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Revista de Políticas Públicas

Nº 141    verano    2016

www.cepchile.cl

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Director Responsable: Harald Beyer B.

Editor: Ernesto Ayala M.

Asistente Editorial: Joaquín Trujillo S.

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos publicados en la primera sección de Estudios Públicos han sido previamente sometidos a un arbitraje ciego por al menos dos especialistas externos al CEP. Los trabajos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni del Centro de Estudios Públicos.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

ARTÍCULO

REDISEÑANDO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN CHILE*

Entender el problema para proponer modelos de cuidado alternativos y ayudar a la reunificación familiar

Francisca de Iruarrizaga Tagle

Francisca de Iruarrizaga. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Economía mención en Políticas Públicas por la misma casa de estudios y Master in Public Administration in International Development, por la Harvard Kennedy School of Government. Consultora del Banco Mundial en el programa de Protección Social y Empleo. Profesor part-time de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Email: fdeiruarrizaga@gmail.com.

* La autora quiere agradecer los comentarios realizados por Julie Wilson y Michael Walton, profesores de Harvard Kennedy School of Government, así como los recibidos de los evaluadores anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: Chile ha intentado avanzar hacia la desinstitucionalización de la primera infancia, pero la falta de alternativas validadas hace que los centros residenciales sigan siendo la principal solución para estos menores separados de sus padres debido a situaciones de abuso o negligencia. El objetivo de este análisis de política es abordar el problema de la internación con una propuesta de tres niveles: elaborar una mejor comprensión de los problemas para diseñar soluciones adaptadas a cada situación, crear modelos de cuidado alternativos como soluciones temporales y posibilitar una reunificación familiar permanente.

Palabras clave: protección a la infancia, Sename, familias de acogida, desinstitucionalización de menores.

Recibido: julio 2015; aceptado: octubre 2015.

REDESIGNING THE CHILEAN CHILD PROTECTION SYSTEM: UNDERSTANDING THE PROBLEM TO PROPOSE ALTERNATIVE CARE MODELS AND HELP FAMILY REUNIFICATION

Abstract: Chile has tried to move towards early childhood deinstitutionalization, but the lack of validated alternatives makes residences still be the main solution for children removed from their parents due to abuse or neglect. This policy analysis aims to address the problem of children’s institutionalization with a three level proposal: to elaborate better understanding of the problems to design tailored solutions, create alternative care models as temporary placements and enable permanent family reunification.

Keywords: child welfare, Sename, deinstitutionalization, foster care.

Received: July 2015; accepted: October 2015.

I. INTRODUCCIÓN

En 2014, la Presidenta Bachelet creó el Consejo Nacional de la Infancia,[1] con la misión de diseñar una política nacional para la infancia y coordinar las diferentes organizaciones públicas que brindan servicios para la infancia. El Consejo entre sus mandatos tiene el de desinternar a los menores de ocho años, comenzando por los menores de tres.[2] Este artículo se centra en la reforma necesaria para llevar a cabo una desinternación exitosa y entrega recomendaciones de política para su implementación efectiva.

1. El problema

Chile reconoce que los niños son titulares de derechos y que la primera infancia es un período clave de grandes oportunidades (y riesgos) para el desarrollo humano; por ende, invertir en la infancia es estratégico para el país (Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia 2006). Una meta apropiada para el país sería que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades de crecer y transformarse en ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Desafortunadamente, muchos menores no reciben la crianza y el apoyo de sus padres. Para enfrentar esta situación, Chile ha promulgado leyes y creado un sistema que permite identificar a estos niños y jóvenes, mejorar su situación familiar o separarlos de sus familias.

Al igual que en otros países, los niños que son alejados de sus padres debido a situaciones de abuso o negligencia generalmente son destinados a instituciones y no a otras familias, a pesar de que la ley establece que la internación es la última opción. Las alternativas familiares no están funcionando adecuadamente y es preciso corregir varias deficiencias del sistema para crear un servicio que promueva un desarrollo infantil saludable.

En este estudio se propone un rediseño del sistema de protección de la infancia teniendo como objetivo la recuperación del menor y su reintegración a la vida familiar. Para ello, se plantea una solución en tres niveles: primero, utilizar más información para diseñar soluciones a la medida; segundo, crear modelos alternativos de cuidado para responder a las necesidades específicas de cada niño en materia de destinos temporales; y tercero, implementar una red de intervenciones para resolver los problemas más profundos que afectan a esas familias, a fin de alcanzar una solución permanente a través de la reunificación familiar.

El enfoque utilizado consiste, en primer lugar, en identificar el problema; segundo, realizar un diagnóstico del problema en profundidad; tercero, diseñar soluciones de política factibles basadas en la teoría y la evidencia; cuatro, implementar y poner a prueba la solución; y quinto, redefinir la solución a través del monitoreo y aprendizaje permanente.[3] Es una trayectoria circular en la cual se introducen nuevos datos y aprendizajes para mejorar el diseño de la política. Este artículo sólo abarca los tres primeros pasos y propone que el Sename siga incorporando los aprendizajes de su implementación en futuros rediseños. Se hace hincapié en la necesidad de contar con evidencia adecuada para una mejor identificación y diagnóstico del problema.

2. El contexto

De acuerdo con los índices de violencia interpersonal y homicidios, América Latina es la región más violenta del mundo. Comparado con otros países del continente, Chile tiene los índices más bajos en esta materia, incluida la violencia contra los menores. La tasa de homicidio de niños y adolescentes (0 a 19 años) es de 2 por cada 100 mil habitantes (Unicef 2014). Sin embargo, estos índices siguen siendo altos para el estándar mundial.

Según datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP), se registran aproximadamente 120 mil denuncias por violencia intrafamiliar al año, al tiempo que casi un tercio de las mujeres encuestadas de Chile declaran haber sido víctimas de violencia. Con respecto a los menores, el 70 por ciento declara haber sido objeto de violencia psicológica; el 52,8 por ciento, de violencia física leve; y el 25,4 por ciento, de violencia física severa (Fundación Paz Ciudadana 2013, basado en datos del MISP y Adimark GfK 2013). El 6,8 por ciento de los estudiantes de 11 a 17 años manifestaron haber sido objeto de negligencia o abandono por parte de sus tutores. Adicionalmente, el 7,3 por ciento declaró haber sufrido toqueteos sexuales o haber sido obligado a realizar actos sexuales, con mayor prevalencia en las mujeres (9,9 por ciento), y la agresión generalmente provino de un familiar cercano (MISP y Adimark GfK 2013).[4]

Unicef, según una encuesta autoadministrada a niños en escuelas, revela que el 71 por ciento de los infantes en Chile ha sufrido algún tipo de violencia y el 25,9 por ciento ha padecido violencia física severa. Si se compara con encuestas anteriores, el número de niños agredidos ha disminuido, pero las cifras siguen siendo alarmantes (Unicef 2012).[5]

Sin embargo, se desconoce qué porcentaje de estas víctimas son acogidas por el Sename y esto podría ser un problema mucho más grave para Chile de lo que parece. Lo que sí se sabe es que la institución recibe, por lo general, a niños provenientes de hogares de bajos ingresos. Dado el impacto que tiene la pobreza en la capacidad de muchas familias para brindar un cuidado adecuado a sus hijos, no resulta sorprendente que los niños que viven en situación de pobreza sean remitidos a servicios de protección para la infancia con mayor frecuencia (Barbell y Freundlich 2001, 9).

Preguntas claves sobre la relación entre pobreza, maltrato infantil y la decisión de poner a los menores bajo tutela de terceros siguen sin respuesta. ¿Hasta qué punto la negligencia como factor de riesgo para los menores está determinada por la pobreza y no por una paternidad inadecuada? (Barbell y Freundlich 2001). Éste es un tema controvertido en Chile, y algunos casos de traslados de niños han sido denunciados como discriminatorios contra las familias pobres. Si bien es un tema de suma importancia, este artículo no se abocará a responder a estas preguntas, sino que se enfocará en la población que es actualmente atendida en los servicios de protección a la infancia.

3. La relevancia del problema

Los niños bajo protección estatal son un problema menor en términos de su magnitud al representar sólo el 0,3 por ciento de la población infantil de Chile.[6] Sin embargo, constituyen un severo problema, un enorme desafío de política pública y un alto costo para el Estado. Si no se les entrega apoyos y servicios adecuados a los niños víctimas de maltratos y simplemente se les destina a instituciones que agudizarán el daño que padecen, no podrán crecer como adultos plenos. Este ciclo de daño tiene altas probabilidades de llevar a una transmisión intergeneracional de pobreza y disfuncionalidad que el país debe enfrentar.

La existencia de niños que no crecen adecuadamente para llevar una vida socialmente plena y productiva se transforma en un alto costo para el Estado, en la medida en que dependerán durante toda su existencia de programas asistenciales y tendrán una mayor probabilidad de padecer problemas mentales serios o de ser recluidos en instituciones penitenciarias. Por ejemplo, el último censo de personas que viven en situación de calle arrojó que el 25 por ciento de los indigentes en Chile habían vivido en un centro residencial durante su infancia (Ministerio Desarrollo Social 2012), lo que viene a reflejar cómo estos niños tienen una mayor probabilidad de ser indigentes durante su vida adulta.

En Chile no existe un seguimiento a los niños que pasan por centros residenciales que nos permita conocer su trayectoria futura y estudiar el efecto que tuvo en sus vidas la internación en distintas dimensiones. Sin embargo, existe un estudio que indica que, 12 meses después de abandonar el programa, el 8 por ciento de los menores que habían dejado de ser beneficiarios de los programas de protección al cumplir la edad reglamentaria habían ingresado al sistema de justicia juvenil. También muestra que factores como el ingreso temprano al programa, la deserción escolar, el consumo de drogas, la cantidad de veces que el niño había ingresado al sistema y el trabajo infantil se correlacionaban positivamente con el ingreso al sistema de justicia juvenil una vez que abandonaban el sistema de protección infantil (Álvarez 2013).

Considerando los múltiples efectos negativos que trae consigo el maltrato infantil, los costos económicos asociados a este fenómeno son elevados. Diversos estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que el maltrato infantil produce secuelas de por vida en el ámbito social, económico y de la salud, así como problemas de comportamiento y de salud mental. Trae consigo mayores riesgos de conductas delictuales, criminalidad adulta y comportamiento violento; mayor probabilidad de enfermedades crónicas; efectos duraderos o discapacidades por lesiones físicas; menor calidad de vida en términos de salud; y menores niveles de bienestar económico en la vida adulta (Fang et al. 2012). Valiéndose de un enfoque basado en la tasa de incidencia, Fang et al. (2012) estimaron que la carga económica de por vida asociada al maltrato infantil equivalía a 210.012 dólares por víctima de maltrato infantil no fatal en los Estados Unidos (en dólares de 2010).[7]

Las consecuencias de largo plazo asociados con el abuso y la negligencia a menores hacen que la prevención de este flagelo sea una tarea prioritaria. Sin embargo, este artículo no abarca el tema de la prevención, sino que se centra en la recuperación de niños que han sido víctimas de abuso y negligencia.

4. Estructura de este artículo

Tras una breve introducción en la que se enuncia el problema y su relevancia, este artículo presenta, en la sección II, una serie de antecedentes que permiten comprender el sistema de protección a la infancia de Chile. En la sección III se ahonda en el problema, intentando identificar la población de análisis a través de una caracterización de los niños que están en el sistema, un análisis de los centros residenciales y de los programas de familias de acogida actuales, para luego establecer criterios para definir una buena atención. En la sección IV se analiza la desinternación y se procura explicar por qué es un problema según la evidencia internacional; asimismo, se constata la falta de datos para el caso de Chile. También se incluye un análisis de iniciativas previas de desinternación y se propone un mejor marco de referencia para esta reforma. Seguidamente, en la sección V se presentan tres propuestas que apuntan a lograr una mejor caracterización del problema, crear modelos alternativos de atención a los menores y brindar servicios para promover la reunificación familiar. Finalmente, en la sección VI se analiza la factibilidad de esta reforma en función de su idoneidad técnica, factibilidad administrativa y apoyo político. En el anexo se incluyen las referencias bibliográficas y la lista de personas entrevistadas para este artículo como parte del análisis cualitativo.

II. HACIA UNA COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA EN CHILE

1. El Sename: la institución de protección de la infancia

El Servicio Nacional de Menores (Sename)[8] fue creado en 1979, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, para proteger los derechos de los niños y controlar y regular la adopción. Esta organización incluye los servicios para los delincuentes juveniles y para los menores de edad víctimas de abuso o negligencia.[9] Este artículo se centrará en los servicios de protección de menores: los programas estatales de prevención y respuesta para los niños que han sido víctimas de violencia, abuso o negligencia.

Los programas del Sename son principalmente ejecutados a través de organismos colaboradores acreditados (OCA), sin fines de lucro, que participan en procesos de licitación ligados a proyectos y reciben subvenciones en función de los niños atendidos. El Sename supervisa la prestación de los servicios.

El Sename, en términos de protección a la infancia, atiende a aproximadamente 170 mil niños a través de programas y centros residenciales, de los cuales el 70 por ciento es objeto de intervenciones durante menos de un año, con una duración promedio de cuatro meses.[10] Al final del año 2013, el Sename contaba con 80 mil niños y adolescentes activos en sus programas (Sename 2014).

El porcentaje de los niños de la red Sename que se encuentran viviendo en instituciones ha disminuido (Mide UC 2013). Mientras que en 1990 un 62 por ciento de los menores bajo el alero del Sename vivían en centros residenciales (Aldeas Infantiles SOS Internacional y Relaf 2010; Mide UC 2013), en 2013 ese porcentaje se había reducido a un 12,5 por ciento (Sename 2014).

Actualmente, la mayoría de los niños son beneficiarios de programas de diagnóstico ambulatorio (DAM), programas de intervención breve (PIB), servicios de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otros programas mientras siguen viviendo con sus familias.[11] Durante 2013, sólo 13.265 niños estaban albergados en centros residenciales o programas de familias de acogida (Sename 2014).

La desinternación de los menores se funda en el derecho de vivir en familia, que tiene fuerza de ley desde que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño (CDN) en 1990. Desde entonces, la idea ha sido reducir la internación masiva, sin eliminarla del todo, pero asegurándose de que constituya la última opción para los menores que no pueden desarrollarse en el seno de una familia (Unicef 2005).

2. Marco regulatorio

El marco regulatorio del Sistema de Protección Integral a la Infancia en Chile está determinado por:

– La Convención de los Derechos del Niño;[12]

– Decreto Ley n.º 2465, de 16 de enero de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores (modificando el existente Consejo Nacional de Menores) y establece las causas de protección a la infancia;

– La Ley n.º 19.620 del 5 de agosto de 1999, que regula la adopción;

– La Ley n.º 19.968, del 25 de agosto de 2004, que crea y regula los Tribunales de Familia;

– La Ley n.º 20.032, del 11 de julio de 2005, que establece el sistema de atención a la niñez y la adolescencia y las subvenciones para los proveedores privados de centros residenciales y programas de acogimiento (OCA).

En 2004, con la creación de los juzgados de familia, el sistema de protección de la infancia cambió su foco: se determinó que separar a un niño de su entorno familiar era la última opción y que requería una orden judicial. Empero, a pesar de que fue establecido como un recurso extremo, en la práctica no siempre se agotan todas las vías alternativas (Relaf et al. 2013).

El Gobierno está, al editarse este estudio, trabajando en el diseño de una nueva ley de garantías de derechos para la infancia a fin de responder a los requerimientos de la CDN de las Naciones Unidas, y alinear el marco regulatorio de Chile con la convención internacional.

3. Cómo opera el sistema

La denuncia de casos de maltrato infantil o negligencia es obligatoria para los proveedores de atención a menores, funcionarios públicos y personal educativo y de salud.[13] La denuncia puede ser formulada a través de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Instituto Médico Legal o directamente al Sename o a la Fiscalía.

Diagrama 1: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

De ser necesario, los casos son remitidos directamente a los juzgados de familia; de lo contrario, la OPD debe hacer un seguimiento del caso y, si hay cupos disponibles, incorporar al menor a un programa ambulatorio. Si un caso es remitido a los juzgados de familia, el juez solicita un diagnóstico del menor y de su familia al Sename o a un organismo colaborador del Sename, y posteriormente decide si el menor debe ser removido de su hogar.

Si la decisión apunta a separar al menor de su hogar, el juez recibe información de parte del equipo técnico respecto de los posibles lugares de destino. Primero, se averigua si existe algún familiar que pudiera asumir la tutela del menor, pero si nadie puede o quiere hacerse cargo de su situación, éste es enviado a un centro residencial.

Si un familiar está dispuesto a asumir el cuidado del niño, el juez puede conferirle la tutela y, según el caso, realizar algún tipo de seguimiento hasta que se cierre la causa, remitirlo a algún programa de intervención ambulatoria o enviarlo a algún programa de familias de acogida que le brinde apoyo y supervise a la familia.[14]

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1. ¿Quiénes son los niños bajo la tutela del Estado?

En esta sección se pretende dilucidar el problema de la internación por la vía de comprender quiénes son los niños que forman parte del sistema. Lo primero a señalar es que para una adecuada identificación se requiere de mejor información. Desafortunadamente, no se dispone de datos sistemáticos respecto de las familias de estos menores y sus problemas. El Sename dispone de muy poca información del menor, pero los Juzgados de Familia tienen archivos más pormenorizados de cada caso, y otros ministerios cuentan con información individual que, con la debida autorización, es fácil de unir. Este punto será abordado más adelante en las recomendaciones de política.[15]

1.1. Causal de ingreso

Según datos del Sename, los menores ingresan a centros residenciales por varios motivos, definidos en más de 64 categorías. Los más comunes son negligencia, inhabilidad de los padres y diferentes tipos de maltrato.[16] Pero las causales no son específicas y no arrojan luces sobre los problemas subyacentes en la familia.

La causal de ingreso principal es registrada por los OCA, en base al dictamen del juez. Una vez que el centro evalúa al menor pueden sumarse nuevas causales al expediente, pero no queda claro cómo se clasifican las causales de ingreso, por ejemplo, al distinguir entre negligencia e inhabilidad de los padres.

Cuál es la principal causa de ingreso varía según el tipo de programa. Para todos los niños que participan en programas de familias de acogida o que reciben atención en instituciones, la principal causal es haber sido víctimas de maltrato o abuso, haber ingresado para un diagnóstico o la incapacidad de sus padres para hacerse cargo de ellos (ver el gráfico 1).[17]

Gráfico 1. CAUSAL DE INGRESO PARA MENORES DE TODAS LAS EDADES Y BAJO TUTELA ESTATAL

Fuente: Estimaciones de la autora a partir de datos de Sename (2015). Población: todos los niños bajo tutela estatal.

Para la población destinataria de la política de desinternación (menores de ocho años que viven en centros residenciales), las principales causales de ingreso son la negligencia, la inhabilidad de los progenitores o el peligro físico o moral del niño (véase el gráfico 2).

Gráfico 2. CAUSAL DE INGRESO, NIÑOS DE 0-8 EN CENTROS RESIDENCIALES

Fuente: Estimaciones de la autora en base a la información de Senainfo (2014). Población: niños de 0 a 8 años albergados en centros residenciales.

1.2. Distribución por edad y género

No existe una diferencia significativa en términos de género para los menores de ocho años que viven en instituciones: el 49 por ciento son mujeres y el 51 por ciento, varones. En términos etarios, se produce una mayor concentración en los de mayor edad, habiendo más niños entre cuatro y ocho años que de cero a cuatro (véase el gráfico 3).

Gráfico 3. NÚMERO DE MENORES EN CENTROS RESIDENCIALES, SEGÚN SU EDAD (EN MESES)

Fuente: Datos obtenidos del Consejo Nacional de la Infancia (2015). Población: niños de 0 a 8 años albergados en centros residenciales.

1.3. Tiempo de permanencia en el programa

Para todos los niños bajo la tutela del Estado, cuando se comparan los centros residenciales con los programas de familias de acogida, la duración de la estadía no varía sustancialmente: ninguna de las dos alternativas pareciera ser efectivamente temporal. Una estadía prolongada es la norma en hogares de menores con discapacidad (véase el gráfico 4).

Gráfico 4. TIEMPO DE PERMANENCIA POR TIPO DE ATENCIÓN, TODAS LAS EDADES

Fuente: Estimaciones de la autora a partir de información obtenida en Sename (2015). Población: todos los niños bajo tutela estatal.

Gráfico 5. MESES EN CENTROS RESIDENCIALES, SEGÚN EDAD DEL MENOR

Fuente: Estimaciones de la autora a partir de información obtenida en Senainfo (2014). Población: niños de 0 a 8 años albergados en centros residenciales.

Los niños menores de ocho años han permanecido en promedio menos de dos años en los centros residenciales. El número promedio de meses de permanencia representa una proporción más alta de su vida en el caso de los más pequeños.

1.4. Discapacidades o problemas de salud mental

Entre los menores atendidos en centros residenciales, el 15 por ciento tiene discapacidades o patologías neuropsiquiátricas y el 6 por ciento sufre de enfermedades crónicas, tales como parálisis cerebral, epilepsia, desórdenes psiquiátricos, entre otras (Sename 2015). No está claro si esta información es exacta y completa, y no existen datos referidos a otros problemas comunes para los niños atendidos en centros residenciales.

Los problemas de salud y el nivel de desarrollo de muchos menores atendidos en centros residenciales tienen fuertes implicancias. Su carácter y severidad plantean serios desafíos en relación con los servicios brindados, la planificación de las estadías y el apoyo hacia los menores y sus familias (Barbell y Freundlich 2001).

1.5. Egreso

Según Sename (2015), menos del 50 por ciento de los menores que egresan han cumplido con los objetivos de la intervención.[18] En cuanto a sus pasos futuros, el 82 por ciento vuelve a sus familias biológicas, el 11 por ciento es derivado a otros programas del Sename y aproximadamente el 2 por ciento es entregado a familias sustitutas o adoptivas.

1.6. Otros aspectos relevantes

Un análisis más profundo de una muestra acotada de menores en programas de familias de acogida revela, según lo expresado por los cuidadores, que el 60 por ciento de las madres biológicas consumía drogas y el 53 por ciento tenía problemas de consumo de alcohol; en cuanto a los padres, el 46 por ciento consumía drogas y el 44 por ciento tenía problemas de consumo de alcohol (Zavala y Jiménez 2014).[19]

En términos de la edad y de la cantidad de períodos de internación, el 60 por ciento de los niños que permanecían en centros residenciales ingresaron antes de cumplir cinco años y el 53 por ciento de los niños en centros residenciales o programas de acogimiento han ingresado al sistema más de cinco veces (Observa 2014).[20] No hay información respecto de dónde se encuentran ni qué sucede entre su egreso y reingreso, pero el 80 por ciento de los menores que ingresaron a centros residenciales no estaban bajo la custodia de su familia biológica (Observa 2014).

En términos de quién solicita la admisión de un menor, los “otros programas del Sename” presentaron la mayoría de las solicitudes (30,5%), seguidos por la policía (11,8%) y los servicios de salud (10,3%). Esto podría indicar que se prueban otras instancias y programas para niños antes de institucionalizar al menor, pero que éstos no logran evitar la internación (Sename 2015). No hay información disponible respecto del impacto que tienen estos programas, sus objetivos específicos ni cuán efectivos son.

2. Formas de atención para niños bajo tutela estatal: centros residenciales y programa de familias de acogida

2.1. Centros residenciales

Existen aproximadamente 300 centros residenciales que atienden a más de 15 mil niños al año. El 97 por ciento de estos centros son administrados por distintas ONG, y sólo diez de ellos son manejados directamente por el Sename —los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD)—, donde se reciben casos complejos y menores en tránsito mientras se les encuentra lugar.

En cuanto a las ONG que administran estos centros, existe una alta concentración de grandes instituciones que operan la mayoría de los programas. Esto no es necesariamente negativo, pero es relevante para comprender cómo funciona el sistema. En 2011, los OCA que operaban más de cinco proyectos representaban el 21 por ciento de las organizaciones que colaboraban con el Sename y gestionaban el 75 por ciento de los proyectos. Los OCA pequeños, que manejan sólo un programa, representan el 42 por ciento de las organizaciones y operan únicamente el 9 por ciento de los proyectos del Sename. En promedio, menos de dos OCA participan en cada proceso de licitación. Esto plantea la duda de si hay competencia entre estos organismos y si existen incentivos para brindar una mejor atención (Focus 2013).

En cuanto al tamaño, algunos centros albergan más de 90 menores, mientras otros son más pequeños o están organizados en casas pequeñas para preservar un “esquema de familia”. El Sename promueve que alberguen un máximo de 20 niños por hogar, pero ese estándar es costoso y no siempre se cumple.

El Sename propone que los OCA adopten modelos personalizados de atención. Sin embargo, los cuidadores hacen turnos de acuerdo con horarios de trabajo y muchas veces se producen altas tasas de rotación, a pesar de que esto varía dependiendo de la organización (Chía et al. 2014). El Sename supervisa los centros residenciales y efectúa visitas mensuales, pero la información recolectada en las visitas no es sistematizada, por lo que no es posible analizar las características o los resultados de los OCA.

Los centros residenciales cubren las necesidades básicas de los niños, se aseguran de que asistan a la escuela y procuran interactuar con la familia biológica de los menores para promover la reunificación, pero algunos carecen de las herramientas especializadas y del personal adecuado para llevar a cabo esta tarea.

Estas instituciones están, por lo general, subfinanciadas en la medida en que los aportes del Sename no logran cubrir los costos de cuidar a un menor e interactuar con la familia (Focus 2011).[21] En los últimos tres años, el 60 por ciento de los procesos de licitación promovidos por el Sename para la gestión de los centros han sido declarados desiertos, lo que puede deberse a un bajo financiamiento (Focus 2013).

En los requerimientos técnicos para las licitaciones, el Sename establece estándares de calidad mínimos para los centros que son muy exigentes, que incluyen demasiados aspectos sin establecer prioridades y que no están definidos de manera medible.[22]

2.2. Programas de familias de acogida

Los programas de familias de acogida son de larga data en el país, pero han cambiado a lo largo del tiempo debido a las transformaciones culturales y socioeconómicas y a las nuevas regulaciones.

Antes no estaban regulados y consistían en una cuidadora que atendía a otros menores además de los suyos, usualmente en grupos grandes. En 2005, la Ley n.º 20.032, que define los aportes económicos a los OCA, estableció un nuevo énfasis técnico para los programas de acogimiento.

Hoy estos programas brindan asistencia y protección a niños que han sido privados de atención parental porque sus derechos han sido vulnerados. Estos menores son incorporados, a través de una orden judicial, en un grupo familiar alternativo como una solución temporal (Relaf et al. 2013).

Existen 47 programas de familias de acogida en 14 de las 15 regiones del país, con 3.374 derivaciones, de las cuales el 77 por ciento corresponde a familias extensas, es decir, que son familia consanguínea del niño (Relaf et al. 2013). Según los datos del Sename para el 2014, sólo el 5 por ciento de los niños bajo tutela estatal vive con una familia de acogida externa (que no tiene relación con el niño). Esto significa que aproximadamente 700 niños en todo el país reciben esta solución. En los Estados Unidos, el 47 por ciento de los niños bajo tutela estatal viven con familias de acogida externas (Children’s Bureau 2013).

La selección de las familias de acogida es realizada por el juez en conjunto con un “proceso de validación” de los OCA respecto de quién en la familia puede recibir al menor. El proceso de preselección, en caso de ser implementado, no es sistemático.

En lo que respecta a las familias de acogida externas o no biológicas, no existe un proceso formal de reclutamiento y el Sename no participa activamente en campañas de reclutamiento o de concientización. La responsabilidad pareciera recaer en los OCA, los cuales, en entrevistas para este trabajo, revelaron que no disponen de recursos suficientes para realizar esta tarea y los que intentaron reclutar vía campañas publicitarias no tuvieron mucho éxito.

Estos programas que trabajan con familias de acogida reciben un aporte económico de 90 a 130 mil pesos, dependiendo del tipo de programa, y al menos la mitad de ese monto debe ser transferido a la familia de acogida o a la familia biológica, si fuera necesario para el proceso de reunificación. El resto es destinado a los gastos relacionados con los servicios, administración y personal de las ONG que trabajan con los menores y con ambas familias. Existe un amplio debate entre los expertos respecto del monto que debieran recibir las familias de acogida y éste es un aspecto que debiera ser revisado al momento de diseñar un nuevo programa. Los programas de acogimiento que han sido exitosos en otros países entregan a las familias un monto que permite compensar el costo de tener a un miembro de la familia cuidando al niño en lugar de trabajar.[23]

Las evaluaciones de este programa revelaron que un número significativo de las familias de acogida padecían las mismas problemáticas que la familia de origen y no existían intervenciones para ayudar al menor a recuperarse del daño padecido (Martínez 2011; Sename 2011).

Zavala y Jiménez (2014) estudiaron una muestra de 138 menores en familias de acogida en la Región Metropolitana y concluyeron que el programa de acogimiento era una medida de protección adecuada y que las familias estaban asumiendo su rol de manera satisfactoria. Sin embargo, el estudio también reveló que casi la mitad de los menores habían tenido otros destinos previos a la familia de acogida actual y que las familias no recibían ninguna ayuda del programa o de otra entidad. Recomendaron que para asegurar un mayor bienestar de los menores se duplicara el personal y se les ofreciera a los padres de acogida programas para mejorar sus capacidades parentales.

En 2013, el Sename reunió información de los implementadores de los programas de acogimiento y constató que sólo el 50 por ciento de los padres de acogida habían sido evaluados en sus capacidades parentales. En la mayoría de los casos, únicamente habían sido objeto de una evaluación social (80 por ciento) y una evaluación psicológica a través de exámenes que no distinguían su capacidad de asumir los cuidados de un menor. En sus recomendaciones planteó la necesidad de que los programas establecieran requerimientos y un proceso de selección para todas las familias de acogida, incluidos los parientes escogidos por los Tribunales de Familia (Sename 2013a).[24]

Un estudio cualitativo en el que se entrevistó a una muestra representativa de niños en las tres principales regiones del país reveló que, en la mayoría de los aspectos, las familias externas recibieron una mayor valoración que las familias extensas (características del hogar, atención emocional, privacidad, participación en la familia, salud, calidad de la relación). Las familias extensas sólo presentaban una mayor valoración (69 por ciento contra 49 por ciento) en cuanto a mantener una relación con la familia de origen del menor. Esto puede deberse a que, por definición, los niños en las familias extensas están más cercanos a sus familias originales; en algunos casos, pueden incluso permanecer en el mismo hogar. También puede deberse a que los menores son destinados a familias externas cuando sus familias extensas no pueden hacerse cargo de ellos, lo que indica una mayor disfunción familiar para aquellos que viven con familias externas (Sename 2013b).

2.3. Productos y resultados de estas formas de atención

El Sename cuenta con datos sobre los niños incorporados a cada programa, pero carece de información sobre los resultados. Existen algunas evaluaciones de los programas, pero en su mayoría se trata de estudios cualitativos realizados a partir de muestras pequeñas y que no miden impacto.

Tres indicadores de desempeño utiliza el Sename: egreso exitoso, duración de la atención y no reingreso. La información sobre egresos exitosos es inútil en términos de análisis, dado que es entregada por cada organización y no tiene métricas estandarizadas (Focus 2013).

En cuanto a la duración, la atención en centros residenciales y programas de acogimiento exceden el tiempo estipulado, con niños que permanecen tres años en promedio, cuando la norma establece que deberían ser dos.[25]

Los resultados relativos al no reingreso varían según los diferentes modelos de atención: para los centros residenciales equivale al 63 por ciento y para los programas de familias de acogida, al 75 por ciento. Los resultados son más preocupantes tratándose de hogares de lactantes, con valores que bordean el 40 por ciento (Focus 2013).

2.4. Estableciendo criterios: ¿qué implica un programa de familias de acogida de calidad?

Las familias de acogida deberían satisfacer las necesidades básicas del menor y brindar un entorno seguro para su desarrollo sano, protegiéndolo del abuso y de la negligencia, brindándole estabilidad y proporcionando los servicios adecuados para responder a sus necesidades. También deben tener un foco familiar y brindar un servicio para toda la familia, y no sólo para el menor o para los padres biológicos (Barbell y Freundlich 2001).

A pesar de que los estándares de seguridad y sanidad son importantes, no garantizan de por sí un servicio de calidad. La gama completa de indicadores de calidad es muy amplia y puede variar entre familias de acogida externas y extensas. Para los cuidadores que son parte de la familia, puede que no sea necesario cumplir con ciertos requerimientos que pueden resultar difíciles para una familia de menos recursos (Berrick y Shlonsky 2001).

Los niños requieren un cierto grado de cuidado físico, alimentación y estimulación para alcanzar niveles normales de desarrollo y transformarse en adultos funcionales. Los menores que han sido maltratados pueden requerir apoyo adicional, pero son pocos los estudios empíricos que cuantifican cuánta atención se necesita o cómo medir la calidad. Una mera elaboración de una lista de indicadores de calidad no basta si los cuidadores no crean entornos de calidad. La seguridad del menor, el apoyo para su desarrollo y necesidades especiales, así como la presencia de un cuidador cercano y estable son esenciales para una atención de calidad (Berrick y Shlonsky 2001).

Las bases técnicas de las licitaciones de los programas de familias de acogida establecen los requerimientos para los OCA que ejecutan dichos programas y para las familias con las que trabajan (Sename 2011). Sin embargo, no definen mecanismos claros para asegurar su cumplimiento ni un sistema de monitoreo.

IV. LA REFORMA GUBERNAMENTAL: EL MANDATO DE DESINTERNACIÓN

1. ¿Por qué la institucionalización es un problema?[26]

Lo que sucede durante la primera infancia tiene implicancias para el resto de la vida. Como lo muestran las investigaciones sobre la biología del estrés, una adversidad de gran magnitud, como la pobreza extrema, el abuso o la negligencia, puede debilitar el desarrollo de la arquitectura cerebral y poner el sistema de respuesta corporal en un estado de alerta máxima, y éste puede producir daños acumulativos en la salud física y mental de un individuo (National Scientific Council on the Developing Child 2010; Shonkoff y Gardner 2012).

Varios estudios indican que una mayor acumulación de experiencias adversas durante la infancia se traduce en compartimientos sexuales riesgosos y acrecienta la probabilidad de transformarse en fumador o bebedor compulsivo, de ir a la cárcel, de sufrir obesidad mórbida, de tener magros resultados en materia de educación y empleo o de verse involucrado en actos de violencia (Baglivio et al. 2014).

Los jóvenes que viven en instituciones tienen más probabilidad de padecer mala salud y crecimiento físico deficiente, deterioro en su desarrollo cerebral, retrasos en su desarrollo y desórdenes en su apego emocional. A su vez, estos niños tienen, en promedio, capacidades intelectuales, sociales y conductuales reducidas, si se las compara con aquellos que han crecido en el seno de una familia (Browne 2009).

Los niños bajo tutela estatal suelen tener una necesidad especial de cuidados sensibles y nutritivos, ya que muy probablemente provienen de situaciones de pobreza, abuso, negligencia u otras adversidades. Las disrupciones en su atención durante su custodia estatal pueden agravar los efectos del abuso y la negligencia (Dozier et al. 2002). Los lactantes son especialmente vulnerables debido a la interrupción de sus relaciones durante una fase crítica de su desarrollo (Cohen 2009).

Amplia evidencia indica que criar lactantes y menores en instituciones en las cuales se les niega el acceso y la exposición a entornos donde puedan recibir cuidados sensibles, receptivos, y tener interacción grupal y social se traduce en carencias y retrasos significativos. Estas carencias abarcan desde habilidades cognitivas básicas, problemas de lenguaje, coeficiente intelectual bajo, hasta problemas en las relaciones sociales, afectividad indiscriminada y comportamientos sociales que en algunos casos se asemejan al autismo. Los retrasos afectan el crecimiento físico y el desarrollo del lenguaje (Nelson et al. 2014).

Estudios científicos han demostrado también que cultivar relaciones estables, receptivas y nutritivas en los primeros años de vida puede prevenir o incluso revertir los efectos dañinos del estrés experimentado durante la primera infancia, con beneficios duraderos en términos de aprendizaje, comportamiento y salud para el resto de la vida (National Scientific Council on the Developing Child 2012).

Las familias de acogida pueden ser el espacio propicio para cultivar esas relaciones. Los datos indican que una atención de alta calidad puede servir para remediar de manera parcial carencias tempranas (Dozier et al. 2002). A pesar de que los infantes en el sistema de protección social son especialmente vulnerables ante posibles resultados negativos, una atención efectiva en familias de acogida puede prevenir daños futuros en los niños, ayudarlos a recuperarse del daño padecido y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad (Cohen 2009).

Sin embargo, es preciso establecer una salvedad: la atención en familias de acogida por sí sola no garantiza una atención de calidad. Tiene el potencial para brindar el cuidado nutritivo y sensible que en un centro residencial es más difícil entregar, pero éste debe ser implementado de manera adecuada para cumplir su función. Un programa de mala calidad en el cual los niños son trasladados de hogar en hogar puede ser tanto o más dañino que la internación (Cohen 2009).

2. Implicancias de la evidencia para el caso chileno

La idea de que los centros residenciales no son un buen lugar para el desarrollo de un niño se basa en estudios internacionales (especialmente aquéllos realizados en Rumania, presentados en Nelson et al. 2014) y ha sido promovida en Chile por la Unicef y por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf et al. 2013). En 2005, el gobierno de Chile suscribió el mandato de Unicef que establecía que los niños menores de tres años no debían ser llevados a instituciones. Se determinó que la atención en familias de acogida era la mejor alternativa para criar niños que hubieran sido separados de sus familias. En 2011, los programas de familias de acogida fueron reforzados como opción prioritaria, pero los esfuerzos para incrementar su cobertura fracasaron y los centros residenciales siguieron siendo la principal alternativa.

A pesar de que los centros residenciales en Chile pueden diferir de aquellos analizados en estudios internacionales, características como la atención grupal y la falta de un adulto significativo para desarrollar apego pueden estar presentes en las instituciones chilenas. La evidencia proveniente de la neurociencia y de la primera infancia es consistente en cuanto a que las instituciones no son adecuadas para el desarrollo de un niño.

Sin embargo, esta evidencia no indica que la atención en familias de acogida sea siempre mejor que la atención grupal. A pesar de que las familias de acogida constituyen un entorno más propicio para el desarrollo infantil que los centros residenciales, en la práctica el resultado depende de las características específicas del lugar. Hay un continuo de opciones desde la atención de calidad en familias de acogida hasta los centros residenciales masivos de baja calidad. En los extremos es evidente cuál es la mejor opción, pero resulta menos claro al comparar centros residenciales de alta calidad con programas de acogimiento de baja calidad.

Existe un consenso de que en Chile tanto los centros residenciales como los programas de familias de acogida carecen de suficientes recursos para brindar un servicio adecuado o contratar personal calificado, y por lo tanto no están siendo capaces de producir los resultados esperados. Pero existe también una amplia diversidad en la forma en que los centros residenciales implementan sus programas, y es probable que algunos estén realizando una mejor labor en cuanto a brindar relaciones estables, receptivas y nutritivas que el actual programa de familias de acogida.

A los niños en centros residenciales y en familias de acogida no se les hace seguimiento y, como ya se explicó en la sección anterior, sólo se miden tres variables de resultados a nivel agregado. De acuerdo con esos datos, no hay diferencia en la duración de la estadía entre los dos programas y el egreso sin reingreso funciona mejor en el caso de las familias de acogida (Focus 2013).

Sin embargo, los resultados levemente mejores de los programas de acogimiento se complementan con el hecho de que, en promedio, el costo de un niño en una familia de acogida (FAE) es 44 por ciento más bajo que en un centro residencial: 118 mil pesos por niño al mes versus 157 mil (Focus 2013).

No existe información suficiente para evaluar la calidad del servicio o si existe reinserción social del menor. No hay información sobre el número de niños por cuidador, número de niños por hogar, tasas de rotación, grado de personalización de la atención, etcétera. No es posible demostrar que los centros residenciales son peores (o no) que los programas de familias de acogida para el desarrollo infantil, ya que no hay datos disponibles sobre resultados que permitan establecer mediciones, comparaciones o evaluaciones. Ese análisis es clave y debiera ser realizado antes de emprender cualquier reforma.

En Chile, los programas de familias de acogida no son percibidos como una alternativa legítima a los centros residenciales. Los OCA y los jueces entrevistados no estaban convencidos de que las familias externas fueran la solución a la internación, porque el Sename carece de la capacidad y de los recursos necesarios para monitorear a esas familias, y es un riesgo remitir niños sin una adecuada supervisión. Actualmente, existe más confianza en los centros residenciales, donde es más fácil supervisar y controlar (Relaf et al. 2013).

Por ello, la reforma tiene que comenzar por diseñar una atención efectiva en las familias de acogida, con el objetivo de medir y comunicar su efectividad antes de optar por el cierre de los centros residenciales. En cuanto a esta opción, se debería comenzar por aquellos que tienen los peores resultados.

Un segundo paso al momento de decidir entre estas dos políticas —atención en centros residenciales o en familias de acogida— debería ser determinar cuál es la solución con mejor relación entre costo y efectividad; en otras palabras, cuál produce los mejores resultados a un menor costo. Para ese análisis se requieren datos relacionados con los resultados y los costos, pero, como ya se señaló, no hay datos sobre los resultados.

La evidencia de Focus (2011) sugiere que los programas de acogimiento tienen costos operacionales más bajos que los centros residenciales, principalmente porque las familias asumen el “costo de vida”. Esto podría implicar que las familias de acogida son más costo-eficientes. Sin embargo, los implementadores de estos programas disienten, arguyendo que los programas están subfinanciados y carecen de los recursos necesarios para trabajar con las familias.

3. No es algo nuevo: iniciativas previas de desinternación

La desinternación no es una política nueva en Chile y se pueden extraer lecciones de experiencias pasadas.

El fallido caso de la desinternación masiva de los niños que vivía en Ciudad del Niño (ver recuadro) es considerado un proceso que el país no quiere repetir. Entre las lecciones aprendidas figura la necesidad de trabajar con las familias de origen, dar una solución individualizada que dependa de la situación del niño, y realizar un proceso de seguimiento.[27]

En 2013, se implementó un nuevo programa piloto de desinternación, con el propósito de generar una propuesta para el país. Éste consistía en desinternar a doce lactantes de un centro residencial y llevarlos a familias de acogida, reconvertir el centro residencial y capacitar a todos los actores implicados. Pero sólo pudieron desinternar siete niños (Relaf et al. 2013).

Esta experiencia piloto fue útil para informar respecto de los nodos claves entre los diferentes actores implicados, pero no proporcionó pautas útiles para el proceso de desinternación a nivel nacional. Dado que el piloto consistió en sólo un centro residencial y un programa de familias de acogida, no sirvió para entender cómo se debería implementar un proceso de desinternación a nivel nacional.

La Fundación Rodelillo también vivió una experiencia de desinternación, descrita en Unicef (2002). Intentaron establecer una red de apoyo para las familias. Entre las lecciones aprendidas está la necesidad de diseñar procesos de mediano a largo plazo, con más recursos y profesionales, y un trabajo coordinado entre el centro residencial, la familia y la comunidad. Por otra parte, el proceso de desinternación debe comenzar cuando el menor ingresa al centro, a fin de implementar intervenciones que promuevan su salida (Unicef 2002).

La experiencia de la Región de Valparaíso es citada como un caso exitoso de desinternación, porque en doce años han sido capaces de aumentar el porcentaje de niños en familias de acogida de 7 a 22 por ciento, aumentando el porcentaje de familias externas a 48 por ciento (Relaf et al. 2013). Pero no existe información respecto de la calidad de la atención que reciben.

Aparte de estas iniciativas específicas, en años recientes el Sename ha ido instando a los centros residenciales a elaborar planes de egreso y trabajar con las familias en pos de su reunificación. Para los niños más pequeños, las estadías prolongadas ya no son la norma. Para los mayores es más difícil generar soluciones alternativas y tienen más probabilidades de permanecer internados hasta cumplir la edad de egreso (18 años).

4. Desinternación: el marco erróneo para la reforma

El objetivo del sistema debiera ser ayudar a esos niños a recuperarse de su trauma y maltrato, proveer de un entorno saludable, seguro y estimulante, en un contexto familiar, en lo posible, con sus familias de origen.

Como se señaló en la sección anterior, la desinternación no es una política nueva. Ahora, los niños no son internados de manera indefinida y todos los actores declaran que el objetivo es la reunificación de la familia. Pero algo está fallando.

La investigación y las entrevistas realizadas indican que una de las falencias consiste en no tener una mejor y más profunda comprensión del problema para generar soluciones efectivas: no existen alternativas válidas a la internación para soluciones temporales y no se están realizando muchas acciones concretas para posibilitar una reunificación familiar.

El objetivo de política debiera ser encontrar el mejor lugar temporal para el menor con los servicios requeridos para su recuperación mientras se busca un destino permanente. Si se plantea como objetivo la desinternación se corre el riesgo de sacar a los niños de las instituciones sin disponer de un lugar permanente para ellos. Asimismo, puesto que la desinternación no es la solución universal, la política debería considerar la opción de mejorar la atención en centros residenciales, ya que para algunos menores ésa es su mejor ubicación.

Antes de proceder a una desinternación es preciso que sucedan al menos tres cosas:

Primero, el Sename debe contar con un buen diagnóstico de quiénes son los niños en el sistema, cuáles son sus problemas y los de sus familias. Los perfiles de los menores han cambiado con el tiempo y ahora son más complejos. Están relacionados con el alcohol y el consumo de drogas durante el embarazo y problemas psiquiátricos o psicológicos que requieren soluciones especializadas. Esta mejor comprensión del problema debiera permitir al Sename segmentar la población y diferenciar los servicios según las necesidades de cada niño.

Segundo, el Sename debiera implementar modelos de atención alternativos y evaluar cuál representa una mejor solución para los diferentes tipos de casos. Por ende, más que un programa, lo que se requiere es una gama de soluciones para enfrentar diferentes problemas.

Tercero, si el objetivo último es la reunificación familiar, es preciso proveer intervenciones y servicios variados para ayudar a las familias. En la actualidad, el menor es separado temporalmente de su familia a la espera de que ésta adquiera las competencias para recibirlo de vuelta, pero no siempre existen recursos o intervenciones para ayudar a la familia en ese proceso.

Estos tres aspectos nos llevan a las recomendaciones de política expuestas en este artículo y que son abordadas en la siguiente sección.

V. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA: ENCONTRAR Y ADAPTAR LA MEJOR SOLUCIÓN AL CONTEXTO CHILENO

1. Mejor uso de la información

1.1. Comprender a los niños y sus problemas

Puesto que la desinternación no es una directriz nueva y los Tribunales de Familia han calificado la internación como la última opción, es importante analizar los perfiles de los menores que están bajo tutela estatal. En la actualidad, sólo los casos más complejos terminan en centros residenciales,[28] a veces porque esfuerzos previos han fracasado. Por ello, en lugar de implementar una estrategia única, es importante que el Consejo Nacional de la Infancia comprenda quiénes son los niños que viven en las instituciones y cuáles son los problemas que los aquejan.

¿Qué información se encuentra disponible? Hasta ahora, el Sename se ha basado en sus propios datos. Pero, como ya se señaló en la sección III, esta información no es suficiente: no explica por qué los niños están ahí, cuál es su situación familiar ni los problemas subyacentes que los aquejan.

¿Qué información se requiere? El Consejo Nacional de la Infancia necesita información relativa al niño o la niña, a las características de su familia y a la calidad de los centros residenciales y programas de acogimiento.

Con respecto a los menores, no es necesario recabar nueva información; se puede lograr un gran cambio con sólo unir las bases de datos de otros ministerios y de los Tribunales de Familia.[29] Las fuentes más relevantes serían:

• Registro Civil: Dispone de información sobre todos los familiares y sus respectivos domicilios. Un acuerdo de cooperación entre el Sename y el Registro Civil, ambas entidades dependientes del Ministerio de Justicia, permitiría que el Sename tenga un acceso expedito a los registros de la familia del menor. En la actualidad, para cada caso se debe solicitar acceso; asimismo, obtener información sobre los parientes, a fin de rastrear a un familiar que pueda hacerse cargo, toma una cantidad de tiempo considerable que podría reducirse, acelerándose así el proceso de hallar un lugar de destino estable.

• Tribunales de Familia: Cuentan con registros electrónicos completos para dar seguimiento a cada menor. Existen conversaciones iniciales para conectar este sistema con Senainfo y tener un solo sistema de seguimiento con información más detallada. Ésta es una iniciativa que el Consejo Nacional de la Infancia debiera promover.

• Ministerio de Educación: Cuenta con datos sobre cada estudiante, tales como características personales, asistencia, desempeño escolar y resultados en las pruebas. Esta información podría utilizarse como proxy, o aproximación, de resultados del menor y comparar los resultados de diferentes lugares de destino.

• Ministerio de Desarrollo Social: El Registro de Información Social (RIS) contiene todos los beneficios sociales que recibe una persona de diferentes ministerios. Adicionalmente, cuenta con registros individuales con todas las características utilizadas para focalizar programas sociales.

Consolidar esta información permitiría obtener una caracterización precisa de la familia y de los servicios que está recibiendo. En lo que respecta a los centros residenciales, la información observada por los supervisores del Sename en sus visitas mensuales debe ser sistematizada y analizada.

Como ya se mencionó, no todos los centros residenciales son deficientes y algunos podrían brindar atención de alta calidad. Por ello, la información relativa a las características del centro residencial (número de cuidadores, hogares familiares versus hogares masivos, tasas de rotación de personal, servicios brindados, etcétera) debe ser considerada antes de decidir cuáles serán clausurados.

1.2. Establecer un sistema de monitoreo

A pesar de que el Sename realiza supervisiones periódicas, la información no es digitalizada y no está disponible para un posterior análisis. Las autoridades del Sename mencionaron en las entrevistas que estaban trabajando en la elaboración de un sistema de información en línea. Este último podría utilizarse para establecer un sistema de monitoreo con indicadores financieros, de desempeño y de resultados; con mecanismos de alertas e informes, y usar esta información para una mejor toma de decisiones. Esto podría servir para comprender mejor las características de esta población y contribuir a tomar decisiones oportunas, evitándose así institucionalizaciones prolongadas.

Implementar esta recomendación es simple, pero se requieren cambios en la política y capacidad organizacional. Esto será discutido al momento de abordar la factibilidad de la reforma.

2. Crear modelos de atención alternativos para evitar la internación

2.1. Intervenciones especializadas adaptadas a las necesidades de cada niño

Como ya se ha señalado en secciones anteriores, es necesario tener una comprensión acabada de los problemas de estos niños antes de diseñar la solución. Una vez que la información antes descrita ha sido analizada, el Consejo Nacional de la Infancia, en conjunto con el Sename, debería proponer una gama de soluciones. Ésta no debiera plantearse como una disyuntiva entre familias de acogida y centros residenciales, sino como un continuo con diferentes grados de institucionalización para responder a las necesidades de cada niño.

Contar con información fidedigna sobre la situación del menor junto con información sobre los resultados de casos similares anteriores y una gama de soluciones posibles debiera permitir que el juez encuentre el mejor lugar de destino para cada niño. El juez necesitará contestar preguntas tales como: “¿Es beneficioso que el niño o la niña permanezca con sus padres?”, y luego, a partir de la respuesta, se abren diferentes opciones de programas. El diagrama 2 ilustra el proceso de decisiones, simplificado, que debe atravesar un juez.

Diagrama 2. PROCESO DE DECISIÓN DE UN JUEZ DE FAMILIA

La gama de opciones debiera abarcar desde la adopción, cuando los padres no están dispuestos o no tienen la capacidad de asegurar la custodia del menor, hasta la permanencia del menor con la familia, recibiendo servicios especializados según las necesidades de la familia.

Algunas de estas alternativas ya existen, pero la propuesta consiste en organizarlas como un continuo de soluciones y fortalecer esos programas como alternativas legítimas a la internación. El rediseño y la creación de nuevos programas deberían basarse en evidencia de lo que ha demostrado ser efectivo y en datos relacionados con estos problemas, dónde están localizados estos niños y qué servicios están recibiendo.

Por ejemplo, de las entrevistas realizadas para este trabajo surgió la necesidad de un nuevo programa, debido a que existían numerosos casos de recién nacidos que ingresaban al sistema y que provenían de madres consumidoras alcohol o drogas durante el embarazo. En el esquema vigente, el bebé es enviado a un centro residencial y la madre es derivada a un servicio de rehabilitación. En más de un caso reciben a más de un bebé de la misma madre. Esto levantó la propuesta de que sería mejor trabajar con la madre en su rehabilitación. Actualmente no se ofrece esta solución, porque el subsidio del Sename es por niño y no cubre los costos de la rehabilitación de la madre. La solución debe combinar los servicios brindados por los diversos ministerios. La evidencia internacional debería colaborar también en su diseño.

Esta recomendación requerirá la creación de más capacidades en el Sename, así como el incremento de recursos para la gestión y la prestación de servicios. En el diagrama 3 se resume una posible escala de opciones.

Diagrama 3. RESUMEN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

El sistema vigente no ha logrado alinear soluciones efectivas en función de necesidades específicas. Prueba de ello son las altas tasas de reingreso y que la mayor cantidad de solicitudes de internación provenga, justamente, del resto de programas del Sename.

Antes de diseñar cada intervención, el Consejo Nacional de la Infancia debe analizar la información expuesta en la primera recomendación. Luego, debe valerse de la evidencia de lo que funciona y enfocarse en la elaboración de políticas basadas en evidencia, proceso en el cual la información es utilizada para diseñar, implementar, poner a prueba y rediseñar. Este artículo sólo se explayará en la presentación de una propuesta para la atención en programas de acogimiento, dejando las restantes soluciones como un área a explorar una vez que se cuente con un mejor diagnóstico.

2.2. Programas de familias de acogida

El propósito de esta sección es abordar el problema de la internación, proponiendo una intervención integral que brinde una respuesta efectiva para los menores de ocho años.

La teoría de cambio subyacente dice que contar con padres más preparados en familias de acogida, junto con un sistema de apoyo e intervenciones para ayudar a los menores a recuperarse del daño que han sufrido, favorecerá su reinserción en la vida social y permitirá que se desarrollen como adultos íntegros.

Como ya se dijo, no se trata de trasladar a los niños a familias cuidadoras. Los niños necesitan cuidados nutritivos para desarrollar un apego organizado hacia sus cuidadores, así como cuidadores estables, que se puedan comprometer con ellos, que los ayuden a crear un sentido de identidad y a regular su comportamiento (Dozier et al. 2013). Los programas de acogimiento debieran ser complementados por intervenciones que fortalezcan el bienestar de los cuidadores y de los menores (Casanueva 2013).

Asimismo, para que las familias de acogida sean una solución temporal, deben ser complementadas con políticas y servicios que posibiliten la reunificación familiar, punto abordado en la tercera propuesta.

i. ¿Por qué las familias de acogida no han funcionado en Chile?

El estudio realizado por Relaf et al. (2013) indica algunas posibles causas por las que las familias de acogida no han funcionado en Chile, causas que también fueron señaladas en las entrevistas realizadas para este trabajo:

–Escasa visibilidad de este programa y baja disponibilidad de familias de acogida.

–Creencia en que los niños están mejor protegidos en centros residenciales.

–Control y supervisión limitados de los hogares de familias de acogida.

–Los programas de acogimiento son percibidos como un atajo para la adopción por parte de familias que no cumplen con los requisitos para adoptar.

–Falta de conocimiento sobre el daño que puede producir la internación.

–El sistema actual no cuenta con los recursos para trabajar con familias de acogida o biológicas.

En las entrevistas los comentarios fueron que no hay familias externas dispuestas a asumir los cuidados de los niños, las familias actuales no tienen la capacidad de cuidar a esos niños y no hay recursos para ayudarlos o para monitorear a los menores para asegurarse de que estén en buenas condiciones.

ii. ¿Por qué han fracasado los intentos anteriores de fortalecer este programa?

La pregunta respecto a los fracasos anteriores de este programa es clave y debe ser contestada antes de diseñar un nuevo programa. Desde la perspectiva de las ONG, el fracaso se debe a que el Gobierno no ha sido capaz de crear conciencia en la población acerca de este programa o de contribuir a reclutar familias de acogida. Además, el financiamiento ha sido insuficiente. Sin embargo, puede que existan otras razones que no han sido exploradas.

iii. Diseño de un programa efectivo de familias de acogida

Como ya se señaló, el programa debe contar con ciertas características para lograr su propósito de recuperar a los menores. Algunos elementos claves de este nuevo programa son:

• Fortalecer la atención con familias externas: generar conciencia social y una cultura de cambio. El programa actual se basa en las familias extensas. Evaluaciones del programa actual concluyeron que no ha habido un esfuerzo coordinado para llegar a familias de acogida externas (Martínez 2011). Si el programa quiere dar respuesta a más niños, no puede depender exclusivamente de las familias extensas. El primer paso es reclutar nuevas familias. Los obstáculos para hacerlo son los siguientes:

–Falta de conocimiento acerca de este programa.

–Recursos insuficientes para reclutar.

–Reducir el estigma asociado a los niños que provienen del Sename.[30]

–Promover una cultura de familias de acogida a través de modelos de roles que hayan brindado con éxito este servicio a la comunidad.

–Trabajar con iglesias y organizaciones que tengan un mayor sentido de comunidad donde pueda darse inicio a un modelo colaborativo de acogida.

• Preselección más rigurosa. Esto es clave para asegurar una atención segura y de calidad. Si se realiza un mejor proceso de reclutamiento se podría contar con una cantidad de padres suficientes para seleccionar a los más idóneos. La selección debiera basarse en criterios tales como sostenibilidad económica, estabilidad familiar, ausencia de antecedentes de violencia y otras características relacionadas con la paternidad. El proceso de selección también debiera aplicarse a la atención con familias extensas, aunque podría justificarse que se usaran otros estándares.

• Facilitar el trabajo: diseñar un esquema de apoyo. Ser un padre de acogida es una ardua tarea. La paternidad es compleja, pero en este caso es aún más desafiante, puesto que es probable que el niño tenga secuelas de maltrato o abandono.

Un apoyo permanente a las familias puede ayudar a generar mayor sentimiento de eficacia entre los padres de acogida y disminuir el estrés parental. Esto, a su vez, acrecienta la motivación y la capacidad de brindar un cuidado más sensible, lo que se relaciona con la seguridad en el apego, ya que puede conducir al desarrollo de un apego seguro con el padre de acogida (Shonkoff 2000). Este esquema de apoyo puede traducirse en visitas al hogar, redes de apoyo con otros padres de acogida y acceso preferencial a los servicios de salud y otros programas de protección social. Un tema recurrente que surgió en las entrevistas es que el programa de familias de acogida tenía que poder satisfacer, con sus escasos recursos, las necesidades socioeconómicas de la familia. Esto podría solucionarse conectando a las familias con los programas sociales existentes.

• Incentivos económicos: aumentar el pago a los padres de acogida. El monto que debiera recibir una familia de acogida es un tema controversial. Por una parte, debiera cubrir las necesidades del menor, pero algunos argumentan que no debiera ser muy elevado para que la gente no acoja menores por razones erróneas. Como se señala en la sección II, 2.2, el pago actual es inferior a lo que sugiere la evidencia internacional. El monto exacto debiera ser estudiado en detalle, pero está claro que debiera ser mayor y un buen proceso de preselección debiera descartar a los padres con motivaciones erróneas. Mayores aportes de dinero podrían incentivar a las familias con costos alternativos más elevados a ser familia de acogida. Asimismo, el monto debiera variar según el grado de especialización de las familias, ya que los menores que requieren una dedicación exclusiva debieran estar asociados a una mayor compensación económica.

• Cambios en el sistema regulatorio: prioridad para la adopción. La atención en familias de acogida es una solución temporal y no debiera concebirse como un atajo para adopción en familias que no cumplen con los requisitos para ser padres adoptivos. Pero si el niño termina siendo dado en adopción, los padres de acogida, si están dispuestos a ello, debieran tener prioridad. Actualmente, no pueden hacerlo y esto requiere una modificación a la Ley de Adopción. De todas formas, la posibilidad para los padres de acogida de adoptar no debe interferir en la reunificación del menor con su familia biológica.

iv. Desarrollar diferentes tipos de familias de acogida

El programa actual se encuentra dividido en dos: el Programa de Familias de Acogidas Simples (FAS) y el Programa de Familias de Acogidas Especializadas (FAE), pero en la práctica son iguales y reciben el mismo tipo de apoyo. Para lograr mejorar estos programas, el Sename debiera dividir la atención de acogida en familias extensas, atención de acogida en familias externas, atención de acogida especializada y atención de acogida de preadopción. Se debiera buscar familias con diferentes perfiles y grados de especialización y ofrecerles diferentes montos de dinero y tipo de apoyo.

2.3. Atención en centros residenciales

El programa actual de familias de acogida debe atravesar muchos cambios para brindar servicios a más menores y con mejores familias, pero, tal como se ha señalado, esto no funcionará para todos los casos. Por ello, mientras se realizan los cambios en los programas de familias de acogida y estos demuestran ser efectivos, la atención en centros residenciales seguirá siendo la principal alternativa.

Los implementadores entrevistados se quejaron de que la reforma propone atención en centros residenciales únicamente en casos excepcionales y el Consejo Nacional de la Infancia olvida que, como sólo se reciben casos complejos, los casos de excepción podrían ser la regla. La internación seguirá siendo la principal respuesta hasta que se desarrolle un buen programa con familias de acogida externas y especializadas.

Las directrices para los centros residenciales debieran seguir insistiendo en la atención personalizada, planes de egreso para cada menor, reducción de la proporción de niños por cuidador y organización de centros residenciales en casas pequeñas. Del mismo modo, se deben invertir más recursos para que los centros residenciales puedan contratar a mejores profesionales, reducir la rotación e invertir en trabajo con las familias biológicas.

3. Coordinar la prestación de servicios para promover la reunificación familiar

Todas las soluciones presentadas más arriba están concebidas como temporales mientras se espera un lugar de destino permanente con la familia biológica o adoptiva. Pero los niños permanecen más tiempo de lo supuesto en estos lugares provisorios.

El sistema actual está fallando en su trabajo con las familias biológicas y la prestación de servicios no está solucionando sus problemas. La mayoría de las intervenciones consiste en talleres para desarrollar habilidades parentales, pero no hay conexión formal con otras redes de servicios para resolver los problemas subyacentes que afectan a esas familias. Como se señaló en la caracterización de los menores, la problemática familiar suele estar relacionada con el consumo problemático de alcohol y el abuso de drogas. En la mayoría de los casos, la reunificación familiar no va a ser exitosa si no se resuelven esos problemas.

El Sename tiene la responsabilidad de restituir los derechos que han sido vulnerados y de reinsertar estos niños en la vida social. Sin embargo, existe una multiplicidad de derechos y en su mayoría caen bajo la responsabilidad de otros ministerios. Por ejemplo, el derecho a la educación y a no ser obligado a realizar trabajo infantil dependen de otros ministerios, en este caso de Educación y del Trabajo. Lo mismo ocurre con el derecho a recibir atención de salud y a vivir en familia. Para estos temas transversales la solución debe enfocarse en el menor y requiere una coordinación interinstitucional (Focus 2013).

3.1. Red de atención de salud

Los entrevistados revelaron que el problema más común que afecta a las familias es el consumo de drogas. Sin contar con datos y hablando a partir de su experiencia, señalaron que aproximadamente el 90 por ciento de los padres consumían drogas. Se requiere un diagnóstico preciso de esta situación para diseñar un programa acorde.

Lo que sucede en casos de problemas mentales o de consumo de drogas es que los padres son enviados a servicios públicos de salud (Centros Comunitarios de Salud Mental, Cosam), pero estos no están disponibles en todo el país o no hay suficientes vacantes. Como los sistemas de información no están conectados entre sí, el Sename no sabe si están recibiendo el programa.

Para solucionar este problema, el Sename debe establecer un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), dependiente del Ministerio del Interior.

El Ministerio de Salud y el Senda debieran implementar una red especial de servicios para ayudar a las familias en situación de riesgo de que su hijo sea internado. El Sename por sí solo no tiene las competencias para resolver los problemas que arrastran estas familias. El Consejo Nacional de la Infancia, como entidad a cargo de diseñar las políticas, debe asegurar que se realicen y sean implementados estos acuerdos. Como el Ministerio de Salud es parte del Consejo Nacional de la Infancia, la coordinación debiera ser más fácil de lo que lo fue en el pasado para el Sename.

3.2. Red de protección social

Chile cuenta con una red de programas de protección social (Ley n.º 20.379)[31] que tiene diferentes criterios de elegibilidad, donde las familias que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad tienen acceso prioritario a los servicios del Estado. Las familias cuyos hijos han sido internados debieran tener acceso prioritario, de manera que el Sename se centre en la intervención hacia el menor y deje las necesidades socioeconómicas de la familia en manos de los servicios dedicados a esa materia. La reunificación familiar sólo será posible mediante un esfuerzo conjunto entre las entidades públicas.

Hasta el momento, la cooperación entre entidades públicas ha sido escasa y el Sename no tiene potestad para exigirles a los otros ministerios que provean los servicios requeridos. En cambio, en virtud de la Ley de los Tribunales de Familia, el Sename tiene la obligación de brindar los servicios que dicten los Tribunales, pero no puede forzar a otras entidades a cooperar. La coordinación y el apoyo de otros ministerios, especialmente los de Salud, Desarrollo Social, Educación, así como los servicios de Senda, son cruciales. La diferencia respecto de iniciativas anteriores es que ahora el Consejo Nacional de la Infancia, entidad a cargo de la reforma, tiene autoridad para asegurar la cooperación entre los diferentes organismos gubernamentales.[32]

VI. FACTIBILIDAD DE LA REFORMA

1. Idoneidad técnica

Para la primera y tercera propuestas —el mejor uso de la información y la coordinación de servicios en aras de la reunificación familiar— la idoneidad técnica no es el desafío. Las dificultades residen en la política organizacional, las capacidades y la coordinación con otros ministerios.

Para la segunda propuesta, una solución técnicamente idónea debiera sustentarse en evidencia válida para el contexto específico. En este caso, no existe suficiente evidencia respecto de lo que funciona para el contexto chileno como para poder confiar que el programa es técnicamente idóneo en su diseño. Implementar un sistema de atención en familias de acogida basado en un modelo de mejores prácticas de otro país probablemente no funcione en Chile, ya que la política tiene que adaptarse a las normas y los mecanismos culturales que caracterizan la situación actual.

La solución técnicamente correcta propuesta para el Consejo Nacional de la Infancia es iniciar con el Sename un proceso de encontrar y adoptar una solución que responda al contexto chileno. Como el tamaño de la muestra es pequeño y las intervenciones no son estandarizadas, es probable que desarrollar una evaluación de impacto experimental no sea la forma de descubrir lo que funciona.

Por ello, la estrategia propuesta consiste en realizar un proceso de aprendizaje basado en la experiencia (Pritchett et al. 2013) y, en lugar de comenzar con un diseño único, hacerlo con varios diseños pilotos simultáneamente, para ver cuál es la mejor forma de abordar un problema particular en un contexto específico. Esto permite probar diferentes alternativas y buscar el diseño más adecuado.

Para cada elemento clave del programa de familias de acogida el proceso de diseño debiera comenzar por buscar una “desviación positiva” (Marsh et al. 2004). Esto significa buscar una ONG que esté realizando una buena labor en ese aspecto. Por ejemplo, comenzar por responder si existen ONG que estén realizando una buena labor en materia de reclutamiento de familias externas. Si se encuentra un buen ejemplo, el paso siguiente es comprender cómo funciona y si es replicable.

Sin embargo, según la información obtenida en las entrevistas, es probable que no exista una ONG que esté realizando una labor destacada en estos aspectos. En ese caso, la recomendación es investigar sobre mejores prácticas a nivel internacional y analizar cómo adaptarlas al contexto nacional.

Este proceso de aprendizaje requiere un sistema de monitoreo con mecanismos de retroalimentación adecuados. Implica definir indicadores, establecer mecanismos de medición, registrar la información, analizarla y extraer lecciones. Esta información debiera ser compartida con todos los actores involucrados e incorporada en el rediseño de las intervenciones. El Sename debiera implementar este proceso para todos los modelos de atención alternativos discutidos en la segunda propuesta.

2. Factibilidad administrativa

Las tres propuestas presentan varios desafíos en cuanto a su implementación en la medida en que requieren un cambio en la cultura organizacional y en las capacidades del Sename. El desafío se refiere, en primer lugar, a comenzar a utilizar la información disponible y elaborar políticas basadas en evidencia; segundo, crear capacidades y generar recursos para monitorear de manera efectiva, medir resultados y transformarse en una organización de aprendizajes; y tercero, coordinar con otras entidades públicas para el uso de información y para crear redes de apoyo para las familias. El Sename se beneficiará de promover una cultura orientada a los resultados, pero es esperable que haya resistencia al cambio.

