es cómo medimos los “costos para nosotros”. En particular, ¿cuenta como costo la pérdida de los beneficios injustamente adquiridos? La respuesta que parece ser la correcta, y parece seguirse de la propuesta de Rawls, es que no. En la medida en que sea válida la demanda que persigue el que dichos beneficios no sean entregados (que se sigue del hecho de que son injustos), ¿cómo puede existir una objeción válida a renunciar a ellos?

Volvamos a la posición de aquellos que, como los pobres de los guetos, son víctimas de instituciones injustas. Estas personas, según ya hemos dicho, pueden reclamar por cambios a la institución, para así hacerla más justa. Pero estas demandas no serán escuchadas, y no tendrán ningún “efecto equilibrante”, sin medios para hacerlas efectivas. En el caso de una práctica aislada, como la que imagino en mi ejemplo del químico peligroso, el único medio disponible sería la expresión pública, respaldada quizás por amenazas para asegurar el cumplimiento. Si las expresiones públicas resultaran inútiles, entonces cesar el cumplimiento estaría justificado como el único medio para lograr el objetivo, y ya en este punto parecería que aquellos que se benefician de la injusticia del esquema no podrían reclamar la pérdida de los beneficios. Esto es, no podrían ya reclamar por el hecho de no seguir recibiendo los beneficios de la institución sin soportar los costos. Pero, si el número de personas tratadas injustamente es considerable, de modo tal que su salida de la institución perjudica la efectividad de la institución como una forma de protección contra el daño relevante, los beneficiados injustamente no serán los únicos que sufran (o, como ocurre en el caso de la mantención de los diques, puede que sufran un daño mayor que aquel que estaría justificado en razón del grado o nivel de injusticia). La pregunta es, entonces, hasta dónde está justificado el incumplimiento cuando supone estos costos. No tengo una respuesta sistemática a esta pregunta (dudo que la haya). El punto es que la importancia del beneficio que provee una institución, y por ende el costo de perder este beneficio, es un factor que debe considerarse a la hora de determinar si el incumplimiento está justificado, tal y como debe considerarse a la hora de preguntarse si deben los individuos tener un derecho a salirse.

Las cosas son distintas en el caso de aquello que Rawls llama una estructura básica, que incluye los mecanismos para su propia modificación: procedimientos políticos para la creación y reforma de leyes y la presencia de instituciones jurídicas para enfrentarse a las leyes. Para ser justas, este tipo de instituciones deben incluir mecanismos a través de los cuales las demandas de cambio o reforma se puedan hacer efectivas (mecanismos a través de los cuales la “función equilibrante” de un sentido de la justicia compartido pueda realizarse)[14]. Si dichos mecanismos existen, entonces se debilita el caso recién expuesto de cese de cumplimiento justificado.

Pero ocurre que estos mecanismos no existen para el caso del gueto pobre de los Estados Unidos. Como lo enfatiza Shelby, quienes viven allí están tanto política como económicamente aislados. No es sólo un problema de falta de representación adecuada, sino además un estigma que los marca y hace que la sociedad en general esté menos inclinada a tratar seriamente sus reclamos. Su situación yo la llamaría de injusticia persistente: injusticia económica sumada a una ausencia (injusta) de medios políticos efectivos para exigir cambios o reformas. La pregunta aquí es qué tanto están liberados de cumplir con una institución injusta las víctimas de esta injusticia persistente.

Un argumento para permitir incumplimiento en un caso como éste es el de la desobediencia civil como medio de expresión de demandas de justicia. Así en el caso de una práctica injusta para evitar los efectos de un químico peligroso, pero por razones diferentes, se justifica también aquí el incumplimiento como medio para protestar por la injusticia persistente porque no existe otra alternativa, ni medios legales para expresar estas demandas por cambio o reforma. El caso clásico de desobediencia civil entiende que aquí está operando una apelación al sentido de justicia de los que están en posiciones de poder, en particular a su reticencia a castigar a los infractores de aquello que reconocen como una ley injusta. Por las razones mencionadas arriba relativas al aislamiento político de los guetos pobres, esta apelación puede resultar menos efectiva en el caso de la injusticia económica que en el caso del desconocimiento de derechos civiles: si la mayoría percibe a los ciudadanos de los guetos como flojos e inmorales, entonces los actos de desobediencia civil en apoyo a una demanda por mayor igualdad de oportunidades pueden no ser efectivos, porque no logran apelar al sentido de justicia de la mayoría.

Esto nos lleva a la pregunta de si aquello que he llamado injusticia persistente anula la obligación de cumplir con las leyes por parte de los ciudadanos desaventajados (que es una cuestión distinta de si el no cumplimiento es un medio efectivo para promover cambios o reformas que tiendan hacia una mayor justicia). La analogía con un sistema de cooperación como el del ejemplo del químico peligroso sugiere que éste podría ser el caso: si una institución es persistentemente injusta, y el no cumplimiento por parte de aquellos que son tratados de modo injusto no supone costos inaceptables, entonces la mayoría no puede reclamar que esos ciudadanos que son víctimas de la injusticia persistente están destruyendo vínculos de reciprocidad al dejar de acatar las leyes. Estos vínculos ya han sido sistemáticamente vulnerados por la mayoría. No obstante, es necesario mirar más de cerca la cuestión de cuáles leyes podrían violarse de modo justificado y por qué.

Aun cuando los residentes de los guetos no tengan ninguna obligación de cumplir con cada ley como tal, seguirán teniendo deberes naturales con otros. Seguiría siendo incorrecto a su respecto provocar un daño, lesión o muerte a otro individuo. Muchas formas de hurto también estarían en esta categoría. Incluso si las instituciones de propiedad son injustas, es incorrecto sustraer el alimento de otros, o medios de subsistencia, como el automóvil que usan para llegar al trabajo.

Pero existen muchas leyes que prohíben otras conductas; tengo en mente leyes que regulan la demarcación de territorios, uso de drogas, el ejercicio de prostitución e instituciones económicas y financieras. No resulta implausible, creo, sostener que las víctimas de injusticia extrema estarían justificadas al quebrantar leyes de este tipo (vendiendo drogas, por ejemplo) cuando se hace necesario para subsistir o apoyar a sus familias[15]. No resulta claro que en la violación de este tipo de leyes haya además una violación a deberes de reciprocidad para con el resto de nosotros.

La plausibilidad de esta afirmación (al menos a mí me parece plausible) descansa en varios factores que deben hacerse explícitos. Primero, se apela a la necesidad: al hecho de que estas formas de delitos pueden ser la única vía disponible de supervivencia económica para los residentes del gueto. Este factor está presente también en el ejemplo familiar del padre que sustrae una droga, necesaria para salvar la vida de su hijo, de un farmacéutico que se rehúsa a vendérsela, o se rehúsa a hacerlo a un precio razonable. Segundo, como lo sugiere el concepto “razonable”, también está presente la cuestión de si el delito priva a otro de cosas respecto de las cuales tiene una justa titularidad. Algunos de los mencionados son “delitos sin víctima”. El carácter injusto del quebrantamiento de aquellas leyes que prohíben esas acciones (y por tanto la permisibilidad de su reforzamiento) disminuye dramáticamente si el proceso político por medio del cual se producen resulta ser seriamente injusto. Incluso cuando el quebrantamiento de las leyes supone un costo para otros, si los beneficios que se pierden son beneficios que se obtienen sólo en virtud de la naturaleza injusta de la práctica, entonces, como afirmé más arriba, parece seguirse que queda excluida para la víctima la posibilidad de reclamo por la pérdida.

Los deberes de justicia, no obstante lo anterior, limitan el no cumplimiento de una manera distinta. El deber natural de promover la existencia de instituciones justas requiere, creo, que las víctimas de la injusticia no actúen de formas que previsiblemente afecten las posibilidades de mejorar instituciones injustas. Entonces, en palabras de Shelby, este deber les exige “no tomar cursos de acción que claramente exacerbarían las cargas de la injusticia que sufren aquellos que están en las circunstancias del gueto o de otros situados en similares condiciones, al menos no cuando estas consecuencias negativas puedan ser evitadas sin demasiado sacrificio personal”[16].

Finalmente, más allá de la pregunta por la obediencia al derecho, y la permisibilidad del reforzamiento, existe otro rango de obligaciones que pueden verse afectadas por la injusticia, como es el caso de la obligación que atañe a aquellos —tratados injustamente— de trabajar (o estar dispuestos a trabajar) en los términos dispuestos para ellos. Si no nos deben a nosotros la disposición de cooperar en estos términos, entonces es injusto privarlos de otras formas de beneficio público, tales como la asistencia pública, seguro médico y otros beneficios que favorecen a los pobres, sobre la base de que se rehúsan a hacer su parte.

Volviendo a nuestra propia perspectiva, en vez de la de los desaventajados, podemos arrojar una luz ligeramente distinta sobre la idea de estar atrapados en una institución que trata a otros de modo injusto. Aquí el sentimiento desagradable surge de constatar que está lejos de nuestro poder la posibilidad de convertir nuestras instituciones injustas en instituciones justas. Esto parece ser cierto. Pero si todo lo que he dicho es correcto, entonces los estándares de justicia tienen implicancias en cosas que podemos hacer: por ejemplo, en la posición que hemos de adoptar en cuestiones como políticas de bienestar, legislación de drogas y cuestiones generales de policía y encarcelamiento. Éstas parecen a primera vista materias de política social antes que de justicia fundamental. Pero si lo que he dicho es correcto, entonces una teoría de la justicia tiene cuestiones importantes que decir al respecto.

Para concluir, he estado investigando la relación entre la moral de las instituciones y la moral de la acción individual. En la última parte de este trabajo me he concentrado en la cuestión de si la justicia de una institución es condición necesaria para la existencia de un deber de cumplir con sus mandatos. Si, siguiendo a Rawls, tratamos a las instituciones básicas de una sociedad como “esquemas de cooperación para el beneficio mutuo”, y si entendemos el deber de cumplimiento con dichas instituciones como un deber de reciprocidad para con nuestros pares ciudadanos, entonces parece ser que respecto de una estructura básica injusta, al menos persistentemente injusta, los individuos no tienen un deber (al menos no un deber de reciprocidad para con nuestros pares ciudadanos) de cumplimiento de sus leyes. Ésta parece una conclusión demasiado dura. He tratado de mostrar que el asunto es algo más complejo de lo que esta imagen sugiere. He tratado de mostrar algunas de estas complejidades en la relación existente entre conclusiones sobre la justicia —conclusiones o tesis formuladas en la dimensión de la moral de las instituciones— y conclusiones sobre la moral de la acción individual. EP

Bibliografía

Beitz, Charles. Political Equality: An Essay in Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press, 1989.

Lessig, Lawrence. Memorandum of October 9, 2009. Consultado en: http://www.ethics.harvard.edu/images/resources/pdfs/v1.0.pdf

Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.

Rawls, John. A Theory of Justice, revised edition. Cambridge, Mass: Belknap Bress, 1999.

Scanlon, T. M. What We Owe to Each Other. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1998.

Shelby, Tommy. “Justice, Deviance and the Dark Ghetto”. Philosophy & Public Affairs 35 (2) (2007): 126-160.

Simmons, John. “Justification and Legitimacy”. Ethics 109(4) (1999): 739-771.

Williams, Bernard. Ethics and the Limits of Philosophy. London: Fontana, 1985.

1 Defiendo esta concepción contractualista de la moral en What We Owe to Each Other (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1998). [Edición en castellano: Lo que nos debemos unos a otros: ¿Qué significa ser moral? (Barcelona: Paidós Ibérica, 2003)]

2 Esto es lo que John Simmons denomina preguntas sobre la justificación de instituciones. Véase Simmons, “Justification and Legitimacy”, Ethics 109 (1999): 739-771.

3 El título de ese otro trabajo podría ser “Desde un punto de vista moral y ético, el sexo es como el trabajo”. Dejo como tarea determinar por qué esto es así.

4 John Rawls, A Theory of Justice, revised edition (Cambridge, Mass: Belknap Bress, 1999), 4-5. [Edición en castellano: Fondo de Cultura Económica, sexta reimpresión, 2006, 18-19.]

5 Lawrence Lessig, Memorandum of October 9, 2009, http://www.ethics.harvard.edu/images/resources/pdfs/v1.0.pdf

6 Rawls, A Theory of Justice, 458. [Edición en castellano: 471-472.]

7 Agradezco a un árbitro anónimo de Estudios Públicos por señalarme la necesidad de tratar esta cuestión de intertemporalidad. (N. del A.)

8 Rawls, A Theory of Justice, 99. [Edición en castellano: 116.]

9 En lo que sigue asumiré que los beneficios en cuestión son beneficios para individuos, específicamente aquellos que participan en el proceso, aunque esta última asunción no será crucial. Esto hace del deber en cuestión un asunto de obligación horizontal. Es interesante la pregunta de si, y cuándo, las instituciones pueden ser justificadas de la manera en que aquí presento la cuestión, teniendo en consideración el hecho de que necesitamos que promuevan cierto valor impersonal. La idea de que instituciones coercitivas no pueden ser justificadas, al menos en este sentido, yo supondría que es una forma generalizada del “principio del daño” de John Stuart Mill.

10 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), 90-95.

11 En los términos del trabajo de John Simmons citado (“Justification and Legitimacy”), esto da cuenta del hecho de que una respuesta a la pregunta por la justificación resuelve además la pregunta por la legitimidad.

12 Lo que diré en los próximos parágrafos es deudor del mucho más detallado estudio de Tommie Shelby en “Justice, Deviance and the Dark Ghetto”, Philosophy & Public Affairs 35 (2007): 126-160.

13 La institución de este ejemplo no es una “estructura básica” en el sentido de Rawls. Volveré luego a la diferencia que esto hace.

14 Así Charles Beitz afirma que una de las exigencias de la igualdad política es que los ciudadanos cuenten con medios políticos efectivos para protegerse de la injusticia. Véase su Political Equality, 110-114.

15 Shelby, “Dark Ghetto”, 152.

16 Shelby, “Dark Ghetto”, 154.

Artículo

¿INNOVAR PARA EXPORTAR O EXPORTAR PARA INNOVAR?

Un análisis a nivel de firma de la industria manufacturera chilena, 1995-2010

Eduardo Bitran

Universidad Adolfo Ibáñez

Cristián González U.

Universidad Mayor

Fernando Greve

Universidad Mayor

Marcelo Villena

Universidad Adolfo Ibáñez

Eduardo Bitran. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Ph.D. en economía de la Universidad de Boston. Ministro de Obras Públicas entre los años 2006 y 2008. Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez. Email: eduardo.bitran@uai.cl.

Cristián González Urrutia. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y máster en economía aplicada de la Universidad de Illinois en Chicago. Director del Núcleo de Investigación Empresa, Sociedad y Tecnología (NEST), de la Facultad de Emprendimiento y Negocios, Universidad Mayor. Email: cristian.gonzalez@umayor.cl.

Fernando Greve. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y máster en economía aplicada de la Universidad de Chile. Investigador del NEST, Universidad Mayor. Email: fernando.greve@umayor.cl.

Marcelo Villena. Ingeniero civil industrial de la Universidad de La Frontera y Ph.D. en economía de la Universidad de Cambridge. Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Email: marcelo.villena@uai.cl.

Resumen: Identificar apropiadamente la relación entre exportación e innovación es clave para el diseño de instrumentos eficientes de política pública. Sin embargo, aún no existe un consenso respecto de cómo sería la relación de causalidad entre innovación y exportación. En el presente artículo se desarrolla un análisis empírico para el sector manufacturero chileno, que busca desentrañar esta relación. Específicamente, se presenta un modelo econométrico para diversos subsectores industriales de la economía chilena para el período 1995-2010, controlando por el nivel de productividad de cada firma, entre otras variables. A diferencia de otros estudios, se considera el gasto total en innovación en vez de sólo I&D, lo que permite abarcar un espectro más amplio de actividades que buscan mejoras productivas al interior de la firma y, al mismo tiempo, ampliar el número de empresas que son estudiadas. Los resultados obtenidos evidencian que, en la mayoría de los subsectores, la propensión exportadora —o dicho de otra forma: la participación en mercados globales— causaría a la Granger un mayor esfuerzo en innovación. Específicamente, para el subsector de minerales y metales base, así como el de metal-mecánica, se presentan causalidades mutuas a la Granger. Por último, para los subsectores de madera y papel no se evidencia significancia estadística en la causalidad a la Granger entre innovación y exportación. Con estos resultados, se discuten algunas conclusiones de política para Chile en relación con los instrumentos de fomento a la exportación y la innovación.

Palabras clave: exportación, innovación, aprendizaje por exportar, investigación y desarrollo

Recibido: noviembre 2013; aceptado: marzo, 2014

INNOVATE TO EXPORT OR EXPORT TO INNOVATE?AN ANALYSIS OF FIRMS IN THE CHILEAN MANUFACTURING INDUSTRY, 1995-2010

Abstract: Properly identify the relationship between export and innovation is key to designing efficient policy instruments. However, there is still no consensus on how has to be the direct causal relationship between innovation and export. In this paper the authors develop an empirical analysis for the Chilean manufacturing sector which seeks to unravel this relationship. Specifically, an econometric model for various industrial sub-sectors of the Chilean economy for the period 1995-2010, controlling for the level of productivity of each signature, among other variables is presented. Unlike other studies, we consider the total expenditure on innovation rather than just R&D, which can cover a wider range of activities that seek productive within the firm improvements spectrum, while increasing the number of companies that are studied. The results show that in most subsectors, the export propensity —or put another way: participation in global markets— cause, in Granger terms, an increased effort in innovation. Specifically, for the subsectors of minerals and base metals, and metal-mechanical, mutual Granger causality is presented. Finally, for the subsectors wood and paper no statistical significance was evident of Granger causality between innovation and export in any sense. With these results, some policy conclusions for Chile are discussed in relation to instruments of export promotion and innovation.

Keywords: export, innovation, learning by exporting, innovation and development.

Received: November 2013; accepted: March, 2014

1. INTRODUCCIÓN

Existe un consenso en la literatura económica en torno a que las empresas exportadoras son más productivas que las empresas no exportadoras (Bernard & Jensen 1999). Por otra parte, existen estudios que evidencian que la innovación desencadena aumentos en la productividad de las firmas (Crepón, Duguet & Mairesse 1998). Finalmente, también hay evidencia de que la actividad exportadora en sí misma incentiva la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo (I&D) (López Rodríguez & García Rodríguez 2005). De esta manera, la exportación, la innovación y la productividad están fuertemente relacionadas entre sí.

Sin embargo, aún no existe consenso respecto de cómo sería la relación de causalidad particular entre innovación y exportación. Mientras Bernard & Jensen (1999) apuntan a una relación donde las firmas deben, con anterioridad a exportar, mejorar su productividad, De Loecker (2007) encuentra evidencia de un efecto positivo en la productividad de los nuevos entrantes después de iniciada su actividad exportadora. A su vez, se ha evidenciado que es la exportación la que impulsa a las empresas a realizar innovaciones (Monreal Pérez, Aragón Sánchez & Sánchez Marín 2012), pero también se ha observado cómo la innovación (intensidad de I&D, innovaciones en productos y procesos), por un lado, y las exportaciones (amplitud y profundidad), por el otro, pueden influenciarse mutuamente, ya que existe bicausalidad, lo que en la literatura se conoce como reforzamiento mutuo entre innovación y exportaciones (Filipescu et al. 2013). De esta manera, la relación de causalidad entre innovación y exportación parece ser un tema empírico que debe analizarse caso a caso.

Se pueden entonces establecer las siguientes preguntas: ¿es la innovación la que permite a las firmas ser competitivas a nivel global y aumentar sus exportaciones, o es la participación en los mercados externos la que expone a las firmas a un ambiente que induce a las empresas a innovar? Suponiendo que existe una causalidad clara, ¿es ésta similar en todas las actividades o existen heterogeneidades en esta relación a nivel subsectorial? Este trabajo se propone avanzar en responder estas interrogantes, de manera particular en una economía pequeña, en vías de desarrollo, con amplia apertura comercial y exportadora de recursos naturales, como es el caso de Chile.

En cuanto a políticas públicas cabe preguntarse: ¿es más eficiente una política de incentivo para la inversión en I&D de carácter horizontal o, bien, es mejor promover la exportación no tradicional, ya que ex post las firmas innovarán? ¿Deben ser estas políticas diferenciadas en función del subsector manufacturero donde se aplicarán? Desde el punto de vista de las políticas públicas, es importante desentrañar la relación causal entre innovación y exportaciones, para tener luces con respecto a las respuestas de estas interesantes preguntas.

En el caso particular de Chile por ejemplo, el boom de las materias primas iniciado en el año 2003 ha generado una relativa paralización de la diversificación exportadora, lo cual tiene consecuencias en la calidad de la demanda por empleo, la distribución del ingreso, el tipo de cambio y la vulnerabilidad de la economía frente a golpes externos. En este contexto, el diseño de políticas que permitan diversificar las exportaciones pasa a ser un aspecto fundamental. Nuevamente, identificar apropiadamente la relación entre la exportación y la innovación, así como la heterogeneidad subsectorial dentro del sector manufacturero puede constituir un aporte significativo para un diseño de políticas públicas eficientes en un país en desarrollo con las características de Chile. Ahondar en estas relaciones es lo que busca este estudio, comprendiendo los distintos mecanismos de cada sector específico en la relación causal, para orientar de mejor forma las decisiones público-privadas que apunten a una asignación eficiente de recursos. Todo esto considerando también que la industria manufacturera constituye un nicho importante de innovación transmitible a otras industrias, mediante encadenamientos, y que, por tanto, ella posibilita expandir el valor agregado de la economía en su conjunto.

Este trabajo busca realizar diversas contribuciones en relación a la literatura empírica pertinente.

En primer lugar, considera como gasto en innovación la suma de inversiones relacionadas con la adquisición de patentes, licencias y know-how; la capacitación para actividades de innovación; la instalación y puesta a punto de nuevos equipos; la puesta en marcha de la producción; el gasto de introducción de innovaciones al mercado; la adquisición de maquinaria y equipos para la innovación y, por último, el gasto en I&D. Esta definición —menos restrictiva que estudios anteriores, que se limitan al gasto en I&D— permite abarcar un espectro más amplio de actividades que buscan mejoras productivas al interior de una firma, y de esta forma ampliar el número de empresas que son estudiadas. Este punto es relevante, ya que Chile es un país seguidor en materia tecnológica: el gasto en I&D realizado en nuestro país representa sólo el 0,42 por ciento del PIB[1], lo que lo ubica dentro de las tres naciones de la OCDE que menos invierten en I&D, junto con México y Grecia. Más aún, dentro de este gasto, el sector privado aporta sólo 0,16 por ciento del PIB, la cifra más baja de entre todos los países de la OCDE, que en promedio tienen un aporte privado equivalente a 2/3 del PIB. Con nuestras consideraciones, se amplía la visión de las mejoras y esfuerzos tecnológicos realizados por las firmas manufactureras de dos maneras: por un lado, al considerar un espectro más amplio de actividades que buscan mejoras productivas, y, por el otro, al caracterizar las innovaciones que hacen las firmas en Chile y que tendrían un real efecto en la productividad total de factores (PTF).

En segundo término, este trabajo estudia los efectos causales entre innovación y exportación por subsector manufacturero. Esto permite investigar efectos de innovación en la capacidad de una firma de participar en mercados más competitivos y globales, y su posterior impacto en la autoselección y aprendizaje para exportar, lo que permite observar posibles ciclos virtuosos —de reforzamiento mutuo— a nivel de subsector. Esto constituye un aporte novedoso, ya que en la gran mayoría de los estudios se han utilizado variables dummies para capturar diferencias subsectoriales. Al estudiar los subsectores de manera separada se revelan las particularidades subsectoriales en la relación de causalidad de estas variables, foco principal de este trabajo.

Finalmente, este trabajo estudia la innovación en Chile en base a información desde el año 1995 y hasta 2010. Por lo que considera la mayor cantidad de datos utilizados hasta el día de hoy en estudios de innovación y desarrollo tecnológico a nivel de la firma en Chile.

El trabajo se estructura como sigue. Primero, se revisa la literatura, en términos de la relación entre exportación y productividad, y la relación entre innovación y exportación. Segundo, se exponen los datos utilizados y su estadística descriptiva. Tercero, se dan a conocer el modelo y sus resultados. Finalmente, se presentan conclusiones sobre la evidencia encontrada y sus potenciales consecuencias en términos de política pública.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Como ya se mencionó, productividad, exportación e innovación están fuertemente correlacionadas. Por lo tanto, para aislar el efecto de causalidad entre exportación e innovación —foco de este trabajo—, debe enfrentarse la tarea de corregir el efecto inherente a la productividad. Para realizar esto, se comienza revisando la literatura que estudia la relación productividad-exportación, para luego revisar los trabajos que consideran a la innovación.

Relación entre productividad y exportación

Existe abundante evidencia empírica que muestra la mayor productividad de las firmas exportadoras por sobre las firmas que participan sólo en mercados domésticos. Entre estos estudios, destaca el realizado por Bernard & Jensen (1999). En este trabajo —y en los estudios que han surgido a partir de él— se muestra que las empresas exportadoras son más grandes, productivas e intensivas en capital; acumulan mayor capital humano; pagan salarios más altos e invierten más en tecnología, investigación y desarrollo (Benavente, Ortega Bravo & González 2013).

