Revista de Políticas Públicas

Nº 135 invierno 2014

www.cepchile.cl

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Director Responsable: Harald Beyer B.

Editor: Ernesto Ayala M.

Asistente Editorial: Joaquín Trujillo S.

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos publicados en la primera sección de Estudios Públicos han sido previamente sometidos a un arbitraje ciego por al menos dos especialistas externos al CEP. Los trabajos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni del Centro de Estudios Públicos.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Artículo

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: APLICACIÓN DE IMPUESTOS Y PERMISOS DE EMISIÓN EN CHILE*

Cristóbal de la Maza

Fundación Chile

Sandra Briceño

M. del Medio Ambiente

Isabel Rojas

M. del Medio Ambiente

Paulina Schulz

M. del Medio Ambiente

Julio Recordón

M. del Medio Ambiente

Luis Abdón Cifuentes

P. Universidad Católica

Cristóbal de la Maza Guzmán. Ingeniero civil de industrias, P. Universidad Católica de Chile. Consultor en Fundación Chile. Estudiante de PhD en el Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de Carnegie Mellon University. Email: cristobal.delamazag@gmail.com.

Sandra Briceño Pérez. Economista, Universidad Nacional de Colombia. Ms.C. Economía de recursos naturales y del medio ambiente, Universidad de Concepción. Trabaja en el Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA). Email: sandra.briceno@gmail.com.

Isabel Rojas Astorga. Economista, Universidad de Chile. Trabaja en el Departamento de Economía Ambiental del MMA. Email: isabel.rojas.astorga@gmail.com.

Paulina Schulz Antipa. Ingeniero civil de industrias, P. Universidad Católica de Chile. Master en economía y finanzas, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid. Trabaja en el Departamento de Economía Ambiental del MMA. Email: paulina.schulz@gmail.com.

Julio Recordón Hartung. Abogado, P. Universidad Católica de Valparaíso. Trabaja en la División Jurídica del MMA. Email: jrecordh@gmail.com.

Luis Abdón Cifuentes. PhD en Ingeniería y Políticas Públicas de Carnegie Mellon University. Profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de la P. Universidad Católica de Chile. Email: lac@ing.puc.cl.

* Los autores señalan que los puntos de vista desarrollados en este artículo son estrictamente personales y no representan, en absoluto, a ninguna de las instituciones donde hoy trabajan. Agradecen, además, la colaboración de Carlos Chávez, Ricardo Katz, Raúl O’Ryan y Lucas Sierra en el desarrollo de este trabajo. También mencionan la deuda con los árbitros anónimos por sus valiosos comentarios. Se reconoce, por último, el apoyo de la Subsecretaria de Medio Ambiente durante el año 2013. Asumen, sin embargo, que todo error es de su responsabilidad.

Resumen: La contaminación atmosférica es una de las principales preocupaciones en materia ambiental en Chile. A nivel internacional existe un interés creciente por el uso de instrumentos económicos como medio de control, debido a su mayor eficiencia y flexibilidad. El presente artículo presenta el desempeño de dos instrumentos económicos aplicables en planes de prevención o descontaminación: impuestos a las emisiones y permisos de emisión transables. El análisis evalúa el desempeño de estos instrumentos de acuerdo con su eficiencia económica y otras consideraciones de índole jurídica. A su vez, se discuten los principales elementos de ambos instrumentos en una aplicación práctica en Concepción metropolitano, evidenciando la importancia de su habilitación legal.

Palabras clave: Contaminación atmosférica; permisos de emisión transables; impuesto a las emisiones; plan de descontaminación.

Recibido: noviembre 2013; aceptado: julio 2014.

ECONOMIC INSTRUMENTS TO MANAGE AIR QUALITY: THE USE OF TAXES AND EMISSION PERMITS IN CHILE

Abstract: Air pollution is a major environmental concern in Chile. There is a growing international interest in the use of economic instruments to abate pollution considering they are more efficient and flexible. This study looks at the performance of two economic instruments used in prevention or decontamination plans: emissions taxes and tradable emission permits. The paper evaluates the performance of these instruments based on their economic efficiency and other legal considerations. The main elements of both schemes are also discussed in a case study on Greater Concepción, which shows the importance of making these instruments law.

Keywords: Air pollution, tradable emission permits (TEP), emission taxes, decontamination plan.

Received: November 2013; accepted: July 2014.

1. Introducción

En Chile, la contaminación atmosférica ha sido una de las principales preocupaciones en materia ambiental. La necesidad de su regulación obedece esencialmente al impacto que tienen contaminantes sobre la salud de las personas, lo que se manifiesta en casos de morbilidad y mortalidad asociados a enfermedades cardiorrespiratorias y sus respectivas consecuencias en el bienestar social. Ya en el año 1961 se dictó la primera normativa específica en esta materia a través del Decreto Supremo N.° 144, del Ministerio de Salud, “Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza”. Posteriormente, en 1978, se dictó la Resolución N.° 1215 del mismo ministerio, “Normas sanitarias mínimas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica”.

Desde la promulgación de la Ley N.º 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, el año 1994, se han establecido normas de calidad primaria que establecen las concentraciones atmosféricas máximas para Pb, MP2,5, NO_2, CO, MP_10, SO_2 y O_3. A su vez, se cuenta con una variada gama de instrumentos de gestión ambiental, que permiten abordar el problema de la calidad del aire de una manera integral. Los instrumentos establecidos en la Ley N.º 19.300, modificada por la Ley N.º 20.417, son, entre otros: educación e investigación; evaluación ambiental estratégica; sistema de evaluación de impacto ambiental; normas de calidad ambiental; normas de emisión; y planes de manejo, prevención o descontaminación.

Con el fin de dar cumplimiento a las normas de calidad establecidas se ha desarrollado una serie de Planes de Prevención Atmosférica (PPA) y Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), que consideran el cumplimiento gradual de las normas establecidas, principalmente a través de exigencias de tipo comando y control. Las dos principales formas de comando y control utilizadas corresponden a estándares tecnológicos y a estándares de desempeño. Los primeros establecen el uso de una tecnología de abatimiento específica (e.g. lavador de gases o filtro de mangas), mientras que los segundos pueden establecer concentraciones o flujo másico máximo en el efluente de descarga para ciertos contaminantes.

Este tipo de instrumento deja poca flexibilidad a las fuentes afectadas para el cumplimiento, generando mayores costos de reducción de emisiones. En el caso de Chile, se ha optado principalmente por establecer estándares de desempeño mediante normas de emisión, como la norma de emisión para motocicletas[1], norma de emisión para incineración y coincineración[2], norma de emisión para centrales termoeléctricas[3], norma de emisión para calefactores[4], entre otras.

No obstante los esfuerzos realizados, el problema de calidad del aire persiste y lograr las metas de reducción es (en el margen) cada vez más costoso, lo que obliga a buscar soluciones eficientes, como por ejemplo instrumentos económicos. El objetivo de este tipo de instrumentos es proveer incentivos a los agentes regulados para que disminuyan sus emisiones, dando flexibilidad en el modo en que se logra la reducción de las mismas. Los más relevantes corresponden a cargos por emisión, permisos transables, sistemas de depósito y reembolso, bonos por desempeño, subsidios y pago por pasivos (OECD 1999). La OCDE reconoce las ventajas de este tipo de herramientas, y en su “Evaluación de desempeño ambiental del país” (OECD 2005) recomienda introducir instrumentos económicos, como cargos por emisión y mejoras a los mecanismos de creación de mercado, mientras que el informe OCDE de 2013[5] sugiere el uso de permisos transables para avanzar en la descontaminación de zonas urbanas.

El uso de instrumentos económicos en Chile es más bien limitado. La aplicación más desarrollada corresponde al esquema de cupos transables en la Región Metropolitana[6], experiencia pionera en países en vías de desarrollo, que incorpora elementos de mercado al control de la contaminación y proporciona a las empresas flexibilidad para cumplir con sus metas de emisión (Sánchez et al. 2002, 267-287). Existe también experiencia en el uso de instrumentos económicos para el manejo sustentable de recursos naturales, donde destaca el “Código de aguas”7, que determina el establecimiento de derechos de aprovechamiento sobre el recurso hídrico y reglas de transacción de estos, y la “Ley general de pesca y acuicultura”[8], que establece cuotas de pesca que pueden ser transadas entre los tenedores.

Chile ha analizado por más de una década la factibilidad de implementar dichos mecanismos para la gestión de la contaminación. En julio de 2003, se ingresó al Congreso el “Proyecto de ley sobre bonos de descontaminación”[9], sin llegar a aprobarse la idea de legislar. Siete años más tarde se retomó la discusión con un anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre la promoción de instrumentos de incentivo a la adopción de tecnologías limpias, como permisos transables e impuestos a las emisiones, anuncio que finalmente no se concretó[10].

A su vez, durante el año 2012 se estudió la posibilidad de introducir un impuesto verde como instrumento económico para la gestión de residuos en el marco de la reforma tributaria. Este impuesto verde se orientaría a productos de corta vida útil y largo período de degradación[11]. Sin embargo, tras analizar los costos y beneficios de este instrumento, se llegó a la conclusión de que la forma más efectiva de aumentar las tasas de reciclaje era a través del instrumento económico conocido como “Responsabilidad extendida al productor”[12], ampliamente utilizado en más de 45 países, el cual obliga a empresas fabricantes o importadoras de productos prioritarios a hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil.

Más tarde, en abril de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reforma tributaria[13] que incluye la habilitación de cargos por emisiones de contaminantes locales (NOX, SOX, MP) y globales (CO_2). El impuesto se determinaría en función del costo social por unidad de contaminación. El proyecto de ley fue despachado el 20 de mayo al senado para su segundo trámite constitucional donde, como es bien conocido, se acordaron cerca de 200 modificaciones, aprobadas recientemente por amplia mayoría.

Como se observa, se han discutido varias propuestas de instrumentos económicos sin que ninguna —cuando se publica este artículo, a primeros días de septiembre de 2014— se haya concretado. El presente trabajo describe las ventajas y desventajas de instrumentos económicos alternativos para la gestión de la calidad del aire, permisos de emisión transables e impuestos a las emisiones, en el contexto normativo chileno. Con esto se busca contribuir a la discusión pública en esta materia, resaltando los beneficios de avanzar desde esquemas de comando y control a instrumentos económicos, así como los principales elementos a considerar en su diseño.

El documento tiene la siguiente estructura: además de la introducción ya realizada, en la sección 2 se presentan consideraciones generales jurídicas y de eficiencia económica relativas a sistemas de permisos de emisión transables e impuestos; en la sección 3 se evalúan los costos y beneficios de ambos instrumentos y sus principales componentes, y finalmente, en la sección 4, se plantean algunas consideraciones finales.

Para ilustrar de mejor forma el análisis, se decidió enmarcarlo en un estudio de caso, simulando la implementación de estos mecanismos en Concepción metropolitano. Se seleccionó este caso particular ya que cuenta con una industria desarrollada, una alta población y es una de las pocas urbes en Chile (junto con el Gran Santiago) con las condiciones adecuadas para introducir estos esquemas. El Decreto 41/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia declaró las comunas de Concepción metropolitano como zona latente por MP_10. Dicha declaración dio origen al requerimiento de implementar un Plan de Prevención Atmosférica (en adelante PPA), cuyo objetivo es prevenir que se alcance una situación de saturación en la zona. El presente análisis podría ser un aporte en la conformación de dicha regulación.

2. Sistemas de permisos de emisión transables e impuestos

Los instrumentos económicos más utilizados para la gestión de la calidad del aire son dos: los sistemas de permisos de emisión transables, conceptualizados como instrumentos de cantidad ––o cap and trade––, que imponen un límite máximo de emisiones en un área geográfica, y los impuestos a las emisiones, conceptualizados también como instrumentos de precio. Los instrumentos de cantidad entregan certeza en la reducción de emisiones esperada, mientras que los instrumentos de precio entregan certeza en el costo del control de emisiones, llamado también costo de abatimiento.

Ambos instrumentos incentivan a las empresas a reducir su contaminación, ya que, mientras menos emisiones generen, menos permisos necesitarán comprar o, bien, menos impuestos deberán pagar. De esta forma, las empresas reducirán emisiones mientras sus ahorros marginales sean iguales o menores al precio de los permisos o al nivel de impuesto, mientras puede ocurrir que empresas con altos costos relativos prefieran no reducir sus emisiones cuando les resulte más económico comprar permisos en el mercado o pagar el impuesto por emisión.

Las figuras A1 y A2, en la sección de Anexos, muestran la experiencia internacional en el uso de impuestos y sistemas de permisos de emisión transable para contaminantes locales respectivamente. Cabe la discusión sobre el tipo de instrumento económico preferible de implementar en Chile, teniendo en cuenta tanto factores teóricos de eficiencia como factores políticos y legislativos relevantes para una posible implementación.

2.1. Consideraciones de eficiencia económica

En ausencia de incertidumbre en costos de abatimiento y costos de transacción, la eficiencia de un sistema de permisos de emisión transables es equivalente a la de un sistema de impuestos (Goodkind et al. 2012; Hepburn 2006). No obstante, hay autores que exploran el desempeño de ambos instrumentos cuando esas condiciones no se cumplen.

Weitzman (1974) considera incertidumbre en los costos de reducción de emisiones y propone que la pertinencia de instrumentos de cantidad versus instrumentos de precio dependerá de las pendientes relativas de las funciones de costo y beneficio marginal, mostrando que los instrumentos de precio serán preferibles cuando la curva de beneficios marginales tiene pendiente menor que la curva de costos marginales. En caso contrario, los instrumentos de cantidad serían preferibles.

La línea argumental de Weitzman supone beneficios marginales decrecientes en el nivel de abatimiento, sin embargo, hay evidencia de que para MP2,5 los beneficios marginales aumentan al incrementarse el nivel de control (Pope et al. 2011). Este escenario es analizado por Goodkind et al. (2012), quienes muestran que en algunas situaciones una regulación de cantidad es equivalente a una de precios, pero en otras, una regulación de precio es preferida.

La figura 1 grafica uno de los escenarios analizados por Goodkind et al. (2012). La figura 1a) muestra que para beneficios marginales crecientes e incertidumbre en los costos, la pérdida al fijar la reducción en q* (regulación de cantidad) es siempre mayor a la pérdida de fijar un impuesto p* (regulación de precios). Análogamente, la figura 1b), esquematiza incertidumbre en los beneficios marginales, en que la fijación de un impuesto p* o de una reducción q* conllevarían siempre al mismo resultado (p*, q*), lo que implica la misma pérdida social y, por lo tanto, hace a ambas regulaciones, de precio y de cantidad, equivalentes.

Como se puede observar para el caso de Concepción metropolitano, la figura 2a) muestra que, en el caso de incertidumbre en la curva de costo marginal, la pérdida social alcanzaría 1,5 millones de dólares. Al contrario, la pérdida asociada al fijar un impuesto es despreciable, debido a que la curva de beneficios marginales es prácticamente constante. La figura 2b) muestra que, en el caso de beneficios inciertos, la pérdida alcanzaría 5,4 millones de dólares por año en ambos casos.

Otros autores plantean que, pese a que los instrumentos de precio aparecen económicamente más eficientes (como en este caso particular), existen factores —como capacidad de fiscalización, información incompleta, poder de mercado, impactos sinérgicos y acumulativos, innovación tecnológica, la presencia de otros impuestos en la economía que distorsionen los precios finales de los insumos, entre otros— que afectarán la pendiente de las curvas de costos y beneficios marginales de abatimiento, y, por lo tanto, la recomendación final sobre el instrumento. Es por esto que la decisión de idoneidad debe tener en cuenta estas consideraciones y otras, de índole jurídica[14].

Figura 1. Pérdida social mediante una regulación de precios (p*) o mediante una regulación de cantidad (q*), para dos escenarios de incertidumbre

CMg: Costo marginal. BMg: Beneficio marginal.

a) Incertidumbre en costos con beneficios marginales crecientes

b) Incertidumbre en beneficios con beneficios marginales crecientes

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 2. Pérdida social en una regulación de precios (p*) o en una regulación de cantidad (q*), para dos escenarios de incertidumbre, simulado para concepción metropolitano

CMg: Costo marginal. DMg: Daño marginal.

a) Incertidumbre en costos al regular el precio mediante impuestos (p*) o al regular en cantidad, al fijar la reducción de emisiones (q*)

b) Incertidumbre en beneficios al regular el precio mediante impuestos (p*) o al regular en cantidad, al fijar la reducción de emisiones (q*)

Fuente: Elaboración de los autores en base a Universidad de Concepción y Proterm (2011), Mideplan (2006), UdC - EULA (2010), USEPA (2010), INE (2012, 6) y Villena et al. (2007, 149)..

2.2. Consideraciones jurídicas

De acuerdo con lo que dispone el artículo 47 de la Ley N.º 19.300, un plan de descontaminación puede utilizar como instrumento de carácter económico los impuestos a las emisiones. Sobre la base de esta norma, sería factible establecer, en el marco de un plan de descontaminación, impuestos específicos aplicables a las actividades productivas que se emplacen dentro del territorio sujeto al plan.

Sin embargo, la aplicación de un impuesto se ve entorpecida, en la práctica, por ciertas limitaciones vinculadas a la regulación jurídica de los tributos en nuestro ordenamiento legal y constitucional. Se debe considerar que el establecimiento de impuestos depende del dictamen de una ley especial, que además es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no siendo factible imponerlos mediante un plan de descontaminación, dada su naturaleza de instrumento infralegal.

Además, la regulación tributaria nacional se sujeta al principio de no afectación específica consagrado en la Constitución Política de la República[15]; esto es independientemente de la naturaleza del tributo o de los fines por los cuales fueron establecidos, ingresan a las arcas generales del Estado, sin que exista la posibilidad de destinarlos a un fin específico[16]. En consecuencia, podría cobrarse un impuesto por emitir, pero no podrían utilizarse directamente los fondos recaudados en la reducción de emisiones o la protección del medio ambiente. Es importante mencionar, sin embargo, que la eficiencia económica de un impuesto a la contaminación no requiere destinar los fondos recaudados para esos fines. Es más, podría ser contraproducente, al generar un problema de riesgo moral y alterar la eficiencia paretiana del sistema.

Por otra parte, al igual que en el caso de impuestos a las emisiones, los permisos de emisión transables son considerados como instrumentos de gestión ambiental (Bermúdez 2007, 33) factibles de utilizarse en los planes de prevención o de descontaminación[17], pero en nuestra legislación los permisos de emisión no son regulados como tales dentro del título II de la Ley N.º 19.300, lo que deja su naturaleza y formas de asignación, división, transferencia, duración y demás características encomendados a una ley especial, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 48. A casi veinte años de la promulgación de la normativa de bases generales del medio ambiente, dicha ley aún no ha sido dictada[18].

Debe notarse que a pesar de que la misma Ley N.º 19.300 habla de “permisos de emisión transables”, hay que decir que esta denominación no es la más adecuada a la hora de determinar la naturaleza jurídica de este instrumento, puesto que recurre a la categoría de derecho administrativo de “permiso”, siendo discutible su carácter de tal. El permiso es “el acto administrativo por medio del cual se autoriza en forma exclusiva y excluyente un cierto uso de poca importancia jurídico-económico-social sobre un bien de dominio público” (Montt 2002).

La concesión de dominio público, en tanto, es conceptualizada como “un título jurídico mediante el cual la administración otorga a un particular un derecho real, consistente en usar y aprovechar, de forma excluyente, bienes de dominio público en beneficio del particular y de la colectividad” (Montt 2002). Considerando lo anterior, mal podría considerarse que un permiso de emisión transable sea efectivamente un “permiso” o autorización. Por el contrario, los permisos de emisión transables propuestos por la literatura implican el otorgamiento, por parte del Estado, de un derecho privativo y excluyente para emitir una cierta cantidad de contaminantes en un determinado medio y, por tanto, se asemeja más a una figura concesional.

Sin embargo, considerando que la Ley N.º 19.300 encarga a una ley especial determinar la naturaleza jurídica del instrumento, adquiere especial relevancia darle una naturaleza que no encarezca los costos de transacción del sistema, como sí podría generarlos una figura concesional tradicional.

Junto con esto, y de acuerdo con el conocimiento teórico, es posible esbozar ciertos lineamientos acerca de la naturaleza del permiso de emisión transable que limitan su aplicación. El permiso de emisión transable analizado como un acto administrativo[19] representa un acto decisorio, por cuanto crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada; un acto favorable, puesto que la situación jurídica que se crea reviste un carácter activo; y un acto constitutivo, ya que crea una situación ex novo. Esto genera consecuencias como, por ejemplo, eventuales indemnizaciones compensatorias para los tenedores de permisos de emisión por parte del Estado ante la revocación del acto.

Desde el punto de vista de economía política, podría concebirse inicialmente que un esquema de permisos transables —considerando el resguardo que éste genera en el cumplimiento de metas ambientales— sería de mayor aceptación que el uso de impuestos. No obstante, la práctica ha demostrado lo contrario. El proyecto de ley de “Bonos de descontaminación” no ha avanzado en su tramitación desde hace más de una década y la aprobación de un sistema de impuestos a las emisiones propuesto como parte de la reforma tributaria del año en curso avanza consistentemente en el Congreso Nacional.

Se puede argumentar que, en el caso de un bien público como la calidad del aire (no rival y no excluible)[20], la ciudadanía no se muestra favorable a la generación de mercados para su gestión[21]. Más aún, el régimen jurídico que administra los bienes de dominio público presenta las características de inalienabilidad e incomerciabilidad, con el propósito de asegurar el destino de uso común propio de este tipo de bienes, lo que implica que no son susceptibles de dominio ni apropiación según se establece en el Código Civil y la Constitución Política de la República. De esta forma, no pueden ser objeto de actos jurídicos regidos por el derecho privado de forma que puedan atentar contra tal uso público.

Sin embargo, no se ve impedimento para que estos bienes puedan ser objeto de lo que se denomina un comercio de índole público o administrativo, gobernado por el principio de la precariedad, al contrario de lo que ocurre en las relaciones jurídicas civiles, permanentes y definitivas por regla general. Incluso, quienes niegan todo derecho de propiedad sobre los bienes nacionales de uso público aceptan la realización de determinados actos que implican efectuar un comercio sobre ellos, en especial respecto de su uso y goce de aprovechamiento de sus frutos o accesorios (Celaya 2002). La inalienabilidad del dominio público no importa ninguna restricción o limitación a un posible tráfico jurídico de derecho público, pues éste lo mantiene siempre bajo una titularidad jurídica pública y no menoscaba la afectación de los bienes dominicales (Montt 2002).

3. Impuestos y permisos: principales elementos de diseño

De acuerdo con lo que hemos visto, la teoría muestra ventajas y desventajas de cada sistema. En la presente sección se describen los principales componentes de ambos mecanismos y se exponen sus diferencias. Para ilustrar la discusión, se describe cómo estos elementos aplicarían en el caso de Concepción metropolitano y se simula su desempeño.

Para la implementación de este tipo de regulaciones se requiere que su diseño contemple, entre otros aspectos, la fijación de una meta de reducción de emisiones, la determinación de su cobertura, los requerimientos de monitoreo y de reporte de emisiones, las reglas que regulen su operación y las disposiciones para su fiscalización y cumplimiento. En las siguientes subsecciones se analizan estos elementos. Ellos fueron seleccionados según el criterio de los autores. No se encuentra dentro del alcance de este documento hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los elementos de este tipo de esquemas (para mayor detalle ver Tietenberg 2006 y Kolstad 2011).

3.1. Metas de reducción de emisiones

En el caso de un impuesto, las empresas reducirán sus emisiones mientras el costo marginal de abatimiento sea igual o menor al nivel del impuesto, por lo que la meta de reducción de emisiones dependerá ––implícitamente–– de la tarifa establecida. Para determinar esta tarifa una alternativa es definir el impuesto como el costo social equivalente al impacto (o daño) marginal por aumentos en la concentración de material particulado (MP)[22], principalmente debido a sus efectos en salud. La metodología utilizada corresponde a la propuesta por USEPA (1991), conocida como función de impacto, y adaptada por Ministerio de Medio Ambiente (MMA 2011). Propone la siguiente expresión:

USD

Impuesto [——] = ∑ Casos Base (Pobj • TIij) • βij • VUi • FEC

Tonmmmmij

Donde,

Pobj : Población expuesta del grupo de edad j

TIij : Tasa de incidencia en casos cada 100 mil habitantes del evento i en el grupo de edad j

βij : Coeficiente de riesgo relativo (%) evento i en grupo edad j por μg/m^3 MP2,5.

VUi : Valor unitario en dólares por evento i

FEC: Factor emisión-concentración en μg/m^3 de MP2,5 por ton de MP_10.

En el caso de Concepción metropolitano, el impuesto correspondería a 17 mil dólares por tonelada de MP2,5 emitida al medio ambiente, asumiendo que el valor unitario para eventos de mortalidad prematura (valor de la vida estadística o VVE) corresponde a una distribución triangular con parámetros (mínimo, moda, máximo) igual a 4.953, 10.845, 15.454 UF respectivamente, un coeficiente de riesgo de 9.3 por ciento por cada 10 μg/m^3 de MP2,5 en promedio anual y como población expuesta el total en las comunas declaradas como latentes por MP_10.

Cabe destacar que el valor de la tarifa en este caso dependerá de los supuestos considerados. Por ejemplo, si el VVE utilizado fuera 13.042 UF (MDS 2014), el impuesto sería alrededor de 20.500 USD/ton; mientras que si el VVE fuera 26.500 UF (OCDE 2012b), el impuesto alcanzaría aproximadamente 41.200 USD/ton para las comunas de Concepción metropolitano.

Como contrapartida, en el caso de un sistema de permisos de emisión transables, la fijación de la meta corresponde al límite máximo de emisiones (cap). Éste debería considerar los costos y beneficios[23] de su cumplimiento, de modo de maximizar el bienestar social, igualando beneficios marginales a costos marginales. Considerando la eficiencia económica del sistema, las metas de reducción por sector deberían ser acordes con el principio de equimarginalidad de costos, esto es, que el costo de la última unidad de emisión reducida sea el mismo entre los distintos sectores participantes (Kolstad 2011).

En la figura 3 se presentan los costos marginales para los dos principales sectores a regular en el “Plan de prevención atmosférica de Concepción metropolitano” y los impactos marginales (DMg) asociados a la reducción de emisiones de MP2,5. La disminución óptima para el sector industrial correspondería a aproximadamente 1.800 toneladas de MP2,5 por año, muy por encima de las 945 toneladas que se alcanzarían con las medidas establecidas en el anteproyecto del plan de prevención para esta zona. Como se indicó anteriormente, en ausencia de incertidumbre ambos tipos de regulación entregarían resultados equivalentes.

Figura 3. Costos marginales para el sector industrial y residencial en el Concepción metropolitano

CMg: Costo marginal. DMg: Daño marginal.

Fuente: Elaboración de los autores en base a UdC-Proterm (2011, 448-461), Mideplan (2006), UdC - EULA (2010), USEPA (2010), INE (2012, 6) y Villena et al. (2007, 149).

3.2. Cobertura del sistema

Teóricamente, podría considerarse como óptimo incluir la mayor cantidad de sectores y fuentes con el objetivo de obtener la eficiencia económica más alta posible. No obstante, en la práctica, la inclusión de gran cantidad de fuentes puede significar una carga administrativa enorme. Así, para determinar la cobertura sectorial idónea del sistema se debe considerar cuál es la participación de cada sector en el total de emisiones, información que se obtiene a partir del inventario de emisiones de la zona, y de los costos de su inclusión.

En Concepción metropolitano, los mayores aportes a las emisiones de material particulado fino se registran en el sector residencial (consumo de leña, 77 por ciento) e industrial (21 por ciento), mientras que el sector transportes (1,6 por ciento) y agrícola (quemas, 0,3 por ciento) aportan una proporción mucho menor de este contaminante (MMA 2013). Si bien el sector residencial es el mayor aportante de emisiones en Concepción metropolitano, también es un sector compuesto por gran cantidad de pequeñas fuentes (136 mil en 2013), lo que puede complejizar y encarecer su inclusión. En el sector industrial, por su parte, 90 fuentes pertenecientes a 43 empresas concentran el 90 por ciento de las emisiones, lo que haría más factible su control. Adicionalmente, este sector ya cuenta con la obligación de reportar anualmente información relevante para la estimación de sus emisiones de acuerdo a lo requerido por el Decreto N.° 138/2005 del Ministerio de Salud[24], lo que facilitaría su vigilancia.

3.3. Monitoreo, reporte y verificación

Para la implementación exitosa de un sistema cap and trade, o de impuesto a las emisiones, es fundamental contar con información completa, precisa, oportuna y veraz; por esto, tanto el monitoreo como el reporte y la verificación (MRV) son elementos centrales a la hora de diseñar un sistema de permisos de emisión transables (SPET) o un sistema de impuestos.

En Chile, el D.S. 138/2005 del Ministerio de Salud establece la obligación a fuentes fijas de entregar información necesaria para estimar sus emisiones[25]. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) administra el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)[26], que permite registrar, sistematizar y estimar, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión[27].

No obstante, la obligatoriedad del D.S. 138/2005 no garantiza el cumplimiento de estándares de calidad de la información reportada, necesarios para una adecuada gestión ambiental. A nivel agregado, se han identificado problemas de completitud y falta de precisión, evidenciando la necesidad de contar con mejores elementos de verificación y fiscalización. Cabe destacar el avance en esta línea que implica la obligación establecida en el D.S. 1/2013 del MMA, que establece un sistema de ventanilla única asociada al RETC mediante un reporte electrónico estandarizado.

Dada la importancia de los reportes para la integridad de un sistema, la verificación de éstos por auditores externos o terceras partes autorizadas juega un rol determinante en la implementación de un adecuado monitoreo. En Estados Unidos, las fuentes que participan de los programas de cap and trade vigentes, con el fin de promover la precisión de la información reportada, reportan sus propias emisiones o pagan a privados para hacerlo, con firma electrónica y un certificado del representante de la fuente, quien declara, bajo pena de multa o prisión, que los datos reportados son válidos y completos, lo que produce un incentivo directo sobre el responsable del reporte (Forte et al. 2006). Otro tipo de incentivo es el aplicado por el Sistema de Transacción de Emisiones de la Unión Europea, en el que se impide a la fuente efectuar transferencias mientras no se considere satisfactorio su informe verificado (Parlamento Europeo y del Consejo 2003). El D.S. 1/2013 del MMA sigue lo propuesto por Forte et al. (2006), se incluyen responsabilidades individuales en los reportes y establece una declaración jurada por parte del responsable del establecimiento, lo que incentivaría a reportar información fidedigna.

Estos sistemas de monitoreo pueden ser complementados con medidas más exigentes para emisores mayores, como el monitoreo continuo en chimenea, establecido en el marco del D.S. 13/2011 del MMA para el parque termoeléctrico y en el D.S. 66/2009 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia para los mayores emisores en la Región Metropolitana. En estos casos, la magnitud de las emisiones justifica el costo de monitoreo continuo en chimenea.

3.4. Asignación de permisos de emisión

La asignación inicial de los permisos es uno de los aspectos más controversiales en el diseño de un sistema de permisos de emisión transables. Aunque en teoría no debería tener repercusiones en la eficiencia del sistema, en la práctica tiene gran importancia en la distribución de costos entre las fuentes y en la equidad de su resultado (Hatcher et al. 2000).

Entre las principales opciones para asignar los permisos de emisión transables destacan la distribución a título gratuito (según algún criterio previamente establecido) y la subasta de permisos, donde el primer mecanismo suele ser el más utilizado hasta la fecha. Los sistemas implementados, tanto en Estados Unidos —U.S. SO_2 Allowance Trading Program y el Reclaim Program— como en la Unión Europea —EU ETS—, han comenzado con asignación gratuita, considerando para ello el nivel de actividad de las fuentes y sus emisiones históricas.

Sin embargo, la distribución de permisos mediante subasta es un mecanismo ampliamente apoyado por la literatura económica como la opción más eficiente, al asegurar que el ítem subastado lo obtendrá quien más lo valore (Tietenberg 2006) y al evitar, a su vez, sesgos en la distribución final de permisos hacia quien tuvo la propiedad inicial (Saavedra y Willington 2012). Otra ventaja de las subastas es que proveen una señal de precios en el mercado, evitan condiciones desfavorables para nuevos entrantes y la recaudación asociada puede ser usada para compensar gastos administrativos o para distribuirse entre grupos afectados. Algunos aspectos relevantes a considerar en la subasta son su frecuencia, la vigencia de los permisos a subastar y los procedimientos de licitación (USEPA 2003).

En el caso del EU ETS, en la segunda fase se comenzó a aplicar la modalidad de subasta como mecanismo de distribución de permisos, con lo que se aumentó la eficiencia, la transparencia y la simplicidad del ETS (Comisión Europea 2009). El 50 por ciento de los ingresos se utilizan para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores; desarrollar energías renovables, tecnologías de captura de carbono y acciones de eficiencia energética, y cubrir gastos administrativos del sistema (Parlamento Europeo y del Consejo 2003).

Con respecto a las condiciones para fuentes nuevas en un sistema, éstas podrían recibir asignación gratuita de acuerdo con criterios equivalentes a los de fuentes existentes (reservando un porcentaje del cap) o bien adquirir permisos en el mercado. En la experiencia del U.S. SO2 Allowance Trading Program y del Reclaim Program, las fuentes nuevas deben comprar permisos para cumplir con sus obligaciones (USEPA 2003), mientras que en el EU ETS se consideró una reserva que permitiera asignarles gratuitamente permisos de emisión, con excepción de aquellas fuentes generadoras de electricidad (Parlamento Europeo y del Consejo 2003). Siguiendo esta experiencia, en el caso de estudio en Concepción metropolitano sería recomendable comenzar con una etapa de asignación gratuita, que permita a las fuentes cubiertas diseñar estrategias para adaptarse al nuevo escenario, y seguir con una segunda fase que contemple la distribución de una fracción de permisos a través de una subasta, aumentándola gradualmente hasta alcanzar el total de permisos.

3.5. Transacción de permisos de emisión

Respecto de la transacción de permisos, es necesario establecer las reglas que regirán el sistema. Éstas deberían ser neutrales, en términos de no favorecer a grupos o individuos en el mercado, y deben promover bajos costos de transacción entre los participantes (USEPA 2003). El impacto potencial de los costos de transacción en el mercado de permisos está documentado en profundidad en el estudio de Stavins (1995), en el que se demuestra que la presencia de éstos reduce el volumen de permisos transados e induce, además, a que el equilibrio de mercado dependa de la distribución inicial, alejándose en general del escenario de mayor costo-efectividad.

Por otra parte, contar con una plataforma que facilite las transacciones es relevante en la reducción de dichos costos. Las transacciones se podrían realizar de manera bilateral a través de un sistema over the counter (OTC) o de manera multilateral a través de una bolsa. Las transacciones OTC se caracterizan por su flexibilidad en términos de diseño de contrato, mientras que las transacciones vía bolsa se encuentran bastante estandarizadas y cuentan con altos niveles de seguridad. Asimismo, los intermediarios, inversionistas y otros creadores de mercado pueden jugar un rol fundamental en facilitar las transacciones.

3.6. Compensaciones

La compensación de emisiones, también conocida como offsets, es utilizada en muchos sistemas de transacción de emisiones con el fin de facilitar el cumplimiento de las fuentes a menor costo. También podría ser considerada en un sistema de impuestos mediante la conformación de un crédito tributario en estos casos. Esta alternativa permite reducir emisiones en fuentes que se encuentran fuera del alcance del sistema, las que deben ser certificadas de acuerdo a estándares que garanticen su validez. Debe tenerse especial cuidado en asegurar que las compensaciones impliquen reducciones adicionales de contaminantes. En ocasiones, las compensaciones que se ofrecen corresponden a acciones que se hubiesen realizado igualmente, es decir, no existiría una mejora ambiental con respecto al statu quo (Montero 1999).

3.7. Cumplimiento y sanciones

El sector regulado deberá pagar los impuestos requeridos obtener los permisos necesarios para respaldar sus emisiones dentro de una fecha límite[28]. Las fuentes deberán contabilizar sus emisiones, validarlas y reportarlas a la autoridad. Posteriormente, la autoridad deberá determinar el cumplimiento efectivo e identificar potenciales infracciones.

En el caso de infracciones, el diseño de sanciones disuasivas es un elemento determinante: que éstas sean suficientemente severas es un requisito fundamental para proveer al sector regulado de incentivos para el cumplimiento. En cuanto al monto de la sanción, éste debería ser sustancialmente mayor al costo marginal de abatimiento esperado (USEPA 2003). Asimismo, otros autores señalan la necesidad de que las sanciones sean conocidas y proporcionales a lo que se exceda (Kolstad 2011).

De acuerdo a la directiva marco europea[29], las sanciones deben ser eficaces. Si estas medidas coercitivas no logran garantizar el cumplimiento del sistema, se podrá tomar acciones adicionales como prohibir la operación del infractor (Parlamento Europeo y del Consejo 2003). La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos sugiere que las sanciones sean aplicadas automáticamente en caso de incumplimiento. Sin embargo, en el caso de Chile, características propias de la legislación podrían limitar la aplicación de sanciones automáticas[30].

En Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de fiscalizar infracciones a instrumentos de gestión ambiental. De acuerdo con su ley orgánica, infracciones gravísimas pueden implicar multas de hasta diez mil unidades tributarias anuales, y eventualmente la paralización temporal o permanente de la operación. Sin embargo, estas sanciones pueden ser insuficientes para garantizar el cumplimiento de estos sistemas. En el caso de impuestos, la fiscalización se vería fortalecida por el supervigilancia ejercida por el Servicio de Impuestos Internos. Las penalidades correspondientes, en este caso, son las tipificadas en el artículo 97 del Código Tributario, respecto de infracciones como el retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes que constituyan la base inmediata para la determinación de un impuesto, o declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Esta última infracción, por ejemplo, involucra multas del 50 al 300 por ciento del valor del tributo eludido y sanciones penales correspondientes a presidio menor en sus grado medio a máximo para quienes resulten responsables.

En cualquier caso, se debe velar porque la amenaza de sanciones proporcionales al incumplimiento sea creíble (Chávez y Stranlund 2000). Para esto, la probabilidad de fiscalización debe ser alta. Mecanismos como el monitoreo continuo de emisiones permitirían aumentar el valor esperado de la sanción en presencia de incumplimientos.

3.8. Procedimientos administrativos

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Ministerio del Medio Ambiente (2014) desde la promulgación de la Ley N.º 19.300 el país mantiene una larga tradición de buenas prácticas en materia regulatoria. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE (2012a), se realiza sistemáticamente la consulta pública y evaluación del impacto económico y social de las regulaciones ambientales (AGIES). En el caso de la implementación de instrumentos económicos, se debe preservar este tipo de controles administrativos, lo que estaría asegurado en el marco de planes de prevención o descontaminación, de acuerdo con lo exigido por el D.S. 39/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

En particular, el AGIES debería comparar la eficiencia del uso de instrumentos económicos con respecto a regulaciones de comando y control alternativo. Esto permitiría destacar las potenciales ganancias de preferir instrumentos de precios o de cantidad.

Por ejemplo, para el caso de estudio de Concepción metropolitano, se estimaron los costos de cumplimiento de las metas del Plan de Descontaminación Atmosférica referido. Se evaluaron tres escenarios:[31] i) la implementación del Plan concebido, que considera cierta flexibilidad para complejos industriales[32] al permitir reducir sus emisiones en las fuentes que resulten menos costosas dentro de cada establecimiento; ii) el escenario comando y control, que considera la aplicación de una norma de emisión sin permitir flexibilidad dentro de cada complejo industrial, y iii) el escenario con un sistema de permisos de emisión transables (SPET), equivalente al del uso de un impuesto.

Los resultados se presentan en la figura 4. Como indica la teoría económica, mientras mayor flexibilidad se otorgue a las empresas para abatir, menores serán los costos de cumplimiento. Si se fijara un nivel de abatimiento de 945 toneladas de MP2,5 (meta del anteproyecto de PPA), se tendría que el escenario Plan es un 28 ciento más económico que el escenario de comando y control, mientras que el escenario SPET sería 61 por ciento más económico que el de comando y control. Como se aprecia, la implementación de instrumentos económicos en Concepción metropolitano podría generar un ahorro considerable en costos de cumplimiento para alcanzar la meta de emisiones establecida en el anteproyecto[33].

Ahora bien, la compensación de emisiones podría jugar un rol relevante. Considerando una reducción de 945 toneladas del MP2,5 para el sector industrial, equivalente a implementar las medidas del anteproyecto, incluir compensaciones podría reducir costos en 41 por ciento respecto del escenario SPET, 68 por ciento con respecto al escenario Plan y 77 por ciento respecto del escenario comando y control.

Figura 4. Costos medios (CMe) de reducción de emisiones de MP2,5 del sector industrial

Fuente: Elaboración de los autores en base a UdC-Proterm (2011, 448-461) y USEPA (2010).

4. Consideraciones finales

La mala calidad del aire en el país sugiere que deben tomarse acciones decididas para revertir esta condición y limitar la exposición de la población a concentraciones por sobre la normativa vigente. A pesar de la implementación de medidas de comando y control —principalmente normas de emisión—, lograr las metas de reducción es cada vez más costoso. Esto obliga a buscar soluciones eficientes económicamente, como los instrumentos económicos. De acuerdo con la teoría, en ausencia de costos de transacción e incertidumbre, un sistema de permisos de emisión transables (SPET) es equivalente, en términos de eficiencia económica, a un impuesto por unidad emitida. No obstante, hay aspectos que inclinan las preferencias por uno u otro de estos instrumentos.

En el caso de la contaminación del aire, mientras que una regulación de cantidad (permisos de emisión) nunca será estrictamente más eficiente que una regulación de precio (o impuestos), los permisos de emisión son el único instrumento que en teoría aseguraría el cumplimiento de la meta ambiental, aspecto fundamental para el resguardo del derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No obstante, impuestos a las emisiones podrían ser más efectivos en incentivar el cumplimiento, al sumar las potestades del Servicio de Impuestos Internos a la fiscalización realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto reforzaría la integridad de la regulación, lo que podría redundar en un mayor nivel de protección.

Por otra parte, la operación de un sistema de permisos de emisión transables requiere regular la asignación inicial de permisos y su transacción, lo que complejiza significativamente su operación en comparación con un sistema de impuestos. Sin embargo, los permisos, por vía reglamentaria, facilitan la inclusión de consideraciones de equidad en el cumplimiento de la regulación, al ser factible diferenciar el nivel de exigencia para ciertas industrias o grupos socioeconómicos. Un esquema de impuestos a las emisiones vería limitada sus posibilidades de realizar este tipo de distribución de la carga de la regulación, considerando que el artículo 19 N.º 20 de la Constitución establece que cualquier progresión en la repartición de tributos es materia legal. Empero, los nuevos recursos ingresados a las arcas fiscales permitirían su distribución focalizada, siendo discutible que un instrumento de gestión ambiental, como un sistema de permisos transables, sea la manera más eficiente de establecer consideraciones económicas y sociales.

La implementación de mecanismos como los descritos requiere, sin duda, de la voluntad política de la autoridad. Sin perjuicio de la decisión, se recomienda promover acciones tempranas a favor del fortalecimiento institucional ambiental en materia de competencias y herramientas para la gestión futura de instrumentos económicos. Esto involucra el robustecimiento de los sistemas de monitoreo continuo, reporte y verificación; la determinación de competencias certificadoras y fiscalizadoras; el establecimiento de programas de fiscalización, multas y sanciones atingentes, y, ciertamente, la coordinación entre instituciones competentes que viabilizarían la implementación de instrumentos económicos en el país. A su vez, a pesar de que para la ejecución óptima de un esquema de permisos de emisión éste debe ser habilitado por medio de una ley especial, podría explorarse su implementación simplificada mediante un sistema similar al establecido en el D.S. 4/1992 del Ministerio de Salud, avalado por el artículo 89 letra a) del Código Sanitario.

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Anexos

Figura A1. Mapa de impuestos a contaminantes locales

Fuente: Elaboración de los autores en base a información de European Environment Agency (http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/).

Nota: La información presentada es sólo referencial y no necesariamente corresponde a la totalidad de sistemas de impuestos de emisión vigentes.

Figura A2. Mapa de sistemas de permisos de emisión transables para contaminantes locales

Fuente: Elaboración de los autores.

Nota: La información presentada es sólo referencial y no necesariamente corresponde a la totalidad de sistemas de permisos de emisión vigentes.

1 DS N.° 104 de 2000, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2 De acuerdo con DS N.° 45 de 2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta norma aplica a toda instalación de incineración, construcción donde se realiza un tratamiento de destrucción térmica de sustancias o materias distintas a los combustibles tradicionales y bajo condiciones de operación controladas y de coincineración, como hornos rotatorios de cal e instalaciones forestales que utilizan como combustible sustancias o materiales distintos a los combustibles tradicionales y cuya finalidad principal sea la fabricación de productos.

3 DS N.° 13 de 2011, Ministerio del Medio Ambiente.

4 DS N.° 39 de 2012, Ministerio del Medio Ambiente.

5 Título original: OECD Economic Surveys: Chile 2013.

6 DS N.° 4 de 1992, Ministerio de Salud, establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales.

7 DFL N.° 1.122 de 1981, actualizado en 2010.

8 Ley N.° 18.892 de 1989, actualizada en 1991 y modificada por la Ley N.º 20.657 del año 2013.

9 Boletín 3290-12.

10 Anuncio realizado durante el discurso del 21 de Mayo del año 2010.

11 Información publicada en diario La Tercera, 11 de mayo de 2012, disponible en http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2012/05/895-459997-9-impuestos-verdes-desarrollo-sustentable.shtml

12 Información publicada en diario La Tercera, 27 de agosto de 2012, disponible en http://diario.latercera.com/2012/08/27/01/contenido/negocios/10-117019-9-gobierno-elimina-impuestos-verdes-y-opta-por-proyecto-de-reciclaje.shtml

13 Boletín 9290-05.

14 La bibliografía en esta materia es extensa. Se consideró fuera del alcance de este estudio incluir una recopilación detallada de estos temas. Para mayor profundización, se sugiere revisar Montero (1999), Montero (2002) y Montero (2004).

15 La Constitución Política de la República, Art. 19 N.º 20, inciso tercero, dispone: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”.

16 Sin perjuicio de las excepciones que la misma Constitución contempla en materia de defensa nacional y, en el caso de impuestos que graven actividades o bienes de clara identificación regional o local, los que podrán ser aplicados al financiamiento de obras de desarrollo por las autoridades regionales o comunales.

17 El artículo 47 de la Ley N.º 19.300, sobre “Bases generales del medio ambiente”, dispone: “Los planes de prevención o descontaminación podrán utilizar, según corresponda, los siguientes instrumentos de regulación o de carácter económico: a) Normas de emisión; b) Permisos de emisión transables; c) Impuestos a las emisiones o tarifas a los usuarios, en los que se considerará el costo ambiental implícito en la producción o uso de ciertos bienes o servicios, y d) Otros instrumentos de estímulo a acciones de mejoramiento y reparación ambientales”.

18 La Ley N.º 19.300 deja abierto el medio específico sobre el cual pueden operar los permisos de emisión transables (sea éste el acuático, atmosférico o el suelo) y la determinación de aspectos fundamentales como los contaminantes objeto de transacción, la clase de personas o actividades que podrán participar en el sistema y el ámbito de aplicación territorial que pueda corresponder a un sistema.

19 El acto administrativo se define en el artículo 3° de la Ley N.º 19.880 —“Bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado”— como las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en ejercicio de una potestad pública.

20 Un bien puede definirse como “no rival” cuando el consumo de una unidad más del bien no afecta el consumo de los demás. En tanto, un bien es “no excluible” cuando no es posible racionar su uso una vez que el bien ha sido producido o cuando es difícil excluir a otro consumidor (el costo marginal de excluir es muy alto). Ver Kolstad (2011).

21 Este es el caso de la discusión pública en materia de educación escolar, por ejemplo, donde hoy se discute la conveniencia de su provisión a través de mercados privados.

22 Las reducciones de MP son llevadas a su nivel equivalente en términos de MP2,5, para el cual existe mayor incidencia de impactos en mortalidad prematura.

23 Los costos de abatimiento del sector industrial se calculan en base a USEPA (2010), utilizando la ecuación 8 para material particulado, en función del gasto volumétrico por chimenea.

24 El control del emisor directo obliga a quienes emiten. Por su parte, el enfoque de emisor potencial obliga a quienes se comportan como intermediarios (e.g. los que extraen, procesan o distribuyen combustible), previo a la generación de emisiones, y se utiliza principalmente cuando existe gran cantidad de pequeños emisores difíciles de fiscalizar. Este tipo de enfoque también se conoce como aguas arriba o upstream.

25 Las fuentes fijas que reportan información para la estimación de emisiones son: calderas generadoras de vapor o agua caliente, producción de celulosa, fundiciones primarias y secundarias, centrales termoeléctricas, producción de cemento, cal o yeso, producción de vidrio, producción de cerámica, siderurgia, petroquímica, asfaltos y equipos electrógenos.

26 Establecido mediante la Ley N.º 19.300 en su artículo 70 letra p).

27 En algunos casos y formas que establezca el reglamento se registrarán y estimarán emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente.

28 Un periodo apropiado podría ser de 60 días, de manera que las fuentes puedan hacer sus últimas transacciones.

29 Indicado en el artículo 16 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

30 En vista del derecho de toda persona a defensa jurídica. Ver D.S. N.º 100 de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile”.

31 La modelación de escenarios no considera costos de transacción, costos de administración de un sistema ni existencia de asimetrías de información.

32 Se consideran complejos industriales por material particulado (MP) aquellos con emisiones iguales o superiores a 100 ton MP/año. Complejos industriales por SO_2 son aquellos con emisiones superiores o iguales a 250 ton SO_2/año.

33 Anteproyecto de “Plan de prevención atmosférica para Concepción metropolitano”.

ARTÍCULO

EL FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES (FUT): ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN*

Rodrigo Cerda

Pontificia Universidad Católica de Chile

Juan Luis Correa

Universidad Andrés Bello

Francisco Parro

Universidad Adolfo Ibáñez

José Domingo Peñafiel

Avendaño y Merino Abogados

Rodrigo Cerda. Economista PUC. Ph.D. en economía, Universidad de Chicago. Director alterno de Clapes UC. Email: rodcerdan@gmail.com.

Juan Luis Correa. Economista UGM. Ph.D. en economía, Universidad de Southampton. Director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Email: jlcorrea_allamand@yahoo.com.

Francisco Parro. Economista PUC. Ph.D. en economía, Universidad de Chicago. Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Email: fjparrog@gmail.com.

José Domingo Peñafiel. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja en Avendaño y Merino Abogados. Email: jdpenafiel@gmail.com.

* Este artículo se elaboró en medio de la discusión sobre el proyecto de reforma tributaria que propuso el Gobierno en el primer semestre de 2014. Se publica en conocimiento del riesgo de que algunas de sus expresiones podrían quedar descontextualizadas al momento de su publicación. Los autores agradecen a Bernardita Bulnes y Raúl Morales por su valiosa colaboración en la elaboración de este trabajo.

Resumen: En este trabajo se analiza el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) desde tres perspectivas diferentes. Primero, se estudia el contexto histórico en que surgió el FUT, los objetivos específicos para los cuales fue creado y las principales particularidades del régimen tributario que existió previamente a su implementación. Luego se describe la forma en que ha operado el FUT en la práctica y sus principales características. Y finalmente se analizan, desde el punto de vista económico, los incentivos que ha provisto el FUT para la reinversión de utilidades. El análisis busca mostrar cómo el FUT ha constituido una herramienta efectiva de incentivo a la inversión y el ahorro dentro de las empresas. Adicionalmente, se revisó el debate creado en torno al tema, así como las principales propuestas que han emergido en la literatura para mejorar aspectos específicos del tratamiento al impuesto a la renta.

Palabras clave: Impuestos, inversión, sistema tributario, fondo de utilidades tributables.

Recibido: abril 2014; aceptado: julio 2014.

THE TAXABLE PROFITS FUND (TPF): ELEMENTS FOR DISCUSSION

Abstract: This paper analyzes the Taxable Profits Fund (TPF) from three different perspectives. First, it studies the historical context in which the TPF emerged, the specific objectives for which it was created and the main features of the tax regime that had existed prior to its implementation. Second, it describes in detail how the TPF has operated in practice and its main features. Third, it analyzes, from an economic standpoint, the incentives that the TPF offers for a reinvestment of profits. The analysis reveals that the TPF has been an effective tool that encourages companies to invest and save. The article additionally discusses the debate on the subject and the main proposals that have emerged in literature to improve specific aspects of income taxation in Chile.

Keywords: Taxes, investment, tax system, taxable profits fund.

Received: April 2014; accepted: July 2014.

1. introducción

El sistema tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 1983 era radicalmente distinto al que existió a partir de entonces. Hasta el último día de 1983, las rentas se afectaban con impuestos, incluyendo aquellas que involucraban a los propietarios, cuando eran devengadas por la empresa, independientemente de su distribución, reparto o remesa a los contribuyentes finales. Además, el sistema tributario no estaba integrado, es decir, no consideraba el pago del impuesto corporativo (impuesto de primera categoría) como un anticipo de los impuestos que debían pagar los socios de una empresa como contribuyentes del global complementario o adicional.

Con la publicación de la Ley N.º 18.293, del 31 de enero de 1984, se dispuso, a contar del año calendario 1984, una verdadera revolución en cuanto a la forma de tributación de las rentas empresariales. Esa revolución estuvo motivada por una deprimida economía y la necesidad urgente de inyectar estímulos a la inversión y la creación de empleo. Bajo el nuevo sistema —el que ha sido objeto de diversos ajustes y correcciones a lo largo de su vigencia— se instauró el principio de tributación de los propietarios de las empresas sobre la base de la renta percibida, lo que significa, en términos sencillos, que mientras las utilidades no fueran retiradas y se mantuvieran reinvertidas en la empresa no se afectarían con los impuestos personales (global complementario o adicional, según el domicilio o residencia del contribuyente)[1]. Para aplicar y controlar este nuevo sistema de tributación en base a retiros —con sus respectivas etapas y cuidando que las rentas distribuidas o remesadas paguen el impuesto que las grava en el momento en que son percibidas por los propietarios de las empresas—, se crea el Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Además, el nuevo régimen tributario pasó a ser un sistema integrado, en el que el pago del impuesto de primera categoría se considera un anticipo del pago de los impuestos finales (global complementario o adicional) por parte de los socios de una empresa.

Este trabajo analiza el sistema tributario que comenzó a operar a contar del primero de enero de 1984, con la Ley N.º 18.293, desde tres dimensiones diferentes. Primero, estudiamos las principales características del sistema tributario que operó antes de 1984, así como las razones que generaron la necesidad de un cambio en el régimen tributario y la creación del FUT. Segundo, realizamos una detallada descripción de la forma en que ha operado el FUT y de sus principales diferencias con el sistema tributario anterior y las más importantes modificaciones que ha experimentado desde su creación. Y tercero, analizamos desde el punto de vista económico los incentivos que ha provisto el FUT para la reinversión de utilidades.

Nuestro análisis busca mostrar que el FUT constituyó una herramienta efectiva para promover el ahorro e inversión de la economía. Identificamos dos mecanismos principales a través de los cuales el sistema tributario incentivó la reinversión de utilidades.

Un primer elemento de incentivo a la inversión se origina en las restricciones de acceso al mercado de capitales que pudiesen enfrentar algunas empresas. Aquellas que necesitan financiar proyectos rentables de inversión pero que no cuentan con fuentes externas de financiamiento deben descansar en sus fuentes internas de financiamiento, es decir, en el flujo de utilidades que quedan después del pago de impuestos. Un sistema tributario no integrado y cuya tributación es en base a la renta devengada genera una doble tributación de las utilidades: con el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (global complementario o adicional). Éstas eran precisamente las principales características del sistema tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 1983. Por el contrario, bajo un sistema tributario como el que comenzó a regir con la publicación de la Ley N.º 18.293, mientras las utilidades no sean retiradas, no se afectan con los impuestos personales (global complementario o adicional, según el domicilio o residencia del contribuyente). Por ende, una tributación sobre la base de la renta percibida incrementa los fondos internos disponibles para la inversión en proyectos rentables y, con esto, las posibilidades de inversión respecto de un régimen en base a renta devengada.

Si un sistema tributario con base a renta devengada mantuviera la integración de los impuestos como principio tributario, el incentivo a la inversión anteriormente descrito sólo sería relevante para empresas que generan flujos de utilidades grandes. Esto porque, en dicho escenario, las empresas cuyos dueños tributan una tasa de global complementario promedio mayor a la tasa del impuesto corporativo serían las que se beneficiarían (en el sentido de un menor pago de impuestos) al reinvertir utilidades.

El segundo incentivo a la inversión del FUT existe incluso en un mundo en que las empresas no tienen restricciones de acceso al mercado de capitales. Éste se origina al resolver un problema de “injusticia tributaria” que existe en un régimen que basa la tributación en la renta devengada y que, adicionalmente, considera tasas marginales crecientes para los impuestos personales (global complementario), tal como sucedía en el sistema anterior a 1984. En este trabajo mostraremos cómo, bajo un régimen de tributación en base a rentas devengadas, dos sociedades que generan el mismo flujo de ingresos en valor presente pero en distintos momentos pagan un monto total de impuestos diferente. A este hecho le llamamos “injusticia tributaria” o inequidad horizontal en el pago de impuestos. A su vez, mostraremos que un régimen de tributación en base a la renta percibida permite que propietarios de sociedades que generan flujos inestables de utilidades suavicen el pago del global complementario en el tiempo, lo cual minimiza el pago total de impuestos dada la progresividad marginal de este impuesto. Esto, a su vez, genera fuertes incentivos tributarios a la reinversión de utilidades en dicho tipo de sociedades. Este efecto es independiente del grado de integración de los impuestos en el sistema tributario y sólo se origina por el hecho de poder diferir, en el tiempo, el pago del global complementario.

Finalmente, revisaremos el debate que ha existido en torno al tratamiento del impuesto a la renta y proponemos algunas directrices que podrían haber mejorado algunos aspectos del FUT, de manera de hacerlo aún más eficiente en su objetivo de promover el ahorro e la inversión dentro de las empresas. Por ejemplo, la legislación podría considerar un sistema en base a retiros para los contribuyentes del impuesto global complementario, o incluso para los del impuesto único de segunda categoría. De esta forma, el sistema tributario alcanzaría la equidad tributaria horizontal (“entre iguales, los impuestos deben ser iguales”) por dos canales. Primero, al hacer que sociedades que generan el mismo flujo de utilidades en valor presente pero en distintos momentos paguen los mismos impuestos, lo cual ya se lograba con el sistema previo a la nueva reforma. Segundo, al hacer que agentes que desempeñan las mismas actividades paguen los mismos impuestos, independientemente de si producen o no sus servicios bajo el amparo de una sociedad. Es por lo tanto un FUT “ampliado” lo que verdaderamente lograría la equidad horizontal en el pago de impuestos.

Desde ya, debemos precisar que este trabajo no intenta abordar en plenitud la totalidad de los aspectos presentes en la discusión del FUT. La finalidad de este estudio es, más bien, entregar de manera rigurosa algunos elementos que sirvan como insumo para el debate respecto de potenciales modificaciones al FUT o al sistema de incentivos tributarios que finalmente se haya acordado. Dada la trascendencia que la reforma tributaria en curso durante este 2014 puede tener sobre la economía, creemos imprescindible la generación de este tipo de insumos.

El resto de este estudio se organiza de la siguiente manera. La sección 2 describe el sistema tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 1983. La sección 3 analiza el sistema tributario que comenzó a regir con la publicación de la Ley N.º 18.293, el 31 de enero de 1984, enfatizando las principales diferencias con el sistema antiguo. La sección 4 describe el FUT y las principales modificaciones que ha sufrido en el tiempo. La sección 5 presenta estadísticas descriptivas referentes al FUT. La sección 6 presenta un modelo simple para entender las principales diferencias entre el régimen tributario anterior a 1984 y el sistema posterior a 1984. La sección 7 presenta un análisis de los incentivos a la inversión que provee un sistema en base a renta devengada (semejante al que operó antes de 1984) y uno en base a renta percibida (sistema actual). La sección 8 revisa el debate del año 2014 en torno al tratamiento del impuesto a la renta. También, discutimos algunas propuestas que han emergido en la literatura, así como las reformas tributarias enviadas al Congreso durante el período 2010-2014. La sección 9 presenta algunas conclusiones.

2. El sistema tributario anterior a 1984

Hasta el 31 de diciembre de 1983, la legislación sobre impuesto a la renta incluía dos tributos de categoría o cedulares, un impuesto a la renta de las sociedades anónimas (llamado tasa adicional), uno a la renta de las personas naturales (impuesto global complementario) y otro a la renta de los no residentes (impuesto adicional). También existía el llamado impuesto habitacional, el cual se aplicaba sobre la renta proveniente de la agricultura, la industria, el comercio, la minería y las actividades similares.

El impuesto de primera categoría se cobraba a las sociedades anónimas y de personas, sociedades de hecho, empresas individuales y personales naturales, e incluía, en general, la renta de las empresas y toda renta diferente de aquélla derivada de servicios personales dependientes o independientes. La tasa del impuesto de primera categoría era del 10 por ciento, y al no existir el sistema integrado de tributación a la renta, no era imputable contra los impuestos personales.

La tasa adicional era un impuesto que se aplicaba sólo a las sociedades anónimas, conjuntamente con el de primera categoría, sobre aquella parte de la renta que potencialmente podía ser distribuida a los accionistas en forma de dividendo y que, en el supuesto de ser distribuida, quedaba gravada con impuestos personales. La tasa de este impuesto era del 40 por ciento, y su razón de ser era eminentemente práctica, desde el punto de vista de la administración fiscal: al no ser posible exigir el pago del impuesto global complementario o adicional a cada uno de los accionistas de una sociedad anónima, que podían ser muchos, dada la dispersión de la propiedad y elevado número de miembros que puede existir en estas sociedades, se optó por gravar las utilidades generadas por adelantado, a nivel de la sociedad, independientemente del hecho de que fueran repartidas o no. En un esquema de tributación en base a rentas devengadas, la aplicación de la tasa adicional a la sociedad anónima no generaba mayor cuestionamiento.

Como en la práctica la tasa adicional era un adelanto de los impuestos personales, pero de cargo de la sociedad anónima, los accionistas podían rebajar de su impuesto global complementario o adicional, según el caso, una suma igual a la tasa con que se gravaron las utilidades que se les distribuyen como dividendo. Por lo tanto, en este caso, la tasa adicional y los impuestos personales sí estaban integrados.

Por su parte, el impuesto de segunda categoría, conceptualmente similar al que existe hoy, se aplicaba a las personas naturales con respecto a su renta derivada de servicios personales, e incluía las rentas provenientes del trabajo dependiente y la renta de servicios profesionales, así como de otros servicios personales independientes prestados por personas naturales o por sociedades de profesionales.

El impuesto de segunda categoría gravaba la renta del trabajo dependiente con tasas progresivas que iban desde 0 a 58 por ciento, y la renta derivada de servicios personales independientes con una tasa proporcional del 7 por ciento. Las rentas del trabajo dependiente estaban exentas del impuesto global complementario, pero, al igual como ocurre hoy, se tomaban en cuenta para la determinación de su tasa.

Finalmente, el impuesto a la renta de las personas naturales (impuesto global complementario) era pagado por las personas residentes, con respecto a su renta global, con tasas progresivas que iban desde 0 a 58 por ciento. El impuesto a la renta de los no domiciliados o residentes (impuesto adicional) se aplicaba a las sucursales de las compañías extranjeras y, en general, a las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, con una tasa del 40 por ciento.

El sistema descrito fue criticado porque gravaba la renta en forma excesiva, producía el efecto de incentivar la distribución de la renta por parte de las empresas (lo que atentaba contra la reinversión) y favorecía el financiamiento por medio de préstamos, en desmedro del financiamiento del capital accionario o de riesgo.

3. El sistema tributario a contar de 1984

Teniendo presente el duro contexto económico por el que atravesaba la economía chilena durante la primera mitad de la década de los ochenta y considerando las dificultades estructurales del sistema tributario entonces vigente, la Junta de Gobierno de la época generó un proyecto de ley que avanzara en reformas estructurales que incentivaran el ahorro y la inversión, el que sería finalmente aprobado en la Ley N.º 18.293. El mensaje del proyecto de ley afirmaba que las modificaciones tendrían por objeto principal resolver el problema del bajo ahorro, readecuar la estructura financiera de las empresas y permitirles una mayor capacidad de ahorro e inversión. Debe tenerse presente que si bien la crisis financiera que afectaba al país en ese momento fue posiblemente la principal razón que motivó esta reforma tributaria, el peso de la estructura anterior y su negativo efecto en la productividad y generación de empleo quizá habrían justificado por sí mismo el tránsito hacia un sistema que incentivara el ahorro al interior de las empresas.

En su versión original, el proyecto de ley se estructuraba sobre un esquema de tributación único en base a retiros o a renta percibida, en virtud del cual, si las utilidades no eran definitivamente retiradas de las empresas, no se generaba impuesto alguno, ni aun el corporativo. De esta forma, el proyecto derogaba los siguientes impuestos: el de primera categoría, el que se aplicaba a las sociedades anónimas (tasa adicional), el de segunda categoría (sólo en lo que respecta a servicios personales independientes) y el habitacional. No obstante, mantenía vigente el impuesto de segunda categoría en cuanto a las rentas del trabajo dependiente, y el impuesto progresivo a la renta de las personas naturales. De acuerdo con el proyecto, el impuesto de primera categoría y el global complementario debían aplicarse sobre la renta efectivamente pagada o distribuida a la persona natural. Si la persona que recibía la renta distribuida por una empresa la reinvertía en otra, la renta reinvertida no era gravada mientras se mantuviera en la empresa receptora de la inversión. En el caso de las empresas extranjeras, la renta se gravaba una vez retirada o remesada al exterior.

Alternativamente al sistema descrito, y como gran novedad, en su versión original el proyecto de ley establecía, en su artículo 9º, un impuesto al consumo para las personas que no tributaran bajo la modalidad de retiros, el que era optativo para el contribuyente. En general, este gravamen al consumo consideraba como ingresos todas las cantidades percibidas por las personas en el año calendario, no sólo por concepto de beneficios o utilidades, sino que también por el valor de las enajenaciones de bienes, indemnizaciones, etcétera. De estos ingresos debían descontarse las inversiones realizadas en el mismo año por el contribuyente. La base tributable consideraba además el endeudamiento del año, el cual, naturalmente, impactaba en la inversión, y la escala de tasas y créditos era la misma que a la época del proyecto de ley se aplicaba al impuesto global complementario. El impuesto al consumo fue finalmente descartado, por lo que nunca se transformó en ley.

