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Revista de Políticas Públicas

Nº 142 otoño 2016

www.cepchile.cl

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Director Responsable: Harald Beyer B.

Editor: Ernesto Ayala M.

Asistente Editorial: Joaquín Trujillo S.

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos publicados en la primera sección de Estudios Públicos han sido previamente sometidos a un arbitraje ciego por al menos dos especialistas externos al CEP. Los trabajos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni del Centro de Estudios Públicos.

Estudios Públicos, Monseñor Sótero Sanz 162, C. Postal 7500011 Providencia, Santiago, Chile.

© Centro de Estudios Públicos. Toda reproducción total o parcial de los trabajos publicados está prohibida sin la debida autorización del Centro de Estudios Públicos.

Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Contenido

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO: ¿MAYORES QUE EN EL SECTOR PRIVADO?

Rodrigo Cerda N.

VISIÓN Y PRÁCTICA DE LOS APORTES SOCIALES DE LOS EMPRESARIOS EN CHILE*

Magdalena Aninat Sahli

TOTALITARISMO, FILOSOFÍA Y BIOPOLÍTICA*

Simona Forti

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD

Juan Manuel Garrido

HUMANITARISMO CON ROSTRO NEOLIBERAL

Pablo Ortúzar Madrid

SOBRE LAS VIRTUDES Y LOS VICIOS DE LA ECONOMÍA

Raphael Bergoeing

LA CEGUERA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Jorge Fábrega

DIVERSIDAD POLÍTICA E INTERDISCIPLINA

Carlos Rodríguez-Sickert Cecilia Monge-Babich

ARTÍCULO

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO: ¿MAYORES QUE EN EL SECTOR PRIVADO?

Rodrigo Cerda N.

Clapes UC

Resumen: Este trabajo analiza las remuneraciones en los estamentos de planta y contrata del gobierno central en Chile. Para hacerlo, utiliza una base de datos inédita obtenida del sistema de transparencia del mismo gobierno central con datos acerca de 214.438 funcionarios bajo ambas modalidades en 2015, lo que representa más del 90 por ciento de los funcionarios del gobierno central en estas categorías en 2014. Además, siguiendo la literatura, utiliza la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), del INE, para contrastar las remuneraciones de los asalariados del sector público con los asalariados del sector privado. Se observa que después de controlar por variables observables subsiste una brecha considerable, de 32 por ciento, a favor de los asalariados del sector público.

Palabras clave: remuneraciones, sector público, sector privado, brecha salarial.

Recibido: enero 2016; aceptado: marzo 2016.

Clasificación JEL: H83, J31, J45, J71.

Rodrigo Cerda N. Director alterno de Clapes UC y profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Email: rcerdan@uc.cl.

El autor agradece la ayuda de José Ignacio Llodrá y los comentarios de Felipe Larraín B., Sergio Urzúa y Salvador Valdés, así como los realizados por los árbitros anónimos de Estudios Públicos.

PUBLIC SECTOR SALARIES: HIGHER THAN THE PRIVATE SECTOR?

Abstract: This paper analyzes the salaries of regular and fee-based staff of the central government in Chile. It uses an unpublished database obtained through the transparency system that contains information on approximately 214,438 civil servants working in one of those two capacities in 2015, which accounts for more than 90 percent of civil servants active in 2014. Moreover, following literature, the New Income Survey Supplement (NESI) of the National Statistics Bureau (INE) was used to compare the public sector salaries to private sector salaries. After controlling for observable variables, there still is a considerable gap of 32 percent in favor of civil servants.

Keywords: compensation, public sector, private sector, salary gap.

Received: January 2016; accepted: March 2016.

JEL classification: H83, J31, J45, J71.

1. INTRODUCCIÓN

El sector público es muy relevante en Chile. Éste representa cerca del 24 por ciento del PIB, provee servicios de alta importancia para la población de forma directa, compra servicios a privados para ser entregados gratuitamente a la ciudadanía y realiza transferencias monetarias.[1] Cuando hablamos de provisión de servicios por parte de los organismos públicos, no sólo importa la cantidad de éstos sino también su calidad, la que está muy influida por la entrega y el esfuerzo de sus empleados. Es por lo tanto relevante tratar de atraer al sector público a trabajadores calificados para las labores que se les encomiendan, comprometidos con el país y altamente motivados. Como las remuneraciones son uno de los factores (aunque no el único) que permite atraer a este tipo de trabajadores al sector público, el análisis de estos salarios es muy relevante.

Esto se relaciona con la necesidad de impulsar reformas al Estado conducentes a mejorar la calidad de las prestaciones y elevar la productividad. Algunas de esas reformas involucran incentivos relacionados con remuneraciones, mientras que otras se refieren a los sistemas de reclutamiento y selección, y a los mecanismos de evaluación, promoción y capacitación. Este trabajo busca contribuir al debate en dichos ámbitos y, en específico, en el análisis de las remuneraciones.

Este documento describe y analiza las remuneraciones del sector público. Presenta las fuentes de información utilizadas, las que incluyen por primera vez en la literatura para el caso de Chile los datos administrativos del gobierno central, que son reportados públicamente. El documento también examina los niveles salariales respecto de los observados en el sector privado, utilizando encuestas.

Nuestra principal fuente de información es el sistema de transparencia del gobierno central, que reporta las remuneraciones mensualizadas brutas. En base a éstas, se construye una base de datos de 214.438 funcionarios —cuyo uso es inédito en Chile— bajo las modalidades de contrata y de planta para el año 2015.[2] Los resultados se resumen de la siguiente forma:

i) Utilizando información de 91.669 contratos para funcionarios de todos los ministerios y servicios —excepto la Junji y los servicios de salud y hospitales—, y distinguiendo según los “estamentos” definidos por el Estatuto Administrativo (Ley n.º 18.834), se observan remuneraciones brutas mensualizadas promedio de $ 669.082 para auxiliares, $856.050 para administrativos, $ 1.112.266 para técnicos y $ 2.080.910 para profesionales.

ii) Al incorporar los datos para el personal de los establecimientos de salud estatales y los servicios de salud, y el personal de los jardines infantiles estatales (Junji, pero no Integra[3]), se suman 122.769 contratos, y la muestra total se incrementa a 214.438 contratos. En esta muestra más amplia, las rentas brutas mensualizadas promedio son $ 559.897 para auxiliares, $ 737.790 para administrativos, $ 695.757 para técnicos y $ 1.776.578 para profesionales.

Una referencia interesante es que el sueldo imponible bruto promedio que se reporta en todo el país en el sistema de capitalización individual fue $ 673.294 en agosto de 2015. Además, de acuerdo a la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ingreso promedio de los ocupados en octubre de 2014 fue de $ 473.300 netos de impuestos y cotizaciones previsionales.

Para profundizar en la comparación entre el sector público y el privado, se incorpora al análisis la encuesta NESI, que fue específicamente diseñada para levantar datos de ingresos laborales. Utilizando esta encuesta, encontramos:

i) La diferencia entre los ingresos de los asalariados del sector público y del sector privado es de 43,8 por ciento a favor de los asalariados del sector público ($ 702.861 versus $ 488.787, respectivamente, en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2014). Las diferencias porcentuales en promedio son mayores en el caso de los hombres y marginalmente menores en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, la brecha a favor de los trabajadores asalariados del sector público es de 58,9 por ciento ($ 838.753 versus $ 527.984), mientras que para las mujeres es de 41,4 por ciento ($ 599.177 versus $ 423.658).

ii) Si alternativamente al usar datos de los “asalariados del sector público” reportados por el INE se utiliza la rama “administración pública” como indicador del sector público, se encuentra que la brecha de ingreso —en este caso calculada como el ingreso en la administración pública comparado con el ingreso promedio en todo el país— se mantiene en niveles amplios a favor del sector público. Al considerar ambos sexos la brecha es de 54,1 por ciento ($ 729.229 en administración pública y $ 473.251 para el promedio nacional). Al distinguir por sexo, la brecha de las mujeres es de 74,6 por ciento ($ 667.318 versus $382.253) y la de los hombres es de 42,5 por ciento ($ 775.319 versus $ 543.996).

iii) Esta brecha, favorable a los asalariados del sector público, va aumentando a medida que aumentan los ingresos.

iv) El único tramo de la distribución de ingresos en que el sector privado supera al sector público es 0,4 por ciento de los ingresos más altos (ingresos laborales sobre $ 4 millones al mes para asalariados del sector público).

Las dificultades técnicas para determinar cuánto habría ganado un mismo trabajador en dos o más empleos o sectores diferentes son grandes. Existen diferencias observables, tales como educación, localización geográfica y experiencia; pero también hay diferencias no percibidas por los analistas externos, que sí son observadas en detalle por el propio trabajador y su empleador, que inciden sobre la remuneración (ejemplos de estas últimas son el esfuerzo personal, la capacidad de coordinarse con pares y lograr mejores salarios, y el grado de la afinidad con los directivos o jefaturas). Un análisis que controla aquellas variaciones de remuneración que responden a diferencias observables externamente entre trabajadores, en particular por edad (experiencia), educación, localización geográfica y sexo, encuentra que subsiste un efecto diferenciador según el sector del empleador, que es cercano a 32 por ciento a favor de los asalariados del sector público o de los ocupados en la rama de la administración pública.

Luego de esta descripción, la sección 2 discute la evidencia en estudios anteriores, mientras que la sección 3 exhibe en detalle los resultados de analizar los datos de transparencia obtenidos de las subsecretarías y algunos servicios. La sección 4 presenta los resultados del análisis de la encuesta NESI: este estudio es de los primeros estudios que realiza la comparación entre remuneraciones del sector privado y público utilizando este instrumento. Finalmente, la sección 5 concluye.

2. ¿CUÁL ES LA EVIDENCIA EN ESTUDIOS ANTERIORES?

En los países desarrollados existen numerosos estudios que ha cubierto el estudio de las brechas salariales entre el sector público y el privado. Ehrenberg y Schwarz (1986) estudian el mercado laboral del sector público. Su análisis resume la mayor parte de los trabajos anteriores para los Estados Unidos y reporta evidencia de un premio salarial positivo en el sector público. De la misma manera, Gregory y Borland (1999) realizaron otra revisión de estudios, y también arrojaron evidencia de un premio salarial estadísticamente significativo a favor del sector público. Por su parte, Bender (1998) realiza una revisión de la literatura posterior a Ehrenberg y Schwarz (1986), analizando evidencia dentro y fuera de los Estados Unidos, incorporando estudios de otros países desarrollados y en desarrollo (mayoritariamente países de África). Su resultado corrobora los hallazgos anteriores para los Estados Unidos, pero encuentra que la evidencia es mixta en los demás países.

El interés por el análisis de este premio salarial ha provocado nuevos estudios para países en desarrollo, como por ejemplo en India (Glinskaya y Lokshin 2007), Pakistán (Aslam y Kingdon 2009) y Ucrania (Gorodnichenko y Sabirianova 2007), entre otros.

En América Latina también hay estudios que investigan este tema. Panizza (2001) analiza muestras para 17 países de la región. Su trabajo encuentra que esta región se caracteriza por un premio salarial positivo en el sector público, y que en promedio tiende a ser mayor para las mujeres que para los hombres. Al mismo tiempo, este premio tiende a ser mayor para empleados de menor educación, mientras que los empleados con mayor educación tienen un castigo salarial respecto al sector privado. El trabajo de Panizza y Qiang (2005) también encuentra un premio salarial a favor de los empleados públicos, que también es mayor para las mujeres que para los hombres.

Gallegos et al. (2011) analizan la brecha salarial entre el sector público y el sector privado en 11 países de América Latina, incluido Chile, usando el método econométrico de matching. Ellos encuentran que, en promedio, los trabajadores del sector público están mejor remunerados que sus contrapartes del sector privado con similares características observables. No sólo eso, también encuentran que este diferencial aumentó en el periodo 1992-2007. Sin embargo, los trabajadores más calificados del sector público y aquellos con ingresos en la parte más alta de la distribución de ingresos sufren un castigo salarial respecto a su contraparte del sector privado.

En el caso chileno, los principales estudios son el trabajo de Gallegos et al. (2011) antes citado y el trabajo de Navarro y Selman (2014). El primero usa datos de la encuesta Casen y encuentra evidencia de un importante premio salarial del sector público, aunque menor que en el resto de los países de la muestra. Ocupando datos para Chile en 2006, la investigación calcula un diferencial salarial promedio de 40 por ciento a favor de los trabajadores del sector público. Una vez que se utiliza el método de Blinder-Oaxaca, el que permite controlar por las diferencias entre características de los trabajadores y por las diferencias entre los retornos de esas características, se mantiene una diferencia no explicada a favor de los trabajadores del sector público de 19 por ciento. Al ocupar el método de Kernel, la diferencia no explicada se mantiene en promedio positiva en 13 por ciento. El estudio de Navarro y Selman utiliza datos de panel de la Encuesta de Protección Social (EPS), aplicando una metodología que controla por otras variables observables y efectos fijos. Allí se reportan diferencias salariales importantes a favor del sector público versus el privado. Éstas varían entre 31 y 41 por ciento, dependiendo del año en que se analice la muestra (ellos tienen datos entre 2002 y 2009), pero tienden a desaparecer una vez que controla por la heterogeneidad entre observaciones y una vez que utilizan efectos fijos en su panel de datos. Este control por efectos fijos corresponde a la variación no explicada y que permanece constante a través del tiempo en la muestra. Este efecto fijo puede estar captando múltiples factores, incluyendo la pertenencia al sector público. Para tratar de evitar este problema, Navarro y Selman (2014) utilizan un método econométrico conocido como matching para tratar de aislar la pertenencia del sector público de estos efectos fijos. De ahí que el control de efectos fijos puede ser clave en dar cuenta de la brecha. Sin embargo, da la impresión de que es necesario aún un mayor esfuerzo para explicar a qué se debe este efecto fijo. ¿Corresponde a mayor productividad? ¿O es simplemente mayor poder de negociación del sector público? ¿O responde a condiciones iniciales distintas?

Ambos estudios utilizan datos de remuneración que son autorreportados. Ello presenta desafíos, porque en Chile existen incentivos a subdeclarar ingresos en las encuestas, basados en el temor de que los encuestadores crucen las respuestas con la Ficha de Protección Social, y de ese modo el encuestado veraz reduzca su acceso a los subsidios y transferencias del Estado.

3. LOS DATOS DE TRANSPARENCIA

Si bien los datos obtenidos de encuestas pueden ser representativos de la población en fuerza de trabajo, el autorreporte de los ingresos es obviamente un factor que puede afectar la interpretación de los resultados. Una alternativa para analizar remuneraciones en el sector público —y evitar el problema del autorreporte y, por lo tanto, disminuir los problemas de medición de ingresos— es utilizar las herramientas que entrega la Ley de Transparencia sobre Acceso a la Información Pública (n.º 20.285), del 11 de agosto de 2008. Esta ley tiene como objetivo proveer información de los organismos públicos a las personas, y por este medio mejorar su rendición de cuentas.

El artículo 7° de esta ley indica que los órganos de la administración del Estado deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, distintos antecedentes entre los cuales se incluye la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.

i) Número de trabajadores. De acuerdo al informe de “Estadísticas de recursos humanos del sector público”, publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) “sobre la base de los antecedentes oficiales proporcionados por los propios servicios”, la cantidad de personas que habrían estado empleadas en el gobierno central en 2014 fue 275.108 personas, la que incluye 47.239 personas contratadas a honorarios (sea jornada parcial o completa) y 227.869 que se desempeñaban una función administrativa regulada por la Ley n.º 18.834, conocida como Estatuto Administrativo. La tabla 1 muestra la evolución de estos ocupados desde 2010 a 2014.

Tabla 1. PERSONAL CIVIL DEL GOBIERNO CENTRAL

Calidad jurídica

2010

2011

2012

2013

2014

Planta

85.547

84.387

85.024

84.819

85.085

Contrata

113.823

119.043

125.528

131.705

138.672

Código del Trabajo

3.714

4.005

4.190

4.196

4.103

Honorarios asimilados a grado

9

11

13

14

9

Total Ley 18.834

203.093

207.446

214.755

220.734

227.869

Jornada parcial

7.553

13.720

12.788

12.581

20.994

Jornada completa

18.240

16.333

20.397

23.272

26.245

Total honorarios

25.793

30.053

33.185

35.853

47.239

Total gobierno central

228.886

237.499

247.940

256.587

275.108

Fuente: “Estadísticas de recursos humanos del sector público”, Dipres (2015).

En estos cuadros, el gobierno central corresponde al “conjunto de instituciones que están sometidas a las mismas normas de planificación y ejecución presupuestaria, mantienen una estrecha relación de dependencia del Ejecutivo y se les asigna presupuesto anual mediante la Ley de Presupuestos. Este conjunto se compone de la Administración Central, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público” (Dipres 2015, 13).

El número que corresponde al gobierno central excluye “el personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, el personal de las empresas públicas, los funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, así como los diputados y senadores del Congreso Nacional. Respecto del personal del Ministerio de Defensa, considera la dotación efectiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de las actuales Subsecretarías de Defensa y de las Fuerzas Armadas, y el personal civil a contrata de algunas instituciones descentralizadas dependientes de este ministerio” (Dipres 2015, 14).

ii) Remuneraciones en subsecretarías y servicios. Se obtuvieron 214.438 datos de personas con contratos tipo planta o contrata en 2015 por medio de los sitios “Gobierno transparente” de subsecretarías y servicios. En 2014, los bajo el estatuto administrativo (Ley 18.834) correspondían a 227.869 personas, de un total de 275.108 personas empleadas en el gobierno central (ver tabla 1). Es decir, los datos corresponden al 77,9 por ciento del total del estatuto administrativo de 2014 o, alternativamente, corresponden al 94,1 por ciento de las plantas y contratas de 2014 (Ley n° 18.834).

Para evitar contabilizar a los empleados que dejaron los cargos durante el año y evitar así problemas con la rotación de los empleados, se consideran todos los empleados con contrato vigente en agosto de 2015, de esta manera se eliminan a todos aquellos empleados cuyos contratos terminaron antes de agosto de 2015, o bien fueron contratados después de agosto.[4]

Las remuneraciones reportadas en el portal de transparencia de cada ministerio corresponden a remuneración bruta mensualizada,[5] que contienen los bonos y otras contraprestaciones en dinero que reciben los empleados públicos a lo largo del año.

En nuestro análisis se reportan datos para distintos estamentos dentro del gobierno central. Éstos son:[6]

a) Autoridades de gobierno: Considera a las autoridades de gobierno, el presidente de la Corte Suprema y los jefes superiores de los servicios e instituciones de la cobertura.

b) Directivos profesionales: Considera al personal que se desempeña en un cargo directivo y que percibe asignación profesional; incluye también al personal en cargos directivos de servicios fiscalizadores y al personal del escalafón superior de las instituciones del Poder Judicial.

c) Directivo no profesional: Considera al personal que se desempeña como directivo que no percibe asignación profesional y al personal de servicios fiscalizadores que desempeña un cargo de jefatura.

d) Profesionales: Considera al personal titular y contratado en los estamentos de profesionales, y al personal del área de la salud afecto a las leyes n.º 15.076 y n.º 19.664. Incluye también al personal titular y contratado en los estamentos de fiscales y fiscalizadores, y al personal del escalafón de asistentes sociales y de empleados profesionales de las instituciones del Poder Judicial. Hasta el año 2007, incluye también al personal contratado como honorario asimilado a grado.

e) Técnicos: Considera al personal titular y contratado en el estamento técnico, perciban o no asignación profesional.

f) Administrativos: Considera al personal titular y contratado en el estamento administrativo, independiente de si percibe o no asignación profesional. Incluye también al personal del escalafón de empleados no profesionales de las instituciones del Poder Judicial.

g) Auxiliares: Considera al personal titular y contratado en el estamento de auxiliares. Hasta el año 2007, considera también al personal contratado como jornal permanente.

A continuación se agrupan los directivos profesionales y no profesionales en la categoría “directivos”.[7]

Antes de analizar nuestros resultados relativos a remuneraciones, vale la pena detenerse un momento en analizar la distribución de trabajadores de planta y contrata entre ministerios y servicios. En la tabla 2, aparecen estos datos entre 2011 y 2014 para personas en cargos no honorarios. La fuente de datos es el informe “Estadísticas de recursos humanos del sector público”, publicado por Dipres.

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL CIVIL DE GOBIERNO CENTRAL (LEY N°18.834) ENTRE MINISTERIOS Y SERVICIOS

Ministerios/Servicios

2011

2012

2013

2014

Presidencia de la República

328

323

319

341

Congreso Nacional

947

961

975

984

Poder Judicial

10.469

10.528

10.871

10.868

Contraloría General de la República

1.858

1.891

2.000

2.023

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

3.734

4.068

4.106

4.091

Ministerio de Relaciones Exteriores

1.582

1.648

1.686

1.666

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

3.170

3.381

3.591

3.978

Ministerio de Hacienda

9.081

9.422

9.499

9.612

Ministerio de Educación

16.398

16.902

17.624

17.558

Ministerio de Justicia

22.964

24.062

25.271

26.997

Ministerio de Defensa Nacional

3.909

4.139

4.307

5.102

Ministerio de Obras Públicas

8.131

8.176

8.241

8.218

Ministerio de Agricultura

5.903

5.914

5.892

6.141

Ministerio de Bienes Nacionales

510

539

536

529

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

7.309

7.385

7.484

7.589

Ministerio de Salud

97.749

101.565

104.022

107.726

Ministerio de Minería

593

714

764

805

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3.484

3.544

3.644

3.605

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

814

827

830

887

Ministerio Secretaría General de Gobierno

949

989

1.022

430

Ministerio de Desarrollo Social

2.376

2.427

2.600

2.634

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

115

124

119

125

Ministerio Público

3.713

3.747

3.737

3.733

Ministerio de Energía

767

800

828

819

Ministerio del Medio Ambiente

593

679

766

781

Ministerio del Deporte

-

-

-

627

Total gobierno central

207.446

214.755

220.734

227.869

Fuente: Dipres (2015).

Debe notarse que de los 227.869 ocupados en planta y contrata en 2014, hay 107.726 en el Ministerio de Salud (y servicios relacionados como hospitales), mientras que Educación también tiene un número importante relacionado fundamentalmente con personal en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Para tomar en consideración el tamaño de estos grupos de trabajadores, se parte presentando los resultados, pero excluyendo a Salud y la Junji.

La tabla 3 muestra los resultados tanto para el promedio de ingresos, así como para el percentil 10, 50, 90 de la distribución y la desviación estándar al excluir a Salud y la Junji. En ese caso, tenemos 91.669 ocupados, es decir, 41 por ciento de los contratos de plantas y contratos reportados por la Dipres para 2014. En esta tabla aparecen estamentos nuevos. Esto ocurre ya que algunos servicios reportan contratos sólo mencionando sus cargos o profesiones.[8] Estos estamentos son: (1) fiscalizadores (estamento muy recurrente en SII), (2) médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, (3) gendarmes y (4) otros (que corresponden a varias leyes especiales).

La remuneración bruta promedio es superior a 1,5 millones de pesos. En el caso de los administrativos y auxiliares, estos números disminuyen a $ 856.050 y $ 669.062 respectivamente, mientras que la remuneración bruta mensualizada de las autoridades de gobierno (mayores rentas entre los estamentos) es de $ 4.074.330. Al separar entre empleados de planta y contrata, y excluir a la Junji y Salud, los valores promedios no cambian demasiado. En el caso de planta, la remuneración bruta mensualizada es $ 1.639.078 mientras que en el caso de contrata, la renta bruta mensualizada es $ 1.501.800.

En la tabla anterior, la desviación estándar como porcentaje de la media (que es una medida de dispersión normalizada) es menor para estamentos tales como administrativos y auxiliares, por lo que estos estamentos tienen distribuciones de ingresos más concentradas cerca de la media.

Tabla 3. REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA DE LOS EMPLEADOS, EXCLUYENDO PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, HOSPITALES Y PERSONAL DE JUNJI

Estamento

Media

Percentil 10

Mediana

Percentil 90

Desviación estándar

Desviación estándar como % media

Autoridad de gobierno

4.074.330

1.125.227

2.983.953

8.393.126

2.807.423

68,9

Directivos

3.823.376

1.706.666

3.654.522

6.152.318

1.699.836

44,5

Profesionales

2.080.910

1.232.653

1.959.247

3.042.888

794.674

38,2

Técnicos

1.112.266

642.507

961.469

1.802.363

504.304

45,3

Administrativos

856.050

553.014

784.004

1.285.948

314.931

36,8

Auxiliares

669.062

485.512

625.569

914.920

184.438

27,6

Fiscalizadores

2.266.608

1.385.472

2.097.421

3.390.698

761.044

33,6

Médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos

2.041.622

754.260

2.105.255

3.265.802

979.560

48

Gendarmes

1.055.878

595.810

868.044

1.712.164

626.565

59,3

Otros

2.329.044

1.386.527

1.901.647

5.455.049

1.288.430

55,3

Total

1.546.298

622.195

1.278.302

2.750.102

997.257

64,5

Observaciones

91.669

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de transparencia.

Las tablas 4 y 5 muestran los datos de las rentas brutas mensualizadas de los trabajadores de la Junji y de los servicios de salud y hospitales, respectivamente. Los datos de la Junji corresponden a 13.398 personas, mientras que en los servicios de salud y hospitales hay 109.371 personas. En el caso de la Junji, las remuneraciones brutas mensualizadas son sustancialmente más bajas que en la muestra de la tabla 3. Comparado con esa tabla, los auxiliares tienen remuneraciones 45 por ciento más bajas; los administrativos, 32 por ciento más bajas; los profesionales 51 por ciento más bajas y los directivos 18 por ciento más bajas.

La tabla 5, que corresponde a trabajadores en hospitales y servicios de salud, también muestra promedios algo más bajos que los de la tabla 3, aunque las diferencias son menores que en el caso de la Junji. En los auxiliares, los promedios son 17,5 por ciento menores que en la tabla 3; y en los directivos, profesionales, técnicos y administrativos, las diferencias son -13,7; -28,3; -44,9 y -35,2 por ciento respectivamente. Lamentablemente, no existe información en los datos de transparencia que nos permita tratar de explicar estas diferencias de ingresos por variables tales como educación o experiencia, por lo que aquí simplemente reportamos estas diferencias.

Tabla 4. REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA DE LOS EMPLEADOS DE LA JUNJI

Estamento

Media

Percentil 10

Mediana

Percentil 90

Desviación estándar

Directivos

3.138.834

2.624.273

2.888.679

3.656.904

635.303

Profesionales

1.017.395

718.928

875.476

1.510.671

377.974

Técnicos

425.769

367.000

406.613

563.640

128.799

Administrativos

578.788

431.696

520.435

771.853

180.030

Auxiliares

367.630

179.014

348.664

529.653

132.917

Total

610.752

345.944

448.410

1.106.928

377.277

Observaciones

13.398

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de transparencia.

Tabla 5. REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA DE LOS EMPLEADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTATALES Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD (EXCLUYE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES)

Estamento

Media

Percentil 10

Mediana

Percentil 90

Desviación estándar

Autoridad de gobierno

5.845.171

5.845.171

5.845.171

5.845.171

Directivos

3.299.354

1.156.388

3.447.623

5.374.865

1.559.707

Profesionales

1.492.236

972.542

1.443.084

2.128.766

503.629

Técnicos

612.948

400.615

571.478

889.917

210.470

Administrativos

554.507

373.233

503.649

823.110

204.446

Auxiliares

552.029

359.319

522.452

784.182

176.878

Médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos

2.103.868

789.636

1.958.701

3.472.268

1.022.932

Otros

2.562.740

1.532.075

2.511.917

3.787.183

865.928

Total

1.141.786

413.938

802.841

2.278.627

854.407

Observaciones

109.371

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de transparencia.

La tabla 6 incluye todos los datos disponibles. Corresponde a 214.438 personas en estamento contrata y planta. Al incorporar a la Junji y a los hospitales y servicios de salud, los valores promedios disminuyen, lo que refleja que existen diferencias de remuneraciones brutas mensualizadas entre un primer bloque que es la Junji y los hospitales y servicios de salud, y un segundo bloque que es el resto del gobierno central, siendo las remuneraciones brutas mayores en este segundo bloque. Sin perjuicio de esto, la remuneración promedio (bruta mensualizada) se mantiene superior a $ 1.250.000.

Tabla 6. REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MUESTRA TOTAL

Estamento

Media

Percentil 10

Mediana

Percentil 90

Desviación estándar

Desviación estándar como % media

Autoridad de gobierno

4.082.605

1.125.227

2.990.010

8.393.126

2.803.439

68,7

Directivos

3.751.623

1.577.938

3.627.826

6.058.338

1.687.411

45

Profesionales

1.776.578

981.762

1.644.308

2.714.284

752.575

42,4

Técnicos

695.757

385.822

599.764

1.098.872

370.380

53,2

Administrativos

737.790

412.248

680.125

1.135.565

312.958

42,4

Auxiliares

559.897

345.944

538.320

806.108

191.369

34,2

Fiscalizadores

2.266.608

1.385.472

2.097.421

3.390.698

761.044

33,6

Médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos

2.102.663

787.382

1.960.634

3.468.608

1.022.125

48,6

Gendarmes

1.055.878

595.810

868.044

1.712.164

626.565

59,3

Otros

2.554.362

1.532.075

2.432.951

3.787.183

884.459

34,6

Total

1.281.530

440.889

961.999

2.522.483

935.095

73

Observaciones

214.438

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de transparencia.

3.1. ¿Son similares estas remuneraciones a las que se obtienen en el sector privado?

Para poder responder si las remuneraciones del sector privado son similares a las que se obtienen en el sector público se necesita comparar salarios de trabajadores similares en cuanto a edad, experiencia, educación, etcétera. Esto lo haremos en la próxima sección, al utilizar la encuesta NESI.

Por el momento, podemos realizar comparaciones utilizando datos más agregados de la economía chilena. El promedio de las rentas brutas mensualizadas del sector público, ocupando los 214.438 datos obtenidos del gobierno central, es de $ 1.281.530. Como grupo comparativo partamos por los cotizantes al Seguro de Cesantía. Los cotizantes a este seguro no incluyen funcionarios del sector público, dado que por ley estos últimos están excluidos. De acuerdo a los datos reportados por la Superintendencia de Pensiones, en agosto de 2015, el promedio de las remuneraciones imponibles de los cotizantes del seguro de cesantía era de $ 674.109, es decir, 52 por ciento de la remuneración bruta mensualizada reportada indicada en la tabla 6. Otra fuente de comparación similar son las remuneraciones imponibles de los cotizantes a AFP (dato que sí puede incluir cotizaciones de personas contratadas en el sector público). En este caso, el salario imponible promedio en agosto de 2015 fue de $ 673.294, es decir, se mantiene la brecha. Este último dato resulta de promediar remuneraciones de trabajadores dependientes, independientes y afiliados voluntarios. Las remuneraciones para esos tres tipos de trabajadores son, respectivamente, $ 679.243, $ 475.558 y $ 390.398; por lo que representan 53, 37 y 30 por ciento de la remuneración promedio de la reportada para los trabajadores a planta y contrata en la administración pública (tabla 6). Hay que ser cuidadosos con estas comparaciones, porque los datos de la base del Seguro de Cesantía, así como los datos de AFP, no incluyen asignaciones no imponibles, tales como las asignaciones por movilización, por pérdida de caja,[9] por desgaste de herramientas,[10] por colación o por viáticos. Tampoco incluyen asignaciones familiares u obligaciones que surgen al extinguirse el contrato de trabajo, tal como la indemnización por años de servicios. Me parece que estas asignaciones en general no son montos mayores relativos al sueldo, por lo que si bien pueden explicar parte de la diferencia, debería ser sólo una parte menor.

Alternativamente, podemos ocupar los datos reportados en las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos relativos al pago de impuestos de segunda categoría (relacionadas con las rentas obtenidas del trabajo). Las rentas en ese caso excluyen los ingresos relativos de aquellos contribuyentes que además están en global complementario, debido a que esas rentas pueden incluir ingresos provenientes del capital. En relación con las rentas que se declaran para el pago del impuesto de segunda categoría, hay que notar que hay ingresos excluidos de la base imponible de acuerdo a lo indicado en el artículo 17 de la Ley de la Renta; por ejemplo, asignaciones de traslado y viáticos, gastos de movilización, asignación familiar, indemnización por desahucio o indemnizaciones por accidente del trabajo. Tal como discutimos en el caso de la base del Seguro de Cesantía o de los datos de AFP, estos montos no deberían alterar los resultados. El último dato disponible es el del año tributario 2015 (año comercial 2014). Estos datos se muestran en la tabla 7. En esta tabla las remuneraciones reportadas corresponden a las rentas imponibles publicadas por el SII, a las que se les sumó un monto equivalente al 20 por ciento para incorporar el pago de leyes sociales.

Tabla 7. DISTRIBUCIÓN DE CONTRIBUYENTES CON PAGOS ASOCIADOS AL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA

Impuesto

Tramo de remuneraciones imponibles

Tasa marginal

2015

Contribuyentes

$

[ % ]

N°

%

2a categoría

-

699.808

0

5.817.544

89,2

699.808

1.555.128

4

594.932

9,1

1.555.129

2.591.880

8

79.129

1,2

2.591.881

3.628.632

13,5

16.692

0,3

3.628.633

4.665.384

23

5.751

0,1

4.665.385

6.220.512

30,4

3.803

0,1

6.220.513

7.775.640

35,5

1.823

0,0

7.775.641

y más

40

3.912

0,1

Total

6.523.586

100

Fuente: SII.

De acuerdo a los datos de la tabla 7, el 89,2 por ciento de los trabajadores afectos al impuesto de segunda categoría tiene una renta media imponible menor a $ 699.808. La renta bruta media mensualizada del gobierno central está cerca del tope del tramo con tasa marginal del 4 por ciento, lo que corresponde al 98,3 por ciento de la distribución de rentas imponibles. De ahí que la renta bruta promedio en el gobierno central estaría en un percentil superior al percentil 90 de las rentas reportadas por el SII. Hay que notar que los datos reportados por el SII muestran promedios de remuneraciones brutas menores a las reportadas por el Seguro de Cesantía o las AFP. Esto puede explicarse porque los datos del SII pueden incluir a personas que trabajaron sólo algunos meses del año (y por lo tanto su renta mensualizada es más baja) o a personas que trabajan por cuenta propia, que emiten boletas, pero cuyos empleos son de bajos niveles de remuneraciones.

Toda la evidencia anterior sugiere una brecha importante de los trabajadores a contrata y de planta del gobierno central versus el resto de los trabajadores de la economía. Parte de esto puede explicarse porque pueden existir factores que expliquen esta diferencia como la experiencia, niveles de educación u otros. La próxima sección realiza ese análisis.

4. DATOS DE LA NUEVA ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS (NESI)

La Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2014 (NESI), elaborada por el INE, y que corresponde a datos del trimestre móvil octubre-diciembre de 2014, entrega información relativa a los ingresos corrientes de las personas y los hogares. Esta encuesta se realiza una vez al año, como complemento a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) del trimestre móvil respectivo. De ahí que el foco de ésta sean los ocupados y el levantamiento de datos de ingresos es representativo de los ingresos de este grupo de personas.

Alternativamente, podríamos pensar en utilizar los datos de la encuesta Casen para realizar comparaciones de salarios. Sin embargo, el análisis de esta encuesta puede no ser correcto, ya que los datos de mercado laboral relativos a la administración pública tienden a diferir de los datos de la NENE (aplicada por el INE). Por ejemplo, la encuesta Casen 2013, que fue tomada entre el 11 de noviembre de 2013 y el 2 de febrero de 2014, indica que el número de ocupados era de 7.277.759. Esta cifra difiere significativamente de los datos del trimestre móvil noviembre 2013 – enero 2014 de la NENE, que reporta 7.915.405 ocupados. Además, en la dimensión que más nos interesa, que corresponde a trabajadores del sector público, hay también diferencias importantes. En la encuesta NENE, trimestre móvil ya referido, los trabajadores de la administración pública eran 429.482, es decir, 5,43 por ciento de los ocupados. En la encuesta Casen 2013, hay sólo 308.137 trabajadores en la rama de la administración pública, lo que representa sólo 4,23 por ciento de los ocupados. Otro dato relevante es que los asalariados del sector público en la NENE son 821.320 mientras que en la Casen 2013 corresponden a 800.697 (empleado u obrero del sector público, empleado u obrero de empresas públicas y de las fuerzas armadas y de orden), por lo que la administración pública representa cerca del 52 por ciento de asalariados del sector público en la NENE, pero sólo el 38 por ciento en la Casen 2013. Esta subrepresentación de la administración pública (que tiende a tener salarios mayores de acuerdo a los datos de transparencia), junto a las diferencias en composición en el empleo de los asalariados del sector público pueden llevar a disminuir los salarios promedios en la Casen 2013 para el sector público.

La NESI es justamente un complemento de la NENE (que es la encuesta relevante para el análisis del mercado laboral), por lo que es aconsejable al realizar estas comparaciones ocupar la NESI y no la Casen.

De acuerdo a estos datos del INE, los ingresos medios de los ocupados eran de $ 473.251 en octubre de 2014, netos de impuestos y cotizaciones previsionales.[11] En el caso de los hombres, el promedio llegaba a $ 543.996, mientras que en las mujeres era de $ 382.253. Además, si se descomponen los ingresos de los ocupados en categorías, hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, las personas en servicio doméstico tenían un ingreso promedio de $ 195.398; mientras que el ingreso promedio de los trabajadores por cuenta propia era de $ 272.061; de los asalariados fue $ 525.020 y de los empleadores fue $ 1.030.247. La apertura de estas series de acuerdo al sexo muestra también diferencias importantes en ingresos. La tabla 8 muestra estos desgloses. Resulta interesante que los trabajadores asalariados tengan alta dispersión de ingresos. Si bien el promedio es $ 525.020, la diferencia por sexo es significativa: mientras los hombres tienen ingresos por $ 566.446, las mujeres tienen por $ 464.945.

La diferencia entre los ingresos de los asalariados del sector público y del sector privado es de 43,8 por ciento a favor de los asalariados del sector público ($ 702.861 versus $ 488.787 respectivamente). Las diferencias se hacen aún mayores cuando se hace esta misma comparación controlando por género. De hecho, en el caso de los hombres la brecha a favor de los trabajadores asalariados del sector público es de 58,9 por ciento ($ 838.753 versus $ 527.984), mientras que en el caso de las mujeres es de 41,4 por ciento ($ 599.177 versus $ 423.658).

Por lo tanto, de acuerdo a los datos reportados por la NESI del INE, y en línea con la evidencia de la sección anterior, hay una brecha muy amplia a favor de los asalariados del sector público.

Tabla 8. INGRESO MEDIO MENSUAL DE LOS OCUPADOS POR CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN Y POR SEXO (OCTUBRE-DICIEMBRE 2014)

Ingreso medio de los ocupados (*) (**)

en pesos de octubre de 2014

Categoría de la ocupación

Ambos sexos

Mujeres

Hombres

Total país

473.251

382.253

543.996

Empleador

1.030.247

844.981

1.092.798

Cuenta propia

272.061

197.180

331.674

Total asalariados

525.020

464.945

566.446

Sector privado

488.787

423.658

527.984

Sector público

702.861

599.177

838.753

Total personal de servicio doméstico

195.398

194.110

242.945

Puertas afuera

172.575

170.323

242.945

Puertas adentro

325.345

325.345

-

Familiar no remunerado

-

-

-

Brecha sector público y sector privado

43,8%

41,4%

58,9%

*: Incluye sólo ingresos del trabajo principal. Excluye ingresos por otros trabajos y otras fuentes.

**: Se refiere a los ocupados cuyo empleo actual en la semana de referencia es el mismo que tenía el mes anterior. Categoría en la ocupación según Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE). Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/nesi/nesi.php, cuadro 10.

Fuente: Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), del INE.