En términos de la causalidad entre exportación y productividad, existen hipótesis que apuntan a explicar este fenómeno de diferentes maneras. Un primer enfoque es el denominado aprendizaje por exportar, en el cual las empresas aumentan su desempeño productivo sólo por el hecho de exportar. Este enfoque considera al menos tres mecanismos de funcionamiento (Greenaway & Kneller 2007):

1. El conocimiento y tecnología que las firmas absorben en mercados internacionales, y a las cuales las empresas no exportadoras no tendrían acceso, incrementarían el desempeño y la productividad de las firmas exportadoras.

2. Las firmas exportadoras tienen acceso a un mercado global de mayor tamaño que el mercado local, por lo que pueden aprovechar economías de escala en su producción.

3. Las firmas que participan en mercados globales están sometidas a un nivel de competencia mayor, por lo que se verán forzadas a invertir en innovación para alcanzar mayores niveles de eficiencia.

De Loecker (2007) encuentra evidencia de un efecto positivo en la productividad de los nuevos entrantes después de iniciada su actividad exportadora. Utilizando una muestra de datos de Eslovenia, concluye además que el destino de las exportaciones es un factor importante en determinar el aprendizaje por exportar.

Por otro lado, se argumenta que las firmas que tienen acceso a mercados globales debieron previamente mejorar su desempeño y, en especial, su productividad. Al mismo tiempo, se espera que las firmas con un mejor desempeño, en términos de su productividad, puedan acceder y mantenerse en mercados globales, donde participan firmas de todo el mundo, las que a su vez, previamente, mejoraron su desempeño. De esta forma, en los mercados globales existirá un mayor nivel de competencia. Esta hipótesis, donde sólo firmas con ciertas características accederán a actividades de exportación, se denomina autoselección y estaría ligada a ciertos costos de entrada: transporte, distribución, personal con habilidades para gestionar redes internacionales, asimetrías de información respecto de la calidad del producto, etcétera; costos que podrían haber impulsado a la firma a realizar esfuerzos en aumentar su productividad para así, posteriormente, tener acceso a exportar.

El más renombrado trabajo que estudia la autoselección es el ya mencionado de Bernard & Jensen (1999). Los autores, utilizando datos de Estados Unidos, encuentran evidencia de que las firmas que se vuelven exportadoras son exitosas con anterioridad a iniciar sus actividades de exportación. Un estudio más actual y recopilatorio de evidencia en el mismo sentido es el realizado por Wagner (2007).

Relación entre innovación, exportación y productividad

Considerando la interacción de la innovación, Monreal Pérez et al. (2012) estudia la relación causal entre la innovación y la capacidad de las firmas de exportar más productos. A su vez, los autores estudian cómo la productividad cambia esta relación. Utilizando una base de datos con 14.142 observaciones de firmas manufactureras españolas durante el período 2001-2008, se evidencia que la innovación induce a las firmas a aumentar su propensión exportadora, con un resultado que se muestra robusto a pruebas de endogeneidad. Sin embargo, no se aprecia que la exportación genere aprendizaje mediante innovaciones en productos o en procesos. Por último, de acuerdo con los autores, la productividad no modificaría ninguna de estas relaciones.

En un estudio más reciente realizado por Filipescu et al. (2013) se estudia cómo la innovación (intensidad de I&D, innovaciones en productos y procesos), por un lado, y las exportaciones (amplitud y profundidad), por el otro, pueden influenciarse mutuamente. Se examina la causalidad entre ambos efectos por medio de un panel de 696 firmas manufactureras españolas durante el período 1994-2005. Se encuentra evidencia de una relación recíproca entre innovación tecnológica y exportación, una causalidad mutua. A su vez, se encuentran positivas, pero no significativas, asociaciones entre la innovación de productos y las exportaciones, así como entre la profundidad exportadora e innovación de procesos. Los autores argumentan que dichos resultados son consistentes con la mayoría de los estudios internacionales existentes sobre este tema. Esta relación de doble casualidad se basaría en argumentos sobre la relevancia de los recursos tangibles y el aprendizaje basado en el desarrollo y la explotación de los recursos intangibles de la empresa. A medida que la empresa desarrolla actividades de exportación, se adquieren los conocimientos y las capacidades que ayudan a desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas, lo que a su vez posibilita a las firmas exportadoras aumentar su intensidad exportadora y diversificar los mercados globales donde participan. Para el caso de Chile, Álvarez & García (2008) estudian la relación entre exportaciones, productividad e innovación tecnológica. Haciendo uso de información para plantas manufactureras, se explora qué factores podrían explicar la relación positiva entre desempeño exportador y su productividad. El enfoque seguido para identificar si las empresas chilenas que exportan se vuelven más productivas se realiza aplicando técnicas de matching[2]. La evidencia encontrada por los autores favorece la idea de que sólo las firmas más productivas son capaces de exportar. Este fenómeno de autoselección sería explicado por la existencia de costos de comerciar con el resto del mundo. Dada la poca evidencia de que el hecho de exportar incremente la productividad de las firmas, este trabajo analiza si existen otras formas de aprendizaje vinculadas al proceso exportador. De esta manera, utilizando información de la localización de las plantas y su sector productivo se presenta evidencia de cómo ella incide en la probabilidad de entrar a los mercados internacionales, debido a la existencia de otros exportadores en la misma región y/o sector. Los resultados para Chile no sugieren ganancias significativas provenientes de la aglomeración geográfica y sectorial de los exportadores. Finalmente, se analiza si la actividad innovadora de las firmas favorece el desempeño exportador, y no se encuentra evidencia de que esta actividad incremente la probabilidad de exportar.

También en Chile, Benavente et al. (2013) estudian la relación entre gasto en I&D, exportación y productividad. Los autores encuentran que las empresas que invierten en I&D son considerablemente más propensas a exportar, pero no lo opuesto. Es decir, el hecho de que una firma exporte no aumenta la probabilidad de que realice investigación y desarrollo. Además, encuentran evidencia de que la exportación y la I&D tienen un efecto conjunto en aumentar el nivel de productividad de las plantas manufactureras chilenas. De esta manera, si bien la actividad exportadora no estimula la inversión en I&D, existe evidencia de aprendizaje por exportar, con resultados robustos frente a correcciones de endogeneidad.

En la gran mayoría de los estudios mencionados se han utilizado dummies para capturar diferencias subsectoriales. Sin embargo, esta metodología no revela las particularidades subsectoriales. Como una forma de reparar este vacío, en este trabajo se estiman las relaciones de causalidad para cada subsector por separado[3]. Esto permite evaluar hasta qué punto existen diferencias entre los distintos subsectores respecto de la causalidad entre exportación e innovación.

El supuesto de este trabajo es que estas diferencias —en intensidad tecnológica, en el nivel de valor agregado, en si existe o no intensidad en recursos naturales, en la internacionalización de las empresas pertenecientes al subsector, en la localidad donde se ubican las firmas de uno u otro subsector, entre otras— presentan un impacto heterogéneo en la relación de causalidad estudiada; supuesto que parece relevante al considerar las grandes contribuciones de Pavitt (1984) respecto de la especificidad sectorial en las fuentes y los efectos de la innovación.

La metodología utilizada sigue en gran medida el trabajo de Filipescu et al. (2013), en donde se realiza un Test de Granger para estudiar la relación de causalidad existente entre innovación y la amplitud y profundidad de la exportación. A su vez, considera el enfoque de análisis ocupado por Monreal Pérez et al. (2012) donde, para estudiar la relación causal entre innovación y exportación, se considera el efecto moderador de la productividad. En cuanto al estudio de la heterogeneidad subsectorial, la metodología sigue la utilizada por Wagner (2008) para estudiar las diferencias geográficas existentes en la relación exportación-innovación.

3. DATOS Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

La fuente de datos utilizada para estudiar las actividades innovativas en Chile a nivel de la firma es, en primer término, la Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta encuesta comprende un cuestionario que sigue las pautas del Manual de Frascati elaborado por la OCDE en materia de innovación. En particular para los años 1995 y 1998, se trabajó con muestras que corresponden a cruces de la EIT con la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA), con el fin de contar con variables cuantitativas de las firmas, principalmente en la variable de empleo, hasta ese año ausente en la EIT. Se tomaron sólo las empresas manufactureras, de manera de darles una mayor homogeneidad a las observaciones. Para hacer esto, se debió realizar una homologación de la clasificación para las encuestas estudiadas, debido a que con los años la construcción del cuestionario fue variando para abarcar una mayor cantidad de industrias productivas. En la tabla 1 se muestra la clasificación de subsectores manufactureros utilizada.

Tabla 1. Sub-Sectores, Industria manufacturera

Sub-sector industrial

Alim.

Alimentos, bebidas y tabacos

Text.

Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero

Mad.

Industria de la madera

Pap.

Papel, imprenta y editoriales

Quím.

Industria química y plásticos

M-MB.

Productos minerales no metálicos y metales base

M-M.

Industria metal-mecánica

Fuente: Elaboración de los autores.

Los datos estudiados contienen alrededor de 5.700 observaciones, que representan a casi 30 mil empresas manufactureras chilenas, donde hay que notar que se tomaron factores de expansión propios de la EIT para posibilitar una mayor representatividad de la muestra.

A partir de la tabla 2 (y gráficamente en la figura 1), se observa el porcentaje de empresas que innovan, exportan y hacen ambas cosas a la vez, por subsector manufacturero. Se aprecia que el subsector químico es donde un mayor porcentaje de firmas exportan parte de su producción; un mayor porcentaje de empresas innovan; y un mayor porcentaje realiza ambas actividades. Lo sigue el subsector de minerales y metales base, que presenta una mayor proporción de empresas exportadoras e innovadoras que el promedio de la industria. Los subsectores textil, maderero y metal mecánico, en tanto, presentan una menor proporción de empresas exportadoras e innovadoras respecto del promedio de la industria.

Tabla 2. Innovación y Exportación por Sub-sector industrial ( %)

Total

Alim.

Tex.

Mad.

Pap.

Quím.

M-MB.

M-M.

Exportadoras

23,0

27,9

21,2

19,0

17,8

31,3

25,6

15,3

Inversión en innov.

26,7

25,6

21,3

17,7

30,7

39,5

31,6

23,5

Innov. y export.

11,8

12,3

9,2

6,7

11,9

19,1

17,8

8,0

Firmas

representadas

29.576

8.264

3.351

2.992

2.748

4.073

2.026

6.122

Obs.

5.698

1.229

583

501

542

875

656

1.312

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de la Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT).

Sin perjuicio de esto, se observa que para los subsectores papeleros; químicos; minerales y metales base; y metal mecánico es mayor la proporción de empresas que innovan que las que exportan, a diferencia que los subsectores de alimentos y maderero, donde es mayor la proporción de las firmas exportadoras. En el subsector textil prácticamente no existe diferencia en la probabilidad de innovar y exportar.

También se aprecia una cierta correlación entre el gasto en innovación y las exportaciones, salvo para el caso del subsector papelero, donde una alta proporción de empresas innovan, pero son pocas las que exportan. Este resultado resulta especialmente interesante, ya que se observa que dos de cada tres empresas que exportan también innovan, a diferencia del promedio de la industria donde sólo una de cada dos empresas exportadoras lo hace.

Figura 1. Innovación y exportación por sub-sector industrial (%)

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de la EIT y Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA).

Para analizar la relación temporal entre exportación e innovación, en la tabla 3 se muestra la cantidad porcentual de empresas que exportan, innovan y hacen ambas cosas a la vez, esta vez para distintos años de la muestra. Así, se aprecia una fuerte tendencia al alza en la proporción de empresas que innovan hasta el año 2000, momento en que empieza una disminución de las firmas innovadoras hasta un punto crítico en el año 2008, cuando sólo el 16 por ciento de las empresas manufactureras innovan (porcentajes que se recuperan hacia el año 2010, pero únicamente a cifras inferiores a las de 2006). Esta brusca caída en el porcentaje de empresas innovadoras se explicaría por los efectos de la crisis subprime en la liquidez de las firmas. Este efecto se aprecia de mejor manera en la figura 2a. A su vez, en la figura 2(b) se muestra un gráfico del dólar observado para estos años. Se aprecia una cierta relación entre la proporción de empresas que innovan con el dólar observado para cada año. En particular, el tipo de cambio real se aprecia a partir del año 2003, como consecuencia del inicio del ciclo de precios altos de los minerales, tendencia que se revierte en 2008, como consecuencia de la crisis internacional. Podemos señalar, entonces, que existe una cierta correlación entre apreciación cambiaria y la proporción de empresas innovadoras (ver, por ejemplo, Agosin 2009 y Ffrench-Davis 2002).

Tabla 3. Innovación y Exportación por año ( %)

Total

1995

1998

2000

2004

2006

2008

2010

Exportadoras

23,0

24,6

26,6

21,0

24,2

28,3

16,2

25,6

Inversión en innov.

26,7

24,5

26,4

42,0

33,2

30,9

15,9

24,0

Innov. y export.

11,8

12,0

10,8

13,0

15,1

16,1

7,6

9,1

Firmas

representadas

29.576

4.867

3.913

2.884

4.808

4.071

7.101

1.932

Obs.

5.698

537

393

419

1.013

1.492

1.262

582

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de la EIT.

Continuando con el análisis por subsector, en la tabla 4 se realiza un test de medias para las empresas exportadoras y no exportadoras. Como se puede apreciar, existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de firmas si se considera toda la muestra de firmas manufactureras. Las empresas exportadoras tienen en promedio una mayor propensión a innovar, efecto que se invierte en los sectores de alimentos y papel. La evidencia encontrada es congruente con anteriores estudios y se comprueba que las empresas exportadoras muestran un mejor desempeño en innovación que las empresas no exportadoras.

Tabla 4. test de medias: esfuerzo en innovación

Total

Alim.

Text.

Mad.

Pap.

Quím.

M-MB.

M-M.

No-export

766,2***

654,3**

207,8*

283,4**

2.951,1

577,7**

528,5***

618,2**

Export

1.677,8***

501,6***

636,9**

3.220,7*

1.330,1***

1.914,4**

1.424,6***

4.652,3

Diferencia

912

–153

429

2.937

–1.621

1.337

896

4.034

(P-estad.)

0,105

0,666

0,119

0,082

0,478

0,091

0,027

0,212

Obs.

5.654

1.206

578

496

542

874

653

1.305

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de la EIT y Enia.

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

4. ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA Y MODELO A ESTIMAR

Nuestro estudio analiza la causalidad de dos variables relevantes: el esfuerzo de gasto en innovación y la intensidad exportadora. Se controla esta estimación por la productividad, para capturar economías de escala, ámbito y toda posible relación existente de aprendizaje por exportar y sesgos de autoselección. Se siguió principalmente la metodología utilizada en el trabajo más actual encontrado para estudiar la causalidad entre innovación y exportación (Filipescu et al. 2013). En dicho trabajo, la causalidad es estudiada por medio de un Test de Granger (Granger 1969) de dos rezagos. Junto con el trabajo anterior, se considera el enfoque de análisis ocupado por Monreal Pérez et al. (2012), donde, para estudiar la relación causal entre innovación y exportación, se controla también por productividad. En cuanto al estudio de la heterogeneidad subsectorial, la metodología sigue a la utilizada para estudiar las diferencias geográficas existentes en la actividad exportadora por Wagner (2008). Es decir, se realizan estimaciones para cada muestra. En el caso de este estudio, las estimaciones se hacen para cada subsector por separado.

El estudio se realizó en base a un conjunto de datos de sección cruzada, estimando un Test de Granger en base a un rezago.

Considerando los subsectores manufactureros la especificación del modelo, para cada subsector se estableció de la siguiente manera:

Figura 2a. porcentaje de firmas que exportan e innovan, por año

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de la EIT y Enia.

Figura 2b. Dólar observado para el período 1995-2010

Fuente: Banco Central de Chile.

Donde,

g: esfuerzo de gasto de innovación

exp: intensidad de exportación (log)

v: productividad (log)

A: set de var. categóricas por año

Donde, cada subsector manufacturero (s) tendrá un set de coeficientes (βigs; βiexp,s; βivs) para cada ecuación i = {1,2}.

Las ecuaciones de innovación y exportación son estimadas por un modelo Tobit (Amemiya 1973), para así obtener coeficientes representativos de toda la muestra, considerando que tanto las firmas exportadoras como las firmas que realizan esfuerzos en innovación son muestras censuradas; es decir, corresponden a firmas con características específicas, que no necesariamente corresponden a una muestra representativa del total.

Tabla 5. f-estadístico, test de causalidad de granger: intensidad

exportadora

Total

Alim.

Text.

Mad.

Pap.

Quím.

M-MB.

M-M.

Model esfuerzo

gasto innovación

+

+

+

+

+

+

+

+

F-estad. esfuerzo en innovación

2,20

0,50

1,32

1,79

0,32

1,60

4,00

8,64

(p-estad.)

0,14

0,48

0,25

0,18

0,57

0,21

0,05

0,00

Obs.

5.569

1.191

572

490

542

862

635

1.277

Fuente: Elaboracion de los autores en base a la información de la EIT y Enia. Incluye dummies por año. Variable de control: productividad.

La forma como se calculan las variables es la siguiente: el gasto de innovación es medido por la suma de los gastos relacionados con la adquisición de patentes, licencias y know-how; la inversión en capacitación para actividades de innovación; la instalación y puesta a punto de nuevos equipos; la puesta en marcha de la producción; el gasto de introducción de innovaciones al mercado; la adquisición de maquinaria y equipos para la innovación y, por último, el gasto en I&D. Y luego se calcula el gasto en innovación por trabajador, que se denomina “esfuerzo de innovación”. La exportación consideró el valor real de las exportaciones totales, valor que luego se divide por ventas para obtener “la intensidad exportadora” de la empresa. Por último, la productividad laboral se midió por medio de las ventas por trabajador[4].

Para atenuar, en la medida de lo posible, distintos efectos temporales exógenos que pueden existir, se utilizaron variables categóricas (A) para capturar la varianza proveniente de cada año de la observación. Esto es relevante, ya que, como vimos en la sección anterior, tanto la crisis asiática como la crisis subprime, de los años 1998 y 2009, respectivamente, modificaron la cantidad de firmas exportadoras e innovadoras.

Tabla 6. f-estadístico, test de causalidad de granger: esfuerzo en

innovación

Total

Alim.

Text.

Mad.

Pap.

Quím.

M-MB.

M-M.

Model intensidad exportadora

+

+

+

+

+

+

+

+

F-estad. intensidad exportadora

9,17

6,96

4,33

0,49

1,94

9,85

6,75

7,03

(p-estad.)

0,00

0,01

0,04

0,48

0,16

0,00

0,01

0,01

Obs.

5.569

1.192

572

490

541

864

634

1.276

Fuente: Elaboracion propia en base a la información de la EIT y Enia. Incluye dummies por año. Variable de control: productividad.

5. PRINCIPALES RESULTADOS

Como el foco del estudio es estudiar la causalidad, se reportarán los F-Estadísticos de las variables a testear. En la tabla 5 se reportan los F-Estadísticos de las ecuaciones (1) para los distintos subsectores. Se aprecia que estos alcanzan significancia estadística para explicar la causalidad a la Granger desde el esfuerzo en innovación hacia la intensidad exportadora, para los subsectores de minerales y metales base y metal mecánico. Para el resto de subsectores, como para la industria manufacturera en su conjunto, en tanto, no se aprecia significancia estadística para la causalidad en esa dirección.

En la tabla 6 se reportan los F-Estadísticos, esta vez de la ecuación (2). Se observa que existe significancia estadística en la causalidad a la Granger para todos los subsectores, salvo para los subsectores maderero y de papel. Como era de esperar, esta mayor significancia se traduce en una causalidad a la Granger significativa para el global de la industria manufacturera.

A partir de los resultados, se tiene que existen subsectores, como alimentos, textil y químico, que presentan causalidad a la Granger sólo desde la exportación hacia la innovación. Por su parte, existen subsectores, como minerales y metales base y metal mecánico, que muestran refuerzo mutuo, en donde la innovación causa —en términos de Granger— exportación y, a su vez, la exportación causa —de nuevo en términos de Granger— innovación. Por último, existen subsectores en los que no se aprecia evidencia significativa de causalidad a la Granger en ningún sentido, como es el caso de los maderero y papelero.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudia la relación de causalidad entre el esfuerzo en innovación y la intensidad exportadora de las firmas manufactureras. Esto se realiza de una manera diferente a estudios anteriores: en vez de utilizar un conjunto de firmas de todos los subsectores manufactureros y agregar variables dummies que capturan la variabilidad sub-sectorial, en este trabajo se estiman las relaciones de causalidad para cada subsector por separado. Para estudiar la causalidad en estas variables se realiza un test de causalidad a la Granger (1969). Los resultados obtenidos evidencian la existencia de una dependencia de la relación entre estas variables según el subsector manufacturero estudiado. En particular, en la mayoría de los subsectores la propensión exportadora —o dicho de otra forma: la participación en mercados globales— generaría, en términos de causalidad a la Granger, esfuerzo en innovación. Para los subsectores de minerales y metales base y metal mecánica se presentan mutuas causalidades a la Granger. Por último, para los subsectores de madera y papel no se evidencia significancia estadística de causalidad entre innovación y exportación en ningún sentido.

Si bien se requiere una mayor cantidad de estudios que confirmen y sustenten las hipótesis aquí estudiadas, se sugiere considerar estos hallazgos al momento de tomar decisiones público-privadas a nivel subsectorial, de modo de asegurar una utilización eficiente de los recursos en los objetivos de alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, aumentos en la productividad y una diversificación e intensificación de las exportaciones en la industria manufacturera. A nivel global, la industria en su conjunto presenta evidencia de causalidad a la Granger desde exportación hacia innovación, en donde empresas que participan en mercados extranjeros realizan mayores esfuerzos en innovación. En esta causalidad se pueden distinguir los beneficios relacionados con la ganancia en capacidades y capital de conocimiento intangible, tanto en gestión como en desarrollo tecnológico, gracias a que las firmas exportadoras quedan expuestas a conocimiento e información internacional, lo que constituye una oportunidad que las empresas que actúan sólo en mercados locales no poseen. A su vez, se deben considerar los beneficios que les brindará el utilizar estos conocimientos en futuras mejoras tecnológicas, de manera de intensificar y diversificar sus exportaciones.

Por otro parte, la más limitada causalidad de innovación hacia exportación puede deberse a la existencia de barreras a la exportación, donde firmas productivas no son capaces de llevar sus productos al extranjero debido a diversos costos hundidos de entrada.

Con estos resultados se pueden obtener algunas conclusiones de política pública para Chile en relación con los instrumentos de fomento a la exportación y la innovación.

Los instrumentos de fomento en estas áreas se orientan en dos sentidos: a apoyar la innovación, de productos o procesos, individual o colectiva, de las firmas por parte de Corfo; y a apoyar el esfuerzo de estudio y penetración del mercado externo por parte de ProChile. Sin embargo, la falta de sincronía y de vínculo entre los apoyos a la oferta y los apoyos al acceso al mercado reduce el impacto de los instrumentos de fomento público. Empero, como las empresas que están exportando tienen una mayor probabilidad de innovar y de diversificar las exportaciones, se podría diseñar un instrumento de rápida aprobación que incentive esta diversificación, que involucre la aprobación conjunta de Corfo y ProChile, con un componente de estudio de mercado y otro de innovación de producto o proceso. La evaluación conjunta de estos instrumentos permitiría mejorar el diseño y la estrategia de la empresa, al incorporar los obstáculos y requerimientos del mercado internacional.

Otra conclusión de política pública es que el apoyo a exportar a primeros exportadores debe ser mayor que a empresas que ya tienen presencia en el mercado internacional, debido a que la actividad exportadora aumenta la propensión a innovar, lo que a su vez fortalece la presencia en los mercados externos.

La heterogeneidad subsectorial encontrada sugiere revisar con mayor profundidad ciertos diseños de políticas e instrumentos de estímulo a la innovación y exportación de carácter horizontal, en virtud de la existencia de capacidades y oportunidades diferenciadas, por cada subsector de la industria. Los hallazgos de este estudio pueden complementar la toma de decisiones público-privadas con el fin de utilizar eficientemente los recursos, con miras a incentivar el desarrollo tecnológico, el aumento en la productividad y la diversificación e intensificación de las exportaciones.

Por último, se debe mencionar que a nivel agregado el sector manufacturero evidencia una cierta correlación a nivel macroeconómico, como queda evidenciado por la cantidad de firmas que realizan gasto en innovación en la figura 2.

Dentro de las críticas a los resultados expuestos en este trabajo, se debe considerar que ellos están basados en regresiones de datos y sujetos, por lo tanto, a variados sesgos.

Uno de los principales es la posibilidad de que las firmas grandes y exitosas sean las más productivas y pueden darse ciertos “lujos”, como realizar proyectos de innovación (Griliches 1986) que no necesariamente apunten a mejorar su desempeño. Es decir, que el gasto en este tipo de actividades no explique el desempeño de las firmas, sino que ello sea al revés. Esto, en parte, se buscó corregir al controlar por productividad.

Por otro lado, pueden existir problemas de endogeneidad que no hayan sido corregidos completamente, causados por el desajuste temporal entre las variables explicativas y las explicadas.

A su vez, se debe considerar que el modelo busca medir el efecto del gasto de innovación en la exportación y viceversa. Pero muchas de las innovaciones realizadas por las firmas no tendrán incidencia directa sobre la exportación, o su incidencia tendría un rezago mayor a un año. Además, parte del aumento en las ventas de una firma —y, por consiguiente, de sus ventas por trabajador— puede producirse por el aumento de su poder de mercado o por beneficios cambiarios, y no por causa de innovaciones. Por otro lado, pueden existir innovaciones que apunten a bajar costos productivos, las que no serían observadas por la especificación utilizada. Por último, alzas en la diversificación exportadora producidas por innovaciones o por la productividad no serán visibles en los montos de exportación.