Con la publicación de la Ley N.º 18.293, del 31 de enero de 1984, se dispuso, a contar del año calendario 1984, una verdadera revolución en cuanto a la forma de tributación de las rentas generadas en las empresas. Bajo el nuevo sistema, se instauró el principio de tributación de las rentas empresariales con impuestos personales sobre la base de renta percibida, lo que implicó, como se ha explicado, que mientras las utilidades no fueran retiradas de la empresa que las generó y se mantuvieran en la misma, o fueran retiradas para ser reinvertidas en otras empresas, no se afectarían con impuestos personales (global complementario o adicional, en su caso). Las utilidades generadas por las empresas, en cambio, se afectaban con el impuesto de primera categoría al momento de su devengo, lo que determinó que este gravamen constituyera en la práctica un pago por adelantado a cuenta de los impuestos personales, el que era retenido por la empresa. Así, la introducción del sistema de tributación en base a retiros, en contraste al de la renta devengada, fue quizás el cambio más radical con respecto al mecanismo vigente con anterioridad a la reforma[2].

En complemento con lo anterior, se estableció también el principio de la integración de los impuestos, según el cual el tributo que pagan los propietarios por las rentas generadas en las respectivas empresas es uno solo, de manera que el impuesto de primera categoría actúa como una retención a cuenta de los tributos personales, lo que constituye un adelanto de recursos para el Fisco. Dado el diseño de esta estructura, los propietarios de las empresas tienen derecho a abonar como crédito el impuesto corporativo que gravó a las mismas utilidades que son retiradas o remesadas. Este diseño de impuestos integrados tiene varias ventajas: evita los problemas de doble tributación; afecta en forma positiva especialmente a los pequeños empresarios y pequeños accionistas, y permite que en el largo plazo las rentas del trabajo y del capital paguen impuestos parecidos[3].

Tal como se adelantaba en los párrafos anteriores, la forma de aplicar y controlar este nuevo sistema de tributación en base a renta percibida, con sus respectivas etapas y cuidando que las rentas retiradas o remesadas paguen el impuesto que las grava en el momento en que son percibidas se llamó el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

Es necesario hacer presente que de manera excepcional, y únicamente respecto del año calendario 1989, las utilidades generadas por las empresas se afectaron sólo con el impuesto de primera categoría cuando fueran retiradas o distribuidas a sus socios o accionistas. En otras palabras, en dicho período, el impuesto de primera categoría se aplicó en base a renta percibida, conjuntamente con los impuestos personales[4]. Esto explica que las utilidades registradas en el FUT de las empresas, correspondiente al año comercial 1989, no tengan asociado crédito por impuesto de primera categoría. A contar del año 1990, con la Ley N.º 18.985, se volvió al régimen de renta devengada en lo que respecta a la aplicación del señalado impuesto.

4. El Fondo de Utilidades Tributables

Para efectos de la aplicación práctica de este nuevo sistema de tributación, se hizo necesario establecer un control para la determinación y registro de las utilidades acumuladas en la empresa que se encontraban pendientes de reparto o distribución a los propietarios, para efectos de su imputación y de los créditos asociados a las mismas utilidades. Por esta razón, y teniendo presente que la Ley N.º 18.293 no contempló en ninguna de sus normas la obligatoriedad de llevar un registro para este tipo de rentas (aunque sí quedó constancia de la necesidad de dicho registro en el mensaje de la ley), el Servicio de Impuestos Internos (SII), mediante la resolución exenta 891, de 1985, creó el “Registro de renta líquida imponible de primera categoría y de utilidades tributables”, estableciendo para los contribuyentes de la primera categoría que determinen sus rentas efectivas demostradas mediante contabilidad completa y balance general la obligatoriedad de llevar este libro de registro especial.

Posteriormente, en la Ley N.º 18.985, publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 1990, se reconoció expresamente la existencia del FUT, cuya reglamentación fue efectuada por el SII en la resolución exenta 2.154, de 1991. Otras modificaciones que contiene esta ley con respecto al FUT son analizadas más adelante en esta misma sección.

En lo que respecta a las anotaciones que debían efectuarse en el FUT, se encontraban, entre otras, la renta líquida imponible de primera categoría, las utilidades generadas por terceros (cuyo origen proviene de participaciones sociales, dividendos percibidos de sociedades anónimas o retiros de utilidades tributarias efectuados en otras empresas que han sido recibidos en calidad de reinversión), la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal[5], y los ingresos que no se reputan renta de acuerdo con la ley. También se contabilizan las rentas exentas del impuesto global complementario o adicional y las afectas al impuesto de primera categoría en carácter de único a la renta.

En el caso de las sociedades de personas y contribuyentes del artículo 58, n.º 1, de la “Ley sobre impuesto a la renta”[6], el registro FUT permitía establecer la situación tributaria de las cantidades que se retiran, así como llevar un control de la tributación con impuestos finales de las utilidades que, por mantenerse en la empresa, no han sido objeto de tributación por parte de los propietarios. También se controlaba la antigüedad y origen de las utilidades para los efectos de establecer los créditos asociados a los retiros y distribuciones por concepto de impuesto de primera categoría.

Tratándose de las sociedades anónimas, el FUT tenía por objetivo determinar los créditos que benefician a las utilidades que se distribuyen, pero no definir la situación tributaria de éstas, ya que en el caso de estas sociedades toda cantidad que se distribuya tributa con el impuesto global complementario o adicional, salvo que se impute a una renta que forme parte del fondo de utilidades no tributables (FUNT).

Dicho lo anterior, podemos entonces concluir que el FUT representaba todas aquellas utilidades que constituyen flujos tributarios efectivos que son susceptibles de ser retiradas por los dueños de las empresas, pero que éstos han decidido mantenerlas invertidas en ellas (ya sea no retirándolas o reinvirtiéndolas en otras sociedades), postergando su tributación con los impuestos personales. Queda, entonces, de manifiesto, que el principal objetivo que tuvo el legislador al instaurar este sistema tributario fue el incentivo al ahorro y a la inversión (Catrilef 2010). Así, por lo demás, consta en las actas de las comisiones legislativas de la Ley N.º 18.293[7].

Además de los casos señalados precedentemente, a lo largo de los años el FUT experimentó una serie de mejoras, las que han tenido por finalidad corregir ciertas situaciones de abuso e introducir perfeccionamientos al sistema. Entre estas modificaciones, las que merecen mención especial por su relevancia son:

1) La Ley N.º 18.489, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 1986, cuyo objetivo fue precisar algunas situaciones que no quedaron suficientemente definidas y coordinadas con ocasión de la reforma introducida a la “Ley sobre impuesto a la renta” mediante la Ley N.º 18.293. Dentro de las modificaciones incorporadas por esta ley se cuentan el llamado “FUT devengado”, el cual permitió que las sociedades de personas pudieran imputar los retiros en exceso del FUT al mismo fondo de otras empresas en las que éstas tuvieran participación con prescindencia del resultado tributario del ejercicio para efectos de la tributación que afecta a los retiros presuntos del antiguo artículo 21 de la “Ley sobre impuesto a la renta”.

2) La Ley N.º 18.775, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1989, cuyo objetivo fue establecer un sistema de tributación excepcional para el año comercial 1989, que consistió, en pocas palabras, en aplicar el impuesto de primera categoría a las utilidades generadas durante dicho período sólo en la medida en que fueran retiradas o distribuidas a los propietarios de las empresas. Este sistema se mantuvo solamente para las utilidades generadas en el ejercicio 1989, siendo derogado por la Ley N.º 18.985, que devolvió el escenario a la situación anterior. La modificación introducida por la Ley N.º 18.775 en comento explica el que las utilidades generadas durante el año 1989 e incorporadas en el FUT de la empresa no hayan tenido —ni tengan— derecho a imputar el crédito de primera categoría asociado a las mismas utilidades. Cabe recordar que esta forma de tributación con el impuesto de primera categoría era la que contemplaba originalmente el proyecto de la Ley N.º 18.293.

3) La Ley N.º 18.985, publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 1990, es quizá la gran reforma tributaria desde el retorno de la democracia. Sin modificar de manera radical el sistema de tributación del impuesto a la renta, introdujo cambios sustanciales en lo que respecta al FUT.

Esta ley dispuso, en primer lugar, el regreso al sistema de aplicación del impuesto de primera categoría sobre renta devengada (vigente hasta 1988 y modificado transitoriamente por la Ley N.º 18.775), lo que en la práctica implicó volver a gravar a las empresas con este tributo, reflejándose nuevamente en un crédito en el FUT. También, en lo que interesa, modificó la “Ley sobre impuesto a la renta” de la siguiente forma: (i) se consideraron retiradas por los propietarios, y en consecuencia gravadas con los impuestos personales aplicables en el mismo ejercicio, las utilidades generadas por empresas que no declaran sus rentas efectivas mediante contabilidad completa o que están acogidas al régimen de renta presunta; (ii) se reguló el tratamiento de los retiros en exceso de FUT efectuados desde sociedades de personas, pero manteniendo el sistema de reinversión de utilidades en otras empresas que determinen su renta efectiva según contabilidad completa, postergando los impuestos global complementario o adicional[8]; (iii) se reguló expresamente y más en detalle el FUT, el que, como fue señalado, hasta esa fecha sólo era reconocido a través de una circular del Servicio de Impuestos Internos; (iv) se estableció, además, un orden de imputación de los retiros, remesas o distribuciones que efectúen las empresas a sus propietarios, socios o accionistas, comenzando por las rentas tributables más antiguas, con el objetivo de evitar el retiro de cantidades correspondientes a ingresos no renta o exentas de impuesto global complementario o adicional, con el consiguiente impacto en las arcas fiscales[9], y (v) se permitió a los contribuyentes del impuesto de primera categoría deducir de su renta líquida imponible, como gasto necesario, las pérdidas incurridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, admitiéndose incluso la devolución del impuesto pagado por utilidades generadas en ejercicios anteriores[10].

4) La Ley N.º 19.578, publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 1998, introdujo nuevas modificaciones al artículo 14 de la “Ley sobre impuesto a la renta”, las que tuvieron por objetivo corregir algunas situaciones que se producían en relación con los retiros de utilidades para ser reinvertidos en otras empresas. Cabe recordar que estos retiros, desde la creación del sistema, nunca fueron afectados con impuestos.

Entre otras materias, esta ley corrigió una situación que se producía en la enajenación de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas adquiridas con utilidades reinvertidas, las que hasta antes de esta modificación nunca pagaban el impuesto global complementario o adicional que se encontraba pendiente, regulándose asimismo el tratamiento del mayor valor obtenido en dicha enajenación y la reinversión del precio de su enajenación.

5) La Ley N.º 19.738, publicada en el Diario Oficial el 19 de junio de 2001, también conocida como “Ley de lucha contra la evasión”, surge del compromiso expresado en el programa de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos en cuanto a “financiar los mayores requerimientos de gastos en programas sociales y de desarrollo no mediante un aumento de impuestos sino a través de una reducción de la elusión y evasión tributaria”[11]. Dentro de sus principios rectores se cuentan el fortalecimiento de la fiscalización de los impuestos; la reducción de fuentes de evasión y elusión que existían en la legislación tributaria, y la modernización y fomento de una mayor eficiencia en los organismos de la administración tributaria.

Esta ley incorporó importantes modificaciones al FUT, dentro de las que se cuentan el considerar como un retiro la enajenación de acciones de sociedades anónimas cerradas adquiridas mediante una reinversión de utilidades, y la modificación a las normas sobre depreciación acelerada, en el sentido de que ésta sólo tendrá efectos en la determinación de la renta líquida imponible de las empresas, pero no en el FUT, donde se considera como gasto sólo la depreciación normal.

6) La Ley N.º 20.630, publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2012, que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional, modificó el artículo 21 de la “Ley sobre impuesto a la renta”, haciendo de cargo de la sociedad el impuesto-multa de tasa 35 por ciento (aplicable en general a los gastos rechazados y a los retiros presuntos), y alternativamente, en reemplazo de dicho impuesto, gravando al contribuyente del impuesto global complementario o adicional con el respectivo tributo incrementado en un monto equivalente al 10 por ciento de la partida correspondiente. Además, entre otras materias, la Ley N.º 20.630 igualó prácticamente en todos los aspectos el tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de sociedades anónimas cerradas con el de los derechos societales.

5. Estadísticas descriptivas

En esta sección presentamos estadísticas descriptivas relativas al FUT. El gráfico 1 muestra el nivel y evolución del FUT acumulado durante el período 2004-2012. Las cifras exhibidas en el gráfico corresponden al monto del FUT a comienzos del año calendario. Vemos que entre el 2004 y el 2012, el FUT ha crecido más de 300 por ciento desde un nivel de 62.500 millones de dólares en el 2004 hasta más de 250.000 millones de dólares en el 2012. Es claro que la tasa de crecimiento no es estable en el tiempo. Particularmente notorio es el quiebre en el año 2009, reflejando posiblemente el efecto de la crisis financiera global.

Gráfico 1. FUT acumulado 2004-2012

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos del SII correspondientes a la operación renta de cada año.

Para entender qué tipo de empresa alberga la mayor parte del FUT exhibido en el gráfico 1, clasificamos las sociedades en tres grupos de acuerdo con su nivel de renta líquida imponible (RLI) total en el período 2004-2012: pequeñas, medianas y grandes. Las sociedades pequeñas agrupan al 25 por ciento que presenta la menor RLI. Por su parte, las sociedades grandes agrupan al 25 por ciento con la mayor renta líquida imponible. El resto de las sociedades se clasificaron como medianas.

La tabla 1 muestra el porcentaje del total del FUT que se encuentra en estos tres tipos de empresas. Podemos observar que las grandes concentran la mayor parte del FUT, alcanzando en todos los períodos más del 90 por ciento del total. Por su parte, las empresas pequeñas y medianas acumulaban en conjunto alrededor del 8,5 por ciento del total en el año 2004, porcentaje que disminuyó de manera importante durante la crisis financiera, llegando a un mínimo de 5,5 por ciento en 2008. Posteriormente ha existido un leve repunte, pero sin lograr los niveles previos a la crisis.

Tabla 1. Distribución del FUT por tipo de empresas

Año calendario

Pequeñas

%

Medianas

%

Grandes

%

2004

1,35

7,16

91,49

2005

1,13

6,37

92,50

2006

1,01

5,91

93,09

2007

0,87

5,13

93,99

2008

0,79

4,71

94,50

2009

0,78

4,74

94,48

2010

0,86

5,20

93,94

2011

0,82

4,99

94,19

2012

0,88

5,29

93,83

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos del SII correspondientes a la operación renta de cada año.

A continuación mostramos el retiro de utilidades[12] como porcentaje del FUT acumulado y de la renta líquida imponible. No deducimos los impuestos pagados de ésta para evitar que la existencia de distintos créditos y otros tratamientos tributarios de las empresas disminuya su comparabilidad. Realizamos esto para el total de las sociedades, así como para los distintos grupos clasificados de acuerdo con su nivel de renta líquida imponible. Los gráficos 2 y 3 muestran los resultados.

Gráfico 2. Retiros como porcentaje del FUT, 2004-2012

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos del SII correspondientes a la operación renta de cada año.

Gráfico 3. Retiros como porcentaje de la renta líquida imponible, 2004-2012

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos del SII correspondientes a la operación renta de cada año.

Vemos en el gráfico 2 que las empresas retiran, en promedio, alrededor del 25 por ciento del FUT cada año, siendo este porcentaje algo menor para las sociedades más pequeñas. Debido a que los retiros se imputan al FUT en orden cronológico, esto permite concluir que la rotación de las utilidades reinvertidas es relativamente alta y que, en promedio, los incentivos de las empresas a reinvertir provocan que no se retengan durante periodos largos (10 o 20 años). Esto sugiere que el rol del FUT estaba más cercano a una suavización más que de la dilatación del pago de impuestos. Adicionalmente, vemos en el gráfico 3 que en el caso de sociedades pequeñas la retención de utilidades es casi nula. El marco teórico desarrollado en la sección 7 nos dará luces de las razones de este resultado.

6. El FUT en la práctica

Para clarificar las principales diferencias entre el régimen tributario antiguo (vigente antes del año 1984) y el régimen tributario que entró en vigencia con la Ley N.º 18.293, en esta sección presentamos un modelo simple que analiza cómo era el pago de impuestos de sociedades que operaban bajo diferentes esquemas tributarios. La razón de efectuar la comparación con el régimen tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 1983 es que el régimen propuesto por la autoridad durante el primer semestre de 2014 contenía dentro de sus pilares más importantes (aunque más tarde fue parcialmente modificado) el establecimiento de la tributación en base a renta devengada, con la consiguiente supresión del FUT, lo que es sustancialmente similar al régimen previo a la Ley N.º 18.293.

Utilizando este marco de análisis, en la siguiente sección evaluaremos las políticas óptimas de retiro para sociedades que operan en el régimen previo a 1984 y post 1984. Dicho análisis nos permitirá evaluar cuál de los dos regímenes tributarios provee de mejores incentivos para la reinversión de utilidades.

Asumamos una economía pequeña y abierta que dura dos períodos (año 1 y año 2), en la cual los agentes prestan y se endeudan a una tasa de interés r, exógena al modelo. La tasa de inflación de la economía es cero[13]. Cada agente de esta economía es dueño de una sociedad, la cual genera un flujo de utilidades igual a Y1 en el año 1 y de Y2 en el año 2.

A continuación mostramos el pago total de impuesto que se genera para distintos tipos de sociedades bajo el régimen tributario antiguo y el nuevo, en caso de retirar R1 utilidades el primer período. Comenzaremos analizando cómo hubiese sido el pago de impuestos de las sociedades de personas y de las sociedades anónimas que operaban en el régimen tributario pre 1984. Luego veremos el caso de las mismas sociedades que se encuentran operando en el sistema tributario post 1984. En ambos casos, se ha asumido que los propietarios de estas sociedades son contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, y, en consecuencia, afectos al impuesto global complementario.

6.1. Tributación de sociedades anónimas bajo el régimen pre 1984

La tabla 2 muestra cuál sería el pago de impuestos bajo el sistema tributario vigente hasta 1984 en sociedades anónimas que retiran un monto R1 de utilidades en el primer período. Bajo dicho esquema tributario, las utilidades generadas en el primer período tributan con el impuesto de primera categoría por un monto igual a Y1*tpc. Adicionalmente, dichas utilidades, una vez descontado el pago correspondiente al impuesto de primera categoría, están también sujetas a la tasa adicional, la cual conlleva un pago de impuestos de Y1*(1-tpc)*tta. Después de pagar el impuesto de primera categoría y la tasa adicional, el dueño de esta sociedad tiene disponible para retirar hasta un monto máximo de Y1*(1-tpc)*(1-tta), esto es, las utilidades que quedan después del pago de impuestos. Si la sociedad anónima distribuye a sus accionistas contribuyentes finales R1 de las utilidades disponibles para ser distribuidas, los dueños de la sociedad anónima pagan un monto R1*tgc(R1) por concepto de global complementario, donde tgc(R1) es la tasa promedio de global complementario que depende positivamente del monto de utilidades retiradas. El pago del global complementario considera un crédito derivado del pago de la tasa adicional y que es proporcional al monto de utilidades retiradas. Por ende, el monto del crédito equivale a R1*tta. Si el crédito es mayor al pago de impuestos derivados del global complementario, el pago neto de este impuesto es simplemente cero.

En el segundo período, la sociedad anónima genera un flujo de Y2. A este monto debemos sumarle los intereses generados por las utilidades que no fueron distribuidas durante el período 1, esto es (Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r. Así, las utilidades totales generadas en el segundo período equivalen a Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r. Esta es la base para el impuesto de primera categoría, cuyo pago involucra entonces recursos por un monto de (Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*tpc. Al igual que en el primer período, sobre las utilidades que quedan después del pago del impuesto de primera categoría, la sociedad debe cancelar la tasa adicional por un monto igual a (Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*tta. Así, después del pago del impuesto de primera categoría y de la tasa adicional, tenemos que el monto máximo disponible para ser retirado es igual a (Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)+(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta), donde el primer término equivale a las utilidades que no fueron distribuidas en el primer período, mientras que el segundo término representa las utilidades después de impuestos generadas durante el segundo período.

Al distribuirse todas estas utilidades en el segundo período, la base para el global complementario de dicho período es igual a (Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)+(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta). Al igual que antes, la tasa promedio del global complementario dependerá del monto distribuido (tgc(R2)). Respecto del crédito para el global complementario, éste se deriva del pago de la tasa adicional. La base de este crédito tiene dos componentes: primero, el crédito disponible no utilizado del primer período (Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1); y segundo, las utilidades totales generadas en el periodo dos que serán distribuidas (Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta). Así, el crédito total disponible para ser utilizado contra el impuesto global complementario es igual a [(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1) +(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta)]*tta. Al igual que antes, si el crédito es mayor al pago de impuestos derivados del global complementario, la cancelación neta de este impuesto es simplemente cero.

Tabla 2. Pago de impuestos de una sociedad anónima bajo el régimen pre 1984

Período

Año 1

Año 2

Utilidades acumuladas del período pasado

0

Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1

Utilidades generadas netas de los intereses recibidos por reinversiones pasadas

Y1

Y2

Intereses por utilidades reinvertidas en el año 1

0

(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r

Utilidades totales del período

Y1

Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r

Primera categoría (tpc)

Y1*tpc

(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*tpc

Tasa adicional (tta) 1-2

Y1*(1-tpc)*tta

(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*tta

Monto máximo para ser retirado

R1max=Y1*(1-tpc)*(1-tta)

R2max=(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)+(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta)

Monto disponible para retirar

R1 ϵ [0,R1max]

R2 ϵ [0,R2max]

Global complementario (tgc)

GC=R1*tgc(R1)

GC=[((Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1) +(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta)]*tgc(R2)

Crédito para el global complementario

C=R1*tta

C=[((Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1) +(Y2+(Y1*(1-tpc)*(1-tta)-R1)*r)*(1-tpc)*(1-tta)]*tta

Pago neto de global complementario

max{GC-C,0}

max{GC-C,0}

1 La tasa adicional se encontraba establecida en el antiguo artículo 21 de la “Ley sobre impuesto a la renta”, y consistía en un impuesto de cargo de las sociedades anónimas que se aplicaba sobre las utilidades generadas en el ejercicio. Dado que el esquema vigente hasta el 31 de diciembre de 1983 se basaba en el sistema de renta devengada, la tasa adicional era una solución práctica al gravar únicamente a la sociedad por las rentas de sus accionistas, independientemente de su distribución, considerando la imposibilidad que existía en ese momento de cobrar el impuesto a cada accionista en las sociedades cuya propiedad se encontraba dispersa. Una vez distribuido el dividendo, la tasa adicional pagada por la sociedad era imputable como crédito contra el impuesto global complementario o adicional, ya que dicho gravamen era considerado un adelanto de la tributación de los accionistas.

2 Cabe hacer presente que las sociedades de personas no se afectaban con la tasa adicional.

6.2. Tributación de sociedades de personas bajo el régimen pre 1984[14]

A continuación, construiremos un ejemplo similar al anterior, esta vez para las sociedades de personas bajo el régimen vigente antes del año 1984. La tabla 3 muestra el pago de impuestos de estas sociedades al retirar un monto R1 de utilidades el primer período.

Las utilidades generadas en el primer período tributan, con el impuesto de primera categoría, un monto igual a Y1*tpc. Adicionalmente, independiente del monto retirado de utilidades, la base para el global complementario está dada por las utilidades generadas por la sociedad en el período. Esto porque el régimen antiguo consideraba una tributación en base devengada y no en base a retiros. Por ende, los socios personas naturales pagan un monto Y1*tgc(Y1) de global complementario, independientemente del retiro o no de las utilidades del período[15]. La tasa promedio de este impuesto dependerá del tamaño de las utilidades generadas. Las utilidades del primer período que estarán disponibles para ser retiradas el segundo período son Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1. Esto es, las utilidades generadas el primer período, menos el pago del impuesto de primera categoría (Y1*tpc), menos el pago del global complementario (Y1*tgc), menos las utilidades retiradas, R1.

En el segundo período, la sociedad genera Y2 de utilidades más los intereses producto de las utilidades no retiradas durante el primer período, (Y1*(1-tpc-tgc(R1))-R1)*r (que, como se señaló, fueron afectadas con el impuesto global complementario). Las utilidades totales generadas en el segundo período (incluidos los intereses por el no retiro de las utilidades del primer período) constituyen la base para el impuesto de primera categoría y global complementario. Así, el pago por concepto de primera categoría es igual a (Y2+(Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1)*r)*tpc, mientras que los socios cancelan por concepto de global complementario (Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tgc(UT). En este caso, dado que la base del global complementario en el segundo período es el total de utilidades generadas (UT), éstas son las que determinan la tasa promedio de este impuesto.

Tabla 3. Pago de impuestos de una sociedad de personas bajo el régimen pre 1984

Período

Año 1

Año 2

Utilidades acumuladas del período pasado

0

Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1

Utilidades generadas netas de los intereses recibidos por reinversiones pasadas

Y1

Y2

Intereses por utilidades reinvertidas en el año 1

0

(Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1)*r

Utilidades totales del período

Y1

UT=Y2+( Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1)*r

Primera categoría (tpc)

Y1*tpc

(Y2+( Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1)*r)*tpc

Monto máximo para ser retirado

R1max=Y1*(1-tpc- tgc(Y1))

R2max=( Y1*(1-tpc-tgc(R1))-R1)+(Y2+( Y1*(1-tpc-tgc(Y1))-R1)*r)*(1-tpc)

Monto disponible para retirar

R1 ϵ [0,R1max]

R2 ϵ [0,R2max]

Global complementario (tgc)

Y1*tgc(Y1)

(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tgc(UT)

Pago neto de global complementario

Y1*tgc(Y1)

(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tgc(UT)

Tabla 4. Pago de impuestos de sociedades anónimas y de personas bajo el régimen nuevo

Período

Año 1

Año 2

Utilidades acumuladas del período pasado

0

Y1*(1-tpc)-R1

Utilidades generadas netas de los intereses recibidos por reinversiones pasadas

Y1

Y2

Intereses por utilidades reinvertidas en el año 1

0

(Y1*(1-tpc)-R1)*r

Utilidades totales del período

Y1

Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r

Primera categoría (tpc)

Y1*tpc

(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tpc

Monto máximo para ser retirado

R1max=Y1*(1-tpc)

R2max=(Y1*(1-tpc)-R1)+(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*(1-tpc)

Monto disponible para retirar

R1 ϵ [0,R1max]

R2 ϵ [0,R2max]

Global complementario (tgc)

GC=(R1/(1-tpc))*tgc(R1/(1-tpc))

GC=[(Y1-R1/(1-tpc)) +(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)]*tgc(R2/(1-tpc))

Crédito para el global complementario

C=(R1/(1-tpc))*tpc

C=[(Y1-R1/(1-tpc)) +(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)]*tpc

Pago neto de global complementario

GC-C

GC-C

6.3. Tributación de sociedades bajo el régimen post 1984

Finalmente, la tabla 4 muestra el pago de impuestos que se genera para los propietarios de las empresas al retirar o distribuir un monto R1 de utilidades en el primer período, bajo el sistema tributario vigente desde 1984. Tanto en las sociedades anónimas y de personas, las utilidades generadas en el primer período tributan con el impuesto de primera categoría un monto igual a Y1*tpc, sin que se aplique el impuesto global complementario si las utilidades generadas por la empresa no son retiradas o distribuidas. Con esto, el monto máximo disponible para ser retirado en el primer período es de Y1*(1-tpc).

Si los socios o accionistas retiran o se les distribuye un monto de utilidades de R1, la base para la aplicación del impuesto global complementario considera dichas cantidades sin incluir el impuesto de primera categoría que se pagó por las utilidades retiradas o distribuidas[16]. Por ejemplo, si la totalidad de las utilidades fuera retirada o distribuida, el monto del retiro o dividendo sería igual a R1=Y1*(1-tpc), y la base del impuesto global complementario sería de R1/(1-tpc)=Y1. El monto total pagado por global complementario es de R1/(1-tpc)*tgc(R1/(1-tpc)), donde vemos que la tasa promedio del impuesto depende del tamaño de la base impositiva. Cabe tener presente que el impuesto global complementario considera un crédito por el impuesto de primera categoría pagado, cuya base es la misma que la considerada para el global complementario. Esto último es consecuencia directa de un sistema tributario integrado. Así, el crédito tributario utilizado el primer período es de R1/(1-tpc)*tpc.

En el segundo período, la sociedad del ejemplo genera utilidades equivalentes a Y2. Adicionalmente, produce intereses por las utilidades no retiradas o distribuidas en el período anterior, (Y1*(1-tpc)-R1)*r. Las utilidades totales generadas en el período constituyen la base para el impuesto de primera categoría. Así, el pago total de este impuesto es igual a (Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tpc. Adicionalmente, las utilidades totales generadas en el segundo período que quedan en la sociedad después del pago del impuesto de primera categoría, más aquellas no retiradas o distribuidas en el primer período, constituyen el monto máximo que puede ser retirado o distribuido en el segundo período. Dicho monto es igual a (Y1*(1-tpc)-R1)+(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*(1-tpc).

Si los socios retiran o la sociedad distribuye, en su caso, todos los recursos disponibles el segundo período, la base del global complementario incluirá, primero, las utilidades acumuladas durante el primer período, sin considerar lo desembolsado por concepto del impuesto de primera categoría, esto es, Y1-R1/(1-tpc). A dicho monto, luego, se agrega la utilidad generada en el segundo período, también excluyendo el pago de primera categoría, Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r. Con esto, el pago total del impuesto global complementario en el segundo período es igual a [Y1-R1/(1-tpc)+(Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)]*tgc(R2/(1-tpc)). El crédito tributario imputable contra el impuesto global complementario se compone del crédito no utilizado en el primer período (Y1-R1/(1-tpc))*tpc más lo tributado por primera categoría en el segundo período, (Y2+(Y1*(1-tpc)-R1)*r)*tpc.

7. El FUT y los incentivos a la inversión

En esta sección estudiamos los incentivos a la reinversión que otorgaba el régimen tributario que comenzó a regir con la Ley N.º18.293 respecto del sistema previo a éste. En particular, pondremos énfasis en el análisis de los incentivos a la reinversión que provee un sistema tributario en base a retiros en comparación con uno en base a utilidades devengadas. Esta diferencia en la base de la tributación de las rentas es uno de los principales elementos que distinguían entre ambos regímenes.

De la discusión en las secciones precedentes podemos ver que el cambio en la base de la tributación para el global complementario es particularmente relevante en el caso de las sociedades de personas. Por ende, en esta sección limitaremos el análisis a este tipo de sociedades.

Un primer elemento de incentivo a la inversión se origina en las restricciones de acceso al mercado de capitales que pudiesen enfrentar algunas empresas. El argumento es simple. Pensemos en una empresa que necesita financiar proyectos rentables de inversión, pero que no cuenta con fuentes externas de financiamiento. En este caso, su capacidad de llevar a cabo dichos proyectos de inversión dependerá exclusivamente de sus fuentes internas de financiamiento, es decir, de su flujo de utilidades que quedan después del pago de impuestos.

Un sistema tributario no integrado cuya tributación es en base a la renta devengada grava las utilidades generadas doblemente, con el impuesto de primera categoría y el global complementario. Ésta era precisamente la característica distintiva del régimen tributario que operó antes de 1984. Por el contrario, el sistema tributario que comenzó a regir con la publicación de la Ley N.º 18.293 instauró el principio de tributación de los propietarios de las empresas sobre la base de la renta percibida. Bajo este mecanismo, mientras las utilidades no fueran retiradas y se mantuvieran reinvertidas en la empresa, no se afectarían con los impuestos personales (global complementario o adicional, según el domicilio o residencia del contribuyente). Por ende, la tributación sobre la base de la renta percibida incrementa los fondos internos disponibles para la inversión en proyectos rentables y, con esto, las posibilidades de inversión. Esto es particularmente relevante para empresas que tienen acceso limitado al mercado de capitales.

En el caso en que un sistema tributario en base a renta devengada mantenga la integración de los impuestos como principio tributario, el incentivo a la inversión anteriormente descrito sólo sería relevante para empresas que generan flujos de utilidades altas. Esto porque, en dicho escenario, si la tasa efectiva del impuesto global complementario que pagan los propietarios de las empresas al momento de que se les distribuyan o retiren las utilidades es inferior o similar al impuesto de primera categoría pagado por la empresa, no existirá mucho incentivo en mantener las mismas utilidades invertidas en las empresas. De esta manera, el sistema en base a renta devengada realizaría, de manera automática, lo mismo que haría el contribuyente, es decir, distribuir o retirar las utilidades. Esto se explica en el hecho que si la tasa corporativa es superior a la tasa del impuesto global complementario, el contribuyente propietario de la empresa tendrá un incentivo evidente para que se le distribuyan o para retirar dichas utilidades, ya que de lo contrario el Fisco estaría reteniendo un impuesto (la diferencia entre el tributo corporativo y el tributo final) que al contribuyente final no le corresponde pagar. Lo anterior se traduce en que al momento de la distribución o retiro, el Fisco le devuelve al contribuyente la diferencia entre el impuesto de primera categoría retenido y el impuesto global complementario.

Un segundo elemento de incentivo a la inversión del FUT existe incluso en un mundo en que las empresas no tienen restricciones de acceso al mercado de capitales. Este elemento de incentivo a la inversión, tal como veremos, se origina al resolver un problema de “injusticia tributaria” o inequidad horizontal en el pago de impuestos que existe en un régimen que basa la tributación en la renta devengada y que, además, considera tasas marginales crecientes para los impuestos personales (global complementario), tal como sucedía en el sistema anterior a 1984.

Considérense dos sociedades que generan el mismo flujo de ingresos en valor presente, pero en distintos momentos. Luego asumamos que estas sociedades operan en un mundo que dura sólo dos períodos. La sociedad A genera una utilidad de Y en ambos períodos. La sociedad B genera un flujo de utilidades de 2Y en el período 1, pero no genera utilidades en el período 2. Por simplicidad, asumamos que la tasa de interés es igual a cero. Nótese entonces que, en valor presente, ambas sociedades generan el mismo monto total de utilidades. Adicionalmente, asumiremos que al final del año 2, las personas deben consumir todo su ingreso (no hay herencias), por lo que retiran todos los recursos disponibles en la sociedad. Es decir, tal como ocurre en todo marco de análisis económico, al final de la vida, los agentes consumen todos sus recursos.

En la tabla 5, basados en el ejemplo de la tabla 3, tenemos que el pago total de impuestos de ambas sociedades bajo el régimen tributario pre 1984 es el siguiente:

Tabla 5. Ejemplo pago de impuestos sociedades A y B bajo el régimen pre 1984

Período 1

Período 2

Primera

categoría

Global

complementario

Primera

categoría

Global

complementario

A

Y*tpc

Y*tgc(Y)

Y*tpc

Y*tgc(Y)

B

2Y*tpc

2Y*tgc(2Y)

0

0

En la tabla anterior, podemos apreciar cómo si bien ambas sociedades generan, en valor presente de ingresos, el mismo monto de utilidades, terminan pagando un monto total distinto de impuestos. La razón detrás de esta “injusticia tributaria” es la progresividad del impuesto global complementario (es decir, el hecho de que tgc(2Y)> tgc(Y)).

Veamos qué sucede en un sistema en que la tributación del global complementario es en base a la renta percibida y no a la devengada. La tabla 6 muestra el pago de impuestos de las sociedades A y B en el caso de que las sociedades retiren un monto R1 de utilidades en el período 1.

Tabla 6. Ejemplo pago de impuestos sociedades A y B bajo el régimen post 1984

Período 1

Período 2

Primera

categoría

Global

complementario

Primera

categoría

Global

complementario

A

Y*tpc

(R1/(1-tpc))*(tgc(R1/(1-tpc))-tpc)

Y*tpc

(2Y-R1/(1-tpc))*(tgc(R2/(1-tpc))-tpc)

B

2Y*tpc

(R1/(1-tpc))*(tgc(R1/(1-tpc))-tpc)

0

(2Y-R1/(1-tpc))*(tgc(R2/(1-tpc))-tpc)

El primer hecho interesante de notar es que si ambas sociedades deciden retirar el mismo monto de utilidades en el primer período, éstas pagan el mismo monto total de impuestos. Esta “justicia tributaria” o equidad tributaria horizontal es la consecuencia de un régimen en que la tributación es en base a renta percibida para los impuestos personales. La progresividad del impuesto global complementario actúa sobre el monto de las rentas efectivamente retiradas y no sobre aquellas generadas por la sociedad.

Segundo hecho interesante: asumamos que la función objetivo de los agentes es minimizar el pago total de impuestos. Para esto, los agentes eligen el monto óptimo de utilidades a retirar R1 en el primer período. Así, el problema de optimización a resolver es el siguiente (1):

donde T1 y T2 corresponden al pago total de impuestos en el año 1 y el año 2, respectivamente. La condición de primer orden para este problema de optimización es la siguiente (2):

La condición de primer orden nos muestra los costos (mayor pago total de impuestos) y beneficios (menor pago total de impuestos) de retirar pesos adicionales en el primer período. Al realizar este retiro, se incrementa la base y tasa promedio del impuesto global complementario del primer período (primer y segundo término de la ecuación (2)). Por su parte, la menor retención de utilidades reduce la base y tasa promedio de dicho impuesto en el segundo período (tercer y cuarto término de la ecuación (2)). Nótese que la condición de primer orden descrita por la ecuación (2) se satisface para un nivel de retiros de utilidades igual a R1=Y*(1-tpc), es decir, el máximo nivel de utilidades posibles para ser retiradas en una sociedad que genera utilidades igual a Y en dicho período. Dado ese retiro de utilidades en el primer período, la sociedad B termina pagando el mismo total de impuestos que la sociedad A.

La intuición de por qué una política de retiros estables en el tiempo es la que minimiza el pago de impuestos es la siguiente. Asumamos que existen sólo dos tramos para el impuesto global complementario. Hasta un retiro de X1, los socios pagan un impuesto global complementario de a%. Sobre esos X1 pesos retirados, la tasa del global complementario sube a b% > a%. Entonces, en una sociedad que se generan utilidades por un monto mayor a X1 en un primer período, pero que no genera utilidades en el segundo período, por cada peso de utilidades que retiene por sobre los X1 pesos, se reduce la tasa de global complementario desde b% a a%. Esto explica por qué para la sociedad B, de nuestro ejemplo, una política de retención parcial de utilidades minimiza su pago total de impuestos.

Por ende, podemos concluir que el sistema tributario en vigencia desde 1984 hasta la reforma de 2014[17] genera incentivos tributarios a la reinversión de utilidades que son particularmente relevantes para sociedades con flujos de utilidades que son inestables en el tiempo (específicamente, decrecientes). Esto, porque al retener utilidades, sociedades que generan flujos inestables de utilidades suavizan el pago del global complementario en el tiempo, lo cual minimiza el pago de impuesto dada la progresividad marginal de este gravamen. Este efecto es independiente del grado de integración de los impuestos en el sistema tributario y sólo se origina por el hecho de poder diferir en el tiempo el pago del global complementario. Además, este sistema genera una “justicia tributaria” o equidad tributaria horizontal, en el sentido de que permite que sociedades (socios) que generan el mismo monto de utilidades, pero en distintos momentos, paguen el mismo monto total de impuestos.

Finalmente, nótese que, de no existir la progresividad del global complementario , la solución al problema de minimización descrito por la ecuación (1) está indeterminada. Es decir, la sociedad estaría indiferente entre retirar distintos montos de utilidades en el primer período. Esto, porque un menor pago de impuesto global complementario en el primer período se compensa con un mayor pago en el segundo período a la misma tasa promedio de dicho impuesto.

8. El debate sobre el tratamiento del impuesto a la renta

De las secciones precedentes podemos concluir que si la finalidad del FUT continúa siendo aquélla para lo cual fue creado —el incentivo al ahorro e inversión—, la eliminación del FUT y el movimiento hacia un régimen tributario en base devengada no es recomendable. Esta conclusión está en línea con la de algunos trabajos existentes en la literatura, tales como el de Arellano y Corbo (2013). Dichos autores concluyen que el régimen de tributación en base a retiros ha sido un estímulo al ahorro en las empresas o sociedades y una fuente de financiamiento para la inversión vía reinversión de utilidades, contribuyendo así a que en las últimas décadas el ahorro de empresas represente una fracción significativa del ahorro nacional.

Sin embargo, a pesar de los incentivos al ahorro e inversión que ha otorgado el régimen en base a retiros, éste no ha estado exento de debate. Por el contrario, el tratamiento del ingreso a la renta ha sido un foco permanente en el debate público, existiendo diversas posturas al respecto. Mientras algunos estudios apoyan la idea de que un régimen tributario en base a retiros incentivaría el ahorro y la inversión, tal como lo hace el estudio de Arellano y Corbo (2013) y el nuestro, otros sostienen que se ha convertido en una fuente importante de elusión y evasión de impuestos y que afectaría la equidad horizontal de nuestro sistema tributario. A continuación, revisaremos brevemente el debate que se ha desarrollado en torno a este tema. Luego, discutiremos algunas de las propuestas de modificación al sistema tributario que han emergido en la literatura.

8.1. El debate en la literatura

Un primer punto de discusión en el debate dice relación con el efecto de los impuestos sobre la inversión. Tal como hemos concluido en este trabajo, el esquema de tributación en base a rentas percibidas estimula la reinversión de las utilidades en la medida en que los retiros son castigados con una alta tasa impositiva. Para entender cuán importante es este efecto, debemos primero tener alguna noción de los efectos empíricos de la demanda por capital frente a cambios impositivos. Esto, porque si se pasara desde un régimen en base a retiros hacia uno en base devengada, las utilidades tributarían no sólo por la tasa de impuesto corporativa, sino que también por los impuestos terminales —global complementario o adicional, según el domicilio o residencia del beneficiario—, lo que en definitiva incrementaría la tasa de impuesto efectiva en algunas empresas, incluso manteniendo intacta la integración de tributos entre empresas y personas[18]. A nivel empírico, la literatura entrega resultados variados. Estudios como el de Engel et al. (1998) y el de Bustos et al. (2004) concluyen que la demanda agregada de capital no es sensible a la tasa del impuesto a las utilidades retenidas. Por su parte, Cerda y Larraín (2005), Cerda y Saravia (2009), Hsieh y Parker (2007), Medina y Valdés (1998) y Vergara (2010) sugieren que los impuestos a las utilidades afectan negativamente las decisiones de inversión en algunos tipos de empresas. Por ende, la literatura aún no nos entrega una respuesta concluyente respecto de este primer punto.

Un segundo elemento central del debate dice relación con los efectos que generaba el sistema vigente antes de la reforma tributaria del año 2014 sobre la equidad horizontal del sistema impositivo. El FUT sólo podía ser llevado por empresas que son contribuyentes del impuesto de primera categoría con contabilidad completa[19], mientras que los contribuyentes del impuesto de segunda categoría no contaban con esta opción. Por ende, una misma actividad podía tener distintos tratamientos tributarios, al permitirse en un caso la tributación en base a retiros, frente a la renta devengada en el otro. Esto rompía el principio de equidad tributaria horizontal, ya que algunas actividades que por su naturaleza debiesen tributar con impuesto global complementario (pues se trata de actividades mencionadas en el artículo 42, n.º 2, de la “Ley sobre impuesto a la renta”) se tratan como rentas del capital para efectos de llevar el FUT, sin atender necesariamente al hecho de si, para la generación de estos ingresos, predomina o no el uso del capital por sobre el trabajo personal, lo cual es el elemento primordial para la aplicación del impuesto de primera categoría. Cabe mencionar, sin embargo, que en ambos casos se permitía deducir los gastos producidos en la generación de rentas, y en el caso de los profesionales independientes, éstos podían optar entre una presunción de gastos equivalente al 30 por ciento de sus ingresos brutos, con un tope anual de 15 UTA, o deducir sus gastos efectivos aplicando las mismas reglas que las empresas.

Lo descrito anteriormente puede graficarse en el siguiente ejemplo: por los servicios personales que presta un profesional independiente, recibe una remuneración u honorario, por la cual deberá pagar el impuesto global complementario respecto de los pagos que se le realicen, sobre renta percibida, emitiendo la correspondiente boleta de honorarios. Al aplicarse el impuesto sobre base percibida, el profesional no puede influir sustancialmente en el monto de su impuesto anual a pagar (como sí podría hacerlo si llevara un FUT, según fuera explicado anteriormente). Pero si el mismo profesional constituye una sociedad, por ejemplo, de asesorías y servicios profesionales, y presta a través de ella idénticos servicios (nótese que en ambos casos se trata de su trabajo personal), la remuneración que obtenga la sociedad se afectará con el impuesto de primera categoría e ingresará a su FUT, gravándose con impuesto global complementario cuando sea retirada por el socio. La inequidad en este caso surge porque el profesional que, por falta de acceso a la información o de recursos, no está en condiciones de constituir una sociedad y de cumplir las obligaciones anexas que establece la legislación tributaria, como llevar contabilidad, efectuar pagos provisionales mensuales, etcétera, no puede tributar en base a retiros, como sí puede hacerlo el contribuyente que realiza su actividad profesional a través de una sociedad. Adicionalmente, hoy el contribuyente que lleva contabilidad completa y FUT puede optar a regímenes especiales de tributación a los que tampoco tiene acceso el profesional liberal, como por ejemplo el de los artículos 14 bis[20] y 14 quáter[21] de la “Ley sobre impuesto a la renta”.

Por su parte, los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría (trabajadores dependientes) tampoco pueden utilizar el FUT como moderador de su base imponible e igualmente tributan sobre base percibida. No obstante, estos trabajadores no tienen la posibilidad de deducir gastos efectivos en la generación de sus ingresos, como sí pueden hacerlo los profesionales independientes y los demás contribuyentes del artículo 42, n.º 2 , de la “Ley sobre impuesto a la renta”, que ejerzan su profesión u ocupación en forma individual.

En aras de la equidad, la legislación en discusión podría considerar un sistema en base a retiros para los contribuyentes del impuesto global complementario, o incluso para los del impuesto único de segunda categoría[22]. De esta forma, el sistema tributario alcanzaría la equidad tributaria horizontal (“entre iguales los impuestos deben ser iguales”) por dos canales. Primero, al hacer que sociedades que generan el mismo flujo de utilidades en valor presente pero en distintos momentos paguen los mismos impuestos, lo cual ya se lograba con el sistema vigente desde 1984. Segundo, al hacer que agentes que desempeñan las mismas actividades paguen los mismos impuestos, independientemente de si producen o no sus servicios bajo el amparo de una sociedad. Es por lo tanto un FUT “ampliado” lo que verdaderamente lograría la equidad horizontal en el pago de impuestos. Quiroz y Schmidt-Hebbel (2013) elaboran una propuesta en esa línea, tal como veremos en la sección 8.2 de este trabajo.

Como fue sugerido, un tercer elemento en el debate tributario sobre el tratamiento del impuesto a la renta se relaciona con los espacios que dejaría un sistema impositivo en base a renta percibida para la evasión y elusión de impuestos. Por ejemplo, un problema surge cuando, a modo de evitar el pago del impuesto global complementario, los agentes declaran su consumo privado como gastos propios de la sociedad[23]. Diversos estudios discuten éste y otros espacios de evasión y elusión de impuestos que generaría un sistema en base a retiros.

Jorratt (2009) ha argumentado que la brecha entre la tasa del impuesto de primera categoría y la tasa máxima del impuesto global complementario, más la tributación de las utilidades sobre base retirada, genera incentivos a la elusión que debiesen ser frenados a través de normas, tales como la presunción de retiros o la tributación especial sobre gastos rechazados. Además, ha señalado que la tributación de las utilidades sobre base retirada deriva también en la necesidad de utilizar el FUT. El autor ha afirmado que este registro es único en el mundo y que constituía uno de los aspectos más engorrosos del sistema impositivo en Chile. Por ende, el tratamiento preferencial a las rentas empresariales aumenta la complejidad del impuesto a la renta, lo que implica mayores costos de cumplimiento y de administración del sistema. En la misma línea, Contreras y Repetto (2013) han señalado que si bien la tributación en base a utilidades distribuidas posee fuertes incentivos al ahorro e inversión, el principal problema del sistema radica en que en los segmentos altos este mecanismo se utiliza para la evasión y elusión de impuestos. La razón, según los autores, radica en lo engorroso que resultaba para el SII la fiscalización del FUT y la incapacidad de este servicio para monitorear un sistema que resultaba ser complejo.

Adicionalmente, Zee (1998) señala que este esquema podría haber sido fuente de importantes costos en términos de recaudación, eficiencia y equidad, los cuales deben ser cuidadosamente ponderados frente a los eventuales beneficios que se le atribuyen. A su juicio, los principales costos han sido: la excesiva creación de empresas por razones exclusivamente tributarias; la excesiva retención de utilidades en las empresas, lo cual distorsiona el mercado de capitales; y la inequidad que produce en el impuesto progresivo a las personas, cuya carga cae pesadamente sobre los ingresos del trabajo.

En línea con los estudios anteriores, Arellano y Corbo (2013) señalan que un esquema de tributación en base a retiros genera un incentivo a formar sociedades con el único propósito de beneficiarse de este mecanismo de tributación al momento del retiro. Adicionalmente, los autores afirman que este sistema es más fácil de eludir, ya que las utilidades podrían tributar muchos años después de haber sido generadas. Por su parte, en un sistema en que se gravan las utilidades devengadas, las tasas de impuesto a las personas pueden ser más bajas, reduciendo las diferencias entre el tratamiento a los ingresos del trabajo y del capital, y disminuyendo los incentivos a la formación de sociedades y evasión o elusión tributaria.

Un último punto importante de debate en la literatura es el levantado por Contreras y Repetto (2013). Estos autores han afirmado que el tratamiento tributario de las utilidades en Chile representa una excepción a nivel internacional. Sin embargo, Bravo et al. (2014) argumentan lo contrario, ya que sostienen que en muchas partes del mundo se realiza la tributación en base a retiros por medio de lo que se conoce como impuesto a los dividendos (dividend tax). En este tipo de tributos las empresas pagan cuando se devenga pero los socios sólo cuando retiran, similar a lo que ocurría en Chile previamente a la reforma actual en curso. Respecto de la integración de los impuestos, la aseveración de Contreras y Repetto (2013) contrasta con la evidencia que muestran estudios sobre sistemas tributarios comparados, en que se observa que varias economías tienen sistemas tributarios integrados muy similares al chileno[24]. Por su parte, una de las conclusiones del reporte Mirrlees (2011) es que sistemas tributarios no integrados producen elementos de complejidad e introducen oportunidades de elusión.

8.2. Propuestas en la literatura

Basados en los argumentos resumidos anteriormente, han emergido en la literatura estudios que han propuesto algunas modificaciones al sistema tributario chileno, específicamente al tratamiento del impuesto a la renta. Podemos distinguir tres grupos de propuestas. Primero, aquellas que han planteado cambiar la base de la tributación (desde una en base a retiros hacia una en base devengada), con la consecuente eliminación del FUT. Este tipo de iniciativas han sido acompañadas, en algunas ocasiones, con medidas de incentivos alternativos al ahorro e inversión. En segundo lugar, encontramos planteamientos que presentan cambios alternativos al sistema tributario, que buscan recaudar los recursos necesarios para financiar la reforma educacional del actual Gobierno, pero utilizando esquemas impositivos más eficientes. En tercer lugar, encontramos propuestas que abogan por mantener el FUT, pero corrigiendo aquellos aspectos que la literatura ha identificado como sus principales falencias.

Entre el primer grupo de propuestas encontramos las de Agostini (2011) y Contreras y Repetto (2013), que han planteado la modificación del esquema de tributación de las utilidades desde base distribuida a base devengada, manteniendo la integración de los impuestos de personas y empresas. Dichos trabajos sugieren complementar el cambio en la base de tributación con la deducción (o depreciación) inmediata de los gastos en inversión en activos físicos al interior de la empresa, a modo de aliviar la situación financiera de empresas que pudiesen enfrentar problemas de liquidez. Similarmente, Jorratt (2009) ha señalado que sería posible suprimir el registro FUT, terminar con las presunciones de rentas personales por el uso de los activos de la empresa y simplificar la tributación especial sobre gastos rechazados. El estudio concluye que estos cambios al sistema tributario desincentivarían gran parte de las figuras de elusión y evasión observadas en el sistema, en particular la creación de sociedades de inversión con fines exclusivamente tributarios, tal vez la principal forma de elusión de los impuestos personales.

Sin embargo, Valdés (2014) ha argumentado que un sistema impositivo en base devengada presenta problemas prácticos para su implementación. El paso de un régimen de tributación desde base de retiros a base devengada contiene implícitamente la llamada utilidad “atribuida”, lo cual vuelve el sistema de recaudación de los impuestos difícil de operar. El argumento de Valdés (2014) ha sido el siguiente:

Un sistema impositivo en base devengada genera la necesidad de que las empresas atribuyan utilidades a las personas naturales a modo de calcular el pago de impuestos del contribuyente. Cada persona natural contaría con sólo algunos días para averiguar cuánta es la utilidad que le atribuyeron todas las empresas chilenas donde posee derechos, a modo de cumplir con sus obligaciones tributarias. Además, cada empresa debe determinar la utilidad que se atribuye a sí misma, lo cual requiere que la empresa solicite a otras sociedades donde tiene participación que le atribuyan utilidades. Este proceso requiere muchas iteraciones antes de poder determinar el pago final de impuestos que debe realizar cada contribuyente. Además, si un eslabón de la cadena incumple o se atrasa, todas las empresas que siguen en la cadena quedan impedidas de determinar su utilidad. Por el contrario, bajo el régimen vigente, cada contribuyente cuenta con la información necesaria para determinarla. Este requerimiento modesto de información, según el autor, es lo que vuelve practicable el sistema actual (tributación en base percibida). Para más detalle, véase Valdés (2014).

Este obstáculo operacional del sistema de renta atribuida también ha sido detectado por otros autores. Por ejemplo, Agostini señala: “Una de las mayores dificultades en el proceso de asignar utilidades de empresas a socios es que hay muchas sociedades que tienen como socios a otras sociedades, lo cual requiere múltiples iteraciones hasta poder identificar al socio que es persona natural” (2013, 8). En la misma línea que Agostini (2013) y Valdés (2014), la OCDE documenta que, según las legislaciones de todos sus países miembros, las utilidades de las sociedades no pueden ser atribuidas a sus accionistas, salvo ciertas situaciones excepcionales (OCDE 2010, 193).

Nótese que la dificultad para operar un sistema que requiere la atribución de utilidades constituye un problema adicional a los menores incentivos a la inversión que provee un régimen de tributación en base devengada.

En el segundo grupo de propuestas, tenemos aquellas que han planteado alternativas para la eliminación del FUT, como, por ejemplo, el cobro a los socios de un “interés” por mantener invertidas las utilidades en las empresas, derivado del beneficio de postergar la tributación con impuestos finales, cuestión que fue planteada por Andrés Velasco en su campaña por la primaria presidencial del año 2013[25]. También se ha planteado la idea de que el beneficio para los dueños de las empresas de postergar el pago de impuestos al reinvertir las utilidades se limite a diez años como máximo, y no hasta que se hagan los retiros de esas utilidades. De esta forma se conseguiría mantener el incentivo al ahorro corporativo acotado en el tiempo, con el fin de evitar su distorsión como instrumento de elusión tributaria. Aunque en el papel esta propuesta recaudaría menos que una propuesta de eliminar derechamente el FUT, podría ser equivalente en la práctica, si consigue no afectar significativamente el incentivo a la reinversión de utilidades, la inversión y, finalmente, el crecimiento económico, pilar esencial de la recaudación de impuestos (Morandé 2014).

En este grupo de propuestas también encontramos la de Quiroz y Schmidt-Hebbel (2013). Dicho estudio discute dos alternativas a modo de lograr una mayor equidad horizontal del sistema tributario. Primero, proponen sustituir la base tributaria de ingreso por una base consumo para las personas. Así, bajo esta alternativa, la base tributaria estaría dada por el gasto o consumo de las personas, definido como los ingresos menos los flujos de ahorros (incluyendo préstamos) y más los flujos de “desahorros” (incluyendo endeudamientos). Como el impuesto al consumo no considera el ahorro en su base imponible, no genera esta inequidad horizontal, porque cualquier instrumento de ahorro y mecanismo de ahorro (como persona natural o a través de una sociedad de inversión) se trata en forma equivalente[26]. Alternativamente, proponen mantener la base ingreso para la tributación, pero permitir a los trabajadores dependientes formar una sociedad personal para recibir sus sueldos y salarios sujetos a un tope como porcentaje de la renta total. Esta alternativa permite alcanzar la equidad horizontal entre trabajadores dependientes (que hoy no pueden recibir sus ingresos a través de una sociedad) y trabajadores independientes (que muchas veces pueden recibir sus honorarios a través de una sociedad), sin necesidad de sustituir la actual base ingreso del impuesto a la renta.

En el tercer grupo se encuentran planteamientos como el de Arellano y Corbo (2013), una propuesta que, manteniendo el sistema actual en que se paga sobre la base de retiros de utilidades, lograría el objetivo de mayor equidad horizontal y eficiencia. El estudio señala que para esto se requiere avanzar en reducir exenciones y regímenes especiales por sus efectos en la equidad y la progresividad. Por ende, el reemplazo de los regímenes especiales de renta presunta, del 14 bis y del 14 quáter por el 14 ter sería una medida recomendable. También proponen generalizar el sistema que grava a las empresas, asimilando todos los casos al régimen tributario que se aplica a las sociedades anónimas, incluyendo los Fondos de Inversión Privados (FIP). Al respecto, los autores señalan que no es conveniente que el régimen tributario de la renta a las empresas difiera dependiendo de si se trata de una sociedad anónima o no, con la única excepción de quienes se acogen al 14 ter. Para asimilar el trato de sociedades de personas al de las sociedades anónimas, los autores proponen revisar el tratamiento de los retiros de utilidades financieras que superan las utilidades tributarias en las sociedades de personas, así como el tratamiento de los gastos rechazados. También recomiendan revisar el tratamiento de las pérdidas tributarias y el plazo y situaciones en que se pueden acreditar contra otros impuestos.

Bravo et al. (2014), por último, proponen una reforma alternativa que recaudaría cerca de 8.200 millones de dólares por año al 2018, cifra equivalente a la que busca recaudar el Gobierno para financiar la reforma educacional. La propuesta no elimina el incentivo al ahorro del FUT ni deroga regímenes tributarios que favorecen a las micro, pequeñas y medianas empresas. Específicamente, los autores proponen: 1) un aumento de la Tasa de Impuesto de Primera Categoría de 20 a 25 por ciento al año calendario 2017; 2) homologar el requisito de distribución mínima de utilidades de las sociedades anónimas abiertas a todas las empresas y aumentarlo desde el actual 30 por ciento a un 40; 3) regular la tributación de los retiros en exceso; 4) eliminar exención de IVA a juegos de azar y espectáculos; 5) aumentar el impuesto adicional a las bebidas de mayor graduación alcohólica; 6) mantener las medidas para disminuir la evasión y elusión tributaria del proyecto del Gobierno; 7) establecer un impuesto a la primera venta de productos cuyos residuos son contaminantes, lo que incluye neumáticos, aceites, lubricantes, pilas, baterías, ampolletas, envases y embalajes, mediante una tasa de impuesto en UTM que se pagaría mensualmente, y contemplar una devolución de impuestos a quienes puedan acreditar que reutilizan el material de sus envases; y 8) rebaja de la tasa marginal máxima del impuesto a la renta personal de 40 a 35 por ciento.

8.3. Las reformas tributarias del periodo 2010-2014

Es necesario recordar que, a comienzos del año 2010, la tasa del impuesto de primera categoría era de 17 por ciento. En las postrimerías del primer Gobierno de Michelle Bachelet, el 27 de febrero de 2010, el país fue víctima de una de las mayores catástrofes naturales de su historia, cuando un terremoto y posteriormente un maremoto arrasaron con vastas áreas costeras, llevándose numerosas vidas y derrumbando infraestructura, dejando cuantiosos daños.

En atención a esta tragedia, el Gobierno del recién asumido Presidente Piñera comienza la difícil tarea de obtener recursos para la reconstrucción de las zonas destruidas por el terremoto y maremoto. Con ese fin, se aprueba la Ley N.º 20.455, la que, entre otras materias, aumentó transitoriamente la tasa del impuesto de primera categoría a 20 por ciento para el año 2011 y a 18,5 por ciento el año 2012, debiendo retornar a la tasa normal de 17 por ciento a contar del año calendario 2013. No obstante, y como suele ocurrir con los incrementos transitorios de impuestos, la segunda ley de reforma tributaria importante aprobada durante el Gobierno de Piñera (N.º 20.630) elevó de manera permanente la tasa del impuesto de primera categoría a 20 por ciento. Adicionalmente a este cambio, el proyecto de ley incorporaba, al menos en su primera versión, importantes modificaciones y perfeccionamientos al FUT, los que posteriormente, en la indicación sustitutiva enviada por el Ejecutivo, fueron moderados. Lo que quedaba claro es que la discusión tributaria comenzaba a instalarse en el ambiente político, tanto así que, durante la campaña electoral presidencial del año 2013, prácticamente todos los candidatos a la presidencia prometían programas de gobierno con propuestas tributarias de bastante profundidad.

El programa de gobierno de la, en ese entonces, candidata Michelle Bachelet no se restó a esta tendencia, y estableció los principios de una reforma tributaria cuya principal consigna era acabar con el FUT, al que se sindicaba como una de las principales causas de la desigualdad en Chile. Como complemento a esta medida, y con miras a la recaudación, el programa proponía además reducir la evasión y la elusión y el término de ciertas franquicias. Una vez electa por un segundo período, y apenas asumido el nuevo Gobierno, se materializó el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma tributaria, donde se recogieron prácticamente todos de los planteamientos de la campaña en esta materia [27].

En lo que respecta a las modificaciones al sistema de tributación sobre base retirada, y específicamente a la eliminación del FUT, la primera versión del proyecto de ley, aprobada en poco tiempo por la Cámara de Diputados, proponía un sistema sobre base devengada, similar en sus principios al vigente hasta el 31 de diciembre de 1983, pero distinto en su mecánica de aplicación, construida sobre el controvertido concepto de renta atribuida. Adicionalmente, el proyecto establecía un incremento paulatino de la tasa del impuesto de primera categoría —desde 20 a 25 por ciento—, reduciendo la tasa marginal del impuesto global complementario y único de segunda categoría, desde 40 a 35 por ciento. Todo ello con vigencia a partir del año 2017.

El proyecto de ley fue víctima de fuertes críticas desde todos los sectores, las que fueron de carácter más técnico que político. Estas críticas se centraron básicamente en el fuerte incremento impositivo, la ausencia de medidas pro inversión que compensaran el término del beneficio de la reinversión de utilidades y en la llamada “renta atribuida”, la herramienta en virtud de la cual se pasaba a cobrar impuestos a los propietarios de las empresas por las rentas devengadas por éstas. También fue blanco de ácidas críticas una retención de tasa de 10 por ciento que se les imponía a ciertas empresas.

Ya en el Senado, un ambiente crispado, sumado a las legítimas dudas que despertó el proyecto de ley en los miembros de la Comisión de Hacienda, facilitó el ambiente para que el Gobierno se abriera a ceder en sus propuestas e hizo posible la suscripción, con apoyo transversal de todos los senadores miembros de dicha comisión, de un protocolo de acuerdo que, al menos en sus postulados, y sin que a la fecha de elaboración de este trabajo se conozca la forma de implementación y el detalle de su contenido, perfecciona los principales aspectos del proyecto de ley inicialmente enviado al Congreso[28].

En lo que respecta a las modificaciones al FUT y a la tributación en base a renta devengada, el protocolo de acuerdo anuncia la posibilidad de que, a partir del año 2017, los contribuyentes del impuesto de primera categoría puedan optar entre dos sistemas de tributación:

i) Bajo la primera alternativa, los contribuyentes del impuesto de primera categoría deberán tributar con los gravámenes terminales —impuesto global complementario o adicional, según el caso— por las rentas atribuidas, es decir, sobre base devengada. La tasa del impuesto primera categoría (a las utilidades de las empresas) sube de 20 a 25 por ciento en cuatro años (21 en 2014; 22,5 en 2015; 24 en 2016; y 25 por ciento en 2017). El impuesto de primera categoría sigue siendo crédito en 100 por ciento para los socios y accionistas de la empresa al pagar el impuesto global complementario (que grava las rentas personales, con tasas de 0 a 35 por ciento) o adicional (para personas y empresas no residentes en Chile, con tasa de 35 por ciento).

ii) La segunda alternativa se define como parcialmente integrado: sube la tasa de primera categoría a 27 por ciento[29]. Pero en este caso, los dueños o socios pueden descontar del pago de sus impuestos sólo el 65 por ciento del impuesto de primera categoría que haya gravado los retiros o dividendos que efectúen o se les distribuyan. Bajo este sistema, la tributación de los contribuyentes del impuesto de primera categoría continuaría siendo en base percibida.

A la fecha de confección de este artículo, la discusión en el Congreso continúa respecto de algunas medidas específicas para facilitar la operación de estos sistemas paralelos y para evitar posibles focos de elusión y evasión de impuestos. Por ende, el proyecto de reforma tributaria 2014 discutido en los párrafos anteriores podría experimentar modificaciones adicionales.

9. Conclusiones

En este trabajo analizamos el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) desde tres perspectivas diferentes. Primero, estudiamos el contexto histórico en que surgió el FUT, los objetivos específicos para lo cual fue creado y las principales características del régimen tributario que existió previamente a su implementación. Segundo, realizamos una detallada descripción de la forma en que ha operado el FUT y de sus principales diferencias con el sistema tributario anterior y las más importantes modificaciones que ha experimentado desde su creación. Tercero, analizamos desde un punto de vista económico los incentivos que ha provisto el FUT para la reinversión de utilidades.

Nuestro análisis muestra que el FUT ha constituido una herramienta efectiva para promover el ahorro e inversión dentro de las empresas. Identificamos dos mecanismos principales de incentivos a través de los cuales el sistema tributario ha incentivado la reinversión de utilidades. Primero, argumentamos que el FUT ha permitido aumentar la disponibilidad de fondos internos para financiar inversiones en empresas con limitado acceso a los mercados de capitales. Segundo, mostramos que el FUT ha permitido suavizar el pago del impuesto global complementario en sociedades que generan flujos de utilidades volátiles en el tiempo. Adicionalmente, concluimos que este último mecanismo genera mayor justicia tributaria al permitir que los propietarios de sociedades que generan el mismo monto de utilidades en valor presente, pero en distintos momentos, tributen un monto similar de impuesto.

En este trabajo revisamos, también, el debate existente en torno al tratamiento del impuesto a la renta y proponemos algunas directrices para mejorar algunos aspectos del FUT, de manera de hacerlo aún más eficiente en su objetivo de promover el ahorro e inversión dentro de las empresas. Por ejemplo, la legislación podría considerar un sistema en base a retiros para los contribuyentes del impuesto de segunda categoría que pagan global complementario (artículo 43, n.º 2, de la “Ley sobre impuesto a la renta”), o incluso para los del impuesto único de segunda categoría.

Esperamos que los elementos para la discusión generados en este trabajo sirvan para sentar las bases de una discusión seria e informada de las reformas que actualmente están siendo debatidas o de las reformas que podrán venir.

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Notas

1 De acuerdo con la definición que contiene el artículo 2º de la “Ley sobre impuesto a la renta”, renta devengada es “aquella sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular”, mientras que renta percibida es “aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona”. Agrega la disposición que una renta devengada se entiende igualmente percibida “desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago”. Como se advierte, esta clasificación de la renta atiende al momento en que se aplica el impuesto.