Para implementar esta reforma, el Sename requiere más recursos y necesita construir capacidades dentro de la organización y en los OCA. Una de las razones que explica el fracaso de las reformas anteriores es el hecho de que no disponían de los recursos necesarios ni de profesionales capacitados.

Un factor clave para implementar un servicio de acogida de calidad es contar con un número adecuado de profesionales calificados. Los desafíos relacionados con reclutar, seleccionar y retener a un personal calificado en materia de protección de menores son enormes, pero deben ser enfrentados, ya que los servicios de protección de menores efectivos requieren de un personal capaz de brindar intervenciones especializadas. Más aún, es de suma importancia incrementar la satisfacción laboral para minimizar la rotación de personal (Pecora et al. 2009).

Con el fin de que la implementación sea exitosa, el Sename debe diseñar contratos rigurosos y establecer procesos claros de monitoreo, supervisión y medición. Los contratos deben ser definidos en dos niveles: primero, entre el Sename y los OCA; y luego, entre los OCA y las familias de acogida.

Para el primer nivel, tal como se analizó en la sección III, 2.1, el mercado de los OCA está muy concentrado: pocas organizaciones participan en los procesos de licitación y los subsidios no logran cubrir los costos. Es preciso entregar más recursos, para hacer atractivo el ingreso a nuevos proveedores y elevar los estándares de estas organizaciones. Si los nuevos requerimientos no van acompañados de recursos adicionales es imposible que las ONG puedan cumplir. Lo que ha sucedido en el pasado es que las ONG prefieren trabajar de manera independiente, consiguiendo aportes de privados y sin la supervisión del Sename. En este escenario, sólo los proveedores de baja calidad, que no logran acceder a subvenciones del sector privado, estarán dispuestos a trabajar con el Sename.

El Sename puede optar por seguir brindando servicios de baja calidad a un bajo costo o probar otras opciones. Una vía posible sería comprometerse con una solución particular, por ejemplo, preservar las familias. Dada la heterogeneidad de los problemas existentes, esta alternativa no permitirá lograr resultados satisfactorios. Otra posibilidad es adoptar un enfoque más pragmático valiéndose de los datos existentes y creando una cultura basada en la evidencia, con más recursos, sueldos más elevados para los asistentes sociales y mayores aportes económicos para las familias.

Una vez que los OCA son seleccionados a través del proceso de licitación, si no tienen una motivación intrínseca para brindar una atención de calidad, no tendrán los incentivos para hacerlo. Para evitar esta situación, el Sename debería establecer un pago fijo y un bono para incentivar el buen desempeño en base a factores medibles y relevantes para la atención prestada.

En sus contratos con las familias de acogida, los OCA deben establecer incentivos para los padres de acogida, considerando su motivación intrínseca y los recursos necesarios para respaldar su comportamiento.

3. Apoyo político

Para las propuestas presentadas, el Sename necesita más recursos y comprometer a otros ministerios para que compartan sus datos y colaboren en la prestación de servicios para la tercera propuesta. Esto requerirá apoyo político dentro del Gobierno y del Congreso.

3.1. Análisis de los grupos de interés

Un primer paso para analizar el grado de apoyo que tendrá esta reforma es observar quién liderará el cambio y quién lo apoyará o resistirá. Como lo estableció la Presidenta Bachelet, el Consejo Nacional de la Infancia liderará el cambio. Esta organización está empoderada para realizarlo, sin embargo, no es el organismo que lo implementará. Esto tiene ventajas, pero requiere que se construya legitimidad para el Consejo Nacional de Infancia en su rol como el líder del cambio, al tiempo que se debe involucrar al Sename en la implementación de la reforma.

El Sename, como ejecutador del programa, debe estar comprometido con la reforma, pero tiene capacidades limitadas para liderar el cambio. Este organismo se encuentra en un escenario complejo, en el que su desempeño y legitimidad han sido cuestionados. Se ha visto implicado en varios escándalos de abuso a menores y ha sido acusado por la prensa, el Congreso y el sistema judicial de no ser capaz de velar por los derechos de los niños (Guzmán 2013; Cámara de Diputados 2014; Corporación Administrativa del Poder Judicial 2013).

Como se señaló en la introducción de este estudio, invertir en estos niños tiene el potencial de producir grandes ahorros para el país en las siguientes décadas. Si se implementa bien, este proceso se puede traducir en una baja potencial de las tasas de reclusión, delincuencia y problemas conductuales, con sus costos asociados. A la vez, puede incrementar las ganancias que producirán estos menores cuando se transformen en adultos funcionales. Sin embargo, para ello se requiere de actores políticos con una visión de largo plazo, ya que tendrán que incurrir en costos sin ver los retornos durante su período activo.

Algunos centros residenciales se oponen a la desinternación, no sólo porque “pierden su trabajo”, sino también porque creen en su propio modelo. Observando cómo funcionan los programas de acogimiento no creen que éstos sean una mejor respuesta. Más aún, para cumplir con la regulación internacional y los nuevos estándares, los centros han ido cambiando progresivamente su modelo hacia grupos más pequeños, con una proporción más baja de niños por cuidador y entregando atención personalizada. Con estos cambios piensan que están brindando el tipo de atención que requieren los niños.

Las organizaciones que trabajan con familias de acogida deberían estar entusiasmadas con la reforma, pero, de acuerdo con las entrevistas realizadas, estas organizaciones son críticas respecto de la labor del Sename y discrepan de que la desinternación masiva sea la política adecuada.

3.2. Concitar apoyos

Los cambios propuestos requieren mayores recursos, que deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda y luego por el Congreso. La baja legitimidad del Sename como instancia de protección de los menores puede jugar a favor (consenso de que necesitan más financiamiento) o en contra (no son capaces de implementar una reforma).

Sin embargo, la desaceleración de la economía y las múltiples reformas que el Gobierno está llevando a cabo generan un escenario complejo para un aumento significativo del financiamiento. Por ello, comenzar con planes piloto y mostrar resultados podría servir para ganar legitimidad y concitar apoyos.

A pesar de que los centros residenciales que trabajan en pos de la protección de los menores no son organizaciones poderosas, su apoyo es esencial para la implementación de la reforma, para mejorar la calidad de su atención y, en algunos casos, para comenzar a ejecutar los nuevos programas de familias de acogida.

3.3. Desafíos para promover cambios que beneficien a una población sin voz propia

La desinternación per se tiene pocas probabilidades de lograr éxito, pero estas tres propuestas de política son técnicamente correctas e implican crear capacidades que debieran concitar un mayor apoyo.

Esta reforma beneficiará a una población vulnerable y sin voz propia. Para seguir adelante, es preciso involucrar a los diversos actores. El Consejo Nacional de la Infancia debe formar una coalición en la que el Sename cumpla un rol determinante y en la que se incluyan a los OCA encargados de implementar los cambios. Ellos dispondrán de una información de primera fuente sobre la población destinataria y una comprensión de qué factores podrían hacer fracasar un programa de familias de acogida.

La reforma debiera comenzar por generar conciencia de que los niños que han padecido abuso y negligencia están en peligro de transformarse en adultos disfuncionales si no se realizan las intervenciones necesarias. El Consejo Nacional de la Infancia y el Sename deben legitimar los modelos alternativos de atención a menores y mostrar que pueden tener un impacto positivo en la recuperación de los niños y en su reintegración a la vida familiar.

VII. REFERENCIAS CITADAS

Aldeas Infantiles SOS Internacional & Relaf. 2010. Informe Latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en América Latina. Contextos causas y respuestas. Buenos Aires, Argentina. http://www.relaf.org/ Informe%20Latinoamericano.pdf.

Álvarez, Jorge. 2013. “Historia de adolescentes egresados de la red de protección del Sename y factores de riesgo de ingresar a la justicia juvenil”. Señales 9. Sename. Ministerio de Justicia.

Baglivio, Michael, Nathan Epps, Kimberly Swartz, Mona Sayedul Huq, Amy Sheer & Nancy Hardt. 2014. “The Prevalence of Adverse Childhood Experiences (ACE) in the Lives of Juvenile Offenders”. Journal of Juvenile Justice 3 (2).

Barbell, Kathy & Madelyn Freundlich. 2001. Foster care today. Washington, DC: Casey Family Programs. www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/downloads/policy-issues/foster_care_today.pdf.

Bernard, Kristin, Mary Dozier, Johanna Bick, Erin Lewis-Morrarty, Oliver Lindhiem & Elizabeth Carlson. 2012. “Enhancing Attachment Organization Among Maltreated Children: Results of a Randomized Clinical Trial”. Child Development 83 (2): 623-636. doi: 10.1111/j.1467-8624.2011.01712.x.

Berrick, Jill Duerr & Aron Shlonsky. 2001. “Assessing and Promoting Quality in Kin and Nonkin Foster Care”. Social Service Review 75 (1): 60-83. doi: 10.1086/591882.

Browne, Kevin. 2009. The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care. www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/The_Risk_of_Harm_1.pdf.

Cámara de Diputados. 2014. “Informe de la comisión especial investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename)”. Cámara de Diputados de Chile. 4 de marzo. www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=10892&prmTIPO=INFORMECOMISION.

Casanueva, Cecilia. 2013. “Developing Family Foster Care in Chile: The Nest Family Project”. RTI International. Inédito, se puede solicitar a la autora.

Chía, Enrique, Candice Fischer & Carolina Muñoz. 2014. “Lineamientos estratégicos para modelos de cuidado alternativo dirigidos a niños/as menores de seis años bajo protección estatal”. En Concurso de Políticas Públicas / 2013. Propuestas para Chile, editado por Ignacio Irarrázaval, María de los Ángeles Morandé y Magdalena Letelier. Santiago: Centro de Políticas Públicas UC. http://www.academia.edu/5747658/Lineamientos_estrat%C3%A9gicos_para_modelos_de_cuidado_alternativo_dirigidos_a_ni%C3%B1os_as_menores_de_seis_a%C3%B1os_bajo_protecci%C3%B3n_estatal.

Children’s Bureau. 2013. “The AFCARS Report #21”. U.S. Department of Health and Human Services. http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/resource/afcars-report-21.

Cohen, Julie. 2009. “Infants and Toddlers in Foster Care”. Zero to Three Policy Center. http://main.zerotothree.org/site/DocServer/FosterCareSingMar5.pdf?docID=7887.

Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia. 2006. “El futuro de los niños es siempre hoy. Propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia”. http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2009/11/Informe_del_Consejo_Asesor_Presidencial_de_Infancia-_El_Futuro.pdf.

Consejo Nacional de la Infancia. 2015. “Caracterización de los niños de 0 a 8 años en centros residenciales. Basado en datos del Senainfo 30 de junio de 2014”. Inédito.

Corporación Administrativa del Poder Judicial. 2013. “Informe estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile”. Documento elaborado por el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el marco del proyecto “Levantamiento y unificación de la información de niños en el sistema residencial”. http://ciperchile.cl/pdfs/08-2013/sename/INFORME_PRESENTACION.pdf.

Dozier, Mary, Kathleen Albus, Philip Fisher & Sandra Sepúlveda. 2002. “Interventions for Foster Parents: Implications for Developmental Theory”. Development and Psychopathology 14: 843-860.

Dozier, Mary, Charles Zeanah & Kristin Bernard. 2013. “Infants and Toddlers in Foster Care”. Child Development Perspectives 7 (3): 166-171.

Fang, Xiangming, Derek Brown, Curtis Florence & Jame Mercy. 2012. “The Economic Burden of Child Maltreatment in The United States and Implications for Prevention”. Child Abuse & Neglect 36 (2): 156-165. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213411003140.

Focus. 2011. “Estudio de caracterización de colaboradoras del Sename que ejecutan proyectos de residencias de protección y el programa familias de acogida”. Estudio para el Ministerio de Desarrollo Social y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

———. 2013. “Evolución del gasto institucional del Servicio Nacional de Menores. Resumen Ejecutivo”. Evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile. http://www.dipres.gob.cl/574/articles-109121_doc_pdf.pdf.

Fundación Paz Ciudadana. 2013. “La tercera generación de políticas públicas de seguridad que Chile necesita”. Fundación Paz Ciudadana. Septiembre. http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/09/propuestas-paz-ciudadana-2014-2018.pdf.

Guzmán, Juan Andrés. 2013. “Crisis en el Sistema de Protección Sename: Informe inédito revela que 25% de los niños internados vive en ‘riesgo alto’”. Centro de Investigación Periodística (Ciper). www.ciperchile.cl/2013/08/27/crisis-en-sistema-de-proteccion-sename-informe-inedito-revela-que-25-de-los-ninos-internados-vive-en-%E2%80%9Criesgo-alto%E2%80%9D.

James, Sigrid. 2011. “What Works in Group Care? A Structured Review of Treatment Models for Group Homes and Residential Care”. Children and Youth Services Review 33 (2): 308-321. doi:10.1016/j.childyouth.2010.09.014.

Marsh, David R., Dirk Schroeder, Kirk Dearden, Jerry Sternin & Monique Sternin. 2004. “The Power of Positive Deviance”. BMJ 329: 1177-79. doi:10.1136/bmj.329.7475.1177.

Martínez, Víctor. 2010. “Caracterización del perfil de niños, niñas y adolescentes, atendidos por los centros residenciales de Sename. Resumen ejecutivo”. Unicef & Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile. http://www.sename.cl/wsename/otros/resumen_SENAME_UNICEF.pdf.

———. 2011. “Análisis evaluativo del programa familia de acogida especializada de Sename”. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile. http://www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Informe_Final_FAE.pdf.

Mide UC. 2013. “Informe final. Un diagnóstico del sistema de cuidados alternativos del Estado de Chile. Niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental o en riesgo de estarlo”. Estudio elaborado por MIDE UC por encargo de Aldeas Infantiles SOS. http://www.digitalmed.cl/observa/wp-content/uploads/2013/12/INFORME_FINAL.pdf.

Ministerio de Desarrollo Social. 2012. En Chile todos contamos. Segundo catastro de personas en situación de calle. Gobierno de Chile. www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/plancalle/docs/En_Chile_Todos_Contamos.pdf.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública & Adimark GfK. 2013. “Informe final. Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales”. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMjM1MTAxOQ==Encuesta_Nacional_de_Victimizaci%C3%B3n_por_Violencia_Intrafamiliar_y_Delitos_Sexuales_2012.

Muñoz, Carolina, Elaine Acosta & Paulette Landon. 2004. “Análisis organizacional: Claves para la desinternación de la niñez institucionalizada”. Revista de Trabajo Social Perspectivas 14.

National Scientific Council on the Developing Child. 2010. “The foundations of lifelong health are built in early childhood”. http://developingchild.harvard.edu/resources/reports_and_working_papers/foundations-of-lifelong-health.

———. 2012. “The science of neglect: The persistent absence of responsive care disrupts the developing brain”. Documento de trabajo n.º 12.

Nelson, Charles, Nathan Fox & Charles Zeanah. 2014. Romania’s Abandoned Children: Deprivation, Brain Development, and the Struggle ror Recovery. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Observa. 2014. “Caracterización de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogimiento alternativo”. www.observaderechos.cl.

Pecora, Peter, James Whittaker, Anthony Maluccio, Richard Barth & Diane DePanfilis. 2009. The Child Welfare Challenge: Policy, Practice, and Research. New York: Aldine Transaction.

Pritchett, Lant, Salimah Samji & Jeffrey Hammer. 2013. “It’s all about MeE: Using Structured Experiential Learning (‘e’) to Crawl the Design Space”. CGD Working Paper 332. Washington, DC: Center for Global Development. http://www.cgdev.org/publication/its-all-about-mee.

Relaf, Unicef & Sename. 2013. “Proyecto piloto para la desinstitucionalización y mejoramiento de los cuidados alternativos para niños(as) menores de 3 años en Chile”. Sename, Unicef y Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf).

Sename. 2011. “Informe final Observatorio Nacional Programas de Familias de Acogida”. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile. www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Informe_final_Familias_acogida_2011.pdf.

———. 2013a. “Informe consolidado evaluación acogedores. DOP. Departamento de Protección de Derechos”. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.

———. 2013b. “Estudio familias de acogida. Encuesta: Practicando mi derecho a opinar. Opinión de niños/as en familias de acogida, sobre las condiciones de su atención”. Unidad de Estudios. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.

———. 2014. “Anuario estadístico institucional 2013”. Unidad de Estudios. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.

———. 2015. “Anuario estadístico institucional 2014”. Unidad de Estudios. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.

Shonkoff, Jack. 2000. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Child Development. Washington, D.C.: National Academy Press.

Shonkoff, Jack & Andrew Gardner. 2012. “The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress”. Pediatrics 129 (1): e231-e246.

Unicef. 2002. “Internación de niños: ¿El comienzo del fin? Crisis de los internados y transformación de las políticas de infancia en España, Italia y el Cono Sur”. Publicaciones Innocenti. http://www.unicef.cl/archivos_documento/2/internacion.pdf.

———. 2005. “Desinternación en Chile. Algunas lecciones aprendidas”. Serie Reflexiones: Infancia y Adolescencia n.° 4. Chile. http://www.unicef.cl/archivos_documento/125/WORKINGPAPER4a.pdf.

———. 2012. “Cuarto estudio de maltrato infantil en Chile”. Autoras: Soledad Larraín y Carolina Bascuñán. http://www.unicef.org/lac/Cuarto_estudio_maltrato_infantil_unicef.pdf.

———. 2014. “Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children”. Division of Data, Research and Policy. Septiembre. http://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight.

Zavala, María Isabel & Jesús Miguel Jiménez Morago. 2014. “Una aproximación al bienestar infantil en el acogimiento familiar chileno”. Revista Señales 12. Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.

VIII. PERSONAS ENTREVISTADAS

1. Tribunales de Familia:

–Karen Hoyuelos, jueza, Primer Juzgado de Familia de Santiago

–Constanza Feliú, jueza, Tercer Juzgado de Familia de Santiago.

2. Gobierno de Chile:

–Rolando Melo, ex director del Sename

–Hugo Herrera, jefe de gabinete de Marcela Labraña, directora del Sename

–Candy Fabio, Consejo Nacional de la Infancia

–Luis Martínez, director de estudios, Sename.

3. Implementadores de programas

–Cecilia Pacheco, directora de FAE Recoleta, Opción

–Rosario Correa, directora de Grada, centro residencial para menores

–María Inés Ross, jefa del área social, Sociedad Protectora de la Infancia

–Erasmo Morales, director de infantes y menores, Sociedad Protectora de la Infancia

–Marcela Uribe, directora de centros residenciales para infantes, Sociedad Protectora de la Infancia

–Alejandra Riveros, Aldeas SOS Chile

–Karina Farías, coordinadora de desarrollo técnico, Aldeas Infantiles SOS Chile

–Paula de la Cerda, directora Social, María Ayuda.

4. Académicos:

–Charles Nelson, PhD, Profesor de Pediatría del Boston Children's Hospital y Director de Investigación del Developmental Medicine Center Harvard University

–Carolina Muñoz, PhD, Departamento de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica

–Candice Fischer, PhD, Departamento de Psicología, Pontificia Universidad Católica

–Paula Margotta, Departamento Legal, Universidad Diego Portales

–Cecilia Casanueva, PhD, psicóloga investigadora, RTI International

–Víctor Martínez, psicólogo, Universidad de Chile. EP

[1] El Consejo Nacional de la Infancia depende formalmente del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y está conformado por los ministros de Justicia, Trabajo, Salud, Educación, Desarrollo Social, Hacienda, Servicio Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También cuenta con representantes de otros ministerios y servicios como invitados permanentes.

[2] La política de desinternación está definida para la primera infancia, la que en Chile, siguiendo los lineamientos de Unicef, se define desde la gestación hasta los ocho años de edad.

[3] Este enfoque se conoce como “diseño de política inteligente” y se utiliza para el análisis e implementación de políticas concibiéndolas como un desafío de diseño. Para mayor información, véase http://epod.cid.harvard.edu.

[4] Esta encuesta fue realizada a una muestra representativa de estudiantes matriculados en escuelas urbanas.

[5] El tamaño de la muestra fue de 1.555 encuestados y abarcaba sólo a 7 de las 15 regiones del país.

[6] Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile tiene una población de 17.819.054 habitantes proyectada para 2014, de los cuales 4.732.667 son menores de 18 años (27 por ciento) y 2.206.062, menores de ocho años, lo que equivale al 12 por ciento de la población.

[7] Esta estimación incluye 32.648 dólares en costos de salud infantil, 10.530 dólares en costos médicos para adultos, 144.360 dólares en pérdidas en productividad, 7.728 dólares en costos de asistencia social a menores, 6.747 dólares en costos de justicia penal y 7.999 dólares en costos de educación especial. También estimaron en 1.272.900 dólares el costo por víctima de maltrato infantil fatal.

[8] El objeto de este estudio es acotado y no pretende cubrir otros aspectos de este servicio o la necesidad de reformar su institución.

[9] Al momento de editarse este artículo (enero de 2016), el Congreso está discutiendo un proyecto de ley que separa estos dos servicios. Elimina el Sename y crea el Servicio de Protección para la Infancia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) y el Servicio de Responsabilidad Criminal Adolescente (bajo el alero del Ministerio de Justicia).

[10] Si un menor participó en más de un programa durante un año o reingresó al servicio puede ser contado dos veces al momento de considerarse la cantidad total de servicios prestados. Esta información se basa en las estimaciones de la autora a partir de la base de datos del Sename con información para todos los niños atendidos por los Servicios de Protección durante 2013, solicitados a través del Servicio de Transparencia.

[11] El número de menores por tipo de programa puede consultarse en Sename (2014). En www.sename.cl, en la sección “Oferta de protección”, se encuentra una breve descripción de los programas.

[12] Para mayor información sobre los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, véase http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf.

[13] La Ley n.º 19.968, en su artículo 84, establece que las personas especificadas en el artículo 175 del Código Procesal Penal están obligadas a denunciar hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar.

[14] Si se diera esta última opción, la institución de acogida debe tener cupos disponibles; de lo contrario, el juez puede recurrir al artículo 80 bis de la Ley n.º19.968 (Juzgados de Familia), que estipula que el juez puede ordenar el ingreso de un caso a un programa aunque no haya cupos disponibles.

[15] Otras caracterizaciones de los menores bajo protección estatal también pueden hallarse en Martínez (2010) y Observa (2014). Ellos también recurren a la información proporcionada por la base de datos administrativa del Sename (Senainfo). Esta base de datos sirve para gestionar los pagos a cada OCA. Por ende, los datos almacenados no están orientados a caracterizar a los niños y no ayudan a identificar y comprender sus problemáticas. Por ejemplo, no existe una definición de pobreza y un menor es caracterizado como pobre según los criterios de la persona en el OCA que ingresa el caso.

[16] Estimaciones realizadas por la autora utilizando la base de datos de Senainfo 2014 de niños atendidos en centros residenciales, solicitados a través del Servicio de Transparencia.

[17] Como ya se dijo, la definición de cada categoría es vaga y la “inhabilidad parental” puede abarcar diferentes tipos de problemas. No resulta claro en qué medida ésta difiere de la negligencia.

[18] Este análisis es realizado sobre el universo de todos los menores que egresaron de los programas de acogimiento y centros residenciales de los diferentes OCA que operan con el Sename.

[19] El estudio utiliza una muestra de 158 familias de acogida de la Región Metropolitana de una lista de familias proporcionada por diferentes OCA que trabajan con familias de acogida. De esa muestra, 105 correspondían a familias extensas y 53, a familias externas. El estudio no especifica cómo se seleccionaron a las familias.

[20] No existen estudios de seguimiento sobre a donde van los menores cuando egresan y si el reingreso obedece a las mismas causales de ingresos anteriores.

[21] Según las entrevistas con algunas ONG, éstas reunieron fondos de privados que cubrieron, en algunos casos, aproximadamente el 60 o 70 por ciento de sus costos operacionales.

[22] Entre los múltiples aspectos, se incluye una atención personalizada, asegurar la privacidad, un máximo de tres niños por habitación y considerar la opinión del menor para la decoración del dormitorio.

[23] Programas exitosos, como el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest, entregaban un monto equivalente al salario medio, según información obtenida en la entrevista con el médico Charles Nelson, el 27 de octubre de 2014.

[24] También constataron que había niños que vivían en programas de acogimiento dentro del mismo hogar que sus padres, de los cuales habían sido supuestamente separados. Adicionalmente, encontraron hasta nueve niños viviendo juntos, cuando la norma establece un máximo de cinco.

[25] En el caso de los menores de ocho años, el tiempo promedio de estadía es de menos de dos años.

[26] Esta sección fue preparada junto con Eugenia González para el curso “Movilizar la ciencia del desarrollo de la primera infancia para impulsar la innovación en las políticas y las prácticas”, dictado por el profesor Jack Shonkoff, otoño de 2014, Harvard Graduate School of Education.

[27] El caso se basa en el análisis realizado por Unicef (2005). El cierre de Ciudad del Niño y los aprendizajes para futuras desinstitucionalizaciones también son analizados en Muñoz et al. (2004).

[28] Según la información obtenida en las entrevistas realizadas a académicos expertos en esa área.

[29] Cada individuo residente en Chile tiene un número de identidad y toda la información que le concierne es registrada en los diferentes ministerios bajo el mismo número. La excepción es el Ministerio de Salud, cuyos registros de prestación de servicio no son identificables por individuo.

[30] En la actualidad, como el Sename dirige a la vez los programas para niños y jóvenes infractores y programas para niños y jóvenes vulnerados en sus derechos, la reputación de los primeros ha afectado a los demás, pero esto debiera cambiar si el servicio se divide.

[31] Se puede encontrar una breve descripción de los programas existentes en “Red de programas y beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y sus servicios relacionados”, en www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/centro-informacion/proteccion-social-todos-todas. Fecha de consulta: 27 de enero de 2015.

[32] Como Chile tiene un gobierno centralizado, todos sus acuerdos de cooperación tienen que ser suscritos a nivel central y luego hay que asegurarse de que sean ejecutados a nivel local.

ARTÍCULO

LEGISLANDO EN LA OSCURIDAD. EL CASO DEL CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO Y SU DEBATE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS*

Mauricio Duce

Universidad Diego Portales

Mauricio Duce. Licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Diego Portales. Abogado y magíster en ciencias jurídicas por la Universidad de Stanford. Profesor titular de la Facultad de Derecho Universidad Diego Portales. Email: mauricio.duce@udp.cl

* El autor quiere agradecer los comentarios realizados por los evaluadores anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar de manera crítica el debate sobre el proyecto de ley destinado a ampliar las facultades de las policías para realizar controles de identidad preventivos que fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2015. Para ello, se realiza un análisis de los fundamentos que plantearon sus partidarios durante la tramitación legislativa. Este estudio da cuenta de una propuesta elaborada con desconocimiento de la evidencia empírica disponible y sustentada en serios errores y prejuicios. Todo esto muestra una baja calidad del debate legislativo y permite argüir que se trata de una reforma innecesaria, a la luz de las justificaciones que sus partidarios invocan, e inconveniente, por los riesgos que genera al ejercicio de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.

Palabras clave: control de identidad, control de identidad preventivo, facultades policiales, debate legislativo, derechos fundamentales.

Recibido: octubre 2015; aceptado: diciembre 2015.

LEGISLATING IN THE DARKNESS: THE CASE OF THE PREVENTIVE IDENTITY CHECK AND ITS DEBATE IN THE DEPUTIES CHAMBER

Abstract: The paper’s objective is to make a critical assessment of the debate regarding the bill that regulate a power that allows the police to make a preventive identity check that was adopted by the Deputies Chamber on September 2015. In that direction the paper makes an analysis of the arguments presented by the supporters of this idea. The analysis concludes that the project is constructed without considering the available empirical evidence and it is based on serious mistakes and prejudices. This shows the low quality of our legislative debate and allows to conclude that it is an unnecessary reform in light of its justifications and also inconvenient because of the risk that creates in the exercise of the fundamental rights of our citizens.

Keywords: identity check, stop and frisk, preventive identity check, police powers, legislative debate, fundamental rights.

Received: October 2015; accepted: December 2015.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales —cuando no la central— preocupaciones de la ciudadanía.[1] Esta situación ha motivado el surgimiento de un conjunto de iniciativas legales destinadas a favorecer la persecución y sanción de los delitos. Dentro de ellas, una de las ideas que han estado presente con mayor fuerza en el debate público ha sido la de instaurar en nuestro país una facultad que permita a los funcionarios policiales solicitar la identificación de cualquier persona con fines preventivos. Esta facultad es la que se conoce como “control de identidad preventivo”. Más allá de que lo que finalmente resulte de la discusión parlamentaria en curso al editarse este artículo, en ella han surgido puntos de vistas y argumentos que merecen ser analizados en forma independiente de los resultados finales con que concluya el proceso legislativo.[2]

Al menos tres proyectos de reforma legal se han presentado en los últimos años en la misma dirección. En julio de 2013, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto al Senado de la República, proponiendo un nuevo artículo 3 bis a la Ley n.º 18.961 (“Ley orgánico constitucional de Carabineros de Chile”) para establecer la facultad de control de identidad preventivo en manos de Carabineros.[3] A pesar de su impulso inicial, se trata de una moción que no ha prosperado a la fecha. Seguramente esto explica que sólo 14 meses después, el 10 de septiembre de 2014, los senadores de la UDI Van Rysselberghe, Coloma y Pérez presentaran un nuevo proyecto de ley con el mismo propósito, pero ahora destinado a establecer un “control de identidad precautorio de Carabineros de Chile”. Este proyecto también plantea regular un nuevo artículo 3 bis a la Ley nº18.961 y su contenido es idéntico a la iniciativa presentada el año 2013, cambiando sólo algunos elementos menores en su fundamentación y en el lenguaje utilizado en la regla propuesta. Tampoco se trata de una moción que haya tenido algún avance relevante luego de presentada.

La última de estas iniciativas se produjo en 2015. Así, el 6 de mayo, en el contexto de discusión de un proyecto de ley destinado a regular temas de seguridad pública[4] —que fue conocido en los medios como “agenda corta” o “agenda corta antidelincuencia”—, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó (siete votos contra seis) una indicación presentada por la diputada Nogueira y los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Sabat, Silber y Squella para incorporar al Código Procesal Penal (en adelante CPP) un nuevo artículo 85 bis, en el que se plantea una versión remozada del control de identidad preventivo de los dos proyectos previos.[5] Esta iniciativa fue objeto de un debate intenso que llevó incluso a que el Ejecutivo elaborara una indicación en el trámite ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Finalmente, con varios cambios respecto a la propuesta original, el texto fue aprobado por la Cámara de Diputados el día 9 de septiembre de 2015.[6]

Como se puede apreciar, la idea de legislar sobre el control de identidad preventivo ha llegado para quedarse, por lo que más temprano que tarde se puede esperar que esta facultad sea finalmente objeto de algún tipo de regulación normativa en nuestro país.[7]

Las ideas expresadas a lo largo de la tramitación de esta propuesta en la Cámara de Diputados dan cuenta de los problemas de calidad que tiene en nuestro país la discusión legislativa de proyectos en materia de seguridad ciudadana. Lamentablemente, se trata de un problema transversal, es decir, que no es propio de un partido o sector político, y que parece estar replicándose en todos los debates en el área.[8] Es por eso que, independientemente del resultado específico que se produzca en la tramitación en el Senado de esta iniciativa en particular, se está ante un caso de estudio representativo de cierta forma de legislar. Llama la atención, por ejemplo, que los debates se conduzcan con desapego de la evidencia empírica disponible. Otro aspecto problemático se da en el uso erróneo del derecho comparado como justificación de cambios legales. Todo esto se traduce en un uso de argumentos deficientes y en proyectos con problemas de fundamentación técnica. Esto es lo que yo llamo legislar en la oscuridad, es decir, legislar sobre la base de intuiciones y prejuicios que pueden generar consecuencias indeseadas y no previstas en el debate.

En ese contexto, este artículo tiene por objeto contribuir a elevar la calidad del debate en materia de reformas legislativas destinadas a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país. Para ello se realizará un análisis crítico de los fundamentos que han planteado, en la Cámara de Diputados, los partidarios de regular el control de identidad preventivo, mostrando los problemas que se presentan en los distintos argumentos planteados. Esto me permitirá concluir que se trata de una reforma innecesaria para lograr los objetivos que la justifican, al mismo tiempo que inconveniente, ya que concede a las policías una facultad muy riesgosa para la vigencia de derechos de nuestros ciudadanos, y constituye una mala idea para potenciar la profesionalización y mejora del trabajo policial en nuestro país.

Para desarrollar estas ideas dividiré el trabajo en cuatro secciones, además de esta introducción. En la primera expondré brevemente el contenido y justificaciones de la actual propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. En la segunda, me haré cargo críticamente de las justificaciones esgrimidas a favor de regular esta facultad. En la tercera, abordaré de manera breve algunas de las consecuencias o efectos negativos que una facultad de este tipo podría tener en caso de aprobarse como ley. Finalmente, dejaré una última sección para presentar una breve reflexión de cierre.

1. LA PROPUESTA DE ESTABLECER UN CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO Y SU JUSTIFICACIÓN

Como ya señalé en la introducción, el 6 de mayo de 2015 la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó una indicación para introducir un nuevo artículo 85 bis para incorporar al CPP, en el que se proponía establecer un control de identidad preventivo.[9] Esta propuesta generó un intenso debate que concluyó el 9 de septiembre de 2015, cuando la Cámara finalmente aprobó una reforma al estatuto actual de control de identidad vigente con dos tipos de cambios.

El primero consiste en la introducción de reformas al actual control de identidad regulado en el artículo 85 del CPP, que básicamente permiten rebajar el estándar que autoriza a las policías a efectuarlo (en vez de la existencia de “indicios”, como establece la actual disposición, el proyecto admite el control cuando hay sólo un “indicio”, es decir, mucho menos evidencia) y agrega una hipótesis nueva a la facultad que permite a las policías practicar controles de identidad, permitiendo que ésta se realice también en situaciones en que se estima que una persona podría tener una orden de detención pendiente.[10] El impacto natural de estos cambios debiera ser un incremento de las facultades policiales para exigir el control de identidad a las personas.

La segunda reforma —y se trata de la principal— está constituida por la inclusión del artículo 12 del proyecto, que regula derechamente el control de identidad preventivo y reemplazaría al artículo 85 bis del CPP que originalmente había sido propuesto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. En su hipótesis central la regla señala:

Artículo 12.- En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.

Me detengo brevemente. En lo que constituye su núcleo básico, esta norma facultaría a los policías para solicitar la identificación de cualquier persona que ellos estimen conveniente, sin ningún requisito o exigencia. Es decir, la ley no fijaría ningún estándar para limitar la facultad de exigir identificación. Desde este punto de vista, ello corresponde a una flexibilización total del actual artículo 85 del CPP, el cual concede esta facultad pero sólo bajo ciertas hipótesis determinadas, como se verá en la próxima sección.

La norma aprobada regula también lo que ocurre en casos en que el procedimiento no pueda llevarse a efecto por imposibilidad de identificación en el mismo lugar. Así, cuando la persona requerida por los funcionarios policiales no cuente en ese momento con documentos públicos de identificación disponibles (“medio de identificación expedido por la autoridad pública”), debe ser llevada y retenida en un recinto policial hasta por un máximo de cuatro horas para efectos de procurar su identificación (en la propuesta original se trataba de un máximo de ocho horas, equivalente al de la regla contenida en el artículo 85 del CPP vigente). En todo caso, este último procedimiento tendría lugar cuando se trate de personas que se nieguen a acreditar su identidad. Sin ser completamente clara sobre el punto, ya que no se pronuncia de manera explícita sobre la materia, la norma permitiría eventualmente también hacer un registro de vestimentas de las personas cuya identificación es requerida (potencialmente también de los equipajes que portare o del vehículo que condujere en su caso), según explicaré más adelante.

Junto con lo anterior, en la norma aprobada por la Cámara se determina un conjunto de reglas para favorecer que el uso de esta nueva facultad policial se haga respetando la igualdad de trato y no discriminación de los controlados y estableciendo un sistema de reclamos cuando las personas afectadas consideren que su ejercicio ha sido abusivo. Finalmente, se contemplan también varias disposiciones que determinan un deber de registro de las policías de los reclamos efectuados y la obligación de generar y luego entregar periódicamente estadísticas sobre el uso de la facultad, de manera de permitir el control en su ejercicio de parte de las autoridades y, eventualmente, de la comunidad.[11]

Las justificaciones que se han esgrimido para apoyar este cambio son diversas y son bastante similares a las invocadas a propósito del proyecto del año 2013 y del año 2014.[12] Paso revista brevemente a las principales que se han formulado en la actual discusión.

Durante el debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana del mes de mayo de 2015 los diputados Nogueira y Fuenzalida, quienes se han mostrado muy activos en la defensa de la idea de legislar, pusieron especial énfasis en que este proyecto sería una necesidad por la existencia de más de 66 mil órdenes de detención pendientes, que requerirían de una facultad específica para ser cumplidas.[13] En ese contexto, además, se ha sostenido que el actual artículo 85 del CPP contendría hipótesis “absolutamente restrictivas” para el trabajo de las policías, lo que les impediría controlar eficazmente esas órdenes de detención pendientes.[14] Las justificaciones también consideran que la redacción actual del artículo 85 del CPP produciría situaciones de indeterminación que han generado problemas de interpretación en sede judicial.[15] Estas ideas son resumidas por el diputado Fuenzalida en una entrevista en La Tercera, en la que señala: “El control de identidad que tenemos no sirve, es por eso que hoy más nunca es primordial establecer el control de identidad preventivo”.[16]

Las anteriores justificaciones se han complementado señalando que los controles de identidad preventivos serían una facultad comúnmente reconocida en el ámbito del derecho comparado, sugiriendo de esta forma que en Chile nos privaríamos de una herramienta significativa para la prevención de los delitos.[17] Finalmente, haciéndose cargo de potenciales críticas sobre los efectos de establecer una facultad de este tipo, algunos de sus defensores han sostenido que ella supondría una “carga ciudadana menor”[18] y que no debiera generar preocupación ciudadana, ya que “quien nada hace, nada debe temer”.[19]

Sus propulsores justifican también la necesidad de regular esta facultad en la medida en que ella le concedería a la policía una herramienta clave para mejorar sus capacidades de prevenir y sancionar los delitos, especialmente en un contexto que caracterizan como muy grave desde el punto de vista de la seguridad pública.[20]

En suma, los propulsores de esta iniciativa han intentado instalar la noción que se trata de una reforma indispensable para la seguridad ciudadana, inocua desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y ampliamente reconocida en el derecho comparado.

2. LAS DEBILIDADES EN LA JUSTIFICACIÓN DE ESTA REFORMA LEGAL

En lo que sigue ofreceré razones para sostener que las argumentaciones entregadas para justificar la regulación de un control de identidad preventivo son extremadamente débiles y, peor aún, se basan en supuestos erróneos, tanto fácticos como jurídicos. Me detendré en los principales argumentos revisados en la sección anterior. Esto permitirá identificar los defectos que ha tenido el debate legislativo en la Cámara de Diputados, lo que genera dudas acerca de la comprensión de los alcances de esta propuesta que tuvieron quienes prestaron su voto al momento de aprobarla.

2.1. ¿Cuentan las policías con facultades de control de identidad preventivo en la actualidad?

Como ya señalaba, una primera línea esbozada por quienes proponen este proyecto se basa en la idea de que en la actualidad las policías no disponen de facultades legales preventivas o que éstas son mínimas.[21]

El problema es que este argumento desconoce que en Chile ya existe la posibilidad de realizar un control de identidad y, además, en casos “preventivos”. Es más, se trata de facultades bastante amplias previstas en nuestra legislación. Parto por revisar la norma básica en la materia. El actual artículo 85 del CPP permite a las policías solicitar identificación no sólo en hipótesis en donde existen indicios de que una persona ha cometido o intentado cometer delitos (entendido en forma amplia, ya que incluye crímenes, simples delitos y faltas), sino también toda vez que se estime que “se dispone” a cometerlo o que pueda “tener información útil” para la indagación de un delito, lo que abre enormemente el ámbito de procedencia del control. Por si fuera poco, a ello se agrega la posibilidad de ejercer este control respecto de toda persona que se “encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad.”

Tan sólo por su tenor literal, se puede apreciar que se trata de una facultad bastante amplia y que cubre casos en donde las personas no han cometido delito alguno e incluso situaciones en las que no hay una imputación en contra de ellas (por ejemplo cuando se tiene información útil). Un caso evidente de esto se da en la hipótesis en donde se permite a las policías intervenir respecto de quien se dispone a cometer el delito, es decir, como forma clara para prevenir su ocurrencia. En esta dirección, la hipótesis más paradigmática es la regla que permite el control de identidad respecto de quien está encapuchado o embozado. Ella claramente regula lo que podría ser identificado como una hipótesis objetiva destinada a la prevención, ya que no supone ninguna comisión actual de delito. En efecto, el legislador presume que el encapuchado presenta un cierto riesgo en todo evento, lo que faculta a las policías para realizar un control de identidad que incluso les permite retener a la persona hasta por ocho horas.

Se trata, en definitiva, de una norma con importantes espacios para el trabajo preventivo policial. De hecho, la revisión de su historia legislativa da cuenta de que una de las finalidades al introducir esta norma fue precisamente la de entregarles a las policías facultades preventivas de intervención.[22] Por si fuera poco, el artículo 85 del CPP ha sido reformado en diversas ocasiones con el objeto preciso de delimitar sus alcances y flexibilizar su uso, y darle así mayores atribuciones a las policías en esa dirección. En efecto, la revisión de la historia de las distintas reformas que ha sufrido esta norma lleva claramente a esta conclusión. La primera de éstas fue realizada por la Ley n.º 19.789, de enero de 2002; luego por la Ley n.º 19.942, de abril de 2004, y finalmente por la Ley n.º 20.253, de marzo de 2008.[23]

A lo anterior, se suma que en forma reciente (junio de 2015) fue aprobada una nueva versión de la Ley n.° 19.327 (“de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional”), que establece en su artículo 21 inciso cuarto una norma de control de identidad preventivo puro y duro en el contexto de realización de espectáculos de fútbol profesional, incrementando de manera significativa las facultades de este tipo previstas en la legislación vigente. Así, dicha norma establece:

El personal de Carabineros de Chile podrá efectuar controles de identidad preventivos, con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, en los recintos deportivos o sus inmediaciones, desde una hora antes de que se abran las puertas del establecimiento, durante la realización de un espectáculo de fútbol profesional y hasta tres horas después de su término.

Como se puede apreciar, esta norma entonces amplía de manera significativa las facultades del artículo 85 del CPP y debiera traducirse en un incremento del total de controles en los próximos años.[24]

En consecuencia, si se considera la amplitud del actual artículo 85 del CPP y su reforzamiento normativo reciente (artículo 21, Ley n.° 19.327), parece bastante dudoso afirmar que en la actualidad los organismos policiales no tengan facultades preventivas de control de identidad. Esto ya arroja serias dudas acerca de la corrección del fundamento base de esta iniciativa. En la práctica, Carabineros parece entender que efectivamente las normas en estudio le permiten organizar operaciones de carácter preventivo bastante amplias. Así, en una cuenta pública realizada por el general de Carabineros Gonzalo Blu (director de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal), respecto a las metas antidelincuencia establecidas por el director general de la institución en julio de 2015, se declara haber organizado en los dos meses siguientes siete operativos de control preventivo y de orden y seguridad, que permitieron detener a 1.714 personas por delitos flagrantes.[25] Es decir, Carabineros, con las normas actuales, puede perfectamente hacer actividad preventiva de control con alto impacto en la detención de delitos.

2.2. ¿El actual artículo 85 del CPP es realmente ineficaz?

En este escenario, en donde hay normas que establecen facultades a las policías razonablemente amplias para controlar la identidad, se argumenta entonces que el conflicto en la práctica se produciría como consecuencia de un conjunto de problemas interpretativos que genera esta facultad en sede judicial, producto de la redacción del artículo 85 del CPP y de sus exigencias, todo lo cual justificaría la aprobación de una nueva regla que supere tales problemas interpretativos.

A partir de esta línea argumental se suele sugerir que las policías tienen, en la práctica, atadas sus manos frente a la persistente declaración de ilegalidades que harían los jueces de garantía de las detenciones por flagrancia originadas a partir de los controles de identidad. La norma propuesta vendría entonces a superar un problema de diseño normativo, que impone una práctica de restricciones y limitaciones excesivas al trabajo policial.[26] En esta dirección se entiende la declaración ya citada del diputado Fuenzalida, cuando señalaba que el actual control de identidad “no sirve”.

Como se puede observar, toda esta línea argumental descansa sobre la base de un diagnóstico acerca del comportamiento de la realidad. Por lo mismo, es necesario revisar el fundamento empírico de estas afirmaciones para ver si tienen algún sustento.

Más allá del debate lingüístico que se puede tener sobre el alcance del actual artículo 85 del CPP, las cifras del trabajo de Carabineros de Chile ayudan a tener una imagen con soporte empírico y no meramente especulativo acerca de cuán restrictiva o no es en la práctica el uso de esta norma. Según reporta esta institución, durante el año 2014 Carabineros realizó 1.853.244 controles de identidad.[27] En la tabla 1 se resumen el total de controles de identidad efectuados entre los años 2011 y 2014.

Tabla 1. TOTAL DE CONTROLES DE IDENTIDAD DE CARABINEROS (2011-2014)

Año

N° controles de identidad

2011

2.232.298

2012

2.361.161

2013

1.732.928

2014

1.853.244

Fuente: Elaboración del autor sobre la base de diversas fuentes.[28]

La magnitud de las cifras parece indicar que estamos muy lejos de contar con una facultad legal de corto alcance, ya que el promedio de su uso en los últimos cuatro años supera los dos millones de controles. Esa cifra podría ser incluso superior si se agregara el monto de los controles realizados por la Policía de Investigaciones, dato que no está disponible.

La importante magnitud de la cifra de controles queda en evidencia cuando se la compara con otros datos de funcionamiento del sistema. Así, el año 2014, el total de delitos ingresados al sistema de justicia penal fue de 1.348.895, y el total de imputados conocidos llegó a 714.062 personas.[29] Es decir, los controles de identidad sobrepasan en 37 por ciento el total de los ingresos y en más de 150 por ciento los casos con imputado conocido. En el mismo período Carabineros aprehendió a 432.776 personas, de las cuales 367.138 fueron pasadas a fiscalía.[30] Es decir, las aprehensiones por figuras delictivas de alguna relevancia penal corresponden a menos del 20 por ciento del total de controles de identidad practicados ese año. Considerando el total de la población nacional al año 2014 —17.819.054, según el Instituto Nacional de Estadísticas—, los controles de identidad de un año recaerían en más del 10 por ciento de los habitantes.[31] Como se puede apreciar, el número de controles de identidad da cuenta de una cifra muy importante.

Visto en términos comparados, también es posible apreciar que en Chile hacemos un uso intenso de esta facultad. Nuestra tasa de controles del año 2014 fue de 104 por cada 100 mil habitantes. Se trata de una tasa muy superior a la de países como Inglaterra o Gales, que en el año 2010, contando con facultades similares, realizaron 17 controles por cada 100 mil habitantes; Escocia (año 2010) y la ciudad de Nueva York (año 2012), en tanto, efectuaron 64 controles por cada 100 mil habitantes.[32]

La pregunta natural que surge a partir de estos datos es si efectivamente contamos con una norma restrictiva, que tiene atadas de manos a nuestras policías. Los datos parecen apuntar en una dirección completamente opuesta.

Más allá de la cantidad de controles, parte del argumento que se esgrime por sus propulsores es que la norma actual permitiría un escrutinio intenso de parte de los jueces de garantía, aspecto que sería el verdadero problema de la actual normativa. Nuevamente se trata de un argumento de contenido empírico que requiere ser revisado a la luz de las cifras disponibles del sistema para ver su corrección.

Me detengo en el análisis del año 2014 para hacer algunas precisiones sobre esta materia. Una primera cuestión a señalar es que por las cifras disponibles no sabemos cuántos de los 1.853.244 controles de identidad realizados por Carabineros en ese año se tradujeron efectivamente en una detención, hipótesis en la cual se posibilita la revisión judicial de esta facultad en una audiencia (audiencia de control de la detención).[33] No obstante esto, es de presumir que sólo una porción muy menor del total de controles de identidad se traduce en una judicialización del caso. Piénsese que en el mismo año 2014 Carabineros reporta que 220.545 aprehendidos por ellos pasaron a audiencia de control de detención ante un juez de garantía.[34] Esta cifra genera el universo máximo de casos potencialmente sujetos a control. Con todo, se trata de una cifra que incluye al universo completo de los detenidos por flagrancia, dentro de los cuales sólo una porción proviene de un control de identidad previo. Por lo mismo, es posible presumir que el escrutinio judicial real del ejercicio de las facultades de control de identidad de las policías es en la práctica muy menor. Esto ya pone serias dudas acerca del argumento que se esgrime para justificar su uso.

Revisemos esto planteando algunos escenarios posibles. En un escenario extraordinariamente deferente para el argumento de quienes sostienen la necesidad de regular el control de identidad preventivo, supongamos que la mitad de las aprehensiones de Carabineros que pasaron a control judicial se explican como consecuencia de controles de identidad de conformidad al actual artículo 85 del CPP. En este escenario, eso significaría que sólo cerca del 6 por ciento del total de controles de identidad podría potencialmente ser objeto de control judicial. En un escenario más limitado y que, estimo, se acerca más a la realidad, suponiendo que el 25 por ciento de las aprehensiones de Carabineros que pasaron a control judicial se originaron en el artículo 85 del CPP, ello supondría que sólo alrededor del 3 por ciento de los controles de identidad es objeto de control judicial. Como se puede observar, en cualquiera de los dos escenarios, el porcentaje de controles de identidad sujetos a revisión judicial es extremadamente bajo y hace poco probable el argumento de que el trabajo de los jueces esté impidiendo a las policías ejercer esta facultad con intensidad.

Ahora bien, esto es sólo una parte del argumento. También es relevante estudiar qué pasa con los controles judiciales a esas detenciones, ya que la razón que se esgrime para justificar esta nueva facultad se construye invocando que en sede judicial se realiza un escrutinio muy estricto al trabajo policial. Por lo mismo, aun cuando fueran pocos los casos objeto de revisión judicial, lo relevante sería la señal que esos controles envían a las policías, la que aparentemente sería muy restrictiva. La señal entonces podría ser un dato más relevante que la cantidad de controles.

Sin embargo, los datos disponibles nuevamente muestran más bien lo contrario. Las cifras que proporciona el Poder Judicial para el año 2014 dan cuenta de que sólo el 0,77 por ciento de las detenciones que fueron objeto de control judicial fueron declaradas ilegales.[35] Se trata de una información no desagregada, que impide conocer si el problema de esas ilegalidades estuvo en los controles de identidad o en otras razones. En todo caso, el punto que se puede destacar es que se trata de un porcentaje bajo de ilegalidades, que tiende a mostrar que los procedimientos policiales son validados regularmente en sede judicial.

Para efectos de dar una imagen, si suponemos que las ilegalidades se distribuyen equitativamente en las detenciones de acuerdo a sus distintos orígenes, en el escenario más favorable que analicé previamente (50 por ciento de las aprehensiones originadas en control de identidad), esto significaría que sólo el 0,065 por ciento de los controles de identidad generarían una declaración de ilegalidad. Si hacemos este ejercicio en el escenario de 25 por ciento la cifra bajaría al 0,032 por ciento de los controles.[36]

En consecuencia, las cifras disponibles del sistema dan cuenta de que la gran mayoría de los controles de identidad no son objeto de control judicial y que, cuando lo son, un porcentaje muy bajo es considerado ilegal. Esto refuerza entonces el punto de vista de que los diagnósticos que fundamentan la propuesta de reforma no se condicen con la realidad de funcionamiento del sistema y, por lo mismo, podrían no ser útiles para resolver los problemas de fondo que hoy preocupan a la ciudadanía y que supuestamente justifican la existencia de esta propuesta.

Junto con lo anterior, también es posible ver este mismo tema desde una perspectiva más cualitativa, es decir, considerando cómo ha sido interpretada esta facultad en la práctica por nuestros tribunales. Se podría sostener que, independiente de las cifras, las señales que envían los tribunales a las policías podrían generar la sensación de que este tipo de facultad se debiera utilizar en forma muy restrictiva. Sobre este punto, lo primero que se debe recordar es que la redacción actual del artículo 85 del CPP es producto de reformas sucesivas que intentaron precisamente aclarar y perfeccionar el sentido y alcance de la regla. La actual redacción se encuentra consolidada desde el año 2008. A más de siete años de su última reforma, los problemas potenciales de interpretación que presentaba esta figura han ido siendo resueltos por una enorme cantidad de jurisprudencia de nuestros tribunales superiores en la materia, incluida la propia Corte Suprema. Me parece posible afirmar que esta jurisprudencia presenta una clara tendencia a interpretar flexiblemente los requisitos del artículo 85 del CPP y conferirles bastantes espacios de discrecionalidad a las policías para evaluarlos.[37] Así se ha ido consolidando una doctrina jurisprudencial que establece que Carabineros puede realizar controles de “rutina”; que el hecho de que una persona se ponga nerviosa o que se encuentre en un lugar y hora inapropiado es un indicio que habilita a la práctica del control de identidad, entre otras.[38] Por lo mismo, si se consideran estas señales tampoco pareciera haber mucho sustento para el argumento que se ha dado.

En definitiva, el análisis de los datos da cuenta de que el control de identidad previsto en el actual artículo 85 del CPP es utilizado ampliamente por Carabineros sin control intenso de parte de los tribunales. También nos muestra que cuando se ejerce dicho control, los jueces muy mayoritariamente validan su legalidad. Finalmente, la jurisprudencia de tribunales superiores da cuenta de que se ha interpretado esta facultad de una manera bastante favorable a su uso por parte de los cuerpos policiales. Esto contradice de manera clara los argumentos esgrimidos por los propulsores de este cambio y da cuenta de dos cosas posibles: desconocimiento de la realidad a la hora de promover reformas legales o, peor aún, el que este debate ha sido llevado adelante utilizando argumentos a sabiendas de su incorrección empírica.

2.3. ¿El control de identidad preventivo sería una carga menor a los derechos ciudadanos?

Otro argumento para justificar esta facultad es que la regulación del control de identidad preventivo propuesto no sería muy problemática, ya que impone una “carga menor” a los ciudadanos. Esta carga estaría constituida por tolerar la realización de procedimientos muy breves y poco intrusivos, como exhibir un documento público de identificación. En este sentido, incluso se compara los controles de identidad con los controles vehiculares que realiza la policía.[39]

Esta línea de justificación parece razonable a primera vista, sin embargo, no refleja los alcances reales de la facultad que se pretende regular. Desde el punto de vista de su diseño normativo, el control de identidad preventivo no sólo entrega facultades a las policías para exigir identificación a una persona sin ninguna justificación previa, sino que además —como ya he mencionado— abre la posibilidad de que las personas controladas sean “retenidas” hasta por cuatro horas en un cuartel para efectos de identificarse, sin revisión judicial, ya que la mayoría de esos controles no generan un procedimiento de ese tipo como he señalado. Más allá del nombre que eufemísticamente se le asigne a este procedimiento policial, se está en presencia de una detención de corto tiempo, lo que afecta de manera significativa el derecho a la libertad personal y a la libre circulación.

No estamos en presencia entonces de una “carga menor”, sino que de una potencial privación de un derecho fundamental. En este sentido, quienes sostienen que el que “nada hace nada debe temer” no consideran que el problema de esta propuesta es que quien nada hace y nada teme puede ser privado de libertad hasta por varias horas, precisamente, por no haber temido nada y olvidar su documento de identificación en su casa u oficina el día en que por “mala suerte” se le práctica un control de identidad preventivo. Es en este contexto que se explica que cinco ministros de la Corte Suprema, en el informe preparado por la Corte al proyecto de ley, quisieran dejar expresa constancia que en su opinión las reformas propuestas en materia de control de identidad eran “…difícilmente aceptable[s] desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho”.[40]

En un nivel diferente de análisis, los argumentos de los propulsores de este cambio no se hacen cargo de cómo opera en la práctica el uso de esta facultad. Evidencia disponible da cuenta de que en la operación cotidiana del sistema las policías, especialmente Carabineros, “retienen” con cierta frecuencia a la persona objeto de control en sus vehículos policiales o la trasladan al cuartel que corresponda, no obstante ella pueda contar con su documento de identificación disponible en ese momento. De esta manera, las personas controladas sufren privaciones de libertad de algunas horas a pesar de que podían ser identificadas en el momento mismo que se practicó el control. Carabineros trata a estas personas como “conducidas” y no detenidas.[41] Esta práctica genera, a su vez, un espacio para situaciones conflictivas en las que se han generado problemas de abuso policial graves en diversos casos.[42]

Finalmente, otro problema de diseño normativo, que da cuenta de la tensión que genera la institución propuesta con los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene que ver con la poca claridad en la norma del proyecto respecto a las facultades adicionales intrusivas que otorgaría a las policías, tales como la revisión de vestimentas, equipajes y vehículos de la persona controlada. Si bien, como ya señalaba, la norma propuesta no se pronuncia sobre este punto, resulta bastante obvio que al menos la revisión de vestimentas se justificará por motivos de seguridad de los propios funcionarios controladores. Sería muy problemático que una norma entregue facultades policiales de retención y traslado de una persona y no entregue, a la vez, facultades de revisión que le permitan al funcionario a cargo del procedimiento evitar riesgos a su integridad física, verificando si la persona porta o tiene acceso a algún tipo de arma con la que podría intentar atacarlo durante el desarrollo del mismo. En consecuencia, es posible proyectar que, a pesar del silencio que sobre el punto tiene la regla propuesta, la gran mayoría de los controles llevarán asociados registros de diverso tipo sobre las personas objeto de los mismos.

2.4. ¿Se trata de una facultad ampliamente reconocida en el derecho comparado?

Quienes proponen esta reforma invocan insistentemente, como apoyo a su punto de vista, que se trataría de una facultad reconocida en diversas legislaciones comparadas. En esta línea, se pretende argumentar que las facultades de controlar preventivamente la identidad no entrarían en pugna relevante con los derechos ciudadanos, ya que países con mucha tradición democrática y altos estándares de protección de derechos individuales recurren a ellas. El problema de este argumento es que muchas de las referencias al derecho comparado que se realizan por quienes defienden la propuesta son erróneas. Una revisión cuidadosa de las legislaciones que se invocan permite concluir que lo que en ese ámbito se regula es más bien la facultad que hoy día el actual artículo 85 del CPP ya les confiere a las policías. Visto desde el lado opuesto, una facultad como la que se propone en el artículo 12 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados no existe.

La riqueza del derecho comparado en esta materia es enorme y un análisis sistemático del mismo excedería los alcances de un artículo como éste. Afortunadamente, una parte importante de este trabajo ya ha sido realizado por la biblioteca del Congreso a propósito del trámite legislativo de este proyecto en la Cámara de Diputados, y eso me libera de una carga argumentativa superior en la materia. El informe preparado por la biblioteca del Congreso fue presentado a la sesión 119, del 11 de agosto de 2015, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho informe, luego de revisar las normas de países como Alemania, Estados Unidos, España y Francia, concluye que “…ninguna de las normas estudiadas permite controlar la identidad de cualquier persona sin causa justificada”.[43]

Sin poder hacer el análisis de todas estas legislaciones, recojo sólo un par de ejemplos de países para mostrar con más precisión la forma equivocada en que ha sido utilizado el derecho comparado en el debate legislativo. Así, dos casos que se citaron con fuerza durante la tramitación en la Cámara de Diputados fueron el derecho de Alemania y el de los Estados Unidos. Sin embargo, en tales países facultades policiales de este tipo operan en la lógica de que un supuesto básico para la autorización del control está en la existencia de una sospecha basada en algún hecho objetivo. Esto es exactamente la hipótesis del control de identidad en nuestra legislación procesal penal del actual artículo 85 del CPP. Veamos con un poco más de detalle ambos ejemplos.

Parto con la revisión de la legislación alemana nacional. El parágrafo 163 b) de la Ordenanza Procesal Penal Alemana contempla dos hipótesis para practicar controles de identidad. En la primera se exige explícitamente para autorizar el control de identidad el que la persona “sea sospechosa de un hecho punible”, habiéndose entendido en dicho país que para poder utilizar esta norma siempre es requerida la existencia de hechos concretos que permitan fundar la creencia de que el controlado es autor de un delito específico.[44] En la segunda, se admite el control de identidad de un no sospechoso cuando ello sea necesario para el esclarecimiento de un hecho punible,[45] para lo cual, sostiene Casal Hernández:

…es preciso que en el momento de ser practicada esa medida exista la creencia fundada de que el conocimiento de la identidad del afectado, por el testimonio que pueda prestar o por hallarse en su cuerpo huellas del delito o consecuencias del mismo, contribuirá al desarrollo de la investigación penal.[46]

En consecuencia, en ambas hipótesis se requieren elementos de sospecha relevantes para permitir la intervención policial.

A nivel de legislación estadual alemana, se ha citado en la tramitación legislativa específicamente la regulación del Land de Hessen. El artículo 18 de la ordenanza respectiva (“Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung”) autoriza un control de identidad cuando la policía pretende “evitar un peligro, ante la sospecha que permita creer que se comete o se cometerá un delito”.[47] Como se puede observar, nuevamente se está en presencia de una regla que supone como mínimo la existencia de una sospecha para fundar la intervención de la policía, todo ello en una lógica muy similar a la de la regla actual contenida en el artículo 85 del CPP.

Algo similar ocurre en los Estados Unidos. Allí la facultad policial en análisis es conocida como “stop and frisk”. Ella permite a la policía controlar a una persona y realizar una revisión superficial de sus vestimentas (por motivos de seguridad) sólo cuando el policía “observa una conducta inusual que le permite generar una sospecha razonable en base a su experiencia que una actividad criminal puede estarse llevando a efecto”.[48] El foco de la facultad policial se encuentra en la existencia de una sospecha, la cual se estima debe ser menor al de “probable cause” (causa probable) exigida para arrestar a una persona, pero de todas maneras basarse en hechos que permitan razonablemente generar una sospecha.[49] Esta doctrina se mantiene vigente al día de hoy, existiendo diversos casos en los que la Corte Suprema ha precisado los alcances de la “sospecha razonable” para autorizar el uso de esta facultad.[50] Junto con autorizarse el control policial (“stop”), la jurisprudencia posterior de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha precisado que si hay sospecha razonable es posible realizar medidas intrusivas sobre la persona controlada, pero limitadas al foco relacionado con la causa que justificó el control. Dentro de ellas, la solicitud de identificación.[51]

Facultades similares se han regulado en legislaciones de varios estados en leyes conocidas como “Stop and Identity”. A enero de 2012, 24 estados contaban con regulaciones en esta materia.[52] Un análisis realizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Hiibel —año 2004— da cuenta de que estas regulaciones consideran como un supuesto básico que autoriza a la policía a detener y solicitar identificación de una persona algún tipo de sospecha basada en los hechos del caso.[53]

Como se puede apreciar en esta somera revisión ejemplar, la legislación comparada citada regula algo distinto a lo que se pretende con el control de identidad preventivo. Esta propuesta pretende autorizar la facultad de control sin sospecha de ningún tipo y sin restricciones ni temporales ni espaciales (como por ejemplo la regla del artículo 21 de la Ley n.° 19.327). Creo que el lector está en condiciones de concluir que esto va mucho más allá de lo admitido en el ámbito comparado. Es importante destacar que aun cuando se considere bueno o loable el fin perseguido por este proyecto, ello no constituye un parámetro suficiente para justificar este tipo de intervención. Esto, ya que, entre otras cosas, admitir una regla de este tipo suprime cualquier posibilidad de control racional de su uso debido a la inexistencia de un supuesto mínimo para autorizar su procedencia. Si se trata de una facultad completamente discrecional de las policías, eso impide en la práctica un control de legalidad de su procedencia.

Otro caso de mal uso del derecho comparado para justificar la propuesta se verifica cuando se citan normas que establecen cosas diversas a las que se pretende regular con el proyecto. Sólo como ejemplo, menciono la referencia que se hace al artículo 651 del Código Penal italiano, que se describe como una regulación equivalente a lo que se pretende hacer con el control de identidad preventivo.[54] Pero dicha norma regula algo completamente distinto. Ella se hace cargo de regular el régimen de infracción al deber de identificarse y no de establecer cuáles son las facultades policiales para requerir dicha identificación, lo que es precisamente objeto de regulación en el artículo 12 propuesto. Se puede apreciar que hay un error al interpretar la regla. Una cosa es establecer deberes de identificación y otra, muy distinta, es regular los casos en que la policía está autorizada para exigir esa información.[55] De hecho, sobre el primer punto (el deber de identificarse), la norma italiana citada encuentra un equivalente funcional en nuestro artículo 496 n.º 5 del Código Penal vigente y que es utilizado en la práctica con cierta regularidad según muestran los datos disponibles.[56]

Como se puede apreciar, el derecho comparado no permite sustentar una propuesta como la que se pretende introducir por vía del control preventivo de identidad. En una dirección contraria, más bien refuerza que el artículo 85 actual del CPP parece ser el tipo de herramienta que se concede a la policía para el cumplimiento de sus funciones. Nuevamente queda en duda la forma en que hemos estado legislando en la materia. Afortunadamente el informe de la biblioteca del Congreso citado pone cierre al uso de esta línea argumental, que se repitió durante meses en el debate público.

2.5. ¿El control de identidad preventivo puede impactar positivamente en materia de seguridad ciudadana y delincuencia?

He dejado para el final el punto vinculado a la eficacia potencial que podría tener esta facultad. Los partidarios de regularla sostienen que ella es indispensable para poner término a las órdenes de detención pendientes y que, además, podría tener un impacto relevante en la prevención y disminución de los índices de criminalidad. No obstante, pese a las buenas intenciones que existen detrás de estas ideas, ellas no pasan de ser un deseo voluntarista sin fundamento empírico ni justificación clara.[57]

Lidiar efectivamente con la delincuencia supone tener mucha información sobre cuestiones básicas que no parecen estar sobre la mesa en el debate actual. En esta dirección, ¿qué problema delictual concreto podría resolver esta facultad? ¿Qué efectivamente podrían hacer las policías que hoy no hacen? ¿Cómo esta facultad permitiría desbaratar bandas criminales que han aumentado su sofisticación y violencia? Se trata de preguntas que no tienen respuestas mínimas de parte de quienes sostienen la necesidad de establecer los controles de identidad preventivos. Incluso, esta falta de respuestas existe en preguntas más básicas que constituyen el supuesto sobre el cual se propone este cambio legal. Por ejemplo, ¿sabemos de qué se tratan las más de 66 mil órdenes de aprehensión vigentes? ¿Por qué esas órdenes no se ejecutan si es que las policías tienen amplias facultades legales para ello? Como el lector podrá apreciar, sin información como ésta, la posibilidad de que una propuesta legal de esta naturaleza cambie la realidad es muy baja.