En la tabla 8, los asalariados son personas que trabajan para un empleador público o privado y que perciben una remuneración. Este dato es auto-reportado por los encuestados. La clasificación del sector público puede incluir administración pública (ministerios, subsecretarías, servicios), pero también otros sectores tales como enseñanza (en la medida en que el empleador sea una entidad del sector público) o servicios de salud como hospitales (siempre y cuando corresponda a servicios de salud pública). Esto es relevante, porque explica por qué el dato de asalariados del sector público del trimestre móvil octubre-diciembre 2014 reportado por la NESI es un número alto de personas: 887.259 ocupados.

Una alternativa es utilizar un subconjunto de los trabajadores asalariados del sector público obtenido del análisis de las ramas de actividad. La tabla 9 hace esta distinción. Ahí se reporta la rama de “Administración pública”, que de acuerdo a los datos del INE corresponde a 445.087 personas en el trimestre móvil de referencia.[12]

Las brechas de ingreso —en este caso, calculadas como el ingreso de la administración pública comparada con el ingreso promedio— se mantienen en niveles amplios a favor del sector público. Al considerar ambos sexos la brecha es de 54,1 por ciento ($ 729.229 en administración pública y $ 473.251 promedio nacional), mientras que en el caso de las mujeres es 74,6 por ciento ($ 667.318 versus $ 382.253) y en el de los hombres es de 42,5 por ciento ($ 775.319 versus $ 543.996).

Las tablas anteriores comparan promedios. Las tablas 10a y 10b, a continuación, buscan ilustrar las diferencias en la distribución de los datos y presentan los ingresos del trabajo principal para los distintos percentiles de ingresos. Para los cálculos, cada categoría de la ocupación se ordena internamente de acuerdo a sus ingresos y se le asignan los percentiles de la distribución. En estas tablas se vuelven a calcular las brechas de ingresos promedio por percentil. Para cada percentil de ingreso, la brecha es favorable a los asalariados del sector público y esta brecha va aumentando a medida que son más altos los ingresos.

Tabla 9. INGRESO MEDIO MENSUAL DE LOS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR SEXO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2014)

Ingreso medio de los ocupados (*) (**)

en pesos de octubre de 2014

Rama de actividad

Ambos sexos

Mujeres

Hombres

Total país

473.251

382.253

543.996

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

284.128

233.735

297.443

Pesca

366.358

257.065

380.120

Explotación de minas y canteras

829.032

740.400

837.214

Industria manufacturera

422.367

276.175

493.807

Suministro de electricidad, gas y agua

604.076

360.784

675.248

Construcción

485.321

503.969

483.962

Comercio

363.433

271.884

457.033

Hoteles y restaurantes

349.436

301.929

424.565

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

477.339

437.405

487.194

Intermediación financiera

972.242

743.035

1.231.621

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

712.295

550.620

827.610

Administración pública

729.229

667.318

775.319

Enseñanza

530.690

486.857

655.683

Servicios sociales y de salud

675.135

561.231

961.876

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

372.075

319.092

423.115

Hogares privados con servicio doméstico

194.434

180.943

272.407

Organizaciones y órganos extraterritoriales

613.043

836.066

-

Brecha administración pública promedio país

54,1%

74,6%

42,5%

*: Incluye sólo ingresos del trabajo principal. Excluye ingresos por otros trabajos y otras fuentes.

**: Se refiere a los ocupados cuyo empleo actual en la semana de referencia es el mismo que tenía el mes anterior.

Fuente: NESI. Rama de actividad según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev.3. Disponible en http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/nesi/nesi.php, cuadro 10.

Tabla 10a. PERCENTIL DE INGRESOS DE LOS OCUPADOS POR CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN. PERCENTIL 10 AL 40

Ocupación

Percentil 10

Percentil 20

Percentil 30

Percentil 40

Empleador

199.963

299.944

400.000

500.000

Cuenta propia

30.313

60.000

99.981

141.459

Asalariado sector privado

180.000

224.958

251.953

299.944

Asalariado sector público

224.000

289.946

349.934

404.924

Personal de servicio

doméstico puertas afuera

50.000

80.834

110.000

140.974

Personal de servicio

doméstico puertas adentro

199.963

213.199

250.000

300.000

Total

90.000

180.000

225.000

267.950

Brecha asalariado sector público versus asalariado sector privado

24,4%

28,9%

38,9%

35,0%

Fuente: NESI.

Tabla 10b. PERCENTIL DE INGRESOS DE LOS OCUPADOS POR CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN. PERCENTIL 50 AL 90

Ocupación

Percentil 50

Percentil 60

Percentil 70

Percentil 80

Percentil 90

Empleador

600.000

808.338

1.010.423

1.507.400

2.020.845

Cuenta propia

199.963

248.000

300.000

399.925

505.211

Asalariado sector privado

341.523

399.925

480.000

606.254

909.380

Asalariado sector público

500.000

600.000

772.973

999.813

1.499.719

Personal de servicio doméstico puertas afuera

171.772

199.963

222.800

250.000

295.043

Personal de servicio doméstico puertas adentro

335.000

353.648

399.925

404.169

454.690

Total

305.000

380.000

464.200

606.254

990.214

Brecha asalariado sector público versus asalariado sector privado

46,4%

50,0%

61,0%

64,9%

64,9%

Fuente: NESI.

Existe evidencia en Gallegos et al. (2011) de diferencias salariales a favor del sector público para varias economías latinoamericanas, incluyendo Chile. Sin embargo, ellos encuentran que, en la parte alta de la distribución de salarios, la diferencia salarial pasa a ser a favor del sector privado, lo que en principio se contrapone con la evidencia de la tabla anterior.

Sin embargo, el gráfico 1, que aparece a continuación, tiende a explicar esta posible contradicción. Ahí se ordenan los datos de acuerdo a percentiles de ingresos que van aumentando en tramos de 0,2 por ciento, lo que genera 500 grupos. Para cada uno de ellos se calcula la brecha de salarios para el sector público versus el sector privado. En el gráfico, un número positivo indica brecha a favor del sector público. Como puede observarse, en promedio la brecha está en la cercanía del 40 por ciento. Además, la brecha va aumentando a medida que nos movemos a la derecha en los percentiles de ingresos, es decir, hacia mayores ingresos.

Hay dos excepciones, que corresponden a los extremos: en la parte baja de la distribución —entre el 0,8 y el 1,4 por ciento de las distribuciones—, las brechas son más altas; mientras que sólo en los últimos percentiles de la distribución, que corresponde al 0,4 por ciento de mayores ingresos (en los datos del sector público corresponden a remuneraciones superiores a $ 4.000.000), la brecha pasa a ser favorable al sector privado. Esto último puede ilustrarse así: el último 0,2 por ciento, es decir ingresos superiores a $ 4,1 millones en el sector público, la brecha es de 18 por ciento a favor del sector privado.

Gráfico 1. BRECHA DE INGRESOS ASALARIADOS SECTOR PÚBLICO VERSUS ASALARIADOS SECTOR PRIVADO, DISTRIBUIDOS EN GRUPOS DE 0,2 POR CIENTO

Fuente: Elaboración propia a partir de la NESI.

Es posible que parte de estas diferencias de ingresos se deban a características observables tales como niveles de educación, años de experiencia o alguna otra dimensión, distorsionando la interpretación de los resultados. Para controlar por esto, a continuación, se realiza un análisis de regresión donde se incluyen estas características. Las tablas 11a y 11b muestran los resultados. La diferencia entre ambas está en que la tabla 11a incluye una variable dummy[13] que controla por sector público, mientras que en la tabla 11b se incluye una variable dummy que controla por la rama “administración pública” (definida tal como discutimos antes). En ambas tablas, la primera columna corresponde al caso en que se incluye solamente la variable que controla por el sector público (o administración pública, según sea el caso), la segunda columna incluye como controles adicionales la edad, edad al cuadrado y el sexo; las columnas tres y cuatro incluyen adicionalmente variables ficticias (dummies) por nivel de educación completado y por región de residencia, respectivamente.

Tabla 11a. REGRESIONES DE MINCER: EFECTO DIFERENCIADOR EN ASALARIADOS SECTOR PÚBLICO

(1)

(2)

(3)

(4)

Variables

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Asalariado sector público

0,574***

0,599***

0,295***

0,318***

(0,00104)

(0,000994)

(0,000901)

(0,000892)

Sexo

-0,452***

-0,479***

-0,481***

(0,000652)

(0,000575)

(0,000567)

Edad

0,0836***

0,0849***

0,0853***

(0,000133)

(0,000120)

(0,000119)

Edad al cuadrado

-0,000974***

-0,000900***

-0,000906***

(1,47e-06)

(1,35e-06)

(1,33e-06)

(0,00443)

Dummies por nivel de educación alcanzado

No

No

Sí

Sí

Dummies por región

No

No

No

Sí

Constante

12,60***

11,63***

12,11***

12,31***

(0,000361)

(0,00293)

(0,0113)

(0,0116)

R-cuadrado

0,039

0,141

0,334

0,353

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1.

Los resultados son consistentes entre ambas tablas. Una vez que se controla por las distintas dimensiones, subsiste un efecto diferenciador cercano a 32 por ciento a favor de los asalariados del sector público o a favor de los ocupados en la rama de administración pública.

Tabla 11b. REGRESIONES DE MINCER: EFECTO DIFERENCIADOR EN OCUPADOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

(1)

(2)

(3)

(4)

Variables

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Log (Ingreso ocupación principal)

Administración pública

0,551***

0,506***

0,307***

0,325***

(0,00144)

(0,00137)

(0,00120)

(0,00119)

Sexo

-0,413***

-0,461***

-0,462***

(0,000658)

(0,000575)

(0,000567)

Edad

0,0858***

0,0858***

0,0862***

(0,000135)

(0,000121)

(0,000119)

Edad al cuadrado

-0,000999***

-0,000908***

-0,000914***

(1,49e-06)

(1,35e-06)

(1,34e-06)

Dummies por nivel de educación alcanzado

No

No

Sí

Sí

Dummies por región

No

No

No

Sí

Constante

12,63***

11,58***

12,17***

12,38***

(0,000353)

(0,00298)

(0,0113)

(0,0117)

R cuadrado

0,019

0,115

0,330

0,349

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1.

5. RESUMEN Y ALGUNOS DESAFÍOS

Las cifras muestran una importante brecha a favor de las remuneraciones en el sector público. Incluso, una vez que se controla por distintos observables, lo que se puede llevar a cabo utilizando los datos de la NESI, la brecha alcanza un mínimo de 32 por ciento y es altamente significativa. Este trabajo busca justamente aportar en entregar una contabilización de esta diferencia salarial.

Sin embargo, no hay que perder de vista que las remuneraciones son sólo una dimensión de las políticas de recursos humanos utilizadas en distintas organizaciones que emplean trabajadores. Queda por avanzar entonces en el diagnóstico de otro tipo de temas, tales como el acceso a beneficios como vacaciones, horas de trabajo efectivas (lo que incluye el uso de licencias) y rotación en los cargos. En el trabajo de Navarro y Selman (2014) se reporta que la antigüedad en los cargos es muy superior para los trabajadores del sector público (en comparación con trabajadores del sector privado), lo que indica una significativa menor rotación. Éstas son dimensiones relevantes, que pueden permitir tener incentivos para atraer trabajadores al sector público, lo que de por sí es positivo, pero al mismo tiempo estos beneficios no deben ser desproporcionadamente mayores a los del sector privado, porque en ese caso los incumbentes en cargos públicos difícilmente dejarán sus cargos y será muy difícil producir la natural y necesaria renovación en el sector público. En este escenario, el mejoramiento de los sistemas de evaluación de desempeño resulta clave, ya que es la herramienta que debería producir la salida de funcionarios con altos salarios pero que no realizan su labor de forma satisfactoria.

El manejo de recursos humanos es un eslabón muy importante en la modernización del sector público, y los diferenciales a favor de trabajadores del sector público deben estar plenamente justificados. Por el momento, se puede argumentar que éstos existen, pero no es fácil encontrar una clara justificación para ellos. Un primer paso en este sentido es ampliar las estadísticas de recursos humanos del sector público con este tipo de información, de forma tal que sean fácilmente comparables con las del sector privado. Por ejemplo, mostrar remuneraciones promedios efectivas de acuerdo a: 1) estamento en cada repartición o 2) descripciones de cargo (auxiliares, secretarias, personal técnico de estudios, etcétera). Adicionalmente, realizar diagnósticos externos (por ejemplo, de una consultora nacional o internacional de recursos humanos) acerca de la situación de los recursos humanos del Estado y que estos sean públicos, y que al ser discutidos en el Congreso Nacional pueden ser útiles en mejorar el diagnóstico y posiblemente la dirección de las políticas de recursos humanos en nuestro Estado. Estos diagnósticos externos deben poder comparar las condiciones laborales para distintos tipos de cargos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Un tema relacionado con lo dicho corresponde a los reajustes anuales de estos salarios. Usualmente éstos se realizan a partir de una negociación entre el gobierno (Ministerio de Hacienda) y los gremios de trabajadores, liderados por la CUT y la ANEF. En estas negociaciones, una de las variables claves debería ser el aumento de la productividad del sector público. Sin embargo, no existen medidas de productividad laboral para este sector. Lamentablemente, las cuentas nacionales miden el valor agregado del sector público por medio de costos de factores, es decir, básicamente por el nivel de gasto en este sector, lo que al final no describe cuánto se produce en el sector público. Con el fin de guiar estos procesos de negociación es necesario, entonces, diseñar instrumental técnico que permita medir la producción del sector público. Ésta es una labor que debería encomendarse a estamentos técnicos tales como, por ejemplo, el Banco Central, que justamente publica las cuentas nacionales.

6. REFERENCIAS CITADAS

Aslam, M. & G. Kingdon. 2009. “Public-Private Sector Segmentation in the Pakistani Labour Market”. Journal of Asian Economics 20 (1): 34-49.

Bender, K. A. 1998. “The Central Government-Private Sector Wage Differen-tial”. Journal of Economic Surveys 12 (2): 177-220.

Ehrenberg, R. & J. Schwarz. 1986. “Public Sector Labor Markets”. En Handbook of Labor Economics, editado por O. Ashenfelter & R. Layard. New York: North Holland.

Dipres. 2015. “Estadísticas de recursos humanos del sector público. 2004-2014”. Gobierno de Chile. http://www.dipres.gob.cl/572/articles-140439_doc_pdf.pdf.

Gallegos, S., A. Mizala & P. Romaguera. 2011. “Public-Private Wage Gap in Latin America (1992-2007): A Matching Approach”. Labour Economics 18: S115-S131.

Glinskaya, E. & M. Lokshin. 2007. “Private-Public Wage Differential and Sectoral Choice Decision in India”. Journal of International Development 19 (3): 333-355.

Gorodnichenko, Y. & K. Sabirianova. 2007. “Public Sector Pay and Corruption; Measuring Bribery from Micro Data”. Journal of Public Economics 91: 963-991.

Gregory, R. & J. Borland. 1999. “Recent Development in Public Sector Labor Markets”. En Handbook of Labor Economics, editado por O. Ashenfelter & R. Layard. Amsterdam: North Holland.

Navarro, L. & J. Selman. 2014. “Brechas salariales entre el sector público y privado en Chile: Evidencia a partir de datos longitudinales”. Revista Cepal 112: 94-110.

Panizza, U. 2001. “Public Sector Wages and Bureaucratic Quality. Evidence from Latin America”. Economía 2 (1): 97-151.

Panizza, U. & C. Qiang. 2005. “Public-Private Wage Differential and Gender Gap in Latin America. Spoiled Bureaucrats and Exploited Women?” Journal of Socio-Economics 34: 810-833. EP

Notas

1 Los servicios entregados van desde aquellos que no tienen sustitutos, que puedan ser adquiridos por los hogares y ciudadanos, hasta aquellos que son altamente similares.

2 Esta base incluye todos los ministerios y sus servicios dependientes con excepción de organismos dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tales como Direcon, Difrol, AFCI e INACH. Tampoco incluye la información de otras entidades con información reservada, como la Agencia Nacional de Inteligencia, ni el personal de los servicios previsionales de las Fuerzas Armadas ni de servicios dependientes de ellas, a excepción de la DGAC. También se excluye el personal de los gobiernos regionales y del Servicio de Gobierno Interior, así como del Congreso Nacional, Contraloría y Poder Judicial.

3 La Fundación Integra está constituida como una entidad privada sin fines de lucro, a pesar de que casi todo su presupuesto proviene de aportes del fisco. Es por esto que sus trabajadores se regulan por contratos según el Código del Trabajo. Hemos excluido este sector, puesto que analizamos a quienes tienen la categoría de empleados públicos según calidad jurídica de planta y contrata definida en el estamento administrativo.

4 Debido a que pueden existir cargos con mucha rotación de personal, filtrar a los empleados vigentes en un mes particular evita contabilizar dos veces un cargo.

5 El instructivo de Transparencia señala sobre la remuneración bruta mensualizada: “Para su determinación deberán contemplarse todas las contraprestaciones en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en razón de su cargo, función y contrato, incluidas las asignaciones especiales, las que serán individualizadas en la columna correspondiente. En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas”.

6 Las definiciones en este párrafo corresponden al informe de Dipres (2015, 18).

7 La clasificación de los estamentos es reportada por los respectivos servicios cuando publican las nóminas de transparencia. Existen algunos servicios que reportaron nombres distintos a las categorías señaladas, tales como profesiones en detalle: médicos o cargos como fiscalizadores u oficiales y gendarmes. En dichos casos se optó por hacer clasificaciones diferentes, para los demás casos se adaptaron a las categorías existentes.

8 En el caso del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Aduanas, por ejemplo, se mencionan a los fiscalizadores como un estamento aparte. Lo mismo sucede con servicios relacionados con áreas de salud que clasifican al personal médico de manera adicional. En el caso de la Defensoría Pública, los defensores se anotaron como profesionales, ya que todos son abogados, y estos se clasifican generalmente como profesionales en el resto del sector público. Al mismo tiempo, dentro del estamento de autoridades se incluyeron a aquellos que se describían como jefes superiores o jefaturas superiores de servicio.

9 Asignación pagadera a personas que cumplen funciones de cajeros o que custodian dineros y valores, con el fin de resguardarlos por pérdidas eventuales de sus propias funciones.

10 Asignación pagadera a trabajadores que utilicen herramientas de su propiedad en sus labores, con el fin de compensarlos por el desgaste de estas herramientas.

11 Si bien en la sección anterior analizábamos rentas brutas, en lo que sigue utilizaremos ingresos netos de impuestos y cotizaciones previsionales.

12 Se incluye a personas trabajando en la administración central (ministerios, subsecretarías, servicios), más Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, personal de las empresas públicas, funcionarios municipales y de servicios municipalizados, y diputados y senadores del Congreso Nacional.

13 Esto es una variable ficticia que toma valor igual a uno si la persona se encuentra ocupada en el sector público y cero en caso contrario.

ARTÍCULO

VISIÓN Y PRÁCTICA DE LOS APORTES SOCIALES DE LOS EMPRESARIOS EN CHILE*

Magdalena Aninat Sahli

Universidad Adolfo Ibáñez

Magdalena Aninat S. Directora fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS), Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Email: magdalena.aninat@uai.cl.

* Este estudio se realizó con motivo de la creación del CEFIS. La autora quiere agradecer la guía y el apoyo de Ignacio Briones, así como los comentarios realizados por los árbitros anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: Este estudio analiza la visión y práctica de los empresarios chilenos respecto de la filantropía y las inversiones sociales, bajo el supuesto de que son elementos necesarios para el fortalecimiento de la sociedad civil y hábitos sociales como la cooperación y la confianza. A partir de una encuesta a 41 líderes y miembros de grupos controladores de los principales grupos empresariales de Chile, se obtuvo información cualitativa respecto de la percepción e implementación de aportes sociales en cinco dimensiones: motivaciones, intenciones, beneficiarios, proceso de intercambio y resultados obtenidos. Con este levantamiento se contribuye a ponderar la relevancia que la filantropía tiene entre los empresarios, e identificar ciertas trabas y falencias institucionales, aspectos que, desde una visión multidimensional de la filantropía, son necesarios para construir una estimación del potencial de escalamiento que tiene el fenómeno en Chile.

Palabras clave: filantropía, empresarios, aportes sociales, sociedad civil.

Recibido: julio 2015; aceptado: octubre 2015.

Clasificación JEL: D64, H24.

THE VISION AND PRACTICE OF SOCIAL CONTRIBUTIONS OF CHILEAN BUSINESS OWNERS

Abstract: The study analyzes the philanthropic and social investment vision and practice of Chilean business owners, under the premise that these are necessary elements for the strengthening of civil society and of social habits such as cooperation and trust. Starting from a survey applied to 41 leaders and members of controlling shareholders of the main business groups in Chile, the study presents qualitative information regarding their perception and implementation of social giving on five dimensions: motivation, intentions, beneficiaries, exchange process and results. The study means to be a contribution for assessing the relevance that philanthropy has among business owners and for identifying potential obstacles and institutional deficiencies, as these, from a multidimensional view, are necessary to build an estimation of the potential growth of philanthropy in Chile.

Keywords: philanthropy, business owner, social investment, civil society.

Received: July 2015; accepted: October 2015.

JEL classification: D64, H24.

I. INTRODUCCIÓN

La filantropía —definida por la Real Academia de la Lengua como amor al género humano— ha sido un fenómeno persistente en la historia del hombre y, pese a ello, difícil de conceptualizar desde el ámbito académico. Entendida como un fenómeno multidimensional, en ella concurren iniciativas y relaciones de personas y de organizaciones en las cuales surgen factores éticos, emocionales y cognitivos, así como procesos sociales, económicos y políticos, generándose efectos observables a nivel macro, medio y micro (Rey 2013a, 7).

El origen del término se remonta a la Atenas de Pericles del siglo V a.C., al concepto de philanthropia asociado a la divinidad. El diccionario filosófico de la academia platónica refiere el término a las buenas obras y a los hábitos correctos que emanan de la acción del amor a la humanidad, produciendo tanto beneficios para ella, como un estado de gracia o plenitud de conciencia al ser humano que las origina (Sulek 2010a, en Rey 2013a).

En la era moderna, el concepto se relaciona a virtudes cívicas —de justicia y beneficencia en Adam Smith, de benevolencia en David Hume—, como elementos constitutivos de la sociedad. En el análisis contemporáneo, los conceptos de capital social, sociedad civil y tercer sector han incorporado nociones subyacentes al fenómeno de la filantropía. La colaboración y el sentido del deber con el prójimo, agentes motivadores de la acción altruista, se han identificado como factores que contribuyen a la formación de capital social, elemento necesario para la prosperidad de la economía de mercado (Fukuyama 1996, 384) y  para el funcionamiento de la democracia (Putnam 1993, 185). Una forma esencial del capital social son las redes de compromiso cívico, y mientras más densas sean estas redes en una comunidad, más posible es que sus ciudadanos sean capaces de cooperar para beneficio mutuo (Putnam 1993, 173).

El análisis académico contemporáneo ha señalado límites y potencialidades de la filantropía en la construcción social. Si bien se le reconoce a la filantropía un rol colaborador en el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil (Irarrázaval y Guzmán 2008, 331), en un sentido estrictamente cuantitativo se reconoce que nunca estará en condiciones de ofrecer suficientes recursos materiales y humanos para transformar las sociedades latinoamericanas en términos de la distribución del ingreso, alivio a la pobreza o progreso social. No obstante, se le asigna un papel cualitativo para impulsar el cambio social como catalizador, dinamizador y constructor de modelos: en la difusión e innovación de modelos sociales escalables y en mejorar la efectividad y productividad de los programas sociales existentes (Coatsworth 2008, 10-11).

En Chile, la filantropía ha sido un fenómeno de estudio esporádico, en el que la escasez y dispersión de datos disponibles ha dificultado un análisis sistemático. El estudio histórico rescata la tradición de beneficencia y asistencia a las necesidades básicas de la población en condiciones de vulnerabilidad, con una importante influencia de la Iglesia Católica. En el siglo XIX, la limosna universal da paso a la caridad focalizada, organizada en instituciones y asociaciones, principalmente en contextos urbanos y con un carácter eminentemente moralizador (Ponce de León 2011, 17). A medida que, hacia finales del siglo, la “cuestión social” pone de relevancia las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad, el Estado secularizado va adquiriendo un papel más activo en la provisión e institucionalización de la asistencia social. Durante el siglo XX, van cobrando protagonismo la beneficencia privada no sólo relacionada con la aristocracia latifundista, sino también con asociaciones de profesionales y administrativos, sociedades laicas y de clase media, al tiempo que se fortalecen las redes de voluntariado femenino y las fundaciones en el ámbito de la educación, la asistencia a la pobreza, la cultura y la salud, muchas de las cuales han prevalecido en el tiempo. El sistema de Estado asistencial demuestra, sin embargo, su incapacidad de suplir todas las demandas sociales y confirma la necesidad de establecer una relación de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (Machado 2010, 10). La adopción de un modelo de libre mercado y un Estado subsidiario introduce hacia fines de la década de 1980 incentivos tributarios a la participación de la empresa privada en distintos ámbitos del desarrollo social, incorporándola como agente donante en la provisión de bienes públicos, rol que se incorpora en la tendencia de responsabilidad social empresarial y, en forma más reciente, en el concepto de valor compartido (Porter y Kramer 2011, 4-5).

Desde principios de la década de 1990 se ha registrado un incremento en la variedad de las instituciones e iniciativas filantrópicas en Latinoamérica, y en las expectativas acerca de lo que la filantropía organizada puede lograr en la sociedad, ya sea por sí sola o en alianzas con otras fuerzas. Debido, en parte, al crecimiento de la riqueza, a los procesos de democratización política y al desarrollo de la sociedad civil se ha constatado un florecimiento de la filantropía empresarial, el voluntariado organizado y la creación de fundaciones donantes y operadoras de programas, así como también de las redes y asociaciones nacionales de donantes (Sanborn y Portocarrero 2008, 13-14).

Si bien no existe una agencia pública que disponga ni realice un informe de las donaciones sociales totales en Chile, ni tampoco un registro público de donantes, donatarios o fundaciones filantrópicas que permita estimar el universo total de aportes sociales que año a año se realizan en el país, la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) muestra que en Chile las donaciones registradas y acogidas a las principales leyes de incentivos tributarios han tenido un significativo crecimiento en el tiempo. Si se toma exclusivamente la variación de los aportes acogidos a las leyes de incentivos tributarios a las donaciones con fines deportivos, sociales, culturales, educacionales, a universidades o a instituciones sociales —las principales leyes de incentivos tributarios—[14], se refleja un aumento de 97 por ciento del monto de las donaciones entre los ejercicios tributarios de los años 2008 y 2014 (gráfico 1), lo que va acompañado de un aumento de 143 por ciento del número total de contribuyentes que realizan estas mismas donaciones (de 8.673 contribuyentes en 2008 a 21.158 en 2014).

El país ha experimentado un crecimiento de la riqueza que se ve reflejado no sólo en el hecho de haber duplicado el PIB per capita entre los años 2004 y 2010, sino también en el incremento de individuos de alto patrimonio que tiene el país.[15] Sin embargo, con un ejercicio que considera el monto total de donaciones acogidas a las principales leyes de incentivos tributarios del año 2013 (que sumó 132.497 millones de pesos nominales) es posible determinar que éste representa el 0,12 por ciento del Producto Interno Bruto de ese año,[16] lejos aún del promedio de 2 por ciento que muestra Estados Unidos (Giving USA Report 2014).

Las donaciones privadas son reconocidas como un fenómeno complejo, definidas por múltiples factores relacionados con las normas, tradiciones y valores culturales, así como por los marcos institucionales en los cuales operan los donantes y las organizaciones sin fines de lucro (Sokolowski 2012). Construir una estimación del potencial de escalamiento que tiene la filantropía en Chile requiere incorporar a las variables económicas e institucionales (crecimiento de la riqueza, aumento de donaciones registradas, marco legal), dimensiones del ámbito ético, emocional y cognitivo propio de la práctica de sus actores.

Gráfico 1. MONTO DE DONACIONES (EN MM$) SEGÚN LEGISLACIONES QUE SE ESPECIFICAN

Nota: Cifras nominales.

Fuente: CEFIS UAI 2015, en base a información entregada por el Servicio de Impuestos Internos entre marzo-mayo de 2015. Los años corresponden a ejercicios tributarios.

2. OBJETO DE ESTUDIO

Si bien el ecosistema de filantropía involucra a una serie de actores (donantes, agentes de la sociedad civil, en tanto donatarios, y al Estado en tanto regulador de las donaciones), este estudio busca contribuir con un análisis microsocial cualitativo de los individuos de alto patrimonio y propietarios de los principales grupos empresariales en Chile, en tanto agentes filantrópicos, reales o potenciales.

Recoger información y analizar la visión de quienes no sólo son “dueños del capital”, sino también líderes o miembros de los principales grupos empresariales respecto de sus aportes a organizaciones con fines de desarrollo social es especialmente relevante en el contexto chileno, donde diversas legislaciones establecen incentivos tributarios a las donaciones para los contribuyentes del impuesto de primera categoría. Por otra parte, las prácticas de responsabilidad social empresarial y la presión ciudadana respecto del desarrollo de proyectos productivos han impulsado un crecimiento de las inversiones sociales corporativas, especialmente en las llamadas “comunidades de impacto”.

El objeto del presente trabajo radica en estudiar el fenómeno filantrópico desde la visión mutidimensional del concepto (Rey 2013a, 12), que se construye sobre motivaciones (¿por qué?), intenciones (¿para qué?), beneficiarios (¿para quién?), el proceso de intercambio (¿cómo, cuánto, dónde?) y resultados obtenidos (¿qué?). Esta visión reivindica la interpretación de la filantropía desde el ámbito moral, que hace hincapié en el carácter voluntario de los aportes privados en pro del bien público, acorde a valores éticos como la caridad, la generosidad, la solidaridad o la participación cívica, con resultados tanto trascendentes como tangibles y donde es necesario un componente de altruismo, ya que el donante no espera obtener un retorno para sí comparable al valor de su aporte (Rey 2013b, 181-182).

El análisis relacionado con motivaciones y comportamiento hizo recomendable aproximarse al objeto de estudio en base a, por una parte, entrevistas personales, estructuradas, y, por otra, a tomadores de decisión pertenecientes a los principales grupos empresariales, sin formular una hipótesis cerrada a comprobar. El estudio busca obtener información cualitativa, que contribuya a ponderar la relevancia que la filantropía tiene entre los empresarios e identificar su visión de las trabas y ciertas falencias institucionales, dimensiones que, desde una visión multidimensional del fenómeno, son necesarias de considerar en una estimación del potencial de escalamiento que tiene la filantropía en Chile.

3. METODOLOGÍA

Se definió un universo que cumpliera cuatro consideraciones generales:

1) que incorporara a los principales grupos económicos del país;

2) que cubriera una diversidad de ámbitos empresariales;

3) que incorporara a empresarios que cuentan con fundación filantrópica o han sido donantes activos en organizaciones de fines sociales, y

4) que se basara en información pública que contemplara empresas que, además del grupo controlador, incluyeran propiedad de otros accionistas.[17]

En base a estas consideraciones, para la construcción del universo se utilizó como fuente inicial de información el listado de grupos empresariales que reporta la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS),[18] en el cual se identificaron 67 grupos empresariales de propiedad chilena o propiedad mixta, excluyéndose a aquellos grupos de propiedad internacional. Esta cohorte se cotejó luego con el ranking de grupos económicos 2014 del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, donde se identificaron cinco grupos económicos que no contemplaba el informe de la SVS, los que se incorporaron al universo junto con tres grupos empresariales relevantes en términos de patrimonio y aportes sociales no incorporados en los listados anteriores. Con ello, el universo sumó un total de 75 grupos económicos.

Entre el 8 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015 se realizaron 41 entrevistas[19] a miembros relevantes en la toma de decisiones de dichos grupos empresariales (GE), para lograr una tasa de cobertura del 55 por ciento del universo definido (tabla 1).

Todos los entrevistados están vinculados a la propiedad o grupo controlador de las empresas y en su mayoría ocupan posiciones relevantes en la toma de decisiones al interior de los grupos empresariales (gráfico 2).

Tabla 1. DATOS UNIVERSO Y MUESTRA

Datos universo

Universo

Muestra

Subtotal grupos empresariales de propiedad privada nacional o mixtos que reportan a la SVS

67

36

Cantidad de grupos empresariales ranking UDD no incluidos en SVS

5

3

Otros GE relevantes y con acciones de filantropía

3

2

Total grupos empresariales

75

41

Representatividad

100%

55%

La muestra tiene un perfil demográfico diverso en su composición etaria: el 12 por ciento de los entrevistados son mujeres y 88 son hombres; el 24 por ciento son menores de 50 años, mientras que el 57 por ciento está entre 51 y 70 años, y 19 por ciento tiene entre 71 y 85 años. Los ámbitos empresariales a los cuales están vinculados son amplios, con predominio de los sectores financiero (24,7 por ciento), industrial (20 por ciento) e infraestructura (17,6 por ciento).

Gráfico 2. PRINCIPAL CARGO EMPRESARIAL ENTREVISTADO (ADEMÁS DE SU PARTICIPACIÓN COMO ACCIONISTA MAYORITARIO O EN EL GRUPO CONTROLADOR DEL GRUPO ECONÓMICO)

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Las entrevistas se realizaron en base a un cuestionario estructurado, aplicado en forma personal en encuentros de un promedio de 55 minutos de duración.[20] A los entrevistados se les aseguró la confidencialidad de lo conversado, dado que las respuestas no serían vinculadas a cada persona en particular.

El cuestionario se elaboró en base a tres estudios similares (Noonan y Rosquetta 2008; Berger et al. 2004; y HICS y UBS 2015), siguiendo la guía de un grupo ad hoc[21] de profesionales vinculados a la investigación y práctica de la filantropía y con el apoyo especial del Hauser Institute de la Harvard University. Además de las preguntas demográficas, el cuestionario constó de 27 preguntas base,[22] de las cuales 10 tienen estructura de respuestas abiertas y 17 corresponden a preguntas que inducen a respuestas cerradas, relacionadas con las dimensiones del concepto filantrópico adoptado en el objeto de estudio (motivaciones, intenciones, beneficiarios, proceso de intercambio y resultados obtenidos, además de preguntas sobre la percepción del marco institucional).

Para su análisis posterior, las entrevistas fueron transcritas y analizadas para identificar percepciones y prácticas de los entrevistados. La información fue clasificada de acuerdo a los temas del cuestionario e indexada en una tabla de contenido, asociando respuestas a los grupos de temas y subtemas, identificando reiteraciones del mismo comentario entre distintos entrevistados. Esto permitió sistematizar las respuestas y agruparlas conceptualmente en series de entre 2 a 10 categorías de respuestas tipo según cada pregunta.[23]

Dada la escasa literatura y discusión pública en Chile respecto de este campo, existía un interés por levantar las denominaciones que utilizan los empresarios evitando sesgar sus respuestas. Por ello, en el cuestionario se utilizó el concepto genérico de “aportes sociales”, entendido como donaciones o inversiones cuyo objetivo es el desarrollo de la sociedad, y no se entregaron definiciones a priori de los conceptos asociados al tema de estudio (filantropía e inversiones sociales).

4. RESULTADOS

El estudio agrupa en tres ámbitos los resultados obtenidos:

1) motivaciones, intenciones y beneficiarios, incluyendo en este ámbito la relación entre filantropía y confianza empresarial pública;

2) proceso de intercambio y resultados obtenidos: recoge la práctica de aportes respecto de una serie de variables que permiten identificar compromiso e involucramiento y manejo de instrumentos de medición de resultados, y

3) marco institucional, acotado en este trabajo a la visión del empresario respecto del marco de incentivos tributarios a las donaciones vigente en Chile.

4.1. Motivaciones, intenciones y beneficiarios

4.1.1. El rol social de la empresa y el empresario

Dado el objeto de estudio enfocado a los dueños de las empresas, en primer término se recogió la visión general que tienen estos actores respecto del rol de los empresarios y de las empresas en tanto actores del desarrollo social.

Los entrevistados reconocen un cambio de mentalidad en cuanto al concepto de empresa (“de lo que me enseñaron en la universidad”), a través de la incorporación de variables de inversión social en la creación de valor para los accionistas. El concepto de valor compartido con los stakeholders (Porter y Kramer 2011, 4-5)[24] y de la empresa como actor social que contribuye más allá de la generación de empleos, bienes o servicios se manifiesta ante la pregunta de si las empresas deben o no deben hacer aportes sociales. El 41 por ciento de los entrevistados afirma que las empresas deben realizar aportes como parte de sus estrategias de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial (RSE). Y ante la pregunta: “¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que los empresarios tienen un rol social que cumplir o el deber de ‘devolver a la sociedad’?”, el 51 por ciento de los entrevistados manifestó estar de acuerdo.

Dos ejemplos de respuestas:

Con el tiempo ha ido aumentando esta conciencia del rol social. Ahora es más evidente, más común. En parte, las comunidades te obligan a tomar contacto, establecer apoyo, porque hay proyectos que se quedan parados. La realidad ha hecho cambiar mucho a los empresarios y tender hacia allá.

(Presidente de directorio de empresa)

La primera responsabilidad social que tiene un empresario es administrar bien sus empresas, generar valor para la sociedad. Dicho lo anterior, su responsabilidad abarca todos los ámbitos y relaciones que tiene con los stakeholders, básicamente con los accionistas, los colaboradores y sus familias, los clientes, los proveedores y la sociedad o comunidades con las cuales se desenvuelve (…). Las empresas, como ciudadanos o parte de una sociedad, tienen una responsabilidad además de las anteriores de contribuir al desarrollo educacional, cultural, social y de todo orden, de las comunidades de la sociedad en las cuales nos desenvolvemos. Esas cualidades implican no sólo ser buenos ciudadanos y cumplir con las leyes, sino efectuar un aporte efectivo a que esas comunidades se desarrollen y progresen.

(Presidente de directorio de empresa)

Con todo, el 44 por ciento de los entrevistados comenta que la filantropía no es propia de las empresas. Subyace en este subgrupo un reconocimiento a una lógica transaccional en los aportes corporativos, en la cual los aportes sociales son utilizados por las empresas como una herramienta de legitimación (Chen et al. 2008, 141), para la viabilidad y desarrollo de proyectos o mejora de reputación. Es interesante reconocer que este subgrupo diferencia los aportes sociales corporativos de la filantropía, que no busca retorno ni monetario ni simbólico y cuya toma de decisiones se realiza a nivel personal o familiar:

Hay que distinguir la responsabilidad social empresarial, que básicamente está en manos de las empresas y que la incorporan como parte de su política de relaciones con la comunidad o marketing. En mi criterio, eso no es filantropía. Eso forma parte de la labor de las empresas de insertarse bien en la comunidad, de tener una marca potente; es parte de su función maximizadora del valor de la empresa. Entonces, para mí, y lo hemos tenido claro en nuestras empresas, la filantropía es lo que hacen los dueños de las empresas, sus fundaciones familiares, lo que hacen personalmente, el compromiso personal en la gestión.

(Presidente de directorio de un grupo empresarial, dirige una fundación empresarial y una fundación con terceros)

En las empresas, las que son cerradas, no tienes problemas para donar. Pero, ¿cómo vas a donar cuando tienes otros accionistas? Por ejemplo, donar a la Iglesia Católica si hay accionistas que pueden ser judíos o musulmanes. Tú no puedes imponer. Las donaciones las tiene que hacer cada persona.

(Presidente de directorio de grupo empresarial, participa en fundación)

4.1.2. Motivaciones para donar

Consultados sobre la motivación para realizar aportes sociales, el bien común (deber moral de devolver a la sociedad) y la tradición familiar predominan sobre la necesidad de invertir en los trabajadores y stakeholders relacionados al desarrollo de la empresa, factor que ocupa el tercer lugar en importancia de las motivaciones (gráfico 3).

Las razones que subyacen a la obligación moral de “devolver a la sociedad o al país” están combinadas con la búsqueda de resultados —“dar oportunidades” e “igualar la cancha”— y con las experiencias personales que marcaron el progreso económico familiar:

Gráfico 3. ¿POR QUÉ RAZONES REALIZA APORTES SOCIALES, CUÁL ES SU MOTIVACIÓN?