2 Lo que determina en Chile el tipo de impuestos que paga un contribuyente no es la figura jurídica que éste adopta (sociedad o persona natural), sino que la actividad generadora de rentas que desarrolla, y, específicamente, si las rentas provienen del capital o del trabajo. El artículo 20 de la “Ley sobre impuesto a la renta” (antes de la reforma en curso) contiene el catálogo de rentas que se encuentran afectas con el impuesto de primera categoría. El numeral 5 de dicho artículo señala que se afectan con este impuesto “todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría”. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría está establecido de manera residual y se aplica sobre toda renta que no esté establecida expresamente en otra categoría. Como solamente hay dos categorías de impuesto, entonces tributan con primera categoría las rentas que no se afectan con impuesto de segunda categoría. Bajo este principio, lo anterior cobra especial relevancia si se considera que algunas utilidades pueden considerarse “del capital”, según el tipo de entidad que las genera y no según la naturaleza de la actividad productiva de la renta. En efecto, según lo dispuesto en el artículo 42, n.º 2, de la “Ley sobre impuesto a la renta” (que establece las rentas afectas al impuesto de segunda categoría, y particularmente, las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales y profesiones lucrativas), se clasifican dentro de la segunda categoría los “ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría”. Dado que una sociedad no puede ejercer una profesión liberal ni tampoco, por expresa disposición de la ley, realizar una ocupación lucrativa, el desarrollo de actividades que por su naturaleza corresponden a servicios personales, efectuados por sociedades, al no poder ser clasificadas en el mencionado artículo 42, n.º 2, de la “Ley sobre impuesto a la renta”, necesariamente deben clasificarse en el artículo 20, n.º 5, de dicha ley, como ingresos residuales no pertenecientes a ninguna otra categoría, lo que conlleva la aplicación del impuesto de primera categoría, con todas las obligaciones anexas que ello implica, dentro de las que se cuentan el deber de llevar contabilidad completa y, consiguientemente, el registro FUT.

3 Adicionalmente, el Impuesto Único de Segunda Categoría, establecido en el artículo 43, n.° 1, de la “Ley sobre impuesto a la renta” se aplica a las rentas del trabajo dependiente, tales como los sueldos, pensiones (excepto las de fuente extranjera) y rentas accesorias o complementarias a las ya mencionadas. Se trata de un tributo progresivo que se determina mediante una escala de tasas, empezando por un primer tramo exento hasta un último tramo con una tasa marginal de 40 por ciento. Su cálculo se realiza sobre el salario y/o remuneraciones del trabajo, deduciendo previamente los pagos por concepto de seguridad social y de salud. Este impuesto debe ser retenido y enterado mensualmente en arcas fiscales por el respectivo empleador o pagador de la renta. Por su parte, los ingresos que perciben las personas provenientes del ejercicio de una actividad profesional o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa en forma independiente, tal como lo disponen los artículos 42 n.º 2 y 43 n.º 2 de la “Ley sobre impuesto a la renta”, no se encuentran gravados con este impuesto único, sino que con el Global Complementario o el Adicional. Sin embargo, estas personas están sujetas a una retención o pago provisional del 10 por ciento sobre la renta bruta al momento de percibirla. Esta retención o pago provisional son utilizados por el contribuyente rebajándolos como crédito de los impuestos personales antes indicados, pudiendo solicitar la devolución del excedente que resulte de la liquidación anual practicada, en los casos que correspondan de acuerdo con la misma ley.

4 Esta modificación fue introducida por la Ley N.º 18.775, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1989.

5 Establecida en el inciso tercero, del N.º 5, del artículo 31, de la “Ley sobre impuesto a la renta”, incorporado por la Ley N.º 19.738.

6 El artículo 58, n.º 1, de la “Ley sobre impuesto a la renta”, grava con el impuesto adicional a las personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile y a las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país, que tengan cualquier clase de establecimiento permanente en Chile, por el total de las rentas remesadas al exterior o retiradas que sean atribuibles a éstos.

7 En efecto, el mensaje de esta ley señalaba al respecto: “[…] las modificaciones que se proponen a la ‘Ley sobre impuesto a la renta’ tienen por finalidad principal resolver el problema del bajo ahorro, readecuando la estructura financiera de las empresas, permitiéndoles una mayor capacidad de ahorro e inversión”.

8 De acuerdo con esta regulación, si en un ejercicio se efectúan retiros o remesas en una sociedad de personas en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán los recursos como retirados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables, hasta por el monto de tales cantidades generadas en dicho ejercicio, entendiéndose postergada la tributación. Esta disposición se hizo cargo de un vacío legal existente con anterioridad, en virtud del cual los retiros en exceso de FUT no tributaban nunca.

9 La modificación incorporada al artículo 14 de la “Ley sobre impuesto a la renta” por la Ley N.º 18.985 dispuso que los retiros, remesas o distribuciones se imputarían, en primer término, a las rentas o utilidades afectas al impuesto global complementario o adicional, comenzando por las más antiguas y con derecho al crédito que corresponda, de acuerdo con la tasa del impuesto de primera categoría que les haya afectado. En el caso de que resultare un exceso, éste será imputado a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos. En consecuencia, sólo una vez agotadas las rentas tributables registradas en el FUT, las utilidades distribuidas podrán imputarse a los ingresos no constitutivos de renta o a rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional.

10 Esto es lo que se conoce como pago provisional por utilidades absorbidas.

11 Mensaje Presidencial del proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria, el que posteriormente se convertiría en la Ley N.º 19.738.

12 Parte del retiro de utilidades considera reinversiones en otras sociedades. Sin embargo, este componente representa menos del 10 por ciento de los retiros. Adicionalmente, debido a que la reinversión en otras sociedades debe realizarse dentro de un plazo preestablecido, parte de dicha reinversión estará sujeta al global complementario al igual que los retiros realizados con fines de consumo.

13 Este supuesto no afecta las conclusiones del análisis.

14 Según el artículo 2º, n.º 6, de la “Ley sobre impuesto a la renta”, se consideran sociedades de personas “las sociedades de cualquier clase o denominación, excluyéndose únicamente a las anónimas”. De acuerdo con la misma disposición, las sociedades por acciones (SpA) se consideran anónimas.

15 Nótese que, por el hecho de que el régimen tributario vigente antes de 1984 no era un sistema tributario integrado, el pago del impuesto de primera categoría no era considerado un anticipo de los impuestos que debían pagar los socios como contribuyentes del global complementario y, por ende, existía una especie de doble tributación de las utilidades.

16 Para simplificar los ejemplos de este trabajo, se ha omitido agregar a las cantidades retiradas o distribuidas de las empresas, afectas al impuesto global complementario, el monto equivalente al crédito correspondiente al impuesto de primera categoría que gravó tales cantidades, según lo establecido en el párrafo final, del numeral 1º, del artículo 54, de la “Ley sobre impuesto a la renta”.

17 Aún en discusión en el Congreso al cierre de este número de Estudios Públicos (N. del E.)

18 Por ejemplo, Jorratt (2009) muestra que en el año 2006 las rentas empresariales pagaron un impuesto promedio de 15,2 por ciento, en tanto que de haber tributado sobre base devengada habrían soportado una carga de 26,5 por ciento.

19 El inciso final del artículo 68 de la “Ley sobre impuesto a la renta” establece el deber de llevar contabilidad completa como la regla general para todos los contribuyentes de dicha ley.

20 El régimen de tributación simplificada que contempla el artículo 14 bis de la “Ley sobre impuesto a la renta”, cuya derogación fue propuesta por el proyecto de ley de reforma tributaria que a la fecha de edición de este trabajo se discutía en el Congreso, consiste en un beneficio tributario que pueden utilizar los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa, por las rentas del artículo 20 de la “Ley sobre impuesto a la renta”, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señala dicho artículo. Este régimen especial de tributación da la opción de pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especies que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. Por lo tanto, permite postergar el pago del impuesto de primera categoría mientras no se retiren los recursos. Los contribuyentes que se acogían al 14 bis se beneficiaban adicionalmente eximiéndose de otras obligaciones tributarias, tales como llevar el detalle de las utilidades tributarias y otros ingresos que se contabilizaban en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas; practicar inventarios; confeccionar el balance general anual, etcétera. Al no existir FUT, la empresa no tributa con el impuesto de primera categoría sobre sus rentas devengadas, sino que la totalidad del impuesto a la renta es pagado por el propietario o contribuyente final cuando las utilidades son retiradas o distribuidas desde la sociedad

21 El artículo 14 quáter de la “Ley sobre impuesto a la renta” establece un régimen optativo que permite a los contribuyentes que cumplen con las condiciones y requisitos que se exigen quedar exentos del Impuesto de Primera Categoría. El beneficio al que se puede acceder consiste en que se considerará como renta exenta del impuesto de primera categoría el monto de 1.440 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a unos $ 54 millones. Adicionalmente, reduce el porcentaje de Pagos Provisionales Mensuales (PPM) a 0,25%.

22 Es necesario hacer presente que, con el actual sistema de Ahorro Previsional Voluntario (APV), los cotizantes pueden lograr un efecto similar al comentado, en el sentido de suavizar sus tasas de impuesto global complementario y único de segunda categoría, evitando que la carga tributaria se eleve cuando obtienen rentas altas, asignando retiros previsionales cuando se encuentran en tramos inferiores de impuesto. No obstante, en el caso de los trabajadores independientes, este escenario supone una cotización provisional, la que será obligatoria recién a contar del año 2015, y en el caso de trabajadores dependientes e independientes, se asume que pueden destinarse sumas a hacer APV, lo que implica la existencia de un excedente de recursos para ser invertidos en una AFP.

23 En todo caso, cabe tener presente que, especialmente luego de la Ley N.º19.738, de 2001, muchas de estas situaciones quedaron superadas al establecerse mecanismos para evitar que sucedan. En consecuencia, se puede sostener que, aunque aún existen situaciones que pueden corregirse, la realización de gastos personales de los socios a través de sus sociedades, eludiendo la tributación con impuestos finales, se encuentra controlada desde el punto de vista normativo.

24La base de datos tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2014) muestra que al año 2013, considerando sólo sus países miembros, Australia, Canadá, Chile, México y Nueva Zelandia tienen sistemas tributarios completamente integrados, mientras que Corea del Sur y el Reino Unido presentan sistemas tributarios parcialmente integrados. De aprobarse el proyecto de ley de reforma tributaria (Boletín número 9.290-05), en tramitación a la fecha de publicación de este artículo, en los términos del protocolo de acuerdo logrado en el Senado durante la primera mitad de julio de 2014, Chile pasaría a estar en el grupo de economías que presentan un sistema tributario parcialmente integrado.

25 En todo caso, la mantención de las utilidades dentro del FUT de las empresas, sin que éstas sean retiradas, implica también un costo financiero para los propietarios de las mismas empresas, el que podría asimilarse conceptualmente a un interés. De hecho, en el caso de contribuyentes que se encuentran en un tramo promedio de impuesto global complementario inferior a la tasa de impuesto de primera categoría, el no retiro de las utilidades implica dejar de invertir un monto equivalente a la diferencia entre el impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario que afectaría dicho retiro.

26 Esta afirmación no es aplicable en el caso del tributo municipal denominado comúnmente patente comercial o municipal, ya que, a nuestro juicio, por una interpretación errónea que han efectuado las municipalidades y, en el último tiempo, los tribunales superiores de justicia, incluso contra la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, las inversiones “pasivas” realizadas por una persona jurídica se afectan con este tributo, mientras que una inversión de idéntica naturaleza, realizada por una persona natural, no cae dentro del hecho gravado con patente municipal. En todo caso, vale mencionar que la patente municipal es un tributo que se aplica sobre el patrimonio, y no sobre la renta.

27 Proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación a la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, Boletín N.º 9.290-05, de fecha 1 de abril de 2014.

28 El “Protocolo de acuerdo por una reforma tributaria para un Chile más inclusivo”, de fecha 8 de julio de 2014, fue suscrito por el ministro de Hacienda, don Alberto Arenas de Mesa, y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, senadores Ricardo Lagos W, Juan Antonio Coloma C., José García R, Carlos Montes C. y Andrés Zaldívar L.

29 Nótese que, en caso de ser aprobado el proyecto de ley a partir del protocolo de acuerdo, la tasa del impuesto corporativo habrá aumentado casi en 63 por ciento en siete años (desde 17 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2009 a 27 por ciento a partir del año 2017).

ARTÍCULO

HABILIDADES NO COGNITIVAS Y BRECHA DE GÉNERO SALARIAL EN EL PERÚ*

Gustavo Yamada

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)

Pablo Lavado

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)

Luciana Velarde

Universidad del Pacífico (UP)

Gustavo Yamada Fukusaki. Ph.D. en Economía, Universidad de Columbia, EE.UU. Profesor investigador del CIUP. Email: yamada_ga@up.edu.pe.

Pablo Lavado Padilla. Doctor en Economía, CEMFI, España. Profesor investigador del CIUP. Email: p.lavadopadilla@up.edu.pe.

Luciana Velarde Arrisueño. Magíster en Economía, Universidad del Pacífico, Perú. Profesional junior en educación del Banco Mundial. Email: lvelardearrisuen@worldbank.org.

* Los autores agradecen los comentarios de Sergio Urzúa y de los participantes de “Conference on Skills, Education and Labor Market Outcomes”, llevada a cabo en la Universidad de Maryland; de la conferencia “Inequalities in Children’s Outcomes in Developing Countries”, que tuvo lugar en la Universidad de Oxford, y de los seminarios de investigación del Banco Central de Reserva del Perú.

Resumen: En los últimos años, la literatura ha analizado la relación entre las habilidades cognitivas y no cognitivas y los resultados del mercado laboral. Más aún, se ha estudiado la correlación entre diferencias en estas habilidades y diferencias en salarios entre hombres y mujeres. No obstante, la mayoría de los estudios en torno al tema se ha enfocado en países desarrollados. El principal objetivo de este estudio es analizar el rol de las habilidades cognitivas y no cognitivas en la brecha salarial de género en el Perú. Para ello, proponemos utilizar información longitudinal de medidas de habilidad para estimar componentes inobservables (o latentes) de ambas habilidades y analizar el rol de dichos componentes en el salario. Los resultados indican que existe una brecha salarial de género significativa en el Perú, que puede ser explicada por diferencias en el retorno de habilidades cognitivas latentes y por diferencias en la dotación de habilidades no cognitivas latentes. Luego de estimar un modelo conjunto de educación, empleo, ocupación y salarios, se observa que aun cuando las habilidades latentes explican la brecha de salarios, las mismas son más importantes para explicar la diferencia en la decisión de ocupación tomada entre hombres y mujeres.

Clasificación JEL: C31, C33, C35, J16, I21.

Palabras clave: habilidades no cognitivas, habilidades latentes, brecha salarial de género.

Recibido: julio 2013; aceptado: enero 2014.

NON-COGNITIVE SKILLS AND THE GENDER PAY GAP IN PERU

Abstract: Recently there has been growing interest in the relationship between cognitive and non cognitive abilities and labor market outcomes. A large literature provides evidence on the positive connection between gaps in abilities and gaps in wages between men and women. However, attention is focused on developed countries. The main objective of this paper is to identify latent abilities and explore their role in the gender wage gap in Peru. The main identification strategy relies on exploiting panel data information on test scores and arguing that time dependence across measures is due to latent abilities. Results show a significant gender wage gap in Peru and that even though when accounting for measured abilities differences in non cognitive abilities seem irrelevant, when accounting for differences in actual latent ability non cognitive abilities account for important inter-gender differences in the endowment and returns of abilities. Moreover, inter-gender differences in latent abilities play an important role not only in wage profiles, but in schooling, employment and occupation decisions.

JEL Classification: C31, C33, C35, J16, I21.

Key words: Non-cognitive skills, underlying ability, gender pay gap.

Received: July 2013; accepted: January 2014.

1. Introducción

La existencia de brechas salariales no es un tema nuevo, particularmente entre hombres y mujeres. A lo largo de los años, expertos en el tema han analizado los factores que podrían estar explicando ésta y otras brechas. Un tema que ha llamado la atención de estudiosos en este campo es el rol que juegan las diferencias en habilidades cognitivas y no cognitivas respecto de las brechas salariales. En particular, se ha documentado que diferencias en habilidades cognitivas entre hombres y mujeres se encuentran fuertemente relacionadas con diferencias en los salarios de los mismos (Neal y Johnson 1996; Ritter y Taylor 2011). En el caso de los hombres, el mayor nivel de este tipo de habilidades parece contribuir a sus mayores salarios. Más aún, las brechas en las habilidades cognitivas podrían contribuir a brechas salariales, no sólo por las diferencias en el nivel de estas habilidades, sino que también por diferencias en el retorno de las mismas ceteris paribus. Así, un punto adicional en una prueba cognitiva podría significar una mayor ganancia en términos de salario para un hombre que para una mujer.

Recientemente la literatura se ha enfocado en la relación entre las habilidades no cognitivas (ámbitos de la personalidad) y la productividad de los individuos (Heckman, Stixrud y Urzúa 2006). En cuanto a la relación entre las pruebas que miden habilidades no cognitivas e indicadores de mercado laboral, se ha encontrado que existe una relación positiva entre salarios y algunas medidas de habilidad no cognitiva (Fortin 2008; Grove et al. 2011; Cobb-Clark y Tan 2009). En cuanto a cómo se forma este tipo de habilidades, se ha cuestionado la idoneidad de las medidas comúnmente utilizadas, ya que parecen ser malas aproximaciones a las habilidades latentes o no observables (expresiones que usaremos como sinónimos en este artículo), debido a los posibles problemas de error en su medición y de causalidad reversa a las que son susceptibles (Heckman, Stixrud y Urzúa 2006). De hecho, uno de los principales factores que determinan los salarios son las habilidades latentes. Sin embargo, en una regresión de salarios en función de medidas de habilidad, parte de su efecto estaría capturando también el efecto de los años de educación, a través de su incidencia en las medidas de habilidad. No obstante, muy pocos estudios han analizado el rol de las habilidades no cognitivas latentes en la brecha salarial de género. Más aún, este tema en particular no ha sido abordado para países en vías de desarrollo ni, en particular, para la región de América Latina.

El principal objetivo de este documento es analizar el rol de las habilidades cognitivas y no cognitivas, latentes, en la brecha salarial de género, en un país en vías de desarrollo y por medio de aproximaciones de las habilidades no observables.

A fin de obtener una aproximación de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes, proponemos un procedimiento econométrico que permite estimar dichas variables, haciendo uso de un modelo similar al propuesto por Heckman, Stixrud y Urzúa (2006). Ellos plantean que de hallarse persistencia entre el puntaje obtenido por un mismo individuo en dos pruebas que midieran la misma habilidad, ésta podría estar capturando la habilidad latente correspondiente. A diferencia de dichos autores, nosotros explotaremos la disponibilidad de información de datos de panel para utilizar la persistencia a lo largo del tiempo en las pruebas de habilidades como fuente de identificación. Luego, complementaremos los estimados obtenidos con información de salarios, a fin de estimar el rol de las habilidades latentes en la brecha salarial de género. Partimos de un modelo simple al cual aplicamos el método de descomposición de Blinder-Oaxaca, para luego estimar un modelo conjunto de educación, empleo, ocupación y salarios. Asimismo, compararemos los resultados obtenidos haciendo uso de medidas de habilidad con aquellos obtenidos haciendo uso de las habilidades no observables estimadas como resultado del procedimiento econométrico anteriormente propuesto.

2. Revisión de la literatura

Durante décadas, los investigadores han centrado su atención en la relación entre el puntaje de pruebas de habilidad e indicadores del mercado laboral. Dichos estudios se concentran en el puntaje de evaluaciones de habilidades cognitivas, como tests de razonamiento matemático y verbal, entre otros. Murnane, Willett y Levy (1995) midieron el rol de las habilidades matemáticas de jóvenes próximos a graduarse de la secundaria en sus salarios a los 24 años y encontraron una relación positiva y creciente de dichas habilidades en los salarios (especialmente cuando las habilidades fueron medidas próximas a la graduación). En un estudio más reciente, Cunha et al. (2006) propusieron que la habilidad cognitiva afecta la probabilidad de alcanzar un mayor nivel educativo y el retorno económico del mismo.

Recientemente se ha incrementado el interés por analizar el rol de las habilidades no cognitivas y su impacto en variables asociadas al mercado laboral. Trabajos precursores como los de Bowles y Gintis (1976), Edwards (1976) y Klein, Spady y Weiss (1991) mostraron que habilidades no cognitivas como la dependencia y persistencia son altamente valoradas por los empleadores. Estudios más recientes como el de Heckman, Stixrud y Urzúa (2006) apoyan la existencia de dicha relación, al encontrar una relación positiva entre el puntaje de pruebas que miden habilidades no cognitivas e indicadores asociados al mercado laboral.

En cuanto a la contribución de las diferencias en habilidades a las brechas en el mercado laboral, gran parte de los estudios abordan el rol de las habilidades cognitivas en brechas salariales raciales o de género (Neal y Johnson 1996; Ritter y Taylor 2011). Pocos estudios, sin embargo, abordan la contribución de habilidades no cognitivas a las brechas salariales de género.

En este sentido, Fortin (2008) investigó el impacto de aspectos de la personalidad como autoestima, locus de control, la importancia del dinero/trabajo y la importancia de las personas/familia en la brecha salarial de género. Haciendo uso de dos encuestas longitudinales, la NLS72 y la NELS88, encontró que factores no cognitivos explican una parte pequeña pero importante —alrededor de 2 puntos en el logaritmo del salario— de la brecha salarial de género entre trabajadores de treinta años. En particular, en cuanto a la importancia otorgada al “dinero/trabajo” y a las “personas/familia” respecto de la autoestima y confianza, se observó que mientras los hombres suelen ser más ambiciosos y valorar más aquellos empleos que ofrecen salarios altos, las mujeres suelen optar por trabajos con un componente altruista.

Grove et al. (2011) exploraron el poder explicativo de variables no cognitivas y variables de capital humano en la brecha salarial de profesionales con MBA. Haciendo uso de una encuesta longitudinal de individuos que se registraron para la prueba GMAT entre 1990 y 1998, encontraron que el 82 por ciento de la brecha salarial de género es explicada por habilidades no cognitivas y preferencias relacionadas con la familia, carrera y empleo. Asimismo, al parecer las mujeres en la muestra experimentaban una penalidad en el salario por revelar preferencias hacia trabajos altruistas, los cuales en promedio otorgan menores salarios. Los hombres parecían atribuir una mayor importancia a la riqueza, pero ello no estuvo asociado con la brecha salarial entre ambos. La brecha estuvo explicada principalmente por la experiencia educativa y la tenencia de empleo por parte de los hombres.

Cobb-Clark y Tan (2009) evaluaron si las habilidades no cognitivas de hombres y mujeres ejercen influencia sobre su ocupación y si, por tanto, contribuyen a la disparidad en salarios relativos. Utilizando información de empleados (no autoempleados) de 25 a 65 años, contenida en la encuesta de Hogares, Ingreso y Dinámica Laboral en Australia (HILDA) de 2001 y 2006, encontraron una relación entre el nivel de habilidades no cognitivas y la ocupación en la que dichos empleados laboraban. No obstante, si bien la brecha salarial de género fue de 0,143 (en términos del logaritmo del salario), el 96,6 por ciento se atribuyó a diferencias en el salario de hombres y mujeres, considerando que eran empleados en la misma ocupación. Por tanto, el componente más importante de la brecha salarial de género ocurre al interior de cada ocupación y permanece aún inexplicado.

Gran parte de los estudios en torno al rol de las pruebas que evalúan habilidades cognitivas y no cognitivas en indicadores de mercado laboral se han realizado para países desarrollados. A nuestro entender, muy pocos han abordado el tema para países en desarrollo y, en particular, para países de la región latinoamericana.

Bassi y Galiani (2009) utilizaron una encuesta nacional con información sobre adultos de 25 a 30 años, a fin de explorar el rol que ejercen las pruebas que miden habilidades cognitivas y no cognitivas sobre el logaritmo de los salarios. Los autores encontraron coeficientes significativos para ambos tipos de habilidad, pero también que los mismos se reducen luego de controlar por el nivel educativo de los individuos. Este resultado probablemente esté asociado al hecho de que al utilizar medidas de habilidad explícitas (a diferencia de habilidades latentes) el efecto de los años de educación genera sesgo en los coeficientes de dichas medidas, por ejemplo, en regresiones de salarios que no controlan por años de educación.

Díaz et al. (2012) estimaron retornos a la educación, habilidades cognitivas y no cognitivas en el Perú utilizando la Encuesta Nacional de Habilidades y Mercado Laboral (Enhab) —que comprende una muestra de personas en edad de trabajar— y mediante una aproximación de variables instrumentales para abordar los problemas asociados a la endogeneidad de los años de educación presentes en la ecuación de salarios. Los autores hallaron que el mercado laboral peruano valora la educación y las habilidades cognitivas y no cognitivas. En particular, concluyeron que el incremento de una desviación estándar en los años de educación se encuentra asociado con un incremento de 15 por ciento en los salarios, mientras que cambios similares en el nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas se encuentran asociados con incrementos de 9 por ciento y 5 a 8 por ciento en los salarios, respectivamente.

Urzúa et al. (2009) profundizaron en el análisis de discriminación de género en el mercado laboral para el caso de Chile, utilizando información sobre indicadores de mercado laboral, logro y desempeño educativo y otras variables relacionadas con el entorno familiar de cada individuo. Los autores trabajaron sobre la base de estudios previos que abordan la estimación de modelos de mercado laboral con múltiples fuentes de heterogeneidad no observada, heterogeneidad generada por habilidades cognitivas y no cognitivas. Sin embargo, por limitaciones en la disponibilidad de la información sólo consideraron una fuente de heterogeneidad no observada; es decir, capturaron el efecto de las habilidades cognitivas y no cognitivas en un solo componente, como una sola variable. Los resultados obtenidos sugieren la existencia de brechas de género en variables tales como experiencia, empleo, horas trabajadas y salarios por hora que no pueden ser explicadas por características observables o mecanismos de selección que generan endogeneidad. No obstante, hallaron evidencia de que las mujeres que tienen bajos niveles educativos suelen ser víctimas de discriminación salarial. Hasta donde tenemos conocimiento, este estudio es el único que aborda, en la brecha salarial de género, el rol de habilidades cognitivas y no cognitivas, latentes, en un país en vías de desarrollo.

De acuerdo con muchos de los estudios presentados líneas arriba, un segundo tema de interés es el proceso de formación de las habilidades cognitivas y no cognitivas. Heckman, Stixrud y Urzúa (2006) argumentan que las pruebas que miden este tipo de habilidades no reflejan el “verdadero” nivel de habilidad (lo denominado “habilidad latente”), ya que, al ser función del nivel educacional, se encuentran medidas con error. Por tanto, utilizar el puntaje de dichas pruebas en regresiones de salarios y años de educación es problemático. Al controlar por el nivel educacional, tanto las habilidades cognitivas como las no cognitivas predicen los salarios. Sin embargo, el nivel educacional es una variable de elección y, por tanto, implica problemas de endogeneidad que deben ser considerados. Omitir el nivel educacional de una ecuación de salarios incrementa la correlación entre ambos tipos de habilidades y el salario percibido. Los efectos estimados comprenden tanto el efecto directo de las habilidades en los salarios (sobre la productividad), como el indirecto (a través del nivel educacional). No obstante, existe una importante diferencia entre pruebas que miden las habilidades no cognitivas y cognitivas, como las de Coeficiente Intelectual (CI) y pruebas que miden logros de aprendizaje. Si bien el CI tiende a establecerse alrededor de los 8 años de edad, los resultados de pruebas de logros de aprendizaje han evidenciado ser cambiantes y crecientes según el nivel educacional adquirido.

Hansen et al. (2004) desarrollaron dos métodos para estimar el efecto del nivel educacional en las pruebas de logros de aprendizaje que controlan por la endogeneidad asociada. Plantean que tanto el nivel educacional adquirido como los puntajes de pruebas de habilidades son generados por un componente común no observado: las habilidades latentes. De esta manera, encontraron que el efecto del nivel educacional en el puntaje de pruebas de habilidad es lineal o proporcional a través de niveles educativos y mayor para bajos niveles de habilidad. Alcanzar un mayor nivel educativo incrementa entre 2 y 4 puntos porcentuales el puntaje obtenido en la prueba Armed Forces Qualification Test (AFQT), considerada por el estudio en cuestión. Los autores contribuyeron a estimar el impacto del nivel educacional sobre las habilidades medidas en varios quintiles de la distribución de habilidades latentes. Asimismo, presentaron evidencia según la cual la medida de CI utilizada por Herrnstein y Murray (1994) se encuentra fuertemente afectada por el nivel educativo de los individuos. Modelaron los puntajes de pruebas de habilidades como función de las habilidades latentes (y de otros factores) y modelaron también el nivel educacional como función de las habilidades latentes (y de otros determinantes). Asimismo, consideraron efectos de truncamiento (en pruebas sencillas, el puntaje máximo puede ser alcanzado por niños con distintos niveles de habilidad) y endogeneidad del nivel educativo (elecciones de fecha de entrada y salida del sistema educativo).

Helmers y Patnam (2011) investigaron los factores que determinan los puntajes en pruebas de habilidades cognitivas y no cognitivas para niños en Andhra Pradesh, India, utilizando una base de datos que contiene información sobre dos cohortes de niños de hasta 12 años de edad. Aprovechando la disponibilidad de datos de panel estimaron un modelo de Relaciones Estructurales Lineales (Lisrel), el que permite estimar habilidades latentes (cognitivas y no cognitivas) e inversión familiar, y además relacionar estas variables a otras características observables asociadas al niño, sus padres y el hogar al que pertenece. Trabajaron sobre la base de lo desarrollado por Cunha y Heckman (2007), con el fin de examinar la dinámica que gobierna la formación de habilidades cognitivas y no cognitivas, y la relación entre ambas a lo largo del tiempo. En particular, centraron su atención en explorar los determinantes en el proceso de formación de ambos tipos de habilidades. Los autores encontraron evidencia a favor de la importancia de la inversión familiar (cuidado por parte de los padres durante el embarazo y los primeros meses del niño) y la salud de los niños durante el primer año de edad.

De esta manera, la principal contribución del presente estudio es analizar el rol de las habilidades latentes cognitivas y no cognitivas, como también del retorno de las mismas —en términos de salarios—, en la brecha salarial de género, todo esto en un país en vías de desarrollo. Para ello, uno de nuestros principales objetivos es estimar las habilidades latentes, que son no observables para el econometrista pero persistentes en el tiempo.

3. Modelo

El modelo planteado está construido sobre la base de lo propuesto por Heckman, Stixrud y Urzúa (2006), Cunha y Heckman (2007) y Cunha, Heckman y Schennach (2010). El modelo plantea que existen dos factores subyacentes: la habilidad latente cognitiva y la habilidad latente no cognitiva. Así, controlando por factores observables, estos factores son capaces de explicar la dependencia entre decisiones y resultados. Ambos factores son conocidos por cada individuo, pero no para el econometrista. Asimismo, el nivel de habilidades latentes se encuentra fijo para el momento en que el individuo toma decisiones en el mercado laboral.

La estrategia de identificación es similar a la planteada en Heckman, Stixrud y Urzúa (2006). La habilidad cognitiva latente (fC) afecta sólo a la medida de habilidad cognitiva (C), y la habilidad no cognitiva latente (fN) afecta sólo a la medida de habilidad no cognitiva (N).

El modelo se sustenta en el hecho de que, condicional a la información contenida en el vector de variables X, la dependencia temporal entre las medidas de habilidad es atribuible a las habilidades latentes. Controlar por esta dependencia implica controlar la endogeneidad del modelo. Heckman, Stixrud y Urzúa (2006) estiman la distribución de habilidades latentes aprovechando la disponibilidad de dos o más medidas de habilidad. En contraste, la estrategia de especificación que utilizaremos aprovecha la disponibilidad de datos de panel para las medidas de habilidad; en concreto, tener información sobre la misma medida de habilidad en dos momentos del tiempo. Asimismo, asumimos un modelo lineal en los parámetros. No obstante, ello puede ser interpretado como una aproximación de un modelo de comportamiento más flexible, tal como en Heckman, Stixrud y Urzúa (2006).

Al analizar el rol de las habilidades en la brecha salarial de género, se debe tomar en cuenta que parte de lo que podría interpretarse como discriminación podría en realidad deberse a la dinámica comprendida en la elección de ocupaciones; hombres y mujeres podrían autoseleccionarse hacia ocupaciones que premian distintos tipos de habilidad. Asimismo, si bien controlar por los años de educación de un individuo en una ecuación de salarios genera endogeneidad, se debe considerar el rol de las habilidades en la elección de un nivel educacional. Por tanto, de manera similar a lo aplicado en Heckman, Stixrud y Urzúa (2006), trabajaremos sobre la base de un modelo que considere las decisiones de educación, empleo y ocupación.

El modelo tiene cuatro etapas, a fin de controlar por la correlación de los errores de cada decisión. El individuo elige un nivel educativo considerando el acervo de habilidades latentes; más tarde, dado el nivel educativo y sus habilidades latentes, él mismo elige participar o no del mercado laboral. Así, luego de tomar la decisión de participar, el individuo debe elegir el tipo de ocupación en el que desea trabajar, considerando su nivel de habilidades, y finalmente, dadas todas las elecciones tomadas hasta el momento y el acervo de habilidades, al individuo le es asignado un determinado salario. A continuación se presenta el modelo de manera formal.

3.1. Modelo de educación

Cada individuo elige el nivel de educación que maximiza su beneficio tomando en cuenta el nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas latentes que tiene. Así, considerando una especificación lineal en los parámetros, es el beneficio neto asociado con haber logrado un determinado nivel educativo:

donde s es el nivel educativo elegido por el individuo entre dos opciones: secundaria completa como máximo nivel educativo o, al menos, un año de educación superior. Xs es un vector de variables observables que afectan la decisión de educación, βs es el vector de parámetros asociados, aCS y aNS son las ponderaciones de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes, respectivamente, y eS es representa un error idiosincrásico que se asume como independiente de fN, fC y XS. Los términos de error correspondientes a ambos niveles educativos son independientes.

3.2. Modelo de empleo

Luego de elegir el nivel educativo y considerando el resultado de dicha elección, el individuo debe tomar la decisión acerca de participar o no en el mercado laboral. Así, el individuo decidirá participar si el beneficio neto asociado es mayor a que no participara, considerando también su nivel de habilidades latentes. Así, es el beneficio asociado a trabajar en el que se asume una especificación lineal en los parámetros:

donde E es la decisión tomada por el individuo: trabajar o no trabajar. XE es un vector de variables observables que afectan la decisión de empleo, βE es el vector de parámetros asociados, aNE y aCE son las ponderaciones de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes, respectivamente, y eE representa un error idiosincrásico que se asume como independiente de fN, fC y XE. Los términos de error correspondientes a ambas opciones laborales (empleo o desempleo) son independientes.

3.3. Modelo de ocupación

Una vez tomada la decisión de participar del mercado laboral, el individuo debe elegir en qué ocupación desempeñarse. Así, considerando las decisiones tomadas hasta el momento y su nivel de habilidades latentes, decidirá una de dos opciones de ocupación: la primera, una ocupación que requiere de capacitación especializada (denominada “white collar”); la segunda, una que no la requiera y esté más orientada al trabajo manual (“blue collar”). Así, I_0 es la utilidad asociada a trabajar en una ocupación determinada:

donde 0 representa la ocupación elegida por el individuo. X_0 es un vector de variables observables que afectan la decisión de ocupación, βo es el vector de parámetros asociados, aC_0 y aN_0 son las ponderaciones de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes, respectivamente, y e_0 representa un error idiosincrásico que se asume como independiente de fN, fC y X_0. Los términos de error correspondientes a ambas opciones ocupacionales son independientes.

3.4. Modelo de salarios

Finalmente, el salario que recibe el individuo es producto de las decisiones previas de educación, empleo y ocupación, así como el nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas latentes del individuo hasta ese momento. Por tanto, la ecuación de salarios sería:

donde XY es un vector de características observables, βY es el vector de retornos asociados, aCY y aNY son las ponderaciones de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes, respectivamente, y eY representa un error idiosincrásico que se asume como independiente de fN, fC y XY.

De esta manera, se hace posible desagregar el efecto de las habilidades latentes en los salarios, tomando en cuenta el efecto que las mismas podrían tener en las decisiones previas a la asignación del salario en sí mismo, ello de manera diferenciada entre hombres y mujeres.

4. Fuentes de la muestra

Con el objetivo de estimar el efecto de las habilidades en la brecha salarial de género, es necesario contar con una base de datos que contenga información sobre ambas variables para un mismo individuo. Así también, no sólo es necesario contar con información sobre medidas de habilidad; a fin de aislar la denominada habilidad latente, la estrategia de identificación propuesta requiere información sobre las medidas de habilidad de un individuo en distintos periodos. Debido a la ausencia de una única fuente de información que cumpla con dichas características —información acerca de salarios y habilidades en distintos periodos para el mismo conjunto de individuos—, aplicaremos un procedimiento econométrico que permitirá combinar la información contenida en dos bases de datos.

La primera base de datos corresponde a la recogida en el Estudio de Niños del Milenio (ENM). Ésta comprende información longitudinal para dos cohortes de niños (“cohorte joven” y “cohorte adulta”) y para cada uno de cuatro países: Etiopía, India (Andhra Pradesh), Perú y Vietnam. En Perú la muestra representa al 95 por ciento de los niños (excluye al 5 por ciento que pertenece a las familias con mayores ingresos). Los niños y sus cuidadores principales fueron encuestados tres veces: años 2002, 2006 y 2009. La encuesta recoge información sobre aspectos relacionados con el desarrollo de los niños, medidas de habilidad cognitiva y aspectos de su personalidad (actitudes y aspiraciones), medidas antropométricas y un conjunto de otras características a nivel individual y de hogares. En particular, incluye características tales como el nivel socioeconómico de las familias (percibido por el niño), índices de riqueza, gasto en consumo y medidas de las habilidades de los cuidadores principales, entre otros.

Con el fin de analizar la distribución de habilidades entre niños peruanos, centramos nuestra atención en los 700 niños de la “cohorte adulta”, los mismos que tenían 8 años en la primera ronda del estudio (2002). Asimismo, mantenemos la submuestra de niños con información disponible para los ítemes relacionados con medidas de habilidad (cognitiva y no cognitiva) e información individual relevante para las rondas 2 y 3, cuando los niños de la “cohorte adulta” tenían 12 y 15 años de edad, respectivamente[1]. Finalmente, dado que se buscará hacer un paralelo entre la información contenida en la ENM y la Enhab (la cual contiene información de salarios para personas en edad de trabajar que viven en zonas urbanas), trabajamos solamente con los niños de la “cohorte adulta” que viven en zonas urbanas. La muestra final consta de 349 niños.

La muestra con la que trabajaremos en adelante se encuentra distribuida entre niños y niñas (165 y 184, respectivamente), que tienen una edad promedio de 149 meses y un promedio de seis años de educación durante la ronda 2. La tabla 1 presenta estadísticos descriptivos de las principales variables de interés para ambas rondas, así como información sobre la lengua materna y el nivel educacional de los padres en la ronda 1 (lo que denominaremos “características permanentes”). Entre estas variables se encuentran: la puntuación directa[2] (“raw score”) del Test de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP) como medida de habilidad cognitiva; un índice de autoeficacia y un índice de autoestima, estas últimas a modo de medida de habilidad no cognitiva[3]. Dicho estudio cuenta con información de medidas de habilidad no cognitiva no sólo para los niños, sino que también la correspondiente a los cuidadores principales de dichos niños (ambos índices se construyeron de la misma manera en ambos casos). En las dos rondas, si bien las mujeres alcanzan un puntaje menor al promedio en medidas de habilidad, lo mismo sucede para los hombres en el índice de autoeficacia, mientras que los resultados son mixtos para el caso de autoestima. No parece haber diferencias importantes entre géneros en cuanto a características del hogar y la familia. Las medidas de habilidad no cognitivas de los cuidadores principales difieren entre niños y niñas; los primeros evidencian altos niveles de autoeficacia durante la ronda 2 y bajos niveles de autoestima durante la ronda 3. Asimismo, diferencias importantes surgen entre rondas.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos: Estudios de Niños del Milenio

Ronda 2

Ronda 3

Muestra completa

Mujeres

Hombres

Muestra completa

Mujeres

Hombres

Media

DE

Media

DE

Habilidad cognitiva (puntaje TVIP)

76.92

13.84

75.964

77.777

101.083

14.6

99.788

102.245

Índice de autoeficacia

0.101

0.939

0.216

−0.003**

0.101

0.969

0.295

−0.073**

Índice de autoestima

0.139

0.897

0.088

0.185

0.147

0.94

0.208

0.093

Medida de autoeficacia del cuidador principal

(estandarizado)

0.144

0.997

-0.012

0.284***

0.145

0.925

0.136

0.154

Medida de autoestima del cuidador

principal (estandarizado)

0.046

1.003

0.058

0.036

0.044

1.028

0.13

−0.033

Talla para la edad (estandarizado)

-1.302

1.049

-1.337

-1.271

-1.306

0.863

-1.502

−1.129***

Índice de masa corporal (estandarizado)

0.34

0.966

0.297

0.378

0.272

0.972

0.432

0.128***

Edad en meses

148.867

5.416

148.488

149.206

179.117

4.505

178.783

179.417

Años de educación

6.143

0.895

6.17

6.12

9.006

1.101

9.067

8.951

Ausencia a la escuela por enfermedad

(> 1 semana)

0.054

0.227

0.055

0.054

0.069

0.235

0.067

0.071

Índice de riqueza

0.602

0.19

0.596

0.608

0.661

0.15

0.665

0.658

Logaritmo del consumo del hogar per cápita

5.191

0.642

5.179

5.201

5.333

0.635

5.338

5.328

Lengua materna (español)

0.788

0.409

0.794

0.783

Nivel educacional del padre

10.481

3.092

10.176

10.755

Nivel educacional de la madre

9.602

3.499

9.648

9.560

N

349

165

184

349

165

184

Nota: * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1% de la prueba de diferencia de medias entre hombres y mujeres.

La segunda base de datos corresponde a una novedosa encuesta de hogares recogida por el Banco Mundial en el año 2010, que contiene información de salarios y características individuales, así como medidas de habilidad cognitiva y no cognitiva para una muestra de individuos en edad de trabajar (14-50 años). Se trata de la Encuesta Nacional de Habilidades y Mercado Laboral (Enhab), representativa a nivel del Perú urbano. Dicha base de datos contiene información acerca de las condiciones de vida, información demográfica, logro académico, empleo/salarios e información nueva sobre medidas de habilidad cognitiva y no cognitiva, trayectoria educativa, participación temprana en el mercado laboral y características familiares. Las habilidades cognitivas fueron medidas por medio de pruebas que evalúan capacidades numéricas y de resolución de problemas, memoria de trabajo, fluidez verbal y de lenguaje receptivo. Las habilidades no cognitivas fueron medidas de acuerdo con las escalas GRIT (Duckworth et al. 2007) y con los Cinco Grandes Factores de la Personalidad (Goldberg 1990). Para el análisis que realizaremos, concentramos nuestra atención en siete medidas, los valores estandarizados de cada uno de los cinco factores de la personalidad (estabilidad emocional, extroversión, amabilidad, cooperación, actitud concienzuda (fuerte) y apertura), una medida compuesta de los elementos de GRIT, y una medida compuesta de las habilidades cognitivas. Algunas de las características individuales comprendidas son el pasado educativo del individuo, características familiares y estatus socio-económico (educación y ocupación de los padres, tamaño de la familia, información acerca del acceso y particularidades de la escuela a la que asistieron los padres, entre otros).

En términos generales, los individuos en la base de datos se encuentran distribuidos de manera similar entre hombres y mujeres, tienen en promedio 33 años de edad, ganan un salario de 1.000 nuevos soles constantes del año 2010 (aproximadamente 350 USD), trabajan 51 horas a la semana y han concluido estudios de secundaria. La tabla 2 ilustra estadísticos descriptivos de las principales variables a considerar, así como la diferencia entre hombres y mujeres en cada una. Entre ellos, se encuentra el hecho de que el hombre representativo de la muestra tiene salarios mayores (mensuales y por hora), trabaja más horas y tiene niveles más altos de habilidades cognitivas que la mujer representativa de la muestra. Sin embargo, los resultados son mixtos para el caso de las habilidades no cognitivas. Mientras las mujeres muestran actitudes más consistentes, amables, cooperativas y concienzudas, los hombres presentan actitudes más persistentes, extrovertidas, emocionalmente estables y abiertas. La muestra con la que trabajaremos en adelante es la conformada por aquellos individuos para los cuales se cuenta con información sobre medidas de habilidad (puntaje de pruebas), salarios y las principales características individuales (N = 2421)[4].

Tabla 2. Estadísticos descriptivos: Encuesta Nacional de Habilidades y Mercado Labor (enhab)

N

Media

DS

Mujeres

Hombres

Habilidad cognitiva

(Puntaje TVIP)

2421

42.001

14.932

40.103

45.039***

Consistencia / Interest

2421

-0.004

0.998

0.036

−0.069***

Persistencia / Esfuerzo

2421

0.001

1.001

-0.046

0.076***

GRIT (estandarizado)

2421

-0.002

0.997

-0.009

0.008

Extroversión

2421

0.002

1

-0.047

0.082***

Amabilidad

2421

0.002

1.006

0.039

−0.058**

Cooperación

2421

0.006

0.992

0.051

−0.065***

Actitud concienzuda (fuerte)

2420

0.000

1.001

0.056

−0.092***

Estabilidad emocional

2415

0.013

0.997

-0.072

0.149***

Apertura

2415

-0.004

0.999

-0.059

0.085***

Logaritmo del salario por hora

4063

1.316

0.815

1.166

1.408***

Salario mensual

4063

972.155

1284.643

738.7

1116.299***

Salario por hora

4063

5.264

6.55

4.638

5.651***

Horas semanales de trabajo

4063

51.127

18.482

46.339

54.084***

Experiencia

4063

25.43

13.582

25.314

25.502

Edad

7499

33.514

15.282

33.305

33.736

Años de educación

7457

10.701

3.373

10.524

10.890***

Lengua materna (español)

7499

1.008

0.142

1.007

1.009

Nivel educacional del padre

7499

4.955

2.373

4.947

4.963

Nivel educacional de la madre

7499

4.287

2.333

4.253

4.324

Nota: * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1% de la prueba de diferencia de medias entre hombres y mujeres. Los estadísticos descriptivos fueron calculados considerando la totalidad de individuos que cuentan con información disponible para la variable correspondiente.

5. Implementación econométrica

El primer objetivo de este documento es identificar la contribución de las habilidades a la brecha salarial de género. En el afán de identificar el rol de las habilidades en los salarios, la ecuación que se desearía estimar es:

donde LnWi es el logaritmo de los salarios, Si representa los años de educación y Ai, la habilidad innata del individuo. Sin embargo, la poca disponibilidad de datos acerca de las habilidades innatas lleva a omitir Ai, generando endogeneidad en la ecuación de salarios. Si se asume que las habilidades generan incrementos en el salario y que las habilidades están positivamente relacionadas con los años de educación, γ estaría sobreestimando el verdadero valor del parámetro. La literatura empírica ha abordado este tema mediante la inclusión de medidas de habilidad (puntaje de pruebas que miden habilidades) y, por tanto, estimando la siguiente ecuación:

donde Ti representa el puntaje de pruebas estandarizadas que miden habilidades cognitivas o no cognitivas. Esta especificación es problemática, ya que es probable que los puntajes de pruebas de habilidades no sólo estén determinados por las habilidades innatas (cuyo efecto desearíamos aislar), sino que también por el nivel educacional del individuo, lo cual genera un problema, pues ambos factores estarían asociados con incrementos en los salarios. Por tanto, βT estaría capturando parcialmente el efecto indirecto de los años de educación en los salarios, a través de su efecto en las medidas de habilidad e impidiendo obtener el verdadero efecto de los años de educación en los salarios.

En este sentido, proponemos aplicar un procedimiento econométrico que permita estimar esta habilidad (latente) — Ai— e identificar cada uno de los efectos deseados en los salarios. Para ello, explotaremos la información longitudinal de medidas de habilidad contenida en el ENM para estimar proxies de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes. Luego, proponemos un método de imputación para predecir los efectos fijos estimados con la muestra del ENM en la muestra de la Enhab. Al complementar estas habilidades latentes predichas con la información de salarios recogida para la Enhab, será posible analizar el rol de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes en los salarios. Por tanto, la implementación econométrica que aplicaremos se divide básicamente en dos etapas: (i) la estimación de las habilidades latentes para la muestra del ENM, y (ii) la estimación del efecto de las habilidades latentes (predichas) en los salarios para la muestra Enhab.

En la primera etapa trabajaremos con la base de datos del ENM. En primer lugar, haremos uso de la variación (de la ronda 2 a la ronda 3) en las medidas de habilidad y los años de educación entre los niños en la muestra del ENM para recuperar los efectos fijos (no observables). En particular, intentaremos explicar la variación de las tres medidas de habilidad, dos habilidades no cognitivas (autoestima y autoeficacia) y una habilidad cognitiva (Test de Vocabulario e Imágenes Peabody, TVIP). El procedimiento de identificación requiere que se controle por cambios en las características que puedan haber variado entre los 12 y 15 años y puedan explicar gran parte de la variación en las medidas de habilidad de los niños durante ese mismo período. De esta manera, será posible explicar los cambios en las medidas de habilidad y aislar los efectos fijos no observables.

Luego, estimaremos la correlación entre las características que se mantienen constantes a lo largo de la vida del niño y los efectos fijos previamente hallados. Para ello, capturaremos el efecto fijo o componente no observable de cada tipo de habilidad haciendo uso de los estimados obtenidos en la primera etapa, para predecirlos a continuación haciendo uso del valor promedio de los regresores en las rondas 2 y 3 y, luego, desviando el valor predicho de la medida de habilidad respecto del valor observado correspondiente.

Los valores hallados representarán proxies de las habilidades latentes y, al ser efectos fijos, pueden ser modelados como función de variables que permanecen constantes a lo largo de la vida del niño, que podrían determinar las habilidades latentes y sean comunes a ambas bases de datos. De esta manera, podremos predecir el valor de estas habilidades latentes en la muestra Enhab. Algunos controles que podrían ser adecuados para modelar dichos efectos fijos son el género del niño y el nivel educacional de los padres.

La segunda etapa propone partir de estos efectos estimados y aprovechar la información sobre las “características permanentes” para la muestra Enhab, con el fin de obtener valores predichos de las habilidades latentes para tal muestra. Dicho de otra forma, el valor predicho de las habilidades latentes para la muestra Enhab será el resultado de las “características permanentes” observadas (Zi) y los efectos previamente estimados :

Un supuesto importante en este proceso de “emparejamiento” es que las muestras del ENM y de la Enhab son representativas a nivel nacional (es decir, evidencian características similares)[5]. Así, con los valores predichos, es posible estimar una ecuación de salarios y, más aún, analizar las fuerzas detrás de la existencia de una brecha salarial de género. Para ello, modelaremos los salarios como función de las habilidades cognitivas y no cognitivas latentes identificadas a partir de la metodología econométrica descrita líneas arriba.

Con la muestra de Enhab que contiene información de salarios, medidas de habilidad y habilidades latentes aplicaremos dos aproximaciones para analizar el rol de las habilidades en los salarios. La primera consiste en aplicar el método de descomposición de Blinder-Oaxaca, el cual permite evaluar el rol de brechas en regresores sobre brechas en una variable de resultado. La segunda desarrolla el modelo completo de decisión del individuo, incorporando interacciones entre las habilidades y una variable dicotómica de género para analizar el rol de brechas de habilidad en brechas de salario. Así será posible enriquecer el análisis efectuando una comparación entre los resultados obtenidos haciendo uso de medidas de habilidad observables, por un lado, y (proxies de) habilidades latentes, por el otro. De esta manera, tanto las medidas de habilidad observables como las habilidades latentes nos servirán para evaluar el rol de las habilidades en la brecha salarial de género.

5.1. Brecha salarial de género y el método de descomposición de Blinder-Oaxaca

El método de descomposición de Blinder-Oaxaca es una metodología que permite descomponer diferencias en el salario promedio de dos grupos, en este caso, hombres y mujeres. Se parte de un modelo lineal (separable) que es explicado por características observables y no observables:

para g – hombre,mujer

Donde, sea g una variable dicotómica que indica pertenencia a un grupo determinado, Yg el resultado de interés para un miembro del grupo g, Xg el vector de características observables (incluyendo una constante), βg el vector columna de coeficientes de una regresión lineal de Yg sobre Xg, y las barras representan promedios. Se pueden reexpresar, así, las diferencias salariales como diferencias en características observables o diferencias en los coeficientes de dichas características:

(

donde el primer y segundo términos del lado derecho de la ecuación representan los componentes explicados y no explicados de la brecha en el resultado promedio, respectivamente. A esto se le denomina “descomposición doble”, ya que precisamente descompone brechas entre diferencias en nivel o diferencias en retornos. Una extensión de esta metodología es la denominada “descomposición triple”, la cual incluye un tercer componente que interactúa —y de manera simultánea— diferencias en niveles y retornos de los regresores considerados:

en el cual el último término del lado derecho de la ecuación representa el término de interacción.

6. Resultados

En esta sección comparamos los resultados de la estimación del efecto de las habilidades cognitivas y no cognitivas sobre los salarios obtenidos mediante el uso de puntajes de pruebas que miden dichas habilidades y aquellos resultados obtenidos luego de considerar las habilidades latentes estimadas. En cada caso, empezamos presentando los resultados obtenidos tras estimar una ecuación de Mincer del logaritmo de los salarios, controlando por el nivel educacional y las habilidades. Posteriormente, aplicamos el método de descomposición de Blinder-Oaxaca con el fin de estimar el impacto de las habilidades en la brecha salarial de género. Finalmente, en el afán de separar el efecto de las habilidades en la brecha salarial de género a través de cada una de las decisiones del individuo previas a la determinación del salario, estimamos un modelo conjunto de educación, empleo, elección de ocupación y salarios. Para ello, nos valemos del procedimiento, explicado previamente, para obtener estimados de las habilidades latentes cognitivas y no cognitivas y presentamos los resultados correspondientes a cada una de las cuatro etapas que lo conforman.

6.1. Salarios y medidas de habilidad

A propósito de la discusión previa acerca de los problemas asociados a la estimación del efecto de las habilidades en los salarios, la tabla 3 muestra los resultados de una ecuación de Mincer bajo el supuesto —ingenuo— de que no existe correlación entre las medidas de habilidad y los años de educación. La columna 1 evidencia que luego de controlar por experiencia laboral, lugar de residencia y lengua materna, un año de educación adicional lleva a un incremento de 10,9 por ciento en los salarios. La columna 2 incorpora controles como el nivel educacional de los padres, ya que ello podría explicar parte de la correlación entre salarios y educación. Con esto, el coeficiente estimado cae de 10,9 a 9 por ciento. El incorporar medidas de habilidad cognitiva y no cognitiva pone en evidencia que las medidas de habilidad cognitiva y estabilidad emocional llevan a salarios más altos, mientras que la amabilidad y la consistencia en términos de esfuerzo parecen tener el efecto contrario. Asimismo, incluir dichas medidas de habilidad genera una reducción en el retorno a cada año de educación, lo cual sugiere que el coeficiente de la columna 2 estaría sobreestimando el efecto de la educación en los salarios.

6.1.1. Método de descomposición de Blinder-Oaxaca

Con el fin de estimar el efecto de las medidas de habilidad, optamos por aplicar el método de descomposición de Blinder-Oaxaca. En la muestra utilizada, el logaritmo del salario promedio es 1,417 para hombres y 1,141 para mujeres, llevando a una brecha salarial estadísticamente significativa de 0,276. Sin embargo, nuestra atención se centra en la importancia relativa de los elementos que explican dicha brecha. Haciendo uso de los métodos de descomposición doble y triple descritos previamente, encontramos que los datos favorecen el hecho de que la brecha salarial es atribuible a diferencias entre los retornos y niveles de las habilidades. No obstante, si bien habría un incremento significativo en el salario por hora de las mujeres, más del 80 por ciento de la brecha salarial de género se reduciría si ellas compartieran el valor de los coeficientes de los hombres, dadas sus propias características. La brecha salarial de género, así como el efecto de la dotación y las diferencias en los coeficientes son significativos, aun luego de controlar por características individuales comunes en este tipo de análisis. Las primeras dos columnas de la tabla 4 ilustran, luego de agregar diversos controles, los resultados obtenidos mediante la descomposición doble y el uso de una especificación sencilla, respectivamente. Las columnas 3 y 4 presentan los resultados obtenidos mediante la descomposición triple.

Tabla 3. Ecuación de Mincer con medidas de habilidad

[1]

[2]

[3]

Años de educación

0.1091***

0.0934***

0.0804***

Experiencia

0.0255

0.0318*

0.0329*

Experiencia^2

−0.0003

−0.0004

−0.0004

Reside en Lima

0.0397

0.0297

0.0091

Lengua materna (español)

0.2675

0.4296

0.5023**

Nivel educacional del padre

0.0148

0.0097

Nivel educacional de la madre

0.0386**

0.0366**

Goldberg, extroversión

0.0257

Goldberg, amabilidad

−0.0371

Goldberg, cooperación

−0.0616*

Goldberg, actitud concienzuda (fuerte)

−0.005

Goldberg, estabilidad emocional

0.0810***

Goldberg, apertura

−0.0069

GRIT 2, consistencia de intereses

−0.0453*

GRIT 2, persistencia del esfuerzo

0.0031

Pruebas de habilidad cognitiva

0.0751***

Constante

−0.6028**

−0.9125**

−0.8131***

N° observaciones

1079

1079

1073

R-cuadrado

0.157

0.17

0.187

Nota: *indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. La muestra corresponde a personas empleadas en el momento de la encuesta y con información disponible acerca de pruebas de habilidades y controles individuales.

Un segundo ámbito de análisis corresponde a la contribución individual de los predictores al componente explicado de la brecha salarial de género. A partir de este momento, trabajaremos con la medida compuesta de GRIT como la prueba representativa que mide habilidades no cognitivas[6]. La tabla 4 presenta la proporción de la brecha salarial en términos de regresores y coeficientes atribuidos a diferencias en medidas de habilidad cognitiva y no cognitiva. Las cuatro aproximaciones presentadas (columnas 1 a 4) evidencian que el “efecto de niveles” se debe, básicamente, a niveles heterogéneos de habilidades cognitivas (medidas) entre hombres y mujeres. En el caso de las habilidades no cognitivas, no se hallaron efectos significativos. Las brechas en términos de coeficientes (retornos) evidenciaron una estrecha relación con controles a nivel individual y heterogeneidad no observada entre géneros.

La descomposición de Blinder-Oaxaca puede ser interpretada como un modelo simple del ciclo de vida desde una perspectiva que considera factores latentes. Las habilidades cognitivas y no cognitivas determinan el nivel educacional. No obstante, recordemos que las habilidades latentes no son observables. Lo que se observa son medidas de estas habilidades. Por tanto, los retornos estimados mediante dicho método de descomposición son función de los retornos a la educación y los parámetros que gobiernan la elección del nivel educacional alcanzado por el individuo. Asimismo, es plausible suponer que los parámetros que influyen en la decisión de ocupación también estén afectando el retorno promedio, general, estimado.

Tabla 4. Descomposición de Blinder-Oaxaca con medidas de habilidad

[1]

[2]

[3]

[4]

Brecha salarial

0.276***

0.276***

0.276***

0.276***

(0.065)

(0.051)

(0.065)

(0.067)

Niveles

0.059***

0.045***

0.067***

0.058**

(0.019)

(0.019)

(0.024)

(0.028)

Retornos

0.217***

0.231***

0.225

0.242***

(0.063)

(0.048)

(0.067)

(0.062)

Niveles

Cognitiva

0.059***

0.058***

0.067***

0.067***

(0.019)

(0.015)

(0.023)

(0.023)

No cognitiva

0.000

0.000

0.000

0.000

(0.002)

(0.001)

(0.002)

(0.001)

Retornos

Cognitiva

−0.171

(0.167)

−0.192

(0.130)

−0.163

(0.160)

−0.184

(0.144)

No cognitiva

0.007

−0.017

0.007

−0.017

(0.143)

(0.165)

(0.144)

(0.154)

N° observaciones

1081

1081

1081

1081

Controles

No

Sí

No

Sí

Interacciones

No

No

Sí

Sí

Nota: Errores estándar entre paréntesis se encuentran agrupados a nivel regional. * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. La muestra corresponde a personas empleadas en el momento de la encuesta y con información disponible acerca de pruebas de habilidades y controles individuales. Los controles considerados son edad, edad al cuadrado y si el individuo reside en Lima.

6.1.2. Estimación conjunta: educación, empleo, ocupación y salarios

Los resultados obtenidos previamente brindan información acerca del rol de las medidas de habilidad cognitiva y no cognitiva sobre los salarios, pero no consideran las decisiones intermedias tomadas por los individuos antes de recibir un nivel de salario determinado. Con el fin de separar los efectos de las medidas de habilidad sobre cada una de estas decisiones, procedemos a estimar un modelo conjunto que considera elecciones de educación, empleo y ocupación. El mismo es consistente con la serie de decisiones que debe tomar un individuo a lo largo de su vida profesional. Tomando en cuenta su nivel de habilidades, un individuo elige cuál es el máximo nivel educacional que alcanza; luego, dado el nivel educacional que posee y sus habilidades latentes, decide participar o no del mercado laboral. Una vez que decide ser empleado, debe elegir su ocupación y, finalmente, recibir un salario acorde con sus decisiones previas y su nivel de habilidades. Para llevar a cabo un análisis de este tipo, consideramos dos niveles educacionales (secundaria completa es el punto de corte), la condición de ser empleado o no serlo, y dos clases de ocupación: “white collar” (ocupaciones que requieren capacitación especializada) y “blue collar” (ocupaciones que no requieren capacitación especializada).

Los resultados de la estimación por máxima verosimilitud del modelo conjunto se presentan en la tabla 5. El procedimiento de estimación requiere maximizar la verosimilitud conjunta (L) de adquirir un determinado nivel educacional (s), estar empleado (hi = 1), haber elegido una ocupación que requiera capacitación especializada (oi = 1) y ganar un cierto nivel de salarios (w). Por tanto, la contribución individual a la verosimilitud sería:

Cada columna de la tabla 5 corresponde a cada una de las decisiones involucradas en el modelo. En el modelo probabilístico de selección de educación controlamos por el nivel educacional de los padres. En el caso de la decisión de trabajo, controlamos por el nivel de desempleo promedio de la región a la que pertenece y una variable dicotómica que identifica la región en la que reside el niño. En tanto, para la decisión de ocupación se controla por edad. Los resultados indican que mientras las medidas de habilidad cognitiva parecen importar más en la determinación de los años de educación y la elección de ocupación, las medidas de habilidad no cognitiva son más importantes para la determinación de los salarios y la empleabilidad. En términos de diferencias de género, los hombres parecen tener un mayor retorno que las mujeres en general, pero en particular para el caso de habilidades no cognitivas en términos de empleabilidad y mayores salarios. Las mujeres obtienen mayores retornos a las habilidades cognitivas sólo tratándose de la elección del nivel educacional. No obstante, debemos considerar que los impactos estimados consideran medidas de habilidad observables, lo cual podría estar capturando el efecto de otros factores correlacionados con las variables dependientes y estas medidas de habilidad.

Tabla 5. Estimación conjunta con medidas de habilidad

Modelos

Educación

Empleo

Ocupación

Salarios por hora

Cognitiva (mujeres)

0.046***

−0.004*

0.043***

-0.030

(0.003)

(0.002)

(0.004)

(0.018)

Interacción c/Cognitiva

-0.006***

0.004

-0.007

0.040*

(0.003)

(0.003)

(0.005)

(0.022)

No cognitiva (mujeres)

0.190***

0.122**

0.129

0.996**

(0.067)

(0.057)

(0.109)

(0.467)

Interacción c/No cognitiva

0.134

0.195**

0.105

1.335**

(0.093)

(0.076)

(0.134)

(0.605)

N° observaciones

2421

Nota: * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. El término de interacción equivale al producto: (Hombre)*(Medida de habilidad).

6.2. Salarios y habilidades latentes

Con el objetivo de estimar el efecto neto de las habilidades sobre la brecha salarial de género, debemos considerar las habilidades latentes. A continuación presentamos los resultados del procedimiento propuesto para estimar dichas habilidades latentes (cognitivas y no cognitivas) y, luego, reestimamos los modelos introducidos previamente, considerando estas habilidades.

6.2.1. Aproximando habilidades latentes

La tabla 6 presenta los resultados de la primera etapa. Las columnas 1 a 3 corresponden a las estimaciones de las medidas de autoestima, autoeficacia y habilidad cognitiva (puntaje de la prueba TVIP), respectivamente. Cada regresión controla por la medida de habilidad correspondiente del cuidador principal del niño[7], la medida estandarizada de la talla para la edad del niño, el índice de masa corporal del niño, su edad, la percepción del estatus socioeconómico del hogar, un índice de riqueza del hogar, una variable que indica si el niño se ausentó a la escuela por problemas de salud durante más de una semana (variación en la educación) y el logaritmo del consumo real per cápita. Los errores estándar se encuentran agrupados por comunidad.

Tabla 6. Estimación de la primera etapa (modelo de efectos fijos -medidas de habilidad)

Autoestima

Autoeficacia

Habilidad cognitiva

Habilidad del cuidador principal

0.039***

0.099***

-

(0.013)

(0.023)

-

Índice de riqueza

0.027

0.248

-2.793

(0.180)

(0.261)

(1.854)

Talla para la edad (estandarizado)

−0.136***

(0.047)

0.187***

(0.038)

−1.698***

(0.587)

Índice de masa corporal

(estandarizado)

0.068*

0.097

−1.377***

(0.023)

(0.075)

(0.302)

Edad (en meses)

-0.002

0.001

0.793***

(0.001)

(0.001)

(0.013)

Estatus socioeconómico (percibido)

0.343***

0.007

1.144***

(0.035)

(0.039)

(0.376)

Ausencia a la escuela por problemas de salud

−0.140***

(0.048)

−0.271***

(0.049)

−1.416***

(0.462)

Logaritmo del consumo del hogar

0.087

-0.043

-0.363

(0.060)

(0.062)

(0.553)

N° observaciones

349

349

349

R-cuadrado

0.035

0.025

0.820

Nota: Se considera la muestra de niños que viven en zonas urbanas y tienen información sobre todas las variables incluidas en la regresión. * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1% de la prueba de diferencia de medias entre hombres y mujeres. Errores estándares agrupados a nivel de comunidad.

