Revista de Políticas Públicas

Nº 147 otoño 2017

www.cepchile.cl

Director Responsable: Harald Beyer B.

Editor: Ernesto Ayala M.

Asistente Editorial: Joaquín Trujillo S.

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos publicados en la primera sección de Estudios Públicos han sido previamente sometidos a un arbitraje ciego por al menos dos especialistas externos al CEP. Los trabajos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni del Centro de Estudios Públicos.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Contenido

EL NASCITURUS COMO PERSONA: LECTURA INCOMPLETA, DOCTRINA DISTORSIONADA Y JURISPRUDENCIA CORRECTIVA*

Lucas Sierra

PROPUESTAS PARA LA REGULACIÓN DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO*

Alejandro Vergara Blanco

Daniel Bartlett Burguera

¿CUÁNTA DESIGUALDAD NECESITA LA DEMOCRACIA?*

Carlos Peña

LA (DES)IGUALDAD: ¿SOCIAL O POLÍTICA?*

Beltrán Undurraga R.

LA DIFÍCIL RELACIÓN DE LA DERECHA CON LA IGUALDAD*

Joaquín García-Huidobro

IGUALDAD Y AUTONOMÍA*

Carolina Bruna Castro

INCONGRUENCIAS EN LOS USOS DE LOS IDEARIOS DE LIBERTAD E IGUALDAD*

Carlos Ruiz Encina

TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA*

María Luisa Méndez

¿IGUALDAD O IGUALITARISMO? DOS PERSPECTIVAS ACERCA DE LA JUSTICIA*

Felipe Schwember

AGE OF LIBERALS*

Pablo Ortúzar Madrid

EL CONCEPTO DE ACUMULACIÓN CIVILIZATORIA. ENTRE UNIVERSALISMO E IDENTIDAD CULTURAL*

Ernesto Ottone

EL INDIVIDUO FRENTE A LA SOCIEDAD O EL WESTERN SOCIOLÓGICO

Modesto Gayo

ARTÍCULO

EL NASCITURUS COMO PERSONA: LECTURA INCOMPLETA, DOCTRINA DISTORSIONADA Y JURISPRUDENCIA CORRECTIVA*

Lucas Sierra

Centro de Estudios Públicos

Lucas Sierra. Abogado. Profesor de derecho en la Universidad de Chile y subdirector del Centro de Estudios Públicos. Este trabajo es una versión expandida y actualizada de Sierra (2017). Email: lsierra@cepchile.cl.

* El autor agradece los comentarios de los árbitros anónimos de Estudios Públicos, así como los realizados por Verónica Undurraga V., coeditora del texto. También agradece las conversaciones que, sobre la materia, ha sostenido con Antonio Bascuñán Rodríguez a lo largo de los años.

Resumen: Recurriendo a la historia legislativa de Chile, a su legislación actual y a los preceptos de la Constitución vigente, este artículo arguye que, desde el punto de vista jurídico, no se puede considerar al que está por nacer como una persona. Sostener esto último no sólo significaría una lectura incompleta de los textos legales, sino que también pondría en cuestión la armonía existente entre las leyes y la Constitución. Así, por lo demás, ha sido reconocido recientemente por el Tribunal Constitucional chileno.

Palabras clave: personalidad jurídica, nasciturus, aborto, Tribunal Constitucional.

Recibido: julio 2017; aceptado: septiembre 2017.

UNBORN CHILDREN AS PERSONS: INCOMPLETE READINGS, DISTORTED DOCTRINE AND CORRECTIVE JURISPRUDENCE

Abstract: This article argues from Chile’s legislative history, from the laws now in force and from the precepts of the current constitution that the unborn cannot legally be regarded as a person. Upholding this doctrine would not only entail an incomplete reading of legal texts but would jeopardize the harmony between the laws and the constitution, as indeed has recently been acknowledged by Chile’s Constitutional Court.

Keywords: legal personality, unborn children, abortion, Constitutional Court.

Received: July 2017; accepted: September 2017.

INTRODUCCIÓN

En este texto sostengo que la vida humana intrauterina en nuestro derecho no tiene el estatuto jurídico de persona. La vida humana intrauterina es valiosa para el derecho, de esto no hay duda, pero no en tanto persona. La persona humana principia con el hecho del nacimiento. No hay otra interpretación que ésta a la luz de la ley y de la Constitución: las reglas legislativas y constitucionales relevantes en esta materia guardan armonía entre sí, y permiten una interpretación sistemática consistente y fluida si, y sólo si, la persona comienza al nacer.

Dichas reglas son, básicamente, los artículos 55, 56 y 74 del Código Civil, y los artículos 10 y 19, numeral 1º, de la Constitución. Si se sostiene que la persona humana comienza con la concepción y no con el nacimiento, el sistema normativamente armónico que configuran éstas y otras disposiciones entra en tensión consigo mismo, se distorsiona, pierde sentido.

En Chile, sin embargo, hay autores y decisiones jurisdiccionales que sostienen que la vida intrauterina es persona. Se basan en una lectura incompleta de lo dispuesto en el artículo 55 del Código Civil. Al hacer esto, además de distorsionar ese armónico entramado normativo, plantean un riesgo para la democracia representativa: amarrar las manos del legislador en una materia sobre la cual la Constitución ordena que dichas manos tengan relativa libertad.

Poco antes de irse este texto a imprenta, sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) dictó su sentencia Rol 3729/2017 (Tribunal Constitucional 2017), rechazando por mayoría de votos los requerimientos presentados por un grupo de senadores y otro de diputados en contra del proyecto de ley que despenaliza en tres causales la interrupción voluntaria de los embarazos. Esta sentencia cambia lo decidido por el TC hace casi diez años en el punto que interesa a este trabajo. Al hacerlo corrige la distorsión de que adolece la doctrina que aquí se critica.

El texto que sigue se desarrolla así. Primero (1), se describe la doctrina que pretende extender el estatuto jurídico de persona a la vida intrauterina. Luego (2), se despliegan las razones por las cuales dicha doctrina es insostenible a la luz de nuestro derecho. Después (3), se analiza la última sentencia del TC en el punto que interesa a este artículo y la corrección que introduce. Por último (4), se avanzan unas conclusiones.

1. LECTURA INCOMPLETA

Varios autores han sostenido que la vida intrauterina tendría en nuestro derecho el estatuto de persona.[1] Entre ellos, elijo un texto de Hernán Corral que resume bien el núcleo de esa posición:

¿Cómo se concilia la definición del Art. 55 con la existencia legal del Art. 74 CC? La única forma es dar preeminencia, como norma general y además como definición legal, a la norma del Art. 55 y reconocer que el concebido, desde el momento de la fecundación, es persona, es sujeto de derechos. La norma del Art. 74 es una norma especial, que debe interpretarse restrictivamente, y que se refiere sólo a la consolidación de la capacidad para adquirir y ejercer derechos patrimoniales. La existencia legal no es la existencia jurídica de la persona, es sólo su aptitud para conservar y ejercer derechos patrimoniales: ésta no se tiene sólo por la concepción y se debe esperar al nacimiento. Pero para todos los demás efectos, la persona ya existe y es tutelada por el mismo Código Civil. (Corral 2010, 11)

Y en otra parte del mismo texto, el profesor Corral agrega:

(…) cuando el Art. 74 del Código se refiere a “existencia legal” no alude al comienzo de la personalidad, sino sólo a la capacidad patrimonial, es decir, a la aptitud para adquirir derechos de carácter económico o avaluables en dinero. Es esta cualidad de la persona, la capacidad patrimonial, la que la ley civil conecta al hecho del nacimiento y no el comienzo jurídico de la personalidad. El inicio de la personalidad es anterior, ya que, conforme al mismo Código, debe conectarse al instante previo de la concepción del nuevo ser humano. Hay que distinguir dos conceptos que son diferentes en el Código: 1) el comienzo de la persona y de la personalidad propiamente tal, y 2) el inicio de un aspecto de ella, cual es la consolidación de la capacidad patrimonial. Es esta última la que el Código denomina “existencia legal” y la posterga hasta el nacimiento. (Corral 2010, 5)

Según este autor, esta doctrina se apoya en la siguiente lectura del artículo 55 del Código Civil:

(…) el argumento contextual nos permite dar un paso más, si miramos una norma contenida en otro párrafo. Se trata del Art. 55 del Código que dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. (Corral 2010, 10)

Esta doctrina también se ha manifestado en alguna jurisprudencia. Por ejemplo, y a raíz de un requerimiento contra un decreto supremo que regulaba la distribución de la llamada píldora del día después, el TC sostuvo en 2008 por mayoría de votos:

QUINCUAGESIMOCTAVO: Que de los antecedentes recordados puede concluirse que la intención del Constituyente fue confiar al legislador las modalidades concretas de protección de la vida del que está por nacer en el entendido que se trata de un ser existente e inserto en la concepción de persona, en cuanto sujeto de derecho, a que alude el encabezado del artículo 19. Este mandato al legislador importa la protección de un derecho y no sólo del bien jurídico de la vida, distinción que no es menor para estos sentenciadores. (Tribunal Constitucional 2008. Énfasis agregado)

Esta es una doctrina distorsionada, insostenible a la luz de nuestro derecho. La distorsión se inicia con una lectura del artículo 55 del Código Civil incompleta, pues omite la segunda y última parte de dicho ar-tículo, que es crucial para hacer un sentido sistemático de la legislación. Esta última agrega que las personas humanas definidas en la primera parte del artículo se dividen en “chilenos y extranjeros”. Es decir, la amplitud con que las personas parecen ser definidas en la primera parte no es tanta si se lee la disposición completa. Completa dice que son personas los individuos de la especie humana que sean chilenos o extranjeros. La definición está calificada por la nacionalidad. Y el siguiente artículo del Código Civil, el 56, muestra el camino para entender esta calificación: “Son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros”.

Aquí se forma, entonces, un entramado legislativo-constitucional que es perfectamente armónico si se considera el artículo 55 completo, en relación con el artículo 56 que remite al intérprete a la Constitución. La forma en que la Constitución trata el punto nos servirá, en la sección que sigue, para demostrar que la doctrina que sintetiza la cita del profesor Corral hecha más arriba es jurídicamente distorsionada.

2. DOCTRINA DISTORSIONADA

Esta parte se subdivide en cinco secciones. La primera (2.1) se refiere al vínculo entre la ley y las disposiciones constitucionales sobre la nacionalidad. La segunda (2.2) explica la forma en que el entendimiento armónico de estas disposiciones permite, a su vez, el entendimiento armónico de un conjunto de disposiciones legislativas. A partir de esto, la tercera (2.3) vuelve a la Constitución y al modo en que es necesario preservar el carácter armónico de la interpretación jurídica. La cuarta (2.4) muestra que esta interpretación ha sido la tradicional en nuestra dogmática civilista. Y la quinta (2.5) repasa una argumentación alternativa para dar cabida al derecho de la mujer embarazada aun cuando se considere que el nasciturus es titular del derecho a la vida; es decir, aun cuando se acepte la doctrina distorsionada que este trabajo critica.

2.1. Constitución y nacionalidad

Los artículos del Código Civil recién citados remiten a las disposiciones constitucionales sobre la nacionalidad. ¿Qué dice la Constitución vigente sobre ella? Su artículo 10 dispone:

Son chilenos:

1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;

2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;

3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y

4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos. (Énfasis agregado)

Ésta es una regulación que se remonta largo tiempo en la historia constitucional de Chile. Así, el artículo 5 de la Constitución de 1925 disponía:

Son chilenos:

1.o Los nacidos en el territorio de Chile, con escepcion de los hijos de estranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeuntes, todos los que podrán optar entre la nacionalidad de sus padres y la chilena;

2.o Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en el estranjero, hallándose el padre o la madre en actual servicio de la República, son chilenos aun para los efectos en que las leyes fundamentales, o cualesquiera otras, requieran nacimiento en el territorio chileno;

3.o Los estranjeros que obtuvieren carta de nacionalizacion en conformidad a la lei, renunciando espresamente su nacionalidad anterior. No se exigirá la renuncia de la nacionalidad española respecto de los nacidos en España, con más de diez años de residencia en Chile, siempre que en ese país se conceda este mismo beneficio a los chilenos, y

4.o Los que obtuvieren especial gracia de nacionalizacion por lei.

(…)

La lei reglamentará los procedimientos para la opcion entre la nacionalidad chilena y una estranjera; para el otorgamiento, la negativa y la cancelacion de las cartas de nacionalizacion, y para la formacion de un Registro de todos estos actos. (Énfasis agregado)

A su vez, el artículo 6 de la Constitución de 1833 ordenaba:

Son chilenos:

1º Los nacidos en el territorio de Chile;

2º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el sólo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio estranjero, hallándose el padre en actual servicio de la República, son chilenos aun para los efectos en que las leies fundamentales, o cualesquiera otras, requieran nacimiento en el territorio chileno;

3º Los estranjeros que, habiendo residido un año en la República, declaren ante la Municipalidad del territorio en que residen su deseo de avecindarse en Chile i soliciten carta de ciudadanía;

4º Los que obtengan especial gracia de naturalización por el Congreso. (Énfasis agregado)

Como se ve, la regulación que de la nacionalidad han hecho estas tres constituciones consecutivas a lo largo de los siglos es prácticamente igual: tienen la nacionalidad chilena, es decir son chilenas y chilenos, los nacidos en el territorio de Chile o los nacidos en el territorio extranjero bajo ciertas condiciones. En cualquiera de estas hipótesis, el hecho del nacimiento es esencial. No hay nacionalidad sin nacimiento.

2.2. Coherencia legislativa

El artículo 6 de la Constitución de 1833 recién citado es especialmente relevante aquí, porque era el que definía la nacionalidad al entrar en vigencia el Código Civil. Andrés Bello conocía bien la Constitución de 1833 y parece seguro que la tuvo presente al redactar, 20 años después, el artículo 55 del Código Civil, en especial su última parte. Ésta es la parte que la doctrina aquí criticada se esmera en omitir: “Divídense [las personas] en chilenos y extranjeros”. Teniendo esto en mente, se puede volver sobre el artículo 74 del mismo Código Civil, cuya interpretación resulta ser parte de un todo hermenéutico consistente y armónico:

La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.

Es difícil pensar que el Código Civil haya contemplado un estatuto jurídico de semejante entidad como el de persona para la criatura que se encuentra en el vientre de su madre, sin que Andrés Bello hubiera dejado una nota o explicación de algo tan grande y simbólico como esto, ya sea en el mensaje con el que el proyecto de Código fue presentado al Congreso o en otra parte. No hay, sin embargo, nota alguna al respecto.[2]

No la hay porque no es necesaria a la luz del artículo 55 del Código Civil completo, con la referencia que hace a la nacionalidad y, con ella, al hecho del nacimiento. Y esta referencia al nacimiento permite conectar en armonía, fluidamente, sin necesidad de excesos argumentativos, lo dispuesto en los artículos 55 y 74. Las personas del artículo 74 son las mismas del artículo 55; comparten una sola existencia, pues, como se dividen en chilenos y extranjeros, todas tienen existencia legal a partir del nacimiento.

Al discutir sobre el estatuto jurídico de persona, por tanto, hay que leer el artículo 55 completo. De lo contrario, si se lee sólo la primera parte, se distorsiona el discernimiento de un conjunto de disposiciones. Por ejemplo, la del artículo 181 del Código Civil: “La filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero éstos se retrotraen a la época de la concepción del hijo (…)”. La filiación queda legalmente determinada al momento del nacimiento (como la nacionalidad). El hecho de que sus efectos se retrotraigan a la época en que se presume la concepción no autoriza a concluir que la ley le otorga estatuto de persona al nasciturus, ni siquiera porque habla de “hijo”, como sostiene Corral (2010, 11). La ley habla de “hijo” porque éste ha nacido y los efectos de la filiación se retrotraen al tiempo que es dable presumir entre la concepción y el parto de ese hijo. Esto es coherente con la posibilidad general que establece la ley civil de constituir o asignar derechos a una criatura bajo la condición de que nazca y se transforme en persona. La regla general a este respecto está en el artículo 77 del Código Civil:

Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2º, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido.

En otras palabras, la ley no está transformando a la criatura que está todavía en el vientre materno en “hijo”, sino que retrotrae los efectos de la filiación, u otros efectos jurídicos, al tiempo en que dicho hijo fue una criatura dentro del vientre materno. Por esto, la ley autoriza a constituir derechos u efectos jurídicos condicionados al nacimiento de una persona. Esto no significa, de nuevo, que la legislación se tense consigo misma al poner en veredas enfrentadas las disposiciones de los artículos 55 y 74 del Código Civil, como si la primera abarcara al nasciturus y la segunda no. Nada de esto se necesita ni menos se justifica, de nuevo, al leer el artículo 55 completo, sin omitir la referencia a la nacionalidad.

Esta lectura sistemática de la legislación permite entender la relación entre otros dos artículos del Código Civil de manera armónica, sin que sea necesario desfigurarlos. Por ejemplo, los artículos 25 y 26 del Código Civil. El artículo 25 dispone:

Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él.

El artículo 26, por su parte, dispone:

Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

Al respecto, Corral ha escrito:

Aunque algunos preceptos del Código llaman al concebido “criatura”, en rigor, por disposición del Art. 26 CC, debe ser calificado de “infante o niño”, ya que no ha cumplido siete años. Es claro que esta expresión no se aplica sólo a los individuos nacidos, puesto que el Art. 25 CC considera que la palabra niño se aplica “a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo” y, por tanto, incluye a todos, nacidos o sólo concebidos. Siendo niño debe ser considerado una persona absolutamente incapaz para ejercer sus derechos, conforme al Art. 1447 CC. (Corral 2010, 11)

Si se acepta lo que sostiene el profesor Corral estamos en un problema, en el que subyace una tensión artificialmente generada entre ambos artículos: ¿cómo computamos la edad? Hay un entendimiento y una práctica unánime en que las edades del recién citado artículo 26 empiezan a contarse desde el día del nacimiento. De hecho, las celebraciones de los cumpleaños suelen ser ese preciso día. La tesis de Corral, si es consistente, debería cambiar esta fecha por la de la concepción, si pudiera determinarse con precisión, o la de la presunción legal del artículo 76 del Código Civil, lo que dejaría un abanico de fechas para celebrar el cumpleaños. Pues es necesariamente inconsistente sostener que el nasciturus es infante o niño porque no ha cumplido siete años y, al mismo tiempo, computar su edad —por ejemplo, los siete años en que deja de ser infante o niño— desde la fecha de su nacimiento, pues debería ser la de su concepción.

La necesidad de leer completo el artículo 55 se hace de nuevo patente si se quiere evitar otra distorsión en la legislación y, como veremos más adelante, también al interior de las reglas constitucionales. Se trata del artículo 75 del Código Civil:

La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento.

La pregunta inevitable aquí es ¿por qué el legislador estableció este precepto si, como sostiene la doctrina que vengo criticando, el estatuto de persona se constituye al momento de la concepción? ¿Por qué, siendo el nasciturus persona, hacía falta esta disposición? Si la ley protege la vida de todas las personas, ¿por qué fue necesario expresar, excepcionalmente, que ella protege la del que está por nacer?

Si se considera el artículo 55 completo, la respuesta fluye del derecho sin fricciones hermenéuticas: el que “está por nacer”, el “no nacido”, la “criatura que [la madre] tiene en su seno” no es persona, porque no ha nacido. Pues, porque no ha nacido, le es inaplicable la distinción fundamental entre chilenos y extranjeros en que se dividen todas las personas.

Pero el hecho de que el nasciturus carezca del estatuto de persona no significa que su existencia sea irrelevante para el derecho. Por el contrario, el artículo 75 del Código Civil es una elocuente manifestación de la relevancia jurídica que tiene el nasciturus. También lo son otras disposiciones de este código, algunas ya citadas aquí, otras no, como, por ejemplo, los artículos 77, 181, 243, 354, 356, 485 y 486.

Esta relevancia que la vida intrauterina tiene para el derecho puede derivarse de distintas razones: la valoración de la vida humana, la expectativa de una futura persona, la autonomía de la voluntad en relación con esa futura persona, la simpatía moral que suscita la morfología humana, la creación divina para los creyentes; en fin, pueden ser todas ellas, algunas, y puede haber también otras razones. Pero lo que está claro desde antiguo es que esa valoración no se debe a que el nasciturus sea una persona: su vida es valiosa por otras razones. Esta reflexión nos lleva de nuevo a las reglas constitucionales.

2.3. Coherencia constitucional

Otra de las disposiciones constitucionales importantes en esta discusión es el artículo 19, numeral 1º, primer inciso: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. La historia del establecimiento de esta norma es útil para discernir armónicamente el entramado legislativo-constitucional relevante en estas materias.

Como lo ha registrado Antonio Bascuñán (2004, 54-59), la Comisión Constituyente, que empezó a trabajar el texto constitucional que hoy nos rige, en su Sesión 87ª, celebrada en 14/11/1974, consideró la propuesta que hizo uno de sus miembros, Jaime Guzmán, en el sentido de que, al garantizar el derecho a la vida de las personas, se añadiera el derecho a la vida del que está por nacer.[3]

La propuesta fue discutida por los miembros de la Comisión durante esa sesión y durante las que siguieron los días 19, 21 y 25 de noviembre de 1974 (Sesiones 88ª, 89ª y 90ª, respectivamente). La discusión se explicaba porque al extender el derecho a la vida al nasciturus se estaba introduciendo un cambio profundo al estado de cosas que sobre estas materias existía en Chile (al menos, desde la dictación del Código Sanitario en 1931). Este estado de cosas consistía en que el aborto no se prohibía en todos los casos. Garantizar un derecho a la vida de un nasciturus implicaba la necesidad de prohibir el aborto en todos los casos. Pero la mayoría de los otros miembros de la Comisión no quisieron ir tan lejos como proponía Jaime Guzmán. Ellos querían mantener la competencia de la potestad legislativa para seguir regulando de alguna manera el aborto. No querían suprimirla.

Tempranamente en el debate de la Comisión surgió lo dispuesto en el artículo 75 del Código Civil como una forma de salvar la tensión producida por la prohibición absoluta, propuesta por uno, y la tradicional prohibición relativa, defendida por la mayoría de los demás miembros. Al respecto, sostuvo Enrique Evans en la Sesión 87ª:

(…) que comparte, desde el punto de vista de la convicción moral y religiosa, los criterios sustentados por el señor Guzmán. Cree, como él, que nadie tiene derecho a privar de la vida al que está por nacer, cualesquiera que hayan sido las circunstancias de la concepción. Estima que, desde la posición de la moral individual, para quienes tienen la convicción religiosa del señor Guzmán, que él comparte, para quienes creen que desde el momento de la concepción ese ser tiene alma, no hay duda de que el aborto está proscrito. Pero donde sí le asaltan dudas es si se tiene el derecho de proyectar esa concepción personal e individual a la vida colectiva en una sociedad pluralista. Al respecto, señala que estaba leyendo el artículo 75 del Código Civil, en el cual se señala que: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido”. Estima que ese precepto puede trasladarse al texto constitucional, pero tiene dudas respecto de si éste debe ser absoluto en esta materia, como parece ser la posición del señor Guzmán, en el sentido de la proscripción del aborto, o ser una norma flexible que establezca lo mismo, pero que autorice al legislador para privar de la vida al que está por nacer, en ciertos casos sin que constituya delito, especialmente cuando se trate de un aborto terapéutico. Estima, en consecuencia, que si se va a consagrar el derecho a la vida, debe consagrarse, también, el derecho a la vida del que está por nacer, pero dejando abierta la posibilidad para que el legislador el día de mañana, según lo requieran las condiciones sociales, pueda, en determinadas circunstancias, proceder con cierta flexibilidad.

En la misma línea argumental, Jorge Ovalle agregó:

En su primera proposición había formulado que no se entrara en la casuística y simplemente se consagrara el derecho a la vida, pero no se opondría a una declaración genérica como la que contiene el artículo 75 del Código Civil y al cual se refirió el señor Evans. No se opondría, porque cree que se debe proteger la vida del que está por nacer. Distinto es el juego de derechos que va a concurrir cuando está comprometida la vida de la madre y del hijo; cuando esté comprometida la salud de la madre por la existencia del hijo, y ya no la vida; cuando esté comprometida la dignidad de la madre o de su familia, que también puede tener marido y otros hijos; cuando sucede el caso de violación. Entonces allí juegan socialmente diversos valores. No se trata de que no se respete el derecho a la vida del que está por nacer. Es que la vida, derecho del que está por nacer, está en juego con la salud, la dignidad, la vida y la existencia de un matrimonio, en fin, con muchos valores que entran en pugna. Entonces el legislador no desconoce ese derecho a la vida, sino que tiene, por el contrario, que resolver esa confluencia de derechos y cuáles son, en su conjunto, más dignos de protección desde el punto de vista que le interesa al legislador, que es la comunidad que él representa.

Finalmente, la Comisión aprobó un texto que es prácticamente idéntico al que hoy se despliega en el artículo 19, numeral 1º, primer inciso, ya citado. La propuesta de Jaime Guzmán fue rechazada, pero a cambio se importó lo dispuesto en el artículo 75 del Código Civil al texto constitucional. En la Sesión 90ª el presidente de la Comisión, Enrique Ortúzar, sintetizó así la decisión que tomaron:

(…) considera que el silencio [sobre el aborto] significa que no se condena el aborto terapéutico, para precisar un caso, y así se ha entendido, pues por ello existe el propósito de escoger la fórmula de que la ley protegerá la vida del que está por nacer, ya que lo que no se ha querido hacer es adoptar ni una ni otra fórmula extrema en la Constitución, vale decir, ni condenarlo ni hacerlo permisible explícitamente, sino que dejar entregada a la ley la protección de la vida del que está por nacer. Agrega que dentro de esta facultad que tendrá el legislador, se podrá no considerar delito el aborto terapéutico —como entiende que hoy día no lo es— ya que sólo la práctica maliciosa del aborto está penada por el Código Penal, pero el aborto terapéutico no se encuentra sancionado por dicho texto legal. Estima que si se va a establecer en la Carta Fundamental un precepto que no lo hace admisible en caso alguno y, por el contrario, lo hace condenable, es evidente que deberá estar sancionado por el Código Penal. Manifiesta que, en resumen, entiende que se ha querido hacer una diferencia entre el precepto que consagra el derecho a la vida y la disposición que entrega al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Agrega que, en el primer caso, se trata de consagrar en forma absoluta el derecho a la vida, y, en el segundo, se desea dejar cierta elasticidad para que el legislador, en determinados casos, como, por ejemplo, el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Señala que, a su juicio, la única solución lógica sería ésta, pues no significa imponer las convicciones morales y religiosas de los miembros de la Comisión a la comunidad entera, a la cual va a regir la Constitución Política. (Énfasis agregado)

Ésta es la lectura que permite la convivencia armónica al interior del entramado legislativo-constitucional relevante para esta discusión. Dentro de dicho entramado, el que está por nacer es valioso para el derecho, al punto de que se establece la obligación constitucional expresa de darle protección legislativa. Pero no tiene un estatuto de persona, no es valioso en tanto persona.

De otro modo, y al igual a lo que pasa respecto del artículo 75 del Código Civil a nivel legislativo, no se entendería a nivel constitucional la distinción que el artículo 19, numeral 1º, de la Constitución hace entre el derecho a la vida de las personas, por una parte, y, por la otra, el mandato al legislador para que proteja la vida del que está por nacer. Porque si el que está por nacer fuera persona, la distinción no tendría sentido por superflua o, si se le quisiera dar a la fuerza un sentido, significaría que, no obstante asegurarse el derecho a la vida de todas las personas, el legislador no estaría obligado a proteger la vida de las personas nacidas, sólo la de las que están por nacer. O como lo ha escrito Antonio Bascuñán al criticar cierta jurisprudencia judicial:[4]

(…) el propio contexto de la regulación expresa una distinción inequívoca entre las personas y el que está por nacer. Aquellas son titulares de un derecho subjetivo público, el derecho a la vida, oponible incluso al legislador. La vida del que está por nacer, en cambio, es objeto de protección imperativo para el legislador. La interpretación de la Corte desconoce esta diferencia expresada por el texto, ya que la hace irrelevante o bien discriminatoria. Si del derecho a la vida se deduce sin más un deber para el legislador de protegerla, entonces la norma del inciso segundo es irrelevante. Si ese deber no se deduce sin más del derecho a la vida, entonces esa norma es discriminatoria, pues establecería para la vida del que está por nacer una protección más intensa que la dispensada a la vida de los nacidos. (Bascuñán 2004, 54)

La interpretación sistemática, entonces, de la Constitución y la ley en estas materias no deja alternativa sino concluir que la persona humana comienza al nacer. No hay otro modo de entenderlo al leer la última parte del artículo 55 del Código Civil, que remite a una nacionalidad que constitucionalmente está asociada al nacimiento. Esta idea, la que el nasciturus es valioso, pero no es persona, ha sido la doctrina tradicional y mayoritaria en nuestro derecho, como se verá a continuación.

2.4. La tradición del Derecho Civil

En apoyo de la doctrina que aquí se critica, el profesor Corral se remite a uno de los fundadores de nuestra dogmática del derecho civil, Luis Claro Solar, citando una frase de su obra Explicaciones de derecho civil chileno y comparado: “Distingue el Código entre la existencia natural y la existencia legal de la persona. Aquella principia con la concepción; pero es sólo el nacimiento el que determina la personalidad legal” (Corral 2010, 3).

¿Significa esto que Claro Solar sostenía que el nasciturus es persona? En absoluto. En ninguna parte de su obra él considera la criatura en el vientre materno, que tiene una existencia “natural”, tenga el estatuto jurídico de persona. Por el contrario, él niega semejante conclusión:

Pero si la existencia legal de la persona principia al nacer, anteriormente al nacimiento ha transcurrido un tiempo más o menos largo, durante el cual el cual el niño vive aunque no con vida propia e independiente, sino íntimamente ligado a su madre, y la ley toma en cuenta esa existencia para garantir su conservación y asegurar los derechos que han de corresponder a la criatura si llega realmente a tener una vida independiente. Antes del nacimiento la capacidad legal del niño es nula, pues no puede tener propiedades, ni créditos, ni deudas, no es una persona cuya representación sea necesaria o posible. Por una ficción, sin embargo, se le asimila al niño ya nacido para asegurarle la adquisición de los derechos que le corresponderán el día de su nacimiento y velar porque este nacimiento se efectúe. (Claro Solar 2013, 212. Énfasis agregado)

Conviene al respecto citar también el siguiente párrafo de Claro Solar:

Las legislaciones modernas han reconocido también esta diferencia fundamental entre el principio legal de la persona y el principio de su existencia natural y, sin conceder la capacidad de derecho a la criatura que está por nacer, le garantizan, dejando esos derechos en suspenso, su adquisición posterior cuando el nacimiento se efectúe, considerándola como si jamás hubiese existido si el nacimiento no llega a constituir, sea por la falta de viabilidad o por haber nacido muerto o no sobrevivir a la separación completa de su madre, según hemos visto, un principio de existencia. Sólo el Código de la República Argentina considera personas a los que están por nacer. “Son personas por nacer los que no habiendo nacido están concebidos en el seno materno”, dice el artículo 63 y en la nota referente a este artículo, su autor critica la disposición del artículo 74 de nuestro Código como contraria a los principios. Sin embargo, el mismo Código argentino reconoce que la criatura que muere antes de estar completamente separada de su madre se considera como si no hubiera existido jamás, lo que importa aceptar que la existencia anterior al nacimiento es una mera ficción, subordinada exclusivamente al hecho de la verdadera existencia. (Claro Solar 2013, 213. Énfasis en el original)

Y remata en relación con lo dispuesto en los artículos 74 inciso segundo y 77 del Código Civil:

Es sólo una ficción la que hace considerar existente a la criatura en el momento en que fue llamada a adquirir un derecho, a aceptar o repudiar una herencia, legado o donación, ficción subordinada al hecho del nacimiento de esa criatura con vida, de tal modo que si muere en el vientre materno, o perece antes de estar completamente separada de su madre, o no sobrevive un instante siquiera a la separación, se reputa no haber existido jamás y los derechos que le hubieran correspondido no pasarán a otras personas. Esta ficción basta para el propósito perseguido por el legislador, sin que sea necesario atribuir a la criatura por nacer una capacidad que supone vida propia e independiente. (Claro Solar 2013, 214. Énfasis agregado)

Exactamente la misma doctrina es recogida en otro pilar de la dogmática civilista chilena: el Tratado de derecho civil. Para este texto, como para Claro Solar, hay una “existencia natural” anterior al nacimiento, pero es éste, el hecho del nacimiento, el “generador de personalidad” (Alessandri, Somarriva y Vodanovic 1998, 359). Y, por lo mismo, agrega en relación con el carácter del derecho de la criatura que está por nacer:

No puede ser un derecho bajo condición suspensiva. Las personas a las que corresponderían los derechos si no nace legalmente el niño tienen un derecho bajo la condición suspensiva de que el nacimiento no constituya un principio de vida. De manera que si para estas personas el derecho es condicional suspensivo, no lo puede ser también para la criatura que está en el vientre materno, porque dentro de la ciencia jurídica es inconcebible que un derecho esté subordinado a una misma especie de condición para dos o más personas de intereses opuestos. Tampoco puede ser el derecho de la criatura que está por nacer condicional resolutorio. La condición resolutoria implica un derecho actual, y el mismo legislador en el artículo 485 habla de “los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo…”, con lo cual está expresando que el hijo, antes de nacer vivo, no tiene el derecho. Además, si aceptáramos que el derecho de la criatura está sujeto a condición resolutoria, querría decir que alguien que no es persona puede adquirir bienes. El derecho de la criatura que está en el vientre materno tampoco es un derecho eventual. No hay derechos eventuales si el titular de una situación jurídica no existe o está todavía indeterminado, porque, como todo derecho, el eventual encuentra su fundamento en una relación entre un sujeto de derecho y una regla jurídica, y mientras la criatura no nace no hay sujeto de derecho. (Alessandri, Somarriva y Vodanovic 1998, 364-365. Énfasis en el original, subrayado agregado).

Como se desprende de las citas de estos autores, el núcleo de la tradición civilista chilena no incurre en la distorsión en que incurre la doctrina criticada. Para dicha doctrina, la existencia legal producida por el nacimiento es sólo una “aptitud para conservar y ejercer derechos patrimoniales”, como afirma el profesor Corral, extendiendo forzadamente la personalidad a la concepción. Esto contradice lo dispuesto por las disposiciones legislativas y constitucionales citadas, así como por la tradición civilista, para las cuales la existencia natural del nasciturus es valiosa, por su potencia de convertirse en persona al nacer y, por lo mismo, porque posibilita el ejercicio por terceras personas de la autonomía de la voluntad a su respecto, sujeta a la condición del nacimiento.

Si se obrara en consecuencia con la doctrina que aquí se critica, los efectos prácticos de considerar persona al nasciturus son insospechados. Habría que modificar un enorme conjunto de reglas jurídicas. Las que regulan la nacionalidad, por lo pronto. También reglas civiles (todas las que se han citado en este trabajo, desde luego) y penales, ya que se podrían cometer varios delitos contra la “persona” que está por nacer. Por ejemplo, los insultos proferidos contra una mujer embarazada, extendidos a la criatura que lleva en su vientre, podrían dar lugar al delito de injurias contra dos personas. Las mujeres embarazadas no podrían ser privadas de libertad, porque, al mismo tiempo, se estaría privando de libertad a una “persona” inocente. La imaginación puede ser aquí ilimitada, como ilimitadas pueden ser las absurdas consecuencias jurídicas de considerar persona al nasciturus.

Nada de esto es necesario si nos apegamos a la sensata y prudente tradición que existe en Chile. Ésta fluye con naturalidad de la interpretación sistemática del conjunto de reglas legislativas y constitucionales citadas en este texto, como de las demás aplicables en esta materia.

Junto con respetar la coherencia de dicho entramado normativo, evitando distorsionarlo, la doctrina tradicional permite al legislador cumplir el mandato que en estas materias le impone la Constitución. Este mandato se encuentra en el artículo 19, numeral 1º, del texto constitucional, el que, como sabemos, junto con garantizar el derecho a la vida de todas las personas ordena al legislador proteger la del que está por nacer.

Este mandato constitucional tiene sentido, y se hace factible, si la vida que está por nacer no es considerada persona. Hay en esto, con todo, matices, como se verá en la argumentación alternativa que se revisa a continuación.