Nota: El 27 por ciento de los entrevistados entregó dos razones. Los porcentajes se calculan sobre el total de respuestas.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Los aportes sociales de mi familia tienen que ver con esta actitud de devolver la mano. Mi abuelo y mi tío abuelo eran inmigrantes que llegaron a Chile con sus platitas, les fue bien, recibieron aquí una tremenda acogida y un bienestar que probablemente los mantuvo a ellos en estado de deuda de tratar de devolver la mano de estos beneficios recibidos.

(Presidente de directorio de un grupo empresarial, dirige una fundación empresarial y una fundación con terceros)

A mí me incomoda vivir en una sociedad muy desigual. (...) Y todavía en el empresariado hay gente que, con esa mirada del pasado, piensa que el Estado debe preocuparse de lo social mientras nosotros producimos. Yo no he creído nunca en eso. Me incomoda vivir en un país en que la gente tenga problemas severos y que no puedan tener igualdad de oportunidades de verdad.

(Miembro de directorio de un grupo empresarial, preside fundación)

Es interesante señalar que, pese a que el 90 por ciento de los entrevistados profesa una religión, las motivaciones religiosas quedan relegadas al quinto lugar, una tendencia similar a lo que ocurre a nivel internacional (Bishop y Green 2009, 57). Si bien, la religión y la fe formaron parte del desarrollo histórico de la filantropía en Chile y Latinoamérica y continúan influenciando a ciertas personas, los principios de caridad, solidaridad se han internalizado y convertido en valores familiares y personales, más que mandatos de doctrina religiosa (HICS y UBS 2015, 31).

Por otra parte, ningún empresario menciona los incentivos tributarios como una motivación para realizar aportes sociales y, sin embargo, como se verá en el ámbito del marco institucional, se recoge una visión crítica respecto del sistema vigente en Chile.

4.1.3. Autoconcepto

En el ámbito de los aportes sociales, el estudio indica una difícil articulación de su autoconcepto.[25] Se preguntó a los empresarios sobre su propia identificación en el rol de aportes filantrópicos en base a tres alternativas: como persona que hace caridad, que hace filantropía o inversionista social, sin asociar definiciones específicas a cada una de estas categorías ex profeso, con el fin de levantar definiciones desde sus propios comentarios, y recoger información respecto de las intenciones de los empresarios en sus aportes sociales. El gráfico 4 muestra que el 63,4 por ciento de la cohorte no se identifica con ninguna de las categorías. Es interesante señalar que la mitad de este subgrupo participa en una fundación u organización filantrópica.

Con todo, los entrevistados sí entregan una definición por omisión: ninguno se identifica con el concepto de caridad, concepto que se entiende ligado a una donación reactiva (“dar el cheque”), sin hacer seguimiento al aporte en términos de resultados inmediatos y resultados de impacto. Por ejemplo:

Como familia, en el pasado éramos caritativos y ya no queremos ser caritativos. Estamos ordenándonos ahora para hacer inversionistas sociales, tenemos que llegar a hacer algo como familia que tenga un impacto real en la sociedad. Es filantropía, pero más inteligente. Es eso porque no pides nada a cambio (...). Ha habido una evolución. En la experiencia que me ha tocado vivir, ya dejamos de ser las familias caritativas, donde éramos muy buenos para la caridad. Levantabas una piedra y había una fundación, y la cantidad de gente que llega a esta oficina a pedir tiene que ver mucho con la caridad, con dar un cheque y no medir el resultado. (...) Hoy se está determinando una línea editorial en los grupos. Y, por otro lado, ahora somos una sociedad con más conciencia social.

(Director de empresas)

El 36,6 por ciento de los empresarios que se identifica con algún concepto (filantropía o inversionista social) señala que sus aportes van acompañados de algún tipo de seguimiento, involucramiento directo o, bien, búsqueda de impacto o transformación social. Por ejemplo:

Más que nada me identifico como una persona que hace filantropía. Caridad no, esa palabra no va con mi pensamiento ni con el de mi familia. Uno quiere lograr cosas. Caridad es hacer un cheque. Nosotros, en cambio, todo lo que hacemos es involucrarnos, ponernos en el lugar del otro.

(Directora de empresa, preside una fundación familiar)

No soy filántropo ni tampoco soy una persona que hace caridad. Soy inversionista social porque trato de enseñar a pescar más que dar pescado.

(Director de empresas, preside una fundación familiar)

Gráfico 4. ¿CÓMO SE DEFINE USTED EN EL ÁMBITO DE LOS APORTES SOCIALES? (ALTERNATIVAS CERRADAS)

Fuente: CEFIS UAI 2015.

4.1.4. Filantropía y opinión pública

Diversos estudios de opinión pública reflejan la baja percepción y confianza de la ciudadanía respecto del sector empresarial.[26] Se preguntó a los empresarios sobre la relación entre filantropía y la confianza hacia los empresarios (gráfico 5) dada la relación que se ha estudiado entre filantropía y legitimidad social de las empresas (Chen et al. 2008, 134).

Gráfico 5. ¿CREE USTED QUE UN DESARROLLO DE LA FILANTROPÍA Y LAS INVERSIONES SOCIALES EN CHILE TENDRÍA O NO TENDRÍA UN IMPACTO EN LA CONFIANZA HACIA LOS EMPRESARIOS?

Nota: Por escasez de tiempo, esta pregunta se aplicó al 88 por ciento de los entrevistados. Los porcentajes se calculan sobre el total de entrevistados a los cuales sí se les formuló la pregunta.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

La visión generalizada respecto de la positiva relación entre desarrollo de la filantropía y generación de confianza hacia el mundo empresarial se señala con ciertos resguardos. Por ejemplo:

Definitivamente ayudaría a generar más confianza, pero en la medida en que donar sea cada vez más profesional, porque cala más hondo, llega más a fondo a los temas. Yo creo que, muchas veces, el profesionalismo que tienen los empresarios para el 90 por ciento de sus cosas no lo tienen en este ámbito.

(Director de empresas, preside fundación familiar)

Hay que tener cuidado cómo se hacen esas cosas. Si se interpreta como lavado de imagen desgraciadamente podría jugar en contra.

(Presidente de directorio de empresa)

Es interesante señalar que esta positiva relación entre filantropía y confianza empresarial también es manifestada por la ciudadanía.[27]

4.1.5. Percepción sobre los beneficiarios

La totalidad de los empresarios entrevistados ha tenido o mantiene contacto con organizaciones donatarias, ya sea a través de las solicitudes de aportes sociales o de la participación en gobiernos corporativos de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la percepción del nivel profesional de las organizaciones sin fines de lucro a nivel general es bajo (gráfico 6), aunque se tiende a distinguir entre las “grandes” organizaciones (aquellas con mayor trayectoria) y el resto, donde se percibe un bajo nivel de administración.

Gráfico 6. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN RESPECTO DEL NIVEL PROFESIONAL QUE TIENEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO EN CHILE?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

A nivel general, los entrevistados hacen mención de una marcada disociación entre las prácticas y herramientas del mundo empresarial (accountability, transparencia, gestión profesional, auditorías, planificación) con las prácticas y herramientas de las organizaciones de la sociedad civil:

Tengo que pensar en el impacto, en cuánta gente voy a impactar. Pero esto no es obvio para muchas instituciones. Nadie se los ha transmitido, no tienen visión estratégica. Me junto con fundaciones y no tienen modelo de negocios, no tienen plan estratégico, y es básico para la sustentabilidad a largo plazo. Les hablas de modelo de negocio y se ponen incómodos. Pero aunque sea sin fines de lucro tienen que tener un plan de negocios para reinvertir.

(Directora de empresas, preside fundación familiar)

Son totalmente voluntaristas; personas con una voluntad y espíritu admirable, pero no funciona. No me ha tocado que se roben la plata, pero se ve en la ineficiencia, en cuánto llega al beneficiario final: en vez de atender a 100, pueden atender sólo a 20.

(Director de empresa)

Esta baja confianza en las capacidades de organizaciones de la sociedad civil —una realidad compartida por la filantropía en Latinoamérica— está influenciada por los bajos índices de confianza social (HICS y UBS 2015, 24), y constituye para los empresarios una traba para aumentar la escala de donaciones y un incentivo a crear estructuras propias, en un esquema de filantropía operativa más que de donaciones a organizaciones existentes.

La percepción deficiente o regular del nivel profesional de las organizaciones sociales sin fines de lucro contrasta con la visión optimista que tienen respecto de una nueva generación de líderes con alto grado de compromiso social y preparación profesional, que están liderando organizaciones sociales que buscan doble retorno —social/medioambiental y económico, en el modelo de las Benefit Corporations o Empresas B—[28] o bien organizaciones sin fines de lucro con nuevos modelos de desarrollo, en algunos casos replicando modelos internacionales (gráfico 7).

Gráfico 7. RESPECTO DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES, ¿CREE USTED QUE SUS INICIATIVAS TENDRÁN O NO TENDRÁN IMPACTO EN SOLUCIONAR DESAFÍOS SOCIALES QUE TIENE EL PAÍS?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Aunque sólo el 15 por ciento conoce directamente a emprendedores sociales o ha invertido en ellos, existe una visión generalmente optimista de este nuevo modelo de doble retorno. Por ejemplo:

La gracia que yo le veo a los emprendimientos sociales es que inviertes para montar una empresa que después va a ser autosustentable, que vas a financiar y luego va a seguir adelante. A eso le encuentro valor, porque el resto de las cosas en que haces un aporte para algo después se muere. Es otra mentalidad, tiene fin de lucro, pero con un sentido.

(Socio fundador de empresa)

Los fondos de inversión social, que invierten exclusivamente en organizaciones que tienen un doble retorno, constituyen otro instrumento de canalización de las inversiones de impacto.[29] Sin embargo, entre los empresarios existe desconocimiento y bajo nivel de aceptación de este tipo de instrumentos (gráfico 8).[30]

Gráfico 8. ¿CONOCE O HA INVERTIDO EN FONDOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Quienes sí han invertido reconocen la ventaja del doble objetivo, aplicando análisis financieros al ámbito social y sin la necesidad de administrar organizaciones propias. Por ejemplo:

Creo que es una manera de que la inversión sea profesionalizada y con un doble sentido: primero, que sea sustentable financieramente, y, segundo, que haya alguien que lo esté administrando y le haga seguimiento. Para una persona que quiera aportar sin armar una gran estructura, me parece interesante invertir en un fondo así; hace un aporte con un proceso articulado.

(Socio fundador de empresa)

4.2. Proceso de intercambio y resultados obtenidos

El total de los entrevistados afirma realizar aportes filantrópicos y su percepción es que se trata de una práctica generalizada a nivel del grupo empresarial.

En el proceso de intercambio, el estudio caracteriza su práctica buscando elementos que permitan identificar el nivel de compromiso y de interiorización como parte sustantiva del desarrollo empresarial o familiar. Para ello se busca determinar:

1) El compromiso a nivel familiar a través del involucramiento de miembros de la familia en la toma de decisiones de los aportes —o la creación de fundaciones familiares—, además de la disposición a donar parte de la herencia.

2) El involucramiento personal directo en la toma de decisiones respecto de los aportes, y la realización de aportes no financieros (como participación en gobierno corporativo en organizaciones de la sociedad civil).

3) La disposición al reconocimiento público, ya que genera un efecto entre pares y en la opinión pública.

En el análisis del proceso de intercambio se buscó también identificar variables relacionadas con una práctica estratégica, que logra que los aportes sean incidentes en el desarrollo social. Estas variables se refieren a:

1) Identificación de un foco de destino de los recursos, lo que si bien no permite asumir que se ha hecho investigación de campo o se ha elaborado una teoría de cambio, es un paso inicial para ese proceso.

2) Institucionalización de protocolos o estructuras en los canales que se utilizan para realizar los aportes sociales, lo que permite inferir cuán sistemática es la práctica de donaciones.

3) Sistema de definición de presupuesto filantrópico, variables para la toma de decisiones y rango de montos.

4) Medición de resultados y de impacto para conocer el efecto real de la transformación lograda por las donaciones, más allá del reporte de cumplimiento de actividades y de utilización de recursos.

4.2.1. Percepción sobre sus pares

Si bien el total de los entrevistados afirma realizar aportes filantrópicos, consultados respecto de sus pares, el 58,5 por ciento de ellos afirma que es una práctica generalizada entre los empresarios hacer aportes sociales (gráfico 9).

Aunque las respuestas se basan en el conocimiento de su círculo social, como explícitamente lo mencionan los entrevistados, también destaca el hecho de que no siempre es de conocimiento público:

Es una práctica mucho más habitual de esta segunda generación que de la generación anterior que generó las “lucas”. Puede ser porque antes había mucho menos plata en este país, lo que indudablemente influye.

(Presidente de empresa, director de fundación familiar)

Gráfico 9. EN SU VISIÓN, ¿CUÁN GENERALIZADA ES LA PRÁCTICA DE REALIZAR APORTES SOCIALES FILANTRÓPICOS POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS CHILENOS?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Se dona más de lo que se sabe, bastante más, pero con los incentivos correctos, esto podría ser aún más relevante.

(Presidente de empresa, director de fundación familiar)

Por otra parte, existe la percepción entre los empresarios de que los aportes no se realizan de forma estratégica (es decir, no habría medición de resultados o análisis previo de la institución beneficiaria) y, al mismo tiempo, de que los montos involucrados son poco relevantes respecto del tamaño de los patrimonios:

En Chile se picotea. Te llama el cura de la fundación X pero nadie se mete a ver si la fundación X está bien administrada. Es la plata más el involucramiento lo que hace falta. Cuando el mundo empresarial se involucra en organizaciones sociales hace la diferencia. Pensar que el donante no solo dé aportes, sino que también involucre a ejecutivos en la administración podría hacer una gran diferencia. Y eso no es para nada generalizado (...). Diría que hay una práctica generalizada, pero no en los montos que debieran ser para el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Tampoco es una práctica sistemática. La idea de la filantropía en Chile debiera avanzar hacia una práctica en los family offices, donde en el manejo del patrimonio estén evaluándose los montos filantrópicos al igual que el resto de las inversiones.

(Miembro de directorio familiar, presidente de fundación)

La visión de los empresarios contrasta con la percepción que tiene la ciudadanía. Según el Estudio de Opinión Pública de Donaciones Empresariales[31] (CEFIS UAI 2015), las donaciones de las personas se perciben más altas que las de las empresas y la de los empresarios, aportes que más del 50 por ciento de los encuestados percibe como bajas o muy bajas (gráfico 10).

Gráfico 10. PERCEPCIÓN PÚBLICA DE DONACIONES. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE USTED MANEJA, ¿HOY LAS DONACIONES QUE HACEN LAS PERSONAS / LOS EMPRESARIOS / LAS EMPRESAS PARA AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS SOCIALES EN CHILE SON…?

Fuente: Estudio de Opinión Pública de Donaciones Empresariales (CEFIS UAI 2015).

4.2.2. Involucramiento de la familia, herencia y participación directa

En Chile, entre los años 2004 y 2012, las empresas controladas por familias representaron el 56% del total de las empresas abiertas en la Bolsa de Santiago (Durán 2015). La familia constituye un factor relevante en el mundo empresarial chileno, pero no sólo en el desarrollo de negocios sino también en los aportes filantrópicos. De hecho, la generosidad —vinculada a acciones de tipo altruista— es un valor exclusivo de las empresas de propiedad familiar (Ceja et al. 2010, 18).

Entre los entrevistados, el 80 por ciento afirma tener o estar vinculado a una empresa familiar, el 95 por ciento está casado y el 96 por ciento tiene al menos un hijo. En los ámbitos de los aportes sociales, la familia cumple un rol fundamental en la motivación y proceso de toma de decisiones. Como se señaló anteriormente, la tradición familiar es el segundo factor de motivación para realizar aportes sociales. Mientras el total de los entrevistados afirma estar involucrado personalmente en la toma de decisiones de los aportes, sólo el 28,6 por ciento lo hace individualmente, mientras que el 51 por ciento dice participar al incluir a algún familiar, sea cónyuge, hijos, hermanos o padres (gráfico 11).

En el contexto familiar, existe una creciente incorporación de los hijos en los aportes sociales y una consciencia transversal sobre el rol de este instrumento como vehículo para facilitar o fortalecer vínculos familiares. El 46 por ciento de los empresarios declara que sí ha incorporado a sus hijos —aunque la profundidad del involucramiento varía de un mero “están informados” a una participación en una estructura formal como una fundación familiar—, mientras que el 20 por ciento señala estar en proceso de incorporarlos. El 34 por ciento de los entrevistados cuenta con una fundación familiar, y en tres ocasiones señalaron que la creación de esta estructura filantrópica había sido parte de una estrategia ex profeso para incorporar a nuevas generaciones (menores de 35 años) en la formación de los valores familiares y el fortalecimiento de vínculos intergeneracionales. Por ejemplo:

Gráfico 11. ¿CON QUIÉN TOMA SUS DECISIONES ACERCA DE SUS APORTEs sociales?

Nota: El 20 por ciento de los entrevistados señaló dos tipos de personas con las que toma sus decisiones. Los porcentajes se calculan sobre el total de respuestas.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Creo que la principal ventaja de tener nuestra fundación ha sido familiar, porque participan todos los hijos y es una instancia muy enriquecedora para juntarse y no hablar de las empresas, sino para hablar de cómo dar.

(Director de empresas, líder de fundación familiar)

Donar como parte de la herencia es otro factor que históricamente en Chile —y a nivel comparado— se ha convertido en instrumento de construcción de legados relevantes en el ámbito social, cultural o educacional. Los entrevistados manifiestan distintos grados de disposición a donar su herencia (gráfico 12).

Las trabas que mencionan aquellos que han considerado donar su herencia se relacionan con la falta de un contexto tributario y legal que facilite el proceso de donación, la reducida libre disponibilidad del patrimonio a legar —con menciones críticas a la legislación vigente en Chile que regula la disposición de la herencia— y con la carencia de instituciones confiables para administrar la donación.

Gráfico 12. ¿HA CONSIDERADO DONAR A FINES SOCIALES EN SU HERENCIA?

Nota: Por escasez de tiempo, esta pregunta se aplicó al 88 por ciento de la muestra. Los porcentajes se calculan sobre el total de entrevistados a los cuales sí se les formuló la pregunta.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Creo que hay que revisar la ley de herencia. En los orígenes esta ley buscaba proteger al grupo familiar. Cuando se hizo esta ley, Chile era extremadamente pobre y no había las fortunas que hay hoy. Creo que hay que actualizarla, dejar la misma ley para patrimonios inferiores a determinado monto, pero para la gente que tiene varios millones de dólares, debiera existir un mayor grado de libertad. ¿Por qué esa persona no puede dejar su herencia donde le dé la gana? Es un tema de debate de un país que ha progresado, que es próspero, que tiene fortuna. Es parte de la libertad de las personas.

(Socio fundador de empresa)

Por otra parte, los recursos que los empresarios identifican como aportes sociales relevantes no sólo se relacionan con financiamiento, sino también con transferencia de capacidades en términos de gestión. El 66 por ciento de los entrevistados señala realizar aportes no financieros a través de la participación en directorios de fundaciones propias, de terceros o de la sociedad civil; en algunos casos, en más de una entidad.

4.2.3. Anonimato versus reconocimiento

En países como Estados Unidos, donde la filantropía y los aportes sociales representa el 2 por ciento del PIB y los aportes financieros o en trabajo voluntario son una práctica cultural generalizada, el reconocimiento público —o la emulación colectiva de la práctica filantrópica (Sorman 2014, 93)— constituye uno de los ejes de la masa crítica sobre el cual se basa un ecosistema que incita a una práctica generalizada de donaciones sociales. En Chile, la tendencia al anonimato ha sido una práctica común, de raíces históricas y religiosas (Rivera 2010, 37), una práctica que mantiene el 36,6 por ciento de los entrevistados (gráfico 13).

Las razones que señalan los empresarios que optan por el anonimato son diversas, pero sólo uno menciona razones religiosas, mientras que el resto apela a la idiosincrasia local, la formación familiar o evitar el resentimiento de familiares lejanos. Por ejemplo:

Esto tiene una raíz cultural católica del pasado. A nadie le gusta figurar porque a uno después lo marcan con el dedo que es caritativo y se portó mal en esa otra cuestión.

(Socio fundador de empresa)

Yo opto por el anonimato. ¿Por qué? Porque es una especie de pudor a que la gente interprete que me estoy comprando una imagen.

(Socio fundador de empresa)

Gráfico 13. RESPECTO DE LA DIFUSIÓN O RECONOCIMIENTO TRAS SUS APORTES SOCIALES, ¿USTED OPTA POR...?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Sin embargo, el 58,6 por ciento de los entrevistados admite estar dispuesto a algún tipo de reconocimiento, ya sea de bajo perfil, a nombre de las empresas o bien a título familiar o individual. Entre este grupo se reconoce una cierta “necesidad” de difusión, ya sea asociada a legitimación social o, bien, en busca de un efecto de influencia sobre sus pares, como sucede en países anglosajones:

Tiene sus bemoles y costos tremendos, pero hay que involucrarse y dar a conocer que uno está participando, en forma cuidadosa, sin andar pontificando. Pero sólo así se genera confianza.

(Director de empresas, presidente de fundación)

4.2.4. Foco de destino de los aportes filantrópicos

Los empresarios manifiestan claridad respecto de sus ámbitos de interés en términos sociales: todos los entrevistados cuentan con al menos un ámbito de necesidad social ya definido al cual entregan sus aportes sociales. Sin embargo, el grado de profundidad con que esta definición enmarca sus aportes sociales es variable, y se visualiza más sistemático entre aquellos que cuentan con una estructura formalizada (como fundaciones).

La educación y la salud históricamente han sido áreas donde la iniciativa filantrópica ha sido relevante en la provisión de servicios a poblaciones en condición vulnerable. Los dos ámbitos, pero en especial la educación, siguen ocupando un espacio fundamental en las prioridades de los empresarios para destinar sus donaciones (gráfico 14).

Gráfico 14. PRINCIPALES FOCOS O ÁMBITOS DE DESTINO DE LOS APORTES DE LOS EMPRESARIOS

Nota: El 58 por ciento de los entrevistados señaló solo un ámbito, mientras que el 17 por ciento señaló dos ámbitos, el 20 por ciento tres ámbitos y el 5 cuatro ámbitos. Los porcentajes de cada ámbito se calculan sobre el total de respuestas.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

La educación escolar y preescolar (28,6 por ciento) y la cultura (15,7 por ciento) son los ámbitos prioritarios de destino de los aportes sociales de los empresarios, prioridades que difieren de la opinión de la ciudadanía.[32] Sin embargo, un tercio de los aportantes a cultura señala que ésa es un área de relevancia en tanto aporta a la formación de las personas, es decir, en relación con la educación. Si se suma a ello el aporte a universidades en becas o infraestructura universitaria[33] (11,4 por ciento), el ámbito educacional-cultural en su conjunto constituye el foco principal de los aportes de los empresarios:

Es difícil separar educación de cultura. Se dice que un país es más culto cuando es más educado. Finalmente tiene que ver con que la educación apunta a tus primeros años de aprendizaje y la cultura es aprendizaje de toda tu vida. Y nosotros buscamos establecer un cambio conductual en personas que creemos que podemos agregarles valor a sus habilidades y competencias durante sus primeros años de vida.

(Director de empresa, preside fundación familiar)

Creo que este país tiene una carencia de educación muy grande, principalmente en el acceso a la educación de calidad como la puede tener un niño en un colegio privado: si naciste en La Dehesa tu vida está asegurada y si naciste en La Pincoya estás bien jodido y eso nadie lo ha solucionado. Yo he tratado de aportar en eso.

(Director de empresas)

Áreas que recientemente han adquirido relevancia social, como la innovación y el emprendimiento, las políticas públicas y la investigación, aparecen también entre las prioridades de destino de los aportes al desarrollo del país. Por otra parte, uno de los menores índices corresponde al aporte a comunidades religiosas (4,3 por ciento), pese a que el 90 por ciento declara profesar una religión y varios entrevistados mencionan participar en organizaciones dirigidas por sacerdotes católicos a través de aportes financieros o en sus directorios. Asimismo, los ámbitos que no aparecen mencionados son aquellos relacionados con los denominados derechos civiles como tampoco la conservación medioambiental, ámbitos donde la actuación de fundaciones filantrópicas internacionales ha sido especialmente relevante en Chile.

4.2.5. Estructuras y canales de aportes

Existe una diversidad de visiones respecto de los mejores canales para realizar los aportes sociales de los empresarios. El 15 por ciento de los empresarios realiza aportes en tres niveles en forma paralela: a) aportes directos a organizaciones, emprendedores sociales o fondos de inversión social; b) participa o lidera una fundación familiar o con terceros; y c) cuenta con sistemas de aportes sociales en las empresas en las cuales participa en la propiedad (gráfico 15).

Gráfico 15. CANALES PRINCIPALES UTILIZADOS PARA LOS APORTES FILANTRÓPICOS

Nota: El 32 por ciento de la muestra señaló un solo canal, mientras que el 54 indicó dos canales y el 15, tres canales principales para la realización de sus aportes sociales. Se calcula sobre el total de entrevistados, por lo que suma más de 100 por ciento.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Las empresas son el canal más extendido de aportes sociales, una realidad compartida a nivel latinoamericano, donde se detecta una distinción poco precisa entre filantropía privada y corporativa (HICS y UBS 2015, 26). Los empresarios chilenos señalan distintos grados de institucionalización de sus aportes corporativos: el 25 por ciento dice que en sus empresas existe un protocolo o sistema formal que involucra al directorio o a la gerencia y otro 25 por ciento tiene una fundación relacionada con la empresa. Por ejemplo:

La ventaja de tener una fundación es tener un foco, colocar gente que está en la administración de la empresa y que tiene conocimiento y maneja bien los recursos. Les da a ellos una motivación social adicional al trabajo que realizan.

(Socio fundador, en proceso de crear fundación corporativa)

No tenemos fundación propia en la empresa. Se discutió y se decidió apoyar a otras instituciones ya existentes. Habiendo fundaciones que saben hacer su pega, nosotros podemos aportar como empresa al trabajo que ellos saben hacer.

(Director de empresa)

Es relevante la tasa de institucionalización de los aportes sociales a nivel personal y familiar: el 51 por ciento de los entrevistados está involucrado en una fundación propia, familiar o con terceros. Entre las ventajas de contar con una estructura de este tipo, señalan un mejor control del destino de los recursos, la focalización, mirada de largo plazo y gestión profesional, además de ser una vía que facilita la incorporación de las nuevas generaciones en el caso de las fundaciones ligadas a familias empresarias:

Nosotros hicimos nuestra fundación principalmente para ordenar los recursos, si no sería un despelote. Por la ley era súper complicado hacer donaciones, pero con una fundación tienes mucha más libertad para entregarle a la gente. Además, le pusimos más estructura, un equipo y todo ello te ayuda a formalizar una serie de procesos. Entonces, cuando tienes una fundación, tienes más posibilidades de que las lucas sean bien canalizadas.

(Presidente de directorio, participa en fundación familiar)

Sin embargo, entre aquellos que no cuentan con una fundación predomina la idea de que éstas requieren de estructuras burocráticas y sólo se justifica en caso de montos altos:

¿Por qué no crear una fundación dentro de la familia como la nuestra? Es imposible. No son montos que justifiquen una fundación. Tendría que hacer una administración, balances, mandar la información a los ministerios de Economía y de Justicia. ¿Para qué? ¿Qué ganaría respecto de lo que ya hacemos y funciona?

(Director de empresas)

4.2.6. Presupuesto filantrópico

La confianza en el líder y en la organización, el profesionalismo de la gestión, la sustentabilidad de los proyectos y el reporte de resultados obtenidos son las principales variables que los empresarios señalan tener en consideración a la hora de decidir la entrega de un aporte a solicitudes de organizaciones sociales.

Sin embargo, la decisión respecto del monto global destinado a aportes con fines sociales se toma en base a una amplia diversidad de variables (ver gráfico 16).

Existe una renuencia a revelar el presupuesto destinado a aportes sociales. Ante la pregunta por el monto de los aportes (rango promedio de los últimos tres años), los entrevistados revelan distintos tipos de cifras: presupuesto anual de la fundación (lo que incluye en algunos casos también ingresos propios, además de las donaciones), donaciones personales o familiares anuales, o cifra de un aporte significativo a un proyecto específico de una sola vez (por ejemplo, destinado a un endowment o la construcción de infraestructura), o bien aportes a nivel de empresa, cuando éste es el principal canal de distribución de los aportes (gráfico 17).

Gráfico 16. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFINICIÓN DEL MONTO DE LOS APORTES

Nota: El 22 por ciento de los entrevistados indicó dos factores; el 2 por ciento tres factores. Este planteamiento no se aplicó por falta de tiempo al 5 por ciento de los entrevistados. Los porcentajes se calculan sobre el total de respuestas.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Si bien el 22 por ciento de los entrevistados no reveló rango de montos específicos, es posible inferir que aquellos que estuvieron dispuestos a revelarlos y a la vez cuentan con una fundación invierten montos mayores que aquellos que lo hacen a nivel personal o de empresa sin una estructura formal filantrópica (gráfico 18):

El monto está marcado por el tope que nos permite la ley a nivel de empresas, pero también influye la calidad del proyecto y la inversión respecto del gasto corriente involucrado en nuestra fundación familiar. Ese gasto tiene que ser sustentable en el tiempo. Acá, en la empresa, puede haber años malos y no puede estar en riesgo la continuidad de la fundación.

(Presidente de directorio de empresa, participa en fundación familiar)

Gráfico 17. EMPRESARIOS QUE REVELAN MONTOS DE APORTES SOCIALES

Nota: El 10 por ciento de los entrevistados reveló más de un origen de monto de aportes (monto que entrega a nivel de empresa y fundación familiar o bien monto y porcentajes de utilidades de la empresa). Los porcentajes de respuestas se calculan sobre el total de entrevistados, por lo que suman más de 100 por ciento

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Gráfico 18. CUÁL ES EL MONTO ANUAL PROMEDIO QUE HA DESTINADO A APORTES SOCIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS?

Nota: Las respuestas se calculan sobre el subgrupo de entrevistados que reveló algún tipo de monto, esto es el 76 por ciento del total de los entrevistados. Se excluye de este subgrupo a aquellos que entregaron un porcentaje, pero no un monto. El 2 por ciento de los entrevistados reveló montos a nivel empresa y a nivel de fundación familiar.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Destaca el 12,2 por ciento de empresarios que señala tener predefinido un porcentaje anual de sus ingresos:

Tengo una idea de lo que estoy dispuesto a dar y los ingresos del año. Lo defino así: un monto al año, que es el 10 por ciento de los ingresos anuales que tengo, un número que creo que es alto.

(Director de empresas, participa en fundación con terceros)

4.2.7. Evaluación de resultados y medición de impacto

Conocer si realmente los montos invertidos están cumpliendo su objetivo, transformando la vida de una persona o una comunidad, requiere un sistema de medición de resultados e impacto que vaya más allá del cumplimiento de actividades, una práctica incorporada en las corrientes de filantropía estratégica y especialmente vinculada al “filantrocapitalismo” (Bishop y Green 2009, 18), propias del perfil de filántropos-empresarios que utilizan el enfoque de management en sus donaciones. En una lógica de recursos insuficientes para los objetivos de cambio social definidos, este tipo de práctica no sólo permite optimizar lo invertido, sino también analizar cuánto de ello llega efectivamente al beneficiario final. Ello se realiza a través de mecanismos de medición de resultados que permiten determinar variables de costo por retorno social (SROI en su sigla en inglés). Los mecanismos de medición de resultados también facilitan al donante una evaluación ex ante frente a un proyecto o entidad, no sólo respecto a su eficiencia administrativa, sino también respecto de su capacidad para lograr efectivamente el objetivo o cambio final preestablecido según experiencias anteriores propias o de terceros. Sin embargo, en el ámbito local, ni la práctica de las mediciones de resultado ni la conciencia de su relevancia aparecen muy generalizadas (gráfico 19).

El subgrupo que sólo hace seguimiento de actividades desecha otro nivel de estudios más profundos, debido al costo asociado o por estar en desacuerdo con esta práctica:

Nosotros exigimos entregar resultados numéricos y planes de trabajo. Si no hay feedback de eso se corta la línea de acción. Pero no he visto evaluación de impacto y discrepo en la esencia en eso, porque no hay que esperar retribución.

(Presidente de directorio de empresa)

Gráfico 19. AL REALIZAR APORTES SOCIALES, ¿HA SOLICITADO ESTUDIOS QUE MIDAN EL IMPACTO REAL DEL PROYECTO O INSTITUCIÓN BENEFICIADA?

Fuente: CEFIS UAI 2015.

Sin embargo, aquellos empresarios que tienen una fundación propia o familiar han incorporado con mayor énfasis sistemas de medición de resultados, ya sea a través de reportes según resultados directos (ejemplo, variación en el Simce en proyectos educacionales o cantidad de prestaciones de salud versus costo) o bien a través de contratación de estudios de rentabilidad social con expertos:

Para mí, éste es el gran tema. Es fácil mirarse el ombligo, qué bonitas exposiciones, llegan 30 mil personas. ¿Es mucho o poco? ¿Vale la pena o no? ¿Qué pasa si, en vez de a nuestra fundación, le entregamos los recursos a la fundación X? No tenemos esa evaluación y eso es una preocupación. ¿Qué valor le estamos dando a este aporte que estamos haciendo?

(Presidente de directorio, preside fundación familiar)

Queremos tener el mayor impacto y de la mejor forma, dados los recursos que estamos involucrando. Cualquier actividad social en ese sentido tiene parámetros distintos, pero a nosotros nos interesa que esto tenga visión de largo plazo y cambiar la vida a las personas. Para eso hay que medir el impacto, y si algo no funciona, ajustarlo. Esto tiene que de alguna manera cambiar la vida de las personas.

(Presidente de directorio, participa en fundación familiar)

4.3. El marco institucional: los incentivos tributarios a las donaciones

En Chile, a partir de la década de 1990 se legisló respecto de una serie de incentivos tributarios que se concentraron, primero, en las donaciones destinadas a organizaciones sin fines de lucro, con objetivos culturales y educacionales (escolar y universitario). Con el tiempo, estos incentivos se ampliaron a organizaciones relacionadas con la pobreza y la discapacidad y el ámbito deportivo, y más tarde se amplió el tipo de contribuyente que puede obtener beneficios por sus donaciones.[34] Estos incentivos han significado un impulso relevante para el desarrollo de las organizaciones sin fines de lucro, al estimular las donaciones por parte de privados. También han sido un factor articulador de lo que la literatura denomina “economía de la caridad”, modelando el costo que las donaciones tienen efectivamente para el donante (Irarrázaval y Guzmán 2000, 14).

En ese sentido, han existido diversas iniciativas legales que proponen unificar el sistema. Como señala el mensaje del proyecto de ley que crea un régimen unificado para los beneficios tributarios por donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro, ingresado al Congreso Nacional el 6 de marzo de 2014 (Boletín número 9266-05), “la gran diversidad de normativas existentes y el aislamiento en el que cada una de ellas fue concebida, ha derivado en una legislación fragmentada, dispersa, heterogénea y poco coordinada. Esto presenta naturalmente dificultades a potenciales donantes y donatarios para operar con estos mecanismos, atenta contra la transparencia de los mismos y deja espacios abiertos para irregularidades en su utilización. También da lugar a arbitraje por parte de los donantes, quienes terminan usando el régimen más simple o aquel que les reporta mayores beneficios”.

Si bien los incentivos tributarios no aparecen mencionados entre los factores motivacionales que mencionan los empresarios para realizar aportes filantrópicos, el 32 por ciento de ellos señala que los incentivos tributarios son relevantes en el proceso de intercambio entre donante y donatario, ya sea como factor de decisión respecto del monto máximo de los aportes financieros o para definir el apoyo a un determinado proyecto sobre otro. Aquellos que no lo consideran del todo determinantes en el proceso de toma de decisiones aducen razones relacionadas con una visión crítica del uso del sistema, más que con la irrelevancia de los incentivos:

Son varias leyes distintas, complejas y entonces hay que hacer toda una ingeniería. En vez de facilitar, acá todo es complicado. Las empresas que tienen más recursos destinan más plata, lo que está mal porque son sólo una parte y son muchas más las empresas que pueden colaborar.

(Presidente de directorio, líder grupo empresarial, participa en fundación)

Las personas naturales no aportan hoy porque tienen temores. Cuando he aportado como persona no lo hago contra impuestos, lo hago personal, porque cada vez que aportas te retienen la declaración de impuestos.

(Socio fundador de empresa)

Esta visión crítica del sistema es extendida entre los empresarios. Sus falencias se señalan como una traba para el escalamiento de donaciones (gráfico 20).

Gráfico 20. OPINIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS DONACIONES

*= Este ítem se relaciona con ausencia de incentivos relevantes y útiles para donaciones de personas naturales, endowments y/o fondos de inversión social.

Nota: El 24 por ciento de los entrevistados señaló dos opiniones. Los porcentajes se calculan sobre el total de respuestas.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

El 25,5 por ciento de respuestas referidas a la falta de otros incentivos se relaciona con beneficios para personas naturales, fundaciones familiares, endowments o fondos de inversión social. Por otra parte, el 12 por ciento de los entrevistados mencionó la necesidad de definir incentivos a las donaciones para las sociedades de inversión:

Habría un gran cambio si a las personas naturales se les diera un beneficio relevante en las donaciones respecto de los impuestos que ellas pagan. Cuando una persona dona, tiene un impuesto a la donación que, en la práctica, significa reemplazar el impuesto a la herencia. (...) Si tuviéramos una buena ley de donaciones para estimularlas, sería genial. Es lo que hay en Estados Unidos, donde todos tienen fundaciones y puedes disponer de los bienes en vida y que perduren a través de los trusts, que no tenemos acá. Se podría desarrollar aquí una buena ley de donaciones, tanto para las empresas como para las personas.

(Director de empresas)

Las legislaciones que regulan los incentivos tributarios para fines deportivos, sociales, culturales, universitarios y establecimientos educacionales municipalizados contemplan beneficios, tanto para contribuyentes de primera categoría (empresas) como para contribuyentes de global complementario (personas). Sin embargo, la visión de los empresarios es que las personas carecen de incentivos suficientes[35] y debiera fortalecerse su participación en el sistema de donaciones (gráfico 21).[36] Hay que considerar que si bien el incentivo para todos los contribuyentes está limitado respecto del alcance de los montos a donar (por el Art. 10 de la Ley n.º 19.885 que incentiva y norma el buen uso de donaciones), esta restricción parece mayor para los contribuyentes individuales. Mientras las empresas pueden acoger a incentivos las donaciones hasta el 5 por ciento de la renta líquida imponible, para los contribuyentes del impuesto global complementario y para los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría se aplica cada año un límite global absoluto equivalente al 20 por ciento de la renta imponible o a 320 unidades tributarias mensuales, si este monto fuera inferior a dicho porcentaje.

Esta visión generalizada respecto de la necesidad de ampliar y fortalecer los incentivos para la participación de personas en donaciones filantrópicas se da en sintonía con aquella visión que señala que las empresas realizan inversiones sociales con lógica transaccional (reputación u otros fines relacionados con la sustentabilidad del negocio):

Los incentivos debieran estar más enfocados en las personas y sus sociedades de inversión y fundaciones familiares, no en las empresas. Éstas debieran tener otro tipo de incentivos. Dado que la RSE son acciones necesarias para mejorar el valor de la empresa, entonces debiera ser un gasto como cualquier otro. Es decir, al no tener incentivos tributarios específicos debieran aceptarse como gasto. Pero en Chile es todo al revés. Las empresas tienen incentivos y las personas no.

(Presidente de directorio, líder de grupo empresarial y de fundación)

Debieran cambiar los beneficios tributarios para las personas. Las empresas están bien, pero si uno dona plata no aparece en tu pago de impuestos. Es muy caro dar como persona natural. Una ley única sería más fácil en ese sentido. De todas maneras hay que buscar el típico equilibrio, que sea útil y que sea bueno, y que no se preste para abusos. Habría un gran cambio si a las personas naturales se les diera un beneficio relevante respecto de los impuestos que ellas pagan en las donaciones.