Es por eso que especialistas en la materia sostienen que la regulación de algún tipo de control de identidad (no necesariamente el que se propone) sólo cumpliría un rol “complementario a la gestión que se hace en el territorio entre policías y fiscales”.[58] Incluso más, se ha sostenido sobre la base de análisis de las cifras del sistema que ni siquiera esta facultad atacaría los problemas que en la práctica éste presenta. Así, Jean Pierre Matus ha sostenido que:

…como indican las cifras antes expuestas el problema principal de nuestro sistema de justicia criminal no es la falta detenciones por parte de la policía en casos de flagrancia, sino lo que se hace con los detenidos una vez que son puestos a disposición de fiscales y jueces.[59]

Todo lo cual le permite concluir que el impacto de una norma de control de identidad preventivo en materia de los problemas de delincuencia debiera ser muy bajo o nulo. Mauricio Valdivia, teniente coronel en retiro de Carabineros y doctor en psicología criminal, ha sostenido sobre el punto que “la evidencia empírica es clara: aumentar las facultades policiales, como hace el control de identidad preventivo, no mejora la prevención (es decir, no reduce la criminalidad)…”.[60] Su impacto, asegura, está más bien en empoderar a la policía, el que parece ser un objetivo bastante distinto. Maina Kiai, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, realizó una visita a Chile en el mes de septiembre de 2015 y estudió esta materia. En su informe de conclusión de su visita, dado a conocer el 30 de septiembre de 2015, en referencia al artículo 12 aprobado por la Cámara de Diputados, señaló:

….no estoy convencido que la ley sería eficaz en combatir la delincuencia. De hecho, podría hacer lo contrario: permitir a la policía detener aleatoriamente a cualquier persona que escoja sin evidencia alguna o sospecha clara es una vía que promueve una custodia poco eficaz y contraproducente. Las fuerzas policiales eficaces pueden realizar sus funciones sin interferir con los derechos fundamentales. Confío en que Carabineros de Chile es eficaz y que no necesita —y no se beneficiaría con— tales atajos.[61]

Este tipo de consideraciones ha hecho que diversos medios de comunicación escritos hayan planteado en sus editoriales dudas importantes respecto a la capacidad del control de identidad preventivo para contribuir razonablemente con los objetivos de la seguridad ciudadana.[62] Adoptando una posición muy crítica, un editorial de La Segunda sostuvo: “No existe evidencia empírica de que ampliar la facultad de control disminuya el delito. El riesgo es que terminemos de creer que sí funciona o, como lo advertía Baudrillard, que el simulacro se vuelva verdadero”.[63]

En este escenario de serias dudas respecto a la posibilidad real de esta facultad de cumplir con el objetivo propuesto, resulta interesante nuevamente recurrir a la cuenta realizada por el general de Carabineros Gonzalo Blu respecto a las metas anti delincuencia establecidas en julio de 2015 por la institución. Ella, me parece, es muy esclarecedora acerca de la real necesidad de este cambio para aportar con el principal problema de seguridad ciudadana que han invocado sus propulsores: la vigencia de más de 66 mil órdenes de detención pendientes. En esta cuenta se señala que en dos meses de establecidas las nuevas metas fueron capturadas cerca de 19 mil personas con órdenes de detención pendientes. Esto fue logrado sin necesidad de ninguna reforma legal, sino simplemente gracias a un cambio de estrategia policial. Es decir, modificando la forma de trabajo y poniendo foco en el problema de reducir las órdenes de detención pendientes, en dos meses Carabineros fue capaz de reducir de manera significativa el problema central que justificaría esta propuesta. Como se puede apreciar, estos hechos parecen ratificar fuertemente las opiniones de los expertos y medios de comunicación citados previamente.

3. LOS RIESGOS Y PROBLEMAS POSIBLES AL INTRODUCIR UN CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO EN CHILE

A esta altura espero haber demostrado la poca calidad del debate en torno a las justificaciones esgrimidas por los propulsores de establecer un control preventivo de identidad en nuestro país. Ello debiera ser suficiente para poner en duda la necesidad de avanzar con esta legislación. Con todo, no se trata del único problema que ha enfrentado el debate legislativo en la materia. La introducción de una facultad de este tipo genera riesgos y problemas importantes. Es necesario revisarlos, aun cuando sea en forma breve, ya que los propulsores de esta reforma no se han hecho cargo de ellos y, en cambio, han sostenido que la aprobación del control de identidad preventivo sólo produciría ventajas.

Los riesgos pueden identificarse en dos ámbitos. Por una parte, se presentan a nivel de vigencia de derechos y libertades públicas. Por la otra, surgen en relación con la conveniencia del cambio para el mejoramiento del trabajo policial. En lo que sigue, reviso ambas dimensiones.

3.1. Riesgos y problemas para el ejercicio de derechos y libertades públicas

Como he señalado, un problema importante al regular el control de identidad preventivo es que, en el uso, estas facultades se ejercerían con un control mínimo, lo que abre enormes espacios para privaciones o restricciones arbitrarias a la libertad ambulatoria y para el desarrollo de abusos de distinto tipo. En la práctica, el escaso control judicial que hoy permite el artículo 85 del CPP desaparecería, ya que la regla propuesta derogaría al actual control de identidad. En efecto, si el control de identidad preventivo entrega facultades de intervención a las policías muy similares a las del artículo 85 del CPP pero sin sus exigencias, no se ve en la práctica ninguna razón para preferir el uso de esta regla.[64]

Los partidarios de este control preventivo sostienen que este escenario no es esperable, ya que el mal uso de las mismas podría dar lugar a sanciones administrativas y penales. Si bien en teoría dicha responsabilidad podría existir, la práctica actual da cuenta de que no se trata de un límite efectivo o idóneo. Lo cierto es que en la actualidad el artículo 85 del CPP también contempla la posibilidad de imponer sanciones penales sin que ello en la práctica haya ocurrido. Las razones de esto son múltiples. Por una parte, existen barreras y obstáculos de diverso tipo que dificultan la denuncia de prácticas abusivas por parte de ciudadanos comunes y corrientes.[65] Pero, además, las sanciones penales o administrativas representan formas de control ex post, con estándares normalmente elevados, de difícil aplicación por la gravedad de las consecuencias que ellas implican para los funcionarios sancionados.[66]

En este contexto, la amplitud de las facultades que confiere la regla propuesta a las policías, sumada a la inexistencia en la práctica de controles para su uso, permite afirmar que estamos frente a una facultad inédita en el ámbito comparado y riesgosa para los derechos individuales. Maina Kiai, el relator especial de la ONU ya citado, se pronunció en su informe en esta misma dirección. Allí señala que “…la entrega de mayores facultades y discrecionalidad a las fuerzas del orden generará oportunidades para la represión y abuso de autoridad, con poco o ningún control y contrapeso”.[67]

Especialmente debemos considerar que no todos los chilenos somos “potenciales objeto” de control de identidad, sino que éste se focaliza en personas jóvenes[68] y que pertenecen a ciertos grupos sociales, lo que hace que la proporción entre el total de controles y número de ciudadanos potencialmente controlables sea aún mayor en el grupo objetivo donde normalmente se ejercen.[69] La escasa evidencia empírica disponible en Chile indica que en la actualidad el control de identidad del artículo 85 del CPP presenta cuestionamientos de diversos grupos vulnerables que denuncian uso discriminatorio.[70] La verdad, sin embargo, es que en todo este debate no se ha esgrimido ninguna información específica de corte empírico acerca de cómo se usa esta facultad en la actualidad y al parecer ella no es ni siquiera conocida por las propias policías.[71]

Se suma a lo anterior la existencia de bastante evidencia a nivel comparado que sugiere que facultades de este tipo se pueden prestar para abusos policiales y prácticas discriminatorias en contra de jóvenes y personas pertenecientes a sectores sociales más desventajados.[72]

En consecuencia, hay que considerar que la introducción de una facultad de este tipo podría producir un aumento de las privaciones de libertad de corto tiempo, y que, de ser así, ellas se focalizarían en ciertos grupos de personas que se ubican dentro de los estereotipos que la propia policía tiene de quienes son personas “sospechosas”. De acuerdo a las cifras que he mostrado previamente, estamos hablando de una cantidad importante de ciudadanos que se exponen a trato discriminatorio.

En ese contexto, la norma aprobada por la Cámara de Diputados ha pretendido hacerse cargo de este problema por la vía de dos estrategias. La primera es regular un inciso especial del artículo 12 (segundo), que establece una exigencia de trato igualitario y no discriminatorio con su uso.[73] Sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa loable, aun cuando insuficiente. De acuerdo a nuestro sistema legal vigente, no debiera ser necesaria una cláusula como ésta para que los órganos del Estado tengan deberes de trato igualitario y no discriminatorio. Los problemas, especialmente en una facultad como ésta, no vienen de la falta de regulación normativa de la igualdad, sino más bien de los incentivos y dinámicas que en la práctica llevan a comportamientos que vulneran tal principio. En ese contexto, el principal problema sigue siendo el entregar a las policías una facultad extremadamente abierta sin sujeción a límites o reglas que obliguen a justificar su decisión de controlar la identidad.

La segunda estrategia ha sido la de regular una obligación a las policías de crear un procedimiento de reclamo para quienes estimen han sido objeto de un uso arbitrario de esta facultad, como también la publicación de dicha información y su entrega periódica de sus estadísticas a las autoridades.[74] Nuevamente se trata de medidas bien inspiradas, que podrían incluso agregarse al actual artículo 85 del CPP. Con todo, es difícil que per se resuelvan el problema de uso desigual o discriminatorio de una facultad de este tipo.[75] En este sentido, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación respecto al proyecto, apuntando que el contexto institucional de falta de controles internos y externos a las policías no asegura que el uso de esta facultad no sea discriminatorio. De hecho, concluye: “El resultado, entonces, será el de la estigmatización de ciertos grupos de personas vulnerabilizados, como son los jóvenes, los trabajadores y las comunidades mapuches”.[76]

3.2. Riesgos y problemas para el mejoramiento del trabajo policial

Junto con lo anterior, la introducción de una facultad de este tipo va a hacer un flaco favor a la urgente necesidad que tenemos de profesionalización y mejora de nuestros cuerpos policiales, especialmente Carabineros. Me parece que en la actualidad parte importante de los problemas para llevar a cabo una lucha más eficaz en contra de la delincuencia se explica como consecuencia de la poca sofisticación del trabajo policial. El cambio de esto supone introducir modernizaciones institucionales complejas y mejorar de manera significativa la coordinación y capacidad de trabajo territorial.[77]

Buena parte de la preocupación actual por el delito obedece a que la delincuencia se ha sofisticado en métodos y organización.[78] Atacar este fenómeno de manera eficiente supone contar con estrategias e investigaciones más sofisticadas, el desarrollo de mayor inteligencia policial y la mejor coordinación y traspaso de información entre policías y Ministerio Público, entre otras. Descansar, en cambio, en el control de identidad preventivo permite a las policías “subsistir” a través del desarrollo de estrategias de muy baja calidad, sin ninguna sofisticación, como, por ejemplo, salir a “pescar” vía controles masivos o “rastrillos”. Ese tipo de actividad sin lugar va a generar estadística policial. Si se organizan operativos masivos de control de identidad preventivos lo más probable es que se encuentren cosas, por ejemplo, personas que porten pequeñas cantidades de droga (para su venta o consumo personal). Esos casos darán un número que podrá ser invocado por las policías como un indicador de éxito. Con todo, la pregunta es si esa estadística reflejará un trabajo policial realmente focalizado en los problemas delictuales más relevantes.

Parte importante de la crisis de seguridad que se conoció durante el año 2015 se explica como consecuencia del actuar de pequeños grupos de criminales organizados, que realizan diversos robos violentos y cometen repetidamente tales acciones. Según han reconocido las propias autoridades policiales, se trata de grupos que han aprendido a evitar el control policial, por ejemplo, utilizando autos de lujo para cometer sus delitos o interviniendo de manera muy rápida en lugares en donde han constatado que no hay vigilancia.[79] En ese escenario, la facultad de control preventivo de identidad ayuda poco o nada. El problema, eso sí, es que permite sustentar el trabajo policial en “barridas masivas” de personas con poco impacto en los delitos más graves y con serios riesgos para los derechos ciudadanos. A mediano y largo plazo la única forma de tener un combate fuerte y decidido en contra de la delincuencia pasa por mejorar la capacidad profesional de nuestras policías y del sistema de justicia criminal en su conjunto. La facultad de control de identidad preventivo apunta exactamente en la dirección contraria.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde el inicio del debate público, los promotores de instaurar un control de identidad preventivo en nuestro país construyeron un discurso de justificación de esta facultad basado en un desconocimiento muy notorio de la evidencia empírica disponible, de sus consecuencias negativas para los derechos de las personas y de los alcances de facultades similares contempladas en el derecho comparado. A pesar de todos estos defectos, pudieron instalar en el debate público la noción de que se trataba de una reforma indispensable para la seguridad ciudadana, inocua desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, ampliamente reconocida en el derecho comparado y que sólo era rechazada por grupos minoritarios radicales en el país o por grupos de personas preocupadas por defender a delincuentes.[80] Su éxito fue tal que, a pesar de todos los defectos que he descrito, lograron contar con el apoyo del Poder Ejecutivo en la tramitación del proyecto, que se había mostrado reacio en sus inicios y, finalmente, obtuvieron su aprobación en la Cámara de Diputados. Visto entonces desde la perspectiva de quién gana o pierde en el debate legislativo, ellos sin lugar a dudas se han apuntado una victoria.

A pesar de este éxito, me parece que la evaluación final de quién gana o no con un proyecto de este tipo debe hacerse desde un punto de vista un poco distinto. La pregunta relevante es si como sociedad podremos estar mejor, es decir, si una facultad de este tipo podrá cumplir efectivamente con las enormes expectativas que sus promotores han ofrecido, y ello sin afectar de manera importante los derechos de las personas. Desde ese punto de vista, más amplio, me parece que estamos en presencia de una clara derrota al interés público. Durante el desarrollo del trabajo he intentado demostrar que la falta de calidad del debate legislativo ha permitido avanzar con una propuesta que no tiene posibilidades reales de tener un impacto relevante en mejorar los niveles de seguridad ciudadana y, en cambio, sí puede producir riesgos importantes para los ciudadanos, así como deteriorar la calidad del trabajo policial.

Junto con lo anterior, también me parece que estamos en presencia de una derrota a las expectativas de racionalidad y calidad que se debiera esperar en el debate legislativo. Al parecer, los temas vinculados a seguridad ciudadana ponen una presión demasiado intensa en nuestros legisladores para fijarse, al momento de discutir y aprobar los proyectos, en “finezas” argumentativas como son los datos de la realidad que se intenta regular y cambiar.

La seguridad ciudadana es un tema demasiado importante como para seguir descansando en respuestas legislativas basadas en la intuición o prejuicios y con fundamentos tan precarios como los invocados en este caso. Espero que este trabajo sirva como un llamado de alerta para elevar el nivel del debate en ésta y otras materias que a futuro se discutirán en el área. Para ello debemos tratar de evitar el uso de etiquetas maniqueas que se instalan en el debate público. Manifestar una oposición a regular el control de identidad preventivo no es equivalente a “apoyar a la delincuencia”, sino, más bien, una opción por buscar soluciones más racionales y efectivas a los problemas reales que tiene el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal. Por ejemplo, estimo que hoy podría existir efectivamente un vacío legal importante en materia de regulación de las facultades policiales respecto a su actividad fuera del ámbito de una investigación penal. Por lo mismo, creo sería necesario discutir un estatuto que se haga cargo de un conjunto de problemas que la práctica presenta al trabajo policial en áreas tan disímiles como el control de espacios públicos o la atención de situaciones conflictivas de calle no constitutivas de delito. Por otra parte, debiera también concentrarse la regulación de este tipo de facultades en un estatuto normativo claro, y evitar así cierta dispersión existente en la actualidad, facilitando con ello una interpretación y uso adecuado de parte de las fuerzas policiales. Avanzar en esta dirección supone que tengamos un debate serio (que entre otras cosas cuente con buenos fundamentos empíricos y no se base sólo en intuiciones o percepciones), que nos permita identificar en dónde están las carencias principales y cómo ellas podrían resolverse con normas que equilibren adecuadamente los valores en juego. Pretender resolver estas carencias mediante una norma tan deficitaria y con tan poco fundamento como la de control de identidad preventivo no es la vía adecuada.

5. BIBLIOGRAFÍA CITADA

Libros, artículos académicos y capítulos de libros

Bradford, Ben, Beatrice Jauregui, Ian Loader & Jonny Steinberg, eds. The SAGE Handbook of Global Policing. London: SAGE, en prensa para 2016.

Calland, Shelli. “Hiibel v. Sixth Judicial District Court: Stop and Identity Statutes Do Not Violate the Fourth or Fifth Amendments”. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 40 (2005): 251-263.

Casal Hernández, Jesús María. Derecho a la libertad personal y diligencias policiales de identificación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

Dressler, Joshua. Understanding Criminal Procedure. New York: Mathew Bender, 1998.

Duce, Mauricio. “La ‘reforma a la reforma procesal penal’: análisis de la gestación y contenidos de un proyecto de ley”. En Anuario de derecho público 2013. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

Hernández, Héctor. “La detención declarada ilegal y sus consecuencias sobre las medidas cautelares y el régimen de exclusión de prueba”. En Agenda corta antidelincuencia. Santiago: Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, 2010.

Irarrázabal, Paz. “Igualdad en Chile: el caso del control de identidad”. Revista Política Criminal 10 (julio 2015): 235-65.

Koclanes, Peter. “Unreasonable Seizure: ‘Stop and Identity’ Statutes Create an Illusion of Safety By Sacrificing Real Privacy”. Florida Law Review 57 (2005): 431-44.

Rabi, Roberto. “¿Qué rol y justificación tiene el control de identidad de una persona en nuestro sistema procesal penal considerando el actual texto del artículo 85 del Código Procesal Penal”. Revista Estudios de la Justicia 13 (2010): 323-63.

Ramos, César. “Control de identidad. Bases para una aplicación diferenciada del artículo 85 del Código Procesal Penal”. En Diez años de la reforma procesal penal en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011.

Ramos, César & María Merino. “Control de identidad”. Memoria para la obtención del grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Santiago, Universidad de Chile, 2010.

Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2003.

Salas, Jaime “Evolución del control de identidad. ¿En ruta a su desnaturalización?”. En Problemas del Proceso Penal. Santiago: Librotecnia, 2015.

Opiniones y textos seleccionados en medios de prensa

Droppelman, Catalina. “Control de identidad preventivo y su impacto social”. El Mercurio Legal. 22 de junio de 2015.

Farcas, Daniel. “Control de identidad preventivo: ¿Detención por sospecha?”. E-pistolas, El Mostrador. 2 de septiembre de 2015: “Control de identidad preventivo: ¿detención por sospecha?”. http://e-pistolas.org/debate/control-de-identidad-preventivo.

Frey, Antonio. “Control de identidad preventivo: más seguridad sin vulnerar los derechos de las personas”. El Mostrador. 19 de septiembre de 2015.

Fríes, Lorena. “Sobre el control de identidad”. La Tercera, 7 de octubre de 2015.

Fuenzalida, Gonzalo. “Control preventivo de identidad”. Carta al director. El Mercurio, 29 de mayo de 2015, A2.

Greene, Pía. “Más evidencia menos intuición”. La Tercera, 28 de julio de 2015.

Irarrázabal, Paz. “Controles preventivos y la amenaza para la igualdad”. El Mostrador. 18 de septiembre de 2015.

Matus, Jean Pierre. “Control de identidad, sistema acusatorio y Estado de Derecho”. El Mercurio Legal. 9 de octubre de 2015.

Mertz, Catalina. “Paz Ciudadana refuta al Gobierno por delincuencia: ‘Si no hubiese delitos no habría sensación de temor’”. EMOL. 28 de julio de 2015. http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/07/28/740298/Paz-Ciudadana-refuta-al-Gobierno-por-delincuencia-Si-no-hubiese-delitos-no-habria-sensacion-de-temor.html.

Nogueira, Claudia. “Control de identidad”. Carta al director. La Tercera, 25 de mayo de 2015. http://diario.latercera.com/2015/05/25/01/contenido/opinion/11-190343-9-control-de-identidad.shtml.

———. “Control de identidad”. Carta al director. La Tercera, 2 de junio de 2015. http://diario.latercera.com/2015/06/02/01/contenido/opinion/11-190918-9-control-de-identidad.shtml.

Pavez, Máximo. “El que nada hace…”. La Tercera. 23 de mayo de 2015. http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2015/05/895-630898-9-el-que-nada-hace.shtml.

———. “Control de identidad preventivo: ¿por qué temer?”. La Tercera. 25 de agosto de 2015. http://voces.latercera.com/2015/08/25/maximo-pavez/control-de-identidad-preventivo-por-que-temer.

Toobin, Jeffrey. “The last word in stop and frisk?”. The New Yorker, 11 de noviembre de 2013. http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-last-word-on-stop-and-frisk. EP

Notas

[1] La Encuesta Nacional de Opinión Pública de agosto de 2015, del Centro de Estudios Públicos (CEP), muestra que frente a la pregunta “¿Cuáles son los tres problemas a que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?”, la respuesta que ocupa el primer lugar con el 60 por ciento de menciones es “Delincuencia, asaltos, robos”. En la encuesta del mes de abril de 2015, dicha respuesta también ocupaba el primer lugar, pero con el 46 por ciento de las menciones. Centro de Estudios Públicos, “Encuesta Nacional de Opinión Pública de agosto de 2015”, en http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6053_3756/EncuestaCEP_Agosto2015.pdf.

[2] Al recaer mi análisis sobre un proyecto de ley en tramitación al momento de concluirse este texto es posible prever que será objeto de cambios y variaciones. Como se podrá apreciar en el desarrollo del texto, el artículo se focaliza en el análisis de argumentos y de un tipo de trabajo legislativo que va más allá del contenido específico de la propuesta; por lo mismo, esos potenciales cambios no debieran alterar los puntos aquí desarrollados ni su relevancia para el debate de políticas públicas. En todo caso, para los efectos de la norma en análisis, se trabaja con la versión aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2015, que corresponde al último texto oficial disponible al momento de entregar este artículo.

[3] Presidencia de la República, “Mensaje de S. E. Presidente de la República, con el que inicia un Proyecto de Ley que establece el control preventivo de identidad por parte de Carabineros de Chile”, Mensaje n.° 137-361, 10 de julio de 2013.

[4] Presidencia de la República, “Mensaje de S. E. la Presidente de la República con el que se inicia un Proyecto de Ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”, Mensaje n.° 1167-362, presentado a la Cámara de Diputados el 23 de enero de 2015. Boletín n.° 9885-07 de la Cámara de Diputados.

[5] Comisión de Seguridad Ciudadana Cámara de Diputados, “Acta sesión 41ª ordinaria correspondiente a la 363ª legislatura del miércoles 6 de mayo de 2015”, en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=18936&prmTIPO=ACTACOMISION. Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat y los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Silber y Squella. En contra, la diputada Cariola y los diputados Ceroni, Jackson, Pilowsky, Soto y Walker.

[6] Cámara de Diputados, “Oficio n.° 12.091”, 9 de septiembre de 2015 (docu-mento en formato electrónico en poder del autor).

[7] Esto, sin perjuicio de que, como veré un poco más adelante, ya ha sido objeto de regulación en nuevas legislaciones especializadas como lo es la Ley n.° 19.327. Más allá de esto, el medio ambiente político da cuenta de una enorme demanda por regular una facultad más general en la materia. En esta dirección, el senador Alberto Espina señaló en unas declaraciones vertidas a propósito del funcionamiento del sistema de responsabilidad penal de adolescentes: “Es incomprensible que en nuestro país no exista el control de identidad preventivo”. “Espina: fracaso rotundo de la ley penal juvenil”, El Mercurio, 27 de julio de 2015. Antes de esto, esta facultad se ha transformado en una de las principales medidas propuestas por senadores de la Alianza por Chile en el contexto de la campaña que han llevado adelante denominada “Juntos por la delincuencia”. Véase, “Las 10 medidas que proponen senadores de la Alianza para disminuir la delincuencia”, La Tercera, 17 de julio de 2015.

[8] Un ejemplo de lo mismo se ve en el proyecto de ley denominado “Reforma a la reforma procesal penal”, presentado por el Poder Ejecutivo al Senado el 29 de enero de 2013. Un análisis crítico del mismo puede verse en Mauricio Duce, “La ‘reforma a la reforma procesal penal’: análisis de la gestación y contenidos de un proyecto de ley”, en Anuario de Derecho Público 2013 (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013), 110-144.

[9] El contenido exacto de esta propuesta era el siguiente: “Artículo 85 bis.- Control de identidad preventivo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol preventivo, las policías a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes. / La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte, o por cualquier otro medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse. / En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior. / El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo por parte de las policías estará sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

[10] En esta dirección se agrega un inciso que señala textualmente: “Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”.

[11] Reproduzco los incisos dos a ocho del texto aprobado por la Cámara, en donde se puede revisar con mayor detalle el alcance de estas normas: “En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria. / En el ejercicio de esta facultad los funcionarios policiales deberán exhibir su placa e identificarse. Si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. / El conjunto de procedimientos detallados precedentemente no deberá extenderse por más de cuatro horas, transcurridas las cuales deberá ser puesta en libertad. En caso de que la persona mantenga órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención, de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. / Las Policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo para ser implementado en cada unidad policial, que permita a aquellas personas que estimaren haber sido objeto del ejercicio arbitrario del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. / Además, dichas instituciones deberán publicar bimensualmente en su página web estadísticas de la cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. La misma información, además de los avances y resultados de dichos reclamos, deberá ser remitida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. / También deberán publicar semestralmente el número de controles de identidad practicados en virtud del presente artículo, desagregados por sexo, edad y nacionalidad. / Junto con lo anterior, a lo menos semestralmente las Policías deberán dar cuenta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la frecuencia y lugares en que se concentra la mayor cantidad de controles de identidad por sexo, edad y nacionalidad. Asimismo, deberán informar la cantidad de detenciones por flagrancia que dieren origen en virtud de su práctica, desagregada por tipo de delito y las variables antes señaladas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley n.° 20.502”.

[12] Por ejemplo, Presidencia de la República, “Mensaje n.° 137-361”, 10 de julio de 2013, 4-7.

[13] Comisión de Seguridad Ciudadana Cámara de Diputados, “Acta Sesión 41ª ordinaria correspondiente a la 363ª legislatura del miércoles 6 de mayo de 2015”, 6, en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=18936&prmTIPO=ACTACOMISION. Se trata de un argumento manifestado permanentemente en el debate público por los promotores de esta iniciativa. Así, por ejemplo, el diputado Farcas lo señala en una carta publicada en la sección e-pístolas de El Mostrador, el 2 de septiembre de 2015: “Control de identidad preventivo: ¿detención por sospecha?”.

[14] En este sentido se pronuncia la diputada Nogueira en una carta publicada en La Tercera sobre la materia. “Control de identidad”, La Tercera, 25 de mayo de 2015. El diputado Fuenzalida, en esta misma línea, sostiene en una carta publicada en El Mercurio que el proyecto se justifica, ya que “Carabineros no cuenta con las herramientas necesarias para su labor preventiva”. “Control preventivo de identidad”, El Mercurio, 29 de mayo de 2015, A2.

[15] En esta línea apunta la diputada Nogueira explícitamente en su carta publicada en La Tercera sobre la materia citada en la nota anterior.

[16] “Justicia anuncia aumento de pena por agresiones a Carabineros”, La Tercera, 25 de julio de 2015.

[17] El diputado Fuenzalida argumenta invocando ejemplos como el de Alemania, Estados Unidos o Italia. “Según estudios varios países de la OCDE aprueban leyes sobre control de identidad”, La Segunda, 24 de junio de 2014. Haciendo un argumento más general pero similar puede verse en la carta ya citada de la diputada Nogueira, “Control de identidad”. En la misma línea, repite su posición en una carta de 2 de junio de 2015. “Control de identidad”, La Tercera.

[18] En palabras de la diputada Nogueira, con esta facultad “… lo único que se podría contener como limitación a la libertad de las personas es algo tan simple como que Carabineros pueda solicitar su identificación”. Ver “Control” (25 de mayo). Apoyando esta idea y utilizando la expresión “carga ciudadana menor” se pronuncia un editorial de La Tercera, “Identificación preventiva y policías municipales”, 20 de mayo de 2015.

[19] Máximo Pavez, “El que nada hace…”, La Tercera, 23 de mayo de 2015. Insistiendo en esta misma dirección, véase Máximo Pavez, “Control de identidad preventivo: ¿por qué temer?”, La Tercera, 25 de agosto de 2015.

[20] Por ejemplo, la diputada Nogueira ha señalado claramente pensando desde esta perspectiva: “Si consideramos que el Índice Paz Ciudadana Adimark de 2014 señala que las víctimas de delitos llegan a un 43,5 por ciento en el país —siendo el índice más alto desde el año 2000— y que actualmente hay cerca de 66.041 órdenes de detención pendientes, parece necesario dotar de mayores atribuciones a Carabineros, que les permitan tener más eficacia en su rol de policía preventiva”. Ver “Control” (2 de junio). En esta dirección también parece pronunciarse el subsecretario de prevención del delito, Antonio Frey, quien en una columna publicada en El Mostrador destaca que el control de identidad preventivo debiera tener un impacto positivo en la prevención de los delitos. Antonio Frey, “Control de identidad preventivo: más seguridad sin vulnerar los derechos de las personas”, El Mostrador, 19 de septiembre de 2015.

[21] Esta línea ha sido insistida por Carabineros en el trámite legislativo de esta iniciativa. Así, en la sesión del 15 de julio de 2015 realizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el coronel Elgueta sostuvo: “…el actual artículo sólo alcanza un limitado número de casos. En esta propuesta, se busca reforzar un rol fundamental de Carabineros, vinculado con la prevención”. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, “Acta de la 114ª sesión”, 15 de julio de 2015, 7, en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=19318&prmTIPO=ACTACOMISION.

[22] En esta dirección, véase Paz Irarrázabal, “Igualdad en Chile: el caso del control de identidad”, Revista Política Criminal 10, n.º19 (julio 2015): 236-242.

[23] Sobre la evolución legislativa del control de identidad analizando con detalles los contenidos de sus diversas reformas, se puede ver Jaime Salas, “Evolución del control de identidad. ¿En ruta a su desnaturalización?”, en Problemas del Proceso Penal (Santiago: Librotecnia, 2015), 161. Véase también Roberto Rabi, “¿Qué rol y justificación tiene el control de identidad de una persona en nuestro sistema procesal penal considerando el actual texto del artículo 85 del Código Procesal Penal”, Revista Estudios de la Justicia 13 (2010): 323-363, especialmente 325-333. Mostrando con especial énfasis el reforzamiento de las funciones preventivas de esta institución a partir de sus reformas, véase César Ramos, “Control de identidad. Bases para una aplicación diferenciada del artículo 85 del Código Procesal Penal”, en Diez años de la reforma procesal penal en Chile (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011), 577-608, especialmente 581-593.

[24] Cabe señalar que, a diferencia de la norma aprobada en el proyecto en análisis que establece una facultad sin límites para las policías, el artículo 21 de la Ley n.° 19.327 restringe la facultad policial temporal y espacialmente. Desde una perspectiva temporal, ella se puede ejercer dentro del período de una hora antes y tres después de la realización de un partido de fútbol. Espacialmente, ella se limita al recinto deportivo y sus inmediaciones.

[25] “Carabineros afirma que desactivó 77 bandas delictuales en un plazo de 90 días”, El Mercurio, 12 de octubre de 2015, C 9.

[26] Desde ya es necesario recordar que en nuestra actual legislación procesal penal los efectos que tiene una declaración de ilegalidad de una detención son enormemente limitados luego de la reforma introducida al CPP por la Ley n.° 20.253, de 14 de marzo de 2008. En efecto, ésta no impide la formalización de la investigación en contra del imputado, la solicitud y concesión de medidas cautelares como la prisión preventiva y no produce cosa juzgada en materia de exclusión probatoria por infracción de garantías. Por lo mismo, aun en un escenario en que se decretaran muchas ilegalidades sería dudoso sostener que ellas imponen restricciones fuertes al trabajo policial. Un análisis sobre los efectos de la ilegalidad de la detención en el actual escenario normativo puede verse en Héctor Hernández, “La detención declarada ilegal y sus consecuencias sobre las medidas cautelares y el régimen de exclusión de prueba”, en Agenda corta antidelincuencia (Santiago: Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, 2010), 25.

[27] Carabineros de Chile, “Cuenta Pública 2014: Carabineros en cifras”, en https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=carabineros%20en%20cifras. Es importante señalar que estas cifras están desagregadas de los controles vehiculares que se practicaron en el mismo período. Según reporta Carabineros ellos fueron 8.498.620.

[28] Datos del año 2011 obtenidos de Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 242. Datos de los años 2011 y 2012 obtenidos de Instituto Nacional de Derechos Humanos, “Informe anual 2012: programa de derechos humanos y función policial”, 37, en http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/512/informe-funcion-policial?sequence=4.

[29] Ministerio Público, “Boletín estadístico institucional año 2014”, en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do.

[30] Carabineros de Chile, “Cuenta Pública 2014”, 13.

[31] Instituto Nacional de Estadísticas http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php.

[32] Estos datos fueron obtenidos del trabajo de Ben Bradford et al., eds., The SAGE Handbook of Global Policing (London: SAGE, en prensa para 2016).

[33] Si el control de identidad no se traduce en una detención (ya sea por flagrancia o por existencia de una orden de detención pendiente de la persona controlada), el caso no será objeto de revisión judicial. En efecto, sólo los casos que generan una detención son llevados ante un juez de garantía dentro de las 24 horas siguientes a esa privación de libertad. Esto, salvo casos excepcionalísimos en donde el controlado, a pesar de ser puesto en libertad rápidamente sin ser pasado a una audiencia, ejerce alguna acción especial, por ejemplo, el recurso de amparo establecido en el artículo 21 de la Constitución. Un caso en donde esta situación se produjo puede verse en Vidal con Carabineros, Corte de Apelaciones de Santiago, 19 de julio de 2012, ROL n.° 1393-2012.

[34] Carabineros de Chile, “Cuenta Pública 2014”, 13.

[35] Se trata de 2.413 detenciones ilegales de un total de 311.960 detenciones controladas en audiencia. Cifras del Poder Judicial en http://www.pjud.cl/documents/396729/0/UN+RELATO+EN+CIFRAS.pdf/71ba680e-1e4b-4d8d-90fd-1e71cf52a8d5. En la misma dirección, los datos de la Defensoría Penal Pública dan cuenta de que en el año 2014 sólo el 1,4 por ciento de las detenciones fueron declaradas ilegales por los jueces de garantía. Defensoría Penal Pública, “Informe Estadístico enero-diciembre 2014”, 55, en http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/555763f4bd21e53f40323cab2cee5dfc.pdf.

[36] Considerando las cifras de la Defensoría Penal Pública, esos porcentajes se elevarían al 0,08 en el escenario del 50 por ciento y al 0,04 en el escenario del 25 por ciento.

[37] A modo ejemplar, pueden verse sentencias Toledo con Sáez, Corte de Apelaciones de San Miguel, 5 de julio de 2010, ROL n.° 819-2010; García con Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Corte de Apelaciones de Concepción, 29 de julio de 2010, ROL n.º 356-2010; Ormeño Durán y otro con Juzgado de Garantía de Arauco, Corte de Apelaciones de Concepción, 10 de junio de 2011, ROL n.º 226-2011; y, Rojas con Ministerio Público, Corte Suprema, 27 de septiembre de 2010, ROL n.º 4600-2010.

[38] Apoyando estas conclusiones con cita de diversos fallos de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema no incluidos en la referencia anterior, puede verse Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 245-246.

[39] Pavez, “Control”.

[40] Corte Suprema, “Oficio n.° 102-2015”, 14 de septiembre de 2015, 9 (documento electrónico en poder del autor).

[41] El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha documentado estas prácticas y las describe en sus informes sobre el uso de esta facultad. Instituto Nacional de Derechos Humanos, “Informe anual 2012”, 35-36. En la misma dirección también se pronuncia Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 242-243.

[42] En este sentido, Rodrigo Bustos, jefe de la unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha sostenido recientemente, en una entrevista sobre actos de tortura y abuso policial que hoy se encuentran en investigación, lo siguiente: “Es importante aclarar que estos actos de tortura se dan en el marco de un control de identidad, y eso es clave en el debate actual donde algunos buscan darle más facultades a la policía”. “Torturas en democracia: los casos que denuncian la brutalidad de Carabineros contra civiles”, El Mostrador, 6 de agosto de 2015.

[43] Biblioteca del Congreso Nacional, “Control de identidad en la legislación comparada”, 11 de agosto de 2015, 1, en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=36052&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION.

[44] Jesús María Casal Hernández, Derecho a la libertad personal y diligencias policiales de identificación (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998), 190. Este texto también es citado en Chile por César Ramos y María Merino, “Control de identidad”, Memoria para la obtención del grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales (Santiago: Universidad de Chile, 2010), 26.

[45] Roxin señala que en esta segunda hipótesis la opinión dominante en Alemania ha concluido que “…el registro de su persona y de las cosas que lleva consigo, así como las medidas tendientes a su identificación, sólo están permitidas con su conformidad… de donde concluye que se debe pedir su consentimiento positivo y no sólo apoyarse en la inexistencia de una oposición declarada expresamente o reconocible”. Claus Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2003), 284.

[46] Casal Hernández, Derecho, 191.

[47] Defensoría Nacional, “Observaciones al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos (Boletín n.° 9885-07)”, julio 2015, 23.

[48] Se trata de una facultad reconocida jurisprudencialmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos a partir del caso Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Detalles en Joshua Dressler, Understanding Criminal Procedure (New York: Mathew Bender, 1998), 255-278.

[49] Una breve explicación en castellano de la misma puede verse en Rabi, “Qué rol”, 343-349.

[50] Por ejemplo, se ha establecido que la sola “corazonada” (hunch) del policía no es suficiente para crear sospecha razonable, pero un dato anónimo de un denunciante rodeado de suficientes detalles corroborados por los policías sí podría serlo. Uno de los fallos más recientes en la materia donde se realiza un análisis de este punto es Prado Navarrete et al. v. California, 572 U.S.__ (2014).

[51] Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, 542 U.S. 3 (2004). Analizando el desarrollo de esta jurisprudencia con foco en el caso Hiibel: Peter Koclanes, “Unreasonable Seizure: ‘Stop and Identity’ Statutes Create an Illusion of Safety By Sacrificing Real Privacy”, Florida Law Review 57 (2005): 431.

[52] Biblioteca del Congreso Nacional, “Control”, 8.

[53] Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, 542 U.S. 3 (2004). Un análisis detallado de esta decision en Shelli Calland, “Hiibel v. Sixth Judicial District Court: Stop and Identity Statutes Do Not Violate the Fourth or Fifth Amendments”, Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review 40 (2005): 251.

[54] Véase Nogueira, “Control” (25 de mayo).

[55] El caso Hiibel de la Corte Suprema de los Estados Unidos ya citado previamente analiza este punto, dando cuenta que se trata de dos cuestiones diversas. Una vez resuelto que la policía contaba con sospechas razonables de que la persona a quien se controló y luego solicitó identificación estaba involucrada en un hecho delictual (supuesto base para el stop and identity), la Corte considera necesario revisar la constitucionalidad de reglas que sancionan al controlado por negarse a exhibir su identidad. La Corte Suprema afirma que dicha regla en el caso particular era constitucional y no violaba ni la cuarta ni la quinta enmienda.

[56] Datos disponibles del año 2013 dan cuenta de que en ese período 1.142 personas fueron arrestadas por Carabineros como consecuencia de una negativa a identificarse. Dato obtenido a través de una solicitud de acceso de información consignado por Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 242.

[57] En esta dirección, Pía Greene, ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hace un llamado a descansar más en evidencia que en intuición en materia de delincuencia. Así, señala: “La evidencia es categórica al demostrar que si se quiere atacar decisivamente la delincuencia y mantener los resultados, es clave implementar políticas que hayan demostrado su éxito y sean evaluables en su impacto”. Pía Greene, “Más evidencia menos intuición”, La Tercera, 28 de julio de 2015.

[58] Afirmaciones de Catalina Mertz, directora de la Fundación Paz Ciudadana, a EMOL. “Paz Ciudadana refuta al Gobierno por delincuencia: ‘Si no hubiese delitos no habría sensación de temor’”, EMOL, 28 de julio de 2015.

[59] Jean Pierre Matus, “Control de identidad, sistema acusatorio y Estado de Derecho”, El Mercurio Legal, 9 de octubre de 2015.

[60] Mauricio Valdivia, “Objetivo del control de identidad”, La Tercera, 12 de septiembre de 2015, sección cartas.

[61] “Comunicado de Maina Kiai, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al término de su visita a la República de Chile (21 al 30 de septiembre de 2015)”, en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16542&LangID=S.

[62] Un buen ejemplo lo constituye un editorial de El Mercurio del 7 de septiembre de 2015, en donde se explicitó los enormes límites del proyecto llamando a la cautela respecto a su capacidad para generar verdadero impacto en materia de seguridad ciudadana y poniendo, a la vez, la atención sobre sus potenciales consecuencias para los derechos individuales de las personas. En ella se señaló: “Por cierto que la prevención del delito requiere mucho más que una nueva regla sobre control de identidad. En especial, es indispensable una mayor profesionalización y coordinación de todas las instituciones y servicios asociados a la prevención y persecución del delito con resultados tangibles que hoy no se ven. Pero la nueva atribución pondrá en manos de las policías un instrumento importante y debatido, que ellas mismas han solicitado. La ley que lo establezca obligará a los ciudadanos a ceder una porción de su privacidad —y, en ocasiones, también de su libertad ambulatoria— en aras de obtener efectivamente una mejor seguridad pública. Por esta razón, el Estado y las policías deben ser particularmente conscientes de que el sacrificio en materia de libertades sólo estará justificado en la medida en que se observen frutos concretos en la prevención del delito. Sin estos resultados, la regla sólo dará lugar a un Estado con menos libertades que antes”. “Control de identidad”, El Mercurio, 7 de septiembre de 2015, A3, en http://www.elmercurio.com/blogs/2015/09/07/35030/Control-de-identidad.aspx.

[63] “Otro control innecesario”, La Segunda, 4 de septiembre de 2015.

[64] En el debate sostenido en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Soto, presidente de la misma, hace notar esta situación. Comisión de Seguridad Ciudadana Cámara de Diputados, “Acta sesión 41ª ordinaria correspondiente a la 363ª legislatura”, 6 de mayo de 2015, 6. La Defensoría Penal Pública también se pronuncia en la misma dirección. Defensoría Nacional, “Observaciones”, 22.

[65] En esta dirección Irarrázabal señala que la existencia ocasional de denuncias por abuso en el ejercicio del control de identidad es explicada por la carencia de sustento necesario o incentivos de los ciudadanos afectados para cuestionar la actividad policial y por la insuficiencia de los canales institucionales utilizados en la actualidad. Con mayor extensión en este punto véase Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 243-245.

[66] Irarrázabal se muestra escéptica de la posibilidad real de establecer responsabilidad de los funcionarios policiales por estos mismos motivos. Así, señala: “Habrá, por ejemplo, dificultades probablemente insuperables para determinar que el carabinero actuó guiado por prejuicios y estereotipos (discriminación directa) y, más difícil aún, demostrar el impacto desproporcionado que el funcionamiento del poder policial tiene respecto de los grupos más vulnerables (discriminación indirecta).” Paz Irarrázabal, “Controles preventivos y la amenaza para la igualdad”, El Mostrador, 18 de septiembre de 2015.

[67] “Comunicado de Maina Kiai”.

[68] Sin la pretensión de arrojar un resultado estadísticamente correcto, sino con la idea de entregar una imagen presento algunos ejercicios para graficar este punto. Ya he dicho que si uno considera el total de la población del año 2014, el total de controles de identidad superaría el 10 por ciento de la población. Esa cifra se incrementa de manera significativa cuando se reduce el universo de las personas a considerar como potenciales controlados, si es que sólo consideramos como parte del universo a quienes tienen “riesgo serio” de ser controladas. En esta dirección, si excluimos a los niños más pequeños o a los adultos que pertenecen a edades superiores en donde la tasa de criminalidad es mucho más baja y nos focalizamos en que el universo probable objeto de control está en la población de entre 15 y 45 años de edad (8.354.966, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas —INE— del año 2014), tenemos que el 22,2 por ciento de esa población fue potencialmente objeto de control de identidad. Como se puede ver, una cifra que eleva a más del doble del promedio total del país. Si se reduce aún más el universo, considerando que esta facultad se ejerce principalmente en hombres en ese rango de edad (4.215.248, según cifras del INE 2014), el porcentaje de potenciales controlados el 2014 subiría al 44 por ciento del universo total. Hacer afirmaciones más específicas en este punto requeriría contar con datos no disponibles acerca de quiénes son las personas a las que efectivamente se controló la identidad el año 2014. Con todo, este ejercicio muy preliminar muestra que el porcentaje de controlados cambia radicalmente en la medida en que se ajusta el universo. En ese contexto, es muy probable que haya segmentos importantes de la población que tienen porcentajes de controles bajísimos, en tanto que otros sufren más directamente el rigor de su uso. Los datos de población fueron obtenidos de http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php.

[69] La experiencia comparada ratifica esto. “En Reino Unido, la probabilidad de la población negra de ser controlada es 25 veces mayor que la de población blanca. En Nueva York, incluso en barrios donde sólo el 24 por ciento de la población es negra y latina, este grupo representa el 79 por ciento de los controles”, afirma Catalina Droppelman, “Control de identidad preventivo y su impacto social”, El Mercurio Legal, 22 de junio de 2015.

[70] Véase Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 242-243. Se trata de un problema de antigua data en nuestro país. Cuando se discutió la derogación de la denominada “detención por sospecha” el año 1998, el debate legislativo dio cuenta de una preocupación importante por el uso de esta institución focalizada en jóvenes marginales. Irarrázabal, “Controles preventivos”.

[71] Irarrázabal describe cómo ha solicitado sin éxito a Carabineros de Chile, utilizando la Ley de Transparencia, datos sobre la edad, sexo y nacionalidad de las personas sometidas a control de identidad. También relata que dicha información no ha sido obtenida por no estar sistematizada, y en los pocos datos que se le han entregado, el propio Consejo para la Transparencia los ha calificado como “datos inexactos”, ya que, por ejemplo, un número importante de personas controladas figuran con edades de cero o superiores a los noventa años de edad. Irarrázabal, “Controles preventivos”.

[72] Para el caso del Reino Unido, puede verse: Equality and Human Rights Commission, “Stop and Think: a critical review of the use of stop and search powers in England and Wales”, 2010, en www.equalityhumanrights.com/ e Irarrázabal, “Igualdad en Chile”, 247-256. Para el debate en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, puede verse Jeffrey Toobin, “The last word in stop and frisk?”, The New Yorker, 11 de noviembre de 2013, en http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-last-word-on-stop-and-frisk. Críticas de esta misma naturaleza también se formulan en países como España, Francia y Holanda, entre otros. Ver Bradford et al., The SAGE.

[73] El tenor literal de dicha regla es: “En la práctica de la identificación se deberán respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria”.

[74] Para detalles, ver nota 11.

[75] Irarrázabal ejemplifica el tipo de dinámica que hace poco efectivos los sistemas de denuncias ante la propia policía. Señala: “…es difícil imaginarse a un joven que está acostumbrado a dosis diarias de discriminación y exclusión exigiéndole explicaciones al carabinero que le solicita identificarse, y luego, en caso de considerar que efectivamente fue objeto de un actuar arbitrario, recurriendo a vías formales de reclamo…”. Irarrázabal, “Controles preventivos”.

[76] Lorena Fríes, “Sobre el control de identidad”, La Tercera, 7 de octubre de 2015, en http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2015/10/895-650319-9-sobre-el-control-de-identidad.shtml.

[77] Ver Mertz, “Paz Ciudadana refuta”.

[78] En esta dirección, por ejemplo, el senador Espina señala en una entrevista: “Los delincuentes inventan nuevas formas de asalto y robos que son cada vez más arriesgadas”. “Víctima de ‘portonazo’ que fue arrastrada por la calle quedó con riesgo vital”, La Tercera, 29 de agosto de 2015, 21.

[79] En esta dirección se han orientado las propuestas de Carabineros en materia de seguridad pública. “Refuerzo antidelito en Carabineros incluye metas: desactivar 24 bandas en 90 días”, El Mercurio, 3 de agosto de 2015, C7.

[80] Un ejemplo notable de este último punto se dio a propósito de una polémica generada entre los diputados Fuenzalida y Cariola, al momento de aprobarse esta facultad en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, Fuenzalida publicó un tuit que celebraba la aprobación del proyecto que contó con el rechazo de Cariola, señalando: “Los delincuentes pueden estar tranquilos tienen una representante en el Congreso: la diputada Karol Cariola”. “Polémica en twitter entre diputados Fuenzalida y Cariola por control de identidad preventivo”, La Tercera, 6 de mayo de 2015.

ARTÍCULO

BOYAS, FAROS Y LA PROVISIÓN VOLUNTARIA DE BIENES PÚBLICOS*

Martín Krause

Universidad de Buenos Aires

Martín Krause. Doctor en administración de la Universidad Católica de La Plata. Profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Mont Pèlererin Society y académico adjunto del Cato Institute. Autor, entre otros, de El foro y el bazar (2014); Economía, instituciones y políticas públicas (2011); y Por el ojo de una aguja: ética, negocios y dinero en el mundo de hoy (2007). Email: mkrause@derecho.uba.ar.

* El autor quiere agradecer la información recibida de Andrés Galíndez, presidente del CNSI, y Juan Carlos Tollan, presidente de UNEN, así como los comentarios recibidos por los evaluadores anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: El debate sobre los faros se ha convertido en un elemento central de la teoría económica, ya que plantea qué arreglos institucionales pueden existir para proveer servicios que tienen limitaciones para excluir a quienes no pagan. En un trabajo fundacional de este debate, Ronald Coase analizó la historia de la provisión de faros en Inglaterra y puso énfasis en el papel de los inversores privados para su construcción y operación. A continuación se originó un debate sobre si podían ser calificados como “privados”, siendo que se financiaban con tasas impuestas por el gobierno. Van Zandt entonces clasificó los diferentes arreglos institucionales posibles en cinco categorías, que van desde la total provisión privada hasta la completamente estatal. Él y otros autores afirmaron que no existían casos históricos de bienes públicos con provisión y financiamiento privado con la mera función gubernamental de afirmar derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos. Esta investigación muestra que sí existiría un caso de tal naturaleza, hoy en funcionamiento en la costa norte del Río de la Plata, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Su existencia plantea la necesidad de considerar nuevos aspectos de esta discusión fundamental.

Palabras clave: bienes públicos, provisión estatal, provisión privada, faros, Coase, Van Zandt.

Recibido: abril 2015; aceptado: agosto 2015.

Clasificación JEL: H11, H41.

BUOYS, BEACONS AND THE VOLUNTARY PROVISION OF PUBLIC GOODS

Abstract: The debate over lighthouses has become a central feature of economic theory, since it addresses what kind of institutional setting may be able to supply services characterized by limitations to exclude non-payers and the potential of free riding conducts. In a seminal work Ronald Coase reported on the history of lighthouse provision in England and stressed the role of private investors and private funding for their building and operation. A debate ensued on whether this could be qualified as “private” considering they were financed through “light dues” of a coercive nature. Van Zandt afterwards classifies the different institutional settings in five categories ranging from total private provision and financing to complete government supply. He and other authors claimed there are no historical cases of private provision or financing with only government enforcement of property and contract rights. This article shows one such case presently working in the northern coast of the River Plate, in northern Buenos Aires. Its existence raises new issues to be considered.

Keywords: public goods, government supply, private supply, lighthouses, Coase, Van Zandt.

Received: April 2015; accepted: August 2015.

JEL Classification: H11, H41.

Los faros han estado iluminando la discusión económica durante al menos los dos últimos siglos de historia. Ronald Coase (1974) analizó las referencias de economistas clásicos como John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred Pigou en su contribución a demarcar lo que más adelante se llamarían “bienes públicos”, algo que, para términos de este artículo, definiremos como aquellos bienes cuyas características hacen imposible o inconveniente su provisión voluntaria. Estos primeros autores enfatizaron principalmente la característica de la “no exclusión” de los bienes públicos, esto es, la imposibilidad de excluir a quienes no quisieran pagar por el servicio, los hoy definidos como free riders. Paul Samuelson (1954) expandió el análisis a otra característica, la “no rivalidad en el consumo”, a partir de la cual tampoco sería eficiente excluir, ya que en determinados bienes el consumo que unos realicen no reduce la misma posibilidad por parte de otros. El objetivo de Coase, sin embargo, era presentar una historia que pudiera servir para ampliar nuestra visión de la variedad de arreglos institucionales posibles (1974, 362), un objetivo que formaba ya parte de un proyecto de investigación desplegado a partir de numerosos textos (ver, por ejemplo, Coase 1937; 1959; 1960).

El marco institucional para la provisión y financiamiento de estos servicios, sin embargo, parece haber sido diferente para los autores clásicos que para Samuelson, tal vez por las diferencias encontradas en el servicio entre el siglo XIX y el siguiente. Pareciera que Samuelson tuvo en mente tanto la provisión como el financiamiento estatal, puesto que niega la posibilidad de su provisión privada, dado que “un empresario no lo construiría motivado por el lucro” y porque “ésta es, por cierto, el tipo de actividad que los gobiernos normalmente asumirían” (citado por Coase 1974, 358). Mill, al menos, parece haber considerado la financiación a través de tasas y provisión privada. No extraña que lo pensara, ya que ése era entonces el marco institucional para la provisión del servicio de faros en toda Europa, desde que comenzaron a construirse en el siglo XVI (ver Lindberg 2009, para Escandinavia, y Põder 2010, para Estonia).

TRINITY HOUSE, ¿PRIVADA O PÚBLICA?

El análisis de Coase se basó en la historia del sistema británico entre los siglos XVI y XIX, y el papel que cumpliera el Lord High Admiral, empresarios privados y la Trinity House. Coase describe a esta última como una antigua institución, que supuestamente ha evolucionado a partir de un gremio de marineros y pescadores, lo que coincide con la descripción que aún hoy esta organización presenta de sí misma:

Se afirma a menudo que los orígenes de Trinity House se remontan a un gremio benéfico de marineros samaritanos establecido por el arzobispo Stephen Langton en el siglo XII.

El primer registro oficial es el otorgamiento de una carta real por Henry VIII el 20 de mayo de 1514 a una fraternidad de marineros llamada Gremio de la Santa Trinidad “para que puedan regular el pilotaje de barcos en los arroyos del rey”. En momentos de su creación, este gremio caritativo poseía un importante salón y asilos, cerca del muelle naval en Deptford, sobre el río Támesis.

El otorgamiento de esta carta fue resultado de una petición que se le presentara un año antes del reglamento “Maestros, capitanes y marineros de la Armada Real en el Támesis y otros lugares”, de fecha 13 de marzo de 1513. Aunque no han quedado registros oficiales escritos para corroborar la evidencia, dos lápidas en la iglesia Leigh en Essex indican la existencia de una organización relacionada con el bienestar de los marinos en las costas de Inglaterra en el siglo XV. Cada una de las lápidas muestra el nombre de un “Hermano de la Trinidad yace debajo”. (Trinity House)

Entre las funciones actuales de la Trinity House está la de ser la Autoridad General de Faros (GLA, por su sigla en inglés) para Inglaterra, Gales y las islas del Canal de la Mancha, proveyendo ayudas para la navegación, desde faros y boyas a tecnología satelital para la navegación. También inspecciona las ayudas locales provistas por las autoridades portuarias. Sus gastos los cubre el Fondo General de Faros, formado con ingresos provenientes de las tasas que paga la navegación comercial. Las tasas son fijadas por el Departamento de Transporte y se pagan por tonelada neta solamente por los buques comerciales y en las primeras seis visitas a puertos británicos por año. La Trinity House todavía mantiene su actividad caritativa original, aunque separada de sus actividades como autoridad de faros.

Coase describe, y Trinity House confirma, que muchos faros fueron construidos por privados, operados y mantenidos a través de licencias obtenidas desde la Trinity House o la misma corona. “Los peajes eran cobrados en los puertos por agentes (que podían actuar para varios faros), quienes podían ser individuos privados pero eran generalmente funcionarios de aduanas” (Coase 1974, 364). Todos estos faros privados fueron adquiridos compulsivamente luego de que se aprobara una ley en 1836, y se colocaron bajo la administración de Trinity House. El argumento entonces —y hasta hoy sostenido por Trinity House— fue que la confiabilidad de muchos de estos faros privados dejaba mucho que desear, aunque Coase arguye que el motivo real era una “búsqueda de rentas”, la expectativa de los usuarios de que, al alejar a los privados, bajarían las tasas, un argumento recientemente enfatizado por Carnis (2013).

El principal objetivo del artículo de Coase (1974) fue cuestionar la idea, generalmente aceptada, de que la provisión y financiamiento de bienes públicos sólo puede resolverse por vía estatal, para lo cual se valió del ejemplo de los faros. Así, no descartó otras posibilidades de provisión privada de bienes públicos, afirmando que el relato sobre el sistema británico de faros así lo revela (Coase 1974, 375).

Es de esta manera como describe al sistema como “privado”, aunque claramente se refiere a la provisión, no al financiamiento:

La temprana historia muestra que, contra la creencia de muchos economistas, el servicio de faros puede ser provisto por la empresa privada. En esos días, los dueños de buques y armadores podían solicitar a la Corona que permitiera a un individuo particular construir un faro y aplicar una tasa (específica) a los barcos que se beneficiaran con él. Los faros eran construidos, operados, financiados y propiedad de individuos particulares, quienes podían venderlos o legarlos. El papel del gobierno estaba limitado al establecimiento y aplicación de derechos de propiedad sobre el faro. Los cargos eran recolectados en los puertos por agentes de los faros. El problema de la aplicación no era distinto para ellos que para otros proveedores de bienes y servicios a los dueños de barcos. Los derechos de propiedad eran inusuales solamente en que estipulaban el precio que podía cobrarse. (Coase 1974, 375)

La mención a que los faros eran “financiados” por individuos privados se refiere al capital original invertido para construirlos, no a su operación y mantenimiento, que sabemos provenía de las tasas. No obstante, esta mención desató un intenso debate si se podía llamar “privado” a dicho marco institucional.

El primero en arrojar una piedra fue Van Zandt, al argüir que el concepto de “empresa privada […] difícilmente captura la realidad de la provisión de servicios de faros”, ya que “el gobierno jugó un papel substancialmente más importante en la provisión de servicios de faros de lo que el término ‘privado’ de Coase sugiere” (Van Zandt 1993, 48). Más adelante, tanto Bertrand (2006) como Barnett y Block (2007) plantearon esa misma preocupación, aunque desde dos perspectivas diferentes: Bertrand muestra que fueron organizaciones caritativas las que proveían y financiaban los faros, pero no las llama “empresas privadas” porque no estaban motivadas por el lucro; mientras que Barnett y Block sostienen que el sector caritativo de la economía es privado, ya que es el resultado de acciones voluntarias, como aquellas de empresas que maximizan ganancias.

Block y Barnett (2009, 2), en base a su definición, definen el caso británico tal como lo presenta Coase como una oferta “gubernamental, no basada en el mercado”. Lo mismo hacen Lindberg (2009, 23) y Block (2011, 51).

Todos ellos, a su manera, consideran cómo podría funcionar un sistema “privado voluntario”. Van Zandt (1993), sin embargo, desarrolla una clasificación menos drástica siguiendo las ideas de un “continuo” de arreglos institucionales entre uno puro privado voluntario y otro puro gubernamental compulsivo, donde existe una gama de distintas alternativas. Así las define Van Zandt (1993, 56):

1. Provisión privada sin protección gubernamental de derechos de propiedad y contratos;

2. Provisión privada con protección gubernamental de sólo derechos de propiedad y contratos;

3. Provisión privada con un gobierno que establece tasas, otorga monopolios y asegura la recaudación de tasas específicas para usuarios;

4. Provisión gubernamental financiada con el cobro de tasas específicas, y

5. Provisión gubernamental financiada con recursos fiscales generales.

Samuelson parece presentar el ejemplo de los faros como uno de bienes públicos en las categorías 4 o 5; Coase describe al sistema británico como la opción 3. La mayoría de los países tienen sistemas que se ubican en las categorías 3 o 4, y tales son los casos, por ejemplo, de la United States Coast Guard (USCG), Canadian Coast Guard o Australian Maritime Safety Authority. En los Estados Unidos, la USCG se ha concentrado en balizas automáticas y el mantenimiento de ayudas a la navegación, como boyas de estructuras de acero por sobre las linternas usuales de los faros tradicionales. Estos fueron descuidados y vandalizados hasta que se entregaron en concesión a sociedades históricas locales y otras organizaciones o fueron vendidos como propiedad superflua. Chile es un ejemplo de la categoría 5: los faros y todas las ayudas a la navegación son financiados por el tesoro nacional y administrados por el Servicio de Señalización Marítima, dependiente de la Armada.

En definitiva, nos encontramos con arreglos en las categorías 3 a 5, y algunos autores imaginan cómo sería posible alguna de las otras opciones. Este artículo presenta una de ellas, un caso dentro de la categoría 2.

UN SISTEMA PRIVADO VOLUNTARIO

La posibilidad de un sistema privado voluntario es explorada por Van Zandt (1993) y Block y Barnett (2009). Van Zandt (1993, 56) dice:

No hay, sin embargo, ejemplos de faros operando en un mundo privado puro (categoría 2), en el cual el gobierno solamente protegiera los derechos de propiedad y acuerdos consensuados. En casi todos los casos, el gobierno ha hecho mucho más. Ha otorgado al propietario del faro un monopolio sobre la provisión de servicios de faro en una ubicación específica; ha establecido y aplicado un esquema fijo de “tasas”; y ha asistido al operador de faros en el cobro de esas tasas a capitanes de barcos que no hayan consentido. Las únicas excepciones a esta generalización han sido los faros provistos por entidades religiosas o personas; en esos casos, si bien el gobierno no siempre estaba involucrado, es probable que se utilizaran mecanismos socialmente coercitivos para superar los particulares problemas del faro.

Ahora bien, la coerción social es diferente de la coerción gubernamental. Esta última incluye la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza en un cierto territorio, una definición que está implícita en el argumento de Block y Barnett. Por ende, ya sea que esas entidades religiosas o personas particulares desafíen tal monopolio (como lo hace un criminal, una mafia, una insurrección o un poder extranjero) o no, en último caso las contribuciones que reciben son voluntarias, ya que estas entidades no pueden enviar a la cárcel a quienes no pagan, embargar sus cuentas bancarias ni requerir poderes al gobierno para hacerlo.

Van Zandt considera cómo la tecnología podría convertir una situación de “no exclusión” en una donde la exclusión es posible y, por lo tanto, también la provisión privada. Si los emprendedores no pueden excluir a los free riders, la provisión de un cierto bien o servicio no sería posible en base al lucro o podría llevar a un consumo excesivo del recurso. El típico ejemplo es el del ganado vacuno, amenazado con extinguirse hasta que en un determinado momento se introdujeron los derechos de propiedad y los alambrados.

Van Zandt reconoce que podría haber formas de cobrar tasas sobre una base contractual, aunque no se desarrollaron durante la historia de los faros. Especula que con la existencia de la radio, los faros podrían encenderse a pedido; esto es, el capital del barco llamaría al propietario del faro para que lo encendiera a cambio de un determinado pago. Es menos probable, considerando la tecnología moderna, su otra alternativa: colocar empleados en pequeños botes a lo largo del límite de alcance de la luz del faro para que, cuando un barco se aproxime, llegar a un acuerdo y así solicitar al operador del faro que lo encienda. Los ejemplos pueden parecer extraños o inocentes luego de tantos años de innovación tecnológica, pero Van Zandt está en lo correcto al señalar que el problema de exclusión es contingente. Concluye, correctamente, que los costos dependen de las tecnologías existentes y que cuando una tecnología se vuelve rentable los emprendedores encontrarán valioso proveer el bien. Por lo tanto, los bienes públicos lo son solamente dentro de un cierto contexto legal y tecnológico.

Block y Barnett mencionan otras posibilidades. Una de ellas son los seguros. Como una navegación más segura daría como resultado tasas de seguro más bajas, los dueños de los barcos estarían interesados en conseguir los servicios de faros y otras ayudas a la navegación. “Nadie puede estar seguro de los detalles, pero parece muy razonable pensar que los dueños de barcos, los pilotos o los aseguradores, o una combinación de todos ellos, podría formar una organización para proveer dichos servicios” (Block y Barnett 2009, 4).

Otra alternativa es la “presión moral”. Los dueños de los faros podrían dar una publicidad negativa de aquellos que son free riders de sus servicios o podrían establecer una asociación voluntaria. Sostienen que “sí, por supuesto, así como los carteles tienden a derrumbarse debido a desafíos tanto internos como externos, esos arreglos podrían no ser definitivos. Pero pueden funcionar en algunos casos donde los costos de transacción sean bajos y una cierta ruta comercial sea utilizada por unos pocos” (Block y Barnett 2009, 3). El siguiente es un caso de este preciso arreglo institucional.

BOYAS PRIVADAS EN LA COSTA NORTE DEL RÍO DE LA PLATA

El río Paraná fluye por unos 2.500 kilómetros desde Brasil hasta la cuenca del Río de la Plata, donde se encuentra con el río Uruguay y se divide en miles de ríos, riachos e islas que forman el delta. La ciudad de Buenos Aires se estableció en la costa occidental del Río de la Plata y creció hacia el norte, hacia la región del delta, con suburbios llenos de actividad náutica, tanto comercial como de placer y deportiva.

El barroso río Paraná que crea y extiende el delta tiende también a reducir la profundidad de las vías navegables del Río de la Plata, haciendo dificultosa la navegación y posibilitando el varamiento de barcos. Así, las ayudas a la navegación son esenciales en estas aguas poco profundas. Estos apoyos son responsabilidad formal de una agencia gubernamental dentro del Ministerio de Defensa, llamada Servicio de Hidrografía Naval (SHN), que es financiada con recursos del presupuesto general, por lo que podría caer en la categoría 5 de Van Zandt.

Sin embargo, el estudio y la evaluación de marcos institucionales es una instancia del análisis comparativo entre alternativas del mundo real, no de un mundo ideal. De otra forma caemos en la llamada “falacia de Nirvana” (Demsetz 1969, 1).[1] Tanto Coase (1974, 362) como Van Zandt (1993, 57) lo enfatizan. Y el “mundo real” de la provisión en la costa norte del Río de la Plata mostró que el financiamiento estatal solamente se ocupaba de las ayudas a la navegación y la profundidad en las vías utilizadas por grandes barcos comerciales, y terminó por desatender las vías costeras, principalmente utilizadas por barcas para el transporte de arena o madera, veleros y barcos a motor deportivos y recreativos.

En 1989, sin servicios de GPS disponibles aún y en un contexto de creciente navegación recreativa, la costa norte del Río de la Plata no contaba prácticamente con ninguna boya o baliza. Sucesivos gobiernos nacionales con jurisdicción sobre el Río de la Plata habían prestado atención al denominado canal Mitre, algo más alejado de la costa que el canal Costanero al que haremos referencia especial aquí. No es de extrañar esta atención al canal Mitre, ya que éste vincula al Río de la Plata con el río Paraná, tiene mucha actividad comercial y permite la salida de buena parte de las exportaciones agrícolas argentinas desde los puertos privados de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, así como de ciudades importantes como Rosario o Santa Fe. Esta “atención” al canal Mitre, junto con la necesidad de su dragado para permitir la navegación de buques de gran calado, derivó en un problema para los usuarios del canal Costanero. En éste último la navegación es principalmente deportiva o de placer. Su mantenimiento —dragado y señalización— no solamente fue olvidado por las autoridades respectivas, sino que además el desecho dragado del Mitre generó un peligro adicional en los fondos, debido a la acumulación de tierra. Agréguese a este problema, la suma de cascos a pique sin balizar y una total desactualización de los datos de batimetría (profundidad del agua) y balizamiento en las cartas náuticas. La escasa actividad comercial en este canal —buques areneros, en lo esencial— modificó su recorrido para preferir el canal Mitre, pero las embarcaciones deportivas o de placer no podían evitar el canal Costanero debido a que sus muelles se localizan en sus orillas o en vinculación directa a éste.

Ese “fracaso” del gobierno desató la iniciativa emprendedora. En 1989, los presidentes de dos clubes náuticos —el Yacht Club Argentino y el Club Náutico San Isidro— acordaron establecer una nueva organización, sin fines de lucro, que incluyera a todos los clubes náuticos y marinas privadas del área. El primer paso fue cerrar un acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval para llevar a cabo un informe batimétrico realizado por personal de la agencia gubernamental, y cuyos costos extraordinarios fueron financiados por estos dos clubes privados, promotores de la nueva asociación. El resultado fue una carta náutica —llamada UNEN 1—, luego ampliamente utilizada y fusionada con otras cartas gubernamentales que fueron actualizadas. Es decir, hubo un primer paso efectivo, con el que las dos instituciones emprendedoras “señalizaron” hacia los demás clubes y marinas su compromiso así como el potencial beneficio de las propuestas actividades conjuntas.

Creada la organización sin fines de lucro, llamada Unión de Entidades Náuticas (UNEN),[2] se comenzó a fondear las boyas UNEN 1, UNEN 2 y UNEN 3; también se repararon las balizas 7 a 10 y otras ayudas costeras que ahora permitían a los barcos cruzar el canal Costero con mayor seguridad. Más tarde se localizaron distintos restos de naufragios. El Club Náutico San Isidro (CNSI) donó una embarcación para realizar estas operaciones. La primera boya fue llamada “Pumper Nic”, financiada por una cadena de comida rápida que entonces usaba ese nombre. Luego se renombró UNEN 1 y la organización no ha vuelto a usar publicidad en estos instrumentos, porque las autoridades han requerido que las boyas autorizadas para su colocación tengan las mismas características que tienen las boyas gubernamentales.