2.5. El Nasciturus como titular del derecho a la vida y despenalización del aborto

Verónica Undurraga, por ejemplo, ha sostenido:

Teóricamente es posible defender la hipótesis de despenalización del aborto aun cuando se califique la vida prenatal como un derecho subjetivo, especialmente —aunque no exclusivamente— tratándose de aborto terapéutico necesario para salvar la vida de la mujer embarazada, argumentando que se está frente a una hipótesis de estado de necesidad defensivo supralegal. En la práctica del derecho comparado, los ejemplos de Irlanda y Costa Rica muestran también cómo conviven textos e interpretaciones constitucionales que consagran el derecho a la vida del nasciturus desde la concepción, con autorizaciones legales de aborto terapéutico por peligro para la vida o salud de la mujer. (Undurraga 2013, 306. Énfasis en el original).

Undurraga relaciona lo anterior con lo resuelto por la conocida jurisprudencia constitucional alemana en sus fallos de 1975 y 1993, así como la española en su fallo de 1985. Ellos privilegian la vida del nasciturus por sobre el derecho de la madre, pero reconocen determinadas circunstancias en que, en los hechos, esa preeminencia no puede actualizarse, ya que atentaría contra la Constitución exigir a las madres que en tales circunstancias perseveren en sus embarazos (Undurraga 2013, 240-249). Por eso permitieron el aborto en dichos casos excepcionales.

Con todo, hay una diferencia en la forma en que las constituciones de Alemania y España regulan estas materias, si se comparan con la chilena. Esa diferencia, a mi juicio, dificulta seguir la lógica argumentativa de esos fallos en Chile. En Chile, como se ha venido repitiendo, el derecho a la vida se garantiza a las “personas”. Esas dos constituciones europeas, en cambio, se lo garantizan a “todos” o a “cada cual”, sin especificar, como lo hacen respecto de otras garantías que su titularidad es de personas.[5]

Esta diferente concreción normativa permite desprender de la jurisprudencia alemana una especie de derecho a la vida del nasciturus. Y aunque el Tribunal Constitucional español expresamente definió al nasciturus como un bien objetivo y no como titular de un derecho subjetivo a la vida, en la jurisprudencia constitucional de ambos países europeos se establece una prevalencia abstracta del nasciturus por sobre los derechos involucrados de la mujer embarazada. Sólo en casos excepcionales esa prevalencia cede concretamente en favor de la mujer. En Chile es difícil aplicar esta lógica, en especial la alemana, por la forma en que está redactado el artículo 19, numeral 1º, de la Constitución que, como se ha visto, distingue entre personas y el que está por nacer, reservando la titularidad del derecho a la vida e integridad física y psíquica a las primeras.

A la luz de lo resuelto recientemente por el TC en Chile, sin embargo, esa argumentación alternativa destinada a dar cabida a los derechos de las mujeres embarazadas, aun cuando se reconozca al nasciturus una prevalencia abstracta por sobre ellos, parece ser hoy menos necesaria. Veamos por qué.

3. LA CORRECCIÓN INTRODUCIDA POR EL TC

El 28 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional pronunció por mayoría de votos la sentencia Rol 3729/2017. En ella rechazó los requerimientos acumulados de un grupo de diputados y senadores de inconstitucionalidad del proyecto de ley aprobado que ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al Boletín 9895-11.

En lo que aquí concierne, el TC señaló que estaba entre dos precedentes contradictorios entre sí. Uno es el establecido por la sentencia Rol 220/1995, que se pronunció sobre un proyecto de ley que regulaba los trasplantes de órganos. En ese proyecto era fundamental determinar cuándo una persona se declara muerta. Al respecto, el TC sostuvo que ésta es una definición que le corresponde al legislador: el término de la vida es materia de ley, no de la Constitución (Tribunal Constitucional 1995).

El otro precedente fue sentado en la citada sentencia Rol 740/2007, dictada a propósito de un requerimiento contra un decreto supremo que regulaba la distribución de la llamada píldora del día después, según se mencionó más arriba en este trabajo. En esta sentencia se consideró que el inicio de la personalidad era materia constitucional y que ésta estaba fijada, constitucionalmente, en el momento de la concepción.

Ahora, en 2017, el TC describió bien el problema que tenía entre manos:

VIGESIMOCUARTO. Que, como se aprecia, el Tribunal tiene dos doctrinas que no dialogan entre sí. La discrepancia principal tiene que ver con el rol de legislador. El punto es central por lo que dispone el artículo 19 N° 1, inciso segundo, en el sentido que la ley debe proteger la vida del que está por nacer. (Tribunal Constitucional 2017)

En esta disyuntiva, el TC optó por la línea del precedente de 1995, pues, a la luz de una interpretación sistemática de la Constitución, no vio en ésta la definición constitucional que vio el TC en 2008 sobre la personalidad desde el momento de la concepción. En otras palabras, optó por reconocer en esta materia la competencia del legislador. Así ha razonado:

CUADRAGÉSIMO. Que la Constitución se refiere al que está por nacer en el artículo 19 N° 1 inciso segundo. Ahí encarga a la ley proteger la vida del que está por nacer.

El hecho que se lo entregue al legislador en nada desmerece la protección. La ley es la principal fuente de derecho.

Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de la mayor relevancia.

En este sentido, el análisis de este proyecto de ley implica examinar que hay una medida o decisión legislativa que pondera razonablemente entre un derecho fundamental y un interés protegido legalmente. En este caso, el legislador opta por maximizar la protección del derecho constitucional a la vida de la madre o de la mujer, como es la despenalización en circunstancias excepcionales por su gravedad y dramatismo. Ciertamente que el costo de interrumpir el embarazo y hacer cesar la gestación de una vida humana con expectativas de alcanzar el estatus de persona es alto y puede ser doloroso, pero de ningún modo puede compararse ni es proporcional al sacrificio de la vida de una persona plena, de una mujer o una madre con un proyecto vital en pleno desarrollo en el mundo, en el medio social y familiar.

En un contexto donde el que está por nacer mantiene en el vientre materno una existencia común con la madre, sin vida individual ni autónoma, constituyendo una existencia condicionada al nacimiento y a la sobrevivencia un momento siquiera, parece necesaria y razonable la diferenciación entre una persona y un nasciturus, entre un sujeto jurídico pleno de derechos y deberes y un sujeto que es aún una expectativa de persona, una vida en ciernes, sin duda objeto de valoración por el derecho que lo protege durante el desarrollo gestacional. (Tribunal Constitucional 2017)

La sentencia remata de una forma que merece ser citada en extenso:

SEPTUAGESIMOCTAVO. Que el que está por nacer es un bien jurídico, de mucha importancia para la Constitución. Por eso se refiere a él y le encarga al legislador su resguardo.

El que está por nacer no necesita del estatuto de persona y distorsionar todo el resto del sistema constitucional y legal, para recibir protección. La Constitución lo relevó de aquello. No hay ninguna entidad que en nuestro sistema jurídico tenga esta posibilidad;

SEPTUAGESIMONOVENO. Que, sin embargo, esta protección no puede hacerse sin la debida consideración a los derechos que tiene la mujer. La Constitución no habilita al Estado a que se pueda poner en peligro la vida de la madre ni le impone tener un hijo producto de una violación. Proteger al no nacido no es título para abandonar a la mujer. El que está por nacer no es el único protegido por la Constitución. El legislador debe buscar la fórmula para que el que está por nacer pueda hacerlo. Pero, a partir de cierto límite, los derechos de la mujer deben primar.

El derecho a la vida que tienen todas las personas, tampoco es absoluto. Como se sostuvo en estrados, éste se ve limitado por la pena de muerte (artículo 19 N° 1 de la Constitución). También, por una serie de instituciones que legitiman la muerte, como la legítima defensa, el estado de necesidad, el uso del arma de fuego por la autoridad policial.

De este modo, no puede considerarse, como se indicó en estrados, que la vida del que está por nacer sea la única que no puede ser afectada en ninguna circunstancia, por ninguna razón o interés. (Tribunal Constitucional, 2017)

4. CONCLUSIONES

Fiel a la sensata tradición jurídica reseñada en estas páginas, y como acaba de demostrarlo el TC, la Constitución no considera persona al nasciturus. Esto permite que el legislador tenga sobre su regulación una relativa elasticidad. Esta relativa elasticidad es la mejor manera de dar cabida y consideración a un interés que es ineludible en esta materia: el de la madre. Y al descartar la personalidad jurídica del nasciturus, el TC ha hecho innecesario trasplantar la argumentación de los fallos de la magistratura constitucional alemana (1975 y 1993) e, incluso, de la española (1985).

Si se considerara al nasciturus como persona, el interés materno contrapuesto a su vida sólo podrá tener una cabida reducida, igual o menor a la cabida que tiene el interés de una persona nacida contrapuesto a la vida de otra persona nacida. Si se asume en el contexto de un embarazo que hay un conflicto entre los intereses de dos “personas”, habría muy poco espacio para cumplir la orden que la Constitución da al legislador de proteger la vida del que está por nacer. Las alternativas para el legislador se inclinarían fuertemente hacia el extremo de la prohibición de interrumpir voluntariamente los embarazos, de una manera análoga a la prohibición de terminar con la vida de una persona nacida. En este escenario, el interés de la madre tiene poca cabida.

Como lo acaba de afirmar el TC, considerar la vida del nasciturus como un objeto de protección, pero no por ser persona, permite a la comunidad política representada por el legislador deliberar, ponderando los dos intereses en juego: el de la madre y el interés por la vida intrauterina. Así se puede determinar el sentido y alcance de la obligación que el constituyente ha impuesto al legislador de proteger al nasciturus. Se hace factible de este modo el cumplimiento razonado de este mandato.

Tanto la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales y legislativas, como la doctrina tradicional citadas en este texto abren la posibilidad del discernimiento colectivo que ordena la Constitución. La doctrina que se ha criticado en estas páginas, en cambio, la restringe indebidamente. Y no sólo la restringe indebidamente, sino que además lo hace distorsionando un antiguo y coherente entramado legislativo-constitucional.

REFERENCIAS

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Bello, Andrés. 1981. Obras completas de Andrés Bello, tomo XIV. Caracas: Fundación La Casa de Bello, Segunda Edición Facsimilar.

Claro Solar, Luis. 2013. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, tomo 1. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

Corral, Hernán. 2010. “‘La existencia legal de toda persona principia al nacer’: una nueva lectura para una vieja norma”. Revista de Ciencias Sociales 56: 311-326. https://corraltalciani.files.wordpress.com/2010/04/existencialegal.pdf. Las referencias en este trabajo están hechas a las páginas de esta edición en línea.

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Undurraga V., Verónica. 2013. Aborto y protección del que está por nacer en la constitución chilena. Santiago: Thomson Reuters.

Vivanco, Ángela. 2008. “La píldora del día después. Sentencia de Tribunal constitucional de 11 de enero de 2007”. Revista Chilena de Derecho 35 (3): 543-577. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000300009.

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———. 2017. Sentencia Rol 3729/2017. “Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N° 9895-11”. http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3515. EP

1 Zapata (1988), Fernández (2001), Vivanco (2008), Ugarte (2004; 2017), entre otros.

2 Las redacciones de los artículos 55 y 74 del Código Civil ya estaban presentes prácticamente idénticas en el proyecto de 1853 y en el denominado “Proyecto inédito”. No hay referencia alguna a la posibilidad de una existencia “natural” de las personas, distinta a la legal (Bello 1981, 65, 76-77).

3 Las referencias que siguen son hechas a las actas oficiales de la Comisión Constituyente.

4 Se trata de la sentencia de la Corte Suprema pronunciada en 2001 Rol N.° 2.186-2001, en el marco de unos recursos de protección relativos a la denominada “píldora del día después”. Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304093420/r95_dossier_pildoradiadespues05.pdf. Páginas 402 y ss.

5 Sobre este punto, ver Figueroa (2007, 105-109).

ARTÍCULO

PROPUESTAS PARA LA REGULACIÓN DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO*

Alejandro Vergara Blanco

Universidad Católica de Chile

Daniel Bartlett Burguera

Universidad Católica de Chile

Alejandro Vergara Blanco. Profesor titular de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la misma facultad. Email: alvergar@uc.cl.

Daniel Bartlett Burguera. Abogado. Investigador del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho PUC. Email: dbartlett@uc.cl.

* Los autores agradecen las observaciones, comentarios y sugerencias realizadas por los árbitros anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: Los autores analizan los aspectos críticos relativos a la organización, competencia y procedimiento que con mayor énfasis han sido discutidos respecto del Tribunal de Contratación Pública, órgano jurisdiccional especial creado para la resolución de las contiendas entre particulares y los organismos públicos en el contexto de las licitaciones públicas. Tras revisar distintas propuestas de optimización legislativa relacionadas con el tribunal, discutidas en reuniones de trabajo y evaluaciones del sistema de compras públicas actual, los autores aportan algunas soluciones adicionales que pueden contribuir a mejorar su desempeño.

Palabras clave: modernización del Estado, justicia administrativa, tribunal especial, contratación administrativa.

Recibido: mayo 2017; aceptado: julio 2017.

PROPOSALS FOR REGULATING CHILE’S PUBLIC PROCUREMENT TRIBUNAL. ORGANIZATION, POWERS AND PROCEDURES

Abstract: The authors analyse the most intensively discussed critical aspects of the organization, powers and procedures of the Public Procurement Tribunal, a specialized judicial body set up to resolve disputes between private individuals and public bodies arising out of the public tendering process. After reviewing some proposals for optimizing Tribunal-related legislation that have been discussed at working meetings and in evaluations of the current public procurement system, they offer some further solutions that could help to enhance its performance.

Keywords: State modernization, administrative justice, specialized tribunal, public procurement.

Received: May 2017; accepted: July 2017.

INTRODUCCIÓN

La administración pública chilena, a través de su plataforma electrónica www.mercadopublico.cl (parte esencial del sistema de compras públicas), durante 2013 logró congregar a 850 organismos públicos y 118.000 proveedores, transando un total de US$ 9.505 millones, de los cuales, cerca de US$ 4.209 millones tuvo como destino el sector empresarial micro y pequeño (44 por ciento). Por su parte, los indicadores de la Dirección de Compras y Contratación Pública respecto al primer semestre del 2016, señalaron un crecimiento del 14,1 por ciento respecto del mismo trimestre el año 2015.[1]

De estas cifras podemos desprender la enorme importancia que reviste la contratación que realiza la administración y su impacto en la economía del país. En esta materia no sólo pareciera ser relevante lo relacionado con la forma en que se gastan los recursos públicos, sino también su efecto en la generación de empresas o proveedores de diversos tamaños, que en su conjunto mueven buena parte de la economía.

La transparencia y competitividad mejoran con la existencia de reglas claras, justas y preestablecidas, de un ordenamiento jurídico que garantice y asegure a todas las personas la igualdad de acceder y participar como proveedores de la administración, acompañado de un sistema de control y reclamación eficientes y expeditos, son elementos claves para alcanzar un sistema de contratación administrativa exitoso. Ello permite una actuación coordinada y eficiente por parte de la administración, disminuyendo tanto los costos de adquisición, por medio de la licitación pública, que es un proceso abierto y competitivo, como también los costos de transacción, entregando información de manera más completa, fácil y directa a través de medios tecnológicos. A la vez, esto permite a todos los agentes económicos tomar conocimiento, participar de los procesos y cooperar en el control de su buen funcionamiento.

Una nueva institucionalidad nace en 2003 con la dictación de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,[2] conocida en la práctica como Ley de Compras Públicas o Ley de Compras. Ella representó un gran avance no sólo en materia de modernización de la administración del Estado, sino que también en lo relacionado con la transparencia y probidad de la actuación estatal. Fueron claves para avanzar con paso firme y cumplir con sus tareas el establecimiento de una normativa general en materia de contratación, una nueva institucionalidad orgánica y una plataforma electrónica. Todo ello ha representado una evolución importante, se ha generado una valiosa experiencia práctica y administrativa del nuevo sistema de contratación administrativa y ha producido una literatura no demasiado numerosa, pero creciente en los últimos años, sobre todo dirigida a analizar los diversos aspectos de la gestión y de la contratación propiamente tal.[3]

El nuevo sistema de contratación administrativa, entonces, no sólo consistió en una nueva definición de materias de fondo, como la licitación y el contrato administrativo (en el cual existía una precaria bibliografía jurídica en nuestro país), sino también en una nueva organización administrativa y jurisdiccional. En efecto, se produjo en 2003 la creación ex novo de los dos siguientes órganos:

a) La Dirección de Compras y Contratación Pública o, más simple, Dirección de Compras, un órgano administrativo específico y descentralizado, encargado de la gestión y contratación pública. Pese a ser un servicio público descentralizado, está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República. No es el foco de nuestro actual trabajo, pero quizás cabría analizar la posibilidad de transformarla en una autoridad administrativa independiente.[4]

b) El Tribunal de Contratación Pública (TCP). Éste es un nuevo órgano jurisdiccional, creado para la resolución de las contiendas entre particulares y los organismos públicos en el contexto de las licitaciones públicas.

En este trabajo no analizamos completamente las bases institucionales, organización, competencia y procedimiento de este órgano,[5] sino que nuestro foco, más descriptivo que analítico, está dirigido a las propuestas de políticas públicas o de eventuales cambios regulatorios. El objetivo es ofrecer una panorámica sobre todos los temas que se han abordado (doctrina, jurisprudencia, informes oficiales y práctica del tribunal), sin perjuicio de detenerse en algunos puntos que consideramos de mayor importancia. En efecto, analizamos los aspectos críticos relativos a la organización, competencia y procedimiento que con mayor énfasis han sido discutidos respecto del Tribunal de Contratación Pública. Seguidamente, tras revisar otras propuestas de optimización legislativa relativas al tribunal, discutidas en reuniones de trabajo y evaluaciones del actual sistema de compras públicas, señalamos algunas propuestas adicionales que puedan contribuir a la mejora de su funcionamiento.

El presente artículo, entonces, tiene por objeto, en primer lugar, realizar un repaso sobre la actual regulación del TCP, desde la perspectiva de los cambios realizados por vía de modificaciones normativas; lo que han señalado informes de distintos organismos, así como indicar las propuestas oficiales de cambios entre 2015 y 2017. En segundo lugar, realizar una mirada al derecho comparado (España), para mostrar algunos aspectos que consideramos de interés en relación con la resolución especializada de conflictos en materia de contratación pública. En tercer, cuarto y quinto lugar, señalar propuestas de mejora sobre aspectos de la organización, competencia y procedimiento del tribunal que se han ido observando desde su creación, las que además serán imbricadas con algunas propuestas adicionales y comentarios críticos.

1. CREACIÓN Y ACTUAL REGULACIÓN DE UN TRIBUNAL HíPER ESPECIALIZADO

El TCP fue creado en 2003, y fue el primer ejemplo de jurisdicción híper especializada en nuestro país, para luego haber sido objeto de algunas modificaciones legales, algunas dadas por la práctica de éste y otras, por mejoras regulatorias.

1.1. Creación y actual funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública

La aprobación de la Ley de Compras, como se indica, trajo consigo la creación de un órgano resolutorio de conflictos en materia de licitaciones públicas, el Tribunal de Contratación Pública (TPC), según su denominación legal.[6]

De forma pionera, éste fue el primer órgano originado al amparo de la actual línea legislativa que opta —desde hace más de una década— por un modelo de justicia administrativa fraccionada y especializada, la que dejó atrás el antiguo anhelo de crear unos tribunales de lo contencioso-administrativo con competencia general para el conocimiento de los asuntos entre personas físicas o jurídicas, y la administración del Estado.

Esta tendencia responde al modelo regulatorio económico implementado en Chile a partir de la Constitución de 1980, que redefinió los roles asignados a los particulares y a la administración en variadas actividades económicas relevantes, el cual evidencia la necesidad de crear tribunales especiales, dentro o fuera del poder judicial, para una resolución más ajustada de las contiendas que se generen en torno a este escenario.[7]

De esta manera, el fenómeno mixto de justicia administrativa chileno se completaría a partir del siguiente esquema:[8]

a) La responsabilidad patrimonial de la administración queda sujeta al proceso ordinario (primera instancia, apelación y eventual casación).

b) El contencioso anulatorio queda dividido en tres órdenes:

—En la década de 1980, se creó el recurso de protección, como sustituto incompleto de justicia administrativa.

—En la década de 1990, se crearon múltiples acciones especiales (bajo la denominación de “recursos”) sustanciados ante las respectivas Cortes de Apelaciones.

—Por último, en la década de los 2000, se empezaron a crear tribunales con competencia administrativa respecto a ámbitos muy concretos y especializados; marco en el que se ubica el TCP.

La filosofía detrás de la creación de estos tribunales especiales es la de proveer un sistema de resolución de controversias más preciso y adecuado a las tecnicidades de cada sector. Por ello están conformados por especialistas altamente capacitados, con experiencia comprobada en las materias objeto de revisión; los que además debieran contar con independencia y autonomía tanto de la administración del Estado como de los particulares en la toma de decisiones.

En efecto, la ausencia de unos tribunales u órganos concretos para el conocimiento de este tipo de contiendas hasta la reforma constitucional de 1989, que eliminó la referencia a los tribunales contencioso-administrativos del artículo 38 de la Constitución, alejó indefinidamente la posibilidad de contar con una justicia específica y unitaria para este ámbito, así como tampoco implementó procedimiento contencioso-administrativo alguno, al abrírsele la competencia en este campo a la justicia ordinaria,[9] la que sigue un extenso procedimiento de lato conocimiento.

Ante este escenario jurisdiccional, la importancia de la contratación pública como sector relevante para la actividad económica del país exigió la necesidad de un sistema de resolución de conflictos eficaz, especializado, útil y que asegure la ponderación de los distintos intereses en juego. El TCP, como órgano especialmente garante de la legalidad de los procedimientos licitatorios, si bien entró en funcionamiento el año 2005, a partir del 2011 experimentó un incremento en el ingreso de causas, las que desde entonces nunca bajan de 252, tal como muestra la tabla 1.[10]

Todo lo anterior revela la importancia creciente de contar con un buen sistema de justicia administrativa en el campo de la contratación pública, que asegure, tanto a los licitadores como a los usuarios finales de la ejecución de los respectivos contratos, el cumplimiento de unos estándares mínimos de legalidad y transparencia en estos procedimientos.

Tabla 1. Ingreso de causas por año al TPC (2005-2016)

2005

46

2006

100

2007

90

2008

98

2009

166

2010

169

2011

282

2012

268

2013

314

2014

326

2015

351

2016

252

En fin, esta nueva instancia jurisdiccional híper especializada ha estado alejada de la tradicional acusación de activismo o deferencia, como ha sido el caso de la jurisdicción ordinaria.[11]

1.2. Mejoras al funcionamiento del TCP incorporadas por modificaciones legislativas, reglamentarias y por la práctica

Variadas han sido las mejoras al TCP, algunas incorporadas por vía de modificaciones legislativas y otras resultantes de la praxis del tribunal.

i) Modificaciones legales

Pese al gran número de críticas anteriormente identificadas sobre el funcionamiento de este tribunal —más adelante las señalaremos—, resulta llamativo que hasta la fecha solo una modificación legal haya ido encaminada a resolver un problema, si bien de no menor importancia: el relativo a la notable acumulación de trabajo.[12]

Efectivamente, sobre las audiencias del TCP cabe distinguir dos etapas:

—Hasta diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 7 del auto acordado, las audiencias del tribunal se celebraban los días martes y jueves de cada semana y, de forma excepcional, según el volumen y necesidades de trabajo, podía añadírsele una audiencia semanal extraordinaria, por acuerdo del TCP.

—Actualmente. El 2 de diciembre de 2015 se publicó la Ley 20.883,[13] que entre otras cosas, aumentó las sesiones del TCP de 12 al mes a 21, con un mínimo de una sesión diaria. También se optimizó la función de los jueces suplentes. Para lo primero, se modificó el inciso 6º del artículo 22, y para lo segundo, se añadió un inciso 7º.

Este punto venía siendo recurrentemente criticado por varios au-tores.[14]

ii) Modificaciones reglamentarias

En lo referido a las modificaciones reglamentarias, el propio TCP solicitó a la Corte Suprema la posibilidad de mejorar el procedimiento en caso de que el licitador demandante tuviera domicilio fuera del asiento del tribunal, esto es, en regiones. Hasta 2011, el auto acordado de la Corte Suprema que reglamenta los aspectos del artículo 22 de la Ley de Compras, relativos a la organización del TCP, únicamente contemplaba en su artículo 11 la previsión que, para interponer demanda fuera del asiento del tribunal, debía presentarse ante la intendencia regional o la gobernación provincial del domicilio del demandante. La última refundición del citado auto, obedeció a la modificación de su artículo 11,[15] permitiéndose que el TCP pudiera exhortar al juez civil del domicilio del demandante, a fin de practicar las diligencias probatorias fuera de la ciudad de Santiago, además de otras medidas de carácter administrativo conducentes a una mayor agilización del procedimiento.

iii) Mejoras del funcionamiento derivadas de la práctica del tribunal

La práctica habitual del TCP desde 2005 ha permitido la incorporación de varias mejoras que optimizan su funcionamiento. A continuación indicamos algunas:

a) Suspensión del plazo para interponer demanda ante el TCP por presentación previa de recurso de reposición. El plazo para interponer demanda ante el TCP es de diez días hábiles contados desde el momento de conocer el acto u omisión que se impugna o desde su publicación. Este plazo es fatal, de acuerdo a lo indicado por la ley. No obstante, el tribunal ha entendido que el recurso de reposición que pudiera interponerse contra el organismo licitante, suspende este plazo,[16] por aplicación del artículo 54 de la Ley 19.880.

b) Uso de varios mecanismos para optimizar el impulso del procedimiento. De acuerdo a la naturaleza breve y sumaria del proceso que se sigue ante el TCP (art. 27 in fine Ley de Compras), se convierte en una necesidad el hecho de utilizar todos los mecanismos legales posibles conducentes a agilizar la tramitación del procedimiento ante el TCP, o cuanto menos, para, en caso de que fuera legalmente procedente, reanudar la licitación pública cuyo acto o actos se hubieran impugnado. Este órgano ha afirmado la utilización de varias herramientas procesales para ello, como son las siguientes:

—acogimiento de las figuras procesales civiles del desistimiento, el abandono del proceso o el allanamiento;[17]

—archivo de la causa al constatar, una vez abierto el proceso, falta de existir controversia entre las partes;[18]

—llamado a conciliación entre las partes;[19] y

—otras medidas de impulso del procedimiento.

Según se indicaba en la primera cuenta pública del tribunal, parte importante de la duración del proceso tiene su origen en la falta de impulso procesal de las partes cuando les corresponda.[20] Para ello, su actual presidente, señalaba el establecimiento de medidas como la siguiente: “El tribunal impulsa el proceso hasta la dictación de la resolución que recibe la causa a prueba, luego el demandante debe notificar por cédula dicha resolución, según establece el Código de Procedimiento Civil. Si no lo hace, el juicio no sigue adelante y pasan más de seis meses y el demandado pide el abandono del juicio, lo declaramos, así también aceptamos el desistimiento del actor, todo ello conforme a las normas procesales del Libro I del Código de Enjuiciamiento Civil”.[21]

c) Introducción de parámetros para aplicar medidas de restablecimiento del imperio del derecho. A falta de previsión expresa en la ley, en la primera cuenta pública se indicaron los siguientes parámetros para la pertinencia de adoptar las medidas a las que hace referencia el artículo 26, inciso 1º de la Ley de Compras:[22]

—si la licitación se hallaba suspendida por orden del tribunal;

—gravedad de la ilegalidad/arbitrariedad comprometida;

—si, estando la licitación adjudicada, se constata la no intervención de la conducta del adjudicatario tercero de buena fe en la comisión de la ilegalidad/arbitrariedad constatada por el tribunal;

—si el contrato licitado se encontrase ejecutado, o en fase de ejecución, y en este último caso la duración del mismo;

—la necesidad pública que deba satisfacerse; y,

—la preeminencia del interés público sobre el particular.[23]

d) Participación en el proceso de terceros interesados o del propio licitador adjudicatario. El título V de la Ley de Compras nada dice respecto de otros posibles legitimados en el procedimiento para hacer posible su actuación. Nos referimos al caso de terceros que hubiesen participado en la licitación (al que pudiese favorecer la interpretación realizada por el ente público que licita, frente a lo impugnado por otro licitador) o al mismo adjudicatario (en su caso) del contrato, comúnmente conocido en lenguaje procesal por el coadyuvante. Respecto de éstos, el TCP ha admitido su participación, siguiendo las reglas del Código de Procedimiento Civil.[24] Quizá la clave esté en el inciso 3º del artículo 24 al señalar que “la acción podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, que tenga un interés actualmente comprometido en el respectivo procedimiento administrativo de contratación”. Ambos tendrían un interés claramente comprometido.[25]

1.3. Informes oficiales y recomendaciones de la OCDE relativos a contratación pública

Entre los diversos informes que organismos nacionales e internacionales han confeccionado, y que hacen expresa mención al TCP como órgano jurisdiccional de resolución de controversias sobre licitaciones públicas, quisiéramos destacar los siguientes extractos de tres de ellos:[26]

i) El Informe sobre recomendaciones, elaborado por la Comisión de Perfeccionamiento de las Compras Públicas, prevé dos puntos relativos a la necesidad de optimizar el TCP en sus páginas 18 y 19:

Por una parte, requiriendo una modificación legal,[27] propone aumentar el número de audiencias mensuales del tribunal, con motivo del incremento sustancial de causas entre los años 2005 a 2013: “La actual carga de trabajo (…) hace insuficiente el actual número de audiencias para la adecuada resolución de los asuntos de que conoce el tribunal y para la realización de diligencias probatorias oportunas. Actualmente se toman cinco pruebas en cada audiencia, lo que pugna con la tramitación breve y sumaria del procedimiento judicial, así como con la dictación oportuna de sentencias”.

Por la otra, instando a constituir una comisión experta que evaluase en profundidad medidas de perfeccionamiento al TCP, en aspectos tales como: aplicación de competencia del tribunal, agilización de procedimientos, entre otros.[28]

ii) En el Informe final, abril de 2015, elaborado por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (comúnmente conocido como Informe Engel), prevé, dentro de sus propuestas relativas a la prevención de la corrupción (capítulo I del Informe) un apartado C denominado: “Reforma del sistema de compras públicas, concesiones y gastos en Defensa”. En cuanto a las propuestas relativas al Sistema ChileCompra, punto 9, indica literalmente: “Fortalecer al Tribunal de Contratación Pública en su estructura orgánica y perfeccionar el procedimiento judicial. Ampliar las competencias del tribunal de modo de incluir la ejecución del contrato, y otorgarle facultades para proponer modificaciones legales y reglamentarias en materia de compras públicas. Dotarlo de mayores capacidades y recursos en función de la cantidad de demandas que sean recibidas” (41-44).

Por otra parte, en el capítulo II del Informe, relativo a la regulación de conflictos de interés, apartado B, denominado “Declaraciones de patrimonio e intereses”, prevé la necesidad de que ciertas autoridades cumpliesen con la obligación de declarar su patrimonio para poder constatar las posesiones del funcionario durante y después del ejercicio de su cargo, para así poder determinar si aquél pudiera eventualmente incurrir en un enriquecimiento ilícito o en otros delitos contra la probidad. Entre ellas, entienden los suscriptores del Informe Engel, debieran incluir a “los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública y el ministro de fe, además del secretario y el relator del tribunal” (58-61).[29]

iii) El consejo de la OCDE sobre contratación pública, en febrero del 2015, recomienda dos puntos a destacar:

—Establecimiento de vías efectivas para la impugnación de resoluciones en materia de contratación pública, dirigidas a la corrección de defectos, impedir conductas ilícitas; además de la existencia de una fiscalización independiente y específica, y unos mecanismos adecuados de reparación.

—Coordinación entre los mecanismos de control interno y externo, mayor integración, y que dispongan de suficientes recursos, con el fin de garantizar, entre otros aspectos, la aplicación uniforme de las leyes y reglamentos, así como evitar su incumplimiento.

1.4. Propuestas oficiales de cambios al TCP entre los años 2015 y 2017

Cabe destacar que posibles cambios al TCP fueron objeto de análisis y debates, entre los años 2015 y 2017, en reuniones de trabajo y evaluaciones del sistema de compras públicas, organizadas e impulsadas por la propia Dirección de Compras. A continuación, primero, se indican cuáles fueron las propuestas resultantes de una mesa de trabajo que tuvo lugar desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016, con el objeto de introducir modificaciones en la Ley de Compras, específicamente, en cuanto a su capítulo V, sobre el TCP (1.4.1). Luego, se señalan brevemente los primeros resultados del informe final del proceso de evaluación del Sistema de Compras Públicas, realizado a través de la metodología MAPS (2016-2017), que inciden sobre el TCP (1.4.2).

1.4.1. Propuestas resultantes de la mesa de trabajo para la modificación de la Ley 19.886

Entre agosto de 2015 y marzo de 2016, en las dependencias de la Dirección de Compras, tuvieron lugar varias reuniones de trabajo entre académicos y profesionales pertenecientes tanto a entidades fiscalizadoras como a organismos de la administración activa, con el objetivo de debatir mejoras para la modificación de la Ley 19.886. Se discutieron dos grandes puntos: la cobertura del Sistema de Compras Públicas regulado por la Ley de Compras y la institucionalidad del Sistema de Compras Públicas establecido por dicha ley.

Por medio del Portal Transparencia, tuvimos acceso al documento Informe final. Mesa de trabajo para la modificación de la Ley 19.886, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante Informe final.[30] De este documento, por razón del tema abordado en este artículo, únicamente haremos referencia a las propuestas relativas a la institucionalidad del Sistema de Compras Públicas establecido por la Ley de Compras, específicamente, a todo lo que diga relación con el TCP.[31]

Respecto del apartado dedicado a la institucionalidad, quisiéramos destacar la existencia de dos momentos relativos al control de las licitaciones, uno de carácter previo o ex ante, realizado por organismos diferentes al TCP, y el otro ex post, con ocasión de la intervención de éste. Veamos seguidamente ambos:

i) El control ex ante de las licitaciones

Se trata de un conjunto de medidas —modificaciones y añadidos en la Ley de Compras, u otras normas— que tienen como fin común controlar la legalidad de los procesos licitatorios, previo a que el TCP pudiera entrar a conocer del respectivo asunto. Seguidamente, de forma sucinta, enunciaremos los tres mecanismos fiscalizadores que se identificaron:

a) Reconocimiento legal del “Departamento Observatorio” de la Dirección de Compras. Actualmente, la Dirección de Compras cuenta con un departamento no reconocido legalmente, que opera como herramienta de colaboración para las entidades compradoras, consistente en un sistema integrado de alertas, campañas, monitoreo permanente de los usuarios, y como mecanismo para prevenir irregularidades en procesos de compras públicas.[32] Se propone darle reconocimiento expreso en la ley, y facultarlo para impartir orientaciones y recomendaciones generales, que conduzcan a difundir buenas prácticas y fortalecer la probidad en las compras públicas.

b) Introducción de mecanismos preventivos en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ante el hecho observado de que los municipios son objeto de constantes reclamos en el sistema de compras públicas,[33] se señalaron dos mecanismos para intentar mejorar la transparencia y probidad en el ámbito municipal:

Uno. En aquellos contratos para el suministro de bienes o prestación de servicios por montos iguales o superiores a 500 UTM, ante los cuales el alcalde requiere la aprobación de la mayoría absoluta del concejo municipal para su aprobación, se propone que el respectivo concejo no pueda rechazar la propuesta del alcalde por motivos ajenos a los contemplados en las bases; esto, en atención a que es en aquella etapa donde hoy suelen ocurrir irregularidades.