(Gerente general de empresa)

Gráfico 21. ¿CREE USTED QUE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA DONAR CON FINES SOCIALES DEBIERAN ESTAR MÁS ENFOCADOS EN LAS EMPRESAS, LAS PERSONAS, O EN AMBAS?

Nota: Por problemas de tiempo, esta pregunta se aplicó al 90 por ciento de los encuestados. Los porcentajes se calculan sobre el total de entrevistados a los que sí se les aplicó la pregunta.

Fuente: CEFIS UAI 2015.

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo analiza el fenómeno filantrópico desde la visión de los empresarios chilenos, abordando una visión mutidimensional del concepto e inquiriendo sobre la percepción y práctica de sus aportes sociales en el ámbito de las motivaciones, las intenciones, los beneficiarios, el proceso de intercambio, los resultados obtenidos, y un ámbito específico del marco institucional (los incentivos tributarios). El estudio entrega información relevante a ser considerada para una estimación del potencial de crecimiento del fenómeno en Chile, que debe integrar otros factores de índole económica. También identifica ámbitos institucionales necesarios a considerar a la hora de impulsar su desarrollo. Con todo, tiene las limitaciones propias de un estudio inicial, que requiere profundizar en los respectivos temas que emergen en la práctica filantrópica, tanto a nivel del universo abordado como con otras fuentes documentales que permitan corroborar la praxis del empresariado en este ámbito.

Los resultados permiten identificar, en primer lugar, ciertos patrones indicadores de la relevancia que la filantropía tiene para los empresarios, especialmente en las dimensiones relacionadas con las motivaciones e intenciones. Ambas dimensiones se manifiestan en este estudio relacionadas mayoritariamente con el deber moral y la tradición familiar. En el señalado rechazo a identificarse con el concepto de caridad se vislumbra una aversión a una donación reactiva y una disposición a un mayor involucramiento en ciertos ámbitos de aportes sociales. El estudio permite identificar una correlación entre mayor formalización de la estructura de donación y mayores presupuestos destinados a fines filantrópicos, así como mayor implementación de sistemas de medición de resultados, correlación que una investigación sobre filantropía institucional permitiría explicar en mayor profundidad. En la misma línea, colaboraría la existencia de una agencia pública que unificara los registros de donantes y donatarios y los montos involucrados con distintos fines, generando no sólo material de investigación, sino también prácticas de transparencia y buen uso.

En el ámbito de los beneficiarios, el estudio identifica una carencia en la percepción del nivel profesional de los donatarios y, sin embargo, una positiva percepción de la figura del emprendedor social. La literatura ha identificado una relación positiva entre reputación de las organizaciones sin fines de lucro y confianza y disposición a donar de los donantes, reconociendo la relevancia que las estrategias de comunicaciones tienen en los donantes de alto patrimonio (Torres-Moraga et al. 2010, 171-172), análisis que debiesen incorporar los donatarios entre sus ámbitos de gestión.

La familia empresaria no sólo cumple un rol en el ámbito de la motivación, sino también en el proceso de intercambio. En este ámbito, la práctica filantrópica de los empresarios es aún incipiente si se evalúa según los componentes básicos de la corriente filantrópica estratégica; esto es, la definición clara de objetivos, diseño de estrategias en base a información y a datos, rendición periódica de cuentas y evaluaciones rigurosas. Una de las carencias que evidencia este estudio es que la búsqueda de información en base a datos objetivos para la toma de decisiones respecto de los aportes es poco extendida entre el empresariado chileno, especialmente en el ámbito de evaluación de resultados intermedios (outcomes) y de impacto. De hecho, la evaluación de impacto y su difusión para generar y compartir conocimiento son temas emergentes dentro del mundo fundacional, pero aún varios de sus actores lo ven como un ámbito que compite con los recursos destinados a los proyectos y a los beneficiarios (Villar 2015, 128). Sin embargo, es importante tener en consideración que la demostración del impacto filantrópico se ha señalado como piedra fundamental para legitimar la filantropía a nivel de gobierno y sociedad e incrementar su práctica a través de nuevos participantes (HICS y UBS 2015, 51).

En segundo lugar, la visión crítica que manifiesta un subgrupo de empresarios respecto de donaciones a través del canal empresarial hace necesario analizar con mayor profundidad los alcances de las prácticas de filantropía corporativa en el ecosistema local. Se requiere también un análisis crítico respecto de las prácticas y exigencias de retorno de la inversión y la pérdida de centralidad de la solidaridad como valor guía en las estrategias de inversión social privada (Villar 2015, 70). Asimismo, se ha identificado un impacto positivo de la práctica de transparencia en la legitimación de fundaciones empresariales ante stakeholders externos y la sociedad en general (Rey et al. 2012, 87). Ambos ámbitos —transparencia y motivación— son puntos de interés para investigar en el ámbito de la filantropía corporativa en el contexto chileno.

Por último, como una pieza del marco institucional, el sistema de incentivos a las donaciones existente en Chile es un instrumento sobre el cual los empresarios poseen una opinión crítica, y emerge como un punto relevante dentro de las carencias y trabas para la articulación de un ecosistema filantrópico fortalecido. Estos resultados sugieren que un cambio que tienda a la simplificación del sistema para los donantes contribuiría al escalamiento de los aportes filantrópicos. Sin embargo, surge la necesidad de un análisis en profundidad de las falencias del sistema vigente, del tipo de contribuyente a incorporar en los incentivos y de la utilidad de marcos legales para instrumentos de poco uso en Chile (trusts, endowments, community foundations), para que estos sean efectivos e incidentes en fortalecer el ecosistema y aumentar la cantidad de participantes, sea que se trate de empresas, familias o individuos en las distintas categorías de contribuyentes. Cualquier propuesta en este sentido debe tener en consideración la legitimidad social de estos instrumentos,[37] ya que la sociedad espera que el incentivo fiscal se traduzca en una creación de valor social que supere el costo de oportunidad que supone para las arcas públicas (Rey 2013b, 200).

La profesionalización tanto de donatarios como de los donantes, la investigación de este campo, el acceso a datos confiables para su análisis y la generación de conciencia del rol que tiene la filantropía en la cohesión social y en el fortalecimiento de la democracia son parte de los factores necesarios para articular un ecosistema de filantropía en Chile realmente incidente en el desarrollo económico y social. Este estudio contribuye desde el ámbito de uno de los actores del ecosistema, los empresarios, aportando un análisis de las múltiples dimensiones que influyen en su visión y práctica de la filantropía.

6. REFERENCIAS CITADAS

Berger, Gabriel, Nicolás Ducoté & Lorena Reiss. 2004. Filantropía individual en la Argentina. Estudio de opiniones, actitudes y comportamiento filantrópico de personas de alto patrimonio. Buenos Aires: Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Bishop, Mathew & Michael Green. 2009. Filantrocapitalismo. Cómo los ricos pueden cambiar el mundo. Buenos Aires: Tendencias Editores.

Ceja, Lucía, Remei Agulles & Josep Tàpies Lloret. 2010. “The importance of values in family-owned firms”. Working Paper 875. IESE Business School, Universidad de Navarra. http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0875-E.pdf.

CEFIS UAI - Centro Filantropía e Inversiones Sociales. 2015. “Estudio de Opinión Pública: percepción ciudadana de las donaciones sociales empresariales. Julio 2015”. Universidad Adolfo Ibáñez. www.escueladegobierno.uai.cl/centros/cefis/.

Chen, Jennifer C., Dennis M. Patten & Robin W. Roberts. 2008. “Corporate Charitable Contributions: A Corporate Social Performance or Legitimacy Strategy?” Journal of Business Ethics 82: 131-144. doi: 10.1007/s10551-007-9567-1.

Coatsworth, John H. 2008. “Movilizando tiempo y dinero: la filantropía y el déficit social en América Latina”. En Filantropía y cambio social en América Latina, editado por Cynthia Sanborn & Felipe Portocarrero. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico & David Rockefeller Center for Latin American Studies.

Credit, Suisse. 2014. Global Wealth Report 2014. Zurich: Research Institute. https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4.

Durán, Patricio. 2015. “Strategy and performance of family firms: An institutional embeddedness perspective”. PhD. dissertation. University of South Carolina.

Encuesta Nacional Bicentenario UC - Adimark. 2015. Centro de Políticas Públicas UC.

Fukuyama, Francis. 1996. Confianza. Buenos Aires: Editorial Atlántida.

Giving USA. 2014. The Annual Report on Philanthropy for the Year 2013 (executive summary). Chicago: Giving USA Foundation. www. givingusa.org.

HICS & UBS – Hauser Institute for Civil Society (Harvard University) & UBS Philanthropy Advisory. 2015. De la prosperidad al propósito. Perspectivas sobre la filantropía y la inversión social entre las personas de alto nivel patrimonial en América Latina. Zurich: Hauser Institute.

Irarrázaval, Ignacio & Julio Guzmán. 2000. “Incentivos tributarios para instituciones sin fines de lucro: análisis de la experiencia internacional”. Estudios Públicos 77: 203-272.

Irarrázaval, Ignacio & Julio Guzmán. 2008. “¿Mucho o muy poco? El rol de los incentivos tributarios en la promoción de la filantropía”. En Filantropía y cambio social en América Latina, editado por Sanborn & Portocarrero.

Irarrázaval, Ignacio, Eileen Hairel, Wojciech Sokolowski & Lester Salamon. 2006. “Estudio comparativo del sector sin fines de lucro – Chile”. Santiago de Chile: Johns Hopkins University, PNUD y Focus.

Kania, John, Mark Kramer & Patty Russel. 2014. “Strategic Philanthropy for a Complex World”. Stanford Social Innovation Review (summer): 26-37.

Machado, Felipe. 2010. “Fundaciones en Chile. Bases para una propuesta de cambio normativo”. Documento de trabajo, Centro de Políticas Públicas UC.

Noonan, Kathleen & Katherina Rosquetta. 2008. “‘I’m not Rockefeller’. 33 High Net Worth Philanthropist Discuss their Approach to Giving”. The Center for High Impact Philanthropy, School of Social Policy & Practice, Pennsylvania University.

OECD. 2014. Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators. OECD Publishing.

Ponce de León, Macarena. 2011. Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos & Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Porter, Michael & Michael Kramer. 2011. “Creating shared value”. Harvard Business Review (January-February): 3-18.

Putnam, Robert, 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Quick, Elaine, Toni Ann Kruse & Adam Pickering. 2014. Rules to Give By. A Global Philanthropy Legal Environment Index. Charities Aid Foundation, Nexus & McDermott Will & Emery LLP.

Rey, Marta. 2013a. “Filantropía y participación cívica en el albor del siglo XXI”. Revista ICE 872: 7-18. http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_872___42ADB6F8BDE04BAECA54825E166A6E1E.pdf.

———. 2013b. “Filantropía, familia, empresa: cómo convertirlas en un triángulo virtuoso”. En La suerte de dar, editado por Carmen Reviriego, 179-201. Barcelona: Plataforma Editorial. doi: 10.13140/2.1.1716.0480.

Rey, Marta, Javier Martin-Cavanna & Luis Ignacio Álvarez. 2012. “Assessing and Advancing Foundation Transparency: Corporate Foundations as a Case Study”. The Foundation Review 4 (3): 77-89. doi: 10.4087/foundationreview-d-12-00003.1.

Rivera, Matías. 2010. “A Comparative Study of individual Philanthropy in the U.S. and Chile”. Tesis de grado, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Rodin, Judith & Margot Brandenburg. 2014. The Power of Impact Investing. Putting Markets to Work for Profit and Global Good. Philadelphia: Wharton Digital Press.

Sanborn, Cynthia & Felipe Portocarrero. 2008. “Introducción”. En Filantropía y cambio social en América Latina, editado por Sanborn & Portocarrero.

Shavelson, Richard, Judith Hubner & George Stanton. 1976. “Self Concept: Validation of Construct Interpretation”. Review of Educational Research 46 (3): 407-441.

Sokolowski, S. Wojciech. 2012. “Effects of Government Support of Nonprofit Institutions on Aggregate Private Philanthropy: Evidence from 40 Countries”. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 24 (2): 359-381. doi: 10.1007/s11266-011-9258-5.

Sorman, Guy. 2014. El corazón americano. Ni el Estado, ni el mercado: la opción filantrópica. Barcelona: Editorial Debate.

Torres-Moraga, Eduardo, Arturo Vásquez-Parraga & Cristóbal Barra. 2010. “Antecedents of Donor Trust in an Emerging Charity Sector: The Role of Reputation, Familiarity, Opportunism and Communication”. Transylvanian Review Administrative Science 29E (February): 159-177.

Villar Gómez, Rodrigo, coord. 2015. Recursos privados para la transformación social: filantropía e inversión social privada en América Latina hoy: Argentina, Brasil, Colombia y México. Colombia: Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE), Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) & Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Anexo 1.

LISTA DE ENTREVISTADOS PARA ESTUDIO CEFIS UAI 2015

Juan Francisco Lecaros Menéndez, Nicola Schiess, Juan José Cueto, George Anastassiou, Nicolás Hurtado Vicuña, Eduardo Gras, Felipe del Río, Eduardo Fernández León, Paulo Bezanilla, Eduardo Muñoz, Jaime Said Handal, Felipe Briones, Luis Enrique Yarur, Sergio Icaza, Juan Manuel Santa Cruz, Carlo Solari, Juan Andrés Camus, Horacio Pavez, Roberto Izquierdo, José Cox, Patricia Matte, Paola Luksic, Jorge Marín, Heike Paulmann, Bruno Philippi, Fernando Larraín Peña, Ricardo Massú, José Said, Juan Manuel Casanueva, Catalina Saieh, Pablo Echeverría, Aníbal Montero, Pedro Donoso, Richard von Appen, José Antonio Garcés, Eliodoro Matte, Juan Obach, Sergio Cardone, Arturo Claro, Roberto Angelini y Alfonso Swett Opazo.

Anexo 2.

ESTRUCTURA CONTENIDOS DE CUESTIONARIO ESTUDIO CEFIS UAI 2015.

Percepción general

rol social de los empresarios

aportes sociales de las empresas

filantropía en Chile

filantropía y confianza

Dimensiones de los aportes sociales

motivación

toma de decisión: participación de terceros y/o hijos

sistema de canalización de aportes sociales y estructura /fundaciones/ empresas, ámbitos de inversión

autodefinición y reconocimiento público

percepción de beneficiarios: organizaciones sociales, emprendedores sociales, fondo de inversiones de impacto

medición de impacto

presupuesto filantrópico: definición, monto, proyección y herencia

Marco institucional

incentivos tributarios

Datos demográficos

Notas

14 Se incluyen las donaciones acogidas a los siguientes marcos legales: Art. 46° del Decreto Ley n.° 3.063, de 1979, para donaciones efectuadas a determinados establecimientos educacionales e instituciones traspasados a las municipalidades; Art. 31° n.° 7 de la ley sobre impuesto a la renta para donaciones efectuadas a programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, donaciones hechas a los Cuerpos de Bomberos de la República, al Fondo de Solidaridad Nacional, al Servicio Nacional de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales; Art. 3° de la Ley n.° 19.247, de 1993, para donaciones con fines educacionales; Art. 8° de la Ley n.° 18.985, de 1990, sustituida por la Ley n.º 20.675, de 2013, para donaciones con fines culturales; Ley n.º 19.885, de 2003, a instituciones que prestan servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas y del fondo mixto de apoyo social; Art. 62° y siguientes de la Ley n.° 19.712, de 2001, para donaciones con fines deportivos; Art. 69° de la Ley n.° 18.681, de 1987, para donaciones destinadas a universidades e institutos profesionales.

15 Según cifras de Global Wealth 2014, Boston Consulting Group, la cantidad de hogares millonarios en el mundo, es decir, con activos líquidos invertibles sobre un millón de dólares, alcanzó los 16,3 millones de hogares, un salto importante respecto de los 13,7 millones de 2012. Al mismo tiempo, el segmento de más de 100 millones de dólares en Chile está representado por 65 hogares, que poseen el 18 por ciento de la riqueza total del país, versus una participación promedio del 13 por ciento en América Latina.

16 Cifra aproximada: se calcula en base a montos de donaciones acogidas a las leyes señaladas en el gráfico 1 realizadas en el ejercicio tributario del año 2013 según datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos frente al Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año. Otras estimaciones han cifrado las donaciones en Chile en torno al 0,27 por ciento del PIB correspondiente al año 2005 (Rivera 2010). Estas estimaciones son parciales, ya que es posible que existan otras legislaciones con incentivos a las donaciones y otras donaciones que estos cálculos o el sistema no registran.

17 Se buscaba recoger el rol de las empresas respecto de los aportes sociales en situaciones en que el control es compartido con otros accionistas.

18 Grupos económicos que reportan a la SVS a mayo de 2014, ver en: http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-18651.html.

19 Ver Anexo 1 con listado de entrevistados.

20 En algunos casos, por problemas de tiempo, algunas preguntas no fueron aplicadas a los entrevistados (se señala el detalle en los resultados).

21 Participaron: Paula Doherty Johnson, senior research fellow Hauser Institute, Harvard University; Ignacio Briones, decano Escuela Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez; Ricardo González, coordinador de opinión pública, Centro Estudios Públicos; Jorge Larraín, empresario y académico; Armando Holzapfel, gerente Fundación Chile + Hoy; Mario Valdivia, empresario; Felipe Medina, miembro del comité de filantropía de Goldman Sachs y presidente del directorio de Give to Colombia.

22 En el caso de los entrevistados que lideran fundaciones personales, familiares o con terceros, se incorporó un anexo de siete preguntas específicas. Estructura del cuestionario en Anexo 2.

23 Los resultados recogen patrones y tendencias presentados en porcentajes que se complementan con una selección de comentarios de los empresarios recogidos durante las entrevistas.

24 Mientras la visión neoliberal señala que la empresa no debe invertir en necesidades sociales sino concentrarse en maximizar el valor para los accionistas, Porter y Kramer plantean que las necesidades sociales, y no sólo las económicas convencionales, son las que definen los mercados. El concepto de valor compartido va más allá de la retribución a la sociedad, y propone incorporar en las políticas y las prácticas operacionales de la empresa estrategias que se hagan cargo de las limitaciones de la sociedad (como, por ejemplo, las insuficiencias en educación), y en especial de sus stakeholders y el entorno donde operan, como parte de la estrategia de productividad y expansión de mercados.

25 Autoconcepto se entiende como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, la cual se basa directamente en sus experiencias en relación con los demás y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta (Shavelson, Hubner y Stanton 1976, 411).

26 Según la Encuesta Nacional Bicentenario, las personas que manifestaban tener mucha y bastante confianza hacia las empresas se redujo de 16 a 8 por ciento entre los años 2006 y 2015 (Universidad Católica y GFK Adimark 2015).

27 A nivel de la ciudadanía, el 60 por ciento de las personas estima que es positivo que los empresarios contribuyan con donaciones a áreas sociales como educación, salud pobreza o cultura; y el 65 por ciento señala que un aumento significativo de las donaciones a temas sociales mejoraría la imagen de los empresarios, mientras que el 27 por ciento afirma que no cambiaría nada su imagen pública y sólo el 4 por ciento dice que empeoraría su imagen (Estudio de Opinión Pública de Donaciones Empresariales, CEFIS UAI 2015)

28 Según información entregada por Sistema B (http://www.sistemab.org/), desde el año 2012 a marzo de 2015, se han certificado 76 organizaciones como empresa B en Chile y otras 750 están en proceso.

29 El concepto “inversiones de impacto”, acuñado en 2007, se refiere a instrumentos de inversión donde convergen valores y modelo de negocios, para aunar los objetivos sociales y medioambientales con la rentabilidad del capital (Rodin y Brandenburg 2014, 4).

30 El año 2010 se creó en Chile el primer Fondo de Inversión Social, dependiente de Ameris Capital, con un monto de 4,5 millones de dólares a diez años, con un retorno objetivo de UF + 2% anual y un aumento cuantificado del impacto social de los proyectos (que se mide usando la métrica internacional GIIRS).

31 Encuesta ciudadana de representación nacional (margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95 por ciento de confianza), realizada en julio de 2015 por el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (CEFIS UAI 2015).

32 Esta priorización contrasta con la percepción ciudadana recogida en Estudio de Opinión Pública de Donaciones Empresariales (CEFIS UAI 2015). Los ciudadanos priorizan como destino de las donaciones empresariales la salud y/o discapacidad (60 por ciento), la educación escolar y preescolar (51 por ciento), seguida por la superación de la pobreza (38 por ciento), innovación y emprendimiento (15 por ciento). Sólo en sexto lugar están las universidades (11 por ciento) y en séptimo y último lugar la cultura (8 por ciento).

33 Se separa aportes al ámbito escolar y preescolar del ámbito universitario, ya que cuentan con regulación de incentivos tributarios diferentes.

34 Se han identificado 58 disposiciones legales que contienen beneficios excepcionales para las donaciones, en su mayoría artículos aislados dentro de cuerpos legales de diversa materia. Para conocer las principales, ver nota 1.

35 Cabe destacar que la Ley de Donaciones con Fines Educacionales (Art. 3º de la Ley n.º 19.247) no contempla beneficios para contribuyentes del global complementario. El ámbito de la educación es uno de los principales focos de destino de las donaciones señalados por los entrevistados (ver gráfico 14).

36 Recordemos que en Estados Unidos los individuos representan el 72 por ciento de los donantes (Giving USA Report 2014).

37 Según el Estudio de Opinión Pública de Donaciones Empresariales (CEFIS UAI, 2015), el 43 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que una parte del monto donado por empresas o sus dueños a áreas sociales pueda ser descontada de impuestos. El 50 por ciento está en desacuerdo con ello.

CONFERENCIA

TOTALITARISMO, FILOSOFÍA Y BIOPOLÍTICA*

Simona Forti

Universidad del Piamonte Oriental

Simona Forti. Filósofa de la Universidad de Bolonia. Doctora en teoría política por la Universidad de Turín. Profesora de historia de la filosofía política en la Universidad de Piamonte Oriental. Ha publicado decenas de trabajos en torno a Hannah Arendt, la biopolítica y el totalitarismo. Email: simona.forti@uniupo.it.

* Esta conferencia es una versión depurada por Forti de la que dictó en el Centro de Estudios Públicos el 25 de noviembre de 2015. Se agradece la colaboración del profesor Gonzalo Bustamente y de la Universidad Adolfo Ibáñez en la gestión de esta visita. La traducción, desde el inglés, fue realizada por Cristóbal Santa Cruz.

Resumen: En esta conferencia dada en el Centro de Estudios Públicos, la filósofa política italiana revisa parte de la discusión histórica que se ha desarrollado en torno al concepto de totalitarismo, así como su vigencia para describir fenómenos actuales, ya que existe cierta tendencia a calificar como totalitaria a la ideología que sustenta el fundamentalismo islámico, aunque no existe la misma conciencia de las características totalitarias que podrían haber en determinados órdenes político-económicos, en mecanismos usuales de control biopolítico o en el mismo imaginario occidental de una salud perfecta.

Palabras clave: totalitarismo, biopolítica, nazismo, comunismo, neoliberalismo, utopía, modernidad, salud.

TOTALITARIANISM, PHILOSOPHY AND BIOPOLITICS

Abstract: In this lecture, given in Centro de Estudios Públicos, the Italian political philosopher reviews part of the historical argument that has existed around the concept of totalitarianism, as well as its validity for describing current phenomena, since there is a certain tendency to describe the ideology behind Islamic fundamentalism as totalitarian, but not so much awareness of the totalitarian characteristics that could exist in certain political-economic orders, in biopolitical control mechanisms, or in the Western collective imagination of perfect health.

Keywords: totalitarianism, biopolitical, Nazism, communism, neoliberalism, utopia, modernity, health.

1.

El concepto de totalitarismo, muy ligado a la tragedia de las dos guerras mundiales, es uno de los más erróneamente utilizados y polémicos en la jerga política. En términos muy generales, alude a un tipo de régimen extremado en su repudio de las libertades. Basándose en las semejanzas que supuestamente comparten el nazismo y el comunismo, en particular el estalinismo, el totalitarismo ha sido pensado como un régimen con ambiciones radicales. Sus principales objetivos serían gobernar sin restricción legal, oposición cívica, pluralismo organizado o multipartidismo político. A diferencia del autoritarismo, la opresión política totalitaria constituye una herramienta para remodelar la realidad humana. El carácter radical de sus propósitos llevó a los historiadores políticos a pensar que el totalitarismo, más que una versión extrema de la tiranía o del despotismo, representaba una nueva forma de gobierno.

El término, acuñado en 1923 por Giovanni Amendola, un tenaz opositor al fascismo de Mussolini, tiene una historia muy interesante. Rastreé la genealogía de la palabra y del concepto en uno de mis libros.[38] No volveré sobre los hitos que transformaron el término en una categoría, pero no puedo dejar de evocar aquí, de manera muy sucinta, los rasgos generales que los cientistas políticos concuerdan en atribuir a un régimen totalitario. Desde Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski,[39] en la primera mitad de los años cincuenta, a Norman Davies,[40] a fines de los noventa, se ha llevado a cabo un proceso de actualización de estos rasgos. Sin embargo, esto no ha afectado sus características principales. ¿Cuáles son, pues, según los principales cientistas políticos, los rasgos constitutivos de un régimen totalitario? Para ser auténticamente totalitario, un gobierno debe reunir las siguientes características:

a) una ideología dominante, revolucionaria, que expresa su fe en las leyes necesarias de la historia, que proclama la destrucción de un viejo orden y el surgimiento de otro, radicalmente nuevo y puro;

b) una estructura partidista, dirigida por un líder carismático que se autodeclara infalible y exige una adhesión incondicional de las masas;

c) un rediseño caótico de cargos y roles para generar rivalidad y, por ende, dependencia respecto del verdadero sitial del poder;

d) un sistema económico colectivo (capitalista o socialista), cuyo objetivo es alinear las fuerzas productivas con las metas autárquicas y militaristas del régimen;

e) un control total sobre los medios de comunicación masiva y, relacionado con lo anterior, la formulación de una retórica destinada a evitar ambivalencias o complejidades;

f) una permanente movilización de la población a través de guerras, conflictos o purgas;

g) el uso generalizado del terror a través de una policía secreta con el objetivo de aislar, intimidar y alinear a cualquier persona o grupo que el régimen perciba como una amenaza;

h) la centralidad del “enemigo objetivo”. En esa misma línea, la persecución y eliminación no sólo de opositores reales sino también, de manera más clara, de categorías de personas consideradas perversas en virtud de determinada cualidad establecida, como su raza o ascendencia. Los crímenes contra el Estado no necesariamente tienen que haber sido cometidos por la persona acusada de ellos;

i) la presencia de campos de concentración, como laboratorio de la dominación totalitaria. Constituyen el espacio para experimentar bajo qué condiciones los seres humanos se vuelven completamente maleables. Adicionalmente, un régimen laboral esclavista coexiste con una política de genocidio de carácter racial o clasista.

Los historiadores suelen criticar la rigidez tipológica, por decirlo así, con que las ciencias políticas caracterizan los fenómenos. A pesar de que la imagen que se desprende de los horrores del nazismo y de la dominación estalinista puede considerarse como una referencia extrema, es importante revisar esa realidad histórica en su propia complejidad. Esa revisión indica que los regímenes totalitarios son flexibles y capaces de mutar. No constituyen monolitos; más bien, abundan en ellos facciones oportunistas que compiten entre sí para apropiarse de cuotas de poder.

A pesar de todas las críticas, lo cierto es que para muchos exponentes del liberalismo del siglo XX el concepto de totalitarismo ha sido una herramienta hermenéutica esencial. En cambio, para muchos marxistas —que no podían aceptar la comparación del nazismo con el comunismo— el totalitarismo no fue sino un simulacro científico en el contexto de una guerra ideológica cuyo propósito era destruir el comunismo. Como lo señala Abbott Gleason,[41] el concepto ha sido un arma ideológica correspondiente a un tipo particular de maniqueísmo, que divide al mundo entre demócratas liberales virtuosos y comunistas perversos. Más aún, la distinción entre totalitarismo y otros regímenes autoritarios —siempre según Gleason y muchos otros— resultó muy útil para los gobiernos occidentales que apoyaron a juntas militares y otros regímenes con un historial desolador y sangriento de violación de los derechos humanos. Según ellos, calificar a las juntas militares de autoritarias en lugar de totalitarias obedecía a una estrategia legitimadora, como si el hecho de no ser totalitaria sino “sólo” autoritaria marcara una diferencia para las personas que asesinaron.

Pese a los múltiples debates de las últimas décadas del siglo XX, el concepto ha vuelto a la palestra a comienzos del presente siglo, con el islamismo y la “guerra contra el terror”, por un lado, y con la crítica contra la globalización neoliberal, por otro. Desde el 11 de septiembre de 2001, un creciente número de comentaristas ha afirmado que la actual ola de radicalismo islámico, asociada con el legado de la hermandad musulmana de Egipto y con el movimiento wahabí saudita, es absolutamente totalitaria. Inútil mencionar lo que muchos intelectuales están repitiendo estos días después de los ataques en París y Bruselas: “El totalitarismo terrorista y nihilista ha regresado con todo su vigor”.[42] Según las interpretaciones más comunes, el islamismo moderno vendría siendo un movimiento radical en el cual el pluralismo y la distinción entre lo público y lo privado serían nociones abolidas, porque toda autoridad y orden emanan sólo de Dios. Según el mismo razonamiento, el “totalitarismo musulmán” viene a mostrar la organización capilar y globalizadora de sus precursores occidentales. Los militantes islámicos combinan el antisemitismo conspirativo de los nazis, por los cuales sienten una admiración nostálgica, con las ambiciones panterritoriales del universalismo bolchevique. El discurso islámico está también plagado de imágenes milenarias de lucha, destrucción despiadada y “terror sagrado”. Proclive a depurar el mundo del sionismo, liberalismo, feminismo y las pretensiones hegemónicas estadounidenses, la ideología islámica articula una cultura de la sumisión, el nihilismo, el terror y el martirio suicida por la causa, con la evocación mitológica de un mundo que está a punto de renacer. Esta reivindicación arcaica del restablecimiento del califato sagrado, objetivo perseguido por todos los medios que provee la tecnología moderna, es consistente con el “modernismo reaccionario” de movimientos totalitarios anteriores.[43]

Estos paralelos o linajes intelectuales no satisfacen a los historiadores que insisten en que, así como no logró explicar los “orígenes muy disímiles” del fascismo y del comunismo, la idea del totalitarismo tampoco logra dar cuenta del terrorismo islámico.

El conflicto entre la reconstrucción histórica y la tipología de la ciencia política se vuelve a repetir y prosigue hasta nuestros días por otras vías. Por ejemplo, con Enzo Traverso,[44] un historiador muy renombrado que se especializa en los genocidios, se hace hincapié en la diferencia entre la violencia de los regímenes totalitarios del siglo XX, que se relaciona con un Estado monopólico fuerte, y la violencia terrorista que, por el contrario, surge en el seno de Estados débiles, debido a situaciones de crisis, de fragmentación y de un fallido proceso de institucionalización durante el período poscolonial. Ciertamente estos historiadores reconocen una vocación “totalitaria” en el fundamentalismo islámico que intenta permear por completo la vida de los individuos, pero esta misma vocación es compartida por muchas otras formas de fundamentalismo religioso. Sin embargo, afirman, los totalitarismos del siglo veinte se fundamentaron en ideologías orientadas hacia el futuro, que apuntaban a la creación de un nuevo tipo de sociedad, cultivaban el mito de un “hombre nuevo” y cuya visión de la historia era milenaria. El terrorismo islámico lucha por reorganizar la sociedad según principios que pertenecen al pasado. La modernidad reaccionaria de los yihadistas es capaz de desplegar cohetes, armas modernas, teléfonos celulares y propaganda en internet, pero su objetivo es devolver el mundo árabe al estado de pureza mítica del Islam original. En suma, el poder de comprensión del concepto de totalitarismo no es menos precario de lo que lo fue para captar la esencia de los regímenes europeos del período de entreguerras.

No cabe duda de que algunas de las críticas pretéritas y actuales a esta noción fueron y siguen siendo acertadas. Sin embargo, debo confesar que siempre he encontrado extrañas las disputas sobre el uso ideológico de la idea de totalitarismo. Es como si, entre los muchos conceptos que conforman el léxico político, el totalitarismo fuera el único que haya sido objeto de inexactitud historiográfica y revisión ideológica, como si las mismas ambivalencias y posibilidades de instrumentalización no fueran inherentes a todos los términos de la teoría política. Esto no significa negar que en cierto momento histórico el concepto de totalitarismo fuera también utilizado como un arma en la Guerra Fría o como una estrategia de legitimación.

Las tipologías que siguieron a la obra clave de Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism,[45] publicada en 1951, o, más bien, la reelaboración esquemática de la lista de rasgos que supuestamente describen el “síndrome totalitario” (antes enumerados), muchas veces sirvieron a los fines de los profesionales del anticomunismo. Y, más importante aún, contribuyeron a simplificar una categoría compleja, reduciéndola a una taxonomía aséptica. Sin embargo, tiendo a creer que los motivos para la aversión actual al término no están solamente ligados a la carga ideológica que vino a pesar sobre el concepto. La negación está también relacionada con las estratificaciones de sentido de una categoría que ha sido capaz de romper fronteras que antes eran consideradas intocables. No olvidemos que los términos y conceptos “totalitario” y “totalitarismo” son muy anteriores a la Guerra Fría. Ya en los años treinta París fue una especie de laboratorio intelectual en el que todo tipo de disidentes, provenientes de la Unión Soviética o de la Italia fascista, se unieron en un combate colectivo por la libertad y la defensa de ideales heterodoxos, a partir de los cuales las palabras “totalitario” y “totalitarismo” se transformaron en un concepto[46] que apuntaba a una dinámica globalizadora sin precedentes del poder político.

La transmisión de este legado es para mí fundamental. De Hannah Arendt a Jean-Luc Nancy, de George Bataille a Michel Foucault, de Simone Weil a Jean-François Lyotard, de Emmanuel Lévinas a Jacques Derrida —por nombrar sólo a algunos de los principales exponentes y seguidores en el medio parisino—, una línea de pensamiento radical y libertaria, no marxista dogmática, fue capaz de elaborar una categoría teórica a partir de experiencias históricas, especialmente las del nazismo y del estalinismo, que va más allá de la configuración concreta de esos regímenes.

No es casualidad, pues, que uno de los más grandes y libres historiadores políticos como es Sheldon Wolin,[47] un intelectual de la izquierda radical, pero no marxista, publicara hace un par de años un libro titulado Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Wolin designa como “totalitarismo” la forma en que en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, las grandes empresas y los gobiernos trabajan conjuntamente para mantener cautiva a la ciudadanía, cómo la propaganda y la supresión del pensamiento crítico sirven para promover las ideologías a favor del crecimiento y de las empresas, ideologías que ven la democracia como algo prescindible y como un obstáculo potencial para su idea de progreso. La tesis de Wolin no presenta las políticas neoliberales como una réplica de las estrategias de la Alemania hitleriana o de la Unión Soviética estalinista. El análisis de Sheldon Wolin, más teórico que histórico, invita al lector a tomar conciencia de cómo las dinámicas totalizadoras de poder que surgieron de los horrores de las dos guerras mundiales se opusieron —y siguen haciéndolo— a los principios fundamentales de la democracia constitucional. Esto no significa empatar diferentes realidades históricas. El “totalitarismo invertido” difiere de lo hecho por los regímenes totalitarios del siglo veinte. A diferencia de su expresión más clásica, no obliga a la sociedad a adherir a una totalidad preconcebida, en nombre de un recambio revolucionario de todas las relaciones políticas, sociales y económicas. El “totalitarismo invertido”, de hecho, no está preconcebido por un tipo específico de diseño ideológico. Más aún, está sólo en parte centrado en el Estado. Wolin señala que representa la “llegada política de una era de poder corporativo”, la que trae consigo una desmovilización política de la ciudadanía.[48] La nueva forma de totalitarismo, a la vez que explota la autoridad y los recursos del Estado, obtiene su fuerza dinámica de la combinación de una relación simbiótica entre el gobierno tradicional y el sistema de gobernanzas “privadas”, propio de las grandes empresas. Los Estados, especialmente los Estados Unidos, dependen del poder económico de las grandes empresas y megacorporaciones, cada vez más expansivas y agresivas, necesitadas del poder de coordinación propio del Estado. Juntos, éste y las empresas, se transforman en los principales auspiciadores de los poderes representados por la ciencia y la tecnología. El resultado es una combinación sin precedentes de las tendencias totalizadoras que cuestionan la idea misma de límite político, intelectual, ético y económico.

2.

Concebido como un conjunto de tendencias y no como una realidad consumada, el totalitarismo de Sheldon Wolin es abordado más desde la perspectiva de la teoría política que como un legado de las ciencias políticas. Mis reflexiones tienen una orientación aún más filosófica. De hecho, la herencia filosófica ya mencionada ha sido el tema específico de algunos de mis trabajos.

Desde esa perspectiva, propongo distinguir el concepto “regímenes totalitarios” de la expresión “totalitarismo”. Se trata, naturalmente, de una distinción apresurada, pero nos permite resaltar la diferencia clave que existe entre una realidad histórica —cuyo carácter único e irrepetible no puede ser asimilado bajo categorizaciones generales— y una conceptualización teórico-filosófica que también pretende dilucidar, dentro de la maraña del presente, las dinámicas impulsadas por los regímenes ya mencionados, que aún siguen vigentes.

En ese sentido, el totalitarismo puede designar no sólo un tipo de régimen en oposición a uno de carácter constitucional, democrático, parlamentario o pluralista, sino lo que significa también para la ciencia política. También puede describir algo más que la organización de la opresión política resultante de la simbiosis entre gobierno, por un lado, y grandes empresas y sus sistemas de gobernanzas, por el otro. Me refiero a algo que, de manera más radical, dice relación con las relaciones ubicuas e intrincadas entre el poder y la vida humana.

Como concepto filosófico —éste es mi punto central—, el totalitarismo entregó, en primer lugar, una herramienta valiosa para desbaratar el juego metafísico de opciones duales, incluidas las oposiciones que han delimitado, de manera patente, las áreas del ámbito político. Si abordamos de manera seria esa reflexión libertaria radical del siglo veinte, que también consideró el totalitarismo como un evento filosófico, ya no es posible refugiarse en antítesis reconfortantes y acomodarse tras una identificación del nazismo o el fascismo con un antihumanismo irracional y particular, o entender el estalinismo como una desviación patológica de una ruta comunista que en, sí misma, sería perfectamente coherente, racional y universal.

En breve, desde mediados del siglo XX en adelante, gran parte de la filosofía —al menos de la filosofía “continental”— establece un verdadero círculo hermenéutico con el totalitarismo, que culmina con el “escándalo”, por llamarlo así, de pensar en una continuidad entre totalitarismo y la tradición occidental, y, específicamente, intentar rastrear en la lógica totalitaria el involucramiento de la razón occidental y sus formas de relacionarse con el mundo.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué queda vigente para nosotros de esos análisis, siempre y cuando, claro está, el pasado no vuelva a presentarse con esas características específicas? Estoy convencida de que en esas reflexiones filosóficas se “descubrió” algo acerca del poder que podría aún ayudarnos a comprender los riesgos potenciales de una dinámica totalitaria contemporánea. Para concluir esta parte de mi ensayo, quisiera citar unas líneas de un pensador y escritor francés, muy destacado en la segunda mitad del siglo XX, Maurice Blanchot: “No existen pues conceptos denigrados, traicionados o traidores; existen sólo conceptos que requieren ser pensados nuevamente, una y otra vez”.[49] En mi opinión, eso es lo que la filosofía debe procurar: rescatar el totalitarismo del riesgo de la vulgarización y la negación. Debe ser repensado sobre la base de una premisa compleja, no siempre aceptada por todos: en los regímenes totalitarios se hizo patente, ahora “sin una sombra alguna de duda”,[50] que el poder político, a pesar de no ser perverso en sí mismo, siempre tiene una vocación totalitaria. En otras palabras, es una fuerza que busca de manera constante la forma de ampliar su alcance; por ello tiende “de manera natural” a tener un control estricto sobre todas las personas y todas las cosas. De hecho, la temporalidad del poder es incesante. No apunta hacia un final, más bien devora cada objetivo que logra. En ese sentido, no sólo carece de límites sino que además tiende a destruir todos los límites.[51]

A partir de los excesos de la dominación totalitaria del pasado, la filosofía inauguró uno de los campos de reflexión más apasionantes de la actualidad: la reflexión sobre la biopolítica. En ese aspecto, la obra de Foucault y el pensamiento de Hannah Arendt representan el núcleo teórico fundacional y central de una reflexión no convencional.