Cambios en la medida de autoestima del cuidador principal, la talla para la edad, el índice de masa corporal, haber faltado a la escuela por problemas de salud y el estatus socioeconómico percibido evidenciaron una relación estadísticamente significativa con la medida de autoestima del niño, siendo el último factor el más importante. Los resultados son similares para el caso de la medida de autoeficacia, pero cambios en el estatus socioeconómico percibido no son estadísticamente significativos. En cuanto a la medida de habilidad cognitiva, la variación en todos los controles incluidos fue estadísticamente significativa con excepción del índice de riqueza del hogar. La talla para la edad, el índice de masa corporal y el haber faltado a la escuela por problemas de salud evidenciaron un efecto negativo sobre el puntaje de la prueba.

La tabla 7 presenta los resultados de la segunda etapa del procedimiento propuesto. Los controles considerados son el género y el nivel educacional de los padres. La literatura en torno a la formación de habilidades sugiere que la habilidad “latente” corresponde a la habilidad innata y, por tanto, debería ser afectada por variables determinadas para el niño sólo hasta los tres años de vida. En el presente estudio, lo que estimamos como habilidad latente en realidad es la habilidad formada hasta los 12 años del niño, por lo que es de suponer que las variables fijas hasta dicho momento serían importantes para determinar el nivel de habilidades latentes del niño. Controles como el nivel educacional de los padres, el género del niño y la lengua materna son algunas de estas características importantes, pero no las características asociadas a la educación secundaria recibida (por problemas de endogeneidad). Este hecho es el que motiva la forma reducida que desarrollamos. En el caso de las tres proxies de habilidad latente, todos los controles incluidos[8] se mostraron estadísticamente significativos. Mientras las mujeres evidencian un mayor nivel de autoeficacia, lo opuesto ocurre para las habilidades cognitivas. Asimismo, el nivel educacional de los padres tiene un impacto positivo en todas las habilidades latentes predichas[9].

La tabla 8 muestra estadísticas descriptivas de las predicciones realizadas en ambas bases de datos (Niños del Milenio y Enhab) para la muestra completa y la brecha de género. Como se puede observar, ambas predicciones evidencian patrones similares en términos de la dirección o signo de las brechas.

Tabla 7. Estimación de la segunda etapa (habilidades latentes sobre características permanentes, ENM)

Autoestima

Autoeficacia

Habilidad cognitiva

Género (hombre)

0.012

−0.361***

1.026***

(0.016)

(0.013)

(0.361)

Nivel educacional del padre

0.035***

0.018***

1.442***

(0.006)

(0.004)

(0.075)

Nivel educacional de la madre

0.016***

(0.002)

−0.008**

(0.003)

0.461***

(0.090)

Constante

−0.581***

(0.071)

0.43***

(0.044)

−61.802***

(1.326)

N° observaciones

349

349

349

R-cuadrado

0.048

0.067

0.169

Nota: * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1% de la prueba de diferencia de medias entre hombres y mujeres. Errores estándares agrupados a nivel de comunidad.

Finalmente, se muestran los resultados de la estimación del modelo de salarios en función de las habilidades latentes. La tabla 9 compara los resultados obtenidos tras estimar una ecuación de Mincer con medidas de habilidad (columna 3) y con habilidades latentes (columna 4)[10]. Vale la pena resaltar dos resultados. En primer lugar, el retorno a la educación, considerando la especificación de la columna 4, es mayor que el correspondiente a la columna 3 y más similar al de la columna 2. Este hecho es consistente con la hipótesis de que las medidas de habilidad capturan parte del efecto de la educación sobre el salario (lo cual explicaría la caída en el retorno entre las columnas 2 y 3). En segundo lugar, cabe resaltar el cambio en la significancia estadística de las habilidades no cognitivas. Ello pone en evidencia que existe una relación entre habilidades no cognitivas y salarios, pero también implica que podemos considerar el efecto indirecto de las habilidades a través del nivel educacional al poder controlar por el nivel educacional y las habilidades latentes (netas).

Tabla 8. Estadísticas de la tercera etapa (habilidades latentes predichas en ambas bases de datos)

Niños del Milenio

Mujeres

Hombres

Brecha de género

Muestra completa

Habilidad cognitiva latente

-42.676

-40.854

1.821

-41.716

(1.462)

Autoeficacia latente

0.532

0.182

-0.350***

0.347

(0.073)

Autoestima latente

-0.067

-0.036

0.031

-0.050

(0.074)

N° observaciones

165

184

349

Enhab

Mujeres

Hombres

Brecha de género

Muestra completa

Habilidad cognitiva latente

-47.409

-46.209

1.201***

-46.829

(0.201)

Autoeficacia latente

0.516

0.156

−0.361***

0.342

(0.001)

Autoestima latente

-0.198

-0.193

0.005

-0.196

(0.005)

N° observaciones

3872

3627

7499

Nota: Los efectos fijos predichos para la muestra de Enhab fueron construidos sobre la base de los estimados de la muestra urbana de Niños del Milenio. Errores estándares a justados ante la presencia de correlación intragrupos se reportan entre paréntesis. * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%.

Tabla 9. ecuación de mincer con habilidades latentes

[1]

[2]

[3]

[4]

Años de educación

0.1091***

0.0934***

0.0804***

0.0914***

Experiencia

0.0255

0.0318*

0.0329*

0.0333**

Experiencia^2

-0.0003

-0.0004

-0.0004

-0.0004

Reside en Lima

0.0397

0.0297

0.0091

0.0606*

Lengua materna (español)

0.2675

0.4296

0.5023**

0.2975

Nivel educacional del padre

0.0148

0.0097

0.0507

Nivel educacional de la madre

0.0386**

0.0365**

0.0312

Goldberg, extroversión

0.0257

Goldberg, amabilidad

-0.0371

Goldberg, cooperación

-0.0616*

Goldberg, actitud concienzuda (fuerte)

-0.005

Goldberg, estabilidad emocional

0.810***

Goldberg, apertura

-0.0069

GRIT 2, consistencia de interes

-0453*

GRIT 2, persistencia del esfuerzo

0.0031

Pruebas de habilidad cognitiva

0.0751***

Habilidad no cognitiva latente (predicha)

-0.7259***

Habilidad cognitiva latente (predicha)

-0.7259***

Constante

-06028**

-0.9125*+

-0.8131***

-0.8876

N° observaciones

1079

1079

1073

1079

R-cuadrado

0.157

0.17

0.187

0.193

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis se encuentran agrupados a nivel regional. * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. La muestra corresponde a personas empleadas en el momento de la encuesta y con información disponible acerca de pruebas de habilidades y controles individuales.

6.2.2. Método de descomposición de Blinder-Oaxaca

La presente sección describe los resultados obtenidos tras aplicar el método de descomposición de Blinder-Oaxaca a la muestra completa en edad de trabajar[11], pero considerando las diferencias en habilidades latentes ya predichas. Como se planteó previamente para el caso en que utilizamos medidas de habilidad, existe una brecha salarial de género significativa. A diferencia de los resultados obtenidos en la sección anterior, la brecha hallada por medio de la nueva especificación no es atribuible sólo a diferencias en retornos o niveles de habilidades cognitivas, sino que las habilidades no cognitivas también parecen importantes para explicar la brecha salarial de género.

La tabla 10 muestra los resultados de la descomposición de Blinder-Oaxaca para la muestra de la Enhab considerando brechas en habilidades cognitivas latentes así como en autoeficacia (latente). Luego de aplicar las descomposiciones “doble” y “triple”, los datos muestran evidencia a favor del hecho de que la brecha salarial de género es atribuible a diferencias en los coeficientes y predictores. En cuanto a diferencias en los retornos, es posible identificar que los hombres gozan de un mayor retorno a las habilidades cognitivas, lo cual genera un incremento en la brecha salarial de género, pero no existen diferencias estadísticas en los retornos a las habilidades no cognitivas que afecten la brecha. En cuanto a las diferencias en los niveles de las habilidades, la tabla 10 refleja qué diferencias en las habilidades cognitivas y no cognitivas favorecen a los hombres en términos de salario. Si bien el mayor acervo de habilidades cognitivas entre los hombres contribuye a incrementar la brecha salarial de género, la evidencia muestra que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de habilidades no cognitivas que los hombres ganarían salarios significativamente mayores[12]. A primera vista, ello parece contradecir lo observado mediante los estadísticos descriptivos calculados inicialmente, en el que las mujeres mostraban mayores niveles de autoeficacia. No obstante, este fenómeno se explica por el hecho de que el retorno a las habilidades no cognitivas de las mujeres es negativo (como se hubiera podido observar si hubiéramos estimado la ecuación de Mincer con habilidades latentes por género). Por tanto, un mayor acervo de una habilidad que goza de un retorno negativo en el mercado genera, en efecto, un impacto negativo, perjudicando a las mujeres e incrementando la brecha salarial de género.

Tabla 10. Descomposición de Blinder-Oaxaca con habilidades latentes

[1]

[2]

[3]

[4]

Brecha salarial

0.241***

0.241***

0.241***

0.241***

(0.032)

(0.027)

(0.032)

(0.035)

Niveles

0.419***

0.607***

0.458***

0.618***

(0.117)

(0.134)

(0.148)

(0.152)

Retornos

−0.178

(0.124)

−0.366***

(0.136)

−0.160

(0.157)

−0.367***

(0.141)

Niveles

Cognitiva

0.026***

0.037***

0.034***

0.043***

(0.008)

(0.010)

(0.011)

(0.013)

No cognitiva

0.393***

0.580***

0.424***

0.585***

(0.115)

(0.132)

(0.144)

(0.148)

Retornos

Cognitiva

0.540***

0.477*

0.544***

0.481**

(0.178)

(0.254)

(0.180)

(0.187)

No cognitiva

0.049

0.004

0.063

−0.001

(0.186)

(0.272)

(0.265)

(0.270)

N° observaciones

4079

4079

4079

4079

Controles

No

Sí

No

Sí

Interacciones

No

No

Sí

Sí

Nota: Errores estándar entre paréntesis se encuentran agrupados a nivel regional.* indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. La muestra corresponde a personas empleadas en el momento de la encuesta y con información disponible acerca de pruebas de habilidades y controles individuales. Los controles considerando son edad, edad al cuadrado y si el individuo reside en Lima.

6.2.3 Estimación conjunta: educación, empleo, ocupación y salarios

La tabla 11 muestra los resultados de la estimación conjunta considerando las habilidades latentes cognitivas y no cognitivas. El considerar el rol de ambos tipos de habilidad en los procesos de elección considerados conlleva a resultados interesantes. En primer lugar, la habilidad cognitiva latente se muestra fundamental para lograr mayores niveles de educación, en similar magnitud para hombres y mujeres. Las habilidades no cognitivas parecen irrelevantes para esta primera decisión. Los siguientes tres procesos de elección deben ser interpretados de manera conjunta. En términos generales, es posible identificar que hay diferencias de género importantes en los retornos tratándose de las habilidades cognitivas y no cognitivas; ello en cada una de las tres variables de resultado analizadas. Lo anterior se encuentra explicado por lo importante que resulta considerar la dinámica detrás de la elección de la ocupación y por el hecho de que las mujeres tienen un mayor nivel de habilidades no cognitivas, las cuales, a su vez, cuentan con un retorno negativo. A propósito de ello, es posible interpretar que los hombres ganan mayores salarios por haber sido empleados en ocupaciones que premian más las habilidades cognitivas. Ello, junto con el hecho de que los hombres gozan de un mayor nivel de este tipo de habilidades, ayuda a explicar la existencia de una brecha salarial de género que los favorece. Asimismo, el análisis conjunto pone en evidencia que el retorno a las habilidades no cognitivas, en términos de empleo y salarios, es mayor para los hombres, aun cuando éstos presentan un menor acervo de este tipo de habilidades.

En contraste con los resultados de la estimación conjunta utilizando medidas de habilidad observables, es posible identificar que las diferencias a favor de los hombres en habilidades cognitivas y no cognitivas se reducen cuando se consideran las habilidades latentes. Incluso en el caso de las habilidades cognitivas latentes, las brechas se tornan significativas a favor de las mujeres. Más aún, el retorno a ambos tipos de habilidad latente gana significancia estadística en la ecuación de la decisión de la ocupación. Esta evidencia favorece la hipótesis de que gran parte de las diferencias atribuibles a brechas de habilidad ocurren en la dinámica que gobierna la elección de ocupaciones.

Tabla 11. Estimación conjunta con habilidades latentes

Modelos

Educación

Empleo

Ocupación

Salarios por hora

Cognitiva (mujeres)

0.055***

−0.014***

0.065***

-0.076***

(0.004)

(0.002)

(0.004)

(0.018)

Interacción c/Cognitiva

-0.005

-0.009***

−0.014***

-0.055***

(0.003)

(0.002)

(0.004)

(0.017)

No cognitiva (mujeres)

0.109

-0.117

-1.539***

-3.013

(0.443)

(0.298)

(0.483)

(2.314)

Interacción c/No cognitiva

-0.515

0.817**

-1.347***

5.794**

(0.438)

(0.319)

(0.512)

(2.463)

N° observaciones

7499

Nota: * indica un nivel de significancia del 10%; ** indica un nivel de significancia del 5%; y *** indica un nivel de significancia del 1%. El término de interacción equivale al producto: (Hombre)*(Habilidad latente).

7. Conclusiones

El procedimiento econométrico y el modelo desarrollados en este documento evidencian algunos hechos importantes. En primer lugar, se confirma la existencia de una brecha salarial de género estadísticamente significativa para el Perú. Más aún, las habilidades cognitivas y no cognitivas juegan un rol importante en la formación de dicha brecha.

Los análisis comparativos, que utilizan medidas de habilidad observables y los estimados de las habilidades latentes, van en línea con la preocupación teórica respecto a problemas de endogeneidad. Asimismo, si bien al utilizar las medidas de habilidad, las no cognitivas no parecían importar para explicar las brechas salariales de género, lo opuesto se evidencia al utilizar las habilidades latentes estimadas. En efecto, el considerar un modelo conjunto de educación, empleo, ocupación y salarios reveló que ambos tipos de habilidad latente son importantes no solo en la determinación del salario, sino que son aún más importantes en las decisiones de educación y ocupación del individuo. Si bien las mujeres reportan menores salarios que los hombres a pesar de tener mayores niveles de habilidad no cognitiva, esto parece estar asociado al hecho de que dichas habilidades son valoradas negativamente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, los hombres tienen un mayor nivel de habilidades que brindan un premio en términos de variables del mercado laboral.

8. Algunas implicancias de políticas públicas

Este artículo se inscribe en la creciente literatura teórica y empírica, de América Latina (Bassi y Galiani 2009; Urzúa et al. 2009) y el Perú (Díaz et al. 2012; Castro y Yamada 2012), que resalta el importante papel que desempeña la formación de habilidades cognitivas y no cognitivas a lo largo del ciclo de vida de los individuos, tanto para la progresión y éxito en el sistema educativo, como para la participación y resultados posteriores en el mercado laboral.

Estudios previos sobre diferencias de género en el Perú (véase, por ejemplo, Felices 1996; Ñopo 2009) han estimado una brecha salarial de género no explicada (es decir, luego de controlar por distintos stocks de escolaridad, experiencia laboral y otras variables sociodemográficas) que fluctúa entre 15 y 28 por ciento. Los resultados del presente estudio nos indican que una parte de esa brecha no explicada se debería a las diferencias en dotaciones de habilidades cognitivas y no cognitivas entre hombres y mujeres, a cómo influyen estas dotaciones en sus elecciones ocupacionales y, finalmente, a cómo se traducen estas distintas trayectorias en brechas remunerativas importantes.

Hay, por lo menos, dos grandes espacios para la discusión de política pública a partir de este trabajo. Por un lado, se trataría de cómo asegurar la formación temprana (y equitativa) de las habilidades cognitivas y no cognitivas para todos los niños en el Perú. Por otro lado, se debería buscar cómo asegurar una cierta equidad de oportunidades en el acceso a todo tipo de empleos sin distingo de género.

En cuanto al primer tema, la administración educativa actual en el Perú ha puesto como primera prioridad en sus políticas el objetivo de equidad e inclusión social. En su lenguaje concreto, se trata de reducir las brechas de acceso a las oportunidades educativas (Minedu, 2012) que ocurren entre zonas urbanas y rurales, entre diferentes etnias y entre tipos de instituciones. Pero el énfasis aún existe sólo en reducir las grandes diferencias en habilidades cognitivas que muestran los estudiantes.

El indicador que más se utiliza son los resultados de las pruebas de comprensión de lectura y de habilidad lógico-matemática en niños de segundo grado. Por ejemplo, en la región de Loreto —selva peruana— sólo el 5 por ciento de los niños aprueban esta evaluación censal, mientras que en la región capital de Lima metropolitana el 45 por ciento de los niños lo hacen. En el Perú todavía no se incluye en el currículum oficial de la educación básica el dominio de las competencias blandas tan enfatizadas en este artículo. Felizmente, nuestro reclamo empieza a ser crecientemente compartido por la comunidad empresarial, la que se queja del enorme déficit de estas habilidades en los actuales ingresantes a la fuerza laboral en el país.

En cuanto al segundo tema —promover una mayor equidad de oportunidades en el acceso a todo tipo de empleos sin distingo de género—, también hay mucho camino por recorrer. Una reciente investigación con datos originales de Lima metropolitana (Galarza y Yamada, 2012) encuentra que los postulantes hombres tienen 31 por ciento más de probabilidad que las postulantes mujeres de ser llamados a entrevistas de trabajo, en una muestra de casi cinco mil individuos que respondieron con currículos comparables a avisos de vacantes publicadas en el periódico de mayor circulación local.

A pesar de firmar todos los acuerdos internacionales en materia de políticas antidiscriminación, el Perú ha hecho poco para cumplir con sus compromisos asumidos. Al respecto, podría empezarse con acciones concretas de parte del sector público, tales como la evaluación de currículos anónimos (sin nombres, ni apellidos, ni fotos, ni sexo) en sus actividades de reclutamiento de personal. El Estado también podría promover que las empresas privadas con buenas prácticas laborales y programas de responsabilidad social realicen una primera evaluación de postulantes a través de currículos anónimos y que contraten progresivamente más minorías. Asimismo, el Estado, siendo el comprador individual más grande de la economía, podría preferir adquirir bienes y servicios de parte de empresas que activamente implementen programas de igualdad de oportunidades laborales dentro de sus políticas de recursos humanos.

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Notas

1 En la ronda 1 no se recogió información sobre habilidades cognitivas para la cohorte adulta ni en las rondas 2 o 3 para la cohorte joven.

2 La puntuación directa es el resultado de la diferencia entre el “ítem tope” —la última pregunta a partir de la cual el niño falla de manera sistemática— y el número de errores cometidos por el niño antes del “ítem tope”.

3 Ambos índices —uno para cada aspecto de la personalidad— consisten en el promedio del puntaje asignado según el grado de acuerdo o desacuerdo de los niños respecto de los enunciados correspondientes a cada habilidad, que luego estandarizamos para facilitar la interpretación al realizar las estimaciones. Para el caso de autoestima, los enunciados incluidos en el ENM se centraron en dimensiones positivas y negativas del orgullo y la vergüenza sobre la base de la Escala de Autoestima de Rosenberg, la cual se centra en dimensiones de las circunstancias diarias de la vida del niño. Para el caso de autoeficacia, centramos la atención en cinco enunciados: “Si me esfuerzo, puedo mejorar mi situación de vida”; “Otras personas en mi familia toman las decisiones acerca de cómo invierto mi tiempo”; “Me gusta formular planes acerca de mis estudios y trabajo futuros”; “(No) puedo elegir en qué empleo trabajar” y "Si estudio con mucho empeño, seré recompensado con un mejor empleo en el futuro”. El grado de acuerdo con dichos enunciados se mide en una escala de cuatro puntos de Likert, que oscila desde el fuerte acuerdo hasta el fuerte desacuerdo. A fin de promediar el puntaje asignado a cada uno de los enunciados, se mantuvieron los enunciados con un enfoque positivo (por ejemplo: “Me gusta formular planes acerca de mis estudios y trabajo futuros”) y se invirtió la escala para aquellos con enfoque negativo (por ejemplo: “(No) puedo elegir en qué empleo trabajar”).

4 No existen diferencias significativas en las principales variables de interés entre la población encuestada en la Enhab y la muestra con información disponible para las variables relevantes.

5 Debemos tomar en cuenta que el ENM ignora la información de aquellos niños que pertenecen a hogares que perciben los ingresos más altos.

6 Se optó por trabajar con GRIT, ya que la literatura en torno al rol de las habilidades no cognitivas en el salario resalta su importancia. Asimismo, Díaz et al. (2012), autores que utilizaron también la Enhab, hallan evidencia a favor de su rol fundamental en ecuaciones de salario. No obstante, todas las estimaciones llevadas a cabo a lo largo del estudio se han realizado con las demás medidas de habilidad y se han obtenido resultados similares.

7 La base de datos no contenía medida de habilidad cognitiva para el cuidador principal de los niños.

8 La variable de lengua materna no fue considerada para el análisis. Esto, porque alrededor del 90 por ciento de la muestra tiene el español como lengua materna, lo que implica poca variabilidad en dicha característica.

9 En general, los resultados obtenidos para dichas estimaciones presentan niveles bajos de ajuste, lo cual podría atribuirle un rol importante a variables no observables. Se llevaron a cabo estimaciones considerando otras posibles variables relevantes disponibles, pero no se observaron incrementos relevantes en el nivel de ajuste (e.g. la presencia del padre en los primeros años del niño, el gasto per cápita no asociado a comestibles y la presencia de un evento que pudiera haber afectado el bienestar del hogar desde el nacimiento del niño). Debido a limitaciones de información, no es posible controlar por otras variables que pudieran haberse mantenido fijas hasta los 12 años, por lo que esto representaría una limitación para nuestra aproximación. Algunas explicaciones posibles para esta productividad diferenciada entre hombres y mujeres asociadas a los factores fijos en los primeros años del niño podrían ser de naturaleza más cultural (i.e. en el mundo rural se suele priorizar que el hijo varón asista a la escuela en perjuicio de las hijas, a quienes se les atribuye un rol asociado a las labores domésticas y al cuidado de los hermanos menores).

10 A partir de este momento utilizaremos únicamente la autoeficacia como la habilidad no cognitiva representativa.

11 Cabe resaltar que el tamaño de la muestra en este caso es mayor al caso en que se aplicó Oaxaca-Blinder con medidas de habilidad, ya que se considera también a aquellos individuos sin información para medidas de habilidad. Procedemos de esta manera con el fin de aprovechar al máximo la variabilidad de los datos disponibles.

12 A fin de identificar el efecto real de las habilidades no cognitivas en los salarios, se estimó una regresión de las habilidades no cognitivas en función de variables que representaran inversión por parte de los padres —inversión a una edad temprana, tales como si el niño vivía con el padre o lo había visto hace menos de seis meses, si el hogar había sido víctima de algún choque externo que afectara el bienestar del mismo, etc.—, tras lo cual no se obtuvieron resultados robustos que respaldaran esta teoría.

ARTÍCULO

LA LIBERTAD DE LOS DOMINADOS.

APORTES Y LÍMITES DE LA TEORÍA DEL PODER DE JOHN SEARLE

Pablo Beytía

Centro de Investigación Social de Techo-Chile

Pablo Beytía es sociólogo y magíster en sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile. Director del Centro de Investigación Social de Techo-Chile. Profesor Universidad Alberto Hurtado. Candidato a magíster en filosofía, Universidad de Chile. Email: ptbeytia@uc.cl.

Resumen: Las teorías sobre el poder presentan un dilema teórico. Algunas consideran que mientras mayor es el grado de poder de un agente, menor libertad tienen quienes quedan sometidos a él. Otras sugieren justamente lo contrario: la mayor libertad de los dominados implica un superior poder del agente dominante. Este artículo revisa la teoría del poder de John Searle, identificando los elementos que podrían aportar en esta discusión. Su propuesta no acepta la eliminación de la voluntad en los agentes sometidos, pero sí considera en ellos una reducción de su libertad “negativa”.

Palabras clave: Poder, libertad, dominación, coacción, John Searle.

Recibido: enero 2014; aceptado: junio 2014.

FREEDOM OF THE DOMINATED. CONTRIBUTIONS AND LIMITS FROM THE POWER THEORY OF JOHN SEARLE

Abstract: Theories about power present a theoretical dilemma. Some believe that the greater an agent’s degree of power is, less will be the freedom of those subject to that agent. Others suggest just the opposite: greater freedom of the dominated implies a greater power of the dominant agent. This article reviews John Searle’s theory of power and identifies elements that could contribute to this discussion. Searle’s theory does not accept the elimination of will in the subjugated agents, but it does consider that they have a reduced 'negative' liberty. Searle does not ask whether said agents’ freedom might possibly increase, which explains the theoretical invisibility of some relevant processes in power..

Keywords: Power, freedom, domination, coaction, John Searle.

Received: January 2014; accepted: June 2014.

1. Introducción

Luego de haber realizado penetrantes estudios sobre filosofía del lenguaje y de la mente, el filósofo estadounidense John Searle comenzó a interesarse enérgicamente por “ciertos rasgos estructurales generales de la cultura humana” (1997, 23). El cuestionamiento por la construcción de la realidad y el mundo social se transformó —como él mismo afirmó— en cierta “obsesión” personal, que determinó la elaboración de dos grandes frutos: su libro de 1997, La construcción de la realidad social, y su contribución más amplia a la teoría social, realizada en Making the Social World: The Structure of Human Civilization (2010).

En este último escrito, Searle se introdujo en un tema poco común para la filosofía angloparlante, aunque de extenso trato en la tradición europea continental: el poder. Este interés no podría ser calificado como casual, al menos considerando el alto impacto que han tenido en la teoría social los estudios clásicos de Marx, Weber, la Escuela de Frankfurt y Foucault, más el acercamiento decisivo a esta temática de algunos académicos anglosajones contemporáneos, como Michael Mann (1986 y 1993) y Anthony Giddens (2006 y 2007). La importancia de este concepto en la teoría social ha llegado a ser tal, que Manuel Castells inició su elaborado estudio sobre Comunicación y poder simplemente afirmando que “el poder es el proceso fundamental de la sociedad” (2009, 33), ya que desde aquél se precisan los valores e instituciones que definen a ésta.

Debido a las miles de páginas que podrían reunirse sobre este tema, es natural que se identifiquen algunos puntos de discusión entre los distintos autores. Por ejemplo, el poder se ha entendido como un conjunto de medios (Hobbes 1996), una probabilidad (Weber 2008), una capacidad (Mann 1986; Giddens 2007; Castells 2009) o un medio generalizado de comunicación (Parsons 1999; Luhmann 2005). Por otra parte, algunos autores enfatizan la subjetividad o voluntad del agente de poder (Weber 2008; Castells 2009), mientras otros destacan la constitución del fenómeno como una magnitud objetiva y externa a los individuos (Foucault 2009; Schmitt 2010); notando esta tensión, hay quienes postulan que el poder, considerado desde el horizonte de acción en una vida humana, es previo incluso a la distinción individual entre sujeto y objeto (Giddens 2007).

Dentro de las discusiones teóricas más interesantes, este ensayo abordará una de gran relevancia: la problemática relación entre poder y libertad de aquellos que se someten a él. Por un lado, algunos autores sostienen que el grado de poder de un agente A se vincula negativamente con la libertad de un agente B, quien está sujeto al poder de A. Así, por ejemplo, Castells (2009, 37) especifica:

El empoderamiento de los actores sociales no puede separarse de su empoderamiento contra otros actores sociales […]. El poder para hacer algo […] es siempre el poder de hacer algo contra alguien, o contra valores e intereses de ese “alguien” que están consagrados en los aparatos que dirigen y organizan la vida social.

Esta versión ha sido fundamentada en definiciones del poder que enfatizan la capacidad de influencia de los empoderados, como la que célebremente estableció Robert Dahl en 1957. Según el politólogo estadounidense, un agente A tiene poder sobre B, en la medida en que A puede conseguir que B haga algo que no haría de otra manera (Dahl 1957, 201-203). Como ha especificado Rivas (2013), esta definición supone una relación negativa entre poder y libertad de los dominados por él: el poder de A implicaría la no libertad de B, y la libertad de B involucraría el no poder de A. Esta lógica ha llevado a algunos autores, como Zygmunt Bauman, a desdibujar la separación conceptual entre poder y libertad, proponiendo que “la división del poder […] no consiste en nada más que la distinción entre una elección irrestricta y una elección reducida al mínimo existencial; la distinción entre libertad y no libertad” (2007, 57).

A esta comprensión de la relación entre poder y libertad de quienes se someten a él puede contraponerse un punto de vista que destaca los procesos de comunicación entre los agentes. Esta perspectiva enfatiza que el poder es un fenómeno relacional, que “surge de la capacidad que tienen los hombres no solamente para actuar o hacer cosas, sino también para concertarse con los demás y actuar de acuerdo con ello” (Arendt 1970, 41). Aquí la relación entre poder y libertad de los dominados es contrapuesta a la señalada anteriormente: el grado de poder de un agente A se vincula positivamente con la libertad de B, quien está sujeto al poder de A. Luhmann (2005, 14) ha sido probablemente quien mejor ha aclarado esta propuesta:

El poder también supone apertura a otras acciones posibles por parte del ego afectado por el poder. […] El poder es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción. Y sólo puede aumentarse junto con un aumento de la libertad por parte de cualquiera que esté sujeto al poder.

Considerando este debate sobre la relación entre el grado de poder de un agente y la libertad de aquellos que se someten a él, en este ensayo mostraré los aportes y tomas de posición que pueden ser deducidos de la teoría del poder de John Searle. Si bien este autor dedica muchas páginas a detallar el funcionamiento de fenómenos como la intencionalidad o la coacción, lo cierto es que no desarrolla explícitamente el vínculo entre el poder de un agente y la libertad de aquellos que se someten a él. Tampoco los comentadores de su obra han elaborado literatura que interprete en profundidad este asunto. No obstante, el grado de libertad de los dominados ha sido un tema vital en la teoría política moderna, al menos desde que Hobbes enlazó positivamente el poder con la libertad y la dominación de otros individuos,[1] dedicando una sección de su Leviatán a indagar en la libertad efectiva de los súbditos. Hoy esta problemática ha tomado una renovada importancia, especialmente debido a quienes, como Michael Walzer (2004) o Philip Pettit (1997), promueven que la política realice el ideal de una sociedad libre, entendida fundamentalmente como un espacio ausente de dominación.

En lo que sigue, intentaré demostrar que la teoría del poder de Searle presume la mantención de la voluntad en los agentes dominados, pero no se pregunta por el grado variable de alternativas de acción en dichos agentes, lo cual acarrea la invisibilidad teórica de algunos procesos de poder[2]. Además, esta teoría exhibe dificultades para representar a una u otra postura en esta discusión, a pesar de que, si se considera la noción de “libertad negativa” planteada por Erich Fromm e Isaiah Berlin, estaría más cercana a quienes defienden que el poder disminuye la libertad de los dominados.

En una primera sección abordaré la teoría del poder de John Searle, identificando las consecuencias que tiene para entender el grado de libertad de los agentes sometidos al poder y el grado de poder que poseen los agentes dominantes. Posteriormente, analizaré el papel de la coacción en esta teoría, especificando en qué aporta para la comprensión de la libertad de quienes están sometidos al poder. Finalmente, observaré globalmente la visión de Searle sobre la libertad de los agentes dominados, fundamentalmente a partir de la distinción entre libertad positiva y negativa.

2. Capacidad de actuar, intencionalidad y maneras de ejercer el poder

Si bien Searle reconoce la existencia de poder al margen de los procesos humanos, decide concentrar sus esfuerzos teóricos en las relaciones producidas entre personas e instituciones. Para él, la noción de poder —entendida en el más amplio sentido— es equivalente a la de capacidad o habilidad; ello implica que podría existir poder en una forma potencial y latente, es decir, sin ser ejercido por el agente que lo posee[3] (Searle 2010, 145).

El concepto que él describe —al igual que el delineado por Giddens (2007)— estaría asociado lógicamente a la noción de acción, ya que, según Searle (2010, 146), sería eficazmente descrito por dos tipos de sintaxis: a) el agente A tiene poder —capacidad o habilidad— de hacer una acción X; b) el agente A tiene poder sobre otro agente B con respecto a una acción X. Como puede observarse, en ambas formulaciones la acción sería aquello hacia lo que el poder se dirige, y sólo en la segunda sintaxis se caracteriza directamente el poder entre personas, es decir, una relación de dominación[4].

Este primer acercamiento es sin duda amplio. Si sólo nos quedáramos con esta definición, toda acción involucraría poder, ya que cada actuar supone una capacidad para dicho actuar. En otras palabras, el poder sería equivalente a la “capacidad transformadora de la acción”, que es justamente lo que propone inicialmente Giddens (2007, 136-137). No obstante, Searle no tarda en sugerir que no todo actuar implica un ejercicio de poder, ya que, para él, es indispensable que dicho ejercicio se vincule a una intención de conseguir algo (Searle 2010, 148). A pesar de que el filósofo reconoce que normalmente el ejercicio del poder desarrolla consecuencias no intencionales, sostiene enfáticamente que no puede sostenerse la presencia de poder ejercido a menos que exista una intención asociada a una determinada acción.

Cuando Searle menciona la intencionalidad, hay que aclarar que no se refiere a un proceso necesariamente consciente. Específicamente, se trata de “la capacidad de la mente para representar objetos y estados de cosas mundanos distintos a uno mismo” (Searle 1997, 26), una habilidad que no implica una pretensión en el actuar, pero sí que las representaciones estén dirigidas hacia algo. De tal modo, las creencias y los deseos serían intencionales —están dirigidos hacia algo—, y también podría existir intencionalidad inconsciente (como la creencia en que una persona tiene un cargo público, a pesar de que no estemos pensando en ello en este mismo instante).

Añadiendo la intencionalidad a las sintaxis previamente señaladas, podríamos resumir que para Searle el ejercicio de poder entre personas o instituciones tiene la siguiente estructura: A tiene poder sobre B con respecto a la acción X, si y sólo si A puede intencionalmente conseguir que B haga lo que A quiere con respecto a la acción X (Searle 2010, 151). Partiendo de esta fórmula general, el filósofo estadounidense distingue dos maneras lógicas en que se puede desplegar el poder entre personas o instituciones que, como se verá posteriormente, nos llevan directamente a la discusión sobre la libertad de los agentes dominados.

Una primera manera de ejercitar el poder entre personas e instituciones es producida, según Searle (2010, 151), cuando el agente empoderado consigue que el sometido quiera hacer algo que podría no haber querido hacer de otra manera. Se trata, entonces, de ejercer intencionalmente una influencia en la voluntad,[5] lo cual contrasta con la clásica definición otorgada por Max Weber (2008, 23): “Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. Como puede observarse, ambas definiciones son similares en cuanto a la estructura de la relación de poder y los resultados que suponen, aunque tienen una diferencia esencial: mientras Weber enfatiza que el agente empoderado es quien posee la voluntad e impone el curso de la acción, Searle considera que el agente sometido quiere hacer lo que el agente poderoso intenta, lo cual supone un ejercicio de voluntad.

Al comparar ambas definiciones de poder se esconde entonces un problema profundo: ¿puede decirse, siguiendo la terminología de Searle, que el agente dominado ha reducido su libertad? A mi parecer, ello no es posible, si consideramos únicamente esta manera de ejercer la dominación. “Conseguir querer” equivaldría a influir intencionalmente en la voluntad, y en esa influencia no se limitan las posibilidades de acción del agente dominado, sino que se intenta que él mismo proceda con una decisión definida por el poderoso. Aquí el concepto de poder estaría más cercano al de acciones como “incitar” o “favorecer” que al “imponer” de Max Weber o al “obedecer” que destaca Carl Schmitt (2010)[6].

Cabe destacar que Searle, cuando desarrolla esta manera de ejercer el poder, no tematiza los diferentes grados de libertad que podrían tener los agentes dominados, ni la influencia que ello tendría en el nivel de poder de quien “intenciona” la acción. En este caso, el grado de libertad del dominado se asume como constante: no podemos decir que disminuye —después de todo ambos agentes mantienen su voluntad—, pero tampoco se analiza la posibilidad de un aumento, lo cual tendría efectos (que posteriormente analizaremos) en el grado de poder del agente que lo posee.

La segunda manera de ejercer poder entre personas e instituciones se aplica, según Searle, cuando el agente empoderado presenta a otros agentes las opciones que quiere conseguir como únicas disponibles; en otras palabras, quien es sometido por el poder quiere hacer una acción porque un agente ha impedido que él vea otras posibilidades (Searle 2010, 151). Se trata, principalmente, de un ocultamiento de alternativas, que recuerda la definición elaborada por Niklas Luhmann (2005) del poder como medio de comunicación. Para el sociólogo alemán, la función de todo medio de comunicación es transmitir complejidad reducida, cosa que también sucedería en el caso del poder, considerado como “algo que limita la gama de selecciones del otro” (Luhmann 2005, 17).

Ambos autores destacan que el proceso de seleccionar qué alternativas observan los agentes es ya un ejercicio de poder —a pesar de que no se esté imponiendo una opción en específico—. Esto es muy claro, por ejemplo, al analizar la influencia de los medios masivos de comunicación: ellos no determinan directamente lo que el público piensa, aunque sí podrían influenciar sobre qué lo hace —estableciendo un universo de temas para la discusión—. En ese sentido, el grado de poder de la prensa y los canales de televisión —por nombrar algunos medios masivos— se jugaría más en la selección y ocultamiento de temas, que en la imposición de ideologías o pensamientos específicos.

A pesar de la similitud entre los procesos de poder destacados por ambos autores, Luhmann observa un asunto muy interesante en el cual no repara Searle. Para el sociólogo alemán, es necesario distinguir los grados de poder según la diversidad de alternativas que poseen los agentes vinculados. “El poder aumenta con la libertad en ambas partes” —diagnostica Luhmann (2005, 15)—, dado que el poder de quien lo posee es mayor si le permite tomar decisiones más diversas, pero también “si puede hacer esto con un compañero que, por su parte, posee varias alternativas diferentes”. En otras palabras, Luhmann sugiere que mientras más libres son los agentes dominados, mayor poder está ejerciendo quien lo posee. Esto es vital, ya que efectivamente se necesitan menores recursos para guiar intencionalmente la acción de alguien que tiene dos o tres alternativas, a la de alguien con una inmensa gama de posibilidades; no es equivalente la capacidad de ocultar una opción, a la de ocultar cien. Si bien Searle da un paso teórico en esta dirección al defender que “todo poder viene desde abajo” —es decir, desde quienes se someten a él—, a pesar de que se ejerza “desde arriba” (Faigenbaum 2003, 127), lo cierto es que no llega a preguntarse por el efecto que tendría en el grado de poder el cambio en el grado de libertad de quienes se someten a él.

El mérito de Luhmann es haber resaltado la importancia de distinguir grados de libertad entre los agentes dominados, lo cual permite observar otro proceso de poder que queda oculto en la terminología de Searle. En el proceso de manejo de alternativas, no sólo se puede ejercer poder ocultando opciones —como destaca el filósofo estadounidense—, sino que también desocultándolas. Imaginemos, por ejemplo, que un agente B está encarcelado por intentar matar al presidente de un país; años después, existe un poderoso agente A, que también quiere al presidente muerto y, para lograr su cometido, logra que el agente B salga de la cárcel; ello tiene como consecuencia el asesinato del presidente por parte del agente B. En esta situación, el agente de poder (A) también está manejando intencionalmente el horizonte de posibilidades de un agente dominado (B), pero no procede limitando alternativas de acción, sino abriéndolas. Lo que intento destacar es que no sólo ocultar, sino que también desocultar o abrir nuevas posibilidades de acción es una forma de influir intencionalmente en la conducta de los agentes: a veces a ellos les gustaría realizar acciones, pero carecen de oportunidades para lograrlas.

Considerando las dos maneras de ejercer el poder entre personas e instituciones descritas por Searle, quisiera destacar algunas consecuencias de esta postura en la comprensión de la libertad de los agentes dominados. En primer lugar, en esta perspectiva dichos agentes mantendrían su voluntad: siempre poseerían un espacio de selectividad, siendo, antes que obligados, incitados a querer realizar algunas acciones. En segundo lugar, esta teoría no tematiza el eventual cambio en la cantidad de alternativas de acción que tienen los agentes sometidos al poder: el espacio de selectividad se presupone para ellos constante. Esta omisión teórica tiene como consecuencia la imposibilidad de observar dos fenómenos que permiten entender de mejor manera el ejercicio del poder: a) que dos ejercicios de poder no son equivalentes en grado, si se realizan sobre personas con cantidad de opciones dispares; y b) que no sólo ocultar alternativas, sino que también ampliarlas o desocultarlas podría ser un ejercicio de influencia intencional y, por tanto, de poder.

3. Coacción o violencia hacia los dominados

El problema de la libertad también puede ser abordado indagando en el trato que hace Searle de un tópico transversal a las teorías del poder: la coacción u obligación por medio de la violencia física. Este concepto ha sido utilizado en las diversas propuestas teóricas principalmente con dos objetivos.

En primer lugar, la coacción se ha problematizado con la intención de distinguirla del poder. Al respecto, la posición dominante ha sido que ambos fenómenos funcionan como reversos lógicos o sustitutos. Por ejemplo, Castells (2009, 34) propone que, a diferencia del poder, “la pura imposición de fuerza no es una relación social, ya que lleva a la obliteración del actor social”. Una idea muy similar fue desarrollada por Luhmann, quien destaca que el poder mantiene la selectividad de ambos agentes, mientras que en la coacción “las elecciones posibles de una persona que está limitada se reducen a cero” (Luhmann 2005, 14). Ambas propuestas convergen en especificar que el poder deja de existir cuando, a partir del recurso a la violencia o la fuerza física, se anula la capacidad de decisión del agente más débil. La coacción surgiría como un sustituto del poder o, más específicamente, se ejercería debido a una carencia de él (Luhmann 2005, 14).

En segundo lugar, la coacción se ha analizado en las teorías del poder como fuente de empoderamiento. Para introducir este aspecto, simplemente podríamos replicar la pregunta efectuada por Carl Schmitt (2010, 21): “¿Por qué es que los hombres le otorgan su consentimiento al poder?”. A la cual él mismo responde (Schmitt 2010, 21):

En algunos casos, por confianza; en otros, por temor; a veces por esperanza, a veces por desesperación. En todos los casos, sin embargo, necesitan de la protección y la buscan junto al poder. Desde el punto de vista de los hombres, la relación entre protección y obediencia sigue siendo la única explicación para el poder.

Si bien la necesidad de protección representa una motivación central en la conducta humana y contribuye sin duda a explicar la dominación de hombres sobre hombres, lo cierto es que la capacidad de otorgar seguridad normalmente se ha visto garantizada por la acumulación de fuerza física —recurso aportado, en el caso del Estado moderno, típicamente por la policía y el ejército—. Aunque las principales teorías del poder han identificado dos grandes fuentes o mecanismos complementarios de empoderamiento —la capacidad de violencia física y el discurso—, entre ellas la coacción institucionalizada en el Estado sería la más fundamental, ya que permite la producción y el despliegue de significados de manera eficaz, los cuales, a su vez, aportan con la legitimación del uso estatal de la violencia. En palabras de Castells: “Los discursos disciplinarios están respaldados por el potencial uso de la violencia, y la violencia del Estado se racionaliza, interioriza y en última instancia se legitima mediante discursos que enmarcan/conforman la acción humana” (Castells 2009, 40).

Cuando Searle discute sobre la coacción, principalmente lo hace a partir de este segundo objetivo, es decir, para indagar en las distintas fuentes de poder. La fuerza física es tematizada como elemento que participa en la distinción de dos tipos de poder: poderes deónticos y de gobierno político[7].

Los poderes deónticos —o relativos al deber— son aquellos en donde el poder depende típicamente de “razones para actuar”, por lo cual no es necesario usar la amenaza de fuerza (Searle 2010, 148). Searle utiliza como ejemplo las promesas: quien recibe una promesa comienza a tener un poder deóntico sobre quien hizo la promesa, ya que éste último tiene una “razón para actuar” de determinada manera y al margen de la amenaza de violencia. Estos poderes pueden ser negativos o positivos, según su énfasis en la constricción o habilitación del agente. Por ejemplo, una obligación representa un poder deóntico negativo, porque constriñe, mientras que una autorización sería un poder positivo, ya que habilita.

A los poderes deónticos Searle contrapone aquellos que provienen del gobierno político. Estos poderes se caracterizan por poseer un respaldo de fuerza utilizado como amenaza: los sujetos sometidos al poder siempre podrían ser arrestados, golpeados o deportados (Searle 2010, 148). Es indudable que esta distinción esconde raíces en la influyente caracterización del Estado hecha por Max Weber. Según el autor alemán, el Estado es una “comunidad humana que, dentro de un determinado territorio […], reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (Weber 1998, 83)[8]. En línea con esta tradición —que podría ser remontada al pensamiento de Hobbes—, Searle defiende que el poder del gobierno político se distingue por un monopolio de la violencia organizada y el control sobre un territorio, aunque especificando que la diferencia entre este tipo de poder y el policial o militar radica en que éste último carece por sí mismo de reconocimiento sobre su validez (Searle 2010, 163-164).

Según Searle, esta última conceptualización encierra una paradoja. El poder gubernamental se caracterizaría por descansar en un respaldo coactivo, pero más directamente por un reconocimiento o aceptación colectiva; lo paradójico es que, si bien este poder no se fundamenta en la violencia, puede continuar funcionando sólo si hay una permanente amenaza de coacción a través del ejército y la policía (Searle 2010, 163). Es indispensable, entonces, un sistema de violencia que funcione como horizonte de amenaza, a pesar de que éste no sea el fundamento distintivo del poder político, que se distancia de otros tipos de poder por su reconocimiento o aceptación colectiva —proceso que algunos autores, como Weber (2008) o Habermas (1999), han denominado legitimación—.

A pesar de que Searle no sistematiza la diferencia entre coacción y poder —procedimiento que sí lleva a cabo con fenómenos como la influencia o el liderazgo—, me parece que esta distinción queda suficientemente remarcada a través de su conceptualización de la primera como recurso del segundo. La capacidad de violencia física sería un recurso necesario, aunque no suficiente, para el poder específicamente político, ya que establece un horizonte de amenaza que permite guiar la acción de los agentes (Searle 2010, 152). Mientras ella se mantenga como mecanismo de intimidación, no se elimina la voluntad de los dominados ni se produce la obliteración del agente sometido en la relación de poder. La amenaza de coacción se utilizaría, primordialmente, en la primera de las dos maneras de ejercer el poder entre personas e instituciones distinguidas por Searle; es decir, a través de ella el agente empoderado consigue que el dominado quiera hacer algo que podría no haber querido hacer de otra manera.

4. Dos conceptos de libertad y la postura de Searle frente a los dominados

Para observar de manera general el aporte de John Searle a la discusión sobre la libertad de quienes se someten al poder, ayudaría distinguir, en primer lugar, dos conceptos dominantes sobre la libertad. Siguiendo la clásica distinción delineada por Erich Fromm en 1942 y profundizada por Isaiah Berlin en 1958[9], podemos identificar una versión que surge del deseo que tienen los individuos de ser dueños de sí mismos: seres pensantes, conscientes, activos y responsables de sus acciones. Ésta es la concepción positiva de la libertad, en donde las personas se identifican como “libres para” decidir una determinada forma de vida. Un ejemplo de esta perspectiva sobre la libertad se encuentra en Aristóteles (2003, 18), quien, en un contexto social que sostenía y validaba la esclavitud, definió al hombre libre como aquel que “es para sí mismo y no para otro”. Por otro lado, existe una versión negativa de la libertad, que la entiende como el espacio en donde no hay interferencia de otro hombre o grupo de hombres en las actividades personales; ésta es la capacidad de actuar sin obstáculos, donde los agentes se sienten “libres de”. Un representante de esta versión es Hobbes (1996, 145), quien entendió la libertad humana como “ausencia de oposición” o de “impedimentos externos del movimiento”. Mientras la libertad positiva enfatiza la capacidad autónoma del individuo, la negativa se conforma con que haya espacios que carezcan de coacción, es decir, de intervención directa de otros seres humanos (Fromm 2008, Berlin 2005).

Desde la perspectiva de la libertad positiva —aquella comprensión de la libertad más cercana al planteamiento de Searle—[10], alguien no es libre en la medida en que no es dueño de sí mismo o no puede decidir acerca de su forma de vida. Como se ha recalcado, la teoría del poder del filósofo estadounidense se caracteriza por resguardar, en todas sus formulaciones, un espacio para el querer de los agentes sometidos al poder, es decir, para la decisión autónoma de la forma de vida. Por lo tanto, si bien esta versión del poder implica una influencia intencional de los agentes empoderados, la libertad positiva de quienes se ven afectados se mantiene como supuesto basal. Esta libertad sería tan fundamental para el ejercicio del poder que, si no estuviera, éste dejaría simplemente de ejercerse, pasando a entenderse como coacción.

Al utilizar el concepto de libertad negativa, la interpretación se vuelve un poco más compleja. Desde esta perspectiva, alguien no es libre en la medida en que otros le impiden hacer lo que podría hacer de otro modo. Pues bien: ¿la teoría del poder de Searle considera obstáculos concretos para el actuar de los agentes? Aquí la respuesta es afirmativa. Como se ha señalado, una de las maneras de ejercer el poder frente a otras personas sería impedir la observación de alternativas de acción, lo cual representa una disminución de libertad en términos negativos. Esto no significa que los agentes sometidos al poder dejen de ser libres —ya que siguen manteniendo su voluntad—, sino que en ciertos ámbitos de acción no podrían maximizar sus preferencias, ya que una parte de las alternativas les está siendo ocultada.

5. Conclusiones

Considero que la teoría del poder realizada por Searle respalda irrestrictamente la libertad positiva de los agentes dominados, pero deja espacio para la generación de obstáculos en el actuar, es decir, para la reducción de libertad en términos negativos.

Esta garantía de libertad positiva, por un lado, y posibilidad de reducir la libertad negativamente, por el otro, nos lleva directamente a otro problema: ¿podría, en esta teoría, impedirse a tal nivel la observación de alternativas en los dominados de modo que se ejerza un poder totalizante, sin espacio para la voluntad? Aquí la respuesta sería negativa, dado que en ese nivel de reducción de alternativas para la acción no podría identificarse el fenómeno como poder, ya que si no existiera voluntad en los dominados se trataría de una imposición forzosa, es decir, de coacción. Por lo tanto, aquella forma de ejercer el poder que se caracteriza por obstaculizar alternativas en los sometidos demuestra un límite teórico: si se diera una situación extrema en que un agente tuviera sólo dos posibilidades de acción, no podría ejercerse este tipo de poder sobre él, porque si se impide la observación de una alternativa al dominado se anula por completo su voluntad, lo que implica que el fenómeno dejaría de ser identificado como poder y pasaría a entenderse como coacción. El límite para el poder, sería, entonces, la libertad de los dominados.

Esta situación impide que la teoría del poder de Searle se clasifique fácilmente entre aquellas donde el grado de poder del agente dominante se vincula negativamente con la libertad del dominado. Pero, ¿significa ello que el filósofo estadounidense se acerca a la postura contraria, es decir, entiende que el grado de poder del agente empoderado se vincula positivamente con el grado de libertad de aquel que somete? Tampoco podría sostenerse esta interpretación. Dado que Searle no desarrolla las herramientas teóricas para comprender el aumento de libertad entre los dominados, no considera siquiera las consecuencias de que ellos tengan una mayor libertad. Como se ha aclarado antes, el resultado de esto es la invisibilidad de algunos procesos de poder —específicamente, el ejercicio de influencia abriendo alternativas de acción, y el aumento de poder al ejercer dominio sobre un agente con mayores alternativas—. Además de esta limitación, ello determina que Searle no pueda posicionarse entre los teóricos que sostienen que el grado de poder de un agente aumenta en conjunto con la libertad de quienes domina.

Ante la pregunta principal de este ensayo: según la teoría de John Searle, “¿aumenta o disminuye el poder con un aumento de la libertad de quienes se someten a él?” sólo podría responderse lo siguiente: desde la noción de libertad positiva este concepto de poder presume como constante la voluntad de los dominados, por lo cual no podría afirmarse un aumento o disminución de la libertad; ahora bien, si se observa la libertad en términos negativos, esta teoría aceptaría que el poder puede ir en desmedro de algunos espacios de libertad de los agentes sometidos. Esto último sugiere que la teoría del poder de Searle está inclinada a aceptar la reducción de libertad de los agentes dominados, aunque no considera que ello sea la única opción posible, ya que distingue maneras de ejercer el poder que influencian a los agentes sin privarlos de voluntad ni obstaculizar sus alternativas (como los poderes deónticos). Debe resaltarse, finalmente, que el proceso de reducción de alternativas de acción —o disminución de libertad negativa— manifiesta un límite muy preciso en esta teoría: las opciones de los dominados nunca podrían eliminarse totalmente, dado que ello anularía su voluntad y transformaría el poder en coacción.

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Notas

1 Hobbes (1996, ca XIV) entendió la libertad como “ausencia de impedimentos externos, impedimentos que generalmente reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere”, vinculando directamente la reducción de poder con la reducción de libertad. Por otra parte, que haya entendido el poder de un hombre como “sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro”, lo llevó a proponer que “tener siervos es poder”, lo que enlaza el poder con la dominación (Hobbes 1996, ca X).

2 Específicamente dos procesos: a) las prácticas de poder que se realizan abriendo y no cerrando posibilidades de acción, y b) los cambios en el grado de poder producidos por variaciones en la cantidad de posibilidades de los agentes dominados.

3 Otra forma de latencia o imperceptibilidad del poder, admitida por Searle, sucede cuando los agentes sometidos a él desean actuar de la misma manera que les impone el agente empoderado.

4 El entendimiento de la dominación como un fenómeno de poder acotado a personas dadas —y no como fenómeno abstracto— proviene de Max Weber (2008). No obstante, éste último asume dicho concepto como una “probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado”, y este mandato no es necesario para que exista poder según la teoría de Searle. Por ello, cuando en este artículo se mencione el concepto “dominación” o “agente dominado”, únicamente se estará haciendo referencia a la aplicación del poder entre personas específicas, sin asumir del todo la perspectiva weberiana. Tampoco se asumirá la propuesta de Foucault (1999), que implica entender los hechos de dominación como relaciones de poder que “en lugar de ser móviles y permitir a los diferentes miembros una estrategia que los modifique, se encuentran bloqueadas y fijadas”.

5 Searle (2010, 148) considera que no toda influencia es un ejercicio de poder, sino sólo aquella que es efectuada de manera intencional.

6 Declara Schmitt (2010, 21) en su Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso: “Es sólo porque hay hombres que obedecen a otro hombre que a éste le es concedido el poder. Si dejan de obedecerle, el poder desaparece por sí solo”.

7 Searle identifica un tercer tipo de poder: de trasfondo (background) o red. No obstante, para desarrollar el argumento que sigue no será necesario introducir esta tercera forma teórica.

8 Cabe aclarar que Weber nunca planteó que la coacción física legítima sea el medio normal o único del Estado, pero sí su medio específico, ya que al resto de las asociaciones e individuos se les concede el derecho a la violencia física sólo en la medida en que el Estado lo permite (Weber 1998).

9 Comúnmente se atribuye la distinción entre libertad positiva y negativa únicamente a Isaiah Berlin. No obstante, dieciséis años antes Erich Fromm había delineado en ámbitos generales esta idea. Para conocer detalles, sugiero revisar el capítulo II de El miedo a la libertad: “La emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad”.

10 Searle ha mostrado su postura sobre la libertad principalmente en dos de sus obras: Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío (2000) y Libertad y neurobiología (2005). En ellas, el autor propone entender la libertad de un modo más exigente que una “carencia de impedimentos” (libertad negativa). Para él, por ejemplo, la libertad presupone racionalidad, ya que ello permite al hombre actuar con independencia de sus deseos (García 2014), es decir, con autonomía en el sentido kantiano.

TRADUCCIÓN

LA FORMA DEL ANÁLISIS DISTRIBUTIVO*

Michael A. Livermore

University of Virginia

Jennifer S. Rosenberg

Yale University

Michael A. Livermore. J.D. magna cum laude por la New York University y profesor de la Escuela de Derecho de University of Virginia. Junto con Richard Revesz fundaron en 2008 el Institute for Policy Integrity, think tank asociado a la New York University School of Law. Además del libro editado por ambos y citado anteriormente, son coautores de Retaking Rationality: How Cost-Benefit Analysis Can Better Protect the Environment and Our Health (Oxford University Press, 2008). Email: mal5un@virginia.edu.

Jennifer S. Rosenberg. J.D. cum laude por University of Pennsylvania School of Law, M.A. en Relaciones Internacionales por Yale University. Ha sido investigadora en el Institute for Policy Integrity de New York University School of Law. Es autora de “Expanding Democracy: Voter Registration Around the World” y “Balanced Justice: Cost-Benefit Analysis and Criminal Justice Policy” (con Sara Mark). Email: jennifer.rosenberg@yale.edu.

* Este artículo fue publicado originalmente como un capítulo de The Globalization of Cost-Benefit Analysis in Environmental Policy, editado por los profesores Michael Livermore y Richard Revesz (Oxford University Press, 2013). Su interés radica en que los análisis de costos y beneficios son hoy fundamentales en la política ambiental, pero también debieran ser los que observan cómo esos costos y beneficios se reparten a lo ancho de una población. La traducción, realizada por el Centro de Estudios Públicos, fue debidamente autorizada.

Resumen: El análisis de costos y beneficios tradicional no considera la forma en que estos se distribuyen en la población. De acuerdo con la mirada clásica, los objetivos de eficiencia y de equidad deben separarse, dejando al primero la decisión de qué proyectos deben ejecutarse y al sistema de impuestos y transferencias el producir la adecuada distribución de los costos y los beneficios entre la población. En el caso de países en desarrollo que experimentan dificultades para cuantificar efectos o administrar los sistemas redistributivos, esta teoría puede y debe ser cuestionada. Esto es especialmente cierto cuando los proyectos presentan distribuciones muy desiguales de costos y beneficios entre distintos grupos de la sociedad, lo que difícilmente puede ser percibido como justo por la población afectada o debidamente compensado por el sistema impositivo. En este documento se analizan estas situaciones y se muestra cómo el sistema regulatorio puede mejorarse para incluir consideraciones distributivas.

Palabras clave: análisis costo-beneficio; análisis distributivo; sistema de impuestos; regulaciones medioambientales.

THE SHAPE OF DISTRIBUTIONAL ANALYSIS

Abstract: Traditional cost-benefit analysis abstracts the way in which costs are distributed among the population. In a classical view, the goals of efficiency and equity must be separated. Efficiency requires a decision on which projects must be implemented, while the taxation and transfer system determines how costs and benefits are distributed among the population. This theory can and must be questioned in the case of developing countries that are having difficulty quantifying the effects or administrating the systems of redistribution. This holds true particularly for projects in which the costs and benefits are distributed very unequally among different groups in society, which can hardly be perceived by the affected population to be fair or appropriately compensated by the taxation system. This paper analyzes these situations and shows how regulations can be improved to include distributive considerations.

Keywords: cost-benefit analysis; distributional analysis; tax system; environmental regulations.

Introducción

La suma de costos y beneficios de un proyecto es un tema de eficiencia económica. Quién paga los costos y quién recibe los beneficios es una cuestión de distribución. Si bien los gobiernos han hecho algunos esfuerzos tendientes a considerar cómo se distribuyen los costos y los beneficios, la mayoría de estos han sido ad hoc y cualitativos. Normalmente, hasta los más sofisticados especialistas gubernamentales en análisis de costo-beneficio no realizan estudios bien estructurados, rigurosos y consistentes de los efectos distribucionales de los proyectos que estudian, manteniéndose este aspecto de la evaluación más en el debate académico que en una implementación que tiene lugar en el mundo real. Es probable que esto ocurra porque el análisis distributivo, para dar forma realmente al proceso de toma de decisiones, no sólo debe presentar información bruta acerca de dónde caen los beneficios y las cargas, sino que también debe entregar una evaluación de la importancia relativa de las transferencias de riqueza de un grupo a otro. En parte debido a las fuertes connotaciones normativas y políticas de este tipo de evaluaciones, el análisis distributivo ha seguido siendo un tema controvertido, que no ha encontrado un lugar en la práctica convencional del análisis de costo-beneficio.

Un número creciente de países emergentes y en vías de desarrollo ha incorporado el análisis costo-beneficio a sus procesos de toma de decisiones; sin embargo, el análisis distributivo podría adquirir un papel más preponderante. Para países con altos niveles de inequidad o con gran parte de su población viviendo en condiciones de extrema pobreza, la manera en que se distribuyen los costos y beneficios de una regulación puede tener profundas consecuencias en el bienestar. Las autoridades tienen razón para preocuparse por las normas que imponen costos a personas que subsisten con muy bajos niveles de consumo o que empeoran la distribución de la riqueza. Si el análisis distribucional se generalizara, aún seguiría planteando una serie de problemas metodológicos complejos para los países en vías de desarrollo.

Este artículo analiza cómo el estudio de aspectos distributivos puede complementar la evaluación tradicional del costo-beneficio en la eficiencia económica, sobre todo en el contexto de países en vías de desarrollo, y analiza algunos de sus desafíos más importantes. Se desarrollan dos argumentos básicos.

El primero es que el análisis distributivo “neutral en términos de valores”, que simplemente prefiere normas con distribuciones uniformes de costos y beneficios, no puede desarrollarse de manera efectiva para políticas individuales, porque el nivel de análisis (sea si se realiza respecto de una política pública en su conjunto o por partes) puede afectar las conclusiones que se obtengan. Sin embargo, un análisis global y neutral puede ser útil para identificar si existen sesgos dentro del proceso regulatorio que nieguen beneficios desproporcionadamente o impongan costos a ciertos grupos, lo que implicaría que las políticas que son eficientes para todos los miembros de la sociedad no son las mismas que las aplicadas.

El segundo argumento que desarrollamos aquí se refiere a sí —y bajo qué condiciones— puede justificarse modificar una regulación debido a consideraciones distributivas. Kaplow & Shavell (1994; 2002) presentan un potente argumento en contra del uso de normas legales, tales como normas ambientales, para lograr objetivos distributivos, ya que esto impone costos de eficiencia innecesarios a la sociedad, cuando es posible lograr los mismos resultados distributivos a un costo menor usando el sistema de impuestos y transferencias. En el mundo real, sin embargo, las condiciones institucionales de muchos países en vías de desarrollo, lo que puede incluir una gran economía informal o una incapacidad administrativa para gravar los ingresos y realizar transferencias eficazmente, puede reducir la aplicabilidad del argumento de Kaplow y Shavell. Es por ello que, al menos en ciertas ocasiones, la reglamentación puede ser una herramienta redistributiva superior.

1. Realizando un análisis distributivo

Existen muchas razones por las que la distribución de los costos y beneficios regulatorios pueden ser, o pueden ser percibidos como, injustos. Quizás, el más evidente es cuando se le impide a una población específica disfrutar de los mismos beneficios legales de los que otros gozan. Los residentes de Qiugang, por ejemplo, un pueblo de 1.900 personas en la provincia china de Anhui, han sufrido por años niveles notoriamente altos de contaminación proveniente de fábricas cercanas. Las emisiones de una planta química y otras formas de contaminación envenenaron el río local y lanzaron bocanadas de humo tóxico al aire, acarreando graves consecuencias para la salud de los residentes y la vida silvestre de los alrededores del pueblo[1]. Las preocupaciones de equidad son inmediatas cuando a un grupo específico se le niegan sistemáticamente beneficios normativos de los que otros gozan, o cuando éste debe soportar una fracción desproporcionada de una externalidad negativa sin compensación alguna. Asimismo, una subpoblación podría terminar pagando una cantidad desproporcionada de los costos impuestos por una regulación. Una medida que incrementa marginalmente la seguridad de una parte importante de la población, pero que inflige pérdidas económicas sustanciales a una población pequeña (por ejemplo, la pérdida de algún activo que, de otra manera, sería productivo), también podría plantear problemas distribucionales aun cuando dicha regulación pueda justificarse desde el punto de vista social. Finalmente, una regulación específica puede inducir un traspaso indeseable de riqueza de los más pobres a los más ricos. Los sitios de interés histórico son un ejemplo ilustrativo. Si esos sitios de interés son protegidos, propietarios locales relativamente acomodados pueden beneficiarse con mayores valores de sus propiedades, pero miembros menos acomodados de la comunidad pueden verse perjudicados al impedirse futuros proyectos inmobiliarios, lo que redunda en menos oportunidades de nuevas viviendas.

En Estados Unidos, el análisis distributivo es exigido por decreto ejecutivo así como por una serie de otras políticas federales, aun cuando no siempre se cumple con este requisito (Hahn y Dudley 2007; OIRA 2011). La Unión Europea también incluye preocupaciones distributivas dentro de su marco regulatorio (European Commission 2009). Pero incluso en estos sistemas avanzados el análisis distributivo no es una empresa sencilla (por ejemplo, Schmitz y Schmitz 2010; Vining y Weimer 2010; Loomis 2011; Zerbe y Dively 1994).

La renuencia a realizar estudios distributivos puede explicarse en parte por tratarse de un análisis profundamente normativo. Empezando con la contabilidad inicial —en la que los costos y los beneficios totales se desglosan en una cuenta más detallada que incluye información sobre las partes que costean los gastos o reciben los beneficios—, deben adoptarse decisiones valorativas. Los analistas deben decidir, por ejemplo, qué características, y con qué nivel de detalle, son relevantes para determinar qué personas o comunidades se ven afectadas por una política. La distribución puede medirse según ubicación geográfica, ingresos, raza, grupo etario, situación socioeconómica, tamaño de la empresa, industria, o cualquiera otra de una ilimitada lista de características que podrían considerarse relevantes para el diseño de políticas públicas. La decisión inicial acerca de los grupos que deben considerarse para el análisis distribucional constituirá luego la base de las decisiones futuras acerca de cómo ponderar las desigualdades en la distribución de costos y beneficios. Las consideraciones valorativas, entonces, afectan el análisis desde un comienzo.

También surgen consideraciones normativas al determinar la exhaustividad o complejidad técnica del análisis distributivo. Las políticas y los proyectos pueden tener una amplia gama de efectos directos e indirectos, creando una tarea analítica potencialmente ilimitada si deben identificarse y estimarse todos los efectos distributivos. En el análisis de costo-beneficio estándar, la regla tradicional exige que el estudio termine en el punto en que el valor de la información generada por investigación adicional se ve superado por el costo de seguir investigando, incluyendo los costos asociados con la demora a la espera de más información. Pero el análisis distributivo no admite una regla tan sencilla, y requiere, en cambio, de una decisión normativa acerca del valor de la información distributiva.

1.1. Identificación de ganadores y perdedores

El análisis distributivo también enfrenta algunos desafíos técnicos. Los efectos indirectos de una política pueden ser difíciles de prever, y puede ser particularmente difícil anticipar quién tendrá que soportar las consecuencias de efectos indirectos. Tomemos, por ejemplo, un mecanismo de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisión (cap-and-trade scheme) de un contaminante ambiental. Es probable que esa política aumente los costos de producción de algunos procesos industriales, lo que potencialmente signifique una pérdida de valor para los accionistas, una pérdida de puestos de trabajo o ambos. Si bien presumiblemente serían los integrantes más acomodados de la sociedad los que sentirían la pérdida de valor de las acciones, que los trabajadores dejaran de percibir su salario podría ser una imposición regresiva producto de la regulación. Otras consecuencias secundarias podrían incluir un beneficio implícito a una industria que vende un producto sustituto o que se las arregle para cumplir con las normas legales de una manera más eficiente. Estos beneficios pueden aumentar el valor de las acciones o estimular la contratación en dicha industria. Además, la normativa puede estimular un aumento de los precios al consumidor de bienes y servicios básicos, como la energía o los alimentos; esto es, un efecto regresivo. Alternativamente, los precios de artículos de lujo podrían aumentar; o sea, un efecto progresivo[2].