En 1994 se construyó una nueva embarcación para realizar estas operaciones en el astillero del CNSI, costeada por esa institución. En ese momento se introdujo un nuevo sistema de financiamiento, con una tasa de “un peso por barco” para cada uno de los clubes miembros. Se posicionaron nuevas boyas en 1996, y la UNEN obtuvo ese año su estatus de asociación civil, en tanto que la embarcación y una lancha adicional se convirtieron en su propiedad.

Hasta el momento de redactar este artículo, a mediados de 2015, la UNEN ha continuado estableciendo ayudas y manteniendo y mejorando las existentes. El sistema funciona de la siguiente manera: la propiedad de las vías navegables es gubernamental, la UNEN solicita permiso para el posicionamiento de una nueva boya al SHN, brindando los detalles precisos de la ayuda y su ubicación; luego la coloca e informa al SHN, que la agrega a la carta náutica. Por lo tanto, tanto el financiamiento como la provisión, excepto la posición en el agua, son privados. ¿Calificaría esto dentro de la categoría 2 de Van Zandt?

Parece ser un caso, uno que su estudio no pudo encontrar: “La única estructura conspicuamente ausente es la provisión privada con una participación estatal mínima (categoría 2)” (Van Zandt 1993, 58).[3] La UNEN también ubica balizas en tierras privadas, tanto de los mismos clubes miembros como de otros propietarios.

Los clubes miembros de la UNEN son 32, más 4 socios adherentes. Entre ellos tienen unos seis mil barcos-usuarios. El free riding de los mismos clubes es fácilmente controlado: Google Earth les permite controlar el número de barcos en cada uno de ellos. Los clubes cobran a cada uno de los propietarios de barcos por el servicio de amarra, lo que puede incluir la tasa de la UNEN en forma explícita o no. No obstante, el cargo es un porcentaje mínimo de la tasa de amarra. ¿Hay free riders? Los directivos de la UNEN estiman que hay unos doce mil barcos en la región, casi todos ellos en marinas y guarderías privadas, aunque algunas de éstas son socias. Esas empresas privadas han mostrado una típica conducta free rider: aceptan los beneficios de los servicios pero han pospuesto o rechazado el pago con diferentes pretextos. Es posible que esa conducta prevalezca en las marinas porque en ellas se guardan principalmente lanchas a motor, de muy poco calado y, por lo tanto, menos expuestas (aunque no exentas) a los riesgos que dieron origen a estas acciones; mientras que en los clubes náuticos predominan los veleros, con un calado mayor y, por lo tanto, usuarios más interesados en los servicios de señalamiento. Ambos usuarios, de clubes náuticos y de marinas, usan las mismas rutas y, si bien no existen datos al respecto, puede suponerse que en la misma intensidad.

¿Acaso la existencia de free riders condena a las soluciones de categoría 2 como ineficientes? Ése es el argumento de Bertrand (2006), aunque, como es habitual en la economía neoclásica, el ideal óptimo está sujeto a la falacia de Nirvana. En el análisis institucional comparativo las figuras ideales sirven para comprender cómo la realidad no es, una vez que se remueven algunos de sus supuestos y se centra la atención en los arreglos existentes.

Block y Barnett consideran este punto, y el caso de la costa norte del Río de la Plata está más cerca de lo que ellos plantean cuando tratan los mecanismos que podrían utilizar los aseguradores para superar este problema (2009,4):

¿Necesita alguna de estas amenazas, o todas ellas, eliminar a todos los free riders posibles? No. Hay muchas empresas que continúan operando sin poder excluir a todos los receptores de cualquier beneficio externo concebible. Por ejemplo, mucho antes de que el gobierno comenzara a subsidiar a la educación superior en los Estados Unidos había miles de estas instituciones enviando ciudadanos educados a la sociedad, beneficiando no sólo a las instituciones y a los estudiantes, sino también a la sociedad en general. De forma similar, los propietarios de faros bien podrían continuar en el negocio sin recibir pagos de todas y cada una de las personas que se benefician de sus actividades comerciales.

Los clubes en sí mismos son un mecanismo institucional que reduce el problema de free riding, ya que es más factible obtener el acuerdo de 36 clubes de lo que sería obtenerlo de los seis mil propietarios de embarcaciones si no formaran parte de ellos. Ese acuerdo entre clubes se facilita, además, por la continua relación que ellos mantienen entre sí, tanto para considerar problemas que tengan en común, como también de la simple interacción que producen las actividades deportivas (regatas). Esta interacción va generando vínculos que reducen los costos de transacción.

Nuevamente, los resultados de la UNEN deberían compararse con la situación existente antes de 1989, bajo la estricta responsabilidad gubernamental. ¿Sería una solución de la categoría 3 de Van Zandt —provisión privada con un gobierno que establece tasas, otorga monopolios y asegura la recaudación— más eficiente? Podría argumentarse que si se aplicara una tasa obligatoria a esos 12 mil free riders, algo que el gobierno podría hacer con su poder de coerción, se generarían más recursos y se abriría la puerta a más servicios. Pero, por supuesto, ésta es una alternativa hipotética. Y bien puede suceder que el lobby y el favoritismo político terminen financiando otro tipo de gastos no relacionados. La UNEN ha resistido esta tentación hasta el momento y no ha requerido la intervención gubernamental.

Algo de esta naturaleza ocurrió con otra obra en la región: el dragado del canal Costanero. El gobierno local, la Municipalidad de San Isidro, implementó un canon que pagan los clubes en proporción a la cantidad de barcos en cada uno de ellos. Sin embargo, hoy son los mismos clubes los que tienen que ocuparse de esta tarea y, luego de hacerla, reciben una devolución pequeña de los costos involucrados, aunque la obra es luego presentada como un ejemplo de colaboración “público-privada”.[4]

Otra solución hipotética al problema de los free riders sería algún desarrollo tecnológico-empresarial que permita su exclusión. Algunos han mencionado la posibilidad de que las boyas y balizas se enciendan cuando son activadas por medio de un código, a través de teléfonos celulares o radio. Soluciones como éstas tienen una larga historia, y van desde el alambrado para determinar la propiedad de la tierra y el ganado, hasta la acuicultura (donde se delimitan porciones del océano, lagos o ríos) o el encriptado de señales satelitales que deben ser decodificadas por el usuario que paga.

Foldvary considera una innovación “institucional”, a través de la asignación de derechos de propiedad en las vías de agua: “Si el área acuática cercana al faro fuera un espacio de propiedad privada, o si la agencia gobernante asignara tales derechos, entonces todo el que ingresara sería un invasor a menos que fuera explícitamente bienvenido. Las señales de radar, sonar y electrónicas pueden detectar la presencia de invasores, y alertarles por radio que están ingresando en una zona privada, que requiere un pago. Si el bote o barco persiste en su ingreso, entonces se señaliza y el propietario privado podría multar al invasor más allá de los cargos habituales” (2003, 3). En este caso, el cobro de la tasa por servicios podría ser realizada por la UNEN, si tuviera el derecho de excluir a quienes no paguen. Existe, de hecho, una solución de este tipo en las cercanías: el canal comercial del río Paraná ha sido concesionado a una empresa privada que cobra peaje a los usuarios.

Otra posibilidad, totalmente diferente, es que tanto las boyas como las balizas se vuelvan obsoletas a través del uso generalizado del GPS y el piloto automático.

OTROS EJEMPLOS EN LA ZONA

La costa norte del Río de la Plata muestra también otros ejemplos de provisión y financiamiento privado de bienes considerados como “públicos”.

El Puerto de San Isidro es propiedad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, como muchos otros, se encuentra desatendido y abandonado. El canal que permite ingresar en él, sin embargo, es utilizado por distintos clubes náuticos y por la guardia costera nacional, llamada Prefectura Naval (ver foto 1). Pese a esto, su dragado y mantenimiento son realizados por el Club Náutico San Isidro (CNSI), ubicado en el margen izquierdo de la boca del canal hacia el Río de la Plata, con su propio presupuesto y alguna ayuda eventual de la Prefectura. Este dragado comenzó en 1922 y continuó en los años siguientes gracias a la donación de un bote por el gobierno local y a la donación de bombas por una compañía importadora. Muchos años después, la UNEN construyó una baliza en la desembocadura del canal.

Este dragado es de fundamental importancia no solamente para los barcos de los socios del CNSI, sino también para los del Club de Veleros de San Isidro —que se encuentra en la zona—, muchos otros propietarios de barcos amarrados en el puerto con permiso municipal y la misma Prefectura Naval, cuyos propios barcos no podrían salir del puerto si no se realizara esta tarea de dragado. Incluso, en más de una ocasión las autoridades de esta agencia gubernamental han solicitado al CNSI el dragado del canal, ya que sus embarcaciones se encontraban con problemas para salir hacia el Río de la Plata. Es decir, tenemos aquí una organización privada realizando el mantenimiento de una propiedad pública, para su propio uso, por cierto, pero también para el de otros y de la misma agencia gubernamental de control de las costas y ríos.

El espigón rompeolas del canal tiene también una larga historia de provisión privada. Fue construido por el CNSI en 1915. El Informe de la Comisión Directiva del Club en aquel año dice:

… se decidió la construcción de un espigón rompeolas. La Comisión intentó por todos los medios conseguir el apoyo de los gobiernos nacional y provincial, proveyendo las rocas necesarias para este trabajo, pero fue imposible, y considerando el reducido presupuesto disponible solicitó el transporte a distintas empresas, aunque fue difícil pagar por el material. Finalmente, gracias a la gratitud del socio Arturo O’Connor, quien vendió las rocas a su costo, pagando él mismo los impuestos y la mano de obra, conseguimos 435 toneladas para realizar el trabajo. (CNSI 2011)

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La construcción del espigón por parte del CNSI se explica porque su existencia deriva en un beneficio directo para este club, ya que éste, en el margen occidental del canal que conecta el Puerto de San Isidro con el Río de la Plata, protege su propia costa en la orilla opuesta. No obstante, esa construcción genera también beneficios a los demás clubes con sede dentro de la zona del puerto e, incluso más, es aprovechado por la población como lugar de pesca recreativa. De esta forma, el gobierno municipal puede ofrecer un lugar de acceso gratuito a la orilla del río, para la pesca o la recreación, y la Prefectura Naval se favorece con una barrera que protege al canal de salida del puerto por el que inevitablemente tienen que navegar sus propios barcos. Nuevamente, hay free riders sobre los beneficios que genera el espigón, que incluyen al mismo gobierno y su Prefectura, pero en este caso el beneficio directo al CNSI ha sido suficiente como para generar su construcción.

Foto 1 : CANAL DE PUERTO SAN ISIDRO

1: Espigón rompeolas

2: Club Náutico San Isidro

3: Prefectura Naval

4: Puerto San Isidro.

Las diferentes soluciones desarrolladas para el boyado UNEN y para el canal de acceso al puerto podrían explicarse por el grado de concentración de los beneficios, ya que en el primer caso los beneficiados directos eran muchos (los clubes miembros de UNEN) y, en el segundo, el beneficio principal recaía en uno solo (el CNSI).

ALGUNAS CONCLUSIONES

El debate sobre los faros se ha convertido en un elemento central de la teoría económica, ya que refiere a las características de distintas asignaciones de derechos de propiedad y qué tipo de marco institucional puede permitir la provisión de servicios caracterizados por limitaciones para excluir a quienes no paguen (lo que genera potenciales conductas de free riders).

Dichos marcos deben tomar en cuenta cuestiones relacionadas con el financiamiento y la provisión, y usualmente se ha considerado que las opciones posibles para este tipo de servicios se encontraban dentro de las categorías 3 a 5 en la clasificación de Van Zandt, es decir, donde el financiamiento es compulsivo y la provisión, privada hasta donde el financiamiento y la provisión son gubernamentales. Aunque algunos autores han considerado soluciones hipotéticas que pudieran ser clasificadas en la categoría 2, e incluso en la 1, no se pensaba que existieran casos de ese tipo y tan sólo se mencionaban algunos en la antigüedad, para los cuales no existía demasiada evidencia histórica.

El caso de la UNEN en la costa norte del Río de la Plata presenta un ejemplo vivo, cuyo funcionamiento puede ser evaluado en el presente y podrá serlo en el futuro. Llena el vacío de casos para la categoría 2, la que, pese a ser descartada por muchos autores, muestra su factibilidad. No es una situación perfecta, por supuesto, pero es superior a la previamente existente.

Este caso deja pendientes algunas preguntas de investigación para el futuro: ¿Será necesario resolver finalmente el problema de los free riders o continuará la solución voluntaria, como en el presente? ¿Surgirá un nuevo arreglo institucional que reemplace al actual para reducir a los free riders? ¿O lo hará el avance tecnológico? ¿Evolucionará el presente arreglo hacia otro con mayor definición de derechos de propiedad privada? Finalmente, ¿cuánto de esta solución de categoría 2 debe su existencia al fracaso de la categoría 5?

El financiamiento y la provisión de ayudas a la navegación por parte de la UNEN en la costa norte del Río de la Plata nos presenta un laboratorio donde se podrá evaluar la evolución de un determinado marco institucional.

REFERENCIAS CITADAS

Barnett, William & Walter Block. 2007. “Coase and Van Zandt on Lighthouses”. Public Finance Review 55 (6): 710-33.

Bertrand, Elodie. 2006. “The Coasean Analysis of Lighthouse Financing: Myths and Realities”. Cambridge Journal of Economics 30: 389-402.

Block, Walter. 2011. “Rejoinder to Bertrand on Lighthouses”. Romanian Economic Business Review 6 (3): 49-67.

Block, Walter & William Barnett. 2009. “Coase and Bertrand on Lighthouses”. Public Choice 140 (1-2): 1-13.

Carnis, Laurent. 2013. “The Provision of Lighthouses Services: A Political Economy Perspective”. Public Choice 157 (1-2): 51-6.

Club Náutico San Isidro, CNSI. 2011. “Rasgos de nuestra costa”. Náutico 277 (agosto).

Coase, Ronald H. 1937. “The Nature of the Firm”. Economica 4 (16): 386-405.

———. 1959. “The Federal Communications Commission”. Journal of Law and Economics 2: 1-40.

———. 1960. “The Problem of Social Cost”. Journal of Law and Economics 3: 1-44.

———. 1974. “The Lighthouse in Economics”. Journal of Law and Economics 17 (2): 357-76.

Demsetz, Harold. 1969. “Information and Efficiency: Another Viewpoint”. Journal of Law and Economics 12 (1): 1-22.

Foldvary, Fred. 2003. “The Lighthouse as a Private-Sector Collective Good”. En The Half-Life of Policy Rationales: How New Technology Affects Old Policy Issues, editado por Fred Foldvary & Daniel Klein (New York: New York University Press). http://www.independent.org/publications/working_papers/article.asp?id=757/.

Lindberg, Erik. 2009. “The Market and the Lighthouse: Public Goods in Historical Perspective”. Presentación en la Economic History Society Annual Conference, 3-5 de abril, University of Warwick.

Mill, John Stuart. (1848) 1909. Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, 7ª ed. (London: Longmans Green & Co.). http://www.econlib.org/library/Mill/mlPCover.html.

Põder, Kare. 2010. “The Lighthouse in Estonia: The Provision Mechanism of ‘Public Goods’”. En Discussions on Estonian Economic Policy XVIII, editado por Matti Raudjärv, 323-347. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag. http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2010/2010.pdf

Samuelson, Paul A. 1954. “The Pure Theory of Public Expenditure”. The Review of Economics and Statistics 36 (4): 387-389.

Trinity House. “A Brief History of Trinity House”. http://www.trinityhouse.co.uk/pdfs/info-sheets/a_brief_history_of_trinity_house.pdf.

Van Zandt, David E. 1993. “The Lessons of the Lighthouse: ‘Government’ or ‘Private’ Provision of Goods”. The Journal of Legal Studies 22 (1): 47-72. EP

Notas

[1] Merece transcribirse la definición de Demsetz: “Esta visión que ahora prevalece implícitamente en muchas políticas públicas presenta a las alternativas relevantes como una elección entre un arreglo ideal y otro existente e ‘imperfecto’. Este enfoque de Nirvana difiere mucho de uno basado en el análisis institucional comparativo, en el cual la elección relevante es entre arreglos institucionales reales”.

[2] Ver http://www.boyadounen.com.ar/.

[3] Podría discutirse si el ejemplo de balizas y boyas aquí planteado resulta distinto del caso de los faros analizado por los autores clásicos, de los que Van Zandt no encontrara una solución de tipo 2. Sugiero que no son diferentes en los términos clásicos de la definición de bienes públicos, es decir, de exclusión y no rivalidad en el consumo, que se aplican a ambos. Existen diferencias en cuanto al número de usuarios, sus características y la intensidad de uso, pero en este caso uno parece compensar a otro. En el caso de los faros analizado por Coase son pocos usuarios, pero con supuesta alta valoración de los servicios de los faros, dada su actividad comercial, aunque baja intensidad de uso; en el de las balizas y boyas de la costa norte del Río de la Plata la valoración puede que sea menor, ya que no son barcos de uso comercial, con intensidad de uso algo mayor. La menor valoración parece compensarse con el uso más intenso y su agrupación en clubes reduce el número de negociadores a uno, lo que tal vez es similar al de armadores de buques que Coase estudió en el origen del sistema de señalización de la corona británica.

[4] Por ejemplo: http://www.periodicoparatodos.com.ar/actualidad/nota_286.htm; http://msiprensa.blogspot.com.ar/2010_04_18_archive.html; http://sanisidro.gob.ar/media/2012/10/BOLETIN-OFICIAL-N%C2%B0-779-_2da.-de-ENERO_.pdf (Decreto 110); http://elnavegantedeltatour.blogspot.com.ar/2013/04/tasa-por-fondeaderos-y-mantenim-iento.html; y http://sanisidro.gob.ar/media/2013/01/ORDENANZA-FISCAL.pdf (pág. 163 en adelante).

ENSAYO

MILTON FRIEDMAN Y SUS VISITAS A CHILE

Leonidas Montes

Universidad Adolfo Ibáñez

Leonidas Montes. Doctor en economía de la Universidad de Cambridge. Ingeniero civil industrial, licenciado en filosofía y magíster en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 2009 y 2014 fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde actualmente es profesor titular. Miembro del consejo directivo y del comité ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP). Email: leonidas.montes@uai.cl.

Las traducciones del inglés son responsabilidad del autor.

Resumen: Este ensayo describe las principales circunstancias, hechos y consecuencias de las dos visitas que realizó Milton Friedman a Chile, en 1975 y 1981. El texto analiza ambas visitas y pone especial énfasis en la relación entre libertad económica y libertad política que desarrolla Friedman.

Palabras clave: Milton Friedman, Chicago Boys, Guerra Fría, Pinochet, libre mercado, inflación.

MILTON FRIEDMAN AND HIS VISITS TO CHILE

Abstract: This essay describes the main circumstances, facts and consequences of Milton Friedman’s two visits to Chile, in 1975 and 1981. Both visits are analyzed and the relationship between economic freedom and political liberty developed by Friedman is emphasized.

Keywords: Milton Friedman, Chicago Boys, Cold War, Pinochet, free market, inflation.

Este ensayo reconstruye las visitas de Milton Friedman a Chile —marzo de 1975 y noviembre de 1981— y algunas consecuencias de su relación con el país. La primera sección brevemente esboza algunos episodios de nuestra historia reciente que sirven de telón de fondo para comprender la posición de Milton Friedman y su percepción de la realidad chilena. En la segunda sección se narra, usando la cobertura en la prensa nacional, sus entrevistas y los archivos de Friedman, su visita de 1975. La tercera sección destaca su charla titulada “La fragilidad de la libertad”, que fue dictada en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la sección cuatro se analizan algunas reacciones en el extranjero después de su visita. La quinta sección cubre sucintamente su visita de noviembre de 1981 para asistir al encuentro regional de la Mont Pèlerin Society que se realizó en Viña del Mar. En esta sección se sugiere que su experiencia y su relación con Chile influyeron en su pensamiento acerca de la relación entre libertad económica y libertad política.

1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y ECONÓMICO

Las teorías del desarrollo promovidas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) fueron muy influyentes en Latinoamérica y particularmente en Chile. De hecho, en 1948 la Cepal se estableció precisamente en Santiago.[1] El argentino Raúl Prebisch se convirtió en su principal figura y líder intelectual.[2] Pese a que las teorías estructuralistas, de la dependencia y de la sustitución de las importaciones tienen una larga tradición intelectual que se remonta a la escuela histórica alemana del siglo XIX, ellas se convirtieron en el paradigma del desarrollo para muchos países latinoamericanos. Estas teorías consideraban, en general, que los dos imperativos para el progreso económico eran el proteccionismo y la planificación.

Durante las décadas de 1950 y 1960, la economía chilena mostró una inflación promedio anual del 31,6 por ciento y un moderado crecimiento promedio del PIB per cápita del 1,9 por ciento. En este contexto, donde la preeminencia de la Cepal en temas económicos era evidente tanto en círculos intelectuales como académicos, nace el “Chile Project”. Éste sería el origen de los Chicago Boys.

En 1953, el ciudadano estadounidense Albion Patterson trabajaba, bajo los auspicios de un plan de ayuda de los Estados Unidos, en el Plan Chillán, un proyecto que promovía el desarrollo agrícola. Patterson casualmente conoció a Theodore W. Schultz (Valdés 1995, 109-14; Harberger 2015). Schultz, quien recibiría el Premio Nobel en Economía en 1979, era entonces chairman (equivalente a decano) del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y consejero del National Planning Association (NPA), un proyecto iniciado en 1953 que evaluaba la efectividad de programas de asistencia técnica (Glick 1957, vii-ix; Valdés 1995, 112-5). Y Schultz, a través de Patterson, se interesa por Chile. Así, en 1956, con el apoyo del Point Four Program, se firma un acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago.[3] Este programa —conocido después como el “Chile Project”— incluía apoyo y financiamiento para la enseñanza de economía en Chile y becas de intercambio. Profesores de economía de la Universidad de Chicago enseñarían en Chile, y los mejores estudiantes chilenos seguirían estudios de postgrado de economía en la Universidad de Chicago.

Aunque entre 1956 y 1989 unos cien estudiantes chilenos tuvieron la oportunidad de estudiar economía en la Universidad de Chicago, aproximadamente sólo un cuarto corresponde a los primeros Chicago Boys que fueron financiados por el programa. En esta primera etapa también había algunos jóvenes economistas de la Universidad de Chile, como fue el caso de Carlos Massad. La mayoría de los primeros Chicago Boys realizó un MA (Master of Arts) en economía.[4] De hecho, antes de 1973 sólo seis chilenos siguieron y finalmente obtuvieron su doctorado en economía en Chicago.[5]

Si inicialmente el financiamiento provino de lo que posteriormente se conocería como el USAID (siglas para la United States Agency for International Development), entre 1965 y 1973 el programa con la PUC también contó con el apoyo de la Ford Foundation. Y contrario a lo que se suele argumentar, el apoyo al “Chile Project” fue principalmente técnico y no ideológico o político.[6] La mejor prueba de ello es que los primeros intentos para establecerlo se realizaron con el entonces rector de la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas (Valdés 1995, 114-5). Más aún, después del lanzamiento del programa Alianza para el Progreso de Kennedy en 1961, la institución que recibió por lejos el mayor financiamiento en Chile fue la Cepal.[7] En los años 60, a través del Latin American Institute for Economic and Social Planning (ILPES, por sus siglas en español), la Cepal formó a miles de profesionales en las teorías estructuralistas en boga en ese entonces (ver Hira 1998).

En un comienzo los economistas chilenos educados en Chicago eran considerados una extraña raza intelectual en Chile. De hecho, no fueron influyentes en las administraciones de Alessandri, Frei Montalva o Allende. Por el contrario, en un contexto keynesiano y marxista donde la Cepal era la institución líder en asuntos económicos, sus ideas económicas liberales eran ajenas a la realidad académica, intelectual e institucional del país. En una cultura proteccionista, la visión de una economía abierta y competitiva era considerada radical o, a lo menos, extraña.[8]

Políticamente, Chile estaba dividido en los tres tercios de derecha, centro e izquierda. Jorge Alessandri (1896-1986) fue elegido con el 32 por ciento de los votos para el período 1958-1964. Eduardo Frei Montalva (1911-1982), con el apoyo de su partido y de un amplio espectro de la centro-derecha que temía la llegada de Allende al poder, fue elegido para el período 1964-70 con un mayoritario 55,7 por ciento. Su exitosa campaña, con el motto “Revolución en libertad”, contó con una activa y generosa ayuda del gobierno de los Estados Unidos.[9] En 1970, Salvador Allende, como líder de una coalición de izquierda y centro-izquierda, era candidato presidencial por cuarta vez. Y fue elegido como el primer Presidente marxista con el 36,2 por ciento de los votos. En el apogeo de la Guerra Fría, la revista Time del 19 de octubre de 1970 llevaba en su portada a Allende sobre un fondo rojo, destacando la leyenda: “Marxist Threat in The Americas”. Después de tensas y duras negociaciones, e intentos de la CIA para impedir su ascenso al poder, el 4 de noviembre Allende asume la presidencia y se embarca en una serie de controvertidas reformas estructurales.[10]

Siguiendo el programa socialista, el cobre es nacionalizado con apoyo unánime del Congreso, las expropiaciones fueron drásticamente aceleradas y el Estado comenzó a ejercer un asfixiante control de la economía.[11] De hecho, “a mediados de 1973 el gobierno fijaba y monitoreaba más de 3.000 precios de productos, los precios de los servicios y todas las tasas de interés” (Edwards y Cox 1991, 102). La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) pasó de tener 46 firmas y ningún banco en 1970, a controlar 488 firmas y 19 bancos en 1973, convirtiéndose en un poderoso holding estatal (Edwards y Cox 1991, 95-8).[12] A fines del gobierno de Allende, aproximadamente el 85 por ciento del sector financiero pertenecía al Estado (Larraín y Meller 1991,188), así como el 59,5 por ciento de las tierras agrícolas (Bellisario 2007, 15).[13]

La promoción y la defensa política de las reformas socialistas estaba acompañada de un apasionado y acalorado discurso anti-oligárquico, anti-imperialista y anti-capitalista, donde la lucha de clases era parte de la narrativa de la Unidad Popular. En la famosa y polémica entrevista realizada por Régis Debray, un controvertido marxista que luchó con el Che Guevara en Bolivia y al ser liberado viajó a Chile, Allende sostiene: “Efectivamente, el pueblo chileno escogió el camino de la Revolución y no hemos olvidado un principio fundamental del marxismo: la lucha de clases… En cuanto al Estado burgués dentro del momento actual buscamos superarlo. ¡Sobrepasarlo!” (Debray 1971a, 37-8). Poco más adelante afirma “... se va a agudizar la luchas de clases” (48); y “…yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista” (57).

Como reflejo de la polarización política que se agudizaría aún más bajo el gobierno de la Unidad Popular, en la portada de la primera aparición de esta entrevista de Régis Debray en la revista Punto Final se destacaba en letras rojas: “Lea cómo la Unidad Popular engañó a la Democracia Cristiana”. Esta afirmación se basaba en que Allende, ante una pregunta sobre la necesidad de negociar con la Democracia Cristiana el Estatuto de Garantías Constitucionales, responde: “Sigo convencido que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica” (Debray 1971a, 58).

La entrevista de Allende con Debray fue traducida al inglés, francés, alemán, italiano y holandés.[14] Y algunas secciones fueron reproducidas en diversas revistas internacionales. Este simple hecho es otro ejemplo del interés mundial que generaba el experimento socialista chileno en el mundo y en el contexto de la Guerra Fría. El caso chileno era un proyecto peculiar y único: un Presidente socialista y marxista había llegado al poder no por la vía de las armas, sino por las urnas; no por una revolución, sino por el voto.

Durante 1971 la economía experimentó un crecimiento del 8,9 por ciento, la inflación cayó al 28,2 por ciento y el desempleo alcanzó un histórico 3,8 por ciento. A los ojos del mundo, las medidas socialistas de Allende habían cumplido o, mejor dicho, excedido todas las expectativas. Reinaba una atmósfera de optimismo. Muchos extranjeros viajaban a Chile para ser testigos de esta exitosa y pacífica transición democrática al socialismo. Incluso un escéptico Fidel Castro visitó el país, por más de tres semanas, para ser testigo de este curioso y excepcional fenómeno.[15] El “Camino chileno al socialismo”, que se iniciaba como una revolución democrática e institucional, aparecía como políticamente factible y económicamente exitoso. De hecho, el éxito económico, tan sorprendente como efímero, era promovido y publicitado por el gobierno en el extranjero.[16]

Pero la bonanza no era sostenible. Las políticas económicas de la Unidad Popular desencadenaron un aumento significativo del déficit fiscal,[17] una rápida disminución de las reservas internacionales que había dejado el gobierno de Frei Montalva y una drástica caída de la inversión extranjera. Para mantener el programa económico, conocido como “Plan Vuskovic”, el gobierno imprimió más dinero. Lo importante era la “construcción del socialismo” y la primacía de la política que Pedro Vuskovic, ministro de Economía de Allende entre 1970 y 1972, definía al argumentar que “la política económica está subordinada, en su contenido y forma, a las necesidades políticas del creciente apoyo al gobierno de la Unidad Popular…: un objetivo central es ampliar el apoyo al gobierno” (citado en Collier y Sater 1996, 346).[18] En 1972 la economía comenzó a mostrar evidentes signos de fatiga. Y en 1973 la situación se vio agravada por la escasez y una creciente hiperinflación.

Un alto grado de polarización política en la sociedad, gatillada por las diferencias ideológicas y la situación económica, generó violencia y manifestaciones. A medida que avanzaba el año 1973, una serie de violentos y trágicos incidentes, con muertos y heridos de lado y lado, atizaron la tensión política y social. La intolerancia y el fanatismo no daban respiro. Chile, en su “camino al socialismo”, se había convertido en una sociedad profundamente polarizada.

Un sector culpaba a los enemigos del pueblo, esto es, a los oligarcas, imperialistas, capitalistas y fascistas que incluso eran acusados de crear y promover la escasez. El otro sector culpaba a Allende y su gobierno de la Unidad Popular por el evidente fracaso económico de las políticas marxistas y socialistas. Incluso se temía que la crisis condujera a una guerra civil y algún tipo de totalitarismo socialista o comunista.[19] A medida que la economía se hundía, el ambiente político y social se radicalizaba. En esta atmósfera, el dogmatismo y la intransigencia desplazaban la tolerancia. Como plantean Collier y Sater, se había dañado la convivencia:

Las familias estaban divididas: viejas amistades estaban tensionadas al punto del quiebre, comprensiblemente el buen temperamento se había perdido. En ese momento muchas de las tradicionales virtudes chilenas, sobre todo la virtud de la convivencia, la habilidad de respetar otros puntos de vista, estaban totalmente congeladas. (Collier y Sater 1996, 355)

El 5 de marzo de 1973, antes de las elecciones municipales, el Presidente Frei Montalva declaraba al diario The Times que el gobierno de Allende, “abusando de la ley al usarla de manera arbitraria y contraria a su espíritu, ha tratado de imponer un modelo totalitario étatiste”. Y concluía: “Chile está siguiendo paso a paso el camino de Cuba”. Este diagnóstico era parte del análisis y la percepción de muchos observadores extranjeros, entre ellos Harberger y Friedman, que veían con preocupación la situación en Chile.

Algunos socialistas, sobre todo en el MIR y el PS, percibieron esta aguda polarización como una oportunidad política para consolidar el camino al socialismo, e incluso para promover la revolución armada. Carlos Altamirano, un prominente e influyente socialista, lanzó su famoso eslogan de “avanzar sin transar”. Algunos destacados miembros del gobierno de la Unidad Popular pensaban que la revolución simplemente no podía fallar. Y la derecha junto a un segmento importante de la DC pensaban que el país estaba al borde de una guerra civil que conduciría al comunismo de Cuba.

El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados adoptó una resolución en la que acusaba al gobierno de Allende de no cumplir con las leyes y violar la Constitución. Los puntos 5 y 6 de dicha declaración sostenían que el gobierno pretendía ganar el poder total con el propósito de someter a las personas a un estricto control económico y político del Estado, para alcanzar un sistema totalitarista que se oponía al sistema representativo y democrático establecido por la Constitución. El documento concluye con un llamado para que el gobierno restablezca el Estado de derecho. Dado el tono y el contenido de esta declaración, Collier y Sater argumentan que esta declaración estuvo al borde de ser un explícito llamado para un coup d’état (1996, 356).[20]

En este tenso ambiente político, social y económico, la posibilidad de un golpe militar estaba latente. A fines de junio se produjo el tancazo o tanquetazo. Y unos pocos días después The Times publicaba un artículo titulado “Chile at a Standstill, Waiting for a Coup?” (3 de julio, 1973). Más aún, el 1 de septiembre The Economist publicaba un artículo titulado “Near the Road’s End”, que empezaba con las siguientes palabras: “Sólo las fuerzas armadas de Chile pueden detener la caída del país a la guerra civil”.[21]

A comienzos de septiembre, mientras las negociaciones políticas entre Allende y la Democracia Cristiana no prosperaban, algunos miembros de la coalición gobernante llamaban a la revolución. Y la derecha, mientras tanto, invocaba a los militares. Allende, conocido y admirado por su muñeca política y su compromiso con los medios pacíficos, perdía el control de la situación y de su propia coalición. El 11 de septiembre las fuerzas armadas y Carabineros se unieron para derrocar por la fuerza al gobierno de Salvador Allende. El “Camino chileno al socialismo” había llegado a un abrupto y sangriento final con el simbólico bombardeo de La Moneda. Luego de un trágico y emotivo discurso radial, Allende se suicidó en su oficina presidencial.

Los primeros meses después del golpe fueron particularmente brutales y violentos contra comunistas, socialistas y cualquiera que estuviera vinculado a la izquierda. Se estableció una dura represión política. El Congreso fue cerrado y la prensa internacional reportaba los crímenes y abusos a los derechos humanos.

En términos económicos, la inflación alcanzó al 606,1 por ciento en 1973, la escasez era un problema cotidiano y el preponderante rol del Estado en la economía, una pesada carga que afectaba las cuentas públicas. Las reservas internacionales eran negativas y no había acceso a financiamiento externo. Después del golpe militar no existía claridad respecto a qué camino seguir. Siguieron algunos meses de incertidumbre hasta que se generó cierto consenso sobre la importancia de bajar la inflación, remover algunos controles de precios y gradualmente devolver al sector privado las empresas y tierras confiscadas.

En julio de 1974, Jorge Cauas,[22] un respetado economista democratacristiano que había sido vicepresidente del Banco Central bajo el gobierno de Frei Montalva, fue nombrado ministro de Hacienda. Con amplios poderes, el ministro Cauas enfrentaba un panorama muy adverso, con un bajísimo precio del cobre, un alto precio del petróleo, un elevado déficit fiscal y la inquietud de los bancos internacionales, preocupados por sus créditos a Chile. Y pese a que la inflación había bajado desde su punto más alto en 1973, en 1974 llegaría al 369,2 por ciento. En esta atmósfera, el ministro Cauas, apoyado por un grupo de Chicago Boys, implementó el “Plan de recuperación económica” para controlar la inflación y enfrentar el preocupante déficit fiscal. Éste fue anunciado el 24 de abril de 1975, sólo un mes después de la primera visita de Milton Friedman a Chile.

Como recordaría Friedman:

Durante el primer año y medio los generales no hicieron casi nada con las propuestas [se refiere a “El ladrillo”]. En cambio, pusieron a militares a cargo de revertir el daño que Allende había hecho. No es sorprendente que los militares hayan sido en gran medida ineficaces. En 1975, cuando la inflación todavía azotaba al país y una recesión mundial gatillaba una depresión en Chile, el general Pinochet se volvió a los “Chicago Boys” (…) y nombró a muchos de ellos en poderosas posiciones de gobierno. (Friedman y Friedman 1998, 398).

Aunque los Chicago Boys alcanzarían su real preeminencia una vez que Sergio de Castro asume como ministro de Hacienda a fines de 1976, ya eran influyentes desde el comienzo. Aparentemente todos los líderes de las fuerzas armadas tenían una copia de “El ladrillo” sobre su escritorio el día después del golpe (Fontaine 1988, 20; Arancibia y Balart 2007, 154-63). Este programa, que nació como una propuesta para la candidatura de Jorge Alessandri, resumía el plan para liberalizar la economía usando políticas de libre mercado. Pero faltaba un último impulso. Aunque el “Plan de recuperación económica” ya se encontraba diseñado por un grupo de Chicago Boys y aprobado por la junta militar, la visita de Friedman, en marzo de 1975, contribuiría para promover el proceso de liberalización de la economía.

2. LA VISITA DE 1975

Milton Friedman llegó a Santiago con su esposa, Rose Friedman, Arnold C. Harberger y Carlos G. Langoni el jueves 20 de marzo de 1975.[23] Habían sido invitados a Chile por la Fundación de Estudios Económicos, una entidad privada que dependía del Banco Hipotecario de Chile (Friedman y Friedman 1998, 398-9).[24] Al día siguiente, el viernes 21 de marzo, Friedman, Harberger y Langoni tuvieron un encuentro con Pinochet: “La reunión se prolongó desde las 17:30 hasta las 18:15 aproximadamente” (El Mercurio, sábado 22 de marzo, 1975; Friedman y Friedman 1998, 399). El Mercurio también reporta que durante el día viernes y el sábado en la mañana los economistas se reunieron con autoridades públicas y representantes del mundo privado. El sábado viajaron a Viña del Mar, visitando en el camino “establecimientos agrícolas del sector reformado y del sector privado” (El Mercurio, ídem). Pasaron la noche en Viña del Mar. Y el domingo, antes de regresar a Santiago, Milton Friedman daría su primera charla en la Universidad Técnica Federico Santa María.[25]

Durante esta visita, Friedman dio pocas entrevistas. La primera apareció en El Mercurio, el sábado 22 de marzo. Friedman habló del problema de la inflación en Estados Unidos, calificando la situación como un proceso de “inflación interrumpida” que ha generado “recesiones temporales.” A su juicio, la inflación en Estados Unidos seguiría siendo elevada. Y a propósito de las preocupaciones sobre una crisis energética provocada por los elevados precios del petróleo, declaró que no existía problema alguno, ya que sería sólo una crisis temporal generada por el cartel petrolero. Arguyó que en el largo plazo todos los arreglos para subir precios, como era el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), finalmente jugarían en contra del cartel ya que existía abundancia de petróleo en el mundo. También se refirió al sistema financiero internacional y habló del desempleo y de la tasa de crecimiento de los Estados Unidos. Y concluyó su entrevista esbozando algunas ideas acerca de la inconveniencia de las políticas redistributivas. Pero no dijo nada acerca de Chile.

La siguiente entrevista fue publicada el domingo 23 de marzo. En la página principal de El Mercurio apareció Friedman sentado junto a Harberger y Langoni. Y pese a que el diario destacaba que los tres economistas se “mostraron reticentes a dar a conocer sus puntos de vista [acerca de Chile] antes de sus conferencias formales”, Friedman habló. El periodista le preguntó por la situación de Chile como si se tratara la de un enfermo. Friedman contestó: “Puedo asegurar que el paciente es muy fuerte. Pienso que su enfermedad es temporal y mi diagnóstico es que el paciente sufre del virus ‘déficit fiscal’ con complicaciones de tipo monetario”. Al ser consultado por el remedio para dicha enfermedad, afirmó: “La economía social de mercado es la única medicina. Absolutamente. No existe otra. No hay otra solución a largo plazo. Ningún país en el mundo ha tenido éxito en mejorar el nivel de su economía por algún otro método que no sea el del mercado libre”. En relación a los costos sociales de estas políticas, Friedman remató:

Indudablemente que hay costos. Pero desafortunadamente no hay otra alternativa. De todos modos, considero que la situación actual de Chile es mucho mejor que la de hace 18 meses. Posiblemente podía haber mejorado más, pero cuando el país se encuentra enfermo no hay solución fácil. El oxígeno, en el presente caso, serviría para congestionar más al enfermo en vez de curarlo. La política de ir aplicando paliativos en vez de amputar las partes enfermas entraña el peligro de que el costo final puede ser más grave que el mal que se quiso evitar. La alternativa que, a mi juicio, enfrenta Chile es una tasa muy alta de desempleo temporal o un período largo de alto desempleo. Cuando uno está enfermo, sólo puede escogerse entre el mal mayor o el menor. (El Mercurio, domingo 23 de marzo, 1975).

Es importante notar que tanto Friedman como Harberger usaban diversas metáforas aplicadas a la economía, y en particular la metáfora del economista cumpliendo el rol de un médico.[26] De hecho, Friedman, al responder a las reacciones que generaría su visita a Chile, insistiría una y otra vez que él como economista visitaba y diagnosticaba a países con problemas de inflación tal como lo haría un médico con un paciente enfermo. En el fondo, está subyacente su idea de que la economía es una ciencia, una tesis defendida en sus influyentes y controvertidos Essays in Positive Economics (1953).

Finalmente, cuando se le preguntó si el bajo precio del cobre ha afectado el ritmo de desarrollo económico, Friedman cerró la entrevista diciendo: “Pienso que los problemas de Chile son made in Chile” (ibídem).

Los seminarios de la Fundación de Estudios Económicos se iniciaron el lunes 24 de marzo. Langoni abrió el ciclo refiriéndose al éxito de las reformas en Brasil después de seguir políticas de libre mercado.[27] El martes, Harberger, quien ya había estado tres veces en Chile en los últimos nueve meses, dio su diagnóstico acerca de la situación chilena.[28] Friedman cerró el seminario con su análisis de la economía chilena el día miércoles.[29] De acuerdo a El Mercurio, Friedman dijo que “la causa inmediata de la inflación es siempre una consecuencia del mayor incremento de la cantidad de dinero que de la producción, y éste es claramente el caso chileno” (El Mercurio, jueves 27 de marzo, 1975). Agregó que “la única manera de que Chile pueda terminar la inflación es poniendo fin en forma drástica al déficit fiscal, preferentemente reduciendo el gasto público”. Y apeló al famoso shock treatment para Chile, usando como ejemplo lo que hicieron Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Esto implicaría “la eliminación de controles sobre precios y salarios, reforzamiento de la situación fiscal para eliminar el déficit presupuestario, y mantenimiento de un límite muy estricto sobre la cantidad de dinero” (ibídem). Friedman también hizo un llamado para eliminar los excesos de ceros en los billetes “como medida psicológica”, no emitir más dinero, reducir el gasto fiscal en 20 o 25 por ciento como mínimo y suprimir “las medidas restrictivas que impiden el surgimiento de un sector privado fuerte y dinámico” (ibídem).

Friedman dio dos entrevistas más, a las revistas Qué Pasa (número 206, 9 de abril, 1975) y Ercilla (número 2070, 4 de abril, 1975). En la portada de Qué Pasa, titulada “Raquetazos en la política económica”, Friedman apareció jugando tenis en el hotel Sheraton de Santiago. El artículo comienza afirmando que los “expertos” se han reunido en privado con “distintos integrantes del equipo económico del Gobierno, y además con militares y ejecutivos de las empresas públicas”. También se plantea que el “tratamiento de shock” ya se encontraba en curso “antes de la venida de los expertos”. Agrega: “Como consuelo para quienes estimen el ‘shock’ demasiado violento, añadiremos que él se impuso a otro similar, pero mucho más duro, propuesto por algunos de los asistentes al ‘cónclave’ económico” (Qué Pasa, número 206, 9 de abril, 1975).

Esto es importante por dos razones. En primer lugar, la referencia a la existencia de un shock menos duro refleja la resistencia que todavía generaban las propuestas de los Chicago Boys por parte de los llamados “gradualistas”. En segundo lugar, la literatura erróneamente ha asumido que el “tratamiento de shock” fue inspirado e implementado por Friedman (por ejemplo, Grandin 2006; Klein 2007; Mirowski y Plehwe 2009).[30] Pero el “Plan de recuperación económica”, públicamente anunciado justo un mes después de la primera visita de Friedman a Chile, ya había sido desarrollado por los Chicago Boys y aprobado por la junta militar. De hecho, cuando Friedman le escribe la famosa carta a Pinochet del 21 de abril de 1975 con sus recomendaciones —ésta recién se publicaría en 1998 en Two Lucky People—, Pinochet, con fecha 16 de mayo de 1975, le responde:

Las valiosas aproximaciones y evaluaciones recogidas de un análisis del texto de su carta coinciden en la mayor parte con el “Plan de recuperación económica” propuesto por el ministro Jorge Cauas. El Plan está siendo completamente aplicado en estos momentos —un plan sobre el cual tenemos altas expectativas para mejorar la economía chilena. (Friedman y Friedman 1998, 594)

El artículo de Qué Pasa continúa resumiendo las propuestas de los tres expertos: Friedman, Harberger y Langoni. Para Harberger el diagnóstico se mantenía: “Problema: inflación. Modo de producirse: expansión monetaria. Causa básica: enorme déficit fiscal”. Recomienda rectificar y sanear la situación fiscal postergando gastos, creando un nuevo esquema tributario para recaudar, usando recortes presupuestarios y subiendo los ingresos mediante el aumento de los precios de ciertos productos como petróleo, cemento y acero. Friedman nuevamente recalca el origen monetario y fiscal de la inflación, aboga por la necesidad de un shock treatment tal como se hizo en Japón y Alemania después de la Segunda Guerra, ataca los controles de precios y salarios y sugiere algunas medidas como eliminar los ceros de los billetes, un préstamo interno de “estabilización”, liberalizar el mercado de capitales, la movilidad laboral y facilitar la importación y exportación de mercaderías. Langoni usa el ejemplo de Brasil, argumentando que el crecimiento “milagroso” de ese país fue consecuencia de la aplicación del “tratamiento de shock”. Sus propuestas son una reforma tributaria, creación de mercado de capitales y apertura al comercio exterior.

El reportaje de Qué Pasa también adelanta algunas de las medidas que ya habían sido acordadas. Continúa con una columna de Emilio Sanfuentes[31] titulada “Langoni, Harberger, Friedman” y termina con una entrevista a Milton Friedman. En la introducción de esta última, se refieren a Friedman como el padre de la “Escuela de Chicago” y como un “ferviente partidario de la economía de mercado, [que] no vacila en recorrer el mundo entero a fin de propagar sus ideas. Chile no fue una excepción. Al revés, igual que un médico que estudia una enfermedad grave, Milton Friedman estaba interesado en analizar a fondo las causas de la inflación chilena” (Qué Pasa, número 206, 9 de abril, 1975). Al comienzo de la entrevista Friedman aclara: “[la inflación] es un tema que me ha preocupado durante mucho tiempo, y tenía especial curiosidad por visitar un país donde la inflación pasa por un período realmente grave”. En efecto, Friedman, una eminencia académica mundial en temas de inflación, política fiscal y monetaria, visitaría y diagnosticaría a muchos países con la misma “enfermedad”.

En seguida contesta varias preguntas sobre sus diferencias con John Kenneth Galbraith y Paul Samuelson, las condiciones políticas y sociales para aplicar sus ideas, el calificativo de su pensamiento como reaccionario, el rol de los poderosos en un mercado libre, el supuesto éxito de la Unión Soviética y su opinión de la situación en Estados Unidos. Pero sólo las dos últimas preguntas se refieren a Chile. Friedman dice que la economía chilena es una economía mixta y sugiere que Chile debe seguir el ejemplo de Hong Kong, Singapur y Taiwán. Finalmente, la periodista, Magdalena Cruzat, le pregunta si considera que Chile está siguiendo sus ideas económicas. Friedman cierra la entrevista contestando:

Mi impresión es que el gobierno ha tomado numerosas medidas conforme a las teorías económicas de un mercado libre. La pregunta es si aquéllas han ido lo suficientemente lejos, si han abarcado lo necesario para corregir la naturaleza y gravedad del mal. Pienso que cuando uno tiene una enfermedad grave, se requieren medidas aún más graves para sanar. (Ibídem)

La entrevista en revista Ercilla, realizada por la periodista María Olivia Monckeberg y titulada “Los consejos del profesor”, es más crítica y provocativa. Friedman sostiene que los dos desafíos de Chile son el control de la inflación y establecer una economía social de mercado. Declara: “Es necesario, urgente controlar la inflación ahora. Para eso deben reducir todo el presupuesto fiscal en un 20 a 25 por ciento en todos los rubros. Es un tratamiento de shock, la única salida” (Ercilla, número 2070, 4 de abril, 1975).

Además, en esta entrevista se revelan algunos de los consejos que Friedman le habría dado a Pinochet:

Preocúpese de la imagen interna no más, Presidente. Procure que las empresas internacionales encuentren aquí una buena tierra para sembrar y nada más.

Chile es como un enfermo del corazón. Aunque viva en una casa calefaccionada o en la calle, la enfermedad persiste. Si a Chile le baja o sube el precio del cobre, su enfermedad continúa (en la conferencia del miércoles en la tarde agregó que este mal se remontaba a más de cuarenta años y que el culpable era el progresivo estatismo).

No vendrán jamás capitales del exterior si continúa la inflación de un 400 por ciento anual. El problema hay que cortarlo de raíz como la cola de un perro. Se le corta “al tiro” entera y no de a poco. Se sufre más si va de a poco. Si se para la inflación drásticamente, habrá sufrimiento por tres meses hasta que se genere la dinámica que haga despegar la economía. De a poco se sufre más y durante años sin llegar a nada. (Ibídem)

Friedman también habla de la libre competencia en el mercado laboral, la libertad y el comercio exterior, la eliminación de controles de precios y las privatizaciones. Y ante una larga pregunta final, Milton Friedman, fiel a su estilo, termina la entrevista contestando: “Silly question”.[32] La entrevista finaliza con algunas reflexiones de María Olivia Monckeberg respecto a si la receta de Chicago es la única posible, citando algunas críticas a Friedman de Paul Samuelson y el economista francés Francois Perroux.

Después de una semana en Chile, Milton Friedman volaría el jueves 27 de marzo con su esposa, Rose, rumbo a Australia (El Mercurio, jueves 27 de marzo, 1975).

3. SUS CLASES PÚBLICAS: “LA FRAGILIDAD DE LA LIBERTAD”

Además de su charla principal en la Fundación de Estudios Económicos, Friedman dio una clase magistral sobre inflación y política monetaria en la Escuela de Negocios de Valparaíso (ver nota 25). Pero también dictó su polémica charla titulada “La fragilidad de la libertad” en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Mercurio escuetamente reporta que el martes 25 de marzo Milton Friedman dio la charla titulada “La fragilidad de la libertad” en la Universidad de Chile (El Mercurio, miércoles 26 de marzo, 1975). Pero al día siguiente, el miércoles 26 de marzo, también dictó la misma charla en la Católica. En relación a esta última, La Segunda escribió que “en una de las partes centrales de su exposición se refirió a la condición que impone la libertad económica sobre la libertad política, citando antecedentes históricos” (La Segunda, 26 de marzo, 1975). El reportaje sólo agrega que respondió “una serie de preguntas del público” (ibídem).

En Two Lucky People (1998), Friedman recuerda ambas charlas, y cita parte de las notas personales que escribió después de su visita a Chile:[33]

Me desvié del tema principal de mis otras charlas que tenían que ver con la inflación y hablé de la fragilidad de la libertad, enfatizando la rareza de las sociedades libres (…) y el rol que jugaba la emergencia de un Estado de bienestar en la destrucción de una sociedad libre. La línea general que había tomado —que las actuales dificultades eran en gran parte consecuencia de la tendencia de los últimos cuarenta años hacia el colectivismo, el socialismo y el Estado de bienestar, que éste era el curso que había dañado y no había ayudado al pueblo, y que esta tendencia conducía a la coerción y no a la libertad— fue obviamente, a juzgar por la reacción, casi completamente nueva para ellos. Al escuchar la charla había una actitud de shock que se había permeado en ambos grupos de estudiantes. (Friedman y Friedman 1998, 400)

En el contexto político de ese entonces, la actitud de shock entre los estudiantes y la poca atención que estas dos clases recibieron por parte de la prensa no resultan sorprendentes.

Pero lo que ha sido frecuentemente ignorado es el contenido y las implicancias de “La fragilidad de la libertad”, pese a que existen tres reproducciones de esta charla que se editaron inmediatamente después de su visita a Chile.[34] En su primera publicación, Friedman usa a Chile como un ejemplo de esta fragilidad:

Al principio estaba el régimen de Allende con su amenaza de una dictadura de izquierda; entonces vino una contrarrevolución con los militares tomando el poder y el establecimiento de una junta, que estaba muy lejos de una sociedad libre. También es una sociedad autoritaria que niega las libertades del pueblo en el sentido de las democracias anglosajonas. (Friedman 1976a, 9)

La versión más breve, que apareció al año siguiente en el Reader’s Digest, es similar en este punto:

Hoy día Chile ha perdido su libertad y es gobernado por un régimen autoritario. En mi opinión, sus problemas se originaron unos 50 o 60 años antes, cuando Chile se convirtió en uno de los primeros países en implementar un Estado de bienestar (…). Para controlar al pueblo, el régimen de Allende amenazaba con una dictadura de izquierda. Una contrarrevolución siguió y una junta autoritaria fue establecida por los militares. En ambos casos, Chile perdió su libertad. (Friedman 1977, 110-1)

En las dos charlas que Friedman dictó en la Universidad de Chile y la Universidad Católica habría sido consistente con sus ideas. Y también provocativo dada la situación política del momento. Su habitual argumento de la libertad económica como condición necesaria para la libertad política fue un importante tema discutido durante la charla y las preguntas y respuestas que le siguieron. Ciertamente este argumento de la causalidad pudo impactar, como Friedman más tarde recordaría, a muchos estudiantes en Chile (Friedman y Friedman 1998, 400).

El compromiso de Milton Friedman con la democracia y la libertad política es reconocido. En su Capitalism and Freedom (1962) ya había sostenido que “… la libertad económica es también un medio indispensable para alcanzar la libertad política (…). El tipo de organización económica que mantiene la libertad económica, esto es, el capitalismo competitivo, también promueve la libertad política porque separa el poder económico del poder político” (Friedman 1962, 8-9). Conviene agregar este testimonio de Deirdre McCloskey, quien fuera su estudiante y después profesor de “precios”[35] en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago:

Cuando [a comienzos de los años 70] el Shah de Irán propuso entregar a la Universidad de Chicago un monto importante de dinero para una cátedra en Economía para así poder enviar a buenos estudiantes de postgrado a Chicago, como fue el caso de Chile y Brasil (cuyos acuerdos, recordemos, fueron realizados bajo democracias), Milton Friedman lo mató. Yo estaba en esa reunión. Los expertos también estaban detrás de esta propuesta. Milton dijo: “No podemos hacer un acuerdo como ése con un déspota”. Fue el fin de la discusión. (Schliesser 2010, 188).

Todo esto concuerda con el contenido de la carta que posteriormente envió Arnold Harberger, como chairman del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, a Stig Ramel, presidente de la Nobel Foundation.[36] Harberger responde ante una serie de reacciones que se generaron después de que se anunciara que el Premio Nobel de Economía 1976 le sería entregado a Milton Friedman. En esta carta Harberger dice:

Nuestra visita a Chile no implicó ni implica de manera alguna una aprobación al actual gobierno de Chile, ni menos a su represión de la libertad individual y a su imposición de restricciones al debate y a la discusión libre y abierta.

En ese entonces Mr. Friedman también mostró muy claramente su posición al rechazar la oferta de dos reconocimientos honorarios de universidades chilenas, precisamente porque él sentía que al aceptar dichos honores de universidades que reciben fondos del gobierno podía ser interpretado como una forma de aprobación política.[37]

Mr. Friedman también manifestó su preocupación al dictar una clase magistral titulada “La fragilidad de la libertad” en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Él caracterizó al actual gobierno de Chile como uno que rechazaba y restringía la libertad en muchas formas, y expresó su esperanza de que en el futuro cercano los chilenos pudieran nuevamente volver a gozar de una completa libertad política e intelectual. (Friedman y Friedman 1998, 598)

Esto último es importante y consistente con lo que dijo en la charla sobre “La fragilidad de la libertad”. Como veremos más adelante, su defensa del libre mercado y de la democracia fue una de las razones por las cuales Friedman fue criticado una vez que visitó Chile. De hecho, fue atacado por ser incoherente con su propio pensamiento (ver especialmente Letelier 1976). No obstante, si bien su voz no fue lo suficientemente clara contra Pinochet y los conocidos abusos de los derechos humanos, existe evidencia de que defendió su posición respecto a la libertad política.[38] Por ejemplo, el mismo año después de su visita a Chile escribió en su columna de Newsweek acerca de “…la destrucción de la libertad individual en Chile, Argentina, y ahora en India” (Newsweek, 17 de noviembre, 1975, 90).

En resumen, Milton Friedman fue invitado a Chile por Rolf Lüders a través de su colega y buen amigo Arnold Harberger, el verdadero padre los Chicago Boys.[39] Como un economista mundialmente conocido que sabía de inflación y política monetaria y fiscal, su visita fue importante para promover la implementación de las políticas de liberalización de la economía que ya se venían desarrollando y discutiendo. Pero Friedman no estuvo directamente involucrado en las reformas que se estaban implementando.

Friedman, como el médico de los países con problemas de inflación, visitó varias naciones, incluyendo Yugoslavia, Rusia y China, que sufrían el flagelo de la inflación, esa enfermedad que el economista de la economía positiva, padre del monetarismo, estudiaba con especial atención. Y como un doctor que ayuda a un paciente, diagnosticaba su conocida receta económica. Por esta razón, el clamor y las protestas en su contra después de su visita a Chile lo sorprendieron. En Two Lucky People, Friedman, con su común franqueza y crudo sentido del humor, concluye: “Nunca pude decidir si debía divertirme o molestarme ante la acusación de que administraba la economía chilena desde mi escritorio en Chicago” (Friedman y Friedman 1998, 400). Como ya veremos, quizá había más razones para estar molesto.

4. LAS REACCIONES DESPUÉS DE SU VISITA

En 1975 Milton Friedman ya era un reconocido y prestigioso economista. También era una importante figura pública. Sus columnas semanales en la revista Newsweek (1966-84) eran muy leídas e influyentes,[40] así como sus debates públicos con Paul Samuelson. Friedman fue asesor de Richard Nixon y posteriormente de Ronald Reagan. Como solía decir, un republicano con “R”. Además era un candidato vox populi para el Premio Nobel de Economía. En el apogeo de la Guerra Fría, sus ideas políticas libertarias se extendían más allá de la economía y su defensa y promoción de la teoría monetaria.

Tres meses después de su visita, el 14 de junio de 1975 Newsweek publica una carta en la que un grupo perteneciente a un Comité Ciudadano por los Derechos Humanos y Política Exterior expresa su “conmoción y consternación” (shock and dismay) al enterarse de que Friedman “estaba sirviendo como asesor económico de la junta de Pinochet” (Friedman y Friedman 1998, 596). A estos lectores les resulta “extremadamente difícil reconciliar su acto con su rol de columnista de tan prestigiosa revista” (ibídem). Friedman inmediatamente responde que no es ni ha sido asesor de la junta de Pinochet y aclara que fue invitado por una fundación privada, que dio clases públicas acerca de la inflación y que se reunió con muchas personas, incluyendo el general Pinochet. Destaca que fue su primera y única vista a Chile. Y concluye argumentado que, pese a su claro desacuerdo con el sistema político autoritario de Chile, “no considera una maldad que un economista entregue consejo técnico y económico al gobierno de Chile para ayudarlos a terminar con la plaga de la inflación, así como tampoco considera una maldad que un médico entregue consejo técnico y médico para ayudar al gobierno de Chile a terminar con una plaga médica” (ibídem).

El 22 de septiembre de 1975, sólo cinco meses después de su visita a Chile, un editorial del New York Times se refería críticamente a la situación en Chile, señalando:

Pero después de muchos meses de aplicar la teoría monetaria y los duros programas de austeridad del profesor Milton Friedman, el desempleo ronda el 20 por ciento, la producción industrial cayó fuertemente durante la primera mitad del año, la inversión extranjera gotea y la fantástica tasa de inflación sólo recientemente está dando señales de aflojar. Sin lugar a dudas existe una campaña marxista, llevada a cabo por gobiernos incluso más opresivos que el liderado por Pinochet, para manchar la junta y exaltar el caótico régimen de Allende. (“Two Years of Pinochet”, NYT, 22 de septiembre, 1975)

Esta frase final, escrita en el periódico New York Times, considerado tradicionalmente un diario progresista, ha sido ignorada. En efecto, la campaña marxista ya estaba en curso. Aunque el colapso de la economía bajo el gobierno de Allende y la Unidad Popular “fue el fracaso de la ideología” (Larraín y Meller 1991, 212), lo que Allende y el gobierno de la Unidad Popular representaban para la izquierda —un original y democrático camino institucional hacia el sueño socialista— seguía muy vivo. Y lo que Friedman representaba en términos políticos lo convertía en un preciado blanco de críticas después de su visita a Chile. Si bien el propósito de la campaña pretendía llamar la atención sobre los abusos de los derechos humanos, el objetivo también era situar a Chile como parte de la lucha contra el capitalismo. Para ello se desacreditaban las políticas económicas implementadas bajo la junta militar de Pinochet y se atacaba directamente a Friedman, un economista público vinculado a la derecha que promovía una posición libertaria.

Diez días después de este editorial del New York Times, Anthony Lewis escribe una influyente columna acerca de la tortura y represión en Chile. Menciona nuevamente a Milton Friedman, pero esta vez lo vincula directamente a las políticas económicas promovidas por la junta militar:

… pero la represión también puede estar relacionada a una política económica que no podría imponerse en una sociedad libre. (…) La política económica de la junta chilena está basada en las ideas de Milton Friedman, el economista conservador americano, y su Escuela de Chicago. El mismo Friedman ha visitado Santiago y se cree que ha sugerido a la junta un programa draconiano para acabar con la inflación (“For Which We Stand: II”, NYT, 2 de octubre, 1975).

Con esta columna, el vínculo de Milton Friedman con Chile y Pinochet quedaría públicamente establecido.

No obstante, en correspondencia privada Friedman ya había recibido varias críticas. A modo de ejemplo, Friedman mantiene un fascinante intercambio epistolar con el economista austríaco Gerhard Tintner (1907-1983).[41] El 16 de junio de 1975 Tintner le escribe una larga carta acusándolo de ser un nazi y de tener un retrato de Pinochet en su escritorio. Esta carta va con copia a una serie de destacados economistas (por ejemplo Stigler, Schultz, Samuelson, Harberger y Johnson), e incluye también a André Gunder Frank (1929-2005), un actor importante en esta trama, de quien pronto hablaremos, y a su alumno de doctorado en Iowa, Gonzalo Arroyo (1925-2012).[42] Friedman le contesta un mes más tarde, confesándole que dudó en responderle a su “histérica misiva”, ya que si se pone a su nivel, tendría que “acusarlo de admirar a Goebbels”. Esta carta de respuesta fue publicada en el Chicago Maroon el 3 de octubre de 1975.[43]

Friedman acusa a Tintner de un “curioso doble estándar” y le recuerda que sus visitas a la Unión Soviética y sus viajes a Yugoslavia, también para dar consejos en temas económicos, no generaron reacción alguna. Posteriormente, Friedman insistiría con este argumento del doble estándar. Por ejemplo, seis años más tarde, en 1981, después de visitar China durante tres semanas, Friedman escribió en su columna del Newsweek: “Puedo predecir con gran seguridad que Anthony Lewis no usará su columna para regañarme por entregar consejo económico a un gobierno comunista” (“A Biased Double Standard”, Newsweek, 12 de enero, 1981). Años más tarde, el 27 de octubre de 1988, en una carta al Stanford Daily, Friedman describía que en su nuevo y reciente viaje a China había tenido una reunión privada de dos horas con el secretario general del Partido Comunista de China, Zhao Ziyang. Al comparar el caso de Chile y China, irónicamente se pregunta si ahora debe estar preparado para recibir “una avalancha de protestas por haber estado dispuesto a dar consejo a un gobierno tan malvado. Y si no, ¿por qué no?” (Friedman y Friedman 1998, 601-2).[44]

Es su carta a Tintner agrega: “[Yo] no apruebo ninguno de estos regímenes autoritarios —ni el régimen comunista de Rusia y Yugoslavia, ni las juntas militares de Chile y Brasil” (Friedman y Friedman 1998, 595). En seguida analiza la situación con Allende y realiza un diagnóstico sobre el pasado y el futuro de Chile:

Mi impresión es que el régimen de Allende le ofrecía a Chile sólo malas elecciones: un comunismo totalitario o una junta militar. Ninguna opción es deseable y si yo hubiera sido un ciudadano chileno, me hubiera opuesto a ambas (…). Entre los dos males, al menos hay una cosa que puede decirse de la junta militar: hay más posibilidades de volver a una sociedad democrática. Hasta ahora, y hasta donde sé, no hay ejemplo de un comunismo totalitario que se convierta en una sociedad democrática liberal (…). La razón de esta diferencia no es el mérito o la falta de mérito de los generales versus los comisarios. Es más bien la diferencia entre una filosofía totalitaria y una dictatorial. Por muy despreciable que esta última sea, al menos deja más espacio para la iniciativa individual y la esfera privada de la vida (…), recuperar la democracia depende críticamente del éxito del régimen para mejorar la situación económica y eliminar la inflación. (Ibídem)

También recuerda sus dos charlas acerca de “La fragilidad de la libertad”:

Explícitamente caractericé al régimen como no libre, hablé acerca de la dificultad de mantener una sociedad libre, del rol del libre mercado y de la empresa, y de la urgencia para establecer dichas condiciones para la libertad. No hubo censura ni antes ni después, la audiencia era grande y entusiasta, y no recibí crítica alguna. ¿Pude haber hecho esto en la Unión Soviética? O más directamente, ¿bajo el régimen comunista que Allende perseguía, o en la Cuba de Castro? (Ibídem)

Finaliza su carta a Tintner argumentando:

Déjeme destacar nuevamente lo siguiente. No apruebo ni justifico los regímenes de Chile, Brasil, Yugoslavia o Rusia. No tengo nada que ver con su creación. Deseo fervientemente que sean reemplazados por sociedades democráticas. No considero visitar esos países como un acto de apoyo. No considero inmoral aprender de su experiencia. Tampoco considero inmoral entregar consejo en política económica si me parece que las condiciones para mejorar la economía pueden contribuir al bienestar de la gente y a la posibilidad de un movimiento hacia una sociedad políticamente libre. (Friedman y Friedman 1998, 596).

Mientras se publicaba esta respuesta de Friedman en el Chicago Maroon, algunos estudiantes de Chicago crearon una “comisión de investigación del caso Friedman/Harberger” (Friedman y Friedman 1998, 402). De inmediato comenzarían las manifestaciones y protestas en la Universidad de Chicago. En 1975, después de su visita a Chile, las protestas frente a su departamento eran molestas, pero “… no eran muy serias. Sin embargo fueron las primeras de muchas más en los próximos cinco años” (Friedman y Friedman 1998, 402).

Un importante e influyente actor en la campaña fue André Gunder Frank, un economista marxista y revolucionario que había obtenido su Ph.D. en economía en Chicago en 1957.[45] Frank fue prolífico, pero también muy controvertido.[46] Y trabajó muy de cerca con Cuba y el Chile socialista, apoyando la revolución cubana (Frank 1969). En el plano académico, elaboró y promovió una particular y radical teoría marxista de la dependencia que favorecía la revolución contra el capitalismo como la única forma de superar el subdesarrollo en Latinoamérica. Su tesis del “underdevelopment of development” fue muy influyente en la izquierda a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Pero posteriormente sus revolucionarias ideas fueron severamente criticadas desde la izquierda política e intelectual.[47]

El revolucionario doctor en economía de la Universidad de Chicago fue una reconocida figura intelectual socialista que hizo clases en la Universidad de Chile durante el gobierno de Allende. Y, al igual que Harberger, se encontraba casado con una mujer chilena. En agosto de 1974, antes de la visita de Friedman a Chile, Frank ya había escrito una larga carta abierta criticando el involucramiento de Harberger en Chile. Finaliza su carta abierta en inglés con el revolucionario slogan “Venceremos” (Frank 1976a). En abril de 1976 Frank escribió su segunda carta abierta, la que estaba principalmente dirigida contra Friedman (Frank 1976b). Argumentaba que “las nuevas políticas eran implementadas por Pinochet como un equilibrio al tiro de la bayoneta”, y que “Pinochet les dio rienda suelta a los Chicago Boys para reinar en política económica”.[48] Con sus vínculos y conexiones en la izquierda revolucionaria, Frank fue un ferviente y comprometido defensor de la revolución cubana. Y también un activo promotor de la campaña contra Friedman.