Michel Foucault abrió el debate contemporáneo sobre la biopolítica conectándolo con la tanatopolítica. Primero abordó este vínculo en su obra La voluntad de saber, en 1975, y en el ciclo de conferencias en el Collège de France denominado “La sociedad debe ser defendida”, en 1975-76.[52] Foucault describe la biopolítica como una “nueva tecnología de poder que aparece en el siglo dieciocho”. En breve, según el filósofo francés, el advenimiento de la era moderna puede caracterizarse como una ruptura en la forma en que se ejerce el poder desde el Estado. El poder en manos del soberano estaba más relacionado con la potestad absoluta para matar. Las ciencias modernas de la vida y la reconceptualización, a partir de ellas, de la noción de vida, en que ésta se trata como una categoría abstracta separada de las formas singulares de vida, traen consigo una nueva forma de poder plasmada en la biopolítica. El poder estatal puso su foco en cómo “maximizar la vida” a través de una debida gestión de la población y de la calidad de su vida biológica. A partir de Foucault, la idea de biopoder ha sido elaborada en varias oportunidades y ha involucrado en su debate a algunos de los más destacados intelectuales contemporáneos.[53]

3.

Si el propósito final de todo sistema totalitario es la transformación total de una realidad, en especial de la realidad humana, pienso que puede afirmarse que su objetivo se articula mediante una estrategia doble: la producción de una “víctima absoluta” —la no humanidad—, por un lado, y la realización de un ideal de “híperhumanidad”, como la única auténtica humanidad, por el otro. Así, desde una perspectiva filosófica, el totalitarismo asume hoy la función de una idea límite doble. Puede resultar útil describir el presente midiéndolo contra un foco imaginario doble, ojalá nunca completamente fenomenizable.

En otras palabras, por una parte tenemos la situación límite del poder total sobre la vida, situación que Giorgio Agamben denomina “vida desnuda”. Esta expresión nos recuerda la fuerza expresiva del “muselman”, de Primo Levi: el preso del campo de concentración que, a través de la privación, ha sido transformado en una especie de ser biológico en estado puro para quien toda opción de elegir ha sido borrada.[54] Por otra parte, tenemos la situación límite de la identificación sin reservas de cada individuo al gran cuerpo político y simbólico de la comunidad totalitaria. A pesar de algunas perplejidades que suscita, sostengo que el enfoque biopolítico es la herramienta filosófica más valiosa para pesquisar continuidades y discontinuidades entre el pasado del siglo veinte y nuestro presente.

Giorgio Agamben es el pensador que ha liderado el debate filosófico contemporáneo para nuevamente centrarse, después de Foucault, en el “paradigma biopolítico”. Como lo demuestra de manera implícita en Homo Sacer,[55] aunque sin afirmarlo abiertamente, lo que podríamos llamar el “paradigma biopolítico” —no el término o la idea, sino el paradigma— surgió en la intersección de las nociones que Hannah Arendt y Michel Foucault elaboraron para reformular la reflexión sobre la dominación total, algo que también se denominó “tanatopolítica”, política de la muerte. No se trata de minimizar las diferencias, incluso radicales, que separan a Arendt y Foucault, sino de sopesar la efectividad de la perspectiva teórica que se ha abierto a partir de la intersección de los trabajos de ambos. La terminología y los estilos muy dispares de Arendt y Foucault convergen en localizar un punto de inflexión singular. Éste consiste en que están abocados a identificar y caracterizar la discontinuidad representada por la inclusión de la vida, entendida en su aspecto biológico y como especie, en los mecanismos y cálculos del poder político. A pesar de que Arendt nunca utilizó los términos “biopoder” o “biopolítica”, pueden establecerse muchos paralelos entre su trabajo y el de Foucault. No es el objeto de este artículo detallarlos, pero el punto principal es que para ambos autores nos adentramos en un contexto que es moderno y biopolítico cuando el poder ya no sólo se preocupa de la vida y la muerte de un individuo, sino también del proceso vital de una sociedad y de su población. Como primera aproximación, por lo tanto, puede decirse que, de acuerdo a estos dos autores, “biopolítica” no es una categoría histórica. Es, en primer lugar, una herramienta heurística para hacer visible una discontinuidad crucial en el continuo del poder occidental.

Cuando la política asume como objeto propio la vida en su aspecto biológico elemental y primario; cuando el poder político está dirigido hacia lo vivo en su significado puramente biológico; cuando, por ende, las estrategias políticas gobiernan el cuerpo, tanto del individuo como de la población, se puede advertir una metamorfosis radical de las relaciones de poder. Contrariamente a lo que Agamben argumenta,[56] en Arendt hallamos un vínculo muy estrecho entre las observaciones contenidas en The Origins of Totalitarianism sobre los campos de exterminio y las “no personas” y aquéllas que se encuentran en The Human Condition sobre el nacimiento de lo social y el triunfo del animal laborans.[57] Tampoco es enteramente cierto afirmar, como Agamben lo hace, que Foucault no fue capaz de investigar el locus de la biopolítica por excelencia: el campo de exterminio. Tanto Arendt como Foucault, cada uno en su propio estilo, intentaron reflexionar acerca de la compleja relación de continuidad y discontinuidad que conecta la forma moderna de biopoder —el poder que ha asumido el control de la vida incluso en su aspecto biológico— con el evento extremo y revelador representado por los genocidios del siglo XX. Ambos visualizan Auschwitz, y en muchos sentidos también los campos de concentración soviéticos, como la patología extrema del poder, pero a la vez como la realización de una política que, por paradójico que pueda ser, ha elevado la vida a una categoría universal con un valor indiscutible.

En la glorificación totalitaria de la sangre (nazismo), pero también en el ennoblecimiento de los trabajadores en armas (estalinismo), y, en términos generales, en una inédita supremacía del cuerpo —desde la edificación del cuerpo del Hombre Nuevo al aniquilamiento del cuerpo superfluo y corrupto— emerge un nuevo uso y valoración de lo biológico. Esto hace evidente el involucramiento total de una existencia desnuda en la ahora red capilar del poder. Por lo tanto, más allá de sus contenidos específicos, el proyecto ideológico no puede entenderse simplemente como una religión secularizada que reclama una adhesión o una fe absolutas; tampoco puede ser leído exclusivamente como la justificación que legitima el desmantelamiento del sistema jurídico y legal.

La ideología, mucho más que un instrumentum regni para obtener adhesión y obediencia, es un instrumento que permite modificar y redefinir las fronteras de lo humano, de lo que es incluido y excluido del gran cuerpo de la humanidad, del organismo de la híperhumanidad. Por ende, esto determina que los lagers[58] no sólo cumplen el propósito de exterminar, sino también de experimentar la modificación de la realidad humana, su producción de masas y su transformación en material orgánico.

En los regímenes totalitarios, el poder se ejercía sobre la vida no sólo suprimiéndola. No se trataba únicamente de un enorme e inédito abuso de poder que suprimía los derechos de los individuos. El poder político también logró transformarse en una dominación total y capilar, para establecerse como garante de la seguridad, la salud y la prosperidad de la vida de las personas, que requerían la eliminación de una “parte viviente” dañina y destructiva para poder encarnar el ideal de la hiperhumanidad.

En otras palabras, la biopolítica totalitaria nos ha mostrado lo que un aparato político puede alcanzar. Éste, en nombre de la seguridad y la salud pública, apelando directamente a la “productividad” de la vida, fue capaz de invadir con una intensidad y capilaridad sin precedentes la existencia de todos y la existencia global. Ciertamente, se trataba de una lógica paradojal que incorporaba diferentes estrategias y técnicas; sin embargo, es la inauguración de un ejercicio de poder en el cual la lógica del pacto legal ya no funciona. Pero si el biopoder demostró ser tan funcional para la edificación de una dominación total —y ello es particularmente cierto en el caso del nazismo— esto no se debe simplemente al hecho de que utilizara un instrumento extremadamente peligroso de identificación, a causa a su carácter primigenio y “natural”: el concepto de raza, concretamente, el valor o desvalor del cuerpo en su condición orgánica y biológica. Ciertamente, esto permitió la organización de un exterminio concebido como una empresa planificada y sistemática para sanear el cuerpo político. Sin embargo, el marco conceptual para abarcar el totalitarismo tiene otro enfoque: no sólo operaba un nihilismo radical, no sólo era la expresión de una obra de muerte. Es demasiado simplista explicar ese tipo de demonio político en términos de colapso de la moralidad o de derrumbe de la humanidad con todos sus valores.

No es casualidad que otro vector intelectual convergiera para llevar a la biopolítica nazi a sus procedimientos extremos, algo que suena mucho más familiar para nuestra tradición filosófica que las teorías raciales evolucionistas. El totalitarismo nos recuerda aquí la otra situación límite. El racismo procede no solamente de una ideología biológica y evolucionista, sino también de la llamada “metafísica de la forma”. Esta teoría, que se vale mucho más de Platón que de las leyes de la genética, sostiene que el “valor espiritual supremo” de una raza estriba en el logro de una forma perfecta, en el sentido de su aspecto somático, porque dicha forma no es sino la expresión y confirmación de la idea, del alma del pueblo, del Volk.

No es éste el lugar para explayarnos sobre una cierta “antropología filosófica nazi”.[59] Se trata de textos aberrantes pero claves, pues entregan una clara respuesta a la pregunta “¿Qué es lo humano en el Tercer Reich?”. Es necesario recordar que detrás de los panfletos racistas “basura”, la literatura nazi “cultivada” desarrolló un intenso esfuerzo para redefinir lo humano, ayudada por su llamado a desarrollar un “verdadero humanismo”. A la vez que establece la forma de la hiperhumanidad, el nuevo concepto de humanitas sanciona contextualmente la imposibilidad para una parte de los “seres vivientes” de elevarse para ser partícipes de la Idea, en otras palabras, de consumar la realidad de lo humano. Así, lo que aquí opera —como muchos neohumanistas bien intencionados desearían— no es una simple retórica del superhombre ario, que desprecia “los hombres pequeños” del vulgo democrático, pasando así por alto los valores igualitarios y universales de la noble tradición humanista.

Europa no ha sido sólo la tierra de la civilización, de la Ilustración y la razón, o, dicho de otra forma, del poder glorioso y civilizador de la humanitas. Lo que ocurrió en esta misma tierra fue el trágico paso a acciones de genocidio y destrucción de un discurso que también hablaba sin titubeos el lenguaje del humanismo.[60] Con ello, naturalmente, no quiero decir que el nazismo sea un humanismo. Sólo quiero plantear cierto escepticismo respecto de las visiones dualistas, cómodas e incuestionadas; cierta sospecha hacia toda retórica humanista, que suele caracterizar muy ligeramente al totalitarismo como la muerte del humanismo.

De ahí la necesidad de profundizar en el análisis para evidenciar el potencial doble rostro del humanismo, su dialéctica abierta a la posible complementariedad de lo hiperhumano y de lo no humano, y el llamado a ser vigilantes respecto de una voluntad de dominar que apunta directamente a la vida y que hoy sigue operando tras la máscara de la prevención y la promesa de la seguridad. Es la voluntad de gobernar de manera capilar nuestras vidas en nombre de nuestra seguridad, no sólo a través de las restricciones a la libertad que implica un estado de emergencia contra el terrorismo, sino también a través de la intrusión sutil y generalizada del discurso protector que habla de preservar nuestra salud. A pesar de que la absolutización de la vida como valor de una entidad colectiva —etnicidad, pueblo o raza— está en retirada, ésta ha sido sustituida por el imperativo de maximizar la vida del individuo. Un poderoso imaginario social gobierna nuestras vidas occidentales, fomentado por los avances tecnológicos que alientan la elaboración de fantasías de superación y habilidad, de vida eterna.

4.

Nuestro problema ya no es lo que Foucault elaboró a fines de los años setenta, explicando cómo el biopoder —el poder que en la era moderna asumió el control de la vida biológica de la población y de su mejora— fue capaz de transformarse en una dominación total sobre la vida y la muerte. Como él mismo lo señalara a inicios de los ochenta, a pesar de que los regímenes de entreguerras se centraron en la vida del cuerpo colectivo, promoviendo su salud, la biopolítica en las sociedades neoliberales occidentales es diferente.[61] Los funcionamientos sociales en los cuales nos encontramos inmersos ejercen control sobre nuestras vidas y manejan nuestros comportamientos y estilos de conducta, pero no lo hacen limitando o impidiendo nuestros movimientos o imponiendo prohibiciones y regulaciones. Estamos en la presencia de la fragmentación y multiplicación de los poderes que reclaman el derecho a regular nuestras vidas. Sin imponer normas trascendentales, gestionan y promueven la protección de la vida, avalando el desempeño de lo que se considera como comportamientos humanos “normales” y “fisiológicos”, e incentivando procesos que se traducen en un supuesto mayor bienestar. Al haberle encomendado el nacimiento, la muerte y la enfermedad al poder y al conocimiento de las ciencias de la vida, estos fenómenos nos parecen cada vez más controlables.

Los críticos de la biopolítica neoliberal tienen razón cuando dicen que una imaginación imbuida en la idea de optimizar la vida es fundamental para el refuerzo mutuo entre las ciencias médicas y biotecnológicas, por un lado, y las demandas por acumulación de capital, por el otro. Pero puede que la mera supresión de la demanda por ganancias no sea suficiente para devolverles a los individuos su poder de vida gozoso e independiente. El orden simbólico y el imaginario social son un a priori histórico y concreto de las estratificaciones de sentido, individuales y colectivas, que actúa sobre todos los actores involucrados sin que éstos necesariamente estén conscientes de ello, induciéndolos a compartir sus premisas. Es un conjunto de normas que, a pesar de que nadie está obligado a cumplirlas, incita a las personas a reproducir sus supuestos y contenidos. Por ejemplo, ¿cuántos agentes, dentro de las empresas privadas, asociaciones, ligas y actores públicos son movilizados en la actualidad en nombre del ideal absoluto e ilusorio de la Salud Perfecta?[62] La “hiperhumanidad” actual corresponde a un ideal humano potencialmente inmortal, involucrado en su propia singularidad y ya no en los términos de una política del cuerpo colectiva, para la cual los límites constitutivos de la existencia, tal como los hemos conocido hasta ahora, parecen la herencia de un “hombre anticuado”. Es una cultura cargada con la fantasía de un control y un espectro de posibilidades cada vez mayores; un imaginario social que implica siempre ir más allá de las capacidades, las inhibiciones y las limitaciones actuales. Es como si estuviéramos obligados a vivir lo mejor posible, acrecentando y realizando al máximo el potencial que nos ha sido conferido. En respuesta a estos mandatos potenciales, nuestros valores esenciales se transforman en la fe y esperanza de una vida sin limitaciones, en la cual nada queda inexpresado.

No cabe duda de que las democracias occidentales nos han brindado innumerables oportunidades para autorrealizarnos. No se trata aquí de refutar los resultados de la “civilización”, la cultura o las ciencias; tampoco se trata de impugnar todas las políticas relacionadas con la salud y la protección social. Más bien, se trata de cuestionar los efectos colaterales de este nuevo imaginario social. Nuestra búsqueda es inagotable y ello, nos guste o no, refuerza los diversos poderes en los que se sustenta. El motivo por el cual este imaginario ha demostrado estar tan arraigado es porque responde a un deseo enraizado en nuestras pasiones más profundas, aquel que es tan fácilmente consentido pero a la vez tan usualmente abusado. Responde al deseo de ser y ser cada vez más y más poderosos. Nuestro contemporáneo “Tú debes” exige exactamente el tipo de autoafirmación que la “ley moral” buscaba evitar. El nuevo imperativo occidental nos exhorta a maximizar nuestra propia vida; en primer lugar y sobre todo, nuestra vida biológica. Casi podríamos reformular el imperativo categórico así: “Haz que mejorar de tu vida sea la ley absoluta y universal de tu conducta”. Así, absorbidos por el carácter perentorio de un proyecto infinito —maximizar la vida sólo puede ser un compromiso infinito—, no tenemos ni el tiempo ni el espacio para percibir y juzgar la realidad muchas veces lacerante que está “ahí afuera” y que nos llama a realizar un cambio político.

OBRAS CITADAS

Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford, CA: Stanford U.P., 1998.

———. Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive. Brooklyn, NY: Zone Books, 1999.

Arendt, Hannah. Essays in Understanding 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism. Nueva York: Shocken Books, 1994.

———. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

———. The Origins of Totalitarianism. Nueva York: Meridian Books, 1958.

Baehr, Peter. “Marxism and Islamism: Intellectual Conformity in Aron’s Time and Our Own”. Journal of Classical Sociology 11, n.º 2 (2011): 173-190.

Bannes, Joachim. Hitlers Kampf und Platons Staat. Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1933.

———. Hitler und Platon. Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1933.

Bazzicalupo, Laura. Biopolitica. Una mappa concettuale. Roma: Carocci, 2010.

Blanchot, Maurice. L’écriture du désastre. París: Editions Gallimard, 1980.

Brossat, Alain. L’épreuve du désastre. Le XXe siècle et les camps. París: Albin Michel, 1996.

Burleigh, Michael. Blood and Rage. A Cultural History of Terrorism. Nueva York: Harper, 2010.

Butler, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. Londres: Verso, 2004.

Cavarero, Adriana. Horrorism: Naming Contemporary Violence. Nueva York: Columbia U.P., 2008.

Davies, Norman. Europe: A History. Oxford: Oxford U.P., 1996.

Esposito, Roberto. Bios. Biopolitics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Fitzpatrick, Michael. The Tyranny of Health. Doctors and the Regulation of Lifestyle. Londres: Routledge, 2005.

Forti, Simona. El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder, 2008.

———. Il totalitarismo. Roma-Bari: Laterza, 2015.

———. New Demons. Rethinking Power and Evil Today. Palo Alto, CA: Stanford U.P., 2015.

Foucault, Michel. The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France (1978-1979). Nueva York: Palgrave MacMillan, 2008.

———. “La sécurité et l’Etat”. En Dits et écrits. Tome II, 1976-1988. París: Editions Gallimard, 2001.

———. Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France (1977-1978). Nueva York: Picador, 2007.

———. The Will to Knowledge. The History of Sexuality. Volume 1 (1976). Nueva York: Random House, 1978.

———. “Society Must Be Defended” (1975-1976). Nueva York: Picador, 2003.

Friedrich, Carl J. Totalitarianism. Cambridge, MA: Cambridge U.P., 1954.

Friedrich, Carl J. & Zbigniew K. Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Nueva York: Harper, 1956.

Gabler, A. Platon und Der Führer. Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1934.

Geyer, Christian (ed.). Biopolitik. Die Positionen. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001.

Gleason, Abbott. Totalitarianism. The Inner History of the Cold War. Oxford: Oxford U.P., 1995.

Goffette, Jérôme. Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain. París: Vrin, 2006.

Günther, Hans F.K. Humanitas. Munich: Lehmanns Verlag, 1937.

———. Platon als Hüter des Lebens. Munich: Lehemanns Verlag, 1928.

———. Rassenkunde des deutschen Volkes. Munich: Lehemanns Verlag, 1922.

———. Rassenkunde des Jüdischen Volk. Munich: Lehemanns Verlag, 1929.

Heller, Agnes. “9/11, or Modernity and Terror”, Constellations 9, n.º 1 (2002).

Hodge, Joel. “Terrorism’s Answer to Modernity’s Cultural Crisis: Re-sacralising Violence in the Name of Jihadist Totalitarianism”. Modern Theology 32, n.º 2 (2016): 231-258.

Illich, Ivan. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. Londres: Marion Boyars, 1976.

Krieck, Ernst. Völkisch–politische Anthropologie. Leipzig: Armanen-Verlag, 1936.

Lemke, Thomas. Biopolitik zur Einführung. Hamburgo: Junius Verlag, 2007.

Lentini, Peter. Neojihadism: Towards a New Understanding of Terrorism and Extremism? Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2013.

Levi, Primo. Se questo è un uomo. Torino: Einaudi, 1963.

Macdonald, Douglas J. “The New Totalitarians: Social Identities and Radical Islamist Political Grand Strategy”. The Strategic Studies Institute, US Army War College, 2007.

Moreau, Arona. Le biosiècle: bioéconomie, biopolitique, biocentrisme. París: L’Harmattan, 2009.

Rosenberg, Alfred. Blut und Ehre. Munich: Hoheneichen Verlag, 1934.

———. Der Mythus des XX. Jahrhunderts, vol. II. Munich: Hoheneichen Verlag, 1933.

——— Gestalten der Idee. Munich: Hoheneichen Verlag, 1936.

Ruffié, Jacques. Naissance de la médecine prédictive. París: Odile Jacob, 1993.

Sfez, Lucien. La santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie. París: Seuil, 1995.

Sloterdijk, Peter. Regeln für den Menschenpark. Frankfurt: Suhrkamp, 1999.

Tibi, Bassam. “The Totalitarianism and its Challenge to Europe and Islam”. Totalitarian Movements and Political Religions 8, n.º 1 (2007).

Tobagi, Benedetta. “Agnes Heller: ‘È un nuovo totalitarismo, la sua ideologia è il terrore’”. La Repubblica, 17 de noviembre de 2015.

Traverso, Enzo. Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945. Londres: Verso, 2016.

——— Totalitarismo. Storia di un dibattito. Verona: Ombre Corte, 2015.

Vatter, Miguel. The Republic of the Living. Nueva York: Fordham U.P., 2014.

Wolin, Sheldon. Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton U.P., 2008.

——— Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton: Princeton U.P., 2004. EP

Notas

38 Simona Forti, El totalitarismo: trayectoria de una idea límite (Barcelona: Herder, 2008); Simona Forti, Il totalitarismo, 5a ed. (Roma-Bari: Laterza, 2015).

39 Me refiero a la obra clásica de Carl J. Friedrich y Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Nueva York: Harper, 1956). Es la continuación del trabajo fundamental de Carl J. Friedrich, Totalitarianism (Cambridge, Mass: Cambridge U.P., 1954), que le debe mucho al análisis de Hannah Arendt.

40 Norman Davies, Europe: A History (Oxford: Oxford U. P., 1996).

41 Abbott Gleason, Totalitarianism. The Inner History of the Cold War (Oxford: Oxford U.P., 1995).

42 Para todos los efectos, véase Benedetta Tobagi, “Agnes Heller: ‘È un nuovo totalitarismo, la sua ideologia è il terrore’”, una entrevista que Agnes Heller dio a La Repubblica, el 17 de noviembre de 2015, en la que la filósofa húngara evoca la tesis que planteara en su ensayo Agnes Heller, “9/11, or Modernity and Terror”, Constellations 9, n.º 1 (2002): 53-62. Para una visión “clásica” global, véase Michael Burleigh, Blood and Rage. A Cultural History of Terrorism (Nueva York: Harper 2010).

43 Para la tesis “canónica” establecida, véase Douglas J. Macdonald, “The New Totalitarians: Social Identities and Radical Islamist Political Grand Strategy”, The Strategic Studies Institute, US Army War College (2007). Para la biografía académica general, véase al menos Bassam Tibi, “The Totalitarianism and its Challenge to Europe and Islam”, Totalitarian Movements and Political Religions 8, n.º 1 (2007); véase también Peter Baehr, “Marxism and Islamism: Intellectual Conformity in Aron’s Time and Our Own”, Journal of Classical Sociology 11, n.º 2 (2011): 173-190; Peter Lentini, Neojihadism: Towards a New Understanding of Terrorism and Extremism? (Northampton, Mass: Edward Elgar Publishing, 2013); por último, véase Joel Hodge, “Terrorism’s Answer to Modernity’s Cultural Crisis: Re-sacralising Violence in the Name of Jihadist Totalitarianism”, Modern Theology 32, n.º 2 (2016): 231-258.

44 Véase Enzo Traverso, Totalitarismo. Storia di un dibattito (Verona: Ombre Corte, 2015); véase también E. Traverso, Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945 (Londres: Verso, 2016).

45 Hannah Arendt, una de las pensadoras más influyentes en la filosofía política del siglo XX, huyó de Alemania por su condición de judía, trasladándose a Nueva York en 1942, donde escribió gran parte de su trabajo. La obra que la hizo famosa fue The Origins of Totalitarianism, con una primera edición en 1951 y una importante reedición en 1958. Este libro es una cita obligada cuando se debate sobre totalitarismo y genocidio. Véanse también los ensayos reunidos en Essays in Understanding 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism, editado por Jerome Kohn (Nueva York: Shocken Books, 1994).

46 Véase Forti, El totalitarismo, 10-40.

47 Sheldon Wolin, Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (Princeton: Princeton U.P., 2008); véase también el último capítulo —“Postmodern Democracy: Virtual or Fugitive?”— de Sheldon Wolin, Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought, edición aumentada (Princeton: Princeton U.P., 2004), 587-705.

48 Wolin, Democracy Incorporated, 30 y ss.

49 Maurice Blanchot, L’écriture du désastre (París: Editions Gallimard, 1980).

50 Esto es lo que, por ejemplo, escribió Foucault en “La sécurité et l’Etat”, en Dits et écrits. Tome II, 1976-1988 (París: Editions Gallimard, 2001), 383.

51 Desde esta misma perspectiva, Wolin diferencia dos imaginarios claros y opuestos: un imaginario constitucional y un imaginario del poder. El constitucional establece requerimientos de legitimación para el poder; prescribe coerciones y exigencias para la rendición de cuentas. Hace hincapié en la estabilidad y en los límites. Por el contrario, el imaginario del poder generalmente viene acompañado de una misión justificativa (derrotar el comunismo o, como lo observa Wolin en su propia época, “cazar terroristas, lo que requiere capacidades para hacer frente a un enemigo cuyos poderes son dinámicos, pero cuya ubicación exacta es indeterminada”). Una de las consecuencias de la búsqueda de un imaginario de poder expansivo es el desdibujamiento de las líneas que separan la realidad de la fantasía y el discurso verdadero del autoengaño y la mentira. En su imaginario, el poder, más que justificado, es santificado en función de los altos objetivos que proclama, objetivos que, por lo general, son contrarios al poder legitimado por el imaginario constitucional. Véase Wolin, Democracy Incorporated.

52 Michel Foucault, The Will to Knowledge. The History of Sexuality. Volume 1 (1976) (Nueva York: Random House, 1978), especialmente 115-132; M. Foucault, “Society Must Be Defended” (1975-1976) (Nueva York: Picador, 2003); M. Foucault, Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France (1977-1978) (Nueva York: Picador, 2007); y M. Foucault, The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France (1978-1979), traducción de Graham Burchell (Nueva York: Palgrave MacMillan, 2008).

53 A este respecto, la bibliografía es realmente enorme. Mencionaré aquí sólo los trabajos esenciales en torno a los cuales ha girado el debate: Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life (Stanford, CA: Stanford U.P., 1998); y G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive (Brooklyn, NY: Zone Books, 1999). Escrito durante el período, desde una perspectiva muy cercana, véase el trabajo de Alain Brossat, L’épreuve du désastre. Le XXe siècle et les camps (París: Albin Michel, 1996); Roberto Esposito, Bios. Biopolitics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008). Para un mapeo de las áreas disciplinarias incluidas en la biopolítica, véase el trabajo de Christian Geyer (ed.), Biopolitik. Die Positionen (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001); Thomas Lemke, Biopolitik zur Einführung (Hamburgo: Junius Verlag, 2007); Arona Moreau, Le biosiècle: bioéconomie, biopolitique, biocentrisme (París: L’Harmattan, 2009); Laura Bazzicalupo, Biopolitica. Una mappa concettuale (Roma: Carocci, 2010). Desde una perspectiva complementaria, véase también Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (Londres: Verso, 2004); Adriana Cavarero, Horrorism: Naming Contemporary Violence (Nueva York: Columbia U.P., 2008); Miguel Vatter, The Republic of the Living (Nueva York: Fordham U.P., 2014); Simona Forti, New Demons. Rethinking Power and Evil Today (Palo Alto, CA: Stanford U.P., 2015).

54 Primo Levi, Se questo è un uomo (Torino: Einaudi, 1963).

55 Agamben, Homo Sacer.

56 Como lo expresa Agamben, Homo sacer, 45 y ss.

57 Hannah Arendt, The Human Condition (1958) (Chicago: University of Chicago Press, 1988).

58 Palabra alemana para designar los campos de concentración.

59 Sin embargo, vale la pena citar algunos de los más influyentes “filósofos-antropólogos”. Aparte de, por supuesto, Alfred Rosenberg —Der Mythus des XX. Jahrhunderts, vol. II (Munich: Hoheneichen Verlag, 1933); Gestalten der Idee (Munich: Hoheneichen Verlag, 1936); y Blut und Ehre (Munich Hoheneichen Verlag, 1934)—, habría que mencionar a Ernst Krieck, Völkisch-politische Anthropologie (Leipzig: Armanen-Verlag, 1936). En la obra Mein Kampf de Hitler pueden encontrarse premisas antropológicas similares. Junto a ellos, debemos recordar a varios escritores que, entre 1932 y 1934, vinculan la filosofía de Platón con el movimiento nacional-socialista. Entre los más citados y de mayor circulación cabe citar: Joachim Bannes, Hitler und Platon (Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1933); J. Bannes, Hitlers Kampf und Platons Staat (Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1933); A. Gabler, Platon und Der Führer (Berlín-Leipzig: de Gruyter, 1934); y, el más importante, Hans F.K. Günther, quien convirtió en un sólido cuerpo doctrinario las teorías incipientes de Gobienau. Él es, de hecho, uno de los autores más leídos de la era nazi; sus obras tuvieron un gran éxito y fueron reimpresas muchas veces. En los años veinte, publica varios tratados sobre la raza: Rassenkunde des deutschen Volkes (Munich: Lehemanns Verlag, 1922), reimpreso 16 veces en más de 100 mil ejemplares. También Rassenkunde des Jüdischen Volk (Munich: Lehemanns Verlag, 1929); Platon als Hüter des Lebens (Munich: Lehemanns Verlag, 1928); y Humanitas (Munich: Lehmanns Verlag, 1937).

60 Al respecto, véase Forti, New Demons, 200 y ss.; véase también, Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark (Frankfurt: Suhrkamp, 1999).

61 Foucault, The Birth of Biopolitics.

62 Para la “Ideología de la salud”, véase, por lo menos, Jacques Ruffié, Naissance de la médecine prédictive (París: Odile Jacob, 1993); Lucien Sfez, La santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie (París: Seuil, 1995); Michael Fitzpatrick, The Tyranny of Health. Doctors and the Regulation of Lifestyle (Londres: Routledge, 2005); Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain (París: Vrin, 2006); y también la clásica obra, Ivan Illich, Medical Nemesis: The Expropriation of Health (Londres: Marion Boyars, 1976).

ENSAYO

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD

Juan Manuel Garrido

Universidad Alberto Hurtado

Juan Manuel Garrido. Doctor en filosofía por la Universidad Marc Bloch de Strasbourg, Francia. Director del doctorado en filosofía en la Universidad Alberto Hurtado. Email: jgarrido@uahurtado.cl.

* El autor quiere señalar: “El presente texto reúne resultados de un seminario dictado junto al profesor Eduardo Molina Cantó en el Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, durante el segundo semestre de 2015. El seminario contó con la participación de Boris Núñez y del profesor Jorge Costadoat. Inútil agradecerles detalladamente lo que el texto les debe. Lo expuse parcialmente en el simposio sobre el concepto de universidad organizado por Enzo Solari y Javier Wilenmann en el IV Congreso Nacional de Filosofía de la Achif, entre el 26 y el 30 de octubre de 2015, así como en la mesa ‘Educación y democracia’ en el coloquio ‘Cosmopolitismo, globalización y revueltas locales’, organizado por Aïcha Messina en el Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales, el 16 de diciembre de 2015. Agradezco, por último, los comentarios que Luis Felipe Alarcón, Matías Bascuñán, Víctor Ibarra B., Daniel Silva y Nicolás Trujillo hicieran al manuscrito”.

Resumen: En este ensayo, el autor arguye que la producción de conocimiento es impredecible e indomesticable, y requiere, por lo tanto, una autonomía propia. De esta manera, no puede ser sometida por el poder sin destruir su propia naturaleza, aunque sí necesita del poder para hallar el espacio institucional necesario para desenvolverse. Como este espacio institucional es, en las sociedades contemporáneas, la universidad, las necesidades propias de la producción de conocimiento deben ser consideradas en los modelos de financiamiento y administración universitario si se quiere que esta producción tenga éxito.

Palabras clave: universidad, investigación, producción de conocimiento, poder, modernidad.

PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN THE UNIVERSITY

Abstract: In this essay, the author argues that the production of knowledge is unpredictable and cannot be domesticated, and therefore, requires its own autonomy. Thus, it cannot be submitted by the powers that be without destroying its own nature, but it does need the powers that be to find the institutional environment necessary for its development. Since this institutional environment is, in contemporary societies, the University, the particular requirements of the production of knowledge must be considered in University financing and administration models if this production is to succeed.

Keywords: University, research, production of knowledge, power, modernity.

Por razones históricas y económicas de índole variada, las sociedades contemporáneas les encargan a sus universidades la implementación y el cultivo de sistemas de producción de conocimiento o investigación. La investigación es, sin embargo, sólo una parte del quehacer universitario, que en la práctica incluye formación de profesionales y capacitación técnica, ejecución de idearios sociales, emprendimiento económico privado, desarrollo de bienes públicos, y más. La discusión acerca de si esta parte es además necesaria para el desarrollo del todo o si al menos puede ser funcional a este desarrollo, y en cualquier caso no dificultarlo, es muy importante desde el punto de vista de la administración universitaria.

La percepción de la naturaleza y relevancia de la investigación varía enormemente entre las distintas casas de estudio. Pesan las miradas sobre su aptitud para ajustarse a objetivos estratégicos, el costo y beneficio de la inversión en equipos humanos y no humanos, la eventual repercusión en la calidad de la docencia y en las actividades de gestión (por la obtención de recursos externos y por las acreditaciones), el fortalecimiento de los vínculos con el medio y la extensión, la imagen pública y el capital ideológico, entre otros.

Pero existe además un debate que se da al exterior de la universidad, y que se relaciona con el reconocimiento social y las condiciones de posibilidad, tanto ideológicas como materiales, de la universidad misma como institución económica y social, y su idoneidad para implementar los sistemas de producción de conocimiento requeridos por la sociedad.

Este debate pone en movimiento preguntas bastante más radicales que las que competen a la administración universitaria. En general, conciernen la definición de conocimiento y la percepción de su utilidad, en particular el costo y beneficio de producirlo al interior de instituciones —las universidades y, en otros países, escuelas e institutos tecnológicos— que mantienen, o al menos reclaman para sí, grados avanzados de autonomía respecto de la autoridad política y estatal y respecto de diversos actores económicos, pese a la existencia de mecanismos eficaces para controlar, estimular o inhibir de manera indirecta el desarrollo de la investigación y de formas determinadas de trabajo. Incluso, una vez admitida —por inercia o como resultado de una reflexión— la necesidad del conocimiento, y una vez aceptado su establecimiento en la universidad, subsisten preguntas relativas a las universidades mismas: qué son y para qué existen, si podrían haberlas puramente docentes o si el conocimiento que en ellas se produce obedece a fines claros y relevantes para la sociedad.

El siguiente trabajo analiza algunos de los conceptos que están a la base de la discusión sobre la naturaleza, el sentido y la utilidad de la universidad y de la producción de conocimiento en ella. Mi propósito es contribuir al espacio conceptual en que se desenvuelven los debates nacionales.[63] No me asiste un afán normativista o prescriptivo, aun cuando mis análisis transparenten algunas opiniones —de las que no necesariamente soy consciente— de ese orden. El recorrido que propongo es simple. Quiero definir qué es producción de conocimiento y qué universidad; cuáles son las condiciones y cuál el alcance de la producción de conocimiento en la universidad; qué cabe esperar de ésta y cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrenta una política pública que quiere articular de modo satisfactorio investigación y educación superior. Este recorrido no pasará por alto un elemento muy relevante para captar la lógica con que la sociedad entiende sus relaciones internas, y que condiciona el cultivo del conocimiento en ella, aunque dicho elemento suele ser esquivo, si no irreductible, al análisis filosófico, en la medida en que trasciende por definición el campo del mero concepto y de la mera esencia. Me refiero, obviamente, al poder.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

“Producción” es el proceso por el cual se ejecuta el conjunto de componentes definitorios de una cosa natural, social o ideal. Supone la determinación de los mecanismos que permiten el control y manipulación, intelectuales o empíricos, de la identidad de la cosa. Más: supone que tales mecanismos agotan la identidad de la cosa o que ésta es un sistema causal. Tomo la palabra “producción” en un sentido que abarca tanto lo que los griegos llamaban arte y técnica (techné), como fabricación o creación (poiesis) y curso natural de las cosas (physis). La definición que propongo incluye objetos de gran abstracción (por ejemplo, idealidades puras empleadas para modelar procesos naturales o investigadas a su vez en su estructura lógica) y entidades materiales dispares como los objetos tecnológicos (un par de zapatos o un teléfono celular), los hoyos negros, los movimientos sociales, las políticas públicas; en suma, cualquier fenómeno cuya identidad se establece de acuerdo con mecanismos que controlan intelectual o empíricamente su generación y sus propiedades. La definición excluye, sin embargo, el ámbito de la acción libre (praxis), que se define por oposición a la causalidad inherente a la idea de producción y que escapa a la práctica de la objetivación exacta, natural o social. Doy por descontado que el concepto de “producción” es una categoría de nuestra inteligencia, una forma que posibilita y a la vez condiciona nuestro acceso a la realidad, y no una estructura de ésta tal como se revelaría si se la pudiera considerar con independencia de nuestro modo de comprenderla (o tal como es “en sí”).

“Conocimiento” es el proceso por el que se determinan los componentes definitorios de una cosa o, lo que es lo mismo, las reglas de su producción. La palabra “conocimiento” se refiere a veces al resultado de este proceso, es decir, al sistema normativo (eîdos o télos) con el que identificamos la cosa y que nos instruye sobre los mecanismos de su producción, control o manipulación. Un paper en cualquier área es, justamente, un instructivo de este tipo. Es indiferente qué clase de objetos consideremos, si naturales, sociales o ideales; es indiferente qué disciplinas o subdisciplinas se involucren en la determinación de los objetos; es indiferente en qué nivel situemos su estructura (subatómico, atómico, molecular, macromolecular, celular, multicelular, sistémico, cognitivo, social, semántico, lógico, etcétera), y la complejidad requerida para la ejecución de las reglas que los definen. El conocimiento es siempre el establecimiento de sistemas normativos definitorios de procesos productivos.