Dos. Considerando que actualmente los concejales no tienen condición de funcionarios municipales y, por lo tanto, no procede perseguir de éstos responsabilidad administrativa respecto de sus actuaciones en los procedimientos de contratación de la Ley de Compras, y que ante tales casos, la Contraloría General de la República (CGR) —de acuerdo a la normativa vigente— no tiene competencia para determinar la concurrencia de contravención grave al principio de probidad administrativa ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, se propone establecer la responsabilidad administrativa respecto de dichos procedimientos de contratación, lo que se traduciría en la posibilidad que la Contraloría pueda ejercer sus potestades fiscalizadoras de las actuaciones de los concejales ante tales supuestos.

c) Ampliación del ámbito de control de la CGR en las licitaciones municipales por sobre las 5.000 UTM. Siendo que actualmente la Contraloría únicamente tiene un control ex post (auditorías) respecto de este tipo de licitaciones, se propone incorporar el trámite de toma de razón respecto de todos los procesos licitatorios de mayor cuantía —sobre las 5.000 UTM— que realizan los municipios a través del Sistema de Compras Públicas.[34]

ii) El control ex post de las licitaciones: las propuestas de ampliación de la competencia del TCP y corrección de sus procedimientos

La mesa de trabajo detectó dos grandes falencias derivadas de la actual regulación del tribunal:

En primer lugar, las consecuencias de su acotado ámbito competencial impiden un conocimiento más especializado de las fases posteriores al proceso licitatorio. En segundo lugar, ante el diagnóstico de que las decisiones del tribunal suelen verse desprovistas de eficacia, porque una vez adjudicada la licitación nacerían derechos adquiridos legítimamente por el adjudicatario, que empecerían al tribunal a declarar la nulidad con sus consiguientes efectos, se acordó introducir mejoras que conduzcan a mejores resultados.[35]

Siguiendo el orden debatido por la mesa de trabajo, en el anexo adjunto a este artículo, ofrecemos una tabla que refleja —sin perjuicio de repetir puntos ya tratados— las ambiciosas propuestas de mejora relativas a los aspectos organizativos y de funcionamiento, sobre competencia del Tribunal y el procedimiento ante éste; junto con describir previamente la situación actual de cada uno de los puntos respectivos.[36]

1.4.2. Propuestas que inciden sobre el TCP, reflejadas en el borrador del Informe final de evaluación del Sistema de Compras Públicas a través de la metodología MAPS[37]

A finales de 2016, el Gobierno de Chile, a través de ChileCompra, solicitó que el Sistema de Compras Públicas chileno se sometiera a un proceso de auditoría comúnmente utilizado para la evaluación de este tipo de sistemas (MAPS: Methodology for Assessing Procurement Systems), con el objeto de poder detectar fortalezas y debilidades del sistema actual.

Para el levantamiento de información que sirviera de base a la confección del informe final, la Dirección de Compras realizó un llamado a los profesionales y usuarios que, de alguna manera, pudieran colaborar con sus aportaciones y opiniones acerca del Sistema.

Uno de los pilares[38] que el mencionado instrumento evaluador sometió a consideración dice relación con el TCP. Se consideró que, si bien se valora su existencia para favorecer la rendición de cuentas, integridad y transparencia del Sistema de Compras Públicas,[39] por otro lado, consideró como brecha sustantiva[40] el hecho que el tribunal no sea también conocedor de la fase de ejecución de los contratos (desde la post adjudicación hasta la terminación del contrato), siéndole actualmente atribuida esa función a los tribunales ordinarios.[41] Al respecto, el informe señalaba: “Esta brecha debería solucionarse a través de modificaciones tanto a la Ley 19.886 como a su reglamento, tanto para ampliar las competencias del TCP como para introducir las funciones y responsabilidades de la fase de gestión de contratos”.[42]

Consideramos acertada la extensión del ámbito competencial del TCP hacia la fase post adjudicación, si bien, curiosamente, el borrador del informe no pareciera reflejar otras necesidades de adaptación del tribunal en cuanto a diferentes aspectos como los que aquí se tratan.

1.5. Revisión crítica de la estructura y funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública

Desde la entrada en funcionamiento del TCP, varios son los autores que han abordado, partiendo de sus previsiones legales o bien de la observación de su praxis, la necesidad de modificar ciertos aspectos del tribunal que dicen relación con la organización y la competencia, así como el procedimiento que se sigue ante él. Buena parte de estas críticas obedecen, según se verá, a la escueta regulación a la que se sujeta el TCP, la que sin duda cabría ampliar en el sentido que se propone en este trabajo.

En este trabajo realizamos propuestas adicionales, muy estrechamente relacionadas con las señaladas por otros autores o por las resultantes de la mesa de trabajo, que pensamos pudieran ser útiles para tratar de optimizar el funcionamiento de este tribunal. Seguidamente exponemos de forma somera, y respetando la anterior tripartición, los aspectos más criticados hasta el momento.[43] Para ello, las propuestas que formulamos las ordenamos en aspectos: organizativos (sección 3); competenciales (sección 4); y de procedimiento (sección 5). Pero, antes, ofrecemos una muestra de derecho comparado sobre la materia: el caso español, cuyo tribunal es el único que se asemeja al de Chile (sección 2).

2. EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN ESPAÑOL

En derecho comparado, sólo cabe revisar el caso de España, único en que encontramos la existencia de un tribunal especializado para resolver conflictos sobre contratación pública similar al chileno, aun cuando ese país (a diferencia de Chile) cuenta con tribunales contencioso-administrativos. España, con una larga tradición de contencioso-administrativo,[44] ha tendido siempre a confiar la resolución de los conflictos entre la administración y particulares a los órganos que integran la jurisdicción contenciosa administrativa del poder judicial.

La independencia —o imparcialidad— y especialización que ofrecen en su resolución, siempre han sido una garantía para los administrados que consideran vulnerados sus intereses y derechos por parte de una administración pública.

En materia de contratación administrativa ello no suponía excepción alguna. Hasta el año 2007 cabía, por una parte, la interposición de recursos administrativos ordinarios, y por la otra, recurso contencioso-administrativo —una vez agotada la vía administrativa, en su caso— para la impugnación de actos derivados de las diferentes fases que se daban en la contratación administrativa (licitación y posterior ejecución del contrato). A partir de ese año, la promulgación de una nueva norma sobre contratos del sector público[45] y de posteriores modificaciones necesarias a dicha norma,[46] alteró el panorama en la resolución de conflictos sobre contratación pública, fundamentalmente partiendo del conocimiento de esta materia entre la clásica jurisdicción contenciosoadministrativa y un órgano especializado independiente (u órganos, si se consideran los que algunas comunidades autónomas han creado, al amparo de la nueva legislación; a los cuales no nos referiremos).

Seguidamente, y de forma concisa, se expondrán los aspectos más relevantes sobre el contexto regulatorio de este —no tan nuevo— escenario español, de manera tal que pueda ilustrar algunas particularidades similares con el modelo chileno:

2.1. Antecedentes comunitarios que motivaron la creación de un órgano especializado

Como se acaba de indicar, tradicionalmente se confió el conocimiento de este tipo de contiendas a la jurisdicción contencioso-administrativa,[47] no siendo necesario —a criterio del legislador español— que a la luz de las exigencias de la Unión Europea se repartiese la resolución de conflictos entre otros órganos dentro o fuera del poder judicial. La promulgación de una nueva normativa sobre contratación pública en 2007 obedeció a la necesidad de transponer la Directiva 2004/18/CE[48], para la armonización de las diferentes normas de los miembros del mercado interior sobre contratación administrativa.

La Ley 30/2007 incorporaba la creación de un nuevo recurso especial en materia de contratación, el que debía ser conocido por el mismo órgano que contrataba; no obstante debió ser rectificado por la necesidad de transponer una nueva directiva,[49] para garantizar, en síntesis, que el conocimiento de dicho recurso se atribuyera, no al órgano contratante, sino a un órgano independiente, especializado, de fuera o dentro del poder judicial, que proporcionase un sistema de recursos especial, rápido y eficaz.[50]

Así entonces, fue que la Ley 34/2010[51] modificó varios artículos de la 30/2007 e incorporó otros nuevos, regulando con mayor detalle no sólo el recurso especial en materia de contratación, sino también la creación de este organismo (el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en adelante TACRC), con la respectiva regulación del procedimiento, medidas provisionales, entre otros aspectos.

Señala González-Varas:

Las cada vez mayores exigencias que en lo procesal impone el derecho europeo (…) terminan provocando la creación de un órgano más adecuado, en su funcionamiento, a las exigencias de la justicia administrativa de los licitadores y del interés público, con plazos más adecuados, cortos y matizados y con un régimen de suspensión cautelar general e incluso con la previsión de medidas preventivas, que se imponen desde Europa.[52]

2.2. Características del órgano resolutor en materia de licitaciones públicas

Siguiendo las exigencias comunitarias, este órgano cumple con los siguientes requisitos:

i) Es un órgano con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias

Si bien orgánicamente no es independiente, dado que se adscribe al Ministerio de Economía y Hacienda, la propia ley declara que su actuación se desarrollará “con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias”.[53] Adicionalmente, contra su resolución, únicamente cabe recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no siendo posible volver a la vía administrativa; hecho que confirmaría su independencia funcional. Lo anterior se complementa con un régimen de incompatibilidades para ejercer como integrante del tribunal e inamovilidad en el cargo.[54]

ii) Es un órgano especializado en la resolución de conflictos

La composición mínima de sus integrantes considera un presidente y dos vocales. En los tres casos se exige licenciatura en derecho, con desempeño superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo, relacionado directamente con la contratación pública.

iii) Prevé un régimen de justicia cautelar garantista

Los propios licitadores podrán solicitar, previo a la interposición del recurso, la adopción de medidas provisionales. Veremos con más detalle este punto abajo.

iv) Los plazos de resolución son breves, en comparación a los de los órganos judiciales[55]

Ello acorde con las exigencias de la Comunidad Europea, para garantizar la tutela de los intereses involucrados en las licitaciones.[56]

2.3. Particularidades destacables sobre el órgano de resolución de conflictos en materia de contratación pública

Merece la pena destacar algunas particularidades de este órgano, que permitan ser contrastadas con falencias que presenta el modelo chileno. Prescindiremos de describir aspectos que no sean contrastables, o bien que no digan relación directa con el objeto de este trabajo:

i) Establecimiento de una cautela especial para evitar adjudicaciones posiblemente viciadas, en caso de que el contrato pueda ser objeto de recurso especial en materia de contratación

Con el propósito de evitar posibles adjudicaciones que no hayan respetado el procedimiento, o la correcta aplicación de criterios de adjudicación, la ley establece que el contrato con el adjudicatario no podrá formalizarse antes de que transcurran quince días desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (art. 156.3 de la Ley de Contratos del Sector Público). Esto permite considerar la posibilidad de que pueda haber algún licitador que se considerase perjudicado, y con derecho a la interposición de recurso.

ii) Posibilidad de poner de manifiesto defectos de tramitación no recurribles

Aquellos actos de trámite que no se consideren cualificados a efectos impugnatorios, con el objetivo de enderezar la correcta tramitación del procedimiento, podrán ser puestos de manifiesto por los licitadores, dándoles así un papel activo. Ello sin perjuicio de que dichas irregularidades puedan ser alegadas por éstos al recurrir el acto de adjudicación.

iii) Previsión de un régimen previo de nulidad especial

Siguiendo el artículo 37 y siguientes de la ley, cierto tipo de contratos se consideran nulos ante determinadas circunstancias. La cuestión de nulidad deberá plantearse ante el TACRC por cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por estos supuestos de nulidad especial. Los supuestos que aquí interesan son los siguientes:

—Cuando no se hubiese respetado el plazo de espera de quince días hábiles del artículo 156.3 de la Ley de Contratos (arriba referido) previo a la formalización del acuerdo, siempre que el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso especial, en presencia de alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación que le hubiera impedido interponerlo.

—Cuando, a pesar de haber interpuesto el recurso especial, se lleve a cabo la formalización, sin tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación (por la interposición de éste, ex. art. 45 de la Ley de Contratos), y sin esperar a que el tribunal hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión.

El efecto de dicha declaración de nulidad[57] comporta, cuando sea firme, la liquidación del contrato, restitución recíproca de las cosas que las partes hubiesen recibido en virtud del mismo, y la indemnización a la parte perjudicada por esta declaración de nulidad.

iv) Contemplación de un régimen de medidas provisionales con detalle procedimental

Los legitimados para la interposición de recurso, previo a su presentación, pueden solicitar la adopción de medidas provisionales, entre ellas la suspensión del procedimiento. Se dará audiencia al órgano licitante para que pueda presentar las alegaciones oportunas referidas a la adopción de medidas solicitadas o a las propuestas por el tribunal; siendo que el silencio del órgano licitante supondrá la continuación del procedimiento ante el tribunal.

v) Necesidad de anuncio previo a la interposición de recurso especial

Con el objetivo de alertar al ente licitante, se impone la obligación de anunciar la interposición a éste, señalando el acto del procedimiento que se impugna. Paralelo a ello, cabrá interponer el recurso dentro de los plazos que la norma señala en cada caso.

vi) Particularidades de la suspensión del procedimiento

Merece la pena repasar algunas medidas notables de ese modelo, que pudieran dar respuesta a los problemas asociados actualmente a la medida cautelar de suspensión ejercida por el TCP (que más adelante señalaremos):

a) En primer lugar, si el acto recurrido es la adjudicación del contrato, una vez interpuesto el recurso, se produce la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación. En este caso, el tribunal dispone de cinco días para pronunciarse sobre si levanta dicha suspensión establecida ex lege o bien si la mantiene. Por otra parte, si el acto impugnado es diferente al de la adjudicación, el reclamante tiene la posibilidad de solicitar al tribunal la suspensión, el cual, mediante la ponderación de los intereses en juego, resolverá lo que proceda. Ambas medidas van encaminadas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen perjuicios a los intereses afectados.

b) La segunda medida contemplada es que, cuando de la adopción de las medidas provisionales pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de una contra cautela al reclamante, que fuera suficiente para responder de ellos, sin que las medidas provisionales produzcan efectos hasta la efectiva constitución de la oportuna garantía.

c) En la tercera medida, con motivo de la dictación de la resolución final, el tribunal deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas cautelares que se hubiesen acordado y la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.

vii) Necesidad que el tribunal garantice la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información que contenga el expediente de contratación

El artículo 46.5 de la Ley de Contratos prevé esta garantía, sin perjuicio que el propio tribunal pueda tomar en consideración dicha información a efectos de resolver.

viii) Posibilidad que el tribunal fije la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por infracción legal que hubiese dado al recurso

En el caso español, es el propio tribunal quien fija la indemnización, con arreglo a los criterios contenidos en la legislación sobre régimen jurídico del sector público.[58] El artículo 48.2 de la Ley de Contratos establece que, cuando menos, la indemnización deberá resarcir los gastos ocasionados en la preparación de la oferta o participación en el procedimiento de contratación. Esta resolución, al devenir firme, será directamente ejecutiva (art. 49.2 de la Ley de Contratos), sin necesidad entonces que sea calculada ni ejecutada por órgano judicial alguno.

Obviamente, lo deseable no sería —desde el punto de vista del licitador perjudicado que no haya podido ejecutar el contrato, por lo avanzado de su estado, o por cualquier eventualidad que imposibilitara su readjudicación— dar por satisfechos los intereses del perjudicado, mediante el cobro de una indemnización. Como señala acertadamente Pardo:

Si la resolución es adoptada tardíamente, el restablecimiento pleno de la legalidad no se puede alcanzar nunca a través de ella, pues la adjudicación y (…) la ejecución del contrato, se habrán producido con anterioridad a que se dicte aquélla (…). Es cierto que siempre cabe la posibilidad de acordar la correspondiente compensación económica, pero ésta no es sino una solución alternativa y, por supuesto, no constituye la plena satisfacción de lo pretendido. (…) baste con señalar como una motivación habitual de la contratación, la de poder adquirir datos objetivos de solvencia que le permitan optar, en licitaciones futuras, a la adjudicación de determinados contratos (…) este objetivo queda truncado si no se logra la adjudicación del contrato como consecuencia de una infracción legal cometida en el procedimiento de adjudicación por el órgano de contratación.[59]

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL TCP

Para contextualizar este primer grupo de aspectos críticos sobre la organización y funciones, y las propuestas que formulamos, conviene señalar de base que este tribunal, con asiento en Santiago, está compuesto por tres abogados integrantes especializados titulares y tres suplentes; un secretario, tres abogados relatores más el personal administrativo; que sesiona de lunes a viernes y que depende presupuestaria y materialmente de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para la presentación de la demanda en regiones, dado que sólo existe un tribunal, se prevé la necesidad de acudir a la intendencia regional o gobernación regional respectiva.[60] Teniendo presente lo anterior, los aspectos críticos a nuestro juicio son los que siguen:

3.1. El TCP requiere mayor independencia organizativa y presupuestaria

Pareciera necesaria la dotación no sólo de una partida presupuestaria totalmente independiente para el TCP,[61] desvinculada de la Dirección de Compras (dado que ésta también puede llegar a ser justiciable ante el tribunal),[62] que pase a ser autogestionada; sino además, unos recursos humanos, técnicos y logísticos —incluyendo la sede donde desarrolle su actividad— independientes de aquélla; todo enfocado a garantizar su autonomía e imparcialidad.[63] Para asegurar esta independencia, como se ha apuntado,[64] el TCP podría subordinarse exclusivamente al Ministerio de Hacienda o Economía, lo que ya acontece con otros tribunales especializados, como es el caso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) o el Tribunal de Propiedad Industrial; si bien pensamos que dicha autonomía pudiese estar también sujeta a posibles tensiones.

Por otra parte, mirando el modelo español, pudiera también presentar problemas hacer depender al tribunal del poder judicial, si, a resultas de ello, la independencia que garantiza la vía judicial se viese desplazada por la demora en resolver, o adoptar medidas suspensivas (por sobreacumulación de causas). Por lo tanto, no basta con que el órgano goce de independencia en la resolución de conflictos, sin que ello venga acompañado de la necesidad de resolver en plazos breves y mediante procedimientos acotados.[65]

3.2. Integración interdisciplinaria

Otro punto relevante se refiere a que, en aras a un análisis más exhaustivo, técnico y preciso, pueda preverse la incorporación de especialistas de otras disciplinas —economistas en especial— que tuviesen como objetivo analizar aspectos más cercanos a su campo, y de paso dotar al criterio del TCP de un mayor acierto en la resolución de conflictos.[66] Igualmente es oportuno que los jueces ante cuestiones que escapasen en parte de su ámbito de conocimientos puedan, por medio de las medidas para mejor resolver (contempladas en inciso 6º del artículo 25 de la Ley de Compras Públicas), solicitar un informe al especialista que mejor corresponda con ocasión del reclamo presentado, para arrojar mayor claridad sobre dichos aspectos.[67]

3.3. Mayor participación del TCP en la proposición de modificaciones legales sobre contratación pública

Qué mejor opción que contar con un testigo directo de los conflictos y problemas de esta área, para optimizar la regulación actual.[68] Por ello, sería conveniente ofrecerle a este órgano una vía adecuada para pronunciarse sobre propuestas legislativas que ayuden a la mejora y eficiencia tanto del mismo como a la satisfacción de los derechos en juego. Así lo manifestó indirectamente el tribunal, sin el respaldo de competencia existente en este sentido, en su primera cuenta pública, a través de ciertas proposiciones de modificaciones normativas.[69] Otros autores van más allá al proponer que pueda el TCP ostentar una competencia de proponer cambios y modificaciones legales a la normativa rectora en materia de licitaciones, contrataciones y compras públicas así como la posibilidad de solicitar la modificación de la normativa legal o reglamentaria que sea contraria a lo preceptuado por la Ley 19.886,[70] en comparación con el TDLC, que sí tiene esta facultad.

3.4. Mejoramiento del auxilio en regiones

Al ser necesaria la presentación de la demanda ante el mismo TCP, el artículo 24 inciso 4º de la Ley de Compras prevé la posibilidad de su presentación ante las intendencias regionales o gobernaciones provinciales respectivas, en caso que el proveedor tuviera su domicilio fuera de la capital. Ello se complementa con el artículo 11B del auto acordado de la Corte Suprema, el que, además, prevé la posibilidad de realizarse exhortos ante el juez de letras en lo civil que corresponda, para la práctica de trámites, diligencias o actuaciones probatorias que por orden del TCP deban llevarse a cabo fuera del lugar de su asiento, todo lo cual se materializa por escrito, electrónicamente o por fax, remitiéndoles a éstos los antecedentes necesarios para cumplir tal cometido. No obstante, ello sólo contribuye a morigerar el centralismo de la tramitación de esta jurisdicción, advirtiéndose la necesidad de regular un procedimiento ad hoc, “para el debido resguardo de los derechos fundamentales de las personas como para la constitucionalidad sustantiva de medidas de organización y atribuciones que hagan realidad el principio de inmediación del TCP en el marco de un debido proceso”[71].

Respecto del auxilio judicial de regiones, cabe observar en especial el tema del envío de la demanda por la intendencia o gobernación provincial. Consideramos muy conveniente la propuesta de la mesa de trabajo relativa a establecer, con carácter general, que la tramitación del procedimiento se lleve a cabo electrónicamente (véase anexo final). Sin duda ello será una contribución al fortalecimiento de la naturaleza breve y sumaria del procedimiento.

Sin perjuicio de ello, bajo la actual regulación, señala la ley que en los casos en que el demandante tenga su domicilio fuera de la región donde el tribunal tiene su asiento, podrá presentarse la demanda por medio de las intendencias regionales o las gobernaciones provinciales respectivas, y que éstas deberán remitirla al tribunal “el mismo día, o a más tardar el día hábil siguiente, contado desde su recepción”. No obstante, ¿qué consecuencias comportaría el hecho que el gobernador o el intendente, en sus respectivos casos, no remitieran a tiempo la demanda que les haya sido entregada para su remisión al TCP?

La ley en este sentido no prevé ningún tipo de consecuencias. ¿Se generarán responsabilidades? ¿Podría eventualmente subsanarse la falta de remisión a tiempo? Si esta demanda no se presentase dentro del plazo por parte de estos terceros, sería imaginable, en principio, una mayor flexibilidad del TCP en declarar la admisibilidad —al menos en cuanto su presentación— de la demanda, siempre y cuando quedase demostrada la diligencia de quien la interpuso previamente.

Ahora bien, siendo que la presentación de la demanda ocurre previamente a la posibilidad que el tribunal decrete la suspensión del procedimiento, a falta de un conocimiento por parte del órgano licitador de que ésta se interpuso, la licitación sigue su curso. Si los responsables de la remisión de la demanda desde regiones, no la entregasen a tiempo, pudiera ocurrir que entre tanto, por ejemplo, se hubiera perfeccionado el contrato, con las consecuencias que ello comporta.

Visto lo anterior, cabe estudiar una solución institucional al interior del poder judicial y que sean, por ejemplo, los tribunales los receptores de estas demandas. Ello sería coherente con la posición institucional del TCP.

3.5. Revisión de los días y horas de funcionamiento

Es necesaria la revisión, en la práctica, de los días y horas de funcionamiento del tribunal. En efecto, si bien de acuerdo al auto acordado de la CS de 2011, regulador de su funcionamiento, se indica que funciona de lunes a viernes (horario éste que es propio de un órgano administrativo, pero no de un tribunal, que funciona de lunes a sábado); ello se contradice con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Compras en relación al cómputo de plazos del procedimiento ante aquél: de lunes a sábado (por aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, en silencio de indicación específica por la Ley de Compras).[72]

3.6. Expedientes más allá del transcurso de los cinco años de duración de los cargos

El artículo 22, inciso 7º de la Ley de Compras dispone —aun considerando las propuestas de los autores y la mesa de trabajo— que, sin perjuicio de una posible reelección, los integrantes del tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de cinco años. Si al expirar su cargo, éstos hubiesen conocido de asuntos los cuales, estuvieran pendientes de sentencia, ¿quién deberá finalizar el trabajo empezado?, ¿el nuevo titular?

Pensamos que es necesario aclarar, siquiera a través de una modificación del auto acordado de la Corte Suprema, qué pasa en estos casos. Por ejemplo, prever expresamente un plazo de transición entre la salida del antiguo miembro integrante y la entrada del nuevo. Ello, por coherencia en la respuesta a los conflictos en curso, al menos aquellos cuyo estado de resolución estuviera avanzado.

3.7. Adaptación del auto acordado de la Corte Suprema a las últimas modificaciones al título V de la Ley de Compras

Sin perjuicio de que en su día se adapte el citado auto a las modificaciones legales que procedan, a raíz del trabajo que se llevó a cabo por la mesa de trabajo y por aportes de autores como los citados, observamos que todavía no se ha procedido a la modificación de dicho auto conforme las modificaciones realizadas en la Ley de Compras, artículo 22, generando ello evidentes contradicciones.

En efecto, dichas modificaciones tuvieron por objeto, entre otras medidas, aumentar el número de audiencias del tribunal, de la manera descrita en el punto III.1a) del trabajo, siendo que el auto acordado sigue manteniendo en su artículo 7, que las audiencias se celebrarán los días martes y jueves. Aunque debiera entenderse implícitamente modificado por la Ley 20.883, consideramos adecuado, por razones de seguridad jurídica y coherencia normativa, que se modificase dicha disposición de carácter reglamentario.

3.8. Mejora del sitio web del TCP

Si bien no se trata de una propuesta que incida sobre la modificación de la normativa aplicable, estimamos que fuera necesario actualizar su sitio web, para un análisis más actualizado y preciso del funcionamiento del tribunal (el cual arroja informaciones y estadísticas muy interesantes, pero que lamentablemente su actualización pareció dejarse de producir hace un tiempo).[73]

También debiera mejorar el orden en el que se dispone la información: varias de sus pestañas se limitan a reproducir lo que la ley indica al respecto; quizá pudiera aglutinarse toda la información en un único apartado, dejando la información estadística, eventos e información sobre causas y sentencias en pestañas independientes. En relación a estas últimas, se echa en falta que el buscador pudiera contener otros campos de búsqueda además del número de rol (por ejemplo, por palabras, partes, objeto de la impugnación, entre otros posibles). Sin duda ello facilitaría la búsqueda de jurisprudencia con propósitos académicos o profesionales.

4. PROPUESTAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA DEL TCP

La competencia del tribunal es llamativamente acotada en varios planos, y las críticas cabe dirigirlas hacia tres aspectos competenciales: i) procedimental (en referencia a las fases procedimentales de la licitación no atribuibles al conocimiento del tribunal); ii) objetiva (con razón a aquellos procedimientos diferentes de la licitación pública y privada, que no pueden ser objeto de examen); y, por último, iii) material (relativa a cuestiones que se suscitan a lo largo del procedimiento licitatorio y que pudieren tener reflejo dentro del procedimiento contencioso-administrativo del TCP).

4.1. Competencia procedimental limitada

La competencia del tribunal (art. 24 de la Ley de Compras) se extiende básicamente a los trámites procedimentales que se den entre la fase de aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación; no así a los actos posteriores (desde la celebración a la terminación del contrato).[74] De ahí que parece curiosa la denominación del tribunal (“de contratación”), dado que su conocimiento competencial únicamente alcanza sólo a la licitación y a ninguna de las fases del contrato; en estas condiciones, debiese haberse denominado “Tribunal de las Licitaciones”, o algo así.[75]

Los actos posteriores típicos de la contratación pública que quedan fuera del ámbito de conocimiento del TCP son:

i) La celebración y el perfeccionamiento del contrato

Observa el TCP en su primera cuenta pública el hecho de que el legislador no hubiese recogido la posibilidad de que el órgano pudiese entrar a conocer aspectos como la celebración y perfeccionamiento del contrato, tan inmediatos de la adjudicación de éste, en los cuales existe el riesgo potencial que surjan problemas.[76]

ii) La ejecución del contrato

La limitada competencia del TCP en lo que a las fases del procedimiento se refiere es criticable tomando en consideración el trabajo que involucra la creación de un nuevo órgano jurisdiccional especializado, no sólo en cuanto a decisión legislativa, sino que también en materia de gestión, implementación e inversión.

Sobre este punto, se han señalado dos consecuencias derivadas de lo anterior: La primera es que por causa de la atribución del conocimiento de la fase de ejecución del contrato a la justicia ordinaria (para resolver el respectivo conflicto entre un ente público y el contratista), pudiera existir el riesgo de una probable aplicación llana del derecho privado[77], pese a la existencia, generalmente, de normas de derecho público aplicables. La segunda es la carga de dividir el conocimiento de las controversias entre el TCP (la deseada, por especialización) y la justicia ordinaria para todo lo demás (con un conocimiento más limitado).[78]

iii) La terminación del contrato

La terminación del contrato, por extensión, también quedó fuera. En efecto, puede que un determinado contrato termine por las causas naturales de finalización que se atienen a la correcta ejecución de lo contratado, con perfecto pago de los montos económicos correspondientes al contratista. No obstante ello, también es posible que dicho contrato finalice por incumplimiento contractual de alguna de las partes; o bien, que pueda haber sido ejecutado correctamente por el contratista pero que, no obstante, quede pendiente restituirle económicamente en orden a respetar el equilibrio económico del contrato, fruto de desembolsos o trabajos no reintegrados por el órgano contratante, en cuyo caso, generará ello una contienda si no se llega a un acuerdo.[79]

En definitiva, siendo el TCP un órgano con conocimientos específicos en el campo, la legislación podría haber ido más allá en la extensión de su ámbito de conocimiento, tomando en cuenta el efecto que produce relegar el conocimiento de los actos posteriores a órganos judiciales usualmente sin especialización en contratación administrativa. En derecho comparado, por ejemplo, como en el caso español, si bien hay órganos símiles que conocen de la misma materia, cuyo ámbito competencial también está restringido hasta la adjudicación del contrato, no obstante, para los actos relativos a la ejecución y terminación del contrato administrativo, conocen de ellos los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por lo tanto, entes especializados, con las ventajas que ello supone.[80]

4.2. Competencia objetiva limitada sólo a licitaciones públicas y privadas

Las diferentes modalidades de contratación que comprende la Ley de Compras son, por una parte, los procedimientos (stricto senso) de licitación pública, licitación privada y contratación directa; y, por otra, los convenios marco.[81] En el caso del trato o contratación directa y del convenio marco, dado que no hay licitación, la ley pareciera no comprenderlos dentro del ámbito objetivo de impugnación del artículo 24 de la Ley de Compras.

¿Acaso no resultaría necesario que ante una adjudicación contractual por medio de trato directo se verifique el interés público comprometido y la salvaguardia, en su caso, del principio de libre concurrencia? Llamativamente, ahondando en esta necesidad de transparencia, el TCP en su primera cuenta pública indicó como palabras finales que su objetivo va encaminado a velar por un sistema de compras públicas transparente y confiable.[82]

En relación a los convenios marco, en el último informe publicado por la OCDE para Chile sobre la materia, ésta recomienda que los países adherentes fomenten una participación transparente y efectiva de las partes interesadas, brindando oportunidades “para la participación directa de las partes interesadas externas en el sistema de contratación pública, con el objetivo de potenciar la transparencia y la integridad a la vez que asegura un nivel adecuado de control, sin perjuicio del respeto constante de la confidencialidad, la igualdad de trato y demás obligaciones legales del procedimiento de contratación pública”.[83]

4.3. Limitaciones de la competencia material

En este apartado, interesa señalar tres aspectos relativos a la competencia material, los cuales no son conocidos tampoco por el TCP: i) sobre la indemnización que pudiera corresponderle al licitador no ganador, a cuyo favor el TCP hubiere declarado la ilegalidad y arbitrariedad de la adjudicación; ii) sobre el monto indemnizatorio; y iii) el conocimiento de penalizaciones y multas a las que hubiere lugar dentro del procedimiento licitatorio o bien durante la ejecución del contrato.

i) Sobre el pronunciamiento indemnizatorio

En efecto, según el tenor literal de la Ley de Compras (artículo 26, inciso 2º), el TCP únicamente está facultado para pronunciarse sobre la legalidad o arbitrariedad del acto y omisión impugnados, y a continuación dispone: “ordenar, en su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho”. Dentro de estas medidas, se encuentra, por ejemplo, declarar el derecho del licitador demandante perjudicado por una adjudicación no ajustada a derecho, en caso que el contrato estuviere en fase de ejecución o ya finalizado, al cobro de una indemnización.[84]

Si bien el TCP abre la posibilidad de reclamar —ante la justicia ordinaria— una indemnización por daños y perjuicios, ello ocasiona doble perjuicio al demandante por cuanto supone un sobrecosto y una carga adicional impuesta al perjudicado, quien deberá realizar mayores desembolsos económicos e interponer acciones adicionales. Además, el tribunal que en su día conozca del monto indemnizatorio reclamado no contará seguramente con los conocimientos especializados oportunos para brindar una solución adecuada a la situación, al ser órganos de conocimiento lato,[85] a lo que cabría añadir la posible saturación de la justicia ordinaria en el conocimiento de causas.

Como solución a este problema, de conformidad al tenor literal de la Ley de Compras, si el TCP está facultado para tomar las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, en una interpretación extensiva bien podría conocer de la acción resarcitoria;[86] no se aprecian obstáculos para ello. De hecho apela a la lógica, por evidentes razones de especialidad, economía procedimental y equilibrio en la satisfacción de los intereses privados en juego. No obstante, siguiendo estrictamente las reglas del título V de la Ley de Compras, el TCP no tiene reconocida expresamente la facultad de conocer y juzgar procedimientos en que las partes intenten perseguir la responsabilidad patrimonial de la administración mediante acciones que intenten la indemnización de perjuicio por actos que causen un daño resarcible dentro del procedimiento de compras públicas.

ii) Determinación de la cuantía correspondiente al monto indemnizatorio

Consideramos suficientes todas las propuestas formuladas hasta ahora para expandir el ámbito de conocimiento del tribunal hacia procedimientos, fases o aspectos adicionales a los que actualmente se extiende. La especialización de sus jueces integrantes en el conocimiento de la contratación administrativa es un valor añadido para la resolución de conflictos de esta naturaleza. Con todo, quisiéramos exponer la siguiente propuesta adicional a las comentadas por autores o por la mesa de trabajo.

Teniendo en cuenta esta especialización, estimaríamos conveniente que el propio TCP fuera quien, por medio de un incidente de ejecución de sentencia, y tras estudiar el monto indemnizatorio propuesto por el licitador no adjudicatario que hubiera interpuesto la demanda, en los casos en que fuera imposible retrotraer el procedimiento, se pronunciase respecto de la cuantía exacta que debiera obtener como compensación el demandante.

Cuestión posterior sería, una vez determinada la cuantía, hacerla efectiva por medio del correspondiente tribunal civil ordinario, sirviéndole el auto de ejecución de sentencia de título ejecutivo para el cobro del monto determinado por el TCP.

Adicionalmente, respecto al monto mínimo de la indemnización de perjuicios, en el caso del derecho comparado, se prevé un criterio mínimo para considerar la cuantía a la que vaya a ascender: la indemnización deberá resarcir al reclamante, cuanto menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación.[87] Fuera interesante considerar algún estándar semejante en el caso chileno, que pueda satisfacer mínimamente al licitador perjudicado por la no adjudicación del contrato, en los casos en los que se determinase la concurrencia de una ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento licitatorio.

Con las previsiones legales actuales y en base a una interpretación extensiva, si el TCP está facultado conforme al inciso 2º del artículo 26 de la Ley de Compras para tomar “las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho”, bien podría entrar a conocer directamente del monto indemnizatorio que le correspondería al demandante, en su caso. Lo anterior, quizá, más que una modificación legal de las competencias del tribunal, requeriría una evolución jurisprudencial.

iii) Conocimiento sobre penalizaciones y multas

También cabe tener en cuenta[88] que el TCP no conoce de los efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor que generen una penalización al contratista o al ente público que contrató;[89] o inclusive incumplimientos acontecidos en la fase de licitación, en casos en los que, por ejemplo, una determinada entidad licitadora, declaró desierta la licitación y perjudicó a un licitante.[90] En consecuencia, el conocimiento sobre la imposición de penalizaciones y multas habidas en el contexto de la licitación, por razones de especialidad también deberían ser conocidas por el TCP.

5. PROPUESTAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ANTE EL TCP

Por último, cabe referirse a cuestiones sobre el proceso ante este tribunal, al que se le aplica el escueto régimen previsto por la Ley de Compras y, supletoriamente, el Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC). El esquema procedimental que se sigue ante el TCP es el siguiente:[91]

i) Presentación de demanda y plazo

Cualquier licitador con un interés actualmente comprometido en el procedimiento podrá interponer, en el plazo de diez días hábiles desde la toma de conocimiento del acto u omisión que estime impugnable o desde su publicación, la demanda ante el TCP. Se establece un plazo de cinco días para subsanar aquellos defectos que el tribunal estime inadmisibles.

ii) Informe del organismo público que corresponda

Este informe deberá presentarse en el plazo fatal de diez días hábiles tras la recepción del contenido íntegro de la demanda, para informar acerca de lo impugnado.

iii) Suspensión potestativa del procedimiento de licitación

El TCP ostenta esta facultad en caso que concurra a su juicio lo siguiente: apariencia de buen derecho en que se funde el demandante en su demanda; gravedad de la ilegalidad o arbitrariedad imputada; y los elementos que miren al interés de la comunidad, por ejemplo, si el contrato ya se encontrase en ejecución o existe la urgencia de lo licitado.[92]

iv) Recepción a prueba de la causa y facultad de adoptar diligencias para mejor resolver

Se dispone un plazo de diez días hábiles, más diez días hábiles adicionales para el caso que haya que cumplir con alguna de las diligencias que ordene el TCP, de las que se encuentran en el artículo 159 del CPC. Ambos se sustancian en ramo separado y no suspenden el curso del juicio principal.

v) Sentencia definitiva

La sentencia definitiva deberá dictarse dentro del plazo de diez días desde la fecha de resolución que cita a las partes a oír sentencia, sin que quepa la posibilidad de presentar escritos o pruebas adicionales. El pronunciamiento se extenderá a la declaración —en su caso— de la ilegalidad o arbitrariedad cometidas en la licitación correspondiente, además de ordenar, si corresponde, las medidas necesarias para el restablecer el imperio del derecho.