Durante el verano de 1976, un año y medio después de su visita, las protestas y manifestaciones contra los Friedman en Chicago se habían calmado. No obstante, el 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier, con sólo 44 de años de edad, fue brutalmente asesinado en Washington DC. Su auto explotó en Sheridan Circle, a sólo pasos de la embajada chilena.[49] En la explosión también murió su colega en el Institute for Policy Studies, la ciudadana americana Ronni Moffitt,[50] en tanto que su esposo, Michael Moffitt, quedó gravemente herido. Este crimen, que involucraba a una ciudadana estadounidense, generó una enérgica censura y acaparó el interés mundial. Después de casi dos años de investigación, finalmente fueron confirmadas las sospechas que recaían sobre participación de la Dina en el asesinato.

El 28 de agosto de 1976, sólo tres semanas antes del brutal atentado, la revista americana The Nation, conocida como el buque insignia de la izquierda, había publicado un ensayo de Orlando Letelier titulado: “Los ‘Chicago Boys’ en Chile: El terrible peaje de las ‘libertades’ económicas” (“The ‘Chicago Boys’ in Chile: Economics ‘Freedom’s’ Awful Toll”, Letelier 1976). Este artículo, que contenía una dura crítica a las políticas económicas de Friedman y los Chicago Boys que se implementaban en Chile, fue muy leído y ampliamente reproducido después del crimen de Letelier.

En este influyente ensayo, Friedman es caracterizado como “el arquitecto intelectual y el consejero no oficial para el equipo de economistas que ahora dirigen la economía de Chile” (ibídem, 137). También es retratado como el cerebro y promotor del “shock treatment” (ibídem, 138). Si bien Letelier, que fue un socialista leal a Allende, intentaba defender el legado económico del gobierno de la Unidad Popular y criticar la política económica de los Chicago Boys, su objetivo también era Friedman. Más aún, aunque era de conocimiento público que Friedman había viajado sólo una vez a Chile, Letelier se refiere a la “última visita conocida de los señores Friedman y Harberger a Chile” (ibídem, 140).[51] Por supuesto, Letelier también menciona y cita “la segunda carta abierta a Milton Friedman y Arnold Harberger” de André Gunder Frank (ibídem, 142).

El 14 de octubre de 1976, sólo tres semanas después del brutal asesinato de Orlando Letelier, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció que Milton Friedman recibiría el Premio Nobel de Economía 1976 por “sus logros en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetaria y su demostración de la complejidad de la políticas de estabilización”.[52]

Inmediatamente después del anuncio, el New York Times publicó una carta, firmada por dos premios nobeles, George Wald (medicina) y Linus Pauling (química y paz), criticando al Comité de Premiación del Nobel por una “exhibición deplorable de insensibilidad” al entregárselo a Milton Friedman (Friedman y Friedman 1998, 596-97). Ese mismo día aparece otra carta, esta vez firmada por los premios nobeles de medicina David Baltimore y Salvador Edward Luria, calificando la decisión del Comité como “perturbadora” y como “un insulto a la gente de Chile” que llevaba “la carga de las medidas económicas reaccionarias patrocinadas por el profesor Friedman” (ibídem).[53] Friedman les respondió privadamente a cada uno de ellos, adjuntando la carta anónima a Tintner publicada en el Chicago Maroon, la respuesta a la carta del Newsweek el 14 de junio de 1975 y la carta de Harberger a Stig Ramel del 10 de diciembre de 1976. Como “científicos preparados para revisar sus hipótesis”, les solicita que se disculpen públicamente “por el daño causado”. Sólo Baltimore y Luria le respondieron defendiendo su crítica. Friedman nuevamente les respondió (Friedman y Friedman 1998, 599-601). También se acusó a Friedman de ser “consultor y consejero de uno de los regímenes más represivos del mundo” donde la “junta militar es uno de sus clientes” (“Things as They Are”, The Nation, octubre 30, 1976).[54] Y respecto a su Premio Nobel, incluso se escribió que “parece tan incongruente como si le dieran el premio de la Paz a Idi Amin…” (“Friedman’s Currency”, New Republic, noviembre 6, 1976)

Al llegar a Estocolmo el 6 diciembre de 1976 para asistir a la ceremonia de premiación, los Friedman sufrieron múltiples manifestaciones. Durante la semana que estuvieron en Suecia tuvieron que permanecer bajo permanente escolta policial junto a dos guardaespaldas. Después del golpe militar, muchos chilenos exiliados fueron acogidos por Suecia.[55] Con el apoyo del Chilekommittén, ya estaban preparadas las protestas.[56] Una carta pública del Chilekommittén se refiere al “trabajo para desarrollar las protestas contra el hecho de que Milton Friedman haya sido premiado con el Nobel de Economía. El acto es sólo un eslabón en la lucha anti-imperialista, esto es, un trabajo de solidaridad con los oprimidos del tercer mundo que luchan por la liberalización social y económica”.[57] En el apogeo de la Guerra Fría, todo esto era parte de la campaña contra el capitalismo. Y contra Friedman.

En la ceremonia de premiación, justo antes de que Friedman recibiera el Premio Nobel en sus manos, un manifestante se paró y gritó en inglés: “Down with capitalism, freedom for Chile” (Friedman y Friedman 1998, 451-2). Como recuerda Rose Friedman, “el momento fue breve, pero tenso” (ibídem).[58] Después de este impasse, las protestas y manifestaciones perseguirían a los Friedman durante varios años. Y Friedman, el intelectual público, las enfrentó con su entereza habitual.[59] Por ejemplo, en octubre de 1998, cuando ya tenía 87 años, un joven de 27 años le lanzó un pastel en la cara durante una conferencia acerca de educación.

El 14 de diciembre de 1976, sólo cuatro días después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel, Gunnar Myrdal publicó un polémico ensayo en el diario sueco Dagens Nyheter. Una traducción al inglés aparecería en la edición marzo–abril de 1977 de la popular revista de economía Challenge.[60] Comienza diciendo que la entrega del Premio Nobel de Economía a Friedman “ha sido causa de comentarios muy desagradables en muchas partes del mundo e incluso en Suecia” (Myrdal 1977, 50). Inmediatamente Myrdal critica a la Academia de Ciencias sueca por sus prácticas secretas para elegir al galardonado, un proceso que hace difícil generar una oposición antes de las recomendaciones. También argumenta que, dado que la economía es a lo más una ciencia “blanda”, el Premio Nobel de Economía se ha convertido en un acto político que debe ser descontinuado. Myrdal agrega que él ha evitado “decir algo de lo que pienso acerca de Milton Friedman como Premio Nobel en Economía” (ibídem). Aunque sólo critica el trabajo de Friedman desde una perspectiva metodológica,[61] destaca que sus teorías “han tenido gran importancia política”. Por lo tanto, el Premio Nobel de Friedman “se convierte en un premio político” (ibídem, 51). Myrdal finaliza su ensayo expresando su arrepentimiento por haber aceptado compartir el Premio Nobel de Economía de 1974 con Friedrich Hayek, ya que éste sólo fue otro acto político.[62] En sus propias palabras: “Debería haber declinado aceptarlo, particularmente porque no necesitaba el dinero y lo regalé (…). Pero entonces no había pensado el problema en profundidad. Estaba solamente disgustado. Además, el mensaje me llegó muy temprano en una mañana en Nueva York, cuando me pillaron fuera de guardia” (ibídem, 52).

Este asunto se convirtió en un tema público. Por ejemplo, el 31 de mayo de 1977 el New York Times publicó un artículo de Leonard Silk titulado: “Nobel Award in Economics: Should Prize Be Abolished?”. Se inicia resumiendo la situación:

La entrega del Premio Nobel en Ciencia Económica para el profesor Milton Friedman de la Universidad de Chicago anunciada en octubre provocó una tormenta de críticas sobre las políticas de derecho del profesor Friedman, enfocada particularmente en su disposición a entregar consejos al Banco Central y al gobierno de Chile después de Allende. Esta tormenta ha sido seguida por el bombazo del Premio Nobel, profesor Gunnar Myrdal. (NYT, 31 de mayo, 1977)

En el contexto de la Guerra Fría, su visita a Chile gatilló una campaña pública y política en su contra que lo perseguiría durante toda su vida. Incluso después. En efecto, cuando el año 2008 el rector de la Universidad de Chicago anunció el endowment para crear el Milton Friedman Institute, un grupo de académicos le escribió una carta de protesta.[63] El centro, después de muchas negociaciones, finalmente se llamó Becker Friedman Institute.

Su visita a Chile en 1975 fue para Friedman “el incidente más público, y el más dañino en lo personal” (Hammond 2013, 37). Tuvo variadas e incómodas consecuencias. El brutal asesinato de Orlando Letelier, que había vinculado a Friedman con la junta militar, y el casi inmediato anuncio de su Premio Nobel estimularon y atizaron las reacciones. Ciertamente ambos eventos intensificaron el furor de las protestas y manifestaciones contra Friedman, el promotor del libre mercado y del monetarismo.

No debe sorprendernos que 23 años después de su primera visita a Chile, a propósito de este polémico capítulo de su vida, Friedman se haya preocupado de recordar y recopilar los hechos y detalles de este episodio, para publicarlos en sus memorias tituladas Two Lucky People (1998). En efecto, allí incluyó un capítulo completo acerca de su visita a Chile y sus consecuencias, así como un apéndice donde se publicó por primera vez la carta a Pinochet y su respuesta. Además, adjuntó una serie de cartas e intercambios (Friedman y Friedman 1998: el capítulo 24 está titulado “Chile”, 397-408, y el apéndice A, 591-602, reúne las cartas y documentos relacionados con Chile).[64] Pero si su primera visita ha generado mucho debate y especulación, muy poco se ha escrito acerca de su segunda visita, en 1981. En la siguiente sección, más que centrarnos en todos los detalles de esta última visita, veremos cómo su relación con Chile pudo influir su entendimiento acerca de la relación causal entre libertad económica y libertad política.

5. LA VISITA DE 1981

5.1. Breve contexto

Después de la implementación del “Plan de recuperación económica” anunciado en abril de 1975, la inflación lentamente comenzó a ceder, pero el desempleo era elevado (18 por ciento en 1975; 21,9 en 1976 y 18,1 en 1977). A fines de 1976, el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, renunció a su cargo y Sergio de Castro, el más prominente y emblemático de los Chicago Boys, asumió esta importante posición. Esto significó el fin de la influencia de los gradualistas, liderados por Raúl Sáez.[65] Con el nombramiento de Sergio de Castro la importancia de los Chicago Boys se consolidó, extendiéndose su influencia a las más importantes instituciones del gobierno militar. Casi de inmediato Chile salió del Pacto Andino —un acuerdo de comercio con Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador— y redujo drásticamente las tarifas de importación hasta llegar al 10 por ciento.[66] Esta simple y audaz medida de abrir Chile al mercado internacional gatilló competencia y estimuló las exportaciones. En efecto, esta política económica tuvo un impacto muy significativo en la eficiencia y productividad de las firmas chilenas, a la vez que generó una cultura de apertura y libre comercio. Basta recordar que el año 2003, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, miembro del Partido Socialista, Chile firmó un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

Las privatizaciones comenzaron en los primeros cinco años del régimen militar.[67] Para 1978 sólo un banco no había sido todavía privatizado. Es más, si en 1973 la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) controlaba 488 firmas y 19 bancos, en 1978 sólo tenía 23 firmas, de las cuales 11 estaban en el proceso para ser privatizadas (Edwards y Cox 1991, 95-98). Codelco permaneció como empresa estatal por razones “estratégicas”.[68] Pero, para evitar el embargo internacional al cobre chileno, a fines de 1974 el Estado de Chile tuvo que pagar 142,7 millones de dólares como compensación por la expropiación a las firmas estadounidenses que se realizó al comienzo del gobierno de Allende (Irarrázabal 2013, 6-8).

La apertura de la economía, las privatizaciones y la implementación de una serie de reformas orientadas al mercado finalmente produjeron claros signos de recuperación económica. Entre 1975 y 1981 la tasa de crecimiento anual fue del 7,3 por ciento. Chile era considerado un ejemplo del éxito de las políticas económicas neoliberales. Para septiembre de 1980 una nueva Constitución, que incluía un artículo transitorio que llamaría a un referéndum en 1988, había sido promulgada. Parecía entonces que finalmente se iniciaba una lenta y gradual transición política hacia una democracia constitucional.

Pero el contexto mundial también había cambiado. En mayo de 1979 Margaret Thatcher se había convertido en Primer Ministro de Gran Bretaña. Y Ronald Reagan asumiría la presidencia de los Estados Unidos en enero de 1981. Como esos países seguirían algunas políticas económicas en las que Chile ya había sido pionero, este sorprendente giro del mundo anglosajón hacia el neoliberalismo y la liberalización de la economía estimulaba la confianza en el proceso de liberalización económica. Y también, usando la metáfora para las expectativas que se encuentra en el capítulo 12 de la Teoría General de Keynes, el animal spirits de los Chicago Boys.

La segunda visita de Friedman a Chile, en noviembre de 1981, ocurrió en medio de un optimista panorama económico y la esperanza de una transición a la democracia. Pero algunas nubes ya comenzaban a oscurecer el boyante ambiente económico. La amenaza de una recesión global, que golpearía muy fuertemente a Chile, estaba en al aire.[69]

5.2. Libertad económica y política

Ya el 27 de octubre de 1981 El Mercurio anunciaba que Milton Friedman asistiría al encuentro regional de la Mont Pèlerin Society que se realizaría entre el 15 y 19 de noviembre en Viña del Mar.[70] En efecto, el domingo 15 de noviembre de 1981 Milton Friedman una vez más aterrizaba en Chile acompañado de su esposa, Rose. Fue otra breve visita de una semana.

A su llegada hizo algunas declaraciones. Aunque Friedman explicaría que un concepto de recesión mundial no le parecía adecuado ya que había diferentes condiciones en diferentes países, la frase “no hay recesión en el mundo” ocupó la primera página de El Mercurio (lunes 16 de noviembre, 1981). Posiblemente, en un ambiente de inquietud económica, este titular era una señal de optimismo.

El martes 17 de noviembre, al ser consultado Friedman por la economía chilena, se disculpó diciendo que “no sabía lo suficiente de la situación económica en Chile” (La Tercera, miércoles 18 de noviembre, 1981). Pero al día siguiente dio una conferencia de prensa y habló acerca de Chile.[71] Comenzó su conferencia diciendo:

Quisiera que todos ustedes entendieran por qué estoy en Chile. Estoy aquí para asistir al encuentro regional de la Sociedad Mont Pèlerin, de la cual soy miembro fundador hace 34 años. No estoy aquí para aconsejar a nadie ni para analizar las políticas y los objetivos chilenos. Creo que este país ha sido notablemente exitoso en los últimos años sin mis consejos y creo que continuará siéndolo. (Ercilla, 25 noviembre, 1981, 21)

Aunque al comienzo pareciera querer distanciarse de Chile, casi como si el fantasma de su visita en 1975 lo persiguiera, terminó finalmente hablando de la situación en el país. Ante la primera pregunta acerca del funcionamiento de una economía social de mercado y su relación con la democracia, Friedman respondió:

Creo que la economía libre es una condición necesaria para una sociedad políticamente libre; desgraciadamente, no es una condición suficiente. Sin embargo, pienso que una economía libre será muy difícil de mantener en el largo plazo, a menos que vaya acompañada de una sociedad políticamente libre. (Ibídem)

Esta extensión, o addendum, al simple argumento de causalidad entre libertad económica y política, donde se agrega la necesidad de la libertad política para mantener la libertad económica en el largo plazo, puede ser leída como una modificación o mejora a su idea ya desarrollada en su Capitalism and Freedom (1962). Pero también puede ser interpretada como un respaldo a la transición a la democracia que estaba en ciernes.

En efecto, Friedman ya había desarrollado en Capitalism and Freedom su argumento de la causalidad entre libertad económica y política, reconociendo, eso sí, que no era una condición suficiente, ya que efectivamente puede existir libertad económica sin libertad política:

La historia sugiere que el capitalismo sólo es una condición necesaria para la libertad política. Claramente no es una condición suficiente. La Italia y España fascista, Alemania en varios períodos en los últimos setenta años, Japón antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Rusia de los zares en las décadas antes de la Primera Guerra Mundial, son todas sociedades que no pueden ser concebidas como políticamente libres. Sin embargo, en cada una de ellas la empresa privada era una forma dominante de la organización económica. Entonces es claramente posible tener disposiciones que son fundamentalmente capitalistas y disposiciones políticas que no son libres. (Friedman 1962, 10)

De acuerdo a Friedman, Chile sería sólo otro ejemplo de un régimen autoritario que promovía la libertad económica donde no existía la libertad política.

Pero existen indicios para argumentar que este cambio —la necesidad de la libertad política para mantener en el largo plazo la libertad económica— estuvo influenciado por su relación con Chile.

José Rodríguez Elizondo, miembro del Partido Comunista durante el gobierno de Allende, entrevistó a Paul Samuelson en Perú antes de la segunda visita de Friedman a Chile. En la entrevista Samuelson fue muy crítico de Friedman y de su relación con Chile.[72] Incluso argumenta que “en el Chile de Pinochet, Sergio de Castro experimenta un capitalismo fascista” (Caretas 611, 18 de agosto, 1980). Tres meses más tarde, Rodríguez Elizondo entrevista a Friedman, justo después de su segunda visita a Chile, en Machu Picchu, Perú. Respecto a Pinochet, Friedman dice: “Me reuní una vez con él, durante media hora. Ni me gusta ni me disgusta: no lo conozco” (Caretas 673, 16 de noviembre, 1981). Rodríguez Elizondo le comenta que según Samuelson sus teorías económicas funcionan mejor en dictaduras que en democracias. Y usa el ejemplo de Margaret Thatcher. Friedman reacciona y contesta con su clásica idea de que la libertad económica conduce finalmente a la democracia política.

Lo interesante es que después de dicha entrevista Friedman mantuvo correspondencia con José Rodríguez Elizondo. Cuando Rodríguez Elizondo le manda a Friedman una copia de una carta que envió a revista Ercilla, criticando la tergiversación de su entrevista en Caretas publicada posteriormente en Ercilla (“Ajuste de Gabinete”, Ercilla, 28 de diciembre, 1981), Friedman le contesta agradeciendo, y agrega:

Le escribo, sin embargo, no solamente para agradecerle, sino también para transmitirle algunas opiniones acerca de la situación que encontré en Chile. Sobre la base de lo que encontré allí me sentí obligado a decir, en una conferencia de prensa, que Chile no mantendría su libertad económica a menos que cambiara su forma de gobierno militar y estableciera un gobierno democrático. Esto, como podrá imaginar, no fue un gran acto de valentía en la situación actual de Chile ya que el gobierno militar ha anunciado su intención de terminar y devolver el país a una forma más democrática de gobierno, por lo que antes de mis comentarios aplaudí al gobierno por anunciar esa intención y confío mucho que se llevará a cabo, ya que de otra manera la libertad económica no podrá ser mantenida. También, en mi viaje de regreso en el avión escribí una columna sobre este tema para el Newsweek que planeo finalizar y publicar pronto. (…) El problema básico que comprendí acerca de Chile, y que se ratificó en conversaciones con personas en Argentina, es que el tipo de libertad económica que Chile disfruta es fundamentalmente contrario a los instintos básicos de un gobierno militar. Los militares están organizados de arriba hacia abajo de manera jerárquica; una economía libre está organizada de abajo hacia arriba, sin jerarquía duradera. No conozco otro gobierno militar que haya apoyado una economía libre por tanto tiempo. Sospecho que éste no lo hará si se mantiene en el poder…[73]

El tono de esta carta es tan interesante como su contenido. Las consecuencias de su visita en 1975 todavía parecen estar presentes. Decir que su conferencia de prensa “no fue un gran acto de valentía” es indicativo de esta sensación. Por otra parte, Friedman no sólo reflexiona sobre la excepcionalidad de un régimen militar apoyando una economía libre, sino que además explica la extensión de su argumento acerca de la libertad económica como causa de la libertad política, esto es, que un regreso a la democracia permitiría mantener una economía libre en el caso chileno.

Efectivamente, tal como lo había prometido en su correspondencia con José Rodríguez Elizondo, cinco semanas más tarde Friedman publica su columna acerca de Chile en el Newsweek (“Free Markets and the Generals”, Newsweek, 25 de enero, 1982, 59). Manteniendo la misma línea argumental que ya había compartido con Rodríguez Elizondo, finaliza su columna en Newsweek diciendo:

Durante mucho tiempo he argüido que la libertad económica es una condición necesaria pero no suficiente para la libertad política. Me he convencido de que esta generalización, siendo verdadera, es engañosa si no está acompañada de la proposición de que la libertad política es una condición necesaria para el mantenimiento de la libertad económica en el largo plazo. (Ibídem)

Friedman ya había dado este argumento en la conferencia de prensa en Chile y en su correspondencia con Rodríguez Elizondo. Por ello, es muy posible que esta extensión o mejora a su simple tesis sobre la relación entre libertad económica y política haya estado motivada por su relación y experiencia con Chile. Lo interesante es que su columna en Newsweek puede ser leída como una señal de apoyo a la transición plasmada en la Constitución de 1980 y al proceso de liberalización económica que había sido implementado por los Chicago Boys.

En Chile la crisis económica, social y política escalaba. Aunque Sergio de Castro seguía siendo ministro de Hacienda, la opinión pública, ante una recesión en ciernes, comenzaba a dudar de las políticas económicas de los Chicago Boys.[74]

5.3. La Mont Pèlerin Society en Chile

El encuentro regional de la Mont Pèlerin Society en Viña del Mar, organizado por Pedro Ibáñez Ojeda y Carlos Cáceres, partió con una recepción y comida el domingo 15 de noviembre. El último día, el jueves 19 de noviembre, un presentador celebró que en Chile existiera un gobierno autoritario que permitiera la implementación de una economía de libre mercado. La Segunda reporteó que Friedman, frente a este comentario, intervino de inmediato. Enfáticamente argumentó que las mismas reformas podrían implementarse en una democracia constitucional o parlamentaria. Friedman habría recibido un cerrado y fuerte aplauso de la audiencia (La Segunda, jueves 19 de noviembre, 1981; ver también Hoy, 25 de noviembre, 1981, 27).

La ponencia de Friedman, que fue presentada en el segundo módulo del día jueves, se tituló “Monetary system for a Free Society” (Friedman 1982, 165-78).[75] Pero durante su presentación no habló del contenido de su paper. En cambio, dividió su intervención en tres partes: el problema del tipo de cambio en Chile, mercados libres y democracia y la difícil situación económica. El viernes 20 de noviembre La Segunda reprodujo parcialmente la intervención de Friedman, omitiendo la segunda parte relacionada con el tema político, esto es, la relación entre libertad económica y política.[76] No obstante, sabemos por otras fuentes que en su intervención Friedman insistió en que era erróneo y peligroso afirmar que una economía libre de mercado requería de un gobierno autoritario, ya que ésta también era posible en una democracia (por ejemplo, ver La Tercera, viernes 20 de noviembre, 1981).

Después del encuentro de la Mont Pèlerin Society, El Mercurio publicó en la sección Reportajes del domingo algunas entrevistas a William Hutt, Richard Hartwell, Anthony Fisher y Pascal Salin. Cuando Hutt declara: “Todos tenemos una gran preocupación por los derechos humanos, la libertad de expresión, de pensamiento y para escribir”, las entrevistadoras inmediatamente agregan: “Así lo corroboraron, por lo demás, declaraciones que Friedman y Buchanan hicieron en ese sentido” (El Mercurio, domingo 22 de noviembre, 1981).[77] Dada la atmósfera política del momento, era un comentario osado que reflejaba la preocupación de muchos de los asistentes que participaron en el encuentro de la Mont Pèlerin Society. Y también es evidencia de la posición de Friedman y Buchanan respecto a los derechos humanos en Chile.

Finalmente, la revista Hoy, que entonces promovía una oposición mucho más abierta al régimen militar, tituló en su portada: “Friedman en Viña del Mar: El aquelarre neo-liberal”, y mostró una caricatura de Friedman asomándose por una pequeña puerta o ventana. En el artículo principal —“El aquelarre de Viña del Mar” (Hoy, 25 de noviembre, 1981, 26-30)— se confirma, desde una perspectiva más crítica, una serie de hechos ya mencionados.[78]

Una vez más, después de una semana en Chile, Milton Friedman y su esposa, Rose, dejaron el país el domingo 22 de noviembre de 1981. Ésta sería su segunda y última visita al país.

5.4. Después de su visita

La historia es conocida. La crisis de 1982 obligó al Estado a intervenir el sistema financiero en enero de 1983. Para tener una idea de la magnitud de esta crisis, ese año el desempleo real alcanzó el 25 por ciento y la tasa de crecimiento cayó en 14,1 por ciento. De pronto parecía que las políticas de liberalización económica habían sido un fracaso. Sergio de Castro dejó el Ministerio de Hacienda el 19 de abril de 1982.[79] Y la controvertida tasa de cambio fija a $39 fue finalmente abandonada en junio de 1982. Siguió un período de severa depresión económica, incertidumbre política y un intenso desasosiego social y civil. En los siguientes tres años Chile tuvo cinco ministros de Hacienda. En este escenario de incertidumbre, la junta militar a ratos se mostraba ambigua y ambivalente. Las reformas parecían estar en riesgo. Y la prometida transición, también.

En febrero de 1985, Hernán Büchi asume como ministro de Hacienda. Aunque Büchi no era de Chicago —había obtenido un MBA en la Universidad de Columbia en 1975, lo que pudo considerarse políticamente conveniente—, continuó con el proceso de liberalización de la economía.

Si bien la influencia de los Chicago Boys permite explicar por qué el régimen militar abrazó con entusiasmo una economía abierta y orientada al mercado, es más difícil de comprender la persistencia del proceso de liberalización económica después de la severa crisis de 1982.[80] Si Friedman sostenía y apoyaba la libertad económica como el camino hacia la democracia, también sabía que bajo un régimen militar existía el riesgo de coartar la libertad económica para permanecer en el poder. Precisamente éste fue el mensaje de la citada columna “Free Markets and the Generals”, publicada en Newsweek después de su última visita a Chile. El mensaje político de esta columna puede ser leído como un apoyo a la liberalización económica que permitiría la transición.

Bajo el pragmático manejo de Büchi, la economía chilena despegaría nuevamente con fuerza. En 1988, el crecimiento económico alcanzó el 7,3 por ciento y el desempleo cayó al 9,9 por ciento. La Constitución llamaba a un plebiscito ese mismo año. Aproximadamente, el 55 por ciento de los chilenos votó contra la continuidad de Pinochet por otros ocho años. De acuerdo a la Constitución de 1980, las elecciones presidenciales y parlamentarias seguirían en diciembre de 1989. Patricio Aylwin fue elegido con el 56 por ciento de los votos. Durante 1989, el último año en que Pinochet estuvo en el poder, el crecimiento económico llegó al 10,5 por ciento y el desempleo bajó al 7,9.

Podría argumentarse, tal como lo sugiere Friedman, que la recuperación económica también contribuyó a la ejemplar transición chilena hacia la democracia. De hecho, el 11 de marzo de 1990, en una ceremonia en el nuevo edificio del Congreso en Valparaíso, Pinochet entregaba el poder al Presidente Patricio Aylwin. Así se iniciaba la excepcional y exitosa transición. Desde entonces Chile, en democracia, ha experimentado un sostenido crecimiento económico, alternancia en el poder y estabilidad política. En el llamado período dorado de la economía chilena (1985-97), el PIB per cápita creció a una tasa promedio anual de 7,1 por ciento (De Gregorio 2005, 23). Actualmente, Chile tiene la más alta tasa PIB per cápita en Latinoamérica. Más aún, a fines del gobierno de la Unidad Popular, tal como después de la recesión de 1982, el PIB per cápita de Chile alcanzaba a ser casi el 20 por ciento del PIB per cápita de los Estados Unidos. Actualmente bordea el 40 por ciento.

6. CONCLUSIONES

La peculiar vía al socialismo chilena y el golpe militar ciertamente atrajeron la atención del mundo. En este escenario, con la Guerra Fría como telón de fondo, se produjo la primera visita de Milton Friedman a Chile. Lo que se ha escrito sobre la visita de Friedman a Chile en 1975 a menudo tiende a ignorar las complejidades del contexto social, político y económico, enfocándose casi exclusivamente en el golpe militar de 1973, la figura de Pinochet y los brutales atropellos a los derechos humanos en Chile. Generalmente se sobreestima el rol de la CIA y no se pone mucha atención en Chile, un país que se convirtió en una especie de trofeo o laboratorio de la Guerra Fría. Nuestro pequeño país estaba al centro de la lucha política entre las fuerzas del capitalismo y del socialismo. Y Friedman era un influyente y acérrimo defensor del capitalismo y de una economía libre. Las reacciones contra Friedman, exaltadas por las circunstancias que rodearon el asesinato de Letelier y el anuncio del Premio Nobel, en gran parte se explican por lo que el economista público representaba durante la Guerra Fría.

En el año 1975 Friedman era una eminencia académica mundial en temas de inflación, política monetaria y fiscal. Como el médico que investiga esa enfermedad llamada inflación, un flagelo que Chile no lograba controlar, Friedman fue invitado a hablar de acerca de dicho tema. Pero también habló de libertad económica y libertad política. Por cierto, su visita fue importante para apoyar la liberalización económica que ya se encontraba en curso. Ahora bien, si Friedman fue muy influyente en Chile, su influencia fue indirecta. Nunca dirigió, como él mismo escribió con ironía, la economía chilena desde su escritorio en Chicago (Friedman y Friedman 1998, 400). Evidentemente, era una figura emblemática en el departamento de economía de la Universidad de Chicago. Una fuente de inspiración para sus alumnos. Pero Friedman no estuvo involucrado en la implementación del proceso de reformas económicas, ni fue un asesor de Pinochet, como sugieren algunos autores que han tratado este tema con más pasión ideológica que rigor histórico.[81]

En cambio, Chile sí pudo influir en sus ideas. Friedman pensaba que la libertad económica necesariamente conduce a la libertad política. En Chile, durante su segunda visita, existía la esperanza de una transición a la democracia después de la promulgación de la Constitución de 1980. Esta experiencia le habría permitido a Friedman reconocer la importancia de la libertad política para mantener la libertad económica en el largo plazo. Como se ha sugerido en este ensayo, esta extensión de su argumento fue muy posiblemente influenciada por su conocimiento de la realidad chilena.

En general, se puede argumentar que Milton Friedman tenía respuestas simples para grandes problemas. En economía su diagnóstico contra la inflación y la importancia de la cantidad de dinero son un ejemplo. La relación entre libertad económica y política es sólo otro caso.[82] Pero esta simplicidad política encierra cierta realidad histórica.

El largo, sostenido y prácticamente ininterrumpido proceso de liberalización económica durante el régimen militar chileno fue excepcional en Sudamérica, tal como lo destaca Friedman después de su segunda vista en su columna “Free Markets and the Generals” (Newsweek, 25 de enero, 1982, 59). En cambio, la situación política en Chile bajo una dictadura militar no era excepcional. Durante la Guerra Fría la mayoría de los países sudamericanos estaban bajo algún tipo de régimen militar.[83]

Cuarenta años después de su primera visita a Chile podría argumentarse que la capacidad predictiva de Milton Friedman fue certera en lo político. En efecto, el padre de la economía positiva que argumentaba que la validez de una teoría o un modelo económico está determinada por su capacidad predictiva, acertó al diagnosticar “… al menos hay una cosa que puede decirse de la junta militar: hay más posibilidades de volver a una sociedad democrática. Hasta ahora y hasta donde sé, no hay ejemplo de un comunismo totalitario que se convierta en una sociedad democrática liberal” (Friedman y Friedman 1998, 596). Tal como sostiene Puryear, desde 1980 “quince regímenes militares han cedido el poder a un gobierno civil electo, y hoy día sólo Cuba es la última dictadura solitaria en Latinoamérica” (1994, ix-x).

Aunque dictó su charla “La fragilidad de la libertad” defendiendo la libertad económica y la libertad política en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, la primera visita de Friedman a Chile tuvo elevados costos personales. Pero pese a las consecuencias de su encuentro con Pinochet y la campaña en su contra, Friedman fue consistente en su defensa del libre mercado y de la libertad política. De hecho, no se arrepintió de su primer viaje a Chile. Volvió a Chile en noviembre de 1981. Y permaneció fiel a sus ideas.

REFERENCIAS CITADAS

Arancibia, Patricia. 2006. Cita con la historia. Santiago: Editorial Biblioteca Americana.

Arancibia, Patricia & Francisco Balart. 2007. Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno. Santiago: Editorial Biblioteca Americana.

Arestis, Philip & Malcolm Sawyer. (1992) 2000. A Biographical Dictionary of Dissenting Economists. Cheltenham: Edward Elgar.

Barros, Robert. 2002. Constitutionalism and Dictatorship. Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 2005. La Junta Militar: Pinochet y la Constitución de 1980. Santiago: Editorial Sudamericana.

Bellisario, Antonio. 2007. “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist ‘Partial’ Counter-Agrarian Reform, 1964-1980”. Journal of Agrarian Change 7 (1): 1-34.

Brender, Maria. 2010. “Economic Transformations in Chile: The Formation of the Chicago Boys”. American Economist 55 (1): 11-22.

Burgin, Angus. 2012. The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Caldwell, Bruce & Leonidas Montes. 2015a. “Friedrich Hayek and His Visits to Chile”. Review of Austrian Economics 28 (3): 261-309.

———. 2015b. “Friedrich Hayek y sus dos visitas a Chile”. Estudios Públicos, 137: 87-132.

Collier, Simon & William F. Sater. 1996. A History of Chile, 1808-1994. Cambridge: Cambridge University Press.

Corbo, Vittorio. 1993. “Economic Reforms in Chile: An Overview”. Documento de Trabajo 160, Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

De Gregorio, José. 2005. “Crecimiento económico en Chile: Evidencia, fuentes y perspectivas”. Estudios Públicos 98: 19-86.

Debray, Régis. 1971a. “Allende habla con Debray”. Punto Final V (126): 163.

———. 1971b. The Chilean Revolution. Conversations with Allende. Pennsylvania: Pantheon Books.

Dosman Edgar J. 2008. The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901-1986. Quebec: McGill-Queen’s University Press.

Edwards, Sebastián & Alejandra Cox. (1987) 1991. Monetarism and Liberalization. The Chilean Experiment. Chicago: University of Chicago Press.

Fermandois, Joaquín. 2013. La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Fontaine A., Arturo. 1988. Los economistas y el Presidente Pinochet. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag.

———. 1993. “Malos días”. En “La historia reciente de Chile a través de ‘La semana política’ (cuarta parte)”, selección de Miguel González. Estudios Públicos 49: 415-418.

Foxley, Alejandro. 1980. “Hacia una economía de libre mercado: Chile 1974-1979”. Colección Estudios Cieplan 4: 5-37.

———. 1983. Latin American Experiments in Neo Conservative Economics. Berkeley: University of California Press.

Frank, Andre Gunder. 1958. “General Productivity in Soviet Agriculture and Industry: The Ukraine 1928-53”. Journal of Political Economy 66: 498-515.

———. 1967. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press.

———. 1969. Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: Monthly Review Press.

———. 1972. Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment. Dependence, Class and Politics in Latin America. New York: Monthly Review Press.

———. 1976a. Economic Genocide in Chile: Equilibrium on the Point of a Bayonet. Nottingham: Spokesman Books.

———. 1976b. “Economic Genocide in Chile: Open Letter to Milton Friedman and Arnold Harberger”. Economic and Political Weekly 11 (24): 880-888.

Friedman, Milton. 1953. Essays in Positive Economics. Chicago: The University of Chicago Press.

———. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.

———. 1976a. “The Line We Dare Not Cross”. Encounter (noviembre): 8-14.

———. 1976b. “The Fragility of Freedom”. En Milton Friedman in South Africa. Cape Town: Graduate School of Business of the University of Cape Town.

———. 1977. “The Path We Dare Not Take”. En Reader’s Digest (marzo): 110-15.

———. 1982. “Sistema monetario para una sociedad libre”. Estudios Públicos 6: 165-78.

———. (1976) 1992. “Inflation and Unemployment”. En Nobel Lectures, Economics 1969-1980, editado por A. Lindbeck, 234-48. Singapore: World Scientific.

———. 1994. “Chile and Israel: identical policies – opposite outcomes”. En Money Mischief: Episodes in Monetary History, 234-48. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Friedman, Milton & Rose D. Friedman. 1998. Two Lucky People. Memoirs. Chicago: The University of Chicago Press.

Friedman, Milton, José Piñera, Sergio de Castro, Axel Kaiser, Jaime Bellolio & Ángel Soto (comp.). 2012. Un legado de libertad. Milton Friedman en Chile. Santiago: Instituto Democracia y Mercado.

Gazmuri, Cristián. 2000. Eduardo Frei Montalva y su época. Santiago de Chile: Aguilar.

Glick, Philip M. 1957. The Administration of Technical Assistance: Growth in the Americas. Chicago: The University of Chicago Press.

Grandin, Greg. 2006. Empire’s Workshop. New York: Metropolitan Books.

Hachette, Dominique & Rolf Lüders. 1992a. “El proceso de privatización de empresas en Chile, 1974-1982”. Boletín Económico 22. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Chile.

———. 1992b. La privatización en Chile. Santiago: Centro Internacional para el Desarrollo Económico.

———. 1993. Privatization in Chile: An Economic Appraisal. San Francisco: ICS Press.

Hammond, J. Daniel. 2003. “Remembering Economics”. Journal of the History of Economic Thought 25: 133-44.

———. 2013. “Markets, Politics, and Democracy at Chicago: Taking Economics Seriously”. En Building Chicago Economics, editado por Robert van Horn, Philip Mirowski & Thomas Stapleford, 36-66. Cambridge: Cambridge University Press.

Harberger, Arnold. 1999. “Interview with Arnold Harberger”, by David Levy. The Region 13 (1): 18-46.

———. 2015. “Milton Friedman: Un reconocimiento”. En Milton Friedman. La vigencia de sus contribuciones, editado por Rolf Lüders & Francisco Rosende, 15-35. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Hira, Anil. 1998. “How ideas affect economic policy in developing countries: Two case studies from Latin America”. PhD diss. Ann Arbor: UMI Dissertations Publishing.

Hoover, Kevin & Steven Sheffrin (editores). 1995. Monetarism and the Methodology of Economics: Essays in Honour of Thomas Mayer. Cheltenham: Edward Elgar.

Huerta Díaz, Ismael. 1988. Volvería a ser marino. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Huerta, María Antonieta. 1989. Otro agro para Chile. Historia de la reforma agraria en el proceso social y político. Santiago: Ediciones Chile América Cesoc.

Irarrázabal, Jaime. 2013. “Julio Philippi Izquierdo, jurista, legislador, negociador internacional”. Serie Puntos de Referencia 357, Centro de Estudios Públicos.

Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. New York: Henry Holt and Company.

Larraín, Felipe. 1991. “Public Sector Behavior in a Highly Indebted Country: The Contrasting Chilean Experience”. En The Public Sector and the Latin American Crisis, editado por Felipe Larraín & Marcelo Selowsky. San Francisco: ICS Press.

Larraín, Felipe & Patricio Meller. 1990. “La experiencia socialista-populista chilena. La Unidad Popular, 1970-73”. Cuadernos de Economía 27 (82): 317-55.

———. 1991. “The Socialist-Populist Chilean Experience, 1970-73”. En The Macroeconomic of Populism in Latin America, editado por Rudiger Dornbusch & Sebastián Edwards, 175-221. Chicago: University of Chicago Press.

Larraín, Felipe & Marcelo Selowsky. 1991. “Public Sector Behavior in a Highly Indebted Country: The Contrasting Chilean Experience”. En The Public Sector and the Latin American Crisis.

Letelier, Orlando. 1976. “The ‘Chicago Boys’ in Chile. Economic ‘Freedom’s’ Awful Toll”. The Nation (agosto 28), 137-42.

Lüders, Rolf & Francisco Rosende (editores). 2015. Milton Friedman. La vigencia de sus contribuciones. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Marcel, Mario. 1988. “Privatización y finanzas públicas. El caso de Chile 1985-88”. Colección Estudios Cieplan 26: 5-60.

Medina, Eden. 2011. Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Mirowski, Philip & Dieter Plehwe (editores). 2009. The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective. Boston: Harvard University Press.

Myrdal, Gunnar. 1977. “The Nobel Prize in Economic Science.” Challenge 20 (marzo-abril): 50-52.

Moss, Robert. 1973. Chile’s Marxist Experiment. New York: John Wiley.

Palma, Gabriel. 1978. “Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment?”. World Development 6: 881-924.

Pérez, Cristián. 2001. “La izquierda chilena vista por la izquierda”. Estudios Públicos 81: 337-579.

Puryear, Jeffrey M. 1994.Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Ramos, Joseph. 1986. Neoconservative Economics in the Southern Cone. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Rosende, Francisco (editor). 2007a. La escuela de Chicago. Una mirada histórica a 50 años del convenio Chicago / Universidad Católica. Ensayos en honor a Arnold C. Harberger. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

———. 2007b. “Chicago Economics II. Del triunfo de las ideas a la crisis de los Chicago Boys en Chile”. En La Escuela de Chicago. Una mirada histórica a 50 años del convenio Chicago / Universidad Católica. Ensayos en honor a Arnold C. Harberger, 59-84.

Schliesser, Eric. 2010. “Friedman, Positive Economics, and the Chicago Boys”. En The Elgar Companion to the Chicago School of Economics, 175-95. Cheltenham: Edward Elgar.

Silva, Eduardo. 1996. The State and Capital in Chile. Business Elites, Technocrats, and Market Economics. Boulder, Colorado: Westview Press.

Soto, Ángel & Francisco Sánchez. 2015. El “padre” de los Chicago Boys: Arnold Harberger. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.

Valdés, Juan Gabriel. 1995. Pinochet’s Economists: The Chicago Boys in Chile. Cambridge: Cambridge University Press.

Valenzuela, Arturo. 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. Chile. Baltimore: The Johns Hopkins Press. EP

[1] El emblemático edificio de la Cepal, del arquitecto Emilio Duhart, fue inaugurado el 29 de agosto de 1966 por el Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, y el Secretario General de las Naciones Unidas. A partir de 1984, la Cepal incluye al Caribe.

[2] Para una biografía intelectual de Raúl Prebisch, ver Dosman (2008).

[3] A partir de 1961, bajo el gobierno de John F. Kennedy, el Point Four Program, iniciado bajo el gobierno de Harry S. Truman, pasaría a formar parte del United States Agency for International Development (Usaid).

[4] Rosende (2007b) describe detalles interesantes de los estudios en Chicago y destaca que posteriormente muchos chilenos siguieron un MBA.

[5] Estos son (con sus respectivas tesis y año de aprobación): Ernesto Fontaine (“The Sugar-Beet Industry in Chile: A Cost Benefit Analysis”, 1964), Marcelo Selowsky (“Education and Economic Growth: Some International Comparisons”, 1967), Rolf Lüders (“A Monetary History of Chile: 1925-1958”, 1968), Ricardo Ffrench-Davis (“Economic Policies and Stabilization Programs: Chile, 1952-1969”, 1971), Dominique Hachette (“Revaluation of the Escudo and Distribution of Income”, 1973) y Sergio de Castro (“Differences in the Santiago Labor Market”, 1973). Rolf Lüders, que sería ministro de Hacienda y Economía durante la crisis económica de 1982 (30 de agosto de 1982 al 14 de febrero de 1983), fue el único que tuvo a Milton Friedman como supervisor de tesis.

[6] Para una historia y análisis de estos programas de asistencia en Latinoamérica, ver Glick (1957).

[7] Bajo la Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy, Chile recibió “cerca de 720 millones de dólares entre 1961 y 1970, la suma más grande, en una base per cápita, entregada a un país latinoamericano” (Collier y Sater 1996, 310). Cabe notar que las decisiones de inversión para Latinoamérica las tomaba un grupo de nueve expertos que era coordinado por Raúl Prebisch, director de la Cepal.

[8] El fallido intento de los Chicago Boys para influir en el programa de gobierno de Jorge Alessandri, que sería el origen de “El ladrillo”, es la mejor prueba (Arancibia y Balart 2007, 129-40).

[9] La campaña política de Frei Montalva recibió mucho apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA (Fermandois 2013, 129-31, 189). De hecho, Valenzuela (1978, 109 n. 21) sostiene, en base a un informe de la CIA, que la campaña de Frei Montalva recibió 3 millones de dólares desde EE.UU., lo que corresponde a 1,20 dólares por voto emitido. En comparación, la campaña de Johnson y Goldwater, ese mismo año 1964, sólo habría recibido en conjunto 54 centavos de dólar por voto.

[10] Aunque existe una vasta literatura respecto al surgimiento de Allende, el golpe militar y la dictadura de Pinochet y, por supuesto, múltiples interpretaciones, esta sección sólo pretende resaltar algunos trazos históricos de este período para entender la posición de Milton Friedman en relación a Chile.

[11] Para comprender cómo muchos en Chile creían y perseguían una economía central planificada, vale la pena leer la fascinante historia de Cybersyn (Medina 2011), un innovador proyecto tecnológico vinculado al proceso de nacionalización y estatización que fue liderado por Fernando Flores y Stafford Beer.

[12] Hachette y Lüders (1993, 3 tabla 1.1) sostienen que a fines de 1973 había un total de 596 empresas estatales, que correspondían al 39 por ciento del PIB.

[13] Si durante los seis años del gobierno de Frei se expropiaron 3.564.243 hectáreas, en los mil días del gobierno de la Unidad Popular se expropiaron 6.401.625 hectáreas. Esta última cifra equivale al 38 por ciento de la superficie total agrícola del país (estos números pueden encontrarse en Bellisario (2007, 15) y prácticamente coinciden con el análisis más detallado en Huerta (1989, 242, 324-5).

[14] The Chilean Revolution.Conversations with Allende (United Kingdom: Verso, 1971; USA: Pantheon Books, 1971); Entretiens avec Allende sur la situation au chili (Paris: Maspero, 1971); Salvador Allende: Der chilenische Weg (Berlin: Verlag, 1971); La via cilena. Intervista con Salvador Allende, presidente del Cile, con una prefazione, e un documento inedito del MIR (Milano: Feltrinelli, 1971); y De toestand in Chili - gesprek met Allende (Utrecht/Antwerpen: Bruna & Zoon, 1971).

[15] Fidel Castro llegó a Chile el 10 de noviembre de 1971. Pese a que se suponía que su visita no sería larga, el dictador cubano se quedó hasta el 4 de diciembre. Al final, ante sus largos discursos con su acalorada retórica y su abierta defensa a la lucha armada, incluso Allende estaba incómodo con la extensión de su visita (Fermandois 2013, 519-28)

[16] Por ejemplo, The Times publicó un inserto publicitario de una página completa promoviendo y celebrando el éxito económico de las políticas socialistas de Allende (ver “Chile – The Economic Achievements”, The Times, 22 de mayo, 1972). El éxito sería consecuencia, de acuerdo al aviso, “de la transferencia del control de los medios de producción a la gente”.

[17] El déficit fiscal llegó al 14 y 10 por ciento del PIB en 1972 y 1973, respectivamente (ver Larraín y Meller 1990, 347; Larraín y Selowsky 1991). A esto debe agregarse el aumento del déficit de las empresas públicas que, excluyendo a Codelco, aumentaron al 4,7 por ciento en 1972, para alcanzar el 10,4 por ciento del PIB en 1973. Esta excesiva carga fiscal fue principalmente financiada con emisión de dinero (ver Larraín y Meller 1990, 348). Ya en 1971, el dinero M1 aumentó en 119 por ciento (Larraín y Meller 1991, 197).

[18] A fines de 1970 Pedro Vuskovic, destacada figura de la Cepal donde trabajó durante 20 años, promovía “reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del latifundio y del capital monopolista nacional y extranjero, para iniciar la construcción del socialismo. Se abre así el proceso de profundas transformaciones económicas y sociales y es en el contexto de este proceso histórico que debe apreciarse cada iniciativa del Programa de Gobierno” (Pérez 2001, 378).

[19] En ese entonces, el concepto de “totalitarismo” estaba fuertemente vinculado al rol del Estado. Por ejemplo, Mussolini, inspirado por Giovanni Gentile, declararía: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

[20] De hecho, un miembro de la Armada escribió que dicha resolución fue una condición para que las fuerzas armadas planificaran y ejecutaran el golpe militar (Huerta Díaz 1988, vol. 2, 80).

[21] Es importante notar que el editor de The Economist para Latinoamérica de ese entonces era Robert Moss, autor de Chile’s Marxist Experiment (1973). Para un análisis autocrítico de The Economist acerca del tratamiento de Chile en los años 70, ver “The Pinochet Affair: Blackwashing Allende” (The Economist, enero 28, 1999).

[22] Jorge Cauas es ingeniero civil y obtuvo un Master of Arts en Economía en la Universidad de Columbia en 1961.

[23] Carlos Geraldo Langoni tenía sólo 30 años. En 1970 había finalizado su Ph.D. en economía en la Universidad de Chicago con su tesis “A Study in Economic Growth: The Brazilian Case”, y en ese entonces era sub-director de la Escuela de Postgrado en la Fundación Getulio Vargas en Brasil. Entre 1980 y 1983 sería presidente del Banco Central de Brasil.

[24] La visita de Friedman fue consecuencia de los contactos entre Rolf Lüders, que entonces formaba parte del Grupo BHC, y Arnold Harberger. El Banco Hipotecario de Chile (BHC) había sido fundado en 1893, y en 1975 era controlado por Javier Vial, líder del Grupo Vial, un importante conglomerado industrial y financiero que colapsó en la crisis económica de 1982.

[25] De acuerdo al testimonio de personas que asistieron a dicha charla, Friedman habló acerca de la inflación, de política monetaria y del rol de los bancos centrales. La charla se realizó en la Escuela de Negocios de Valparaíso, entonces vinculada a la Universidad Técnica Federico Santa María. La relación de Pedro Ibáñez Ojeda —miembro de la Mont Pèlerin Society desde 1969, senador de la república entre 1961 y 1973, empresario y presidente de la Fundación Adolfo Ibáñez, que administraba Escuela de Negocios de Valparaíso— con Milton Friedman influyó en este corto viaje a Viña del Mar. De hecho, Friedman fue nombrado miembro académico honorario de la Escuela de Negocios de Valparaíso durante esa visita.

[26] El uso de metáforas para hablar de los problemas económicos tiene una larga tradición intelectual en la historia del pensamiento económico, pero en la escuela de Chicago era una práctica habitual y extendida desde Frank Knight (1885-1972).

[27] Brasil estaba bajo un régimen militar desde 1964, y en ese entonces los analistas económicos solían referirse al milagro brasileño. El país creció 10 por ciento en 1974. Y en 1975 el optimismo económico en Brasil, donde los derechos humanos también eran un grave y conocido problema, se mantenía.

[28] La relación de Harberger con los economistas chilenos educados en Chicago es muy cercana y especial. También lo es su relación con Chile. Harberger inició y promovió el intercambio entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile, se casó con una chilena y fue consejero y amigo de muchos chilenos. Como escribe Valdés, “él y su mujer, Anita, una chilena, abrieron su hogar a los estudiantes chilenos y les entregaron su afecto y atención” (1995, 155). A sus 91 años, “Alito” Harberger, un reconocido y destacado economista, todavía visita Chile y mantiene sus amistades incluso después de la muerte de Anita el año 2011. Es interesante leer el nuevo libro de Harberger, con un prólogo de Rolf Lüders, que recopila importantes escritos de Harberger relacionados con Chile (Soto y Sánchez 2015).

[29] La transcripción de su charla, junto a las preguntas del público y sus respuestas, se encuentra publicada en Friedman et al. (2012, 17-62).

[30] Silva (1996, 101) también sugiere que las críticas de Friedman y Harberger a los “gradualistas” contribuyeron al “Plan de recuperación económica”.

[31] Emilio Sanfuentes fue un Chicago Boy muy importante. Dirigió el Centro de Estudios Económicos y Sociales y jugó un rol crucial en la redacción y difusión de “El ladrillo”.

[32] La periodista le pregunta por el plazo del costo social apelando al dicho “si con caldo vamos sanando, caldo síguele dando”, y si le parece recomendable seguir con el mismo caldo.

[33] Las notas de Friedman acerca de su visita Chile fueron dictadas y escritas durante su estadía en las islas Fiji, mientras regresaba desde Australia a Estados Unidos (Friedman y Friedman 1998, 631 n.o 5).

[34] Milton Friedman recuerda: “… después di esencialmente la misma charla bajo el título ‘La fragilidad de la libertad’ en Brigham Young University en diciembre de 1975, y una transcripción revisada fue publicada como ‘La línea que no nos atrevemos a cruzar’ (‘The Line We Dare Not Cross’) en Encounter, noviembre 1976, 8-14. Un extracto fue también publicado como ‘El camino que no nos atrevemos a tomar’ (‘The Path We Dare Not Take’) en Reader’s Digest, marzo, 1977, 110-15” (Friedman y Friedman 1998, 631 n. 7; Friedman 1976a y 1977). Sin embargo, cabe notar que un año después de su visita a Chile, Friedman también dio esta charla en la Universidad de Cape Town el 22 de marzo de 1976, la que también fue publicada (ver Friedman 1976b, 3-10).

[35] Así se le llamaba al curso de microeconomía.

[36] Esta carta fue publicada el 10 de diciembre de 1976 en The Wall Street Journal (también se encuentra en Friedman 1998, 598-9).

[37] Muy posiblemente le ofrecieron los grados de doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, que recibían fondos del Estado.

[38] En correspondencia privada del 15 de junio del 2015, Rolf Lüders recuerda que durante la reunión que sostuvieron con Friedman y Pinochet, en la que él estuvo presente, el economista le habría dicho a Pinochet que la libertad económica conducía a la libertad política. También recordaría que las dos veces que lo recogió en el aeropuerto, en marzo de 1975 y noviembre de 1981, le habló del mismo tema.

[39] Valdés escribe que si Albion Patterson, Theodore W. Schultz y Julio Chaná “pueden correctamente ser llamados los ‘padres’ de los contratos (…), el título de ‘padre’ de los Chicago Boys se le debe entregar con toda justicia al Dr. Arnold Harberger” (Valdés 1995, 109).

[40] Escribió 300 columnas para Newsweek, 121 para The Wall Street Journal y 22 para The New York Times.

[41] La correspondencia está en los archivos de Friedman, Hoover Institution, Stanford University.

[42] Gonzalo Arroyo fue un sacerdote jesuita que participó activamente en la reforma agraria. Fue también un destacado miembro fundador del Mapu y del movimiento Cristianos por el Socialismo, así como también fundador y vicerrector de la Universidad Alberto Hurtado.

[43] Para mantener la confidencialidad de Tintner, Friedman inicia la carta publicada en Chicago Maroon con un “Dear Professor”. La carta de Friedman a Tintner tiene fecha del 16 de julio de 1975 y se encuentra en Friedman y Friedman (1998, 595-6).

[44] En relación al argumento de doble estándar, Gerhard Tintner visitó Moscú, Leningrado y Varsovia en 1976, y ya había publicado en Communist Affairs. En esta misma línea se pueden sumar las declaraciones de Joan Robinson en relación a Mao o las visitas de John Kenneth Galbraith a China comunista (Hammond 2013, 58-61).

[45] Frank aparece como graduado con un Ph.D. de Chicago en 1957 (“Growth and Productivity in Ukranian Agriculture and Industry from 1928 to 1955”), pero su tesis doctoral no se encuentra en la biblioteca de Chicago. Sin embargo, una versión de su doctorado fue publicada en 1958 en el Journal of Political Economy.

[46] Por ejemplo, Osvaldo Sunkel, al ser consultado por su relación con Frank, la definió como “antipatía mutua” y se refirió a su trabajo como “pedestre” (charla “Historical Approaches in Economics. A Personal Perspective”, en Cepal, 25 de noviembre, 2015). Para un testimonio personal de su legado intelectual, ver Arestis y Sawyer ([1992] 2000, 186-195).

[47] Para una influyente crítica académica, ver Palma (1978, 899-905).

[48] En 1976, Frank publica sus cartas abiertas en Economic Genocide in Chile: Equilibrium on the Point of a Bayonet (Nottingham: Spokesman Books).

[49]Letelier había sido embajador de Allende en EE.UU. y había dirigido tres ministerios durante los cuatro últimos meses del gobierno de la Unidad Popular.

[50] Orlando Letelier dirigía el Transnational Institute, fundado en 1974 como una organización hermana del Institute for Policy Studies. Ambos think tanks cultivaban y promovían una agenda más bien socialista.

[51] Hammond (2003, 142) también ha reparado en este detalle donde Letelier implícitamente supone más de una visita de Friedman a Chile.

[52] Ver http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-facts.html.

[53] No obstante, las cartas fueron publicadas el 24 de octubre de 1976, ambas estaban fechadas el 14 de octubre de 1976, el mismo día en que se anunció que Friedman recibiría el Premio Nobel de Economía.

[54] Friedman no recibió honorario alguno por su visita a Chile. Tampoco lo hizo Hayek en sus dos visitas a Chile. En efecto, los honorarios para las visitas de académicos no eran una práctica habitual en ese entonces.

[55] Aunque no existen cifras oficiales, de acuerdo a conversaciones con José Zalaquett y Mauricio Rojas, Suecia habría recibido inicialmente unos cuatro mil exiliados. Posteriormente, según recuerda Mauricio Rojas, el número de exiliados chilenos en Suecia aumentaría significativamente en los años ochenta.

[56] Rose Friedman también se refiere las actividades organizadas por el “Chilean Committee” en Suecia (Friedman y Friedman 1998, 447).

[57] Carta fechada el 9 de diciembre de 1976 en los archivos de Friedman, Hoover Institution, Stanford University.

[58] La escena, donde el manifestante parte diciendo “Friedman go home”, puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=QwQioAwm-FI.

[59] En 2015, Ediciones UC publicó Milton Friedman. La vigencia de sus contribuciones (editado por Rolf Lüders y Francisco Rosende) y aquí aparece un notable testimonio de Harberger relativo al carácter de Friedman (Harberger 2015). Al respecto, ver también su entrevista (Harberger 1999).

[60] Friedman supo acerca de este ensayo de Myrdal inmediatamente después de que se publicara en Suecia, ya que Ole-Jacob Hoff le envió una carta en la que resumía su contenido (la misiva de Hoff puede también encontrarse en la colección de Hayek, box 147, en Hoover Institution, Stanford University).

[61] Myrdal critica el énfasis en los modelos “cerrados”, la regularidad y la causalidad que ignora “el rol de los valores” (1977, 51).

[62] Friedman recibió el Premio Nobel en Economía sólo dos años después que Friedrich Hayek, con quien compartía una posición política y cierta afinidad ideológica. De hecho, Friedman se convirtió en un activo miembro de la Mont Pèlerin Society y fue uno de los fundadores que participó en su primer encuentro en 1947 (sobre su rol y el de Hayek en la Mont Pèlerin Society, ver Burgin 2012).

[63] Los académicos argumentaron que estaban “consternados por la preferencia ideológica y disciplinaria de la universidad ante el masivo apoyo por las doctrinas económicas y políticas que se han extendido del trabajo de Friedman” (ver carta de protesta en http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/resources/faculty-letter-mfi).

[64] Incluso se ha argumentado que su discurso con motivo de la entrega del Premio Nobel “puede ser entendido en el contexto del furor que causó su asociación con la actividad de los Chicago Boys en el Chile de Pinochet” (Schliesser 2010, 184).

[65] Raúl Sáez había sido vicepresidente ejecutivo de Corfo y brevemente ministro de Hacienda bajo el gobierno de Frei Montalva. Fue uno de los “nueve sabios” que, desde 1962, integraban el comité asesor para la Alianza para el Progreso lanzado por J. F. Kennedy.

[66] Bajo el gobierno de Allende “la tarifa de importación nominal promedio era un 105 por ciento, con tarifas que fluctuaban desde 0 para bienes de consumo ‘esenciales’ hasta 750 por ciento para bienes considerados de ‘lujo’” (Corbo 1993, 2), y “[a] fines de 1973 la tarifa de importación promedio en Chile era 94 por ciento. En junio de 1979, en cambio, era sólo un 10 por ciento y cubría todos los ítemes importados, excepto los autos” (Foxley 1980, 23).

[67] Para una historia de las privatizaciones en Chile, ver Hachette y Lüders (1992a; 1992b; 1993), y para un análisis crítico, ver Marcel (1988).

[68] Las discusiones dentro de la junta militar al respecto pueden encontrarse en Barros (2002, 105-7; 2005, 135-8).

[69] La señal más potente recién había llegado desde el sector financiero. El 2 de noviembre de 1981, dos semanas antes de la visita de Friedman a Chile, el gobierno había intervenido cuatro bancos (Banco de Talca, Banco Español Chile, Banco de Linares y Banco de Fomento de Valparaíso) y cuatro financieras (Compañía General Financiera, Financiera de Capitales, Financiera Sur y Financiera Cash) por tomar “riesgos excesivos”.

[70] El encuentro regional de la Mont Pèlerin Society fue organizado y promovido por Pedro Ibáñez Ojeda, quien era miembro de la sociedad desde 1969. Unas 250 personas asistieron al encuentro. James Buchanan, Gordon Tullock, Arnold Harberger, Arthur Shenfield, Rose Friedman, Larry Sjaastad y Gottfried Dietze, entre otros, realizaron presentaciones. Los principales papers, incluyendo el de Friedman, fueron traducidos al español y publicados en Estudios Públicos 6 (1982).

[71] La conferencia de prensa con las preguntas y respuestas fue publicada por revista Ercilla (25 de noviembre, 1981, 21-7).

[72] El texto se titulaba, posiblemente en alusión directa a Friedman, “No vine a vender recetas”, y destacaba su declaración: “Si siguen a Friedman una generación de peruanos puede morir de hambre” (Caretas 611, 18 de agosto, 1980).

[73] Carta de Friedman a Rodríguez Elizondo, 18 de diciembre de 1981. También existe una carta del 15 de octubre de 1982 y otra del 11 de agosto de 1998. En la primera se refiere al nuevo ministro de Hacienda, Rolf Lüders, y al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz. En la segunda, después de la publicación de Two Lucky People, Friedman se excusa con Rodríguez Elizondo, entonces embajador chileno en Israel, por no incluir en la entrevista antecedentes de su posterior visita a Perú, y concluye que Israel “puede aprender mucho de Chile”. Agradezco a José Rodríguez Elizondo el permiso para reproducir algunos extractos y la generosidad de compartirlas. Estas cartas también se encuentran en los archivos de Hoover Institution, Stanford University.

[74] Basta recordar que el 28 de marzo de 1982 se publicaría en El Mercurio el crítico y polémico editorial “Malos días”, que aparentemente le costó el puesto de director a Arturo Fontaine A. (ver Arancibia 2006, 250-6; ver también versión de Sergio De Castro en Arancibia y Balart 2007, 379 n.o 373). El editorial “Malos días” puede encontrarse en Fontaine (1993, 415-18).

[75] La versión en inglés fue posteriormente publicada en Hoover y Sheffrin (1995, 167-77). La versión en español puede encontrarse en Estudios Públicos 6 (1982).

[76] Tal como aparece en el artículo, el mismo Friedman compartió su presentación con La Segunda y autorizó su publicación.

[77] Las entrevistas fueron realizadas por Lucía Santa Cruz y Pilar Molina.

[78] Pero también se narra una confrontación entre Mario Vargas Llosa y Milton Friedman en una visita previa a Perú. “Vargas Llosa le preguntó si tenía alguna duda moral al observar que sus teorías eran aplicadas generalmente en países con gobiernos autoritarios. Fue lacónico. Habría dicho ‘no’ agregando: ‘No me gustan los gobiernos militares, pero busco el mal menor’” (Hoy, 25 de noviembre, 1981, 27).

[79] Un testimonio personal de su salida puede encontrarse en Arancibia y Balart (2007, 380-6).

[80] Ver el artículo “Pinochet Sends the Chicago Boys Back to School” (The Economist 7406, agosto 10, 1985).

[81] Me refiero a Shock Doctrine, de Naomi Klein (2007); a Empire’s Workshop, de Greg Grandin (2006); e incluso a The Road from Mont Pèlerin, editado por Philip Mirowski y Dieter Plehwe (2009).

[82] Por ejemplo, Hayek, al ser consultado por su opinión de Milton Friedman y del monetarismo, responde: “Milton Friedman es un viejo amigo mío. Coincido con él en lo general, pero hay dos puntos en los cuales discrepo. Friedman es un positivista estricto y le da demasiada importancia a los datos estadísticos. Esta interpretación macroeconómica es inútil. Sólo la microeconomía puede importar en economía. En cuanto a la teoría cuantitativa del dinero, es excelente, pero muy simple. Demasiado simple” (Ercilla, 23 de noviembre, 1977, énfasis agregado). Evidentemente, el pensamiento de Hayek es también mucho más complejo en la relación entre gobiernos autoritarios y economía libre (ver Caldwell y Montes 2015a; 2015b).

[83] Cuando Friedman visita Chile en 1975, solo tres países —Argentina, Colombia y Venezuela— no tenían regímenes militares. Y en 1981, durante su segunda visita, los países sin regímenes militares eran Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

DEBATE

LA DIVERSIDAD POLÍTICA VA A MEJORAR LA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL*

José L. Duarte

Universidad Estatal de Arizona

jlduarte@asu.edu

Jarret T. Crawford

The College of New Jersey

crawford@tcnj.edu

Charlotta Stern

Universidad de Estocolmo

lotta.stern@sofi.su.se

Jonathan Haidt

Universidad de Nueva York

haidt@nyu.edu

Lee Jussim

Universidad de Rutgers

jussim@rci.rutgers.edu

Philip E. Tetlock

Universidad de Pensilvania

tetlock@wharton.upenn.edu.

* Publicado originalmente en Behavioral and Brain Sciences 38 (2015). Traducimos aquí, con la debida autorización, el artículo original y una selección de los numerosos comentarios críticos que acompañaron su publicación en dicha revista. La traducción fue realizada por Cristóbal Santa Cruz para Estudios Públicos.

Todos los autores contribuyeron de manera sustancial y son nombrados en orden inverso según su antigüedad académica. Ellos agradecen a Bill von Hippel, Michael Huemer, Jon Krosnick, Greg Mitchell, Richard Nisbett y Bobbie Spellman por sus comentarios a versiones preliminares de este artículo, si bien ello no implica necesariamente que suscriban las opiniones expresadas en este artículo.

Resumen: Los psicólogos han demostrado el valor de la diversidad —en especial, la diversidad de puntos de vista— para potenciar la creatividad, la capacidad de descubrimiento y la solución de problemas. Pero un tipo clave de diversidad sigue ausente en la psicología académica, en general, y en la psicología social, en particular: la diversidad política. Este artículo revisa la evidencia disponible y halla elementos que respaldan cuatro afirmaciones: 1) La psicología académica solía tener una considerable diversidad política, pero la ha perdido casi por completo en los últimos 50 años. 2) Esta falta de diversidad política puede socavar la validez de la psicología social como ciencia, al introducir valores liberales[1] en las interrogantes y metodologías de investigación, alejar a los investigadores de temas de investigación relevantes, pero políticamente incómodos y generar conclusiones que describen erróneamente tanto a los liberales como a los conservadores. 3) Una mayor diversidad política mejoraría la ciencia de la psicología social, reduciendo el impacto de los mecanismos de sesgo, tales como el sesgo de confirmación, y empoderando a las minorías disidentes para que mejoren la calidad de la reflexión de las mayorías. 4) La baja representación de no liberales en la psicología social muy probablemente se deba a una combinación de autoselección, ambiente hostil y discriminación. El artículo concluye con una serie de recomendaciones para lograr una mayor diversidad política en la psicología social.

Palabras clave: sesgo académico, diversidad académica, sesgo de confirmación, discriminación, ciencia abierta, psicología política, psicología social.

POLITICAL DIVERSITY WILL IMPROVE SOCIAL PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Abstract: Psychologists have demonstrated the value of diversity –particularly diversity of viewpoints– for enhancing creativity, discovery, and problem solving. But one key type of viewpoint diversity is lacking in academic psychology in general and social psychology in particular: political diversity. This article reviews the available evidence and finds support for four claims: (1) Academic psychology once had considerable political diversity, but has lost nearly all of it in the last 50 years. (2) This lack of political diversity can undermine the validity of social psychological science via mechanisms such as the embedding of liberal values into research questions and methods, steering researchers away from important but politically unpalatable research topics, and producing conclusions that mischaracterize liberals and conservatives alike. (3) Increased political diversity would improve social psychological science by reducing the impact of bias mechanisms such as confirmation bias, and by empowering dissenting minorities to improve the quality of the majority’s thinking. (4) The underrepresentation of non-liberals in social psychology is most likely due to a combination of self-selection, hostile climate, and discrimination. We close with recommendations for increasing political diversity in social psychology.

Keywords: academic bias, academic diversity, confirmation bias, discrimination, open science, political psychology, social psychology.