“Producción de conocimiento” es de índole y estatuto diferente tanto de la producción como del conocimiento de un objeto. La producción de conocimiento se distingue de cualquier producción humana por el hecho de que no se conoce de antemano la naturaleza de la cosa –eîdos o télos– que se desea producir y, por lo tanto, que debe guiar el proceso productivo. No sabemos qué será producido. De hecho, producir conocimiento es producir la identidad de una cosa por primera vez, engendrar un sistema normativo que puede luego convertirse, eventualmente, en el fin que guía un proceso productivo. Nada guía, empero, al proceso productivo de conocimiento. En otras palabras, la producción de conocimiento no es objeto de conocimiento. Un conocimiento que presumiera conocer el conocimiento —lo que hasta bien entrado el siglo pasado algunos filósofos llamaban teoría del conocimiento— y por lo tanto aislar y sistematizar los elementos que componen al conocimiento mismo, como si éste fuera a su vez objeto del conocimiento, culminaría ya sea en un círculo vicioso, ya sea en una regresión al infinito. Esto, porque o bien nos vemos obligados a dar por conocido en qué consiste (a saber: en una estructura normativa, productiva, en suma, un objeto del conocimiento), o bien tarde o temprano el análisis dejará pendiente la definición del sentido o metasentido en que el “conocimiento” conoce u objetiva el conocimiento. La producción de conocimiento no es, ella misma, objeto de conocimiento, en ningún sentido de la expresión.[64]

Si no conocemos el fin de lo que queremos producir, y la producción de conocimiento no es, ella misma, objeto de conocimiento, entonces no podemos determinar de antemano los medios eficientes, agentes, materiales y formales que son requeridos para la producción de conocimiento; por ejemplo, qué disciplinas, métodos, instrumentos, espacios, modelos, estilos, investigadores, equipos, etcétera, deben ser convocados en un determinado proceso de conocimiento. Para la desgracia de los administradores y economistas del conocimiento, no es posible especificar de antemano las actividades, soportes institucionales y agentes que son definitorios de la producción de conocimiento. Diremos que, por el contrario, ésta supone determinados sistemas que, sin ser ellos mismos objetos de conocimiento, posibilitan una exposición a lo no producido, a lo no pensado o a lo no conocido, sin la cual la producción de conocimiento simplemente no ocurriría. Me refiero a la existencia de sistemas y procesos de aprendizaje, de formación, de estudio, de experimentación, de exploración, de ensayo; en suma, de exposición a lo desconocido. Formar, cultivar, estudiar, experimentar, explorar, ensayar no es lo mismo que instruir. Instruir significa transmitir sistemas normativos conocidos (según Aristóteles, es un criterio que permite reconocer al que ya sabe algo)[65]. Instruir no es exponer a lo desconocido. ¡Lo que no quiere decir que sea posible exponerse a lo desconocido sin recibir instrucción! Para exponerse a lo desconocido hay que estar al límite de lo conocido.[66]

VIDA, PODER Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

La producción de conocimiento es un fenómeno ligado a la vida humana, y quizás a la vida en general. La primera frase de la Metafísica de Aristóteles dice: “Todos los hombres desean por naturaleza producir conocimiento”. Esta célebre afirmación no transparenta un presupuesto antropológico. Se trata de una observación de sentido común con la que todos, desde Platón a Marx o Nietzsche, deberían estar de acuerdo: vivir consiste en producir los medios de vivir, y producir los medios de vivir —se entiende: mientras se vive, mientras se está en el trance de vivir, de mantenerse en vida, de inventar las maneras de no morir— nos expone a lo desconocido. Hasta cierto punto, vivir es estar necesitado de producir conocimiento. El conocimiento no es algo que buscamos después de que las necesidades básicas y materiales de la vida sean satisfechas, sino a la vez; esto es, implementamos sistemas para la producción de conocimiento en vistas de producir la vida.

Y es que la vida —hablo de una idea, es decir, de un horizonte de sentido producido históricamente por el ser humano, no de una realidad en sí misma existente en el océano sin nombre de una naturaleza bruta o de un cielo verdadero— ha sido ella misma entendida como una actividad productiva, una producción de sí (autoproducción, autopoiesis). A tal punto, en verdad, que la idea de vida suministra quizás el prototipo principal de todo concepto de producción. La idea de vida no es la de una cosa, una sustancia, una entidad, una causa, ya sea alma, Dios, élan vital, genoma, etcétera. Corresponde a la idea de un modo de ser de entes definidos por tener-que-ser, por la acción de no dejar de ser lo que están siendo. Una piedra no está abandonada a la tarea de tener que ser, de cuidar de sí para no dejar de ser lo que es por naturaleza; un ser vivo, en cambio, es todo entero respuesta al problema de ser, de no dejar de ser lo que está siendo, de cuidar de sí como ser vivo. Los fenómenos vitales son actividades que ponen de manifiesto la tarea de ser (metabolismo, desarrollo, reproducción, evolución, comunicación, cognición); son actividades que revelan que ser, en el caso del ser vivo, es tener que ser. Vivir es producir la diferencia entre ser y no ser o entre ser y dejar de ser. El ser o estar vivo del ser vivo consiste en la producción de esta diferencia. La vida es la idea de una producción de sí como diferencia o como ser o como tarea de no dejar de ser en el proceso de nutrirse, crecer, reproducirse, organizarse, conocer…[67]

El ser vivo siempre puede dejar de ser. Por eso es tarea de ser. La vida puede dejar de ser porque la vida misma, en sí misma, consiste en poder-vivir. La posibilidad de dejar de ser o la mortalidad es definitoria de la vida. No hay vida inmortal. Vivir es poder-vivir, es decir, poder-morir. La vida no es: la vida puede. Y entonces puede dejar de poder.[68] El fenómeno de la vida es un fenómeno de poder.

¿Qué es, en sí mismo, el poder? La pregunta está mal planteada porque el poder no es algo cuya naturaleza o estructura normativa podemos describir como describimos en general un objeto. Sin duda reconocemos la existencia del poder, incluso lo percibimos como algo real, como una propiedad que predicamos de algo o de alguien. Decimos, por ejemplo, que una persona o que una institución tiene poder. Pero esa es una manera engañosa de hablar. Tener poder no es tener cosas. Tener cosas es disponer presentemente y efectivamente de entes que son o están siendo, presentemente y efectivamente, algo. Tener poder es disponer de campo o de espacio para producir lo que no está presente o lo que no es efectivo. Tener poder es tener posibilidad. Y la posibilidad no es, presentemente y efectivamente, nada. No podemos hablar de ella o teorizar sobre ella sin arriesgarnos a desnaturalizarla, a convertir su no ser en ser, en algo que es. En ello radica la dificultad filosófica tradicional del concepto de poder. Sin embargo, porque no es nada en sí mismo o por sí mismo, palpamos la realidad del poder a partir de cosas que efectivamente son, o están siendo, o han podido llegar a ser, o no dejan de ser, y que bien podrían no ser o dejar de ser, perder su poder ser. El poder se modaliza siempre en la ejecución de algo distinto de sí: poder-hacer, poder-vivir, poder-pensar, poder-volar, poder-gozar, poder-gobernar… El poder no es nada en sí mismo y por lo tanto no se lo puede considerar al margen de aquello que ejecuta —aquello en vista de lo cual medimos su poder—. El poder es efectivo y se muestra en la medida en que la indeterminación de una pura posibilidad es determinada y limitada por el fin que ejecuta.

Como le advierte Sócrates a Polo en un pasaje de Gorgias, confundir el poder con una cosa puede traer las consecuencias más nefastas. Nadie niega que el poder (τὸ δύνασθαι) es un bien, un bien que posee aquel a quien atribuimos poder (τῷ δυναμένῳ) (466b). Pero el poder no es nada en sí mismo, o es pura potencialidad y por lo tanto se muestra siempre en vista de (οὗ ἕνεκα) algo que no es él (467d). El poder mismo es medio, no fin. La confusión contra la que Sócrates nos previene se produce cuando el poder —el medio— es colocado como fin. Entonces deja de haber algo en vista de lo cual el poder pueda medirse y mostrarse como poder. El fin son los medios, y los medios son sin fin. Nos volvemos esclavos de la acumulación infinita o indefinida (sin fin) de medios. Y en ese momento se pierde el poder. El tirano mata, despoja, exilia, empobrece, atemoriza… hace lo que le da la gana. Sin embargo, al perder de vista el fin que controla esas ganas, corre el riesgo de engendrar situaciones adversas que le provoquen mal y que lo dejen, a la postre, sin poder (468d). Jean-Luc Nancy escribe: “… existe un principio de identidad de la política según el cual el poder no puede (es su impotencia intrínseca) destruir, disolver o devorar aquello sobre lo cual se ejerce. A menos de renunciar a sí mismo”.[69]

Más arriba hemos dicho que la producción de conocimiento se realiza sin tener a la vista un fin que organice el proceso productivo. Nadie sabe qué será producido. Como el fin no está dado, es inútil, por otra parte, describir el conocimiento como medio. Ni fin, ni medio, el conocimiento no parece maleable por la vida y el poder. Es de otro orden. Hemos dicho también, empero, que la vida necesita producir conocimiento. El conocimiento es, de alguna manera y paradójicamente, funcional al poder, o al poder-vivir. La paradoja es interesante. La vida y el poder necesitan de aquello que es de otro orden que la vida y que el poder para realizarse y ejercerse como vida y poder.

Supongamos que un grupo de inversionistas quiere producir una droga que luego se venda en el mercado. Es evidente que alguna comprensión, representación o relato acerca de la vida humana y sus fines subyace a dicha iniciativa. Sin embargo, ni los inversionistas ni el relato en cuestión pueden por sí mismos producir la droga. Las leyes del mercado y las representaciones socioculturales de la vida (que las instituciones encarnan) son incapaces de producir ese tipo de objetos. Así maltraten a sus ejecutivos, atemoricen a los investigadores o se coludan con otras compañías, los inversionistas no podrán controlar las entidades y actividades que son específicas para la producción de los objetos que son percibidos por ellos mismos como el fin de sus acciones. Entre estas actividades contamos sistemas y procesos de exposición a lo desconocido, es decir, de aprendizaje, de formación, de estudio, de experimentación, de ensayo, de imaginación, juego, curiosidad y pensamiento. Ni los inversionistas ni los relatos que organizan y dan sentido a sus acciones controlan el curso y las necesidades de estos sistemas, sin los cuales se suprime la posibilidad de conseguir el bien requerido. Y no sólo la droga puede nunca ser producida, sino que una serie de objetos inesperados pueden aparecer accidentalmente mientras se busca desarrollarla (nuevo conocimiento, nuevos instrumentos, nuevos métodos, nuevo capital humano, etcétera). Las leyes del proceso de producción de objetos desconocidos (y el pensamiento, la educación, la imaginación…) son contingentes respecto de los relatos institucionales o sociocuturales sobre la vida humana. El poder de los inversionistas no tiene poder sobre las cosas mismas que les devolverán más poder.

Supongamos que líderes políticos desean transformar las universidades en industrias de conocimiento relevante para los fines de la nación. Tarde o temprano se verán confrontados a una paradoja similar a la recién descrita. O bien instalan sistemas de producción autónomos capaces de engendrar objetos en sí mismos contingentes respecto de los fines previstos, o bien arriesgan suprimir la posibilidad de obtener de ellos los bienes susceptibles de incrementar el propio poder de la nación. Un poder político o institucional que busque evaluar, controlar y capitalizar minuciosamente los procesos de producción del conocimiento destruirá aquello sobre lo cual se ejerce. La voluntad de vivir no basta para poder vivir. Hay que estar dispuesto —y capacitado— a exponerse a lo desconocido.

Los sistemas de producción de conocimiento resisten al poder, resistencia que, sin embargo, es inherente a la producción o autoproducción del poder. El poder necesita de aquello que lo resiste para no dejar de ser lo que es. Es importante notar que lo que así resiste al poder no es, a su vez, otro poder que hace de contrapeso al poder. El poder necesita que la exposición a lo desconocido no se desnaturalice, que siga siendo otra cosa que poder. Pero debemos añadir la fórmula recíproca. Si el conocimiento resiste al poder porque es de otro orden que éste, entonces necesita, a su vez, de poder. Al menos si aspira a no desaparecer; a existir y desarrollarse como conocimiento. ¿Cómo, si no, podrían tener lugar la implementación de procesos productivos de conocimiento, por definición autónomos respecto de la planificación social de la vida? El conocimiento no subiste si no es amparado en una institucionalidad adecuada. Las instituciones dan existencia a interpretaciones del sistema de fines en que se desenvuelve la vida social; determinan y delimitan el ámbito de lo posible, son instancias del poder. Una institución del conocimiento aloja en ella actividades que se desentienden de las interpretaciones del sistema de fines que guían la vida social. Las universidades —entre otras instituciones— cumplen, al menos en parte, con el propósito de alojar en ellas el desarrollo de sistemas de conocimiento que resisten al poder o son contingentes respecto de él. Producción de conocimiento y poder se contradicen y a la vez se necesitan mutuamente. Son opuestos co-esenciales el uno respecto del otro.[70] El desafío de toda institucionalidad para la investigación consiste en darle forma social a esta oposición.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD

La teoría de la evolución por selección natural es muchas veces evocada para justificar agendas ideológicas de desarrollo y crecimiento, cuando no la concentración del poder político y económico en grupos disfuncionalmente minoritarios. Conviene recordar que la selección natural se hace siempre sobre la base de variaciones producidas por azar. La idea es que existe un principio de diferenciación interno a la vida que no obedece a diseño teleológico alguno. En otras palabras, nada de lo que produce la vida es propósito de la vida; pero esta irracional productividad es, ella misma, generadora de los rasgos que sellan la adaptabilidad y sobrevivencia de las especies. Porque actúa sin fines, crea la posibilidad de adaptarse a fines. La vida es cachurera y chapucera por definición.[71] Ignoro si algún evolucionista se atrevería a explicar la finalidad de la reproducción sexual y de la muerte individual con independencia de contextos de presión. Nosotros mismos, los de género masculino, estamos en trance de volvernos cachureo, como lo enrostra Valery Solanas.[72] No se conoce la necesidad de enterrar muertos con cráneos de animales hace cien mil años, aunque difícilmente la historia humana es comprensible sin un componente de tanteo simbólico. Tampoco se conoce la finalidad que pudo haber tenido la publicación de la Crítica de la razón pura en un contexto en que el 30 por ciento de la población no sobrevivía a la infancia y otro 20 por ciento no cumplía los treinta (estadística muy inferior a la de otros países del continente europeo en el mismo momento).[73] Ni que a Descartes se le ocurriera el plano cartesiano, que hoy agota la realidad de varios que cultivan profesiones relevantes.

Es cierto que el conocimiento es un instrumento decisivo para la adaptación de la vida humana (toda la interpretación de Nietzsche sobre la emergencia de las ciencias biológicas durante el siglo XIX pone el acento en este aspecto), pero no es cierto que el conocimiento se produzca en vistas de este fin. Cualquier política pública que aspire a proteger el crecimiento y desarrollo del sistema de fines que compone la vida social debe proteger al mismo tiempo la autonomía de la investigación, aun a riesgo de generar pérdidas, de acumular cachureo y de fomentar chapucería. Para emplear una analogía que es tan antigua como poco fortuita y poco inocente, la percepción que debe tenerse del establecimiento de sistemas de producción de conocimiento responde a una lógica similar a la que se tiene de la inversión en capacidad e institucionalidad militar. No conviene esperar a tener que servirse de ella para empezar a implementarla. Por otra parte, no profundizaré aquí en la estrecha y decisiva relación que mantienen investigación y desarrollo militar, porque es inexistente en Chile.[74] Concentrémonos por ahora en la universidad.

Abandonar la universidad a la presión insufrible de producir lo relevante es una manera tan efectiva de destruir en ella la producción de conocimiento como lo sería abandonarla a la competencia y el cálculo de la inversión en conocimiento de acuerdo con la rentabilidad de los rankings, el marketing y las acreditaciones. El conocimiento no ocurre por arte o magia de la iniciativa política, estatal o privada. Pero de la iniciativa política, estatal y privada sí depende que no se destruya. De ella y sólo de ella cabe esperar que se regulen y consoliden los espacios para que los investigadores que trabajan en las universidades se dediquen a hacer lo que saben hacer.

Conviene distinguir el impacto propiamente académico del impacto social y económico de la investigación. Lo crucial es que no se da el segundo sin que se dé el primero (sí muchas veces lo inverso). No existe manera de calcular de antemano el impacto económico y social de la investigación. Por ejemplo, las pérdidas que produce cada año la creación e instalación de sistemas informáticos defectuosos[75] superan hiperbólicamente el costo que supuso la producción de los papers de Gödel, Church, y Turing, sin los cuales ningún mandamás de Silicon Valley se habría dedicado a su negocio. De modo similar, sería desacertado medir la calidad de una investigación en ciencias sociales por sus efectos en la opinión o su elegibilidad para participar del diseño de políticas públicas. La investigación genera un sinnúmero de objetos con impacto puramente académico, a veces en comunidades muy pequeñas, pero imprescindibles para el desarrollo y cultivo de las disciplinas.

Es la propia investigación la que debe suministrar la vara con que la sociedad tenderá a medirla. Esa vara es la pertinencia o impertinencia de sus productos desde el punto de vista estrictamente académico y estrictamente científico. Sería imposible concebir un instructivo para generar un sistema de medición. No queda otra que confiar en los investigadores. La sociedad puede contribuir a controlar, eso sí, que éstos se comporten como tales, o que las instituciones les permitan, o los obliguen, a comportarse como tales, dejando a un lado agendas ideológicas o corporativas. Por otra parte, el uso político y social que se haga de las instituciones del conocimiento y de los productos que generen es asunto que compete a la autoridad pública. No es posible pensarlo como parte de los fines que estructuran internamente el establecimiento de sistemas de investigación. Algo parecido podría decirse de la valoración ética que se haga del uso y aplicación de los conocimientos obtenidos, de acuerdo con los diferentes contextos culturales.

Desde luego, es inevitable priorizar y desarrollar algunas disciplinas y áreas en desmedro de otras. Hay muchos criterios para hacerlo: el impacto social y económico, las urgencias nacionales y regionales, la ubicación geográfica de los establecimientos, la masa crítica y la industria. Hay también razones presupuestarias. Hay incluso razones ideológicas y asociadas a intereses particulares. Sin embargo, para poder desarrollar conocimiento en áreas prioritarias tiene que existir previamente la posibilidad de siquiera realizar una priorización. Eso no se puede si el sistema completo no tiende de antemano al cultivo de todas y cada una de las disciplinas conocidas y por conocer. Además, esta diversidad de disciplinas es inherente a todo sistema de producción de conocimiento y resulta, a la larga, una condición para el éxito de programas específicos de investigación. Más allá de las disquisiciones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento, las disciplinas y áreas son abstracciones necesarias sólo desde el punto de vista de la institucionalidad y gestión de la investigación (por ejemplo, sirven para organizar su enseñanza y difusión). En la práctica, cualquier investigador en cualquier disciplina sabe que no debe presuponer la existencia de compartimentos escolares estancos. La investigación es híbrida y compleja por definición. No se puede anticipar el tipo de disciplinas, de saberes, de instrumentos, de tecnologías, de objetos, de lenguajes, de teorías, de metodologías e incluso de estilos que deben concurrir para desarrollar una investigación. En este terreno, todas las verdades se tocan. Debe ser, en parte, el terreno de la universidad.

Pero, ¿qué es la universidad? La universidad es y existe como idea. Entiendo “idea” en el sentido kantiano del término. Las ideas no son predicados ni expresan propiedades de objetos, y por lo tanto no son susceptibles de manipulación deductiva. Pero las ideas no son meros entes de razón (entes rationis). Son artefactos plenamente existentes (la persona, el deber, la responsabilidad, la libertad, la vida, el poder, el ser humano, la sociedad, el crecimiento, el desarrollo, el territorio, etcétera, son ideas), e incluso, a su modo, eficaces o eficientes (la historia humana ha vivido y vive habitada por ideas...), y más: son horizontes de comprensión imprescindibles para la determinación de los sistemas causales que llamamos “objetos”. Kant definía las ideas como totalidades incondicionadas de series infinitas de condiciones. Hegel se percató tempranamente del oxímoron que esta definición contiene (totalidad/infinito). Podríamos decir que la idea de universidad, al igual que la idea kantiana de idea, hace convivir dos sentidos en extremo tensionados entre sí: el infinito de la investigación, la acción incondicionada de lo desconocido, por una parte, y, por otra parte, la ejecución de representaciones (totalizantes) del sistema de fines de la vida social (interpreta el mundo y las necesidades profesionales, produce bienes, propone idearios, etcétera). Ambas, sociedad e investigación, obedecen a órdenes y legalidades diferentes que conviven en la universidad.

Es inherente a la institución universitaria el compromiso con una visión del mundo y una misión. La universidad produce comprensiones totalizantes de la realidad. Todas las universidades tienen idearios, no sólo las confesionales. El ideario de las universidades (estatales o privadas, laicas o confesionales) no condiciona por sí mismo la capacidad de contribuir a la producción de conocimiento. Esta afirmación supone que un ideario incapaz de autosuficiencia intelectual, sin vigor para exponerse a la posibilidad de su refutación, temeroso de las opiniones y preguntas que formulen desde la cátedra los investigadores que la institución financia, y que se afane, por último, en separar lo que disiente, no es, en rigor, un verdadero ideario. Un ideario debe tener la vocación de exponerse abiertamente a su cuestionamiento, si es verdad que busca promover un horizonte global de sentido para la sociedad en su conjunto y no para una porción aislada y excepcional.

La libertad de una universidad como institución social se mide por la capacidad de darle realidad pública a su misión o ideario. La libertad de la investigación es otra cosa. De una parte, concierne la capacidad de implementar sistemas de objetivación (ciencias exactas, naturales y sociales); de otra, la capacidad de someter a estudio las representaciones que la vida humana se hace de sí misma (humanidades y artes). La producción de conocimiento se mide por su impacto académico, es decir, por su valoración al interior de comunidades que son, por lo demás, interinstitucionales e internacionales. En sí mismos, los resultados de una investigación no son afectados, mejorados o empeorados por el compromiso ideológico de la institución que los aloja. Que, en la práctica, siempre exista cierto grado de condicionamiento o de contaminación no es atribuible a la lógica de la producción de conocimiento. De hecho, combatir con eficacia fenómenos como la censura y la autocensura supone concebir claramente, y por separado, la naturaleza de la investigación y el contexto institucional en que ésta se aloja. Por último, conviene tener presente que la producción de conocimiento es una actividad bastante más antigua que todos los idearios que animan la implementación contemporánea de universidades, incluidas las confesionales. La pura autonomía y libertad institucionales no son garantía de la autonomía y libertad requeridas para la investigación —ni viceversa—.

Un sistema puede hacer convivir proyectos educativos muy diversos o bien desarrollarlos centralizadamente desde el Estado. En el mundo hay ejemplos de experiencias exitosas en ambos modelos. A lo largo de su historia —que tiene la peculiaridad de haber propiciado los dos—, Chile no ha conocido ninguna experiencia exitosa. Cualquiera sea el sistema que en el futuro se adopte, es interés de la sociedad que se tienda a fortalecer los mecanismos de financiamiento y aseguramiento de la calidad con independencia de idearios particulares o estatales. Organismos como Conicyt o la CNA están llamados a jugar un rol esencial como promotores imparciales de la investigación.[76] El Estado puede financiar la investigación a través de aportes directos a todas las instituciones con capacidad de generarla sin esperar ni temer que ello lo comprometa con alguna visión de mundo. Adicionalmente, convendría reflexionar sobre la necesidad de perfeccionar la carrera de investigador.[77] Por ejemplo, en los Estados Unidos los académicos pueden aspirar a la “permanencia” (“tenure”) en sus universidades, lo que les entrega niveles de libertad y autonomía mucho mayores a los existentes en nuestro país, sin que ello obstaculice la ejecución de idearios o malogre la utilidad social y económica de la investigación.

La universidad de la que hablamos pertenece al mundo “globalizado”, “planetarizado”. El mundo globalizado es un mundo que existe al mismo tiempo como uno solo y como una multiplicidad irreductible de mundos. Es el mundo de las guerras civiles planetarias. El mundo en que vivimos es uno que se unifica y multiplica al ritmo de la autoproducción y autodiferenciación planetaria de la vida. La globalización no es una idea político-económica regulativa; es el problema del hecho de una coexistencia planetaria transestatal y transhumana, en que la singularidad y la diferencia proliferan incesante e inabarcablemente. La universalidad de la universidad se encuentra evidentemente comprometida por esa proliferación, y exige de nosotros que la reinterpretemos. La tarea de universalizar ya no puede sólo concebirse como mera producción de insumos universales. Es cierto que el problema ecológico, las migraciones, las crisis económicas, los movimientos sociales, las “guerras contra el terrorismo”, etcétera, exigen de nosotros un esfuerzo por crear marcos y artefactos políticos, jurídicos, económicos, entre otros, que tengan eficacia universal. Es cierto que la universidad debe cumplir con la misión de dar acceso y difusión al conocimiento. Pero universalizar es también desarrollar la capacidad de participar del proceso de singularización y diferenciación en que consiste el mundo globalizado. La universidad es producción, cuidado, promoción de singularidad y diferencia. Es lenguaje para lo que no se satisface con nombres heredados, concepto para lo que no se entiende, exploración de lo que significa entender. Al confiarle la tarea de producir conocimiento a una universidad, la sociedad le da existencia social a lo desconocido y se da la oportunidad para vivirlo. Le confía la tarea de producirse ella misma a la vez como universal y singular.

Sin embargo, llamamos también universidades a instituciones que juegan un rol a primera vista mucho más modesto, o en las que la tarea universalizadora es apenas decorativa y la producción de conocimiento, insignificante. Durante las últimas décadas, en el mundo y en Chile, las universidades tienden a concentrar sus actividades en la pura formación técnica y profesional. Se espera de ella que capacite a los agentes productivos, sujetos humanos a los que es preciso inocular una serie de reglas y métodos para la reproducción de objetos conocidos. En los médicos, el conocimiento y la habilidad de sanar; en los arquitectos, el conocimiento y la habilidad de edificar; en los ingenieros, el conocimiento y la habilidad de calcular, etcétera.

Pero la producción de conocimiento no es sólo una actividad entre otras. Es una actividad que permea todas las otras. Los agentes técnicos y profesionales no son artefactos programables que responden a situaciones programables. Son entes humanos de los que se espera actividad creadora en contextos, por definición, inanticipables, expuestos a la proliferación de singularidad y diferencia. Por eso, no basta con instruirlos. Hay que enseñarles también a ejercer correctamente su profesión. Ahora bien, la dificultad de ejercer una profesión no es otra que la de captar lo singular y diferente; darles forma de caso para una regla que hay que acomodar, transformar o inventar cada vez. Enseñar a ejercer una profesión es exponer a lo desconocido.[78]

De ello no se sigue que todos los centros de formación técnica (me refiero, en particular, a las universidades que se comportan como tales) deben desarrollar investigación. Y menos que todos los profesionales necesiten tener experiencia en investigación académica. Se sigue que una fuente importante de desigualdad en la calidad de la enseñanza técnico-profesional es atribuible al dispar acceso a contextos en que la producción de conocimiento es asunto real y robusto. Para los futuros técnicos y profesionales, no es lo mismo tener profesores que dedican toda su semana a instruir para pasar exámenes y controles que tener profesores con el tiempo y las condiciones para estudiar lo que no se entiende y no se sabe, solos o en equipo. No es lo mismo estar en instituciones administradas por personas que conocen el quehacer académico que en instituciones administradas por personas que no lo conocen. Hay que tomar en cuenta, entonces, una serie de exigencias para la preparación y selección de académicos y para la estabilidad del sistema en su conjunto, que debe asegurar el acceso a una producción diversa, amplia y compleja de conocimiento. EP

Notas

63 Me refiero a la discusión que se lleva a cabo actualmente en el contexto de las reformas a la educación superior impulsadas por el gobierno de Michelle Ba-chelet.

64 Seguiré usando la expresión “producción de conocimiento” sólo por costumbre, pero con ella me refiero a un tipo de actividad intransitiva, que no se confunde ni con una producción ni con un conocimiento. Confío en que los riesgos que pueda traer este abuso de lenguaje serán cada vez anulados por el contexto.

65 Aristóteles, Metafísica, libro A.

66 La producción de conocimiento es un proceso histórico que supone la referencia constante a la tradición que transmite conocimientos y problemas. La formación de un investigador implica siempre, en cierto grado, la formación de una conciencia histórica.

67 Más sobre el concepto de vida en Juan Manuel Garrido, On Time, Being & Hunger - Challenging the Traditional Way of Thinking Life (New York: Fordham University Press, 2012).

68 Martin Heidegger, Aristoteles, Metaphysik Θ 1-3 – Von Wesen Und Wirklichkeit der Kraft, GA 33, (Frankfurt-am-Main: V. Klostermann, 1990), 113. Véase en particular el comentario de Heidegger a la frase de Aristóteles “toda potencia es impotencia” (πᾶσα δύναμις ἀδυναμία), Metaphysica Θ, 1, 1046 a 30.

69 Jean-Luc Nancy, Que faire? (París: Galilée, 2016).

70 La resistencia infinita del conocimiento al poder es elocuentemente analizada por Jacques Derrida en La universidad sin condición (Madrid: Trotta, 2002). Lo que este texto deja pendiente es estudiar la dinámica de esta recíproca dependencia o mutuo engendramiento de ambos elementos heterogéneos. ¿Cómo la estructura necesariamente finita del poder y la resistencia infinita del conocimiento se originan y necesitan mutuamente?

71 François Jacob, “Le Bricolage de l’Évolution”, en la antología Le jeu des possibles (París: Fayard, 1981). En inglés: “Evolution and Tinkering”, Science 196, n.º 4.295 (1977): 1.161-1.166. Agradezco al profesor Juan Ormeño haberme sugerido esta conexión con la idea de Jacob.

72 Valery Solanas, SCUM Manifesto (autopublicado, 1967).

73 David Blackbourn, History of Germany, 1780-1918: The Long Nineteenth Century, segunda edición (Oxford: Blackwell Publishing, 2003).

74 Sí sería interesante estudiar algunos casos. Uno más o menos reciente, y que involucra aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos de gran interés, es sin duda el de empresas Cardoen y los programas de innovación para Famae durante los años ochenta. En un ámbito distinto, pero igualmente asociado a la historia política y social de la ciencia chilena, existe el extraordinario estudio de Edén Medina sobre el proyecto Cibersyn durante el gobierno de Salvador Allende. Véase Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile (Massachusetts: The MIT Press, 2011).

75 Gérard Berry, Pourquoi et comment le monde devient numérique (París: Fayard, 2008).

76 Los desafíos principales de estas instituciones han sido lúcidamente descritos por Aïcha Liviana Messina en “Universidades en crisis: ¿qué vale el ‘publish or perish’ en Chile?”, El Mostrador, 22 de abril de 2015. Véase además Manfred Svensson, “El paper y la acreditación”, El Mostrador, 21 de enero de 2016.

77 Véase Jorge Gibert Galassi, “Ciencia: la única tarea”, El Mostrador, 22 de octubre de 2015.

78 Más sobre esta idea, en Juan Manuel Garrido, Hugo Eduardo Herrera, Manfred Svensson, La excepción universitaria. Reflexiones sobre la educación superior chilena (Santiago: Ediciones UDP, 2012).

RESEÑA

HUMANITARISMO CON ROSTRO NEOLIBERAL

Pablo Ortúzar Madrid

Instituto de Estudios de la Sociedad

John Tomasi, Free Market Fairness

(Princeton y Oxford: Princeton University Press, 2012).

Pablo Ortúzar Madrid. Antropólogo social y magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad. Profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Email: portuzar@ieschile.cl.

El libro Free Market Fairness, de John Tomasi, gira en torno a una intuición que se sostiene, según plantea, en los datos: las personas comunes y corrientes valoran más las libertades económicas en la medida en que sus sociedades progresan. Esta intuición parece concederle el punto a la crítica de izquierda relativa a que las libertades económicas formales serían valiosas sólo para aquellos que cuentan con los medios materiales para ejercerlas. Así, sigue Tomasi, es razonable pensar que la justicia social debe ser el estándar de evaluación de las instituciones. Sin embargo, el autor no deduce de ello que las libertades económicas deban ser restringidas todo lo posible en función de beneficiar a los más desfavorecidos. Y la razón práctica por la que no concluye eso es porque considera que esas mismas libertades son la condición de posibilidad del crecimiento económico que, al elevar el nivel general de vida, termina democratizando el valor de dichas libertades. Junto con ello, el autor plantea que las libertades económicas no sólo son valiosas por posibilitar el crecimiento económico y el mayor acceso a bienes (ni lo son principalmente por eso), sino porque además sustentan una particular forma de obtener estos resultados que honra en mayor medida la dignidad humana. Ésta sería la razón central por la que se vuelven tan deseables una vez que ciertas necesidades básicas han sido satisfechas.

Este razonamiento suena muy simple. Básicamente es un ensamblaje de justicia social y liberalismo clásico. El autor llama al resultado de esta mixtura “market democracy”, o “democracia de mercado”, la que define como “una forma deliberativa de liberalismo que es sensible a las intuiciones morales del libertarianismo”. Tal sistema se traduciría en la combinación de cuatro ideas: 1) Las libertades económicas capitalistas como aspectos vitales de la libertad; 2) la sociedad como un orden espontáneo; 3) instituciones políticas justas y legítimas, aceptables por todos quienes viven bajo ellas; y 4) la justicia social como el estándar último de evaluación política. El problema es que esta mezcla, hasta ahora, era considerada en el campo de la teoría política liberal como equivalente a la del agua y el aceite, por lo que plantearla le exige a Tomasi desarrollar una sofisticada argumentación. Este esfuerzo le permite hackear las tradiciones teóricas del liberalismo clásico, el libertarianismo y el altoliberalismo, para terminar construyendo un híbrido que causará espanto en los dogmáticos y admiración en quienes se abren a una sana recepción de los puntos de vista de sus adversarios.

EL TABLERO

Lo primero que hace Tomasi, en los dos capítulos iniciales del libro, es mapear el debate político dentro del liberalismo, mostrando cuáles son los jugadores sentados en la mesa liberal y cuáles son sus principales cartas. Así, se extiende sobre las características principales del liberalismo clásico, el altoliberalismo y el libertarianismo, para luego, en un segundo momento, golpear la mesa con una inesperada movida y hacer espacio para un cuarto jugador.

MOMENTO UNO DEL LIBERALISMO: LOS CLÁSICOS

El liberalismo clásico nace como doctrina con el trabajo de John Locke y de David Hume. Locke justificó la propiedad privada mediante una teoría de la autopropiedad que, además, le otorgaba al individuo prioridad respecto al Estado. Esto, a su vez, permitía comprender el poder político como un asunto público, nacido y legitimado por el consentimiento de personas libres e iguales. Hume, por su parte, complementó esta visión con la idea de que el desarrollo de cierta autonomía en la esfera económica permitía la emergencia de órdenes sociales más complejos. Así, se sostenía que con un sistema confiable de derechos de propiedad los individuos y las asociaciones podrían florecer libre y pacíficamente, persiguiendo cada cual sus intereses sin entorpecer a los demás, sino al contrario.

Adam Smith agregó a este esquema la idea de que si los mercados eran liberados, mucho de lo demás necesario para el progreso se daría por añadido. Llamó a esta idea “el sistema de la libertad natural”, limitando la necesidad de la acción gubernamental a las áreas de la defensa nacional, la provisión de ciertos bienes públicos delimitados y la administración de la justicia.

Este programa liberal primigenio, que adquirió un nuevo impulso en el siglo XX con el trabajo de Friedrich Hayek, llegó a incluir también la tolerancia religiosa, la libertad de expresión y de asociación, las libertades de la vida privada (desplazamiento, ocupación y matrimonio) y, sobre todo, la libertad económica y contractual.

En suma, nos dice Tomasi, la oferta liberal clásica quedó configurada por tres elementos centrales: 1) Un concepto denso de la libertad económica, basado principalmente en consideraciones consecuencialistas (la libertad económica es buena porque tiene efectos beneficiosos); 2) una concepción formal de la igualdad que ve los resultados de la interacción dentro de los mercados como generalmente justos, y 3) un rol limitado pero importante del Estado en la provisión de educación, financiada mediante impuestos, y de programas de servicios sociales. Estos principios se ven, a su vez, limitados por una consideración importante. Ella está en que las libertades económicas no son vistas por los liberales clásicos como absolutas, ya que pueden ser limitadas o reguladas en función de buscar su equilibrio con otras libertades o bien para facilitar algún propósito social de importancia.

La materialización política más clara de este proyecto serían los Estados Unidos de América, lugar donde el sueño de una sociedad sin clases basada en el comercio y el emprendimiento individual llegó a convertirse en el sentido común de todo un pueblo.

MOMENTO DOS DEL LIBERALISMO: EL ALTOLIBERALISMO

El sueño de una sociedad sin clases también se arraigó en el continente europeo, pero tomó una forma muy distinta a la idea de una “república comercial” norteamericana. Desde Rousseau, pasando por la Revolución Francesa, y llegando hasta Marx, la sospecha de que los derechos de propiedad eran más bien obstáculos para la felicidad y la igualdad política fue in crescendo, llegando a considerar este último que las libertades formales ofrecidas por el orden burgués no eran más que una máscara más de la explotación del hombre por el hombre.

Bajo la sombra de esas críticas maduró un liberalismo distinto al clásico, que mantuvo algunas de sus características centrales, pero que relegó las libertades económicas a un segundo plano. El exponente más brillante de esa línea de pensamiento es John Stuart Mill, quien consideraba las libertades económicas como instrumentalmente valiosas, pero también como una carga que el ser humano debía intentar superar en su camino hacia una vida realizada cuya materialización era el ocio. Con esto, el filósofo y economista da inicio a una corriente que será llamada “altoliberalismo”, por entenderse a sí misma como una superación del liberalismo antiguo, el clásico.

El altoliberalismo se volvió hegemónico a comienzos del siglo XX, y su bandera de lucha fue el concepto de “justicia social”, entendida como una superación de la igualdad formal de oportunidades postulada por el liberalismo clásico, y basada en la idea de que las personas “tengan acceso a los bienes que son necesarios para hacer valiosas sus libertades”.[79]

Las dos grandes estrellas en el firmamento altoliberal son John Maynard Keynes y John Rawls. Keynes argumentó que los programas redistributivos gubernamentales, lejos de dañar la economía, serían un impulso al crecimiento. Sus ideas tuvieron un enorme impacto mundial, incluso en Estados Unidos, y fueron la base de la doctrina del New Deal impulsada por Roosevelt. Rawls, por su parte, fue quien le entregó una justificación moral a la idea de justicia social. Él pensó a las sociedades democráticas como un sistema de cooperación entre personas entendidas como ciudadanos libres e iguales agentes que se autogobiernan. Así, la teoría de Rawls busca determinar los requisitos que las instituciones sociales deben satisfacer para respetar a los ciudadanos como agentes morales comprometidos en un proyecto colaborativo. Así, desarrolla su concepto de justicia como “equidad” (“fairness”[80]), que se sostiene sobre dos pilares principales: un conjunto de derechos y libertades básicos y una serie de requisitos distributivos.

Para tratar de fijar un conjunto de principios de justicia básicos, Rawls ideó el mecanismo ideal de la “posición originaria” o “velo de la ignorancia”, que consistía en reflexionar respecto al orden social ideal sin saber qué lugar ocuparía uno mismo en ese orden. Sin embargo, ese ejercicio daba lugar a una serie de respuestas y, por tanto, a una serie de conjuntos de principios de justicia básicos. Sin embargo, tuvo éxito en darle contenido a la idea de justicia redistributiva por medio del llamado “principio de diferencia”, que establece que un sistema de cooperación social sólo será justo si mejora la situación de todos los que cooperan en él. Así, su postura concluye en la idea de que “un conjunto de arreglos institucionales será justo sólo si, además de proteger una serie de derechos y libertades básicas, está diseñado para ayudar a las personas a producir bienes y crear oportunidades de tal forma que esto beneficie a los miembros de todas las clases sociales”.[81]

Tomasi destaca el horizonte ideal de la visión rawlsiana como “el ideal democrático en el cual las personas, como ciudadanos, se reconocen como seres morales libres e iguales (…), un mundo en el cual las capacidades morales de todos los ciudadanos puedan desplegarse y ejercerse, incluyendo los de aquellos que tengan menos suerte en la lotería genética y social”.[82] Las capacidades morales atribuidas por Rawls a los seres humanos, y defendidas por Tomasi, son principalmente dos: la capacidad para ser autores responsables de nosotros mismos (que incluye la capacidad de desarrollar un plan de vida) y la capacidad moral para honrar a nuestros conciudadanos como autores responsables de sus propias vidas.