Dos factores adicionales complican la tarea de identificar ganadores y perdedores. Primero, en ciertos escenarios es posible que los beneficios de una regulación ambiental se incorporen al funcionamiento del mercado, difundiendo el beneficio entre los actores del mismo. Por ejemplo, una ordenanza sobre el uso del suelo que restrinja la construcción de nuevos edificios en el centro de una ciudad probablemente haga subir el valor de las propiedades existentes. Algunos dueños de edificios aprovecharán la oportunidad para vender, obteniendo una ganancia inesperada para sí mismos y produciendo excedentes para nuevos compradores. Los actuales arrendatarios, por otra parte, experimentarán trastornos y costos transitorios si aumentan los precios de los arriendos por el cambio en el mercado. En este escenario, un análisis de costo-beneficio-tipo simplemente identificaría mayores valores de las propiedades como beneficios de la normativa, lo que podría compararse entonces con los costos asociados a proyectos inmobiliarios que no se llevarían a cabo. El análisis distributivo, sin embargo, requiere una investigación mucho más profunda de quiénes se beneficiarían y quiénes perderían a medida que los efectos del aumento de precios se propagan por la economía.

Segundo, un buen análisis distributivo puede requerir que se consideren las valoraciones relativas de los beneficios de una manera que no lo hace un análisis de costo-beneficio clásico. La valoración individual de los beneficios de una política ambiental se podrían relacionar con la riqueza de cada cual: mientras mayores son los ingresos de una persona, mayor es el valor que le dará a un determinado beneficio ambiental. Actualmente, las valoraciones se basan en promedios, y son asumidas iguales para todos los beneficiarios. Por ejemplo, bajo sus actuales prácticas, la Environmental Protection Agency (EPA) estadounidense asigna el mismo valor estadístico de la vida a todos los residentes de los Estados Unidos, sean estos ricos o pobres. El análisis distributivo, para ser exacto, debiera tomar en cuenta la realidad de que las personas más acomodadas estarán dispuestas a pagar más por un medioambiente más seguro o por la reducción del riesgo de mortalidad. Por eso, los analistas deben recopilar más información, tanto acerca de las características de las personas que se ven afectadas por las normas y, más generalmente, acerca de cómo la riqueza y otros factores afectan la disposición a pagar por evitar los costos o alcanzar los beneficios de una regulación.

2. ¿Es posible realizar un análisis distributivo valorativamente neutral?

La afirmación según la cual distribuciones más igualitarias de la riqueza, ceteris paribus, mejoran el bienestar social no es debatida entre los economistas del bienestar. No obstante, el consenso, en gran medida se detiene ahí, y existen muchas preguntas abiertas sobre cómo deberían diseñarse las políticas a la luz de los efectos distributivos de la riqueza sobre el bienestar general. Y, por supuesto, fuera del ámbito de la economía del bienestar existe un debate abierto sobre las obligaciones morales de igualdad que tienen los gobiernos hacia sus pueblos (Dworkin 1977; 1997) e incluso sobre si asiste al gobierno el rol de efectuar redistribuciones de riqueza (Nozick 1974). Dada la difícil serie de preguntas morales y políticas que plantea el análisis distributivo, resulta tentador buscar una manera neutral de tomar en cuenta consideraciones de distribución en el proceso normativo.

2.1. Problemas con el análisis neutral del caso-a-caso

Después de averiguar lo básico sobre cómo se distribuirán los costos y los beneficios, el regulador debe determinar cómo integrar las consideraciones distributivas en la toma de decisiones. Una posibilidad, aparentemente atractiva, podría ser tratar de evitar distribuciones inequitativas, para favorecer políticas que tienen distribuciones más uniformes de costos y beneficios. Una de las gracias de este enfoque consiste en que no requiere que los legisladores emitan juicios de valor acerca de si ciertos grupos merecen recibir beneficios o merecen cargar con los costos regulatorios. Un análisis distributivo con una carga valorativa-normativa, en cambio, tomaría explícitamente decisiones respecto de cuánta redistribución es deseable, y entre qué grupos.

El enfoque neutral enfrenta serios problemas. Normalmente, en situaciones en que existe una gran cantidad de políticas públicas, los efectos distributivos de algunas quedarán anulados por los efectos distributivos de otras; es decir, grupos que puedan beneficiarse de una norma legal pueden verse gravados por otras y viceversa. De esta manera, sobre un gran número de decisiones políticas, los desequilibrios distributivos tenderán a autocorregirse, a no ser que ocurra alguna distorsión sistemática (lo que analizamos más adelante). No obstante, si se introducen correcciones distributivas a nivel de cada política, algunos efectos distributivos que se habrían corregido durante el curso normal de la toma de decisiones pueden ser eliminados al alterarse las regulaciones de manera individual, presumiblemente a expensas de la eficiencia general. Tal como lo hace notar Shavell, “si se escogen regulaciones individualmente, en base a sus efectos particulares sobre la distribución de los ingresos, tendríamos pérdidas sociales innecesarias, sobre todo por no tomarse en cuenta los efectos compensatorios de las propias regulaciones” (Shavell 2004, 657).

Un ejemplo es ilustrativo. Imagine dos regímenes independientes de políticas normativas: el aire y el agua. Para cada opción, el regulador puede elegir entre una intervención que influenciará los incentivos de mercado o una intervención de tipo “comando y control”. Dos poblaciones estarán sujetas a ambas políticas: la del este y la del oeste. Además, se sabe que los enfoques con incentivos de mercado generarán mayores beneficios netos, pero tienen distribuciones muy sesgadas —el este resulta ser el gran ganador cuando la intervención se usa para regular el aire, pero pierde cuando se aplica al agua. Las consecuencias para el oeste son inversas. También se sabe que los enfoques de comando y control generan menos beneficios netos, pero tienen distribuciones más uniformes. La tabla 1 entrega una ilustración numérica.

Si se implementa una preferencia por resultados de distribución más uniformes para cada caso de política pública —primero, al decidir entre una intervención con incentivo de mercado o de comando y control en el contexto del aire, y, posteriormente, al adoptar la misma decisión en el contexto del agua—, entonces se escogerán los enfoques de comando, siempre y cuando la preferencia por una distribución más uniforme sea lo suficientemente alta para superar la pérdida de beneficios netos. En este ejemplo, los legisladores deben estar dispuestos a pagar más que US$ 10 para lograr la distribución más uniforme.

No obstante, si el análisis se realiza a un nivel más global en el que todas las opciones de políticas públicas y sus consecuencias sobre la distribución se consideran juntas, entonces se escogerán los enfoques de incentivos de mercado, porque los desequilibrios distributivos se anularán unos a otros. Si bien los beneficios netos en virtud de las políticas de comando y control alcanzan US$ 180 (de los cuales tanto el este como el oeste reciben $ 90 cada uno), los beneficios netos en virtud de la intervención de mercado alcanzan US$ 200 (de los cuales tanto el este como el oeste reciben US$ 100 cada uno).

Tabla 1. Distribución de costos y beneficios en dos regímenes de políticas normativas

Este

Oeste

Beneficios netos

(US$)

Costos (US$)

Beneficios (US$)

Costos (US$)

Beneficios (US$)

Aire: mercado

0

200

100

0

100

Aire: comando y control

55

100

55

100

90

Agua: mercado

100

0

0

200

100

Agua: comando y control

55

100

55

100

90

Para resumir: si las opciones de política para el aire y el agua son evaluadas separadamente, podrían escogerse las intervenciones de comando y control, ya que, pese a generar menos beneficios netos, tienen menores consecuencias distributivas. Así, el resultado de ambas regulaciones reduce los beneficios netos totales sin afectar la distribución de los costos y beneficios entre regiones. Si suponemos, además, que tanto el este como el oeste comparten un poder de veto sobre la determinación de políticas públicas, no logran alcanzar un acuerdo aplicable y evalúan las regulaciones de aire y agua por separado, esperaríamos que surgiera un equilibrio no cooperativo, donde se renuncia a los beneficios globales más altos del enfoque de incentivos de mercado por las intervenciones menos eficientes de comando y control. Si el análisis se hiciera a nivel de políticas individuales, la simple preferencia en favor de una distribución de costos y beneficios neutral, o por lo menos más uniforme, generaría el mismo resultado.

2.2. El análisis neutral a nivel global es posible y útil

Una alternativa para analizar las consecuencias distributivas de las políticas medioambientales individuales consiste en mirar las acciones del gobierno en su conjunto y determinar si hay grupos que de manera sistemática soportan un costo mayor y reciben menos beneficios. Este tipo de análisis distributivo global es valorativamente neutral y no tiene los problemas del análisis de políticas públicas individuales. Por el contrario, el análisis global puede ayudar a mejorar la eficiencia general del sistema normativo.

Para lograr resultados eficientes, el proceso regulador debería considerar equitativamente los intereses de todas las partes afectadas. Como muestra la práctica, pueden haber distorsiones sistemáticas que favorecen a algunos grupos por sobre otros; por ejemplo, una industria bien organizada respecto de consumidores relativamente desorganizados. Más concretamente, el movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos ha sostenido que las políticas ambientales tienden a ignorar los costos desproporcionados, a menudo bajo la forma de exposición a la contaminación, que soportan las comunidades urbanas, minoritarias y pobres (Schlosberg 2007); esto ocurre, sostienen, en parte por fallas en el proceso político (Lazarus 2007).

Si algunos grupos se ven habitualmente favorecidos por el sistema regulatorio, tal patrón sugiere la existencia de un sesgo sistemático en el proceso de toma de decisiones. Ese sesgo implica no sólo inequidad y discriminación —que son problemas serios por derecho propio—, sino que también ineficiencia. Si, debido a un acceso desigual a los reguladores o alguna otra falla de gobierno, el proceso legal beneficia sistemáticamente a algunos grupos más que a otros, la discrepancia sugiere que no se están adoptando las normas que mejoran más el bienestar de todos. Este sesgo interferirá con el objetivo final de maximizar los beneficios netos.

Un análisis a nivel global significaría evaluar los efectos sobre la distribución de un número suficientemente grande de normas (elegidas al azar). El objetivo de este ejercicio sería determinar si los desequilibrios en la distribución generados por normas individuales efectivamente desaparecen cuando a las normas se las examina de manera colectiva. Si el análisis distributivo encuentra que el sistema legal, sobre un gran número de normas, tiende a gravar a ciertos grupos o a negarles beneficios a otros, surgen dudas referidas a que el proceso regulatorio no esté respondiendo por igual a las necesidades de todas las partes afectadas.

Si se descubre un sesgo sistemático en el proceso normativo, existen distintas herramientas con las que las autoridades encargadas de la toma de decisiones podrían responder. Por ejemplo, podrían realizarse esfuerzos para empoderar a las comunidades que están subrepresentadas, fortaleciendo su capacidad para influenciar la agenda a través del proceso democrático. Otras medidas pueden incluir aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones para reforzar la responsabilidad política; profesionalizar a los funcionarios civiles; permitir una revisión judicial por tribunales independientes; involucrarse en comunidades específicas, y fomentar culturas institucionales que valoren a todas las poblaciones de forma equitativa.

Los gobiernos podrían ser creativos elaborando soluciones orientadas hacia el proceso, desarrollando proyectos o políticas que se adapten a la naturaleza o fuente específica de un sesgo que se haya identificado. Por ejemplo, la Environmental Protection Agency (EPA) (de Estados Unidos) es muy proactiva en involucrar a las comunidades locales en la deliberación sobre los esfuerzos de la agencia para descontaminar lugares “superfund”, que son sitios que han sido contaminados con sustancias peligrosas. Dicha agencia fomenta la educación y la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de distintas maneras: financiando a las comunidades para contratar a asesores técnicos externos independientes, que puedan ayudar a los líderes de la comunidad a interpretar y entender la información técnica sobre el estatus del superfund; proporcionando expertizaje técnico directo y capacitación, y nombrando a coordinadores de la agencia para organizar a grupos asesores de la comunidad en la áreas afectadas, que entonces sirvan como bisagras para intercambiar información entre miembros de la comunidad y los reguladores estatales y federales. Los equipos asesores de la comunidad debieran representar a todos los grupos de intereses de la comunidad en el largo plazo, sostener reuniones públicas para fomentar un enfoque de la toma de decisiones basado en el consenso y ser oficialmente reconocidos como negociadores en las conversaciones sobre descontaminación de los sitios.

Este tipo de soluciones procedimentales pueden ayudar a garantizar que los sistemas normativos identifiquen regulaciones que maximicen el bienestar. Aumentar la cantidad de información de la que disponen quienes adoptan las decisiones, creando amplios sistemas de participación que faciliten el diálogo con todos los grupos sociales puede reducir el riesgo de que cualquier interés individual o de un subgrupo se vea sistemáticamente favorecido o desfavorecido en el sistema normativo. Un análisis distributivo a nivel global puede ayudar a identificar si existen grupos que han sido excluidos, de manera de poder reformar los procesos de determinación de políticas para hacerlos más abiertos.

3. Redistribución vía regulación

Más allá de usar el análisis distributivo a nivel global para identificar las maneras en que el sistema regulatorio puede fallar en maximizar los beneficios netos, la normativa ambiental también puede usarse como un medio para lograr objetivos de redistribución. Existen dos maneras generales en que los reguladores pueden implementar redistribuciones. Primero, se puede ajustar el rigor de las normas legales, haciéndolas más o menos severas. Al introducir la equidad distributiva en la determinación de las normas ambientales, se favorecerá mayores protecciones ambientales cuando los beneficiarios de la norma sean desproporcionadamente pobres y los afectados sean más acomodados. De manera inversa, si aquellos que se beneficiarán de una norma son desproporcionadamente ricos y aquellos que pagarán los costos son desproporcionadamente pobres, entonces el ajuste se hará en la dirección de una norma menos estricta.

En segundo lugar, el gobierno puede realizar redistribuciones inmediatas. En virtud de este enfoque, los reguladores identifican puntos a lo largo del proceso de diseño normativo en que el gobierno puede usar su autoridad para efectuar redistribuciones a pequeña escala. Existen varios precedentes para este enfoque. Ciertamente, cuando proyectos de desarrollo a gran escala desplazan comunidades, los gobiernos por norma exigen o prestan cierto tipo de ayuda para reubicarlas, y éste es uno de los criterios esgrimidos por los bancos de desarrollo para evaluar las propuestas de proyectos (por ejemplo, World Bank 2004). La Constitución de los Estados Unidos establece ese requisito de redistribución inmediata con la Cláusula sobre Incautaciones de la Quinta Enmienda, la que dispone: “…así como tampoco se podrá tomar una propiedad privada para un uso público, sin una justa compensación”[3]. El proceso de evaluación ambiental federal también ha usado “medidas de mitigación”[4] para exigir ciertos tipos de compensación ambiental, tales como reemplazar árboles nativos que tuvieron que ser talados durante la construcción de un gasoducto[5].

Una pregunta dentro del ámbito del derecho y la economía se refiere a si es apropiado que un régimen jurídico o regulatorio se use para fines redistributivos, o si el sistema de impuestos y transferencia es siempre superior.

Después de esbozar brevemente los argumentos teóricos clave de ambos lados del debate, el análisis siguiente se concentrará en las consideraciones prácticas que podrían respaldar el uso de normas legales para lograr metas de redistribución, por lo menos en algunos contextos. Estas consideraciones pueden tener una relevancia aún mayor en los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales carecen de la capacidad de administrar sistemas fiscales sofisticados, y enfrentan ciertos desafíos —el más importante de los cuales es un amplio sector informal— que son prácticamente desconocidos en la mayoría de las economías avanzadas. Por lo tanto, aun cuando la redistribución a través del sistema de impuestos y transferencia es, en principio, superior, consideraciones prácticas al respecto pueden recomendar otra cosa.

3.1. ¿Se justifica a veces la redistribución vía regulación?

Una vez que un gobierno ha determinado que cierta redistribución es socialmente deseable, debe escogerse una herramienta para lograr el objetivo redistributivo. Dos opciones han recibido la mayor atención: la primera consiste en usar el sistema del impuesto a la renta para efectuar una transferencia de riqueza de ricos hacia pobres; la segunda consiste en promulgar normas legales —regulaciones— que logren una transferencia similar, aunque de manera menos explícita y no pecuniaria. Durante los últimos 20 años se ha masificado la visión, entre juristas y economistas, de que la primera opción es universalmente superior. Este punto de vista se funda en el ahora clásico argumento desarrollado por Louis Kaplow y Steven Shavell (1994; 2002), argumento según el cual por cada norma legal (o regulación) diseñada para lograr la redistribución existe una norma legal (o regulación) alternativa que, conjuntamente con un programa fiscal redistributivo, podría lograr la misma transferencia deseada con el beneficio adicional de aumentar la riqueza global[6]. Esto se debe a que cualquier norma legal diseñada para lograr la redistribución inherentemente provocará una pérdida de eficiencia en la actividad bajo regulación. (De hecho, provocará dos pérdidas distintas de eficiencia, o “distorsiones”, que explicamos más adelante.) Esa ineficiencia reduce el tamaño de la torta económica, disminuyendo así la cantidad de ingresos fiscales que el gobierno puede recolectar. Por el contrario, las normas legales diseñadas con el único objetivo de alcanzar la eficiencia económica maximizarán el tamaño de esa torta. Mientras más grande la torta, más grande el excedente del gobierno y finalmente más dinero tendrá éste para transferir a los más pobres o gastar en bienes públicos que mejoren el bienestar de todos (Frank 2000; Kaplow y Shavell 1994; 2002).

Kaplow y Shavell (1994; 2002) también destacan que es comparativamente más fácil y preciso administrar los impuestos que las normas legales. Las normas legales son, por naturaleza, instrumentos gruesos cuya eficacia depende de varios factores, incluyendo su supervisión y control. Por tanto, si una norma legal diseñada para lograr cierta redistribución puede realmente servir para tal efecto dependerá finalmente de una multitud de variables externas. Los programas de impuestos y transferencias por tanto pueden tener ventajas administrativas sobre las normas legales como herramientas redistributivas. Por las razones antes expuestas, Kaplow y Shavell concluyen que los impuestos son más eficientes que las regulaciones. Por lo tanto, el gobierno debería elaborar políticas ambientales y de salud pública destinadas a maximizar la riqueza, y descansar únicamente en el mecanismo de impuesto a la renta y transferencias para alcanzar objetivos de redistribución.

Para desarrollar su argumento según el cual la redistribución a través del sistema legal siempre será menos eficiente que la que se realiza mediante el sistema de impuestos y transferencias, Kaplow y Shavell (1994; 2002) formulan un razonamiento que se ha denominado “argumento de doble distorsión” (Sanchirico 2000; 2001). La primera distorsión, o ineficiencia, se debe al hecho de que la redistribución de cualquier tipo distorsiona los incentivos laborales; esto es, dado que los actores económicos reciben menos recompensas financieras por su trabajo, éstos optan por mayores niveles de ocio. Según Kaplow y Shavell, la distorsión de la elección entre el trabajo y el ocio es la misma sin importar si un gobierno realiza una redistribución a través de su sistema tributario o a través de sus regulaciones. No hay ninguna diferencia si los ingresos de una persona se reducen por un aumento de la tasa marginal[7] de impuesto o por un sistema normativo más fuerte: la persona se anticipará a ambas reducciones de los ingresos de la misma manera y los tomará en cuenta al momento de elegir cuántos ingresos obtener trabajando o decidir si vale la pena invertir capital en innovación o producción. Pero la redistribución a través de normas legales trae consigo una segunda distorsión adicional: producción de ineficiencias en el mercado regulado. En el escenario regulatorio, una distorsión puede entenderse simplemente como la diferencia entre los beneficios netos creados por la norma económicamente óptima y los beneficios netos creados por la norma que incluye consideraciones redistributivas. Por ejemplo, si las preocupaciones distributivas aconsejan una mayor reducción de la contaminación del aire que lo óptimo, los costos que las empresas asumen para adquirir tecnologías que permitan controlar la contaminación son, en el margen, mayores que el deseo de los beneficiarios de pagar por el aire más limpio. En vez de exigir una reducción de la contaminación con mayores costos marginales que beneficios (lo que, en efecto, convierte US$ 1 en gastos para cumplir la regulación en menos de US$ 1 en beneficios), el gobierno podría simplemente imponer un impuesto a la compañía y transferir los ingresos directamente a los beneficiarios de una reducción en contaminación que considera efectos distributivos. De la premisa de “doble distorsión” de Kaplow y Shavell (1994; 2002) se desprende que un enfoque dividido de la redistribución —con una política normativa diseñada únicamente para maximizar el bienestar general y un código tributario ajustado para corregir distribuciones desiguales de este bienestar— es óptimo.

El efecto de doble distorsión sólo es importante para aquellas normas que se alteran en base a la renta. Si una regulación se diseña sin importar la renta —digamos que todos los que contaminan sean multados con un monto fijo en base exclusivamente a la cuantía del perjuicio que han provocado—, entonces no tendrá ningún efecto sobre la elección ocio-trabajo (Sanchirico 2000). En esos casos, no se incentiva a las personas y a las empresas a producir menos; se les dan razones financieras para contaminar menos. Ésa es una distinción extremadamente importante. Mientras las empresas altamente contaminantes y de baja productividad paguen los mismos costos que las empresas de alta productividad y muy contaminantes, el régimen no distorsiona los incentivos para trabajar o invertir.

Además, es posible que en un escenario donde los impuestos y las normas legales se utilizan simultáneamente, sus respectivas distorsiones se compensen. Esto es una consecuencia del paradigma del “second-best” (“mejor segundo”), que sostiene que una norma legal que puede parecer óptima en abstracto puede no ser la más eficiente en el mundo real, al enfrentarse a otras normas legales o a condiciones que no pueden cambiarse (Lipsey y Lancaster 1956). En este caso, la siguiente mejor solución sería promulgar normas legales, o regulaciones, que tengan distorsiones que colaboren en la compensación. En última instancia, la mirada que favorece la redistribución mediante los impuestos se reduce a una pregunta empírica acerca de si un esfuerzo sistemático por modificar las normas legales en base a la renta afectará efectivamente la oferta de mano de obra, el tamaño de ese efecto, y si existen distorsiones opuestas que se cancelen y deberían tomarse en cuenta en una jurisdicción específica.

3.2. Consideraciones prácticas

Si bien pueden existir razones teóricas para creer que un sistema de impuestos y transferencias logrará objetivos de distribución de manera más eficiente, esto puede no ser cierto en la práctica, por lo menos no en todas las circunstancias. La deseable redistribución puede no lograrse a través del sistema de impuestos y transferencia por motivos políticos o culturales. Kaplow y Shavell se mantienen escépticos sobre la respuesta apropiada en estas circunstancias:

Un argumento que a veces se presenta en favor de la redistribución a través de normas legales es que el sistema tributario se queda corto en redistribución óptima de impuestos, quizás debido al equilibrio del poder político en la legislatura. Este argumento plantea dudas que no abordamos acerca de la función de los tribunales (o de los reguladores) en una democracia. (Kaplow y Shavell 1994, 675)

Este problema de intransigencia política se ve quizás exacerbado en los países en vías de desarrollo. Aun cuando una inequidad excesiva justifica una política fiscal más progresiva, también puede resultar en una concentración del poder político en un segmento rico y pequeño de la población, volviendo menos probable la aprobación de políticas redistributivas. Muchos países en vías de desarrollo, de hecho, están lejos de alcanzar altos niveles de progresividad en sus códigos tributarios. Una multitud de fallas en sus elecciones públicas puede obstaculizar la sana elaboración de políticas, sobre todo en países en vías de desarrollo bajo regímenes autoritarios o durante períodos de transición a la democracia (Esty 1999). En tanto que esos errores atormentan en mayor o menor medida a todos los gobiernos, muchos países en vías de desarrollo enfrentan, además, altas concentraciones de riqueza y poder político, corrupción, un débil sistema de rendición de cuentas e instituciones civiles débiles o incipientes. Estos desafíos de los gobiernos frustran la capacidad de los legisladores de abordar incluso las necesidades públicas más básicas, incluso urgentes amenazas a la salud y a la seguridad (Rose-Ackerman 1999; Ostrom, Schroeder y Wynne 1993; Nye 1967). También pueden sembrar serias dudas sobre la capacidad de los actores del gobierno para lograr el consenso político necesario al momento de promulgar normas óptimas de impuestos y transferencias. El contexto local es importante. En cualquier país, ciertos organismos encargados de la toma de decisiones pueden estar más o menos propensos a cometer errores. Aquellos que lo están menos serán más capaces de lograr objetivos de redistribución socialmente deseables. En algunas naciones, las agencias regulatorias serán preferibles; en otras, las legislaturas o los tribunales pueden tener más posibilidades de éxito, ser más confiables o más transparentes.

Aun cuando tengan la voluntad de redistribuir mediante la tributación, algunos países en vías de desarrollo pueden enfrentar enormes desafíos para implementar este sistema. Para empezar, una parte sustancial de la fuerza laboral en economías en vías de desarrollo subsiste trabajando en la agricultura o participando en pequeños negocios informales. Estos trabajadores reciben ingresos inestables y sus salarios a menudo se pagan en efectivo, lo cual hace difícil calcular su base impositiva, recaudar impuestos y realizar transferencias. Un sector económico informal es, por definición, una economía que no paga impuestos, que no está incluida en la medición del producto interno bruto ni es regulada por el Estado. Ésta consta en gran medida de ingresos no informados provenientes de la producción de bienes o servicios o de operaciones de trueque, actividades económicas que pagarían impuestos si fuesen informadas al gobierno. Las economías informales también pueden incluir actividades ilícitas, tales como la compraventa de bienes robados, fraude o contrabando (Lippert y Walker 1997).

Los sectores económicos informales han florecido en el mundo en vías de desarrollo, donde los ciudadanos a veces enfrentan dificultades para obtener ingresos legítimos, aunque también es cierto que las mismas cargas impositivas y regulaciones pueden contribuir a la prevalencia de economías informales (Schneider y Buehn 2009). Estimaciones recientes dimensionan el tamaño de estas economías “subterráneas” o “informales”, que pueden incluir tanto actividades lícitas como ilícitas, en un promedio de 35,5 por ciento del PIB de un país en vías de desarrollo (Schneider y Buehn 2009) y la mitad de toda su fuerza laboral (Schneider 2011)[8]. La economía informal en los países de altos ingresos de la OCDE, por el contrario, es mucho menor; esto es, alrededor del 15,5 por ciento del PIB (Schneider y Buehn 2009). Y en los Estados Unidos, que es el lugar central de gran parte del debate sobre la óptima política redistributiva, la economía informal llega sólo al 8,1 por ciento del PIB, lo que la convierte en una de las más pequeñas del mundo (Schneider y Buehn 2009).

La existencia de importantes sectores informales no debería ignorarse en el análisis acerca de la mejor alternativa para implementar redistribuciones de riqueza en los países en vías de desarrollo. Primero, y sobre todo, el tamaño de estos sectores reduce drásticamente la base impositiva. Incluso los impuestos sobre sociedades no pueden explotarse íntegramente, dado que las grandes empresas pueden eludirlos usando el sector financiero y realizando operaciones en efectivo cada vez que puedan (Gordon y Li 2009). En segundo lugar, las reformas tributarias que pueden resultar eficientes en economías desarrolladas podrían, en realidad, reducir el bienestar total en economías emergentes, dada la importancia de sus sectores informales, tal como las preferencias convencionales respecto de impuestos al consumo por sobre aranceles pueden no sostenerse en el contexto de países en vías de desarrollo, ya que aumentar los primeros podría exacerbar distorsiones intersectoriales entre los sectores formales e informales (Emran y Stiglitz 2005). Por lo tanto, los sectores informales revisten serias consecuencias para la ortodoxia de mantener la redistribución como exclusiva competencia del sistema tributario.

El efecto de un gran sector informal en la discusión acerca de si la tributación o las normas legales son la mejor herramienta para lograr objetivos de redistribución es ambiguo, y por ello la respuesta debiera adecuarse al contexto. Si bien la redistribución mediante normas regulatorias siempre acarrea el efecto de doble distorsión identificado por Kaplow y Shavell (1994; 2002), la redistribución mediante impuestos puede crear distorsiones múltiples de una manera similar en países con grandes economías informales. En esos países, esfuerzos nuevos o renovados del Estado por aplicar un impuesto a la renta progresivo podrían desincentivar aún más la formalización. La imposición de tributos, en cambio, incentivará la inversión de recursos tanto en la elusión legal como también en la evasión ilícita de impuestos, lo que provocará, en el mejor de los casos, una pérdida de eficiencia, y, en el peor de los casos, socavará la economía informal. Estas distorsiones resuenan más fuerte en los países en vías de desarrollo, donde es mucho más fácil salir de o eludir la economía formal que en las economías desarrolladas[9].

Por otro lado, la parte traspasada del sistema de impuestos y transferencias puede incentivar a los trabajadores de bajos ingresos a entrar a la economía formal. Si la economía informal en gran medida incluye a los miembros más pobres de la sociedad, un impuesto a la renta negativo (un negative income tax), por ejemplo, crea incentivos para que los miembros de la economía informal formalicen sus situaciones de empleo. La experiencia en los Estados Unidos con el Earned Income Tax Credit muestra que este efecto persiste, aun cuando existen personas que siguen participando sólo en la economía informal en base a su percepción errónea acerca del sistema tributario (Schneider 2011; Slemrod 2006). En los casos en que consideraciones distributivas generan niveles más estrictos de normas ambientales, también se producen incentivos para evitar la detección del incumplimiento, lo que a su vez puede incentivar a las empresas a salir de la economía formal con el fin de evitar la aplicación de aquellas normas más estrictas.

Además del hecho de que partes importantes de sus economías internas no están cubiertas por el sistema tributario, muchos países en vías de desarrollo carecen de la capacidad para administrar sistemas de impuestos a la renta personal, incluso dentro de los sectores formales. Pueden tener escasez de empleados del servicio civil bien educados, bien entrenados y bien pagados. Muchos países carecen también de sistemas computarizados de mantención de registros tributarios vitales para operar un código tributario complejo. Los contribuyentes mismos pueden tener medios limitados para el seguimiento y procesamiento de cuentas imponibles por motivos de analfabetismo u otras limitaciones cognitivas (Tanzi y Zee 2001; Newbery 1987). “Debido a ello los gobiernos a menudo toman la ruta de menor resistencia, desarrollando sistemas fiscales que les permitan explotar las opciones que tienen disponibles más que crear un sistema tributario racional, moderno y eficiente” (Tanzi y Zee 2001, 1). Mientras los países ricos e industrializados recaudan la mayor parte de sus ingresos fiscales a través de los impuestos a la renta e impuestos al consumo, los países en vías de desarrollo tienden a recaudar la mayor parte de sus ingresos por medio de los impuestos a las sociedades y los impuestos al consumo, jugando los impuestos a la renta un rol menor (Gordon y Li 2009).

Pueden necesitarse, en cambio, menos recursos administrativos adicionales para realizar la redistribución a través del sistema regulatorio. Muchos de los costos asociados con administrar un régimen normativo no son sensibles a la exigencia de la regulación, de manera que un endurecimiento de la normativa con fines redistributivos no significará una carga adicional para el gobierno. Una vez se ha invertido en un sistema para crear y aplicar normas ambientales, es poco probable que alterar levemente las exigencias normativas signifique un gran gasto adicional. En aquellos casos en que la redistribución favorece requisitos menos exigentes, la carga administrativa para el gobierno puede incluso reducirse.

Finalmente, en algunos casos extremos, el sistema de impuestos y transferencia puede no ser lo suficientemente receptivo para garantizar que algunos individuos o grupos no se vean gravemente perjudicados por una política específica. En estas situaciones, puede ser necesario imponer el pago de compensaciones inmediatas y directas a grupos específicos, y si ello no es posible, puede ser necesario introducir cambios regulatorios para evitar graves consecuencias negativas para el grupo afectado. Por ejemplo, proyectos de desarrollo a menudo implican desplazar personas cuyas casas se ubican en el trazado de caminos, centrales eléctricas, embalses u otros planes de infraestructura de gran tamaño. Las personas que son involuntariamente expulsadas de sus casas se ven obligadas a soportar grandes costos económicos y personales. Potenciales riesgos inherentes a un desplazamiento forzoso incluyen desempleo, precariedad habitacional, desamparo, inseguridad alimentaria, mayor morbilidad y la pérdida de acceso a bienes comunes y redes sociales (Cernea 1999)[10]. Confiar simplemente en el sistema de impuestos y transferencias para compensar a los desplazados por sus pérdidas puede demorar demasiado tiempo. Si no puede pagarse una compensación inmediata, hace necesario introducir cambios a la regulación subyacente.

4. Conclusiones

El análisis distributivo es a menudo un componente importante de un buen análisis del impacto regulatorio. No es una subcategoría del análisis de costo-beneficio; más bien, es un complemento que describe quién cosechará los beneficios económicos de un programa o una política específica y quién se verá obligado a pagar los costos económicos. El análisis distributivo de normas individuales que intenta ser valorativamente neutral (es decir, que no toma una postura normativa sobre cuánta redistribución es deseable, desde y a qué grupos) no sirve. El análisis distributivo valorativamente neutral a nivel global, no obstante, puede utilizarse para identificar cualquier sesgo sistemático en el aparato administrativo que justifique una respuesta de gobierno, tal como la imposición regular de costos desproporcionados a comunidades minoritarias.

Existen dos mecanismos de base a través de los cuales los gobiernos pueden transferir riqueza: mediante ajustes al sistema tributario y mediante cambios de las normas legales y las regulaciones. La elección entre los dos mecanismos plantea su propia serie de preguntas acerca de los costos administrativos asociados a cada opción, así como la medida en que cada mecanismo distorsionaría o produciría pérdida de eficiencia en el mercado. La respuesta dependerá de factores locales, incluyendo la capacidad administrativa y si existe cualquier regulación complementaria vigente que pueda generar distorsiones compensatorias.

A medida que los países en vías de desarrollo amplían su uso del análisis de costo-beneficio, es probable que se preste mayor atención a la pregunta de cómo considerar apropiadamente la distribución de los costos y los beneficios regulatorios. Estas preguntas son profundamente normativas y frecuentemente dependen de circunstancias locales altamente contingentes. Por ello, no admiten soluciones simples, y es probable que sigan planteando importantes retos para los analistas y los legisladores en el futuro próximo.

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Notas

1 Después de una prolongada campaña de residentes locales y grupos ambientalistas, el gobierno chino comprometió US$ 30 millones para limpiar el río y establecer controles de la contaminación (Xinhua 2011).

2 A pesar de las dificultades de modelar las consecuencias distributivas de los controles de los gases de efecto invernadero, varios analistas han hecho intentos más o menos sofisticados (por ejemplo Burtraw, Sweeney y Walls 2009).

3 Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.

4 National Environmental Protection Act de 1969, 40 C.E.R. §1508.20 (1970).

5 Por lo menos un investigador ha sugerido que los gobiernos requieren la construcción de proyectos eólicos y otros proyectos de energías renovables como medidas formales de mitigación, destinadas a “compensar o incluso revertir los efectos negativos de otra manera inevitables de las emisiones de carbono debidas a la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles” (Wickersham 2004, 345).

6 Antes de Kaplow y Shavell, Aanund Hylland y Richard Zeckhauser (1979) demostraron que en aquellos casos en los que se dispone de una tributación óptima, la elección entre proyectos gubernamentales alternativos debería basarse íntegramente en sus respectivos beneficios netos, sin ninguna influencia de consideraciones distributivas.

7 Para una revisión de la literatura sobre cómo la tasa marginal de impuestos afecta a los incentivos laborales, incluyendo una discusión en profundidad sobre el trabajo pionero de James Mirrlees sobre impuesto a la renta óptimo, véase Tuomala (1990). También se recomienda consultar Mirrlees (1971).

8 Los trabajadores informales en las economías de África constituyen, en promedio, el 54,2 por ciento de la fuerza laboral total; el promedio en los tres países asiáticos más grandes (China, India e Indonesia) es de 36,5 por ciento, y en Latinoamérica es de 49,6 por ciento. En algunas regiones de África Subsahariana y Asia del Sur, más del 80 por ciento de todos los trabajos no agrícolas son informales (Schneider 2011.).

9 La evasión fiscal interna a través de las economías informales les cuesta a los países en vías de desarrollo alrededor de US$ 385 billones en ingresos cada año (Cobham 2005). La posesión de activos en el extranjero y la transferencia de utilidades corporativas fuera del país suman US$ 100 billones adicionales de ingresos perdidos por concepto de impuestos en todos los países en vías de desarrollo (Cobham 2005; véase también Kar y Cartwright-Smith 2008). Por ejemplo, se cree que más del 50 por ciento del efectivo y de los valores bursátiles de latinoamericanos ricos se encuentran resguardados en el extranjero (Juniac et al. 2003).

10 Esto, sin mencionar los otros riesgos que emergen del desplazamiento como el trauma sicológico, especialmente en los niños, la pérdida de derechos civiles o la potencial violación de derechos humanos, incluyendo ser sujeto de la violencia comunitaria en áreas de reubicación o por parte de fuerzas de seguridad y la pérdida de propiedad sin compensación adecuada (Robinson 2003). Los lineamientos de las Naciones Unidas prohíben los desplazamientos involuntarios en casos de “desarrollos de infraestructura de gran escala que no se justifican por inevitable y primordial interés público” (OCHA 2004, Principio 6).

ENSAYO

LA DERECHA ANTE EL CAMBIO DE CICLO*

Hugo Eduardo Herrera

Universidad Diego Portales

Hugo Eduardo Herrera. Doctor en filosofía en la Julius-Maximilians-Universität de Würzburg y licenciado en ciencias jurídicas, Universidad de Valparaíso. Profesor titular del Instituto de Humanidades, Universidad Diego Portales. Email: hugoeduardoherrera@gmail.com.

* El autor quiere explicitar los siguientes agradecimientos: “Alicia Truffello, Juan Manuel Garrido, Renato Bartet, Joaquín García-Huidobro y Jacinto Gorosabel realizaron lúcidos y extensos comentarios al borrador de este texto. En este caso no es trivial decirlo: el agradecimiento, que por este acto realizo, no los compromete de manera alguna con las opiniones del artículo”.

Resumen: El presente ensayo propone “un método de la comprensión política” para la derecha chilena actual, enfrentada, de acuerdo al autor, al malestar y la inquietud social sin una respuesta nítida, sin un discurso político que articule su diagnóstico ni su acción. En su evaluación, uno de sus problemas esenciales está en su falta de densidad reflexiva, en la incapacidad de pensar y proponer una comprensión adecuada a los tiempos actuales. A modo de comparación, se muestra cómo la derecha conservadora del Centenario, hace ya un siglo, sí supo responder, con crítica y vanguardismo, a preguntas no muy distintas a las del Chile actual.

Palabras clave: derecha chilena, nuevo ciclo político, crisis social, discurso crítico, comprensión política.

Recibido: julio 2014; aceptado: agosto 2014.

THE RIGHT AND THE CHANGE OF CYCLE

Abstract: This essay proposes “a method of political understanding” for the current Chilean political right, facing social unease and restlessness without a clear alternative, without a discourse that articulates its diagnosis or its actions. In the assessment of its author, one of the essential problems of the sector is its lack of intellectual consistency, its inability to envisage and communicate an accurate understanding of our times. By way of comparison, he shows how the conservative right of the Centenary, a full century ago, did know how to respond to questions not very different to those being posed in Chile today with critical analysis and avant-garde thinking.

Keywords: Chilean right, new political cycle, social crisis, critical discourse, political understanding

Received: July 2014; accepted: August 2014.

“… nos envolvieron en un malestar difuso y vago, que todos palpan pero que nadie define”.

Francisco Antonio Encina, Nuestra inferioridad económica

1. Cambio de ciclo

La expresión “cambio de ciclo” supone una visión de la historia en la cual el tiempo posee forma circular y los hechos transcurren al modo de un retorno periódico de lo mismo. La palabra griega de la que proviene “ciclo” (κύκλος) significa círculo, figura que es incompatible con la concepción lineal de la historia, propia del cristianismo y de su variante secularizada, el progresismo. Esta implicancia metafísica de la expresión —presumiblemente ajena a las creencias de aquellos que la comenzaron a emplear en la Nueva Mayoría, quienes lo más probable es que se hayan simplemente hecho eco de manera no reflexiva de las noticias sobre el famoso “Calendario Maya”— no entorpece, sin embargo, su aptitud para llevar adelante una interpretación del momento actual. Cercanos al cuarto de siglo desde que comenzara la transición, el “modelo” estaría agotado y nos encontraríamos en los albores de un nuevo comienzo.

Incluso la implicancia cíclica de un eterno retorno de lo mismo puede resultar adecuada para describir un aspecto relevante de nuestro presente. Ocurre que la historia chilena evidencia un carácter asombrosamente reiterativo: el momento actual de “cambio de ciclo” posee bizarros paralelos con otro cambio de ciclo, que tuvo lugar casi exactamente un siglo atrás: comenzó un año 91, se habló de “malestar profundo” el año 10, hubo una gran efervescencia de la discusión sobre educación un año 12. Más allá de la curiosidad por las coincidencias, más allá también de la concepción del tiempo que se asuma, los paralelos pueden ser significativos desde un punto de vista hermenéutico, pues la observación e interpretación cuidadosa del momento histórico pasado —del “ciclo” de hace cien años— permitirían iluminar el instante histórico actual, dar pistas acerca de cómo comprenderlo y orientarlo.

En Chile se produjo una alteración o mutación profunda en el último tiempo y el país estaría entrando en una nueva etapa, para la cual no hay respuestas a la mano. Parece como si Chile, que permanece el mismo, requiriese mudar de piel, iniciar un proceso de transformaciones en virtud del cual el cuerpo social pueda verse reconocido nuevamente en sus estructuras institucionales.

La capacidad de la expresión “cambio de ciclo” para comprender lo que está ocurriendo en la realidad política y social depende del modo en el que se la use. Hasta ahora, el empleo ha estado por debajo de sus posibilidades y ella ha servido simplemente para organizar lo que parece ser más bien una falta de debate entre los principales sectores políticos nacionales. La centroizquierda se ha inclinado a ocuparla en un sentido muy acotado, ora como herramienta de interpretación de su propio proceso de pérdida y recuperación del poder, ora como mero instrumento de reducción de la multiplicidad de la realidad social y política. La derecha, por su lado, ha utilizado la expresión sin saber cabalmente de sus alcances ni de la historia de los ciclos previos, y se tambalea, según mostraré, entre el mutismo ante las discusiones más teóricas y el activismo.

Sin embargo, hablar de cambio de ciclo sí puede servir para dar cabida al proceso que estamos viviendo. Efectivamente, uno observa movimientos, desplazamientos o alteraciones en un nivel más bien fundamental de nuestra sociedad, los cuales tienen influencia innegable en la vida política y el debate público nacional. Me atrevo a mencionar cuatro alteraciones significativas. Ellas podrían agruparse de otra manera y, eventualmente, cabría agregar otra u otras; toda generalización es una reducción. Aun así, la importancia de las mencionadas parece innegable para hacerse una idea de la dirección y el talante del proceso.

2. Cuatro alteraciones

La primera alteración importante es la disminución o atenuación del miedo. Durante los gobiernos de la Concertación una nueva generación alcanzó la mayoría de edad. Es una generación postdictadura y posterior a la caída del Muro de Berlín, ajena a los múltiples temores con los que se vivía hasta los 80[1]: miedo a la invasión soviética, miedo a los bombazos, miedo a los atentados, miedo a la tortura y a ser detenido, miedo a la pobreza, a la cesantía y al hambre, miedo a la guerra, miedo a la hecatombe nuclear. Una economía, en términos generales, bullente durante casi treinta años, terminó, en general, con el hambre. La URSS desapareció; MJL, DINA, MIR, Dicomcar, CNI, FPMR, etcétera, la larga serie de siglas que asustaban en nuestra política interna, también. Y aunque el riesgo persiste, ya ni se piensa en la amenaza nuclear, retratada con elocuencia en la película War Games, de 1983. Los jóvenes en Chile hoy temen menos perder el empleo, pues obtienen otro con mayor facilidad que antaño. No sólo el tono del ambiente se modificó, sino que también se abrieron posibilidades inusitadas de expresar opiniones y pensar y proponer reformas profundas. El miedo paraliza; el despliegue de la imaginación y las fuerzas vitales constructivas requiere, en cambio, seguridad.

Una segunda alteración se relaciona con el hecho de que en 2010 la derecha llegó al poder democráticamente, poniendo fin a dos décadas de gobiernos de la Concertación. Si bien la derecha perdió estrepitosamente las elecciones de 2013, y en parte contribuyó a desencadenar la ebullición social de los últimos años, no puede desconocerse que su triunfo en las presidenciales marca algo parecido al fin de la transición, en el sentido preciso de que, desde entonces, tanto la derecha como la centroizquierda pueden disputarse el poder político principal en igualdad de condiciones, un poco más lejos que antes de las sombras de la Unidad Popular y la dictadura. Dicho de otro modo: Pinochet y Allende hoy no son el tema políticamente más relevante. De hecho, la derecha llegó al poder con alguien que fue un opositor a ambos. La discusión ha logrado desplazarse desde los ejes firmes que la mantenían fija, volviéndose más insegura e inestable, pero también, de paso, comparable en parte con la que tiene lugar en países políticamente más avanzados. Se puede ya entonces debatir directamente sobre el tipo de política, economía y sociedad que se desea conformar.

Tercera alteración: si el conocimiento y la información son poder, el poder, en este sentido al menos, se ha repartido. Pese a los problemas que arrastra nuestro sistema educacional, es un hecho que la matrícula en los estudios superiores se ha masificado. Hoy el número de estudiantes por cohorte es casi cuatro veces mayor que el de comienzos de los noventa. Este cambio tiene un alto impacto en la vida concreta de los afectados: las universidades, institutos y centros de formación técnica no sólo difunden conocimientos, sino que además posibilitan el establecimiento de redes de contactos, operan como una especie de plaza pública para los concernidos, quizás como ningún otro tipo de instancia, ni aun las plazas reales de sus barrios. Junto con ello, las nuevas tecnologías y medios de comunicación han llegado a producir un cambio —en la mayor parte de los aspectos dañino, pues lo que se gana en rapidez se pierde en intensidad[2]— de alcances aún incalculables, pero de indudable influencia en la discusión política actual, la que transcurre también por los cauces de esas nuevas redes de conexión.

Cuarta alteración: el particular modelo económico y político vigente ha mostrado algunos de sus límites. El poder político se halla crecientemente concentrado en ciertos grupos sociales o incluso familiares de la capital. Si bien los “clanes” no son un fenómeno autóctono, en la política nacional manifiestan una especial eficacia. La dirigencia político-partidista está pésimamente evaluada en las pesquisas de opinión y se la asocia, antes, con ambición individual y banalidad que con la encarnación del interés general o intenciones serias y loables. El carácter acentuadamente oligopólico del sistema financiero y la economía —revelado en los casos de colusión de farmacias y criadores de aves, así como en los de modificación unilateral de cláusulas a los clientes de cadenas de retail— no sólo provoca distorsiones a la libre competencia, con los perjuicios para la eficiencia que ellas traen aparejadas (alzas de precios, pérdida de competitividad); además, los abusos que permite la posición oligopólica desafectan cuando no irritan a los consumidores. Se sabe que las empresas chilenas aportan, en general, poco valor a sus materias, que la industria nacional es incipiente, que las jornadas laborales tienen baja productividad, que las grandes cadenas desplazan al pequeño almacén y erosionan la vida de los barrios, que el sindicalismo representa un problema para el empresariado, lo mismo que las consideraciones medioambientales y urbanísticas.

Respecto de esta cuarta alteración, merece mención aparte un problema especialmente grave. El diseño del país es excesivamente centralista. El tamaño ínfimo de las regiones en las que se agrupan nuestras provincias impide lograr la concentración suficiente de cuadros humanos y recursos en cada una de ellas. El centralismo hace muy difícil alcanzar decisiones adecuadas en terreno y el resultado es, por lo pronto, un conflicto que se agrava en La Araucanía en la misma medida en que las autoridades dotadas del poder para adoptar decisiones eficaces simplemente no saben en concreto de la disputa y de sus múltiples factores, debido a la distancia a la que se encuentran. Ese centralismo exacerbado es responsable de la falta de integración de pueblo y territorio: nuestra nación no se esparce por su paisaje; la mayor parte de ella se hacina en la capital, no se repara en que la naturalidad de los mares y los campos —o de ciudades integradas armónicamente con su entorno— importa posibilidades fundamentales de experimentar sentido a las que se está renunciando. Si el norte es un desierto inhóspito, el sur ha sido convertido en un gigantesco parque nacional, impidiéndose así su colonización. Tanto la efervescencia en Arauco, cuanto los alzamientos sucesivos en diversas provincias; tanto la escualidez del desarrollo de las regiones, cuanto el insano apiñamiento en Santiago vienen a llamar la atención también sobre los límites del centralismo político, económico y social.

Las cuatro alteraciones identificadas hacen, sin duda, que la discusión no sólo se deslice hacia temas más fundamentales, sino que además el ambiente se excite. Las demandas sociales, políticas y económicas se han incrementado a tal nivel, que la capacidad del país se encuentra sobrepasada. Ocurre algo semejante a lo que Francisco Antonio Encina describió hace justo un siglo, en otro ciclo: hay “una especie de desequilibrio agudo entre las necesidades y los medios de satisfacerlas”[3]. La ciudadanía, consciente de los límites del sistema político y económico, sin miedo y más orientada al presente y al futuro que a su pasado, con mayor información y contactos, está poniendo exigencias a las que la capacidad del país no puede responder.

3. C’est une révolution?

El asambleísmo, la defensa de la legitimidad de las deliberaciones de base incluso por sobre las instituciones representativas, la propuesta de una asamblea constituyente son posiciones revolucionarias. Durante la revolución en Francia, las secciones parisinas, de forma parecida a nuestros izquierdistas, tenían despierta consciencia de la importancia de las asambleas populares, no sólo como órganos de deliberación y decisión, sino que también de educación cívica de sus miembros[4]. En el movimiento social hay otros aspectos que poseen también carácter revolucionario, como la estrategia de protestas callejeras constantes y de tomas indefinidas (toda suspensión indefinida del orden institucional es, en último término, revolucionaria). De semejante origen son, asimismo, el cuestionamiento a las diferencias de ingresos[5], las irrupciones violentas en las manifestaciones, la intervención del anarquismo en la conducción del movimiento estudiantil, las “funas”[6] y los modos de discutir que se inclinan a la dénonciation[7]. Todo esto es indesmentible. Sin embargo, en lo fundamental, la situación actual se parece, antes que a una revolución en forma, a un desajuste profundo entre el pueblo y el sistema político y económico, que se expresa al modo de un malestar y una revuelta persistentes, los cuales no alcanzan ni para algo así como una huelga general —ni “política” ni “proletaria”[8]—; tampoco para medidas civiles revolucionariamente mínimas, como el boicot a las grandes empresas sorprendidas en abusos de su posición de poder.

Los líderes de los movimientos sociales, mucho más que una posición revolucionaria, asumen lo que Carl Schmitt llama “romanticismo político”[9]. Reclaman lo suyo con gestos y actitudes estéticas, pero se niegan a realizar cambios radicales y a correr los riesgos que traen aparejados. El ímpetu de los grupos de indignados no basta para soportar la articulación política de una fuerza dispuesta a echar por tierra el orden vigente. Los autores indicados como voces intelectuales del movimiento social hacen un diagnóstico, a veces más vehemente[10], a veces más sobrio[11], de los excesos a los que ha conducido el régimen económico imperante, así como el sistema político que lo ampara, pero que no importa superar el mercado. Estudiantes secundarios y de educación superior, ecologistas, partidarios de una asamblea constituyente, activistas de minorías sexuales, ciclistas furiosos, enfermos, consumidores, usuarios del transporte público, conductores del transporte público, trabajadores en general y todos quienes han vitalizado el movimiento social en su plural conformación están dispuestos a marchar, pero —por ahora— no a intentar una revolución.

Probablemente fue la falta de impulso revolucionario del movimiento social la que produjo que, a muy poco andar, los líderes de su primera hora terminaran transando con las élites establecidas, asumiendo cargos relativamente menores desde el punto de vista de su eficacia —diputaciones, agregadurías culturales—, quedando así atados, a cambio de muy poco, a la lógica y los procesos burocráticos e institucionalizados del aparato de poder.

4. Comprensión política de la época presente

Ocurre a la inversa que con Luis XVI y el duque de La Rochefoucauld-Liancourt: el proceso chileno no es una revolución. Es un conjunto de alteraciones que genera un desajuste, el cual se expresa como revuelta. Sin embargo, las alteraciones y la situación de cambio merecen ser conocidas, ha de atenderse a ellas, deben ser interpretadas de manera lo suficientemente diferenciada como para que las decisiones que busquen conducirlas sean plenas de sentido.

Esta exigencia se funda en dos reconocimientos. Por un lado, aunque no estamos ante un proceso revolucionario, la falta de una comprensión adecuada del momento actual puede provocar en el futuro que, lo que ha sido y parece decantarse como una revuelta de baja intensidad, devenga en un conflicto serio y generalizado y dé paso, eventualmente, a un proceso de características violentas. Por otro lado, aun cuando no evolucione en esa dirección, una comprensión justa de la situación es condición para que, cuanto menos, los abusos y formas de alienación más graves a los que se está sujeto en ella puedan ser develados y se organice la convivencia colectiva de una manera concordante con algo así como el despliegue humano.

Comprender el nuevo contexto de modo correcto requiere evitar simplificaciones, abrirse a la situación y su concreta heterogeneidad en la mayor medida posible; pero además, requiere no mantenerse en una actitud puramente contemplativa o discursiva, sino que decidir. Lo que quiero hacer en las líneas que siguen, antes que plantear posibles soluciones a los acuciantes problemas que emergen en la época presente, es sugerir una exigencia fundamental frente a la que ella nos coloca; a saber, la de desarrollar una metodología o una manera de interpretarla específicamente política.

La comprensión política está afectada por una tensión fundamental entre dos aspectos irreductiblemente involucrados en su actividad. La comprensión abarca una situación que es infinitamente singular, única, irrepetible, excepcional, que incluye la alteridad de los otros seres humanos que existen en ella. Sin embargo, esa comprensión se realiza según unas reglas y conceptos que buscan hacer luz en la situación y organizarla, los cuales poseen un carácter general.

La tensión entre caso y regla hace que la comprensión se mueva siempre entre dos polos. En un extremo se halla la subsunción mecánica de la multiplicidad y singularidad de la situación bajo unas reglas preconcebidas, subsunción que termina haciendo violencia o injusticia a la peculiaridad del caso y a los individuos que se hallan en él. En el otro extremo se encuentra la contemplación puramente pasiva, estética, que se obnubila extasiada ante la infinitud y el carácter en último término insondable de lo real.

Entre ambos polos se encuentra la comprensión propiamente política, la cual está sujeta, en consecuencia, a un doble requerimiento. Por una parte, se le demanda adoptar una decisión, es decir, que en un momento determinado se suspenda la deliberación y se escoja una de las posibilidades de acción a la vista. Por otra parte, empero, se halla siempre también bajo la exigencia de la justicia, de tratar el caso de manera adecuada, proporcionada, no reduccionista[12].

5. El desafío hermenéutico de las élites

Lograr una comprensión que sea, a la vez, capaz de decisión y abierta a la singularidad de la realidad es un desafío —hasta cierto punto imposible— al que se hallan persistentemente sometidas las élites intelectuales y políticas, dada la premisa de que la prosperidad y supervivencia de las democracias republicanas penden de la capacidad de sus conductores de articular efectivamente la insondable voluntad general en una decisión fundada en relatos lo suficientemente complejos. La incapacidad, por una parte, de adoptar decisiones socava la representatividad de esas élites (y deja al pueblo en cierta manera abandonado a las decisiones que adopten otras élites). La subsunción, por la otra, que reduce la complejidad de lo real según un discurso simplificador, puede, si la estrechez de la comprensión es muy acentuada, conducir a la impotencia y la pérdida de legitimidad, o, si se supera un cierto umbral de la complejidad, alcanzar la eficacia como una imposición todavía injusta del mecanismo, en último término, violento del poder sobre los gobernados.

En el primer caso —cuando no se decide, sino que se permanece en la contemplación y el silencio o se insiste en una discusión como intercambio sin fin de experiencias inconmensurables—, las élites pierden también legitimidad por impotencia. Si las nuevas exigencias populares y el malestar son administrados, pero no se cala hondo en la nueva complejidad orientándola hacia caminos de sentido, entonces el pueblo se alejará de sus élites y buscará la salida en otra parte, pues casi siempre hay quienes están dispuestos a decidir. Es lo que parece haber ocurrido en la República de Weimar, donde la clase política no fue capaz de apostar por un liderazgo republicano fuerte, en el grado requerido por la urgencia de los tiempos, y los alemanes siguieron al nuevo partido Nacionalsocialista. También sucedió algo así en cierto momento de nuestra República Parlamentaria, cuando Chile halló salida a su inquietud en aquella oficialidad joven que prometía una regeneración nacional. Esta pérdida de legitimidad por falta de decisión política habría tenido lugar en los años finales de la Transición. Cuando se esperaba un liderazgo fuerte y pertinente en la derecha, la falta de una comprensión política sofisticada y penetrante en el gobierno, su línea de continuidad en la actitud de tramitar el malestar no hizo más que acentuar el desajuste. El resultado es que el pueblo abandonado ha comenzado a mirar a la calle. Todavía está pendiente la pregunta de si acaso lograrán o no la Nueva Mayoría —ahora— y la derecha —en el futuro— recuperar la capacidad de decisión.

En el segundo caso —cuando se desatiende a la multiplicidad infinita de la situación y simplemente se la subsume bajo reglas o ideas preconcebidas—, se abren dos posibilidades. La primera es que la comprensión sea tan estrecha que ella no alcance un umbral de complejidad suficiente como para volverse legítima y persista en la impotencia o ineficacia. También puede ocurrir que ella supere el nivel de complejidad requerido para lograr articular la voluntad popular, no obstante que el discurso desplegado luego sea más simple que lo correcto o exigido ahora por la justicia, es decir, que de todas maneras se perciba como una reducción. En este caso, se dejará efectivamente de hacer justicia y se abrirá paso a diversos modos de violencia: en la medida en que la situación es tratada desproporcionadamente, su singularidad sufre, la alteridad del otro es reducida, todo lo cual —si bien puede producir un estado de efervescencia en los sectores movilizados, un incremento, en su interior, de la legitimidad de los dirigentes— genera el distanciamiento o el temor de quienes no participan en esos modos de violencia y no se reconocen en el discurso de la vanguardia o el movimiento. Como demuestra el mismo caso de Weimar, el movimiento, por el hecho mismo de ser un movimiento, no es necesariamente loable y, al contrario, si se piensa en la justicia y en la exigencia que ella plantea de reconocer la singularidad del otro, la mecánica del movimiento puede ser, precisamente, injusta. Parece haber una ley según la cual la revolución se inclina a la subsunción reduccionista.

Esta doble exigencia —de apertura suficiente a la complejidad y singularidad de la situación, de un lado, y capacidad de decisión, del otro— resulta especialmente apremiante en el Chile de hoy. Pese a sus diferentes actitudes, ocurre que tanto la derecha como la izquierda han carecido en el último tiempo de un modo de comprensión adecuado, como lo prueba el destino que está viviendo, en ambos sectores, la noción de cambio de ciclo. A la derecha le falta discurso, a la izquierda le sobra. El mutismo de la derecha en las discusiones teóricamente más exigentes, su especie de parálisis contemplativa frente al abismo, generada por una situación post Guerra Fría para la que carece de un aparato conceptual suficientemente denso y sofisticado, viene a ser el correlato de una izquierda que, con un discurso ciertamente algo más complejo, se apresura a hablar de manera hegemónica, a copar las “discusiones de fondo” en el espacio público, a pensar la noción de cambio de ciclo de modo autorreferente, cuando no para interpretar la realidad como si sus puntos de vista fuesen ciencia[13].

6. La derecha, entre el silencio y la zalagarda

La derecha chilena actual encarna efectivamente ciertas ideas y sentimientos de validez general. No es mero grupo de interés, por eso puede hablarse de una derecha propiamente política, distinta de una derecha económica. La derecha política se identifica con nociones como las de orden, esfuerzo, libertad y nación. También ha dejado de manifiesto que, gobernando, tiene una gran capacidad para mantener niveles desafiantes de crecimiento económico. Todo esto es loable, pero los hechos de los últimos años han mostrado que no alcanza para enfrentar el momento presente, mientras no se logren organizar esas ideas y sentimientos en una totalidad discursiva sofisticada, que permita hacer luz sobre la situación concreta y servir de orientación general a las políticas públicas particulares.

Probablemente Jaime Guzmán fue el último de los políticos de derecha capaz de articular un discurso a la altura de su tiempo, a tal punto que, aún hoy, tras casi veinticinco años de su asesinato, el suyo es el único relato vigente dentro de ese sector. Si esto es verdad, entonces ocurre que la derecha durante todo lo que va del ciclo político actual, el que comenzó en 1990, o sea, un año antes del asesinato de Guzmán, ha funcionado con un discurso cuyas últimas actualizaciones fueron realizadas a comienzos de 1991.

Este líder de la derecha chilena merece un estudio por sí mismo, que lo aleje del pedestal mítico y estéril en el que lo han colocado tanto los partidarios suyos que comprenden su pensamiento como si éste fuese algo parecido a un estático corpus doctrinario (antes que un conjunto de reacciones puntuales —a veces geniales— a circunstancias momentáneas), cuanto sus detractores, quienes lo caricaturizan como la mente perversa tras los abusos del “modelo”, sin caer en la cuenta que Guzmán jamás defendió como principio la concentración del capital, sino al contrario su distribución[14], o las violaciones a los derechos humanos, omitiendo su papel en la lucha contra esas violaciones, entre cuyos resultados descollantes está la desaparición de la DINA[15].

Guzmán fue un político inteligente, no un teórico. Cambió de posiciones cuantas veces estimó necesario, desde el corporativismo al liberalismo económico; desde el autoritarismo a la democracia, no por mero oportunismo, sino para defender, con sentido del tiempo, lo que estimaba fundamental: la irreductible libertad del espíritu y su posibilidad de desplegarse en un mundo afectado por inmensos poderes seculares. Su defensa de la economía de mercado, antes que a un amor al capitalismo, se debía a que la entendía como un mecanismo eficaz para dividir el poder y garantizar la libertad. Si el Estado controla toda la vida económica, decía, luego “basta que ese omnímodo poder estatal caiga en manos de un gobierno que esté dispuesto a emplearlo en forma inflexible e inescrupulosa” para que la libertad desaparezca[16]. Como Montesquieu, era consciente de la mecánica del poder, según la cual la libertad queda garantizada cuando ese poder se divide. Su autoritarismo durante los setenta y ochenta fue la respuesta que estimaba institucionalmente adecuada a la amenaza del socialismo real, insoslayable en la Guerra Fría de esos años, con los pesqueros soviéticos acechando las costas chilenas y grupos guerrilleros operando al interior del país. Si bien esta posición no lo exime de la crítica, no ha de confundirse, en el caso de Guzmán, su adhesión al autoritarismo con el tema de las violaciones a los derechos humanos, a las que —como he indicado— se opuso y no simplemente levantando la voz, sino asumiendo riesgos tan graves como hacerle frente a Manuel Contreras[17].

Muerto Guzmán y cuando se ha producido una modificación fundamental del entorno político, social y cultural, la UDI y la derecha entera se hallan de pronto carentes de un relato válido para el momento presente. Ya no es pertinente un discurso de Guerra Fría ––propio de Guzmán–– a un cuarto de siglo de caído el Muro de Berlín. La ausencia de una articulación de ideas actuales ha terminado conduciendo a la derecha al mutismo, expresado tan intempestivamente en el año 2011 ante el movimiento estudiantil, en 2013 frente a los cuarenta años del golpe militar y, ahora, en los primeros meses del gobierno de Bachelet[18].

La ausencia de un discurso pertinente ha incidido en la pérdida continua de legitimidad de este sector, evidenciada tanto en las elecciones municipales de 2012, cuanto en las presidenciales en 2013. Las derrotas electorales son el reflejo último de una realidad directamente asociada a esta carencia fundamental de discurso: la derecha no encarna suficientemente en estructuras de poder legítimas.

La presencia que en los ochenta y noventa tuvo la derecha en sectores pobres de los grandes conglomerados urbanos en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, Concepción y Talcahuano, así como en colegios profesionales y gremios significativos, o antes, en el mundo agrario, o, más atrás todavía, en los sindicatos (recuérdese que la Federación Obrera de Chile fue fundada por miembros del Partido Conservador[19]) y durante todo el siglo XIX y parte importante del XX en la Universidad de Chile y la administración pública se ha debilitado fuertemente. El peso electoral de la derecha se desequilibró de manera peligrosa, replegándose hacia el sector oriente de Santiago y parapetándose en el tercio histórico o de clase. Podría decirse sin exagerar demasiado que —en cuanto a estructuras de poder se refiere— la derecha hoy se encarna preponderantemente en una parte de la oligarquía social y empresarial (con aliados aquí y allá en grupos de clase media emergente) y en un sector de la Iglesia Católica. En los dos casos, se trata de agrupaciones cuya legitimidad se ha visto fuertemente desgastada.

Pero esa ausencia de encarnación en estructuras legítimas de poder es el efecto, no la causa. La causa es la falta de discurso político. En las grandes discusiones, donde se exige mayores conocimientos teóricos, la derecha ha guardado silencio, como quien calla ante lo insondable. El mutismo de la derecha evidencia que sus herramientas comprensivas no son adecuadas a la complejidad del fenómeno social, político y económico, que en nuestro tiempo tiene ineludibles implicancias teóricas. No se puede discutir con los estudiantes de manera persuasiva sin saber suficientemente de teoría política. A medida que la carga teórica crece, aumenta correlativamente la incapacidad de la derecha de comprender el fenómeno y termina callando.

La derecha en cierto modo trata de llenar el vacío de su falta de discurso con una doble actitud. A las medidas particulares del Gobierno ella no responde con críticas que puedan reconducirse a una teoría política sofisticada, sino con la disposición de oponer a tales medidas indicaciones puntuales[20]. Lo que predomina en esta dimensión “micropolítica” es la zalagarda, la escaramuza. En las discusiones más de fondo, la derecha suple la ausencia de un discurso complejo mediante un destilado escolástico de ideas que se encuentran en algunos de los textos de Guzmán, como la de libertad, a la que se vincula ––sin cuidado suficiente–– con la defensa del sistema económico capitalista al modo chileno, o como la de subsidiariedad —privada de su faz positiva—, a la que —nuevamente— se vincula, sin cuidado suficiente, con la defensa de esa modalidad del capitalismo. Las ideas de Guzmán eran muchas veces atingentes, plenas de sentido en la Guerra Fría, pero hoy, y sin mayores aclaraciones y matizaciones, no podrían servir sino para llevar adelante una reducción excesiva de los procesos que afectan a la nación[21].