Aquel que sólo conoce su propio enfoque del caso,

poco sabe sobre éste.

—John Stuart Mill, On Liberty ([1859] 1989, 38)

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la psicología social ha debido enfrentar una serie de desafíos relacionados con la validez de sus investigaciones, entre ellos, algunos bullados errores de replicación, casos de fraude, artículos sobre prácticas de investigación cuestionables y sobreestimación del tamaño de los efectos (John et al. 2012; Simmons et al. 2011). A modo de respuesta, la Society for Personality and Social Psychology (SPSP) convocó a una mesa de trabajo para analizar los temas de publicación y prácticas de investigación, la que elaboró un conjunto de recomendaciones estadísticas, metodológicas y prácticas, a fin de limitar las faltas de integridad y robustecer la validez de la psicología social (Funder et al. 2014, 18). En este artículo, sugerimos que una de las razones no consideradas que explican dicho fracaso es la falta de diversidad política. Revisamos evidencia que sugiere que un mayor nivel de diversidad política y de disentimiento mejoraría la confiabilidad y validez de la psicología social.

No somos los primeros en esgrimir este argumento. Tetlock (1994) identificó las diferentes formas en que los valores morales y políticos llevaban a conclusiones injustificadas en materia de disuasión nuclear y de prejuicios, y Redding (2001) mostró que la falta de diversidad política en los diferentes ámbitos de la psicología atenta contra la validez de las conclusiones de esta ciencia. Por desgracia, estas consideraciones han sido en gran parte ignoradas. Como mostraremos, los motivos de preocupación cobran hoy mayor fuerza que al momento en que Tetlock y Redding publicaron sus críticas. En este artículo, hacemos cinco contribuciones a la literatura científica, cada una de las cuales corresponde a una sección del artículo. La sección 2 ilustra cómo, si bien la psicología en un momento se caracterizó por una considerable diversidad política, durante las cuatro últimas décadas exhibe una marcada tendencia hacia la homogeneidad política. En la sección 3 se identifican tres factores de riesgo que apuntan a cómo la falta de diversidad política puede atentar contra la validez de la investigación científica. En base a hallazgos de la psicología organizacional, en la sección 4 demostramos que una mayor diversidad política puede contribuir a mejorar la ciencia de la psicología social. En la sección 5 se examinan las posibles fuentes de homogeneidad política en la psicología social actual, entre ellas, las diferencias entre los liberales y no liberales en cuanto a habilidades e intereses, la hostilidad hacia los puntos de vista no liberales y la discriminación en contra de los no liberales. En la sección 6, se entregan algunas recomendaciones para promover la diversidad política entre los psicólogos sociales y reducir los efectos nocivos de la homogeneidad política en la investigación.

Antes de comenzar, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre la terminología empleada en este artículo. En primer lugar, utilizamos el término “psicología social” para incluir también a la psicología de la personalidad, ya que ambos campos están estrechamente vinculados y porque resulta largo y tedioso referirse continuamente a la “ciencia de la psicología social y de la personalidad”. Nos focalizamos en la psicología social porque es el campo de la psicología que se aboca en forma más directa al análisis de temas ideológicamente controvertidos y, por ende, es el que más exige una diversidad política en su mirada. Segundo, nos centramos en los conservadores[2] como grupo subrepresentado, porque los datos sobre la prevalencia en psicología de diferentes grupos ideológicos permiten un mejor contraste entre liberales y conservadores, y porque en este ámbito la desviación en cuanto a la proporción de liberales y conservadores en la población estadounidense es muy alta. No obstante, argumentamos que el campo requiere un mayor número de no liberales, independientemente de cómo dichas personas se identifiquen a sí mismas (esto es, como libertarios o moderados). En tercer lugar, es importante reconocer que el conservadurismo no es monolítico; de hecho, es probable que exista una mayor diversidad de afiliaciones políticas entre quienes se identifican como conservadores que entre los liberales (Feldman y Johnston 2014; Klein y Stern 2005; Stenner 2009). Cuarto, para satisfacer la curiosidad del lector, mencionaremos que entre quienes colaboraron en este artículo hay un liberal, una persona de centro, dos libertarios, una persona cuyas idea políticas no encuadran dentro de la clasificación derecha/izquierda, y un opositor al neopositivismo que se declara a favor de una política “no preguntes, no digas”, en la que la erudición debe ser juzgada de acuerdo a sus propios méritos. Ninguno de nosotros se identifica como conservador o republicano.

Es necesario agregar un último comentario: la falta de diversidad política no constituye una amenaza para la validez de los estudios específicos en muchas —y tal vez la mayoría— de las áreas de investigación de la psicología social. La falta de diversidad genera problemas para el proceso científico, principalmente en temas relacionados con las inquietudes políticas de la izquierda, como la raza, el género, los estereotipos, la ecología, el poder y la desigualdad, así como en áreas en que se estudia a los conservadores, como la psicología moral y política. Y no estamos sugiriendo que en dichas áreas la mayoría de las investigaciones sean defectuosas o erróneas. Más bien, argumentamos que al abordar temas con carga política, puede que los esfuerzos conjuntos de los investigadores no logren converger en una verdad cuando hay pocos o ningún investigador liberal capaz de plantear interrogantes e hipótesis alternativas. No es nuestra intención en este artículo desmantelar la psicología social, campo con una larga trayectoria de investigaciones que han sido cruciales para comprender y mejorar la condición humana (véanse ejemplos en Zimbardo 2004). Nos sentimos orgullosos de ser psicólogos sociales y creemos que nuestro campo puede adoptar —y efectivamente lo hará— algunos métodos relativamente sencillos para utilizar la diversidad en pos de su propio perfeccionamiento como ciencia.

2. LA SICOLOGÍA ES POLÍTICAMENTE MENOS DIVERSA QUE NUNCA

Existen muchos ámbitos académicos en que las encuestas indican que las personas que se definen como conservadoras son casi tan numerosas como las se definen como liberales; por lo general, éstas provienen del ámbito de los negocios, la informática, la ingeniería, la ciencia de la salud y las áreas técnico-vocacionales (Gross y Simmons 2007; Zipp y Fenwick 2006).[3] Sin embargo, en las ciencias sociales y las humanidades existe un mayor desequilibrio. Por ejemplo, las encuestas recientes arrojan que el 58-66 por ciento de los profesores de ciencias sociales en los Estados Unidos se identifican como liberales, en tanto que sólo el 5-8 por ciento se identifican como conservadores, y que quienes se definen como demócratas superan a los republicanos en una proporción de al menos 8 a 1 (Gross y Simmons 2007; Klein y Stern 2009; Rothman y Lichter 2008). En las humanidades nos encontramos con una situación similar, ya que las encuestas señalan que el 52-77 por ciento de los profesores de humanidades se identifican como liberales y únicamente el 4-8 por ciento como conservadores, y que quienes se autodenominan demócratas superan a los republicanos en una proporción de al menos 5 a 1 (Gross y Simmons 2007; Rothman y Lichter 2008). En psicología, el desequilibrio es ligeramente más pronunciado: el 84 por ciento se identifican como liberales, mientras que sólo el 8 por ciento, como conservadores. Esto se traduce en una proporción de 10,5 a 1. En los Estados Unidos, la proporción entre liberales y conservadores es de aproximadamente 1 a 2 (encuesta Gallup 2010; véase Saad 2010).

¿Se ha inclinado siempre la psicología social en forma tan pronunciada hacia la izquierda? La información disponible es imperfecta, ya que los únicos datos que se remontan a varios decenios se centran en la identificación con un partido (demócrata versus republicano; McClintock et al. 1965) y no en una identidad ideológica. Antes de los años ochenta, la afiliación a un partido no se correlacionaba con la dimensión derecha-izquierda en forma tan marcada como hoy (Barber y McCarty 2013). Existía una minoría importante de republicanos liberales y de demócratas conservadores. No obstante, desde inicios del siglo veinte, el partido demócrata se ha transformado en el partido de izquierda y el partido republicano, en el de derecha (Levendusky 2009). En el gráfico 1, ilustramos todos los datos disponibles acerca de la identidad política de los psicólogos de las universidades estadounidenses, incluida su identificación con un partido (diamantes) como su identificación con los liberales o conservadores (círculos). Ambos conjuntos de datos arrojan un marcado proceso de izquierdización. En las elecciones presidenciales de 1920, los profesores de psicología eran igualmente propensos a declarar que habían votado por los republicanos que por los demócratas. Desde los años treinta hasta 1960, era más probable que declararan haber votado por los demócratas, pero importantes minorías votaron por Wilkie, Eisenhower, y Nixon (en 1960). Sin embargo, en 2006, la proporción entre demócratas y republicanos había ascendido a más de 11:1 (Gross y Simmons 2007; Rothman y Lichter 2008).

Gráfico 1. IDENTIDAD POLÍTICA DE LOS PSICÓLOGOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTADOUNIDENSES

Con el correr de los años, la afiliación política y las simpatías ideológicas de los psicólogos académicos se han desplazado hacia la izquierda. Los círculos muestran la proporción de sujetos que se definen como liberales versus quienes se definen como conservadores. Los diamantes muestran la proporción entre las preferencias declaradas por un partido o la votación (demócratas versus republicanos). Los datos para los años 1924-1960 aparecen en McClintock et al. (1965). Los diamantes abiertos representan los candidatos por los cuales los participantes recuerdan haber votado; los diamantes negros representan la identificación con un partido declarada por los participantes al momento de la encuesta. Los datos de 1999 son de Rothman et al. (2005). Los datos de 2006 de Gross y Simmons (2007). El círculo de la derecha es de Inbar y Lammers (2012) y representa la proporción de psicólogos sociales que se definen a sí mismos como liberales/conservadores.

¿Existe menos diversidad política en la psicología social que en la psicología académica en su conjunto? Nunca se ha realizado una encuesta exhaustiva y representativa de las posturas políticas de los psicólogos sociales, pero contamos con dos fuentes de evidencia, aunque imperfectas. Una de las instancias más importantes en la que se reúnen los psicólogos sociales es el simposio presidencial de la reunión anual de la SPSP. En la reunión del año 2011, en San Antonio, Texas, Jonathan Haidt le pidió a los casi mil asistentes que se identificaran políticamente levantando la mano. Contó el número exacto de manos alzadas a favor de la opción “conservador o de derecha” (3 manos), “moderados o de centro” (20 manos), y “libertarios” (12 manos). En relación a la opción “liberal de izquierda” le fue imposible contar, pero hizo una estimación de que aproximadamente el 80 por ciento de la sala alzó la mano (es decir, en términos generales, 800 liberales). La proporción resultante entre liberales y conservadores de 267:1 es, sin duda, una sobreestimación. En esta encuesta no anónima, es probable que muchos conservadores se mostraran renuentes a levantar la mano. Pero si esto fue lo que ocurrió y los conservadores se mostraron en su gran mayoría reacios a identificarse como tales, ello ilustra el problema que estamos planteando.

La otra prueba de que disponemos proviene de una encuesta anónima realizada en internet por Inbar y Lammers (2012), quienes se propusieron someter a prueba la afirmación de Haidt de que prácticamente no había conservadores en el ámbito de la psicología social. Enviaron una invitación por correo electrónico a la lista completa de asistentes a la reunión de la SPSP, a la cual respondieron 292[4] individuos. Inbar y Lammers hallaron que el 85 por ciento de las personas que completaron la encuesta se declararon liberales, el 9 por ciento, moderados, y tan sólo el 6 por ciento, conservadores[5] (una proporción de 14:1). Adicionalmente, la tendencia hacia la homogeneidad política parece estar acentuándose: si bien el 10 por ciento de los profesores que llenaron la encuesta se identificaron como conservadores, solamente el 2 por ciento de los estudiantes de postgrado y postdoctorado se autodenominaron como tales (Inbar 2013, comunicación personal). Este patrón es consistente con las tendencias más amplias en la psicología, ilustradas en el gráfico 1: el campo de la psicología se inclina cada vez más hacia la izquierda, la proporción entre liberales y conservadores es ahora mayor a 10:1 y casi no hay estudiantes conservadores entre quienes están en proceso de formación.

3. TRES FORMAS EN QUE LA FALTA DE DIVERSIDAD PERJUDICA A LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Si no se interviene a tiempo, un campo académico puede llegar a transformarse en una comunidad moral cohesionada, que crea una realidad compartida (Hardin y Higgins 1996) y que posteriormente ciega a sus miembros frente a hipótesis moral o ideológicamente indeseables y frente a problemas científicos relevantes aún sin resolver (Haidt 2012). El sociólogo Christian Smith (2003) ha estudiado a las comunidades morales de este tipo en el ámbito académico y ha identificado un conjunto de narrativas morales que vinculan las concepciones históricas de los investigadores con su forma de concebir la investigación. Smith describe el ámbito de la sociología con inclinaciones de izquierda como una esfera que comparte lo que él denomina la “narrativa del progreso liberal”:

Hubo un momento en el que una gran mayoría de personas padecieron grandes sufrimientos en sociedades e instituciones inequitativas, poco saludables, represivas y opresivas. Estas sociedades eran reprobables debido a sus condiciones de profunda desigualdad, explotación y tradicionalismo irracional… Pero las nobles aspiraciones humanas de autonomía, igualdad y prosperidad se enfrentaron valerosamente contra las fuerzas de la miseria y la opresión y lograron constituir sociedades modernas, liberales, democráticas… de bienestar. Aun cuando las condiciones sociales de la modernidad tienen el potencial de maximizar la libertad individual y el goce de todos sus miembros, queda mucho por hacer para desmantelar los poderosos vestigios de desigualdad, explotación y represión. Esta lucha en pos de una buena sociedad en la que los individuos sean iguales y libres para alcanzar una felicidad definida en sus propios términos es la única misión a la que vale la pena dedicarse. (Smith 2003, 82)

Aunque Smith escribió esta narrativa pensando en la sociología, también resulta plausible para la psicología social, un campo que ha producido abundantes investigaciones sobre el racismo, el sexismo, los estereotipos y las nefastas consecuencias del poder y la obediencia a la autoridad. Dada la homogeneidad política existente que evidenciamos en la sección 2 de este artículo, la psicología social corre el riesgo de transformarse en una comunidad moral cohesionada. ¿Es posible que una narrativa moral-histórica compartida en un ámbito políticamente homogéneo debilite los procesos de autocorrección de los que depende una buena ciencia? Así lo creemos y presentamos tres riesgos —tres formas en que la homogeneidad política puede constituir una amenaza para la validez de la psicología social— y ejemplos tomados de la literatura existente que ilustran cada uno de ellos.

3.1. Riesgo 1: Los valores y supuestos liberales pueden hacerse subyacentes a la teoría y el método

Los valores políticos pueden verse contenidos en forma subyacente en las preguntas de la investigación haciendo que algunos constructos sean inobservables o inmedibles y, por lo tanto, invalidando los intentos de someter a prueba una hipótesis (Sniderman y Tetlock 1986; Tetlock 1994; Tetlock y Mitchell 1993). Los valores están encapsulados cuando las declaraciones de valor y las afirmaciones ideológicas son tratadas erróneamente como una verdad objetiva y la desviación observada de dicha verdad es concebida como un error.

3.1.1. Ejemplo 1: Negación de las realidades ambientales. Feygina et al. (2010) trataron de explicar la “negación de las realidades ambientales” mediante la teoría de la justificación sistémica (Jost y Banaji 1994). Al operacionalizar dicha negación, los autores evaluaron los cuatro constructos que presentamos a continuación, con ejemplos ilustrativos entre paréntesis:

Constructo 1: Negación de la posibilidad de una crisis ecológica. (“Si las cosas siguen su curso, pronto experimentaremos una gran catástrofe ambiental”, con puntaje inverso.)

Constructo 2: Negación de los límites del crecimiento. (“La Tierra cuenta con suficientes recursos naturales, sólo se requiere aprender a desarrollarlos.”)

Constructo 3: Negación de la necesidad de someterse a las limitaciones impuestas por la naturaleza. (“En algún momento la humanidad conocerá cabalmente el funcionamiento de la naturaleza y podrá controlarla.”)

Constructo 4: Negación del peligro de alterar el equilibrio de la naturaleza. (“El equilibrio de la naturaleza es lo suficientemente sólido como para hacer frente a los impactos de las naciones modernas industrializadas.”)

El principal problema con esta investigación es que desestima a quienes están en desacuerdo con los valores y consignas ambientalistas y los conceptúa como en “estado de negación”. De hecho, los artículos que Feygina et al. (2010) citaron para respaldar la “negación” de determinados temas nunca utilizaron los términos “negar” o “negación” para describir dichos indicadores. Clark et al. (2003) se refirieron a estos ítems como una evaluación de “actitudes” y Dunlap et al. (2000) los caracterizaron como ejemplos de “creencias primarias” (439) sobre el medio ambiente.

El término “negación” (denial) implica que: 1) la afirmación que se niega constituye una “realidad”, es decir, un hecho descriptivo, y 2) cualquiera que no comparta el carácter pro ambientalista de dichas afirmaciones incurre en una actitud psicológica de negación. A continuación describimos por qué ambas aseveraciones son falsas y por qué los indicadores, si bien pueden ser adecuados para evaluar actitudes o creencias primarias, no permiten medir la negación.

El constructo 1 se refiere a una “posibilidad”; por lo tanto, la negación equivaldría a la creencia en la imposibilidad de una crisis ecológica. Sin embargo, esto no se evaluó y el indicador que supuestamente permitía evaluar el constructo no se refiere a ningún hecho descriptivo. Sin una definición de “pronto” o “gran” o “crisis” es imposible que se trate de un hecho. Al no tratarse de una afirmación sobre un hecho real, estar en desacuerdo con ella en ningún caso puede representar una negación.

Los problemas con el constructo 2 y su medición son de índole similar. La negación de los límites del crecimiento se podría medir si estamos de acuerdo con una afirmación alternativa, como, por ejemplo: “Los recursos naturales con que cuenta la Tierra son infinitos”. El estar de acuerdo con dicha afirmación podría considerarse como una forma de negación de los límites del crecimiento. Sin embargo, esto no se evaluó. En ausencia de una definición de “suficientes”, no queda claro cómo se podría refutar o confirmar este ítem. Si no puede ser refutado o confirmado, no puede tratarse de un hecho descriptivo. Si no es un hecho, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no hay “negación”. Incluso estar muy de acuerdo con esta afirmación no necesariamente implica que existan límites al crecimiento. “Suficientes” no implica “ilimitados”. Más aún, la supuesta realidad que se está negando ha sido objeto de fuertes controversias entre los estudiosos del tema y afirmar que, dado el ingenio humano, los recursos de la Tierra son suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades de la humanidad fue una estrategia ganadora en una famosa apuesta científica (Sabin 2013).

El constructo 3 es una afirmación categórica que sostiene la necesidad de someterse a las restricciones impuestas por la naturaleza. Nuevamente, las “restricciones impuestas por la naturaleza” es un término vago e indefinido. Además, el constructo no es un hecho descriptivo, sino una prescripción filosófico-ideológica y el ítem es una profecía, lo que no puede considerarse como un hecho. Por lo tanto, este constructo puede dar cuenta de una actitud hacia el medio ambiente, pero no da cuenta de ninguna negación. Sería igualmente injustificado calificar a quienes están en desacuerdo con el ítem como personas que niegan la creatividad humana, la innovación y la inteligencia.

El constructo 4 es igualmente problemático. “Equilibrio de la naturaleza” es otro término impreciso y el ítem que lo mide es una predicción vaga. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el ítem. Y puede que dichas diferencias sean psicológicamente importantes; sin embargo, el desacuerdo no equivale a una negación.

Si efectivamente algunas personas niegan las realidades ambientales, sería interesante y potencialmente abordable —en términos científicos— estudiar las razones que explican dicha negación. Por ejemplo, se podría evaluar “la negación ambiental” mostrándoles a las personas un video con secuencias tomadas a lo largo de los años que dan cuenta de cómo se ha elevado el nivel del mar alrededor de una isla y luego preguntarles si el nivel del mar se está elevando. Existiría un caso prima facie para calificar a quienes respondieron con un “no” a dicha pregunta como personas que “niegan las realidades ambientales”. Sin embargo, Feygina et al. (2010) no realizaron estudios de este tipo. Simplemente midieron el respaldo a las creencias y valores ambientales de base, determinaron que los niveles bajos de respaldo constituían una negación y realizaron una regresión de los puntajes de justificación y otras medidas (en un tercer estudio experimental no evaluaron esta negación). Ninguna de las mediciones de Feygina et al. se refiere a realidades ambientales. Por lo tanto, los estudios no lograron producir evidencia científica sobre la negación de las realidades ambientales.

Las consignas y los valores filosóficos ambientalistas imprecisos se transforman indebidamente en verdades científicas, aunque nunca habrá un dato que nos señale que los seres humanos deben “someterse a las restricciones impuestas por la naturaleza”. No se trata sólo de que las personas tengan actitudes disímiles en relación al medio ambiente; el problema es asumir que determinadas actitudes son correctas y que quienes están en desacuerdo tienen una actitud negacionista. La transformación de una ideología política ampliamente compartida en una “realidad” y el concomitante tratamiento del disenso como negación reflejan el poder que tienen los valores subyacentes para distorsionar la ciencia dentro de una comunidad moralmente cohesionada.

3.1.2. Ejemplo 2: Ideología y conducta poco ética. Son Hing et al. (2007) hallaron que: 1) era más probable que los sujetos con altas puntuaciones en la escala de orientación a la dominancia social (social dominance orientation, SDO) adoptaran decisiones poco éticas; 2) existían mayores probabilidades de que los sujetos con puntuaciones altas en el autoritarismo de derecha (right-wing authoritarianism, RWA) estuvieran de acuerdo con las decisiones poco éticas de los líderes; y 3) las díadas en que los líderes tenían altas puntuaciones en la escala SDO y los seguidores con altas puntuaciones en RWA tomaban más decisiones poco éticas que las díadas con diferentes ordenamientos (por ejemplo, aquellas con un bajo SDO y RWA).

Pero considérense las decisiones que los autores definieron como poco éticas: no tomar partido formalmente con una colega del sexo femenino en su acusación de ser víctima de acoso sexual por parte de un subordinado (habiendo poca información respecto del caso), y un trabajador que antepone el bienestar de su empresa a daños inespecíficos al medio ambiente atribuidos a las operaciones de la compañía. Los valores liberales del feminismo y el ambientalismo eran tan inherentes a la operacionalización de la ética que se esperaba que los participantes respaldaran dichos valores en viñetas que carecían de la información necesaria para emitir un juicio con conocimiento de causa.

3.1.3. Cómo reconocer y evitar los sesgos relacionados con los valores subyacentes. La existencia de ciertas palabras que implican motivaciones perniciosas (por ejemplo: negar, legitimar, racionalizar, justificar, defender, trivializar) puede ser particularmente indicativo de que la investigación está impregnada de valores subyacentes. El empleo de estos términos implica, por ejemplo, que el punto de vista que se niega es objetivamente válido y que el punto de vista que se “justifica” es objetivamente inválido. En algunos casos, esto es científicamente sostenible, como, por ejemplo, cuando un investigador está interesado en negar un hecho objetivo. La racionalización se puede demostrar empíricamente, pero, para hacerlo, no basta con declarar que ciertas creencias son racionalizaciones, como en el caso de Napier y Jost (2008), en que el respaldo a la efectividad del trabajo arduo —en un ítem— fue etiquetado como racionalización de la desigualdad.

Las pruebas con hipótesis de contraste (turnabout tests) a menudo constituyen una herramienta sencilla para identificar y evitar el sesgo de los valores subyacentes (Tetlock 1994). Imaginemos un ámbito hipotético de la psicología social en que los puntos de vista políticos de los conservadores fueran tratados como hechos científicos y el desacuerdo con los puntos de vista conservadores fuera considerado como negación o error. En dicho ámbito, los eruditos podrían publicar estudios sobre “la negación de los beneficios del libre mercado” o “la negación de los beneficios de contar con un ejército poderoso” o “la negación de los beneficios de asistir a misa”. También podrían publicar estudios en que se demuestra que las personas con un bajo RWA y SDO (es decir, los liberales) son menos éticos porque son más propensos a no respetar la autoridad, a desconocer la propiedad privada y a limitar las opciones individuales en el mercado. Cuando cualquier tipo de valor ideológico queda encapsulado en las mediciones, ello representa un peligro para la ciencia. Más adelante en este artículo, revisaremos evidencia que sugiere que es mucho más probable que ello ocurra y que no sea impugnado por quienes están en desacuerdo en un ámbito políticamente homogéneo.

3.2. Riesgo 2: Es posible que los investigadores se focalicen en temas que validan la narrativa liberal sobre el progreso y que eviten los temas que rebaten dicha narrativa

Desde los tiempos de la Ilustración, los científicos han concebido su labor como una forma de poner luz ahí donde hay oscuridad. La metáfora es adecuada, pero en un ámbito políticamente homogéneo, un número de científicos —no menor, por desgracia— apunta sus focos hacia aquellas zonas ideológicas que les parecen relevantes. Cuando esto ocurre, muchas áreas quedan inexploradas. Peor aún, hay zonas que quedan vedadas y los investigadores curiosos se arriesgan al ostracismo si se aventuran en ellas (véase Redding 2013 para la discusión de un ejemplo reciente en sociología).

La homogeneidad política en psicología social puede restringir la gama de temas o programas de investigación posibles. Asimismo, nos puede privar de las herramientas y los hallazgos necesarios para abordar importantes problemas sociales. Los dos ejemplos que presentamos a continuación ilustran esta amenaza.

3.2.1. Ejemplo 1: Exactitud de los estereotipos. Desde los años treinta, los psicólogos sociales han venido proclamando la inexactitud de los estereotipos sociales, a pesar de carecer de evidencia respecto de esta inexactitud. La evidencia ha sido considerada innecesaria, ya que los estereotipos han sido calificados como intrínsecamente despreciables y como distorsiones de la realidad (para un revisión, véase Jussim 2012b).

Algunos estereotipos grupales son efectivamente burdos y no verificables. Pero es posible que muchos estén fundados en un empiricismo válido y representen estimaciones subjetivas de las características de una población (por ejemplo, la proporción de estudiantes que deserta de la escuela secundaria es víctima de delitos o respalda políticas a favor de las mujeres en el trabajo; véase Jussim (2012b) y Ryan (2003) para revisiones). En ese contexto, no resulta sorprendente que el estudio empírico riguroso sobre la exactitud de los estereotipos fácticos haya sido iniciado por uno de los pocos investigadores del ámbito de la psicología social que se declara conservador, Clark McCauley (McCauley y Stitt 1978). Desde entonces, docenas de estudios realizados por investigadores independientes han evidenciado que la exactitud de los estereotipos (de todo tipo) constituye uno de los efectos más robustos en toda la psicología social (Jussim 2012b). He aquí un claro ejemplo del valor de la diversidad política: un psicólogo social formuló una pregunta que nadie más pensó o se atrevió a hacer y se topó con resultados que aún incomodan a muchos psicólogos sociales. La determinación de McCauley de someter a una prueba empírica el supuesto de la inexactitud de los estereotipos permitió que se corrigiera uno de los errores más persistentes de la psicología social.

3.2.2. Ejemplo 2: El alcance y la dirección del prejuicio. El prejuicio y la intolerancia han sido considerados por mucho tiempo exclusivos de la derecha política (por ejemplo, Adorno et al. 1950; Duckitt 2001; Lindner y Nosek 2009). En efecto, desde Allport (1954), los psicólogos sociales han sospechado que existe un tipo de personalidad asociado con el prejuicio generalizado hacia diferentes grupos sociales (Akrami et al. 2011), al que han vinculado con el conservadurismo político (Roets y Van Hiel 2011). No obstante, en años recientes, varios académicos han observado que los grupos habitualmente considerados como blancos de prejuicios en estos programas de investigación son, usualmente, de bajo estatus y muchas veces inclinados a la izquierda (por ejemplo, los afroamericanos y los comunistas; para más ejemplos y argumentos, véase Chambers et al. 2013; Crawford y Pilanski 2014). Utilizando diseños de investigación que incluyen tanto a grupos destinatarios con tendencias de izquierda y de derecha, y valiéndose de muestras nacionalmente representativas y muestras de estudiantes y comunidades, estos investigadores han demostrado que el prejuicio es prevalente tanto en los ambientes de izquierda como de derecha. Los conservadores abrigan prejuicios hacia grupos que de manera sistemática se inclinan hacia posiciones de izquierda (por ejemplo, los afroamericanos). Los liberales, en cambio, abrigan prejuicios contra los grupos que se inclinan de manera constante hacia posiciones de derecha (por ejemplo, los cristianos practicantes; véase Chambers et al. 2013; Crawford y Pilanski 2014; Wetherell et al. 2013).

Resumiendo estos hallazgos recientes, Brandt et al. (2014) propusieron la hipótesis del conflicto ideológico, que sostiene que las personas de todo el espectro político abrigan prejuicios contra quienes profesan credos políticos diferentes. Una vez más, la narrativa compartida de la psicología social parece haber restringido el ámbito de la investigación. Por mucho tiempo, la investigación sobre el prejuicio estuvo limitada a los prejuicios respecto de los objetivos que priman en los intereses liberales. Pero la presencia de un investigador no liberal —John Chambers es libertario— contribuyó a la utilización de diversos objetivos, lo que con el correr del tiempo pudo haber aportado a que el campo desarrollara una visión más matizada de la relación entre política y prejuicios.

3.2.3. Cómo evitar un énfasis restringido a los temas que promueven las narrativas liberales. Cuando los investigadores se focalizan principalmente en temas que promueven las narrativas liberales o ignoran en forma sistemática las investigaciones inconsistentes con dichas narrativas, se incrementa el riesgo de sesgo político. En vez de asumir que los estereotipos son inexactos sin citar evidencia, cabe preguntarse: “¿Qué tan (in)exactos son los estereotipos? ¿Cuáles son los hallazgos de la investigación empírica?”. En vez de preguntar: “¿Por qué los conservadores tienen tantos prejuicios y son tan políticamente intolerantes?” (Hodson y Busseri 2012; Lindner y Nosek 2009), debiera preguntarse: “¿Qué grupos son objeto de prejuicio e intolerancia en el espectro político y por qué?” (Brandt et al. 2014). No es necesario ser políticamente conservador para formular estas preguntas. De hecho, hasta donde sabemos, por lo menos uno de los autores de la hipótesis del conflicto ideológico (Crawford) se describe como liberal. Por lo tanto, el mero hecho de tener una ideología no conduce necesariamente a investigaciones sesgadas, incluso cuando se abordan temas politizados. No obstante, como lo demostramos más adelante en este artículo, es probable que, al contar con más científicos no liberales, la psicología social podría reducir el tiempo que se toma en corregir errores de larga data en temas politizados.

3.3. Riesgo 3: Las actitudes negativas hacia los conservadores pueden promover una ciencia social que caracteriza en forma errónea los rasgos y atributos de este grupo

Un punto de vista que la psicología social-política ha sostenido por mucho tiempo es que la derecha es más dogmática y más intolerante a la ambigüedad que la izquierda, perspectiva que Tetlock (1983) denominó la hipótesis de la rigidez de la derecha. Altemeyer (1996; 1998) argumentó que una de las consecuencias de esta asimetría en la rigidez es que las personas que son de derecha (específicamente aquellas con un alto RWA) deberían ser más propensas a emitir juicios políticos sesgados que las que son de izquierda. Por ejemplo, Altemeyer (1996) halló que los individuos con un alto RWA tenían un sesgo a favor de la oración obligatoria cristiana en escuelas públicas estadounidenses por sobre la oración obligatoria musulmana en escuelas públicas árabes, en tanto que aquellos con un bajo RWA se oponían a la oración obligatoria en las escuelas, independientemente del grupo religioso. Sobre la base de estos y otros resultados, Altemeyer caracterizó a las personas con un alto RWA (que tienden a ser socialmente conservadoras) como hipócritas y rígidas, y a aquéllas con un bajo RWA (que tienden a ser liberales) como consistentes e imparciales. Otros se han basado en esta evidencia para esgrimir argumentos similares (por ejemplo, Peterson et al. 2002).

¿Pero habían estudiado los científicos sociales un rango suficientemente amplio de situaciones para justificar estas conclusiones generales? La evidencia reciente sugiere que no. El modelo de la premisa ideológicamente objetable (ideologically objectionable premise model, IOPM; Crawford 2012) plantea que las personas de izquierda y de derecha tienen las mismas probabilidades de estar sesgadas frente a un juicio de carácter político. Dicho lo anterior, el sesgo queda en evidencia sólo cuando la premisa de dicho juicio es ideológicamente aceptable. Si es objetable, cualquier preferencia por un grupo sobre otro quedará anulada y los sesgos no se transparentarán. Así, el IOPM permite que se manifiesten los sesgos únicamente entre los liberales, sólo entre los conservadores o entre liberales y conservadores por igual, según el contexto. Por ejemplo, reinterpretando los resultados del estudio sobre la oración obligatoria en las escuelas, Crawford (2012) arguyó que para las personas con un bajo RWA, que valoran la libertad individual y la autonomía, la oración obligatoria en las escuelas es objetable; de esta manera, la propia naturaleza de este juicio u opinión debiese dejar sin efecto los sesgos a favor de un grupo religioso o el otro. Sin embargo, para aquellas personas con un alto RWA, que valoran la conformidad social con los valores morales tradicionales, la oración obligatoria en las escuelas resulta aceptable; la aceptación de esta premisa permite entonces que las personas con un alto RWA expresen un sesgo a favor de la oración cristiana obligatoria en las escuelas frente a la musulmana. Crawford (2012, Estudio 1) reemplazó la oración obligatoria por la oración voluntaria, lo que sería aceptable tanto para las personas con un alto como bajo RWA. En concordancia con el modelo IOPM, las personas con un alto RWA seguían mostrando un sesgo a favor de la oración cristiana versus la musulmana, en tanto que aquellas con un bajo RWA ahora mostraron un sesgo a favor de la oración voluntaria musulmana por sobre la oración cristiana. Por ende, la hipocresía no es necesariamente un fenómeno exclusivo de la derecha.

En otro estudio, Crawford (2012, Estudio 2) argumentó que la izquierda generalmente considera que es aceptable criticar y cuestionar a la autoridad. Por lo tanto, un escenario en el que un subordinado critica a una figura de autoridad les permitiría a las personas con un bajo RWA condenar con mayor severidad a un subordinado que critica a un líder ideológicamente similar (por ejemplo, al Presidente Barack Obama) que a uno que critica a un líder ideológicamente diferente (por ejemplo, al Presidente George W. Bush). Sin embargo, criticar a la autoridad es una premisa objetable para aquellas personas con un alto RWA; por lo tanto, deberían condenar con el mismo rigor al subordinado, independientemente de la identidad del líder. En concordancia con el IOPM, las personas con un bajo RWA condenaron con mayor severidad a un general que criticó a Obama que a uno que criticó a Bush, en tanto que las personas con un alto RWA recriminaron por igual al general, independientemente de la identidad del líder. Así, este escenario muestra una inversión de los hallazgos de Altemeyer: los sesgos se evidenciaron entre las personas de izquierda, pero no entre las de derecha. Los resultados obtenidos a partir de siete escenarios respaldan el modelo de la premisa ideológicamente objetable (véase Crawford 2012; Crawford y Xhambazi 2015) e indican que los juicios sesgados de carácter político no se pueden predecir a partir de la orientación ideológica (según lo estipula Altemeyer), sino, más bien, a partir de las cualidades de los escenarios utilizados en la investigación en que se emiten dichos juicios.

Estos ejemplos ilustran las dificultades existentes para establecer una verdad cuando los miembros de un comunidad intelectual políticamente homogénea tienden a percibir al grupo contrario (esto es, a quienes atentan contra la narrativa progresista liberal) en forma negativa. Si durante el proceso de revisión de pares hubiese más psicólogos sociales que cuestionaran el diseño y la interpretación de los estudios sesgados hacia los valores liberales o si hubiese más investigadores que realizaran sus propias investigaciones con métodos diferentes, los psicólogos sociales podrían tener más confianza en la validez de sus caracterizaciones de los conservadores (y de los liberales).

3.3.1. Detectar y evitar una caracterización errónea de los rasgos de los conservadores. Una señal de alerta es la uniformidad de las conclusiones en que se descalifica a los conservadores. Si los resultados empíricos retratan consistentemente a los conservadores en forma negativa y a los liberales en forma positiva, puede ser un indicio de sesgo político. Es muy probable que el potencial de sesgo político se reduzca considerablemente cuando los investigadores se esfuercen por explicar las motivaciones, debilidades y fortalezas de los liberales así como las de los conservadores. Varios programas de investigación han arrojado evidencia sobre las fortalezas y debilidades tanto de los liberales como de los conservadores; entre otros, la teoría de los fundamentos morales (por ejemplo, Haidt 2012), el modelo de la premisa ideológicamente objetable (Crawford 2012; Crawford y Xhambazi 2015) y la hipótesis del conflicto ideológico (por ejemplo, Brandt et al. 2014; Crawford et al. 2013; Munro et al. 2010). Esta evidencia invalida la hipótesis de que los conservadores merecen una severa condena científica. Si uno desea focalizarse sólo en los conservadores (o exclusivamente en los liberales), sería teóricamente más productivo comprender sus fortalezas y debilidades; asimismo, se estaría menos sujeto a una acusación de sesgo político.

No es nuestra intención sugerir que los liberales son incapaces de realizar un trabajo equitativo e imparcial al abordar temas delicados. Por ejemplo, varios académicos están elaborando estudios ponderados sobre las reacciones de las personas hacia las figuras de autoridad de izquierda y de derecha (Frimer et al. 2014); el juicio sobre determinadas conductas, o atribución de conducta, formulado en base a valores propios, fenómeno que se da en todo el espectro político (Morgan et al. 2010), y las creencias de las personas sobre el consenso científico en relación a los temas políticos candentes (Kahan et al. 2011), por mencionar sólo unos pocos. No es tampoco nuestra intención impugnar programas de investigación al señalar los problemas específicos que analizamos en los ejemplos anteriores. De hecho, apreciamos la imparcialidad de los planteamientos de algunos de estos autores en otras líneas de investigación (por ejemplo, los estudios sobre la meritocracia y el respaldo a la acción afirmativa de Son Hing et al. 2002). Estas importantes líneas de investigación indican que los procesos de desconfirmación (disconfirmation) en nuestro campo no han perdido toda su vigencia. No obstante, si nos focalizamos en el ámbito en su conjunto y lo visualizamos como un sistema complejo que depende de indagaciones que abordan temáticas amplias y de esfuerzos de desconfirmación institucionalizados, creemos que los parámetros no están correctamente establecidos para alcanzar la verdad en forma óptima. Una mayor diversidad política contribuiría a que el sistema descubriera más verdades.

4. POR QUÉ ES PROBABLE QUE LA DIVERSIDAD POLÍTICA CONTRIBUYA A MEJORAR LA PSICOLOGÍA SOCIAL

La diversidad se puede operacionalizar de muchas formas, entre otras, a través de la diversidad demográfica (por ejemplo, la etnicidad, la raza y el género) y la diversidad de puntos de vista (por ejemplo, la variación en las opiniones intelectuales o la experticia profesional). La investigación en psicología organizacional sugiere que: a) los beneficios de la diversidad de puntos de vista son más consistentes y marcados que los de la diversidad demográfica (Menz 2012; Williams y O’Reilly 1998); y b) los beneficios de la diversidad de puntos de vista son más pronunciados cuando las organizaciones persiguen objetivos abiertos de exploración (por ejemplo, el descubrimiento científico) en oposición a objetivos de explotación (por ejemplo, aplicar rutinas claramente establecidas a problemas bien definidos; Cannella et al. 2008).

La búsqueda de la diversidad demográfica tiene varios beneficios (Crisp y Turner 2011): entre ellos, combatir los efectos de la discriminación, tanto en el pasado como en la actualidad, aumentar la tolerancia y, en los contextos académicos, crear cuerpos docentes demográficamente más atractivos para los estudiantes provenientes de diferentes entornos. Independientemente de cuán socialmente beneficiosos puedan ser dichos efectos, tienen poca relación directa con el proceder o la validez de la ciencia. Por lo tanto, la diversidad de puntos de vista puede resultar más valiosa que la diversidad demográfica si el objetivo principal de la psicología social es generar conclusiones que sean válidas y generalizables. (Por supuesto, la diversidad demográfica puede producir una diversidad de puntos de vista, pero si lo que se persigue es una diversidad de puntos de vista, puede resultar más efectivo buscarla directamente.) Es precisamente la falta de diversidad en materia de puntos de vista políticos lo que hace que la psicología social sea tan vulnerable a los tres riesgos descritos en la sección anterior. Es probable que la diversidad política tenga una serie de efectos positivos, ya que reduce el impacto de dos mecanismos familiares que exploraremos a continuación: el sesgo de confirmación (confirmation bias) y el pensamiento de grupo o consenso mayoritario (groupthink/majority consensus).

4.1. El sesgo de confirmación

Las personas tienden a buscar evidencia que confirme sus propias creencias y a ignorar o minimizar aquella que no sea acorde con dichas creencias. Este sesgo de confirmación (Nickerson 1998) es un fenómeno igualmente prevalente entre la gente común y los científicos (Ioannidis 2012). Es sumamente difícil evitar el sesgo de confirmación en el raciocinio diario; por ejemplo, los cursos para promover la reflexión crítica neutralizan por un tiempo el sesgo de confirmación, pero no lo eliminan del todo (Lilienfeld et al. 2009). Incluso las comunidades de investigación con personas bien intencionadas y de gran inteligencia pueden ser víctimas del sesgo de confirmación, ya que el coeficiente intelectual se correlaciona en forma positiva con el número de argumentos que encuentra una persona para defender sus propios puntos de vista y no con el número de argumentos (mucho más bajo) que encuentran las personas para defender los puntos de vista opuestos (Perkins et al. 1991).

El sesgo de confirmación puede acentuarse todavía más cuando las personas enfrentan temáticas que gatillan emociones morales e inquietudes acerca de la identidad de grupo (Haidt 2001; 2012). Incluso, la polarización grupal suele exacerbar conductas extremas (Lamm y Myers 1978). En efecto, las personas son mucho más diestras para identificar los errores en la evidencia recopilada por terceros que los errores en la propia evidencia, especialmente si esas personas tienen diferentes creencias (por ejemplo, Mercier y Sperber 2011; Sperber et al. 2010). Aunque estos procesos pueden ser fructuosos para comunidades cuyo objetivo es la cohesión social (por ejemplo, movimientos religiosos o activistas), pueden resultar devastadores para las comunidades científicas, ya que conducen a afirmaciones ampliamente aceptadas que, más que reflejar conclusiones científicas, reflejan los puntos ciegos de una comunidad científica (véanse por ejemplo, los tres factores de riesgo que analizamos previamente en este artículo).

El procedimiento de revisión por pares probablemente ofrece mucho menos protección contra el error cuando la comunidad de pares es políticamente homogénea. Idealmente, los revisores debiesen analizar y criticar los métodos de un artículo con el mismo rigor, independientemente de que aprueben o no los hallazgos. No obstante, los sesgos de confirmación pueden llevar a los revisores a esmerarse por encontrar un error en artículos cuyas conclusiones no comparten y a ser más permisivos en cuestiones metodológicas cuando están de acuerdo con las conclusiones. Esto es exactamente lo que arrojan los estudios experimentales (Abramowitz et al. 1975; Ceci et al. 1985; ambos descritos más adelante).

De este modo, ciertos supuestos, teorías y hallazgos se pueden transformar en un conocimiento arraigado en un campo disciplinario, no porque sean correctos, sino porque han sido objeto de un menor escrutinio. Cuando la mayoría de las personas de un ámbito específico comparten el mismo sesgo de confirmación, ese campo está más expuesto a llegar a conclusiones injustificadas. La solución más evidente para este problema es que exista un mayor grado de diversidad de opiniones. No se ha encontrado la fórmula para erradicar el sesgo de confirmación en las personas (Lilienfeld et al. 2009), pero podemos diversificar el campo hasta lograr que los sesgos de confirmación individuales comiencen a anularse entre sí.

4.2. La influencia de la minoría

La investigación acerca de la influencia de la minoría se ha focalizado en los procesos mediante los cuales la minoría influye sobre el razonamiento de los miembros de la mayoría y, por ende, del grupo (por ejemplo, Crano 2012; Moscovici y Personnaz 1980). Las mayorías influyen en la toma de decisiones mediante la presión a la conformidad, la que genera cohesión y sentido de comunidad, pero que no contribuye a la generación de juicios profundos y de calidad (Crisp y Turner 2011; Moscovici y Personnaz 1980). También existe el riesgo que produzca el tipo de pensamiento grupal que durante largo tiempo ha sido objeto de crítica por parte de los psicólogos sociales (por ejemplo, Fiske et al. 2004; Janis 1972).

En contraste, una minoría discrepante puede minar las normas de cohesión grupal (Crano 2012). Estas normas pueden tornarse disfuncionales para las comunidades científicas, especialmente cuando llevan a sacrificar el escepticismo científico en aras de promover una agenda política (véase Eagly 1995; Jussim 2012a; Redding 2001). Para una comunidad científica, la discordia puede resultar beneficiosa, ya que motiva a los miembros de la mayoría a pensar con mayor profundidad sobre los temas en juego (Crano 2012). En contextos científicos, la lógica o la evidencia de la minoría puede a veces ser tan persuasiva que convence a la mayoría. O bien, si el punto de vista de la mayoría estuvo en lo correcto desde el principio, la validez y la credibilidad de dicho punto de vista sale fortalecido al resistir a las tentativas de falsificación por parte de la minoría (Popper 1959; 1968). Los múltiples beneficios de estos procesos se han visto confirmados por las investigaciones sobre la influencia de la minoría, las que señalan que la reflexión más profunda que produce el disenso puede llevar a decisiones grupales de mayor calidad (Crisp y Turner 2011; Moscovici y Personnaz 1980; Nemeth 1995; Nemeth et al. 2001).

Existe evidencia de que los equipos en los que hay diversidad política generan soluciones más creativas que aquellos políticamente homogéneos en relación a problemas del tipo “cómo puede una persona con talento promedio alcanzar la fama” y “cómo conseguir financiamiento para una iglesia parcialmente construida que no puede acceder a un préstamo bancario” (Triandis et al. 1965). Los grupos de a dos personas constituidos por un liberal y un conservador generaron soluciones más creativas a estos problemas que aquéllos en que ambos eran liberales o conservadores. Existe abundante evidencia de que la diversidad de puntos de vista puede —y a menudo lo hace— producir soluciones novedosas para una serie de problemas (Crano 2012; Mannix y Neale 2005). En efecto, algunos cientistas sociales han llegado incluso a presentar los beneficios de la diversidad para la resolución de problemas como una verdad lógico-matemática necesaria y no sólo una verdad empírica contingente (Page 2008, pero véase Tetlock 2007).

En suma, hay motivos para formular la hipótesis de que una mayor diversidad política mejoraría la calidad de la ciencia de la psicología social, generando una mayor divergencia científica, especialmente en relación a temas tan politizados como la desigualdad versus la equidad, las características psicológicas de los liberales y conservadores, y los estereotipos, el prejuicio y la discriminación. Los psicólogos sociales han hecho referencia a estos efectos en muchos contextos. Podrían aprovecharlos para sus propios fines.

5. ¿POR QUÉ HAY TAN POCOS INDIVIDUOS NO LIBERALES EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL?

La pregunta de por qué los conservadores y otros no liberales están subrepresentados en las ciencias sociales es compleja (Klein y Stern 2005) y la evidencia no apunta a una sola respuesta. Para comprender por qué los conservadores están tan subrepresentados en la psicología social, consideramos cinco explicaciones que han sido esgrimidas muchas veces para dar cuenta de la falta de diversidad, no sólo en la psicología social, sino también en otros contextos (por ejemplo, la subrepresentación de las mujeres y de las minorías étnicas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por su sigla en inglés); para más detalle, véase Susan Pinker 2008).

5.1. Diferencias en habilidades

Gilbert (2011) observó que “una posibilidad bien sopesada es que exista una mayor probabilidad de que los liberales deseen convertirse en profesores. Por ejemplo, puede que los liberales estén más interesados en nuevas ideas, más dispuestos a trabajar por sueldos más bajos o simplemente sean más inteligentes”. La evidencia no respalda esta opinión. Antes de ahondar en ella, cabe señalar que una afirmación seria en el sentido de que las diferencias en inteligencia explican la escasez de no liberales tendría sentido sólo si existieran diferencias medibles y consistentes en inteligencia. Para esta afirmación, una diferencia de cinco puntos en puntajes promedios SAT[6] no es suficiente. Un hecho notable es que los datos no les otorga una ventaja consistente —ni siquiera modesta— a los liberales. Algunos investigadores han encontrado una leve correlación negativa entre CI y conservadurismo (Heaven et al. 2011; Hodson y Busseri 2012). Sin embargo, otros no han hallado ninguna relación (por ejemplo, entre orientación política y puntajes SAT de matemáticas; Kemmelmeier 2008) o han hallado una relación curvilínea; específicamente, Kemmelmeier (2008) encontró que, a pesar de que, por lo general, el conservadurismo se correlacionaba con puntajes inferiores en las pruebas SAT verbales, el conservadurismo extremo permitía predecir puntajes más altos en las pruebas SAT verbales.

En segundo lugar, la relación observada entre inteligencia y conservadurismo depende en gran medida de cómo se expresa en la práctica el conservadurismo. El conservadurismo social se correlaciona con puntajes inferiores en las pruebas de habilidad cognitiva, pero el conservadurismo económico se correlaciona con puntajes más altos (Iyer et al. 2012; Kemmelmeier 2008). Del mismo modo, Feldman y Johnston (2014) han detectado en varias muestras representativas a nivel nacional que el conservadurismo social predecía de manera negativa el nivel educativo, mientras que el conservadurismo económico permitía predecir de manera positiva el nivel educativo. En conjunto, estos resultados presumiblemente explican por qué tanto Heaven et al. (2011) como Hodson y Busseri (2012) han encontrado una correlación negativa entre CI y conservadurismo: porque el “conservadurismo” fue traducido en términos operativos como autoritarismo de extrema derecha, que está mucho más relacionado con el conservadurismo social que el económico (Van Hiel et al. 2004). De hecho, Carl (2014) halló que los republicanos tienen una inteligencia verbal media superior (equivalente a hasta 5,48 puntos de CI, si se excluyen las covariables), y este efecto está marcado por el conservadurismo económico (al que, como europeo, denomina liberalismo económico, debido a su defensa del libre mercado). Carl sugiere que los republicanos libertarios compensan con creces la correlación negativa entre conservadurismo social e inteligencia, lo que les brinda una ventaja media total a los republicanos. Más aún, el mayor efecto político del estudio de Kemmelmeier (2008) fue la correlación positiva entre las posturas contrarias a la regulación y los puntajes en las pruebas verbales SAT, donde β = .117, p<.001 (a modo de comparación, el coeficiente de regresión para el conservadurismo era β = −.088, p<.01, y, para ser afroamericano, β = −.169, p<.001).

En suma, una evidencia sustancial sugiere que los nexos más fiables entre orientación política e inteligencia son las correlaciones positivas tanto del liberalismo social como del conservadurismo económico con la inteligencia verbal, a la vez que no surgen correlaciones consistentes entre las posturas políticas y la inteligencia matemática. Este patrón es incompatible con la hipótesis de que los psicólogos que se consagran a la investigación son, en su inmensa mayoría, liberales de izquierda porque los liberales son más inteligentes que los conservadores.

5.2. Los efectos de la educación en la ideología política

Otra explicación respecto de la cantidad desmedida de liberales en el mundo académico es que la educación per se lleva a los estudiantes a volverse más liberales. Por ejemplo, muchos conciben la educación como una instancia de “ilustración” y creen que una visión ilustrada se traduce en planteamientos políticos liberales. Existe escasa evidencia de que la educación induzca a los estudiantes a tornarse más liberales. Varios estudios longitudinales, que han seguido durante varios años a miles de estudiantes universitarios, han concluido que la socialización política en la universidad es principalmente producto de la influencia de los pares, no de la educación per se (Astin 1993; Dey 1997). Estos estudios muestran que los estudiantes se vuelven más liberales si están rodeados por pares que son liberales y más conservadores si conviven con pares conservadores. Incluso, el clásico Estudio Bennington (Newcomb 1943) concluyó que era la conformidad con las normas liberales, más que la educación per se, la que llevaba a los estudiantes a volverse más liberales. Por ende, las normas de los grupos de referencia, más que la instrucción educativa per se, inducen a las personas a volverse más liberales en la educación superior.

5.3. Diferencias en intereses

Incluso si las diferencias en materia de inteligencia son pequeñas o inexistentes, ¿es posible que los liberales encuentren una carrera en psicología social (o la academia, en términos más generales) más atractiva? Sí, por varias razones. Uno de los cinco grandes rasgos de personalidad que se correlacionan más intensamente con el liberalismo político es la apertura a la experiencia (r = .32 en el meta análisis de Jost et al. 2003), y las personas que tienen ese rasgo muy marcado tienen más probabilidades de estudiar carreras que les permitirán satisfacer su curiosidad y deseo de aprender, como una carrera en la academia (McCrae 1996). Una carrera académica requiere un doctorado y los liberales ingresan (y se gradúan) en la educación superior más interesados en obtener títulos de doctorado que los conservadores (Woessner y Kelly-Woessner 2009). Más aún, es probable que las prioridades personales e intelectuales de los liberales los predispongan a una carrera académica. Si se comparan con los conservadores, demuestran menos interés en el éxito financiero y son más proclives a escribir estudios originales y realizar contribuciones teóricas a la ciencia (Woessner y Kelly-Woessner 2009).

Estas variaciones intrínsecas en intereses pueden verse amplificadas por un efecto de “pájaros de un mismo plumaje”. “La similitud produce atracción” es uno de los hallazgos mejor establecidos en la psicología social (Byrne 1969). A medida que un ámbito comienza a inclinarse en un sentido determinado, éste se volverá cada vez más atractivo para personas proclives a esa inclinación. Con el tiempo, es probable que el grupo se caracterice por las personas que lo integran. Es posible que los profesores y los científicos sean percibidos como liberales así como la enfermería es generalmente asociadas con mujeres. Una vez que eso sucede, puede que los conservadores desistan masivamente de unirse a este grupo disímil, basándose en una percepción realista de que “no calzan bien”. Gross (2013) se basa en entrevistas y encuestas a académicos de ciencias sociales para afirmar que este tipo de autoselección es la principal razón de que el profesorado se haya vuelto más liberal en las últimas décadas.

La autoselección claramente juega un rol. Pero sería irónico que una comunidad epistémica que hace resonar argumentos empíricos que parecieran exonerarla de actitudes prejuiciosas fuera la misma que rechaza de plano esos argumentos cuando son esgrimidos por otras instituciones para explicar la subrepresentación de las mujeres o de las minorías étnicas (por ejemplo, en las disciplinas STEM u otras profesiones elitistas). Gross (2013) se basa contundentemente en autoinformes de miembros del grupo destinatario sospechoso de conductas prejuiciosas. Pero psicólogos cognitivos y estudiosos del derecho como Greenwald y Krieger (2006) y Kang y Banaji (2006) argumentan que este tipo de evidencia no toma en cuenta los prejuicios inconscientes que, según ellos, son generalizados cuando son rigurosamente evaluados y controlados en entornos de laboratorio. Y sociólogos organizacionales como Reskin (2012) y Bielby (2013) señalan que los obstáculos estructurales para lograr promociones laborales —obstáculos frente a los cuales los empleadores tienden a ser ciegos— pueden también sesgar a los mercados laborales respecto de ciertos grupos específicos. En nuestra opinión, resulta perturbador cuando las exigencias de pruebas que ponen los cientistas sociales y de la conducta para evaluar afirmaciones cambian según quién las emite (Tetlock y Mitchell 2009). La credibilidad de la comunidad científica está en juego. No podemos aspirar a salvaguardar nuestra reputación colectiva si lanzamos acusaciones de prejuicio a terceros con argumentos empíricos que desechamos por considerarlos inaplicables a nosotros. Sería una falencia en la prueba de hipótesis de contraste que observadores imparciales considerarían particularmente reprobable.

Dicho esto, las diferencias entre liberales y conservadores en cuanto a rasgos de personalidad y valores, combinados con el efecto de “pájaros de un mismo plumaje”, muy probablemente explican parte de la subrepresentación de los conservadores en las ciencias sociales, en general, y en la psicología social, en particular. En teoría, estos efectos podrían explicar todo el desequilibrio, pero no hay un punto de corte claro para los procesos de depuración que Gross (2013) describe. Si éste fuera todo el problema, no debilitaría nuestros argumentos epistémicos acerca de la necesidad de una diversidad política. Ésta última seguiría contribuyendo a mejorar la calidad de la psicología social como ciencia, pero los argumentos morales se verían debilitados. En una sociedad libre, las personas con diferentes preferencias pueden congregarse en diferentes ocupaciones.

¿Y si la autoselección no lo explicara todo? ¿Si el desánimo y la discriminación fueran impuestos a los conservadores por la mayoría liberal? En tal caso, habría razones adicionales para tomar acciones correctivas.

5.4. Ambiente hostil

¿Es posible que la autoselección se vea acentuada por una percepción acertada entre los estudiantes conservadores de que no son bienvenidos en la comunidad de los psicólogos sociales? Considérese la narrativa sobre los conservadores que puede armarse a partir de las conclusiones recientes en las investigaciones sobre psicología social: comparados con los liberales, los conservadores son menos inteligentes (Hodson y Busseri 2012) y menos complejos en el plano cognitivo (Jost et al. 2003). Son más rígidos, dogmáticos e inflexibles (Jost et al. 2003). Su CI inferior explica su racismo y sexismo (Deary et al. 2008) y su defensa de la desigualdad revela por qué son más felices que los liberales (Napier y Jost 2008). Son muy sensibles a las amenazas y a los estímulos negativos (Hibbing et al. 2014; Oxley et al. 2008) y asumen sus posturas políticas en parte para mitigar sus temores y ansiedades (Jost et al. 2003). Estas conclusiones no están confinadas a revistas académicas; han sido ampliamente difundidas en la prensa y en libros de lectura masiva sobre las razones que explican por qué los conservadores no creen en la ciencia (por ejemplo, Mooney 2012; Tuschman 2013).

¿Es posible que a medida que los estudiantes conservadores de pregrado se interiorizan con la literatura de investigación en sus clases de psicología social detecten que la disciplina los perciba a ellos y a sus creencias como deficientes? ¿Y qué sucede si asisten a las clases de postgrado y participan en las charlas magistrales, clases y eventos sociales en los cuales casi todo el mundo es liberal? Nosotros mismos muchas veces hemos escuchado burlas y comentarios despectivos de parte de psicólogos sociales sobre los conservadores, no sólo en ambientes informales, sino que también desde el podio, en conferencias y charlas. Los escasos conservadores que se han inscrito en los programas de pregrado también han escuchado estos comentarios y algunos escribieron a Haidt, meses después de su charla de 2011 en la convención de la SPSP, para describir la hostilidad y el ambiente de burla que los obliga a permanecer “en el clóset” respecto de sus creencias políticas o simplemente a abandonar la carrera. Haidt (2011) publicó electrónicamente algunos extractos de estos mensajes[7] (de manera anónima). El siguiente testimonio, de un ex estudiante de postgrado en un programa selecto de doctorado, es representativo:

No puedo explicarle cuán difícil fue mi paso por la escuela de postgrado por el hecho de no ser un demócrata liberal. A modo de ejemplo, tras la victoria de Bush sobre Kerry, uno de mis profesores me enviaba mensajes por correo electrónico cada vez que aparecía en los periódicos la noticia de otro soldado muerto en Irak; me interpelaba, culpándome públicamente por no haber apoyado a Kerry en las elecciones. Yo era un estudiante de postgrado bastante destacado, pero el entorno ideológico se tornó muy desagradable para mí. En lugar de aspirar a un puesto como docente, como era mi deseo antaño, he optado por abandonar la academia para buscar trabajo en una empresa.

La evidencia respecto de un ambiente hostil no es sólo anecdótica. Inbar y Lammers (2012) les preguntaron a los integrantes de la lista de discusión de la SPSP: “¿Consideran que existe un ambiente hostil a sus ideas políticas en su medio?”. De 17 conservadores, 14 (82 por ciento) respondieron “sí” (es esto, una respuesta en o sobre el punto medio de la escala, en la cual el punto medio correspondía a “bastante hostil” y el punto superior, a “muy hostil”); la mitad de las respuestas correspondieron a “muy hostil”. Este resultado sorprendente sugiere que el ambiente hostil podría afectar negativamente no sólo a los conservadores, sino también a cualquier individuo que no sea liberal o cuyos valores no se alineen con la narrativa progresista de los liberales.

5.5. Discriminación

La literatura sobre prejuicios políticos muestra que las personas con posturas partidistas claramente identificadas tienen pocos reparos en expresar su abierta hostilidad hacia el otro bando (por ejemplo, Chambers et al. 2013; Crawford y Pilanski 2014; Haidt 2012). Las personas partidistas piensan que su hostilidad hacia los grupos opositores se justifica por la amenaza que representan para sus valores aquellos individuos que piensan de otra forma (para una reseña, véase Brandt et al. 2014). Es improbable que los psicólogos sociales sean inmunes a esos procesos mentales. En efecto, una amplia evidencia obtenida a partir de diferentes métodos demuestra que los psicólogos sociales efectivamente actúan de manera discriminatoria hacia colegas no liberales en sus investigaciones.

Las investigaciones experimentales han evidenciado sesgos respecto de estudios que contradicen la narrativa progresista de los liberales. Abramowitz et al. (1975) solicitaron a investigadores en psicología que evaluaran la pertinencia de un manuscrito para su publicación. Los métodos y análisis eran idénticos para todos los evaluadores; sin embargo, el resultado era experimentalmente modificado según el caso para sugerir que el grupo de activistas de izquierda de una facultad era mentalmente más sano —o menos— que el grupo de referencia de no activistas. Cuando se señalaba que los activistas de izquierda eran más sanos en términos mentales, los examinadores más liberales le asignaron más méritos al manuscrito para su publicación y consideraron los análisis estadísticos más adecuados que cuando el mismo manuscrito indicaba que los activistas de izquierda eran menos sanos. Los examinadores menos liberales no demostraron el mismo sesgo (Abramowitz et al. no identificaron ningún examinador conservador).

Ceci et al. (1985) encontraron un patrón similar. Se presentaron propuestas de investigación con hipótesis sobre “discriminación reversa” (es decir, contra personas de raza blanca) o discriminación convencional (contra minorías étnicas) a 150 consejos de evaluación interna. Todos los elementos restantes de las propuestas eran constantes. Las propuestas de “discriminación reversa” fueron aprobadas en menos casos que las de discriminación convencional.

En estos dos estudios de terreno[8] es muy probable que la discriminación haya sido inconsciente o no intencional. Pero Inbar y Lammers (2012) hallaron que la mayoría de los psicólogos sociales que contestaron la encuesta estaban dispuestos a afirmar de manera explícita que discriminarían a los conservadores. La encuesta planteaba la siguiente pregunta: “Si dos postulantes a un trabajo (con calificaciones similares) estuvieran optando a una vacante en su departamento y usted supiera que uno de ellos es muy conservador, ¿cree que tendería a optar por el más liberal?”. De los 237 liberales, sólo 42 (18 por ciento) optó por el punto inferior en la escala, “ningún prejuicio”. En otras palabras, el 82 por ciento admitió que sentiría al menos un ligero prejuicio en contra del candidato conservador, y el 43 por ciento se inclinó por el punto medio (“algún prejuicio”) o superior. Por el contrario, la mayoría de los moderados (67 por ciento) y de los conservadores (83 por ciento) optaron por el punto inferior en la escala (“ningún prejuicio”).

Inbar y Lammers (2012) evaluaron también por otras vías la voluntad explícita de discriminar. Todas arrojaron el mismo resultado: al evaluar una solicitud de beca, 82 por ciento de los liberales admitieron al menos “un ligero sesgo” y 27 por ciento “algo de sesgo” o más. Cuando se trataba de invitar a participar en un simposio, 56 por ciento de los liberales admitieron al menos “un ligero sesgo” y 15 por ciento, “algo de sesgo” o más. La combinación de investigaciones básicas que muestran altos grados de hostilidad hacia personas con ideas políticas contrarias, los estudios de terreno que muestran discriminación contra proyectos de investigación que no simpatizan con las posturas de los liberales y los resultados de las encuestas que indican la voluntad declarada de practicar una discriminación política apuntan a una misma conclusión: la discriminación política es una realidad en el ámbito de la psicología social. Los estudiantes conservadores de postgrado y los profesores ayudantes actúan de manera racional cuando mantienen oculta su identidad política y cuando evitan expresar sus opiniones contrarias, las que podrían ser de enorme beneficio para la disciplina. Es probable que los estudiantes moderados y libertarios estén padeciendo la misma realidad.

6. RECOMENDACIONES

En las secciones anteriores de este artículo revisamos evidencia que mostraba que: 1) la psicología social es un campo políticamente homogéneo, con una amplia mayoría de liberales y unos pocos no liberales; 2) esta falta de diversidad puede socavar la validez de la investigación en psicología social de maneras insospechadas, pero muchas veces ocultas; 3) una mayor diversidad política contribuiría a mejorar la calidad de la psicología social como ciencia; y 4) la falta de diversidad tiene sus raíces en una variedad de procesos, dos de los cuales (ambiente hostil y discriminación) son resorte directo de los psicólogos sociales.

Si estas cuatro afirmaciones son correctas, ¿qué puede hacerse para enfrentar las amenazas que plantea la homogeneidad política a una ciencia de calidad? Recomendamos tres tipos de soluciones. Primero, analizamos qué acciones pueden emprender los psicólogos como disciplina a través de sus organizaciones y gobernanza. Segundo, analizamos qué pueden realizar los profesores como docentes y como miembros de departamentos académicos. Y tercero, analizamos qué pueden hacer los individuos para reducir el sesgo en su propia investigación y en su evaluación de las investigaciones de terceros. Esta lista es probablemente incompleta e invitamos a otros a brindar nuevas ideas para resolver el problema de la diversidad política en nuestra disciplina.

6.1. Respuestas organizacionales

La diversidad es un valor bien establecido en el ámbito académico y que cuenta con un amplio respaldo en la psicología. La American Psychological Association (Asociación Estadounidense de Psicología) ha venido reflexionando sobre formas de promover la diversidad en este ámbito y publicó un importante informe al respecto en 2005. Sus autores se centraron en la diversidad de raza, género, orientación sexual y discapacidad, pero la mayoría de las recomendaciones del informe son válidas para promover también la diversidad política (American Psychological Association 2005). Estas son cinco de las 45 recomendaciones del informe, con ligeras adaptaciones:

1. Formular y adoptar una resolución política contra la discriminación.

2. Implementar un “estudio de clima imperante” respecto de las experiencias, la comodidad/incomodidad de los integrantes y de actitudes/opiniones/políticas positivas/negativas que los afectan o que afectan a miembros de otras agrupaciones políticas.

3. Ampliar la base de datos del Consejo de Publicaciones y Comunicación (Publication and Communications Board) de investigadores conservadores, moderados y libertarios que tienen conocimientos y experiencia para actuar como revisores ad hoc o participar en consejos editoriales.

4. Realizar un estudio sobre las barreras u obstáculos que enfrentan los estudiantes no liberales en los programas de capacitación, con el propósito de que esos datos sean utilizados posteriormente para establecer sugerencias formales que permitan la capacitación de estudiantes no liberales.

5. Cada organización debería desarrollar estrategias para promover los programas de capacitación en investigación y conferencias de investigación, a fin de atraer, retener y graduar estudiantes de doctorado y jóvenes profesionales conservadores y no liberales. Éstas pueden incluir premios por disertaciones, financiamiento de viajes para presentaciones y participación en conferencias, y otras formas de apoyo financiero orientadas a estudiantes de postgrado.

Presentamos estos cinco pasos como ejemplos de iniciativas que nuestras organizaciones profesionales ya han realizado para promover la diversidad demográfica. Tal vez más que cualquier otro ámbito científico, los psicólogos entienden los beneficios de la diversidad y cómo lograrla, y podrían fácilmente aplicar estos principios para ampliar la diversidad política.

6.2. Respuestas docentes

Los profesores universitarios pueden tomar varias iniciativas para alentar a los estudiantes no liberales a incorporarse a la carrera o para “salir del clóset”[9] si ya están cursando sus estudios. Entre otras, señalamos:

1. Generar conciencia. Los docentes pueden afirmar públicamente que la homogeneidad política es problemática en el ámbito académico y declarar de manera abierta su deseo de que esto cambie. Pueden hablar sobre el tema, especialmente en los cursos de postgrado, en las reuniones de profesores que traten sobre contrataciones y promociones, en simposios, coloquios y conferencias, y de manera informal con los colegas.