Asimismo, el supuesto de que todos los gastos de innovación influirían de igual forma en la exportación es, a lo menos, cuestionable. Claramente el gasto en I&D tendrá efectos con un rezago mayor. A su vez, la adquisición de maquinaria y equipos para la innovación tendrá una incidencia según qué tan intensivo en capital sea el subsector, lo mismo ocurrirá con el gasto en capacitación respecto de la intensidad del capital humano.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿por qué en el caso de estudiar causalidad con inversión en I&D (Benavente et al. 2013) se encuentra una causalidad en el sentido opuesto a la hallada en este trabajo?, es decir, ¿el mayor gasto de I&D aumentaría las exportaciones? Una posible explicación es que en Chile el universo de empresas que realizan I&D incluye sólo a algunos cientos, donde la inmensa mayoría son empresas grandes, lo que dificultaría el análisis. A su vez, esto se podría deber a que la diferencia entre el mercado local y el internacional en nivel tecnológico de producción, en gestión, know-how, etcétera, sea tan elevada que exista una altísima ganancia informacional para las empresas que participan en mercados internacionales, lo que permitiría a las firmas tener a su alcance innovaciones no latentes en los mercados locales. Se aconseja profundizar en estas explicaciones en próximos estudios. EP

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1 Dato para el año 2010 (OCDE 2012).

2 Esto es relevante, dado que precisamente las empresas más productivas se autoseleccionarían para exportar. Este problema se conoce como “sesgo de selección” y deben utilizarse metodologías de tratamiento para poder controlar por éstas y otras variables no observables, en orden a capturar los efectos deseados de manera eficiente y no sesgada.

3 Esta metodología sigue muy de cerca la realizada por Wagner (2008) para estudiar la diferencia entre Este y Oeste, en el comportamiento exportador de las firmas manufactureras alemanas.

4 Tanto el esfuerzo en innovación, la intensidad exportadora y la productividad laboral se calcularon con valores a precios constantes.

Conferencia

¿PUEDE DURAR EL AMOR?*

Ricardo Capponi

P. Universidad Católica de Chile

Ricardo Capponi. Médico, Universidad Católica de Chile. Psiquiatra, Universidad de Chile. Profesor del Instituto Psicoanalisis de Chile. Director del Centro de Educación Sexual Integral (www.cesi.cl). Email: racapponi@gmail.com.

* Versión escrita de la conferencia dada en el CEP el 28 de abril de 2010, en el marco del ciclo para estudiantes universitarios “Deseo, erotismo y amor”.

Resumen: El amor es un estado afectivo que nos ha interesado desde el nacimiento de la humanidad, cuya concepción ha cambiado a través de las culturas. Este trabajo pretende precisar el concepto de amor que manejamos hoy, en la cultura del siglo XXI. Nos centramos en el amor de pareja, y lo contrastamos con el enamoramiento, como forma inicial aunque transitoria. Demostramos cómo es necesario este primer estadio, para luego pasar al amor sexual maduro, estado afectivo que hace posible el amor a largo plazo o para toda la vida.

Palabras clave: amor de pareja, enamoramiento, amor sexual maduro.

Recibido: abril 2013; aceptado: mayo 2013.

CAN LOVE LAST?

Abstract: Love is an emotional state in which we have been interested since the start of humanity. Its conception changes depending on the culture. This paper endeavors to narrow down the concept of love as we know it today, in the culture of the 21st century. The focus is on love for one’s mate as compared to the initial, yet transitory feeling of falling in love. The paper first demonstrates how this first stage is a necessity in order to then transition to a mature sexual love, an emotional state that makes long-term or lifelong love possible.

Keywords: love for one’s mate, falling in love, mature sexual love.

Received: April 2013; accepted: May 2013.

Ustedes han hecho un esfuerzo y han venido a escucharme hablar acerca del amor. La pregunta es ¿qué los motiva a estar acá, qué buscan?

Si esta fuera una charla dictada hace dos mil quinientos años, en un teatro griego, habrían venido a escucharme para vivir en el amor y ser más virtuosos. Si esta fuera una charla dictada hace mil años, en plena Edad Media, habrían asistido para poder vivir en el amor y ser más santos.

Hace quinientos años, en pleno Renacimiento, esta charla tendría como objetivo mostrarles lo interesante, lo atractivo y lo apasionante que es vivir en el amor, porque permite acceder a intensidades en los sentimientos y en las vivencias que nos abren a dimensiones desconocidas de la vida y nos hacen mucho más humanos.

Hace cincuenta años, en los años sesenta, habría tenido que hacer esta charla mostrando cómo la realización en el amor colectivo, la solidaridad y la construcción de una sociedad igualitaria nos permite acceder a una vida con sentido, porque ésta se logra en la comunidad.

Pero hoy lo que los ha traído a ustedes a estar sentados escuchándome hablar acerca del amor no es ninguno de los motivos anteriores. Ni es por la virtud, ni es por un camino de santidad, ni es por una necesidad de vivir intensamente las emociones, ni tampoco por una inclinación hacia la solidaridad. Lo que los motiva a estar acá es mejorar su calidad de vida. La noción de calidad de vida es un concepto de estos últimos cincuenta años, que remite al deseo de emplear la vida viviéndola con una buena calidad. Otra manera de decir lo mismo es remitirse a la importancia de ser feliz. El sentido de la vida hoy es tener un pasar feliz.

Por lo tanto, para que esta charla les haga sentido, y para que ustedes queden satisfechos, tengo que ponerla en términos del lenguaje de lo que ustedes vienen a buscar. Esto es: ¿qué significa el amor en términos de calidad de vida? Vivir en el amor ¿mejora mi calidad de vida, la empeora?

Porque amar por la virtud en sí misma no es hoy una gran preocupación, tampoco el camino de santidad ni las otras alternativas que he mencionado. Lo que a ustedes les interesa hoy día es tener una vida de calidad; y por ello se quiere decir una vida confortable y con una sensación de bienestar subjetivo. Y quieren saber de qué manera el amor contribuye a eso.

Las tres grandes amenazas a nuestra calidad de vida son hoy el estrés, el aburrimiento y la depresión. Y todos los estudios lo demuestran y así lo refiere la gente: lo que los hace felices son las relaciones familiares y de amistad. O sea, el amor nos protege de la depresión, el aburrimiento y el estrés.

Pero ustedes no vienen a escuchar discursos melosos sobre el amor, descripciones de las cuales están plagados los manuales de autoayuda, la psicología positiva, los escritos por hombres de buena voluntad, las religiones y las filosofías orientales…

Ustedes quieren que les hable del amor desde la ciencia y, en este sentido, desde la perspectiva de los dos grandes aportes que cambiaron nuestra manera de ver el mundo a partir de fines del siglo XIX, y en cuya consolidación nos hemos tomado todo el siglo XX. Me refiero, en primer lugar, al descubrimiento de que el hombre proviene del mono, y a todos los estudios que se centran en nuestras semejanzas y diferencias con él, desde la antropología; y en segundo lugar, desde la psicología, a la revolución inaugurada por Freud al sistematizar el funcionamiento mental, explicando su desarrollo a partir del nacimiento, familiarizándonos con nuestro mundo interno e instalando el tema de la subjetividad como imprescindible para cualquier comprensión del ser humano.

EL AMOR 2.0

Veamos entonces qué es esto del amor desde el lenguaje del siglo XXI.

Como les decía recién, la palabra “amor” tiene un significado compartido por todos en nuestra cultura. Todos entendemos de una cierta manera qué significa esto de amar al otro. Básicamente, hemos hecho sinónimos de amor la generosidad, la entrega. Ama al otro quien es generoso con él. Quien da hasta que duela. Quien se sacrifica y renuncia a sí mismo por el otro.

Si lo miramos desde la antropología, tratamos de entender cómo se da entre los animales el amor. Encontramos muchas manifestaciones de un vínculo en el cual hay preocupación por otro, hay entusiasmo en la relación con otro, hay un apego, hay una relación muchas veces de entrega que podríamos catalogar de amor. Sin embargo, no quedamos satisfechos con eso. Esta forma de relacionarse que tienen los animales resulta absolutamente insuficiente para explicar el concepto profundo del amor. Las diferencias sustanciales —podríamos decir— remiten a que lo esencial en el acto de amor es una entrega al otro; es poner las necesidades del otro en primer plano, de forma tal que hago mías esas necesidades de él, y al hacerlas mías, ayudo al otro en lo que necesita, reparo sus carencias y así ejerzo el acto de amor. En este proceso de hacer mías las necesidades del otro y repararlas y gratificarme en él, el otro se me mete dentro, el otro va viviendo en mí y, como consecuencia, me voy enriqueciendo, mi vida va siendo una vida en la cual muchos personajes van formando parte de mi acontecer. En este proceso de hacerme cargo de la necesidad del otro, el rostro juega un papel fundamental, porque es el que me hace vincularme, reconocer al otro, darle continuidad al otro a través del tiempo, incorporarlo a mí como persona y despertarme a sus necesidades, en cuanto siempre el otro es un ser necesitado que está expresado a través de su rostro.

Este acto de mirar la necesidad del otro, de salirme de mí mismo para fijarme en el otro y, como consecuencia, repararlo, es un acto que tiene una diferencia esencial con la preocupación que puede sentir un animal por el otro; y es que, en nuestro caso, el acto es un acto de libertad. Antropológicamente nos diferenciamos de los animales porque no estamos amarrados a lo contingente e inmediato, tenemos la capacidad de vivir en la temporalidad de un futuro, de un pasado y un presente. Esto nos hace ser conscientes de nosotros mismos y de los otros, y en este acto reflexivo adquirimos la capacidad de decidir frente a distintas alternativas, situación en la cual nos jugamos nuestra libertad.

Vamos perfilando lo que es el amor: es un acto de entrega donde el otro me aparece como más importante que yo mismo, hago mía su necesidad. Esto me lleva a reparar y suplir la necesidad del otro y, como consecuencia, me voy enriqueciendo, porque el otro se instala en mí, y este acto es un acto consciente desplegado en mi propia libertad.

Estoy señalando algo novedoso para el concepto de amor tradicional: al amar, el otro se mete dentro de mí y yo me meto dentro del otro, vivo en el otro y el otro vive en mí; esto implica que tenemos un espacio interno donde alojamos personajes, experiencias que serán determinantes de nuestra vida, y ello se lleva a cabo por un proceso descubierto por Freud —tal vez su hallazgo más importante—, cual es el proceso de identificación. Es este proceso de identificación el que nos permite crecer, aprender, educarnos y construir una identidad propia. Y, de manera muy central, enriquecernos en las relaciones de pareja y en todas las relaciones íntimas al meternos al otro adentro.

No obstante esas realidades, la cultura del siglo XX descubre que el ser humano es un animal de autoengaño, que “no todo lo que brilla es oro”, y la humanidad va haciéndose cada vez más desconfiada de las relaciones generosas, especialmente cuando en la base hay un tipo de relación en que el que da lo hace para compensar una carencia propia. Por ejemplo, el padre que es muy generoso con su hijo siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, porque si el hijo se plantea con sus propias ideas, lo aplasta autoritariamente y le niega lo ofrecido. O la madre sobreprotectora que parece tan abnegada con su hijo, pero que no está dispuesta a que corra los riesgos de salir al mundo, porque lo puede perder: el hijo es para ella.

El amor de madre es la esencia del amor en cuanto a su generosidad. Pero, ojo, cuando el hijo es pequeño, la dedicación a él está movida desde el narcisismo de prolongación (posesión), muy fuerte, base de la sobrevivencia de la especie. El amor generoso con los hijos se pone a prueba en la adolescencia de éstos.

Otro caso de amor desvirtuado: el de la mujer rica que hace caridad, pero si se trata de mejorar estructuralmente las condiciones de los pobres poniendo en riesgo lo que ella considera sus riquezas, es capaz de luchar por evitarlo a cualquier precio.

Ahora, si no hay amor sin generosidad, tampoco lo hay sin respeto al otro. No hay amor en las relaciones de opresión. La generosidad en un encuadre de dominio-sumisión no sólo es un gesto vacío, sino que hasta puede ser perversa, al servicio de mantener los beneficios de quien da. Un ejemplo es el del esposo que da muchas cosas a su mujer, pero le impide su desarrollo personal; el del empresario que trata muy bien a sus trabajadores, pero no les reconoce el derecho a reunirse para plantear sus demandas.

Es interesante cómo el arte, especialmente a través de la literatura y el cine, ha ido planteando este dilema del amor. Varias películas estrenadas este último tiempo lo muestran hermosamente: Amour, Amigos inseparables, Melancolía, Closer: cegados por el deseo, entre muchas otras.

Por otro lado, en el estudio del mundo subjetivo descubrimos que la generosidad puede obedecer a impulsos neuróticos y ser ejercida para tranquilizar la conciencia, para autoengañarse, para engañar al otro. Cuando la generosidad se desarrolla en un clima de engaño e inautenticidad, con desconocimiento de la presencia del otro tal cual es, vivimos en una relación mentirosa, y aquí tampoco cabe el amor.

Descubrimos que para que se dé el encuentro humanizante que buscamos en el amor, que ahora tiene otra connotación que pura generosidad, se requiere a la vez respeto y verdad. Este es el amor maduro.

DEL ENAMORAMIENTO AL AMOR SEXUAL MADURO

¿Por qué se enamora uno?

Hay variables antropológicas muy interesantes que explican por qué uno se enamora. Cargamos con una herencia filogenética a enamorarnos, esto es, tenemos una tendencia a enamorarnos que está plasmada en los genes.

Y ¿por qué? En definitiva, porque las mujeres tienen las caderas muy pequeñas. Sucede que, en el camino evolutivo, el ser humano fue aumentando su corteza cerebral y, por lo tanto, el tamaño de la cabeza. Y frente a esta demanda teníamos dos posibilidades: o aumentaba el tamaño de las caderas de las mujeres para dar a luz a una criatura con una cabeza más grande, o daba a luz a un bebé con una cabeza pequeña que crecía durante los próximos años. Ésta última fue la solución que adoptó el proceso evolutivo. Por eso, durante cuatro años los humanos somos seres tremendamente desvalidos, que necesitamos de alguien que se haga cargo permanentemente de nosotros. No es el caso del resto de los mamíferos, que a las pocas horas se alzan en sus extremidades y adquieren un alto grado de independencia de sus progenitores.

Nosotros no, necesitábamos una mamá que nos cuidara, que nos alimentara, nos lavara, nos limpiara y acompañara, y un padre que nos protegiera de los depredadores, nos trajera el alimento, nos proporcionara abrigo, entre otras cosas. Todo esto por cuatro años, tiempo en el que termina el desarrollo de nuestro cerebro y quedamos medianamente capacitados para ingresar a la tribu con cierto grado de independencia.

¿Cómo podíamos hacer para que este padre y esta madre se mantuvieran unidos durante al menos cuatro años? A través de un estado mental de exaltación, en que los dos miembros de la pareja están permanentemente necesitándose, porque están maravillados el uno con el otro. Así como para poder conducir a los grupos en forma organizada —para enfrentar tareas de defensa, de ataque o de trabajo— se cuenta con el mecanismo de idealización del líder que facilita su obediencia, así también se idealizan las parejas, pero en este caso se trata de una colectividad de a dos.

Eso es el enamoramiento: no dura más de tres a cuatro años. De hecho, como veremos, no es el enamoramiento el que mantiene la relación de pareja a largo plazo, pero es un estado emocional primitivo a través del cual uno establece una relación de gran entusiasmo, adherencia y apego, la cual está basada predominantemente en el mecanismo psicológico de la idealización. Esto es, cuando yo miro al otro, resalto sus características positivas, niego las características negativas, y me instalo en una relación donde todo me parece extraordinario.

Muchos plantean que el amor es una locura. Es una forma de decirlo, pero, más precisamente, el amor no es una locura; el amor es una manía, desde el punto de vista psiquiátrico estricto. Porque no implica pérdida del juicio de realidad. La locura significa pérdida del juicio de realidad y, por lo tanto, las ideas de quien la padece son delirantes; son ideas que se sostienen en forma apodíctica —como incondicionalmente ciertas, necesariamente válidas—; no hay nada que al loco le haga reformular sus ideas: si se cree hijo de Dios, sostendrá que es hijo de Dios por más argumentos y demostraciones que se le den. Para él, la realidad no va a cambiar. La idea maniaca, en cambio, proviene de una exaltación afectiva y, por lo tanto, tiende a distorsionar la realidad desde ese entusiasmo, pero quien la sostiene no es una persona que haya perdido el juicio. Por lo tanto, si se le mostrara repetidamente la realidad tal como es, ese sujeto es capaz de cuestionarse su idea en algún momento, especialmente si logramos sacarlo de la euforia.

El estado de enamoramiento es un estado maniaco, es un estado de exaltación donde hay una distorsión parcial, no total, en el juicio de realidad. Nosotros decimos que es una distorsión no del juicio de realidad, sino del sentido de realidad.

Este mecanismo mental fue muy útil para mantener a la pareja enamorada durante cuatro años. A esta idealización se le agrega la relación erotizada con el cuerpo del otro, materializada en un encuentro intensamente placentero que permite llegar hasta el orgasmo, que se vive mirando al otro a la cara; o sea, personalizando la relación. Los humanos somos los únicos mamíferos (a excepción de algunos monos) que hacemos el amor cara a cara. El enamoramiento es así personalizado, y se construye un vínculo de apego y necesidad de un otro específico, que no puede ser sustituido.

De hecho, cuando uno se separa de alguien del cual está enamorado, se deprime. Es una de las características dramáticas del enamoramiento. Cuando a un joven lo deja la pareja de la que está enamorado tiene un cuadro depresivo, aunque no necesariamente tratable clínicamente, porque siente que le desgarran algo propio. Ello ocurre porque el enamoramiento tiene un aspecto de idealización en que se construye una imagen del otro tal y cómo se lo necesita; o sea, tiene algo narcisista. El enamoramiento no es un dar en alteridad; el otro está confundido conmigo; el otro es, en parte, una prolongación de mí mismo, y si se me pierde, se pierde una parte de mi mismo, y caigo en un estado tremendamente doloroso y de carácter depresivo.

¿Qué es el enamoramiento?

Este estado emocional, afectivo, que hemos llamado enamoramiento, se construye desde una necesidad, desde un deseo. La mente busca, relaciona, vincula y construye, desde el deseo, desde la necesidad. Si no hay necesidad, el aparato mental no se moviliza. Ello implica que el enamoramiento es una búsqueda de algo que a mí me falta. Aquello que me falta es algo que conozco, pero que no tengo; y eso que conozco pero que ahora no tengo es la relación pretérita con mis padres, que a partir de la pubertad se va perdiendo inexorablemente. Así, la progresiva separación de los padres va creando un vacío que busca llenarse con otro, otro que vuelva a dar ese sentido pleno que se tuvo en la relación infantil con los padres. Si no está esa sensación de necesidad, de falta, de carencia, no puede surgir el enamoramiento.

De paso les señalo que esto plantea un problema para la vida de pareja hoy en día, en tres ámbitos. Primero, cuando ustedes los jóvenes se van de la casa de los padres, dadas las características de la sociedad de consumo, muy prontamente pueden satisfacer sus necesidades en forma autónoma; tienen muchos medios y recursos para poder compensar las carencias que puedan presentarse, algo que en nuestra generación sólo se realizaba una vez que uno se casaba. Hoy ustedes pueden tener ingresos suficientes para instalarse en forma independiente y vivir en una situación de gran satisfacción y bienestar, obteniendo lo que necesitan para un pasar confortable y sin frustraciones. La necesidad imperiosa de construir un proyecto con otro(a) para sustituir, a través del enamorarse, el mundo afectivo de la infancia, pierde fuerza. Y más aún si el tener hijos ha pasado a ser un proyecto menos fundamental.

Segundo, muchos jóvenes van retrasando la salida de la casa de los padres, lo que va acompañado de una falta de urgencia en la necesidad de construir un proyecto propio de pareja. Al no sentir esa necesidad como algo perentorio, el enamoramiento se hace menos probable. Estoy consciente de que lo que señalo no se aplica a los sectores más desposeídos de nuestro país, pero hacia allá vamos.

Y el tercer obstáculo es hoy la facilidad que tienen los jóvenes para prolongar su pertenencia a “la patota”, al grupo de pares que han sido tan importantes en la construcción de su identidad durante la adolescencia, pero que para construir una relación de pareja requiere ser abandonado. Y ello por dos razones: para contribuir a crear esa necesidad afectiva que se va a buscar satisfacer con la pareja y no con el “grupete” de amigos; y porque el grupo ataca a la pareja en la medida en que presiente —y siempre es así— que la otra(o) quita fuerza, energía, tiempo y disposición para el grupo.

Agrego a las dificultades para que se dé el enamoramiento hoy, la siguiente: los bajos niveles de excitación sexual que hayan sido contenidos y postergados en su descarga, lo que es necesario para que se dé la idealización.

Durante el acto sexual, la excitación hace que se vea a la pareja como la persona más bella, más deseable, más codiciada, aunque no lo parezca a un tercero que pudiera estar observando la escena sin participar de esa excitación. La acumulación de deseo sexual no satisfecho aumenta la idealización, y el otro se hace más apetecible, más deseado, más atractivo. Al mismo tiempo, lleva a fijarse en su mundo interno y, de esa forma, se erotiza no sólo el cuerpo, sino la persona del otro. El deseo sexual no satisfecho aumenta la idealización del cuerpo, y la interacción facilita la erotización de la persona. Pero si alguien está permanentemente satisfaciendo su sexualidad, se pierde la posibilidad de idealizar a otro, de idealizar el cuerpo de otro y de erotizar su mundo interno, lo que es fundamental en la constitución del enamoramiento. Señalo esto porque hoy es mucho más habitual acceder a una sexualidad de descarga, que a la larga empobrece la calidad del deseo erótico y disminuye la probabilidad del enamoramiento. Ésta es una de las razones que en el curso de educación sexual que dirijo (Curso de Educación Sexual Integral, CESI) me lleva a plantear como requisito para tener relaciones sexuales el estar enamorado.

Otra característica del enamoramiento proviene de su carácter creativo y revolucionario. Al salir del mundo del pasado familiar y entrar a un mundo nuevo, la mirada sobre ese pasado también cambia, se lo ve de otra manera, es resignificado. Y cambia también la visión del futuro. A partir del enamoramiento, se instala una cesura en el tiempo: existe un antes y un después, se ha producido una revolución.

La búsqueda de pareja a partir de la necesidad que precisamos antes, no es racional, no se puede dirigir ni controlar; por lo tanto, cuando el joven o la joven se enamora, se descubre enamorado o enamorada. Es un caer en el enamoramiento; es un “tomber amoureux”, como dicen los franceses, o un “falling in love”, como dicen los ingleses.

La importancia de enamorarse

La importancia de enamorarse para cualquier proyecto

Llama la atención el sobre-optimismo, la sensación de invulnerabilidad, la ingenuidad y, en cierto sentido, la omnipotencia con que los adolescentes enfrentan la realidad. Manejan a 180 kilómetros por hora, pero están seguros de que no les va a pasar nada; consumen drogas y su planteamiento es que a ellos no les va a producir dependencia o daño; tienen sexo sin protección y juran que por ningún motivo van a infectarse y que jamás se van a embarazar. Este nivel de omnipotencia es necesario en la adolescencia, es lo que permite a los adolescentes salir del mundo del hogar protegido de la infancia para atreverse a construir algo en el futuro. Más aún, se podría sostener que para embarcarse en cualquier proyecto innovador, creativo, que de por sí exige riesgo y abandono de una situación confortable o estable, se requiere un enamoramiento del proyecto, o sea, un estado un tanto exaltado y omnipotente.

Inicialmente, entonces, al salir al mundo, los jóvenes tienen un carácter un poco maniaco: no ven todos los problemas y aspectos negativos de la realidad, inflan los lados positivos y minimizan los inconvenientes futuros, todo teñido de una cierta ingenuidad. Por supuesto de aquí se derivan serios peligros, que no son resorte de esta charla.

Ahora bien, cuando el matrimonio no es una obligación social, se requiere ese entusiasmo un poco ciego para dar el salto de comprometerse para toda la vida. Y así en otros saltos importantes en la vida. Cuando se elige una profesión, cuando se opta por un proyecto innovador, una empresa, el acto siempre está precedido por un estado de “enamoramiento del proyecto”. A los 17 o 18 años, el joven elige estudiar filosofía porque se imagina que va a ser un gran filósofo y se ve dando discursos profundos sobre la verdad de la vida; y si elige ser médico, se imagina lo que muestran las seriales de televisión: resolviendo casos interesantes, con poder y dinero, de delantal blanco y el estetoscopio colgando, y el papá y la mamá orgullosos. Lo que no está presente es la rutina de estar atendiendo pacientes hora tras hora en un policlínico, con pocos recursos, casos repetidos y rutinarios, al tiempo que los pacientes no sienten ningún reconocimiento ni gratitud. Pero ese entusiasmo loco inicial es muy necesario para dar el salto, comprometerse, embarcarse.