Contra dicha sentencia, sólo cabe recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a interponer dentro del plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia. Contra la que dicte la Corte, sólo podría caber —por vía extraordinaria— recurso de queja ante la Corte Suprema.

Fijado el esquema anterior, cabe observar los siguientes aspectos críticos.[93] Observando las propuestas efectuadas, especialmente en la mesa de trabajo, se aprecia un esfuerzo considerable para completar, mejorar y ampliar la regulación de las cuestiones procedimentales ante el tribunal. Ello venía siendo necesario vista la constante crítica sobre la parquedad con la que se regulaba el procedimiento[94] —más allá de la escueta regulación que actualmente norma al TCP—. Al respecto, nuestras propuestas van dirigidas a los puntos que a continuación señalamos:

5.1. Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil

Considerando la parquedad con la que se regula el procedimiento ante el TCP,[95] para muchas actuaciones es necesario recurrir al Código de Procedimiento Civil (CPC) como norma supletoria, la que no siempre es adecuada si tiene en cuenta que el artículo 27 de la Ley de Compras establece la necesidad de aplicar las reglas de aquélla que resulten conformes a la naturaleza breve y sumaria del procedimiento. Al respecto, cabe señalar dos inconvenientes:[96]

i) Inadecuada aplicación del CPC sobre duración de los incidentes

Respecto a los incidentes, el inciso 7º del artículo 25 de la Ley de Compras únicamente indica que tales se substanciarán por ramo separado y que no suspenderán el curso del juicio. La crítica subyace en la duración y el periodo probatorio de los incidentes de acuerdo al artículo 90 del CPC: el plazo es de ocho días, pudiendo ser objeto de ampliación si el TCP lo estima conveniente. Se destaca que dicho plazo es prácticamente igual al del juicio principal (diez días). Sin el establecimiento de un plazo más adecuado a la naturaleza breve y sumaria del procedimiento ante el TCP, dichos incidentes pudieran ocasionar más dilaciones que las regulares.

ii) Aplicación supletoria de las reglas del juicio ordinario

El proceso ordinario (de conocimiento lato) es radicalmente opuesto al procedimiento ante el TCP (de naturaleza breve y sumaria), por lo que la aplicación supletoria de las reglas de los juicios ordinarios resultará muchas veces inadecuada, tal como advierte por ejemplo el tribunal en referencia a la valoración de la prueba, la cual estima que no debiera estar tasada por ley, sino que fuera apreciable de acuerdo a las reglas de la sana crítica.[97] El TCP deberá ponderar la aplicación de estas normas caso por caso.

5.2. La suspensión del procedimiento

La suspensión del procedimiento, tal como está contemplada en el inciso 2º del artículo 25, sólo puede decretarla el propio tribunal, mediante resolución fundada, respecto del procedimiento en el que recae la acción de impugnación.[98]

Dicha institución resulta ser un arma de doble filo: en casos en los que no haya una necesidad perentoria de adjudicar un contrato para la urgente prestación del servicio o del suministro,[99] resultaría lógico su decreto para evitar que los efectos de un procedimiento presuntamente viciado, pueda traspasar las barreras de la legalidad, por contener defectos de forma o fondo. No obstante, en situaciones de urgencia, ¿sería éste un hecho suficientemente justificable como para permitir que el procedimiento avance, y que, de afirmarse su ilegalidad o arbitrariedad, se llegue a ejecutar un contrato ab initio nulo, o cuanto menos anulable?

Esto último resulta criticable,[100] y, desde la perspectiva de la declaración formal de ilegalidad o arbitrariedad, lo que cabe reprochar de forma especialmente enfática.[101] En este último sentido, el TCP se niega a hacer valer los efectos anulatorios y retroactivos (en su caso) que debería acarrear la declaración de ilegalidad o arbitrariedad de la licitación pública respectiva, sobre la base de diferentes líneas jurisprudenciales que éste ha mantenido en el tiempo, reconociéndole al demandante damnificado, como solución a la ineficacia de tales efectos, el derecho a solicitar una indemnización. Las líneas jurisprudenciales son de tres órdenes.

En el primero, el TCP se niega a declarar ineficaz el contrato, en consideración al interés público o general comprometido en la contratación y los derechos adquiridos de a quien se le adjudicó el contrato, señalando respecto a esto último, que mal pueden haberse creado derechos adquiridos si se constata la ilegalidad del proceso de licitación.[102]

En el segundo, sobre la base de argumentos tales como que resultase inoficioso declarar la nulidad en tanto que el contrato objeto de la licitación impugnada se hubiese ejecutado, o bien, si éste se hubiera ejecutado en el momento de la ejecutoriedad de la sentencia definitiva de ilegalidad.[103]

En la última tendencia jurisprudencial, el TCP sujeta a condición la cuestión de la eficacia del contrato. Se declara la ilegalidad de éste y se priva de efectos al acto impugnado, pero establece una condición a su declaración: en caso que se demuestre el cumplimiento íntegro del contrato, y no se pudieran materializar los derechos de la demandante, se le reconoce el derecho a la indemnización. Inclusive, se ha utilizado una fórmula más genérica: “si por cualquier motivo de orden administrativo o legal, no pudiese llevarse a efecto lo dispuesto en lo resolutivo en este fallo se reconoce el derecho a indemnización”.[104]

¿Deberían prevalecer el interés público o los derechos (supuestamente) adquiridos frente al respeto hacia la legalidad?

En definitiva, para evitar este tipo de efectos perniciosos, se hace necesario un mejor desarrollo de la medida cautelar estableciendo requisitos de fondo que permitan al TCP apreciar de mejor manera el periculum in mora que afecta al solicitante, lo cual se traduciría en adelantar la entrega de los antecedentes que en principio la parte demandante tiene reservada para el periodo probatorio.

5.3. Informe que debe emitir el órgano licitador al tribunal

La ley omite indicar la consecuencia en caso de que el órgano licitador no informe a tiempo al tribunal. Se ha indicado que el TCP podría hacer uso de las medidas para mejor resolver (art. 25 de la Ley de Compras) en caso que tuviese dudas sobre la posición del ente licitador.[105]

5.4. Medidas adoptables por el TCP[106]

Cabe distinguir dos tipos de medidas que el tribunal puede adoptar: las primeras, durante el proceso, encaminadas a la mejor resolución de la contienda (art. 25 inciso 6º de la Ley de Compras); y las segundas, adoptables con ocasión de la dictación de sentencia para restablecer el imperio del derecho (art. 26 inciso 1º de la Ley de Compras). Se desarrollan a continuación:

i) Diligencias para mejor resolver

Respecto de esta medidas, se ha indicado que no se limitan únicamente a aquellas previstas por el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil (CPC), sino que la ley habilita al TCP a poder hacer uso de “otras diligencias encaminadas a comprobar los hechos controvertidos”, por lo que el órgano jurisdiccional cuenta con un amplio abanico de posibilidades para esclarecer mejor los puntos discutidos en el libelo correspondiente.

ii) Medidas para restablecer el imperio del derecho

En relación a estas medidas, pueden señalarse dos críticas: son potestativas para el tribunal y la ley no establece un listado de posibilidades ni ejemplo de ellas, quedando exclusivamente a criterio del tribunal.[107] La Corte Suprema, en un fallo, parece entender que estas medidas pueden aplicarse de forma amplia, y que incluso podrían alcanzar a incorrecciones jurídicas detectadas durante el proceso de licitación.[108]

En síntesis, cabe un mayor desarrollo de las medidas que puede dictar el TCP para promover coherentes resoluciones de los casos, así como de aquellas encaminadas a restablecer el imperio del derecho.

En el caso del pronunciamiento sobre la indemnización (entendiéndose como medida para el restablecimiento del imperio del derecho), sería interesante, como se indica supra, prever expresamente en el cuerpo legal que en el mismo procedimiento el TCP pueda conocer sobre el monto indemnizatorio solicitado con motivo de la vulneración de sus derechos. Como mínimo, tal como apuntaba el propio presidente del TCP,[109] se debiera incorporar en la ley una previsión para impedir que, en un eventual juicio de indemnización de perjuicios seguido por el proveedor en contra del organismo público, se vuelvan a discutir los hechos fijados en la correspondiente sentencia dictada por el TCP.

5.5. Mejora de la regulación sobre la medida cautelar de suspensión

Con la situación actual, si ante la detección de una infracción en cualquier fase de la licitación, el procedimiento no se suspendiera y siguiera hasta la perfección del contrato o más allá, en nada quedará la posible declaración de ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado, ya que a resultas de tan avanzado estado del procedimiento el TCP suele inclinarse a no anular ni retrotraer el procedimiento; ello, sin perjuicio del monto indemnizatorio que le pudiera corresponder al perjudicado.

Como señalamos más arriba, ha sido objeto de crítica la no suspensión del procedimiento cuando se está ante licitaciones no urgentes, en las que se aprecia la apariencia de buen derecho del demandante. De manera semejante, como también se señalaba, la no suspensión del procedimiento ante licitaciones urgentes en las que se pudiera acabar apreciando una ilegalidad o arbitrariedad, y que a su pesar, se adjudicase el contrato a un tercero,[110] partiendo de un procedimiento viciado en su formación, resulta igualmente criticable.

La mesa de trabajo al respecto propone, uno, extender la facultad de suspender los efectos derivados de los actos u omisiones de la administración durante la ejecución de los contratos administrativos; dos, en caso de licitaciones, ordenar al organismo licitante que se abstenga de ejecutar todos los actos y contratos que sean consecuencia o deban celebrarse con motivo de la licitación; y, tres, informar a la Dirección de Compras para que ésta, a través del sistema de información, dé a conocer que en la licitación correspondiente se dedujo acción judicial de impugnación (acción que a propósito, proponemos, pudiera también hacerse extensiva a la fase de ejecución del contrato, para informar a los usuarios afectados por las consecuencias que ello implicase).

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, creeríamos conveniente formular algunos mecanismos adicionales que optimicen el uso de la herramienta suspensiva. En verdad, la medida consistente en indemnizar al demandante perjudicado ante casos en que el tribunal declare la ilegalidad o arbitrariedad, si se hubiere perfeccionado el contrato administrativo, es acertada desde la perspectiva del interés particular afectado; pero desde la perspectiva pública quizá no sea la más adecuada: cabe no olvidar que el monto indemnizatorio que el órgano licitador deba abonarle al demandante proviene del erario público. Una mejor regulación de la medida de suspensión pudiera ser favorable y conciliable con los dos intereses en juego,[111] sin perjuicio de establecer, mediante una fórmula siquiera genérica, cuando debiese proceder obligatoriamente la suspensión.

5.6. Establecimiento de medidas para el caso de no cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del TCP

Cabría prever algún tipo de medidas que compelan al órgano licitador, cuyos actos de la licitación hayan sido impugnados ante el TCP, para que cumpla con lo ordenado en la sentencia. La actual previsión normativa nada dice al respecto, salvo la posibilidad de que el TCP, con ocasión de la sentencia definitiva, ordene las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En efecto, según declaraba el actual presidente del TCP: “(…) muchas veces cuando la obra o el servicio ya están ejecutados, sólo cabe declarar la ilegalidad y dar derecho al actor a demandar en sede civil la indemnización respectiva. Con todo, es usual que se declare la nulidad del acto y se ordene retrotraer la licitación al estado anterior al que se dictó el acto declarado ilegal y arbitrario. Cuando la entidad licitante cumple no hay problema, pero cuando no lo hace o bien sólo cumple formalmente, es que aparece el problema de cómo se ejecuta la sentencia. Hemos resuelto caso a caso, tomando en cuenta los factores que aluden a la especial naturaleza de estos conflictos y las consecuencias jurídicas y sociales de la decisión”.[112]

Al respecto sería de utilidad prever algún mecanismo para el caso que la entidad licitante no cumpla lo requerido por el tribunal, como, por ejemplo, si no obedece dentro de un determinado plazo, el TCP estuviera facultado para la imposición de multas coercitivas que inciten al cumplimiento de lo acordado, las que podrán ser impuestas también al funcionario encargado de ejecutar la sentencia.

5.7. Previsión de penalizaciones en caso que se hubiere ejercitado la acción de impugnación con temeridad o mala fe

El inciso 3º del artículo 24 de la Ley de Compras prevé una aparentemente amplia legitimación activa para la interposición de la acción de impugnación —“podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, que tenga un interés actualmente comprometido en el respectivo procedimiento administrativo de contratación”—, lo que sin duda garantiza el derecho a la tutela judicial en un campo de tanta importancia como las compras públicas. Como se ha indicado, “puede sostenerse que el tribunal se diseña como garantía jurisdiccional, destinada a proteger el interés privado del proveedor afectado por una ilegalidad/arbitrariedad del organismo público que convoca a la licitación, pero también destinada a proteger el interés público para que resulte elegida la mejor oferta por la administración, seleccionando al co-contratante más idóneo para el Estado”.[113]

En efecto, cabe tener presente la dicotomía de intereses que conviven en el ámbito de las licitaciones públicas. Por un lado, el proveedor estará interesado en que, en la licitación a la que vaya a postular su oferta, se respeten tanto la normativa aplicable, como también la correcta valoración de su propuesta en comparación con otras. Por otro lado, existe el interés público latente de que también se cumpla a cabalidad con las reglas previstas, junto con que se proceda adecuadamente a la adjudicación de la oferta más ajustada a la necesidad pública por la cual se abrió la licitación.

Pudiera ocurrir que, al amparo de la legitimación activa del ar-tículo 24 de la Ley de Compras, un proveedor participante viese espontáneamente la oportunidad de paralizar el procedimiento e intentar, por medio de argumentos poco razonables o inclusive temerarios, convencer al tribunal de que su propuesta es la que mereciera ser adjudicataria de la licitación —en caso que lo impugnado fuera la adjudicación—.

Los principios que se predican de la contratación pública y la privada, así como los intereses involucrados, son diversos. Como indica Cassagne, en la contratación pública, el acuerdo de voluntades con el contratista privado se caracteriza uno, por perseguir una finalidad inmediata de interés público propia de la función administrativa; dos, por contener un régimen típico de derecho administrativo con prerrogativas de poder público y, tres, por un sistema de selección fundado en los principios de publicidad, igualdad y concurrencia.[114]

Entonces, los intereses en juego existentes en la licitación demandan que se busque la mayor celeridad posible en el procedimiento, junto con la justa y adecuada adjudicación del contrato a la oferta que mejor se adapte las necesidades públicas.

Por lo anterior, no resulta aceptable que un determinado proveedor, siguiendo una conducta que rozase el abuso del derecho o la mala fe y con el propósito de sacar un provecho injustificado, interponga una demanda que pueda eventualmente paralizar el procedimiento e irrumpirlo temerariamente, en perjuicio del resto de licitadores y del propio órgano licitante.

En consecuencia, estimaríamos oportuno la posibilidad de que se facultase al tribunal a que, si de las actuaciones practicadas y del expediente administrativo se demostrase que la demanda se interpuso con manifiesta actitud temeraria o de mala fe, en la sentencia que dicte pueda acordar la imposición de una multa al demandante, previendo un rango de montos más un criterio de graduación para su imposición, tomando en consideración el perjuicio ocasionado al órgano licitante así como a los restantes participantes de la licitación.[115]

6. CONCLUSIONES

Uno. El prototipo de justicia administrativa especializada que comenzó a implementarse en Chile en 2003, precisamente con la creación del Tribunal de Contratación Pública, pareciera haberse asentado como modelo singular en el que, a partir de varios tribunales especiales, se resuelven conflictos propios de materias específicas y técnicas como el medio ambiente, el derecho de la competencia, el sector eléctrico, la transparencia administrativa, los tributos e impuestos y, como el caso estudiado, la contratación pública.

Dichos tribunales están formados por profesionales expertos en los campos donde se generan las respectivas contiendas, y vienen dotados de unas competencias y potestades exclusivas, que les permiten entrar a conocerlas de forma especializada. Además, la tendencia hacia su autonomía institucional, junto con la referida especialización y la naturaleza breve y sumaria de los correspondientes procedimientos, son una garantía para los sujetos cuya tutela judicial reclaman.

Dos. En el caso del Tribunal de Contratación Pública, si bien cabe valorar positivamente el trabajo realizado hasta la fecha, atendiendo a este modelo de justicia especializada y garantista frente a la actuación de los tribunales ordinarios, que resuelven procesos de conocimiento lato, sería necesaria la revisión de su actual regulación para dotar a dicho órgano de competencias más amplias, así como perfeccionar diversos aspectos de su configuración presente, que permitan dotar de mayor efectividad a la ejecutividad de sus sentencias.[116]

Tres. Varios autores, inclusive también algunos integrantes del Tribunal de Contratación Pública, a la luz de la actual normativa que lo regula, o bien a través del análisis de sus sentencias y actuaciones, coinciden en la necesidad de abordar modificaciones legales en tres campos específicos: i) su organización y funcionamiento (arts. 22 y 23 de la Ley de Compras); ii) su ámbito competencial (art. 24 de la Ley de Compras); y iii) el procedimiento que se sigue ante él (arts. 24 a 27 de la Ley de Compras), todo esto con el propósito de optimizar el funcionamiento y la operatividad de dicho órgano jurisdiccional.

Cuatro. Consideramos acertado, con carácter general, lo discutido y criticado hasta ahora respecto de la actual configuración y actuación del tribunal. Sin perjuicio de ello, en este trabajo hemos querido reflejar o reforzar otros aspectos adicionales que creemos pueden ser de utilidad al propósito de mejorar su regulación y práctica.

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Normativa citada

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2. Chile

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Acta n.º 7-2011 de la Corte Suprema, de 7 de marzo de 2011.

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado. 16 de noviembre de 2011.

Jurisprudencia citada

1. Jurisprudencia judicial

Montenegro Peña, Maximiliano con Municipalidad de Santiago y Parquímetros y Controles Interparking Limitada. Corte Suprema, 2 de agosto 2012, Rol 1105-2012.

2. Jurisprudencia del TCP

“Ely Lilly de Chile Limitada con Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud”. TCP, 30 de abril 2005, Rol 2-2005.

“Sergio del Rosario Morales con Dirección de Vialidad Región de Atacama”. TCP, 9 de noviembre 2006, Rol 85-2006.

“Eurosolutions E.I.R.L. con Servicio Médico Legal”. TCP, 26 junio 2007, Rol 32-2007.

“Instituto Nacional de Seguridad Integral y Desarrollo de Chile con Hospital Clínico San Borja Arriarán”. TCP, 11 de enero 2008, Rol 6-2008.

“Diálisis Renca Limitada con Dirección de Compras y Contratación Pública”. TCP, Rol 91-2008.

“Laboratorio Chile S.A. con Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud”. TCP, 12 de junio 2009, Rol 28-2008.

“Grupo Bios con Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”. TCP, 29 octubre 2009, Rol 115-2009.

“Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. con Dirección de Compras y Contratación Pública”. TCP, 16 de agosto 2011, Rol 125-2011.

“Ingeniería y Construcciones del Pacífico Limitada con Dirección de Aeronáutica Civil”. TCP, 7 de mayo 2009, Rol 49-2007.

“Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada con Ilustre Munici-palidad La Granja”. TCP, 10 de agosto 2012, Rol 139-2012.

“Aseo y Servicios Industriales Limitada con Instituto de Previsión Social”. TCP, 14 de mayo 2013, Rol 58-2013.

“Inducien Instruments con Dirección General de Aguas”. TCP, 9 de septiembre 2014, Rol 142-2013.

ANEXO

Tabla comparativa de la regulación actual respecto de las propuestas de modificación a la Ley 19.886 tratadas por el Informe final de la mesa de trabajo[117]:

1 Fuente: ChileCompra, Plan Estratégico (2014-2018). Consultar www.chilecompra.cl. Se conoce coloquial y oficialmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) como “ChileCompra”. De hecho, el mismo sitio web de la dirección utiliza este nombre abreviado.

2 Ley 19.886 de 30 de julio de 2003, “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”, República de Chile.

3 En Chile no teníamos hasta 2003 el desarrollo que es notorio en la literatura de derecho comparado; puede verse al respecto en dos países de sistemas similares: para Argentina, Juan Carlos Cassagne, El contrato administrativo (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009); Juan Carlos Cassagne, “Actuales desafíos y clásicos dilemas de la contratación administrativa”, en Derecho administrativo. Innovación, cambio y eficacia. (Lima: Thomson Reuters, 2014): 191-201; para Francia: Frank Moderne, “La contratación pública en el derecho administrativo francés contemporáneo”, en La contratación pública, editado por Juan Carlos Cassagne y Enrique Rivero Yserrn (Buenos Aires: Hammurabi, 2006), 253-274. En el caso de la literatura chilena, véase en la bibliografía los aportes más actuales de: Fabián Huepe Artigas, José Luis Lara Arroyo, Luis Eugenio García-Huidobro Herrera, Claudio Moraga Klenner, Natalia Muñoz Chiu, Jenny Nicólas Turrys, Dorothy Pérez Gutiérrez, Francisco Pinilla Rodríguez, Andrés Ruiz Ibáñez, entre otros, dirigidos al análisis de las instituciones jurídicas de fondo, y no a la organización, que es el foco de este escrito.

4 La propuesta de cambio institucional y transformación de la Dirección de Compras en una autoridad administrativa independiente o agencia autónoma la realiza en otro trabajo uno de los autores. Véase Alejandro Vergara, “Autoridades independientes y ordenación de la contratación administrativa”, en Contratos públicos, problemas, perspectivas y prospectivas. XVIII Jornadas internacionales de derecho administrativo (Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017).

5 Para evitar repeticiones y desarrollos más amplios que habrían abultado este trabajo, nos remitimos a una descripción del TCP y recuento de la bibliografía respectiva realizado por uno de los autores en Alejandro Vergara, “Tribunal de Contratación Pública. Bases institucionales, organización, competencia y procedimiento”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2016): 352-353.

6 Regulado en el capítulo V de la Ley 19.886. En cuanto a los aspectos de funcionamiento y organización, se rige por el auto acordado de la Corte Suprema de 11 de marzo de 2011, texto refundido, Acta n.º 16-2011.

7 Véase una descripción de tal tendencia en Alejandro Vergara, “El nuevo paradigma de jurisdicción administrativa pluriforme e híper especializada. Crónica de una espera, como la de Godot”, en Anuario de Derecho Público UDP (Santiago: Universidad Diego Portales, 2014), 269-271; y en Alejandro Vergara, “La tendance actuelle du droit chilien pour une juridiction administrative hyper-spécialisée”, en Mélanges en l’honneur de Pierre Bon (Paris: Éditions Dalloz, 2014), 126-140.

8 Vergara, “El nuevo paradigma”.

9 Así, Urbano Marín, “Vigencia actual de la invalidación de los actos administrativos”, Revista de Derecho del Consejo de Estado 2 (2002): 4.

10 Fuente: Transparencia ChileCompra.

11 Según argumenta uno de los autores de este trabajo en Alejandro Vergara, “Los jueces en la era del derecho democrático. Especialización y principios, en la superación del activismo y la deferencia”, Temas de la Agenda Pública 83 (2015): 12, Centro de Políticas Públicas UC.

12 El propio tribunal se refirió a este aspecto en su cuenta pública. Tribunal de Contratación Pública: Primera cuenta pública, 2012, 7.

13 Ley 20.883 de 2015, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que señala. Véase Diario Oficial, 2 de diciembre de 2015.

14 José Luis Lara y Luis Eugenio García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución de controversias en la Contratación Administrativa bajo la Ley 19.886: El caso del Tribunal de Contratación Pública”, en Procedimiento administrativo y contratación pública. Estudios a diez años de la entrada en vigencia de las leyes 19.880 y 19.886, coordinado por José Luis Lara y Gabriel Bocksang (Santiago: Legal Publishing & Thomson Reuters, 2013); Eduardo Escanilla, “El Tribunal de Contratación Pública en Chile. Un análisis crítico propositivo”, Derecho Público Iberoamericano 2 (2013): 103-149; Yuri Antonio Vásquez y Maximiliano Koch, Institucionalidad, procedimiento y jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública. Análisis jurisprudencial desde su establecimiento hasta la actualidad. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales (Santiago: Universidad de Chile, 2014).

15 Por vía del Acta n.º 7-2011 de la Corte Suprema. Ver comentario en Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 11.

16 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 5-6. Véase por ejemplo la sentencia dictada por el TCP “Ely Lilly de Chile Limitada con Servicio de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud” (2006).

17 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública 6. Sobre allanamiento ver por ejemplo la sentencia del TCP “Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada con Ilustre Municipalidad La Granja” (2012).

18 Véase las sentencias del TCP: “Aseo y Servicios Industriales Limitada con Instituto de Previsión Social” (2013) y “Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada con Ilustre Municipalidad La Granja” (2012).

19 Como señala Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 366, n. 48.

20 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública 10.

21 Ver Álvaro Arévalo, “Rol del juez en el proceso administrativo licitatorio”, 7. Discurso en el seminario “Contratación administrativa y compras públicas”, celebrado el 28 de mayo de 2014 en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en http://www.tribunaldecompras.cl.

22 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 8-9.

23 Sobre estas causales, ver críticas en Ricardo Concha, “Crítica a la falta de declaración de nulidad y a la consiguiente configuración de la eficacia del contrato público inválido soportado en un procedimiento ilegal”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLVI (2016), las que, en parte, compartimos.

24 Arévalo, “Rol del juez”, 8. De hecho, más adelante critica el hecho de que la Ley de Compras no dijera nada al respecto (11).

25 En Carolina Mora, “La protección de los particulares frente a la administración pública contratante: el caso del Tribunal de Contratación Pública”, en Perspectivas para la modernización del derecho de la contratación administrativa. Actas de las XI Jornadas de Derecho Administrativo, editado por Jorge Bermúdez Soto (Valparaíso: Escuela de Derecho PUCV, 2016), 231-248. Ella observa la falta de definición por parte del legislador, de lo que debe entenderse por “interés actualmente comprometido”. Entiende que el interés estará presente mientras el proponente en una licitación tenga la posibilidad de adjudicarse el contrato que se licita; no considerándolo interesado si éste fuera definitivamente excluido del proceso de licitación “toda vez que pese a haber participado de él, no tiene posibilidad actual de adjudicarse el contrato”. En nuestra opinión, la exclusión de un participante podría obedecer a motivos perfectamente justificables; como también podría no estar debidamente motivada la exclusión. En este último caso, entendemos que la legitimación activa no debiese decaer de forma tan simple.

26 Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, Informe final, abril de 2015 (Santiago, 2015); Dirección de Compras y Contratación Pública, Informe de recomendaciones. Comisión de Perfeccionamiento de las Compras Públicas (Santiago, 2013); OCDE, “Recomendación del consejo en materia de contratación pública”, 2015.

27 La que fue llevada a cabo mediante la Ley 20.883 de 2 de diciembre de 2015. Entre otras modificaciones a otros cuerpos legales, se aumentó el número de sesiones mensuales del tribunal, como se concreta más arriba.

28 Como resultado de esta programación, se llegó a reunir dicha comisión entre 2015 y 2016, elaborando el Informe final. Mesa de trabajo para la modificación de la Ley 19.886, Dirección de Compras y Contratación Pública, que es tratado más abajo.

29 Actualmente, el sitio web del TCP prevé la pestaña “Declaración de intereses y patrimonio”, en la que, cumpliendo con lo propuesto en el citado informe, refleja dichas informaciones referente a su presidente, jueces titulares, suplentes y al secretario abogado (última visita, 24 de julio de 2017).

30 Recibido el 11 de agosto de 2016. El informe consta de cinco partes: i) un resumen ejecutivo sobre su contenido; ii) un apartado que describe antecedentes sobre el Sistema de Compras Públicas; iii) las propuestas relativas al llamado “Foco n.º 1 Cobertura del Sistema”; iv) las propuestas relativas al llamado “Foco n.º 2 Institucionalidad” y, finalmente v) un anexo que incluye el anteproyecto de modificación legal.

31 El contenido global de lo debatido, de alguna forma, puede llegar a afectar indirectamente al TCP. No obstante, por razones de extensión y temática abordada, en este trabajo únicamente nos referiremos a aquellos aspectos que inciden directa y significativamente sobre la organización, competencia o procedimiento de éste.

32 Definición dada por el Informe final, 13.

33 De acuerdo al Informe final, cercano al 50 por ciento. Ver página 13.

34 Ibídem, 14-15.

35 Ibídem, 15-16.

36 Las sugerencias de modificación precisas a la Ley de Compras que afectan al tribunal se encuentran en el marco de las páginas 30-42, que conjugaremos con el esquema general previsto desde las páginas 15 a la 17 del Informe final. El anteproyecto de modificación legal prevé, además de modificar los actuales artículos 22 al 27 de la Ley de Compras, la propuesta de incluir nada menos que quince artículos nuevos, los cuales introducen nuevos aspectos o desplazan contenido de los anteriores: 23 bis, 24 bis, 24 ter, 25 bis, 25 ter, 25 quáter, 25 quinquies, 25 sexies, 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quáter, 26 quinquies, 26 sexies y 27 bis.

37 Informe de mayo de 2017. Tuvimos acceso a él al haber participado en el levantamiento de información.

38 El sistema de evaluación MAPS ha evaluado íntegramente el Sistema de Compras Públicas, por medio del análisis de cuatro pilares básicos, a saber: pilar I: marco legal, regulatorio y de políticas; pilar II: marco institucional y capacidad de gestión; pilar III: operaciones de adquisiciones públicas y prácticas de mercado; pilar IV: rendición de cuentas, integridad y transparencia del sistema de compras públicas.

39 “Borrador del informe final”, 16, según los resultados de evaluación del pilar IV.

40 En efecto, uno de los objetivos de esta evaluación, es la detección de “brechas sustantivas” (aquellos aspectos críticos que conviniera mejorar para fortalecer el actual sistema).

41 “Borrador del informe final”, 7-9.

42 Ibídem.

43 Prescindimos aquí realizar una descripción detallada de las previsiones legales sobre el TCP (las que ya han sido abordadas en otros trabajos) sin perjuicio de hacer alguna relación necesaria a éstos para referirnos a las críticas. Un mayor nivel de análisis en cuanto a la descripción de lo que la ley prevé al respecto puede verse en Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”.

44 Los antecedentes más significativos son del siglo XIX (leyes del 2 y 6 de abril de 1845), si bien no acabó de consolidarse y perfeccionarse hasta la promulgación de la Ley del 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

45 Expresión ésta mucho más extensa que la de administraciones públicas, incluyendo otros entes que se mueven en la órbita de la promoción y satisfacción del interés general, sin necesidad de responder a la misma naturaleza jurídica de aquéllas.

46 Nos referimos a la Ley 30/2007 del 31 de octubre de 2007, “Contratos del sector público”, Reino de España. Tras la trasposición de diversas directivas europeas y de necesarias adaptaciones internas, la norma actualmente aplicable es el Real Decreto Legislativo n.° 3/2011 de 16 de noviembre de 2011, “Texto refundido de la ley de contratos del sector público” (en adelante, TRLCSP), Reino de España.

47 Salvo algunos casos que se conferían a la jurisdicción civil.

48 Las “directivas” son derecho comunitario, que vinculan a los Estados de la Unión Europea. Ésta es del 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

49 2007/66/CE de 11 de diciembre de 2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, por la que se modifican las Directivas n.° 89/665/CEE y n.° 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recursos en materia de adjudicación de contratos públicos.

50 “El modo en que se debe materializar la eficacia del recurso es a través de la atribución de la competencia para su resolución a un órgano independiente de la entidad que haya dictado el acto recurrido” señala Miguel Ángel Bernal, “Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública en las comunidades autónomas”, Cuadernos de Derecho Local 26 (2011): 11.

51 De 5 de agosto, de modificación de la Ley n.° 30/2007 del 30 de octubre, de “Contrato del sector público”, 31/2007 del 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y de la Ley n.º 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

52 Santiago González-Varas, “La normativa europea procesal de contratación pública y el sistema actual de recursos contractuales”, Revista Documentación Administrativa 288 (2010): 49. Llama la atención este autor sobre el papel protagónico que juegan los órganos cuasi jurisdiccionales, como el que existe en materia de defensa de la competencia, frente al a veces rol “puramente testimonial o reiterativo de lo resuelto por aquella otra instancia de control” (refiriéndose a la Comisión Nacional de la Competencia), donde el contencioso-administrativo judicial tendría “un papel más reducido, puramente jurídico, y que además en sede contenciosa se enjuician todos los elementos de juicio, incluidos los aspectos técnicos, con la ayuda de pruebas periciales, optando muchas veces el juzgador por una remisión a tales informes” (Ibídem, 50).

53 Art. 41.1 TRLCSP.

54 Comparar Juan José Pardo, “El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales”, Revista Documentación Administrativa 288 (2010): 23.

55 La anterior distribución en el conocimiento de conflictos sobre contratación pública (recursos administrativos y, con posterioridad, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa) llevaba aparejada un doble inconveniente: por un lado, la continuación del procedimiento de contratación en el que se dictó la resolución cuya legalidad se discute en los órganos judiciales y, por el otro lado, el excesivo lapso de tiempo que discurre hasta la obtención del pronunciamiento judicial pretendido. Ver VV.AA., Patologías de la contratación pública (Madrid: Gómez-Acebo y Pombo Abogados, 2014), 32.

56 Según la última “Memoria de actividades” del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (http://www.minhafp.gob.es/TACRC/Documentos/MEMORIA%20TACRC%202016.pdf), en 2016, el plazo medio de resolución de los recursos desde su presentación en el tribunal o en el órgano de contratación hasta la aprobación de la resolución correspondiente fue de 43 días naturales. En 2015, ese plazo fue de 39 días; en 2014, 36 días; en 2013, 27 días. El aumento progresivo del plazo quizá se deba a la recuperación de la actividad económica en España, lastrada desde el año 2008 por la crisis.

57 Sin perjuicio de que el tribunal aprecie que la declaración de nulidad comporte consecuencias desproporcionadas muy justificadas, estableciendo la ley supuestos que no se consideran razones imperiosas de interés general, para evitar demasiada discrecionalidad en este campo.

58 Art. 34 de la Ley n.° 40/2015 de 2 de octubre de 2015, “Régimen jurídico del sector público”, Reino de España.

59 Pardo, “El Tribunal Administrativo Central”, 25-26.

60 Esta regulación se contiene en los artículos 22 y 23 de la Ley de Compras y, con más detalle, en el auto acordado de la Corte Suprema de 2011.

61 Siguiendo a Felipe Olmos, “Aspectos orgánicos y competencia del Tribunal de Contratación Pública”, en Lara y Bocksang, Procedimiento administrativo y contratación pública, 457. La dependencia presupuestaria ha disminuido en los últimos años, al haber conseguido “una glosa presupuestaria independiente dentro del presupuesto de la Dirección”, si bien critica más abajo que “es inadecuado que el legislador haya entregado [a la] Dirección de Compras y Contratación Pública la función de proveer materialmente al tribunal, si se considera que la Dirección como organismo público integrante de la Administración del Estado es justiciable ante el Tribunal de Contratación Pública”.

62 Véase, por ejemplo, “Diálisis Renca Limitada con Dirección de Compras y Contratación Pública”, 2008.

63 Ello es algo de lo que se ha hecho eco en algunos trabajos: Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 415; Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 123; Vásquez y Koch, Institucionalidad, procedimiento y jurisprudencia, 42. En el primer trabajo citado, además, indica que esta independencia supone un agravio comparativo con respecto a otros tribunales especiales, como el caso del Tribunal de Propiedad Industrial o el de Defensa para la Libre Competencia, en los cuales sus propias leyes respectivas se encargan de resaltar este carácter independiente del que están provistos.

64 Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 418.