Finalmente, si uno quisiera definir en sentido general al altoliberalismo, sus características principales serían tres: 1) el rechazo al ideal liberal clásico de la igualdad formal, por considerar que una noción de justicia moralmente adecuada requiere de un componente sustantivo redistributivo; (2) la defensa de un rol expansivo del Estado en la regulación de los asuntos económicos en función de los requisitos distributivos de la justicia social; y (3) el relegamiento de las libertades económicas privadas del capitalismo a un segundo plano (concepción débil de la libertad económica), por considerar que la realización de la justicia sustantiva exige ponerlas por debajo de otros bienes.

Mill, Keynes y Rawls, en efecto, parecen ver las libertades económicas en términos meramente instrumentales, como manifestación de un problema a superar.

MOMENTO TRES DEL LIBERALISMO: LA REACCIÓN LIBERTARIA

La reacción contra la noción de justicia social dentro del mundo liberal tomó la forma de una doctrina llamada “libertarianismo”, siendo quizás su principal exponente Robert Nozick. Su trabajo, en vez de seguir una lógica consecuencialista y pragmática como la de los liberales clásicos, tiene un carácter axiomático o deductivo que toma como punto de inicio la autopropiedad de los individuos y una serie de derechos de propiedad naturales derivados de ella.

Los elementos centrales del libertarianismo son tres: 1) una concepción de la libertad económica que no es simplemente densa, sino absoluta; 2) una defensa de la igualdad formal que ve los resultados del mercado no como parcialmente justos, sino como absolutamente justos (incluso cuando involucran la alienación de otros derechos y libertades básicas); y 3) la negación, fundada racionalmente, de cualquier autoridad por parte del Estado para cobrar impuestos en función de proveer servicios sociales a terceros.

Así, si los altoliberales dan un trato especial a las libertades económicas, relegándolas a un segundo plano, los libertarios también les dan un trato especial, pero poniéndolas en un primerísimo plano. Sin embargo, el propio Nozick terminó por alejarse de su obra y abrazar nociones más parecidas a las del liberalismo clásico (para lo cual había muy buenas razones, tal como un reciente trabajo de Felipe Schwember ha mostrado)[83].

PENSAR LO IMPENSABLE: LA DEMOCRACIA DE MERCADO COMO PROVOCACIÓN

En la segunda parte del libro (entre los capítulos 3 y 5), Tomasi pone datos sobre la mesa y nos dice que, a diferencia de lo que los altoliberales pensaban, las libertades económicas parecen ser más valoradas por las personas comunes y corrientes a medida que sus países progresan y sus economías crecen, de lo que concluye que “la prosperidad hace que el ejercicio personal de la libertad económica sea más y no menos valorado por muchos ciudadanos”.[84] El autor atribuye este giro a un cambio producido al interior del capitalismo desde mediados del siglo XX: un giro desde su formato industrial–alienante hacia una economía personalizada, donde las ideas y la información resultan ser el principal capital, lo que ha tendido a reconciliar el crecimiento económico con una valoración más integral de la persona humana y de sus libertades. Finalmente, Tomasi destaca que este hecho práctico no puede simplemente ser desconocido por la reflexión filosófica, pues es un indicio de que hay una experiencia moral valiosa en las libertades económicas que parece estar siendo pasada por alto.

El autor, entonces, aprovecha esta intuición para disparar a la línea de flotación tanto del liberalismo clásico y el libertarianismo, como del altoliberalismo. El nombre de su torpedo es, como ya dijimos, “democracia de mercado”. Y su postulado central es que una concepción densa de la libertad económica debe ser considerada como una parte integral de cualquier esquema amplio de derechos y libertades diseñado para permitir a los ciudadanos desarrollar y ejercer sus capacidades morales. Con esto reivindica, al mismo tiempo, el compromiso sustantivo del libertarianismo con las libertades económicas, la preocupación por la justicia social de los altoliberales y la concepción densa de la libertad económica de los liberales clásicos. Y, por cierto, desecha en la misma movida el “absolutismo económico” libertario (junto con su noción meramente formal de la justicia), el relegamiento económico altoliberal y la defensa meramente consecuencialista de la libertad económica de los liberales clásicos.

Al hacer esto, resuelve bastantes problemas y rellena muchos vacíos en las tres teorías: corrige el vacío de justificación de los altoliberales respecto a la exclusión de las libertades económicas del listado de libertades básicas, corrige el vacío de justificación de los liberales clásicos relacionado con la necesidad de cierta intervención estatal para proveer algunos bienes fundamentales y corrige el vacío de justificación política y moral del libertarianismo (que, al rechazar radicalmente los conceptos de justicia social y bien común, queda sin instrumentos para justificar las ventajas de su planteamiento).

Contra el argumento altoliberal de que la propiedad es una “mera convención legal”, Tomasi alega que todas las libertades y derechos lo son, y que plantearlo es un asunto trivial. Lo relevante sería demostrar que las libertades económicas deberían ser excluidas del listado de “libertades que deben ser protegidas en función de que los ciudadanos puedan desarrollar su horizonte evaluativo, haciéndolos realmente capaces de gobernarse a sí mismos”,[85] libertades que son los requisitos básicos de la legitimidad política y que, por ello, los altoliberales consideran que deben estar aseguradas constitucionalmente. Y el punto es que, puestos frente a ese desafío, los altoliberales parecen no tener argumentos para considerar ciertas libertades económicas como importantes, pero no otras.

Ante esto, Tomasi afirma:

Una sociedad que niega a las personas la oportunidad de asumir por sí mismas asuntos de planificación financiera de largo plazo o que restringe la manera en que los individuos y las familias pueden responder a estas preguntas, disminuye la capacidad de los ciudadanos para realizarse como agentes independientes y responsables. Y lo mismo ocurre con una sociedad que limita la libertad de los individuos para negociar los términos específicos de sus contratos de trabajo o que somete a un cálculo de conveniencia social su propiedad sobre medios de producción. Sin importar lo buenas que sean las intenciones detrás de estos actos, ellos crean condiciones sociales en los cuales las capacidades morales de los ciudadanos pueden desarrollarse sólo en un sentido muy limitado. Tal como el respeto por la libertad y la igualdad de los ciudadanos exige el reconocimiento de su libertad religiosa, asociativa e intelectual, exige también el reconocimiento de su libertad económica. Como requisito liberal para la legitimidad política, y por respeto a la libertad e independencia de todos los tipos de ciudadanos, un conjunto de alto alcance de libertades económicas debería ser reconocido entre los derechos básicos de todos los ciudadanos.[86]

Así, lo que el autor propone es una defensa de las libertades económicas sostenida principalmente en el plano moral, postulándolas como un requisito para la legitimidad democrática.

La razón por la que tal postura golpea con fuerza a liberales clásicos y libertarios es que tal defensa de la libertad económica se encuadra en una perspectiva democrática o deliberativa de la vida en común, haciendo de la justicia social (entendida desde el principio de diferencia) el estándar último de evaluación institucional. Y esto obviamente es complicado para tradiciones que consideran que “justicia social” es un concepto que carece de significado. Además, la “democracia de mercado” postula las libertades económicas a la par de otras libertades y derechos, y no como un absoluto moral, por lo que los libertarios quedarían incluso más alejados de dicha visión.

Sin embargo, aquí Tomasi introduce un astuto argumento: casi todos los grandes intelectuales y políticos identificados con las corrientes liberales clásicas y libertarias han justificado sus posturas apelando a razones análogas al principio de diferencia; es decir, afirmando que sus ideas, llevadas a la práctica, se traducirán en un mejor nivel de vida para los menos afortunados. Incluso, en el caso del liberalismo clásico, esta preocupación se traduce, como vimos, en la defensa de la intervención estatal para la provisión de ciertos bienes y servicios. En otras palabras: liberales clásicos y libertarios siguen creyendo en algo cercano a la idea de justicia social, aunque lo nieguen debido a que asocian dicho concepto al intervencionismo estatal. Después de todo, ¿cómo podrían defender en sede política sus postulados sin apelar a algo parecido al bien común o a la justicia social? Armado de este argumento, Tomasi logra hackear ambas tradiciones, mostrando a la “democracia de mercado” como una visión más comprehensiva que ellas, capaz de incluirlas y mejorarlas.

El cierre de este ejercicio es el postulado de la “democracia de mercado” como un programa de investigación que postula una comprensión de la justicia social alternativa a la social-democrática, al defender la importancia moral de las libertades económicas. El nombre de esa concepción de la justicia social es “equidad de libre mercado” (“free market fairness”). Dicho programa sería superior al social-democrático, pues reconoce en la dimensión económica la dignidad y libre agencia de todos los seres humanos. Los regímenes institucionales que calzan dentro de la concepción democrática de mercado, en tanto, son diversos, pero se mueven entre los extremos del “laissez faire democrático” (que contaría con un Estado mínimo y una protección social muy básica) y el de “gobierno limitado democrático” (que contaría con un Estado subsidiario).

AJUSTANDO CUENTAS FILOSÓFICAS

La parte final del libro (capítulos 6 a 8) es algo reiterativa para quienes ya hayan captado hacia dónde va el autor con su argumento y simpatizan con éste. Sin embargo, resulta muy importante para quienes, proviniendo especialmente de la tradición altolibertaria, no estén convencidos de su razonabilidad. Allí Tomasi defiende su concepción libremercantil de la justicia social punto por punto en relación con otras concepciones, especialmente, como resulta lógico, la de Rawls.

Tomasi reconoce dos grandes desafíos a la visión de la “democracia de mercado”. El primero viene de la izquierda y consiste en la objeción de que este sistema permitiría significativas violaciones a la visión liberal de la justicia. El segundo viene desde la derecha y consiste en objetar que este régimen requiere que los talentos y habilidades de algunos sean instrumentalizados en beneficio de otros.

El autor, frente a estos desafíos, parte por decir, acertadamente, que la evaluación partisana de una visión alternativa suele comparar el ideal de la propia visión con la realización, siempre defectuosa, de la visión del adversario. Y es para evitar este problema que distingue tres niveles de discusión: el de la filosofía política, el de la teoría política y el de la política pública.

Veamos cada uno de estos niveles:

1) El nivel de la filosofía política se encuentra en el plano puro del debate moral sobre asuntos políticos. En él se identifican los parámetros morales adecuados para evaluar las instituciones básicas de una sociedad y se esclarecen las distintas concepciones de justicia y los tipos de régimen que realizan las condiciones fijadas por esas concepciones.

2) El nivel de la teoría política es el plano de la defensa o apoyo respecto al régimen político que se considera que satisface de mejor manera los estándares morales identificados a nivel de la filosofía política.

3) La política pública, finalmente, es el nivel en el cual, bajo el marco del régimen elegido desde el punto de vista de la teoría política y bajo la guía de los principios morales identificados al nivel de la filosofía política, se decide respecto a leyes, regulaciones e iniciativas públicas particulares.

El desafío desde la derecha es despejado por el autor al mostrar que, en realidad, los autores liberales y libertarios nunca dejan de apelar del todo a la justicia social para justificar sus preferencias políticas. Así, no podría alegarse que la democracia de mercado instrumentalice en mayor medida a las personas que las propuestas emanadas desde dichas tradiciones.

En cuanto al desafío de izquierda, Tomasi entra a una discusión a distintos niveles con Rawls, dejando en claro que los altoliberales no ofrecen en ningún plano mejores garantías para la realización de las libertades y derechos que la democracia de mercado. De hecho, postula que estas libertades y derechos se ven expandidos y resguardados en mejor medida bajo un régimen de democracia de mercado que bajo uno altoliberal. Afirma así:

Al maximizar la riqueza del pobre y ampliar el rango de derechos y libertades básicas disfrutados por todos los ciudadanos, la equidad de libre mercado persigue una concepción muy ambiciosa de los requisitos morales de una comunidad democrática. En este sentido, los regímenes pro mercado de la democracia de mercado no solamente son uno de los tipos de régimen que los filósofos deben considerar como razonablemente justos. Por el contrario, estos regímenes deberían ser reconocidos como los más razonablemente justos de todos. Evaluados por la calidad de sus intenciones morales, la democracia de mercado es la forma más desarrollada de liberalismo.[87]

COMENTARIO

El libro de Tomasi es notable porque pone en su lugar tanto a altoliberales como a liberales clásicos y libertarios. A los primeros les deshace la superioridad moral con la que con mucha facilidad se cubren, mostrando la serie de arbitrariedades y suposiciones equivocadas mediante las cuales esta tradición ha tendido a poner en un segundo plano la importancia de las libertades económicas para la realización de los ideales liberales. A los segundos los obliga a aceptar la necesidad de un horizonte de justicia social al momento de defender un programa político, negándoles la interpretación meramente transaccional de la existencia en común y la valoración exagerada de las libertades económicas por sobre otras libertades y derechos. Y todo esto lo logra simplemente poniendo sobre la mesa la necesidad de evaluar la importancia moral de las libertades económicas.

El impacto de una visión como ésta en el actual debate público chileno es amplio. Por un lado, el argumento de Tomasi golpea con fuerza la pretensión moralizante del argumento de Fernando Atria respecto al Estado y al mercado. Recordemos que el profesor de derecho plantea que en un contexto de mercado “los individuos actúan motivados por su propio interés, no por el interés ajeno”, mientras que en el contexto del régimen estatal “el proveedor no provee porque de ese modo sirve su propio interés, sino porque sirve el interés del ciudadano”.[88] En el marco propuesto por Tomasi, en cambio, las instituciones de mercado pueden entenderse perfectamente como esquemas posibilitadores de la realización mutua de los ciudadanos en tanto seres iguales en dignidad, mientras que las instituciones estatales, cuando limitan innecesariamente la capacidad y el ámbito de decisión de los ciudadanos, aparecen justamente como mutilantes de la igual dignidad de todos. En otras palabras, mientras Atria postula al “neoliberalismo” como la negación de lo humano (que sólo puede disfrazarse bajo un rostro con apariencia humana), Tomasi nos propone algo así como un “humanitarismo con rostro neoliberal”.

En el otro extremo del debate, Tomasi deja expuesta la debilidad argumentativa de la vulgata neoliberal predicada en nuestro país por autores como Axel Kaiser, quien, en una misma página es capaz de equiparar el pago de impuestos con la esclavitud y el robo a punta de pistola,[89] y luego afirmar que igual la redistribución es aceptable si sus fines son razonables.[90] Frente a este tipo de argumentos contradictorios, Tomasi aclara que defender la libertad no significa necesariamente ni considerar la propiedad un absoluto moral, ni condenar cualquier acto del Estado como pura violencia arbitraria (¡ni mucho menos considerar el robo con intimidación como algo moralmente mejor que cobrar impuestos!). Por el contrario, fundamenta moralmente aquello que Kaiser sólo puede plantear en contradicción con sus propios postulados: la necesidad de que el Estado entregue una protección equilibrada, a veces interviniendo sobre la base de criterios de justicia distributiva, a una serie de derechos y libertades básicas, entre las que incluye las libertades económicas.

Finalmente, vale la pena destacar también que el trabajo de Tomasi se enmarca en una corriente intelectual orientada a defender un “capitalismo ciudadano”, que cuenta con exponentes cada vez más destacados. No es coincidencia que Luigi Zingales también se refiera al horizonte político que le parece deseable como “democracia de mercado”. Y tampoco es coincidencia que Rajan y Zingales (coautores de Salvando el capitalismo de los capitalistas) consideren que en algunos casos es justa y necesaria la intervención estatal para defender ese horizonte.[91] Esta corriente ve a la política y a la democracia como aliados del libre mercado y no como enemigos: confían tanto en sus fundamentos morales como en la superioridad en cuanto a beneficios para todos del orden liberal. Y ya no ven el mayor peligro en la amenaza totalitaria, sino en las dinámicas autodestructivas de los propios mercados cuando son capturados por los grupos de interés. Como lo dicen Rajan y Zingales, “el mayor peligro para la democracia de mercado hoy no está en el socialismo, sino en su retroceso hacia un sistema oligárquico, que suprima la competencia bajo la excusa de reducir el riesgo”.[92]

En Chile, donde las instituciones de mercado fueron instaladas a la fuerza por una dictadura militar, muchos defensores del libre mercado asumieron también que la democracia deliberativa, a la que atribuían una tendencia populista irrefrenable, era uno de sus más letales enemigos. Esa postura es mantenida hasta el día de hoy por muchas personas que se autocomprenden como “de derecha”. En el caso de la izquierda, en tanto, esa asociación también tuvo consecuencias: se tendió a pensar que las instituciones de mercado eran, necesariamente, contrarias a la democracia y que serían vinculadas para siempre con la dictadura militar. Sin embargo, con el tiempo ha comenzado a darse la paradójica situación de que los ciudadanos, al tiempo que rechazan los abusos del mercado y del Estado, parecen valorar las libertades económicas y, a la vez, exigen una mayor intervención estatal en función de asegurar oportunidades a todos para desplegar sus proyectos e intereses. Tal situación, por supuesto, deja fuera de combate tanto a las visiones tradicionales de derecha como a las de izquierda.

Carlos Peña, Harald Beyer y José Joaquín Brunner han analizado este fenómeno con atención y han postulado que el ambiente de crisis que se vive en nuestro país tiene que ver mucho más con los efectos del éxito y aceptación popular de los principios de la libertad económica, que con su rechazo. Si eso efectivamente es así, Tomasi podría, con justicia, ser uno de los autores de cabecera de quienes pretendan pensar alternativas políticas sustentables en este nuevo contexto.

Para terminar, el rol de reseñador exige señalar las debilidades del libro comentado. En este caso, creo que el argumento de Tomasi no logra realmente hacerse cargo de las objeciones libertarias a la noción de “justicia social”. Él mismo lo reconoce, en alguna medida, cuando admite que aunque los libertarios defiendan su postura apelando a los efectos distributivos ventajosos de la aplicación de una noción de justicia estrictamente privada, esto no implica que ellos consideren que a cada ciudadano se le debe algo en función de criterios de justicia social. Esto es “sólo un paso en esa dirección”, nos dice. Sin embargo, no es claro que estén dispuestos a seguir por ese camino ni que puedan ser convencidos de ello.

Lo que Tomasi sí logra es mostrar que es más o menos imposible hacer una defensa política de una institución sin apelar a sus efectos distributivos; es decir, sin apelar a su evaluación en el plano de la justicia social. Esa institución puede negar, por ejemplo, la necesidad de medidas fundadas en la justicia distributiva, pero no negarla a ella en tanto criterio de justificación. Así, los libertarios, aunque no vencidos, quedan acorralados: o admiten la justicia distributiva como criterio de evaluación para poder defender políticamente sus propuestas institucionales, o se restan del debate político declarando que el solo hecho de someter a la deliberación política sus postulados es un acto que los violenta.

Otro problema del libro, aunque no demasiado importante, es que nunca queda muy claro si el autor cree que sus propuestas sólo tienen sentido práctico en el contexto cultural de los Estados Unidos o si las considera capaces de operar en otros contextos culturales. No deja de ser curioso, en ese sentido, el cierre del libro: “Yo llamo a esta interpretación de la justicia liberal equidad de libre mercado. Pero no me importa si otros le dan un nombre menos formal. Pueden decirle: justicia social, estilo americano”.[93]

Lo que sí resulta más importante, y tremendamente problemático, es la pregunta respecto a cómo una teoría de la justicia de este tipo interacciona con la realidad de la globalización. Si algo nos confirman el escándalo de los Panama Papers, los golpes ambientales producto del calentamiento global y las crisis migratorias, es que muchos problemas de justicia se están planteando a escala mundial. Y eso nos desafía a pensar la justicia, también, a esa escala. Si en algún momento ya no bastó con situarse mentalmente en la polis para pensar los problemas, hoy parecen estar corriendo la misma suerte los Estados nacionales. Por ahí tendría que ir, de existir, una segunda parte de este interesante libro. EP

Notas

79 John Tomasi, Free Market Fairness (Princeton y Oxford: Princeton University Press, 2012), 35. En esta cita como en las siguientes, las traducciones fueron realizadas por el reseñador.

80 “Fairness” no es exactamente lo mismo que justicia. Su diferencia es parecida a la que existe entre lo razonable y lo racional. El Blackwell Dictionary of Western Philosophy la define así: “Equal, proportional, and impartial treatment, constituting a virtue of any institution that involves the distribution of goods and responsibilities. Aristotle distinguished between a general notion of justice, as the obedience to laws and regulations, and a particular notion of justice, as the fair distribution of honors and money”. (Nicholas Bunin & Jiyuan Yu, editores (Wiley-Blackwell, 2004), 247). A falta de un concepto mejor, usaremos el de “equidad”, aunque también podría usarse el de “imparcialidad”.

81 Tomasi, Free Market Fairness, 39.

82 Ibídem, 40.

83 Felipe Schwember, “La teoría del título válido de Robert Nozick: Un balance”, Estudios Públicos 140: 55-82.

84 Tomasi, Free Market Fairness, 60.

85 Tomasi, Free Market Fairness, 75.

86 Ibídem, 81.

87 Tomasi, Free Market Fairness, 266.

88 Fernando Atria, Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM Ediciones, 2014), 126-128.

89 Cito: “Los liberales creen que nadie es dueño de otra persona, porque rechazan la esclavitud y todo lo que se le parezca, entonces sostienen que nadie puede obligar a trabajar a otro gratis. No es relevante aquí si la redistribución la hace el Estado por la fuerza a través de quitarles a unos para darles a otros o si la persona va directamente a la casa del que va a ser expropiado para quitarle lo que necesita con una pistola. Ambas son formas de confiscar por la fuerza la propiedad de otro. La segunda forma en todo caso tiene la ventaja de ser más eficiente porque el beneficiado se lleva toda la riqueza mientras hoy la mayor parte se pierde en el Estado en comisiones, coimas, corrupción y un aparato burocrático obeso e ineficiente”. Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad (Santiago: El Mercurio - Aguilar, 2015), 74.

90 Cito: “Los liberales, en todo caso, también aceptan la redistribución cuando se justifica desde el punto de vista de la utilidad social y se hace de manera focalizada y eficiente para que la gente pueda pararse sobre sus propios pies”. Ibídem, 74-75.

91 Cito: “Sin un marco político fuerte que los defienda y bajo la presión continua de los intereses creados, los mercados siempre serán demasiado restringidos, nunca demasiado libres”. Raghuram Rajan y Luigi Zingales, Saving Capitalism from the Capitalists (Princeton: Princeton University Press, 2004), 311.

92 Ibídem, 313.

93 Tomasi, Free Market Fairness, 272.

RESEÑA

SOBRE LAS VIRTUDES Y LOS VICIOS DE LA ECONOMÍA

Raphael Bergoeing

CEP / Universidad de Chile

Dani Rodrik, Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science

(Nueva York: Norton & Company, 2015).

Raphael Bergoeing. PhD en economía, University of Minnesota. Investigador del Centro de Estudios Públicos y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Email: rbergoeing@cepchile.cl.

“La respuesta correcta en economía casi siempre es: depende”.

“Es un modelo, no el modelo”.

“Los modelos son una fuente de orgullo (para los economistas)… Para sus críticos (no economistas), los modelos capturan casi todo lo que está mal con esta profesión”.

Dani Rodrik, Economic Rules.[94]

1 Dani Rodrik, Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science (Nueva York: Norton & Company, 2015). Este libro será citado, de aquí en adelante, tan sólo con el número de página entre paréntesis.

1. CONSTRUYENDO UN PUENTE

Dani Rodrik es un economista influyente y provocador. Ha enseñado economía en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard durante casi tres décadas, ha publicado en las principales revistas científicas especializadas y es expositor habitual en los foros internacionales sobre política pública. Pero no es un economista tradicional: es parte de un reducido grupo de académicos que cuestionan el consenso pro liberalización,[95] y apoya un tema tabú, la política industrial, que impulsa el desarrollo gubernamental de sectores específicos. En ambas materias, la opinión es mayoritariamente contraria. De hecho, pocas ideas son más ampliamente aceptadas entre los economistas que la necesidad de avanzar rápida y decididamente hacia un intercambio global. Sería la combinación de mercado y apertura comercial, profundizada desde la consolidación de la revolución industrial a mediados del siglo XIX, lo que definiría el enorme avance en prosperidad logrado por la humanidad durante los últimos 120 años.[96] En cuanto a las políticas de desarrollo industrial, si bien recientemente ha habido un nuevo impulso, el peso de la prueba sigue en el Estado y, ante la duda, los economistas optan por no innovar. Pero Rodrik, desde una sala de clases o recorriendo el mundo asesorando a gobiernos de países en desarrollo, las apoya sin matices.

Por ello, cuando comencé a leer su nuevo libro, Economic Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science, esperaba encontrarme con un texto cargado de críticas a esta disciplina científica, empático con el acuerdo popular reciente, especialmente después de la crisis financiera de 2008, que responsabiliza a la economía y a los economistas por no haber predicho la crisis, ni saber qué hacer para impedir que alguna similar volviese a suceder en el futuro.

Pero me equivoqué. El libro de Rodrik enjuicia a los economistas, especialmente a los académicos, por cómo hemos asumido nuestro rol en el ámbito de las políticas públicas. Sin embargo, sus juicios no son los de un intruso ni los de un opositor: los construye desde dentro de la disciplina, pidiendo cambios que evitarían los errores cometidos, pero, al mismo tiempo, defendiendo con convicción la metodología que la economía aplica y que tiende a alejarla de otras ciencias sociales.

Así, este libro busca construir un puente entre economistas y no economistas, y está en consecuencia escrito para ambos públicos. El elemento con el que arma este puente son los modelos. Por un lado, los modelos representan el orgullo de los economistas. Son su manera de llevar la realidad al laboratorio, de analizar problemas concretos en un ambiente controlado, de incorporar rigor en el análisis, de proponer políticas con base científica. Para los críticos de la economía, por su parte, los modelos representan todo lo que está mal con esta disciplina: la obsesión con transformar el comportamiento humano, complejo y de libre albedrío, en proposiciones exactas, como físicos explicando el comportamiento de los átomos; el medio a través del cual se disfrazan ideologías como verdades científicas y se impone la teoría a la realidad. Una parte importante de este libro es, por lo tanto, sobre el necesario uso así como el costoso abuso de los modelos y la teoría en economía.

El momento para su publicación es, además, oportuno, cuando las virtudes de la economía han sido exageradas por muchos a la vez que otros tantos permanecen ciegos ante sus beneficios. Hoy, demasiadas personas relacionan los errores de economistas —y en ocasiones de expertos financieros como los que trabajan en Wall Street— con debilidades de la economía y, por extensión, del liberalismo económico.

Por una parte, no cabe duda de que hay mucho por mejorar en esta ciencia, especialmente dado que la economía ha tendido a funcionar en silos. Porque si bien el contenido de un buen programa de doctorado en economía incluye las diversas áreas que conforman la disciplina y se enseña de la misma manera en prácticamente todas las universidades, los académicos e investigadores han tendido a especializarse en extremo, concentrándose durante largos periodos de tiempo en mercados y preguntas puntuales. Por ejemplo, un economista interesado en temas monetarios típicamente no participa del debate ni conoce los avances en la discusión sobre competencia, y un economista laboral poco se interesa sobre los determinantes del mercado de capitales. Pero las crisis recientes, especialmente las financieras, han involucrado una compleja interacción entre mecanismos de mercado y regulatorios, tanto a nivel sectorial como agregado. Por ello, hoy existe consenso sobre la necesidad de que los macroeconomistas aprendan más de finanzas, de que los expertos en finanzas entiendan mejor cuándo los mercados dejan de funcionar, y todos tengan más conciencia sobre el rol de las burbujas de precios de activos y qué ocurre cuando éstas explotan.

Sin embargo, aunque los economistas estén en deuda, concluir que los políticos lo harán mejor al diseñar políticas públicas puede ser un corolario peligroso. El libro de Rodrik es un buen llamado a la mesura, a reconocer los límites de la ciencia, pero también las posibilidades que ofrece —a saber, qué esperar y qué no—; y a complementar la contribución de distintas disciplinas para avanzar hacia mejores políticas públicas.

El libro está escrito de manera amena, con buena pluma y múltiples ejemplos ilustrativos, que ayudarán al lector no experto. Sin embargo, en ocasiones también se torna repetitivo y abusa de la discusión metodológica. De hecho, cuatro de los seis capítulos están dedicados casi por completo a ello. Desde allí, Rodrik plantea su propuesta para mejorar la contribución de la economía a la política pública. El foco estaría en entender que los modelos en economía se acumulan horizontalmente —es decir, sumándose en lugar de reemplazándose—, agregando conocimiento que debe ser adecuadamente utilizado, esto es, mediante la elección del modelo correcto para cada pregunta, lo que, según reconoce el mismo autor, tiene más de arte que de ciencia (21; 83). Así, los críticos habrían estado cuestionando a la economía por las razones equivocadas. Ningún modelo es correcto. Estos, por definición, son abstracciones de la realidad. En sus palabras, “los modelos nunca son verdaderos, pero hay verdad en los modelos” (44).

En este contexto, Rodrik aprovecha también este libro para difundir una metodología que ha desarrollado durante las últimas dos décadas para asesorar a gobiernos preocupados por el estancamiento económico. Esta herramienta, llamada “diagnóstico de crecimiento” (“growth diagnostics”), busca identificar las barreras principales para el crecimiento en un país y momento del tiempo específicos. La idea es que cada realidad necesita su propio diagnóstico, y él prioriza políticas al determinar qué debe ser solucionado primero. Esto lo ha apartado del Consenso de Washington, popularizado a fines de la década de 1980, cuando un conjunto ampliamente acordado de políticas liberalizadoras fue promovido desde los organismos multilaterales —Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, especialmente— e impuesto de manera general en América Latina.

En otras palabras, si bien Rodrik es un defensor del método científico, es también un difusor de un mecanismo específico, diseñado para adaptarse a cada realidad con el fin de asumir desafíos particulares. Cuesta creer —apelando a un concepto económico básico— que los incentivos no estén mal alineados. Como el terapeuta que decide cuándo termina la terapia y el consultor que siempre termina su informe recomendando una consultoría adicional, Rodrik plantea que cada realidad es suficientemente única como para requerir un modelo único y un set de recomendaciones ad hoc, los que, además, no son trivialmente reconocibles, salvo desde la experiencia acumulada tras muchas jornadas en esas lides. Y eso, en una disciplina en la que el contexto importa, llevaría a descartar un modelo universal, algo que erradamente muchos habrían intentado imponer durante las últimas décadas. Así, hay mucha —demasiada— coherencia entre su crítica a la manera como muchos economistas han desarrollado su trabajo y su proyecto profesional de asesorías gubernamentales. De esta manera, la claridad con la que defiende una y otra vez a la disciplina económica, apoyando la importancia del método científico, incluso para entender el comportamiento humano, se nubla cuando debe justificar, desde el mismo rigor científico, la metodología que pretender impulsar.

A pesar de esto, Economics Rules es un libro muy recomendable y cuya lectura probablemente disfrutarán economistas y no economistas por igual.

En la sección siguiente se analizan, más detalladamente, los distintos capítulos de este libro. Luego, en la sección final, se contextualiza la discusión y se plantean algunas reflexiones sobre la enseñanza de la economía y la necesidad de combinar su campo de acción con otras disciplinas sociales, para mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas.

2. EL LIBRO Y SUS CAPÍTULOS

El desencanto ciudadano con la economía, decíamos, ha crecido desde la crisis financiera subprime. Pero no sólo debido a su incapacidad de predecir. Los detractores de esta disciplina reclaman por la simpleza y falta de realidad de sus modelos, el supuesto sesgo pro mercado de sus propuestas y la tendencia a considerar el comportamiento humano motivado por objetivos parciales, ajenos a la cultura y dimensiones sociales. Dani Rodrik, sin embargo, es crítico de los economistas más que de la economía. En consecuencia, destina la mayor parte de su libro a los que enjuician esta disciplina, intentado explicarles por qué sus opiniones serían inadecuadas. Los primeros cuatro capítulos, de un total de seis, justifican, con ejemplos simples, el esfuerzo de la economía por avanzar desde el rigor del método científico. Recién en el capítulo 5 el libro asume una crítica frontal contra lo que considera es un sesgo en la profesión por privilegiar un tipo de modelos —pro mercado— sobre otros. Pero luego, en el capítulo 6 y final, vuelve a interpelar —aunque siempre con un lenguaje amigable— a los que se quejan contra la economía, explicando por qué, una a una, sus críticas estarían equivocadas.

En particular, en el primer capítulo, Rodrik explica para qué sirven los modelos y la relevancia de los supuestos simplificadores y de las matemáticas. Su argumento es como sigue: los modelos, al reducir la realidad, permiten entender fenómenos complejos en contextos específicos. Así, “cuando los modelos son elegidos juiciosamente, son una fuente de iluminación. Cuando son usados dogmáticamente, llevan a arrogancia y errores de política” (11). El objetivo es convencer al lector que más complejidad no es la respuesta. En este capítulo, además, aparece la tesis principal del libro, que consiste en que en economía se necesitan muchos modelos, con supuestos distintos, para ser utilizados en contextos particulares. De manera que “un buen economista” sería aquel que sabe cómo elegir el modelo más adecuado en cada caso (21).

Los capítulos 2 y 3 —“La ciencia del modelamiento económico” y “Navegando entre modelos”, respectivamente— explican cómo la economía utiliza modelos, por qué ésta es una ciencia, si bien social, y cuál es su diferencia con ciencias naturales como la física y la química, pensadas desde leyes universales. Aclara, además, qué se puede esperar y qué no del análisis económico académico. Al ser una ciencia social, la economía no ofrece predicciones exactas, más bien acota las posibilidades del comportamiento humano, permitiendo aproximar el impacto de políticas públicas en distintos contextos sobre los consumidores, inversionistas y productores, entre otros. La economía, por lo tanto, no ofrecería teorías absolutas. En el mejor de los casos, se podría hablar de “tendencias, regularidades específicas al contexto bajo análisis y consecuencias probables” (45).

Con todo, los modelos clarifican las hipótesis, imponen métodos empíricos y ayudan a producir nuevo conocimiento basado en estándares compartidos y acordados. Pero es en este mismo sentido que el planteamiento de Rodrik es ambiguo: si la economía no puede aspirar a modelar leyes universales, entonces no puede ser considerada ciencia. Porque si una cosa es no contar con un modelo único de aplicación total, otra es descartar la pretensión universal de la teoría. De hecho, la física clásica (o mecánica newtoniana) y la mecánica cuántica divergen en sus campos de aplicación, pero la aspiración científica es lograr construir un puente entre ellas. Al menos ésa es la aspiración científica. De la misma forma, y aunque todavía no tengamos modelos en economía para representar adecuadamente las crisis financieras, las teorías existentes han permitido avanzar significativamente en su comprensión. Y ese proceso de avance científico debería continuar durante los años venideros.

En estos capítulos, además, se explica cómo verificar cuáles son los supuestos críticos en un modelo, los mecanismos principales y sus implicancias incidentales. Esta tarea es compleja, y define la que parece ser una importante debilidad de la enseñanza de esta profesión: pese a lo determinante que serían el buen juicio y la experiencia para elegir el modelo adecuado a un contexto específico, la formación de economistas dedica poco o nada de tiempo y esfuerzo a desarrollar capacidades para ello.

Una parte sustancial del capítulo 3 lo dedica a explicar su método para elegir el modelo correcto, que consiste, tal como se mencionó, en el “diagnóstico de crecimiento”.

Dado que para implementar una política pública adecuada sería necesario identificar cuál es el modelo apropiado al contexto específico, los principales errores ocurren cuando la ideología nubla el juicio o cuando los paradigmas se imponen a la realidad del contexto bajo análisis. Esta elección, por supuesto, tiene mucho de ciencia, pero también algo de arte, más si debe ser hecha en tiempo real. Con todo, lo mejor que podemos esperar es una aproximación tendencial y un impacto estimado.

En el capítulo 4, “Modelos y teorías”, se recorre la evolución histórica de la economía y se explica cómo las teorías permiten estructurar el conocimiento ordenadamente, más que proveer respuestas concretas a preguntas específicas en contextos particulares. Sin embargo, esta revisión es excesivamente breve, por lo que no contribuye a entender lo mucho que ha cambiado esta disciplina y cómo esta evolución ha respondido a la acumulación natural de conocimiento, construyendo teoría desde la experiencia práctica. Rodrik desperdicia la oportunidad, por lo mismo, de contextualizar la relación virtuosa entre el avance de la teoría y el diseño de buenas políticas públicas. Un ejemplo exitoso es el de la teoría macroeconómica, que ha avanzado impactando directamente la manera como se organizan los bancos centrales, que hoy son autónomos del gobierno de turno en la mayoría de los países. Así también hay una relación directa entre la mayoría de las políticas públicas orientadas a controlar la inflación durante las últimas décadas y los desarrollos teóricos ocurridos durante los años 70.

Parte importante de este capítulo consiste en explicar cómo identificar cuál modelo es más apropiado y entender las tendencias y consecuencias más probables de fenómenos y políticas específicas. El arte del uso de modelos se ejemplifica a través de múltiples ejemplos, y se insiste en la importancia de la experiencia acumulada y el buen juicio del responsable de esta tarea.

En los dos capítulos finales, más orientados a un público no especializado, se aterrizan las falencias de la disciplina y las principales críticas que ha recibido. En el capítulo 5, “Cuando los economistas se equivocan”, se plantea que el error más común es confundir “un modelo con el modelo” (152). Para ejemplificarlo, como ya se dijo, se recurre al Consenso de Washington y, más recientemente, a la desidia regulatoria y excesiva confianza en el mercado que habrían llevado a la crisis financiera global de 2008. Así, se señala que el problema no es la economía, sino los economistas y su sesgo pro mercado. Una vez más, sin embargo, la alternativa a la aplicación de un conjunto de recomendaciones que han resultado ampliamente exitosas, como la liberalización comercial y el desarrollo productivo descentralizado (más que desde el Estado), no emerge como herramienta de política concreta, lo que genera un vacío entre crítica y propuesta.

Finalmente, en el capítulo 6, “La economía y sus críticos”, se explica por qué el método científico es adecuado en economía, incluso cuando se trata de una disciplina social. Así, la simplificación de los modelos, sean estos construidos asumiendo mercados competitivos o no, no sería un inconveniente, siempre y cuando ellos se utilicen para responder preguntas acotadas en contextos en los que esos supuestos son útiles. Y dado que la economía trata sobre el comportamiento humano, no se puede esperar que los modelos entreguen predicciones precisas, sino más bien condicionadas, lo que permite una discusión sobre pilares técnicos objetivos y evaluables (184).

El principal problema del libro de Rodrik es su incoherencia al defender y criticar a la economía. Rodrik la defiende apelando al método científico, el que busca la construcción de ideas generales y de amplia aplicación, pero al mismo tiempo propone un método para asumir sus desafíos basado en casos absolutamente particulares. Y si todo es un caso particular, si no es posible establecer teorías de uso común, si cada problema requiere su propia solución y cada lugar y momento es una realidad en sí misma, se cae en la falacia que critica cuando defiende la simpleza de los modelos. El cuento de Borges que cita Rodrik, “Del rigor en la ciencia”, sobre los mapas con escala 1:1, exactos pero inútiles, como parábola de la necesidad de aplicar el método científico es, a la vez, una crítica a la propuesta práctica del libro (43).[97] Y es que las diferencias entre países y entre momentos no impiden aplicar un conjunto amplio de ideas representadas a través de modelos cuyas implicancias han demostrado ser concretas.

La mayor preocupación, visto desde la política pública, es que la falacia de la indeterminación, como ocurre en muchas disciplinas sociales, transforme la necesidad de explorar en una justificación para no actuar. Hay personas, de carne y hueso, esperando beneficiarse de buenas políticas públicas. Hay desafíos sociales insoslayables y urgentes. La economía ha avanzado mucho y ha generado en la práctica herramientas para enfrentar estos desafíos. La incapacidad de replicar con perfección cada situación no es excusa para su mal uso, pero tampoco puede serlo para su no uso. La gran mayoría de los fracasos económicos recientes, especialmente en América Latina, son lisa y llanamente resultado del diseño e implementación de malas políticas públicas por parte de malos gobiernos, no de la incapacidad de los economistas de reconocer políticas específicas en contextos particulares.