Esta doble actitud puede ser vista como una evasión. Con zalagarda y la aplicación mecánica de ideas formuladas en un contexto distinto, la derecha viene a llenar con ruido el angustioso silencio ante el abismo de lo inconmensurable, de la singularidad y complejidad teórica de la nueva situación. El “espíritu de consigna” parece estar prevaleciendo sobre las silenciosas labores de estudio necesarias para una comprensión de lo nuevo[22].

Es innegable que el activismo de la derecha ha resultado parcialmente eficaz, y muestra, de paso, que la Nueva Mayoría se ha excedido en los niveles razonables de subsunción. En lo que va del año, la derecha ha contribuido a despertar la inquietud de los contribuyentes en el debate sobre la reforma tributaria y a firmar un acuerdo con el Gobierno. Ha logrado movilizar, asimismo, a los apoderados de los colegios subvencionados frente a la reforma educacional. También está la posibilidad de que la crisis económica golpee al Gobierno más fuerte de lo previsto y de que Piñera aparezca en tres años más como el especialista capaz de restablecer los niveles de crecimiento en el país. Vale decir, si tiene suerte volverá al poder. Pero hay un después de Piñera. E incluso Piñera necesita urgentemente un discurso, si su nuevo gobierno ha de poder enfrentar no sólo con resultados económicos a sus oponentes y limitar con argumentaciones bien planteadas los embates de la movilización social.

7. Contraste con el pasado

El problema de la ausencia de un discurso complejo como explicación a la pérdida de legitimidad política en la derecha puede no resultar manifiesto a primera vista. Hay muchos en ese sector que parecen no percatarse de él o, aunque lo mencionan, no tienen claridad sobre su real alcance. Si a alguien, empero, le quedaran dudas, la carencia aparece con especial nitidez cuando se compara lo que ha ocurrido en las últimas décadas con el pasado más remoto. No siempre la derecha fue como hoy. Ni —incluso— como cuando Guzmán vivía. Guzmán es el último vástago de una historia más que centenaria, de una derecha intelectualmente mucho más robusta que la actual[23]. Hubo un tiempo en el que en ese sector había una vinculación estrecha entre acción y pensamiento político, un tiempo en el que la derecha tenía intelectuales y académicos de vanguardia que participaban en política, y los políticos de derecha eran ilustrados por el pensamiento filosófico. La escisión que vivimos es un asunto más bien nuevo.

Durante el siglo XIX, por ejemplo, la derecha contaba, por el bando conservador, con Abdón Cifuentes, ministro y parlamentario, fundador de la Universidad Católica, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile; con Zorobabel Rodríguez, diputado, poeta y ensayista, fundador de la Academia Chilena de la Lengua y profesor de Economía Política en la Universidad de Chile. Por la tradición liberal y laica, descuellan José Victorino Lastarria, escritor, miembro de la Sociedad Literaria de 1842, cuyo discurso inaugural fue de su autoría[24], fundador de la Universidad de Chile, decano de su Facultad de Filosofía, ministro y parlamentario; Benjamín Vicuña Mackenna, miembro, de joven, en la Sociedad de la Igualdad, parlamentario, recordado intendente de Santiago y destacado historiador; Diego Barros Arana, autor de la magna Historia general de Chile[25], quien intervino activamente en las disputas ideológicas de la segunda mitad del siglo, decano también de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, rector de esa universidad y del Instituto Nacional. Antes aun, se encuentra Antonio Varas, el ministro de Montt, impulsor de la Sociedad Literaria de 1842, profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional, del que llegó a ser su rector, al igual que el propio Montt.

A comienzos y mediados del siglo veinte se hallaban en las filas derechistas pensadores de la talla de Mario Góngora, Francisco Antonio Encina, Luis Galdames y Alberto Edwards. Los cuatro participaron activamente en política. Góngora fue quizás el más distante de la acción, pero así y todo dirigió la revista Lircay, fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, del Partido Conservador, y escribió, en pleno auge del discurso antiestatista, su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX[26] para reparar en la importancia de un pensamiento lúcido sobre el significado de la institucionalidad política en la vida de la nación. Encina —el autor de Nuestra inferioridad económica y de una monumental Historia de Chile[27]— fue diputado y fundador del Partido Nacionalista, junto a Edwards —la egregia pluma tras La fronda aristocrática en Chile[28], parlamentario y ministro en varias ocasiones— y Luis Galdames, quien escribió, entre otras obras, Estudio de la historia de Chile[29] y Geografía económica[30], fue uno de los redactores de la Constitución de 1925 y llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile.

Edwards, Encina y Galdames forman parte de una generación más amplia, en la que se cuentan también, entre otros, a Tancredo Pinochet[31], Alejandro Venegas[32], Luis Ross[33], Guillermo Subercaseaux[34], generación que gira temporal y conceptualmente en torno a la llamada Crisis del Centenario (acontecimiento de vastos alcances y en el cual jugaron un papel significativo políticos e intelectuales de todos los sectores, entre los que destacan, por la izquierda, Luis Emilio Recabarren y, por los radicales, Enrique Mac-Iver), el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria (1912) y la fundación del Partido Nacionalista (cuyo año de creación es oscuro, pero de cuya existencia ya hay constancia para las elecciones de 1915[35]), y que se caracteriza por sostener una crítica de la sociedad chilena, rehabilitar el elemento popular, asumir una actitud antioligárquica, así como por afirmar la importancia de una enseñanza con énfasis nacional y técnico[36]. La potencia intelectual de la derecha en esos años le permite decir a Alfredo Jocelyn-Holt que, “desde un punto de vista político (…), Edwards y Encina han sido —querámoslo o no— nuestros pensadores políticos más influyentes durante este siglo” (se refiere al XX)[37].

8. Encina y Edwards

Ciertamente, Encina, el historiador, presenta peculiaridades —como la excesiva importancia que le atribuye a los factores raciales— difíciles de admitir hoy. Sin embargo, la densidad filosófica y capacidad de penetración de su pensamiento son indudables.

Parte del significado político de Encina emana de su lúcido diagnóstico de la Crisis del Centenario. Encina describe la mecánica del cambio de ciclo político, cuya condición de posibilidad es la asimetría entre “ideas y sentimientos tradicionales” realmente encarnados en el pueblo, e ideas abstractas, no encarnadas aún en ese mismo pueblo[38]. Los primeros poseen una eficacia conformadora ya probada, que provee a la existencia colectiva de un orden. Encina no es ciego a las imperfecciones de ese orden[39]. Sin embargo, asume una defensa del mismo, en tanto que se trata de una conformación capaz de dar sentido, aunque imperfectamente, a la existencia del pueblo. Cuando esa conformación goza de vitalidad, entonces no sólo el caos, sino que también “el malestar” y “el descontento” quedan conjurados[40]. El rasgo concreto de las ideas y sentimientos realizados los pone, sin embargo, en una posición vulnerable, pues junto a ellos hay otras ideas abstractas. Las ideas abstractas tienen la ventaja respecto de las otras de ofrecer todo su luminoso atractivo —ora en su pura idealidad, ora como contenidos ejemplarmente realizados en otro pueblo (probablemente uno altamente desarrollado)— sin que ellas hayan aún debido exponer, empero, los retrocesos que puede traer aparejada su realización en la propia nación. Así las cosas, basta que las ideas externas entren en relación con un vector eficaz (el libro, los viajes, el librecambio[41]) para que ellas se vuelvan un agente desquiciante. Si respecto de las ideas abstractas su intercambio y discusión puede ser un ejercicio inocuo y hasta estimulante, “la experiencia social demuestra” que las ideas y sentimientos concretos del pueblo “no pueden ser quebrantados o modificados bruscamente, sin grandes trastornos morales”[42].

Encina no se queda en el lamento romántico ante el pasado perdido, sino que identifica en la educación una forma de superar el desbarajuste y volver a alcanzar la realización de ideas y sentimientos conformadores y estabilizadores en el pueblo[43]. No cualquier educación, sino una más orientada a las virtudes industriales que a las militares, más al saber técnico-práctico que al humanista especulativo[44]. Este énfasis no ha de entenderse como algo parecido al economicismo financiero y comercial de nuestros contemporáneos, sino como la observación de la mente capaz de un intelectual formado acerca de la importancia de una educación centrada en desarrollar la “fuerza de la inteligencia para conocer la realidad” y no sólo “el poder del discurso”[45]. Encina aboga por desplegar, mediante la educación, en el pueblo y sus élites excesivamente inclinadas a las humanidades y las ciencias (asuntos para los que, a su juicio, sólo es apto un pequeño grupo[46]) destrezas y capacidades requeridas por la industria, y a las que vincula con las “más fecundas fuerzas psíquicas”: “la ambición inexhausta, la fe fanática en el propio esfuerzo, el deseo de poderío y grandeza”[47]. Nada cercano a los afanes limitados y autocontenidos de nuestros contemporáneos funcionarios comerciales y financieros, Encina busca desencadenar las compungidas fuerzas mentales profundas capaces de infundir espíritu en la actividad productiva. En este sentido, llega a hablar de “los héroes del trabajo y de las industrias”[48].

El industrialismo, al cual apunta Encina con su propuesta educativa, opera como el “esquema” o intermediario entre los ideales y la realidad, capaz de restablecer la adecuación entre el estadio de desarrollo de la nación y una manera de organización institucional. Él viene a ser como una nueva disposición o actitud a inculcar por medio de la educación y de cuya realización depende la armonía entre las fuerzas del pueblo y sus ideales[49].

Este problema de la adecuación de la nación en un estadio determinado de su evolución histórica y el tipo de organización institucional es también, en último término, una cuestión política: que se logre tal adecuación depende, en definitiva, de la capacidad de las élites de notar el momento evolutivo del pueblo y no aplicarle simplemente fórmulas exóticas. Tanto en la propuesta educativa cuanto en la política, Encina expresa un modo de comprensión que él mismo define, y que busca distanciarse tanto del sometimiento acrítico de la realidad a “moldes”, “leyes” o “sistemas filosóficos, sociológicos o políticos”, como a “abstracciones o conceptos meramente intelectuales”, cuanto del éxtasis estético. Se trata, en cambio, de “mirar la realidad cara a cara”, pero “ganando, después, la altura” requerida para la orientación y la decisión[50].

Alberto Edwards describe en su principal obra, La fronda aristocrática en Chile, el proceso de surgimiento, despliegue y decadencia del Estado portaliano, asentado sobre el reconocimiento del dato sociológico de la capacidad de obediencia interior del pueblo chileno, adquirida en siglos de régimen monárquico[51]. De manera parecida a Encina, Edwards repara en el carácter valioso del orden político. “El poder público es algo más que un hecho, y reposa en un principio de legitimidad superior”[52]: puesta a existir, una colectividad no tiene más alternativa que elegir entre algún tipo de sometimiento que la aparte del caos. Vale decir, la alternativa no es entre obediencia o desobediencia, pues la segunda es camino de disolución, sino entre dos tipos de obediencia: o la adhesión a un principio espiritual o el sometimiento material a un mecanismo. “La sociedad, para subsistir, necesita de cadenas, espirituales o materiales”[53]: el segundo tipo de sometimiento es funesto; el primero, en cambio, la “deferencia” o “subordinación del corazón”, es la única base posible de un “régimen político ‘en forma’”, como el que experimentó Chile hasta la crisis de la República parlamentaria[54]. La historia de Chile, que “se desarrolló” como “lenta y majestuosa”, “evolución política comparable a la de los países ‘no españoles’”, contrasta en este sentido gravemente con la de nuestros vecinos, quienes cayeron “bajo el yugo de los despotismos intermitentes y accidentales”[55].

Al igual que Encina, Edwards es lo que podría llamarse un tradicionalista crítico. Su argumento contra los reformistas radicales no es la mera emanación del temor al futuro o del afecto dogmático al pasado, sino que se apoya en la ausencia de realización empírica que afecta a las ideas abstractas: “El demoledor rara vez conoce siquiera los planos del edificio con que va a reemplazar el que intenta destruir”. Antes de la iniciación de faenas, Edwards le exige “preguntarse, aun en sus horas de descontento y duda, si existe la posibilidad de algo mejor”[56].

9. La hegemonía de la derecha en el Centenario y crisis actual

Encina y Edwards le garantizaron a la derecha de su tiempo y del que vino el predominio ideológico: “Poseen una capacidad interpretativa, un impulso revisionista, una mayor profundidad y densidad filosófica que el bando liberal agotado. Nada de extraño, por lo mismo, que se impusieran. Y no sólo entre los sectores de élite, sino también en el mundo de la izquierda”[57]. Encina y Galdames lograron que sus ideas triunfaran ante la completa clase intelectual del país, en el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria de 1912: “La reforma, presentada conjuntamente por Encina, Darío Salas y Luis Galdames fue aprobada por el Congreso por aclamación”[58]. Este es un predominio que resulta apabullante, si se lo compara con la actualidad. ¿En qué foro intelectual de esa envergadura podría la derecha de hoy llegar a ser aclamada por sus propuestas?

Para los dos siglos pasados vale que el hecho de contar con un pensamiento denso de lo político y del Estado le permitió a la derecha mantener un peso irreprimible. Sus lazos con grupos económicos eran estrechos, pero además ella poseía un carácter y una legitimidad irreductiblemente políticos, precisamente gracias a la existencia de una raigambre fuerte de sus acciones en un pensamiento de lo político. La derecha del pasado se desenvolvía con soltura en las estructuras de poder legítimo —la Universidad de Chile, la Iglesia Católica, la administración pública y el Estado, los gremios, hasta las organizaciones obreras—. No se encontraba, como hoy, atrincherada en agrupaciones de legitimidad decreciente, sino que desplegada firmemente allí desde donde el país era efectivamente liderado. Podía estar cómodamente en esos lugares porque tenía un discurso a la altura de su tiempo, un discurso político de vanguardia.

Ese cruce de pensamiento y acción se halla hoy en crisis. Sólo un pensamiento nutrido puede liberar a la derecha de los tambaleos entre mutismo y activismo, pues salir de esa situación requiere, precisamente, la capacidad de hablar con prestancia allí donde las disputas son existencialmente complejas y teóricamente densas. Se necesita una crítica de las sedimentaciones trasladadas desde la Guerra Fría hasta hoy, que le permita a la derecha ampliar sus límites comprensivos y levantar lo que el ciudadano común que no milita en una ideología particular mira no pocas veces como a verdaderos topes impuestos por ese sector al progreso material y espiritual de la nación, a saber, la connivencia negligente con el mercado en su versión oligopólica; una actitud social oligárquica; un encierro en los márgenes de la capital nacional para el cual las provincias y los mapuches están simplemente excluidos del foco de atención, salvo cuando se ejerce violencia; la insensibilidad, cuando no franca reticencia, hacia el mundo de la cultura y el pensamiento allende la economía; una inclinación materialista; la despreocupación por la integración de nuestro habitante con sus vecinos, la ciudad, el paisaje. En la mente del ciudadano común se llega a responsabilizar a la derecha de estas actitudes, así como de una larga lista de males, que van desde la pasividad frente a la violación de los derechos humanos hasta el desinterés ante las condiciones humanas de los trabajadores, por los que probablemente ella no se ha sentido ni se sentirá concernida en la medida en que le corresponde mientras no predomine de una vez en su interior una actitud nueva, de reflexión honesta y coraje comprensivo para adoptar decisiones profundas y alcanzar el nivel de simple y llana humanidad que nunca debió haber perdido.

10. ¿Retorno de lo mismo?

Los cambios que ha experimentado nuestra sociedad han generado un desfase entre las demandas populares y las instituciones. También entre el pueblo y su territorio.

Los paralelos de esa situación con la crisis que diagnosticaba Encina y toda la generación del Centenario son asombrosos. En los dos momentos aparece un malestar nacional profundo; una grave diferencia entre las exigencias populares y los medios de satisfacerlas; un distanciamiento del pueblo respecto de una clase política y económica oligárquica; un desengaño con el período histórico inmediatamente anterior (el inicio de la República Parlamentaria está casi a la misma distancia del Centenario que el retorno a la democracia del Bicentenario); el clamor por una reforma educacional fundamental (que se expresa en el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria de 1912, prácticamente un siglo antes de las movilizaciones estudiantiles de 2011); la necesidad de impulsar la industria nacional y preparar a los trabajadores para ese desafío.

¿Estaremos viviendo en nuestro “ciclo” un retorno de lo mismo?

Tal como para el Centenario, la clase política nacional es hoy parte del problema. Me he referido sólo al pasar al hegemonismo de la izquierda y sus dificultades, y con más detalle a la derecha y su ausencia de discurso. Los modos de comprensión de ambos sectores no parecen ser lo suficientemente complejos como para decidir asertiva e inclusivamente la situación nacional y volver las cosas a un cierto orden y sentido.

Conocemos lo que siguió a la crisis del Centenario y eso es historia. Lo que ocurrirá con el país actual probablemente depende de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Habrá disponible, para hacer la comprensión exigida, visionaria y decisiva, algo así como una generación del Bicentenario?[59] EP

Notas

1 Thomas Hobbes indicaba al miedo como fundamento sobre el cual se erige el Estado: ver Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 89. Por si quedasen dudas acerca de la importancia del miedo en la historia patria del período de marras, citamos aquí a Jaime Guzmán, quien tan temprano como en 1969 escribía: “Quien observe la realidad político-social por la cual atraviesa Chile en la actualidad no puede dejar de reparar en la acentuación de un elemento inquietante dentro de ella: el temor, el miedo —cada vez crecientes— que siente el ciudadano común para discrepar en forma pública, abierta y personal, frente al poder estatal y a quienes lo ejercen”. Ver Jaime Guzmán, “El miedo: síntoma de la realidad político-social chilena”, Estudios Públicos 42 (1991): 255. El joven Guzmán era consciente de este factor fundamental de la política. Ya entonces parecía adelantarse a todo lo que vendría después: el miedo a la izquierda internacional, al socialismo real, a perderlo todo, a la invasión soviética, a la muerte violenta a manos de otro; el miedo también a la derecha sediciosa, nueva versión del “complot aristocratique”, a la tortura, a la desaparición.

2 Hugo Eduardo Herrera, Más allá del cientificismo (Santiago: Ediciones UDP, 2011), 93-103.

3 Francisco Antonio Encina, Nuestra inferioridad económica (Santiago: Universitaria, 1981), 177. Continúa Encina: “No es difícil señalar el origen de esta regresión”. Él se hallaría en una alteración brusca del piso de ideas, creencias y costumbres que estabilizaban la existencia nacional desde la Colonia, producida por el contacto más estrecho con la civilización europea (ibídem 176-177). Se podría establecer con cierta facilidad una analogía entre la llamada “crisis moral” del Centenario con la situación actual, tanto en algunas de sus causas particulares, que no son muy distintas, cuanto —y especialmente— en la mecánica del proceso, que va desde una alteración de las creencias, ideas y costumbres a una desestabilización de la relación entre las exigencias sociales y la capacidad del país de darles respuesta.

4 Ver Albert Soboul, The Sans-Culottes (Princeton: Princeton University Press, 1980), 119-120.

5 Ibídem, 48-49.

6 Como la que afectó a José Joaquín Brunner el 3 de junio de 2014.

7 Ver, como buen ejemplo, el artículo de Alberto Mayol, “Brunner, Peña, Bachelet: la educación y la transmutación de lo público”, diario electrónico El Mostrador, 17 de diciembre de 2013, en el cual no se somete a una crítica rigurosa los argumentos de los aludidos, como que lo público y lo estatal no coinciden (algo que, por lo demás, ya reconocía el propio Kant [ver “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”, en Akademieausgabe (Berlín: Walter de Gruyter, 1900), Vol. VIII, 35-42]). En cambio, Mayol se concentra en exponer los vínculos profesionales y develar los presuntos intereses de los mencionados.

8 Ver Georges Sorel, Réflexions sur la violence (París: Marcel Rivière, 1910), 217-218.

9 Ver Carl Schmitt, Politische Romantik (Berlín: Duncker & Humblot, 1998).

10 Ver Alberto Mayol, El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo (Santiago: LOM, 2012). Toda la energía que despliega Mayol en su libro termina siendo la —por momentos extravagante— puesta en escena que acompaña un resultado comparativamente muy modesto: no es “[l]a crisis de la economía de mercado” o del “capitalismo” como tal lo que evidencia el texto (pp. 16-17), sino simplemente la de una especialísima versión del mismo o, mejor aún, de algunas de las condiciones de sus abusos más elocuentes.

11 Ver Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant, El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público (Santiago: Debate, 2013). Se trata, en este caso, de un libro lo suficientemente matizado y complejo como para servir, en términos generales, de diagnóstico y propuesta reformista socialdemócrata.

12 He intentado restringir al máximo las referencias a textos filosóficos especializados. Los que sirven de base para las indicaciones hermenéuticas que formulo son los siguientes: Carl Schmitt, Gesetz und Urteil (Múnich: Beck, 2009), VII, 8, 28, 32, 40, 48-52, 69, 71, 75, 93-94; Politische Theologie (Berlín: Duncker & Humblot, 1996), 40; Politische Romantik (Berlín: Duncker & Humblot, 1998), 167; Der Begriff des Politischen (Berlín: Duncker & Humblot, 1996), 120-121; Jacques Derrida, “Force de loi: Le ‘fondement mystique de l’autorité’”, en Cardozo Law Review 11 (1990), 960, 970. Derrida recoge la problemática indicada, la cual —no obstante el contexto a la vez moderno y postmetafísico en el que la plantea Schmitt— es aristotélica en su origen. Ver también Aristóteles, Ética nicomaquea (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989) V, 14, 1137b; Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, en Gesammelte Werke (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), Vol. I, 313.

13 Si la derecha peca por defecto en el campo discursivo, decíamos, la izquierda lo hace por exceso. Ella puede llevar fácilmente a palabras, a una teoría, el fenómeno social y político actual, incluidos sus alcances más complejos. Podría decirse que cuando las implicancias teóricas del fenómeno social y político se incrementan, la izquierda tiene entonces su momento. Sin embargo, no obstante la mayor capacidad discursiva, en el discurso actual de la izquierda se observa un reduccionismo que opera en dos niveles. Recientemente, Francisco Vidal, un dirigente con alguna preparación teórica, cae, sin embargo, en la simplificación de identificar la “agenda gubernamental” en la versión que le da la “izquierda de la coalición” con “el nuevo sentido común que domina en Chile”; ver Francisco Vidal, “Cien días, Walker y Gramsci”, El Mercurio, 28 de junio de 2014. El sentido común sin más coincidiría con la agenda gubernamental y al modo cómo la interpreta el ala izquierda de la coalición. El argumento es en verdad puramente retórico, una sinécdoque o identificación de una parte con el todo, en este caso: la comprensión de la realidad que tienen grupos bastante menores del pueblo con el sentido común como tal. La identificación no se sostiene lógicamente. Se trata de una síntesis imaginada, carente de “realidad objetiva”, como diría Kant. Aunque en la política la retórica pueda ser una herramienta eventualmente eficaz, la identificación en este caso es francamente manipuladora, pues ella importa manifiestamente pasar por sobre la voluntad de aquellos que de manera explícita están expresando su desacuerdo con la lectura indicada del programa, y por “aquellos” se entiende a una parte importante de la Democracia Cristiana y sectores en la Nueva Mayoría cercanos a ella; también a Fuerza Pública, Amplitud, Horizontal, la UDI y RN. ¿No cuentan estas opiniones, de tal suerte que pueden ser simplemente soslayadas? ¿No hay una injusticia grave en ese desconocimiento directo de la opinión del otro?

Dentro de la Nueva Mayoría hay excepciones muy significativas a la actitud hegemónica. La centroizquierda es una fuerza influyente en gran medida gracias a las opiniones sopesadas de sus científicos e intelectuales, que los tiene en abundancia. Los moderados le otorgan a la Nueva Mayoría una capacidad multiforme mucho más rica y compleja que la que posee la derecha, y que le permite hacerse de una enorme diversidad que queda fuera de la comprensión de mundo de aquel sector. Parte del éxito del grupo moderado depende de que extienda su diagnóstico y entienda el proceso de cambio de ciclo no sólo como un asunto que concierne sólo o casi exclusivamente a la Nueva Mayoría, sino como un desbarajuste general que afecta al país completo (ésta es una de las dos falencias que se detectan en el, por lo demás, muy buen análisis de Ernesto Ottone expuesto en “Cambio de ciclo político”, Estudios Públicos 134 [2014], 169-185). Es relevante que este sector no desconozca que sus gobiernos se enmarcan dentro de un panorama mucho más amplio, que incluye a la derecha, sus gobiernos democráticos y las políticas públicas acertadas que ellos lleven adelante. Sólo así se le podrá dar una continuidad al desarrollo del país. Casos como la suspensión sin justificación suficiente de ciertas políticas públicas, al parecer simplemente porque venían del gobierno anterior, o los del desconocimiento de contrataciones efectuadas mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, impiden o dificultan gravemente, en el largo plazo, una acción política constructiva, que vaya más allá del interés mezquino o el gobierno de turno. Es importante, además, que se supere la excesiva confianza que por momentos asoma cuando en ese sector se cree que basta con procedimentalizar la crisis para que la infinita multiplicidad de tensiones pueda ser reconducida en las tres reformas que propuso el programa de Michelle Bachelet (constitucional, tributaria y educacional); Ottone, ibídem, 173. Lo que a esta altura puede ser llamada la Crisis del Bicentenario exigirá, posiblemente, mucho más que esas tres reformas, así como están planteadas. Piénsese, por ejemplo, en la diversidad de temas que deberán afrontarse, la cantidad de recursos de la que se deberá disponer, la inmensidad de las barreras que habrá de superar o echar abajo para que la educación adquiera un carácter auténticamente nacional, integrador y de excelencia. Mientras ese nuevo sistema de educación no se haya implementado, todas las reformas que se le introduzcan al actual ni rendirán los frutos esperados ni lograrán la superación de la crisis, en la exacta medida en que un reencauzamiento de la sociedad hacia un orden de sentido exige una ciudadanía nueva —nuevamente educada—. Tampoco se dejará atrás el desajuste social mientras no se avance en un tema que, aunque incluido en el nuevo programa, no es asunto prioritario: una reforma de la relación que mantiene el Estado y la sociedad con el paisaje y el territorio. Sin una regionalización fundamentalmente distinta a la atomización y abandono de las provincias y la concentración hacinada de la mitad de la población en Santiago, no es posible pensar en una mejoría sustantiva en la calidad de vida de la nación.

14 Ver Jaime Guzmán, “La iglesia chilena y el debate político”, en Estudios Públicos 42 (1991): 297-298.

15 Un juicio moral sobre el papel de Guzmán en la dictadura y su decisión de respaldarla a pesar de saber efectivamente de las violaciones a los derechos humanos exigiría analizar detenidamente no sólo sus acciones, que no son suficientemente conocidas más allá de indicaciones genéricas sobre la Constitución de 1980 o su apoyo al régimen, sino los dos miedos entre los que esas acciones operaban: por una parte, el miedo a los aparatos de seguridad, a Contreras, a los “duros” y a la posibilidad de que ejecutaran sus amenazas (Gazmuri sugiere que Contreras habría estado tras la muerte de Guzmán, ver Cristián Gazmuri, ¿Quién era Jaime Guzmán? [Santiago: RIL, 2013], 108, 116), y, por otra parte, el miedo a caer en un régimen socialista real, de cuyo desprecio por los derechos humanos Guzmán tenía una consciencia especialmente lúcida.

16 Guzmán, “El miedo”, 258. Probablemente, de estar vivo hoy, sus opiniones serían muy distintas a lo esperable de la versión fosilizada que se tiene habitualmente de él desde un lado y otro, por la regla perenne según la cual las mentes dotadas son más flexibles y veloces que las otras. En 1972, por ejemplo, escribió: “La estructura tradicional de la empresa debe ceder su paso a otra más justa y más humana (…) reconociendo siempre al capital privado un margen mínimo de utilidad que lo atraiga a arriesgarse para crear nuevas riquezas”. Agregaba la necesidad de establecer “los mecanismos adecuados para que quienes trabajan en una unidad productiva tengan efectiva participación en la gestión, propiedad y utilidades de ella”; Guzmán, “La iglesia”, 297-298. Estas palabras, citadas a modo de muestra documentada de su extravagancia o rara y desconocida sutileza, importan un severo distanciamiento, en sede política, del Guzmán real respecto de la tarea apologética que usualmente se le imputa haber realizado en favor de la estructura oligopólica que se ha expandido en Chile desde los noventa. ¿Sería Guzmán hoy —podría serlo— un defensor de las grandes cadenas? ¿O de la banca, al modo en que ella opera en nuestro país?

17 Gazmuri, ¿Quién era Jaime Guzmán?, 108.

18 Joaquín Fermandois, “El silencio de la derecha”, El Mercurio, 24 de junio de 2014.

19 Fernando Ortiz Letelier, El movimiento obrero en Chile 1891-1919 (Santiago: Lom, 2005), 183-186. También Hugo Eduardo Herrera, “Sindicalismo de derecha”, La Tercera, 2 de octubre de 2012.

20 En esta línea activista se inscribe la iniciativa de la fundación Avanza Chile, del ex Presidente Piñera, de “desplegar en terreno” a sus ex ministros para analizar los proyectos del Gobierno; ver El Mercurio, 1 de julio de 2014.

21 Si en la Guerra Fría tenía sentido debilitar un movimiento sindical controlado por la izquierda para garantizar la gobernabilidad de país, no tiene mucho sentido oponerse a él hoy, cuando puede volverse, precisamente, una instancia de deliberación republicana al interior de las empresas; carece de sentido, asimismo, alegar que una reforma al sistema educacional, antes que a la “igualdad de oportunidades”, apunta a la igualdad “de resultados” (Sebastián Piñera, “¿En qué país queremos vivir?”, El Mercurio, 28 de junio de 2014), en circunstancias de que estamos hablando de un sistema que por definición premia (en grados problemáticos que han de tematizarse y corregirse) el capital social y el mérito.

22 Ver Jaime Guzmán, Escritos personales (Santiago: Zig-Zag, 1992), 17, 19.

23 Respecto de las relaciones entre los distintos momentos de esa historia durante el siglo XX, ver Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile (Santiago: Universitaria, 1992).

24 José Victorino Lastarria, Discurso de incorporación de don José Victorino Lastarria a una sociedad de literatura de Santiago (Valparaíso: Imprenta de Manuel Rivadeneyra, 1842).

25 Diego Barros Arana, Historia general de Chile (Santiago: Universitaria y Centro de Investigaciones Barros Arana, 16 vols., 1999 ss; 1ª ed. 1884-1932).

26 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Ediciones La Ciudad, 1981).

27 Francisco Antonio Encina, Historia de Chile (Santiago: Nascimento, 1952).

28 Alberto Edwards, La fronda aristocrática en Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1928).

29 Luis Galdames, Estudio de la historia de Chile (Santiago: Universitaria, 1911).

30 Luis Galdames, Geografía económica (Santiago: Universitaria, 1911).

31 Ver Tancredo Pinochet, La conquista de Chile en el siglo XX (Santiago: La Ilustración, 1909), y Bases para una política educacional. Al frente del libro de Amanda Labarca (Santiago: Biblioteca de Alta Cultura, 1944).

32 Ver Alejandro Venegas, Sinceridad, Chile íntimo en 1910 (Santiago: Universitaria, 1910).

33 Ver su libro póstumo Luis Ross, Más allá del Atlántico (Valencia: F. Sempere y Compañía Editores, 1909), prologado por Miguel de Unamuno.

34 Ver Guillermo Subercaseaux, Los ideales nacionalistas ante el doctrinarismo de nuestros partidos políticos históricos (Santiago: Universitaria, 1918).

35 Ver Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la fronda aristocrática”, Historia 31/1 (2004), 69.

36 Hernán Godoy, “El pensamiento nacionalista en Chile a comienzos del siglo XX”, en Pensamiento nacionalista, editado por Enrique Campos Menéndez (Santiago: Gabriela Mistral, 1974), 143-161; Góngora, Ensayo histórico, 85-95; Bernardo Subercaseaux, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, tomo IV: Nacionalismo y cultura (Santiago: Universitaria, 2007); Francisco Javier Pinedo, “Apuntes para un mapa intelectual de Chile durante el Centenario: 1900-1925”, en América sin nombre 16 (2011), 29-40; Cristián Gazmuri, Testimonios de una crisis: Chile 1900-1925 (Santiago: Universitaria, 1977); Sol Serrano, “Liberalismo, democracia y nacionalismo”, en Historia de la educación en Chile (1810-2010), tomo II: La educación nacional (1880-1930), editado por Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo (Santiago: Taurus, 2012), 42-63.

37 Alfredo Jocelyn-Holt, “Encina, ¿cíclope o titán?”, prólogo a: Francisco Antonio Encina, La literatura histórica chilena y el concepto actual de la historia (Santiago: Universitaria, 1997), 31.

38 Son las ideas de “sectas religiosas o sistemas filosóficos”, así como “ideas y sentimientos (…) de otros pueblos”; Encina, Nuestra inferioridad económica, 177.

39 Las ideas y sentimientos, vistos desde fuera, pueden ser “buenos o malos, sublimes o ridículos” (Encina, Nuestra inferioridad económica, 177).

40 Ibídem, 176.

41 Ibídem, 211, 217-220.

42 Ibídem, 177. Encina acude a la historia para probar el principio propuesto: “El advenimiento del cristianismo marcó para la humanidad un gran paso; y sin embargo, al quebrantar el patrimonio hereditario de la sociedad romana, influyó en la disolución del imperio más que los latifundios, que los bárbaros y que la propia corrupción, con ser grande”. Así también habría ocurrido en el Chile del Centenario. “Nuestra sociedad, al pasar bruscamente del enclaustramiento colonial a un contacto íntimo con las civilizaciones europeas, experimentó, pues, un verdadero desquiciamiento de su antiguo andamiaje moral, por la socavación de las bases en que estaba asentado. Nada vino a reemplazar el edificio derruido, porque las adquisiciones que hicimos por imitación, sobre ser exclusivamente intelectuales, fueron tan heterogéneas que su influencia moralizadora tenía fatalmente que anularse” (ibídem, 177-178).

43 Ibídem, 33, 243.

44 Ibídem, 80, 151, 168 y ss., 243.

45 Jocelyn-Holt, “Encina, ¿cíclope o titán?”, 27, 31-32.

46 Encina, Nuestra inferioridad económica, 170.

47 Ibídem, 82.

48 Ibídem, 169.

49 El “nacionalismo” de Encina, su reconocimiento de las características étnicas del pueblo, la atención al momento de evolución histórica, no es “antagónico respecto del desarrollo capitalista industrial”; ver Carlos Ruiz, “Conservantismo y nacionalismo en el pensamiento de Francisco Antonio Encina”, en El pensamiento conservador en Chile, de Renato Cristi y Carlos Ruiz (Santiago: Universitaria, 1992), 56. Entre el elemento nacional y el desarrollo industrial hay una tensión, pero que resulta superable, bien mediante la evolución espontánea del pueblo —cuando no hay intervención de ideas y sentimientos desajustados a su carácter y momento evolutivo—, bien —cuando dicha intervención ya se ha producido— mediante una enseñanza que encauce al pueblo hacia el estadio de organización siguiente en la evolución.

50 Francisco Antonio Encina, Portales. Introducción a la historia de la época de Diego Portales (1830-1891) (Santiago: Nascimento, 1964) Vol. I, 12; Vol. II, 298-299. En diversos pasajes, Encina realiza reflexiones sobre el método de la comprensión, en la historia y en la política; ver ibídem Vol. I, 46, 108, 140-141, 166-167; “La historia y el alma del pasado”, en Encina, La literatura histórica, 244-245.

51 Edwards, La fronda, 278.

52 Ibídem, 184.

53 Ibídem, 285.

54 Ibídem, 27.

55 Ibídem, 286-288. Edwards viene aquí a refrendar en sede política la tesis nacionalista del llamado “carácter excepcional” del pueblo chileno.

56 Ibídem, 291.

57 Alfredo Jocelyn-Holt, “Guillermo Feliú Cruz o el peso del anacronismo”, conferencia inédita pronunciada en acto académico en homenaje al profesor Guillermo Feliú Cruz, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 7 de septiembre de 2000, citada en Subercaseaux, Historia de las ideas, 179.

58 Ruiz, “Conservantismo y nacionalismo”, 51.

59 Terminar un artículo político con una pregunta puede resultar molesto y se me ha llamado la atención respecto de que él no contiene propiamente una propuesta para la derecha. Hay una propuesta, en términos generales, de lo que podría ser un método de la comprensión política. En lo que toca a la derecha es, empero, fundamentalmente, un diagnóstico, cuya novedad estriba en contrastar una parte de la historia intelectual de la derecha con el momento actual de ese sector. Una versión más amplia de este diagnóstico, que sí se aventura a dar criterios para un discurso desde la perspectiva de la derecha política, es la que he estado escribiendo en el último tiempo y, si nada se interpone, verá la luz antes de fin de año.

ENSAYO

LOS PLENOS PODERES DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: ASOMBROS Y CONJETURAS

Héctor Soto

Héctor Soto. Abogado, periodista, crítico de cine. Columnista político y asesor de la dirección del diario La Tercera. Autor de Una vida crítica, 45 años de cinefilia (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013). Email: hector.soto@latercera.cl

Resumen: En el año de su muerte, y a partir de diversos datos de la biografía del Premio Nobel de Literatura 1982, muchos de ellos extremadamente novelescos, este ensayo intenta identificar algunas constantes de su obra y también algunos rasgos de su carácter. A pesar de no ser un autor propiamente “político”, corresponde recordar que García Márquez fue un escritor muy marcado por la Guerra Fría y con una evidente debilidad por el poder, en sus expresiones menos idealistas y más fácticas.

Palabras clave: Gabriel García Márquez, literatura latinoamericana, poder, realismo mágico, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, Fidel Castro.

Recibido: agosto 2014; aceptado: agosto 2014.

THE FULL POWERS OF GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: WONDER AND CONJECTURE

Abstract: In the year of his death, and from different details of the life of the winner of the 1982 Nobel Prize in Literature, many of them quite bizarre, this article attempts to identify some constants in his work and also some traits of his character. Despite the fact that he was not a specifically “political” writer, one must bear in mind that García Márquez was much influenced by the Cold War, with a marked weakness for power in his less idealistic and more factual expressions.

Keywords: Gabriel García Márquez, Latin American literature, power, magical realism, One Hundred Years of Solitude, The Autumn of the Patriarch, Fidel Castro.

Received: August 2014; accepted: August 2014.

Los biógrafos, los directores de cine, los psiquiatras y los periodistas que escriben obituarios nos han acostumbrado a pensar la vida de las personas como si se tratase de una historia. Una historia con planteamiento, desarrollo y desenlace. En unos pocos casos, incluso, presentan la vida como una epopeya, esto es, como la consecución de un destino heroico al cual el sujeto estuvo llamado desde el momento del nacimiento.

Pero es más o menos obvio que las cosas no son así. Aunque puedan serlo, las vidas por lo general no son historias redondas. No tienen una sola trama. Y a veces tampoco un único sentido. Una vida puede parecerse, como se ha dicho tantas veces, a un viaje, pero —concedámoslo— es un viaje fragmentario, discontinuado, con avances, con retrocesos, con períodos en blanco, con desvíos y extravíos.

Estas son sólo prevenciones para hablar de la vida y de la obra de un escritor excepcional y complejo: Gabriel García Márquez. La suya no es una figura que sea fácil capturar de buenas a primeras. Pertenece a lo mejor de las letras latinoamericanas, pero también a la picaresca del exilio latinoamericano en Europa y a muchos de los desarrollos del conflicto político en la región. García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, es un personaje encantador, divertido, evasivo, juguetón, generoso, inteligente, inspirado, receptivo y muchas cosas más. Pero ni uno de estos atributos por sí solo, y ni siquiera todos ellos en conjunto, es capaz de soportarlo o definirlo sin más. Incluso en una vida tan historiada y compuesta como la de García Márquez, donde los datos duros se mezclan con la especulación y donde lo que a veces no pudo el voluntarismo sí lo pueden las máscaras, su biografía siempre esconderá un trasfondo de misterio irreductible. Tal vez haya que aceptarlo. Es lo más sencillo y sensato. Y hay que hacerlo, porque en mayor o menor medida así son casi todas las vidas.

I

Quien se quede con la espléndida biografía de García Márquez escrita por el académico inglés Gerald Martin[1], que estuvo hablando con el escritor, con sus amigos y con testigos de su carrera periodística y literaria durante más de quince años, es natural que se termine comprando por anticipado la idea del sujeto convocado por las letras desde mucho antes de que él mismo se planteara convertirse en escritor. ¿Cuántos niños habrá en América Latina que reciben como regalo un diccionario el día de su cumpleaños? Se diría que muy pocos. Pocos, aun en Colombia, donde la preocupación por los asuntos de la gramática, la ortografía, la filología, la prosodia, la sintaxis o la lexicología merecieron más atención que en cualquier otra república latinoamericana. Fue en Colombia donde surgió la primera academia de la lengua de la región. Fue en Colombia donde se terminó hablando el mejor castellano de América Latina, si es que no del mundo. Fue también en esa nación donde no menos de cuatro presidentes de la república, un vicepresidente y varios otros magistrados publicaron sesudos y laboriosos compendios, diccionarios y tratados relacionados con las ortodoxias del habla y el buen decir. Todos ellos —destaca Enrique Krauze en una reseña de la biografía de Martin[2]— provenían del bando conservador. Para los conservadores, la lengua no sólo fue la base o el piso sobre el cual habría de construirse la república, también era el puente de conexión con la España católica, eterna y adusta que correspondía replicar en la nación independiente.

Puede parecer raro que el idioma llegue a tener alcances políticos tan obvios. En Colombia, sin embargo, los tuvo y es revelador saber que los ancestros de García Márquez fueron parte de esas tensiones y disputas. El abuelo materno del escritor, el coronel Nicolás Márquez Mejías, nacido en 1864 y muerto en 1936, figura central en su biografía, fue un hombre que luchó en tres guerras civiles y que militó por el bando liberal en las huestes del general Uribe Uribe, uno de los pocos caudillos de la historia política colombiana. Además de militar, Uribe Uribe fue periodista, abogado, librero, traductor, diplomático y senador. Estuvo dos o tres veces en prisión y no es un dato menor que en una de ellas haya traducido escritos de Herbert Spencer y que en otra haya salido de la cárcel con el Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje. La obra, al parecer, no tuvo gran resonancia, pero de todos modos describe el intento de su autor por disputarle a sus enemigos políticos la agenda del idioma en el terreno donde los más puristas se planteaban. El general, además, los enfrentó en otros planos. Se cuenta que cuando estuvo en el Senado debió batirse en solitario contra sesenta senadores conservadores y que ese contrapeso fue el que con el tiempo lo llevó “a dar la palabra a los cañones”. Debe haber sido un adversario temible y aguerrido durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902) que, tras muchas barbaridades por lado y lado, concluyó en la llamada Paz de Neerlandia. El general salvó la vida y, aunque con menos protagonismo, siguió siendo parte de la escena política colombiana. Eso sí que lo asesinaron en 1904. Su lugarteniente, el coronel Márquez, lo sobrevivió 22 años y no es descaminado pensar, como sugiere Enrique Krauze, que al entregar a su nieto mayor un diccionario estaba siendo leal a la causa de su jefe. La causa de la lengua liberal. La mirada de Krauze es tajante: “En cualquier parte del mundo, el diccionario es un instrumento de saber. Pero en Colombia, de poder”.

La vida de García Márquez es extremadamente novelesca. En realidad, se parece a la de sus personajes. El escritor nació en el seno de una familia empobrecida pero que todavía conservaba algunos de los signos de su prestigio, de sus glorias pasadas y de su poder. Entre esos signos estaba el enorme caserón de la familia en Aracataca, el pueblo donde García Márquez nació el 6 de marzo de 1927, y el respeto que todavía inspiraba el pasado militar de su abuelo, a la altura de los principales del pueblo. Don Nicolás se había convertido a principio de siglo en recolector local de impuestos. Aunque no era un hombre de fortuna, y aunque murió esperando la pensión prometida en el armisticio de la Guerra de los Mil Días que asumía como propia, Nicolás Márquez Mejías gozaba de cierta consideración.

Su figura es importante porque éste fue un niño más hijo de sus abuelos que de sus padres. Luisa Santiago, la madre, no se compró exactamente un pasaje al paraíso al contraer matrimonio con Gabriel Eligio García en la catedral de Santa Marta la mañana del 11 de junio de 1926. Por entonces, el marido era un joven extrovertido e impulsivo de unos 25 años, hijo ilegítimo, condición que en esos años y en esas latitudes imprimía carácter, y que con el tiempo se especializaría por su cuenta en los misterios de la homeopatía. De hecho, en varios momentos de su vida Gabriel Eligio antepuso a su apellido el título de doctor. Luisa Santiago lo conoció cuando llegó a su pueblo en condición de telegrafista. Venía huyendo de problemas en que se había metido en otras localidades y a pesar de su juventud ya había tenido varios hijos ilegítimos. Traía una carta de recomendación de un cura que era un antiguo conocido del coronel Márquez y por eso, porque lo contactó y porque el coronel simpatizó con él, éste lo presentó a su familia, en especial a su mujer y a su hija Luisa Santiago, quienes en ese momento estaban veraneando en Santa Marta. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que había cometido un error. El de la pareja no fue un amor a primera vista y cuando la relación se estableció el abuelo la resistió cuanto pudo. Su hija tenía 19 años, era bonita, había estudiado en un colegio católico distinguido y las expectativas de la familia eran casarla con alguien que efectivamente estuviera en un escalón social superior. No era el caso de este chico de color más bien oscuro, de pasado poco diáfano, de bonita voz y nada torpe con el violín, simpático y hablador como él solo, militante del Partido Conservador para mayor desgracia, que no estaba en condiciones de garantizar a la joven un futuro especialmente prometedor.

La verdad es que nunca pudo dárselo. Aunque era un experimentado seductor frente a cualquier mujer que se le cruzara en el camino, en el plano económico y laboral Gabriel Eligio jamás pudo estabilizarse o construir algo sólido. Trabajó como dependiente de farmacia durante un tiempo, después trató de independizarse varias veces en el mismo rubro, pero, al final, entre una farmacia y otra, entre un negocio aquí y otro allá, nunca pudo. Esta misma circunstancia lo convirtió en un personaje itinerante y en fuga permanente; siempre se estaba yendo o volviendo, acosado constantemente no sólo por acreedores sino también por amores defraudados que volvían a hacerse presente en su vida con no pocas cuentas pendientes por cobrar.

Ésta es la razón por la cual el niño no vivió con sus padres en su primera infancia. El padre ni siquiera estaba en el pueblo cuando nació el hijo y la madre, a los pocos meses, dejó el niño al cuidado del abuelo Nicolás y la abuela Tranquilina para retomar la relación con su marido en otro contexto y lejos de la mirada escéptica de la familia. Después vendrían otros diez hijos. Fueron once hermanos en total. No hubo día en que Luisa Santiago no sintiera en la mirada de sus padres el reproche de un matrimonio en el cual ella se obstinó, a pesar de todas las prevenciones y negativas del coronel. Ni él ni su mujer asistieron a la ceremonia. Gabriel García Márquez volvería a reencontrarse con su madre seis años después, cuando ella vuelve de Barranquilla. Martin describe la escena del reencuentro. El niño no conoce a su madre y las primeras palabras de ella son demoledoras: como el niño está muy desconcertado, le dice: “¿No vas a darle un abrazo a tu madre?”. Maestra en el manejo de la culpa, es una madre latinoamericana, al fin. ¿Quién debía abrazar a quién? Ella, que abandonó, o el niño, quien fue el abandonado.

Faltaban en ese momento dos años para que él perdiera al abuelo. Para entonces, en todo caso, el coronel ya había generado con el pequeño muchas complicidades y había impreso en su conciencia un espíritu autónomo y fabulador que lo acompañaría por el resto de su vida.

Si vale la pena repasar estos antecedentes familiares es porque dejaron huellas profundas en el escritor. Tanto en su carácter como en su obra. El coronel Márquez Mejías fue un personaje de proporciones. Aparte de los tres hijos que tuvo en su matrimonio con Tranquilina, se le conocieron otros nueve de madres distintas. Desde luego, el coronel ganó título no al interior de una organización militar amparada por la Constitución y las leyes, sino más bien al fragor de las muchas batallas que dio para violar y desconocer precisamente esa Constitución y esas leyes. Aunque se diga que participó en tres guerras civiles, hay razones para pensar que dos fueron alzamientos más o menos informales, lo bastante violentos para revolver el río pero no para desviarlo. Más seria fue la Guerra de los Mil Días, que levantó en armas al mundo rural colombiano a fines del siglo XIX y comienzos del XX. El hombre tenía heridas en su pasado. En uno de esos levantamientos luchó contra dos de sus propios hijos ilegítimos. Más grave que eso fue que cargara con el fantasma de un muerto a sus espaldas. El asunto fue confuso y los relatos, contradictorios. La pugna habría sido por una mujer. Al parecer, por el honor de una mujer, concretamente, que el coronel habría puesto en duda y en defensa del cual salió uno de los hijos. Unas versiones dicen que hubo un duelo. Otras, harto menos épicas, que simplemente habría dado muerte a su adversario por la espalda. El coronel, en cualquier caso, varias veces según su nieto, le habló del peso que significaba cargar con un muerto en la espalda. El niño no sabía a qué se refería. Vino a intuirlo, a saberlo, a procesarlo, mucho tiempo después.

No obstante que Nicolás Márquez Mejías abrazó desde temprano la causa liberal, el hombre siempre fue muy autónomo en materia de creencias y convicciones. Iba a la iglesia con piadosa regularidad, se inclinaba ante la autoridad de los libros con una facilidad más bien rara entre los hombres de armas y entregó a su nieto una mirada del mundo que juntaba una fuerte autoestima con el recuerdo de sus campañas bélicas, arduos conocimientos sobre la misteriosa vida de los pájaros con el desprecio a las instituciones formales de la democracia y las estrecheces del presente con la supuesta opulencia de la Aracataca de los buenos tiempos. Ahí estaba la materia prima a partir de la cual García Márquez trabajaría su obra.

En términos de carácter, sin embargo, el escritor terminó pareciéndose quizás más al padre que al abuelo. La misma simpatía compradora de Gabriel Eligio, la misma capacidad para hacer una gran fiesta a partir de nada, el mismo desenfado para bailar, la misma extravagancia para vestir, el mismo orgullo para gozar de la vida con poco, a la manera del Caribe, en contraposición a la rigidez conservadora, castigadora y acartonada con que él asociaría siempre la vida en Bogotá.

El único rasgo que el escritor no asumió en la misma medida fue el donjuanismo de su padre, fuente de profundos dolores no sólo para su madre sino también para él, como hermano mayor de una familia numerosa: siete varones y cuatro mujeres. Aunque era naturalmente un seductor, García Márquez manejó esta variable con discreción. No fue un hombre de grandes amores en cada ciudad o en cada esquina. Fue más bien de pocos afectos pero intensos. A los quince años, se lo vinculó mucho a una mujer mayor, casada con un uniformado. Se le vio en su juventud en largas y agotadoras jornadas de juerga que invariablemente terminaban en bares y prostíbulos. La leyenda dice que incluso vivió en un burdel durante un período en que su economía tocó fondo. Pero muchos de sus amigos dicen que más se exaltaba cantando y rumbeando que acostándose con las putas. Y en los asuntos del corazón se caracterizó por ser un hombre extraordinariamente ordenado y lineal. No cualquiera “elige” a la mujer de su vida no más verla y cuando ella apenas es una niña, de apenas nueve o diez años, que fue lo que hizo con Mercedes Barcha Iguarán. No cualquiera la convierte en su amada a la distancia, cual Dulcinea del Toboso; no al menos en estos tiempos. No cualquiera vuelve a buscarla cuando juzga que ya está en estado de merecer. Más importante, no cualquiera la consigue, en cumplimiento de un libreto que él había escrito resueltamente muchos años antes. Otra anomalía más: no cualquiera tiene tan escaso contacto con su prometida o con su novia; en realidad, se conocían muy poco y apenas pololearon antes de casarse. En fin, no cualquiera permanece fiel y a su lado hasta el día de su muerte. Exactamente al revés de lo que había hecho su padre.

Gabriel García Márquez debe haber tenido unos 14 años cuando le dedicó este soneto ingenuo, un poco kitsch pero precioso[3]:

Niña

Al pasar me saluda, y tras el viento

que da el aliento de su voz temprana,

en la cuadrada luz de mi ventana

no se empaña el cristal sino el aliento.

Es tempranera como la mañana,

cabe en lo inverosímil como un cuento

y mientras cruza el hilo del momento

vierte su sangre blanca la mañana.

Si se viste de azul y va a la escuela

nadie adivina si corre o vuela

porque es como la brisa, tan liviana

que la mañana azul nadie precisa

cuál de las tres que pasa es la brisa,

cuál es la niña y cuál es la mañana.

La determinación afectiva que mostró Gabriel García Márquez, su sentido de programación, por llamarlo de algún modo, también terminaría explicando con el tiempo otras facetas en la vida del escritor.

II

Nadie nace escribiendo como García Márquez. Esto, que es una de esas obviedades que dan vergüenza ajena no más se leen, es un dato que no hay que olvidar ante una prosa tan perfecta, tan musical y tan autónoma como la suya. García Márquez tardó efectivamente largos años en convertirse en García Márquez.

Tiene que haber sido un estudiante excepcional. Quizás no destacó mucho en el colegio jesuita San José de Barranquilla, donde sus compañeros lo recordaban como un alumno retraído, malo para los deportes, bueno para el dibujo y las caricaturas, y muy dado a luchar con la métrica componiendo poemas que nadie tomaba demasiado en serio. Después, gracias a una beca del gobierno, fue enviado a estudiar a Bogotá. No exactamente a la capital, sino a un colegio relativamente nuevo, abierto con voluntad modernizadora, el Liceo Nacional de Zapaquirá, establecimiento de excelencia, en cuyo internado el estudiante tímido del San José fue revelando sus habilidades y rasgos de carácter hasta convertirse en un alumno aventajado, divertido, un tanto libertino incluso, competente en los deportes y con marcada inclinación a las letras. Según cuenta Gerald Martin, el chico fue uno de los tres del colegio que acompañaron al rector a una entrevista con el Presidente de la República Alberto Lleras Camargo. Sería quizás el primer contacto suyo con un hombre de poder y no es casualidad que a partir de allí haya forjado una relación con él. Lleras era un político liberal de gran cultura y buena prosa que terminó visitando el colegio. El mismo año de la audiencia presidencial, García Márquez pronunció en nombre de su liceo un discurso de exaltación sobre Franklin D. Roosevelt con motivo del fin de la Segunda Guerra Mundial, que no sólo llamó la atención en el establecimiento, sino que fue parte de las noticias y de la conversación de la ciudad. Su planteamiento había sido que, tal como El Cid, también el Presidente fallecido ganaba batallas después de muerto.

Que haya ido a la Universidad Nacional a estudiar derecho no es raro. El perfil de la carrera era coincidente con las expectativas de superación depositadas por la familia en el primogénito, y la decisión de matricularse ahí fue una especie de transacción con el padre, alarmado con el desenfado parrandero, musical y sexual con el que el joven volvió a Sucre después de sus años en la capital. Qué tenía que hacer García Márquez en una escuela de derecho es un asunto que todavía necesita explicaciones. Eran los estudios que seguía la élite y que requerían todos cuantos tuvieran ambición política. El problema es que la profesión representaba exactamente el revés de todo cuanto García Márquez haría en su vida, y la incongruencia no tardaría en estallar. Para cuando eso ocurriera, sin embargo, el joven ya habría ganado experiencias que lo marcarían para siempre: nuevos amigos (entre los cuales estuvo Plinio Apuleyo Mendoza, hijo de un político colaborador de Gaitán, y Camilo Cienfuegos, mártir de la revolución cubana), participación en el “bogotazo” que siguió al asesinato del caudillo del ala más izquierdista del liberalismo, el político populista y próximo candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán (experiencia que compartió con Fidel Castro, con quien sin embargo en ese episodio nunca se topó) y, sobre todo, creciente adicción a la literatura a través de autores como Hemingway, Dos Passos, Faulkner, Hesse, Thomas Mann, los clásicos rusos del XIX y —su gran descubrimiento— Kafka. Acabada la conmoción generada por el crimen y la violenta reacción popular, con la universidad cerrada y la pensión donde residía incendiada, a García Márquez no le fue especialmente difícil cortar sus estudios en la Universidad Nacional y volvió a Cartagena con la vaga intención de proseguirlos en la universidad local. Pero ni él, que había aprobado el primer año en Bogotá, estaba muy convencido de hacerlo y el mejor pretexto para mantenerlos a trote lento (hizo de nuevo el segundo y se inscribió para el tercero) fue que muy pronto empezaría a colaborar en algunas publicaciones como columnista y redactor. En estas aguas sí que un aspirante a escritor podía desplegarse y navegar con cierta libertad en esos años.

Lo hizo extraordinariamente bien y desde muy temprano. Su primer hogar periodístico fue El Universal de Cartagena, diario de tendencia liberal al que llegó invitado por un intelectual, médico y escritor costeño. En corto tiempo se hizo de un nombre que los lectores comenzaron a identificar porque seleccionaba y comentaba con inteligencia una noticia del flujo informativo. Una nota del periódico publicada en marzo del 1949[4] explicaba que García Márquez estaría ausente por un tiempo por problemas de salud y pedía la comprensión de los lectores. El diario destacaba su talento para seleccionar “con la innata pulcritud de periodista de gran estirpe”, del heterogéneo montón de noticias, “las que pudiesen brindar un mejor alimento a los lectores matutinos”. Su estilo —reconocía— se impuso rápidamente en nuestro medio. Tiene, para ello, a más de un cultivado buen gusto, recursos verdaderamente maestros, obtenidos en sus disciplinas de cuentista y novelista”.

La verdad es que en estos planos todavía el joven redactor no tenía mucho que mostrar. Pero ya lo haría; era asunto de esperar unos pocos años. Mientras tanto, sus crónicas para El Universal y luego para El Heraldo de Barranquilla, donde escribió por años una columna titulada La Jirafa bajo el pseudónimo de Septimus, ofrecieron cinco años de una robusta producción periodística. No siempre fue periodismo puro. Muchas de estas columnas están enriquecidas por abundantes licencias literarias. Hay notas que son verdaderos cuentos. Y no es difícil intuir que estaba naciendo efectivamente el escritor.

Lo del periodismo le tomó muchos años. Unos doce en total, de los cuales los cinco últimos fueron en su mayor parte en el extranjero. Los comienzos fueron difíciles. Hubo períodos durante los cuales el escritor vivió poco menos que del aire, con semanas enteras al borde de la miseria fisiológica porque simplemente no tenía un peso en los bolsillos para comer. Sin embargo, sus amigos cuentan que nunca perdió el optimismo ni la bonhomía. No se quejaba. No enrostraba sus pellejerías a los demás. Era, al parecer, un asunto de dignidad personal. Podía no tener un céntimo en los bolsillos, pero su extravagancia caribeña —pantalones gastados, chaquetas de cáñamo, camisas raídas y de colores fuertes— no transmitían la imagen de un perdedor, que es lo que en ese momento era, y por la inversa no dejaban de irradiar glamour.

Cuando dejó Colombia en 1955 ya era un periodista prominente, con razonable futuro por delante, y de indudable sensibilidad izquierdista. Estaba escribiendo, por lo demás, en plena Guerra Fría, cuando la neutralidad, como decía John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos, era inmoral. García Márquez no tomó partido frontalmente, pero estaba claro que su causa no era la de Dulles. Había dicho que le reventaba el franquismo. Había tomado distancia —dicho sea en su homenaje— del populismo peronista e ironizó bastante de los alardes mesiánicos de Eva Perón repartiendo dinero en España o en Italia durante su gira europea. Quienes leyeron las crónicas y reportajes que hizo de sus viajes por los países de la Europa del Este y por la propia Unión Soviética deben haber tomado nota, más que de sus desencuentros con el capitalismo, de su esfuerzo por entender y salvar a los socialismos reales y a la gente común y corriente con que se relacionaba[5].

Lo importante, en todo caso, es tener presente que no por sentir que había logrado finalmente afirmar bien los pies en el suelo periodístico aceptó posponer sus ambiciones literarias. En esto nunca se perdió. Todo lo contrario. Cuando el oficio ya le estaba comenzando a imponer ansiedades que interferían su dedicación a las letras, juzgó que había llegado el momento de hacer algunos cortes. Publicó su primera novela, La hojarasca, en una editorial pequeña. Decidió partir a Europa. Y, cosa rara, porque se estaba yendo, formalizó su compromiso matrimonial con Mercedes Barcha (la misma niña que no se sabía si era tal, si era brisa o era mañana), intuyendo seguramente —como apunta Gerald Martin— que si no establecía en ese momento un vínculo sólido a través de ella con Colombia perdería a su patria para siempre.

Llegó a París, y de ahí partió a Ginebra, como corresponsal extranjero encargado de cubrir la cumbre de los Cuatro Grandes celebrada en junio de 1955, diez años después de concluida la guerra, y que reunió a Anthony Eden (Inglaterra), Nikolai Bulganin (URSS), el Presidente Eisenhower (EE.UU.) y el primer ministro Edgar Faure (Francia). Después se fue a cubrir el Festival de Cine de Venecia, el mismo año en que Ordet, obra maestra de un legendario maestro del arte cinematográfico, Carl Theodor Dreyer, se llevó el León de Oro. Pero no era ésa su favorita, sino la cinta de quien él llamó un muchacho de 29 años con cara de futbolista —Franco Rossi—, el que había presentado a la competencia una cinta titulada Amici per la pelle y que recibió el día de su estreno la más larga ovación tributada por el público a una película de la muestra. Después cumpliría su sueño de cruzar el telón de acero viajando a Checoslovaquia y Polonia, pues sospechaba que la Guerra Fría imponía demasiadas mentiras de contrabando y quería comprobar por sí mismo qué tan distintas y consistentes eran las supuestas verdades del Oeste y el Este. Luego se instaló en París, en la seguridad de que sus despachos para dos diarios colombianos —El Espectador y El Universal— le entregarían una base mínima para mantenerse. Esos eran sus planes, hasta que al cabo de pocos meses la beca periodística se acabó. A uno de los diarios lo cerraron y el otro dejó de circular. Con un agravante: para entonces el escritor ya se había vinculado sentimentalmente con una joven española, aspirante a actriz, —María Concepción “Tachia” Quintana, oriunda del país vasco—, en una relación que fue intensa, que tuvo sus dilemas y crisis, aborto incluido, y sobre la cual Martin le preguntaría a García Márquez mucho tiempo después, a fines de 1993. Seis meses antes Martin había entrevistado en París a Tachia y obtenido de ella un detallado relato de lo que fue ese affaire para ella. La respuesta de García Márquez, a la pregunta de si podían hablar del tema, fue corta y concluyente: “No”. Ahí fue cuando le dijo que “toda persona tiene tres vidas, la pública, la privada y la secreta”[6]. Y le aclaró que de esta última no estaba dispuesto a hablar. Respetable.

La relación finalmente no pasó a mayores. Fue un idilio sin destino. Quien sí calificó para mejores horizontes fue el propio escritor, que ya tenía en mente su segunda novela y siguió escribiendo con niveles de concentración que nunca antes había tenido en su patria, por mucho que la precariedad de sus ingresos lo obligaran a repetir la picaresca de la sobrevivencia, en términos parecidos a los que habían sido sus inicios en el periodismo, cinco o seis años antes.

III

No cabe la menor duda que La hojarasca es una novela fundacional en muchos sentidos. En realidad, se trata de un gran anticipo del García Márquez que vendrá, con Macondo como espacio de ficción, con sus guerras civiles y sus coroneles incluidos, con su noción del tiempo cíclico y con sus evidentes atisbos de eso que se llamará más tarde realismo mágico. La novela, que es corta y se deja leer con facilidad, salió bajo el sello de una editorial pequeña, con una tirada de cuatro mil ejemplares, lo que en Chile es un volumen del que parten sólo los autores más acreditados, en ningún caso los debutantes. El escritor asegura no haber recibido jamás un céntimo por los derechos de autor de la obra y admite que es probable que parte importante del tiraje inicial haya quedado en bodega, no obstante que La hojarasca tuvo buena acogida a nivel de crítica y reseñas en la prensa.

Pero fue con su segundo libro, El coronel no tiene quien le escriba, que García Márquez obtuvo una carta de ciudadanía literaria que rara vez los escritores latinoamericanos adquieren con tanta autoridad y tan al comienzo de su carrera.

En realidad, se trata de una pequeña joya. Es una novela breve, movida por un admirable sentido de la economía literaria que García Márquez sólo volvería a recuperar años después, con la Crónica de una muerte anunciada, y de equilibrios internos perfectos. Aunque el escenario no es Macondo, se le parece. Se trata de una villa de la costa atlántica colombiana, donde un coronel envejecido, debilitado y septuagenario baja todos los viernes al pueblo a preguntar por la pensión de veterano que un día le prometieron. Las cosas no han ido bien para el protagonista. Su mujer está asmática y tiene un hijo difunto que le dejó un gallo. Un gallo de pelea que requiere alimentos que el coronel no está en condiciones de proporcionarle, aunque el animal puede valer una pequeña fortuna y podría arreglarle su economía si llegara a ganar en las competencias de riñas de gallo previstas para unos meses más. Eso es todo. Hay poco más en esta narración lineal y de ensoñada impronta lírica. Hay un funeral en el pueblo, hay un médico, hay un señor poderoso que se le ofrece intermediar en la venta del gallo, están los que fueron amigos de su hijo… Y está por supuesto ese gallo solitario en el patio, venido a menos, cada vez más flaco, hambreado porque no lo están alimentando con maíz sino con habichuelas viejas, y que parece ser demasiado frágil para darle soporte a las cavilaciones y expectativas terminales de su dueño.

Los libros que publicó a continuación fueron primero una novela corta y luego un volumen de cuentos. Ambos son de 1962. La novela corta es La mala hora y quiere ser la radiografía de un pueblo que está pasando por un trance difícil tras la victoria del bando conservador en otro eslabón más de la interminable guerra civil colombiana. La atmósfera está enrarecida y sobre el pueblo soplan vientos tóxicos. Habrá un asesinato y circularán pasquines anónimos que saben demasiado y que recogen por igual medias verdades y medias mentiras. Aunque hay algunos personajes perfilados con relativa claridad, La mala hora entrega un curioso modelo de protagonismo colectivo y la narración plantea temas relacionados con el poder, la injusticia y la resignación. Muy importantes son también las condiciones atmosféricas en medio de las cuales tienen lugar los hechos: cae un diluvio, que está obligando al desplazamiento de los campesinos, y una ola insoportable de calor lo está descomponiendo todo.