65 Siguiendo a Joaquín Tornos, “Los tribunales independientes para la resolución de los recursos administrativos en materia de contratos del sector público”, en Derecho administrativo y regulación económica. Liber Amicorum Gaspar Ariño Ortiz, coordinado por Juan Miguel de la Cuétara Martínez, José Luis Martínez López-Muñiz y Francisco J. Villar Rojas (Madrid: La Ley, 2011), 810.

66 Así Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 420 y 421.

67 Como sucedió en la causa “Ingeniería y Construcciones del Pacífico Limitada con Dirección de Aeronáutica Civil”, 2009, donde se solicitó como medida para mejor resolver la realización de un peritaje conjunto que comprende materias relativas a los procesos licitatorios.

68 Aspecto también sugerido expresamente por su actual presidente. Arévalo, “Rol del juez”, 12.

69 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 11-13.

70 Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 429-430.

71 Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 122.

72 Véase la argumentación jurídica de este aserto en Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 358 y 368-369. Si el término de presentación de demanda fuera en día sábado, ésta se hará efectiva en el domicilio de la secretaría del tribunal (informada en su sitio web: www.tribunaldecontratacionpublica.cl).

73 Concretamente, desde principios del 2014, observando que varios de los últimos datos son hasta el 31 de diciembre de 2013. Lo mismo acontece con el apartado relativo a las sentencias ejecutoriadas, que dejaron de ingresarse desde 2013.

74 Se distinguiría una regla general de competencia (contra actos y omisiones ilegales o arbitrarias, acaecidos en los procedimientos administrativos de contratación con los organismos públicos regidos por la Ley de Compras, que hayan sido impugnados mediante la acción que ella prevé en el art. 24, y dos especiales: i) actos que menciona el art. 3e) de la Ley de Compras (contratos de obra pública y otros de vivienda y urbanización) y ii) por el art. 66 de la Ley 18.695, “Orgánica constitucional de municipalidades”, se extiende la competencia del TCP a la contratación y concesiones de servicio público de las municipalidades. Ver Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 359-360.

75 En este sentido también lo destacan: Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 410; Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 112; Vásquez y Koch, Institucionalidad, procedimiento y jurisprudencia, 88-89.

76 Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 12. Al respecto indicaron: “Después de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato, pueden ocurrir y de hecho es así, una serie de situaciones, tales como la no emisión de la orden de compra por la entidad licitante, la readjudicación a otro oferente por diversos motivos, la invalidación de la resolución adjudicatoria seguida de una nueva convocatoria, la negativa a suscribir el contrato por el cambio de las condiciones establecidas en las bases (...)”.

77 Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 423.

78 Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 136.

79 Inclusive cabría añadir los casos de terminación anticipada ordenada unilateralmente por la administración. Ver José Luis Lara y Luis Eugenio García-Huidobro, “Aspectos críticos y desafíos de la contratación administrativa bajo la Ley 19.886”, en Bermúdez Soto, Perspectivas para la modernización, 142, n. 35.

80 Artículos 40 y 21.1 del Real Decreto Legislativo n.° 3/2011, por el cual se aprueba el “Texto refundido de la ley de contratos del sector público”.

81 Los tres primeros quedan recogidos principalmente en el art. 5 y el art. 7, apartados a, b y c —respectivamente—. Respecto a los convenios marco, la ley se refiere por primera vez a ellos en varios apartados del art. 30 de la Ley de Compras. Todo ello sin perjuicio de que los artículos de esta ley y de su reglamento sean concordantes. Respecto del trato directo, pese a recogerse en el mismo grupo de artículos que las dos primeras modalidades, el TCP ha indicado, tanto en su jurisprudencia como institucionalmente, que no es competente para conocer de éstos (véase, por ejemplo “Grupo Bios con Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, 2009, y Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 6). Lo mismo pasa con los convenios marco (ver “Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. con Dirección de Compras y Contratación Pública”, 2011).

82 Específicamente: “Hacer que el sistema de compras públicas sea cada día más transparente y confiable y asegure tanto a oferentes, como a las entidades licitantes y a la sociedad entera, que los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos encuentran en este mercado virtual la forma más justa, ecuánime y conveniente para su satisfacción y que existen además, los mecanismos adecuados para restablecer el imperio del derecho, cuando la satisfacción de estos legítimos intereses generales y particulares en juego, por cualquier razón o motivo, son perjudicados por actos ilegítimos, ya sea que provengan de las autoridades, como de los propios particulares que concurren a este mercado”. Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 13.

83 OCDE, Contratación pública en Chile. Opciones de política para convenios marco eficientes e inclusivos (París: Éditions OCDE, 2017), 18. Sobre tal temática de los convenios marco, véase: Jenny Nicólas Turrys, “Contratación administrativa a través de convenios marco: naturaleza jurídica y aplicación práctica”, Revista de Derecho Administrativo Económico 20 (2015): 43-80.

84 Entre muchas otras sentencias, “Inducien Instruments con Dirección General de Aguas”, 2014, o “Laboratorio Chile S.A. con Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud”, 2009.

85 En Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos y desafíos”, 143-146, señalan que no hay una acción efectiva que permita tutelar los derechos de los colaboradores privados frente a posibles ilegalidades en el obrar administrativo dentro de una relación contractual. Indican, asimismo, que la Contraloría General de la República (CGR), si bien es un órgano con conocimientos especializados en derecho administrativo, no constituye una solución al problema apuntado, toda vez que según su ley reguladora, ésta debe eximirse de entrar a conocer asuntos de carácter litigioso, o bien sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia. Al respecto citan diversos dictámenes donde el órgano contralor entendió que no debía inmiscuirse ante situaciones concretas (como los casos de exceptio non adimpleti contractus, errores de interpretación contractual por parte de organismos públicos, entre otros).

86 Argumento que también comparte Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 136-137. Propone otra solución Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 426-427, donde entienden que la acción de indemnización debería sustanciarse ante los tribunales ordinarios, si bien por medio de un procedimiento expedito y sumario, sin necesidad de acreditar la existencia de daños y perjuicio. Parecido es el razonamiento que sostiene el propio TCP en su primera cuenta pública: ver Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 12.

87 El caso español. Artículo 48.2 del Decreto Legislativo n.° 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el “Texto refundido de la ley de contratos del sector público”.

88 Como observan Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 426.

89 Art. 79 ter del Decreto n.º 250, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”. Este artículo fue introducido por el Decreto 1410 del Ministerio de Hacienda, que modifica el anterior. Diario Oficial, 12 de mayo de 2015.

90 Ver las sentencias: i) “Sergio del Rosario Morales con Dirección de Vialidad Región de Atacama”, 2006; ii) “Eurosolutions E.I.R.L. con Servicio Médico Legal”, 2007; iii) “Instituto Nacional de Seguridad Integral y Desarrollo de Chile con Hospital Clínico San Borja Arriarán”, 2008.

91 Artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Compras. Para una descripción más detallada, véase Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 365-367.

92 Criterios señalados por el presidente actual del órgano, que no se encuentran positivizados en la ley. Arévalo, “Rol del juez”, 7.

93 Varios de ellos recogidos por diversos autores que iremos citando respectivamente.

94 Aspecto criticado por su actual presidente. Arévalo, “Rol del juez”, 6.

95 Aspecto también criticado por su actual presidente. Arévalo, “Rol del juez”, 6.

96 Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 367-368.

97 Arévalo, “Rol del juez”, 11.

98 La Ley de Compras no establece que pueda solicitarse a instancia del demandante, si bien, como aclaró el tribunal, es constante la petición de suspensión por parte de éstos. Tribunal de Contratación Pública, Primera cuenta pública, 4.

99 Causal del artículo 8 letra c de la Ley de Compras: “casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante”.

100 Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos de la solución”, 423; Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 371 y 373 (señala la necesidad de hacer una buena combinación de las medidas para restablecer el imperio del derecho y la cautelar suspensiva); Escanilla, “El Tribunal de Contratación”, 117-118.

101 En concordancia con: Concha, “Crítica a la falta”, 287-378.

102 Ibídem, 290-291. Damos por reproducida la ejemplificación de sentencias que cita.

103 Ibídem, 291, n. 49.

104 La clasificación en Concha, “Crítica a la falta”, 292-293. Ibídem, n. 49.

105 Vergara, “Tribunal de Contratación Pública”, 371.

106 Siguiendo en este apartado a Vergara,“Tribunal de Contratación Pública”, 372-373.

107 En Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos y desafíos”, 139, señalan la consecuencia práctica de este segundo punto: “(…) al no reconocer la ley las medidas que el Tribunal de Contratación Pública puede dictar para reestablecer el imperio del derecho, en la práctica sus pronunciamientos suelen ser más bien declarativos y no constitutivos de derechos para las partes. En caso contrario, si el tribunal decide adoptar alguna medida tendiente al restablecimiento del derecho, la naturaleza y entidad de ésta, quedará entregada a su entero criterio”.

108 “Montenegro con Ilustre Municipalidad de Santiago y Parquímetros y Controles Interparking Limitada”, 2012.

109 Ver Arévalo, “Rol del juez”, 11.

110 Recurriendo a los datos proporcionados por el TCP en su sitio web, al menos desde el 28 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013, el acto más impugnado fue la adjudicación (58 por ciento); con mayor razón cabe trabajar en una mejora de la regulación actual de la suspensión que le aporte eficacia a la ulterior resolución del tribunal.

111 Nos remitimos a lo más señalado arriba en relación con la medida suspensiva contemplada para el caso español.

112 Arévalo, “Rol del juez”, 10-11.

113 Ibídem, 4.

114 Juan Carlos Cassagne, “La contratación pública. Fronteras, tensiones e interrelación con el derecho privado en el nuevo escenario contractual”, en Revista Derecho & Sociedad 44 (2014): 18.

115 Este mecanismo se prevé en el caso español. Art. 47.5 del Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el “Texto refundido de la ley de contratos del sector público”.

116 Conclusión a la que también llegan Lara y García-Huidobro, “Aspectos críticos y desafíos”, 2016, 149: “(…) fácil es comprender el gran desafío que se tiene por delante: el establecimiento de un adecuado mecanismo de solución de controversias que permita resolver los conflictos surgidos durante la relación contractual-administrativa con la necesaria especialización que la materia supone y la adecuada eficiencia que los tribunales ordinarios difícilmente podrían asegurar”.

117 Ver nota 30.

ASPECTO

REGULACIÓN ACTUAL

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

General

El artículo 22 inc. 1º LBCA se refiere únicamente a la denominación “Tribunal de Contratación Pública”.

Se propone el reconocimiento legal expreso del TCP como “órgano jurisdiccional especial”, además de reconocerles a sus abogados integrantes el tratamiento de jueces.

Organización y funcionamiento

El artículo 22 inc. 2º LBCA indica que el número de titulares es de 3, y se les exige, entre otros requisitos, experiencia en la materia.

Se propone aumentar de 3 a 6 titulares, y tener experiencia específica en contratación administrativa. Se especifica que los requisitos para acceder a ser juez del tribunal son de carácter copulativo.

Del artículo 1 del auto acordado de la Corte Suprema se desprende que el tribunal sólo opera en una sala.

Se propone, mediante previsión en la LBCA al respecto, que el tribunal funcione regularmente en 2 salas, y de forma extraordinaria en 3, con tres integrantes por cada sala. La suplencia sólo podrá ser ejercida hasta un máximo de seis meses (como prevé actualmente la ley), pero se establece la necesidad de proveer el cargo con un titular al llegar al citado término.

El TCP sesionará de lunes a viernes, bajo una presidencia en cada sala, y los acuerdos se adoptarán en régimen de simple mayoría.

El artículo 22 inc. 6º LBCA dispone un régimen remuneratorio consistente en el pago de la suma equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV (correspondiente a los Ministros de la Corte de Apelaciones) por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 21 sesiones mensuales, y un tope de una sesión diaria.

Se propone fijar un régimen remuneratorio diferenciado para jueces y suplentes, consistente en una remuneración mensual base a todo evento, complementada por remuneraciones determinables en base al número de sesiones a que haya asistido el respectivo miembro del tribunal.

La ley no indica nada respecto a la heterocomposición del tribunal.

Se propone considerar la integración de profesionales de otras disciplinas como las ciencias económicas y/o en materias relacionadas con las tecnologías de la información. Como lógica del aumento del salas, se aumenta la plantilla dotacional del tribunal, a la que sujeta a diversas disposiciones legales, entre ellas, las correspondientes al respeto de la probidad administrativa, así como regula con mayor detalle la figura y funciones del secretario del TCP.

Actualmente nada se señala respecto del régimen de dedicación de los jueces titulares ni la edad máxima para ejercer jubilación.

Se propone que los jueces titulares tengan dedicación exclusiva, indicándose un régimen de incompatibilidades al respecto, y se establece la edad máxima de jubilación a los 75 años.

El artículo 23 inc. 2º LBCA y disposiciones concordantes del auto de la Corte Suprema, indican que la DCCP deba proveer al tribunal la infraestructura, el apoyo técnico y los recursos humanos y materiales para éste.

Se propone que la gestión administrativa del tribunal corresponda a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (ex. art. 18 Ley 20.322). Entre otras funciones, deberá realizar provisión del inmueble en que deba aquél funcionar, así como la ejecución de la administración financiera del tribunal.

CONFERENCIA

¿CUÁNTA DESIGUALDAD NECESITA LA DEMOCRACIA?*

Carlos Peña

Universidad Diego Portales / Universidad de Chile

Carlos Peña. Abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Chile. Profesor asociado de esa institución. Rector de la Universidad Diego Portales. Sus más recientes publicaciones son Estudios sobre Rawls e Ideas de perfil. Email: carlos.pena@udp.cl.

* Versión revisada de la conferencia realizada en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP.

Resumen: En las condiciones modernas el problema político, sugiere este ensayo, no consiste en decidir qué concepción de la igualdad es moralmente superior a otra, sino qué concepción, de entre las razonables, es socialmente posible. Así la reflexión política debe comenzar por examinar las características de la sociedad de que se trata, a fin de esclarecer las condiciones de posibilidad de una política orientada hacia la igualdad. Ahora bien, continúa el texto, si bien la igualdad es el principio normativo que subyace a las sociedades modernas, él coexiste con otras orientaciones de la acción, como la pasión por el consumo y el deseo de diferenciarse. Es lo que ocurriría en Chile luego de la modernización rápida que ha experimentado. El resultado de todo ello es que en las condiciones modernas el problema parece consistir en trazar una línea que divida las desigualdades merecidas de las inmerecidas, única manera de compatibilizar la pasión por la igualdad que detectó Alexis de Tocqueville, con el deseo de diferenciación que es producto de la expansión del consumo y la autonomía.

Palabras clave: igualdad, desigualdad, diferenciación, autonomía, modernidad, Alexis de Tocqueville.

HOW MUCH INEQUALITY DOES DEMOCRACY NEEDS?

Abstract: In modern societies the political problem is not to decide which conception of equality is morally superior to another, but which moral conception is socially possible. Thus political reflection must begin by examining the characteristics of the society in question in order to clarify the conditions that would made legitimate —in sociological sense— a policy oriented towards equality. However, the essay continues, although equality is the normative principle underlying modern societies, it coexists with other orientations of action such as the passion for consumption and the desire to differentiate. This is what would have happen in Chile after the rapid modernization it has experienced. The result of all this is that in modern conditions the problem seems to be to draw a line dividing the deserved inequalities of the undeserved, the only way to reconcile the passion for equality that Tocqueville detected with the desire for differentiation that is a product of the expansion of consumption and autonomy.

Keywords: equality, inequality, differentiation, autonomy, modernity, Alexis de Tocqueville.

Al analizar el problema de la igualdad, o de la desigualdad, es imprescindible adoptar una precaución conceptual. Es necesario distinguir entre la igualdad como un ideal moral y la igualdad como un principio subyacente a una determinada formación social. Según es obvio, ambos planos pueden no coincidir: la igualdad en un sentido estrictamente moral puede triunfar en la batalla de los conceptos, pero ser incapaz de orientar las relaciones sociales. Y, por la inversa, una concepción de la igualdad que no resulta moralmente satisfactoria puede, sin embargo, ser muy eficaz a la hora de orientar la vida cotidiana en el plano de la cultura.

Pues bien, a la hora de reflexionar políticamente sobre el tema de la igualdad es imprescindible mantener esa distinción a la vista. Una reflexión política no puede consistir sólo en determinar lo que sea moralmente mejor (averiguado mediante múltiples experimentos mentales o situaciones contrafácticas, las que son tan frecuentes en la filosofía moral de raíz analítica), sino que está obligada a precisar qué concepción, de las que se juzgan moralmente ventajosas, es socialmente posible (es decir, se aviene mejor con las otras orientaciones de la acción que en un momento determinado inspiran la cultura).

Al reflexionar políticamente acerca de la igualdad no se trata, entonces, de escoger entre lo moralmente correcto y lo socialmente posible; la tarea de la reflexión política consiste, más bien, en acercar ambos planos hasta alcanzar una solución que sea legítima desde el punto de vista social. Esto es, por lo demás, lo que sugiere Rawls al definir una sociedad bien ordenada como aquella que está efectivamente regulada por una concepción de la justicia empotrada en las instituciones.[1]

Sobre la base de esa orientación general, las líneas que siguen exploran el lugar de los ideales de igualdad en la sociedad chilena y los desafíos que ellos plantean.

El texto sugiere que la igualdad en las sociedades modernas no equivale exactamente a un anhelo de igual distribución de recursos, puesto que la igualdad coexiste en ellas con otras orientaciones de la acción, como la pasión por el consumo y la mejora de estatus. El problema de este tipo de sociedades pareciera ser más bien cómo legitimar las diversas formas de estratificación en vez de empeñarse por suprimirlas. La sociedad chilena no escaparía a ese destino.

Para alcanzar esa conclusión general, el texto se ordena de la manera que sigue. En primer lugar se examinan las relaciones entre la igualdad y la sociedad moderna a la luz de alguna literatura sociológica; en segundo lugar se describe, a grandes trazos, la situación de la desigualdad en Chile; en fin, y en tercer lugar, se discuten los principios normativos que podrían acercar lo que es moralmente correcto a lo que parece socialmente posible, que es, como se dijo al inicio, la principal tarea de la reflexión política.

1.

En Homenaje a Cataluña (1938), George Orwell muestra, sin ironía alguna y con la naturalidad de quien conversa, por qué la igualdad es un ideal a la vez apetecido y controversial.[2] En 1937, y en plena guerra civil, en Barcelona parecían haber desaparecido, cuenta, todas las distinciones. La ropa, el trato, el consumo diferenciado y cualquier gesto que pudiera revelar una diferencia o jerarquía; la entrega de una propina, un saludo formal, una distancia, habían sido, de pronto, suprimidos. “Mozos y vendedores miraban al cliente cara a cara y lo trataban como un igual”, cuenta. Por entonces había en las ramblas y calles catalanas, dice Orwell, un espíritu de compañerismo y espíritu público, “un estado de cosas por el que valía la pena luchar”; y, sin embargo, dice: “había en todo esto algo que no comprendía y que en cierto sentido no me gustaba”.[3]

Es difícil describir mejor la ambivalencia que posee la igualdad, el ideal moderno por antonomasia.

Y es que nunca hubo una época histórica que, como la moderna, abrazara con tanto entusiasmo el ideal de igualdad y que, al mismo tiempo, por su propia dinámica de consumo y de autonomía, sintiera un leve desaliento y confusión a la hora de perseguirlo.

Uno de los primeros que logró advertir hasta qué punto el ideal de igualdad sería uno de los principios de la modernidad y uno de los combustibles de la vida cotidiana surgida a la sombra del capitalismo, el Estado nacional y la mediatización de la cultura, fue Alexis de Tocqueville. Es verdad que la filosofía ya había detectado que la diferencia entre la sociedad tradicional y la moderna radicaba en que en la primera había un orden predispuesto que establecía una jerarquía disímil, en tanto que en la segunda no había telos alguno y en cambio una igual distribución de la autonomía, algo que señalaron, por ejemplo, Kant y Hegel (especialmente este último en su formidable descripción de la sociedad moderna);[4] pero Tocqueville es el primero que describe el fenómeno con imaginación sociológica.[5]

Alexis de Tocqueville vio en la sociedad moderna un torrente de igualdad social.[6] “El desarrollo de la igualdad —dijo— es un hecho providencial”, un fenómeno que disolvería todas las jerarquías preestablecidas y hereditarias consagrando para todos los seres humanos la misma posición formal al interior de la comunidad política. Por igualdad social entendió Tocqueville la carencia de las jerarquías tradicionales, la disolución de todos los vínculos que distribuían en proporciones distintas la dignidad y la participación entre los seres humanos. Así, la igualdad social de este autor equivalió más o menos a lo que Kant llamó “la igualdad de los seres humanos en tanto súbditos”.[7] Para ellos, en Kant y en Tocqueville, esa igualdad social (que casi llega a confundirse con la democracia), es compatible, en principio, con amplias formas de desigualdad como la desigualdad de riqueza.

A diferencia de Marx, que apreció en la igualdad moderna una cuestión formal negada por el modo de producción,[8] Tocqueville fue capaz de observar toda la influencia cultural que llegaría a poseer.

Advirtió que la igualdad moderna no era exactamente una distribución pareja de recursos, sino más bien una distribución uniforme de la autonomía y una sustitución progresiva de los vínculos adscritos por vínculos voluntarios, establecidos mediante contratos. La democracia, dijo, no suprime las clases, pero cambia el espíritu y la forma de sus relaciones en la medida que “el maestro y el siervo” se relacionan entre sí mediante un acuerdo voluntario.[9] Este acuerdo voluntario puede ser considerado, como afirmaría Marx treinta años después, una ficción legal; sin embargo, es a través de esa ficción y de su contenido simbólico, a través de esa igualdad imaginaria, que se constituyen las relaciones sociales en la sociedad moderna. La democracia no suprime, insistió, la relación desigual entre el amo y el criado; pero cambia radicalmente su fundamento, en la medida que la restringe a una prestación que no compromete ni la fidelidad, ni la identidad de las partes. Este punto de vista es subrayado por la sociología posterior. Maine describe la sociedad moderna como un tránsito desde el status al contrato; Tönnies explica que el tránsito desde la comunidad a la sociedad supone que al consenso tácito lo sigue un arreglo explícito; y Durkheim arguye que la sociedad moderna descansa en una sociedad diferenciada y mediada también por el contrato. Toda esta literatura subraya el punto de vista de Tocqueville: las relaciones sociales aristocráticas o tradicionales son adscriptivas y comprometen la casi totalidad de la trayectoria vital de sus miembros; las relaciones sociales democráticas o modernas, en cambio, son voluntarias y diferenciadas funcionalmente.

Los miembros de esta sociedad, envueltos en esa trama simbólica, viven animados por la igualdad y, al mismo tiempo, inmersos en una competencia por el estatus; poseídos por la pasión por la igualdad y, al mismo tiempo, por la pasión por el consumo de bienes “estatutarios”, la pasión de la clase media.[10] Los miembros de las sociedades modernas, tal como le ocurrió a Orwell mientras observaba la Cataluña de la guerra, ven en la igualdad algo que vale la pena; empero, al mismo tiempo algo en ella les incomoda.

Y como suele ocurrir, esa sensación ambivalente que estaría instalada en la biografía de los hombres y mujeres modernos suele ser una expresión de una ambivalencia en la estructura en cuyo interior desenvuelven sus vidas.

Porque en la sociedad moderna conviven, por decirlo así, la pasión por la igualdad con una porfiada estratificación en casi todas las esferas del quehacer humano. Los hombres y mujeres modernos no quieren, pues, ser iguales en todo, anhelan ser iguales en algo. Su acción está movida por un anhelo de igualdad, pero al mismo tiempo está orientada por el deseo de distinguirse y diferenciarse. Lo que más atrae al corazón humano, observa Tocqueville, no es la certidumbre de un pequeño éxito, sino la posibilidad de una gran fortuna.[11] No es pues la igualdad de resultados la gran pasión moderna, no es lo que pudiera llamarse una igualdad estática lo que los modernos anhelan, sino más bien una igualdad dinámica, la misma posibilidad de moverse en la estructura social en una competencia por el estatus y por la distinción.[12]

Pero la vida moderna, según la describe Tocqueville, no es un juego de interacción con reglas ordenadas. Por el contrario, suele haber en ella tendencias contradictorias y hasta cierto punto inconsistentes, que son fuente de angustia y, como suele ocurrir, de problemas políticos.

Así, si los miembros de la sociedad moderna buscan diferenciarse y distinguirse entre sí, también buscan lo que la sociología va a denominar “consistencia de estatus”. Habría, pues, junto a las anteriores, también una tendencia a la igualdad en todo. Esto es lo que explicaría la paradoja consistente en que las sociedades son más inestables y cercanas a la revolución cuando mejoran su bienestar en alguna esfera de la vida. La mejora en algunas dimensiones de la vida —en el acceso al consumo, por ejemplo— desata expectativas en otras áreas de la vida y eso explicaría que la sociedad se vea más frágil en tanto mejor le va. No siempre se llega a la revolución yendo de mal en peor.[13] En El antiguo régimen y la revolución Tocqueville observa que la desigualdad de derechos y el resentimiento que produce son más intensos cuando hay igualdad y bienestar en las otras esferas de la vida, y viceversa. La pulsión por la igualdad en todas las esferas, el movimiento hacia la consistencia de estatus parece inevitable, y conduciría, agrega, a uno de dos caminos: la democracia, donde el poder lo tienen todos por igual, o el despotismo, donde nadie lo tiene salvo uno.[14]

Pero no es sólo la pasión por la igualdad coexistiendo con el deseo de diferenciarse y moverse en la estratificación o la consistencia de estatus lo que hace problemática la situación de la igualdad en las sociedades modernas. La diferenciación funcional de las sociedades, la pulsión por el reconocimiento (otro de los varios combustibles de la acción) y los efectos dispares que produce la desigualdad hacen difícil que la pasión que detectó Tocqueville pueda alcanzar un momento de sosiego.

En el caso de las sociedades funcionalmente diferenciadas —tan distinto de lo que ocurre en las sociedades segmentarias o estratificadas, enseña la teoría de sistemas— no existe una regulación uniforme de la exclusión o de la inclusión. Este tipo de sociedades, entre las que se cuenta el Estado de bienestar,[15] no pueden tomar las precauciones necesarias para que los individuos pertenezcan como personas a algunos de los subsistemas.[16] Esto porque las relaciones entre los sistemas —económico, familiar, científico— no pueden ser ya determinadas para el conjunto de la sociedad (la participación en el sistema económico se regula por medio de la propiedad, la relevancia política por el voto, etcétera, y los efectos en cada uno de esos subsistemas son imprevisibles para los demás). El resultado de todo esto es que desde el punto de vista de la inclusión las sociedades funcionalmente diferenciadas son muy poco integradas. Desde el punto de vista de la exclusión, en cambio, las sociedades funcionalmente diferenciadas están plenamente integradas porque “la exclusión de un sistema funcional comporta, casi automáticamente, la exclusión de otros”.[17]

Honneth, por su parte, ha mostrado de qué forma cuando se concibe la vida social como una búsqueda de reconocimiento, la igualdad tampoco es del todo posible en todas las esferas; porque una cosa es el reconocimiento en la esfera del amor; otra en la esfera del Estado; otra en la esfera del mercado.[18]

En fin, todavía se encuentran los efectos de la desigualdad.[19] El efecto mecánico (una desigualdad en el ingreso o la riqueza causa una desigualdad en un determinado bien) es el más obvio; sin embargo, la desigualdad también tiene efectos relacionales (en este caso el ingreso puede no variar pero sí la disposición a invertir en un determinado bien, y así la desigualdad intensificarse o aminorarse); contextuales (cuando entre el ingreso y un determinado efecto no es lineal, una misma inversión puede mejorar más a pobres que a ricos); y personales (como consecuencia de las externalidades, por ejemplo, los sentimientos de deprivación pueden ser más intensos en un contexto de alta desigualdad).

Todo ello hace, por supuesto, aún más intensa la dialéctica de progreso y desilusión que caracteriza a las sociedades modernas.

Y ahí está la clave de su dinámica y también de su frustración. Y es que las sociedades no progresan de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo: la vida, dijo el Dr. Johnson según anotó Boswell, es un progreso de carencia en carencia, no de un deleite en otro.[20] Ése es el oculto mecanismo de las sociedades modernas: una dialéctica, como observó Aron, de progreso y desilusión.[21]

Y ese el destino previsible de la sociedad chilena.

2.

El fenómeno más relevante del Chile contemporáneo parece ser la rápida modernización capitalista. Los chilenos y chilenas han experimentado, en el curso de dos o tres décadas, cambios en sus condiciones materiales de existencia que antes tomaban una o dos generaciones. El fenómeno ha producido cambios culturales de importancia y, como suele ocurrir, un cierto desasosiego: el político ya no sabe muy bien dónde están las fuerzas sociales que debe orientar y conducir y el ciudadano ha perdido las referencias que le dan sentido a su malestar.[22]

Ahora bien, ¿qué efectos en los niveles de igualdad produjo esa modernización rápida? La encuesta Casen constata que la pobreza, medida de diversas formas, ha disminuido de manera consistente desde 1990 a la fecha.[23] Por la otra, muestra que la desigualdad, la más alta entre los países de la OCDE, se mantiene. En otras palabras, los pobres son más ricos y los más ricos también. En el mar de la economía chilena la marea ha subido y todos los botes navegan mejor; pero los botes chicos siguen siendo chicos y los grandes, grandes.

Sin embargo, no parece haber razones para quejarse.

Desde luego, un reciente estudio de la movilidad social y la distribución del ingreso por cohortes[24] muestra que en Chile existe una alta movilidad intergeneracional y que la desigualdad disminuye sostenidamente entre las cohortes más jóvenes. En otras palabras, la igualdad estática seguiría siendo baja en Chile;[25] pero la igualdad dinámica se habría incrementado desde la década del 70 en adelante. La modernización que Chile ha experimentado —con la expansión del consumo en casi todas las esferas de la vida— habría acelerado la movilidad intergeneracional y la igualdad dinámica.

Por otra parte, si a un pobre le dieran a escoger en qué país vivir, si en uno muy desigual pero donde los pobres son cada vez menos o en uno más igualitario donde la pobreza se mantiene estable, es probable que escogiera al primero. Si empleara para guiarse en esa elección a los informes de la Cepal, no cabe duda que escogería a Chile: en ese informe Chile, entre 17 países, es el que aparece con los menores índices de pobreza multidimensional (la pobreza como acceso efectivo a bienes distintos del mero ingreso).[26] Así, si para saber qué país es más justo se atendiera a los peor situados, y no en cuán igualitaria es la distribución, Chile sería de los más justos de la región.

Pero, ¿son correctas esas conclusiones a la hora de juzgar la desigualdad de Chile?

Para saberlo es útil responder dos preguntas distintas. Una de ellas es descriptiva: ¿Quién lleva la mayor parte del ingreso? La otra es normativa: ¿Cómo debería repartirse el ingreso? Como es fácil comprender, son preguntas distintas. La primera dice cómo son las cosas, la segunda cómo deben ser.

La pregunta descriptiva es relativamente sencilla de responder. A la luz de la encuesta Casen, el diez por ciento más rico recibe 29,1 veces el ingreso autónomo del diez por ciento más pobre. Según otros datos, el uno por ciento percibe casi el 30 por ciento de los ingresos totales. Algunos estudios que consideran datos del SII concluyen, en efecto, que el ingreso per cápita del uno por ciento es 40 veces superior al per cápita del 81 por ciento de la población. Esos mismos datos del SII, cuando incluyen utilidades no distribuidas, que equivalen a ingresos de los propietarios de esas empresas, indican que el uno por ciento más rico se lleva el 30 por ciento del ingreso y el 99 por ciento de la población lo que resta.[27] Las cifras no son muy distintas cuando se analiza la distribución de los activos y los pasivos (la riqueza): el 20 por ciento más rico posee el 43 por ciento del total de los activos.[28]

La razón de esta distribución tan abrumadoramente desigual deriva del capital de toda índole —social, económico, cultural— que ese grupo del diez o del uno por ciento ha logrado acumular y mantener para sí gracias a múltiples estrategias que la literatura sociológica describe en abundancia: desde la estructura económica y la escolaridad, hasta el matrimonio y sus hábitos de sociabilidad. En la selva de la sociedad, hasta los modales y las emociones son una forma de capturar el poder y la riqueza. La estratificación social es, a fin de cuentas, una institucionalización de la desigualdad: ella distribuye el acceso diferenciado a la propiedad, el poder y el prestigio.

Sin embargo, alguien podría insistir: ¿qué hay de malo en esa desigualdad? ¿Por qué sería mala la desigualdad si, al mismo tiempo, ella va acompañada, como lo muestra la experiencia chilena, de una disminución creciente de la pobreza y de una mejora en la movilidad social?

3.

El examen de la desigualdad —en otras palabras, cuánta desigualdad es admisible— puede realizarse, como se dijo al inicio, desde dos puntos de vista generales. Uno de ellos es el punto de vista de la legitimidad sociológica; el otro es el punto de vista de la legitimidad que pudiéramos llamar moral. El punto de vista sociológico sugiere que la legitimidad de una distribución depende de la concepción de justicia que es socialmente predominante. El punto de vista moral afirma que una distribución es legítima si, en términos generales, fuese aceptada desde un punto de vista imparcial.

En lo que sigue, se revisan someramente cada uno de esos puntos de vista.

Como observan Habermas[29] o Esping-Andersen,[30] y antes de ellos T.H. Marshall,[31] uno de los problemas del capitalismo es el de mantener una distribución a la vez desigual y legítima del producto social.

Aparentemente, si se juzgaran las estructuras de distribución desde el punto de vista de la racionalidad neoclásica, habría fuertes incentivos para que los más desfavorecidos consideraran ilegítima, y no prestaran obediencia, a una distribución desigual. No obstante, como lo advirtió temprano A. Marshall, ello no es cierto si hay igualdad dinámica. Existiendo esta última —en sus palabras, si todo hombre pudiera aspirar a ser algún día un caballero—[32] las bases de la legitimidad están sentadas. Hay también otras explicaciones para el hecho de que una distribución desigual no sea siempre ilegítima. Una explicación plausible es que en toda sociedad hay implícita una concepción predominante de justicia, que es la que fija los límites de la legitimidad.[33] (En otras palabras, a la hora de evaluar la desigualdad existente en una sociedad cualquiera, lo socialmente relevante es la distancia que media entre la desigualdad que los individuos perciben en su vida cotidiana y aquella que consideran, desde un punto de vista normativo, justa). Como es evidente, lo que los chilenos piensan acerca de la desigualdad, particularmente salarial, posee consecuencias sociales de importancia. Si las creencias de los chilenos acerca de la brecha salarial existente se distancian mucho de la que creen es justa, entonces hay razones para pensar que la desigualdad es ilegítima; esto es, que los individuos no encuentran motivos para obedecerla y quedarse pasivos. Pero, al parecer, no es el caso. Por distintas causas (a mayor educación, mayor es la brecha salarial considerada justa; la gente con menores ingresos percibe menos brecha, etcétera), no parece haber amenaza de grave ilegitimidad de la desigualdad chilena.[34]

Es probable, además, que en particular los grupos medios tengan razones adicionales para legitimar, a primera vista, la desigualdad que perciben (descontado el hecho de que la desigualdad percibida parece ser menor que la real). Y es que la individuación que es propia de los procesos de modernización, la pérdida de vínculos que es resultado del deterioro de las comunidades y la expansión del consumo —todos fenómenos que Chile ha venido experimentando— estimulan la diferencia y la desigualdad. Es probable que los miles y miles de chilenos que en el curso de su sola vida han experimentado en las últimas décadas cambios que antes tomaban el tiempo de dos o tres generaciones experimenten su nueva situación, contrastada con la memoria de apenas anteayer, como el fruto de su esfuerzo, como la recompensa a su propio desempeño vital. Ellos no son iguales a los que ayer eran sus pares y no encuentran razones para derogar esa experiencia. La nueva cuestión social consiste en el establecimiento de desigualdades razonables.

La semilla de la meritocracia —la meritocracia concebida como el cultivo de una desigualdad razonable— está pues sembrada.

Esa cultura de la meritocracia —puede conjeturarse— es el principio con el que las nuevas clases medias comprenden su propia situación; la propia vida como el resultado del esfuerzo, cada uno como hijo de sus obras. No es el igualitarismo el que anima a esos grupos, sino la desigualdad y la diferencia (o lo que antes denominábamos una igualdad en sentido dinámico). Pero si la desigualdad es, prima facie, aceptable en la sociedad chilena, la pregunta clave es entonces: ¿Qué tipo de desigualdad es la inaceptable?, ¿cuál es la que no tiene justificación?