Con todo, el libro deja una sensación de dulce y agraz: dulce, por su claridad y compromiso con la difusión de un método y una disciplina muchas veces criticada desde la ignorancia, que ha contribuido enormemente a mejorar el bienestar de millones de personas durante los últimos dos siglos; y agraz, al criticar la ideologización de muchos economistas que, cumpliendo un rol como líderes de opinión, disfrazan sus preferencias como ciencia, pero sin ofrecer, desde el mismo rigor científico que demanda, una respuesta objetiva y evaluable sobre cómo éstos deberían asumir su tarea hacia adelante.

3. REFLEXIONES FINALES

Como el libro de Rodrik se inserta en un debate crítico de la economía, vale la pena intentar algunas reflexiones más sobre el tema.

Hay que comenzar por decir que el reparo actual a la economía no se limita a su rol durante la crisis financiera de 2008. El cuestionamiento es más profundo: se señala que el modelo económico de mercado, globalizado, imperante en Occidente durante gran parte del siglo pasado, habría fracasado. De hecho, hoy es habitual preguntarse cómo cambiarlo para asumir los desafíos que le esperan al mundo moderno. Estos reproches, si bien son más comunes entre los no economistas, han crecido también al interior de la profesión, con destacados académicos liderando el debate.[98]

Pero la mala reputación de la economía no es nueva. A mediados del siglo XIX, el historiador y filósofo escocés Thomas Carlyle la calificó como una “ciencia lúgubre” (“dismal science”), por su incapacidad para resolver el problema laboral que generaba la emancipación de los esclavos en las plantaciones de las Indias Occidentales.[99] Más tarde, usó la misma expresión para referirse al futuro funesto que, según el reverendo Thomas Malthus, nos esperaba.[100] Con recursos limitados, y ante la inexorable ley de rendimientos decrecientes, la expansión de la población no podría ser frenada sin producir miseria.

Defender a la economía exige enfrentar una complejidad mayor e importante: cuán rápido avanzan las ciencias, particularmente las sociales, y cómo se transforman en políticas concretas. En lo que sigue, se desarrolla esta idea y se reflexiona en torno a las principales críticas a esta disciplina y los desafíos que enfrenta para contribuir al diseño e implementación de mejores políticas públicas.

La economía como ciencia

La economía es una disciplina científica reciente. Por ejemplo, la macroeconomía, preocupada de las fluctuaciones agregadas de corto plazo, se origina a comienzos de la década de 1930, como reacción al alto y persistente desempleo que generó la Gran Depresión. La discusión previa se centraba en los temas que importaban para el financiamiento del Estado, principalmente el comercio internacional y la recaudación tributaria, y era asumida por los filósofos morales. Sólo a comienzos del siglo XIX aparecen los primeros cursos de economía enseñados por politólogos y economistas en las universidades europeas.

Que la economía sea una disciplina reciente significa que no debe extrañar su incapacidad para explicar fenómenos que, en lo cotidiano, son comunes. Y es que los tiempos de la ciencia y los de la vida práctica no son los mismos. Por ejemplo, en el ámbito de la astronomía, y pese a que el modelo de Copérnico, desarrollado a comienzos del siglo XVI, fue rápidamente aceptado como un instrumento teórico más elegante y apropiado que el modelo geocéntrico desarrollado por Tolomeo durante el siglo II, las técnicas de navegación continuaron basándose en la teoría de este último durante casi un siglo más.

La economía, como ciencia, trabaja con hechos y modelos. Los datos son obtenidos de la realidad habitual y, al ser sistematizados, revelan regularidades empíricas. Luego, con modelos se intenta replicar estas regularidades. Cuando un modelo parece apropiado, es utilizado para responder preguntas específicas. Por ejemplo, cuál es el efecto en el consumo privado de un aumento en la tasa de interés del Banco Central; o cuál es el impacto en la productividad agregada al liberalizar la economía; o qué pasa con los trabajadores poco calificados al aumentar el salario mínimo.

Entonces, una cosa es la realidad, otra son los datos que intentan describirla y una tercera son los modelos que pretenden replicarla. Y en economía, por ser una ciencia social, surgen dos complicaciones particulares: trata sobre seres humanos, muchas veces impredecibles; y la mayor parte de las veces tiene relación con decisiones que dependen del futuro, casi siempre incierto. La economía debe, por lo tanto, predecir el comportamiento humano. Y esto, hasta ahora, no ha sido una tarea fácil.

Un ejemplo ilustra. El Banco Central es una institución, como pocas en Chile, que construye proyecciones con los más altos estándares técnicos. Comparemos sus predicciones para algunas variables clave con las cifras efectivamente observadas. Es trivial encontrar diferencias enormes entre ambas. Por ejemplo, a fines de 2014, el Informe de Política Monetaria (IPoM) —que el Banco Central publica trimestralmente— estimó para el año siguiente un crecimiento en torno al 3 por ciento y una inflación de 2,8. Los datos efectivos fueron 2,1 y 4,4 por ciento, respectivamente; esto es, sobrestimó el crecimiento en 30 por ciento y subestimó la inflación en 57 por ciento, ambos a doce meses.[101]

Por cierto, otras proyecciones han terminado siendo más atinadas. De hecho, cada vez que la variable proyectada no cambió significativamente entre un año y otro, el Banco Central acertó. La razón es obvia: cuando el comportamiento de las variables económicas se repite, las proyecciones aciertan; pero cuando las variaciones alcanzan magnitudes inusuales, aquéllas tienden a fracasar. Y es que las proyecciones económicas, alimentadas por la historia, nos hablan más del pasado que del futuro.

Así, para que una proyección informe, ésta debe explicitar el grado de incertidumbre que la acompaña. Esta incertidumbre se representa a través de un intervalo de confianza. Por lo general, sin embargo, los medios de comunicación sólo publican el valor central de ese intervalo; algunas veces por simplicidad, otras porque el analista consultado no proporciona el rango.

Con el fin de ilustrar este concepto, se puede utilizar nuevamente la experiencia práctica del Banco Central de Chile. De acuerdo a sus IPoM, las proyecciones económicas son mucho menos precisas que lo que la discusión de coyuntura sugiere o hace aparecer. Según sus modelos, la desviación probable entre el centro del rango estimado y los valores observados es amplia. En el caso de la inflación, el Banco Central predice en su IPoM de marzo de 2015 que, con 90 por ciento de probabilidad, ésta se ubicará durante los próximos 18 meses entre 0 y 6 por ciento. Y en el caso del crecimiento, nuevamente con una confianza del 90 por ciento, la autoridad espera que la economía se expanda entre -1 y 7,5 por ciento durante el año 2017.

Los economistas y Wall Street

Hoy las opiniones de los economistas son recibidas con más escepticismo que antes, y eso está bien. Dado el nivel de incertidumbre ya mencionado, se debe sospechar de cualquier economista que plantee sus puntos de vista categóricamente.

Pero las críticas tienden a confundir el rol de los economistas académicos y el de los analistas profesionales, típicamente enfocados en el análisis coyuntural macroeconómico o en la predicción de precios de activos financieros. Estos últimos, muchas veces recuerdan al oráculo de Delfos que, más de 2.700 años atrás, se transformó en el primer servicio institucionalizado de proyecciones. Sus profecías eran astutamente reveladas: mediante un lenguaje ambiguo y confuso, se anunciaba al que consultaba lo que éste quería escuchar. De forma similar, en el mundo de las proyecciones económicas y financieras, éstas son generalmente fraseadas en forma condicional, con oscuro significado e imposibles de ser contrastadas con la realidad. Los cuánto, cuándo y cómo no abundan, y el análisis económico, que explica las causas y los efectos de los escenarios de riesgo enfrentados, tampoco. Así la cosa, poco contribuyen a la toma de decisiones. Con todo, el énfasis hacia proyecciones libres de análisis sugiere que, en el terreno de los pronósticos, aún hay mucho por avanzar. El Banco Central entiende esto perfectamente; no es claro que la mayoría de los inversionistas privados que utilizan estas proyecciones también lo entiendan.

¿Significa esto que podemos liberarnos de las proyecciones? No mientras los agentes económicos deban planear sus estrategias en un entorno dinámico e incierto. Sí es necesario entender qué puede y qué no puede ser predicho, así como las ventajas y limitaciones de estas predicciones.

La economía y el libre mercado

Otra crítica reiterada es el supuesto sesgo pro mercado de la economía. Ella señala que las recomendaciones de política pública estarían desproporcionadamente inclinadas a soluciones descentralizadas, con un rol mínimo del Estado, y ello se explicaría por una presencia omnipresente del mercado en la enseñanza de la economía.

Pero la realidad es otra: un estudiante típico de economía accede a cursos enfocados en mercados no competitivos, con información incompleta, comportamiento estratégico, y un conjunto amplio de situaciones que justifican la intervención del Estado, en desmedro del rol del mercado. De hecho, el libro de texto más utilizado por estudiantes de economía en pregrado durante la segunda mitad del siglo XX, Economía: Un análisis introductorio, de Paul Samuelson, dedica más de un centenar de páginas al rol de Estado. La primera edición de este libro es de 1948. Desde entonces, además, la disciplina ha avanzado y los textos recientes incluyen numerosos tópicos adicionales a los considerados por Samuelson, con foco en las fallas de mercado. Esto se ha profundizado desde los años 80, cuando los modelos con competencia imperfecta y problemas de información fueron popularizados. Y más recientemente, lo mismo está ocurriendo con la preocupación por la desigualdad de ingresos.

Lo que ocurre, posiblemente, es que un problema común en los países pobres es la presencia de un Estado ineficiente y un mercado ahogado por regulaciones innecesarias. En el mundo desarrollado, sin embargo, esa dicotomía entre más Estado o más mercado carece de sentido y el foco está puesto en mejorar la calidad de ambos, lo que significa modernizar el Estado y fomentar la competencia dentro del mercado.

A modo de conclusión

Hasta aquí se ha separado lo que hace la ciencia económica, como disciplina académica, y lo que el mundo de los negocios, y particularmente el mercado financiero, pretende. Se ha señalado, además, que la frontera del conocimiento es capaz de generar predicciones bastante menos certeras que lo que la prensa o incluso las presentaciones en seminarios públicos sugieren.

Una explicación posible para esta separación entre lo que la economía puede hacer y lo que los ciudadanos esperan de ella es la manera como muchos aprenden de economía. La mayoría de las personas acceden como máximo a uno o dos cursos básicos de economía en la universidad, y estos se enfocan en el modelo de competencia perfecta, una representación de la realidad en la que consumidores y productores se someten a las condiciones del mercado con información libre y abundantemente disponible, y en donde los poderes de unos y otros están desconcentradamente distribuidos. En este mundo, los precios y cantidades que resultan son, en un sentido preciso, socialmente óptimos.[102] Esta es la base de una economía de mercado y sobre ella se construye el edificio de la disciplina.

En muchos mercados, la experiencia diaria de un consumidor y de un productor está bien representada por este modelo. Pero en la mayoría de los desafíos de política pública actuales, al enfrentar crisis financieras globales o ejemplos de colusión en mercados productivamente concentrados, los problemas son otros.

Por ello, los temas económicos que copan la discusión en los medios tratan sobre anomalías más que sobre los ejemplos del buen funcionamiento de la mayoría de los mercados. Lo que funciona bien pasa inadvertido, y lo que la mayoría de los no economistas estudió en cursos básicos no tiene relación con el debate en los medios. De hecho, hoy hay menos crisis que en el pasado, y cuando éstas ocurren son menos intensas; la inflación ha caído a niveles nunca antes vistos; y la liberación y el mercado globalizado han generado crecimiento sostenido, mejorando significativamente la prosperidad de miles de millones de personas. La capacidad para generar un crecimiento alto y estable, que multiplicó el producto disponible seis veces durante el último siglo, mientras las horas trabajadas cayeron a la mitad de las observadas a comienzos de 1900, no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. La preocupación original de Malthus por la hambruna resultó al revés. Hoy, según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte global es la obesidad. Malthus predijo el fin de la humanidad por la falta de comida, pero es su exceso lo que nos está matando.[103] La pobreza material es, en la mayor parte de los países, resultado de problemas políticos e institucionales, reflejados en la falta de derechos de propiedad, la existencia de corrupción o inestabilidad política, pero no de escasez económica. Y es que el mercado globalizado está acabando con la escasez, tal cual la entendieron y vivieron cientos de generaciones desde el comienzo de la vida en sociedad siete mil años atrás. La pobreza en el mundo, que superaba el 95 por ciento de la población total a comienzos del siglo XIX, y que se había mantenido así por siglos, hoy es de 15 por ciento, según estima el Banco Mundial. Y con la superación de la pobreza, ha sido posible enfocarse en otros desafíos, hasta hace poco totalmente omitidos: la desigualdad, la sustentabilidad ecológica y la protección de la identidad cultural de los pueblos, entre otros. En gran medida, todo esto se debe al avance de la teoría económica y su reflejo en mejores políticas. Pero muchos de estos temas se discuten en profundidad sólo en cursos avanzados, a los que acceden exclusivamente los que luego serán economistas.

A pesar de lo anterior, estas mejoras no significan que se hayan superado las crisis económicas. Y que la pobreza se haya reducido a mínimos históricos no significa que estas crisis económicas, especialmente cuando son financieras, no causen enormes trastornos, en algunos casos con un alto costo material para varias generaciones.

La crisis de 2008 ha sido, como toda crisis, una oportunidad para aprender más sobre los desequilibrios financieros y la necesidad de seguir avanzando hacia regulaciones y políticas que reduzcan aún más su ocurrencia e impacto.

Este acervo de conocimiento, así como las nuevas preocupaciones que el crecimiento ha permitido asumir, representan también un desafío para la enseñanza de la economía. Hoy, en todas las universidades se discute más sobre desigualdad, y se plantea el desafío de combinar la economía con otras ciencias sociales, tradicionalmente ausentes de su análisis. Junto a las matemáticas, la estadística y la computación, hoy aparecen la psicología, la sociología y la politología. También deberían incorporarse la historia y filosofía. De hecho, hasta mediados del siglo pasado los políticos eran asesorados por historiadores y filósofos. Parte importante de ese rol hoy lo asumen los economistas, y se han generado expectativas desmedidas con respeto a su capacidad parar ofrecer soluciones concretas. Pero la sociedad tiene también la responsabilidad de haber elegido este camino. El resultado ha sido concentrarse en el corto plazo y obviar muchas de las tendencias de largo plazo. En el futuro, todas estas disciplinas deberán contribuir a diseñar e implementar mejores políticas públicas. Ésa es la tarea pendiente. EP

Notas

94

95 En su libro Has Globalization Gone too Far? (Washington D.C: Institute for International Economics, 1997), Rodrik plantea que la internacionalización de los mercados de bienes, servicios y capital abre una brecha entre, por un lado, los grupos cosmopolitas, profesionales y capacitados que pueden aprovecharla, y, por otro, el resto de la sociedad. Ello fomenta que emerjan tendencias populistas de derecha que defienden las políticas de identidad, como las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos; y de izquierda, que se enfocan en la mayor desigualdad, como las que promueve Bernie Sanders.

96 Desde 1900, el producto per cápita mundial se ha multiplicado por seis, las expectativas de vida, por dos y las horas trabajadas han caído a la mitad.

97 Jorge Luis Borges, “Del rigor en la ciencia”, en El hacedor (Buenos Aires: Emecé, 1960).

98 Un ejemplo es el Institute for New Economic Thinking, el que integra, entre otros, Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de Economía 2001.

99 Thomas Carlyle, “Occasional Discourse on the Negro Question”, Fraser’s Magazine for Town and Country, vol. XL (1849): 672.

100 Thomas Carlyle, Chartism. Past and Present (London: Chapman and Hall, 1858).

101 Los errores en las proyecciones son comunes en todos los bancos centrales. De hecho, y como comparación con un país avanzado, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, señaló a mediados del año 2014 que esperaban subir su tasa de política monetaria hasta cuatro veces durante los doce meses siguientes. A comienzos de marzo 2015, sin embargo, en una audiencia ante el Congreso, dijo que no era descartable que la bajaran durante este año. La dificultad para acertar proyecciones macroeconómicas de corto plazo ha llevado a los bancos centrales a aumentar la frecuencia de sus intervenciones públicas, de modo de ir ajustando sus estimaciones ante los cambios que se generan en el entorno económico global. Durante la década de 1990, por ejemplo, era muy inusual que el presidente de un banco central hiciera declaraciones en la prensa. Hoy, sin embargo, estas instituciones tienen un calendario de entrevistas y presentaciones abiertas que aseguran intervenciones mensualmente. Al mismo tiempo, la información estadística que entregan al mercado ha crecido de manera significativa.

102 En economía, una producción y consumo son definidos como óptimos cuando cumplen el criterio de Pareto, esto es, cuando no es posible redistribuir estas cantidades mejorando a alguno sin empeorar a otro.

103 Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population (1798; reimpreso, Oxford: Oxford World’s Classics, 1999), 39-45.

COMENTARIOS CRÍTICOS*

LA CEGUERA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Jorge Fábrega

jfabrega@udd.cl

Centro de Investigación de la Complejidad Social

Universidad del Desarrollo

José L. Duarte, Jarret T. Crawford, Charlotta Stern, Jonathan Haidt, Lee Jussim & Philip E. Tetlock, “La diversidad política va a mejorar la ciencia de la psicología social”, Estudios Públicos 141 (2016).

* Los comentarios aquí expuestos nacen de académicos chilenos a los argumentos y evidencias de Duarte et al. (2016). Las referencias se han unido al final de ambos comentarios.

“¿Y eso para qué sirve?” es una pregunta recurrente en el quehacer de los investigadores en ciencias sociales. Ello se debe a que sobre estas disciplinas recae siempre una demanda por utilidad social inmediata. De ellas se espera que contribuyan a mejores soluciones aquí y ahora sobre la convivencia, la productividad, la gestión, el desarrollo de mejores políticas públicas e instituciones, y, en términos generales, existe una expectativa de que las ciencias sociales produzcan mejoras tangibles en el bienestar colectivo.

Por este motivo, es relevante el debate que se ha generado en torno al artículo de Duarte et al. (2016): debido a que el bienestar social es una creación colectiva y por lo tanto una construcción política, cabe preguntarse si la falta de diversidad política dentro de una ciencia social podría entorpecer su contribución a dicho bienestar. Los autores sostienen que sí. Además argumentan que la diversidad política está declinando y que nada bueno surgirá de aquello. Al respecto, proponen una serie de acciones que, a su juicio, permitirían enmendar el rumbo. No me voy a detener aquí sobre la calidad de la evidencia que presentan (otros artículos en esta edición de Estudios Públicos se abocan a ello). A mi parecer, tal evidencia no es convincente. Pero el que no lo sea no quita relevancia a la pregunta que levantan, la que podemos reformular así: ¿pueden las ciencias sociales seguir siendo funcionales a la sociedad si carecen de diversidad ideológica, o, bien, si dicha diversidad va disminuyendo en el tiempo?

En línea con la preocupación de Duarte et al. (2016), un buen ejemplo de los alcances negativos que podría tener un sesgo ideológico en una comunidad científica se hizo patente en las ciencias económicas en octubre del año 2008.[104] En plena crisis subprime, Alan Greenspan (quien en 2006 había culminado veinte años al mando de la Reserva Federal de los Estados Unidos) fue invitado a exponer al Congreso norteamericano. En esta ocasión, un congresista le preguntó si sentía que su ideología lo había inclinado a tomar decisiones que hubiese preferido no tomar. “Sí, encontré una debilidad. No sé cuán relevante o permanente es. Pero ese hecho me ha tenido muy molesto”, respondió Greenspan, agregando: “Aquellos de nosotros que hemos cuidado el interés de instituciones prestamistas con el fin de proteger su patrimonio, estamos en un estado de profunda incredulidad”.[105]

En apariencia, un error de juicio (una confianza absoluta de Greenspan en la capacidad de autorregulación de los mercados financieros), motivado por un sesgo ideológico estaría en las bases del problema. No obstante, no es menos cierto que quienes sostenían posiciones ideológicas divergentes con Greenspan tampoco anticiparon la crisis que finalmente se produjo. En gran medida, ello se debe a que, más allá de las diferencias de énfasis (algunos como Greenspan proclives a mercados financieros desregulados y otros a mercados financieros regulados), existe un amplio consenso dentro de la disciplina económica en torno a métodos y marcos conceptuales. De hecho, diez años antes de las palabras de Greenspan, los economistas Fuchs et al. (1997) hicieron una encuesta entre economistas de las más prestigiosas universidades norteamericanas en torno a temas laborales y de finanzas públicas, y concluyeron que sus propuestas de política pública no discrepaban porque sus métodos de análisis los llevaran a conclusiones diferentes, sino porque sus preferencias diferían.

Por lo anterior, me parece muy ilustrativo que, un año después de las palabras de Greenspan, Paul Krugman (también pensando en la crisis subprime) se preguntara en qué se habían equivocado los economistas. Sostiene Krugman que el error no radicaba en no haber podido predecir esa crisis, sino en la total ceguera que impedía considerar la mera posibilidad de una catastrófica falla de los mercados. ¿De dónde venía esa ceguera? Escribe Krugman (2009): “El error de la profesión fue el deseo de una aproximación omnicomprensiva, intelectualmente elegante, que además diera a los economistas la posibilidad de lucir su destreza matemática”.[106]

No es, como sugieren Duarte et al. (2016), en la falta de diversidad ideológica donde radica el riesgo de que una ciencia social no ofrezca los servicios que la sociedad le pide. Sin ir más lejos, ellos mismos reconocen que su punto ha sido levantado varias veces antes dentro de su disciplina, la psicología social. Es más, su propio artículo es reflejo de la capacidad de una comunidad científica de autorregularse y corregir faltas de diversidad política. Por eso, el problema puede parecer uno ideológico sólo en la superficie. En cambio, yo creo que Krugman tiene razón: el riesgo es epistemológico y radica en el natural deseo de todo constructo teórico de buscar expandirse intelectualmente. Ése es el problema que detecta Krugman en la comunidad de economistas, pero ante el cual no puede hacerse nada desde dentro de dicha comunidad. El verdadero peligro de una ciencia social es que sus miembros, a diestra y siniestra, estén convencidos por igual de las bondades de un marco analítico específico, y, por ende, la disciplina pierda su capacidad de someter a escrutinio sus propios fundamentos. Es allí cuando se torna ciega. Y esa ceguera es, en jerga sociológica, la que acontece cuando se clausura operacionalmente frente a su entorno. Luego de ese cierre, el mundo puede estar cayéndose a pedazos afuera, pero desde adentro de la comunidad ya no es posible percibirlo.

Un ejemplo concreto para el caso chileno, sobre el que me he extendido en otra parte (Fábrega 2015), es el debate entre focalización y universalidad de las políticas públicas que ha empezado a producirse en los últimos años. En Chile se instauró como verdad sagrada que una buena política social es necesariamente un subconjunto de las políticas que focalizan. En ese sentido, el fracaso de una política social siempre fue visto como el resultado de una focalización mal hecha. Nunca se planteó como posibilidad que dicho fracaso pudiera derivarse precisamente del hecho de que esa política social, en ese contexto específico, se basara en criterios de focalización porque había, y sigue existiendo, un consenso extendido en torno a que toda buena política pública focaliza. Dentro de la ciencia económica, la decisión sobre focalizar o no hacerlo no fue objeto del mismo rigor analítico —en que se comparan costos y beneficios— que la disciplina obliga en toda toma de decisiones.

No obstante, la realidad se niega a ser encapsulada y cosas empezaron a pasar en Chile desde, al menos, la revolución pingüina del año 2006. Eventos que empezaron a remecer los contextos sociales y el debate público en direcciones para los que la disciplina económica no tenía lenguaje, como, por ejemplo, para hacerse cargo de la irrupción del concepto de “derecho social”. Las propuestas sobre universalidad que se han hecho en el último tiempo ponen ese concepto sobre la mesa, y la reacción casi unánime de la disciplina económica ha sido de rechazo bajo la idea de que, una vez definido lo que queremos, la decisión socialmente más rentable es aquella que maximiza el bienestar social con el menor uso posible de recursos (es decir, la que focaliza bien). Pero ello supone un consenso social sobre lo que se desea maximizar, consenso que en el actual contexto político ya no puede tomarse como dado. Entonces, si ya no tenemos claridad sobre lo que la sociedad desea, ¿cómo puede decirse que la alternativa que mejor focalice es la socialmente más deseable? Profession’s blindness, como lo llama Krugman.

Más que en la falta de diversidad política de sus miembros, es aquí donde radican los riesgos de futilidad de las ciencias sociales. Dirigidas como están las ciencias sociales a entender a los seres humanos en sus relaciones, de ellas se esperan altas dosis de utilidad práctica. Dosis que obligan a aterrizar sus postulados de pretendida validez general a realidades concretas que se resisten a ser reducidas a un único marco de conceptos. Cuando una disciplina científica se cierra sobre sí misma dificulta su capacidad de visualizar las especificidades del contexto social de la cual se espera diga o proponga algo. Y, por ende, sólo en la convivencia entre métodos, aproximaciones y preguntas complementarias desde disciplinas diferentes es posible construir colectivamente el insumo que la sociedad pide de las ciencias sociales. El síntoma de algo que no está funcionando bien no es la falta de diversidad política, sino la carencia de diálogo interdisciplinario. Cuando una ciencia social se retira del diálogo interdisciplinario corre el riesgo de no dimensionar el peso de todo lo que ha dejado afuera de su análisis. Es allí donde la respuesta al “¿Y eso para qué sirve?” corre el riesgo de verse reducida a un simple “Bueno, fundamentalmente sirve para que yo alimente a los míos”.

DIVERSIDAD POLÍTICA E INTERDISCIPLINA

Carlos Rodríguez-Sickert Cecilia Monge-Babich

carlosrodriguez@udd.cl cmonge@udd.cl

Centro de Investigación de la Complejidad Social

Universidad del Desarrollo

Duarte et al. (2016) nos hacen notar la falta de diversidad política en las ciencias sociales en general y en la psicología social en particular, para luego discutir los efectos perversos que ella causa en la actividad científica de estas comunidades. Esta falta se expresaría en la sobrerrepresentación de los liberales, la subrepresentación de los conservadores y la dinámica emergente de esta asimetría.

En la tabla 1, de nuestra autoría, se presenta la distribución de posiciones políticas en las comunidades académicas de interés en comparación con la que prevalece en la población general, y que sostiene la preocupación de los autores respecto a la falta de diversidad política.

Duarte et al. no especifican la forma exacta en que se mediría la subrepresentación de los conservadores y la sobrerrepresentación de los liberales. Si se utiliza la desviación de una distribución uniforme entre las tres categorías posibles, es decir de 33 por ciento a cada una, la magnitud de la sobrerrepresentación de los liberales estaría dada por 25 por ciento en las ciencias sociales y un dramático 52 por ciento en la psicología social.

Tabla 1. COMPOSICIÓN POLÍTICA DE COMUNIDADES ACADÉMICAS Y POBLACIÓN GENERAL

Liberales %

Moderados %

Conservadores %

Ciencias sociales

58

37

5

Psicología

84

8

8

Psicología social

85

9

6

Ciencias de la computación e ingeniería

11

78

11

Ciencias físicas y biológicas

45

47

8

Humanidades

52

44

4

Fuente: Elaboración de Rodríguez-Sickert y Monge-Babich a partir de Gallup (2010), Gross y Simmons (2007), Inbar y Lammers (2012).

La subrepresentación de los conservadores, por su parte, ascendería a 28 por ciento en las ciencias sociales (lo que le falta para completar el 33 por ciento) y a un similar 27 por ciento en la psicología social. Si, alternativamente, se tomara como referencia la distribución de la población, la magnitud de ambas medidas se acrecentaría en las dos categorías, pues liberales y conservadores representan menos y más de un tercio, respectivamente (Gallup 2010).

Para nuestra discusión, nos basaremos en la desviación de la distribución uniforme, en parte porque medidas de diversidad global, como la propuesta por Simpson (1949), se construyen sobre esta base. Específicamente, el índice de Simpson está dado por:

i=N 2

H = Σ s

i=1 i

donde N representa la cantidad de categorías y Si, la fracción de la población que pertenece a la categoría i. Utilizando esta medida, que en el fondo es una medida de homogeneidad, la diversidad es máxima cuando cada segmento está representado en proporciones equivalentes y mínima cuando toda la población se concentra en una categoría. Para el caso de tres categorías, el índice se mueve entre 0,333 (máxima diversidad) y 1 (mínima diversidad). Es interesante notar que el índice de Simpson está dado por 0,48 para las ciencias sociales y 0,73 para la psicología social, en comparación con el 0,34 de la población general. Esto significa que la población general presenta niveles significativamente superiores de diversidad que las comunidades académicas de interés, sobre todo respecto a la psicología social.

Efectos perversos asociados a la falta de diversidad

La preocupación no es nueva. Ya desde mediados de los noventa autores como Tetlock (1994) y Redding (2001) habían abordado buena parte del problema, mostrando interés por el “sesgo” en la psicología general y psicología política, pero lo que plantean Duarte et al. es profundizar y categorizar los impactos de estos sesgos ideológicos en la psicología social y de la personalidad.

Duarte et al. identifican varios efectos negativos en la producción científica que resultan de la falta de diversidad, sesgos que se podrían resumir en que la dominancia liberal puede: a) interferir en los métodos y las preguntas de investigación al incorporar como supuestos o naturales valores propiamente liberales; b) alejar a los investigadores de tópicos incómodos o de poco interés para el mundo liberal, y c) producir una mala caracterización de los grupos conservadores y liberales.

Para explicar, en parte, estos impactos, los autores los vinculan con el concepto de “comunidad moral”, donde el segmento de la población que posee la sobrerrepresentación en el grupo constituye una comunidad con relatos y formas de interpretación fijas, que favorecen o evitan hipótesis y enfoques de investigación. Este sesgo en las preguntas y métodos se realiza dependiendo de si existe o no congruencia con la narrativa común sobre la que se articula la comunidad moral.

En la misma línea, si el objeto de estudio es el o los subgrupos en los que se descompone la comunidad académica (por ejemplo, la caracterización de liberales y conservadores que señalizan Duarte et al.), la mayoría dominante podrá imponer una visión más favorable de sí misma. Un efecto similar se produciría al favorecer publicaciones que presentan resultados que validen la deseabilidad social de una política determinada.

La dinámica en la creación del conocimiento de una comunidad poco diversa

Para poder visualizar los efectos de la falta de diversidad en la actividad científica es útil pensar en un modelo de la creación de conocimiento por parte de una comunidad de pares como el propuesto por Kauffman et al. (2000), en el que una comunidad explora un paisaje físico donde cada locación (x, y) en un mapa de coordenadas describe una teoría (o tecnología como en el trabajo de Kauffman), con x e y representando los atributos de dicha teoría (por ejemplo, x podría representar la intensidad en el uso de una metodología, mientras que y, la importancia que se le da a un determinado factor) y V(x,y) da cuenta del valor predictivo/explicativo de dicha teoría.

Bajo este modelo, podemos clasificar los efectos perversos de la falta de diversidad política de la siguiente forma:

1. Efectos institucionales. Asimetría en el poder relativo y su impacto en la estructura de incentivos que enfrentan miembros de la minoría (proceso de revisión de pares, jerarquización). En esta clase de efectos, la falta de diversidad se traduce en una visión distorsionada del paisaje.[107] Si, como resultado del proceso de publicación, se exagera el valor predictivo de una determinada teoría, estos resultados son recogidos por el resto de la comunidad y se generan incentivos perversos para explorar áreas menos productivas del paisaje.

2. Efectos culturales. Efectos asociados a la emergencia de una “comunidad moral” en la formación de hipótesis y estrategias de análisis. En esta segunda clase de efectos, la comunidad moral recorre el paisaje en forma no exhaustiva.[108]

¿Cómo enfrentar la falta de diversidad? El rol de la interdisciplina

Las soluciones propuestas por Duarte et al. para mitigar los efectos perversos de la falta de diversidad se concentran en medidas institucionales, docentes y de prácticas de investigación, apuntando fundamentalmente a valorar y promover la inclusión de los conservadores en los distintos estamentos de la producción científica.

Sin embargo, los mismos autores dan cuenta del poder de los mecanismos promotores de homofilia en el segmento de la mayoría —que van desde las diferencias en las materias de interés hasta el rechazo activo de los investigadores pertenecientes a la minoría—, algo que dificultaría el éxito de las medidas propuestas por Duarte et al. Estos obstáculos para crear diversidad son mayores cuando se considera, además, que siempre existirán las limitaciones naturales de los perfiles propios de la disciplina.

Así, las medidas propuestas por Duarte et al. son más necesarias para proteger la carrera académica de las minorías en las áreas de investigación científica —y en cualquier otro ámbito— que útiles en un posiblemente lento mejoramiento de la diversidad.

Para abordar el problema de la diversidad proponemos buscar la respuesta en la interdisciplina. Antes que todo, consideremos que la clausura de la comunicación es la antesala de la emergencia de la “comunidad moral”. En este sentido, la mejor forma de romper con esta estructura hegemónica es romper las barreras entre disciplinarias. No sólo por el efecto asociado a la sinergia misma, sino también por su efecto indirecto en la diversidad política.

A continuación presentamos los resultados de un ejercicio en el que se crean equipos interdisciplinarios de investigación en ciencias sociales enriquecidos por miembros de las i) ciencias de la computación e ingeniería (incorporando científicos de la computación para desarrollar proyectos en el área de data science); ii) ciencias físicas y biológicas (incorporando, por ejemplo, físicos para desarrollar proyectos en socio-física o biólogos para desarrollar proyectos en psicología evolutiva); y iii) humanidades (incorporando, por ejemplo, historiadores para desarrollar proyectos en el área de la historia económica). La tabla 2 presenta el impacto en la diversidad política causado al incorporar un tercio de científicos provenientes de estas áreas en un grupo de cientistas sociales.

Como se puede apreciar, las diferencias en composición política de los nuevos miembros de los equipos interdisciplinarios generados en nuestro ejercicio hace aumentar la diversidad de todos los grupos. Cuando la interdisciplina se logra con ciencias de la computación baja significativamente la mayoría liberal, aumenta la minoría conservadora y mejora la diversidad de acuerdo al índice de Simpson. Un efecto significativo se evidencia también en la mezcla entre ciencias sociales y miembros de las ciencias físicas y biológicas; mientras que las humanidades no aportarían diversidad política en la interdisciplina con las ciencias sociales.

Tabla 2. IMPACTO DE LA INTERDISCIPLINA EN LA DIVERSIDAD POLÍTICA

Reducción del tamaño de la mayoría liberal

Aumento del tamaño de la minoría

conservadora

Aumento de la diversidad

(reducción índice de Simpson)

Incorporación de miembros de las ciencias de la computación y la ingeniería

15,8%

2,1%

3,5%

Incorporación de miembros de las ciencias físicas y biológicas

4,3%

1,0%

2%

Incorporación de miembros de las humanidades

2,0%

-0,4%

0,3%

Fuente: Elaboración de Rodríguez-Sickert y Monge-Babich.

Una de las implicancias del ejercicio desarrollado es que nos lleva a reevaluar el juicio que Duarte et al. realizan al minimizar la importancia de la diversidad sociodemográfica, pues no consideran su impacto indirecto en la diversidad política. La composición de la afiliación política de la academia, separada por género, muestra que cambios de la composición de esta variable inciden significativamente en el porcentaje de liberales, moderados y conservadores. Esto se evidencia en los datos de Gross y Simmons (2007) donde, por ejemplo, se muestra que en las ciencias físicas y biológicas las mujeres tienden a ser significativamente menos liberales que los hombres (25,7 por ciento versus 53,8, respectivamente) y más moderadas (74,3 por ciento versus 35).

Así, aumentar el número de mujeres en este campo equivaldría a disminuir el porcentaje liberal y aumentar el segmento moderado. Por otra parte, dos de los riesgos que Duarte et al. identifican asociados a la homogeneización política de una disciplina —el sesgo en las áreas de estudios (o disminución de la amplitud del paisaje) y la mala caracterización que reciben las minorías (y también las mayorías idealizadas)— son perfectamente aplicables a los factores sociodemográficos.

La evidencia presentada nos hace creer que, concordando con todos los efectos perversos de la falta de diversidad postulados por Duarte et al., su abordaje debe realizarse no sólo tomando medidas institucionales y administrativas dentro de cada disciplina para favorecer la aceptación de la diversidad, sino que además es urgente trabajar en la creación de equipos interdisciplinarios (que también varíen en aspectos sociodemográficos) para obtener las ventajas que la diversidad traerá a la calidad del conocimiento científico generado.

REFERENCIAS CITADAS

(Las iniciales al final de cada entrada indican qué comentarista o comentaristas citaron dicha fuente)

Duarte, José L., Jarret T. Crawford, Charlotta Stern, Jonathan Haidt, Lee Jussim & Philip E. Tetlock. 2016. “La diversidad política va a mejorar la ciencia de la psicológica social”. Estudios Públicos 141: 173-213. [JF] [CRS]

Fábrega, Jorge. 2015. “Focalización vs universalidad. ¿El fin del consenso entre economistas?” Reflexión y Debate (Centro Democracia y Comunidad) 1. http://www.cdc.cl/web/focalizacion-versus-universalidad-el-fin-del-consenso-entre-economistas-en-chile/. [JF]

Fuchs, Victor, Alan Krueger & James Poterba. 1997. “Why Do Economists Disagree About Policy? The Roles of Beliefs About Parameters and Values”. Working Papers 7, Princeton University, Department of Economics, Industrial Relations Section. [JF]

Gross, N. & S. Simmons. 2007. “The Social and Political Views of American Professors”. Working paper presentado en Harvard University Symposium on Professors and Their Politics. [CRS]

Inbar, Y. & J. Lammers. 2012. “Political Diversity in Social and Personality Psychology”. Perspectives on Psychological Science 7 (5): 496-503. [CRS]

Jelveh, Z., B. Kogut & S. Naidu. 2014. “Political Language in Economics”. Columbia Business School Research Paper n.º 14-57. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2535453. [CRS]

Kauffman, S., J. Lobo & W. G. Macready. 2000. “Optimal Search on a Technology Landscape”. Journal of Economic Behavior & Organization 43 (2): 141-166. [CRS]

Krugman, Paul. 2009. “How Did Economists Get It So Wrong?” New York Times, 2 de septiembre. http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html. [JF]

Redding, R. E. 2001. “Sociopolitical Diversity in Psychology”. American Psychologist 56 (3): 205-215. [CRS]

Rodríguez-Sickert, C., D. Cosmelli, F. Claro & M. A. Fuentes. 2015. “The Underlying Social Dynamics of Paradigm Shifts”. PloS one 10 (9): e0138172. [CRS]

Simpson, E. H. 1949. “Measurement of diversity”. Nature 163: 688 doi:10.1038/

163688a0. [CRS]

Tetlock, P. E. 1994. “Political Psychology or Politicized Psychology: Is The Road to Scientific Hell Paved with Good Moral Intentions?” Political Psychology 15: 509-529. [CRS] EP

Notas

104 Concentraré mi comentario en torno a la ciencia económica que, me atrevo a afirmar, ha sido la disciplina dentro de las ciencias sociales con mayor incidencia en los asuntos públicos en las últimas décadas.

105 En inglés original: “Yes, I’ve found a flaw. I don’t know how significant or permanent it is. But I’ve been very distressed by that fact (…). Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholders’ equity, myself included, are in a state of shocked disbelief”. Edmund Andrews, “Greenspan Concedes Error on Regulation”, New York Times, 2008, http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html?_r=0.

106 En inglés original: “The profession’s failure was the desire for an all-encompassing, in intellectually elegant approach that also gave economists a chance to show off their mathematical prowess”.

107 El trabajo de Jelveh et al. (2014) es muy iluminador en su análisis del vínculo entre afiliación política y producción científica, pues muestra cómo la afiliación política de los investigadores se correlaciona con los resultados reportados en sus estudios.

108 Como se sugiere en Rodríguez-Sickert et al. (2015), la concentración de la comunidad de investigadores en un sector acotado del paisaje puede prevenir la ocurrencia de cambios de paradigma que produzcan cambios cualitativos en el desempeño de los miembros de la comunidad científica.