La importancia de enamorarse en la vida de pareja

Una pareja que no se enamoró tiene un hándicap, especialmente frente a los desafíos de su vida común futura. ¿Por qué? Porque el enamoramiento va a dejar un recuerdo indeleble de aquello que se vivió con el otro y que se compartió en momentos de gran intensidad emocional y afectiva, donde cada uno se la jugaba con todo por el otro. Recuerdos de momentos de éxtasis en el encuentro maravilloso de la mirada, de la compañía consoladora frente a las angustias de separación que se estaba viviendo respecto de los padres, y que calmaba las ansiedades propias de las inseguridades derivadas de los desafíos de esa edad: tener que construir una identidad profesional, personal, y una independencia económica y afectiva. Recuerdos de todos los momentos de amor y ternura, de encuentros de gran intimidad psíquica y física a través de la erotización de los cuerpos.

Estos momentos dejan recuerdos de un contenido que activa sentimientos y emociones de enorme fuerza vincular, que van a servir mucho en las etapas posteriores, en la construcción y mantención del amor sexual estable; o sea, del amor con pretensiones de largo plazo, de esa rutina que requiere ser sazonada frecuentemente por las vivencias de enamoramiento que se recrean en el presente.

Los narcisos no se enamoran. Cuando hay una patología narcisista no hay enamoramiento, porque no está la capacidad, porque el narciso está siempre satisfecho. El problema del narciso es que tiene un yo grandioso. Un pasado de abandono lo lleva a construir ese concepto de sí mismo como una forma de protegerse del dolor. Se hace inmune al sufrimiento, pero incapaz de amar.

Es conveniente que tengan presente que nuestra sociedad refuerza el mecanismo de narcisización en su afán de evitar el sufrimiento y la conciencia de limitación en nuestras vidas.

La importancia de enamorarse para afinar el instrumento de elección

Es importante enamorarse porque a través del enamoramiento se va afinando el instrumento de elección de pareja. Habitualmente las personas se enamoran pocas veces en la vida —una a dos veces, máximo tres a cuatro—. Pero la experiencia de haberse enamorado de alguien, y que esa relación no haya resultado, permite un conocimiento profundo del otro; permite, además, un conocimiento del género, permite saber qué es el hombre y qué es la mujer, en esencia. Estos son procesos inconscientes, porque no se elige pareja a través de un instrumento científico, calculando, sino con un instrumento intuitivo que se enriquece y afina por medio de las experiencias que poco a poco lo llevan a buscar una pareja que tiene más que ver con lo que cada uno necesita; una persona que tenga los elementos complementarios suficientes, vale decir, cosas de las que uno carece y el otro sí tiene; y que tenga los elementos concordantes suficientes, vale decir, cosas que uno tiene y el otro también tiene. Lo complementario, en la medida en que se abandona el enamoramiento y se pasa al amor sexual estable, va a servir para enriquecerme; y lo concordante me va a acompañar en una contención incondicional.

Una elección como la planteada requiere que los involucrados hayan tenido experiencias suficientes como para llegar a ella lo mejor preparados posible. Son muchas las variables que intervienen en ello: haber hecho experiencias en otros estados de enamoramiento; haber tenido durante los periodos de elección de pareja niveles de ansiedad moderada —es decir, una situación afectiva relativamente contenida, ya sea con los padres, con los amigos u otras figuras significativas—. Porque si se elige con mucha ansiedad, lo más probable es que se trate de una elección muy impulsiva, sin muy buen pronóstico.

¿Por qué se pierde el enamoramiento?

Pero el enamoramiento está destinado a morir. ¿Por qué? Porque los mecanismos de idealización se desgastan, porque la realidad tarde o temprano se impone.

Si le preguntamos al enamorado qué le fascina de su pareja, puede decir: “Estoy enamorado porque esa mujer me encanta, porque es tan receptiva, me respeta en todo. Porque a mí, que soy una persona más o menos controladora y dominante, me fascina que ella me dé el gusto. Cada vez que tenemos un desencuentro, ella está dispuesta a acomodarse a mis planteamientos, no me genera conflictos porque sí”. Por su parte, ella también está fascinada, y refiere que siempre ha querido a un hombre firme, claro, que sabe lo que quiere: “Me hace sentir tranquila, me da la sensación de que me va a proteger”.

Cinco años más tarde le preguntamos a la misma pareja qué piensa de su partner, y nos encontramos con la sorpresa de que justamente aquello que le fascinó a cada cual, hoy le abruma, le molesta, le parece más bien un defecto. La receptividad, pasividad y sometimiento de ella, él los vive como falta de personalidad y le aburren, y la asertividad y claridad de él, ella las vive como intolerancia y rigidez al desarrollo de su propia libertad.

Una vez pasado el periodo de enamoramiento, los mismos rasgos de carácter que fueron causantes de la atracción, se transforman en la fuente de la discordia. Parece que nos enamoramos de un otro distinto —o sea, complementario—, para que una vez pasado el enamoramiento, durante el largo proceso de desarrollo de la relación, el estilo distinto del otro represente un desafío a nuestro funcionamiento personal que nos muestra una manera de ser diferente, de la cual carecemos y de cuya integración nos enriqueceremos. Pareciera que estamos llamados a continuar nuestro proceso de crecimiento en el encuentro íntimo con otro —en este caso, la pareja—, que se encargará de agudizarnos las contradicciones que encierra nuestro propio estilo de vivir la vida. El pronóstico de la pareja depende de la capacidad de sus miembros de integrar el vértice que le muestra el otro.

EL AMOR SEXUAL MADURO

El enamoramiento es breve, pero el amor maduro puede durar toda la vida. El amor maduro como forma de relación no sólo con la pareja, también con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con Dios, puede perdurar a través del tiempo.

Al comenzar esta charla definí lo que era el amor maduro. Para alcanzarlo en las tres dimensiones descritas —generosidad, respeto y verdad— es necesario hacer el duelo de abandonar ese estado fascinante del enamoramiento y sus idealizaciones, y aceptar la realidad con los defectos y limitaciones que conlleva.

El aparato mental se construye a través de pérdidas. El funcionamiento mental es más sano mientras más capacidad ha tenido para elaborar las pérdidas y los duelos, aquellos propios del ciclo vital y los duelos accidentales que la vida nos depara. El tránsito del enamoramiento al amor sexual estable, al amor maduro, implica un duelo: el duelo de renunciar a todas las cualidades idealizadas que se creía que el otro o la otra tenía, e ir reemplazándolas por su verdadera realidad. Y es el amor hacia esa realidad la que va a permitir construir el vínculo apasionante que caracteriza al amor maduro.

De paso les señalo que este amor en generosidad, respeto y verdad es una forma vincular que genera estabilidad en las relaciones íntimas en general, no sólo en la relación de pareja.

En la relación de pareja, esta forma vincular se denomina amor sexual maduro y se realiza en cuatro grandes áreas en que se despliega la vida compartida: los proyectos en común, la capacidad de comunicación de la pareja, la capacidad de contención de la pareja y la vida sexual.

Los proyectos en común. Es posible imaginar todo lo que tiene que construir una pareja para poder sentir que ambos están caminando hacia algo. Vivir requiere proyectarse. La vida en sí misma es un proyecto por realizar, lo que significa que debemos conducir nuestra existencia orientándola hacia el cumplimiento de los desafíos que nos impone. Quien nos acompaña y nos ayuda en este difícil trayecto gana un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón y crece en atractivo. Entre los más importantes están los proyectos materiales, el tener hijos, lograr una inserción grupal y social, la búsqueda de sentido trascendente más allá de la sola familia y la construcción de una moral común. En esta área, la pareja tiene mejor pronóstico cuando resuelve desde el amor maduro, o sea, generosamente, respetándose y buscando la verdad.

La comunicación en sus tres variantes. 1) La comunicación de contenidos: nos gusta que el otro nos cuente su propia versión de las cosas, nos traiga episodios, nos describa situaciones, pequeños dramas o comedias que vive cotidianamente. Esto, básicamente, porque nos ayuda a conocerlo y nos entretiene, y también porque contribuye a la resolución de problemas. 2) La comunicación paraverbal: si la comunicación puesta en palabras, armada en relatos, en cuentos y descripciones noveladas, genera una vía de interacción que nos une y refuerza el vínculo de atracción hacia el otro, la comunicación que se establece a través de la expresión corporal tiene una fuerza y una carga afectiva y emocional mucho mayor que la comunicación verbal. Una mirada, una sonrisa, un levantamiento de cejas, un movimiento insinuante, la proximidad corporal, el tono de la voz usado, una caricia, son apenas algunas de las formas de expresión y de comunicación paraverbal, es decir, por medio del cuerpo. Esta forma de comunicación despierta una intensa sensación de contacto y de unión, porque permite descubrir en el otro estados anímicos y emocionales de deseo, de rechazo, de aceptación, de afecto, de cariño, de rabia. 3) La comunicación intuitiva: este es un tipo de comunicación de gran sutileza y requiere un contacto muy cercano con el otro, en un estado de gran receptividad. Es el tipo de comunicación que logra la madre con su bebé, que la hace capaz de adelantarse a los deseos y necesidades insatisfechas de su hijo antes de que se vea agobiado y abrumado por necesidades como hambre, limpieza, contacto. Supone un estado en que el otro ocupa una parte importante en nuestra mente; por lo tanto, estamos pre-ocupados, o sea, ocupados por el otro desde antes de que ese otro note su insatisfacción. Requiere un estado de alerta a los pequeños signos que expresa el otro y que se contactan habitualmente con nuestro inconsciente emocional, el cual nos lleva a poder percibir y adelantarnos a sus necesidades. La importancia de la satisfacción en el vínculo amoroso se liga al sentimiento de ser no sólo comprendido, sino también adivinado por el objeto de amor. Descubrir que un otro es capaz de colmar así el deseo no sólo resulta una fuente de intensa satisfacción, también produce una especie de encantamiento. Es la comunicación con las características descritas, vividas en generosidad, respeto y verdad, la que caracteriza el amor maduro.

La contención mutua. Por ejemplo, la relación con un cónyuge que es capaz de escuchar con paciencia y tolerancia a su pareja que está angustiada, deprimida y desesperanzada; que busca en conjunto con ella perspectivas distintas para entender lo que le ocurre; que se involucra de tal manera en la relación, que llega a sentir parte de su angustia y de su pena, pero puede rescatarse y, por lo tanto, contener ese estado anímico de su pareja, también es una experiencia muy vinculante. En esta área de la contención mutua, la generosidad, el respeto y la verdad con que se viva le darán el sello amoroso a la relación.

La vida sexual. La pareja integra la excitación sexual, con sus componentes primitivos altamente voluptuosos, al afecto, construyendo a través de los años un deseo erótico intenso, creativo, leal y de predominio amoroso. Todo este camino se da en una relación donde el sexo se vive con generosidad, respeto y conocimiento de lo que desea el otro. EP

Bibliografía

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Conferencia

DEMOCRACIA Y DOS SENTIDOS DE LIBERTAD*

Lucas Sierra

Centro de Estudios Públicos

Lucas Sierra. Abogado, Universidad de Chile. LL.M. Universidad de Yale. Ph.D. Universidad de Cambridge. Profesor de Derecho de las Telecomunicaciones, Universidad de Chile. Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Email: lsierra@cepchile.cl.

* Transcripción de la presentación hecha el 27 de octubre de 2011 en la sesión “Libertad y democracia” del ciclo para estudiantes universitarios “¿Cuánta libertad?”, organizado por el CEP. Véase en esta misma edición la conferencia de Juan Pablo Mañalich.

Resumen: Frente a la pregunta que indaga las relaciones entre conceptos amplios como democracia y libertad, esta conferencia propone focalizarse en la democracia entendida como mecanismo procedimental (una forma de tomar decisiones políticas), por una parte, y la libertad entendida a la luz de los dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin (positiva y negativa), por la otra. La democracia permite que cada individuo participe de la limitación de su propia libertad, dando así cabida al concepto de libertad positiva. Se trataría, en otras palabras, de una forma colectiva de autolimitación. Hay libertad negativa, en cambio, cuando no existe interferencia en la esfera individual. Podría ser factible que existiera libertad negativa sin democracia y libertad positiva sin democracia, aunque es más probable que ambas florezcan en democracia. La negativa explica mejor las realidades contemporáneas, su fuerza radica en que no se pregunta por “ontologías” ni menos intenta fijarlas para dar sentido a la colectividad. Por lo mismo, el autor echa de menos en los debates actuales la referencia a este concepto de libertad tan primordial.

Palabras clave: democracia, libertad negativa, libertad positiva, Isaiah Berlin.

DEMOCRACY AND TWO MEANINGS OF LIBERTY

Abstract: In order to answer the question of the relationship between concepts as democracy and liberty that can be defined in so many different ways, this conference proposes focusing, on the one hand, on an understanding of democracy as a procedural mechanism (a way of adopting political decisions), and on the other, on an understanding of liberty in light of the two meanings of liberty according to Isaiah Berlin (positive and negative). Democracy allows each individual to participate in the limitation of his own liberty, thus making room for the positive meaning of liberty. Democracy would be then a collective form of self-limitation. On the other hand, negative liberty exists when there is no interference in the individual sphere. It might be feasible for both negative and positive liberty to exist without democracy, but it is more likely that both will flourish within democracy. Negative liberty, however, best explains the contemporary reality, its force not coming from an “ontology” or any attempt to establish one in order to give meaning to the collectivity. For the same reason, the author misses the reference to such a fundamental concept of liberty in current debate.

Keywords: Democracy, negative liberty, positive liberty, Isaiah Berlin.

A veces pareciera que la experiencia no sirve para nada. Cuando hace ya varios meses, Ernesto Rodríguez y Francisco Arellano me propusieron participar en una conversación sobre la libertad que se realizaría a fines —en ese entonces— de un muy lejano mes de octubre, dije, desaprensivamente, que sí.

Cuando ya la guadaña del plazo se acercaba, me di cuenta del problema en que me había metido (y, quizás, del error que habría cometido): la conversación iba a ser sobre libertad y democracia. Desde el punto de vista de la reflexión política, de moralidad política, es difícil encontrar dos conceptos más generales, más gaseosos. Me empecé a acordar con nostalgia y algo de culpa, de mi supervisor en Cambridge, quien, con buen criterio, me repetía, como un mantra, cada vez que nos veíamos: “focus”.

¿Cómo fijar un “focus” en dos extensiones tan grandes como democracia y libertad? ¿Cómo poder echarse a nado en semejante océano semántico, sin ahogarse a las pocas brazadas?

En lo que sigue ensayaré una forma de hacerlo, una muy básica. Partiré de una base más o menos obvia: aunque relacionados entre sí, los conceptos de libertad y de democracia son distintos. En algún sentido se superponen, pero hay otros importantes en los que no.

Libertad y democracia, entonces, no son sinónimos. La democracia parece superponerse con la libertad cuando ésta se piensa en sentido “positivo”, pero pensada en un sentido “negativo”, la libertad se distancia y puede llegar a contraponerse a la democracia. Propongo, en consecuencia, que pensemos no en democracia y libertad, sino que en democracia y dos sentidos de libertad. Antes de ir a esto, sin embargo, un par de palabras sobre la idea de democracia que subyace en este texto.

Es una idea de democracia bastante mínima, de un carácter más bien procesal: un mecanismo para la toma de las decisiones políticas en una sociedad. Un mecanismo que, bajo de condiciones de universalidad e igualdad, agrega y procesa preferencias. Esas condiciones se logran contabilizando un voto por persona (de aquí la importancia de la regla de mayoría), intentando que dicho voto sea lo más informado posible, e intentando, también, que las elecciones sean correctas y periódicas. Además, este proceso para la toma de decisiones que es la democracia, no es mecánico. Por el contrario, la democracia debe configurarse como un espacio institucional para la deliberación pública, que permita que las preferencias no sólo se expresen, sino que, además, puedan moldearse a la luz de la deliberación colectiva. En síntesis, para el sentido mínimo de democracia que contiene este texto, además del input y del output, importa también, y mucho, el proceso.

En cambio, el concepto de libertad que aquí se usa, no es para nada mínimo. Tiene un sentido doble, complejo, tal como se describe en el intuitivo y profundo ensayo de Isaiah Berlin sobre los dos sentidos en que se puede entender la libertad: como libertad “positiva” y como libertad “negativa”[1].

La libertad positiva puede ser representada por la pregunta sobre lo que determina que una persona sea o haga algo de una manera y no de otra. Se trata de una pregunta por el control del propio yo, por la fuente de este control, dicho más precisamente. Es una libertad de soberanía.

La libertad negativa, en cambio, puede ser representada por la pregunta sobre el ámbito o la esfera en que una persona es dejada libre para que pueda ser o hacer algo, sin que terceros interfieran con ella. Es una libertad de no interferencia.

Tras hacer esta distinción, Berlin plantea que, si bien son dos preguntas distintas, las respuestas a ellas pueden coincidir.

Esta distinción entre democracia y dos sentidos de libertad, y la idea de que la democracia está más cerca de la idea de libertad positiva y más lejos de la negativa, tienen que ver, me parece, con algunas tipologías conceptuales usadas por la teoría de la moral y el derecho:

• La distinción entre utilitarismo y deontología.

• La distinción, como tan bien la desarrolla Rawls, entre justificar una regla y justificar un acto que cae bajo dicha regla[2].

• Entre el carácter agregativo de una decisión y el carácter individualizado de otra.

• Entre política y derecho(s).

• Entre la idea del bien y la de idea de lo correcto, como horizontes justificatorios del orden político y social.

Vuelvo a los dos conceptos de libertad. Esta tarde sostendré que la democracia es más inmediatamente cercana a la libertad “positiva” y que, por lo mismo, ambos conceptos (democracia y libertad “positiva”) se asemejan y, de alguna manera, se superponen. Pero también sostendré que éste no es el caso de la libertad “negativa”. Empíricamente, la libertad negativa suele florecer en democracia más que en ningún otro régimen político, pero, teóricamente, la democracia puede asfixiarla.

La distinción entre estos dos conceptos o sentidos de la libertad se hizo famosa con el discurso que pronunció Berlin al asumir, hace más de 50 años, la cátedra Chichele sobre teoría social y política en Oxford. En el discurso hizo mucho hincapié en el hecho de que se trataba de teoría “política” y llamó a considerar las implicancias políticas que pueden tener las ideas con que teorizamos. En otras palabras, me parece, él nos llama a pensar en el contexto del poder político. En los tiempos modernos, esto significa estar siempre conscientes de que la presencia del Estado y sus poderes son potencialmente enormes.

Asimismo, junto con trazar la distinción entre los dos conceptos de libertad mencionados, Berlin también advirtió sobre la pretensión de algunos pensadores, y de algunas doctrinas, de que los distintos fines que podemos perseguir en la vida no serían potencialmente antagónicos entre sí, como parecen serlo, sino que podrían convivir armónicamente en una especie de paraíso sistémico, en medio de una total coherencia interna. Esto, en razón de que dichos fines de la vida podrían ser reducidos, finalmente, a un principio simple o a un puñado de creencias básicas. Desde el punto de vista de la teoría política, Berlin nos precave: esta pretensión no sólo es infundada, sino también peligrosa.

Berlin sintetizó el punto de vista político de su reflexión mediante estas preguntas que apuntan al núcleo de la moral política: ¿Por qué debo yo, o cualquier otra persona, obedecer a alguien? ¿Por qué yo no habría de vivir como yo quiero? ¿Debo obedecer? ¿Y si no obedezco, podría ser objeto de coacción? ¿Quién podría ejercer esta coacción? ¿Con cuánta intensidad? ¿En nombre de qué y con qué propósito?

Teniendo siempre en cuenta este horizonte político que enfatiza Berlin, propongo entonces que en lugar de pensar en democracia y libertad, pensemos en democracia y dos sentidos de la libertad.

Como decía al principio, la democracia es una forma de tomar decisiones políticas. La democracia permite que estas decisiones sean tomadas por quienes van a experimentar las consecuencias de ellas. De este modo, las personas convertidas en ciudadanos se auto-regulan. La vida en sociedad —en comunidad política— exige imponerse ciertas restricciones recíprocas. Si éstas se imponen mediante los procedimientos de la democracia, cada uno de nosotros puede pensar que no es sólo una imposición ajena, sino que, también, tiene mucho de auto-imposición.

En esto se conecta umbilicalmente la idea positiva de la libertad. Como ya apuntamos, ésta es una libertad de soberanía, de control sobre uno mismo, de autocontrol. El punto es: si cada ciudadano participa —directa o indirectamente— en el dictado de las leyes, aunque estas leyes puedan restringirlo en algún sentido, su libertad positiva queda incólume, pues ha sido en ejercicio de ella, precisamente, que dichas restricciones han sido impuestas, autoimpuestas más bien. Es libertad positiva: un ejercicio de autogobierno.

Un ejercicio de autogobierno que, al realizarse al interior de la comunidad política, es colectivo. Por esto la libertad en su sentido positivo puede predicarse con similar igualdad a las personas como individuos o como colectivos. La libertad positiva se manifiesta en el autogobierno de la polis. Es una libertad colectiva, una soberanía del “cuerpo político”.

La libertad negativa, en cambio, es mucho más individual. Es muy difícil predicarla de algo así como el “cuerpo” político. Es una libertad, como se dijo, de no interferencia. Una persona tiene libertad negativa en un determinado ámbito de su vida si puede actuar en ese ámbito sin que nada o nadie restrinja su acción. Nada más. Aquí no es relevante que esa persona no pueda (por falta de habilidad, recursos, o de ambas cosas) desarrollar plenamente ese aspecto de su vida, que no pueda, respecto de ella, autogobernarse o tener su pleno control. Lo único que importa es que nadie interfiera con ella.

Puede haber libertad negativa, entonces, sin democracia. No es muy fácil que ocurra en la práctica, pero es algo que podría pasar. Un ejemplo clásico de esto es el hipotético reino de un déspota ilustrado (y liberal) que se perpetúa en el poder, pero que, al mismo tiempo, lo ejerce sin interferir con las esferas individuales de sus súbditos. Un caso poco usual, sin duda, pero plausible.

Es más difícil que en ese reino exista libertad positiva. Ésta, como hemos visto, se pregunta por la fuente real del control o, en otras palabras, por la capacidad de autogobierno. En tal reino ella es una capacidad muy limitada, puesto que el autogobierno político, al menos, está impedido por el déspota.

Pero así como podría haber libertad negativa sin democracia, también podría haber democracia sin libertad negativa. Éste es el objeto de esta presentación.

Cabe considerar aquí la cuestión de la minoría. Si la democracia no está bien reglada y la mayoría puede avasallar, la minoría o las minorías pueden verse excesivamente interferidas, sin libertad negativa.

Como sabemos, la minoría no es un concepto estático, una categoría ontológica. Es un concepto dinámico, pues representa gradientes de poder. Se puede ser, al mismo tiempo, minoría en un aspecto y mayoría en otro.

Berlin nos advierte que ciertas derivaciones más o menos perversas de la libertad positiva permiten pensar que una minoría oprimida puede ser, no obstante, plenamente libre. Por ejemplo, asumiendo una actitud estoica, de retraimiento al yo interior, que resulta así controlado, ya sea en relación con las circunstancias externas (la opresión política, por ejemplo), o con las internas (como sus pasiones o necesidades personales). Un yo interior autocontrolado, soberano, como el del esclavo que dominándose a sí mismo se tiene por más libre que su amo; o del prisionero que en la medida que ha podido afianzar su verdadero ser es más soberano, más libre positivamente hablando, que su cancerbero. Interiormente, él y sólo él es su amo.

Más perversa aún es la posibilidad de que la mayoría tenga a la minoría que avasalla como libre, en tanto la está forzando a ajustarse o a ser fiel a lo que la mayoría tiene como el verdadero ser, el verdadero “yo”, de esa minoría. Piénsese, por ejemplo, en los campos de adoctrinamiento en la Camboya de Pol Pot, o en las incursiones de Sendero Luminoso en las aldeas de la sierra peruana. El poder político usado para “liberar” a las personas, incluso de su falso yo. Liberarlas de ellas mismas.

Además de ser conceptualmente razonable, en fin, me parece moralmente correcto distinguir democracia y libertad por la vía de separar conceptualmente la libertad negativa, esto es, la libertad de actuar en determinados ámbitos sin interferencia. Vale la pena separarla a fin de poder mantener la democracia, y a la libertad positiva que la subyace, bajo constante examen y escrutinio.

La libertad negativa es un instrumento político relativamente simple: no supone que el poder organizado se tenga que preguntar por ontologías, ni por la verdadera esencia de los seres humanos. Simplemente implica abstenerse y dejar ser; abstenerse y dejar hacer.

Por esto, la libertad en su sentido negativo es altamente compatible con las sociedades extensas y complejas como son las sociedades contemporáneas. Es la libertad de la sociedad y no de la comunidad. Es la libertad de la ciudad y no de la familia.

Hoy, entre nosotros, creo, estas consideraciones parecen estar vivas (aunque a veces algo ocultas) a propósito del debate sobre la igualdad. Es posible advertir en algunos discursos, me parece, una vinculación muy intensa entre igualdad, libertad positiva y democracia, vinculación tras la cual la libertad negativa no asoma por parte alguna.

Ojalá me equivoque. EP

1 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969).

2 John Rawls, “Two Concepts of Rules”, The Philosophical Review 64 (1955): 3-32, disponible en: http://www.dif.unige.it/dot/filosofiaXXI/rawls.pdf.

Conferencia

¿DEMOCRACIA LIBERAL O LIBERTAD DEMOCRÁTICA?*

Juan Pablo Mañalich

Universidad de Chile

Juan Pablo Mañalich. Doctor en derecho, Universidad de Bonn. Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Universidad de Chile. Profesor asociado del Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Email: jpmanalich@derecho.uchile.cl.