La respuesta a esa pregunta exige abandonar la legitimidad en sentido sociológico y ocuparse, brevemente, de la legitimidad en sentido moral o político. La legitimidad en sentido moral no debe, sin embargo, ser entendida en un sentido totalmente abstracto. La moral debe ser capaz de motivar a los actores (como ya observó Hegel en sus críticas a Kant), y por eso, cuando se examina la desigualdad desde el punto de vista moral se indaga por el patrón normativo que subyace a una sociedad moderna y democrática.

¿Cuál es ese patrón normativo?

La sociedad moderna descansa sobre un ideal de agencia. Conforme a este ideal, cada miembro de la sociedad es concebido como un sujeto capaz de trazar planes de vida idiosincrásicos y desenvolverlos conforme a su propio esfuerzo.

Sin embargo, ese ideal se ve empañado por la naturaleza y la historia.

Cuántos recursos posea cada uno, qué oportunidades comparezcan en su horizonte vital, en qué escalón, en suma, de la escala invisible del prestigio y del poder se estará situado, depende, en una medida difícil de determinar, pero sin duda importante, de los talentos naturales e innatos y del capital social o los marcadores culturales que le heredaron sus padres. Depende, en una frase, de cuál suerte le cupo en la distribución que efectúan la naturaleza y la historia. El ideal de agencia que subyace a las sociedades modernas exige, entonces, corregir la distribución espontánea de la lotería natural y la cuna. Ésa sería una de las tareas de la política.

Por supuesto, el ideal de agencia no es el único argumento en favor de un cierto nivel de igualdad. Se ha dicho, por ejemplo, que la igualdad de oportunidades en la vida es, en las sociedades contemporáneas, un requisito para la eficiencia.[35]

¿Cuál principio normativo podría orientar esa distribución, que sea consistente con el ideal de agencia que subyace a la modernidad y que, por lo mismo, sea capaz de motivar a los actores?

Uno de los más plausibles sugiere corregir los resultados de la suerte bruta (brut luck) y aceptar los de la suerte opcional (option luck): respetar las distribuciones que sean fruto del esfuerzo y las decisiones de cada uno, pero corregir las que sean fruto de circunstancias inmerecidas. Si bien este criterio general posee varias versiones (por ejemplo, la de Rawls,[36] la de Dworkin,[37] la de Cohen[38] o la de Anderson,[39] por mencionar las más conocidas) todas ellas derivan de la idea del ser humano como agente, como sujeto que vive su vida conforme a sus elecciones.

Así, entonces, para una sociedad democrática habría desigualdades y desigualdades. “Lo que odian los hombres —Tocqueville de nuevo, aunque la misma idea aparece en la actual literatura sobre la igualdad— es una clase de desigualdad más que la desigualdad en sí misma”.[40] Algunas desigualdades son merecidas y correctas, como las que reflejan diferentes cantidades de esfuerzo personal. Otras son inmerecidas e incorrectas, como las que derivan de factores meramente adscriptivos o hereditarios, que poco o nada tienen que ver con el desempeño o el esfuerzo personal. Más que escoger entre la igualdad y la desigualdad, las sociedades modernas escogen entre un tipo de desigualdad, erigida en torno a factores adscriptivos, y otra que es fruto del esfuerzo y el desempeño personal. A una sociedad democrática, entonces, no le repugna la desigualdad en sí misma (en esto las percepciones de los chilenos parecen estar en la senda correcta), sino la desigualdad que no es producto del mérito o el esfuerzo personal. Este tipo de desigualdad —el que deriva del desempeño de cada uno— es moralmente valiosa porque realiza el ideal de que la vida personal dependa de la voluntad de cada uno. Si usted tiene menos recursos porque decidió dedicarse a la contemplación mística y su vecino tiene abundantes porque hizo del esfuerzo cotidiano una religión, entonces ninguno tiene razón para quejarse: cada uno tiene lo que escogió. La vida en cada uno de esos casos sería el reflejo de las decisiones autónomas de cada uno, tanto del místico contemplativo como el del asceta que trabajó día a día.

¿Es correcta, a la luz de esos principios, la desigualdad chilena que la encuesta Casen denantes citada constata?

En Chile existen abundantes mecanismos a cuyo través las oportunidades y los recursos se distribuyen en base a criterios distintos al del esfuerzo y el desempeño. Por supuesto, como lo muestra la literatura sociológica, todas las sociedades tienden a distribuir recursos en base a factores adscriptivos (como la cuna o las diversas formas de status); pero algunas de ellas hacen esfuerzos deliberados por evitar que ello ocurra o que su influencia final sea mayor que la del esfuerzo. Para eso tratan que el sistema escolar sea independiente del ingreso de las familias; distribuyen con mayor igualdad bienes básicos, desde la vivienda y la salud al consumo cultural; y sancionan la discriminación (por ejemplo, la distribución de niveles salariales en base al aspecto o el linaje). El resultado es que esos países tienen menos pobres y a la vez son más iguales (lo que prueba, dicho sea de paso, que la desigualdad chilena no es necesaria para aminorar la pobreza).

Así, no tienen razón quienes afirman que el modelo chileno está en la senda correcta porque se ha mostrado eficiente para disminuir la pobreza. Por supuesto, hay que alegrarse de que los pobres disminuyan; pero ello no debe hacer olvidar que la sociedad chilena, a pesar de la movilidad que muestran las cohortes más recientes, está todavía lejos de los ideales que animan a una sociedad democrática concebida como una sociedad de iguales. Iguales no porque cada uno tenga lo mismo que cualquier otro, sino iguales porque cada uno tiene tanto como, a la luz de su esfuerzo, merece.

En este sentido, puede afirmarse que el desasosiego de la sociedad chilena no deriva de un rechazo de la desigualdad, sino más bien de un reclamo porque los patrones de desigualdad que guían a las instituciones sociales básicas respondan al principio de justicia que subyace a la modernización capitalista, a saber: que cada uno tenga tanto como esfuerzos hizo para obtenerlo. En términos hegelianos, habría que decir que el principal desafío del Chile contemporáneo, su principal desafío político, consiste en poner su realidad (la facticidad de las instituciones) a la altura de su esencia (del patrón normativo que les subyace); en una frase, no alcanzar la igualdad, sino legitimar la desigualdad.

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1 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 4-5. Rawls solió ser visto, a partir de algunas críticas de Sandel, como un kantiano que pensaba la justicia para seres descontextualizados. Después de Political Liberalism, está bastante claro que lo que Rawls perseguía tenía un tinte más hegeliano: explicitar las concepciones subyacentes a la cultura política de una democracia moderna.

2 La mención a Orwell y el vínculo con la ambivalencia frente a la igualdad fue sugerida por la lectura de Stuart White, Equality (Cambridge: Polity Press, 2007), 2.

3 George Orwell, Homage to Catalonia (Boston: Mariner Books, Kindle Edition), loc. 563.

4 Así en su Filosofía del derecho, § 124.

5 En la tradición sociológica, el tránsito desde la sociedad tradicional a la moderna es descrito, en forma casi unánime (por ejemplo, en Maine, Spencer, Durkheim o Tönnies), como un deslizamiento de las relaciones sociales desde posiciones adscritas o heredadas (estatus, comunidad, solidaridad mecánica) a posiciones sociales establecidas mediante arreglos voluntarios (contrato, sociedad, solidaridad organizada). Tocqueville no escapa a esa regla. Como ha observado P. Manent, en Tocqueville la democracia y la aristocracia operan como conceptos que envuelven la totalidad de la condición humana. Equivalen, pues, a formas de vida más que, estrictamente hablando, a regímenes políticos. Ver Pierre Manent, “Democratic Man, Aristocratic Man, and Man Simply. Some Remarks on an Equivocation in Tocqueville’s Thought”, en Modern Liberty and its Discontents, editado por Daniel J. Mahoney y Paul Seaton (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998), 69.

6 La expresión que Tocqueville emplea es “égalité des conditions” (De la démocratie en Amérique (París: Calmann Lévy Éditeur, 1888), tomo I). Por ella entiende, ante todo, la disolución de las jerarquías y la desaparición del privilegio estamental y hereditario. Como se insistirá luego, el concepto no excluye la desigualdad económica, pero exige la movilidad. La libertad de los antiguos, sugiere, estaba atada al privilegio de clases. Lo propio de la democracia no es suprimir las clases sino el vínculo entre libertad y privilegio. Véase Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución (Madrid: Daniel Jorro Editor, 1911), libro II, capítulo 11, 146.

7 Immanuel Kant, “On the Common Saying: This May Be True in Theory, but It Does Not Apply in Practice”, en Political Writings (Cambridge University Press, 1992), 75.

8 Para Marx la sociedad moderna aparece como un “inmenso arsenal de mercancías” que circulan mediante el contrato. En esa serie incesante de intercambios, explica Marx, existe una perfecta igualdad entre los partícipes, puesto que cada uno comparece como propietario de una mercancía, y cada contrato se rige, a fin de cuentas, por la ley del valor. Pero ese panorama que la sociedad moderna pone ante los ojos, piensa Marx, equivale sólo a la esfera de lo concreto. Lo abstracto que le subyace muestra la verdadera realidad: la apropiación del plusvalor en la esfera de la producción. Véase de Karl Marx, El capital. Crítica de la economía política, volumen II, sección segunda, capítulo IV (México: FCE, 1973).

9 Tocqueville, De la démocratie, tomo III, tercera parte, capítulo V, 297.

10 Tocqueville, De la démocratie, tomo III, segunda parte, capítulo X, 217.

11 Alexis de Tocqueville, L’Etat social et politique de la France avant et depuis 1789, en Oeuvres Complètes, edición definitiva publicada bajo la dirección de J.P. Mayer (París: Gallimard, 1952) tomo II, 46 (https://archive.org/stream/oeuvrespapierset00tocquoft/oeuvrespapierset00tocquoft_djvu.txt).

12 Igualdad dinámica en el sentido de un alto nivel, en los hechos, de movilidad social. Esta idea, por supuesto, implica desigualdad estática (desigual distribución en un momento del tiempo). Véase Jon Elster, Alexis de Tocqueville, the First Social Scientist (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), capítulo VII.

13 Tocqueville, El antiguo régimen, libro III, capítulo IV, 208.

14 Un ejemplo histórico de esas afirmaciones de Tocqueville se encuentra, dicho sea de paso, en el caso de Chile. Como alguna vez sugirió Aníbal Pinto, el Chile de 1970 poseía igualdad formal (como consecuencia de un sistema político expansivo), pero un sistema productivo incapaz de satisfacer las expectativas de igualdad en otras esferas de la vida. La salida era, insinuó, una de dos: o se cambiaba el sistema productivo (permitiendo que la igualdad se expandiera) o se cerraba el sistema político (inhibiendo así la fuente de la pasión por la igualdad).

15 Niklas Luhmann, Political Theory in the Welfare State (Berlín - Nueva York: Walter de Gruyter, 1990), 35.

16 Niklas Luhmann, Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia (Madrid: Trotta, 1998), 189.

17 Ibídem, 190.

18 Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995).

19 Para lo que sigue, véase W.N. Evans et al., “Assessing the Effect of Economic Inequality”, en Social Inequality, editado por K.M. Neckerman (Nueva York: Russell Sage, 2004), 933-936.

20 James Boswell, Vida de Samuel Johnson (Barcelona: Acantilado, 2007), 988.

21 Raymond Aron, Progress and Disillusion (London: Pall Mall Press, 1968).

22 Hay varios síntomas del fenómeno que las encuestas y estudios de opinión (por ejemplo, Encuesta Nacional Bicentenario PUC-GFK Adimark; Encuesta de Opinión Pública del CEP) han venido constatando: la paradoja consistente en que las personas evalúan bien su vida personal y su futuro, pero mal el de las instituciones en medio de las que su vida se desenvuelve; una creciente debilidad de las élites; un cierto desasosiego generacional entre quienes son hoy la generación más escolarizada de la historia de Chile; un temor creciente a que el bienestar se derrumbe como un castillo de naipes, etcétera.

23 Por ejemplo, en nueve años (2006-2015) la pobreza y extrema pobreza por ingresos ha disminuido desde 29,1 a 11,7 por ciento; la pobreza multidimensional para el mismo lapso disminuyó de 27,5 a 20,9 por ciento. Véase Casen 2015, Situación de la pobreza en Chile, http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Situacion_Pobreza.pdf.

24 Claudio Sapelli, Chile: ¿más equitativo? Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer, hoy y mañana (Santiago: Ediciones UC, 2016).

25 Aunque según lo muestra un reciente estudio del PNUD tiende a disminuir sea cual fuere el indicador cuantitativo que se utilice para medirla (Palma, Gini, razón de quintiles, etcétera). Ver PNUD, Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (Santiago: Uqbar Editores, 2017).

26 Cepal, Panorama social de América Latina (Santiago: Cepal, 2013).

27 Ramón E. López et al., “La ‘parte del león’. Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Serie Documentos de Trabajo n.º 379, FEN, Universidad de Chile, 2013.

28 Paulo Cox, Eric Parrado y Jaime Ruiz-Tagle, The Distribution of Assets, Debt and Income Among Chilean Households (Santiago: Banco Central de Chile, 2010).

29 Jurgen Habermas, Legitimation Crisis (London: Heinemann, 1976).

30 Gøsta Esping-Andersen, Why We Need a New Welfare State (Oxford: Oxford University Press, 2002).

31 T.H. Marshall, “Citizenship and Social Class”, en Class, Citizenship, and Social Development (New York: Anchor Books, 1965).

32 Véase The Future of Working Classes (1873). La expresión caballero llegó a ser el paradigma de la clase social, según observa Nisbet (The Sociological Tradition, 1966). Así, cuando Marshall, en los inicios de la expansión del capitalismo, afirma que todo hombre podrá llegar a ser algún día un caballero está, en realidad, afirmando el principio de la igualdad en sentido dinámico, la movilidad entre clases.

33 Por ejemplo: “From the perspective of social justice research, the significance of beliefs about the causes of poverty and wealth is that they show whether people consider the outcomes of the rules of the game in a society to be fair. In this they represent beliefs in the actual, or existential, justice of the social order. If the outcomes are unfair, then it seems reasonable to suppose that individuals would support measures to intervene in the distribution. Central to the idea of justice is the premise that in every society people create an implicit ‘social contract’, of which principles of distributive justice are a part. As long as people accept the social contract as being fulfilled, they accept social inequalities”. Svetlana Stephenson, “Public Beliefs in the Causes of Wealth and Poverty and Legitimization of Inequalities in Russia and Estonia”, en Social Justice Research 13, n.º 2 (2000): 84.

34 Compárese con Juan Carlos Castillo, “Legitimacy of Inequality in a Highly Unequal Context: Evidence from the Chilean Case”, en Social Justice Research 24, n.º 4 (2011): 314; y del mismo, The Legitimacy of Economic Inequality. An Empirical Approach to the Case of Chile (Boca Ratón: Dissertation.com, 2011).

35 Esping-Andersen, Why We Need, 3.

36 Asumiendo el marco institucional de igual libertad y el principio de igualdad de oportunidades, las altas expectativas y mejoras de los que ya están mejor situados son justas si y sólo si ellas son parte de un esquema que permite que vayan en favor de los menos aventajados. Véase Rawls, A Theory of Justice, 75. Como es fácil advertir, desde el punto de vista de la economía del bienestar, se trata de un principio tipo Kaldor-Hicks corregido.

37 Ronald Dworkin, “What Is Equality? Part 1: Equality of Welfare”, en Philosophy & Public Affairs 10 (1981): 185-246; “What Is Equality? Part 2: Equality of Resources”, en Philosophy & Public Affairs 10 (1981): 283-354.

38 Gerald Cohen, “Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities”, Louvain Economic Review 56, n.° 3/4 (1990).

39 Elizabeth Anderson, “What Is the Point of Equality?”, Ethics 109, n.º 2 (January 1999): 287-337.

40 Tocqueville, L’Etat social, 46.

Carlos Peña, “¿Cuánta desigualdad necesita la democracia?”, Estudios Públicos 147 (2017).

COMENTARIO

LA (DES)IGUALDAD: ¿SOCIAL O POLÍTICA?*

Beltrán Undurraga R.

Pontificia Universidad Católica

Beltrán Undurraga. Sociólogo y licenciado en filosofía. PhD en ciencia política por la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Académico del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica. Email: bfundurr@uc.cl.

* Versión revisada del comentario realizado en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP.

Resumen: Este comentario aborda la conferencia de Carlos Peña desde dos ángulos. Por una parte, señala que el origen dictatorial de la modernización capitalista vivida en Chile daña las credenciales democráticas de este nuevo ethos individualista y meritocrático. Por la otra, al centrar la reflexión en la igualdad social, dice el comentarista, se estaría perdiendo de vista la pregunta por la igualdad política.

Palabras clave: ideal igualitario, modernización, igualdad social, igualdad política.

(IN)EQUALITY: SOCIAL OR POLITICAL?

Abstract: This commentary discusses Carlos Peña’s lecture from two angles. First, it argues that the origin of Chile’s capitalist modernization project in the dictatorship has harmed the democratic credentials of this new individualistic and meritocratic ethos. The second contention is that the focus on social equality has distracted from the issue of political equality.

Keywords: egalitarianism, modernization, social equality, political equality.

Carlos Peña argumenta en su artículo que el desafío al que se enfrenta la sociedad chilena contemporánea consiste en velar por que las oportunidades de vida se distribuyan lo más posible conforme al esfuerzo individual y lo menos posible en función del privilegio heredado. Apoyándose en una lectura aguda de Tocqueville, Peña sostiene que, al momento de pensar la cuestión de la relación entre política e igualdad, debemos distinguir entre dos formas de igualdad: una “estática”, que aspira a posiciones iguales para todos en la distribución del bienestar y los recursos, y otra “dinámica”, que aspira a una igual posibilidad de moverse en la estratificación social. Desde la primera perspectiva —la de la igualdad de resultados—, cualquier desigualdad es ilegítima. La igualdad de oportunidades, en cambio, admite y legitima aquellas desigualdades que resultan del esfuerzo individual. En este sentido, la pasión por la igualdad que Tocqueville auscultó en el mundo moderno —sostiene Peña— no es la demanda por una mayor igualdad “estática”, sino la expectativa de una “igualdad dinámica”. Aspiramos a ser iguales en términos dinámicos, precisamente, con el propósito de poder diferenciarnos de los demás.[1] Lo que mueve al individuo moderno, podríamos decir, es una pasión por la desigualdad legítima que se corresponde con el ideal de agencia sobre el cual, según el autor, descansaría la modernidad: “Cada miembro de la sociedad es concebido como un sujeto capaz de trazar planes de vida idiosincrásicos y desenvolverlos conforme a su propio esfuerzo”.[2]

El análisis de Carlos Peña, sin embargo, va más allá de estas coordenadas relativamente familiares, al menos en dos sentidos. En primer lugar, señala un límite decisivo al que se ve enfrentado el “ideal igualitario” tocquevilleano en sociedades complejas, funcionalmente diferenciadas, donde no es posible aspirar a la igualdad en todos los subsistemas sociales, pues cada uno sigue su propia lógica operativa, indiferente a lo que acontece en otros subsistemas. Así, la suerte que un individuo pueda tener en el sistema económico no prejuzga el grado de inclusión/exclusión que pueda experimentar respecto a otro sistema, como la política, el arte, el derecho o la religión. En palabras de Peña: “Si usted tiene menos recursos porque decidió dedicarse a la contemplación mística y su vecino tiene abundantes porque hizo del esfuerzo cotidiano una religión, entonces ninguno tiene razón para quejarse: cada uno tiene lo que escogió”.[3] (Presumiblemente, el vecino tampoco puede quejarse del prestigio que ostenta el místico en la esfera de la religión, pues también está basado en inversión individual de tiempo y esfuerzo). Existe entonces una desigualdad adicional, que es distinta tanto de aquella que proviene del desigual mérito como de aquella que resulta del privilegio arbitrario; una desigualdad que no es ni legítima ni ilegítima, pues, aun si la sociedad distribuyera las oportunidades de vida únicamente en función del mérito individual, el realismo sociológico enseña que la igualdad dinámica puede actualizarse en algunos ámbitos de la vida cotidiana pero no en otros, ni menos en todos. Aspirar a una igualdad de oportunidades efectiva en todas las esferas en que ésta puede en principio demandarse y ejercerse, parece sugerir Peña, es tan insostenible como aspirar a una igualdad estática de resultados.

En segundo lugar, esta apuesta por una política orientada a atenuar el efecto de la desigualdad inmerecida se vería reforzada además por el hecho de que la demanda por igualdad dinámica habría sido apropiada por los propios chilenos —internalizada como fundamento motivacional de las conductas y los proyectos de vida— como resultado del proceso de “modernización capitalista” desplegado durante las últimas décadas. Así, y al igual que en muchas de sus intervenciones públicas, Carlos Peña apoya su posición invocando la idea de que la profunda transformación de las condiciones materiales de existencia experimentada en las últimas décadas habría forjado un nuevo sentido común meritocrático en la sociedad chilena. Aquellos que vivieron en carne propia y de forma súbita los beneficios materiales de “la subida de marea del mar económico chileno”, conjetura el autor, habrían experimentado su nueva situación “como la recompensa a su propio desempeño vital”.[4] Esa vivencia habría re-formateado el habitus del chileno medio y generado el principio de legitimidad con que ahora se juzga el diseño y el desempeño de las instituciones. Al hacer esto, Peña se separa de la argumentación filosófica abstracta otorgándole un sustento sociológico al ideal de (des)igualdad legítima que se invoca para juzgar nuestra política democrática.

En lo que sigue quisiera elaborar dos comentarios críticos al planteamiento de Carlos Peña, uno interno y el otro externo. El primero dice relación con la narrativa de la modernización capitalista que el autor invoca para fundar el ethos meritocrático al que alude (1). En segundo lugar, sostengo que al centrar la reflexión en la igualdad social perdemos de vista la pregunta por la igualdad política (2).

1.

Como bien sabemos, la modernización capitalista —que según Peña habría detonado en el chileno medio aquella pulsión por distinguirse de los demás sobre la base del desempeño personal— fue impuesta a la fuerza en el marco de un régimen autoritario: sin espacio público, vale decir, sin consenso y sin disenso. Lo anterior se vuelve particularmente problemático, justamente, cuando consideramos la relación entre política democrática e igualdad, en tanto la igualdad que corresponde a la esfera política no es sencillamente la igualdad de oportunidades (por ejemplo, para ejercer cargos públicos), sino la igualdad de todos los ciudadanos como potenciales partícipes en lo que Habermas llama la formación de la opinión y la voluntad políticas, que sólo puede ser racional y legítima cuando satisface condiciones básicas de publicidad, y de la que resulta el tipo de sociedad —codificada en el ordenamiento jurídico— en la que queremos vivir. Habría entonces un vicio de origen que compromete las credenciales democráticas de este nuevo ethos individualista y meritocrático al que alude Peña, pues el principio de justicia que anima nuestro imaginario democrático sería la criatura de un proceso no democrático, que violó el ideal de agencia autónoma que el propio autor defiende.

Junto con lo anterior, cabe preguntarse cómo sería posible conciliar la tesis de que las clases medias han llegado a ver “la propia vida como resultado del esfuerzo” con el hecho de que en Chile, tal como el propio Carlos Peña viene insistiendo hace tiempo, “existen abundantes mecanismos a cuyo través las oportunidades y los recursos se distribuyen en base a criterios distintos al del esfuerzo y el desempeño”.[5] La cuestión depende por supuesto de cuál es el peso específico que esos mecanismos ilegítimos han tenido en la distribución de las oportunidades de vida. Y aquí el autor se ve atrapado en un dilema. Por un lado, si esos mecanismos no son (o han dejado de ser) determinantes a la hora de distribuir las oportunidades, entonces no hay un problema político respecto a la desigualdad, pues esta última sería resultado del mérito individual y, por tanto, legítima. Si, por otro lado, esos mecanismos de reproducción intergeneracional del privilegio sí son significativos y, tal como señala Peña, “abundantes”, entonces tendríamos que concluir, en primer lugar, que la mejora en las condiciones materiales de vida de las clases medias ha sido resultado no tanto del esfuerzo individual, sino más bien del “chorreo” económico, y, en segundo lugar, que la mentada pulsión meritocrática es en realidad falsa conciencia, o ideología en el sentido de Althusser: un cuento o representación de la relación imaginaria del individuo con sus condiciones materiales de existencia, distinta de la relación real.[6] Como Peña ciertamente no suscribe esta interpretación y sostiene, por el contrario, que la experiencia de la propia autoría del bienestar material no tiene por qué ser derogada, tendría entonces que explicarnos cómo ha sido posible que nuestra realidad empírica —en la que los privilegios de la cuna priman por sobre la distribución en base al esfuerzo— haya engendrado una autocomprensión (“cada uno como hijo de sus obras”) que es la imagen más o menos invertida de esas circunstancias. El problema de fondo parece radicar en que la modernización capitalista a la que se alude es profundamente inconsistente —o profundamente astuta—, pues habría producido al mismo tiempo un patrón normativo meritocrático y las condiciones empíricas que sistemáticamente lo defraudan.

Así, cuando Carlos Peña concluye que “el principal desafío del Chile contemporáneo, su principal desafío político, consiste en poner su realidad (la facticidad de las instituciones) a la altura de su esencia (del patrón normativo que les subyace)”,[7] cabe preguntarse por la naturaleza de esa “esencia”. Pues, para llevar a cabo semejante crítica inmanente de las instituciones sociales, se requiere en primer lugar contar con ella o algún equivalente que funja de principio. Pero, tal como acabo de plantear, no está para nada claro que aquel patrón pueda colegirse —normativa o empíricamente— a partir de la facticidad de lo social. Si vamos a insistir en principios y patrones normativos, tal vez haríamos bien en no apegarnos tanto a la realidad al momento de fundamentarlos. Si la historia chilena reciente no da el ancho, habría por ejemplo que volver nuevamente al viejo Habermas y concluir que la distribución de los derechos y las oportunidades nunca será una distribución equitativa, a menos que la propia comunidad jurídica sea la que acuerde cómo va a entender lo igual y lo desigual, cómo va a medirlo y eventualmente corregirlo.[8] El desafío, entonces, consistiría en desvincular el principio normativo de la igualdad dinámica del contexto político autoritario en que se incubó la mentada modernización capitalista, e intentar elaborar una narrativa más compleja y matizada que la ofrecida por el autor.

2.

Carlos Peña sostiene que “la nueva cuestión social consiste en el establecimiento de desigualdades razonables”.[9] Estando de acuerdo en que la política democrática está autorizada a velar por que la desigualdad en la distribución de los bienes materiales y simbólicos sea en función del esfuerzo y no de la cuna, discrepo de que éste sea el desafío más relevante suscitado por la pregunta acerca de la relación entre política e igualdad. Discrepo, porque, al centrar la reflexión en la igualdad social, se nos escapa la cuestión de la igualdad política.

En lo que resta, quisiera desarrollar este punto problematizando uno de los argumentos sociológicos de fondo que hay detrás del planteamiento de Carlos Peña. Me refiero a la tesis acerca de la diferenciación de la sociedad moderna en distintas esferas sociales autónomas. La idea tiene una larga tradición en el pensamiento social. Max Weber, por ejemplo, las llamó esferas de valor,[10] mientras que Pierre Bourdieu empleó la figura de los campos.[11] En su artículo, sin embargo, Peña opta por la versión de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann.[12] En este contexto, cabe señalar que esta última, junto con postular que la sociedad moderna opera en torno a sistemas funcionalmente diferenciados y operativamente autónomos como la economía, la ciencia, la política, la religión, el arte o el derecho, afirma asimismo que esta sociedad —funcionalmente diferenciada— carece de un centro: ningún subsistema es capaz de intervenir en las operaciones de los otros, ni de ofrecer a la sociedad una representación completa de ella misma, dos lujos que se habrían abolido con el paso de las sociedades estamentales a las funcionalmente diferenciadas.[13]

De este modo, Luhmann nos diría que la economía —para tomar el ejemplo que va más a contrapelo del sentido común— estaría en pie de igualdad con la política, el derecho o la ciencia: estructuralmente incapacitada para interferir en ellas, y de imponer su visión de lo humano y lo social al resto de la sociedad. En otras palabras, se admite teóricamente la desigualdad y por tanto la lucha dentro de los distintos subsistemas, pero no la desigualdad y el conflicto entre ellos. Esta última es la lucha que fascinaba a Weber en su discusión sobre el “politeísmo de los valores”, y cuyo resultado —creía él— sólo podía determinarlo el destino, es decir, la historia.[14] Es también la que interesó a Bourdieu en su análisis de la “estructura quiasmática” del campo del poder, en el que el capital económico y el capital cultural luchan por imponerse como principio dominante de la dominación.[15] La posición de Luhmann, en cambio, ve esas luchas como un resabio del mundo premoderno, estructuralmente condenadas a la marginalidad.[16]

Habría que señalar que, a diferencia de la tesis analíticamente distinta e incontrovertible según la cual la sociedad se diferencia o sectoriza en múltiples esferas, la tesis luhmanniana sobre el carácter a-céntrico de las sociedades complejas, su insistencia en la igualdad funcional de los distintos sistemas, es empíricamente cuestionable, y probablemente ideológica. Limitándonos al caso de Chile, si hay algo que hemos aprendido en los últimos años es cómo el poder económico y la motivación monetaria colonizan y violan la autopoiesis[17] de otras esferas como el derecho y la política. Mi propósito aquí no es desarrollar este argumento ni sustentarlo más allá de lo que indica el sentido común, sino aventurar la hipótesis de que al pasar por alto el conflicto entre los distintos campos de la vida social (entre la economía, la ciencia, la política, el derecho, el arte, la religión, etcétera) se nos escapa una dimensión importante pero escasamente explorada de la relación entre política e igualdad.

Si pensamos la política como la construcción del mundo común, sucede que una parte significativa de esa construcción está mediada por la discusión ciudadana en la esfera pública, aquella formalmente garantizada en la Constitución bajo la forma de derechos políticos básicos. Así entendida, la política —a diferencia de otras esferas como los negocios o el deporte— no puede en principio tolerar ninguna exclusión, ni las que resultan de desigualdades arbitrariamente fundadas, ni aquellas que provienen de un desigual esfuerzo individual. Pensada sociológicamente, y tal como sugiere el título de la intervención de Carlos Peña, la democracia necesita cierto tipo y cantidad de desigualdad social. La participación en la esfera pública, en cambio, remite a una idea incondicional de igualdad: no podemos excluir a nadie de la vida pública sobre la base del mérito o el logro personal en una u otra de las distintas esferas sociales.

En este contexto, creo que un camino para pensar la igualdad políticamente se abre si dirigimos la atención a aquellas disputas donde lo que está en juego no es tal o cual distribución de bienes o prestigio, ni el mérito que determinados individuos o grupos puedan tener para reclamar posiciones dominantes, sino lo dado de la vida pública misma: los parámetros —podríamos decir— que determinan qué es lo que cuenta como objeto común a la comunidad, y quiénes son los sujetos que cuentan como capacitados para nombrarlo y debatirlo. Y es aquí donde la “desigualdad”, o la dominación entre campos o sistemas funcionales, se vuelve políticamente relevante.

En Chile, la economía y el discurso economicista que la acompaña gozan de un privilegio desmesurado en la definición de las coordenadas básicas del espacio público. Un breve ejemplo puede servir para ilustrar este punto. Sabemos que las educadoras de párvulos vienen alertando hace décadas sobre la importancia de la educación de la primera infancia, aquella que va desde el nacimiento a los seis años. Pero no fue hasta que los economistas devotos de la ecuación de James Heckman introdujeron el tema como variable en sus modelos que la educación de la primera infancia comenzó a instalarse en el debate público. Aquí nos enfrentamos a un tipo de desigualdad distinta de aquella que ofende al patrón normativo de tipo meritocrático que articula Carlos Peña. En este contexto lo que importa no son las desigualdades —merecidas o no— dentro de un determinado sistema, sino la desigual posibilidad de definir los parámetros de lo público que otorga la pertenencia a campos funcionalmente dominantes.

Esta autoridad cultural de la que gozan ciertas formas de experticia técnica, tal como muestra nuestra experiencia reciente, puede ser desafiada. Estas disputas tienen un estatus especial porque en ellas, tal como ha mostrado Jacques Rancière, se pone en escena la igualdad entendida como la capacidad que cualquiera tiene para conversar sobre los asuntos comunes.[18] No basta con ser portador de derechos civiles y políticos básicos; hay que tomárselos en serio, hacerlos valer y atreverse a invocar la igualdad como premisa de la acción, y no como meta indefinidamente postergada de las políticas públicas. Cuando un actor aparece en la escena pública para disputarle al experto la definición de los problemas y de los interlocutores válidos, ese actor individual o colectivo no está afirmando la igualdad dinámica de la que habla Peña, ni exigiendo que le reconozcan su mérito en tal o cual esfera de actividades, sino que está poniendo en escena —verificándola— aquella igualdad política suya que consiste en su igual capacidad de hablar de lo público. Escenas de este tipo, en las que la pregunta por la relación entre política e igualdad se vuelve radical, han abundado a propósito de las movilizaciones estudiantiles, donde secundarios y universitarios les han disputado a los expertos y economistas la capacidad de hablar sobre la educación, de definir los problemas y plantear soluciones.

Políticamente hablando, el problema no es que haya ilegítimos ganadores y perdedores en la distribución del capital económico, social y simbólico en las distintas arenas sociales, sino la ilegítima consolidación de ciertos campos y discursos como cuasi-monopolizadores de la definición de los objetos dignos de contar como comunes, y de los sujetos autorizados para reunirse como público en torno a ellos. Aunque la igualdad entendida como movilidad merecida en la estratificación es sin duda importante, necesitamos articular una vinculación más audaz entre política democrática e igualdad, donde lo relevante no sería tanto “cuánta” desigualdad social podemos tolerar, y “de qué tipo”, sino cómo actualizamos o ponemos en escena nuestra igualdad política. Pensar políticamente la relación entre política e igualdad exige comprender la igualdad no como principio normativo de organización de lo social, sino como el principio político-democrático que viene a subvertir el cierre prematuro e ilegítimo de lo público. EP

1 Ver Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (Madrid: Taurus, 1988).

2 Carlos Peña, “¿Cuánta desigualdad necesita la democracia?”, Estudios Públicos 147 (2017): 111.

3 Ibídem, 113

4 Ibídem, 111.

5 Peña, “¿Cuánta desigualdad?”, 113.

6 Louis Althusser, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en Ideología y aparatos ideológicos del Estado: Freud y Lacan (Buenos Aires: Nueva Visión, 1988).

7 Peña, “¿Cuánta desigualdad?”, 114.

8 Jürgen Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (Madrid: Trotta, 1998), capítulo III.

9 Peña, “¿Cuánta desigualdad?”, 111.

10 Max Weber, “Teoría de los estadios y direcciones del rechazo religioso del mundo”, en Ensayos sobre sociología de la religión, tomo I (Madrid: Taurus, 1987).

11 Pierre Bourdieu, “Algunas propiedades de los campos”, en Sociología y cultura (México: Grijalbo, 1990), 135-141.

12 Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad (México: Herder, 2007), Capítulo 4.

13 Niklas Luhmann, Observations on Modernity (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998), Capítulo 1.

14 Max Weber, “La ciencia como vocación”, en El político y el científico (Madrid: Alianza, 1967).

15 Pierre Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual (Buenos Aires: Folios, 1983). En las sociedades modernas habría dos principios mayores de jerarquía social que compiten y configuran la lucha por el poder: la distribución de capital económico (el principio dominante) y la distribución de capital cultural (el segundo principio de jerarquía).

16 Sobre el transcurso sui generis de la diferenciación funcional en América Latina, ver Aldo Mascareño, Diferenciación y contingencia en América Latina (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010).

17 La autopoiesis es un concepto proveniente de la biología del conocimiento de Maturana y Varela. Luhmann recoge este concepto para caracterizar los sistemas sociales que, al igual que los sistemas biológicos, producen ellos mismos las redes de elementos y operaciones que los constituyen. Ver Humberto Maturana y Francisco Varela, De máquinas y seres vivos (Santiago: Editorial Universitaria, 1972) y Niklas Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general (Barcelona: Anthropos, 2007).

18 Jacques Rancière, El desacuerdo. Filosofía y política (Buenos Aires: Nueva Visión, 1996).

CONFERENCIA

LA DIFÍCIL RELACIÓN DE LA DERECHA CON LA IGUALDAD*

Joaquín García-Huidobro

Universidad de los Andes

Joaquín García-Huidobro. Abogado por la Universidad de Chile. Doctor en filosofía y en derecho por las universidades de Navarra y Austral de Buenos Aires, respectivamente. Email: jgh@miuandes.cl.