En el libro de cuentos Los funerales de la Mamá Grande, García Márquez reunió siete relatos, en varios de los cuales aparecen personajes y motivos que sus novelas van a desarrollar con mayor profundidad después o que incluso ya habían aparecido en sus libros anteriores, como es el caso de la viuda de Montiel, que protagoniza aquí un cuento y que ya estaba en La mala hora, o como es el dolor de muelas que afecta al alcalde de esta novela y que reaparece aquí en el cuento “Un día de estos”, donde el dentista le extrae sin anestesia una muela a una autoridad política contra quien tiene cargos de despotismo y asesinatos. El último cuento, que le da título al libro, es más bien una nouvelle, una novela corta, y es sobre todo un brillante ejercicio de la hipérbole. Ha muerto la gran matriarca de Macondo, la mujer que fue la dueña de todo y cuyos caprichos y decisiones constituyeron ley, y ahora la están enterrando. Viene no solo el Presidente de la República, sino también el Papa. La cosa es muy en grande porque se están yendo los tiempos míticos y arcaicos, y eventualmente podría estar llegando la modernidad.

La publicación de Cien años de soledad, en 1967, convertiría de alguna manera estos libros, estos relatos, en buenos ensayos y quizás también en espléndidos borradores. Lo más impresionante de estas narraciones es que dejan muy a la vista la cocina en la cual se fueron guisando a fuego lento los temas de la violencia y el despotismo, de la familia y los clanes dinásticos, del tiempo arcaico y el tiempo nuevo, de la guerra civil y sus coroneles, del machismo y el matriarcado, de la historia y la prehistoria, de la política y sus perversiones, de la democracia y sus maridajes, del gentío y la soledad, de la edad dorada y sus nostalgias y del presente paupérrimo y sus miserias, todo lo cual encontró expresión cenital en esta obra definitiva y mayor. La novela es la suma de todo eso, “el paquete” lo llamó él mismo, filtrado por la experiencia familiar y biográfica de García Márquez.

Cien años de soledad fue un acontecimiento, un hito, una piedra que dividiría para siempre las aguas en las letras de nuestra lengua. Sucesos así se han visto pocos en la historia de la literatura. Esta novela quebró todos los estándares. Barrió literalmente con las cifras y dimensiones del mercado editorial latinoamericano. Hizo leer a gente que posiblemente jamás había leído un libro que se empinara por sobre las cien páginas. Se transformó en estandarte de un fenómeno editorial, el Boom, que adquirió de la noche a la mañana dignidad y estatuto literarios. Le entregó a América Latina una carta de identidad que hasta ese momento quizás ningún libro —ni siquiera expresiones especialmente influyentes, como el Ariel de José Enrique Rodó, El laberinto de la soledad de Octavio Paz e incluso ese poema continental que es el Canto general de Neruda— había logrado recoger e interpretar con tan amplio consenso.

Para quienes devoraron literalmente sus primeras ediciones, Cien años de soledad tuvo algo de shock. La experiencia estaba asociada a dos factores. En primer lugar, estaba asociada al poder hipnótico de la prosa de García Márquez, a su fosforescencia, a su esplendor verbal, a su manejo de la metáfora y la exageración, a su incomparable musicalidad interna, labrada muchas veces con endecasílabos o alejandrinos majestuosos. Álvaro Enrigue publicó en Letras Libres un buen artículo sobre la conexión de la prosa de García Márquez con la sonoridad de la poesía, en especial con Darío y Juan Ramón Jiménez[7].

El segundo factor tuvo que ver con la sorpresa: ¿cómo no habíamos visto lo que García Márquez nos hizo ver? Esto es típico, porque precisamente ésa es una de las funciones del arte. ¿Cómo no habíamos reparado que eran parte nuestra ciertas maneras de contar, ciertas matrices narrativas ancestrales, las cuales no sólo estaban profundamente arraigadas en nuestro idioma, el mismo de Cervantes, Darío y Neruda, sino que podían ser rastreadas con facilidad con sólo escarbar un poco la realidad demográfica de la región? Bastaba rascar dos o tres generaciones para atrás para dar con una cultura arcaica, campesina la mayoría de las veces, que —lo quisiéramos o no— seguía interpelándonos desde muy adentro.

Para esa generación, la de los 60 y 70, Cien años de soledad también fue importante por otro concepto: porque el libro fue portador de una prosa y una poética que nos conectó con la majestad verbal del Siglo de Oro, con Cervantes, pero también con el modernismo de Darío; que redescubrió esa erótica narrativa que tuvo en la infancia para nosotros Las mil y una noches y que nos devolvió el gozo del idioma materno, idioma un tanto empobrecido en estas latitudes tras haber sido rehén por demasiado tiempo, al menos como lectores, de libros traducidos a lo mejor con exactitud pero sin belleza.

La novela de García Márquez nos paseó también por nuestro mestizaje cultural, por nuestras contradicciones, por nuestras raíces atávicas, por nuestra conexión con el tiempo mítico y por los temores que siempre ha inspirado en América Latina la modernidad.

La versión oficial —o mejor dicho, el mito urbano— es que García Márquez escribió su novela encerrándose en su casa de Ciudad de México por espacio de 18 meses seguidos después de una epifanía que tuvo mientras conducía un automóvil Opel con destino a Acapulco, adonde llevaba a su familia de vacaciones, momento en que se le aparece, por decirlo así, la oración que abre el libro (“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.”). Pero no sólo la cautela sino también el sentido común obligan a tomar distancia de esta simplificación. Las cosas no deben haber sido tan sencillas.

Está bien: alguna iluminación o algo así puede haber ocurrido en el curso de ese viaje, pero lo cierto es que a su autor la novela le tomó más de quince años de trabajo. Un académico de Harvard, Álvaro Santana Acuña[8], asegura que en realidad la novela partió en 1950, cuando el escritor tenía 23 años, e invoca como prueba la publicación por parte de García Márquez en la revista colombiana Crónica de un texto que lleva por título La casa de los Buendía (Apuntes para una novela), donde, además de la casa familiar, se presentaba a uno de los personajes protagónicos de la novela y se entregaban pistas de la atmósfera sofocante de Macondo. El planteamiento del académico es que García Márquez trabajó como periodista durante quince años en seis países cargando con él de un lado a otro un manuscrito de 700 cuartillas titulado La casa.

Comoquiera que sea, responda Cien años de soledad a las leyes de la inspiración fulminante o a las del trabajo sostenido y paciente durante años, cosa sobre la cual el debate puede ser interminable, lo que sí está claro es que pocas novelas se han escrito en la región que hayan tenido una campaña promocional tan anticipada —ya se estaba hablando de ella un año antes de aparecer— y pocas también surgieron de un contexto tan protegido como el que le ofreció Carmen Balcells al autor. El hecho es casi enigmático, porque a esas alturas García Márquez tenía la sensación de ser un escritor fracasado.

Santana dice que García Márquez llevaba consigo el manuscrito de su novela cuando el año 61 debió abandonar Nueva York por razones políticas. Había sido nombrado poco antes, ese mismo año, corresponsal de Prensa Latina, la agencia cubana de noticias creada por Fidel Castro después de la revolución, y se vino de vuelta por tierra con su familia a Ciudad de México. Su idea era reinventarse. Quiso ser guionista de cine. Tuvo que empezar a escribir en revistas de actualidad bajo otro nombre. Incluso trabajó como publicista en dos acreditadas firmas norteamericanas, J. Walter Thompson y McCann-Erikson. Si bien nada de esto era muy seguro y definitivo, el problema que evaluó fue que podía llegar a serlo y que eso podía significar despedirse para siempre de la literatura.

El viento habría cambiado en ciento ochenta grados para él cuando Álvaro Mutis, su amigo, lo contacta con un grupo de artistas conocido como “La mafia”, y que, encabezado por Carlos Fuentes, reunía también a Buñuel y Rulfo entre sus miembros. A partir de ahí habría sobrevenido el cambio de fortuna. Porque las actividades del grupo atrajeron la atención del benefactor Rodman Rockefeller, del editor Alfred Knopf, que publicó varios de los títulos del Boom en Estados Unidos, y de la agencia literaria de Carmen Balcells, que le ofreció al escritor un contrato —no se pierdan— por ciento cincuenta años. Lo cierto, según Santana, es que al día siguiente de suscrito ese contrato García Márquez se puso de cabeza a trabajar en la última versión de la novela. El escritor habría terminado esa versión entre julio de 1965 y agosto de 1966. Pero para entonces la campaña promocional ya estaba en marcha.

Ésta es una novela que se promociona tres meses antes de que su autor la haya terminado. Esto claramente es muy infrecuente en las prácticas de la industria editorial y parece la trama de una novela policíaca de contornos conspirativos. Es interesante, es novelesco, es también un poco delirante, pensar en el Boom latinoamericano como en una conspiración. Hay muchos antecedentes y coincidencias que dan para pensar algo así. El pensamiento paranoico tiene aquí una cantera para explotar los próximos cien años. Lo importante, sin embargo, no es eso, sino cómo —sin mayor aviso y en un período tan corto— la literatura latinoamericana se pega literalmente un estirón que termina colocando a lo menos a cuatro de los autores más representativos del fenómeno —García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes y Vargas Llosa— en el Olimpo de nuestra letras. Conjuntamente con eso, el Boom expandiría y multiplicaría por cuatro o cinco veces el mercado editorial, conquistaría nuevas audiencias y lectores para la literatura latinoamericana y renovaría con notable energía la conversación y el debate sobre la identidad cultural de la región.

Son muchas las explicaciones e interpretaciones que se han dado del Boom. Algunas muy académicas, otras muy personales[9]. Ninguna posiblemente es la definitiva. Fue una suerte de golpe de Estado literario. ¿O fue una conjunción astral? La pregunta es qué ocurrió, qué posibilitó que las circunstancias históricas objetivas se juntaran con las ganas. Qué hizo que el discurso literario se cruzara con tanto provecho con el discurso político. Qué pesó para que la más pobre de las industrias de la región —la industria editorial— reclamara de la noche a la mañana un protagonismo que nunca había tenido y que en estricto rigor jamás volvió a tener.

IV

El éxito de Cien años de soledad, como no podía ser menos, puso a García Márquez en otra galaxia. Lo llevó a irse por un tiempo a Barcelona y lo sacó del nicho donde siempre se había movido —la bohemia literaria, la picaresca de la marginalidad, la sempiterna necesidad de cuadrar las cuentas a fin de mes—, instalándolo en los circuitos de la fama y el poder. Era ahí donde siempre había querido estar. Es posible que hubiera querido mucho más eso que el reconocimiento o la adoración por parte de las capillas literarias.

Puede ser un abuso interpretar una biografía a partir de un solo momento, más todavía cuando difícilmente un episodio aislado puede servir para evaluar retrospectivamente toda una vida. En el caso de García Márquez, la tentación, sin embargo, es muy grande. García Márquez, en el fondo, eligió con mucho cuidado el tipo de vida que quería tener y el tipo de figura que quería llegar a representar. Tal vez nunca titubeó; en los peores momentos se vio como un fracasado, pero jamás claudicó. En más de un sentido, García Márquez se mandó “a hacer”. Trabajó muy duro convertirse en un gran narrador: leyó montañas de libros, aprendió de poesía como un salvaje y fue puliendo y trabajando su prosa con la destreza de un artesano, la levedad de un carterista y la paciencia de un relojero. Todo eso es trabajo, mucho trabajo. Él mismo lo reconoció en el prólogo de una curiosa antología de cuentos que reunió un relato suyo junto a piezas de Mario Benedetti, Rodolfo Walsh, Silvina Bullrich, Manuel Mujica Láinez y David Viñas, entre otros autores, cuál de todo más diferente: “He tenido que someterme a una disciplina atroz para terminar media página en ocho horas de trabajo. Peleo a trompadas con cada palabra y casi siempre es ella quien sale ganando, pero soy tan testarudo que he logrado publicar cuatro libros en veinte años”[10].

Su idea, por así decirlo, no era sólo ser un gran escritor, era ser un escritor de convocatoria muy masiva, porque de otro modo no iba a poder desplegar mayores redes hacia el mundo del poder, que siempre le había intrigado, fascinado, seducido o hechizado.

En simple, García Márquez “se construyó” a sí mismo de manera parecida a lo que hizo Neruda para convertirse, especialmente después del Canto general, en el gran poeta de América Latina; o a la que intentó Jean Paul Sartre queriendo ser el gran filósofo, el gran referente intelectual de la izquierda, el rector del pensamiento crítico y contestatario del siglo XX. En el caso de los tres es posible advertir una cierta estrella —qué duda cabe que los tres son hijos de su época—, pero también es posible advertir, además de una notable capacidad para leer el contexto histórico, una cuota no menor de construcción y cálculo. Estos íconos culturales, esta forma de magisterio artístico y cívico es un producto muy propio de la segunda mitad del siglo XX, cuando fueron muchos los escritores que brillaron en el rol del intelectual público, un poco como los sabios de la tribu, un poco como guardianes de la conciencia crítica y moral de la sociedad.

Que García Márquez haya podido instalarse ahí es doblemente meritorio, porque él pertenece a la tradición menos intelectual de la literatura latinoamericana. Nunca escribió ensayos propiamente literarios y nunca reflexionó muy en serio o en abstracto sobre su trabajo, sobre el de los demás escritores o sobre los dominios del lenguaje o los límites de la ficción. No obstante eso, se metió sin saberlo ni quererlo, en los pantanos y berenjenales teóricos de las estructuras de narración. La diferencia es que llegó hasta allí no con el instrumental de un analista que reflexiona sino arrastrado, como las bestias en busca de pastos más verdes, por una fantasía bullente de escritor imaginativo y silvestre. García Márquez tiene mucho de animal literario: convertía en relato todo lo que tocaba, pero huía de especulaciones académicas como de la peste y se manejaba poco en grandes teorías, lo cual constituía una verdadera excentricidad en una época en que el ambiente literario latinoamericano se llenó de complejas construcciones intelectuales y de una apestosa hermenéutica estructuralista-político-cultural. Su carta de presentación nunca fue la disquisición académica ni el vuelo teórico. Fueron más bien el placer de contar historias y el de transmitir los fuegos de la emoción.

Ocho años después de Cien años de soledad, García Márquez entregó otra novela igualmente fascinante, pero que atrapa al lector con menor intensidad, en gran medida porque está menos lograda: El otoño del patriarca.

No obstante que comparte algunos rasgos con la novela capital de su autor, El otoño del patriarca es muy diferente. Se diría que su autor hizo un arduo esfuerzo para ponerse a cubierto de la bien probable acusación de estar repitiéndose, una crítica que en realidad pocos autores toleran bien. El escritor quería demostrar que no estaba entrampado ni en el estilo ni el mundo poético de Cien años de soledad. Es cierto que El otoño del patriarca respira un clima dramático y moral que es parecido. Nuevamente, el tiempo mítico tiene mucha más fuerza que el tiempo real. El patriarca ha vivido como trescientos años y tiene algo de inmortal, incluso después de muerto. Pero la inspiración y el emplazamiento aquí son más atlánticos y caribeños, y formalmente es una novela más compleja, difícil y jugada. Se ha perdido el relato clásico y más bien convencional de Cien años de soledad. En El otoño… escuchamos una voz que nunca sabemos con certeza a quién corresponde. El patriarca ya ha muerto y por su casa circulan cerdos, ratas y gallinazos. A veces lo que leemos son los delirios del dictador agónico, a veces es la voz de la madre, en otras se distingue más bien a su mujer, una novicia que llega a manejar una importante cuota de poder. Casi no hay puntos y apartes, y tramos completos discurren sin un solo punto seguido. El primer párrafo tiene nada menos que 87 páginas. Como no podía ser de otro modo, la narración es bastante más interior, no obstante que se van recomponiendo a jirones pasajes de la vida del patriarca, hitos de su captura del poder total y de su larga dictadura demencial. En 1981, conversando con su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, García Márquez describió El otoño… como “un poema sobre la soledad del poder”[11].

Obra muy “faulkneriana”, muy entregada a los flujos de conciencia y a frases barrocas e interminables, El otoño del patriarca es una novela reveladora sobre todo por la concepción del poder en que el escritor sustentó la narración. Para García Márquez, el poder designa una instancia de plenitud, que explica no sólo la impermeabilidad de este relato al juicio ético de la política, sino también la fascinación que siente el escritor por las formas más estrafalarias y crueles del ejercicio del poder cuando éste no tiene límites.

Aunque la novela se inscribe en una robusta tradición literaria y reflexiva acerca de la figura del dictador —donde destacan El reino de este mundo (Carpentier), El señor presidente (Asturias), Yo, el supremo (Roa Bastos) o La fiesta del Chivo (Vargas Llosa), publicada mucho después—, la de García Márquez está muy lejos de ser una obra de contornos críticos. Todo lo contrario. Ésta es más bien una exaltación, una mirada compasiva al dictador, a su soledad, a su envejecimiento y, sobre todo, a sus delirios y paranoias ante el temor de llegar a ser traicionado por los suyos.

Vaya que hay paño político para cortar a partir de este prisma. La estructura y la moral de El otoño del patriarca entrega un amplio margen a la indignación: “Si García Márquez —escribe Enrique Krauze, a partir de su reseña al libro de Martin— se acerca al déspota no es para exponer o juzgar la complejidad interior de un hombre de Estado sino para inducir compasión por un pobre diablo, viejo y solitario. El dictador es una víctima de la Iglesia, los Estados Unidos, el desamor, los enemigos, los colaboradores, las catástrofes naturales, las inclemencias de la salud, la ignorancia ancestral, la fatalidad, la orfandad. Un caso extremo: después de violar a una mujer, ello lo consuela. Otro más: la casa de retiro para los dictadores caídos en desgracia, que dedican las tardes de su exilio al dominó. La nostalgia les asegura la impunidad. La misma novela que desdibuja la realidad del poder y deshumaniza a las víctimas convierte la dictadura en un melodrama y humaniza al dictador”[12].

Gerald Martin plantea una perspectiva de análisis extremadamente desafiante cuando en su biografía dice que tal como Cien años de soledad es una novela-eje respecto de la vida del escritor, El otoño del patriarca es la novela-eje respecto de su obra.

“En cierto sentido —escribe Martin— es El otoño del patriarca, y no Cien años de soledad, la obra decisiva de la carrera de García Márquez como escritor, porque, contrariamente a lo que pudiera parecer a primera vista, en ella se compendian todas sus otras obras. Se considere o no su “mejor” novela, como el mismo García Márquez ha afirmado con frecuencia, no cuesta entender por qué cree que es, en cambio, la ‘más importante’, sobre todo si añadimos a esa condensación otros dos rasgos ya mencionados: la insistencia en que el Patriarca es un retrato del propio Gabo y el hecho de que escribió el libro para ‘demostrarse a sí mismo’ su condición de autor tras el éxito extraordinario de Cien años de soledad. Puede decirse, pues, que en tanto Cien años de soledad es sin duda el eje de su vida (y el libro más importante en relación con el resto del mundo, y tal vez también en relación con su posteridad), El otoño del patriarca es el eje central de su obra: después de esta novela, irónicamente, la naturaleza devoradora de su obsesión literaria con el poder tocaría a su fin, en el instante mismo en que el poder se convertiría en el asunto central de su vida”[13].

V

La relación de García Márquez con el mundo del poder corresponde a uno de los aspectos más impenetrables, oscuros y difíciles de entender de su vida. El tema tiene a veces contornos que son entre humillantes y sórdidos. Lo más curioso es que siendo un hombre de clara sensibilidad de izquierda —marcado por una fuerte conciencia antiimperialista y por la masacre en que culminó, a comienzos del siglo XX en Aracataca, una huelga de trabajadores de la United Fruit—, García Márquez jamás fue un escritor político. Tenía sus opiniones, sí, pero tenía muy claro que el oficio literario lo situaba en un plano muy distinto al de las contingencias de la vida pública. Sus amigos recuerdan que jamás en España se involucró en las actividades de resistencia al régimen de Franco, no obstante que es cierto que cuando recién comenzaba a estudiar derecho en Bogotá había trabajado por la causa de Gaitán.

La ansiedad por la política en su caso fue muy tardía. Mucho contribuyó a ella la caída de Salvador Allende y la instalación de una dictadura militar en Chile. El escritor envió el mismo 11 de septiembre un telegrama a los miembros de la junta militar de repudio al nuevo régimen[14]. Sin embargo, no fue sino hasta después de la publicación de El otoño… cuando incorpora a su radar la necesidad, la compulsión, de acceder y tender puentes hacia los poderosos. La pieza mayor en su mira era Fidel Castro, y vaya que le costó capturarlo. García Márquez había sido muy cuidadoso de no romper ninguna de sus líneas de contacto con La Habana con ocasión del caso Padilla, cuando el poeta Heberto Padilla fue obligado a representar públicamente un penoso libreto de autocrítica que recordó las prácticas del estalinismo durante los llamados Procesos de Moscú. Su autoinculpación tuvo lugar tras haber estado en la cárcel durante 38 días. A partir de ahí se convirtió en un ser fantasmal. Lo dejaron salir de Cuba recién a mediados de marzo de 1980, gracias a la presión internacional y a las gestiones del senador Edward Kennedy. Lo suyo había sido un espectáculo obsceno que mereció el reproche mundial de intelectuales de la estatura de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Alberto Moravia, Susan Sontag, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Hans Magnus Enzenberger, Jorge Edwards y Juan Goytisolo. García Márquez fue uno de los pocos que se sustrajo y Cortázar posiblemente el único que después de haber firmado la carta de protesta abjuró, simplemente porque no pudo tolerar el desprecio de Castro. De suerte que el nombre de García Márquez estaba “limpio” a los ojos del castrismo. Así y todo, le costó llegar a Fidel en 1976. Para entonces, aparte de haber escrito contra el golpe militar chileno, había rendido numerosas pruebas de incondicionalidad a la revolución. También se había ofrecido a escribir sobre la aventura cubana para la “liberación” de África y conversó al respecto con interlocutores duros del régimen, como Lisandro Otero, agregado cultural cubano en Londres en ese momento, el escritor que le tendió la trampa a Heberto Padilla, o el propio Carlos Rafael Rodríguez, el ministro cubano de asuntos exteriores. En ese momento la revolución se estaba radicalizando. Al final, el encuentro con Fidel se produjo. García Márquez pasó, sin embargo, un mes en el Hotel Nacional de La Habana esperando la ansiada llamada del comandante. Fue un tanto humillante. Hasta que un día apareció un jeep como a las tres de la tarde y Fidel lo invitó a dar un paseo por las inmediaciones de la capital cubana. García Márquez dice que hablaron de comida y de la industria alimentaria. Iba con Gonzalo, su hijo menor, que se sentó atrás. Cuando lo devolvió al hotel dos o tres horas después, le dijo que invitara a su señora Mercedes para la próxima y que cuando llegara le avisara a su hermano Raúl, jefe de las fuerzas armadas revolucionarias, para dar forma a ese artículo sobre Cuba en África que había ofrecido escribir. Mercedes Barcha llegó al día siguiente, notificaron a Raúl, pero la pareja tuvo que esperar otro mes a que los recibiera y comenzara a proporcionarle al escritor insumos para escribir su artículo sobre la epopeya del ejército cubano en Angola. Después de eso —y de su comedida gentileza de enviarle a Fidel lo que escribió para que lo revisara, cosa que volvió a tomar semanas y semanas de impaciencia—, García Márquez generó con el líder de la revolución cubana —de creerle a él— “una de las amistades literarias” más hermosas del mundo, porque de eso, de libros, es de lo que hablaban, y así el autor de Cien años de soledad se convirtió en una de las pocas amistades masculinas que Fidel Castro tuvo después del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos. Hay que decirlo: la amistad fue una flor escasa en el entorno del padre de la revolución cubana. Escasa y peligrosa, como lo pudieron comprobar después el general Arnaldo Ochoa y los hermanos Tony y Patricio La Guardia.

La obstinación por conseguir la amistad de Castro —antes había logrado otro tanto con Omar Torrijos y seguiría sumando poderosos con Mitterrand, Felipe González, López Michelsen, Daniel Ortega, López Portillo, Bill Clinton, César Gaviria o incluso un político conservador como el Presidente Andrés Pastrana[15]— es extraña y mueve al observador a preguntar de qué estaba huyendo García Márquez al forjar y mantener estas relaciones. Con el único que no simpatizó ni enganchó fue con el comandante Hugo Chávez. La pregunta sobre el origen de su obsecuencia al poder es pertinente, porque ninguna de estas amistades, descontada quizás la de Castro ––que lo instalaba en América Latina como el escritor preferido de la revolución cubana, que era lo que él quería––, agregaba gran cosa a su prestigio. Al contrario, ponía su figura en entredicho. ¿Era necesario traspasar así los límites de la decencia y la verdad? Escribe Enrique Krauze: “En los tres famosos reportajes titulados ‘Cuba de cabo a rabo’, García Márquez describió su epifanía: vio la abundancia universal, omitió la presencia de los rusos, alabó los sistemas de vigilancia revolucionaria ‘para que todo el mundo sepa quién es y qué hace el vecino, celebró ‘la instauración del poder popular mediante el voto universal y secreto desde la edad de dieciséis años’, pero sobre todo vio ‘el sistema de comunicación casi telepática’ que Fidel había establecido con la gente. ‘Su mirada delataba la debilidad recóndita de un corazón infantil […], ha sobrevivido intacto a la corrosión insidiosa y feroz del poder cotidiano, a su podredumbre secreta […] ha dispuesto todo un sistema defensivo contra el culto a la personalidad’”[16]. La pregunta se vuelve obsesiva: ¿era necesario tanto?

Ha de reconocerse, sí, que su familiaridad con los poderosos lo convirtió circunstancialmente en un buen agente o mediador para asuntos tales como la devolución del canal a los panameños, la liberación de algunos presos en las cárceles cubanas, los contactos del gobierno colombiano con la guerrilla, las facilidades de los estadounidenses para ir a Cuba, medidas administrativas para suavizar el bloqueo a Cuba o el desarrollo de campañas internacionales a favor de causas emblemáticas de la izquierda mundial.

La pulsión de García Márquez con el poder tiene algo de fascinación y algo también de herida. No sólo Gerald Martin sino muchos otros observadores y analistas sostienen que en la base de esta desviación está la figura patriarcal del abuelo, su muerte repentina a los pocos días de haberse caído de una escala mientras trataba de recuperar un loro que se había arrancado de su jaula. Para este niño de ocho años, ese accidente significó el término abrupto de lo que había sido una infancia dorada. El abuelo había sido su modelo y gran escudo protector. Después de eso, el niño queda al cuidado de las mujeres de la casa y prácticamente desaparece de su vida la figura masculina. El de García Márquez fue un padre un tanto errático y ausente. Sea o no sea válida esta explicación, lo cierto es que es la más difundida. Posiblemente hay que ser psicoanalista para entenderla en todos sus alcances.

Lo más significativo, a todo esto, es que no obstante la amistad con Castro y no obstante la simpatía y línea directa que mantuvo con figuras políticas prominentes de la escena mundial, García Márquez en ningún momento se convirtió en otro de los grandes intelectuales públicos que por entonces todavía quedaban en América Latina. Nunca fue un Carlos Fuentes, tampoco un Vargas Llosa. Menos un Octavio Paz. Dios nos libre de un santón malas pulgas como Saramago. Lo concreto es que en los grandes temas políticos de nuestro tiempo —la igualdad, la libertad, la democracia, la globalización, las instituciones, la gobernabilidad, el desarrollo— nunca dictó cátedra de nada.

A García Márquez —qué duda puede caber— le interesaba el poder. Pero no el poder de las ideas, sino el poder fáctico.

VI

Cuando murió este año, el jueves 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez tenía 87 años y hacía por lo menos una década que ya no estaba escribiendo. Su última novela fue Memoria de mis putas tristes, que dejó incluso entre sus lectores más incondicionales la sensación incómoda de un talento declinante.

Autor de obras que ya tienen aliento clásico —desde El coronel no tiene quien le escriba (1961) a El amor en los tiempos del cólera (1985), desde Cien años de soledad (1967) a la Crónica de una muerte anunciada (1981), desde El general en su laberinto (1989) hasta su hermoso libro de memorias, que cubre el período de su infancia y juventud, Vivir para contarla (2002)—, García Márquez es también autor de varios excepcionales libros de cuentos y de seis o siete volúmenes que recogen su producción periodística. La matriz periodística —porque se trata de un largo, exhaustivo y excelente reportaje— también está presente en Noticia de un secuestro (1996), donde investigó y recreó, en un relato vibrante y de respiración cardíaca, el secuestro de un grupo de periodistas, camarógrafos y directivos de medios de comunicación colombianos por parte de una banda asociada a las redes narcoterroristas de Los Extraditables.

Si van a ser —por decirlo así— sus libros más pequeños, como éste, como El coronel no tiene quien le escriba o como la magnífica Crónica de una muerte anunciada, los que mejor van a sustentar su nombre de cara a la posteridad, o si, por la inversa, García Márquez seguirá siendo básicamente Cien años de soledad, El otoño…, El amor en los tiempos del cólera, es decir, sus novelas mayores, es una conjetura difícil de responder por el momento. No faltan los que dicen que el poder hipnótico que tuvo Cien años de soledad para quienes la leímos en 1970 se ha desgastado. Obvio, la sorpresa, el resplandor verbal, la convulsión poética que en su momento pareció destaparse desde las profundidades con la fuerza de un volcán ya no son los mismos. Algo sugiere que los lectores de la posmodernidad ya no están para sagas tan vastas y que a muchos lectores jóvenes el libro tiende a caérseles de las manos. Los Cien años de soledad están bien, pero le sobraron veinte o treinta, habría dicho Borges (según Krauze).

Si lo que buscamos en la literatura no es sólo fugarnos a los mundos de la ficción sino también reconocernos —reconocernos en lo que somos, en el mundo que vivimos, en los problemas que afrontamos—, el tiempo quizás va a correr en contra de García Márquez. El suyo, el de sus novelas, el de Macondo y sus coroneles, es un tiempo ido. Sus diluvios, hechiceros y gallinazos le dicen poco a un amplio público —generalmente joven— cruzado por las disociaciones de la modernidad. Como escribió Alberto Fuguet en Tránsitos: “El nuevo realismo no tiene que ver con gente que vuela sino con lo volada que está la gente. […] Los artistas, en especial los escritores, tienen el deber moral de narrar historias que de alguna manera recojan el país real, no el mítico”[17]. Fuguet fue uno de los primeros escritores jóvenes de América Latina que exhortó a la rebelión contra el realismo mágico y McOndo, el volumen de cuentos que editó junto a Sergio Gómez para Grijalbo el año 1996, fue tanto un manifiesto como una profanación. Hoy, cuando ya es mucha el agua que ha pasado bajo los puentes, surge la duda de si fue esto o aquello y lo cierto es que hoy el libro puede ser leído como lo que siempre fue: una antología más o menos feliz de cuentos de escritores jóvenes en andaban en busca de su propia voz e identidad.

Tal vez sea prematuro decir que García Márquez fue o no fue el genio de la literatura universal, como tituló El País en la edición especial que sacó al día siguiente de su muerte. Fueron 32 páginas de excepcional periodismo y un gran tributo al escritor desaparecido. ¿Volverá a merecer semejante honor algún escritor en los próximos veinte, cincuenta o cien años? ¿Estará perdiendo acaso poder de convocatoria la literatura, sobre todo ahora que las novelas, más que contar historias, se proponen básicamente desplegar “artefactos verbales”? Difícil saberlo.

García Márquez anexó a millones de lectores para la literatura pero, curiosamente, no dejó instalada ni una escuela ni verdaderos herederos. Los libros que en un momento se publicaron en América Latina rindiendo tributo o haciendo guiños al realismo mágico hoy en su mayor parte dan vergüenza ajena. No hay país de la región que haya sido inmune a esta peste. Fue una moda que, tal como llegó, se fue. No, no es cosa de agarrar la fórmula del realismo mágico en acción y espolvorear a discreción —como creyeron los incautos— luciérnagas fosforescentes, diluvios interminables, abuelas inmemoriales, putas desgañitadas, casonas en ruinas y gallinazos hambrientos. Dicen que donde mejor ha funcionado el realismo mágico es en Salman Rushdie, el autor de Los versos satánicos. Pero, con todo respeto, eso no es decir gran cosa.

Animal literario irreductible a pesar de sus flirteos con el poder, a pesar —incluso— de sus obsecuencias y bajezas, García Márquez bebió, asimiló y se nutrió de muchas fuentes. Faulkner, que había inventado Yoknapatawpha County como emplazamiento de sus ficciones, le enseñó a construir todo un pueblo como escenario de su mundo poético y le dio el pase para el monólogo interior, los saltos temporales y los flujos de conciencia. La poética de Rulfo le alumbró el camino para que descubriera el tinglado de creencias del campesinado latinoamericano pobre. Kafka le enseñó que lo extraño, lo extraordinario, lo monstruoso incluso, puede pasar a ser un dato del mundo cotidiano[18]. Hemingway le impartió lecciones de acción; pudo habérselas dado también para componer diálogos fluidos y punzantes, pero García Márquez habría reprobado este examen y por eso en sus libros hay poco diálogo. Respecto de Borges, la relación es más compleja. García Márquez dijo alguna vez que lo admiraba mucho pero le interesaba poco. Puede ser. Pertenecían a mundos demasiado diferentes. Borges, por lo demás, era un descreído de la novela como género literario para estos tiempos. La verdad es que son pocos los libros de García Márquez que eventualmente puedan compartir el sentido de la economía verbal del autor de El Aleph.

Héctor Aguilar Camín sostuvo que García Márquez era por lejos el mayor autor de las letras hispanas. No sólo eso. También dijo que era el más querido. Se hacía querer con su simpatía, con su liviandad, con la resistencia que ofrecía su humor para evitar los pecados de la arrogancia y la gravedad: “Nada me impresionó tanto en el trato del Gabo como la tranquilidad que fluía de su persona, su falta de prisa, la redonda calma que pasaba por la vida diciendo cosas inesperadas, inconfundiblemente suyas. Por ejemplo: Lo malo de la vida no es que dure poco, sino que siempre termina igual y, además, se va muy rápido.

“Pensé mucho tiempo que aquella tranquilidad soberana era la conclusión de una vida cumplida: la serenidad de un hombre que nada más tenía que pedir a la vida. No es así, desde luego. Siempre hay algo más que pedirle a la vida.

“La parsimonia vital de García Márquez creo que era el fruto de un don aparte, el don de la concentración y la paciencia propias del artesano que alcanza la redondez de su vida en la redondez sin prisa de su oficio”[19].

Fue muy querido, llegó lejos y cosechó amplios reconocimientos. El único plano que estuvo por debajo de su posición, de su nivel y de sus intereses fue el cine, que tanto le gustaba. Nada de lo que hizo él por sí, nada de lo que hicieron con su obra, que fue mucho y generó grandes expectativas en su momento, califica ni siquiera con benevolencia. Está bien: la prudencia recomienda que los plenos poderes tengan un límite.

Mucho antes que muriera, García Márquez ya estaba instalado muy arriba en los cielos de la literatura. Martin cree que su genialidad consistió en darle estatuto literario soberano a América Latina. Lo de antes pudieron ser buenas aproximaciones, pero a juicio suyo es con él que la poética de la región irrumpe en plenitud. Son muchos, partiendo por su biógrafo, quienes lo ponen a la altura de Cervantes. ¿Estará tan arriba, será comparable? Mucho antes de su distanciamiento, Vargas Llosa lo había llamado el Amadís de América. Carlos Fuentes fue más lejos y le reconoció estatura bíblica a su obra. Volpi lo compara con Dionisio, asumiendo que Borges es nuestro Apolo y que serían ellos dos, García Márquez, que se leyó mucho, y Borges, que hoy se lee poco, los dos colosos de la edad de oro de la literatura latinoamericana. Desde luego que hay razones para dudar de que les hubiera gustado compartir el honor.

Pueden ser atractivas estas tesis y dan ganas de suscribirlas eventualmente. Lo malo es que estas apuestas son demasiado inciertas. Si alguna lección queda después de leer Cien años de soledad es que hay que aprender a respetar el tiempo, sobre todo en estas latitudes. La última palabra la tendrá el tiempo. Ni siquiera sospechamos su dictamen. Si es por elegir las fichas que se han puesto sobre la mesa, pienso que no seríamos pocos los que nos sentiríamos mejor acompañados y más seguros con Borges. EP

Notas

1 Gerald Martin, Gabriel García Márquez: Una vida (Barcelona: Debate, 2009).

2 Enrique Krauze, “Gabriel García Márquez. A la sombra del patriarca”, Letras Libres, noviembre de 2009.

3 Martin, Gabriel García Márquez, 117.

4 Gabriel García Márquez, Obra periodística Vol. 1 (Barcelona: Bruguera, 1981), 10.

5 Hay una buena mirada a esos trabajos en Germán Alburquerque F., La trinchera letrada: Intelectuales latinoamericanos y Guerra Fría (Santiago: Ariadna Ediciones, 2001).

6 Martin, Gabriel García Márquez, 241.

7 Álvaro Enrigue, “Teoría de la persistencia”, Letras Libres, junio de 2014.

8 Véase el dossier de Álvaro Santana Acuña, “Una historia oculta de Cien años de soledad”, Nexos, mayo de 2014.

9 Una buena sistematización de las perspectivas académicas se encuentra en Ángel Rama, La novela en América Latina. Panorama 1920-1980 (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2008). Para un prisma más personal —delicioso, subjetivo—, el libro de José Donoso, Historia personal del Boom (Santiago: Alfaguara, 2007), es una fuente de rigor.

10 Citado por Javier Fernández García, “El otoño del patriarca: Germen de una novela”, Cauce 16, Centro Virtual Cervantes. La antología de cuentos se titula Los diez mandamientos (Buenos Aires: Ed. Jorge Álvarez, 1976).

11 Citado por Enrique Krauze en “Gabriel García Márquez. A la sombra del patriarca”, Letras Libres, octubre 2009. Disponible en http://www.letraslibres.com/revista/convivio/gabriel-garcia-marquez-la-sombra-del-patriarca?page=full.

12 Krauze, “A la sombra”.

13 Martin, Gabriel García Márquez, 429.

14 El texto es el siguiente: “Bogotá, 11 de septiembre de 1973. Generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, César Mendoza y almirante José Toribio Merino, miembros de la junta militar: Ustedes son autores materiales de la muerte del Presidente Salvador Allende y el pueblo chileno no permitirá nunca que lo gobierne una cuadrilla de criminales a sueldo del imperialismo norteamericano”; Martin, Gabriel García Márquez, 421.

15 Fui sorprendido por el nexo entre García Márquez y el Presidente Pastrana estando en la casa de Andrés Allamand en Washington a mediados de 1999. Yo estaba trabajando en la edición del libro La travesía del desierto, de Allamand. El escritor y su señora le hicieron una visita a su casa; eran amigos desde hacía años. Ahí me enteré de que García Márquez había escrito el discurso de asunción del mando de Andrés Pastrana. Tanto como eso, me sorprendió que ni García Márquez ni Allamand parecían haber quedado muy conformes con esa pieza de oratoria.

16 Enrique Krauze, “Gabriel García Márquez, el romance del poder”, Letras Libres, junio de 2014.

17 Alberto Fuguet, Tránsitos (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013), 410.

18 Arturo Fontaine profundizó con especial lucidez en la imperturbabilidad del narrador como rasgo esencial de Cien años de soledad en su artículo sobre la novela, “¿Es una obra maestra?”, publicado en Artes y Letras de El Mercurio, 20 de abril de 2014.

19 Héctor Aguilar Camín, “Una vida digna de su imaginario”, Nexos, mayo de 2014.

CONFERENCIA

SE ME OLVIDÓ QUE TE OLVIDÉ

Un “eslabón perdido” entre Mariano Latorre y José Donoso*

Carlos Franz

Carlos Franz. Escritor. Entre sus libros se cuentan Santiago cero (1989), El lugar donde estuvo el Paraíso (1996), La muralla enterrada (2001), El desierto (2005), Almuerzo de vampiros (2007) y La prisionera (2008). Email: carlos.franz@me.com.

* Este trabajo es una versión corregida de la conferencia leída por el autor en la ceremonia que lo incorporó a la Academia Chilena de la Lengua, el 19 de mayo de 2014.

Resumen: En este ensayo el autor propone que en la última y olvidada novela de Mariano Latorre, La paquera (1958), podría hallarse un origen desconocido de la principal obra de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche (1970). Apoyándose en conceptos de Harold Bloom y Octavio Paz, el autor sugiere los mecanismos mediante los cuales operó esta influencia, que conecta a dos generaciones enfrentadas y aparentemente muy disímiles. El ensayo concluye defendiendo una idea dinámica de “tradición”, entendida como un proceso continuo de entregas e intercambios.

Palabras clave: José Donoso, Mariano Latorre, El obsceno pájaro de la noche, La paquera, angustia de la influencia, tradición.

Recibido: mayo 2014; aceptado: julio 2014.

I FORGOT THAT I FORGOT YOU

A “MISSING LINK” BETWEEN MARIANO LATORRE AND JOSÉ DONOSO

Abstract: In this essay the author proposes that an unknown source of the main work of José Donoso, The Obscene Bird of Night (1970), could be found in Mariano Latorre’s last and forgotten novel, La Paquera (1958). Based on concepts of Harold Bloom and Octavio Paz, the author suggests the mechanisms whereby this influence operated, connecting two opposing and apparently very dissimilar generations. The essay concludes defending a dynamic idea of “tradition”, understood as a continuous process of contributions and exchanges.

Keywords: José Donoso, Mariano Latorre, The Obscene Bird of the Night, La Paquera, anxiety of influence, tradition.

Received: May 2014; accepted: July 2014.

Se me olvidó que te olvidé

A mí que nada se me olvida

Lolita de la Colina

I. Preámbulo

Cuando, hace varios meses, recibí una llamada de alguien que decía ser secretario de la Academia Chilena de la Lengua, mi primer instinto fue defensivo. Temí lo peor. Temí que me llamara para reprenderme, en nombre de la Academia, porque habían descubierto que en una de mis novelas —Almuerzo de vampiros— ridiculizo a sus miembros. Me apresté a explicarle al secretario que mis personajes no son los venerables académicos de esta corporación, sino que son esos antiguos cómicos del Picaresque de Santiago que se llamaban a sí mismos, con ironía, “Los académicos de la lengua”, por su uso soez o francamente bestial de nuestro idioma.

Pero el amable secretario de la Academia no me permitió explicarme. En cambio, dijo que llamaba para informarme que el pleno de ese ateneo —en un momento de distracción, supongo— había decidido incorporarme a su número. Claro, pensé yo, qué mejor venganza: creen que me he reído de ellos y entonces me hacen uno de ellos, para que termine riéndome de mí mismo.

Hablando más en serio. Tuve un momento de duda antes de aceptar este honor. Mi relación con la lengua no ha sido fácil. Me pasa algo que debe ocurrirle, creo, a cualquier autor que respete su oficio: a veces me peleo con el lenguaje. Y a menudo tengo graves dificultades para expresar lo que realmente quiero decir. A tanto llega esto que, en ocasiones, he sentido que mi relación con nuestro idioma se asemeja a la Lucha de Jacob con el ángel, tal como se representa, por ejemplo, en el mural de Delacroix que puede admirarse en una capilla lateral de la iglesia de Saint-Sulpice, en París. Quienes hayan visto ese cuadro recordarán que el ángel y Jacob luchan en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Pero también parece que bailaran, entrelazados. Es como si el combate los uniera en una danza coreografiada por sus forcejeos. Su lucha marca su ritmo.

Así me parece que escriben los escritores que admiro y a quienes quisiera parecerme: luchando contra el ángel del lenguaje, abrazados a él en un combate feroz, pero a la vez íntimo y deleitable. En los mejores momentos de esa lucha el ángel del lenguaje bate sus alas, y nos eleva con él colgados de su cuello, y nos parece que al fin vamos a derrotar al silencio, que por fin vamos a encontrar las palabras.

II. Ensayo

Entre aquellos escritores que admiro se cuenta José Donoso. Además de su propio combate con el ángel del lenguaje, Donoso protagonizó también una batalla singular con la tradición literaria chilena, una lucha que fue en parte rechazo y en parte apropiación. Uno de los flancos más peculiares de esa batalla fue el vínculo ambiguo de Donoso con el “jefe” de la generación anterior a la suya, el criollista Mariano Latorre.

En este ensayo propongo que en la última y olvidada novela de Latorre, La paquera, podría hallarse un origen desconocido de la principal obra de Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Y a la vez sugiero que en ese origen podría encontrarse un “eslabón perdido” que conecte a esas generaciones aparentemente tan disímiles.

Algunos protestarán: ¿cómo podría existir un eslabón que encadenara a Latorre y a Donoso, si todos sabemos que la cadena de la narrativa chilena se rompe bruscamente, a cada rato, y que fue con Donoso y los de su generación, precisamente, que se produjo una de las rupturas más violentas?

Para responder a esa protesta lo mejor es recapitular, brevemente, el origen y trama de ambas obras.

El obsceno pájaro de la noche

El obsceno pájaro… se publicó en 1970, en España. Donoso había tardado ocho años en escribir, con enormes dificultades, ese libro vasto y complejo. Si vamos a creerle, esa novela casi lo mata. Los intrincados problemas de su escritura agudizaron una úlcera, por cuyas hemorragias Donoso terminó hospitalizado y operado en Estados Unidos.

Delirando en un brote esquizofrénico, desencadenado por su alergia a la morfina, intentó arrancarse las sondas, que en su pesadilla sentía como picotazos de un pájaro en su abdomen. La imagen recuerda bastante a Prometeo encadenado en el Cáucaso, donde un águila inclemente le arranca una y otra vez el hígado; al punto de hacernos sospechar que éste puede ser otro de esos cuentos de Donoso que él decidía convertir en biografía. Como fuese, sólo tras aquel ataque casi mortal del obsceno pájaro el escritor logró terminar su novela. “La locura me ordenó el libro”, contaría después.

Esa anécdota ilustra las fuentes que Donoso reconocía para su obra: la memoria personal deformada o, mejor dicho, trasmutada por el subconsciente, e incluso por la locura misma. Pero ese episodio también demuestra, por sobre todo, la angustia con que fue escrito El obsceno pájaro de la noche. La angustia como un rito de pasaje obligado para la creación de una gran obra de arte. Una idea sobre la que volveré.

El pájaro… ocurre en dos espacios: la Casa de Ejercicios Espirituales de la Encarnación de La Chimba, en Santiago, y el fundo de La Rinconada.

El primero es un enorme caserón colonial, medio en ruinas, habitado por viejas sirvientas de familias aristocráticas que, una vez jubiladas, son enviadas a morir en este hospicio. También viven allí cinco huérfanas. Todas están al cuidado de tres monjas y de un mozo, llamado el Mudito. Entre las huérfanas destaca una adolescente, llamada Iris Mateluna. Las viejas, algunas decrépitas y dementes, pasan sus días sumidas en una mezcolanza de recuerdos y ensoñaciones que, perfectamente, podrían ser rituales oscuros y supersticiosos. Como la creación de un imbunche.

El otro espacio del libro, el fundo La Rinconada, pertenece a la familia Azcoitía, también propietaria de la Casa de Ejercicios Espirituales. El patriarca de la familia decide esconder en ese fundo a su único hijo, que ha nacido físicamente monstruoso. Para que este niño, llamado Boy, no sufra a consecuencias de su deformidad, el patriarca ordena que el fundo también se transforme en una suerte de hospicio para seres igualmente monstruosos. Recluta por todo el país a enanos, gigantes y otros individuos con malformaciones horribles, y los lleva a vivir allí. Así Boy podrá crecer en un mundo de monstruos como él. En otras palabras, para él la monstruosidad será la normalidad.

La paquera

La paquera fue publicada en 1958 (cuatro años antes de que Donoso, según propia confesión, comenzara a escribir su pájaro). La novela de Latorre apareció en forma póstuma. Su autor trabajó afanosamente en ella durante sus últimos años de vida, pero no alcanzó a entregarla a la editorial. O quizás no quiso hacerlo. Esto resulta intrigante porque —en cierta forma— tuvo pendiente ese libro toda su vida. En efecto, Latorre escribió una primera versión ya en 1916. Por lo que ésta habría sido su primera novela —en lugar de la última— si la hubiera publicado entonces. Caso en el cual esta obra le habría granjeado, sin duda, un sitio importante en la narrativa naturalista, a lo Zola, que entonces campeaba en Chile y en muchos otros lugares. Hay que recordar que las dos grandes novelas naturalistas chilenas, Juana Lucero, de Augusto D’Halmar, y El roto, de Joaquín Edwards Bello, aparecieron por esos años. Pero Latorre no publicó entonces La paquera. Guardó el manuscrito y sólo cuatro décadas más tarde, ya con un pie en la tumba, volvió a trabajar en él. ¿Por qué?

Juan Uribe, en el prólogo a la única edición hecha por Universitaria, en 1958, dice que Latorre “no se atrevió a publicarla” y especula que fue “postergada por razones de profesión y convivencia social”.

La razón profesional es fácil de adivinar, porque la novela hace un desagradable retrato de los profesores normalistas. Y Mariano Latorre fue uno de ellos. Pero ese otro impedimento de “convivencia social” sólo podemos entenderlo leyendo el libro. Y descubriendo su grotesca y a veces sórdida catadura.

La paquera transcurre en el añoso —y roñoso— caserón colonial de un asilo de ancianos y de huérfanos (cuyo modelo fue el hospicio de la calle Marcoleta, de Santiago, demolido luego para construir allí lo que hoy es la Posta Central). En un patio de ese asilo novelesco funciona una escuela para los huérfanos, dirigida por unas hermanitas de la caridad. La mayoría de estos niños son deformes o monstruosos. En otros patios viven las monjas, unas sirvientas idiotas, y los ancianos asilados.

Semejanzas con el El obsceno pájaro…

Las semejanzas ambientales con El obsceno pájaro de la noche se observan desde la primera descripción del hospicio, que parece llevarnos a La Chimba donosiana:

“Era un viejo edificio colonial y las habitaciones se alineaban en torno a un gran patio, en cuyo centro había una pila, donde languidecían los cálices blancos de las calas…”[1]. Era un “amplio conjunto de salas y comedores para recoger a los derrotados de la vida, niños y niñas que parecían viejos; viejos y viejas que parecían niños. A través de las ventanas rayadas de barrotes mohosos, se alcanzaban a divisar viejecitas arrugadas, extrañamente inmóviles… Algunas tejían junto a sus camas. Las manos, en raro contraste con la inmovilidad del resto del cuerpo, daban la impresión de monstruosas y vivaces arañas de color de sangre tejiendo densas telas”[2].

Si en El obsceno pájaro… tenemos un hospicio poblado por unas viejas decrépitas y unas huérfanas, más un fundo repleto de monstruos humanos, en La paquera esos dos espacios son uno solo. Parece que en Latorre viéramos el tronco desde el cual, en Donoso, iban a bifurcarse esas dos ramas retorcidas. En el hospicio de La paquera aquellas viejas tejedoras horribles también conviven con los huérfanos. Niños tullidos o retrasados, descritos con características monstruosas:

Había, también, niños de patas torcidas y, sobre todo, cabezas deformes, extrañas y de variada irregularidad: ya redondas, de hinchado lomo de sandía, alargadas como melones o berenjenas, o altas, agudas, como camotes. […] Muchos usaban muletas y hasta observé una carretita de tullido que manejaba con prodigiosa habilidad un muchachito [que] lanzaba gritos histéricos si se quedaba atrasado y los compañeros lo miraban sin inmutarse... [3]

(Esa carretita de tullido nos recuerda a otro de los personajes recurrentes de Donoso: el Cuchepo, que aparece en La desesperanza y en El mocho).

Al igual que la casona de El obsceno pájaro… el hospicio de Latorre está a cargo de una madre superiora, que es “una monjita menuda, de cara renegrida, de rasgos insignificantes”[4]. Además de ella, en La paquera hay otro par de monjas y algunas profesoras normalistas. Lupercia, Teotiste, Diodora se llaman esas maestras. Hasta los nombres son grotescos. Una de ellas está enamorada de una de las monjas, y ésta juega con sus sentimientos de forma sádica. Otra de las profesoras se encapricha con el cura del hospicio: a escondidas se viste con sus casullas y, al final, se escapa con el sacerdote, que cuelga la sotana por ella. Lesbianismo, sacrilegios, enredos sexuales en la Iglesia… ¿Quién dijo que la narrativa naturalista no es moderna?

Así como en el caserón de Donoso está el Mudito, que atiende a las asiladas, en el hospicio de Latorre encontramos a un par de sirvientas jóvenes y tontas, huérfanas que crecieron en ese mismo lugar. La Cola y la Sarita se pasan el día odiándose mutuamente y barriendo el polvo que se derrama de los inclinados muros de adobe.

Las semejanzas entre ambas obras desbordan lo ambiental para proyectarse en aspectos del argumento. La huérfana Iris Mateluna, de Donoso, tiene un claro precedente en esa Cola, de Latorre. La Cola —apócope de Escolástica, pero quizás también anagrama de “loca”— es una muchachota sensual, “de abultados pechos y redondas caderas”, que sufre “accesos de furia que la aproximan a ratos a la locura”[5]. Si en el hospicio de Donoso la Iris Mateluna se escapa por una ventana, para hacer “nanay” con un hombre que se pasea metido en una cabeza de cartón piedra, en el asilo de Latorre la Cola se asoma a una de las ventanas y a través de ella conversa y se besa con el corpulento carabinero de guardia en la calle. La otra sirvienta, que la aborrece, nos dice:

[La Cola] no es más que una paquera mugrienta. Conversa todas las noches con el paco por la ventana. Ha roto el alambre y por ahí mete su boca, la cochina…[6]

Finalmente, la Cola se acostará con ese “paco”. Y, tal como la Iris de Donoso, quedará embarazada. Por lo cual en el hospicio se generalizará el apodo que su enemiga le daba: “la paquera”.

Esta paquera protagoniza la escena más grotesca del libro. Luego de parir a su niño, las monjas le quitan la guagua a la Cola, con el pretexto de que ésta, tonta y medio loca como es, no será capaz de cuidarlo. Pero así la paquera no puede dar de mamar. Le duelen sus enormes pechos llenos de leche y corre por los patios lanzando “aullidos desgarradores, inarticulados; gritos de poseída”[7]. Entonces, aquella monja lesbiana sádica —antes mencionada— lleva a la fuerza a la Cola hasta la gruta de Lourdes del patio (también en El obsceno pájaro… hay una gruta de Lourdes semejante) y:

[la llevó] allí donde el agua de la pila mojaba las calas de metálico verdor [y, delante de todos,] la hermana Antonia, hábilmente, desabrochó la blusa de la Cola y la hizo inclinarse sobre el agua, para ablandar los monstruosos pechos, a punto de estallar.[8]

En definitiva, será la otra sirvienta, la Sarita, quien aliviará a la paquera mamando a diario de sus pechos, en secreto.

Creo que ni siquiera Buñuel habría concebido escenas más esperpénticas.

Hay más paralelos entre ambos textos. Mientras las viejas asiladas en el caserón de Donoso rezan por sus antiguos patrones, los huérfanos de Latorre son educados para “rogar por sus protectores: los grandes señores de Chile”[9]. Mientras en la novela de Donoso, tras la muerte de la Brígida, la madre superiora encuentra miles de paquetitos secretos bajo su cama, en la novela de Latorre, bajo la cama de la Sarita hay “mil escondrijos”[10]. Mientras en un patio de La paquera hay un naranjo abrumado, rodeado de trastos viejos y bacinicas desconchadas, en El obsceno pájaro… hay múltiples patios: “de la palmera, del tilo, ese patio sin nombre, […] patios y claustros infinitos”[11]. Esa inflación de patios muestra cómo Donoso amplía a Latorre, ramificando sus espacios, sus tiempos y sus significados.

En la capilla del hospicio de Latorre se celebra una misa de difuntos para un hermano del administrador, un benefactor riquísimo del asilo. Alguien comenta: “Dicen que dejó una capellanía a beneficio de la escuela”[12]. De manera muy semejante, en El obsceno pájaro… nos enteramos de que la Casa de Ejercicios Espirituales es una capellanía, propiedad de la familia benefactora:

…esta capellanía sepultada en archivos, preocupación de tías beatas y primas pobretonas, vincula y emparienta desde hace mucho tiempo a los Azcoitía con Dios, […] ellos le ceden la casa, a cambio de que Él les conserve sus privilegios[13].

Podría agregar otras vinculaciones entre estas novelas, pero creo que bastará con añadir sólo una más, sutil pero significativa: después de la escapada con su paco, la paquera regresa al hospicio, embarazada. Entonces, la narradora se apiada de ella con estas palabras:

…me daban ganas de correr donde la Cola, reemplazarla en su dura tarea de baldeo de los corredores, para que no se malograse el niño o la niña, o el monstruo que vivía, ciego, inconsciente, bajo la cúpula rojiza de su vientre[14].

Ese monstruo, que la narradora imagina en el vientre de la Cola, parece un precursor del imbunche que las viejas de El obsceno pájaro… quieren crear con el hijo que espera la Iris Mateluna. Así pues, el símbolo más potente en la obra de Donoso pudo gestarse en el vientre de una novela de Latorre.

¿Cómo pasó?

¿Cómo podemos explicarnos tantas similitudes entre Latorre y Donoso, entre autores y textos tan diferentes?

El libro de Latorre es claramente inferior al de Donoso. La paquera es menos ambiciosa y efectiva que El pájaro... Su problema básico es que la narradora cuenta todo desde afuera, con la distancia de una profesora joven que sólo estará un año en ese lugar ajeno. Por el contrario, en El obsceno pájaro… el narrador, el Mudito Peñaloza, está atrapado en el mundo que describe, esclavizado, atado y asfixiado por él. Y este efecto se transmite a los lectores. Además, La paquera desaprovecha las oportunidades que ella misma crea. Sus escenas —tan poderosas, a veces— quedan en viñetas sociales, sus significados no alcanzan a trocarse en símbolos. Pero, sobre todo, La paquera tiene un estilo desmañado, incoherente, por momentos poético pero en general plano y hasta fláccido. En una palabra: tiene un estilo que no vacilaré en llamar “feo”.

No obstante, todas esas diferencias importantes no anulan las semejanzas. Por el contrario, refuerzan nuestra curiosidad. ¿Cómo se dieron esas similitudes? ¿Fue una simple coincidencia, explicada por el ambiente común santiaguino y rural, que ambos autores conocieron bien? Así como hay alcances de nombres, ¿fue éste un “alcance de temas”, inducido por el espíritu de la época, el Zeitgeist crepuscular del orden social en el Chile de entonces?

Descartemos de inmediato toda idea de plagio que pudiese aletear en mentes maliciosas. La obra de Donoso es inmensamente más rica y compleja que el precedente de Latorre. Pero descartemos también que se trate sólo de una coincidencia: hay demasiadas semejanzas entre ambas novelas.

Mi hipótesis se distancia tanto del plagio como de la coincidencia. Yo creo que Donoso leyó La paquera. Probablemente poco después de su aparición, en 1958, y cuando él ya buscaba nuevos temas tras la salida, el año anterior, de Coronación. Su curiosidad no puede haberse saltado este libro póstumo, que aparecía como el testamento literario del jefe de la facción narrativa rival de la suya. En la larga y agria querella con el criollismo, iniciada por Alone contra Latorre, Donoso tomó partido —naturalmente— por el célebre crítico.

Creo que José Donoso leyó La paquera y que, por mucho que le disgustaran el estilo y las ideas de Latorre, debió impresionarlo la sordidez esperpéntica del libro. La fuerza grotesca de esas imágenes tuvo que apelar a su sensibilidad morbosa. Sin duda, debió reconocer instintivamente que allí había grandes temas, que quizás él podría desarrollar con mayor elaboración.

Incluso las fealdades del estilo, en La paquera, pudieron tentar a Donoso. Esa novela dispareja, que “carece de equilibrio en la composición y adecuación de las partes”, como señaló Raúl Silva Castro[15] (en una de las pocas reseñas que tuvo el libro), adquiere una torcida belleza cuando consideramos que su misma fealdad expresa —aunque sea involuntariamente— la deformidad grotesca de su tema principal. Como es deforme, también, el ánimo de la novela: racista, oscilante entre el resentimiento y el abatimiento. No me cuesta nada imaginar a Donoso apreciando todos esos defectos y encontrando en ellos esa “cosa podridita” que él solía disfrutar en algunas ficciones, según lo recuerda a menudo el escritor Marcelo Maturana.

Supongo que a Donoso el libro de Latorre le disgustó y le gustó, al mismo tiempo. Entonces, y de manera muy donosiana, operó en él un mecanismo freudiano de represión. No era posible que él fuera inseminado precisamente por el padre rechazado, por el jefe de la generación anterior abominada. Así es que reprimió esa posible influencia. La sepultó en el fondo de su inconsciente. Esto permitió que esa represión actuara, desatando su angustia creativa y fecundando su fantasía. Donoso leyó La paquera, la olvidó, y enseguida se olvidó de que la había olvidado. Y entonces su subconsciente recordó por él. Ocurrió como en esa canción popular, de Lolita de la Colina, con la cual titulé este texto: “Se me olvidó que te olvidé”.

En su ensayo La angustia de las influencias[16], Harold Bloom detalla seis modos mediante los cuales los poetas fuertes, como los llama él, lidian con la angustiosa influencia de quienes los precedieron. Todos esos modos implican una “mala interpretación”, dice Bloom, deliberada o inconsciente, del legado que se pretende adquirir sin pagar su precio. “Todo poema”, escribe Bloom, “es la interpretación errónea de un poema padre. Un poema no equivale a la superación de la angustia, sino que es esa angustia”.

Bloom (que incluyó El obsceno pájaro de la noche en su canon occidental, aunque fuera en un anexo) circunscribe su hipótesis a las relaciones entre “poetas fuertes”. Éstos son los capaces de imponer su marca al legado que reciben de otro poeta fuerte. Sin embargo, la angustia también puede derivarse de la influencia de un escritor al que consideramos menor. Porque cada poeta acarrea consigo a su familia poética. O, para decirlo con las evocadoras palabras de Harold Bloom:

Así como nunca podemos abrazar (sexualmente o de otro modo) a una persona sin abrazar a todo su romance familiar, así también nunca podemos leer a un poeta sin leer todo su romance familiar como poeta[17].

Toda represión genera una angustia. En el escritor esa angustia busca liberarse creativamente. Cuatro años después de la aparición de La paquera, Donoso inició la larga y dolorosa gestación de su pájaro. Un proceso tan costoso que, como ya recordamos, casi acabó con su vida. Aquí supongo que, entre las varias represiones angustiosas que buscaban liberarse en ese libro, estuvo la inaceptable influencia de aquella novela de Mariano Latorre (que fue su “poema-padre”, en términos de Bloom). Una influencia a través de la cual también ejercía su poder todo ese “romance familiar”, naturalista y criollista, que había predominado hasta entonces en la narrativa nacional, y con el cual Donoso quería romper.

Enfrentado a esos desafíos, el inconsciente de Donoso malinterpretó —es decir, leyó erróneamente— su memoria reprimida de La paquera, transformándola en un monstruoso pájaro. O más bien, hizo al pájaro hijo de la paquera. Convirtió el naturalismo de ese texto en algo antinatural e incluso sobrenatural. Subvirtió el realismo de esa novela anterior, volviéndolo irrealismo.

O digámoslo mejor en términos metafóricos. El huevo que Latorre —ese padre rechazado— puso de contrabando en el nido creativo de Donoso fue empollado por éste sin darse cuenta. Al resquebrajarse la cáscara, el obsceno pajarito que asomó llevaba —lleva— los rasgos evidentes de esa filiación bastarda. Basta mirarlos juntos para saber que el pájaro y la paquera son parientes.

No, El obsceno pájaro de la noche no viene sólo de Virginia Woolf y William Faulkner, de Joyce y Proust, como le habría gustado a Donoso. Ese libro también es hijo bastardo de la narrativa chilena anterior, tan a menudo olvidada y hasta despreciada. El pájaro es hijo de la paquera, que es su mamá.

En su ensayo Historia personal del Boom, Donoso menciona una sola vez a Latorre y es lapidario: habla de “el fracaso de Mariano Latorre”[18]. Ese juicio es de 1970 cuando, recién publicado el pájaro, Donoso está en la cumbre de su ruptura con la narrativa chilena precedente. Pero en 1981, diez años después, ya de vuelta en Chile, y de vuelta de muchas otras cosas, Donoso escribe en un artículo: “No debemos menospreciar a Latorre […] Latorre dejó una obra que sería necesario reflotar, colocándola en una perspectiva correcta”[19].

¿Cuál “perspectiva” sería esa? Él no lo aclaró. Lo que nos autoriza a imaginar que Donoso revalorizó públicamente a Latorre, proponiendo “reflotarlo”, porque veinte años después y luego de superarlo completamente, por fin pudo aceptar que éste fue un precursor necesario de su obra. Ésa es la “perspectiva correcta” faltante. Con esas palabras enigmáticas, Donoso nos dio una pista para llegar a La paquera y leerla como un antecedente de El obsceno pájaro…

Al señalar que el naturalismo y el criollismo están en la genética del irrealismo literario en Chile, no digo nada muy nuevo. Pero quizás nadie, hasta donde sé, había señalado este posible eslabón perdido, donde ambas escuelas encadenan sus cromosomas.

Existen otras alternativas, por supuesto. Es posible que si ahora leemos de este modo aquel libro de Latorre, sea debido a que Donoso cambió nuestra manera de leerlo, transformándolo en su precursor. Puede que el poderoso influjo del obsceno pájaro tiña con una luz retrospectiva a la paquera, y le invente un parecido.

Como quiera que sea, en ambos casos, una oscura belleza fluye de ese contubernio insólito entre paquera y pájaro. La belleza de una tradición viva, dinámica y hasta subversiva.

III. Epílogo

La modernidad puso una carga semántica negativa sobre los hombros de la palabra tradición. Para los escritores de cada nueva generación —especialmente en los países que se creen eternamente nuevos, como el nuestro—, la tradición suele ser una de dos cosas: si son ignorantes, es un fantasma; si son cultos, es un peso. O hasta una pesadez.

Incluso quienes jamás han leído —ni leerán— a Rimbaud repiten que “es preciso ser absolutamente moderno”, queriendo decir que sería preciso rechazar la tradición para ser libres. Ignoran que esa pretensión de modernidad ya es una tradición. O que, en palabras de Octavio Paz, la modernidad es una tradición de ruptura. Pero se ignora esto. Y, en cambio, se hace a la tradición sinónimo de lo pasado, lo caduco, lo difunto. En general, se cree que el arte, la literatura y la cultura debieran desembarazarse de ese peso muerto para ser nuevos y libres.

Tal rechazo a la tradición sugiere que la modernidad sufre de una profunda angustia de las influencias. Los modernos sentimos pánico a venir “de antes”, a no tener la prioridad, a estar en deuda con el pasado. Deuda que los escritores en su fase débil (es decir, mientras son o se creen jóvenes) temen no poder pagar con su inspiración.

De cualquier modo, un ligero examen del Diccionario de la lengua española ayuda a entender que esa angustia se basa en un malentendido.

El primer significado de la palabra tradición es muy poco “tradicional”, en ese sentido fúnebre que algunos le asignan. Tradición significa “transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación”.