* Versión escrita de la conferencia presentada en el CEP el 27 de octubre de 2011 en la sesión “Libertad y democracia” del ciclo para estudiantes universitarios “¿Cuánta libertad?”. Véase en esta misma edición la exposición de Lucas Sierra.

El autor agradece a Joaquín Vásquez Amarales y Esteban Serey Gaggero por su muy valiosa ayuda editorial.

Resumen: A partir de un análisis de algunas concepciones rivales de la democracia, se indaga en la tensión irreducible en que se encuentran la tradición liberal y la tradición democrática. Argumentando en contra de las tendencias favorables a una reducción institucionalista de la idea de democracia, se propone una distinción entre un proyecto de democracia representativa y uno de democracia “representacional”, y se sostiene la superioridad de este último en pos de una reapropiación democrática de la idea de libertad.

Palabras clave: democracia, liberalismo, identidad y representación, libertad.

Recibido: diciembre 2011; aceptado: julio 2012.

LIBERAL DEMOCRACY OR DEMOCRATIC LIBERTY?

Abstract: Upon an analysis of some rival conceptions of democracy, the irreducible tension between the liberal and the democratic tradition is explored. Arguing against the trends which favour an institutionalist reduction of the democratic idea, a distinction is proposed between the projects of representative and representational democracy, with the claim of the latter’s superiority towards a democratic re-appropriation of the idea of liberty.

Keywords: democracy, liberalism, identity and representation, liberty.

Received: December 2011; accepted: July 2012.

Hoy en día, la palabra “democracia” es el principal organizador del consenso. Es una palabra que supuestamente une el colapso de los Estados socialistas, el bienestar putativo que se disfruta en nuestros países y las cruzadas humanitarias de occidente. De hecho, la palabra “democracia” concierne lo que he de llamar opinión autoritaria. Está prohibido, por decirlo así, no ser un demócrata. Más precisamente, a la razón es impuesto el hecho de que la humanidad aspira a la democracia, y cualquier subjetividad sospechosa de no ser democrática es tenida por patológica. En el mejor de los casos, se refiere a una reeducación paciente; en el peor, al derecho a la intervención militar a través de soldados paracaidistas democráticos.

“A Speculative Disquisition on the Concept of Democracy” Metapolitics Alain Badiou

1. NUNCA QUEDAS MAL CON NADIE

Las palabras que sirven de epígrafe al presente artículo, extraídas de un libro, titulado Metapolítica, se contextualizan en el esfuerzo de su autor, el francés Alain Badiou (2005, 78-95), por perfilar las condiciones de posibilidad de la formulación de un concepto filosófico de democracia. Ello, en el entendido de que, en tanto sola expresión de “opinión autoritaria”, el concepto de democracia ocuparía un lugar privilegiado en el marco de lo consensual, en circunstancias de que lo consensual no podría sino resultar sospechoso para quien filosofa.

La metodología sugerida por Badiou es una que se distingue por censurar la disposición intelectual que consiste en procurar, recurriendo aquí a la lírica de Jorge González, quedar mal con nadie. Si éste es el estándar, la consecuencia parece clara: el concepto de democracia cuya elaboración nos interesa, siguiendo a Badiou, ha de ser un concepto incómodo, y no plácido.

Y éste es precisamente el problema implicado en una concepción liberal de democracia: se trata de una concepción bajo la cual el concepto de democracia no incomoda, hasta el punto de que bajo tal concepción de la democracia, como sugiere Badiou, quedaría prohibido no ser un demócrata. Para ilustrar el punto, puede ser útil ejemplificar lo que cabría entender como una concepción liberal de democracia en el punto de vista expresado en un muy ilustrativo artículo de Enrique Barros, publicado en la revista Estudios Públicos el año 1987.

2. DEMOCRACIA LIBERAL

Barros (1987, 2) propone una comprensión del concepto de democracia desde un enfoque que él denomina “normativo”, que se expresaría en la conjunción de dos tesis. La primera: “la democracia es una institución política que se refiere al poder público, y cuyo objeto es regular la forma cómo se obtiene, ejerce y pierde ese poder”; y la segunda: “que la existencia de instituciones democráticas es consistente con un concepto limitado de gobierno que reconozca inmunidades a las personas y a la sociedad civil”.

Barros hace explícito el carácter “predominantemente institucional” de su aproximación al concepto de democracia. Pero esta caracterización se queda algo corta, en la medida en que la de Barros resulta ser una concepción híper-institucionalizada, hasta el punto de representar una concepción estrictamente jurídica de la democracia.

Para advertir esto, cabe reparar en los términos a los que Barros recurre en la formulación de la primera de sus dos proposiciones, según la cual el objeto de la democracia, entendida como institución política, sería la regulación de la forma en que se adquiere, se ejerce y se pierde el poder público. Para cualquiera que haya superado el segundo o tercer año de los estudios formales de derecho, esta melodía tendrá que resultar conocida. Pues basta con sustituir el verbo “ejercer” por el término “conservar” para que la descripción que Barros ofrece de la regulación del poder público que caracterizaría a la democracia coincida literalmente con la descripción que cualquier profesor de derecho privado ofrecería de la regulación de la posesión de cosas que se deja extraer del Código Civil: dicha regulación se ocupa, se nos dice, del modo en que la posesión se adquiere, se conserva y se pierde[1].

Ahora bien, Barros afirma que las instituciones democráticas tendrían como objeto la regulación del poder (público). Mas aquí hay que reparar en la manera en que Barros caracteriza la regulación del poder que es propia de semejante régimen de democracia institucionalizada, que él mismo presenta como una “democracia representativa y constitucional”.

Por “representatividad” Barros (1987) entiende, en rigor, el estatus procedimental de un sistema democrático. Ello le lleva a sostener que “la cuestión más elemental que resuelve la democracia representativa” es la pregunta “acerca de quiénes gobernarán” (1987, 4). De ahí que en una democracia representativa la participación del pueblo se reduzca a “elegir o juzgar la acción de los gobernantes” y a “optar entre alternativas políticas más bien abstractas” (1987, 2).

No puede extrañar que, en este contexto, Barros invoque la autoridad de Schumpeter, quien es tenido como el adalid de un modelo agregativo de democracia[2]. En efecto, es precisamente el favorecimiento de tal modelo lo que resuena tras la caracterización del proceso democrático como una “inocente adición numérica de voluntades” (Barros 1987, 6). Ello se ve antecedido por la “estrecha semejanza entre la democracia y el mercado” proclamada por Barros (1987, 4):

Ambos son procedimientos para hacer confluir preferencias, donde lo correcto aparece como el resultado de haberse cumplido con ciertas condiciones. Ambos se basan en la confianza en que las preferencias de las personas son el mejor camino para definir el orden social de preferencias.

La idea es suficientemente clara: la democracia funcionaría como un sistema de agregación de preferencias individuales, que llevaría a la identificación de preferencias sociales por simple sumatoria. Y a esto se reduce, entonces, el carácter representativo de una democracia institucional à la Barros: si la noción “moderna” —léase: economicista— de preferencia es sustituida por la noción “clásica” —léase: política— de voluntad, la representatividad de la institucionalidad democrática operaría como un vehículo agregativo mediante el cual la voluntad popular es constituida como resultado de la adición de voluntades individuales.

Ahora cabe examinar la segunda nota de la democracia institucionalizada identificada por Barros, que consiste en su compromiso con un determinado orden constitucional. Esta segunda dimensión es entendida como internamente conectada con la primera, esto es, con el carácter representativo de la democracia. Pues la representatividad llevaría, según Barros (1987, 2), a “un concepto más distanciado de la política, que con naturalidad se asocia a la idea de constitución”. Así, la especificidad de la democracia constitucional se identificaría con la existencia de “una amplia red de competencias públicas”, cuyo ejercicio por parte de los órganos públicos hace posible el establecimiento de “normas para la sociedad civil”, lo cual tendría lugar a través de un proceso de progresiva sofisticación y diversificación institucional, consistente en la creación de nuevas oficinas públicas; la transformación de la actividad legislativa como tarea continua e incesante; el establecimiento de vastos organismos administrativos con facultades de control; la redefinición de la policía, etcétera.

Esta escueta enunciación es suficiente para advertir que tal imagen de una democracia constitucional parece anclada en una pre-comprensión que identifica lo estatal con lo político. Y aquí es fundamental hacer explícita la implicancia de esta identificación. El liberalismo admite ser entendido como un proyecto de aseguramiento de la mayor extensión posible, para cada persona individual, de lo que Isaiah Berlin (2002, 169-178) denominara “libertad negativa”, esto es, de la libertad entendida como inexistencia de intromisión (ajena). Puesto que el Estado es visto como la principal amenaza para la libertad así entendida, el programa liberal se define como un programa de restricción de la actividad del Estado. Pero puesto que el dominio de lo político aparece identificado con el dominio de lo estatal, bajo una estricta demarcación entre las esferas del Estado y de la sociedad civil, el liberalismo se constituye como una empresa de limitación de lo político; o para decirlo en las exactas palabras de Kervégan (2007, 112): como una “política de negación de lo político”.

3. DEMOCRACIA PROTEGIDA

El artículo de Barros presenta una concepción que vuelve sumamente reconocible el modo en que la tradición liberal pretende contener lo que habría que llamar un “potencial de exceso democrático”. Esta noción se obtiene a través de la inversión de la noción de “déficit democrático”, acuñada por Chantal Mouffe (2000, 3-4) para describir la situación en que la pretensión de sujeción de lo político al principio del Estado de derecho —que es la marca distintiva de la tradición liberal— ha dejado al proyecto democrático, que así ha tendido a renunciar a su vocación emancipatoria.

La pretensión liberal de contención del potencial transformador de la política democrática, que es identificado como exceso desde el punto de vista de los márgenes definidos por el Estado de derecho, se encuentra fielmente expresada en la manera en que Barros describe el concepto de democracia como uno que “es en muchos sentidos restringido, en especial si se lo compara con otra idea corriente de democracia orgánica, de base plebiscitaria y de extensión ilimitada” (1987, 2). Aquí habría que tener en cuenta que su artículo fue publicado el año 1987, cuando la situación de Chile estaba lejos de poder ser descrita como una de adhesión generalizada al imaginario democrático. De ahí que quepa la especulación de que la retórica de una democracia restringida resultaba funcional a mostrar la viabilidad de una imagen menos amenazante de lo que significaría un proceso de democratización de una sociedad dictatorialmente gobernada. Pero uno no puede dejar de notar que esa imagen menos amenazante, favorable a la contención del potencial de exceso democrático, se corresponde con un concepto de democracia restringida, tal como Barros lo hace explícito. Y entre la noción de democracia restringida y la noción de democracia protegida, que es la que hace suya la constitución de Pinochet, parece existir algo más que un remoto parecido de familia.

Pero la tendencia hacia una restricción de la contingencia del “espacio de juego democrático” no es en absoluto privativa de un modelo agregativo de la democracia. Antes bien, esa tendencia también es reconocible en concepciones más robustas de la democracia, como lo son, desde ya, aquellas favorables a un modelo deliberativo.

Lo característico de un modelo deliberativo de democracia es la comprensión de ésta como un complejo arreglo institucional ante todo identificado con procedimientos de deliberación, conducentes a acuerdos que podrían reclamar obligatoriedad para los ciudadanos, en virtud de la justicia (en la jerga de Rawls) o bien la legitimidad (en la jerga de Habermas) del consenso racional susceptible de ser obtenido como producto de la participación en la deliberación.

Para ello, los modelos deliberativos de democracia proponen una forma considerablemente más sofisticada de articular la relación entre los dos pilares de la modernidad política, a saber: el principio del Estado de derecho y el principio de soberanía popular (Touraine 2000, 35-36). Para un modelo deliberativo, el carácter constitucional y representativo de un sistema democrático no restringiría “desde fuera” el espacio entregado a la determinación democrática; más bien, tal modelo asume que entre las estructuras del Estado de derecho y el desenvolvimiento de la política democrática existiría una conexión interna. En el caso de Rawls, ello se da mediante una subordinación intrínseca de la soberanía democrática al haz de derechos fundamentales que descansa en el principio (de justicia) de la primacía de la libertad[3]; en el caso de Habermas, en cambio, mediante la aserción de que los derechos fundamentales y la democracia serían co-originarios, en el sentido de que sólo el reconocimiento de determinadas posiciones de autonomía individual, en el nivel de mayor abstracción, aseguraría la posibilidad de cada cual de tomar parte en los procesos de deliberación política sobre los cuales se construiría la praxis del auto-gobierno (Habermas 1994, 112-135, 151-165).

Así, las concepciones deliberativas de la democracia procuran asegurar la reconciliación de la tradición democrática con la tradición liberal. El costo de ello se identifica, según ya se adelantara, con lo que Mouffe denomina el “déficit democrático”. Negar la tensión que gobierna la relación entre ambas tradiciones es funcional a la neutralización de la potencialidad transformadora de la acción política, por oposición a la reproducción del statu quo que es inherente a la lógica del derecho.

4. EL DEMOS: IDENTIDAD A TRAVÉS DE REPRESENTACIÓN

Lo anterior no equivale, ciertamente, a abogar por la supresión del Estado de derecho. Más bien, se trata de advertir que entre el principio del Estado de derecho y el principio de la soberanía popular existe una tensión que es irresoluble. La cuestión crucial es si acaso esta comprensión unilateral del concepto de democracia —esto es, como concepto que designa una praxis que rebasa el espacio de lo jurídicamente garantizado— necesariamente ha de llevar a una concepción orgánica de la democracia.

Con toda razón, Barros (1987, 6-7) recurre a la Teoría de la constitución de Carl Schmitt para obtener una descripción de semejante concepción. Una concepción orgánica de la democracia, en tanto contrapuesta a una concepción formal o procedimental, no sería sino una concepción de la democracia como sustancia. Célebremente, Schmitt advirtió que la efectividad de la democracia requeriría de una alta medida de homogeneidad como atributo de la unidad política capaz de darse semejante principio de organización. Y esto resulta de la posición que correspondería a la democracia en el eje sobre el cual se ubicarían las diferentes formas de Estado según su mayor o menor proximidad a uno de los dos “principios político-formales”, a saber: el principio de identidad y el principio de representación (Schmitt 1982, 205-218).

En la terminología de Schmitt, cada uno de estos dos principios se corresponde con una de dos posibilidades puras de estructuración de una unidad política. En contraposición a la monarquía, bajo la cual la unidad política se formaría por vía de sola representación, en tanto unidad personificada en la posición del monarca, la democracia se caracterizaría por constituir una realización unilateral del principio de identidad, a costa del principio de representación; lo cual quiere decir, en palabras de Schmitt: en tanto forma de Estado definida por “la identidad del pueblo en su existencia consigo mismo como unidad política” (1982, 221).

Tal identificación del pueblo consigo mismo no puede tener lugar, empero, más que por vía de diferenciación. La política democrática lleva inscrito un momento inexorablemente antagónico, que produce una exterioridad constitutiva de la propia identidad a través de la aplicación de la distinción entre “nosotros” y “ellos” (Mouffe 2000, 42-53). Aquí se encuentra, paradójicamente, el déficit de la concepción sustancial de la democracia favorecida por Schmitt. Pues él asume que ha de ser posible reconocer al pueblo como unidad política cuya identidad consigo misma resulta de la distinción entre “nosotros” y “ellos” —en las célebres palabras de Schmitt (1932, 13-24), de la distinción entre “amigo” y “enemigo”—, con independencia de toda relación de representación. Ésta es la implicancia de la comprensión de los conceptos de identidad y representación como conceptos contrapuestos: “la identidad del pueblo en su existencia consigo mismo como unidad política” estaría determinada con anterioridad a cualquier representación, en términos tales que la sola posibilidad de una relación de representación equivaldría a la posibilidad de distorsión de una identidad previamente dada.

Semejante entendimiento esencialista de la identidad del demos va asociada a una comprensión unidireccional de la representación, en tanto relación que se movería en un único trayecto desde la posición del representado hacia la posición del representante. De ahí que, para Schmitt, la representación constituya una amenaza inexorable para la democracia, porque la representación no sería sino un mecanismo de distorsión de la identidad del pueblo, entendido como unidad política preexistente a su posible representación. Notablemente, sin embargo, un entendimiento unidireccional de la representación está lejos de ser el monopolio de una concepción sustancial de la democracia à la Schmitt; tal entendimiento unidireccional también tiende a aparecer, aunque en sentido inverso, en una concepción formal de la democracia. Justamente esto lleva a Barros a caracterizar la representación por su efecto consistente en que “los actos realizados por el representante obligan al representado aunque éste no participe directamente de las decisiones” (Barros 1987, 3).

Para abandonar la premisa tácitamente compartida por los abogados de la democracia plebiscitaria o directa y los abogados de la democracia “representativa” o indirecta, hay que renunciar al compromiso esencialista que está implicado en dicha premisa. La representación es inherente al concepto de democracia, porque es sólo por vía de representación que el pueblo puede llegar a constituirse como tal (Laclau 2005, 199-216). Lo cual quiere decir: la democracia es inherentemente representacional.

La existencia del pueblo, en tanto sujeto político, es siempre políticamente contingente. Valiéndonos aquí de la terminología de Ernesto Laclau: la constitución del pueblo como agente portador de una determinada voluntad colectiva depende de la efectividad de un proceso de articulación hegemónica, a saber: de un proceso de articulación de un conjunto heterogéneo de demandas particulares hasta ahora aisladas, a través de su unificación en una cadena de equivalencias. Y para tal unificación es necesario que alguna de esas múltiples demandas particulares contingentemente asuma, no obstante su particularidad, una función de representación universal de esa totalidad, que sólo entonces quedará fijada como tal (Laclau 2005, 91-130).

No será demasiado difícil advertir cómo lo anterior ofrece una clave de interpretación de la peculiar posición que ha llegado a asumir la demanda “particular” por un modelo público e inclusivo de educación, sostenido por el Estado y no por la lógica mercantil de la ganancia, en la más reciente de nuestras disputas por la polis. Precisamente su función como soporte de una cadena de equivalencias ha significado que la demanda por semejante modelo de educación sea una demanda por un modelo de educación y, al mismo tiempo, algo más que una la sola demanda por ese modelo de educación; o en los términos en que la disputa ha llegado a ser descrita públicamente: como una demanda que ya no cuenta como bandera de lucha de un movimiento estudiantil, sino más bien de un movimiento ciudadano.

Desde luego, así también se vuelve comprensible que desde la trinchera ideológica del gobierno de Sebastián Piñera la validación de esa bandera de lucha fuera resistida a toda costa. El gobierno y sus ideólogos combatieron las propuestas de financiamiento exclusivamente estatal y de exclusión de la ganancia privada en lo “estrictamente” relativo a la educación, porque el gobierno y sus ideólogos advirtieron desde el principio que ésa era una demanda cuyo potencial de universalización —en tanto marca de una cadena de equivalencia— encerraba un riesgo cierto de transformación estructural; a saber: el riesgo de que, en lo que respecta a nuestra educación, nuestra salud y nuestra previsión, todos nosotros empecemos a dejar de entendernos como consumidores para pasar a entendernos como ciudadanos.

5. LIBERTAD DEMOCRÁTICA

Una concepción representacional de la democracia disuelve la aparente contradicción entre identidad y representación, por la vía de hacer explícito que la pregunta por la identidad del pueblo es siempre una pregunta por el resultado contingente de un proceso de identificación que tiene lugar representacionalmente.

La afirmación de la indisponibilidad de la representación como me-canismo de identificación popular no equivale a la simple suscripción de un modelo de democracia representativa. Pues no hay razón alguna para pensar que el mecanismo de representación que eventualmente haga posible la auto-identificación del pueblo como unidad de agencia política hubiera de quedar circunscrito a las estructuras formales del Estado que tendrían que proveer “representatividad”. Que la existencia de la democracia dependa de la efectividad de algún mecanismo de representación sólo significa que ella es siempre representacional, esto es, performativa: la identidad del pueblo es el resultado de un proceso realizativo de su propia identidad, esto es, de un proceso de identificación. La confusión de este momento irreductiblemente representacional de la democracia con un determinado conjunto de instituciones representativas se sigue de la creencia errónea, cuya génesis es liberal, que identifica el dominio de lo político con el dominio del Estado.

Esto nos lleva directamente de vuelta al comienzo, a saber: a la indagación de Badiou acerca de la posibilidad de formulación de un concepto filosófico —en sus términos: meta-político— de democracia. Pues Badiou construye su indagación al modo de una interpelación de la siguiente tesis: la democracia siempre tendría que ser entendida como una forma de Estado (Badiou 2005, 79-88). A favor de ello cabría decir: la democracia es una forma de Estado, porque especifica un modo de distribución del poder del Estado; y lo característico de la democracia, en este sentido, es que ella constituye “una estructura de poder construida de abajo [hacia] arriba” (Heller 1968, 265).

Pero Badiou sostiene que la condición de posibilidad para la formulación de un concepto filosófico de democracia pasa por abandonar una comprensión de la democracia como nada más que una forma de Estado. Esta renuncia no supone simplemente prescindir de la caracterización de la democracia como forma de Estado. Antes bien, sería imprescindible conjugar esta caracterización con una determinación adicional que la complemente, pero que al mismo tiempo la supere (Badiou 2005, 88-92); o recurriendo aquí a las palabras de Karl Marx (1976, 231): que realice la descripción de la democracia no como sola forma, sino como “contenido y forma”.

Badiou descarta que esta determinación pudiera encontrarse en algo parecido a una actividad política de masas, puesto que sería indiscutible la potencial reversibilidad de una democracia de masas en una dictadura de masas. Su apuesta se dirige, antes bien, a conjugar la democracia con lo que él mismo llama la “prescripción política misma”, entendida como “la prescripción de una posibilidad en ruptura con lo que existe” (Badiou 2005, 24. Y esto tendría que hacer posible una caracterización intrínsecamente democrática de lo político, esto es, una caracterización de lo político como intrínsecamente democrático.

La tesis fundamental es que la democracia se distinguiría por presentar “la verdad de lo político”. La democracia tendría que definirse como “aquello que autoriza la puesta de lo particular bajo la ley de la universalidad de la voluntad política” (Badiou 2005, 92). Esto llevaría a sostener que lo político, a través de la mediación que caracteriza a la democracia, no encontraría ya su referente último en el Estado, sino en la particularidad de nuestras propias vidas. La consecuencia es que lo político sólo admitirá una caracterización democrática en la medida en que lo político se niegue a tratar la particularidad de cada una de nuestras vidas de un modo no igualitario. Pues un tratamiento no igualitario de la particularidad de nuestras propias vidas resulta incompatible con el sometimiento de esa misma particularidad al régimen de la prescripción universal. Y según Badiou, esto equivale a sostener que, meta-políticamente, la democracia es el estatus de lo político que se distingue por “presentar la igualdad”, o lo que es lo mismo: que excluye la posibilidad de que cualquier predicado que identifique un grupo como subconjunto dentro del demos en tanto conjunto universal —sea el predicado “homosexual”, sea el predicado “delincuente”, sea el predicado “flaite”— figure en la enunciación de una determinada situación como una situación política.

Pero nótese que tal presentación de la igualdad no es sino el reflejo de la efectividad de la reorientación de lo político hacia la meta de nuestra propia realización en la particularidad de nuestras propias vidas, que es lo definitorio de una política emancipatoria (Badiou 2005, 24). Ello supone, desde luego, tomar partido por un concepto positivo de libertad, el único que puede ameritar el título de “libertad democrática”.

Ello es decisivo, puesto que el concepto de libertad, como nos recuerda una y otra vez Hannah Arendt, es el concepto político fundamental (1977, 142-169; 1997, 61-99). Por eso, la tradición socialista no puede conceder al liberalismo la pretensión de monopolizar la retórica de la libertad. La disputa entre liberalismo y socialismo no es una disputa acerca de si, políticamente, privilegiamos la libertad o la igualdad; más bien, es una disputa acerca de dónde comienza, políticamente, la libertad. Y el socialismo ha de encontrar la respuesta en un concepto (meta-político) de democracia, bajo el cual la enunciación de la libertad quede sometida a un operador de cuantificación universal: yo sólo soy libre a partir de aquel punto en que ya todos somos libres.

Ciertamente, el liberal no estará de acuerdo. Y aquí no se pretende en lo absoluto desconocer la legitimidad idiomática de su definición negativa —y más exactamente: defensiva— del concepto de libertad. Mal que mal, la teoría política está lejos de constituir una empresa de reglamentación lingüística. Pero lo que sí cabría recordar al liberal es que es a él a quien está dirigido el mensaje inscrito en un lienzo que el año 2011 colgaba de uno de los muros exteriores del Instituto Nacional: “tu libertad es mi cárcel”. EP

Referencias

Arendt, Hannah. 1977. Between Past and Future. Nueva York: Penguin Books.

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Badiou, Alain. 2005. Metapolitics. Londres y Nueva York: Verso.

Barros, Enrique. 1987. “La democracia como forma del poder: un enfoque normativo”. Estudios Públicos 26. Consultado en http://www.cepchile.cl/1_1063/doc/la_democracia_como_forma_del_poder_un_enfoque_normativo.html#.U2zhp615M.

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Habermas, Jürgen. 1994. Faktizität und Geltung, 4ª ed. Fráncfort del Meno: Suhrkamp.

Heller, Hermann. 1968. Teoría del estado, 6ª ed. México: Fondo de Cultura Económica.

Kervégan, Jean-François. 2007. Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad. Madrid: Escolar y Mayo.

Laclau, Ernesto. 2005. La razón populista. Buenos Aires y México: Fondo de Cultura Económica.