* Versión revisada de la conferencia realizada en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP. El autor expresa: “Agradezco las observaciones de Renato Cristi, Claudio Alvarado, Carolina Bruna, Daniel Mansuy, Matías Petersen y Joaquín Fermandois”.

Resumen: En esta conferencia el autor realiza un recorrido histórico por la relación que ha existido entre la derecha y la igualdad. Pese a que esta relación no se ha caracterizado por ser estrecha, ve con buenos ojos cómo ha irrumpido una nueva generación de pensadores que, desde este territorio, se “caracterizan por su aproximación específicamente política al problema de la igualdad”. Con ellos, el eje libertad-igualdad como correlato del eje derecha-izquierda podría matizarse o quedar devaluado.

Palabras clave: derecha, igualdad, desigualdad, historia política, desarrollo intelectual.

THE POLITICAL RIGHT’S TROUBLED RELATIONSHIP WITH EQUALITY

Abstract: The author of this lecture carries out a historical review of the political right’s relationship with equality. Although this relationship has not been a close one, he is encouraged by the rise to prominence of a new generation of thinkers in Chile who are “characterized by their specifically political approach to the problem of equality”. With them, the liberty-equality polarity as a correlate of the right-left polarity could be qualified or devalued.

Keywords: political right, equality, inequality, political history, intellectual development.

Son innumerables los autores que contraponen libertad e igualdad como dos principios excluyentes.[1] En este esquema, la derecha sería el sector político que privilegia la libertad, mientras que la izquierda se afirmaría en la igualdad. Esta concepción ha pasado a formar parte del sentido común de la vida política de muchos países, Chile incluido, y por eso no puede llamar la atención que tanto los políticos como los intelectuales que adscriben a la derecha no se preocupen especialmente (o mantengan una relación problemática) con la igualdad, temerosos como están de que ella nos pueda llevar al igualitarismo. De este modo, la igualdad es “un ideal que parece ser relativamente incómodo para la derecha”.[2] En las páginas que siguen se busca ilustrar esta relación desde un punto de vista histórico, tanto antes (1-2) como después del régimen militar (3); en esta parte del trabajo se reseñarán algunos hechos que serán bien conocidos por los lectores chilenos, pero que resultan importantes para dar una visión de conjunto. Posteriormente se mostrará la debilidad intelectual de la derecha ante este problema (4), para terminar con el abrupto cambio que en ese sector significa la irrupción en los últimos años de una nueva generación de intelectuales (5) que se caracterizan por su aproximación específicamente política al problema de la igualdad (6), lo que lleva a pensar que el eje libertad/igualdad como elemento distintivo de la diferencia entre derecha e izquierda quizá resulte hoy inadecuado para caracterizar a una parte intelectualmente relevante de la derecha chilena.

1. UNA LECCIÓN NO APRENDIDA

Un genuino reaccionario es alguien suficientemente pesimista como para saber que es imposible volver al pasado. Pensemos, por ejemplo, en Nicolás Gómez Dávila o, para ir un poco más lejos, en Joseph de Maistre. Cuando se leen sus Consideraciones sobre Francia, en las que reflexiona acerca de la Revolución Francesa, nos encontramos con que, a la hora de describir el antiguo régimen, no aparece una exaltación nostálgica del mismo, sino una crítica tan severa que resulta fácil pensar que esa gente realmente se merecía la guillotina. En su caso, De Maistre realiza toda una interpretación teológica que lo lleva a afirmar que la revolución fue el castigo de Dios por los crímenes, la insensibilidad y la frivolidad de la aristocracia y la realeza.[3]

Guardando las distancias, nosotros los chilenos también tuvimos nuestro propio intento de revolución, no tan dramática y sangrienta como la francesa (quizá porque nuestros crímenes no eran tan grandes, o simplemente porque el carácter chileno es distinto), pero revolución al fin. Su nombre fue “Unidad Popular”.[4] Las interpretaciones habituales de la derecha chilena sobre este fenómeno (me refiero a las interpretaciones de salón, que suelen ser aquellas a las que este sector político les da importancia) son relativamente sencillas: además de la acción del marxismo, destaca la culpa de la Democracia Cristiana, cuya miopía política la llevó a insistir en la candidatura de Tomic, que no tenía ningún destino, y cuyos votos dieron el triunfo en el Congreso pleno al candidato socialista; de otra parte, está el hecho de que durante años “se sembró el odio” en el país, también por parte de un amplio sector de la DC. En fin, para estos análisis se trata siempre de factores externos e infaustos, que contribuyeron a que Chile se embarcara en una experiencia que no resistía la más elemental prueba de cordura. Son, además, interpretaciones que se ajustaban perfectamente a los esquemas propios de la Guerra Fría.

Hay que notar que, a diferencia de Joseph de Maistre, no encontramos ninguna autocrítica en la comprensión que la derecha tiene del pasado chileno. Si se examinan, por ejemplo, los discursos oficiales del régimen militar, se verá que el factor dominante en su análisis de la historia reciente fue siempre la acción destructiva del marxismo. No pretendo negar que esto sea verdad, pero dicho de esa manera, sin más matices ni distinciones, se transformó en una caricatura que impidió ver el resto de la realidad. No existe en estos discursos un análisis de la responsabilidad de un determinado sector político y social —a saber, la derecha y la entonces llamada “clase alta”— en la gestación de esa crisis. Sólo hay algunas excepciones aisladas, anteriores a 1973, como la crítica nacionalista de Pablo Rodríguez a la derecha tradicional en su libro Entre la democracia y la tiranía (1972), una obra que ha pasado al olvido.[5]

De este modo, no nos puede extrañar que, si los factores que llevaron al experimento de la Unidad Popular sólo tuvieron un carácter externo, resulte muy clara la respuesta a una pregunta elemental: ¿Qué aprendieron “los ricos” (para usar el lenguaje del Puro Chile o el Clarín, aunque también de Rousseau) de la experiencia de la Unidad Popular? Como se estimó que este experimento se debió tan solo a la acción del marxismo internacional y a la sistemática siembra de odio que llevaron a cabo los grupos que se le adscribían y el ala izquierda de la Democracia Cristiana, no hubo necesidad de hacer un examen de conciencia que llevara a cambiar de manera profunda ciertas actitudes y modos de vida habituales en ese grupo social. En suma, parece que no aprendieron nada, absolutamente nada.

Es más, como a partir de 1975 se puso en marcha una economía de mercado que relativamente pronto —en torno a 1978— empezó a dar frutos, aunque fuesen unos frutos modestos y alcanzaran sólo a una parte de los chilenos, se podría decir que ese sector de la sociedad recibió el mismo mensaje que Guizot, el ministro de Luis Felipe de Orleans, entregaba a los franceses: Enrichissez-vous! (“¡enriqueceos!”).[6] Este llamado fue seguido con particular éxito por el grupo social que Marx llamaba la “aristocracia financiera”, cuyos niveles de riqueza crecieron de manera exponencial. De este modo, los encantos del mercado libre permitieron que muy pronto se borraran de las mentes de los chilenos más privilegiados las pesadillas de la Unidad Popular.

Con todo, la economía libre y la democracia son dos prácticas sociales que tienen muchas ventajas, pero cuyo buen funcionamiento supone un determinado ethos social, un cierto estilo de vida. Pero, como ha mostrado Böckenförde, ni la democracia ni el mercado son capaces de producir el fundamento que los hace posibles, y en el caso de la democracia liberal bien puede terminar erosionándolo.[7] Es importante tener presente esta circunstancia, porque la diferencia fundamental que existe entre la puesta en marcha de la economía social de mercado en la Alemania de fines de los cuarenta y comienzo de los cincuenta, y el Chile de la segunda mitad de los setenta y la década siguiente no está sólo en las fuertes desemejanzas entre el capitalismo alemán (o economía de mercado coordinada)[8] y la Escuela de Chicago a propósito, por ejemplo, del papel del Estado. De modo mucho más radical, el contraste se observa entre los hábitos de sobriedad y autolimitación alemanes, notorios en las clases dirigentes de ese país, y la progresiva ausencia de esos estilos de vida en el equivalente sector social chileno durante los últimos 40 años.[9] La posesión de ciertos hábitos de autorrestricción les hizo más fácil a los grupos mejor situados en la sociedad alemana aceptar limitaciones a su propio poder, y no tener grandes objeciones, por ejemplo, ante el desarrollo de sindicatos fuertes en sus empresas. Dicho con otras palabras, para ellos la obtención de ciertos niveles de igualdad no era una situación indeseable, sino una condición para la subsistencia misma del sistema. Esto trae, como contrapartida, una actitud en los sindicatos muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver entre nosotros. Así, por ejemplo, ellos pueden tomar la iniciativa para proponer reducciones salariales en épocas de crisis, a cambio de estabilidad laboral;[10] también llama la atención su escaso interés (en comparación con otros países) por recurrir a la huelga como modo de resolver los conflictos. La pregunta obvia es la siguiente: cuando examinamos la relación entre empresas y sindicatos, ¿qué es lo que resulta diferente en el caso alemán? ¿Son distintos los sindicatos o la diferencia se origina también en las clases dirigentes? Ciertamente, la experiencia de una guerra y la cercanía con la Alemania Democrática fueron, en el caso alemán, dos estímulos muy poderosos para que las clases dirigentes estuvieran dispuestas a hacer continuos ajustes al sistema e incluso impulsaran reformas, sin necesidad de la presión de otros.[11] En el caso chileno, en cambio, la experiencia de la Unidad Popular fue relativamente breve, y Cuba, China o la RDA estaban a muchos kilómetros de distancia, a lo que se suma el hecho de que las clases directivas contaban con los militares para mantener a raya cualquier intento de acercar a Chile estos sistemas. En suma, los grupos dirigentes delegaron en los militares la tarea de mantener el país en orden y proteger el sistema social de la amenaza del marxismo, mientras dichos grupos se dedicaron a gozar con creciente intensidad de los beneficios del sistema en su vida privada. Y como era evidente que muchos chilenos empezaron a experimentar una mayor prosperidad, ese hecho les tranquilizó cualquier duda de conciencia que pudieran albergar acerca de la necesidad de promover mayores niveles de igualdad. Este fenómeno de privatización de gran parte de las clases dirigentes corrió paralelo al desprecio por la política. Así, Chile pasó de ser un país hiperpolitizado[12] a una situación en que los partidos eran demonizados y la actividad política parecía haberse vuelto superflua.

2. DE LA ARISTOCRACIA AL ABC1

Pero hay más. Hasta la década de los sesenta, la derecha chilena tenía un fuerte componente rural.[13] Muchos de sus integrantes más connotados vivían en el campo y en el mundo rural encontraba buena parte de su apoyo electoral. A diferencia de aquella derecha que provenía de las finanzas o la minería, que tenía escaso contacto con las clases populares,[14] este sector social que mantenía una cercanía al campo se caracterizaba por un paternalismo, propiciado por la estructura que tenía la hacienda,[15] que permitía un contacto directo con los campesinos. En un esquema de este tipo, el problema de la desigualdad no es relevante, porque unos y otros consideran que las desigualdades económicas y culturales tienen un estatuto muy semejante a las diferencias de estatura y color de piel: son simplemente un dato con el que hay que contar.

Por su ligazón a la tierra y su posición en la sociedad, este grupo tenía muchas de las virtudes y de los defectos propios de las aristocracias rurales. Entre aquéllas, estaba una cierta aversión a lucir la riqueza, cuando se la poseía.[16] En eso se diferenciaba de la nueva aristocracia que se había originado en la minería. Además, tenía un fuerte sentido patrio y era un grupo cerrado, que mantenía una distancia crítica respecto de la clase media.[17] Con la reforma agraria de Frei y Allende,[18] y muy especialmente con la modernización capitalista de Pinochet,[19] la clase dirigente de impronta rural se empobreció y, sobre todo, perdió por completo su relevancia social y su peso político.[20] Para bien o para mal, la sociedad se reorganizó de otro modo, y las formas típicas de la antigua y por cierto bastante ineficiente empresa paternalista (cuyo prototipo estaba en el campo, pero también se presentaba en las viejas empresas que habían crecido al amparo de la política de substitución de importaciones) fueron reemplazadas por formas de organización económica más dinámicas y competitivas, pero completamente anónimas. Los miembros de ese grupo social que tuvieron éxito fueron los que se adaptaron a los nuevos tiempos, y abandonaron su estilo rural o introdujeron en el mundo rural esquemas de trabajo propios de la empresa urbana.

Con el tiempo, los ingresos de muchos chilenos fueron mejorando y su nivel de vida subió ostensiblemente, lo mismo que sus aspiraciones. Pero el reverso de esta mejoría está dado por el hecho de que existe una seguridad significativamente menor acerca de la mantención de los puestos de trabajo. En rigor, cada empleado sabe que basta con que se aproxime una crisis o se ponga en marcha un proceso de reingeniería que apunte a eliminar la “grasa” de la empresa (como se dice en el lenguaje de los administradores) para que, de un día para otro, pierda su puesto de trabajo y comience a formar parte del grupo de los cesantes.[21] Esa precariedad hace imposible desarrollar vínculos afectivos con la empresa o con el sistema económico mismo. Esos vínculos parecen absolutamente irrelevantes para el instrumental económico usual, y son objeto de escasa atención, pero desde el punto de vista político resultan fundamentales.

Visto desde otra perspectiva, lo que hubo en Chile de aristocracia (con todas sus limitaciones, abusos y arrogancia) fue reemplazado por el ABC1. La pertenencia al primero de esos grupos, desde la Antigua Grecia hasta el Chile rural que cantaban los Quincheros en sus inicios en 1937, imponía ciertos deberes (noblesse oblige). Es lo que podríamos llamar unos deberes de clase, que se transmitían de generación en generación, aunque muchas veces no se cumplieran. En efecto, la literatura está llena de esos ejemplos poco edificantes, como Gran señor y rajadiablos (1948), de Eduardo Barrios. Pero precisamente esas novelas pudieron existir y tener fuerza porque describían comportamientos que eran la negación de un determinado ethos social que se supone exigible a una aristocracia. Dicho con otras palabras, ellas juegan con nuestra natural repulsión a la hipocresía, porque se basan en el contraste entre ser y deber ser. Ser parte del ABC1, en cambio, constituye una categoría meramente descriptiva, que no impone deber alguno (por esta razón, aunque la desigualdad de antes era mucho mayor, la actual produce más molestia entre quienes la padecen: es muy poco estética). Una de las películas más famosas que ha producido Hollywood nos muestra, de manera dramática, ese cambio. En “Lo que el viento se llevó” (1939) vemos precisamente la transformación de Scarlett O’Hara, que, para sobrevivir a los nuevos tiempos que derivan de la derrota sureña en la Guerra de la Secesión, abandona cualquier resto de estilo de vida aristocrático y toma las peores prácticas de la sociedad burguesa, incluida una explotación sistemática de sus empleados. Ella resulta particularmente paradójica porque, abolida ya la esclavitud, significa tratar a los hombres de manera mucho peor que la que regía en Tara, la vieja hacienda de su familia.

3. LA CONCERTACIÓN Y LA NUEVA MAYORÍA

La experiencia del Chile de la Concertación no alteró sino que intensificó la lógica de este sistema. Es más, en esa época se incorporaron nuevos actores al mismo, personas que en los años sesenta y setenta habían abrazado las causas revolucionarias y que ahora se mostraban como los más diestros capitalistas. Este fenómeno no sólo se presentó en las ciudades, sino que también en el campo, aunque de manera mucho menos sutil, pues en ese medio la población es más escasa y todos se conocen, de manera que resulta fácil mantener la memoria del pasado y que todos sepan quién es quién y de dónde viene. Así, los casos de antiguos revolucionarios transformados en prósperos capitalistas resultaron muy visibles y chocantes. En efecto, como es conocido, la consigna de “la tierra para el que la trabaja” solo fue puesta en práctica por Augusto Pinochet, que reemplazó los antiguos e ineficientes asentamientos campesinos por fórmulas de propiedad individual, donde cada uno de sus integrantes fue efectivamente dueño de la tierra. Pero como había campesinos y campesinos, en muchos casos únicamente los que habían liderado los procesos revolucionarios de la reforma agraria tenían las destrezas suficientes como para prosperar bajo las reglas capitalistas. Ellos compraron las tierras de los demás y se transformaron en empresarios tan prósperos como a veces inmisericordes. También en el campo se cumple el refrán: “No hay peor látigo que el del propio cuero”.

Alfredo Jocelyn-Holt ha mostrado cómo todos estos cambios en los agentes económicos fueron muy distintos del “gatopardismo de antaño” (un fenómeno que siempre ha existido), pues se hicieron acompañar de una desconfianza en la política en su versión persuasiva, retórica y elocuente.[22] De esta manera, se desconfió de la deliberación pública y se la transformó en negociaciones entre bastidores.[23] Muchos ciudadanos vieron, impotentes, cómo un grupo de chilenos comenzaba a vivir en un país muy singular, al que ellos no tenían acceso, y no encontraron en la política las herramientas para corregir esa situación, porque la política había quedado reducida a unas negociaciones que les eran completamente ajenas.

¿Qué ha sido la experiencia de la Nueva Mayoría, que hemos visto en los últimos años y que ya fue anticipada por el movimiento estudiantil de 2011? No me extenderé en mi respuesta, pero apunta precisamente a eso: la alta adhesión que, en un principio, recibió el experimento de la Nueva Mayoría sólo puede ser entendida como una protesta no económica sino moral contra ese estado de cosas. Más allá de las demandas particulares que cada grupo presentaba, en el fondo se trataba de la rebelión ante ese sistema que ciertamente llevaba a un mejoramiento generalizado de las condiciones de vida, también de los más pobres, pero que era un progreso que padecía de un déficit de justificación moral. El fenómeno de la Nueva Mayoría fue una protesta ante los abusos, la inseguridad laboral, la falta de áreas verdes, hospitales y farmacias en grandes sectores de Santiago y, sobre todo, la mala educación; pero también, quizá de modo más implícito, fue una rebelión contra la arrogancia, el despilfarro, las fiestas de matrimonio donde se gastan más de 100 mil dólares en una noche, y todo el lujo insultante que empezó a observarse en Chile. Esas son manifestaciones de un determinado modo de vida minoritario pero que hoy está expuesto al escrutinio de todos, y que produce la indignación de los demás. Si el sistema no lleva a la integración social, sino que produce dos poleis incomunicadas, entonces pierde legitimidad. Aquí la palabra clave es, precisamente, la justicia como igualdad. En este sentido, resulta llamativo que la abrupta caída de la popularidad de Bachelet al terminar el primer año de su segundo mandato no haya estado ligada tanto a sus deficientes medidas de gobierno como al hecho de que ella, la representante de esa legítima voz de protesta, se haya visto afectada por hechos que son vistos como típicos de ese mundo de privilegios.

4. UNA DERECHA POCO SENSIBLE A LA DESIGUALDAD

Ese mundo contra el que reaccionó el proyecto liderado por Bachelet era, para decirlo en términos de Daniel Mansuy, el resultado de un programa elaborado primero por Jaime Guzmán y validado luego por Edgardo Boeninger.[24] Se trataba de un programa que quería, por sobre todo, mantener la estabilidad económica y asegurar la viabilidad política de la coalición de centroizquierda, pero la responsabilidad política por la existencia de ese sistema se le atribuyó a la derecha, que es vista como aquel sector ideológico para el que la desigualdad no es una cuestión política.

Esta desatención política resulta ciertamente singular para cualquier lector de Aristóteles, un autor que es mirado con simpatía por buena parte de la derecha chilena. En efecto, son numerosas, en el libro IV de la Política, las referencias a la importancia de la clase media como elemento estabilizador:

Por eso es una gran fortuna que los ciudadanos tengan una hacienda mediana y suficiente, porque donde unos poseen demasiado y otros nada, surge o la democracia extrema o la oligarquía pura o la tiranía, por exceso de una o de otra, porque la tiranía nace tanto de la democracia más desatada como de la oligarquía, pero con mucha menos frecuencia de los regímenes intermedios y de los próximos a ellos.[25]

Muy distinta fue la visión de la derecha chilena a lo largo de buena parte del siglo XX. Como hay determinadas obras que sirven como reflejo de una época, si hubiera que elegir una que dé cuenta del estado psicológico de la derecha chilena hacia fines de la década de los ochenta del siglo pasado, tras poco más de diez años de vigencia de la economía de mercado, habría que señalar un best seller de la época: Chile: revolución silenciosa, de Joaquín Lavín, uno de los libros más vendidos de esos años, que alcanzó tiradas de varios miles de ejemplares.[26] En esa obra, escrita de modo ágil e ingenioso, el autor repasa las extraordinarias transformaciones que experimentó el país en apenas una década. Con todo, a la hora de describir esta revolución, llama la atención que en su diagnóstico las palabras “igualdad” y “desigualdad” estén ausentes por completo. El apologista del sistema no logra percibir las razones que llevarán a que 25 años después ese orden sea puesto en cuestión, precisamente en el momento en que se halla en pleno apogeo y cuando las tendencias avizoradas por Lavín han alcanzado una dinámica incomparable y esa revolución ya no tiene nada de silenciosa. Ciertamente este autor se ocupó en otra oportunidad de la desigualdad,[27] pero fue para responder al Mapa de la extrema riqueza (1979), de Fernando Dahse.[28]

La desatención de la derecha al problema de la igualdad no es una novedad de los años setenta y ochenta. En su primera intervención ante el Congreso pleno, el 21 de mayo de 1959, el Presidente Jorge Alessandri leyó un extenso mensaje. En esa solemne ocasión, la más relevante del año político chileno, el problema de la desigualdad aparece sólo en una oportunidad, para aludir a las injustas diferencias en el monto de las asignaciones familiares que reciben empleados y obreros.[29] Más generoso en la materia se mostraba Alessandri en su programa de 1958. Allí abogaba por la necesidad de que los trabajadores participaran de los beneficios de las empresas, como un modo de alinear los intereses suyos y los de los empresarios, pero le parecía que, más que a la ley, ese tipo de medidas deberían quedar entregadas “a la conciencia y el sentimiento del que dirige”.[30]

La percepción de que la derecha es insensible a toda clase de desigualdad —e incluso constituye un agente promotor de la misma— se agrava por el hecho de que, históricamente, ella ha recibido financiamiento por parte de los empresarios, y en general ha aparecido como íntimamente ligada a ellos. Esta circunstancia pone una sombra de sospecha sobre su genuina preocupación por el bien común. Dado ese vínculo estrecho, parece difícil no entenderla como una representante de sus intereses, como hace cien años el Partido Conservador bien podía ser visto como el representante de los intereses de la Iglesia.[31]

La dificultad de la derecha para hacer frente al problema de la igualdad no es simplemente una cuestión de que este sector político tenga mala prensa, o que se le atribuyan injustamente los efectos negativos de un sistema que, en términos generales, ha contribuido al bienestar del país, o que los chilenos seamos más envidiosos que el resto de los mortales. Sucede que la derecha no ha sido capaz de elaborar una reflexión sobre la igualdad y la desigualdad, que, en vez de mirar con sospecha los reclamos por una mayor igualdad,[32] muestre cómo esas realidades se integran al resto de sus aspiraciones políticas y permita entender al Chile actual.[33] Quizá lo más cercano a este propósito haya sido la “sociedad de oportunidades” del Presidente Piñera, que puede haber sido una idea adecuada en el plano del debate electoral, pero, naturalmente, no proporciona el suplemento teórico capaz de llenar ese déficit.

Es más, entre los más conocidos defensores del modelo de economía libre se encuentra Axel Kaiser, un autor que ha centrado su crítica a la izquierda (muy válida en muchos aspectos) precisamente en el problema de la igualdad. Piensa Kaiser que el error de la izquierda reside en lo que denomina la “falacia de la igualdad”. Dice:

La falacia de la igualdad en el discurso de izquierda radica en el supuesto de que la igualdad es intrínsecamente buena. Para los sectores de izquierda la igualdad es buena en esencia y, por tanto, debe ser la aspiración de todo proyecto político, económico y social y de todo esfuerzo intelectual. La falacia del argumento queda al descubierto con una pregunta muy sencilla: ¿Es siempre buena la igualdad? O formulado en otras palabras, ¿es preferible la igualdad social y económica de Haití a las desigualdades sociales y económicas de Chile?[34]

La cita es elocuente no sólo porque buena parte de la izquierda chilena no se sentiría hoy reconocida en esa descripción, sino también porque muestra cómo, para cierta derecha, no parece que la reducción de las desigualdades más chocantes pueda ser un objetivo político digno de ser perseguido incluso en el marco de una economía libre.

5. EL CAMBIO DE PERSPECTIVA EN LA DERECHA

En los últimos años han surgido algunas voces dentro de la derecha que están tratando de reflexionar sobre este importante problema y que, por decirlo de alguna manera, promueven una concepción no igualitarista de la igualdad. Para ellos, la igualdad y la desigualdad son un objeto de constante preocupación, y son muy conscientes de que el hecho de desatenderlas trae consigo serias dificultades. En efecto, “resulta problemático asumir que la desigualdad no constituye un problema, por cuanto supone ignorar la dimensión política de la vida humana”, escribe Mansuy.[35] Nuestra identidad misma se forja en relación con los otros, de manera que una estructuración inadecuada de la sociedad dificulta seriamente el logro de una vida auténticamente humana.[36] Escribe Mansuy:

la sociedad es algo más que una masa de consumidores que se segmentan en un mercado según su nivel de ingresos. De hecho, si dichas desigualdades son percibidas como injustas, es evidente que el modelo económico pierde buena parte de su legitimidad. (…) La desigualdad, cuando es muy fuerte y carece de justificación razonable, fragmenta y hace perder cohesión al cuerpo social.[37]

Los nombres de estos autores ya son, entretanto, cada vez más conocidos en la esfera pública nacional: Hugo Herrera, Pablo Ortúzar, Daniel Mansuy, Claudio Alvarado, Catalina Siles, Francisco Javier Urbina y Manfred Svensson, entre otros. Están lejos de constituir un grupo monolítico, e incluso no todos adscriben expresamente a la derecha.[38] Llevan a cabo su contribución en libros y artículos en revistas científicas, pero también en columnas de prensa, porque estos intelectuales tienen una marcada vocación pública. Ellos se ocupan, naturalmente, de muchos temas, comenzando por la pobreza[39], porque les preocupa que, con las transformaciones que ha experimentado Chile, ella haya dejado de estar en el centro de la atención de los gobiernos y los medios de comunicación, hasta el punto de que, como se titula uno de sus libros, existe un número importante de chilenos que ha pasado a ser invisibles. Las consecuencias políticas de esta situación son graves, porque, como señala Catalina Siles en el prólogo de Los invisibles, se traducen en su incapacidad fáctica de “acceder al espacio público, el de las cosas comunes, del cual emana una fuente insustituible de realización humana”[40] y su libertad (meramente formal, que se contenta con que ningún poder les prohíba elegir) adquiere un carácter puramente ilusorio.

En esta oportunidad quiero dar un panorama de algunas de las ideas de estos nuevos intelectuales cercanos a la derecha, que tienen en común el atender, directa o indirectamente, al problema de la igualdad y la desigualdad.[41]

5.1. Dividir el poder

En primer lugar, estos intelectuales abogan decididamente por la división del poder, no sólo al interior de las funciones del Estado, sino también en el mercado y la cultura. En su obra acerca la crisis de la derecha, Hugo Herrera advierte sobre la creciente concentración del poder económico que puede observarse en la banca, el retail, las empresas de salud y hasta en la venta del pan, hasta el punto de que “el oligopolio se ha vuelto la regla”.[42] Pero esta concentración es contraria a la lógica misma del sistema de economía libre, que se funda en la competencia y la transparencia, por lo que no puede extrañarnos que sea fuente de constantes abusos, que a su vez “producen la desafección cuando no la irritación de los consumidores y los trabajadores, lo que incide en la calidad de la convivencia social”.[43] La división del poder supone incluir otros actores en la solución de los problemas sociales, además del Estado y el mercado, es decir, atender a la idea de comunidad. “La preservación de formas de integración comunitarias supone fijar la mirada más allá de los dominios del Estado y el mercado, y situarla más bien en el papel de la sociedad civil”,[44] pues estas comunidades son capaces de estar mucho más cerca de los “invisibles” a los que antes se aludía. Así,

favorecer familias cohesionadas y estables, barrios y juntas de vecinos activos y vitales, sindicatos y organizaciones laborales con capacidad de acción es una forma de asociación cuya fuerza para integrar a los excluidos y superar la pobreza es probablemente más penetrante que la burocracia estatal y el dinero.[45]

De aquí que sus propuestas estén acompañadas por una nueva consideración del principio de subsidiariedad, al que varios de ellos le dedicaron un libro colectivo.[46] En efecto, por influencia de sus defensores desde la derecha y sus críticos desde la izquierda, este principio ha sido concebido en abstracto como un principio económico y de carácter negativo, cuando en realidad su índole es política y se refiere no sólo a la omisión de la actividad estatal, sino que también, según las circunstancias, exige un papel activo del Estado. Al mismo tiempo, ha sido presentado como una regla abstracta, semejante al principio de libertad o igualdad, cuando en realidad su aplicación está absolutamente determinada por las peculiaridades del caso singular. “Se trata de un principio comparativo y concreto”, no de una regla abstracta y universal de acuerdo con la cual las situaciones generales deban ser subsumidas.[47]

A diferencia de aquella derecha que se orienta por paradigmas económicos, estos autores no restringen sus preocupaciones a la posible amenaza a la libertad que conlleva la existencia de un Estado cuyas funciones se hayan hipertrofiado. Para ellos, la existencia de individuos y grupos dotados de un poder económico desmedido también supone un obstáculo para la buena vida en sociedad. Por eso consideran que, tal como es necesario limitar el poder estatal, “es menester, asimismo, dividir el poder económico para garantizar la libertad. ¿Cómo dividirlo? Obstaculizando el oligopolio, incentivando la competencia libre, reforzando la sindicalización”.[48] Un lenguaje semejante no ha sido habitual en la historia de este sector político.

5.2. La ciudad como problema político

En segundo lugar, para esos autores la ciudad es un problema político de primera envergadura, pues la convivencia social tiene que ver con las condiciones mismas del habitar. En ciudades como Santiago y otras megalópolis del Tercer Mundo sucede que la geografía misma de la urbe refleja y fomenta la desigualdad, porque los sectores pudientes viven en zonas claramente distinguidas de aquellos de menores recursos y cultura. Es significativo, por ejemplo, constatar en un mapa de Santiago cómo a mayor riqueza de la población más áreas verdes se observan. De ahí que el interés de estos intelectuales por la ciudad abarque muchos aspectos de la vida urbana, desde parques y jardines hasta el tipo de vivienda social que se promueve. Sin esas condiciones vinculadas al habitar, cualquier política destinada a promover la igualdad será completamente insuficiente o, lo que es peor, terminará por producir distorsiones, como sucede con la reforma universitaria del gobierno de Bachelet, en la que el objetivo de que también los ricos puedan estudiar su educación superior sin pagar parece más relevante, por ejemplo, que la situación de los niños vulnerables en nuestras salas cuna o la calidad de las viviendas populares. A diferencia de la gratuidad universal, estos bienes sí constituyen un elemento fundamental a la hora de reducir las desigualdades.

La ya aludida concentración del poder económico tiene también consecuencias sobre el modo de habitar en la ciudad, que se pueden expresar gráficamente en la desaparición del almacén del barrio, que era una estructura económica que reforzaba las relaciones de vecindad:

El tejido denso de vínculos humanos formado a partir de relaciones como la del almacén se dificulta severamente allí donde se instala la gran cadena con empleados inestables y ajenos al contexto en el cual trabajan. Con ello se debilitan las conexiones que constituyen la vecindad. El vecindario poco a poco pasa a convertirse en barrio-dormitorio.[49]

Un problema como éste (lo mismo que el de dónde se instalan los malls, con todas las alteraciones que producen en el espacio público y las relaciones comerciales existentes en un barrio) ni siquiera existe cuando se mira la vida pública desde el prisma del consentimiento individual: “Sería algo así como un no problema, porque la lógica de la vida pública es colectiva, y no se puede siquiera percibir desde el individualismo”.[50] La segregación que experimentan ciudades como Santiago da cuenta de un problema político más profundo. Como dice Siles, “nuestra segregación espacial de algún modo explica y, al mismo tiempo, manifiesta otras formas de desigualdad”.[51]

El problema de los altos niveles de desigualdad que se dan en la capital de Chile no es simplemente económico, sino además político, porque hace muy difícil ver en el otro a un semejante con el que se puede construir un proyecto común. Y esto no sucede por mala voluntad, sino por la estructura misma de la ciudad: ¿cómo se va a compartir una tarea común con alguien a quien ni siquiera vemos, porque vive en una parte de la sociedad a la que no tenemos ninguna necesidad de ir? Esta preocupación no es fruto del igualitarismo. Por el contrario:

Se trata más bien de una capacidad de acceso medianamente equitativo a ciertos bienes sociales, a los espacios de influencia política y al prestigio social que las personas reciben, es decir, el hecho de ser reconocidos por los demás como alguien cuya voz merece ser escuchada. Sin estas expresiones elementales de igualdad social, la vida comunitaria completa se halla bajo amenaza. Sobre todo si consideramos que la ciudad constituye el espacio público por excelencia.

Así, frente a las naturales desigualdades que articulan nuestra diversidad humana y enriquecen la vida en sociedad, resultan escandalosas aquellas que obstaculizan la igual dignidad de las personas y erosionan las bases de la comunidad política. Dicho de otro modo, las desigualdades son gravosas cuando hacen invisible la idea de lo común”.[52]

5.3. El valor de las regiones

En tercer lugar, esas propuestas tienen un fuerte énfasis regionalista, pues el problema de la desigualdad no sólo se da entre personas individuales, sino también en las relaciones entre Santiago y las otras zonas del país. Autores como Hugo Herrera han abogado por reorganizar el país formando pocas regiones, pero fuertes, que es precisamente lo contrario del proceso que ha tenido lugar en los últimos 40 años, paradójicamente avalado por la miopía de los propios intereses regionales que, en vez de abogar por la unidad (pocas regiones, pero fuertes y capaces de entablar relaciones de igual a igual con Santiago), tienden a fomentar la disgregación.[53] Mientras tanto, un Estado centralista y burocrático se revela como incapaz de atender a los más graves problemas regionales, como puede observarse en la crisis de La Araucanía. Como señala Mansuy, “es innegable que debemos afinar mucho nuestros actuales mecanismos de representación política para intentar superar las consecuencias más perversas de la centralización”, porque Chile no sólo está centralizado de un modo absolutamente desproporcionado, sino que también, salvo honrosas y escasas excepciones, la descentralización nunca ha estado en el centro de la agenda política.[54] La descentralización es, además, la forma de acercar las estructuras de poder a las personas,[55] y una manera de dividir el poder estatal.[56]

5.4. Una filosofía pública de la familia

En cuarto lugar, estos autores le dan gran importancia a la familia, lo que a primera vista parece una paradoja, porque, en sí misma considerada, ella es una institución muy poco igualitaria. Me imagino, sin embargo, que no necesito detenerme mucho en este tema, particularmente en el hecho muy triste de que sean precisamente los niños más vulnerables quienes comiencen la vida sin el fundamental apoyo familiar, lo que implica una dificultad adicional a la hora de prevenir grandes desigualdades. No digo que sea imposible, pero no cabe duda de que se hace más difícil promover la igualdad cuando el 70 por ciento de los niños chilenos nace fuera del matrimonio. Éste no es un problema meramente moral, sino político, y de primera magnitud, ya que su situación “implica cierta precariedad, tanto económica como afectiva, que incide inevitablemente en el proceso educativo”.[57] A su vez, esto exige ir en auxilio de esas madres y padres que están solos a la hora de enfrentar la crianza de sus hijos.