2. Promover la retroalimentación con no liberales. A pesar de que los estudiantes conservadores se sienten tan a gusto con sus carreras universitarias como los estudiantes liberales (lo que indica que no hay una diferencia general en actitud respecto de la educación), se muestran considerablemente menos satisfechos que estos últimos con sus cursos de humanidades y ciencias sociales, es decir, aquellos en los que existe una abrumadora mayoría política de izquierda susceptible de manifestar sus ideas (Woessner y Kelly-Woessner 2009).

Los profesores pueden establecer claramente que están tratando de mejorar las cosas y que están abiertos a recibir mensajes por correo electrónico o visitas a su oficina —o incluso a ser interpelados en clase— de estudiantes conservadores o no liberales. Podrían prologar esa invitación con una discusión sobre los peligros del pensamiento grupal y los beneficios de la diversidad de puntos de vista para la creatividad y la reflexión fecunda.

3. Difundir mensajes alusivos a la diversidad. Los profesores pueden pedirles a sus departamentos que modifiquen el lenguaje de sus sitios web para incorporar la diversidad política a los otros tipos de diversidad, y que en todos sus mensajes inviten a los integrantes de grupos subrepresentados a postular. Si resultara difícil que los programas incorporen ese tipo de mensaje, los profesores pueden hacerlo en sus páginas web personales. Reconocemos que puede sonar irónico promover iniciativas que apunten a una mayor diversidad dirigidas a los no liberales, ya que los liberales históricamente siempre han sido los paladines de la diversidad. Sin embargo, nuestras recomendaciones no están lógicamente constreñidas por una doctrina conservadora y creemos que incorporar más conservadores, libertarios y personas con perspectivas menos categóricas —o sin ningún tipo de afiliación política— puede robustecer nuestra ciencia.

6.3. Cambios en las prácticas de investigación

Son muchos los pasos que pueden seguir los investigadores, editores de revistas académicas y reseñadores para reducir los riesgos que supone la homogeneidad política. Es sumamente difícil detectar un sesgo en uno mismo (Pronin et al. 2002), pero si los investigadores logran mejorar su capacidad de pesquisar sesgos entre pares, mejorará la calidad de la investigación. Más aún, una consecuencia potencial de estos cambios en nuestras prácticas científicas podría ser un mayor atractivo en esta disciplina para personas no liberales.

1. Cuidado con los dobles estándares. Como ya lo hemos demostrado, los hallazgos de investigación que no coinciden con los valores liberales corren el riesgo de ser juzgados con mayor dureza; asimismo, los hallazgos de investigación que respaldan los valores liberales corren el riesgo de ser aceptados sin suficiente revisión crítica. Por ello, cada vez que los investigadores revisan un manuscrito o una propuesta de beca que cubre tópicos con alto contenido ideológico, debieran realizar un ejercicio mental consistente en preguntarse a sí mismos y a los propios colegas cómo reaccionarían frente a investigadores que utilizaran los mismos estándares de evidencia para defender conclusiones ideológicamente contrarias (Tetlock 1994).

2. Apoyar las colaboraciones adversarias. Al promover la colaboración entre personas que manejan diferentes supuestos, podemos orientarnos hacia una ciencia más completa del comportamiento humano (Diaconis 1991). La colaboración entre personas con opiniones encontradas no siempre es fácil (Mellers et al. 2001), y cuando están en juego importantes factores legales o políticos, el asunto se vuelve aún más complejo (véanse las respuestas a Tetlock y Mitchell 2009). Sin embargo, el grupo de trabajo de la SPSP (Funder et al. 2014) recomendó la confrontación de ideas dentro de un equipo en aquellos casos en los que los investigadores no fueran capaces de reproducir los hallazgos de otro equipo. Creemos que ese tipo de colaboración también sería útil para resolver diferencias políticas (naturalmente, dicha forma de trabajar presupone que los psicólogos sociales puedan hallar pares que no sean liberales con los cuales colaborar). Una ciencia ideológicamente equilibrada que recurriera a colaboraciones con personas de otro perfil ideológico para resolver disputas empíricas se asemejaría mucho al modelo ideal de comunidad epistémica de Robert Merton ([1942] 1973) que se autocorrige, una comunidad organizada en torno a las normas de CUDOS. CUDOS es un acrónimo (en inglés) para Comunismo (los datos son propiedad pública), Universalismo (se aplican los mismos estándares de evidencia y de prueba a las afirmaciones, sin importar quién las realiza), Desinterés (vigilancia contra tentaciones ideológicas y comerciales tendientes a falsear la verdad) y Escepticismo Organizado (creación de sistemas de rendición de cuentas para asegurar una aplicación imparcial de las normas).

José L. Duarte, Jarret T. Crawford, Charlotta Stern, Jonathan Haidt, Lee Jussim & Philip E. Tetlock, "Political Diversity Will Improve Social Psychological Science", Behavioral and Brain Sciences 38 (2015).

COMENTARIOS CRÍTICOS

UNA CARACTERIZACIÓN ERRÓNEA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL PARA CONSOLIDAR EL LOABLE OBJETIVO DE AMPLIAR SU DIVERSIDAD POLÍTICA

Alice H. Eagly

Departamento de Psicología, Northwestern University

eagly@northwestern.edu.

Resumen: Los argumentos de Duarte et al. para promover una mayor diversidad política en la psicología social se sustentan en una caracterización errónea de la psicología social, describiéndola como una disciplina incapaz de comprender la veracidad de los estereotipos y los efectos de las actitudes en el procesamiento de información. Corrijo estos malentendidos y me sumo a su idea de que la diversidad política, junto con otras formas de diversidad, pueden beneficiar a la psicología social.

Estoy de acuerdo en que una mayor diversidad política en psicología social, al igual que muchas otras formas de diversidad, sería valiosa pues fomentaría la pluralidad de pensamiento en temas sociales. Sin embargo, Duarte et al. plantean esta valiosa idea en una forma acusatoria que no se condice con la investigación y la teoría en este ámbito.

Para dar cuenta del enfoque sesgado del artículo, me baso en el análisis de los autores sobre el supuesto menoscabo de la psicología social, producto de su liberalismo político. El primer ejemplo es su afirmación de que los psicólogos sociales niegan la veracidad de los estereotipos. Esto es falso. Gordon Allport, pionero en la investigación sobre los estereotipos, se refería al “núcleo de verdad” de los estereotipos (Allport [1954] 1959, 190), y su matizada teorización llevó a descartar la noción de que los estereotipos son meras ficciones. Consistente con Allport, para comprender la veracidad es necesario diferenciar entre veracidad a nivel grupal e individual (por ejemplo, Ryan 2003). La lógica pura establece que los estereotipos grupales, como promedios mentales de los integrantes del grupo, describen de manera errónea a los individuos atípicos, a pesar de que transmiten una considerable veracidad a nivel grupal. Por ejemplo, al afirmar que los estereotipos de género son “representaciones basadas en datos de la realidad social”, Wood y Eagly (2012, 91) revisaron varios estudios que muestran que las creencias sobre diferencias y similitudes entre sexos tienen una correlación moderada a alta con los datos empíricos relacionados con los rasgos de personalidad, las habilidades, los comportamientos sociales y las distribuciones ocupacionales de hombres y mujeres (por ejemplo, Hall y Carter 1999). Estos mismos autores también revisaron investigaciones que apuntaban al considerable potencial de los estereotipos grupales para caracterizar erróneamente a los individuos que conforman el grupo.

En lo relativo a una amplia gama de otros estereotipos, Koenig y Eagly (2014) brindaron una robusta evidencia respecto a su fundamento mediante observaciones sobre los comportamientos de los miembros de un grupo. En sus estudios analizaron la hipótesis de que los estereotipos de los miembros de un grupo derivan de las observaciones de las personas respecto de sus comportamientos en los roles sociales en los cuales los integrantes del grupo están sobrerrepresentados en relación a su porcentaje en la población. Sin embargo, ni Koenig y Eagly ni los defensores de la veracidad del estereotipo de género parecen haber despertado la ira de sus colegas de la psicología social.

Pese a la considerable apertura de varios psicólogos sociales en lo relativo a la veracidad de los estereotipos a nivel grupal, la mayoría de las investigaciones sobre los estereotipos están abocadas, no a la veracidad, sino a los efectos negativos de los estereotipos sobre los individuos. Un tema es que los estereotipos perjudican a los personas de grupos de menor estatus que intentan asumir nuevos roles. Es la veracidad descriptiva de los estereotipos la que les confiere el poder de suprimir las aspiraciones de aquellos individuos que se empeñan en romper la rigidez de los estereotipos. Esto puede repercutir negativamente en dichos individuos y generar un mal desempeño en tareas relacionadas con el estereotipo (Steele y Aronson 1995). Otras investigaciones ponen el acento en las diferentes formas en que los estereotipos legitiman el statu quo societal (por ejemplo, Cuddy et al. 2008). Sin embargo, la veracidad a nivel grupal de los estereotipos y su apoyo al statu quo societal son dos caras de la misma moneda.

Otro ejemplo que brindan Duarte et al. acerca del supuesto menoscabo de la psicología social es su afirmación de que dicho campo académico está dominado por una visión que afirma que el prejuicio y la intolerancia son características exclusivas de la derecha política. Para fundamentar este argumento, se basan en unos pocos estudios que arrojan caracterizaciones parciales o unilaterales de los conservadores, pero que luego han sido refutados por otros estudios. En este punto, Duarte y sus colegas parecen no estar familiarizados con el enorme volumen de investigaciones en psicología social sobre los efectos de las actitudes y la ideología en el procesamiento de información (véase Eagly y Chaiken 1998). Uno de los postulados fundamentales de la teoría de las actitudes es que éstas ejercen efectos selectivos en todos los estadios del procesamiento de información. Cientos de estudios han analizado la hipótesis de que las actitudes de las personas generan un sesgo en el procesamiento de la información que juega a favor del material congruente con sus actitudes. Estos efectos de simpatía son comunes en investigaciones sobre la exposición y la atención a información relevante en términos de actitud, y la percepción, el juicio y la evaluación de dicha información. Pese a las complejidades que surgen del duelo entre las presiones hacia la simpatía y las presiones hacia la veracidad (por ejemplo, Hart et al. 2009), ni la teoría de la actitud ni sus hallazgos refuerzan la idea de que los sesgos de simpatía sean exclusivos o más predominantes entre personas de derecha.

Duarte et al. describen acertadamente la psicología social como un campo esencialmente poblado por liberales. Esto se explica por la atracción de estos últimos hacia un ámbito académico que, según ellos, produce conocimiento que puede provocar un cambio social. Como consecuencia de los movimientos sociales de los últimos 50 años, los partidarios de una mayor igualdad en materia de género, raza y etnicidad y orientación sexual se han acercado a la psicología social. Sin embargo, su inclinación hacia un cambio social progresivo no se traduce de manera inevitable en un sesgo científico, ya que los científicos en el ámbito de la psicología, sean estos liberales o conservadores, están sujetos a las leyes de la ciencia pospositivista. Cuando un sesgo se hace manifiesto, tiende a corregirse con el tiempo, como lo demuestran los efectos del artículo de Jost et al. (2003).

Duarte et al. estigmatizan el ámbito global de la psicología social debido, en gran parte, a su exageración respecto de la hostilidad de los psicólogos sociales hacia la veracidad de los estereotipos a nivel grupal y su excesivo énfasis en un par de estudios que caracterizan de manera negativa a los conservadores. En suma, su artículo evidencia su falta de conocimiento general de la teoría y la investigación en esta disciplina. Asimismo, ilustran de manera inconsciente uno de los más antiguos principios de la psicología social, a saber, que las actitudes sesgan el procesamiento de información, en este caso potenciando su caracterización altamente selectiva y unilateral de la psicología social. Afortunadamente, han publicado en una revista académica que les permite a terceros enmendar sus errores de juicio.

“ESPERA… ¿ERES CONSERVADOR?” LA DIVERSIDAD POLÍTICA Y EL DILEMA DE LA DIVULGACIÓN

Jim A. C. Everett

Departamento de Psicología Experimental, University of Oxford

jim.everett@psy.ox.ac.uk.

Resumen: Muchas de las recomendaciones propuestas para remediar los efectos perversos de la homogeneidad política en la psicología implican que los conservadores revelen su identidad política. Se plantea la interrogante de cuán factible es esto, considerando lo dañino que puede resultar para una persona. Si se considera el problema como un dilema social se aclara su carácter pernicioso y aparecen formas posibles de resolver este dilema.

Como lo señalan Duarte y sus colegas en su polémico y esclarecedor artículo, existe una falta impactante de diversidad política en la psicología social. Aunque resulte irónico en un campo en el cual uno de los tópicos mayores de estudio es el prejuicio, la academia es manifiesta y sutilmente hostil a los conservadores (Inbar y Lammers 2012; Jussim 2012a). El artículo de Duarte et al. me resulta particularmente interesante, en parte porque fui parte del dos por ciento de estudiantes de postgrado que se autoidentificaron como conservadores en la encuesta de Inbar y Lammers. Concuerdo con los autores en la mayoría de los puntos expresados en su artículo, pero también sostengo que olvidan analizar un tema central para contrarrestar la falta de diversidad en este campo: la divulgación efectiva por parte de las personas de su identidad no liberal. Muchas de las recomendaciones propuestas para mejorar la disciplina se basan en que los conservadores revelen su identidad política. ¿Pero cuán probable es que ello suceda?

Cuando comencé mis estudios de postgrado en psicología tuve que enfrentar un serio dilema: ¿debo intentar esconder mis convicciones políticas conservadoras? Más de un profesor en psicología social me había explícitamente recomendado no revelar mi postura de centroderecha si aspiraba a tener una carrera exitosa en psicología social. El punto de vista que defiendo en este escrito es que revelar la propia identidad política en el presente ambiente debe ser considerado como un dilema social. Considerar esta situación como un dilema social —una situación en la cual los intereses colectivos se oponen a los intereses privados— permite aclarar el carácter pernicioso del problema y sugerir formas para solucionarlo.

Los dilemas sociales tienen dos características fundamentales:

1. Cada individuo recibe una mayor recompensa por desviarse de lo que es de interés colectivo (por ejemplo, usar todos los recursos disponibles para su propia ventaja) que por cooperar, al margen de lo que los demás individuos hagan.

2. El conjunto de individuos está en mejor situación si todos cooperan en lugar de que todos se desvíen (Dawes 1980; Hardin 1968).

¿En qué medida el tema de revelar la propia identidad no liberal constituye un dilema social? Dicho en pocas palabras, un investigador no liberal está en mejor situación no revelando su identidad política, pero el colectivo está en mejor situación si se produce esa declaración pública.

El primer rasgo de un dilema social es que un investigador recibe una mayor gratificación al desviarse de algo que es de interés colectivo. Dada la hostilidad en el campo, los conservadores políticos están en mejor situación al no revelar su identidad política. Un investigador que aspira a obtener becas, publicar ensayos en revistas académicas prestigiosas y obtener un cargo tendrá más éxito si procura “pretender” que es liberal. Empero, ¿deberían los psicólogos conservadores —y en particular los estudiantes de postgrado— simplemente tratar de esconder sus convicciones políticas? Pienso que no.

El segundo rasgo de un dilema social es que la colectividad está en mejor situación cuando todo el mundo coopera. Si las personas no revelan su identidad política no liberal y los psicólogos sociales conservadores se retiran de ese entorno hostil, el campo disciplinario estará en mucho peores condiciones, lo que afectará a los liberales, conservadores y todas las categorías intermedias. ¿Por qué sucede esto? Como se analiza en el artículo en cuestión, la falta de diversidad es perniciosa para el campo disciplinario por varias razones, entre las cuales cabe destacar las siguientes: los valores y supuestos liberales pueden incrustarse en las teorías y los métodos; es probable que los investigadores se centren en tópicos que validen la narrativa de progreso liberal y eviten aquellos que cuestionen dicha narrativa; las actitudes negativas respecto de los conservadores pueden generar una ciencia que caracterice de manera errónea sus rasgos y atributos.

¿Por qué es necesaria una divulgación para evitar esta tragedia colectiva? En pocas palabras, disponer de psicólogos conservadores públicamente reconocidos como tales es un prerrequisito para algunas de las más importantes soluciones propuestas por Duarte et al. Si no logran ser públicamente psicólogos conservadores, será imposible establecer esquemas de colaboración entre facciones políticas y disponer de un conjunto de psicólogos no liberales que actúen como revisores. En términos más generales, los beneficios de un contacto intergrupal están bien documentados para reducir los prejuicios y promover la cooperación (Allport 1954; Pettigrew y Tropp 2006). Sin embargo, ello está básicamente sujeto a que los miembros de un grupo sean identificados como tales, lo que es imposible si las personas ocultan sus credos políticos. Más aún, es importante que los integrantes de los diferentes grupos se destaquen en materia de encuentros intergrupales para que los efectos positivos puedan generalizarse a otros individuos y contextos (Hewstone y Brown 1986). Salvo que los individuos puedan hacer pública su postura antiliberal, perdurará un clima hostil en el que potenciales estudiantes se sienten desalentados por una palpable falta de diversidad. Por ello, es esencial contar con psicólogos abiertamente conservadores para reducir la hostilidad en este campo disciplinario.

En suma, ¿qué debiera hacerse? En su destacado estudio, Messick y Brewer (1983) identifican dos tipos de salidas a los dilemas sociales: soluciones estructurales y motivacionales. Las soluciones estructurales son aquellas que se logran mediante acciones grupales organizadas y que suelen implicar regulación o coerción social para inducir una motivación individual en aras de un interés colectivo. Por el contrario, las soluciones motivacionales individuales se basan en las preferencias de los actores implicados y apuntan a maximizar aquellos factores que llevan a actuar en aras del bien común. Para ayudar a resolver este dilema, se puede recurrir tanto a las soluciones estructurales como a las motivacionales. Ahora bien, resulta excesivo esperar que los conservadores simplemente revelen sus identidades y enfrenten los problemas que se deriven de ello. Por ende, es probable que las soluciones motivacionales orientadas a los conservadores tengan un efecto limitado. Más bien, debe apuntarse a un cambio en las características estructurales de nuestro sistema, para así brindarles el apoyo y los beneficios adicionales a los conservadores y reducir los costos de esta divulgación. Los liberales son los privilegiados en la psicología social y, por ende, son ellos quienes deben asumir el liderazgo para cambiar esta situación.

Tal vez lo más importante que pueden realizar los psicólogos liberales es tomar conciencia de su posición privilegiada en este ámbito académico y cuestionar esta realidad cada vez que sea posible. Son los liberales —no los conservadores— quienes tienen la mayor responsabilidad y el mayor poder para crear un ambiente en el cual se promueva la divulgación de la identidad política y la aceptación de la diversidad. Sólo en esa medida se podrán evitar los efectos desastrosos que la homogeneidad política tendrá en nuestra disciplina.

ACTITUDES POLÍTICAS EN ENTORNOS SOCIALES

Andrew Gelman

Departamento de Estadística, Columbia University

gelman@stat.columbia.edu

Neil Gross

Departamento de Sociología, Colby College

nlgross@colby.edu.

Resumen: Coincidimos con Duarte et al. en que puede resultar valioso estudiar las posturas políticas predominantes en las profesiones. Pero no hemos encontrado evidencia que indique que una mayor diversidad política de la fuerza laboral en las ciencias sociales produzca generalmente mejores investigaciones. También pensamos que, al momento de considerar un equilibrio ideológico, resulta útil ubicar la psicología social en un contexto más amplio de las ideologías de otros grupos de influencia dentro de la sociedad, como la oficialidad militar, los periodistas y los ejecutivos de empresas.

A pesar de que valoramos varios aspectos del artículo de Duarte et al, incluida su insistencia en que los cientistas sociales debieran empeñarse en minimizar el impacto en la investigación de sus puntos de vista políticos y su preocupación por las amenazas del mundo político respecto a suprimir el financiamiento a las ciencias, consideramos su argumento central poco convincente. No hemos encontrado evidencia fiable que indique que unas ciencias sociales con profesionales más diversos en lo político tengan estándares más altos de evidencia, sean más capaces de evitar fallas de replicación o, en términos generales, logren producir mejores investigaciones. Como no existen formas estandarizadas de medir estos resultados de forma agregada, y como son escasos los datos fiables sobre las opciones políticas de los investigadores a nivel de las disciplinas y subdisciplinas, nunca han existido —que nosotros sepamos— intentos sistemáticos de examinar la relación entre calidad epistémica y composición política de las comunidades socio-científicas. Por ende, Duarte et al. están abogando por cambios fundamentales en las políticas y las prácticas sobre la base de meras especulaciones. Los autores citan alguna evidencia acerca de los beneficios de una “diversidad de puntos de vista” en la colaboración, pero hay una disparidad de escala entre esos estudios (de grupos pequeños) y las generalizaciones a nivel de ámbito académico que realizan los autores. Las investigaciones sobre la historia y sociología de las ciencias sociales sugieren que los movimientos científicos/intelectuales que vinculan los compromisos políticos con los programas de investigación —el tipo de movimiento que, según los autores, ha minado la psicología social y la psicología de la personalidad— han surgido bajo una amplia gama de condiciones políticas, al igual que los movimientos contrarios que abogan por una mayor objetividad. Mientras no dispongamos de mayor información sobre éstas y otras dinámicas relacionadas, sería prematuro abocarse al análisis de las máquinas organizacionales para la producción de conocimiento en las ciencias sociales, sin perjuicio de las preocupaciones que uno pueda sentir, en sintonía con los autores, acerca de ciertas tendencias actuales.

Adicionalmente, creemos que es útil considerar el argumento de Duarte et al. en un contexto más amplio, incorporando otras profesiones que se inclinan de manera marcada a la izquierda o la derecha. La analogía más cercana es tal vez entre profesores universitarios (que son desproporcionadamente demócratas[10] liberales) y los oficiales del ejército (en su mayoría republicanos conservadores; véase la investigación del cientista social Jason Dempsey (2009)). En ambos casos parece haber un claro vínculo entre entorno e ideología. Las universidades han sido (con notables excepciones) durante mucho tiempo centros de disenso político, así como los militares han sido una institución conservadora (también con algunas excepciones). Y esto es cierto a pesar de que muchos profesores universitarios son bien remunerados y viven cómodamente, y a pesar de que los militares estadounidenses han sido descritos como uno de los últimos bastiones del socialismo en el siglo XXI. Otro ejemplo de profesión pro liberal es el periodismo (con su conocido lema “confortar a los afligidos y afligir a los confortables” y el liberalismo relativo de ese gremio también ha sido confirmado por encuestas a periodistas; por ejemplo, véase Weaver et al. 2003), mientras que los ejecutivos de empresas representan un importante e influyente grupo conservador en la sociedad estadounidense. Ha habido cierto movimiento para contrarrestar el sesgo liberal en el periodismo en los Estados Unidos, pero no está claro qué podría hacerse para equilibrar la representación política entre los oficiales del ejército y los ejecutivos de las empresas.

En suma, valoramos el trabajo de Duarte et al. en cuanto a analizar las estadísticas e implicancias de las actitudes políticas entre los investigadores sociales. Pero el rubro profesional de los psicólogos, al igual que el de los militares, es una fuerza voluntaria y no nos resulta claro que los supuestos beneficios de corregir el desequilibrio ideológico entre los psicólogos sociales (o entre los oficiales del ejército o los ejecutivos de empresa) compensen los esfuerzos que implicaría llevar a cabo esa tarea. Sea como sea, este tipo de ejercicio probabilístico produce interesantes experimentos reflexivos.

UN PREDOMINIO DE DEMÓCRATAS AUTODECLARADOS NO CONSTITUYE UNA EVIDENCIA DE UN SESGO IZQUIERDISTA

Benjamin E. Hilbig

Laboratorio de Psicología Cognitiva, Universidad de Koblenz-Landau

hilbig@uni-landau.de

Morten Moshagen

Instituto de Psicología, Universidad de Kassel

moshagen@uni-kassel.de

Resumen: El argumento de Duarte et al. descansa en la premisa básica de que una proporción positiva de demócratas versus republicanos implica un sesgo político. Sin embargo, si lo ponemos en un contexto global e histórico, es evidente que los demócratas estadounidenses representan una posición moderada en el espectro político de izquierda-derecha. Por ende, Duarte et al. no brindan ninguna evidencia de un sesgo izquierdista en la comunidad científica.

Es indudable que una marcada asimetría en la distribución de puntos de vista (políticos) relevantes en cualquier comunidad científica puede hacer peligrar la objetividad y el progreso. Duarte et al. sostienen que la mayoría de los psicólogos (en particular, los psicólogos sociales y de la personalidad) hoy tienden a autoidentificarse más como demócratas que como republicanos (refiriéndose específicamente a los dos principales partidos políticos existentes en los Estados Unidos) y concluyen que, por ende, la comunidad está sesgada hacia la izquierda. Este razonamiento se basa en el supuesto de que en los Estados Unidos los demócratas se ubican a la izquierda en el espectro político y los republicanos, a la derecha, lo que implica que una posición moderada —y, por tanto, con gran probabilidad, no sesgada— se ubicaría entre las dos, de tal manera que una comunidad sin sesgo ideológico estaría constituida por una proporción aproximadamente equivalente de científicos que se identifiquen como demócratas y republicanos. Sin embargo, como lo demostramos a continuación, este razonamiento es erróneo, pues es producto de una categorización inadecuada del espectro izquierda-derecha, lo que invalida la premisa básica fundamental de Duarte et al.

Para fundar nuestro argumento nos remitimos a una amplia base de datos internacional, longitudinal, de análisis de contenidos de manifiestos de partidos políticos: la base de datos Manifesto, compilada por el proyecto Manifesto Research on Political Representation, que es una de las mayores fuentes de datos en ciencia política comparada (König et al. 2013). En 2003, el proyecto recibió un reconocimiento de la American Political Science Association (APSA) como el mejor conjunto de datos en política comparada. Para mayor información sobre el proyecto, los códigos y otras referencias, se puede visitar el sitio web https://manifestoproject.wzb.eu/. El proyecto se basa en análisis cuantitativos de programas electorales de partidos de más de 50 países, con una cobertura de todas las elecciones libres y democráticas desde 1945. Entrega una estimación de las posiciones de los partidos políticos, en una escala que abarca de la izquierda a la derecha en base a una codificación de cuasi frases correspondientes a diferentes categorías, que dan cuenta de un conjunto predefinido de temas políticos (Budge et al. 2001). Basamos nuestras consideraciones en el logit de la escala izquierda-derecha (“LLR scale”; Lowe et al. 2011) recientemente propuesto.

Duarte et al. caracterizan la década de los ochenta como el punto de inflexión del campo académico hacia una identificación con los demócratas y, por ende, con la izquierda. Sin embargo, las posiciones de los partidos políticos estadounidenses en la escala LLR a lo largo del tiempo (véase el gráfico 1) claramente muestran que ambas entidades han virado de manera marcada hacia la derecha del espectro político desde los ochenta. Producto de lo anterior, los demócratas tienen una posición moderada, mientras que los republicanos se posicionan mucho más a la derecha de lo que solían hacerlo. Por consiguiente, el incremento relativo de personas de la comunidad que se autoidentifican como demócratas puede explicarse por el simple hecho de que los científicos tienden a favorecer una posición moderada, equilibrada. Del mismo modo, este incremento de demócratas autoidentificados no puede considerarse como una evidencia de un sesgo pro izquierdista en la comunidad.

Más aún, Duarte et al. conciben la comunidad como si estuviera sólo integrada por científicos estadounidenses (analizando evidencia referida principalmente a estos últimos) y se refieren exclusivamente al espectro político de los Estados Unidos. Sin embargo, según la base de datos de la publicación Web of Knowledge®, en el ámbito de la psicología, aproximadamente el 46 por ciento de todos los registros desde 2004 han sido publicados por científicos residentes en los Estados Unidos, mientras que el 46 por ciento restante corresponde a trabajos de científicos del Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Holanda, España, Italia, Francia, Japón, Suiza, Bélgica y Suecia. (Se obtienen cifras muy similares si se consideran las revistas académicas de mayor impacto en psicología, o las diez revistas de mayor impacto en psicología de la personalidad y social).

Gráfico 1. PROMEDIO MÓVIL (3 PERÍODOS) DE LAS POSICIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTADOUNIDENSES EN EL LOGIT DE LA ESCALA DE IZQUIERDA-DERECHA (LLR) A LO LARGO DEL TIEMPO

Fuente: Realizado por Hilbig y Moshagen en base a datos de Manifiesto.

Es obvio que los partidos políticos de esos países no calzan con la categorización demócratas versus republicanos de los Estados Unidos. Si se compara la posición de estos dos partidos en la escala LLR con la de los 99 de los doce países mencionados se observa claramente que los demócratas estadounidenses tienen una postura moderada (más que izquierdista) en términos generales (los resultados son prácticamente idénticos si se consideran todos los países incluidos en la base de datos Manifesto). En el gráfico 2 se muestra el porcentaje de votos reales que recibieron los partidos en las elecciones más recientes en función de su posición en la escala LLR. Como puede constatarse, el “punto medio global” (ponderado y no ponderado por los votos reales que recibieron los partidos) es cercano al punto neutro numérico del espectro izquierda-derecha. Esto es esencialmente la posición actual de los demócratas estadounidenses. Por el contrario, los republicanos se ubican aproximadamente en el punto 1 de desviación estándar a la derecha de ese punto medio global. Por ende, si se compara con el espectro político de todos los partidos políticos de los países mencionados (que contribuyen en una misma medida a la ciencia psicológica que los Estados Unidos) resulta claro que el espectro estadounidense (demócratas versus republicanos) sólo puede discriminar dentro de la mitad que se ubica a la derecha en el espectro.

Producto de lo anterior, es probable que las escalas de autoidentificación (en especial aquéllas cuyos extremos están rotulados “liberales” y “conservadores”) exhiban el mismo sesgo, ya que estos términos (liberales y conservadores) se interpretan en referencia al espectro político nacional, tal como se expresa en los principales partidos políticos (Benoit y Laver 2006). En términos generales, una proporción positiva de demócratas autoidentificados versus republicanos no puede considerarse como evidencia de un sesgo a la izquierda; por el contrario, una proporción de ese orden podría equivaler a un sesgo a la derecha. De inferirse algo, podría decirse que la comunidad parece estar alineada con una posición moderada en el espectro izquierda-derecha.

En suma, los datos de Manifesto indican que los demócratas estadounidenses actualmente tienen una posición moderada (más que izquierdista), mientras que los republicanos se sitúan en el ala derecha del espectro político, más de lo que solían y especialmente en términos globales. En consecuencia, referirse exclusivamente a la dicotomía entre demócratas y republicanos constituye una representación muy errónea del espectro político. Así, basados en la evidencia que presentan, Duarte et al. no pueden afirmar que el campo disciplinario muestra un marcado sesgo hacia la izquierda. Esto invalida la premisa básica de su razonamiento.

Gráfico 2. PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS EN LA ELECCIÓN MÁS RECIENTE, CONDICIONADOS POR LAS POSICIONES DE LOS PARTIDOS EN EL LOGIT DE LA ESCALA DE IZQUIERDA-DERECHA (LLR).

La línea discontinua indica la media no ponderada. La línea de puntos indica la media ponderada. Esta ponderación de las posiciones de los partidos políticos se realiza en función de los votos efectivamente recibidos por los partidos (la media y la mediana difieren en menos de 2 por ciento en la escala). Las líneas llenas indican la posición de los republicanos y demócratas estadounidenses (sólo en la última elección) en la escala LLR.

Fuente: Realizado por Hilbig y Moshagen en base a datos de Manifiesto.

ACOGIENDO A LOS CONSERVADORES EN LA DISCIPLINA

Richard Nisbett

Departamento de Psicología, University of Michigan, Ann Arbor

nisbett@umich.edu

Resumen: Una mayor presencia de conservadores en la disciplina sería beneficiosa y es probable que los psicólogos sociales no sean tan reacios a incrementar la cantidad de conservadores como opinan Duarte et al. Los problemas de incorporación están principalmente relacionados con la autoselección y los sesgos en la enseñanza de pregrado. Los psicólogos sociales debieran congratularse de contar con conservadores en la disciplina para que sirvan como correa transmisora de nuestras teorías y métodos, dirigida a los intelectuales y diseñadores de políticas conservadores.

Concuerdo con Duarte et al. que existe un prejuicio contra los conservadores y que una mayor presencia de conservadores en la disciplina podría representar aportes significativos en lo científico y en lo social.

La analogía con el ingreso de los orientales a la disciplina es clara para mí. Los asiáticos han cambiado profundamente nuestra comprensión sobre la naturaleza del yo y la relación del yo con grupos más amplios, como la sociedad. También han influido poderosamente en nuestra reflexión sobre la cognición.

En sus fundamentos, el pensamiento holístico es muy diferente del pensamiento lógico, analítico. Resuelve problemas que el pensamiento analítico es incapaz de solucionar. Los enfoques orientales generan teorías que difícilmente podrían surgir de un pensamiento occidental. Y ambas tradiciones nos brindan un punto de vista estratégico al criticar las prácticas sociales y los hábitos cognitivos del otro. Pienso que algo semejante podría suceder si las ciencias de la conducta incluyeran un mayor número de conservadores. Ello incrementaría el espectro y el carácter de las teorías sociales y de la conducta y brindaría valiosos elementos de crítica.

Como liberal, hay otro motivo por el cual desearía incrementar el número de conservadores en la disciplina. Quisiera que incidamos en el pensamiento social y político de los intelectuales y políticos conservadores. Algunas posiciones conservadoras son simplemente insostenibles a la luz de la teoría consolidada de la psicología social. Basta con mencionar el fundamental error de atribución. También existen oportunidades de incidir en las políticas sociales. Un impulso conservador usual consiste en rechazar cualquier propuesta de intervención so pretexto de que podría haber daños no contemplados futuros o “externalidades negativas”. Los psicólogos sociales comprendemos bien estas preocupaciones, pero también disponemos de teorías que pueden ayudar a evitar consecuencias indeseables y disponemos de métodos que pueden evaluar las intervenciones antes de que sean adoptadas a gran escala.

¿Cuán severo es el prejuicio con los conservadores? Como lo reconocen Duarte et al., es difícil saberlo, pues está claro que al menos parte de la razón por la cual hay pocos representantes de ese sector en la disciplina es debido a la autoselección en función de intereses. Pero no cabe duda de que los estudiantes conservadores se pueden sentir desalentados a seguir en parte debido a la actuación de profesores que expresan puntos de vista que en su opinión están respaldados por la teoría y la investigación, pero que en realidad son meros manifiestos de ideología liberal. Y a veces los docentes expresan un abierto rechazo a los puntos de vista conservadores, lo cual, aparte de ser descortés, afecta negativamente nuestra credibilidad frente a personas sensatas de diferentes credos políticos.

Pero dudo que estemos alejando a muchos potenciales estudiantes de postgrado conservadores. En el futuro inmediato, la autoselección basada en intereses, combinada con un rechazo hacia la ideología liberal de la disciplina serán la principal causa de que sólo una pequeña cantidad de conservadores postulen a la escuela de postgrado. Y un conservador deseoso de ingresar a la escuela de postgrado sabrá que sería imprudente de su parte revelar su posición conservadora en la postulación.

¿Y qué hay de las personas con un doctorado que intentan incorporarse a las facultades de ciencias sociales? ¿Les sería difícil encontrar un trabajo? No me cabe duda de que una posición política conservadora sería una desventaja, pero objeto la evidencia presentada respecto de este punto por Duarte et al. La encuesta de Inbar y Lammers (2012) adolece de fallas. Los investigadores les preguntaron a numerosos psicólogos sociales: “Si dos candidatos a un trabajo (con las mismas calificaciones) postularan a una vacante en su departamento y usted supiera que uno era políticamente bastante conservador, ¿cree que se inclinaría a votar por el más liberal?”. El último punto en la escala llevaba como etiqueta “En absoluto”. Sólo al marcar ese último punto los encuestados podían demostrar que no tenían prejuicios contra los conservadores. La posibilidad de que un candidato pudiera inclinarse a favor del candidato conservador o tener un sesgo en ese sentido no era tomada en serio o tal vez ni siquiera asumida. Más aún, sabemos que las etiquetas de los puntos en las escalas pueden modificar de manera drástica las respuestas. La escala de Inbar y Lammers podría implicar tácitamente que cualquier cientista social puede, en el mejor de los casos, llegar a ser neutral.

Al menos uno de los autores del artículo aparentemente concuerda con la afirmación de que la neutralidad es a lo más que puede aspirar un psicólogo social. Cuando le señalé que yo sería proclive a votar por el conservador, pareció escéptico. Me sorprendió su reacción. Por todas las razones esbozadas al comienzo de mi comentario, acogería con beneplácito las oportunidades y los desafíos intelectuales que supondría la presencia de un conservador en mi departamento. (¡A pesar de ello, debo admitir que su presencia puede generar algún revuelo en las conversaciones en torno al dispensador de agua!).

Para determinar si alguien compartía mis preferencias, realicé una pequeña encuesta con 16 prominentes psicólogos sociales. Les pregunté si estarían abiertos a incorporar más conservadores a la disciplina, y si, en igualdad de condiciones académicas, votarían por un candidato conservador o liberal para el trabajo. (Suprimí el adjetivo “bastante” antes de la palabra conservador porque me pareció más razonable comparar a un conservador con un liberal que comparar a un individuo “bastante conservador” con otro meramente liberal.) Hasta donde yo sabía, todos mis encuestados se definían como liberales o moderados. Trece de los 16 afirmaron que incorporarían a conservadores en la disciplina. Sin embargo, hay probablemente un efecto de “no en mi patio trasero” (not in my back yard). Sólo siete afirmaron que votarían por el postulante conservador. Siete indicaron que votarían por el liberal y dos que no tenían ningún favoritismo a priori. Ésta es la prueba de la realidad: hay prominentes psicólogos sociales no conservadores que acogerían conservadores en la disciplina, y algunos de esos psicólogos sociales afirman que no tendrían reparos en contratar a un conservador en su departamento.

En suma, puede que la situación no sea tan negativa como la describen Duarte et al. Su propuesta de volver la disciplina más abierta a los conservadores me parece razonable, posible de llevar a cabo y tal vez más efectiva de lo que ellos asumen. Al menos, pienso que los psicólogos sociales tomarán en cuenta las admoniciones vertidas en el artículo de Duarte et al. al momento de escribir o dictar una conferencia magistral, y posiblemente incluso cuando elaboren sus propias hipótesis y diseñen pruebas para validarlas. Así lo espero.

SESGO POLÍTICO, PROFUNDIDAD EXPLICATIVA Y NARRATIVAS DE PROGRESO

Steven Pinker

Departamento de Psicología, Harvard University

pinker@wjh.harvard.edu

Resumen: El sesgo político ha sido efectivamente un elemento distorsionador de la psicología, no sólo en determinadas áreas de investigación, sino que también ha contribuido a una aversión a la profundidad explicativa de campos de estudio políticamente cargados, como, por ejemplo, la evolución. Agrego dos enmiendas amistosas al artículo revisado: 1) puede que la narrativa moral de izquierda esté más basada en una competencia de suma cero entre grupos identitarios que en un progreso continuo; y 2) el sesgo ideológico debe ser abordado no sólo a través de la diversidad de facciones ideológicas, sino que minimizando la influencia de la ideología.

Puede que este artículo represente uno de los más importantes estudios sobre la práctica de la psicología en la historia reciente de la disciplina. En efecto, el sesgo de izquierda ha sido un elemento sustancial de distorsión en numerosos campos de investigación y teoría. ¡Cómo podría haber sido de otro modo, considerando todo lo que nosotros (especialmente en tanto que psicólogos) sabemos acerca de los efectos intelectualmente corruptores de la ideología, el consenso entre los grupos y la demonización de los disidentes! Duarte et al. documentan y diagnostican brillantemente el problema, a pesar de que su evaluación del daño es sólo parcial. Adicionalmente a los tópicos que mencionan, yo agregaría el estudio sobre las diferencias de sexo, la violencia, los elementos genéticos que contribuyen a la desigualdad económica, los factores culturales que contribuyen a la desigualdad económica y la formación de la personalidad y la inteligencia (véase Pinker 2002; 2011; también Susan Pinker 2008).

El problema se extiende más allá de determinadas áreas de investigación. Sospecho que un sesgo liberal-izquierdista también da cuenta de la ausencia de explicaciones profundas en psicología, como del hecho de que nuestras “teorías” muchas veces consisten en una larga lista de sesgos, falacias, ilusiones, negligencias, cegueras y errores fundamentales, cada uno de los cuales redescubre el hallazgo de que los seres humanos son inaptos en algún ámbito. Para explicar por qué los individuos son inaptos en determinados ámbitos y aptos en otros, la psicología debe invocar principios de disciplinas que son más fundacionales, como la economía, la genética y la biología de la evolución. Pero estas fuentes de profundidad explicativa son muchas veces descartadas por los psicólogos debido a su supuesta carga política (Pinker 2002).

Además de afectar la psicología científica, el sesgo político identificado por Duarte et al. ha corroído la confianza global en la ciencia. Para tomar un ejemplo funesto, los escépticos del cambio climático antropogénico suelen contradecir el consenso científico afirmando que el sesgo izquierdista de los investigadores es tan marcado y tan poco reconocido que nada que provenga de la academia puede ser asumido como verdadero. Están ciertamente equivocados acerca de la ciencia climatológica, pero nuestra disciplina ha dado claros ejemplos de que ese sesgo existe. Uno de ellos es el enorme revuelo y la ausencia de debate razonable tras los comentarios de Lawrence Summers del 2005 sobre la interpretación de la evidencia relativa a la discriminación de género en la academia (véase Pinker 2005).

Las ciencias sociales deben volver a una indagación ajena a intereses políticos y el artículo comentado es un llamado oportuno a actuar. Agregaría dos objeciones amistosas.

En primer lugar, no estoy seguro de que la narrativa de progreso liberal de Christian Smith sea un resumen totalmente exacto de la orientación política de los cientistas sociales. Habiendo yo mismo documentado de que existe una gran cantidad de verdad empírica para la narrativa misma —hemos hecho efectivamente, mucho progreso desde la Ilustración (Pinker 2011)—, puedo afirmar que los liberales de izquierda contemporáneos lo niegan abiertamente (a pesar de que sí creen que vale la pena luchar por ese progreso). ¿Abolición de la esclavitud? Muchas veces me entero de que hay muchos más esclavos hoy que en cualquier otra época. ¿Fin de la segregación racial? Las cárceles estadounidenses son el nuevo Jim Crow. ¿Menos racismo? Éste se muestra solapadamente bajo la forma de sesgos implícitos. ¿Los derechos y la salvaguarda de las mujeres? Las barreras se han vuelto más invisibles y las mujeres ahora corren más peligro que nunca, especialmente una de las cada cuatro mujeres que son violadas en los campus universitarios. ¿El fin del barbarismo de los castigos corporales? Vivimos en una sociedad carcelaria semejante al panóptico cuyas sutiles formas de vigilancia y sumisión vuelven superfluas las hogueras para quemar personas.

Hoy son los libertarios, y no los liberales de izquierda, quienes tienden a creer en el progreso (por ejemplo, Ridley 2010). En vez de hablar de progreso liberal, la narrativa de muchos académicos izquierdistas consiste en afirmar que la sociedad es una competencia de suma cero entre clases, géneros y razas, y que una misión a la cual vale la pena consagrar la vida es asegurar que los grupos hoy desaventajados obtengan la parte que les corresponde de poder y recursos. Por estos motivos, la reiterada referencia de Duarte et al. a la “narrativa de progreso liberal” parece errar el blanco. Ninguno de los ejemplos de sesgo político que enuncian presupone una convicción de que nuestra sociedad ha progresado.

Una segunda observación: los autores tuvieron una chispa de genialidad retórica al usar el santo y seña (shibboleth) liberal izquierdista de la “diversidad” contra los propios liberales, y plantean la interesante idea de que algún tipo de acción afirmativa para los conservadores y los libertarios podría ayudar a neutralizar el sesgo. Pero la analogía entre raza y género, por un lado, e ideología política, por el otro, es parcial, en el mejor de los casos. A pesar de lo que digan Gilbert y Sullivan, uno no nace liberal o conservador de la misma forma en que nace hombre o mujer, europeo o asiático o africano. Las ideologías políticas no son marcadores arbitrarios; tienen un contenido intelectual que puede ser expuesto, debatido y, cuando corresponde, descartado. Todos los cientistas deberían hacer esto, incluidos los liberales y la gente de izquierda; no debiéramos asumir que los izquierdistas están predeterminados para sesgar su ciencia hacia la izquierda, lo que requeriría una facción de derechistas que los neutralizaran con un sesgo opuesto. Sería una lástima si esa sugerencia táctica de los autores generara un debate erróneo sobre los méritos de las cuotas y la discriminación inversa y opacara la idea central de que el manejo de una ciencia adecuada requiere que hagamos todo lo posible para identificar y minimizar las distorsiones de ideologías parroquiales.

¿DE QUÉ TIPO DE CONSERVADORES CARECE LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y POR QUÉ?

Lee Ross

Departamento de Psicología, Stanford University

lross@stanford.edu

Resumen: A pesar de que los argumentos de Duarte et al. acerca de los potenciales beneficios de una mayor diversidad política en el ámbito de la psicología social son válidos, su análisis sobre el declive de dicha diversidad, el rol que juega la autoselección y los ámbitos específicos que citan al analizar el sesgo anticonservador plantean interrogantes que ameritan un mayor análisis. También se rebate su afirmación de que las investigaciones y los estudios serios que cuestionan las ortodoxias liberales no tienen cabida en nuestras revistas académicas y en nuestro discurso profesional.

Los individuos de todo el espectro político tienden a ver la evidencia y los argumentos a través del prisma de sus razonamientos y valores, y a presionar en favor de una mayor uniformidad. Por ello, es imposible disentir de la idea de que una mayor diversidad política en nuestro ámbito académico (así como otros tipos de diversidad) nos beneficiaría. Dicho esto, quisiera comentar tres puntos planteados en el artículo revisado que, en mi opinión, ameritan una mayor consideración.

La pérdida de psico-diversidad política. Los términos “liberal” y “conservador” en el actual escenario político estadounidense tienen un sentido diferente del que tenían cuando el campo incluía más conservadores autodeclarados y más republicanos (moderados). Las creencias que caracterizaban a los seguidores de Eisenhower y Nixon —a saber, conservadurismo fiscal y defensa de un cambio social gradual y no radical (para qué decir nada de aceptar una estructura tributaria altamente progresiva)— no describen el tipo de conservadurismo al que aluden Duarte et al. cuando hablan de subrepresentación. Los investigadores sociales que asumen esos puntos de vista tradicionales del Partido Republicano, pero que, sin embargo, creen que el Estado debe jugar un rol activo en atender las demandas sociales y que se sienten conformes con la ampliación de derechos a los homosexuales y la libertad de las mujeres para abortar, no son muy proclives a autodenominarse “conservadores”, menos aún si son medidos con la misma vara que aquellos que rechazan estos puntos de vista. Los autores no presentan evidencia, empírica o incluso anecdótica, de hostilidad hacia formas más tradicionales de conservadurismo (como las que suscriben los partidos conservadores en el Reino Unido o Canadá). En breve, aquello que está en gran medida ausente y que es rechazado por la psicología social (y en nuestras universidades de élite) es una forma particular de conservadurismo, muy marcada por la corriente evangélica del cristianismo y/o por el resentimiento y la resistencia a los cambios en la demografía y las costumbres sociales de los Estados Unidos.

Curiosamente, Duarte et al. no parecen prestar atención a la virtual desaparición de nuestras filas de académicos con enfoques más a la izquierda que los de los clásicos demócratas liberales estadounidenses, a saber individuos que no aceptan la idea de que una combinación de capitalismo (incluso con mayor regulación) y democracia es la única senda imaginable hacia una sociedad armónica.

La autoselección y la política de la psicología social. Duarte et al. tienen razón cuando señalan que la autoselección es el origen de la sobrerrepresentación liberal. Algunos de los principios centrales de la psicología social son claramente más llamativos para los estudiantes que desean explorar las fuentes de los males sociales y sus remedios potenciales que para los que desean preservar el statu quo. No cabe duda de que los profesores liberales tienden a escoger ejemplos, tanto en su práctica en aula como en su investigación, en los cuales las debilidades de los conservadores, más que las de los liberales, son presentadas como casos dignos de estudio. Pero Duarte et al. citan escasa o ninguna evidencia que indique que los informes de investigación que se centran en la susceptibilidad de los liberales a determinados sesgos, o que documentan una susceptibilidad mutua, están expuestos a menos escrutinio crítico de revisores y editores (en comparación con las personas que responden a encuestas o los participantes en las investigaciones) que aquellos informes sobre susceptibilidad conservadora.

Duarte et al. no mencionan que algunos de los estudios más valorados en nuestro ámbito —especialmente en educación— contienen hallazgos muy consistentes con valores conservadores tradicionales, como la persistencia frente a la adversidad y un sentido de responsabilidad personal y autoeficacia. La mayoría de los estudios aplicados en psicología social son en realidad más reformistas que liberales en espíritu. Las demostraciones de que unas pequeñas intervenciones pueden dar frutos (Walton 2014; Walton y Cohen, 2011) vienen a cuestionar tanto las afirmaciones izquierdistas de que las personas desfavorecidas no pueden mejorar su situación sin cambios estructurales a nivel social, como la noción derechista de que los malos resultados de una persona se deben fundamentalmente a una falta de motivación, habilidades o carácter.

Ejemplos mal escogidos de sesgo liberal. El vínculo entre ideología conservadora, por un lado, y resistencia a la evidencia sobre cambio climático y sus orígenes antropogénicos, y, por ende, el rechazo a los llamados a actuar, por otro, no es en absoluto obvio. (Más aún, ese vínculo está en gran medida circunscrito a los Estados Unidos). El cuidado del planeta, la preservación del statu quo biológico y la conservación de los recursos son obligaciones que uno esperaría que los conservadores tomaran más en serio que los liberales. La pregunta de por qué y cómo la negación del cambio climático se ha transformado en un sello distintivo de muchos republicanos conservadores es un desafío interesante y oportuno para los cientistas sociales. (Yo sugeriría “sigan al dinero”). Pero considerando dónde yace el peso de la prueba, una falta de imparcialidad en el tratamiento de los estudios que producen los dos lados de este debate no constituye una evidencia contundente de un sesgo anticonservador. Otros ámbitos (educación, vigilancia policial, economía del bienestar) seguramente brindarían un terreno mas fértil en la búsqueda de evidencia de que los editores de revistas y las agencias que asignan fondos no están dispuestos a respaldar los trabajos que desafían la ortodoxia liberal con datos convincentes.

En lo que respecta a la veracidad del estereotipo, el análisis que brindan Duarte et al. carece de perspectiva histórica. El concepto original de estereotipo era más que el supuesto de alguna relación estadística entre la participación en un grupo y una característica negativa (o positiva). Más bien, se refería a la creencia simplista de que todos o casi todos los miembros de un grupo específico comparten alguna característica, como una cualidad esencial (Lippman 1922). La pregunta de si los tipos de estándar que Duarte et al. citan reciben más o menos pesos que el que ameritan en términos bayesianos —y por quién— es una interrogante empírica que probablemente merece ser investigada (a pesar de que la respuesta muy probablemente depende del grupo y de la característica estipulada). Pero esa pregunta no fue la que motivó a los investigadores en ciencias sociales a abordar el fenómeno del estereotipo. Su preocupación fueron las consecuencias de los estereotipos para quienes los padecen y para aquellos que los sostienen. Las referencias a estereotipos “no veraces” simplifican en extremo el tema, pero también lo hacen las afirmaciones que indican que determinados estereotipos son “veraces”, especialmente en ausencia de un debate sobre los factores que producen y sostienen las diferencias relevantes en acciones y resultados.

Conclusiones. Sería beneficioso para la psicología social que conservadores juiciosos (y otros cuestionadores juiciosos de la ortodoxia) participaran más en nuestras revistas académicas y que el tipo de “corrección política” que limita la indagación y la discusión en clase fueran menos evidentes. Es muy probable que los estudios y argumentos deficientes que dan confort a las ortodoxias liberales estén menos sometidos al escrutinio crítico que aquellos que respaldan creencias conservadoras. Más preocupante sería hallar evidencia (cosa que no logré en el artículo de Duarte et al.) que indique que estudios sólidos que apoyen creencias conservadoras o que cuestionen las ortodoxias liberales no tuvieran una merecida audiencia o el debido apoyo dentro de nuestra disciplina. En efecto, la seriedad con la que los psicólogos sociales han asumido los temas planteados por los autores del presente artículo y otros estudios que citan muestran que las voces disidentes reciben difusión y generan un encendido debate.

REFERENCIAS CITADAS EN ARTÍCULO PRINCIPAL

Y COMENTARIOS CRÍTICOS

(La letra [a], entre corchetes, señala que se trata de una fuente del artículo principal. Otras iniciales entre corchetes refieren al comentarista que utilizó aquella fuente.)

Abramowitz, A. I. 2010. The disappearing center: Engaged citizens, polarization, and American democracy. Yale University Press. [a]

Abramowitz, S. I., B. Gomes & C. V. Abramowitz. 1975. “Publish or politic: Referee bias in manuscript review”. Journal of Applied Social Psychology 5 (3): 187-200. 10.1111/j.1559-1816.1975.tb00675.x. [a]

Adorno, T., E. Frenkel-Brunswik, D. J. Levinson & R. N. Sanford. 1950. The authoritarian personality. Harper. [a]

Akrami, N., B. Ekehammar & R. Bergh. 2011. “Generalized prejudice: Common and specific components”. Psychological Science 22 (1): 57-59. [a]

Alberts, B. 2013. “Trouble at the lab”, The Economist, 19 de octubre de 2013. http://www.economist.com/news/briefing/21588057-scientists-think-science- self-correcting-alarming-degree-it-not-trouble. [a]

Allport, G. W. 1954. The nature of prejudice. Addison-Wesley. [a, JACE]

———. (1954) 1979. The nature of prejudice. Perseus Books. [AHE]

Altemeyer, B. 1996. The authoritarian specter. Harvard University Press. [a]

———. 1998. “The other authoritarian personality”. Advances in Experimental Social Psychology 30: 47-92. [a]

American Psychological Association. 2005. “APA presidential task force on enhancing diversity”. http://www.apa.org/pi/oema/resources/taskforce-report.pdf. [a]

———. 2009. “Strategic plan”. http://www. apa.org/about/apa/strategic-plan/. [a]

———. 2013. “Coburn amendment restricts NSF political science funding”. http://www.apa.org/science/about/psa/2013/ 04/political-science-funding.aspx. [a]

Astin, A. W. 1993. What matters in college? Four critical years revisited. Jossey- Bass. [a]

Baars, B. J. 1986. “The cognitive revolution in psychology. Guilford Press. [a]

Barber, M. & McCarty, N. 2013. “Causes and consequences of polarization”. En Negotiating agreement in politics, editado por J. Mansbridge & C. J. Martin, 19-53. American Political Science Association. [a]

Benoit, K. & M. Laver. 2006. Party policy in modern democracies. Routledge. [BEH]

Bielby, W. 2013. “Minority vulnerability in privileged occupations”. American Academy of Political and Social Science 639: 12-31. [a]

Brandt, M. J., C. Reyna, J. R. Chambers, J. T. Crawford & G. Wetherell. 2014. “The ideological-conflict hypothesis: Intolerance among both liberals and conservatives”. Current Directions in Psychological Science 23 (1): 27-34. [a]

Budge, I., H.-D. Klingemann, A. Volkens, J. Bara & T. Eric. 2001. Mapping policy preferences: Estimates for parties, electors, and governments 1945-1998. Oxford University Press. [BEH]

Byrne, D. 1969. “Attitudes and attraction”. Advances in Experimental Social Psychology 4: 35-89. [a]

Cannella, A. A., J. H. Park & H. U. Lee. 2008. “Top management team functional background diversity and firm performance: Examining the roles of team member collocation and environmental uncertainty”. Academy of Management Journal 51 (4): 768-84. [a]

Carl, N. 2014. “Verbal intelligence is correlated with socially and economically liberal beliefs”. Intelligence 44: 142-8. [a]

Ceci, S. J., D. Peters & J. Plotkin. 1985. “Human subjects review, personal values, and the regulation of social science research”. American Psychologist 40 (9): 994-1002. [a]

Chambers, J. R., B. R. Schlenker & B. Collisson. 2013. “Ideology and prejudice: The role of value conflicts”. Psychological Science 24 (2): 140-49. [a]

Clark, C. F., M. J. Kotchen & M. R. Moore. 2003. “Internal and external influences on pro-environmental behavior: Participation in a green electricity program”. Journal of Environmental Psychology 23: 237-46. [a]

Crano, W. D. 2012. The rules of influence: Winning when you are in the minority. St. Martin’s Press. [a]

Crawford, J. T. 2012. “The ideologically objectionable premise model: Predicting biased political judgments on the left and right”. Journal of Experimental Social Psychology 48 (1): 138-51. [a]

Crawford, J. T. & E. Xhambazi. 2015. “Predicting political biases against the Occupy Wall Street and Tea Party movements”. Political Psychology 36 (1): 111-21. doi:10.1111/pops.12054. [a]

Crawford, J. T. & J. M. Pilanski. 2014. “Political intolerance, right and left”. Political Psychology 35 (6): 841-51. doi:10.1111/j.1467-9221.2012.00926.x. [a]

Crawford, J. T., S. A. Modri & M. Motyl. 2013. “Bleeding-heart liberals and hard- hearted conservatives: Subtle political dehumanization through differential attributions of human nature and human uniqueness traits”. Journal of Social and Political Psychology 1 (1): 86-104. doi:10.5964/jspp.v1i1.184. [a]

Crisp, R. J. & R. N. Turner. 2011. “Cognitive adaptation to the experience of social and cultural diversity”. Psychological Bulletin 137 (2): 242-66. [a]

Cuddy, A. J. C., S. T. Fiske & P. Glick. 2008. “Warmth and competence as universal dimensions of social perception: The stereotype content model and the BIAS map”. En Advances in Experimental Social Psychology, volumen 40, editado por M. P. Zanna, 61-149. Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2601(07) 00002-0. [AHE]

Dawes, R. M. 1980. “Social dilemmas”. Annual Review of Psychology 31 (1): 169-93. [JACE]

Deary, I. J., G. D. Batty & C. R. Gale. 2008. “Bright children become enlightened adults”. Psychological Science 19: 1-6. [a]

Dempsey, J. K. 2009. Our army: Soldiers, politics, and American civil-military relations. Princeton University Press. [AG]

Dey, E. L. 1997. “Undergraduate political attitudes: Peer influence in changing social contexts”. Journal of Higher Education 68 (4): 398-413. [a]

Diaconis, P. 1991. Comentario a “Replication and Meta-Analysis in Parapsychology”, de J. Utts. Statistical Science 6 (4): 386. [a]

Duckitt, J. 2001. “A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice”. Advances in Experimental Social Psychology 33: 41-113. [a]

Dunlap, R. E., K. D. van Liere, A. G. Mertig & R. E. Jones. 2000. “Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: A revised NEP scale”. Journal of Social Issues 56: 425-42. [a]

Eagly, A. H. & S. Chaiken. 1998. “Attitude structure and function”. En The handbook of social psychology, volumen 1, editado por D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey, 269-322. McGraw-Hill. [AHE]

Eagly, A. H. 1995. “The science and politics of comparing women and men”. American Psychologist 50: 145-58. [a]

Feldman, S. & C. Johnston. 2014. “Understanding the determinants of political ideology: Implications of structural complexity”. Political Psychology 35 (3): 337-58. [a]

Feygina, I., J. T. Jost & R. E. Goldsmith. 2010. “System justification, the denial of global warming, and the possibility of system-sanctioned change”. Personality and Social Psychology Bulletin 36 (3): 326-38. [a]

Fiske, S. T., L. T. Harris & A. J. C. Cuddy. 2004. “Why ordinary people torture enemy prisoners”. Science 306 (5701): 1482-83. [a]

Fosse, E., N. Gross & J. Ma. 2011. “Political bias in the graduate admissions process: A field experiment”. Working paper, Harvard University, marzo 2011. [a]

Frimer, J. A., D. Gaucher & N. K. Schaefer. 2014. “Political conservatives’ affinity for obedience to authority is loyal, not blind”. Personality and Social Psychology Bulletin 40 (9): 1205-14. [a]

Funder, D. C., J. M. Levine, D. M. Mackie, C. C. Morf, C. Sansone, S. Vazire & S.G. West. 2014. “Improving the dependability of research in personality and social psychology: Recommendations for research and educational practice”. Personality and Social Psychology Review 18: 2-12. [a]

Gauchat, G. W. 2012. “Politicization of science in the public sphere: A study of public trust in the United States, 1974 to 2010”. American Sociological Review 77 (2): 167-87. [a]

Gilbert, D. 2011. Comentario a “The bright future of post-partisan social psychology”, charla de J. Haidt. Edge, 11 de febrero de 2011. http://www.edge.org/3rd_culture/haidt11/haidt11_index.html [a]

Greenwald, A. G. & L. H. Krieger. 2006. “Implicit bias: Scientific foundations”. California Law Review 94 (4): 945-67. [a]

Gross, N. & S. Simmons. 2007. “The social and political views of American professors”. Working paper presentado en Harvard University Symposium on Professors and Their Politics. 6 de octubre. [a]

Gross, N. 2013. Why are professors liberal and why do conservatives care? Harvard University Press. [a]

Haidt, J. 2001. “The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment”. Psychological Review 108 (4): 814-34. [a]

———. 2011. “The bright future of post-partisan social psychology”. Charla dada en la reunión anual de la Society for Personality and Social Psychology, San Antonio, Texas, 27 de enero. http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/postpartisan.html [a]

———. 2012. The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Pantheon Books. [a]

Hall, J. A. & J. D. Carter. 1999. “Gender-stereotype accuracy as an individual difference”. Journal of Personality and Social Psychology 77: 350-59. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.77.2.350. [AHE]

Hardin, C. D. & E. T. Higgins. 1996. “Shared reality: How social verification makes the subjective objective”. En Handbook of motivation and cognition, volumen 3: The interpersonal context, editado por R. M. Sorrentino & E. Higgins, 28–84. Guilford Press. [a]

Hardin, G. 1968. “The tragedy of the commons”. Science 162 (3859): 1243-8. [JACE]

Hart, W., D. Albarracín, A. H. Eagly, I. Brechan, M. J. Lindberg & L. Merrill. 2009. “Feeling validated versus being correct: A meta-analysis of selective exposure to information”. Psychological Bulletin 135: 555-88. http:// dx.doi.org/10.1037/a0015701. [AHE]

Heaven, P. C., J. Ciarrochi & P. Leeson. 2011. “Cognitive ability, right-wing authoritarianism, and social dominance orientation: A five-year longitudinal study amongst adolescents”. Intelligence 39 (1): 15-21. [a]

Hewstone, M. E. & R. E. Brown. 1986. Contact and conflict in intergroup encounters. Basil Blackwell. [JACE]

Hibbing, J. R., K. B. Smith & J. R. Alford. 2014. “Differences in negativity bias underlie variations in political ideology”. Behavioral and Brain Sciences 37 (3): 297-350. [a]

Hodson, G. & M. A. Busseri. 2012. “Bright minds and dark attitudes: Lower cognitive ability predicts greater prejudice through right-wing ideology and low intergroup contact”. Psychological Science 23 (2): 187-95. [a]

Inbar, Y. & J. Lammers. 2012. “Political diversity in social and personality psychology”. Perspectives on Psychological Science 7 (5): 496-503. [a, JACE, RN]

Ioannidis, J. P. 2012. “Why science is not necessarily self-correcting”. Perspectives on Psychological Science 7 (6): 645-54. [a]

Iyer, R., S. Koleva, J. Graham, P. Ditto & J. Haidt. 2012. “Understanding libertarian morality: The psychological dispositions of self-identified libertarians”. PLoS ONE 7 (8): e42366. doi:10.1371/journal.pone.0042366. [a]

Janis, I. L. 1972. Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. Houghton Mifflin. [a]

John, L. K., G. Lowenstein & D. Prelec. 2012. “Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling”. Psychological Science 23: 524-32. [a]

Jost, J. T. & M. R. Banaji. 1994. “The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness”. British Journal of Social Psychology 33 (1): 1-27. [a]

Jost, J. T., J. Glaser, A. W. Kruglanski & F. J. Sulloway. 2003. “Political conservatism as motivated social cognition”. Psychological Bulletin 129 (3): 339-75. 10.1037/0033-2909.129.3.339. [a, AHE]

Jussim, L. 2012a. “Liberal privilege in academic psychology and the social sciences”, comentario a Inbar & Lammers (2012). Perspectives on Psychological Science 7 (5): 504-7. [JACE]

———. 2012b. Social perception and social reality: Why accuracy dominates bias and self-fulfilling prophecy. Oxford University Press. [a]

Kahan, D. M., H. Jenkins-Smith & D. Braham. 2011. “Cultural cognition of scientific consensus”. Journal of Risk Research 14 (2): 147-74. [a]

Kang, J. & M. R. Banaji. 2006. “Fair measures: A behavioral realist revision of ‘affirmative action’”. California Law Review 94 (4): 1063-118. [a]

Kemmelmeier, M. 2008. “Is there a relationship between political orientation and cognitive ability? A test of three hypotheses in two studies”. Personality and Individual Differences 45: 767-72. [a]

Klein, D. B. 2011. “I was wrong and so are you”. The Atlantic, diciembre. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/12/i-was-wrong-and-so-are-you/308713/. [a]

Klein, D. B. & C. Stern. 2005. “Professors and their politics. The policy views of social scientists”. Critical Review 17 (3-4): 257-303. [a]

———. 2009. “By the numbers: The ideological profile of professors”. En The politically correct university: Problems, scope, and reforms, editado por R. Maranto, R. E. Redding & F. M. Hess, 15-33. AEI Press. [a]

Koenig, A. M. & A. H. Eagly. 2014. “Evidence for the social role theory of stereotype content: Observations of groups’ roles shape stereotypes”. Journal of Personality and Social Psychology 107: 371-92. http://dx.doi.org/10.1037/ a0037215. [AHE]

König, T., M. Marbach & M. Osnabrügge. 2013. “Estimating party positions across countries and time - A dynamic latent variable model for manifesto data”. Political Analysis 21: 468-91. [BEH]

Lamm, H. & D. G. Myers. 1978. “Group-induced polarization of attitudes and behavior”. Advances in Experimental Social Psychology 11: 145-95. [a]

Levendusky, M. 2009. The partisan sort: How liberals became Democrats and conservatives became Republicans. University of Chicago Press. [a]

Lilienfeld, S. O., R. Ammirati & K. Landfield. 2009. “Giving debiasing away: Can psychological research on correcting cognitive errors promote human welfare?” Perspectives on Psychological Science 4 (4): 390-98. [a]

Lindner, N. M. & B. A. Nosek. 2009. “Alienable speech: Ideological variations in the application of free-speech principles”. Political Psychology 30 (1): 67-92. [a]

Lippman, W. 1922. Public opinion. Harcourt, Brace. [LR]

Lowe, W., K. Benoit, S. Mikhaylov & M. Laver. 2011. “Scaling policy preferences from coded political texts”. Legislative Studies Quarterly 36: 123-55. [BEH]

MacCoun, R. J. 1998. “Biases in the interpretation and use of research results”. Annual Review of Psychology 49 (1): 259-87. doi:10.1146/annurev.psych.49.1.259. [a]

Mannix, E. & M. A. Neale. 2005. “What differences make a difference?” Psychological Science in the Public Interest 6: 31-55. [a]

McCauley, C. & C. L. Stitt. 1978. “An individual and quantitative measure of stereotypes”. Journal of Personality and Social Psychology 36: 929-40. [a]

McClintock, C. G., C. B. Spaulding & H. A. Turner. 1965. “Political orientation of academically affiliated psychologists”. American Psychologist 20: 211-21. [a]

McCrae, R. R. 1996. “Social consequences of experiential openness”. Psychological Bulletin 120: 323-37. [a]

Mellers, B., Hertwig, R. & D. Kahneman. 2001. “Do frequency representations eliminate conjunction effects? An exercise in adversarial collaboration”. Psychological Science 12 (4): 269-75. [a]

Menz, M. 2012. “Functional top management team members: A review, synthesis, and research agenda”. Journal of Management 38 (1): 45-80. [a]

Mercier, H. & D. Sperber. 2011. “Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory”. Behavioral and Brain Sciences 34 (2): 57-74. [a]

Merton, R. K. (1942) 1973. “The normative structure of science”. En The sociology of science: Theoretical and empirical investigations, editado por R. K. Merton, 223-280. University of Chicago Press. [a]

Messick, D. M. & M. B. Brewer. 1983. “Solving social dilemmas: A review”. Review of Personality and Social Psychology 4: 11-44. [JACE]

Mill, J. S. (1859) 1989. On liberty. Cambridge University Press. [a]

Mooney, C. 2012. “Conservatism makes you happy”. Salon, 16 de julio. http://www.salon.com/2012/07/16/conservatism_makes_you_happy/. [a]

Moreno, J. D. 2011. “The body politic: An introduction”. Theoretical and Applied Ethics 1 (2): 13-22. [a]

Morgan, G. S., E. Mullen & L. J. Skitka. 2010. “When values and attributions collide: Liberals’ and conservatives’ values motivate attributions for alleged misdeeds”. Personality and Social Psychology Bulletin 36: 1241-54. [a]

Moscovici, S. & B. Personnaz. 1980. “Studies in social influence: V. Minority influence and conversion behavior in a perceptual task”. Journal of Experimental Social Psychology 16 (3): 270-82. [a]

Munro, G. D., T. P. Lasane & S. P. Leary. 2010. “Political partisan prejudice: Selective distortion and weighting of evaluative categories in college admissions applications”. Journal of Applied Social Psychology 40 (9): 2434-62. [a]

Napier, J. L. & J. T. Jost. 2008. “Why are conservatives happier than liberals?” Psychological Science 19 (6): 565-72. [a]

Nemeth, C. J. 1995. “Dissent as driving cognition, attitudes, and judgments”. Social Cognition 13 (3): 273-91. [a]

Nemeth, C., K. Brown & J. Rogers. 2001. “Devil’s advocate versus authentic dissent: Stimulating quantity and quality”. European Journal of Social Psychology 31 (6): 707-20. [a]

Newcomb, T. 1943. Personality and social change: Attitude formation in a student community. Dryden. [a]

Nickerson, R. S. 1998. “Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises”. Review of General Psychology 2 (2): 175-220. [a]

Oxley, D. R., K. B. Smith, J. R. Alford, M. V. Hibbing, J. L. Miller, M. Scalora, P. K. Hatemi & J. R. Hibbing. 2008. “Political attitudes vary with physiological traits”. Science 321 (5896): 1667-70. [a]

Page, S. E. 2008. The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, school, and societies. Princeton University Press. [a]

Perkins, D. N., Farady, M. & B. Bushey. 1991. “Everyday reasoning and the roots of intelligence”. En Informal reasoning and education, editado por D. N. Perkins, M. Farady & B. Bushey, 83-105. Erlbaum. [a]

Peterson, B. E., L. E. Duncan & J. S. Pang. 2002. “Authoritarianism and political impoverishment: Deficits in knowledge and civic disinterest”. Political Psychology 23 (1): 97-112. [a]

Pettigrew, T. F. & L. R. Tropp. 2006. “A meta-analytic test of intergroup contact theory”. Journal of Personality and Social Psychology 90 (5): 751-83. [JACE]

Pinker, S. 2002. The blank slate: The modern denial of human nature. Viking. [SP]

———. 2005. “Sex ed: The science of difference”. The New Republic, 14 de febrero, 15-17. [SP]

———. 2011. The better angels of our nature: Why violence has declined. Viking. [SP]

Pinker, Susan. 2008. The sexual paradox: Men, women, and the real gender gap. Scribner. [a, SP]

Popper, K. R. 1959. The logic of scientific discovery. Hutchinson. [a]

———. 1968. The open society. Routledge. [a]

Pronin, E., D. Y. Lin & L. Ross. 2002. “The bias blind spot: Perceptions of bias in self versus others”. Personality and Social Psychology Bulletin 28 (3): 369-81. [a]

Redding, R. E. 2001. “Sociopolitical diversity in psychology: The case for pluralism”. American Psychologist 56 (3): 205-15. [a]

———. 2013. “Politicized science”. Society 50: 439-46. [a]

Reskin, B. 2012. “The race discrimination system”. Annual Review of Sociology 38: 17-35. [a]

Ridley, M. 2010. The rational optimist: How prosperity evolves. Harper Collins. [SP]

Roets, A. & A. van Hiel. 2011. “Allport’s prejudiced personality today: Need for closure as the motivated cognitive basis of prejudice”. Current Directions in Psychological Science 20 (6): 349-54. [a]

Rothman, S. & S. R. Lichter. 2008. “The vanishing conservative: Is there a glass ceiling?” En The politically correct university: Problems, scope, and reforms, editado por R. Maranto, R. E. Redding & F. M. Hess, 60-76. AEI Press. [a]

Rothman, S., S. R. Lichter & N. Nevitte. 2005. “Politics and professional advancement”. Academic Questions 18 (2): 71-84. doi:10.1007/s12129-005-1008-y (originalmente publicado en The Forum. http://www.bepress.com/forum/vol3/iss1/art2/). [a]

Rudman, L. A., C. A. Moss-Racusin, J. E. Phelan & S. Nauts. 2012. “Status incongruity and backlash effects: Defending the gender hierarchy motivates prejudice against female leaders”. Journal of Experimental Social Psychology 48: 165-79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2011.10.008. [AHE]

Ryan, C. S. 2003. “Stereotype accuracy”. En European Review of Social Psychology, volumen 13, editado por W. Stroebe & M. Hewstone, 75-109. Psychology Press/Taylor & Francis (UK). http://dx.doi.org/10.1080/10463280240000037. [a, AHE]

Saad, L. 2010. “In 2010 conservatives still outnumber moderates, liberals”. Gallup Politics, 25 de junio. http://www.gallup.com/poll/141032/2010- Conservatives-Outnumber-Moderates-Liberals.aspx. [a]

Sabin, P. 2013. The bet: Paul Ehrlich, Julian Simon, and our gamble over Earth’s future. Yale University Press. [a]

Simmons, J. P., L. D. Nelson & U. Simonsohn. 2011. “False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant”. Psychological Science 22 (11): 1359-66. [a]

Smith, C. (ed.) 2003. The secular revolution: Power, interests, and conflict in the secularization of American public life. University of California Press. [a]

Sniderman, P. M. & P. E. Tetlock. 1986. “Symbolic racism: Problems of motive attribution in political analysis”. Journal of Social Issues 42: 129-50. [a]

Son Hing, L. S., D. R. Bobocel & M. P. Zanna. 2002. “Meritocracy and opposition to affirmative action: Making concessions in the face of discrimination”. Journal of Personality and Social Psychology 83 (3): 493-509. [a]

Son Hing, L. S., D. R. Bobocel, M. P. Zanna & M. V. McBride. 2007. “Authoritarian dynamics and unethical decision making: High social dominance orientation leaders and high right-wing authoritarianism followers”. Journal of Personality and Social Psychology 92 (1): 67-81. [a]

Sperber, D., F. Clément, C. Heintz, O. Mascaro, H. Mercier, G. Origgi & D. Wilson. 2010. "Epistemic vigilance". Mind and Language 25 (4): 359–93. [a]

Steele, C. M. & J. Aronson. 1995. “Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans”. Journal of Personality and Social Psychology 69: 797-811. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.797. [AHE]

Stenner, K. 2009. “Three kinds of conservatism”. Psychological Inquiry 20: 142-59. [a]

Tetlock, P. E. 1983. “Cognitive style and political ideology”. Journal of Personality and Social Psychology 45: 118-26. [a]

[1] Cuando se use la expresión “liberal” o “valores liberales”, se hará en el sentido estadounidense del término, es decir, aludiendo a la tradición socialdemócrata norteamericana antes que a la tradición europea del liberalismo clásico (N.del E.).