Marx, Karl. 1976. “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts”. En Werke 1, de Karl Marx y Friedrich Engels, 203-333. Berlín: Dietz Verlag.

Mouffe, Chantal. 2000. The Democratic Paradox. Londres y Nueva York: Verso.

Peñailillo, Daniel. 2006. Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. Santiago: Ed. Jurídica de Chile.

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——— [1993] 1996. Political Liberalism, 2ª ed. Nueva York: Columbia University Press.

Schmitt, Carl (1932). Der Begriff des Politischen. Múnich y Leipzig: Duncker & Humblot.

——— 1982. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza.

Schumpeter, Joseph. [1943] 1994. Capitalism, Socialism and Democracy, 5ª ed. Londres y Nueva York.

Touraine, Alain. 2000. ¿Qué es la democracia?, 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica.

1 Véase por todos Peñailillo 2006, 369-389.

2 Su expresión canónica se encuentra en Schumpeter [1943] 1994, 269-283.

3 Véase especialmente Rawls [1971] 1999, 200-206; al respecto, y con un esfuerzo de matización, también Rawls [1993] 1996, 216-220, 396-421.

Conferencia

CAMBIO DE CICLO POLÍTICO*

Ernesto Ottone

Universidad Diego Portales

Ernesto Ottone. Sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Universidad de París III, La Sorbonne Nouvelle. Fue Director de Análisis Estratégico de la Presidencia, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Hoy es profesor titular en la Universidad Diego Portales, profesor adjunto en la Universidad de Chile y catedrático del Colegio de Estudios Mundiales (Cem/MSH) de París. Email: ernesto.ottone@udp.cl.

* Este texto fue preparado por el propio autor a partir de la conferencia que él dio en el CEP el jueves 13 de marzo de 2014.

Resumen: En esta conferencia, realizada en el Centro de Estudios Públicos, el autor desarrolla la idea de por qué Chile enfrenta un nuevo ciclo político, que nace del propio desarrollo alcanzado y de los desafíos que éste le ha puesto al país por delante, los que demandarían el ímpetu reformador que orienta al actual Gobierno.

Palabras clave: democracia, malestar social, Michelle Bachelet, reformas.

Recibido: marzo 2014; aceptado: abril 2014.

Political cycle change

Abstract: At this conference, held at Centro de Estudios Publicos, the author discusses the idea of why Chile is facing a new political cycle born from the stage of development that it has attained and from the challenges that development presents for the country in the days ahead, which would require the reformative momentum now guiding the present Administration.

Keywords: Democracy, social unease, Michelle Bachelet, reforms.

Received: March 2014; accepted: April 2014.

1. ¿QUÉ ES UN CAMBIO DE CICLO POLÍTICO?

Se ha incorporado con fuerza al análisis político en Chile el concepto de cambio de ciclo político.

Las interpretaciones son variadas. Algunas aparecen ligadas a cierta asimilación de este cambio con un cambio de ciclo económico, y al agotamiento del llamado modelo económico del cual el cambio de ciclo político sería más bien un epifenómeno.

Es cierto que nunca podemos separar completamente la economía de la política. Resulta importante, sin embargo, no caer en automatismos o determinismos que pueden conducir a visiones con poca capacidad interpretativa.

Si bien los fenómenos que se desprenden del estilo de desarrollo económico influyen sin duda en el campo de la política, existen amplios márgenes de autonomía de ésta, como asimismo factores sociológicos y culturales que tienen en ocasiones una importancia mayor.

En primer lugar, conviene señalar que en Chile efectivamente ha habido un cambio de ciclo político y que ese cambio no se gestó de un día para otro, sino que se fue acumulando en la medida en que el ciclo anterior perdía vigencia y decrecían en eficiencia y efectividad los factores que aseguraban su funcionamiento, hasta que entró en crisis.

Como suele suceder en otros planos de la vida, los actores políticos, sus principales interesados, fueron los últimos en percibirlos.

¿Pero qué significa un cambio de ciclo político? Significa que se ha producido un agotamiento de un pacto explícito o implícito de convivencia política, donde se funcionaba a través de una relación de conflictos y acuerdos en base a reglas y fronteras de alguna manera aceptadas, dentro de un marco compartido con mayor o menor entusiasmo, en el cual había una especie de sentido común de cómo funcionaba la política y se tomaban las decisiones.

Ese ciclo se termina porque una parte de la sociedad ya no lo acepta, o lo acepta a regañadientes, con el convencimiento que dicha convivencia no le conviene para sus aspiraciones, le resulta injusta y considera que quienes actúan en política dentro de dicho marco ya no los representa, o los representa débilmente, todo lo cual produce una deslegitimación del sistema político.

Las formas en que se expresa dicho agotamiento son conocidas. Se manifiestan en un malestar que se refleja a través de un descontento de una parte mayoritaria de la sociedad tanto con la institucionalidad pública como los poderes del Estado, así como a través de una crítica al funcionamiento del mundo privado, las lógicas de mercado y la forma como éste actúa. Vale decir en un malestar hacia lo público, que se resume en que los mandatados son ineficientes cuando no corruptos, y de un malestar hacia lo privado, que se resume en la percepción de abuso cuando no de explotación.

Dicho malestar se expresa en las encuestas demoscópicas, en manifestaciones callejeras y en las redes sociales. En política, suele asumir la forma de una apatía electoral, un desinterés por la acción de los políticos y una indistinción de sus diferencias: “son todos lo mismo”. En todas las mediciones caen la prensa, la televisión, los carabineros, las fuerzas armadas, la iglesia. En pocas palabras, se acentúa una desconfianza generalizada.

Curiosamente los agotamientos de los ciclos políticos no obedecen siempre a desarrollos negativos en los países.

En ocasiones, sí obedecen. Se producen con ocasión de crisis económicas, de malos gobiernos, de corrupciones extendidas de la clase política, de procesos inflacionarios galopantes, de formas de autoritarismos y arbitrariedades desde el poder. Son especialmente nítidos cuando la gente siente que ha perdido algo que ya tenía. Recuerdo siempre aquella pancarta que vi en París llevada por una liceana que decía: “Queremos vivir como nuestros padres”.

Pero un ciclo político se puede agotar también producto de avances muy rápidos de una sociedad que genera nuevas aspiraciones, mayor conciencia de velocidades sociales distintas en el crecimiento y por un empoderamiento político generado por una mayor capacidad reflexiva y una aspiración más fuerte de movilidad social, que hace más notorios los desequilibrios del cambio.

Éste es el caso de Chile, cuyas cifras de desarrollo en los últimos veinticuatro años son notables en materia de crecimiento, de cobertura escolar —incluida la educación superior—, niveles de atención social, mejoramiento salarial, regulaciones, generación de infraestructura, disminución de la pobreza y la indigencia, expansión de las libertades democráticas, paz social y restablecimiento del respecto a los derechos humanos.

Por lo tanto, el malestar es producto más del éxito que de la catástrofe. Si tomamos una posición más pesimista podemos decir, a lo más, que es producto de los defectos, desequilibrios y límites de esos avances objetivos.

Sin embargo, el malestar que surge del crecimiento no es necesariamente más tenue del que surge de una situación negativa. Puede ser muy duro y crispado. La política no es el reino de la gratitud y el reconocimiento. Aunque las políticas públicas hayan afectado positivamente las vidas de muchos, el reconocimiento puede ser muy leve, casi ingrávido, mínimo en comparación con la percepción crítica de lo que faltó, de lo que no se logró.

En Chile esa crítica adquiere tres dimensiones discursivas.

Una se dirige al Estado y, en particular, al sistema político, la política y los políticos. Se centra en el nivel de los servicios que el Estado le debe prestar a la ciudadanía, que considera que están muy lejos de sus expectativas. Si el Estado es más próspero, ¿por qué sus recursos no se usan mejor y no me llegan? ¿Quién se queda con el trozo de PIB per cápita que no recibo? Los políticos son los culpables. No cumplen, se arreglan entre ellos, trabajan para ellos. En el límite, son una banda de corruptos, que reciben enormes sueldos por hablar y no hacer nada. Por lo tanto, no saco nada con ir a votar; luego, si no me castigan, no voto. El Estado no me protege suficientemente ni de las desigualdades ni de los riesgos.

Otra crítica se dirige a la economía de mercado. Con este sistema económico los beneficiados no somos todos, ni siquiera la mayoría. Quienes se llevan la parte del león son las grandes empresas, cuyos dueños y grandes ejecutivos viven en otro mundo, donde tienen de todo. Mientras tanto, mi salario es bajo, apenas llego a fin de mes y, como quiero vivir mejor, me debo endeudar y al hacerlo pago mucho más. Vea usted La Polar, las isapres, las AFP, las cuentas de la luz, del agua, del gas del teléfono, que engañan y me estafan.

Quiero que mis hijos se eduquen, para lo cual me vuelvo a endeudar. La educación gratis es mala; la pagada, mediocre. La educación superior es cara y a las buenas universidades es difícil llegar. En consecuencia, nuevamente alguien abusa de mí, ya sea en el trabajo, a través de los salarios bajos, o en el consumo, a través de la letra chica. ¿Dónde están mis derechos?

La tercera crítica apunta a la discriminación social. Si el Estado no me protege lo suficiente y el mercado abusa de mí, el mérito cuenta sólo muy relativamente para mejorar mis condiciones de vida. Estoy muy determinado por un conjunto de adscripciones, de cuna, de escuela, de barrio. Si no tengo redes, no tengo apoyos, compito en desventaja.

Nada de raro entonces que las élites no se renueven, que mis avances tengan un tope social difícil de franquear.

Este sentimiento de malestar tridimensional no alcanza a presentar un proyecto globalmente alternativo sino una sumatoria de humores, críticas y requerimientos diversos, que no se transforman en lo inmediato en una polarización política y una desinstitucionalización de corte populista, pero que podrían emprender ese camino de no recibir respuestas por parte de un sistema político que encauce las aspiraciones por medio de hechos materiales y simbólicos y generando un cambio de percepción.

El triunfo de Michelle Bachelet, quien venció las elecciones presidenciales del año 2013, responde a un carisma que va más allá de la política y es un intento de ensayar una respuesta a estas aspiraciones.

Ella hizo un esfuerzo por escuchar las voces de la “democracia continua”[1], para usar el término de Stefano Rodotá, aquellas nuevas formas de expresión democrática, que van más allá de las instituciones clásicas de la democracia representativa, ya sea a través de los movimientos sociales, las redes digitales o la calle, y tiende a expresar directamente sus opiniones, humores, indignaciones y exigencias.

Reflejó, además, en su programa de gobierno un nuevo ciclo de reformas que tiene en su centro caminar hacia una sociedad más igualitaria, a través de una reforma tributaria y una reforma educacional importante, como así mismo completar el proceso de democratización, a través de una nueva constitución que consagre un Estado de derechos. También lo hizo a través del diálogo con líderes del movimiento estudiantil y territorial, algunos de los cuales en total autonomía fueron elegidos diputados en espacios donde la coalición de la Nueva Mayoría les entregó su apoyo.

Se trata entonces de una experiencia interesante que en vez de contraponer las reglas democráticas exigidas por Bobbio, y la elaboración neobobbiana[2] a las nuevas formas que asume la expresión política y al malestar reinante, busca generar completariedades para construir la democracia del siglo XXI.

No sabemos si esta experiencia será exitosa, pero la falta de conciencia de esos cambios y la no innovación política con seguridad nos habrían conducido a un debilitamiento del camino democrático emprendido hace veinticuatro años.

2. EL CICLO ANTERIOR

Para plantearse un nuevo ciclo de reformas es necesario que exista un ciclo anterior, y para entender las características, logros y límites de ese primer ciclo es necesario tratar de explicar su origen y formación.

En Chile, la transición de la dictadura militar a la democracia no fue el resultado de una lucha insurreccional armada. Las acciones armadas propugnadas por el Partido Comunista a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fracasaron y fueron derrotadas.

Fueron formas de resistencia ciudadana y de actividades políticas democráticas las que comenzaron a ganarle espacio a la dura represión, hasta lograr vencer en un plebiscito que la dictadura había ideado como un instrumento de legitimación. Las fuerzas democráticas generaron, además, una presión nacional e internacional que obligó al dictador a reconocer el resultado mayoritario.

La disyuntiva no se tradujo en una transición sin pactos e inmaculada, sino que se trató de una combinación de los avances posibles hacia la democracia en un campo de fuerza donde quienes eran favorables a la dictadura poseían el control de las Fuerza Armadas, de la prensa y la enorme mayoría de los medios de comunicación, de las cúpulas de los dirigentes empresariales y del 40% de los votos que habían apoyado la continuidad de Pinochet en el plebiscito. Si bien la Concertación por la Democracia era mayoritaria en votos, la derecha pro dictadura poseía apoyo ciudadano y el conjunto de los “poderes fácticos”.

Por lo tanto se pactó un conjunto de reformas democráticas, pero se dejaron afuera otras, que tuvieron que esperar largos años para ponerse en práctica.

Aylwin, pese a ganar las elecciones de 1990, hubo de aceptar que Pinochet continuara como Comandante en Jefe del Ejército.

El acento fue puesto no en cambiar radicalmente el modelo económico neo liberal que acompañaba a la dictadura, sino en modificarlo gradualmente. Así se aprobó una primera reforma fiscal, que permitió poner en práctica políticas sociales y mejorar salarios, salud y protección social. Se inició también la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que se abocó a investigar la violación de los derechos humanos con resultado de muerte cometidos entre 1973 y 1990, cuyas conclusiones fueron desconocidas por los militares, pero que constituirían la base moral sobre la cual actuarían, juzgarían y encarcelarían más tarde los tribunales de justicia a los principales agentes de la represión.

En eso se concentraron los primeros esfuerzos realizados por los gobiernos democráticos.

Manuel Castells expresa de la siguiente manera la discontinuidad del período democrático respecto a la dictadura: “Aquel modelo de desarrollo (el de la dictadura) excluye de los beneficios del crecimiento a gran parte de la población mediante el ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado, al tiempo que prioriza los mecanismos de mercado sobre los valores de la sociedad, sin aplicar políticas correctoras de las desigualdades y de los privilegios de las élites sociales y económicas”[3]. El período democrático lo caracteriza, en cambio, como:

Un modelo de desarrollo gestionado a partir del Estado democrático resultante de la libre elección de los ciudadanos, que manteniendo los mecanismos de mercado como forma esencial de asignación de recursos, implementa políticas públicas encaminadas a la inclusión del conjunto de la población a los beneficios del crecimiento, en particular mediante una política fiscal redistributiva y un esfuerzo creciente de políticas públicas en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura de servicios, los equipamientos sociales y culturales, las ayudas y subsidios a personas necesitadas.

El modelo es también incluyente porque establece mecanismos de negociación y consulta con los actores sociales, buscando la elaboración de políticas económicas y sociales mediante un consenso con los representantes de los distintos grupos de intereses existentes en la sociedad.[4]

Los elementos contenidos en el análisis de Castells se realizaron con mayor o menor éxito en un periodo de veinte años, y aunque perdieron velocidad durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, no fueron anulados. El gobierno de Piñera no propuso una restauración borbónica, sino más bien una continuidad a un ritmo más lento, que aceleró las exigencias de cambio por parte de la población.

Para entender el peso, en ocasiones excesivo, de la gradualidad del proceso chileno, basta señalar que al asumir la Presidencia Ricardo Lagos, primer presidente de izquierda de la coalición de centroizquierda, en el año 2000, cuando habían transcurrido diez años de gobiernos democráticos, todavía existía censura de prensa, censura cinematográfica y la pena de muerte; no había ley de divorcio; el Presidente no podía remover a los jefes de las fuerzas armadas; teníamos senadores designados que sesgaban las mayorías electas y un Consejo de Seguridad Nacional que tenía la facultad de tomar decisiones frente a asuntos de Estado, conformado por militares y civiles y que podía ser citado al margen de la voluntad del Presidente o el parlamento. Todo ello se cambió en ese gobierno.

Fue en ese gobierno también que se creó la comisión Valech sobre la tortura, que ha significado hasta hoy una innovación mundial en el terreno de los derechos humanos.

No hubo, sin embargo, la fuerza parlamentaria suficiente para cambiar un sistema electoral que tiende al empate permanente y excluye a las fuerzas minoritarias.

La discusión sobre la posibilidad de haber logrado entonces una mayor profundidad de los cambios, que siempre es un debate contrafactual, resulta imposible de dirimir.

Con los ojos de hoy, se podría pensar que hubo un exceso de prudencia, que se podía haber avanzado más y más rápido en el proceso de democratización y también en las transformaciones que hubieran aumentando la internacionalidad de las políticas públicas, de manera tal de modificar el estilo de desarrollo neoclásico.

Podría haber sido pero no fue, y no tan sólo por no haber contado nunca con una mayoría parlamentaria, sino por errores de apreciación o incluso una posible “naturalización” de ciertos esquemas neoclásicos heredados de la dictadura.

Precisamente estos aspectos han generado una fuerte crítica al proceso de transición democrática en Chile, pero conviene también hacer la crítica de la crítica para lograr una visión más certera.

Para formarse un juicio equilibrado de la obra de esos gobiernos conviene situarlos en los momentos históricos en que tuvieron lugar, las condiciones económicas sociales, políticas y morales en que se hicieron cargo del país, el peso de las fuerzas que estaban en juego y el nivel de apoyo en la ciudadanía con que contaban. En fin, todo aquello que hace que la acción política no sea sólo voluntad sino también realidad, o como decía Maquiavelo: no sólo virtud sino también fortuna.

En ocasiones, la crítica sobrevuela distraídamente esos factores y en los errores cometidos, en las audacias no realizadas, en las prudencias consideradas excesivas ve solamente una ausencia de voluntad de cambio, un espíritu pusilánime en el mejor de los casos o de compromiso cuando ella es más acerba.

Se critica radicalmente la idea de que fue necesario caminar a un cierto ritmo, dar algunos pasos primero para posteriormente dar otros, señalándose que el cambio político no sigue ese orden.

Efectivamente, no siempre la política es ordenada. Por el contrario, está llena de saltos y avatares. Pero un proceso que se propone un cambio reformador procura precisamente contrarrestar aquello y establecer una secuencia que contribuya a preservar bienes que le son simultáneamente caros: la libertad y la tendencia a la igualdad, procurando conseguirlos a través de un camino más lento pero pacífico, que no concluya en una ruptura social ni en un retroceso violento.

A los gobiernos de la Concertación se les puede encontrar muchos defectos, pero no se les puede pedir algo que no prometieron ni se propusieron llevar adelante: la realización de cambios revolucionarios, expropiar a los expropiadores, desarrollar la lucha de clases y destruir el capitalismo o algo que se le parezca.

Es como si a Léon Blum se le criticara por no haber impulsado una revolución proletaria en 1936, cuando dirigió el gobierno del Frente Popular en Francia. No fue elegido para eso Léon Blum, sino para dirigir un gobierno progresista de coalición, que introdujo apenas algunas reformas sociales que, sin embargo, conforman hoy un referente profundo en el imaginario político francés. Cometió grandes errores, pero no el de haber renunciado algo que jamás estuvo en sus planes, cosa que señaló alto y claro desde el primer minuto.

De la misma manera, los gobiernos de la Concertación no nacieron para llevar adelante un programa de ruptura revolucionaria. Nacieron para conducir al país de la dictadura, la intolerancia, la violación de los derechos humanos y la ausencia de libertades a un funcionamiento democrático.

Nacieron para salir de una visión doctrinaria que consideraba “las aguas heladas del cálculo egoísta” del mercado no sólo como el organizador de la economía sino de la sociedad en su conjunto, hacia una sociedad donde se alarga el poder ciudadano, generando políticas públicas que intentan morigerar la brecha de desigualdad, disminuir la pobreza y generar servicios y prestaciones públicas más extendidas.

En fin, nacieron para realizar reformas que favorecieran a la mayoría. Con defectos y límites, pero también con éxitos y virtudes. Fue en ese sentido que se recorrió un camino, y ese camino es el que se debe analizar.

Nada de lo anteriormente dicho anula la pertinencia de la crítica.

En este camino reformador, sin duda, muchas cosas se hicieron mal o no se hicieron pudiéndose haber hecho. ¿Hubo excesos de prudencia? Seguramente sí, y lo vemos mejor con los ojos de hoy. ¿Por qué nos parecía aceptable, más allá de nuestras críticas, un sistema de educación superior laxo en sus controles, donde los negocios articulados a triquiñuelas legales parecían “que estaban en el orden de las cosas”? ¿Por qué parecía incontenible la decadencia de la educación pública?

En muchos terrenos estos mismos análisis se pueden y se deben hacer, de manera autocrítica, sin volcar toda la responsabilidad en la ausencia de mayoría parlamentaria o en la actitud de la derecha, que defendió, como era esperable, hasta donde le fue posible la herencia de la dictadura.

Sin embargo, pese a todos estos defectos y límites, no cabe duda que no se puede encontrar otro período de toda la historia de Chile donde el país haya avanzado tanto prácticamente en todos los campos.

Entre 1990 y el 2011 Chile creció a un promedio de 5 por ciento al año. Cuando concluyó la dictadura, Chile tenía un PIB per cápita menor a los 5 mil dólares; hoy bordea los 20 mil en paridad de compra. De acuerdo a la Cepal, la pobreza en Chile al finalizar la dictadura alcanzaba a 38,7 por ciento de la población; hoy alcanza al 11,5 por ciento. En 1990, los estudiantes de educación superior eran alrededor de 200 mil y hoy superan el millón, de los cuales más del 80 por ciento son los primeros en sus familias que conocen el nivel de educación superior[5].

Estas cifras dan cuenta de un salto espectacular del desarrollo, que coloca a Chile a la cabeza del avance latinoamericano en casi todos los planos. Sin embargo, las mediciones demoscópicas si bien muestran un país optimista respecto al progreso, no muestran a un país conforme con el nivel de bienestar y con la calidad de vida que lleva, sino algo gruñón y desconfiado.

¿Qué explica este desfase?

Sin duda, los chilenos viven mejor que las generaciones anteriores, pero los medios de comunicación y autocomunicación les muestran un mundo al que pueden acceder simbólicamente, pero no siempre materialmente, al menos en el nivel que quisieran.

Son más escolarizados, más secularizados, más libres, más descreídos, más desconfiados y detestan las estructuras de cooptación jerarquizadas en base a redes “clasistas”, a las cuales no tienen acceso a través del mérito.

Quieren una mayor integración a la oferta del mundo global, pero a la vez desean un Estado fuerte, protector y morigerador de las desigualdades sociales, del cual exigen transparencia, eficiencia y una mejor calidad en las respuestas a sus demandas. La incomprensión que mostraron los partidos de centroizquierda de estos fenómenos fue políticamente castigada y perdieron las elecciones en el año 2009.

Aunque este fenómeno venía incubándose desde antes, cristalizó durante el gobierno de la derecha, que había prometido no desarticular las políticas públicas pero responder con mayor eficiencia, llevando “al público las virtudes del privado”.

La ausencia de esa respuesta, por un gobierno que mostró una escasa capacidad de gestión, una idea pobre del Estado y una ausencia de sensibilidad y redes de articulación con la sociedad para recoger las nuevas demandas, terminó reforzando un malestar que, por momentos, sobrepasó al sistema político en su conjunto, aunque sin llegar a expresiones violentas generalizadas.

Ello dio origen a movimientos masivos de los estudiantes, a reacciones duras de las minorías étnicas y a reivindicaciones de las regiones que más requieren —por su lejanía de la capital o por su menor grado de desarrollo— de una presencia eficaz del Estado.

El gobierno de Sebastián Piñera mantuvo así un bajo apoyo, que concluyó en una debacle electoral de la derecha, pese a que el país, fruto principalmente de una coyuntura económica positiva de América del Sur, tuvo buen nivel de crecimiento —5,4 puntos del PIB de promedio— y bajas tasas de desempleo.

El gobierno de Michelle Bachelet hereda un país con esas características, en una coyuntura económica regional que tiende a la baja, pero a la cual se agregan dos tendencias de largo plazo y cuya corrección será lenta porque obedece a características más globales de la sociedad de la información.

La primera es la necesidad de vincular la espontaneidad del movimiento social a la necesidad de un orden institucional, o en palabras de Jaques Julliard: “Encauzar el caballo desbocado de la opinión pública en las reglas de la democracia”[6]. Para ello es necesario comprender el surgimiento de un nuevo individualismo, no necesariamente antisolidario pero exigente de la propia singularidad, donde lo colectivo no es atrapado a través de las antiguas categorías de la organización social, sino que se organiza en redes cambiantes, donde muchas veces lo social, lo cultural y lo político conforman un enrevesado universo difícil de descifrar y con el cual la negociación por parte de las instituciones de la democracia representativa no es fácil.

La segunda tendencia de largo plazo es que las instituciones clásicas de la democracia representativa, incluso en Chile, donde no se ha producido un retroceso —ni mucho menos— en materia económica y social como en algunos países de Europa, el sistema político democrático es cuestionado. Los partidos políticos se tienden a ver muy lejanos de los intereses de los ciudadanos, lo que reproduce una situación que se vive a nivel global.

En materia de igualdad en la distribución del ingreso, las cifras han mejorado mucho aunque muy lentamente y a partir de una sociedad históricamente muy desigual. Desde mediados de los años 80 se ha avanzado de un Gini de 0,58 a uno de 0,50 hoy, pero hablamos siempre de cifras muy altas, que constituyen un nivel de deformidad social enorme para un país que no está lejos de alcanzar el umbral de desarrollo.