Y en su quinta acepción, que me gusta todavía más —quizás porque es jurídica y la recuerdo de mis estudios de derecho—, nuestro diccionario define la tradición, simplemente, como “la entrega a alguien de algo”.

Es decir, la tradición es dinámica, un proceso constante de entregas sucesivas, una posta, tan veloz o lenta como lo permitan nuestras fuerzas y talentos. Nada más ajeno a la verdadera tradición que la imagen de un inventario sellado o un museo cerrado. La tradición se mueve, de ella entran y salen cosas constantemente, porque es un proceso de intercambios. La influencia de la tradición modifica el presente, tanto como nuestras lecturas presentes modifican a la tradición.

Esos intercambios también implican cambios: mudanzas en quien da y en quien recibe. De allí que nuestro desagrado moderno ante la tradición sea, en el fondo, un temor al cambio. Justamente porque la tradición es poderosa y amenaza cambiarnos mediante su influencia es que nos angustia y la malinterpretamos, reprimiéndola.

Pero reprimida es como ella actúa mejor: porque uno se olvida de que la ha olvidado. Y entonces, bajo el umbral de nuestra conciencia, la tradición despliega toda su angustiosa fuerza. En esas profundidades monstruosas, y fecundas, es donde pueden ocurrir cosas tan sorprendentes como que una paquera dé a luz un pájaro.

IV. Bibliografía

Bloom, Harold. 1991. La angustia de las influencias. Caracas: Monte Ávila Editores.

Donoso, José. 1987. Historia personal del Boom. Santiago: Editorial Andrés Bello.

. 1997. El obsceno pájaro de la noche. Barcelona: Editorial Planeta.

. 1998. Artículos de incierta necesidad. Santiago: Editorial Alfaguara.

Franz, Carlos. 2013. Almuerzo de vampiros. Santiago: Editorial Alfaguara, 2ª ed.

Latorre, Mariano. 1958. La paquera. Santiago: Editorial Universitaria.

Silva Castro, Raúl. 1959. “Mariano Latorre y su novela La Paquera”. Revista Iberoamericana, XXIV (48):297-306. EP

Notas

1 Mariano Latorre, La paquera (Santiago: Universitaria, 1958), 36.

2 Ibídem, 60-61.

3 Ibídem, 41.

4 Ibídem, 34.

5 Ibídem, 55.

6 Ibídem, 80.

7 Ibídem, 158.

8 Ibídem, 159.

9 Ibídem, 88.

10 Ibídem, 54.

11 José Donoso, El obsceno pájaro de la noche (Barcelona: Planeta, 1997), 18.

12 Latorre, La paquera, 63.

13 Donoso, El obsceno pájaro, 36.

14 Latorre, La paquera, 151.

15 Raúl Silva Castro, “Mariano Latorre y su novela La Paquera”, Revista Iberoamericana, XXIV (48) (1959).

16 Harold Bloom, La angustia de las influencias (Caracas: Monte Ávila, 1991), 110.

17 Ibídem, 110.

18 José Donoso, Historia personal del Boom (Santiago: Andrés Bello, 1987), 20.

19 José Donoso, Artículos de incierta necesidad (Santiago: Alfaguara, 1998), 210.

COMENTARIO A LIBRO

CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA

Alan Angell

Universidad de Oxford

Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa: La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013).

Joaquín Fermandois es un distinguido historiador del Chile del siglo XX, cuyas obras anteriores se concentran en el terreno internacional[1]. Aunque discute la situación internacional de la época, La revolución inconclusa analiza de manera extendida la historia de la izquierda en Chile, especialmente el gobierno de la Unidad Popular (UP), de Salvador Allende.

Pocos temas en la historia de Chile, e incluso de América Latina, han sido objeto de un análisis tan extenso como el Golpe de Estado de 1973. Al principio, muchos análisis tuvieron un carácter marcadamente polémico, ya sea alabando o condenando al golpe; aunque los últimos ensayos han tenido más matices[2]. La revolución inconclusa aprovecha las obras anteriores —y el autor es generoso en el reconocimiento de las mismas—, pero la envergadura de esta narrativa, el volumen de detalle y la meticulosidad y equilibrio de los principales argumentos aseguran que será parte central del debate, presumiblemente eterno, sobre la caída del gobierno de Allende, las razones tras dicha caída y el balance entre los factores internos y externos.

En el prólogo, Fermandois dice que descartó la idea de recontar una historia general del período, cubriendo aspectos económicos y sociales, con el fin de concentrarse en lo que él denomina “una historia política clásica”, en parte debido a que lo primero requeriría un libro aún más largo, pero fundamentalmente por la importancia que tuvieron las dimensiones políticas en el intento del gobierno de Allende por refundar el Estado y la sociedad en Chile. Que haya fracasado el intento de revolución lo llevó a elegir como título del libro La revolución inconclusa.

El análisis de Fermandois comienza con la observación de que el derrocamiento de Allende fue uno de los momentos determinantes de la historia de Chile. Podría, incluso, haber afirmado además que fue uno de los eventos determinantes del siglo XX. No obstante, plantea que no es posible entender el período de 1970 a 1973 sin comprender claramente el desarrollo de la izquierda en Chile durante ese siglo. El gobierno de Allende heredó la historia previa de la izquierda y los primeros nueve capítulos están dedicados básicamente al análisis de esta izquierda en la historia de Chile.

Sin embargo, la historia de la izquierda de Chile tiene que ir a la par con el desarrollo del sistema político en general. Fermandois critica a aquellas personas que ven el desarrollo de Chile en términos de una democracia cada vez más fuerte, pero también critica a aquellas que plantean que Chile es una seudodemocracia que oculta un sistema de control oligárquico. Insiste en que se debe analizar el desarrollo político de Chile en términos comparativos, con un entendimiento claro de lo que ocurría en otros lugares en momentos críticos, principalmente en América Latina, pero también más allá, especialmente en Europa. Él asevera que “el desarrollo de Chile no fue muy diferente del desarrollo de muchas sociedades modernas”[3]. Considera errada la tesis según la cual Chile es excepcional y examina los episodios de quiebre de regímenes, la represión de protestas[4] y los intervalos autoritarios como el primer gobierno de Ibáñez. Aunque cree que fue positivo el desarrollo de una institucionalidad bien arraigada en el sistema político, critica el tamaño limitado del electorado hasta mediados de la década de los 50 y las amplias desigualdades socioeconómicas. En el contexto político, el electorado estaba compuesto, cuando más, por el 20 por ciento de la población adulta. Las mujeres no pudieron votar hasta el año 1949 y, antes de que se creara la cédula única en 1958, el fraude electoral fue común. Destaca la yuxtaposición entre el retrasado desarrollo socioeconómico y la avanzada e institucionalizada estructura estatal[5]. Ésas fueron las circunstancias que indujeron el desarrollo de una izquierda que tuvo una libertad relativa para organizarse políticamente (incluso, teniendo en cuenta la prohibición durante diez años del Partido Comunista a partir de 1948), dentro de una sociedad con suficientes desigualdades sociales para generar un apoyo progresivo a una izquierda comprometida con una reforma socialista radical. No es sorprendente que en Chile se desarrollara, quizás, la izquierda más avanzada de América Latina.

Fermandois explica muy bien las diferencias entre el socialismo y el comunismo en Chile:

El Partido Comunista es una organización que se sentaba sobre un movimiento obrero y sindical, sin ser de ninguna manera idéntico a éste. El socialismo en cambio era un estado de ánimo, un estilo, una mentalidad, más ligado a un desarrollo de idea central del país, e igualmente aspiraba en ocasiones identificarse con sectores sindicales, abarcando un amplio radio de acción social de la sociedad sindical. Mientras el comunismo tenía una trayectoria política y social más rectilínea, el socialismo se conectaba con el centro de sentimientos políticos y sociales y con un modo de expresarse que le parecía connatural a una intelligentzia cultural muy amplia.[6]

La disciplina del Partido Comunista se basaba mayormente en la fuerza del movimiento sindical, especialmente en los sindicatos de mineros del cobre y el carbón. Hay algo en los sindicatos mineros —no sólo en Chile, sino que en todo el mundo— que genera movimientos caracterizados por altos niveles de solidaridad y disciplina. Los sindicatos de mineros militantes en todo el globo son producto del aislamiento geográfico, la necesidad de confiar totalmente en los otros trabajadores durante las actividades peligrosas de la minería, las condiciones de vida escuálidas y el resentimiento hacia los empleadores inescrupulosos. La cohesión sociopolítica de las comunidades mineras me causó una fuerte impresión en la década de los 60, cuando conocí a los mineros del carbón en Lota y Coronel, lugares en que el tejido social de la zona estaba obviamente compuesto por una combinación del sindicato de los mineros y el Partido Comunista[7]. Un examen superficial de la base electoral de la izquierda mostraría el contraste entre la concentración de apoyo electoral al Partido Comunista en áreas de alta densidad sindical y el apoyo al Partido Socialista, que fue mucho más disperso y urbano.

A diferencia de los comunistas, aunque Fermandois no utiliza esta frase, los socialistas de Chile fueron políticamente románticos. En Chile, el socialismo de la década de los 60 fue tanto un club de debates —en que los diferentes grupos rechazaron de manera violenta los análisis de los otros, convencidos de que lo suyo era la única interpretación correcta—, como también un partido político. Definitivamente no fue disciplinado. Los debates versaban sobre la doctrina, no acerca de las políticas; la visión de la sociedad chilena estaba fundada en una aplicación bastante mecánica de las doctrinas marxistas. Por lo tanto, nunca se cuestionó la solidaridad de la clase trabajadora, rural y urbana, y se creyó, de modo injustificado, que eventualmente se convencería a la clase media (cuyo apoyo era crucial para la victoria en las elecciones) de sumarse al socialismo.

Desde los comienzos de la izquierda a principios del siglo XX, el tema central fue si se debía destruir el sistema existente o trabajar al interior del mismo e intentar reformarlo. La postura del Partido Comunista dependía en gran medida de la postura de la Internacional Comunista, que variaba desde tácticas al estilo del Frente Popular a estrategias que insistían en una hegemonía del partido. Dentro del socialismo, había un permanente debate entre reformistas y revolucionarios, que alcanzó un punto culminante amargo y destructivo durante el gobierno de Allende.

Hoy a veces es difícil recordar lo intenso que fueron los conflictos ideológicos de la década de los 60, y no sólo en Chile. Ese decenio fue la era de la Revolución Cubana; de los movimientos guerrilleros en toda América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay; de las rebeliones estudiantiles en Francia y en Europa en general; de los terroristas de las Brigadas Rojas en Italia y del Baader Meinhof en Alemania; y de la oposición al involucramiento de Estados Unidos en Vietnam y en otros lugares. Quizás, más que cualquier otro país de América Latina, Chile fue tanto observador como partícipe de los debates ideológicos internacionales. En efecto, el esquema de los partidos se asemejaba a algunos de Europa, y al menos dos colectividades chilenas —el PDC y el PC— tenían vínculos estrechos con las de Europa: en el caso del primero, con el Partido Demócrata Cristiano de Italia, y el segundo, con el Partido Comunista de la Unión Soviética.

Por supuesto, hubo diferencias entre los partidos en Chile y los de nombre similar en Europa. El PDC fue mucho más radical que su homónimo de Alemania —para qué decir de Italia—, y junto con algunos de la izquierda enfrentaba el dilema de desear una transformación radical y rápida del sistema existente y, al mismo tiempo, querer un cambio gradual compatible con la democracia chilena. Al igual que en el socialismo, dentro del PDC emergieron facciones opositoras, lo que eventualmente culminó con el éxodo de un grupo importante de jóvenes intelectuales que formaron el MAPU (que más tarde se unió al gobierno de Allende). Sólo la derecha política parecía indecisa respecto de la dirección que debía tomar en las nuevas circunstancias de los 60, lo cual no se resolvió hasta que dos antiguos partidos —Conservador y Liberal— se juntaron para formar el Partido Nacional.

El PS chileno nunca fue miembro de la Internacional Socialista (que fue derecho exclusivo del Partido Radical). Se inspiró en una variedad de fuentes. Probó las políticas de la Yugoslavia de Tito, basándose —como señala Fermandois— en una comprensión inadecuada de las realidades de ese país. Más importante aún fue la profunda influencia que recibió de la Revolución Cubana, con su énfasis en la lucha armada. No es sorprendente que los comunistas más cautelosos miraran aprensivamente la creciente radicalización del PS y que, en el lenguaje del comunismo, consideraran las actividades de los más radicales de los grupos del PS como una “desviación izquierdista”.

Fermandois insiste en que se debe analizar el compromiso hacia el socialismo y el comunismo como una decisión consciente de adoptar una clase distinta de cultura política que él define como “un espacio de sentimientos y mentalidades”[8]. Ser un militante de izquierda significaba ingresar en un mundo definido de normas estrictas, exigencias específicas y detalladas, y un compromiso con creencias y textos fundamentales. La militancia formaba las amistades, la vida social y, para el PC, podría incluso significar la aprobación de una propuesta de matrimonio. La izquierda tenía muchos intelectuales que podían dar un grado de sofisticación a su visión del mundo, y Neruda en particular fue objeto de una cierta veneración popular que traspasaba las fronteras de la izquierda. Unirse a los partidos de la izquierda significaba adoptar un estilo de vida en el que la peor sanción era la expulsión del partido. Es más fácil entender la fuerza de los vínculos de la colectividad en comunidades cerradas y remotas como Lota y Chuquicamata, pero no tanto en centros urbanos más abiertos. Si Moscú fue un modelo para los comunistas, La Habana lo fue para los socialistas, y Fermandois cita largamente las declaraciones de personeros del PS que abogaban por una acción revolucionaria violenta[9]. Allende, por su parte, al decir que él sería el Castro de Chile, pero que sus métodos serían diferentes, realiza una declaración extraña, porque parte crucial del castrismo fueron ciertamente los métodos del mismo. El PC fue más cauteloso con sus doctrinas, pero insistía en que la vía democrática no era necesariamente equivalente a la vía pacífica.

Existen ejemplos de otros partidos y movimientos en América Latina que crearon mundos cerrados para sus militantes: el peronismo en Argentina o la Acción Democrática de Venezuela. Pero yo creo que Chile es el único país de América Latina en que dos partidos de la izquierda generaron un nivel tan profundo de compromiso político con las ideas centrales del marxismo, sin que ellos mismos fueran resultado de la oposición a una dictadura política[10].

De ahí surge la duda, desde luego, de hasta qué punto compartía la población general el debate emocional y extremo de las élites de los partidos. Nancy Bermeo es escéptica y argumenta que no era común encontrar en el electorado la radicalización de las élites de los partidos. Resalta la estabilidad de las identidades políticas y la longevidad del compromiso popular con el discurso democrático y no revolucionario. También afirma que el aumento de votos para la izquierda se explica por el rápido crecimiento de los inscritos y no por la mayor radicalización del electorado. Los inscritos crecieron desde 18 por ciento de la población en 1957, hasta el 36,4 por ciento en 1970, aumento que se debió, en gran parte, al otorgamiento de los derechos de sufragio y derechos políticos a los pobres. También sostiene que “lo que sorprende más respecto del mayor apoyo para la izquierda entre 1965 y 1969 no es que haya ocurrido, sino que se produjo a tan pequeña escala. (…) La composición de los votantes demostró notables continuidades en el tiempo y el centro político se mantuvo admirablemente flexible”[11]. En otras palabras, la izquierda nunca logró, incluso con su más alta votación del 43 por ciento en 1973, el apoyo de una mayoría de la población, y el aumento de sus votos podría explicarse por el hecho de que fue la primera elección en que quienes tenían 18 años y los analfabetos pudieron sufragar.

Allende hablaba el lenguaje del socialismo revolucionario y abogaba por los distintos representantes internacionales de grupos y regímenes revolucionarios, lo que parecía dejar en claro, sin lugar a dudas, sus credenciales revolucionarias. Pero siempre es más fácil predicar la necesidad de revolución en otros países. Dentro del PS, tenía rivales que dudaban de su sinceridad ante la revolución y criticaban su estilo de vida. Sin embargo, como señala Fermandois, hubo un “pueblo allendista”, es decir, un electorado más grande que los votantes comprometidos con el partido, lo que significaba que Allende era indispensable si el PS deseaba ganar puestos políticos. Un ejemplo de la hostilidad hacia Allende es la mala gana con que la directiva del partido anunció que él sería su candidato para la elección de 1970, momento que se destaca por ser la primera vez que el PS no fue capaz de tomar una determinación unánime.

Fermandois dedica un largo capítulo a Allende, examinando sus orígenes, su paulatino desarrollo político, sus creencias y su estilo de vida[12]. Allende fue, en gran medida, el producto de su época y sería difícil imaginarlo como un actor político principal en la política profesional de las décadas siguientes. Observa que Allende, a diferencia de la mayoría de los políticos de ese momento, nunca tuvo una base geográfica específica y representaba áreas desde el norte hasta el sur de Chile, lo que ayuda a explicar su apoyo popular. Allende hizo saber que, a pesar de sus ideas revolucionarias, deseaba efectuar un cambio radical sin violar la Constitución ni las leyes, aunque de ahí surge la pregunta de cómo se interpretan la Constitución y las leyes; un tema que se transformó en eje del conflicto político durante su gobierno[13]. Es posible que su postura legalista fuera parte de su amplio atractivo, pero deterioró su autoridad dentro del PS, en el que muchos miembros lo vieron como insuficientemente revolucionario en cuanto a su política y principios, y demasiado inclinado a hacer los tratos políticos que rechazaban los sectores más radicales. Las relaciones entre Allende y el PS se parecían a un matrimonio infeliz que se mantiene unido por la fuerza de las circunstancias. El PC probaría ser un aliado más confiable.

Tal como se esperaría de un observador cercano de Chile en el mundo, Fermandois examina el impacto de la Guerra Fría en su país. Los hechos que marcaron la intervención de Estados Unidos en Chile en 1964 son bien conocidos, pero aún se debate cuánto influyó esto en el curso de la política chilena[14]. Fermandois argumenta que Estados Unidos podía dar ayuda a sus aliados, pero no podía determinar sus estrategias y tácticas. Para equilibrar la mayor cobertura que normalmente recibe el rol de Estados Unidos, analiza el alcance del apoyo de la Unión Soviética a la izquierda chilena y comenta sobre la obsesión de la izquierda con la República Democrática de Alemania (RDA). Los elogios a la RDA emitidos por la izquierda —aun cuando el motivo principal fue la búsqueda de apoyo financiero— hacen recordar a los observadores británicos que hablaban entusiasmados sobre la nueva “utopía” en la Unión Soviética después de visitarla durante la época de hambruna y terror.

El libro de Fermandois relata el desarrollo del gobierno de la Unidad Popular comenzando con las elecciones de 1970 y cuenta con detalles bien documentados la historia de los tres candidatos y sus campañas. Jorge Alessandri fundó la suya en su personalidad en lugar de una declaración detallada de principios. Su edad constituía una desventaja en los programas de televisión y fue objeto de un trato abusivo y mordaz en los medios de comunicación. Si Alessandri fue una mala elección para la derecha (aunque no está claro si había un mejor candidato), Radomiro Tomic resultó ser un mal candidato para el PDC. Necesitaba desesperadamente no perder terreno en la izquierda, pero su programa se veía como un repudio al gobierno anterior del Presidente Eduardo Frei; además, su base de apoyo fue debilitada por la deserción de los intelectuales del MAPU. Allende contaba con el apoyo del PC, pero el PS fue más ambiguo. Símbolo de la actitud del PS fue su insistencia en que el programa era el que tenía importancia y no el candidato. Sin embargo, Allende podía contar con un apoyo más amplio que los militantes de la izquierda y, de todas maneras, él sabía desarrollar a la perfección una campaña política.

Los indicios de obstáculos que enfrentaría la izquierda estaban ya claramente desplegados en las estadísticas electorales. Allende fue un Presidente de la minoría; su apoyo entre las mujeres votantes fue mucho menor de lo que fue para Alessandri y no mucho más de lo que era para Tomic. Es poco probable que el 35 por ciento que votó para Alessandri fuera a aceptar una revolución socialista, y debido a que muchos del ala izquierda del PDC habían formado otros partidos, la base electoral del PDC también era más conservadora que en el pasado. Los augurios electorales de una revolución exitosa —aunque fuera una de empanadas y vino tinto— no eran auspiciosos, a menos que la izquierda hubiese logrado atraer a un número sustancial de aquellos que no votaron por Allende en 1970. Y como ya sabemos, eso no ocurrió.

Las maniobras posteriores a las elecciones para impedir que Allende asumiera no fueron nada más que el preludio de lo que siguió. Desde aquellas que querían elegir a Alessandri con el apoyo del PDC a los intentos desde el ejército para crear una situación de caos (incluyendo el fracasado secuestro del general Schneider, realizado con el respaldo de la CIA y de la Casa Blanca), todas fracasaron porque, según argumenta Fermandois, el tiempo no era el propicio. Pocos en las Fuerzas Armadas querían tomar acciones precipitadas; el PDC negoció un conjunto de garantías que mantuvo a la mayoría de sus militantes dispuestos a aceptar el resultado electoral. Había una sensación de que Allende no sería tan malo como se temía: después de todo, no era comunista. Por sobre todo, el asesinato del general Schneider desalentó a los posibles conspiradores a tomar acciones inmediatas. La mayoría de los opositores a Allende aceptó la posición de Patricio Aylwin, conforme a la cual con el conjunto de garantías “tendremos una cancha adecuada para dar con posibilidades de éxito la pelea que en estos momentos es preciso dar en Chile”[15].

La historia de los años de Allende es similar a la de esas tragedias en que se sabe el final, pero donde la narración detallada de los eventos —como en este libro— cautiva al lector en la medida en que se intensifica la lucha por el poder, se extiende el conflicto a las calles y campos, el gobierno intenta desesperadamente mantenerse en el poder, las fuerzas de la derecha movilizan su apoyo y las fuerzas armadas avanzan eventualmente al centro del escenario con el brutal Golpe de Estado en 1973. Fermandois cita a Tomic, quien expresó esta idea de una tragedia inevitable:

“(…) Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar”[16].

Fermandois cubre muchos de los aspectos de estos años turbulentos: la economía, la reforma agraria, el sistema judicial, la situación internacional, los conflictos entre los partidos y al interior de los mismos, la brutalidad de la prensa para ambos lados y el rol de los actores internacionales. Cada lucha parecía tener que ver con el poder; la toma de empresas por el sector estatal, argumenta, trataba más del poder político que de la política económica.

Si alguien deseara una narración completa de estos años turbulentos, la encontrará en estas páginas. Pero el libro es más que eso. Escribir sobre este período de una manera equilibrada ––evitando hacer una denuncia de las insensateces de la izquierda o una declaración de que las conspiraciones internacionales condujeron a la caída del régimen–– es difícil. Esté uno de acuerdo o no con algunos de sus argumentos, aquí hay una base para un debate informado, aunque los interesados en los cambios sociales o culturales de la UP tendrán que buscarlos en otra parte.

Por lo menos, en el primer año, hubo algo de optimismo generado por el crecimiento económico, aun cuando la política “tenía algo de revolucionario y mucho de populista”[17]. Se daba impulso al crecimiento económico con el aumento dramático de la masa monetaria y el crecimiento correspondiente de las remuneraciones. Sin embargo, ello era una base frágil para un desarrollo sostenido. Aunque es dudoso que Allende conociera bien los textos clásicos del marxismo, está bastante claro que no era economista. Ni él ni su equipo previeron los problemas económicos que comenzaron a aparecer al final de su primer año —o, si los vieron, abogaron por una aceleración de los programas de nacionalización, que, aparte de ser mal concebidos y ejecutados, eran en sí mismos, de distintas maneras, la fuente de la crisis económica—. La excepción fue una nacionalización que serviría bien a Chile en los años por venir, la del cobre, aprobada con el apoyo tanto de la derecha como de la izquierda. No obstante, ésta también fue un área donde el bloqueo de Estados Unidos de repuestos vitales para la industria tuvo efectos adversos en la producción.

Sin embargo, aunque la política económica de la UP fue mal concebida, debe hacerse notar que la trayectoria de la política económica de Chile era muy lúgubre hace incontables años. Ningún gobierno, ya fuera radical, de la derecha o del PDC, había sido capaz de combinar crecimiento económico con bajas tasas de inflación, o capaz de reducir la desigualdad o abordar las espantosas condiciones de la fuerza laboral en el campo. Desde luego, hubo algunas reformas positivas: la creación de la Corfo en el período del Frente Popular; las reformas agrarias, apocadas bajo Alessandri pero mejores bajo Frei, aunque seguían siendo inadecuadas; y una mejora en el nivel de vida durante el gobierno de Frei. Pero en general, a largo plazo, el crecimiento había sido deficiente; la inflación, demasiado alta; la productividad, mala; y la pobreza, generalizada. Incluso los primeros diez años del gobierno de Pinochet fueron lamentables en términos de un crecimiento estable, y a pesar de las reformas del grupo Chicago, el gobierno de Pinochet se fue del poder con altos niveles de pobreza, niveles aún más altos de desigualdad y una inflación creciente. Sólo el período que comienza en 1990 representa un verdadero despegue del patrón chileno de deficiente rendimiento económico, lo que fue acompañado de un marcado progreso social.

Nada de lo anterior tiene por objetivo sugerir que no son acertadas las críticas que hace Fermandois a los fracasos de las políticas monetarias y fiscales, a la dudosa legalidad del Área de Propiedad Social y a la reforma agraria que reprodujo nuevamente los fracasos de la colectivización de la agricultura. Pero no es cierto que la UP arruinó una economía próspera. Los problemas económicos de Chile estaban bien arraigados y eran de largo aliento. Cualquier gobierno que hubiera asumido el poder en 1970 habría enfrentado una presión enorme para efectuar cambios sociales progresistas, debido a la intensidad de las demandas políticas favorables a un cambio radical, reflejadas en las promesas de campaña de Tomic (del PDC), como en las del mismo Allende. Si éste último hubiera mantenido el control político sobre su coalición, si su equipo económico no hubiera sido tan dogmático y poco dispuesto a cambiar de rumbo, si el ritmo de cambio no hubiera sido tan raudo, el final podría haber sido diferente. Si la situación internacional hubiese sido más propicia ––ya sea en movimientos de precios internacionales favorables en vez de adversos, o si no hubiesen existido los boicots organizados por Estados Unidos––, el camino de la reforma podría haber sido más fácil. Los precios internacionales fluctuaban adversamente para la UP, porque los precios de los alimentos (que Chile estaba importando con más frecuencia) subieron y los del cobre bajaron, a lo que siguió la crisis del petróleo de 1973. Habrían sido difíciles tiempos para cualquier gobierno, sin importar su orientación política.

Hubo una considerable continuidad electoral, acompañada de un aumento masivo en la movilización social, porque “el poder popular” y los “cordones industriales” salieron a las calles para apoyar al gobierno. Pero también lo hicieron los mineros del Teniente y los diferentes gremios que se oponían a la UP. La derecha política de Chile no iba a aceptar jamás las reformas que proponía la UP, incluso si hubieran sido mejor diseñadas e implementadas o si la retórica política hubiese sido menos confrontacional. Al final de cuentas, el gobierno de la UP no pudo generar suficiente apoyo social para obligar la implantación de sus políticas y lograr algún grado de estabilidad política.

Fermandois habla mucho sobre las ambigüedades de Allende. ¿Estaba verdaderamente comprometido con un camino democrático hacia la revolución, como enfatizó tan a menudo, o en última instancia la meta revolucionaria tenía prioridad sobre los medios democráticos? Además de lidiar con las fuerzas opositoras, Allende estaba constantemente equilibrando las cosas dentro de su propia coalición. No es sorprendente que su discurso se adaptara al público al que se dirigía. Quizás su retórica hubiera sido más moderada si hubiese tenido un apoyo disciplinado. Debido a que enfrentaba a un Partido Socialista que pretendía, cada vez con más fuerza, tomar el poder por todos los medios, la única manera que tenía de mantener su poder era adoptar el lenguaje de la izquierda extrema. Pero indudablemente fue un error reclutar sus guardaespaldas del seno del MIR, como lo fue también declarar que él no era Presidente de todos los chilenos, aunque después intentó paliar esa declaración.

El poder y la autoridad de Allende parecieron desvanecerse en la medida en que el auge de 1971 se transformaba en el colapso económico de los dos años siguientes. Fracasaron sus intentos desesperados por lograr un acuerdo con el PDC y calmar los ánimos políticos involucrando a las fuerzas armadas en el gobierno. Y Castro se quedó demasiado tiempo en Chile: finalmente, es posible que la derecha haya ganado más capital político con su visita que la izquierda.

La política y los conflictos políticos parecían absorber todos los aspectos de la vida social y económica; incluso el sistema legal, puesto que el poder judicial se oponía fuertemente a la creación de una “justicia popular”. Es difícil imaginar que una sociedad pueda sobrevivir a tan alto grado de polarización y movilización. No parecía haber solución en Chile. El gobierno perdió su poder no sólo frente a sus opositores, sino que también frente a sus partidarios. Allende caminaba sobre la cuerda floja y finalmente ni siquiera su destreza política podría evitar la catástrofe. Los resultados de las elecciones de 1973 señalaron y reforzaron la polarización en dos grupos. Fermandois comenta que la UP exageró la naturaleza positiva del 43 por ciento que había ganado, en tanto que la derecha se mostró bastante pesimista respecto de su voto de mayoría simple. El resultado fue que la izquierda exageró su apoyo y aceleró el proceso de reforma, mientras que la derecha creyó cada vez más que la única solución estaba en un derrocamiento violento de la UP.

Un voto del 43 por ciento no es malo considerando el peligroso estado de la economía, pero sólo podría haber aumentado ganando un apoyo sustancial de los sectores medios. Allende enfatizó constantemente que las pequeñas y medianas empresas y los profesionales del sector privado y público serían incorporados en el proyecto de la UP. Pero no le creyeron. La retórica de la izquierda en general alababa a la clase obrera por sobre todas las demás, y la realidad de las ocupaciones arbitrarias de las fábricas desconsolaba exactamente a aquellos pequeños emprendimientos que Allende quería atraer a su lado. Al empezar, la UP nunca tuvo el apoyo de los sectores medios y tampoco lo logró después de asumir el poder. ¿Cómo se puede ganar una revolución democrática sin el apoyo mayoritario de la población? Si Allende estaba consciente de este dilema, su posición era minoritaria al interior de la UP.

Esto indica un problema general respecto de la manera en que la UP analizó la estructura social de Chile. Se supuso que había claras divisiones de clases y que la lógica de la acción obligaría a la mayoría de la sociedad a formar parte de una coalición contra la minoría de los grupos de la clase alta. Pero lo erróneo de este análisis se vio en el hecho de que no se pudo convencer a sectores importantes de la clase media. Había múltiples grupos sociales que componían la denominada “clase media”, pero no existía ninguna visión política que los llevara hacia la UP. Las tomas de las fábricas asustaron a los propietarios de empresas grandes y chicas; los empleados profesionales votaron en masa por el PDC en las elecciones sindicales; los sindicatos rurales recientemente formados se aliaron tanto con la derecha y el centro como con la izquierda. Las huelgas pueden haber sido ejemplo de la militancia de los obreros, pero fueron un duro golpe para la economía. Las huelgas en el sector privado crecieron de 564 en 1964 a 2.377 en 1972, y a 2.474 en 1973, con más de un millón de días-hombre perdidos. Sólo en el sector público, en 1972 hubo 815 huelgas, con cerca de medio millón de días-hombre perdidos.

La UP fracasó en sus intentos de ganar el voto femenino. Sólo una minoría de mujeres participaba de la fuerza laboral, y no en empleos que normalmente se sindicalizaban. Aunque las mujeres en situación de pobreza se beneficiaban de mejores políticas de vivienda y del suministro de alimentos generado por las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), la sensación de crisis constante, los aprietos de la vida cotidiana y los problemas para sostener unida a la familia ayudan a explicar por qué, si el 46 por ciento de los hombres votó por la UP en 1973, sólo el 36 por ciento de las mujeres lo hizo[18].

Podría parecer sorprendente que el 43 por ciento del electorado votara en marzo de 1973 por un gobierno incapaz de generar una política económica que funcionara. Pero hay que recordar que en esa época Chile era una sociedad muy desigual, con áreas rurales más parecidas al siglo XIX que al siglo XX. Existía una verdadera necesidad y demanda por la redistribución de ingresos, por mejores políticas habitacionales y sociales, por una reforma rural, por una modernización de la estructura industrial; todos problemas reconocidos pero no solucionados por el gobierno de Frei, a pesar de sus mejores intenciones. El apoyo popular para la UP fue fortalecido por las JAP, que obtenía adecuados suministros de alimentos para los pobres[19]. Hubo muchos avances en las políticas habitacionales, aumentaron los sueldos (aunque demasiado rápida e indiscriminadamente para la estabilidad económica) y hubo mucho para admirar en el área cultural: nuevas canciones y nuevos conjuntos, el teatro y las artes. Con todo, nada de esto fue capaz de conquistar un apoyo mayoritario para la UP.

Fermandois es ansioso en desacreditar la tesis de que la planificación del Golpe de Estado de 1973 se inició poco después de la elección de 1970 e insiste, a pesar de todo lo dicho sobre la participación de Estados Unidos antes y después del Golpe, en que ésta fue a lo más un factor secundario. El golpe se hizo en Chile y por los chilenos. No cabe duda de que las fuerzas militares estadounidenses se mantenían en estrecho contacto con sus contrapartes chilenas, pero la UP gozaba por igual del apoyo de Cuba, a pesar de que la ayuda tanto de la Unión Soviética como la de la RDA fue decepcionantemente inadecuada.

Fermandois traza el proceso mediante el cual las fuerzas armadas, que no estaban para nada comprometidas con una intervención política en el primer año del gobierno de la UP, experimentaron una transformación gradual en respuesta a la creciente violencia y, sin duda influenciadas por la postura cada vez más confrontacional de la derecha política, eventualmente decidieron derrocar el gobierno.

El tema de las fuerzas armadas pasa a ser central en las últimas páginas. Fermandois observa que por lo menos Allende había intentado consistentemente ganarse a las fuerzas armadas al tiempo que respetaba su autonomía. Por ejemplo, trató de vincular la idea de seguridad nacional con el desarrollo económico y social que esperaba lograr. También es obvio que los líderes de las fuerzas armadas —como Carlos Prats— respetaban los derechos del Presidente de crear políticas públicas y de solicitar el apoyo de las fuerzas armadas. Pero hubo otras maneras en que la UP intentó influenciarlas, por ejemplo, creando células de fieles a la UP que podrían resistir las posibles acciones de los opositores derechistas al gobierno. Las fuerzas radicales de la UP, especialmente el MIR y sectores del Partido Socialista, exageraron tanto su número como su capacidad de actuar. Se sabe que no son un mito porque hay evidencia de sus acciones, especialmente en la armada. Pero, al fin y al cabo, la existencia de estos grupos fue contraproducente debido a que se llegaron a ver como una amenaza para la unidad de las fuerzas armadas y un ataque contra su profesionalismo, un motivo más para juntar apoyo para un golpe en el seno de las fuerzas armadas.

Parece inconcebible que en una situación de violencia diaria in crescendo, con una economía que caía en una crisis cada vez más profunda, con los llamados de la derecha y de los sectores productivos, alentados por Brasil y Estados Unidos, y con el país dividido en dos bloques antagonistas, el ejército hubiese resistido tomar una acción tan decisiva. No obstante, surgen dos preguntas.

¿Por qué las fuerzas armadas no impusieron un gobierno provisorio para preparar el camino para el retorno a un gobierno democrático? Después de todo, las fuerzas contra la UP constituían una mayoría. Fermandois ofrece varias razones. Para poder organizar un golpe en una sociedad con una fuerte tradición constitucional como Chile, los argumentos a su favor tenían que ser basados en el hecho de que el deterioro era tan grande que el camino a la reconstrucción sería largo y que un retorno rápido al imperio de los políticos no sería suficiente para lograr la estabilidad. Los conspiradores también creyeron que el golpe sería enfrentado con violencia, aunque en la práctica exageraron el alcance de esa amenaza. Por ende, a su juicio, era necesario un período prolongado de dominio militar para encargarse de esas amenazas. Las fuerzas militares sabían que tenían el respaldo de la derecha y de los sectores productivos para un nuevo comienzo y confiaban en que recibirían apoyo internacional de los países que les importaban, es decir, Brasil y Estados Unidos. Además, como señala el autor a través del libro, las familias de las fuerzas militares habían sufrido privaciones bajo el imperio de la UP y presionaban constantemente para que las fuerzas armadas hicieran algo.

Un equipo económico experimentado estaba esperando tras bambalinas para justificar cómo un golpe era la única manera de lograr reformas económicas. Que este equipo, como pensaban las fuerzas armadas, tenía la clave para una reforma exitosa de la economía chilena fue otro de los motivos para querer un largo período de dominio. Y para tratar de establecer legitimidad política estaba Jaime Guzmán, presto a dar la orientación para un futuro Estado autoritario.

La segunda pregunta es: ¿por qué fue tan brutal el Golpe? Se podía esperar una represión inicial violenta de los militantes pro UP, pero una vez que el imperio militar fue firmemente establecido, lo que se logró rápidamente, ¿por qué continuaron las torturas, ejecuciones y desapariciones por tanto tiempo? Si las fuerzas militares encontraron tan poca resistencia y si después de un período inicial se eliminó a la mayoría de los grupos de resistencia y se exiliaron a miles de activistas, ¿por qué el gobierno militar persistió en su violación de los derechos humanos? Fermandois podría haber abordado este tema en la conclusión, porque el origen de estas políticas está en el período que él cubre, y entregarnos alguna luz sobre la naturaleza de la conspiración para derrocar a la UP.

La revolución inconclusa es un libro largo y espero que esa extensión no desanime a potenciales lectores, porque una vez que se empieza, es difícil dejar a un lado este fascinante relato. Es lectura obligatoria para el estudio del régimen de Allende y de la izquierda en Chile. ¿Podría el autor, quizá, ser persuadido la próxima vez a aplicar sus talentos para contar la historia de la derecha en Chile?[20] EP

Notas

1Alan Angell. Historiador británico, especialista en Chile. Fue director del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Oxford e integrante, desde 1966, del St Antony’s College. Entre sus muchas publicaciones figuran Democracy after Pinochet (London: Ilas, 2007); Chile, de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1993) y Politics and the Labour Movement in Chile (Oxford: Oxford University Press, 1972). Email: alan.angell@sant.ox.ac.uk.

Con libros como Chile y el mundo 1970-1973 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985) y Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005).

2 Como el libro de Tanya Harmer, Allende’s Chile and the Inter-American Cold War (Chapell Hill: University of North Carolina Press, 2011), que hace un análisis magistral de Chile en ese período; o el de Julio Pinto y Verónica Valdivia, Cuando hicimos la historia (Santiago: LOM, 2005), que examina los cambios socioculturales de esa época. Los políticos vigentes en ese momento han escrito autobiografías indispensables: por parte de la derecha está La travesía del desierto, de Andrés Allamand (Santiago: Aguilar, 1999), y por parte de la izquierda, El sol y la bruma, de Jaime Gazmuri (Santiago: Ediciones B, 2000); y por último, aunque versa sobre hechos posteriores al golpe de Estado, Isla 10, de Sergio Bitar (Santiago: Pehuén, 1987), esclarece las percepciones de los políticos partícipes del gobierno de Allende.

3 Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013), 9.

4 Aunque hace referencia a la Matanza del Seguro Obrero sólo de pasada, parece apropiado discutirlo con mayor detalle en el contexto de algunos movimientos de la derecha (década de los 30 y 40) que fueron claramente autoritarios.

5 Que es, desde luego, el argumento del libro altamente influyente de Jorge Ahumada: En vez de la miseria (Santiago: Editorial del Pacífico, 1958).

6 Fermandois, La revolución inconclusa, 77.

7 Y también por las iglesias pentecostales, aunque eso es materia de otro análisis.

8 Fermandois, La revolución inconclusa, 25.

9 Recuerdo haber asistido a una reunión del Partido Socialista a fines de los 60, en la que habló Altamirano aconsejando una revolución armada. Cuando un seguidor entusiasta preguntó el momento en que acaecería, su respuesta fue: “Bueno, esa es una pregunta orgánica”. Una respuesta que dejó tan confuso al seguidor como a mí.

10 Una brillante explicación de lo que fue ser militante comunista se encuentra en la biografía que escribió Roque Dalton sobre el revolucionario salvadoreño Miguel Mármol (Miguel Mármol, Melbourne: Ocean Press, 2007). Y una nota triste sobre el sectarismo de la izquierda en ese país es el asesinato de Roque Dalton por un grupo rival en la izquierda salvadoreña.

11 Nancy Bermeo, Ordinary People in Extraordinary Times (New Jersey: Princeton University Press, 2003), 144 y 152.

12 Víctor Figueroa Clark publicó hace poco una biografía corta y esclarecedora sobre Allende, denominada Salvador Allende: Revolutionary Democrat (Londres: Pluto Press, 2013).

13 Se planteaba, por ejemplo, que la justificación legal tras muchos decomisos de fábricas y la intervención del Estado en la economía (la ASPs) fue contraria al espíritu de las leyes y fue diseñada para pasar por alto al Congreso.

14 En la obra de Tanya Harmer, se analiza la participación de Brasil, a menudo ignorada, en la política nacional chilena.

15 Fermandois, La revolución inconclusa, 345.

16 Ibidem, 743.

17 Fermandois, La revolución inconclusa, 380.

18 Intento analizar estos temas en “Political Mobilisation and Class Alliances in Allende’s Chile”, en A Contra Corriente 7 (2), invierno 2010.

19 Fermandois comenta que, aunque el pueblo se quejaba mucho de las colas para obtener alimentos, había un lado positivo, puesto que dichas colas también constituían lugares de encuentro para la interacción social.

20 Porque ya ha escrito un ensayo lúcido e iluminador sobre la derecha en su crítica a La travesía del desierto, de Andrés Allamand, publicado por Estudios Públicos 78.

RÉPLICA A LOS COMENTARISTAS

POR QUÉ LA HISTORIA ESCRITA ESTÁ ABIERTA Y SIEMPRE LO ESTARÁ*

Joaquín Fermandois

Pontificia Universidad Católica de Chile

Joaquín Fermandois Huerta. Profesor de historia contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha escrito Política y trascendencia en Ernst Jünger 1920-1934 (1982); Chile y el mundo 1970-1973. La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional (1985); Abismo y cimiento. Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos 1932-1938 (1997); Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial. 1900-2004 (2005); La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (2013). Email: jfermand@uc.cl.

* Las siguientes reflexiones son la respuesta de Joaquín Fermandois a las reseñas sobre su libro La revolución inconclusa (CEP 2013) aparecidas tanto en este número de Estudios Públicos, como en las dos entregas anteriores, a saber: María Teresa Infante, “La revolución inconclusa”, Estudios Públicos 133 (2014), 165-183; Sofía Correa Sutil, “¿Democracia popular en Chile?”, Estudios Públicos 134 (2014), 187-203; y Alan Angell, “Crónica de una tragedia”, Estudios Públicos 135 (2014), 251-268.

Una historia debatida

Tienen razón los comentaristas al sostener que el 11 de septiembre de 1973 encenderá para siempre una pregunta sobre el carácter de Chile y de su historia. El bombardeo de La Moneda es lo que más despierta la curiosidad de los visitantes al Museo de la Memoria, inaugurado en enero de 2010. Devino en el símbolo de la crisis de Chile y el preámbulo de unos años extraordinariamente violentos en la historia republicana del país. Por ello, la casi totalidad de los análisis de la época de la Unidad Popular la miran como algo inseparable del régimen militar que le siguió, poniendo énfasis en las ejecuciones, desapariciones (que en lo general implicaban tormentos hasta provocar la muerte) y en el uso generalizado de la tortura como medio de interrogación, al menos en los primeros años. También es indudable que el país había saltado a un estrellato mundial con la elección de Salvador Allende en 1970, hasta el punto de que se podría llamar como “utopía lejana” a los años de su gobierno. Lo que vino después fue una suerte de “antiutopía”, que, en lo principal, dejaría para siempre marcado al régimen de Pinochet. Este último extraía su legitimación de un rechazo radical del proyecto de la Unidad Popular. Las interpretaciones favorables o que han expresado algún grado de encanto con la “vía chilena” también destacan cierta relación de causa y efecto entre el propósito político que encabezaba Allende y la reacción violenta contra su meta y su dinámica. En este sentido, la dictadura de Pinochet le otorgó a posteriori un aura de legitimidad adicional a la experiencia marxista, que de manera casi inédita se había llevado a cabo en Chile por medios formalmente institucionales[1].

Todas estas experiencias son también inseparables del advenimiento de la larga transición en Chile en la década de 1980 y el surgimiento de la nueva democracia, celebrada esta última sobre todo en el extranjero muchas veces como “modelo chileno”, en un sentido casi siempre laudatorio. Más allá de las exageraciones, como de las críticas acerbas que surgieron de tanto en tanto, el Chile contemporáneo está ligado a este escenario con múltiples miradas, incluyendo a uno que no sabe si está ilusionado o desilusionado con el país en los momentos en que se escriben estas líneas. Esto nos lleva al viejo tema de la historiografía acerca de las continuidades y discontinuidades de los procesos históricos concretos, como siempre un dilema insoluble si lo queremos explicar al modo de un fenómeno de la naturaleza. El lenguaje de la historia posee siempre un alcance en algunos grados metafórico; son los granos de sal imprescindibles, aunque resbaladizos, cuando queremos explicar conductas humanas que tienen que ver con lo que hacemos y hemos hecho.

Precisamente el Chile que va entre 1970 hasta nuestros días ha sido una combinación de continuidades en la evolución y de rupturas, aunque a veces tienden a confundirse. Es indudable que el Golpe de Estado de 1973 se acerca más al modelo de la ruptura, mientras que la transición (corta) a la democracia entre 1988 y 1990 expresa una evolución que parece rescatar una continuidad. La misma década de 1980 se nos aparece como una extraña y a veces inquietante combinación de abismos sin regreso y de transformaciones positivas que pocos años antes nos hubieran aparecido como un deseo reprimido. Al final, en consonancia y en vanguardia con cambios globales que normalmente son considerados como el fin de la Guerra Fría —aunque para este caso los prefiero denominar como la maduración y convergencia chilena con el modelo occidental que transformó al final al mismo régimen militar—, se abrió paso a una nueva época que no pretendía romper del todo con las dos décadas anteriores. Mirados en su conjunto, estos 44 años los vemos como una historia fascinante que a la vez nos puede producir exasperación, tedio y frustración. Estoy seguro, sin embargo, de que para quienes tengan presente el desarrollo global en este casi medio siglo, y aun teniendo en cuenta los extensos hoyos negros de la cultura contemporánea, la mayor parte de los observadores la mirarían con prudente optimismo.

En correspondencia con sus tensiones internas, la crisis nacional del año final de la Unidad Popular, la crisis que representó la dictadura de Pinochet y los años de la nueva democracia deben estar a la vista al momento de pensar la historia de Chile. Esto vale también para introducirnos en el amplio marco del pasado a fin de entender el presente. Por ello, La revolución inconclusa está precedida de un capítulo dedicado a pensar el tema del orden y de la democracia en la historia de Chile. Su objetivo es tanto recordar la fragilidad de nuestras instituciones como subrayar su relativa fortaleza y arraigo en comparación con las repúblicas latinoamericanas, aunque no exista una diferencia que pudiéramos calificar de esencial. Me parecía por lo mismo que, como a lo largo de todo el libro, mi interpretación de los hechos no podía estar separada de la experiencia de la política moderna, cuya ausencia como marco de inteligibilidad muchas veces constituye una carencia no sólo de la historiografía chilena sino también de la latinoamericana. Para evitar esta insuficiencia, hay que referirse a un marco global que considere el desarrollo del orden político en el contexto de la modernidad y del mundo en general. No es por casualidad que el siglo XX de China —un Estado y una civilización que han sido de los más (relativamente) aislados— no se pueda comprender sin la referencia de factores tales como nacionalismo y comunismo, incluso hasta el momento presente. Somos muy diferentes y parecidos a la vez, extraños y simultáneos, lo que por lo demás es una de las bases de la existencia histórica, ya que las sociedades humanas poseen analogías y al mismo tiempo una personalidad indiscutiblemente propia e intransferible. La conciencia de esta doble condición es la que a mi juicio debe presidir el lenguaje del historiador al momento de solidificarse un relato.

Lo teórico en la historia de la Unidad Popular

La misma idea es la que me demandaba explicar la historia de Chile teniendo como actor privilegiado, si bien no único, a la izquierda chilena, desde su remoto origen hasta los albores de la Unidad Popular. Por cierto, existe una abundante bibliografía al respecto que era imposible cotejar en su totalidad, aunque creo haber sido justo al efectuar una selección representativa. No se trata ni de un resumen, ni de un texto pedagógico, sino que surge de la creencia con arreglo a la cual cada historiador escribe la historia de una manera única y personal. Es la base que hace del desarrollo historiográfico moderno un debate constante que termina siendo una suerte de permanente comentario acerca de la condición histórica de la existencia humana. En principio, esto no tendrá fin. Es lo que me llevó a apuntar algunos temas del desarrollo de la izquierda —también de otros actores y de situaciones que no pueden reducirse a la pura oposición de derecha e izquierda— de una manera que me permitía añadir algunos matices, me parece que significativos, que estaban ausentes en otros relatos. Así, por ejemplo, extraje varios textos de la tradición de la izquierda del eximio libro de Sergio Grez, si bien añadiendo mi propia interpretación, fórmula en la cual no lleva ninguna responsabilidad este historiador[2]. Uno podrá diferir a veces de una manera muy marcada de la lectura de otros autores; ello no quita que la obra propia no podría construirse sin el largo camino intelectual que lo precedió. He tenido siempre una actitud casi instintiva de rechazar esa propensión tan propia a las pequeñas querellas académicas, incomprensibles para otro público, y que en Chile se expresan como el “ninguneo” y el “chaqueteo”. Sencillamente, considero que aunque uno puede y debe apreciar positiva o negativamente tal o cual aporte no es dable negarse a justipreciar esa labor que le ha precedido. Ello sencillamente por una razón que es casi práctica. Condenar al olvido y al silencio a otras voces es totalmente contraproducente para el empeño cognitivo que supone nuestra labor de historiador.

Todo autor que se ha sumergido por estudio o por observación vital en un tema específico durante largo tiempo, por décadas como es en mi caso, tendrá algo que añadir al cuadro realizado por otros historiadores o estudiosos del período, entendiendo que el conocimiento histórico no es monopolio de los historiadores. Los intentos que han existido por crear un lenguaje fijo y homogéneo, ya sea por el dogmatismo y el anquilosamiento de algunas escuelas, o por un discurso oficial como los del Estado totalitario, han resultado en un sonoro fracaso, produciendo textos carentes de alma y de vida. La historia escrita, sea de raíz académica, disciplinaria o surgida de los amantes y aficionados a escribirla, será siempre un relato y una interpretación —idealmente, las dos cosas a la vez—, insustituible en cuanto obra personal. La rigurosidad y la ciencia misma aparecen cuando el historiador da cuenta de por qué escoge tal o cuál estrategia, tal o cual nomenclatura y sin ignorar otras preguntas insiste con las suyas. También cuando tiene la suficiente humildad para no subestimar obra alguna del pensamiento. Existe un arbitrio al escoger el lenguaje de la historia, pero la selección del tipo de relato no es arbitraria.

No lo es tampoco el identificar un fenómeno, aunque delimitarlo en estricta temporalidad, es decir, en sus fechas, estará siempre sujeto a discusión y a modalidades un tanto diferentes. Eso vale para la decisión de establecer una relación entre la evolución lenta de los procesos y las rupturas que se le sobreponen. Entre la continuidad y la discontinuidad de la historia aparecen momentos que se presentan a sí mismos como una totalidad, sin que tomemos tampoco muy en serio esta palabra. Efectuamos un corte porque existe un fenómeno a ser destacado. En este caso, el hecho histórico es uno que fue también escogido por la experiencia de los chilenos y del mundo, la Unidad Popular como gobierno y como propósito político. Ésa fue la intención que me propuse como autor para intentar contribuir a pensar nuestra historia con motivo del cuadragésimo aniversario del Golpe de Estado de 1973. En otras partes he dado cuenta de mi visión de los hechos acaecidos durante el régimen militar y en la nueva democracia, en particular en Mundo y fin de mundo[3], así como en varios artículos divulgados por la revista Estudios Públicos. En La revolución inconclusa mi propósito era presentar una historia de la Unidad Popular. ¿Por qué, más allá de las razones externas obvias como el aniversario o su recuerdo constante? El interés del historiador posee una causa, en parte enigmática, que normalmente traducimos al lenguaje como un gusto que no debemos explicar mayormente.

De todas maneras, la historia política y la historia de las ideas e ideologías políticas en el siglo XX ha sido para mí una fuente de interés constante y lo he traducido en varios libros y muchos artículos y ensayos. Después de haber escrito una investigación sobre la política exterior del gobierno de la Unidad Popular, quizás era hora de explicarla como fenómeno político, poniendo el acento ––sin olvidar la importante dimensión internacional–– en el proceso chileno mismo, porque a toda sociedad humana le es inherente tanto la dimensión interna (nacional en nuestra era) como internacional. Y es cuestionable que sea fecundo el análisis histórico si sólo se realiza desde la perspectiva de lo que sucedió después, algo que los actores no podían prever entonces, tal como nadie lo hará jamás, ya que la predictibilidad no existe, salvo naturalmente que creamos en un absoluto determinismo histórico, marxista o de otra laya, y que por lo tanto también creamos que todo lo que sucede se explicaría completamente por alguna fase anterior. En ese caso no podríamos explicar por qué estamos ahora discerniendo sobre estos asuntos; bastaría con leer a partir de las presuntas leyes de la historia y la sociedad.

Sofía Correa sólo halla dicotomías, arbitrariedades y dislates en el libro. Tiene derecho a sostener sus ideas, ya que el debate y el conocimiento no se sostienen sin estas referencias, por antojadizas que a veces nos puedan parecer. Casi todos los ejemplos concretos que discurre no se convalidan apenas se lee el texto en el contexto, como, por ejemplo, cuando sostiene que algunas afirmaciones no están debidamente referidas a una fuente. Lo están en prácticamente todos los casos, en la frase anterior o posterior; en el párrafo anterior o posterior. Existen algunos pocos casos, que hacen breve parte del tomo, con los cuales, y en un par de páginas, me adentro en alguna especulación personal, ya que la historia escrita no puede consistir sólo en la reproducción de fuentes; en esa eventualidad, la misma noción de fuente dejaría de tener sentido y el historiador se transformaría en un tipógrafo (dicho con todo respeto a una profesión que fue fundamental en el desarrollo de la izquierda chilena en torno a 1900). De todos modos, estas exploraciones muy personales constituyen para mí el elixir del ser historiador y jamás renunciaría a ellas. El estudio de la historia es sobre todo un momento de leer, meditar, preguntar e intentar algunas respuestas en una tarea inacabable mientras exista historia humana, es decir, mientras existan los seres humanos.

De la misma manera, no he podido hallar en mi libro la afirmación de que Chile era un país principalmente agrario en 1970. Debe haber aquí una confusión, y entiendo que un libro demasiado largo puede cansar al lector o lectora. Lo que sostuve es que Chile, como la inmensa mayoría de las sociedades humanas, tenía una raíz fundamentalmente agraria, un origen principalmente agrario, y eso necesariamente jugaría un papel en su fantasía por todo el resto de su historia. El propósito de la reforma agraria surgió, en gran medida, de esta emoción.

Sofía Correa apuntaba también a que no hago uso de su tesis sobre la derecha en Chile[4], a pesar de que me refiero a su libro en la nota respectiva. Sucede que, como señala David Gallagher[5], su obra sólo comienza realmente a fines de 1938, y en esa parte específica yo estaba hablando de la década de 1930. La nomenclatura de izquierda-derecha, que a mí me parece esencial para comprender la política moderna como sistema de orientación, aunque no necesariamente de todo su contenido, la había tratado yo en una reflexión muy anterior al libro de Sofía, y además la había aplicado a un libro que escribí sobre el Chile político de los años 30 del siglo XX[6], también publicado antes que el de la historiadora. Por último, ella echa de menos una mayor referencia a interpretaciones generales de la historia de Chile y a diversas posturas teóricas. No comparto esta aseveración porque, como señalé, jamás he practicado la política de ignorar a otros historiadores, intelectuales o ensayistas. Las preguntas y las respuestas tentativas que desarrollo en el libro hubieran sido imposibles de plantear sin las propuestas de ellos, aunque cualquiera podrá entender que dada la marea de publicaciones que ha provocado este hecho —lo que es observado en el mismo prólogo del libro— no podía citar ni referir a la totalidad del material que se puede hallar. Sólo una enciclopedia lo podría hacer. Lo mismo, tuve que renunciar, con una sola excepción, a incorporar la bibliografía aparecida en el año 2013.

Sin embargo, quiero añadir algo porque sospecho que no es una observación que sólo Sofía me pudiera efectuar. De esta forma, está tácitamente presente en las apreciaciones de Alan Angell y también en las de María Teresa Infante, por la importancia que ella le otorga, al armar su texto, a una amplia gama de estudios sobre el tema. Por ello quisiera señalar lo siguiente. Existen en efecto algunas interpretaciones sobre el Chile moderno que uno no puede soslayar, y que están plenamente referidas en La revolución inconclusa. Entre ellas, siempre sobresalen las de Mario Góngora, Arturo Valenzuela o Tomás Moulian[7]. Las preguntas e hipótesis que ellos formularon están presentes en mis planteamientos. Existe, sin embargo, una vasta serie de autores que, pese a aportar con investigaciones concretas, en algunas ideas esgrimen también la pretensión de representar una “crítica”, un “marco teórico”, una “perspectiva epistemológica” o una interpretación que debería pasar a ser canónica. Para quienes hemos pasado la vida en esta ocupación, se nos aparecen, en ocasiones, como gestos no faltos de histrionismo para demarcar territorio, cuando no en algunos casos como portadores de las gesticulaciones del clown a los debates de ideas con que, por ejemplo, la genialidad de un Oscar Wilde se encoge hasta quedar de ella sólo la petulancia de cáscara vacía. Sin ir más lejos, está la moda, dentro del mundo de la cultura y de los medios, de autocalificarse de “críticos”; cuando lo hace una masa considerable de intelectuales y académicos quiere decir que se trata de una actitud acrítica. La noción de crítica es harto más polivalente y profunda que lo que sugiere su uso mercantil.

En muchas de estas críticas, que se escudan en la falta de teoría del autor comentado o que se presentan articuladas en un lenguaje que se parece a lo teórico —la pedantería académica, que rara vez alcanza la dignidad del theoros—, se adivina una imitación servil, supongo que muchas veces inconsciente, de las ciencias naturales o exactas, a veces denominadas “duras”, lo que resalta su faz inanimada. Creer que una escritura de la historia es mejor o superior porque respondería mecánicamente a la noción de “progreso científico” es una de las grandes ingenuidades de nuestro mundo académico. Puede llegar a ser una tragedia para el pensamiento que se cultiva al alero de la vida universitaria y de la academia en general.

Raíz de la violencia y la política mundial: mímesis

Dicho esto, es probable, como han señalado los comentaristas, que me haya debido detener un poco más —no mucho, ya que el libro es también largo— en apuntar tentativamente hacia qué factores y actitudes presagiaban una violencia desmesurada después del Golpe. Es atendible la pregunta de si hubo acaso un proceso de adiestramiento para construir una mentalidad de exterminio. Sucede que las respuestas que se han dado hasta ahora no me parecen convincentes como explicaciones madre de la violencia en Chile, especialmente aquella que va desde el Golpe hasta fines de 1973 —cuando murió la mayoría de las víctimas— o la que siguió hasta comienzos de 1977, en los años de la Dina. Lo que emergió de ambas realidades en su conjunto —más que la persecución a extremistas, es decir, a miembros de un aparato armado (sólo una parte del MIR y unos pocos socialistas calificaban como tales días después del 11)— fue el exterminio físico; primero más o menos aleatorio —auténtico terrorismo de Estado— y después el exterminio de cúpulas políticas. Esto es lo que traduce la gravedad de la transgresión moral durante el régimen de Pinochet y que, además, no tenía precedentes comparables en la historia de Chile. La violencia posterior, aun aquella horripilante en algunas situaciones (como la del caso degollados en 1985), no se ejecutaba en el marco de un Estado de Derecho, aunque en su gran mayoría al menos se relacionaba con el combate a grupos armados que además ejercían terrorismo. Algo por cierto distinto era la respuesta muy violenta a las “protestas”, con demasiados muertos; aunque ése era también el objetivo de una parte de sus convocantes.

Rastreando las posibles raíces de la violencia antes del Golpe —que es lo que quizás debí haber destacado más—, se impone la pregunta de qué la ocasionó. La violencia comenzó el mismo día 11 con ejecuciones más o menos al azar, como si el primer intercambio de disparos de esa mañana hubiera abierto un espacio de guerra total, de cambalache completo de las normas, algo que siempre sucede cuando se está o se cree estar en condición de guerra. La explicación de la influencia francesa —el empleo sistemático de la tortura con resultado de muerte en la Guerra de Argelia— me parece demasiado tenue como influencia directa. Salvo en el tratamiento del cuerpo, tampoco difería de la que habían ejercido los sistemas marxistas a lo largo del siglo XX. Las técnicas de interrogatorio enseñadas en la Escuela de las Américas, en Panamá, centro de estudio y práctica de la contrainsurgencia, hasta donde sabemos no incluían los tipos de persecución y tortura que practicó la Dina. En general, no diferían esencialmente de aquellas a que se someten las tropas especiales para aprender a resistir interrogatorios, que se emparentan, por ejemplo, con aquellos interrogatorios practicados recientemente por la CIA, como el waterboarding, en la llamada guerra al terrorismo.

Por lo demás, el combate entre las fuerzas regulares y las irregulares (urbanas o rurales), a lo largo de la historia, ha desesperado o liberado a las primeras del constreñimiento de la noción de límite y encendido la imaginación en pos del exterminio. Es también lo que efectuaron las fuerzas castristas en Sierra Escambray en 1961 y 1962. De manera circunscrita lo ejercieron las fuerzas de contrainsurgencia en Bolivia, en Uruguay y en Brasil poco antes o en la misma época de la Unidad Popular y la del régimen de Pinochet. El régimen militar peruano de Juan Velasco Alvarado, muy respetado por la izquierda chilena y por Salvador Allende, no tenía nada de democrático y hostigó sistemáticamente a todo opositor real o potencial, aunque no ejerció este tipo de violencia extrema. En Argentina, en cambio, tuvo un carácter más exterminador que sobrepasaba al caso chileno, aunque también se originó en el desafío de una guerrilla urbana que centuplicaba a la que podría haber habido en Chile en 1973. Torturas horrorosas nunca dejaron de practicarse en los siglos XIX y XX por algunas tiranías del Caribe, en Asia oriental y, a veces, en las revueltas coloniales antes y después de 1900. Ciertamente, no fue lo que había sucedido en Chile.

Más que la influencia directa del entrenamiento ofrecido por el Pentágono, pienso que resulta más poderoso el factor mimético en el desarrollo de los acontecimientos en nuestro país. El ardor ideológico, el ambiente de confrontación interna, el temor evocado o fingido ––aunque pudiera transformarse en una emoción real, y que a veces otorgaba licencia autoconferida para desencadenar cualquier extremo–– y la lectura, más intuitiva que analítica, de conflictos a lo ancho del mapamundi es lo que más probablemente llevó a los altos grados de violencia a partir del Golpe. Por cierto, ésta es una respuesta tentativa, una hipótesis, aunque me parece que nadie ha propuesto una explicación más rigurosa sobre la urdimbre chilena.

Distingo del problema de la violencia, en cambio, la apreciación de la postura que adquirieron los oficiales de las fuerzas armadas el año 1973. La nomenclatura, corrientemente empleada, de “constitucionalistas” versus “golpistas”, aparte de caricaturesca y producida al calor de la batalla desde un solo bando, me parece que simplemente carece de valor epistemológico para comprender en su totalidad la politización de los uniformados, además lo considero francamente infantil. Pienso que el conflicto central de Chile —la polarización que tocó a una gran mayoría de la población— terminó por penetrar también al interior de las fuerzas armadas. En segundo lugar, se dio una tendencia en la política mundial del siglo XX —de alguna manera ya presente en el XIX— respecto de que los ejércitos, puestos ante una disyuntiva radical, jamás eligieran sumarse a una revolución marxista, entre otras razones porque su propia identidad se iba a ver sustancialmente alterada. Como en lo humano no funcionan las leyes a las que se refieren las ciencias naturales, una tendencia general está siempre poblada de excepciones. En este caso, existe una sola: la revolución marxista emprendida por la cúpula militar de Etiopía en 1974, cuyo triste fin ya todos conocemos.

En éste como en otros casos, mi apuesta historiográfica difiere de otras perspectivas presentes en el ambiente intelectual de nuestro medio, en el sentido según el cual le doy un gran peso a la mímesis —entre espontánea y organizada— que se plasma en la sociedad humana en su totalidad, y que la modernidad ha reforzado al unificar, en términos relativos, las comunicaciones las emociones y hasta un cierto punto las estructuras de convivencia. En cada una de las sociedades y en cada uno de los espacios humanos, la atiborrada diversidad de factores se constituye con rasgos propios y en una síntesis irreemplazable. A la vez, podemos leer en cada una de ellas una parábola general de lo humano. Por ello, la historia de cada una de estas sociedades, y de cada uno de sus momentos, no puede ser apreciada sin el panorama más amplio de la experiencia humana. EP

Notas

1 Esta relación la he explicado en varias publicaciones previas. En especial, debo señalar Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005). Es válido para La revolución inconclusa lo que había afirmado en aquel libro: “(Para) el historiador contemporáneo, que ha vivido una parte del tiempo del que trata la obra, ese tiempo ‘le es presente’. Por lo tanto, asumo que yo también soy fuente, por lo vivido, lo percibido, lo temido, lo ansiado, lo gozado” (18).

2 Sergio Grez, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (Santiago: RIL Editores, 2007).

3 Ver nota 1.

4 Sofía Correa, Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX (Santiago: Sudamericana, 2005).

5 David Gallagher, “Sofía Correa. Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX”, en Estudios Públicos 98 (2005): 304.

6 Joaquín Fermandois, Abismo y cimiento. Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932-1938 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997).

7 Sobre la importancia que tienen las ideas de Mario Góngora, creo que en mi obra he dado suficiente testimonio, incluyendo La revolución inconclusa. Además lo he citado como fuente de inspiración dos veces en el prólogo. En fin, cada uno ve lo que quiere ver. Sobre Arturo Valenzuela, reseñé su libro —junto a Pamela Constable— Chile under Pinochet: A Nation of Enemies (N. Y., Londres: W. W. Norton & Co., 1991) en Estudios Públicos 46 (1992). Sobre Tomás Moulian, escribí en las páginas de esta revista un largo artículo, lo más completo que se haya escrito sobre él en Chile y, quizás, en el mundo: Joaquín Fermandois, “Verdad y mito del Chile actual”, Estudios Públicos 69 (1998).