[2] Tal como en el uso de la palabra liberal, el término “conservador”, para fines de este artículo, refiere a la tradición norteamericana de derecha (N. del E.).

[3] Ambos estudios incluyen universidades comunitarias en sus análisis.

[4] Inbar y Lammers (2012) realizaron dos encuestas valiéndose de la misma lista de correo. La primera fue más breve y obtuvo 508 respuestas. Dicha encuesta no investigó acerca de una identidad política global; sus preguntas apuntaban a la identificación personal respecto de temas económicos, sociales y de política exterior. De estos tres temas, pensamos que ser un conservador social es el que representa el mayor tabú; sólo el 3,9 por ciento de los entrevistados señalaron que eran conservadores en temas sociales. Cabe destacar que Inbar y Lammers obtuvieron un mayor número de personas dispuestas a declarar que eran conservadores en temas sociales (17,9 por ciento) y de política exterior (10,3 por ciento), pero pensamos que es la identidad global —la voluntad de afirmar “soy un conservador” versus “soy un liberal”— la mejor forma de plasmar una diversidad política. Por ello, nos centramos en su segundo estudio que incluye también un conjunto más amplio de mediciones relacionadas con la discriminación política.

[5] Entregamos este dato adicional: en su presentación de 2011 en la Society for Personality and Social Psychology, Haidt señaló que sólo pudo identificar a un psicólogo social conservador que tuviera algún grado de reconocimiento público como tal en toda la disciplina: Clark McCauley. Tres años después de esa charla, ningún otro psicólogo social conservador se ha manifestado públicamente o ha sido identificado como tal, como contraejemplo a la afirmación de Haidt de que la disciplina carece de diversidad política. Los cinco autores de este artículo conocen sólo un psicólogo social conservador adicional, pero éste ha solicitado que su nombre sea mantenido bajo reserva. Si la psicología social tiene en la práctica más diversidad política que lo que afirmamos en este artículo, nadie parece saber dónde encontrarla.

[6] SAT son las iniciales para Scholastic Assessment Test, prueba estandarizada ampliamente usada para la admisión universitaria en Estados Unidos (N. del E.).

[7] Los extractos pueden visualizarse en el blog YourMorals, disponible en: http://www.yourmorals.org/blog/2011/02/discrimination-hurts-real-people/.

[8] Sólo conocemos un estudio que no logró hallar indicios de discriminación contra los conservadores en el ámbito académico, pero se trata de un trabajo inédito que no incluye departamentos de psicología. Fosse et al. (2011) envió mensajes por correo electrónico a los directores de los estudios de postgrado de las 75 escuelas más prestigiosas de sociología, ciencias políticas, economía, historia y literatura. Los mensajes pretendían ser de potenciales postulantes que señalaban haber trabajado como voluntarios en la campaña de Obama o la de McCain en 2008. Las respuestas no fueron más lentas o frías cuando iban dirigidas a estudiantes que decían haber trabajado para la campaña de McCain. Esto es alentador, pero cabe señalar que los mensajes describían estudiantes que se ajustan al estereotipo general del liberalismo, a saber, personas que quieren especializarse en esa disciplina y valerse de ella para tener un impacto en el mundo y que quieren seguir siendo personas integrales. Sólo una vez que se habían transmitido esas impresiones se revelaba, al final del tercer párrafo, que el estudiante había participado en una campaña presidencial por un par de meses. Más aún, cabe señalar que el director no era una persona anónima, que tenía que responder por sus acciones y que muchas de las respuestas consistían probablemente en textos preparados para lidiar con el gran volumen de solicitudes recibidas por correo electrónico. Pensamos que este estudio incorporó varios elementos de diseño que hicieron menos probable la discriminación.

[9] Asumimos que muchos de los conservadores en el ámbito académico procuran mantener en reserva su identidad política por dos motivos: 1) sólo tres personas de aproximadamente mil levantaron la mano públicamente para declarar que eran conservadores cuando Haidt lo solicitó durante su charla realizada en el marco de la reunión de 2011 de la SPSP. Sin embargo, si la cifra de 6 por ciento obtenida por Inbar y Lammers (2012) es correcta y si la audiencia era representativa de la profesión, deberían haber habido aproximadamente 60 conservadores entre el público; 2) la mayoría de los conservadores que escribieron a Haidt después de su charla de 2011 le declararon explícitamente que mantienen secreta su identidad política.

[10] La expresión se usa para referir a un simpatizante del partido Demócrata de Estados Unidos (N. del E.).

RESEÑA

EL GUARDIÁN DEL SANTO GRIAL

David Gallagher

David Gallagher. Estudió en la Universidad de Oxford, en la que después fue profesor de literatura latinoamericana y fellow de St. Antony’s College. Actualmente es socio de Asset-Chile y combina sus actividades como ensayista con las de la banca de inversiones. Miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos. Email: david@assetchile.com.

Christopher Domínguez Michael, Octavio Paz en su siglo

(México: Aguilar, 2015).

1. INTRODUCCIÓN

En agosto de 1988, Christopher Domínguez Michael (CDM), el autor de Octavio Paz en su siglo[1], se incorpora a una renovada mesa de redacción de la revista Vuelta de Octavio Paz (460). CDM en ese momento era un literato de 26 años, y Paz, a los 74, un indiscutido coloso de las letras mexicanas. De allí en adelante, CDM mantiene un diario en que anota su día a día con Paz y el entorno. “Nos cuidábamos mucho de no parecer lo que éramos, biógrafos potenciales del poeta” (504), nos dice; de hecho, otros más, como Enrique Krauze o Guillermo Sheridan, procedieron a escribir importantes biografías de Paz,[2] si bien ésta, de CDM, es la más completa. En un ambiente en que hay algo de corte en torno a un monarca que, si bien benévolo, se deja querer y admirar, CDM, quien es, por cierto, un crítico y biógrafo casi del todo exento de vanidad, confiesa: “Mi vanidad me alcanzaba para concebirme como un diminuto Saint-Simon que llevaba la crónica secreta del reino” (540). Todo este período, en que nuestro Saint-Simon convive con el monarca hasta su muerte en 1998 (gran final que —como veremos más adelante— él describirá con dramatismo shakespereano), es relatado con especial maestría, porque CDM aprovecha, eso sí que siempre con discreción, las ventajas que le da la intimidad. Pero los 74 años de Paz anteriores a 1988, que inevitablemente abarcan lo grueso de esta magna biografía, son descritos y analizados con el mismo lujo de detalles que los diez años posteriores, en lo que es una obra académicamente impecable, e indispensable para quienes quieren conocer el día a día emocional, literario y político de Paz. Difícil imaginarse un libro mejor documentado y producto de más investigación. Si bien hay períodos en que claramente CDM no ha podido dar con tantas fuentes como quisiera (se le nota mejor informado cuando Paz está en México que cuando está en Cambridge, Inglaterra o Massachusetts, o la India), es difícil concebir un libro más detallado sobre la vida de Paz. Tan detallado que a veces parece estar escrito para iniciados: algunos lectores no mexicanos puede ser que incluso se salten algunas de las descripciones minuciosas que hace CDM de riñas políticas y literarias, todas ellas pródigas en pequeñeces en cuanto a quién excluir o incluir en algún movimiento o en alguna revista o antología. Por otro lado, a mí me hizo falta más atención a la poesía de Paz, que es citada, como para matarla, a renglón seguido, con los versos separados por feas barras. Éste no es un libro para alguien que quiere entender por qué Paz es un gran poeta. Tal vez sea justamente porque es un libro para iniciados. CDM nos cuenta que “Piedra de sol”, por ejemplo, “pertenece a la clase de poemas, junto a los de Rimbaud y Neruda, que los jóvenes memorizamos” (249). ¡Eso que tiene 584 endecasílabos! Si es así, si sus lectores preferidos ya conocen los poemas, no es necesario comentarlos mucho, ni importa citar los versos entre barras como estos de “Piedra de sol”: “Voy por tu cuerpo como por el mundo, / tu vientre es una plaza soleada, / tus pechos dos iglesias donde oficia / la sangre sus misterios paralelos” (249).

2. EL JOVEN PAZ

CDM nos brinda una descripción iluminadora del contexto en que Paz, hijo único, vivió sus primeros años, y nos demuestra cómo ese primer entorno familiar y educativo ha de influir en su vida y obra hasta el final. CDM se detiene primero en el abuelo, don Irineo Paz, un liberal masón, “típico republicano del siglo XIX, hombre de espada y pluma” y gran periodista satírico (27): un referente, pienso, para Paz en su lucha posterior para que hubiera en nuestro continente más crítica, más escepticismo, más apertura de mente. Don Irineo era el patriarca de la familia y dueño de la vieja casona en que vivían en Mixcoac. Lo mucho que lo quería Paz se nota en la evocación conmovedora que hará del abuelo en “Cuento de dos jardines”, poema aparecido en Ladera este (1962-1968).[3] Hay allí un afecto profundo, y a la vez la sensación de que el liberalismo que le conoció al abuelo ya era en el mundo un anacronismo, devastado como el jardín de Mixcoac.

Yo era niño

Y el jardín se parecía a mi abuelo.

Trepaba por sus rodillas vegetales

Sin saber que eran los mástiles de un barco

Varado.[4]

Pero tanto o más importante que el abuelo es el padre, Octavio Paz Solórzano, un luchador zapatista que a la vez es un alcohólico empedernido: morirá borracho, arrollado por un tren, en 1936. CDM traza la relación de amor y odio que tenía Paz con su padre, demostrando a través del libro que, con todo, Paz nunca iba a perder su afecto por el romanticismo telúrico que este seguidor de Zapata le había infundido. Y como resume CDM, tanto el padre como el abuelo dejan a Paz inserto en la fuerte tradición anticlerical tanto del México liberal como del revolucionario. “Nieto de un liberal masón e hijo de un revolucionario autor de una hagiografía de Zapata a quien le dio vergüenza decir lo guadalupanos que eran su general y sus tropas, Paz fue, durante toda su vida, un anticlerical y descreído, lo cual lo predisponía para conocer lo sagrado, en buena lid romántica, a través de la poesía” (69). Paz irrumpirá toda su vida en arrebatos anticristianos, como uno notable que cita CDM, de una reseña que hace Paz del Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn. A Paz le espantan las revelaciones del novelista ruso de la crueldad soviética. Pero no resiste el cristianismo de Solzhenitsyn, permitiéndose decir de los cristianos que “no aman a sus semejantes. Y no los aman porque nunca han creído realmente en el otro. La historia nos enseña que, cuando lo han encontrado, lo han convertido o lo han exterminado” (407).

3. LOS AMORES Y EL AMOR

Paz estudió en el colegio San Ildefonso (tema de uno de sus grandes poemas)[5] y después en la Escuela de Jurisprudencia, donde, según descubre CDM, fue un estudiante de “extrema irregularidad” (71). Cuando sólo le faltaba aprobar derecho mercantil para licenciarse, abandonó la carrera (71), quemando las naves en lo que ha sido un rito de pasaje para muchos escritores. En 1937, a los 23 años, se casó con Elena Garro, una mujer talentosa pero explosiva que, según CDM, era una gran belleza de la época (digo según CDM, porque he oído voces discrepantes). Paz viajó con ella a España a participar en el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebraba en Valencia en julio de 1937. La importancia de este Congreso para las afiliaciones políticas y el pensamiento de Paz la veremos más adelante. Quedémonos por el momento con Elena, o Helena como la tilda Paz, porque pareciera que tiene con ella momentos de incomparable esplendor erótico en este viaje. En “Piedra de sol” (1957), el acto sexual —presumiblemente con ella— disuelve los horrores de la Guerra Civil y, en lo que es un tema recurrente en la poesía de Paz, permite trascender el peso de la historia, permite que la pareja vuelva a un origen edénico anterior a la historia, tocando al hacerlo un instante de éxtasis total, todo mientras cunde la destrucción alrededor.

Madrid, 1937,

En la Plaza del Ángel las mujeres

cosían y cantaban con sus hijos

después sonó la alarma y hubo gritos,

casas arrodilladas en el polvo,

torres hendidas, frentes esculpidas

y el huracán de los motores, fijo:

los dos se desnudaron y se amaron

por defender nuestra porción eterna,

nuestra ración de tiempo y paraíso,

tocar nuestra raíz y recobrarnos,

recobrar nuestra herencia arrebatada

por ladrones de vida hace mil siglos,

los dos se desnudaron y besaron,

porque las desnudeces enlazadas

saltan el tiempo y son invulnerables,

nada les toca, vuelven al principio,

no hay ni tú no yo, mañana, ayer ni nombres,

verdad de dos en sólo un cuerpo y alma,

oh ser total…[6]

Pero esta mujer en “Piedra de sol” tiene también sus bemoles… no siempre detona este éxtasis vencedor del tiempo. En otra parte del poema, el poeta nos dice de ella —en el supuesto, claro, de que es la misma— que está “armada de navajas invisibles”:

Ardo sin consumirme, busco el agua,

y en tus ojos no hay agua, son de piedra,

y tus pechos, tu vientre, tus caderas

son de piedra, tu boca sabe a polvo,

tu boca sabe a tiempo emponzoñado…[7]

Descripción compatible con la que le hace Paz a su amigo José Bianco en una carta que CDM cita, en que le dice que Elena es Artemisa, “la siempre virgen dueña del cuchillo” (76).

Peter Miller, en su traducción al inglés de “Piedra de sol” publicada en 1963,[8] adjunta un intercambio de cartas con Paz. Miller le ha preguntado si el “tu” del poema se refiere a una mujer de carne y hueso, si el poema es entonces, como creen algunos, un gran poema de amor, o si más bien ese “tu” es una “presencia”, un “ser sobrenatural”, o “un mundo impersonal que para usted se ha vuelto personal”.[9] Paz le contesta (y traduzco del inglés) que, si bien hay límites a lo que puede decir un autor de su obra, se trata más bien de lo segundo: la “figura central” del poema “aspira a ser una presencia, es decir la encarnación de lo que llamaríamos el lado femenino del mundo”.[10] Si es así, habría que tener cuidado con tratar de detectar amores reales en el poema; en realidad hay que tener ese cuidado con cualquier poema de cualquier poeta. Pero la respuesta de Paz despierta también un atisbo de escepticismo. En 1963, Paz, hace poco nombrado embajador de México en la India, estaba ya anímicamente muy lejos de Elena Garro. Se había separado de ella definitivamente en 1959, y, antes de eso, tanto Paz como Elena habían tenido un buen número de amantes.[11] No sorprendería si Paz a esa altura quisiera desaconsejar cualquier reconocimiento de Garro en “Piedra de sol”. Sobre todo que en 1962 había conocido a Marie José, quien se consolidará como el amor de su vida gracias a un conmovedor encuentro casual en la Rue du Bac, París, en 1964. Este encuentro lo describe ampliamente CDM (260) y es recogido en ese gran poema que se llama “Viento entero”.[12] Desde que empieza su romance con Marie José, tiende a desaparecer en la poesía de Paz el lado destructivo de la mujer: el “lado femenino del mundo” ya da nada más que placer, éxtasis, trascendencia. Ya no hay más vagina dentata, sino una mujer que acoge al poeta en cópulas vertiginosas que lo conectan por un instante al infinito:

Abajo

El desfiladero caliente

La ola que se dilata y rompe

Tus piernas abiertas

El salto blanco

La espuma de nuestros cuerpos abandonados[13]

En realidad, la presencia de la mujer en Paz es tremendamente física a la vez que trascendente. La mujer en la cópula abre las puertas que dan a la trascendencia pero lo hace abriendo las piernas. En ese gran poema largo que es “Blanco”, escrito en 1966 y recogido en Ladera este, en pleno florecimiento de su pasión por Marie José, las cópulas son actos de placer pero también de creación, en que los amantes se autoengendran, convirtiéndose en otros, y a la vez, desde esa vulva que es el lenguaje, engendran la nueva criatura que es el poema. El genio de Paz está en cómo combina lo físico, lo tremendamente sensual, con lo conceptual y metafísico, en lo que es una constante alternancia:

temblor de tierra de tu grupa testigos los testículos solares

lluvia de tus talones en mi espalda falo el pensar y vulva la palabra[14]

Esa “lluvia de tus talones en mi espalda” es el tipo de línea deslumbrantemente sensual que el lector de Paz tiene la suerte de encontrar aun en sus poemas más conceptuales y metafísicos.

4. EL PAZ POLÍTICO

Difícilmente se va a encontrar un libro que describa, como éste, con tanta minucia y tanta acuciosidad, el largo y tortuoso viaje que hace Paz desde su cuna en la revolución mexicana y su juventud como simpatizante comunista con intereses anarquistas, al pensador con fama de neoliberal que llega a ser en sus últimos años, si bien en mi opinión en todo este tiempo no cambia tanto, y, como veremos, no llega nunca a ser el hombre de derechas que algunos creen ver en él, ya sea porque buscan denostarlo desde la izquierda, o porque lo quieren reclamar como suyo desde la misma derecha.

Las primeras posturas políticas de Paz, antes del viaje a España en 1937, ya exhiben las contradicciones que han de expresarse en el transcurso de su vida. Porque si bien Paz en esta época es un fervoroso defensor de la república española y de la revolución rusa, nunca se resigna a practicar el arte propagandístico en que insisten los revolucionarios, y mucho menos el árido realismo socialista que propugnan los soviéticos. El mismo Paz recordará, en 1993, en “La letra y el cetro”, que en 1935, cuando conoce a su entonces mentor Jorge Cuesta, éste le señala “la disparidad entre mis simpatías comunistas y mis gustos e ideas estéticas y filosóficas” (57). Paz agrega que Cuesta tenía razón, aunque el mismo reproche se pudiera extender, según él, “a Gide, a Breton, y muchos otros, entre ellos, al mismo Walter Benjamin”, agregando que “los surrealistas franceses se habían declarado comunistas sin renegar de sus principios” de estética surrealista (57). Cuesta de hecho lo introduce al grupo Contemporáneos, un círculo literario que combina adhesión a la república con, según Paz, el hecho de que “estaban en contra del engagement de los escritores y aborrecían el ‘realismo socialista’, proclamado en esos años como doctrina estética de los comunistas” (65). Claro que en esa época había quienes sostenían que el poeta verdaderamente revolucionario en política era el que lo era también en su arte, que la revolución política significaba, en consecuencia, revolución estética. Así había sido en la Unión Soviética en los primeros años de la revolución, cuando los vanguardistas rusos pensaban que había llegado su hora de gloria, antes de que Stalin, con sus preferencias estéticas burguesas, impusiera el realismo socialista con, si fuera necesario, la máxima crueldad. En ese sentido, un gran elogio le llega a Paz de Rafael Alberti, en una primera visita a México que hace el poeta español en 1934. Haciendo caso omiso de la nueva estética burguesa-socialista de Stalin, Alberti afirma que “Octavio es el único poeta revolucionario entre ustedes, porque es el único en que hay una tentativa por transformar el lenguaje” (54).

Si Paz, como los surrealistas, con quienes tiene una enorme afinidad,[15] no se deja contaminar en su propio arte por las ideologías estéticas estalinistas, si en general la política afecta poco a su poesía, cabe preguntarse por qué son tan importantes sus afiliaciones políticas para CDM. La respuesta, claro, es que Paz en México no sólo es un poeta o ensayista; es lo que CDM más tarde llamará un Jefe Espiritual, el referente intelectual más importante que tuvo México en el siglo XX, y por tanto un campo de batalla entre quienes quisieran reclamarlo como uno de los suyos. Por eso son tan importantes, por lo menos para los mexicanos, las posturas ideológicas de Paz a través del tiempo, y por eso CDM las rastrea con tanta devoción en este libro.

En España en 1937, Paz se encontró en un campo minado que lo obligó a hacer profundas reflexiones. En el Congreso de Valencia estaban Malraux, Neruda, Alberti, Spender, Aragon, Vallejo, Buñuel, Huidobro, Ehrenburg y muchos otros: la crema y nata de la intelectualidad pro comunista mundial de la época (81-103). Tal vez el hecho más importante es el debate que Paz presenció sobre Gide. Los extremistas lo querían condenar como “enemigo del pueblo español”, por un par de libros que Gide ha publicado en 1936 y 1937, donde critica lo que había visto en un viaje a la Unión Soviética (89). El episodio parece haber torturado la consciencia del joven Paz, y más tarde se arrepentiría de no haber levantado más la voz en defensa de Gide (90). Paz nunca fue el mismo después. Luego de presenciar ese dogmatismo matonesco le resultará imposible seguir dándole un apoyo incondicional a la izquierda revolucionaria. Pero su reticencia ante ella no dejó, por muchos decenios, de ser tímida, como lo demuestra una y otra vez CDM. Paz criticaba los errores —sobre todo tras las revelaciones de David Rousset en 1950 acerca de los horrores del socialismo real—, pero a la vez, como para empatar, lanzaba un dardo contra los abusos del capitalismo, y apelaba como ideal a un socialismo puro que algún día triunfaría sobre quienes momentáneamente lo estaban traicionando. Como muchos intelectuales de su época, se resistía a dar un paso más definitivo. Según CDM, “sólo lo dio… al final de su vida”, cuando “se definió más como liberal que como socialista, aunque lo animase la fusión futura de ese par de almas divididas de la consciencia occidental” (156). O sea, aun al final de su vida, Paz soñaba con una síntesis, una suerte de tercera vía, que combinara lo mejor del liberalismo y del socialismo; un mundo parriano de izquierda y derecha unidas. Es en parte, como dice CDM, por terror al “paso fatal hacia las tinieblas exteriores, el punto de no retorno” (156), pero también es, creo, por convicción. Cuando es poeta, Paz siempre se la juega: antes de someterla a su arte, le da rienda suelta a su imaginación, tal como uno lo esperaría de un hijo del surrealismo. Pero como pensador es muy cauteloso.

5. DE 1967 A 1968

Me permito dar un salto adelante, a las postrimerías de 1967, cuando tuve la suerte de conocer a Paz por primera vez. El tenía 53 años, y ya era uno de los grandes poetas de la lengua, equiparable en lo que iba del siglo a Machado, Vallejo, Alberti o Neruda. Había escrito también libros de ensayos de extraordinario peso. En El arco y la lira[16], con tanta o más autoridad que T. S. Eliot (uno de sus contemporáneos más afines), expuso su poética, exhibiendo de paso una vasta erudición, un incomparable conocimiento de la poesía de sus contemporáneos y antecesores. El laberinto de la soledad[17] es, en tanto, una reflexión iluminada sobre los orígenes, la naturaleza y la identidad de México y los mexicanos, que se nutre de una tradición de ensayos que, como bien lo dice CDM, se remonta al Facundo de Sarmiento (192) o a las meditaciones sobre el destino de España que florecen con la Generación del 98 (187-188). Por otro lado, en 1967 Paz llevaba unos cinco años como embajador de México en la India y unos tres o cuatro con su queridísima Marie José. No era la primera vez que vivía en la India: había pasado unos seis meses allí como diplomático en 1951-1952. Pero nunca antes se había inmiscuido tanto en la cultura, así como en las religiones hindú y budista, para encontrar en ellas un reflejo de su propia búsqueda de instantes de éxtasis que trasciendan la prisión del tiempo.

Es ése el Paz que yo conocí el 31 de diciembre de 1967, en Londres, en la casa que tenía Carlos Fuentes en Belsize Park (293).[18] Escribe CDM que, aparte del “anfitrión y su esposa (que por estar indispuesta no bajó a cenar)”, estaban “Octavio y Marie José, Guillermo Cabrera Infante y Miriam Gómez, Mario y Patricia Vargas Llosa, el crítico chileno David Gallagher y el narrador mexicano Héctor Manjarrez, con sus esposas y la profesora Jean Franco”. (293-294). Yo pensaba que estaba allí también José Emilio Pacheco, pero es posible que haya sido anunciado y que no llegó. Jean Franco estaba, si CDM lo dice: yo parece que la había borrado. Cuenta CDM —y quién lo podría olvidar— que en esa comida se ofreció “como postre un pastel de chocolate con hachís”. Lo habrían traído los Cabrera Infante, a quienes se los había regalado Ben Carruthers. Algunos se molestaron con el “atrevimiento” pero no los Paz, quienes lo tomaron con humor (294).

Unos pocos días más tarde, Paz me invitó a almorzar en Brown’s, uno de los hoteles más elegantes de Londres, donde él estaba hospedado. La memoria claro que falla, pero creo tener un recuerdo muy preciso de ese almuerzo. Llego al hotel y no encuentro al poeta hasta que me doy cuenta de que es el señor de traje y corbata escondido detrás de un Wall Street Journal. En el almuerzo, en que Paz, con extraordinaria simpatía, me trata de igual a igual, a pesar de mis 23 años, hablamos sin parar de literatura. Hablamos de Rayuela, en que yo le objeto la obsesión que tiene Cortázar de citar grandes nombres de la cultura una y otra vez, como si necesitara —por inseguro— mostrar su cultura, hacer name dropping a cada rato. Paz me contesta que es lo mismo que hace un Pound o un Eliot. En América, me dice, el escritor es como el conquistador romano: se arroga el derecho de apropiarse de culturas ajenas, y las hace suyas. ¿Por qué tendría Cortázar menos derecho de hacerlo que esos poetas de Estados Unidos? Hablamos de otros escritores argentinos y él elogia La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.[19] Hablamos de literatura cubana. Le interesa en especial Cintio Vitier y su grupo Orígenes. Está plenamente consciente, además, de las dificultades que ya tienen los escritores cubanos con el régimen. Yo en ese momento trabajo en el Times Literary Supplement (TLS), y le cuento a Paz que estamos armando un número especial sobre literatura latinoamericana. Le pido que él escriba el ensayo sobre poesía. Accede feliz.[20] Se queja de la falta de crítica que hay en América Latina, crítica en el sentido amplio de diálogo, de discrepancia creativa, de capacidad para tomar distancia en un continente donde un autor que publica un libro es adulado o descalificado. Por eso me pregunta mucho del TLS y, mirándolo ahora, está ya, tal vez, pensando en esa magnífica revista que él ha de sacar por primera vez en 1971: la revista Plural.[21] Hablamos de Neruda, con quien, según descubro ahora gracias a CDM, se había dado un abrazo en Londres en un festival de poesía en 1967 (83). Me dice que le gusta en Neruda la forma en que describe el sonido de pasos que se acercan, y, al decirlo, dibuja unos pasos en la mesa con los dedos de la mano[22].

El año que sigue a este, para mí, inolvidable almuerzo resulta, creo yo, tremendamente ilustrativo de lo que es Paz, por las formas cómo reacciona a los desafíos que el año le trae. Porque 1968 es un año de grandes eventos que algo tienen de común, aunque a primera vista sean, también, contradictorios. Es el año de los grandes sublevamientos estudiantiles, comenzando con los de mayo en París. Es el año en que se consolida el movimiento hippie. Es el año de la primavera de Praga, que desemboca en la entrada a la ciudad de tanques soviéticos. Es el año en que se vuelve evidente, incluso para aquellos que no lo querían ver antes, que en Cuba no hay libertad de expresión, que allí los intelectuales de espíritu libre son duramente discriminados cuando no perseguidos (ese Año Nuevo en la casa de Fuentes estaba, después de todo, el gran Cabrera Infante, ya perseguido por Castro y obligado a exiliarse en Londres). Es el año de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, México, que redunda en la renuncia de Paz como embajador en India. Finalmente, es un año de tragedia familiar: como le escribe Paz a Jean-Clarence Lambert, “sucedió algo horrible: la única hermana de Marie José, su marido y su hijo perecieron en un accidente aéreo de Air France entre Córcega y Niza” (313).

Al sublevamiento estudiantil que se inicia en París en mayo de 1968, Paz responde con mucho entusiasmo. Su entonces amigo Carlos Fuentes escribe reportajes eufóricos desde —según él— las mismas barricadas que levantan los estudiantes en su lucha contra la abusiva burguesía capitalista, si bien algunos llegan a dudar de si el a veces fantasioso Fuentes estaba realmente en París. Paz comparte el entusiasmo de Fuentes. CDM cita una notable carta de Paz al poeta inglés Charles Tomlinson, su amigo, que refleja perfectamente las ideas que le oíamos a Paz en esa época. “Se bambolea el mediocre orden del ‘mundo desarrollado’. Me emociona y exalta la reaparición de mis antiguos maestros: Bakunin, Fourier, los anarquistas españoles. Y con ellos el regreso de los videntes poéticos: Blake, Rimbaud, etc. La gran tradición que va del romanticismo alemán e inglés al surrealismo. Es mi tradición, Charles: la poesía entra en acción. Creo que estamos a punto de salir del túnel que empezó con la caída de España, los procesos de Moscú, el ascenso de Hitler, el túnel cavado por Eisenhowers [sic], Johnson y las tecnocracias capitalistas y comunistas nos dijeron que era el camino del progreso y el bienestar” (301). Como se ve aquí, Paz sigue empatando los abusos del comunismo y del capitalismo, y cree que ahora sí puede triunfar ese socialismo ideal que los burócratas soviéticos han traicionado. “Durante esas semanas”, escribirá después, “sentí que mis esperanzas juveniles renacían: si los obreros y los estudiantes se unían, asistiríamos a la primera y verdadera revolución socialista. Tal vez Marx no se había equivocado: la revolución estallaría en un país avanzado, con un proletariado madurado y educado en las tradiciones democráticas” (302). Agrega CDM: “Desde allí, confiaba el poeta, se derrumbarían, después del capitalismo, ‘los regímenes totalitarios que habían usurpado el nombre del socialismo en Rusia, China, Cuba y otros países’” (302).

Más importante aún, creo yo, que este Paz que ve en París el fin de un capitalismo abusador y el surgimiento del socialismo ideal en que él soñaba, es ese Paz que en la carta a Tomlinson ve como lo más importante de París el romanticismo, el surrealismo y la poesía. Éste es el Paz poeta que en mi opinión nunca cambia; el que en su corazón siempre añora un pasado edénico anterior al vil consumo material, el que siempre sueña con volver a un origen en que el hombre vive en el éxtasis del presente. Es el Paz que en el transcurso de 1968 expresa su admiración no sólo por los estudiantes parisinos, sino también por los hippies. Ambos, según él, rechazan esas tiranías del futuro que imponen el capitalismo y el comunismo, donde el presente es postergado en función de algún día dichoso en que se termine de estudiar o de pagar la hipoteca o de preparar el mundo para los hijos y los nietos. Éste es un Paz que en su pensamiento político apela a conceptos de su propia poesía y también a conceptos orientales como de fusión del yin y el yang en instantes extáticos. En esta época, o pronto después, Paz empezará a abrirse también a textos liberales, tales como —según CDM— Tocqueville (329), pero, como dice el biógrafo, aún quiere allí emprender una “conciliación que en el fondo sabe imposible entre el romanticismo y el liberalismo, ya no entre Marx y Rimbaud según sugería el menú surrealista, sino entre Fourier y Tocqueville”, para que el progreso nos dé no sólo “más cosas”, sino “más ser” (329).

En cuanto a los otros eventos de 1968, no ha de sorprenderse que Paz tuviera una pésima opinión de la acción de los tanques soviéticos contra la primavera de Praga. En cuanto a la revolución cubana, CDM dice que “Paz fue extrañamente frío desde un principio: antes del caso Padilla, salvo un par de elogios de cajón al Che Guevara y aquella carta a Roberto Fernández Retamar donde decía que le gustaba de ella lo martiniano y no lo marxista, la Revolución cubana está ausente en su obra” (299). Cabrera Infante en su exilio londinense era un buen barómetro de la actitud de los escritores de esa época. Mientras que Cortázar y García Márquez lo evitaban o repudiaban porque temían la censura de Castro, Paz y Vargas Llosa lo incluían y defendían: Cabrera Infante iba a ser un importante colaborador de la revista Plural.

En este aciago año lo más importante para Paz fue la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre y su renuncia a la embajada en la India dos días más tarde. CDM hace ver que ya pensaba renunciar en agosto, días en los que ya considera, según le escribe a Tomlinson, que hay en México una represión “severa, brutal”, y es en agosto que escribe su famoso poema “México: Olimpiada del 68” (309). Según Enrique Krauze, citado por CDM, la renuncia de Paz es “’su hora mejor’, una decisión que puso ‘un límite histórico al poder imperial de la Presidencia de México’, uno de esos momentos que lo convirtieron, a cabalidad, en ‘un hombre en su siglo’, el ciudadano que toma la decisión más sabia en la circunstancia más ardua” (312). De allí en adelante, Paz se convierte, si no en un opositor, en un severo crítico del poder omnívoro del PRI, y de los abusos “patrimonialistas” de ese “ogro filantrópico” que verá en el Estado mexicano, tal como lo expresa en el ensayo epónimo de su famoso libro de 1979.[23] En 1971, ya de vuelta en México, inaugurará su revista Plural, cuyo mero nombre es indicativo. CDM es un niño de nueve años cuando se inaugura Plural, y para describir el desarrollo de esta primera revista él se apoya en el excelente libro de John King.[24] Una notable prueba de la orientación de Plural es el tratamiento que hace de la literatura cubana. “Paz, contra Cortázar y García Márquez, apostó por disidentes cubanos de distinto perfil pero ambos insobornables, como Cabrera Infante y Sarduy” (353). Plural también “se distinguió por escandalizar dándole voz a los disidentes del Este, empezando por Solzhenitsyn, cuyo Archipiélago Gulag (1973) tuvo en el director de Plural un defensor apasionado pese a las agudas diferencias que tenía con el cristiano ruso” (358). Plural fue en América Latina una revista de importancia comparable en esa época sólo con Sur en Argentina. Fue abruptamente cerrada en 1976 por su patrocinador, el diario Excelsior (360).

6. LA JEFATURA ESPIRITUAL

CDM habla de la “jefatura espiritual” que Paz va asumiendo en México. Su genio, dice CDM, “pertenece a una especie rara, la de los poetas-críticos… Sólo W. B. Yeats, Valéry, Pound, Eliot, me parece a mí, comparten con Paz esa conjunción de hondura analítica y grandeza poética. Los cuatro fueron tan influyentes como ensayistas que como poetas y es imposible disociar, en ellos, a la prosa del verso” (411). Para CDM, los cinco pasaron a ser “jefes espirituales” en sus países: no sólo “organizadores públicos o privados de la cultura como editores literarios o promotores del teatro, sino figuras públicas, hombres políticos, poetas exotéricos y clérigos dispuestos a dar la batalla por un conjunto de verdades universales y trascendentes: verdaderos intelectuales” (411). CDM cree que no por nada tres de ellos obtuvieron el Nobel y que los otros dos lo habrían recibido si no hubiera sido por circunstancias particulares (411). En eso Paz se diferencia, claro, de otros poetas de habla española. Vallejo y Neruda tenían posiciones políticas fuertes pero no tenían dotes de ensayista: nadie los consultaría por su pensamiento filosófico o político, que en el caso de Neruda se limitaba —por lo menos en público— a las burdas consignas del PC. De allí también que se justifican, sobre todo en México, las largas páginas que CDM le dedica al pensamiento político de Paz.

Pero leyendo bien al biógrafo, uno se pregunta si las vicisitudes políticas de Paz y la imagen que había de él en los combates entre izquierdistas y derechistas tenían que ver con posturas reales o con chismografía político-literaria en el envidioso mundo intelectual de México. No hay duda de que El ogro filantrópico, editado en 1979, es un libro que va a molestar a la izquierda al denunciar los excesos del Estado mexicano. Pero ese mismo libro contiene ensayos en que Paz condena a Pinochet, o, más significativo aún, ensayos en que elogia a Fourier y su utopía donde “todos son sujetos libres consagrados ‘al amor y el gusto, la comunión y el convivio, la Erótica y la gastrosofía’” (403); ensayos que por lo menos hoy cabrían perfectamente en la ideología utopista de la actual izquierda romántica. Parece ser que la izquierda mexicana se molestaba con Paz no tanto por sus ideas como por sus posiciones frente a Cuba o la disidencia soviética, y, más aún, por ciertas decisiones que tomó como, por ejemplo, la de aparecer en programas de televisión privada, que en ciertos círculos de México era un pecado mortal. “No estoy cerca del poder ni de Televisa”, tuvo que decir, tras aparecer en un programa de un canal de esa empresa, explicando que no era más que un medio de comunicación (394). Claro que CDM sí va demostrando que Paz se va acercando, un poco, al poder, haciéndose incluso amigo de un empresario como Emilio Azcárraga, dueño de Televisa (494), a medida en que, a la vez, va perdiendo su “fobia antiempresarial” (393). Del Paz de los años 90, CDM llega a decir que “el trato con empresarios le había dado… un aire de mundanidad, nuevo en él” (494). Es obvio que eso tenía que haber molestado mucho a la izquierda.

En este último período de la evolución política de Paz, CDM se detiene en tres importantes hitos: su crítica al sandinismo en 1984, que provoca que Paz sea quemado en efigie; la discutida elección de Carlos Salinas de Gortari en 1988, cuando éste casi empató con Cuauhtémoc Cárdenas en una contienda en que parecía haber fraude; y la irrupción, en Chiapas, a comienzos de 1994, del Subcomandante Marcos y sus enardecidos zapatistas.

La crítica al sandinismo Paz la hace en plena guerra nicaragüense, cuando recibe el Premio de la Paz de los libreros de la feria de Frankfurt. El discurso correspondiente es transmitido por Televisa, lo que agrava la ofensa. Dice Paz que “los actos del régimen sandinista muestran su voluntad de instalar en Nicaragua una dictadura burocrático-militar según el modelo de La Habana”. Y siempre fiel a su práctica cautelosa de distinguir entre una buena idea original y su mala ejecución, como todavía lo hace en esa época con el socialismo, agrega que “así se ha desnaturalizado el sentido original del movimiento revolucionario” (427). Dice CDM que “el discurso de Frankfurt encendió los ánimos como ninguna otra declaración hecha por escritor alguno en México y quizá en toda América Latina” (427). Como consecuencia, unas cinco mil personas marcharon con pancartas a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, exigiendo la muerte de Paz. Llevaron un monigote de unos dos metros de altura como efigie de Paz. Dice CDM: “Mientras éste era bañado en gasolina y elevado sobre un grosero palo, se repetía en coro esta frase que lejos de ser una consigna política, parecía más bien un conjuro cantado alrededor de un tótem mítico: ‘Reagan, rapaz, tu amigo es Octavio Paz’” (429).

No todos los amigos de Paz protestaron con suficiente indignación frente a este grotesco acto. Uno que guardó un ominoso silencio fue Carlos Fuentes, cuyas lealtades y convicciones tendían a estar subordinadas a sus intereses. Tal vez ese silencio haya contribuido —CDM lo insinúa (469)— a que Paz autorizara en 1988 la publicación en Vuelta de “La comedia mexicana de Carlos Fuentes”, una devastadora demolición del novelista redactada por Enrique Krauze (465). Si bien Krauze dirigía la revista, nada salía sin el visto bueno de Paz.

El segundo hito político: el triunfo de Salinas sobre Cárdenas en 1988. CDM hace un largo análisis del caso. Es el año en que CDM se suma al consejo de redacción de Vuelta y conoce a Paz por primera vez. Hay muchos mexicanos razonables que creen que ha habido fraude y que las elecciones se deberían repetir. CDM es uno de ellos. Paz no: él apoya las reformas neoliberales que pretende hacer Salinas y cree que Cárdenas es una vuelta al pasado, además de que repetir las elecciones va a generar una peligrosa inestabilidad en el país. Muchos intelectuales están con Paz, incluso Héctor Aguilar Camín, quien en el pasado lo había criticado desde la izquierda, diciendo, famosamente, que Paz era tan derechista que estaba “a la derecha de sí mismo” (349). En el análisis de CDM, Paz prefiere, “en los célebres términos de Goethe, la injusticia al desorden” (457); prefiere la “moral de la responsabilidad” a la “moral de las convicciones” (456-457).

El tercer hito político: la irrupción del Subcomandante Marcos y su Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el primero de enero de 1994, justo cuando entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (498). Paz escribe doce contundentes artículos sobre este tema entre 1994 y 1996, y CDM los analiza en profundidad. Es que a sus 80 años el EZLN le presenta inesperados dilemas a Paz. Es un movimiento revolucionario sin obvios ribetes marxistas, que apela a los valores de la verdadera revolución mexicana, la de los tiempos de Zapata, esa pasión del padre de Paz que el mismo Paz en gran medida heredó. Como Paz en su poesía y en muchos ensayos, el EZLN llama a un retorno, a una vuelta a un pasado edénico, el pasado de los orígenes. CDM, citando su diario personal de la época, se tienta, no sin razón, con incursiones psicoanalíticas: reflexiona que el padre de Paz, en parte amado y en parte rechazado por el hijo por el horror del alcoholismo, vuelve como fantasma, “en calidad de Comendador”, trayéndole a sus 80 años, con impetuosa ironía, un regalo de cumpleaños: “el 30-30 que simboliza esta patria que creías perdida y olvidada” (504). Todo un desafío para Paz, dada la contradicción que hay entre su deseo de abrazar —y de que México abrace— la modernidad neoliberal de Salinas y su permanente nostalgia poética por esos orígenes primigenios que añora. Ese llamado a las raíces realizado por el EZLN es para Paz atractivo pero no lo es su violencia, su culto a la muerte (507). Por su parte, la represión que ordena Salinas es inaceptable, y Paz empieza a distanciarse de él (508). Con todo, en estos ensayos citados por CDM, Paz es siempre brillante, como cuando —crítico literario que es— analiza la retórica del Subcomandante Marcos:

A diferencia del lenguaje burocrático de los líderes del PRI, el del subcomandante Marcos, aunque desigual y lleno de subidas y caídas como un tobogán de montaña, es imaginativo y veraz. Sus pastiches de lenguaje evangélico y, con más frecuencia, de la elocuencia indígena, con sus fórmulas recurrentes, sus metáforas y metonimias, son casi siempre afortunados. A veces es chabacano y chocarrero; otras brioso y elocuente, otras satírico y realista; otras machacón y sentimental. Una prosa accidentada: elevaciones y batacazos. Su fuerte no es el razonamiento, sino la emoción y la unción: el púlpito y el mitin. (515)

Así eran las intervenciones iluminadas del jefe espiritual en Vuelta, su gran revista, la que reemplazó a la igualmente notable Plural. Este hombre que cuando lo conocí en 1967-1968 estaba obsesionado con la falta de crítica en América Latina, permitió a través de su propia prosa —y de sus revistas— que se estableciera una amplia tradición crítica en su país.

Lo que sí cabe dudar es cuánta crítica estaba dispuesto a aceptar el mismo Paz. Un hombre convertido en jefe espiritual no puede estar sino en una suerte de burbuja. En 1990, cuando Vuelta organizó un congreso internacional con el título “La experiencia de la libertad”, llegó un impertinente Mario Vargas Llosa a probar la tolerancia a la crítica de Paz. Delante de las grandes figuras intelectuales de todo el mundo que se habían congregado en México, Vargas Llosa atacó el sistema político de sus anfitriones, tildando a México de “dictadura perfecta”. La famosa escena está en You Tube, donde se ve a Paz escuchando a Vargas Llosa con manifiesto enojo. Paz, que llevaba años criticando al PRI y tratando de contribuir a que México tuviera un sistema más democrático, no toleró que un extranjero llegara a hablar así, sin por lo demás consultarlo, y rebatió a Vargas Llosa con una poco convincente distinción lingüística: México no tiene dictadura sino un “sistema hegemónico de dominación” (448).

Había límites también a lo que se podía admitir en cuanto a esa forma tan natural de la crítica que es el humor. Cuando estalla el EZLN, Guillermo Sheridan escribe para Vuelta un artículo humorístico. Titulado “Los diez días que conmovieron al rumbo”, se ríe de lo complicado que es tener al zapatismo como sorpresivo enemigo. Paz prohíbe su publicación, explicándole a Sheridan que “la crónica era demasiado burlesca dada la gravedad de los acontecimientos” (504).

7. EL ENSAYISTA Y EL POETA

Paz escribía mucha prosa. A veces se trataba de ejercicios periodísticos o reseñas de libros en Plural o Vuelta, a veces de ensayos de alto vuelo, como muchos de los que están recogidos en El arco y la lira o Los hijos del limo[25]. A veces los dos tipos de escritura están mezclados en un solo libro. Por ejemplo, en El ogro filantrópico nos encontramos con las hoy famosas reflexiones epónimas sobre los excesos del Estado mexicano, entremezcladas con escritos ocasionales de poca profundidad. Los mejores ensayos de Paz son los que meditan sobre la poética y la escritura, y esos son de alguna forma u otra ecos de sus poesías. Son estos ensayos, quizás, los que le permiten a CDM afirmar que no se puede apreciar plenamente los poemas de Paz “sin recurrir a su poética” y que “en Paz una comprensión a profundidad exige considerar todas sus visiones como una obra indivisible” (555). En realidad, es difícil encontrar descripciones más precisas de la poética de Paz que en los ensayos de El arco y la lira, donde el acto de escribir un poema es equiparado al acto sexual en su búsqueda de instantes de éxtasis. Por ejemplo, en “Poesía y poema”, el primer ensayo de ese libro, escribe Paz: “En el acto amoroso la conciencia es como la ola que, vencido el obstáculo, antes de desplomarse se yergue en una plenitud en la que todo —forma y movimiento, impulso hacia arriba y fuerza de gravedad— alcanza un equilibrio sin apoyo, sustentado en sí mismo. Quietud del movimiento. Y del mismo modo que, a través de un cuerpo amado entrevemos una vida más plena, más vida que la vida, a través del poema vislumbramos el rayo fijo de la poesía. Ese instante contiene todos los instantes. Sin dejar de fluir, el tiempo se detiene, colmado de sí”.[26] La poesía de Paz está en busca permanente del instante en que la ola sigue erguida, antes de desplomarse.

Un estilo lapidario el de Paz en sus mejores ensayos, un estilo sentencioso, de vate que dicta cátedra. Un estilo que estimula, que despierta la imaginación, pero que no pretende exhibir verdades científicas. CDM tiene razón en recordarnos que Paz es ante todo un poeta. No es un filósofo. Como poeta se puede permitir muchas licencias, sin pretender llegar a una filosofía coherente (556). Se permite ser “desdeñoso de la erudición excesiva”, incluso cuando escribe un libro inmenso como Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe[27], donde como dice CDM —sin ironía intencional— “no necesitó de muchos libros para dibujar su cuadro de la Nueva España” (418). Paz en realidad desplegaba erudición con el aplomo del poeta: uno sospechaba que muchos de los autores que citaba los había picoteado más que leído a fondo: no importaba tanto porque todo lo que decía de ellos era interesante. Escribió sin pudor un libro sobre Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo[28], pero ¿cuánto de verdad leyó de la larga y compleja obra del antropólogo francés? CDM cita una descripción que hace Elena Paz Garro, la hija de Paz, del poeta leyendo. Según ella, él “acomodaba los libros en un montón enorme, junto a su sillón, los tomaba, y uno por uno, hojeaba dos o tres páginas y exclamaba en voz alta: ¡Leído! Sólo si le gustaba mucho un poema del libro que estaba ‘leyendo’, nos lo repetía en voz alta dos o tres veces. ‘¡Qué maravilla es Li Po!’, exclamaba, y tomaba otro libro” (226). CDM demuestra con abundante evidencia que ni Elena Paz Garro ni su mamá Elena (o Helena) son testigos muy confiables, pero algo de verdad puede haber en este testimonio aunque sea como metáfora de los picoteos de poeta que hace Paz al leer. Según CDM, fue lector de Rawls y Nozick, pero se me ocurre que, si lo fue, depende de cómo se define “leer”. Dice CDM que “el incrédulo Paz leyó a Rawls pero no le convenció, le pareció admirable como una catedral gótica, entró y se salió [sic]. ¿Nozick? Un palacio de cristal, me imagino: translúcido y helado. Tan inhabitable que el propio teórico libertario abandonó su construcción [sic]” (547).

Son instantes en que CDM se deja ir, suspendiendo su propio juicio crítico. Pero él está consciente de que la liviandad olímpica con que Paz se pasea por algunos temas es susceptible de ser criticada, sobre todo cuando cae en manos de algún exponente de la aterrizada cultura anglosajona. CDM se detiene largamente en un ensayo de Michael Wood, publicado en mayo de 1974 en el New York Review of Books sobre Children of the Mire, el título que se le da en inglés a Los hijos del limo (373-374).[29] “A veces juguetón, a veces ampuloso, cosmopolita y provinciano, lúcido y confuso, valiente y evasivo, Octavio Paz es la idea platónica del intelectual latinoamericano, y no es el menor de sus logros haber llenado con encanto, distinción e ironía ese difícil y agotador papel. Porque el intelectual en América Latina es crítico, payaso, sacerdote, agitador social y maestro de escuela: todo al mismo tiempo, ‘un hombre para todas las estaciones’. Debe evaluar el pasado, mofarse del presente, bendecir a los nuevos movimientos artísticos y literarios, alentar con discreción el tipo correcto de revolución y componer cartas rituales de recomendación para su país y sus compatriotas. Entre otras cosas. Lo que es sorprendente de Paz no es que haya escrito disparates en los últimos años, sino que no haya hecho algo peor que eso; y lo que es aún mejor, el que haya escrito mucha poesía que está lejos de ser un disparate” (374).

Con todo, Paz en sus ensayos es deslumbrante y memorable. Como lo señala CDM, hace comparaciones estimulantes: que un erudito después las estudie y determine si son veraces o razonables. Comparaciones como la que hace entre Picasso y Duchamp. “Picasso”, dice, “ha hecho visible nuestro siglo; Duchamp nos ha mostrado que todas las artes, sin excluir a la de los ojos, nacen y terminan en una zona invisible” (276). Gran crítico de arte, Paz publicará en 1968 un interesante libro sobre Duchamp, un libro objeto o “libro maleta” que lleva textos y láminas guardadas en una “maleta” de cartón.[30] Como dice CDM, Paz tiene en sus ensayos una incomparable “capacidad combinatoria”, una que genera un deslumbrante “caos creador” (285).

Pero finalmente no hay nada en Paz como su poesía. Es una poesía fina, delicada, difícil de lograr porque no descansa en metáforas llamativas. A veces en sus búsquedas de trascendencia está compuesta nada más que de palabras abstractas que embrujan por la forma en que están combinadas y por la música que se logra extraerles: en eso recuerda la poesía de San Juan de la Cruz. Como en la poesía de San Juan, hay una dualidad cuerpo/alma, una lucha entre los dos, pero a diferencia del monje carmelita que quiere liberarse de su cuerpo para que viva en plenitud eterna su alma, en Paz es al revés: si no el alma, es la conciencia, el superego, la culpa lo que quiere destronar para que prospere en plenitud el cuerpo en el éxtasis de la cópula. A menudo como en “Blanco”, ese gran poema largo que, como la Rayuela de Cortázar, está hecho para ser leído en distintas secuencias y combinaciones, esta poesía abstracta de Paz está, como vimos antes, entremezclada con escenas eróticas extremadamente sensuales, y las oscilaciones entre concepto y cuerpo, a veces inesperadas, son siempre bien logradas por la música en que están insertas y porque no son gratuitas: tienen siempre su razón de ser.

A diferencia de Neruda, Paz disfruta mucho de sus experiencias orientales e incorpora la sabiduría india a sus propias búsquedas metafísicas. Pero lo hace con un sano escepticismo, esa dimensión crítica que él siempre buscaba: hay, hemos visto, tremendas generalizaciones en sus ensayos, pero éstas tienen sus contrapuntos; frente a una generalización a menudo hay otra que la contradice, y es así en la poesía. Como en “Vrindaban”[31], donde un sabio hindú es invocado en apoyo a la búsqueda que siempre hace el poeta de “hendiduras”, formas femeninas escondidas, las que se podrían encontrar en una roca por ejemplo, aperturas que permiten que la dura roca viva y respire, y que, una vez despierta a la cópula, genere la creación de un poema. Pero ese sabio tan paziano es a la vez pícaro, quien sabe si incluso un farsante cuyas visiones son a lo mejor el producto de una droga.

Ido ido

Santo pícaro santo

Arrobos del hambre o de la droga

Tal vez vio a Krishna

Árbol azul y centelleante

Nocturno surtidor brotando en la sequía

Tal vez en una piedra hendida

Palpó la forma femenina

Y su desgarradura

El vértigo sin forma

Por esto o aquello

Vive en el muelle donde queman a los muertos[32]

Los poemas orientales de Paz a veces se limitan a observaciones de viajero, retratos pasajeros de escenas memorables. Como en “El día en Udaipur”[33], las líneas mágicas:

Con un traje alquilado

el niño va a su boda.

O más adelante:

En el islote chillan

Monos de culo rojo.[34]

Después, de viajero en Kabul con Marie José, en “Viento entero”[35], observaciones llamativas como:

El bazar tornasolea

Timbres motores radios

El trote pétreo de los asnos opacos

Cantos y quejas enredados

Entre las barbas de los comerciantes

Alto fulgor a martillazos esculpido[36]

Y allí mismo en Kabul para el viajero erudito que quiere saber algo de historia, unas líneas terribles:

Nosotros nos roemos los codos

En los jardines de su alcázar de estío

Tipú Sultán plantó el árbol de los jacobinos

Luego distribuyó pedazos de vidrios

Entre los oficiales ingleses prisioneros

Y ordenó que se cortasen el prepucio

Y se lo comiesen[37]

Viaja y viaja el poeta y, como Góngora en sus “Soledades”, viaja a través de las palabras en búsqueda de alguna otra orilla: una que esté “más allá de mí mismo”, piensa, al observar Delhi —“vieja Delhi fétida Delhi”— en “El balcón”[38]:

Lejanías

pasos de un peregrino son errante

sobre este frágil puente de palabras

La hora me levanta

hambre de encarnación padece el tiempo

Más allá de mí mismo

en algún lado aguardo mi llegada[39]

En este Delhi físico que tan fácilmente se desliza a lo metafísico, conoce a gente de carne y hueso que describe con un notable talento de retratista que posee, y que comparte con algunos poetas americanos como Robert Lowell, a quien Paz conoció y admiró mucho. Así el poema que se llama “White Huntress”. Lo cito entero:

No lejos del dak bungalow,

entre bambúes y yerbales,

tropecé con Artemisa.

Iba armada de punta en blanco:

Un cooli cargaba el Holland and Holland,

otro el vanity case y la maleta

con los antibióticos y los preservativos.[40]

8. CDM Y PAZ

Me he detenido en algunos de estos versos extraordinarios porque siento que CDM no lo hace lo suficiente. No nos levanta a Paz el poeta tanto como él se lo merecería; pero hemos dicho que esto es seguramente por ser ésta una biografía para iniciados que ya conocen los versos de Paz de memoria, o casi. Donde sí es inigualable CDM es en aquellas escenas en que él está presente, donde actúa como testigo directo, como cuando describe reuniones del consejo de redacción en que él participa. Es allí donde vemos al monarca benévolo de cerca. El algún momento, José María Espinasa le dice “maestro” y Paz le pide que lo llame Octavio, que si no, “no vuelvo a estas reuniones”.[41] Claro que este “Octavio” es siempre el jefe, el jefe espiritual: siempre tiene la última palabra, y los demás en torno a este monarca son cortesanos. Lo que no significa que el monarca no empodere a los demás. CDM disfruta de ese poder, se siente como parte de un grupo excepcional, uno que está haciendo historia. “Si por corte se entiende ese ambiente sobreactuado y fascinante de quienes han sido educados en la ilusión de vivir la historia del mundo como propia, sí éramos una corte, es decir una polis dentro de la polis, formada en torno a la gravedad de un jefe espiritual” (540). Con franqueza casi ingenua, CDM nos está confesando lo bien que se sentían estos jóvenes al pensar que estaban haciendo historia con Paz.

Lamentablemente todo llega a su fin: llega el día en que el rey se tiene que morir. “Octavio Paz murió poco después de las 10:30 de la noche del domingo 19 de abril de 1998 (el mismo día que Lord Byron)”, sentencia CDM (568). El deceso lo anuncia poco después, el propio Presidente Zedillo (568), convertido a estas alturas en un miembro más de la corte del monarca. Las descripciones de CDM aquí son sublimes, como la que hace de la despedida de Paz, cuando convoca a todos sus amigos a su casa. Para todos les tiene reservada alguna frase, a veces dura. En cuanto a su propia muerte, dice “no creo en la trascendencia”. Parece que le bastó aquella que buscaba en su poesía. “Seré ese vaso de agua que me estoy tomando”, explica, sereno, con el vaso en la mano. “Seré materia” (566).

CDM agrega que alguien se llevó aquel vaso como reliquia. “No era para menos; ese vaso quedaba como una suerte de Santo Grial de la poesía mexicana” (566). Santo Grial que ha encontrado en CDM un digno guardián. EP

Notas

[1] México: Aguilar, 2015. En adelante nos referiremos al autor como CDM y las citas al libro se identificarán tan sólo con el número de página.

[2] Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje (México: Ediciones Era, 2004); Enrique Krauze, El poeta y la revolución (México: Random House, 2014).

[3]Ladera este (1962-1968) (México: Joaquín Mortiz, 1969).

[4] Ibídem, 131.

[5]“Nocturno de San Ildefonso”, en Vuelta (Barcelona: Seix Barral, 1976), 67-83.

[6] “Piedra de sol”, en Libertad bajo palabra (México: Fondo de Cultura Económica, 1960), 302.

[7] Ibídem, 299.

[8]Sun-Stone (Toronto: Contact Press, 1963).

[9] Ibídem, 65.

[10] Ídem.

[11] Entre ellos, el novelista argentino Adolfo Bioy Casares, de quien Elena se había enamorado perdidamente hacia 1949 (160).

[12] Paz, Ladera este, 101-8.

[13] Ibídem, 105.

[14] Ibídem, 162-3.

[15] Para un buen análisis de la relación de Paz con el surrealismo, ver Jason Wilson, Octavio Paz. A Study of His Poetics (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), traducido como Octavio Paz. Un estudio de su poesía (Bogotá: Pluma, 1980). Como indica el subtítulo, este libro es también un análisis —excelente— de la poesía de Paz en general.

[16] México: Fondo de Cultura Económica, 1956. Segunda edición, corregida y aumentada, México: Fondo de Cultura Económica, 1967.

[17] México: Ediciones Cuadernos Americanos, 1950.

[18] Belsize, no Belside como lo escribe CDM.

[19] Años después, supe del romance de Bioy Casares con Elena Garro, lo que demuestra lo generoso que era Paz.

[20] En el ensayo incluirá sus observaciones sobre el escritor latinoamericano como conquistador romano.

[21] En 1974, Paz me escribió pidiéndome que colaborara en Plural, con ensayos sobre literatura latinoamericana y, cada tres meses, “un comentario sobre literatura inglesa: poesía, ficción, ensayo, actualidad literaria y, cuando afecte a la cultura, la política”. Carta de Octavio Paz, México, 6 de febrero, 1974. Ahora lamento que otros rumbos me impidieran acatar estas gratas instrucciones.

[22] Uno podría extraer de este libro de CDM un bonito relato de la relación entre Paz y Neruda. Da la impresión de que sus distanciamientos tuvieron que ver más con riñas literarias, como por ejemplo si se excluía a no a Huidobro —odiado por Neruda— en una antología llamada Laurel, que Paz publicaba en 1940, que a verdaderas disputas ideológicas (118-21). En 1993, Paz, que es gran admirador de “Walking Around”, se refiere a Neruda como su “enemigo más querido” (121), y, más emocionante aún, CDM nos revela que Paz tenía en su última agonía a Neruda y Quevedo como autores de cabecera (562).

[23]El ogro filantrópico (México: Joaquín Mortiz, 1979). Se equivoca, eso sí, quien piense que este libro de ensayos diversos representa un vuelco a la derecha. Basta leer, por ejemplo, “Los centuriones de Santiago” (271-277), donde, en lenguaje muy gráfico, sigue “empatando” a Estados Unidos con la Unión Soviética. Así el golpe pinochetista del 11 de septiembre ocurre “mientras Nixon se lava las manos sucias de Watergate en el lavamanos ensangrentado que le tiende Kissinger, mientras Brejnev inaugura nuevos hospitales psiquiátricos para disidentes inestables…” (El ogro, 271).

[24] John King, The Role of Mexico’s Plural in Latin American Literary and Political Culture. From Tlatelolco to the “Philanthropic Ogre” (New York: Palgrave Macmillan, 2007). Publicado en español como Plural en la cultura política latinoamericana. De Tlatelolco a “El ogro filantrópico” (México: Fondo de Cultura Económica, 2011).

[25] Barcelona: Seix Barral, 1974.

[26] El arco, 25

[27] México: Fondo de Cultura Económica, 1982.

[28] México: Joaquín Moriz, 1967.

[29] Michael Wood, “Children of the Mire: Modern Poetry from Romanticism to the Avant-Garde”, New York Review of Books, mayo 16, 1974: 186.

[30] Marcel Duchamp o el castillo de la pureza (México: Ediciones Era, 1968).

[31] Paz, Ladera este, 57-63.

[32] Ibídem, 30.

[33] Ibídem, 25-28.

[34] Ibídem, 26.

[35] Ibídem, 101-8.

[36] Ibídem, 101-2.

[37] Ibídem, 103.

[38] Ibídem, 11-6.

[39] Ibídem, 16. “Pasos de un peregrino son errante” es la primera línea de las “Soledades” de Góngora.

[40] Ibídem, 29.

[41] Al comienzo, al conocerlo, cometí el error —muy chileno— de decirle “Don Octavio”. Me objetó que eso sonaba a comedia de capa y espada.