Los avances en cobertura en educación no se acompañan con la calidad y equidad de los procesos formativos y educativos. El desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología es bajo, como asimismo los niveles de productividad. Para asegurar su futuro, Chile requiere una transformación productiva con mayores niveles de igualdad en los ingresos, y sin las grandes diferencias que existen entre los diversos territorios.

3. TRANSFORMACIONES SOCIALES Y TURBULENCIAS POLÍTICAS

Las cifras entregadas algo dicen sobre los múltiples cambios que implican para una sociedad en un período históricamente breve, sobre todo cuando se realizan en el marco de una transición democrática.

El elemento más significativo es la progresiva pérdida del miedo en una sociedad acostumbrada durante 17 años a la omnipresencia de un poder omnipotente y sin límite, donde la obediencia era el principio normativo por excelencia, mientras que el ejercicio de la ciudadanía y las libertades individuales y colectivas era escaso y significaba riesgos enormes.

Esa pérdida gradual del miedo de una sociedad con escasa iniciativa desde abajo, que vivía bajo un disciplinamiento exagerado, fue abriendo paso hacia un empoderamiento ciudadano que iba de la mano de una mejoría de la situación económica de quienes han ido abandonando la pobreza y entrado a formar parte de una nueva clase media, todavía precaria, que teme volver atrás. A eso se suma que en rigor, como señala Fernando Henrique Cardoso, “no constituyen todavía clases medias: son nuevas categorías de renta. Ganan más, pero aún no tienen una formación cultural común, ni redes sociales comunes. No se constituyen como clases en el sentido sociológico. Son clases fragmentadas, pero que van a constituirse y van aspirar a más”[7].

Esa aspiración ascendente, que responde a la vieja sentencia de Tocqueville “cuando más se tiene, más se nota lo que falta”, se constituirá en un malestar creciente, que podría erróneamente asimilarse con el malestar de la actual Europa del sur, donde el futuro de los hijos aparece más oscuro que el presente de los padres.

En Chile, sin duda, el futuro de los hijos se vislumbra mejor que el de sus padres. Incluso más, su presente es mejor que el pasado de sus padres. Sin embargo, no es lo suficientemente bueno ante el crecimiento de sus aspiraciones, lo que genera una posición extremadamente crítica frente al sistema político, que muestra a las instituciones como un mundo alejado de sus intereses y a los políticos como seres privilegiados, más preocupados de sus carreras que del bien público. Poco importa que los niveles de corrupción en Chile estén entre los más bajos del mundo, la percepción es negativa, sobre todo hacia el parlamento y los parlamentarios. Es apenas más positiva respecto al poder ejecutivo.

Ello explica la caída del universo electoral cuando se pasó del sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio al de inscripción automática y voto voluntario.

Si bien esa caída no es dramática, tuvo un efecto mínimo en la atracción del voto joven y alejó una parte del voto menos interesado en la política, que suele ser más bien de derecha. En los hechos, el nuevo padrón electoral ha favorecido hasta ahora a la coalición de centroizquierda.

El conjunto de estos fenómenos clausuraron el primer ciclo político de la democracia chilena post dictadura.

Un conjunto de virtudes políticas ayudaron mucho al relativo éxito de ese primer ciclo, virtudes que se expresaron en una unidad perseverante entre las tendencias centristas y de izquierdas de la coalición que dirigió los primeros cuatro gobiernos democráticos, un espíritu suprapartidario, una visión compartida de la reconstrucción republicana y una capacidad de lograr compromisos con la oposición, todo lo cual produjo una gobernabilidad de alta calidad.

Las dificultades que pusieron fin a ese ciclo se deben principalmente a los errores políticos que se empezaron a producir. El predominio de agendas mezquinas y particularismos, así como las malas prácticas de los partidos políticos, separaron la acción del gobierno de la de los partidos políticos que debían sustentarlo, pero que en la práctica aparecían volcados a sus pequeños negocios y no lograron leer a tiempo las transformaciones sociales y culturales existentes, lo que generó una caída de calidad de su quehacer, la ausencia progresiva de sentido colectivo de un número de sus dirigentes y representantes, la preeminencia de lógicas de puro poder y la generación de clientelas en torno a jefes de facción que tendieron a producir una selección adversa del personal político, una escasa renovación generacional y la pérdida de espíritu coalicionista.

Estos factores son los que explican básicamente la derrota electoral del año 2009 y el triunfo de un gobierno de derecha que aceleró el fin de ciclo.

4. UN NUEVO CICLO POLÍTICO

La elección de Michelle Bachelet le ha entregado a una nueva coalición una oportunidad apenas merecida de llevar a cabo un segundo ciclo de reformas, y con ella la posibilidad de recuperar una mejor relación con la sociedad que le permita recuperar credibilidad, confianza y cercanía.

Esto implica no sólo el conjunto de reformas que conforman el segundo ciclo de ellas, sino también una mejor calidad de la política, una nueva forma en la cual los políticos conciban su rol de representantes.

Los partidos políticos del siglo XXI no deberían ser considerados propiedad ni sus fundadores ni de sus dirigentes, ni siquiera de sus militantes. Deberían procurar transformarse en instituciones dirigidas al bien público, capaces de representar una propuesta de sociedad, así como una metodología de hacer política sometida al escrutinio ciudadano.

De no ser así, se corre el peligro de terminar también en Chile con la caída del sistema político y convertir su democracia en algo similar a las “autocracias electivas”[8], las “democracias delegativas”[9] o los “regímenes neojacobinos”[10], donde las reglas democráticas se cumplan apenas de fachada. Allí las instituciones de la democracia representativa son manipuladas, el clima político se polariza a niveles extremos, en vez de adversarios políticos comienza a imperar la relación “amigo-enemigo” de Carl Schmitt, los avances económicos y sociales comienzan a sufrir la ausencia del procesamiento pacífico de las diferencias y se empieza a demandar a quienes posean el monopolio de las armas que tomen partido por uno u otro bando.

Los países que caen en este camino, ya sea orientado por un populismo de izquierda o derecha, suelen producir actores políticos carentes de flexibilidad, con ideas simples y precarias y dispuestos a eternizarse en el poder todo el tiempo que “la patria los requiera”.

Termina así no ampliándose la democracia representativa mediante la incorporación de nuevas formas de expresión popular, sino que ella se restringe por culpa de liderazgos mesiánicos o populistas, dispuestos a gobernar a través de sistemas plebiscitarios. La momentánea “vibración del consenso” con el pueblo a la que suelen apelar esos líderes termina por sobrepasar la legalidad y romper el paradigma democrático construido con fatiga en el curso de muchos años.

El sistema político chileno, más allá de sus muchas imperfecciones, está a tiempo para plantearse las reformas necesarias que eviten un camino regresivo y permitan alcanzar en democracia un desarrollo equitativo, aquel que no es medido sólo por un crecimiento sostenido en el tiempo, sino que implique una notable mejora en los niveles de distribución del ingreso, mayores niveles de cohesión social y pluralismo, amplios canales de movilidad social, una densidad democrática sólida, y altos niveles de probidad, eficiencia y responsabilidad pública, sustentados en un tejido ciudadano culturalmente tolerante.

Para lograrlo el nuevo gobierno de Michelle Bachelet ha propuesto un cambio de eje en la tradición reformadora de la centroizquierda chilena, pasando de la construcción republicana y las políticas públicas destinadas a bajar de manera significativa la pobreza a un nuevo eje, que es el de una sociedad más igualitaria. Ello significa pasar a una nueva generación de reformas que puedan remover tendencias centenarias del país.

En primer lugar se plantea una reforma tributaria, que dé pasos importantes en una tributación progresiva, que signifique mejorar la distribución de la renta a través de una mayor contribución al menos de la parte superior del décimo decil, que es donde se concentra la mayor riqueza. Se trata en la práctica de un nuevo pacto, donde algunos verán moderados sus beneficios. Hacerlo no es fácil, pues como no se trata de una algarada populista, lo que se plantea es llevarlo a cabo asegurando la vigencia de las reglas del juego en un clima de gobernabilidad.

En segundo lugar, con el objeto de construir en el largo plazo una sociedad más igualitaria, se plantea una profunda reforma educacional, que parta por fortalecer la educación pública de calidad y que abarque todas las etapas de la educación, desde la preescolar a la educación superior, transformando el modelo privatizador heredado de la dictadura en un sistema donde no prevalezca el lucro, se extienda la educación de calidad y deje de reproducirse mecánicamente las brechas de desigualdad existentes en la sociedad.

En tercer lugar, se requiere una nueva constitución, que entregue un marco jurídico legítimo en su origen y compartido para un Chile democrático, donde no queden incrustaciones ideológicas de la dictadura y se consagren las libertades y los derechos civiles políticos, pero también los derechos sociales. Hoy existen las condiciones para llevar adelante este proceso y hacerlo de manera institucional y participativa.

Naturalmente no concluyen allí las reformas que plantea el programa de gobierno de Bachelet.

Chile enfrenta grandes desafíos en la consolidación de reformas ya en curso, como la salud y la protección social, pero son tareas iniciadas con éxito en gobiernos anteriores, que requieren más recursos y cobertura.

También necesita avanzar en la inclusión de las minorías étnicas y en temas estructurales como el energético.

¿Cómo realizar estas reformas asegurando una buena calidad de gobierno?

¿Serán capaces los partidos que apoyan a la Presidenta de transformarse a sí mismos y tender puentes virtuosos con el movimiento social y las nuevas formas de democracia virtual?

¿Será el mundo privado capaz de entender la necesidad de una economía de mercado con regulaciones y deberes societales donde la lógica del beneficio se combine con aquella de los bienes públicos?

Son todas preguntas cuyas respuestas dibujarán el futuro de Chile, y sólo los años que vienen nos dirán si se lograron.

Se trata de construir con éxito un segundo ciclo político, donde la creación de una sociedad más igualitaria se lleve a cabo a través de una reforma democrática, donde los cambios más profundos no sean fruto de un resurgimiento autoritario ni de un conflicto que destruya la cultura de convivencia tan dolorosamente lograda.

Ello requiere dejar de lado metáforas desagraciadas en el debate político, que implican destrucción y fuerza bruta, como las aplanadoras de una parte y las retroexcavadoras de otra.

La democracia se construye con un instrumental más noble. EP

1 Stefano Rodotá, Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación (Buenos Aires: Losada, 2000).

2 Michelangelo Bovero, “Las condiciones de la democracia. Una teoría neo bobbiana”, en Pensamiento global II, ed. Ernesto Ottone (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012).

3 Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2005).

4 Ibídem.

5 El conjunto de las cifras fueron sintetizadas por el autor teniendo como fuentes a Cepal, FMI y OECD.

6 Jacques Julliard, La Reine du monde: Essai sur la démocratie d´opinion (Paris: Flammarion, 2008).

7 Fernando Henrique Cardoso, “América Latina en el mundo global”, en Pensamiento global II, ed. Ernesto Ottone (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012).

8 Bovero, “Las condiciones de la democracia”.

9 Guillermo O´Donnell, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa”, en Democracia delegativa, ed. Guillermo O´Donnell, Osvaldo Iazzeta y Hugo Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011).

10 Ernesto Ottone, “Izquierdas, centro izquierdas y progresismos en América Latina hoy: Algunas distinciones”, Estudios Públicos 118 (2010).

Libro

¿DEMOCRACIA POPULAR EN CHILE?

Sofía Correa Sutil

Universidad de Chile

Sofía Correa Sutil. Historiadora. DPhil Oxford University. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dirección electrónica: scorrea@derecho.uchile.cl.

Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa: La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Centro de Estudios Públicos, 2013, Santiago).

El gobierno de la Unidad Popular y su derrumbe con el golpe de Estado de septiembre del 73 ha sido, desde muy temprano, objeto de estudio desde diversas disciplinas sociales tanto en Chile como por académicos extranjeros. Recientemente el Centro de Estudios Públicos ha sacado a luz un voluminoso libro del historiador Joaquín Fermandois: La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular. Se trata de un trabajo apoyado desde sus inicios por el CEP. Tal como lo relata el autor en el prólogo, la obra nace de conversaciones sostenidas hace ya algunos años con Arturo Fontaine, su entonces director, cuyo entusiasmo lo llevó a incentivar este trabajo, lo que le permitió al autor concentrarse durante tres años en la investigación y escritura del libro, apoyado por un grupo de colaboradores-ayudantes con los cuales abordó la revisión sistemática de buena parte de la bibliografía producida sobre el período, de fuentes documentales, prensa y archivos, los que le resultaron particularmente útiles, especialmente, a juicio del autor, aquellos que contenían la documentación oficial de la República Democrática Alemana. El resultado ha sido un libro de más de 850 páginas, con 28 capítulos y una extensa bibliografía e índices analíticos. Una producción voluminosa así como ambiciosa.

En efecto, el autor ha decidido, no queda claro por qué, iniciar el estudio del período de la Unidad Popular a partir de la Independencia y la historia política republicana de principios del siglo XIX, trabajados en los primeros y más débiles capítulos del libro[1]. No obstante, este comienzo nos permite percibir tempranamente la visión dicotómica del autor en un relato donde los matices históricos e historiográficos han desaparecido para mostrarnos un constante choque entre dos fuerzas antagónicas a lo largo de la historia de Chile. Su afirmación de que desde los primeros tiempos de la república existe una derecha y una izquierda en permanente conflicto no es sostenible, y de hecho Fermandois no se hace cargo de la discusión historiográfica sobre los orígenes de estas fuerzas en la política chilena, así como tampoco trata la historia de los partidos que las representan[2].

Estos primeros capítulos del libro tienen un tono didáctico, escolar, tajante y taxativo, acompañado de un lenguaje llamativamente coloquial, reflejado en expresiones tales como: “¿Qué vino primero: el huevo o la gallina?”[3], o bien: “Como en Condorito, esto exige una explicación”[4]. Aunque esta estrategia discursiva está menos presente en los capítulos centrales del libro, en ellos se da cabida a caracterizaciones ampliamente conocidas, como por ejemplo la de Chile como país rural antes de la reforma agraria (capítulo 14). En consecuencia cabe preguntarse a quién está destinada esta obra, quién es el potencial lector al que el autor le habla en las casi 800 páginas de texto. No queda claro, y probablemente habría que diferenciar partes distintivas del libro: los inicios con sus generalizaciones históricas; y el relato dramático de los acontecimientos mes a mes durante el gobierno de la Unidad Popular, que es cuando el libro adquiere potencia narrativa y captura con mayor intensidad el interés del lector.

No es fácil historiar el propio presente. Fermandois ha optado por generar en su escritura un distanciamiento entre su propia experiencia y los tiempos que relata, quizás buscando dar cuenta del período con una mayor objetividad. No obstante es imposible negarse a la presencia de la subjetividad del historiador en cualquier obra histórica y con mayor razón si en ella se tratan tiempos contemporáneos cuya persistencia es aún vívida. Es mejor hacerla evidente, que es, por lo demás, lo que hacen Hobsbawm y Judt cuando escriben sobre una historia, la del siglo XX o de la postguerra en cada caso, que han vivido intensamente[5]. Por eso, en los capítulos medulares del libro, que tratan sobre el gobierno de la Unidad Popular siguiendo su desarrollo año a año, mes a mes, uno se pregunta constantemente cuáles fueron las experiencias, cuáles los recuerdos personales y las emociones del autor sobre esa época tan convulsionada que él está trayendo de vuelta al lector, impulsándole a su vez a convocar los propios fantasmas que hibernan en el recuerdo que cada cual tiene de aquellos años emocionalmente tan presentes todavía. Habrá, por cierto, lectores que no habían siquiera nacido para aquel entonces, pero aun ellos están llenos de estas presencias fantasmales. De allí, supongo, la necesidad de escribir este libro que busca darles inteligibilidad, precisamente en un tiempo en el que se han revitalizado unos ideales revolucionarios acompañados de una nostalgia de izquierdas por el período de la Unidad Popular, particularmente notorio con ocasión de la remembranza de los 40 años del golpe de Estado en 2013, año en que se publica este libro.

He ahí entonces al autor que ha decidido ocultar del lector su experiencia vital de aquellos años que va a historiar. Y sin embargo su subjetividad se vuelve omnipresente, pero de una manera oblicua, como cuando mezcla datos duros con conjeturas no explicitadas como tales, de tal modo que éstas podrían leerse como información irrefutable, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se refiere a la opinión pública en el contexto de la división del PDC a fines de la década de 1960, afirmando (las cursivas en esta cita y las siguientes son mías):

Nada de esto impidió que la figura de Eduardo Frei siguiera concitando admiración. No sería demasiado aventurado afirmar que, si hubiera existido el tipo de encuesta que sería común cuatro décadas después, su tasa de aprobación podría fijarse en alrededor del 50%. La Democracia Cristiana bajó bastante en las elecciones de 1969, alcanzando un 29% de los votos. Esta votación, como se explicará más largamente después, sería bastante estable hasta el año 1973 y en su abrumadora mayoría obedecía a una identificación con la idea y con el prestigio político de Eduardo Frei.[6]

Ocurre algo semejante en otras ocasiones, en las que especula con cifras y porcentajes sin ningún respaldo documental, referidas también a las opiniones de la ciudadanía, esta vez en tiempos del gobierno de la Unidad Popular; así, por ejemplo sostiene que:

Es cierto que, preguntando quizás a los chilenos si les importaba mucho que estas empresas fueran propiedad del Estado (o de los “trabajadores”), no es improbable que la mitad o más hubiera aprobado un traspaso de propiedad, aunque no necesariamente esto implicase la expropiación sin compensación. Entre noviembre de 1970 y mediados de 1971, pensamos que en general una mayoría de los chilenos estaba todavía en este estado de ánimo, pero a la vez, tras el relajo inicial, iba creciendo en la mitad de los chilenos la alarma por la situación que se podía crear.[7]

Esta manera de insertar suposiciones tal como si fuesen información segura resulta en otras ocasiones mucho menos inocente, como cuando, por ejemplo, se refiere a los días siguientes a la elección presidencial de 1970:

Es posible que Eduardo Frei hubiese estado en una especie de depresión anímica. Algo de esto traslucía en las fotos de la época y en su semblante. Le parecía tan increíble lo que había sucedido que no es impensable, con estas señales, que su actitud pasiva se debiera a que en lo profundo de sus sentimientos deseaba ser depuesto por las fuerzas armadas. En Chile estaba el antecedente de 1924 que desembocó, en primera instancia, en el regreso triunfal de Arturo Alessandri. En segunda instancia, significó entregarle el poder a un tercero que rápidamente aferró la oportunidad en su puño, Carlos Ibáñez. Todas estas cosas deben de haber pasado por su mente, tanto como por la conciencia de que violentar el espíritu de la Constitución era ir contra una doctrina sostenida por él desde siempre. La situación en el gabinete tenía otra cara. Según Korry[8], Frei había dicho a algunos jefes militares que la situación le parecía terrible [aquí Fermandois cita archivo norteamericano]. Si no fue así, en todo caso, estos tienen que haber captado el ambiente de fin de mundo y de pesimismo más absoluto que se daba en las principales cabezas del Gobierno.[9]

Esta forma de historiar intercalando elucubraciones caprichosas y sesgadas con información obtenida de fuentes indubitables, como los archivos diplomáticos, que va marcando las tintas de la lectura, es por cierto muy perturbadora. Así también sorprende que en múltiples ocasiones Fermandois plantee afirmaciones muy relevantes sin que dé cuenta de su fuente de información. Ocurre, por ejemplo, cuando el autor da a entender que Frei habría actuado en conjunto con los militares que estaban organizando el golpe de Estado en 1973:

Los generales Sergio Arellano, Oscar Bonilla, Nicanor Díaz, los almirantes José Toribio Merino y Patricio Carvajal no operaban en un vacío ajeno al mundo civil. Ahora todas las fuerzas que pretendían terminar con la Unidad Popular querían establecer una prueba de fuego, ya que estaban convencidos [sic] de que sería la última oportunidad.[10]

[…]

Era en esta atmósfera en la cual las fuerzas armadas parecían converger más con la oposición que con el Gobierno, aunque este último prefería no reconocerlo, pues confiaba en que al final el alto mando del Ejército era su mejor garantía. Hasta donde es posible darse cuenta, para los oficiales era indiferente si se trataba de líderes de la derecha o de la Democracia Cristiana. De todos llegaban recados convocándolos a que hicieran algo. En particular, Eduardo Frei seguía muy relacionado con sus ex edecanes, los ahora generales Oscar Bonilla y Sergio Arellano, además del comandante de la Armada Eduardo Angulo Budge.[11]

También cuando se refiere al acuartelamiento del general Viaux en el Regimiento Tacna en octubre de 1969:

Toda la evidencia indica que no hubo ningún intento de golpe[12]. Fue otra “toma” para promocionar, de manera muy convincente eso sí, sus propias demandas. Después de la toma comenzó una negociación entre las partes, la que culminó con un acuerdo que en lo sustancial recogía las demandas por salarios y equipamientos. En este sentido, el Gobierno entregó la oreja de manera rotunda. Dos fenómenos, sin embargo, acompañaron esta realidad. Primero, que el Tacna fue rodeado por otras unidades del Ejército y de otras ramas, pero que no tenían la más mínima intención de emplear la fuerza. Cumplieron con las órdenes de trasladarse hasta allí, pero compartían sin ninguna duda la posición de los alzados[13].

Esta ausencia de las fuentes de información respecto a las actuaciones de las fuerzas armadas ocurre con mayor intensidad cuando el autor va conduciendo al lector hacia un creciente escalamiento del conflicto durante el año 73, e indicando señales de la planificación del golpe de Estado, haciendo presente las acciones que van ocurriendo en las distintas ramas de las fuerzas armadas. Como, por ejemplo, al tratar la llegada a Santiago de los mineros del cobre en paro en junio del 73:

La situación se veía más tensa, además, por la gran cantidad de sabotajes que comenzaron a producirse, especialmente en comunicaciones, caminos y en torres de alta tensión. Es de presumir que ya estaban en acción grupos de los servicios de inteligencia de las tres ramas, que comenzaban a participar en un esfuerzo por precipitar las condiciones de una intervención militar.[14]

De modo que nos vamos enterando de cómo se va gestando el golpe de Estado al interior del mundo militar, sin saber si Fermandois tiene conocimiento directo de fuentes militares o ha recogido testimonios orales o de qué otra forma pudo llegar al conocimiento de cuestiones tan reveladoras como las siguientes:

En realidad, a mediados de 1973 se podría decir que una inmensa cantidad de oficiales y hasta de suboficiales estaba conversando, deliberando y a veces efectuando planes de “hacer algo” contra la Unidad Popular. Esto se daba especialmente en los oficiales intermedios: capitanes, mayores y tenientes coroneles, capitanes de corbeta y capitanes de fragata. La mediana graduación explica en parte el alzamiento del llamado Tancazo. […]

Al menos desde los días de la ENU de fines de marzo y comienzos de abril de 1973, los oficiales intermedios comenzaron a hablar abiertamente entre ellos y a veces con sus jefes. […] Surgía todo tipo de planes disparatados de acción. Como hemos visto, es probable que ya muchos oficiales y otro personal de algunas ramas colaboraran con los métodos de acción directa de algunos grupos de oposición. A veces esto era simple terrorismo, aunque todavía sin muertos. A veces los oficiales jóvenes conminaban a sus jefes a la acción. Estos preferían aguardar con prudencia o no comprometerse en los hechos y no tenían nada claro qué se debería hacer.

El grupo que tenía más relación con los oficiales, que estaban siendo cada día más rebeldes, era Patria y Libertad. Operaba muy de cerca con núcleos de estos oficiales.[15]

En cuanto a las tesis que sostienen esta obra, es notorio que Joaquín Fermandois logra dar coherencia a lo largo de todo el libro a su interpretación sobre el gobierno de la Unidad Popular, y por tanto sobre el golpe de Estado. Llama la atención sin embargo que ésta se desenvuelva página tras página sin hacer nunca mención a las numerosas, diversas y divergentes interpretaciones que se han planteado sobre este problema histórico[16]. En ese sentido, es como si el libro se escribiera en una suerte de vacío historiográfico, a pesar de la extensa bibliografía consignada en las páginas finales y citada numerosas veces en este libro refiriendo a la información que ella contiene[17].

Le preocupa al autor que en la opinión pública y en la academia europea así como también norteamericana, prevalezca una opinión positiva tanto del gobierno de la Unidad Popular como de Salvador Allende, sostenida en la convicción errónea, a su juicio, de que se trataría de una experiencia socialdemócrata que buscaba hacer profundos cambios para terminar con las injusticias sociales preservando el sistema político democrático. Fermandois se propone en este libro demostrar el error de esta visión. Para ello, caracteriza a las fuerzas de izquierda y a Allende como actores centrales de esta historia en cuanto habrían precipitado la crisis política llevando al país a un callejón cuya única salida habría quedado en manos de las fuerzas armadas.

Si bien el autor afirma, como ya veíamos, que existe izquierda en Chile desde tiempos de la Independencia, también constata que a partir de la década de 1930 la izquierda chilena será marxista, y con ello la política chilena se redefinirá en la polaridad marxismo-antimarxismo, la que habría sucedido a la “antigua polaridad liberal-conservadora del siglo XIX”[18]. Por tanto —sostiene— la izquierda chilena, en todas sus vertientes partidarias, tendrá como meta la consecución de una sociedad socialista a semejanza de las que existieran en la Unión Soviética y luego en la República Democrática Alemana (la RDA comunista) y en la Cuba de Castro, las tres experiencias políticas que más influyeron en la izquierda chilena a juicio de Fermandois. De allí que cuando en Chile la izquierda hablaba de democracia no estaría entendiendo por ello la democracia liberal con Estado de derecho, como se la comprende en el mundo occidental, sino que estaría pensando en un régimen totalitario como el de las repúblicas democráticas de Europa del Este bajo el control soviético, concluye el autor.

Por lo mismo, la izquierda habría entendido la Constitución —particularmente la de 1925— como la concreción de las demandas del pueblo exigidas en una larga lucha política encarnada y conducida por ella misma, y por tanto, la Constitución no podría ser concebida o invocada como contención a dichas demandas. Por cierto, hace notar Fermandois, se trata de una concepción de la Constitución, y de la legalidad en general, que no se corresponde con el pensamiento político occidental. De allí que las fuerzas de izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular, si bien respetaron la letra de la Constitución, habrían vulnerado su espíritu, y en cuanto a la legalidad, recurrirían a los resquicios legales para torcerla a su favor. Esta postura política, ya decíamos, sería común a todas las fuerzas de izquierda, las cuales habrían utilizado el sistema democrático liberal prevaleciente en Chile para desde allí intentar destruirlo con el propósito de establecer un nuevo orden socialista marxista. En este contexto, la excepcionalidad de Chile que postula Fermandois consistiría en que el país tenía una sólida institucionalidad política democrática previa a la movilización de las fuerzas de izquierda, que es lo que explicaría por qué éstas tuvieron que adoptar la estrategia de funcionar dentro del sistema, dado que era la única manera en que podían “alcanzar el poder”, no obstante lo cual no renunciaron a utilizar medidas de fuerza para conseguir sus objetivos, como “los resquicios legales, las ‘tomas’, la movilización en general, la preparación clandestina de sus cuadros y la organización de grupos armados”[19].

Es a partir de la lógica derivación de sus postulados marxistas que Fermandois caracteriza a la izquierda chilena como una entidad homogénea y antisistémica. Dado que la mirada del autor se sitúa en el plano de los planteamientos políticos soslayando las actuaciones históricas, no le interesa detenerse a analizar el comportamiento de estas fuerzas de izquierda dentro del sistema político chileno, donde sí aparecen matices, conflictos entre ellas tensionados en gran medida por sus referentes internacionales —el PS, por ejemplo, era muy cercano a los Estados Unidos en los años 40[20]—, y cuando es evidente su constante participación en el sistema democrático, ya sea a través de la representación en el Congreso Nacional, como en el ejecutivo, con ministros de Estado y altos funcionarios. Esa historia partidista llena de matices no es de interés para Fermandois, en gran medida porque no le permite asentar su visión dicotómica de una historia de confrontación entre dos polos, en la cual no hay cabida posible a la negociación y al acuerdo, donde en el fondo la política es guerra. Por lo antedicho, a pesar de la existencia de dos partidos de izquierda con una larga historia de rivalidades entre ellos, a juicio del autor las diferencias entre socialistas y comunistas no serían significativas, pues ambos tendrían en común el objetivo final de llegar a establecer en Chile una dictadura marxista a la que llamaban democracia popular. Por lo mismo, cuando relata la historia del gobierno de la Unidad Popular, Fermandois no le otorga importancia a las tensiones entre ambos partidos (y los pequeños partidos que se posicionan en torno a éstos).

En cuanto al otro sujeto de esta historia, Salvador Allende, éste no sería el Presidente socialdemócrata que algunos quieren hacer creer. Por el contrario, siendo un socialista marxista, y muy cercano al Partido Comunista, desde sus primeras incursiones en política habría buscado, a juicio de Fermandois, llevar a Chile hacia el modelo marxista totalitario, aunque utilizando la “legalidad burguesa”, lo que a juicio del autor sería comparable “en términos abstractos” a “lo que hicieron los nazis en Alemania en 1933”[21]. Es más, asegura, para Allende, fuese como senador o luego como Presidente de la República, todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, eran legítimas. “Estaba seducido por los revolucionarios del estilo castrista”[22], sostiene Fermandois. Por eso, una vez instalado en La Moneda, se vinculó estrechamente con Fidel Castro, tuvo cercanía con el MIR que apostaba a la lucha armada incluso durante los años del gobierno de la Unidad Popular, convivió con los grupos paramilitares del Partido Socialista, toleró las tomas y las organizaciones del poder popular, y confió su seguridad personal al GAP[23], “un cuerpo paramilitar con instrucción de guerra” incrustado en “el corazón geográfico del Estado”, en la Presidencia de la República. Por lo demás, el papel que habría desempeñado Allende en aquellos tres años de gobierno habría sido más bien el de mediador de las diferencias al interior de la Unidad Popular —entre los partidos, la CUT y el MIR que fueron “los verdaderos actores”—; Allende habría sido el “corazón simbólico de todo el gobierno y de la Unidad Popular”, pero en ningún caso sería el líder carismático de la revolución marxista, sostiene Fermandois[24].

Por lo tanto, la historia del gobierno de la Unidad Popular se podría sintetizar, por una parte, en el intento de establecer en Chile una dictadura marxista, utilizando para este fin el sistema político democrático consolidado en el país, y, por otra parte, en el rechazo y resistencia a este intento, activado por una oposición que constituía al menos la mitad de la sociedad chilena. Se trataría de un enfrentamiento político entre dos mitades del país, una “guerra civil política”, concepto central acuñado por Fermandois para dar cuenta de la historia del gobierno de la Unidad Popular, y que define como “un estado anímico de guerra civil que se da en el cuerpo político”[25]. A pesar de no tratarse de una guerra civil propiamente tal, no se descartó en ella el uso de métodos violentos de confrontación armada por parte de los civiles, iniciado primeramente por parte del MIR y replicado en seguida por la organización paramilitar de derecha Patria y Libertad, argumenta Fermandois.

El autor descarta de plano que en esta historia tenga relevancia alguna la intervención extranjera. Si bien reconoce que la hubo, ésta no habría sido significativa en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos en la medida en que éstos habrían respondido únicamente a las acciones de las fuerzas políticas chilenas. Prueba de ello sería que el intento de evitar que asumiera Allende por parte del gobierno de Nixon fracasó. Además, la intervención extranjera se habría dado en iguales condiciones respecto a los dos bandos en pugna. Por ejemplo, si los Estados Unidos financiaron la prensa de oposición, la RDA y la URSS enviaron maquinarias para la prensa de izquierda; y si Estados Unidos hizo aportes a las campañas presidenciales chilenas, también lo hicieron los países del bloque soviético, argumenta[26]. Así, las potencias interventoras se neutralizan entre sí y la historia corre sólo por carriles locales, es decir, nacionales, a la vez que el conflicto se presenta siempre entre dos fuerzas de igual magnitud y capacidad de lucha.

Fermandois sostiene que la crisis política chilena tiene un origen muy preciso: el triunfo de Salvador Allende en la elección presidencial de 1970[27], es decir la crisis se desencadenaría a causa del control del gobierno por las fuerzas marxistas, a raíz de lo cual el país se divide en dos mitades que se enfrentan entre sí. En efecto, en el primer año del gobierno de izquierda, en el cual la sociedad está a la expectativa de los sucesos y en el que la política económica logra muy buenos índices, la Unidad Popular logra aumentar su votación desde un tercio del electorado al 50%. Esto lleva a que la oposición tenga que coordinar esfuerzos, especialmente después del asesinato de Pérez Zujovic en junio del 71, lo que va produciendo una alianza entre quienes hasta entonces eran enemigos políticos: la Democracia Cristiana y la derecha, quienes van a ir concretando su entendimiento a través de acuerdos electorales desde inicios del año 72.

Así fue como el país quedó dividido en dos mitades confrontadas entre sí, las cuales desde el Paro de Octubre de 1972 hasta el 11 de septiembre de 1973 se enfrentarán en una “guerra civil política”, en medio de una crisis multidimensional. El relato de los acontecimientos va entonces trasmitiendo la vivencia de la tensión propia de una situación caracterizada como bélica, como cuando estando cerca del Paro de Octubre el autor constata: “Los frentes estaban armados y animados tal cual en julio de 1914. Una chispa encendería el fuego”[28]. A comienzos de 1973, con la consigna de la izquierda de avanzar sin transar, “las reglas del juego del sistema, el espíritu constitucional, se habían convertido en polvo”, y “solo la actitud más rebelde podría detener un proyecto totalitario”, concluye el autor[29]. En efecto, ese mismo año 73, después de las elecciones parlamentarias de marzo en las que la Unidad Popular obtuvo más del 40% de los votos, los partidos de izquierda se prepararon “para una batalla, en general política, pero que algunos la empezaron a diseñar como militar” y, agrega Fermandois: “Las partes avanzaban tomando posición, lo que no hacía más que dividir cada día más a Chile en dos bandos irreconciliables entre sí”[30].

La “guerra civil política” se dio en todos los planos e involucró a la sociedad completa, a la vez que impactó la vida cotidiana de todos sus habitantes. Las fuerzas armadas no podían mantenerse al margen, si además eran cortejadas por el gobierno y por la oposición. Serían uno y otro bando en el que estaba dividido el país los que convocaran a las fuerzas armadas a dirimir el conflicto político cada día más profundo. De modo que si el grupo paramilitar Patria y Libertad tuvo vinculaciones con “oficiales jóvenes” éstas fueron “de una manera poco organizada, de empatías más o menos espontáneas” que en todo caso “eran un complemento y una oposición a las que el MIR había desarrollado con oficiales y sobre todo con personal de tropas en el Ejército y, como bien sabemos, entre la marinería de la Armada”, sostiene Fermandois. Más aún, asegura: “Existía la penetración orgánica de los principales partidos marxistas al interior de las fuerzas armadas, en especial entre suboficiales y personal que en la jerga se llama ‘clases’”[31].

Concretamente, la guerra civil política llegaba a los uniformados —a los altos mandos y a los oficiales— a través de sus familias, las que, como todos los chilenos, participaron de ésta, argumenta Fermandois. “El lenguaje de la política ingresó en buena medida a los cuarteles por la vía de los hogares, en especial a través de esposas e hijas de muchos oficiales que empezaban a participar en actividades de base de oposición”[32]. Es que, si bien los dos bandos en pugna buscaron resolver el empate apelando a las fuerzas armadas, éstas se fueron situando en contra del gobierno de la Unidad Popular, dado que su “inclinación ‘normal’ era sentirse parte de un mundo occidental al cual Chile debía lealtad”[33]. Dicho de otra manera: “Junto con la polarización del país, comenzó a fortalecerse esa ley de probabilidades que hacía que los oficiales tendieran más a un polo antimarxista que a uno marxista”[34].

Es decir, las fuerzas armadas, acostumbradas a no deliberar[35], habrían actuado tardíamente[36] y como reacción al llamado de los civiles. En otras palabras, a juicio del autor, el golpe de Estado de septiembre de 1973 debe ser entendido como la consecuencia inevitable de la “guerra civil política”, es decir, habría sido responsabilidad de los civiles, y particularmente debe ser comprendido como una consecuencia del intento de la izquierda de establecer una dictadura marxista en Chile. Por eso, no estaríamos ante una conspiración sino que ante un proceso de toma de decisión que había sido paulatino, pero sostenido. Asegura Fermandois:

La idea de que habría que “hacer algo” y que esto se parecería demasiado a un golpe no fue un proceso rápido, aunque cristalizó en los once meses que duró lo que hemos llamado la guerra civil política. Esto ya sería incontrarrestable a partir del Tancazo, aunque una mecha inicial estuvo en la reunión del 11 de abril en el Ministerio de Defensa para debatir la ENU. […] De allí en adelante, a veces reculando, pero en general proyectándose para adelante, la avalancha seguiría su curso hasta el final. Este final fue el momento en que los que estaban decididos a tomarse el poder se pusieron a la cabeza de los oficiales. En la marina esto sucedió definitivamente entre julio y agosto. En la FACH fue en la segunda mitad de agosto con un tiempo-eje que fue el reemplazo de César Ruiz Danyau por Gustavo Leigh Guzmán en la jefatura de la institución. En el Ejército sucedió entre los días 9, 10 y 11 de septiembre en la madrugada. En Carabineros sucedió en el curso de la mañana del 11 de septiembre.[37]

El libro termina con el golpe de Estado y el suicidio de Allende, el cual es interpretado como una clausura al sistema político democrático del país. Dice el autor en el capítulo dedicado a éste:

Allende, al escoger la muerte que tuvo, parece que quería clausurar los rasgos políticos tradicionales de Chile. La idea de que lo que viniera después fuera una especie de restauración democrática sería imposible una vez derramada la sangre del Presidente en una batalla final. El fermento revolucionario tendría de dónde alimentarse por tiempo indefinido.[38]

Podemos entender por tanto que la prolongación en el tiempo de una larga dictadura militar vendría a explicarse no por el carácter de los hombres de armas que la encarnaron sino por la acción final de Allende, su decisión de quitarse la vida.

Curiosamente, el autor ha titulado su libro La revolución inconclusa, es decir, el 11 de septiembre habría dejado a la revolución socialista en la condición de “inconclusa”. No es que ésta fuese derrotada o que hubiese fracasado. Queda inconclusa, nos lo explica Fermandois en el prólogo, por cuanto el proceso revolucionario iniciado bajo la Unidad Popular tenía como norte culminar en la sociedad socialista marxista, en la revolución propiamente tal. En la medida en que para el autor la revolución no concluye en el fracaso o en la derrota, el final del libro trasmite la impresión de que la revolución podría ser reactivada. Por de pronto, sostiene que “en el largo plazo de la historia contemporánea hubo un triunfo simbólico que perteneció a Salvador Allende”[39]. Ello fue así porque con su muerte

Allende podía confirmar lo que había sido un elemento esencial de su mundo de ideas y sentimientos políticos: la izquierda que encabezaba él era el único sentido de democracia que podía haber, que el proceso era irreversible, que no se podía regresar simplemente a 1970. La democracia chilena, desde esta perspectiva, era lo que iba siendo a medida que se desarrollaba, es decir, a medida que fuera personificada por el tipo de fórmula política que había representado Salvador Allende y en la medida en que hubiera un período de transición hacia la sociedad socialista tal como él y los suyos la habían visto en muchas partes del mundo.[40]

Tales son las líneas finales del libro. Así, si la “revolución inconclusa” termina violentamente, el libro de Fermandois termina abruptamente, y con el autor, al parecer, políticamente derrotado. Hizo falta un epílogo; hizo falta el relato sobre la enorme violencia desplegada tras el golpe de Estado y que se intentara una explicación sobre ella; hizo falta un epílogo donde se continuara la historia de esta izquierda chilena más allá del 11 de septiembre, en Chile y en el exilio, particularmente importante en la RDA y Cuba, países socialistas que a lo largo del libro tienen un relevante protagonismo. De lo contrario, el lector ha quedado con la impresión de que el autor minimiza la violencia: por de pronto destaca que en el bombardeo de La Moneda nadie murió[41], y asegura que la decisión de los oficiales de sacar a Allende fuera de Chile era veraz. La voz de Pinochet incitando a que el avión fuera derribado en el mar, recogida en la grabación que Patricia Verdugo puso en conocimiento de todos, le parece a Fermandois tan sólo “comentarios de mal gusto de Pinochet”[42]. Sin un epílogo y con el párrafo final que hemos transcrito puede quedar la impresión de que según el autor la izquierda de los años de la Unidad Popular —para quien la democracia era sólo instrumental al logro de la sociedad socialista identificada con la dictadura del proletariado— sería fundamentalmente la misma hasta hoy.

Es cierto que el historiador debe tomar la difícil decisión de determinar cuándo concluir una historia, así como tiene que decidir cuándo comenzar. Si la crisis chilena a juicio de Fermandois se inició en la elección presidencial de 1970, habría sido conveniente comenzar allí el libro, lo que habría permitido cerrar con un epílogo sobre la violencia y el exilio, tan relevante políticamente. Habría sido una historia más breve pero más compacta y con mayores proyecciones al presente; también hubiese podido contar con un público lector mejor definido, quizás aquel lector que ha buscado Fermandois al escribir este libro, aquel que pudiese hacer suya la interpretación sobre el período que porta esta obra, crítica de la izquierda, de Allende, del gobierno de la Unidad Popular, y particularmente cercana a las sensibilidades y la racionalidad que caracteriza la visión de mundo de las fuerzas armadas. EP

1 Fermandois no explica por qué habría que remontarse a los inicios de la República para entender a la izquierda chilena y al gobierno de la Unidad Popular. Tampoco recoge —ni para discutir u objetar ni para confirmar— las tesis de quienes han establecido continuidades desde la Independencia hasta la Unidad Popular. Por ejemplo, Gabriel Salazar ha creado una especie de morfología de los procesos políticos chilenos desde la Independencia a la actualidad, según la cual se enfrentan permanentemente los productores con los mercaderes, los cuales, en cuanto clase político-militar, continuamente reprimirán los intentos del pueblo —productor— por ejercer efectivamente su soberanía. Por su parte, Alfredo Jocelyn-Holt en La Independencia de Chile sostiene que el republicanismo adoptado desde los inicios del proceso de independencia si bien le permite a la elite decimonónica controlar el poder político durante más de un siglo, a la vez tiene tales proyecciones que es este mismo republicanismo decimonónico el que, dando cabida a un proceso revolucionario que comienza en la década de 1960, permite que Allende llegue a la Presidencia. Gonzalo Vial argumentó que para comprender el golpe de Estado del 73 había que remontarse hasta mediados del siglo XIX cuando se expresa el primer quiebre del consenso doctrinario católico, pues sería en la ruptura de los consensos donde radicaría el quiebre de la sociedad chilena en los 70.

2 Son muchos los trabajos que se han publicado sobre la historia de los partidos políticos de la izquierda chilena (Ramírez Necochea, Jobet, Drake, Faúndez, Moulian, Angell, Varas, etcétera). En cuanto a la derecha chilena, en mi libro Con las riendas del poder me hago cargo de una extensa discusión teórica extranjera sobre qué es ser de derecha para concluir que sólo hay derecha en Chile a partir de la década de 1930.

3 Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013), 41.

4 Ibídem, 89.

5 Dice Eric Hobsbawm en la introducción de su libro Historia del siglo XX, 1914-1991: “Mi propósito es comprender y explicar por qué los acontecimientos ocurrieron de esa forma y qué nexo existe entre ellos. Para cualquier persona de mi edad que ha vivido durante todo o la mayor parte del siglo XX, esta tarea tiene también, inevitablemente, una dimensión autobiográfica, ya que hablamos y nos explayamos sobre nuestros recuerdos (y también los corregimos). Hablamos como hombres y mujeres de un tiempo y un lugar concretos, que han participado en su historia en formas diversas. Y hablamos, también, como actores que han intervenido en sus dramas —por insignificante que haya sido nuestro papel—, como observadores de nuestra época y como individuos cuyas opiniones acerca del siglo han sido formadas por los que consideramos acontecimientos cruciales del mismo. Somos parte de este siglo, que es parte de nosotros. […] Para el autor del presente libro, el 30 de enero de 1933 no es una fecha arbitraria en la que Hitler accedió al cargo de canciller de Alemania, sino una tarde de invierno en Berlín en que un joven de quince años, acompañado de su hermana pequeña, recorría el camino que le conducía desde su escuela, en Wilmersdorf, hacia su casa, en Halensee, y que en un punto cualquiera del trayecto leyó el titular de la noticia. Todavía lo veo como en un sueño”. (Barcelona: Crítica, 1995, 13-14)

6 Fermandois, La revolución inconclusa, 153.

7 Ibídem, 391.

8 Edward Korry era el embajador de los Estados Unidos en Chile en 1970.

9 Fermandois, La revolución inconclusa, 340.

10 Ibídem, 737.

11 Ibídem, 738.

12 El autor no presenta evidencia alguna. Fermandois tiene que postular que no había intento de golpe de Estado en la insubordinación de Viaux porque su interpretación sobre la actuación de los militares durante el gobierno de la Unidad Popular se sostiene en que las fuerzas armadas fueron efectivamente no deliberantes y apolíticas desde fines de 1932 hasta el mismo año 73, a lo más el 72.

13 Ibídem, 179.

14 Ibídem, 664-665.

15 Ibídem, 661. Para confrontar otros ejemplos de información sobre las fuerzas armadas sin referencias sobre las fuentes que la respalden, véanse también las páginas 575-576, 652-661, 665-668, 697-705, 758, 761-762.

16 Por ejemplo: Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile (primera edición en castellano: Flacso, 1978); Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Ediciones La Ciudad, 1981); Gonzalo Vial Correa, “Decadencia, consensos y unidad nacional en 1973” en Dimensión Histórica de Chile N°1, 1984; Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulian, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile (Lom, 1993); James Whelan, Desde las cenizas: vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile 1833-1988 (Zig-Zag,1993); Alfredo Jocelyn-Holt, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar (Planeta, 1998); Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile (Lom, 1999); Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal (Sudamericana, 2001); Luis Corvalán Márquez, Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile (Sudamericana, 2001); Tomás Moulian, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (Lom, 2006), etcétera.

17 Aunque no siempre se cita cuando corresponde a los autores referidos en la bibliografía, es particularmente notorio cuando el autor especula sobre el pensamiento de Carlos Altamirano en las páginas 289, 297 y 746 sin referirse a los dos principales libros de entrevistas a Altamirano, el de Patricia Politzer (1990) y el de Gabriel Salazar (2010), aunque sí los cita en las páginas 759, 760 y 763.

18 Fermandois, La revolución inconclusa, 74. La polaridad marxismo-antimarxismo que el autor instala en los años 30 le lleva a sostener que: “Incluso se podría decir, con su cuota de exageración, que en Chile la Guerra Fría comenzó antes que la Guerra Fría del sistema internacional” (186). Tan anacrónica afirmación no permite dar cuenta de las alianzas multipartidistas en la conducción del Estado en la década de 1940, que contó con participación en el gobierno desde el Partido Liberal al Partido Comunista, a veces en un mismo gabinete.

19 Ibídem, 240.

20 Tanto así que la mitad de los parlamentarios del Partido Socialista votaron a favor de la proscripción del Partido Comunista al aprobar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948.

21 Fermandois, La revolución inconclusa, 232.

22 Ibídem, 232.

23 GAP: Grupo de Amigos Personales, guardia armada formada por civiles, militantes de izquierda, que resguardaba la seguridad presidencial durante el gobierno de Allende. Véase Cristián Pérez I., “Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El Grupo de Amigos Personales (GAP)”, en Estudios Públicos 79, 2000.

24 Fermandois, La revolución inconclusa, 368-369 y 482-485.

25 Ibídem, 584.

26 No convence el argumento de que la intervención en Chile de las dos potencias en pugna durante la Guerra Fría hubiese sido de la misma magnitud. Véase Tanya Harmer, Allende’s Chile & the Interamerican Cold War (The University of North Carolina Press, 2011).

27 Ya decíamos, Fermandois prescinde de la discusión historiográfica en este libro. Por lo tanto, no debate con las numerosas interpretaciones sobre la crisis política chilena que son contradictorias con la suya. Así, para Arturo Valenzuela la crisis chilena tiene sus orígenes en la ocupación del centro político por la Democracia Cristiana, partido que postulaba el camino propio impuesto sin negociaciones, sin acuerdos. Tomás Moulian, en la misma línea, desarrolló la idea de la Democracia Cristiana como centro centrífugo, que expulsa a las otras fuerzas políticas hacia una radicalización. Mario Góngora con su noción de las planificaciones globales también remontó la crisis al gobierno de la Democracia Cristiana, primera experiencia política que caracteriza como de planificación global. Gonzalo Vial va más atrás históricamente adjudicándole la causa a la ruptura del consenso en la sociedad chilena fruto de los procesos de laicización. Alfredo Jocelyn-Holt centra su interpretación en la híper-movilización social provocada por la DC e intensificada a partir de 1967. Gabriel Salazar ve en el golpe de Estado de 1973 la reiterada respuesta de la “clase política-militar” a los intentos del pueblo de ejercer su soberanía.

28 Fermandois, La revolución inconclusa, 565.

29 Ibídem, 602.

30 Ibídem, 619.

31 Ibídem, 573. Ya lo decíamos, cuando aporta información tan relevante sobre las fuerzas armadas Fermandois no da cuenta de sus fuentes de información.

32 Ibídem, 704.

33 Ibídem, 656.

34 Ibídem, 698.

35 Fermandois sostiene que las fuerzas armadas chilenas fueron apolíticas, no deliberantes, desde fines de 1932. Para el autor, los complots de la década entre 1945 y 1955 serían una excepción pues sólo involucraban al Ejército, y en éste al ibañismo (p. 653). Otra excepción lo constituiría “la presencia de inquietudes sociales al interior de las filas, expresadas principalmente entre los suboficiales y el personal de tropa”, en este caso, de la Armada, concretamente en 1947 y 1961 (p.653). Posteriormente, en 1969, el Tacnazo, que “dejó una estela de pequeñas conspiraciones de oficiales, en especial en el Ejército, para intervenir en política y ‘salvar al país’” (p. 657). Demasiadas “excepciones” como para seguir insistiendo en el apoliticismo de unas fuerzas armadas no deliberantes durante el siglo XX.

36 El autor no recoge los indicios de una temprana infiltración militar en los grupos paramilitares de izquierda y en las organizaciones más combativas de la Unidad Popular.

37 Fermandois, La revolución inconclusa, 705.

38 Ibídem, 233.

39 Ibídem, 769.

40 Ibídem, 770.

41 Ibídem, 768.

42 Ibídem, 765.