Ciertas formas de liberalismo, hoy difundidas en nuestro país (también en la izquierda), señalan que no es papel del Estado presentar a la población ciertos modelos de vida. Se trata, ciertamente, de una postura más que discutible y no exenta de contradicciones, ya que esas mismas autoridades no tienen inconveniente en promover estilos de vida saludable, que incluyen, por ejemplo, etiquetados de alimentos altos en grasas y calorías, lo que ciertamente supone sostener que hay unos modos de vida superiores a otros. En todo caso, ya que esas autoridades consideran que tienen vedado el promover activamente las uniones matrimoniales por sobre otro tipo de vinculaciones de carácter esporádico, entonces deberían compensar su inactividad con medidas especiales dirigidas a favor de esos niños a quienes les falta un apoyo importante en la vida. Proceder como si el problema no existiera, para evitarse la ingrata labor de decir cosas incómodas, significa privar a estas personas vulnerables de una ayuda que les resulta muy necesaria, algo que, por tanto, afecta la igualdad. Manfred Svensson ha puesto de relieve la ausencia en Chile de una filosofía pública de la familia, que es una deficiencia común a la derecha y la izquierda:

Si, en cambio, la familia ha sido comprendida por cientos de filósofos políticos, sociólogos y antropólogos como la unidad básica de la sociedad, ello no se debe ni única ni principalmente a los vínculos afectivos de los cónyuges, sino sobre todo a la posibilidad de dar vida a nuevas generaciones humanas, brindarles protección, educarlas en la cultura y permitirles, así, constituirse en el tiempo como ciudadanos por derecho propio. Ésta es (o al menos tiene el potencial de ser) la principal red de protección social con que cuenta cualquier ser humano que habita el mundo. Aquí se entra no solo en relación con el cónyuge, sino que se entra en alianza con futuros hijos y con distintas esferas de la sociedad. Como instancia de justicia intergeneracional, se juega aquí más que la realización personal.[58]

Otro de esos autores, Pablo Ortúzar, ha acudido al principio rawlsiano de diferencia para promover una opción preferencial por los niños, mostrando que ellos son quienes más resultan coartados en sus oportunidades de llevar una existencia plena.

Hay habilidades y capacidades que, de no ser adquiridas en la infancia, difícilmente pueden ser recuperadas después. Y generalmente, cuando es posible, se adquieren de manera mucho más defectuosa. Bajo esta lógica, me parece evidente que la ausencia de oportunidades referida a menores de edad es más grave que la ausencia de oportunidades referida a un adulto, puesto que las capacidades y habilidades potenciales que no se están desarrollando son mayores en un niño que en un adulto.[59]

Este autor destaca la necesidad de que una sociedad no se ancle en el presente (como sucede cuando se difunde un modo de vida hedonista) y sea capaz de incluir a las generaciones futuras en sus consideraciones de justicia.[60] Se hace necesario, entonces, una colaboración entre las generaciones que es lo opuesto de la irresponsable desidia para con los ciudadanos del futuro. Natalidad y ecología son dos categorías llamadas a vincularse estrechamente.

La preocupación por la familia va de la mano, en estos autores, con otra exigencia que apunta a la igualdad; a saber, la necesidad de que las cargas económicas de la maternidad no recaigan unilateralmente sobre la mujer, error que se produce por utilizar una categoría individual para tratar un tema que tiene hondas consecuencias políticas: la ya aludida natalidad. “Ésta es quizás una de las dimensiones menos amables de la modernización a la chilena: llevamos tan lejos el mercado, que los costos asociados a la maternidad deben ser asumidos individualmente”.[61] En el esquema actual, la natalidad queda reducida a un asunto privado, cuando, por el contrario, se trata de un concepto político fundamental.

6. LOS POLÍTICOS

El caso de la familia pone de relieve el rasgo más interesante de toda esta generación de autores: me refiero a su aproximación específicamente política a los problemas de la sociedad. La política es la encargada de mediar entre lógicas que resultan inconmensurables, como sucede, por ejemplo, en las disputas entre empresarios y ecologistas a propósito de la construcción de las centrales de energía eléctrica.

6.1. Más allá de la economía y la moral

Su aproximación, entonces, resulta muy diferente tanto de aquella de índole económica como de las respuestas de carácter únicamente moral, que los conservadores más tradicionales comparten con buena parte de la izquierda indignada. Se ve, por ejemplo, cuando argumentan sobre el aborto o el posible matrimonio entre personas del mismo sexo, respecto de lo cual sus razones aluden a la ciudadanía o a las visiones de sociedad que subyacen a estas disputas, es decir, emplean razones políticas.[62] Y, por supuesto, esa perspectiva política aparece en su consideración de la igualdad. Mientras que para la aproximación económica y social de cierta derecha la desigualdad es simplemente la consecuencia de la libertad (y sólo tiene sentido la igualdad jurídica ante la ley),[63] y para la izquierda toda desigualdad es vista con sospecha, para estos autores, que en este punto siguen a Aristóteles, es necesario obtener cierta igualdad para asegurar la estabilidad del régimen. Hugo Herrera ha mostrado cómo un sistema económico que fomente la desigualdad termina perjudicando a todos los sectores sociales, y no sólo a los más pobres:

No sólo los pobres se ven afectados por esa operación ilimitada, sufriendo condiciones laborales inadecuadas, tratados de modo preponderantemente utilitario, temerosos de perder sus empleos, tensionados al punto de no poder gozar del tiempo y la tranquilidad requeridos por una vida feliz (…). También los ricos quedan atrapados en una dinámica en la que no conviene perder posiciones y la preocupación permanente se vuelca sobre los asuntos económicos. La estimación social llega a depender muchas veces de la posición económica. El tiempo y la tranquilidad tienden a faltar, ahora por el intento de acrecentar lo que ya se tiene. Y ambos —trabajador y empresario— quedan incorporados en maneras de trato crecientemente racionalizadas, ajenas a la tranquilidad y el tiempo necesarios para vivir humanamente.[64]

Aquí se constata claramente esa aproximación política al problema de la desigualdad. Las diferencias excesivas constituyen un obstáculo para la buena vida común, y terminan por alienar a unos y otros, impidiendo un auténtico florecimiento humano.

6.2. Dividir el poder universitario

Otro tanto sucede con su defensa de la pluralidad de instituciones educativas. Para ellos resulta muy importante la existencia, junto a las universidades más antiguas, de nuevas universidades, dotadas de idearios muy diferentes. Pero su interés por ellas es fundamentalmente político: la necesidad de dividir el poder. Su argumentación no se funda, por ejemplo, en una concepción negativa de la subsidiariedad entendida al modo económico, sino en la necesidad de una pluralidad de establecimientos de educación superior para la buena marcha de la vida social.[65] De modo un tanto crudo lo dice el mismo Herrera:

El sistema universitario es orden de poder. En la universidad no sólo se produce investigación científica. Allí tienen lugar interpretaciones de la realidad, capaces de modificarla. En el sistema universitario se educa, además, a las futuras élites del país. La cantidad y calidad de las cátedras menos “técnicas” y más “humanistas”, “comprensivas” o “interpretativas”, su eventual distribución entre grupos heterogéneos o, al contrario, su concentración en grupos ideológicamente homogéneos, determinan la mentalidad y el talante de los que, luego de unos años, serán los que mandan en Chile.[66]

La conclusión resulta clara: la concentración del poder universitario, su reducción a las universidades estatales, significa una considerable restricción de la libertad.[67] Nuevamente vemos que la razón fundamental para abogar por una cierta igualdad de trato entre los diversos proyectos educativos es de carácter político.

6.3. Crítica de los reduccionismos

Razones semejantes los llevan a promover un fortalecimiento de los sindicatos; la regionalización, en la que, como se dijo, abogan por contar con pocas regiones pero poderosas, y a destacar especialmente la faz positiva de la subsidiariedad, es decir, la necesidad de un Estado fuerte (que no es lo mismo que grande),[68] lo que marca una nueva diferencia con la derecha más tradicional, precisamente en un punto que afecta la promoción de una mayor igualdad en diversos ámbitos de la vida social (si bien este empeño, hay que insistir, es muy diferente de los propósitos del igualitarismo). En todas estas consideraciones se observa el esfuerzo por integrar el mercado en una rica comunidad capaz de sostenerlo; es decir, se aprecia una revalorización no individualista del mercado.[69] Por otra parte, estos autores prestan atención a factores culturales que influyen negativamente a la hora de producir desigualdades ilegítimas; a saber, ciertas “ideas culturales que tienen que ver con privilegios de clase y otras asociaciones —incluso estéticas— que inclinan injustamente la balanza en contra de parte importante de la población (…). En concreto, el clasismo produce un enorme desperdicio de talento día a día, precisamente porque somos una sociedad que mira menos el talento que la cuna”.[70]

No es casual, entonces, que esta derecha que tiene una especial preocupación por la igualdad haya sido muy crítica de la derecha economicista y liberal. En una reseña de La tiranía de la igualdad, de Axel Kaiser, Pablo Ortúzar traza un interesante paralelo entre el contenido de este libro y las ideas de Fernando Atria, el adversario al que Kaiser pretende rebatir:

A la distinción moralizante que Atria hace entre el mercado (como un espacio institucional donde las personas actúan sometidas a la búsqueda egoísta de la ganancia) y el Estado (que aparece en El otro modelo como un espacio de reconocimiento orientado simplemente al bien público), Kaiser responde con una distinción moralizante de signo opuesto donde el mercado aparece como un espacio de coordinación libre y horizontal —que incluso promueve valores como la honestidad y la solidaridad— en oposición a un Estado que es todo jerarquía, arbitrariedad y violencia.[71]

Al mismo tiempo, estos autores han tendido a mantener cierta distancia respecto del mundo empresarial.[72] Se trata de una distancia que puede tener aspectos positivos, particularmente en el contexto de la realidad chilena de las últimas décadas, período en el que se aprecia una pérdida de prestigio de la figura del empresario, y tiene la ventaja de dejarlos fuera de los diversos escándalos que han salpicado la vida política nacional. Pero al mismo tiempo entraña una debilidad, porque el elemento empresarial sí constituye una parte, y muy importante, en nuestro tejido social, de modo que cualquier propuesta política sensata tiene que ser capaz de conseguir una sana articulación entre el mundo de la cultura y la academia, por una parte, y el empresarial, por la otra. De lo contrario, los intentos de influencia pública de estos autores pierden en viabilidad, lo que no resulta una actitud muy política. Este problema no afecta a los autores de izquierda, dada la cercanía que tienen con el financiamiento público y de diversas fuentes internacionales, de modo que las posiciones no son simétricas. Así las cosas, estos intelectuales harían bien en preocuparse también por este aspecto del problema de la igualdad, que los afecta a ellos y su aptitud para difundir sus ideas.

Tenemos, entonces, que precisamente en el momento en que su crisis intelectual era más notoria, la derecha recibió como de regalo, sorpresivamente, a estos nuevos intelectuales. Sus ideas, empero, no han sido recibidas de modo pacífico por la derecha más tradicional,[73] tanto en su vertiente conservadora como en la liberal. “¿De qué lado están?”, es la pregunta recurrente que se hacen algunos de sus lectores, lo que muestra que quizá las categorías de derecha e izquierda no logran dar justa cuenta del fenómeno político actual o, lo que también es posible, que ellas mantienen su vigencia pero que deben ser reelaboradas porque el esquema que identifica a la derecha con la libertad y a la izquierda con la igualdad resulta muy poco sofisticado para atender a la complejidad que presenta la sociedad actual. En este caso, la contribución de estos autores vendría a paliar algunas de las deficiencias más notorias que han afectado a la derecha chilena en el último medio siglo.

La concurrencia que se da entre la crisis intelectual de la derecha y la aparición de estos autores lleva a plantear unas preguntas importantes: ¿Es una coincidencia fortuita el que los intelectuales que vienen al rescate de una derecha falta de ideas sean, al mismo tiempo, personas muy sensibles al problema de la desigualdad? Y más importante quizá: ¿No fue acaso la desatención a ese problema (consecuencia necesaria de la aplicación de modos de pensar reduccionistas) una de las causas de que la derecha se haya encontrado sin respuestas intelectuales ante los desafíos que le planteaba el país en los tiempos del Bicentenario? A fin de cuentas, no parece casual que la derecha haya perdido el poder justo en el momento en que pensaba que estaba haciendo su mejor gobierno.

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1 Se trata de una percepción común a izquierda y derecha: Erik von Kuehnelt-Leddihn, Libertad o igualdad: la disyuntiva de nuestro tiempo (Madrid: Rialp, 1962). Más matizado: Norberto Bobbio, Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política (Madrid: Taurus, 1995). Un texto muy ilustrativo sobre el origen y valor de estos conceptos políticos: Joaquín Fermandois, “¿Qué futuro tiene la díada derecha-izquierda?”, Estudios Públicos 60 (1995): 349-374.

2 Pablo Ortúzar y Francisco Javier Urbina, Gobernar con principios: ideas para una nueva derecha (Santiago: Libertad y Desarrollo, 2012), 58.

3 Joseph Marie de Maistre, Consideraciones sobre Francia; Fragmentos sobre Francia; Ensayos sobre el principio generador de las constituciones políticas y de las demás instituciones humanas (Buenos Aires: Ediciones Dictio, 1980). En realidad, más que un reaccionario, De Maistre fue un tradicionalista.

4 Ver Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013).

5 Pablo Rodríguez Grez, Entre la democracia y la tiranía (Santiago: Imprenta Printer, 1972).

6 Ver Sarah Esther Horowitz, “States of Intimacy: Friendship and the Remaking of French Political Elites, 1815-1848”, disertación en tesis de PhD, University of California (2008), 245.

7 Ver Ernst-Wolfgang Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit: Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte (Frankfurt: Suhrkamp, 1991), 112. En todo caso, los ordoliberales eran explícitos acerca de la necesidad de bases morales sólidas para la estabilidad de una economía libre: Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage (Zürich: E. Rentsch, 1958), cap. 3. En la misma línea: Daniel J. Mahoney, Los fundamentos conservadores del orden liberal: Defendiendo la democracia de sus enemigos modernos y sus amigos inmoderados, trad. por Catalina Siles Valenzuela (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015).

8 Peter A. Hall y David Soskice, Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage (Oxford: Oxford University Press, 2001).

9 Ya lo advertía Góngora cuando señalaba que los chilenos se habían apegado “totalmente al bienestar económico, perdiendo la conciencia política”. Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Editorial Universitaria, 1994), 306.

10 Ciertamente estas conductas se facilitan por el hecho de que los ingresos de los obreros alemanes se sitúan muy por encima de los niveles de subsistencia. Por otra parte, en los últimos años se advierte un deterioro de estos hábitos y un aumento de las huelgas, en comparación, por ejemplo, con el periodo anterior a la reunificación.

11 No niego, por supuesto, la importancia de otros factores, como los diferentes grados de participación en el nivel de la empresa y de la industria en general, incluida, por cierto, la mayor participación en las decisiones (y a veces en las ganancias) de la empresa; la mayor intensidad de asociatividad obrera que muestra la historia alemana, etcétera.

12 Para una descripción crítica de los extremos a los que se llegó en la politización de toda la realidad y las prácticas abusivas de los partidos políticos de la época: Bernardino Bravo Lira, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile: 1924-1973 (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1978).

13 Ver Sofía Correa, Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX (Santiago: Editorial Sudamericana, 2005).

14 Una famosa crítica a los grupos sociales vinculados al capital financiero en: Vicente Huidobro, “Balance patriótico”, citado en Góngora, Ensayo histórico, 275-285.

15 Mario Góngora, Encomenderos y estancieros: estudios acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la conquista 1580-1660 (Santiago: Universidad de Chile, Sede de Valparaíso, 1970).

16 Ver Rafael Agustín Gumucio, Apuntes de medio siglo (Santiago: Ediciones ChileAmérica Cesoc, 1994).

17 Refiriéndose a la situación vigente en el Chile de la década de los ochenta del siglo pasado, decía un extranjero: “Nunca he visto una élite que desprecie tanto a la clase media, y una clase media que odie tanto a la élite”.

18 Ver María Angélica Ovalle, Reforma agraria chilena: testimonios de sus protagonistas (Santiago: Memoriter, 2013).

19 Por razones sociales muy comprensibles (no era posible volver al régimen anterior cuando los campesinos ya habían sido hecho poseedores de la tierra, si bien de manera colectiva), mientras los empresarios urbanos recuperaron rápidamente sus industrias estatizadas o intervenidas, no sucedió lo mismo con los agricultores, que debieron contentarse con recuperar una “reserva”, ya que el resto de sus antiguas propiedades fue asignado a los campesinos en propiedad individual.

20 Una mirada a la lista de diputados y senadores actual, comparándola con la de 1973 o antes (ver Correa, Con las riendas del poder, 41-42), da una idea inmediata de la desaparición de la escena política de las familias “de campo”.

21 Ese vocabulario (“grasa”, para referirse a las personas que van a ser despedidas) es muy ilustrativo de un modo de concebir las relaciones humanas en una empresa, pero al mismo tiempo constituye un recurso lingüístico para eliminar cualquier atisbo de mala conciencia ante las medidas que se van a adoptar.

22 Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar (Santiago: Planeta - Ariel, 2004), 320-321.

23 Jocelyn-Holt Letelier, El Chile perplejo.

24 Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2016).

25 Aristóteles, Política IV 11, 1295b39 - 1296a4.

26 Joaquín Lavín, Chile: revolución silenciosa (Santiago: Zig-Zag, 1988).

27 Joaquín Lavín, El enriquecimiento de las personas en Chile: cuándo ha beneficiado y cuándo ha perjudicado al país (Santiago: Ciencia y Tecnología, 1980).

28 Fernando Dahse, El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales (Santiago: Aconcagua, 1979).

29 Jorge Alessandri, Mensaje de S. E. el Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez al Congreso Nacional al inaugurar el período ordinario de sesiones. 21 de mayo de 1959 (Santiago: Imprenta Fiscal de la Penitenciaría, 1959), 102-103.

30 Jorge Alessandri, Discurso-Programa del candidato independiente don Jorge Alessandri (Santiago: Editorial Lord Cochrane, sin fecha), 15.

31 Correa, Con las riendas, 41-45.

32 Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad: por qué el proyecto de la izquierda destruye nuestras libertades y arruina nuestro progreso (Santiago: Ediciones El Mercurio, 2015).

33 Entre las contadas excepciones hay que señalar una obra reciente: Andrés Allamand, La salida. Cómo derrotar a la Nueva Mayoría en 2017 (Santiago: Aguilar, 2016). Allí señala el autor: “La centroderecha debe adoptar un nuevo enfoque: Asumir derechamente que la desigualdad como problema existe, que no se resuelve sola y que, de ahora en adelante, será para ella una prioridad política”, 77.

34 Axel Kaiser, La fatal ignorancia. La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista (Santiago: Unión Editorial - FPP, 2014), 106. Ver también Kaiser, La tiranía de la igualdad, 193-194.

35 Mansuy, Nos fuimos quedando, 132.

36 Ibídem, 134.

37 Ibídem, 133.

38 Lo hacen Herrera, Ortúzar y Urbina, pero en otros casos, como Alvarado, Svensson e incluso Mansuy, esta adhesión no es tan explícita, aunque la tengan como objeto constante de su reflexión.

39 Claudio Alvarado, “Atria, Finnis y Nozick. Una crítica a nuestras prioridades políticas”, en Los invisibles. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser una prioridad, editado por Catalina Siles (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015), 49–69.

40 Catalina Siles, “Prólogo”, en Siles, Los invisibles, 11-27.

41 Este último es, en efecto, el problema que más les interesa, porque es el que presenta un obstáculo más grave a la estabilidad política y la legitimidad del sistema social. En ningún caso aspiran a una igualdad absoluta, sino sólo a aquella que tiene un carácter suficiente. El problema aquí no es la desigualdad en sí misma, sino los niveles que alcanza en la sociedad chilena.

42 Hugo Herrera, La derecha en la Crisis del Bicentenario (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014), 37. Naturalmente, esto no implica desconocer que no todos los oligopolios son necesariamente malos.

43 Ibídem, 37-38.

44 Siles, “Prólogo”, 23.

45 Ibídem, 24.

46 Pablo Ortúzar, ed., Subsidiariedad. Más allá del Estado y el mercado (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015).

47 Hugo Herrera, “Notas preliminares para una lectura no dogmática del principio de subsidiariedad”, en Ortúzar, Subsidiariedad, 111.

48 Herrera, La derecha, 127.

49 Ibídem, 38.

50 Mansuy, Nos fuimos quedando, 173.

51 Catalina Siles, “Historia de dos ciudades”, El Líbero, 15 de agosto de 2015.

52 Ibídem.

53 Herrera, La derecha, 42-43.

54 Mansuy, Nos fuimos quedando, 184.

55 Ibídem, 183-184.

56 Ver Herrera, La derecha, 127.

57 Mansuy, Nos fuimos quedando, 177.

58 Manfred Svensson, “Por una filosofía pública de la familia”, El Mostrador, 10 de junio de 2016.

59 Pablo Ortúzar, “La muerte de Lisette y la opción preferencial por los niños”, El Mostrador, 15 de abril de 2016.

60 Ver Pablo Ortúzar, “Exclusión intergeneracional: Notas para una previsión integral intergeneracional”, en Siles, Los invisibles, 105.

61 Mansuy, Nos fuimos quedando, 179-180.

62 Ver Manfred Svensson y Catalina Siles, Vivir juntos. Reflexiones sobre la convivencia en Chile (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2014); Daniel Mansuy, “Aborto: el triunfo del individualismo”, El Mostrador, 18 de marzo de 2016.

63 Kaiser, La tiranía de la igualdad.

64 Hugo Herrera, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? Ensayo filosófico de justificación de la praxis política (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2009), 44.

65 Hugo Herrera, “Poder político y universidad”, La Segunda, 2 de agosto de 2016. Ver también Hugo Herrera, La frágil universidad (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2016).

66 Ibídem.

67 Ver Herrera, “Poder político”.

68 Ortúzar, Subsidiariedad. También, Pablo Ortúzar, El poder del poder. Repensar la autoridad en tiempos de crisis (Santiago: Tajamar Editores, 2016), 129-133. Es notoria la influencia de Mario Góngora sobre estos autores, particularmente sobre Hugo Herrera: ver La derecha, 129.

69 Ver Mansuy, Nos fuimos quedando, 144.

70 Ortúzar y Urbina, Gobernar con principios, 62.

71 Pablo Ortúzar, “La tiranía de la igualdad” (comentario), El Líbero, 15 de diciembre de 2015.

72 Hugo Herrera lo señala de modo explícito: “Si se quisiera fundar en Chile una derecha específicamente política, tal derecha tendría que distanciarse, hasta cierto punto, de los intereses de la oligarquía” (La derecha, 114).

73 Gonzalo Rojas, “Crítica a ‘Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición’ de Daniel Mansuy”, El Mostrador, 25 de mayo de 2016.

Joaquín García-Huidobro Correa, “La difícil relación de la derecha con la igualdad”, Estudios Públicos 147 (2017).

COMENTARIO

IGUALDAD Y AUTONOMÍA*

Carolina Bruna Castro

Universidad de Chile

Carolina Bruna Castro. Licenciada y doctora en filosofía por las universidades de Chile y Complutense de Madrid, respectivamente. Profesora del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Email: cbruna@derecho.uchile.cl.

* Versión revisada del comentario realizado en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP. La autora desea expresar: “Agradezco los comentarios a un borrador muy preliminar de mis colegas Rocío Lorca, Esteban Pereira y mis ayudantes Juan Eduardo Erices y Cristóbal Ramos. Los comentarios y el diálogo siempre hacen pensar. Es por eso que agradezco también a Daniel Mansuy, coordinador del simposio, la invitación a pensar sin que estemos de acuerdo”.

Resumen: Utilizando el concepto de burocracia de Max Weber, la autora critica que el acercamiento a la desigualdad pueda hacerse sólo desde la moral o los buenos sentimientos, como ella entiende que Joaquín García-Huidobro lo propone en su conferencia. El abordaje a este problema, dice, debe hacerse estructuralmente, con un Estado que reconozca tipos de subjetividades y que cada ser humano pueda ejercer su autonomía en plenitud.

Palabras clave: Max Weber, autonomía, burocracia, desigualdad, Estado, derechos sociales.

EQUALITY AND AUTONOMY

Abstract: The author uses Max Weber’s concept of bureaucracy to critique the notion that inequality can be approached only from the perspective of morality and goodwill, which is what she understands Joaquín García-Huidobro to be arguing in his lecture. In her view, the problem is one to be approached structurally, with the State recognizing types of subjectivities and the potential for each human being to exercise full autonomy.

Keywords: Max Weber, autonomy, bureaucracy, inequality, State, social rights.

¿Quién anda por ahí? No es nadie solo yo

Octavio Paz

Uno de los errores que se puede encontrar subyaciendo al problema de la igualdad social y política es la confusión con sentimientos que de alguna manera tratan de subsanar moralmente la desigualdad. Entre dichos sentimientos se encuentran la caridad y la piedad, emparentadas con el paternalismo. La caridad implica amar a Dios sobre todas las cosas y materializar dicho amor como amor al prójimo. Ese amor al prójimo significa tener la capacidad de nutrir al otro y subsanar su necesidad de vida, produciendo con ello a veces su anulación como centro de acción y reflexión. Con esto, se puede generar una dependencia que le resta la autonomía, la capacidad de constituirse como sujeto; esto es, termina por hacer tomar al protegido el lugar de un eterno otro. Ser otro es estar relegado al espacio en el que no hay identificación con los que dicen ser como uno. Gente como uno.

Joaquín García-Huidobro, en el texto que aquí comento, mira con cierta nostalgia a la elite chilena rural previa a la reforma agraria, la reconoce fuertemente paternalista —con cosas buenas y malas— y declara que quiere abordar la molestia de la derecha respecto de la igualdad desde un aspecto político antes que moral; sin embargo, es la nostalgia a la que me refiero la que mantiene en el escrito una fuerte inclinación moral, moralista quizá. Con esto, el autor no se aleja del paternalismo y tampoco de los sentimientos que he partido describiendo.

García-Huidobro se propone demostrar por qué el tema de la igualdad es molesto para la derecha. Las razones que esgrime tienen que ver con la ausencia de responsabilidad en una derecha post 73, que no se hace cargo de la desigualdad en Chile, derrochando el capital en el mero disfrute de la vida. Dirá con precisión, una derecha que no tiene deberes con los otros. Enfatiza cómo este modo de pensar se ha posicionado incluso en el partido de gobierno de la Nueva Mayoría (antigua izquierda). No parece errado pensar que la política en Chile se mueve más o menos de la manera descrita por García-Huidobro, sobre todo cuando la tendencia es pensar las relaciones humanas como relaciones entre privados que se debaten entre bienes sobre los cuales tienen derechos clientelares; por ejemplo, educación, salud, para mencionar los más problemáticos. Agrega además, el autor, el avance que significa para la derecha el trabajo académico e intelectual de un grupo joven: Claudio Alvarado, Hugo Herrera, Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Catalina Siles y Manfred Svensson. Particularmente se refiere a Herrera, Ortúzar, Mansuy y Svensson, en lo que concierne a temáticas que García-Huidobro tiene a la vista de modo central para el tema de la igualdad, a su juicio mínimamente consideradas. Éstas serían la familia, la regionalización y el habitar.

Una podría estar de acuerdo con la crítica a la derecha que establece García-Huidobro, como también con su interés por que ella sea reflexiva. Sin embargo, el autor no hace más que destacar los problemas típicos de una vida individualista que no reconoce modos de vida diversos. Para él pareciera así relevante, respecto del habitar, acentuar el trasfondo moral que subyace en él, donde considera el egoísmo y el individualismo de la derecha como uno de los orígenes de la desigualdad. No obstante ello sea cierto, no resuelve ningún problema, ni propone elementos normativos para orientar la acción.

Dice Joaquín García-Huidobro:

La economía libre y la democracia son dos prácticas sociales que tienen muchas ventajas, pero cuyo buen funcionamiento supone un determinado ethos social, un cierto estilo de vida. (…) De modo mucho más radical, el contraste se observa entre los hábitos de sobriedad y autolimitación alemanes, notorios en las clases dirigentes de ese país, y la progresiva ausencia de esos estilos de vida en el equivalente sector social chileno durante los últimos 40 años.[1]

Para García-Huidobro son estos hábitos de autorrestricción los que permiten limitar el poder de las clases acomodadas. Me permito relacionar el estilo de vida y ethos social con el problema del habitar. Se podría decir que el interés de García-Huidobro en que la derecha se sensibilice ante la igualdad implica como resultado cambios sociales, ya que desde dicha disposición moral se pueden mejorar las condiciones económicas que tienen los sectores más desaventajados. García-Huidobro destacará —citando a Herrera— que la mejora que se produce cuando hay disposición a la igualdad en ningún caso perjudicaría a las clases más acomodadas. Sin embargo, esta idea, como he indicado antes, puede generar una dependencia y la caracterización de la alteridad radical como una que no se puede levantar para decidir sobre la vida propia, lo que en palabras de Octavio Paz termina por ser un ninguneo, estar en una situación de asimetría en la que un grupo es siempre el dominante.[2]

Un posible camino sería continuar refiriéndome centralmente a colegas[3] que han elaborado algunas propuestas para pensar los problemas políticos que circunscriben la desigualdad chilena, pero buscando referencia a principios para avanzar en los comentarios me permito recordar aquí a Weber.

Weber, como se sabe, es a la vez un defensor de la burocracia tanto como un enemigo de ella, ya que considera que lo necesario en el derecho va más allá de una forma pura que prescinde de contenido histórico. Como es conocido, para él la consideración jurídica del derecho se pregunta lo que idealmente vale como derecho, así la ciencia jurídica investiga “preceptos cuyo contenido se presenta como un orden determinante de la conducta de un círculo de hombres”.[4] Complementando esta visión, la consideración sociológica se pregunta por lo que realmente ocurre en una comunidad; es decir, por el modo en que el derecho se usa para generar sentido en una comunidad. Weber enfrenta la dificultad que existe entre los órdenes normativos y su seguimiento. Esta óptica sociológica muestra su interés por la historicidad que rodea e influencia el derecho, lo que lo vuelve un autor muy querido por Schmitt a la hora de emprender contra Kelsen y su positivismo, tanto, que el jurista homenajea al sociólogo al definirse como sociólogo del derecho.[5] El interés “del pensador de la decisión” en Weber se da porque para este último siempre está presente la conciencia del derecho como formador de un mundo. Hablamos, por tanto, de una forma (estructura) que necesariamente debe encargarse de emociones diversas para conducirlas en el mismo lecho. Ese lecho debe ser la administración y no uno que llene de contenido lo que cada ser humano debe ser. Ese lecho es el de la forma, de la burocracia, el del concepto de Estado que implica una defensa al derecho como estructura pragmática; esto es, como una estructura que organiza medios con arreglo a un fin, pero, tal y como siempre le gustó al sociólogo, esta estructura no puede sólo buscar un fin pragmático, sino que también protege la teleología del ser humano, su propia humanidad, la que, al fin y al cabo, es autonomía. Con todo, es una singular manera de autonomía, comprendida no sólo como una forma, sino que además como un valor. Así, Weber defiende el Estado y la democracia para que protejan la autonomía del ser humano, autonomía que tiene que ver con la idea de individualidad sin que ella signifique meramente individualismo; una defensa de la democracia que va más allá de la que yergue Kelsen, al decir que la democracia, para defender la libertad, debe aplicar el principio de mayoría.[6] Para Weber resulta importante una burocracia que permita dar cuenta de una alteridad que por objetivo final tiene la de generar una comunidad de valores, más allá del manejo que pueda hacer un líder carismático de un grupo humano, ya que un líder carismático no siempre podrá ver la alteridad y generar ese marco de reconocimiento necesario para que emerjan nuevas subjetividades. El Estado, en su singularidad histórica como monopolio de la legítima violencia, se hará cargo de dar sentido al tipo ideal que corresponde, ocupando la chance de dar forma a un mundo que se hace responsable por la alteridad y los problemas concretos que debe enfrentar el político.[7] Ésta es la alusión a la ética de la responsabilidad. Podemos agregar una indicación concreta: en su época Weber quiere defender la democracia parlamentaria, pues es la única manera —a su juicio— de defender al yo, de defender el ideal kantiano de la autonomía.

Dirá Marianne Weber que para el sociólogo la “autodeterminación de la personalidad por un sollen permanece una ley básica para toda su vida (…) Otra convicción que permanece para Weber toda su vida fue también expresada por Kant y el Fichte temprano (…) en realidad, el propósito de las instituciones políticas y sociales es el desarrollo de la personalidad autónoma”.[8] Para Weber subyace la idea de que el trayecto del género humano implica el camino de la ilustración kantiana, el camino de la autonomía; por tanto, en su propuesta se funden individualidad y autonomía no en un sentido egoísta. Hablar de individuo es hablar, por una parte, de su condición de sujeto autónomo y, por otra, es hablar de la capacidad para formar un mundo y afectarse no sólo por la racionalidad que posibilita esta autonomía, sino que también por las circunstancias históricas en las que se desenvuelve.

Para comprender el atisbo político que entrega al asunto de la igualdad conviene referirse a un texto de Weber poco conocido, Empresas rurales de colonos argentinos.[9] En este texto, el sociólogo nos habla de los colonos argentinos que trabajan como temporeros y sin contrato en la provincia de Entre Ríos. Estos colonos cumplen su jornada laboral en una situación en que no hay derechos protegidos por administración alguna. No obstante la ausencia de derechos, puede existir la buena alimentación, como, por ejemplo, comer carne en abundancia porque está disponible a voluntad. Aun así la vida no es la óptima. Puede que estén bien nutridos y con comida de lujo, pero no tienen ni para comprar un pan, ni para vestir, ni pueden institucionalizar sus relaciones familiares. Así, esta abundancia de nutrientes caros en otros lugares, nos dice enfáticamente Weber, no implica que se puedan levantar como seres autónomos. De hecho, los mismos colonos sólo tratan de aprovechar cualquier circunstancia para sacar el mayor provecho porque no hay seguridad para el futuro. Con un sentido diferente en el argumento de Weber se repite la tesis de madurez presente en el texto de García-Huidobro. Para este último, la madurez tiene que ver con un modo de ser civilizado que implica cierta disposición moral; para Weber, la madurez significa no retroceder respecto de los derechos sociales. Ese modo de ser del capitalista argentino es un modo de ser joven, el cual no tiene a la vista la experiencia de los derechos sociales, condición de vida. ¿Podríamos decir que se trata de una condición de habitar? Me refiero a aquella condición que ningún ser humano debería estar dispuesto a abandonar aun cuando significara mayor lucro. Es por eso que Weber se pregunta si alguien podría estar dispuesto a dar pasos hacia atrás, a buscar mayor rentabilidad de un negocio aunque eso signifique tratar mal al empleado. Su respuesta es que resulta inconcebible. Weber dirá:

Pues, ¿en qué se basa la “competitividad” de estas áreas de producción, y qué les permite la inaudita explotación indiscriminada que mencionamos? En primer lugar, la “fungibilidad” de los productores agrícolas. El colono tiene la soga al cuello.[10]

Hablar de la fungibilidad es caricaturesco en la medida en que significa que el propio ser humano pierde su teleología y se vuelve un bien de consumo. Este campesino que es otro para el patrón es a la vez un utensilio, una cosa, un nadie en el sentido de que su presencia no implica reconocimiento de derechos.

No podemos quedarnos con la idea de que la sensibilidad de la derecha hacia la igualdad sólo debe verse reflejada en una tendencia a una buena voluntad que establezca un horizonte de habitación moral, ética. Lo comentado aquí sobre Weber nos invita a pensar en que el asunto, pese a los sentimientos morales que enaltezcan al ser humano en su interioridad, debe ser comprendido como algo estatal. Estatal en Weber siempre es burocrático; en ese contexto debe existir la disposición a que la administración cumpla con su ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad permite que se reconozca la alteridad, pero no en una relación asimétrica, sino que en la medida en que otorga la posibilidad de levantarse como sujeto de derechos, dueño de la propia acción y libertad. Así, ya no se es materia dispuesta a intentar sobrevivir y ganarse el pan a toda costa, sin ser reconocido antes como ser autónomo, esto es, sujeto. Sujeto quiere decir ser reconocido como un ser que tiene identidad, es origen de su acción y que no se comporta solamente como ente de reacción ante los estímulos de quien le da trabajo y comida. Este reconocimiento, que pasa necesariamente por el rol social del derecho, implica ser reconocido en ámbitos como el económico, que ya hemos mencionado, y el individual, y que por cierto no excluye otro tipo de relaciones sentimentales que piden ser reconocidas institucionalmente como vínculos duraderos (me refiero a los modos de ser familia). Con todo lo problemático que es el concepto de sujeto para la filosofía, hoy no veo otro modo de reconocernos, pese a que reconocernos como sujeto significa un esfuerzo por entrar en un relato común con otros, un sacrificio que media el derecho cada vez que protege la posibilidad de ser autónomos al tiempo que, al institucionalizar al ser humano, nos quita algo de espontáneo.

Los seres humanos no somos cosas, no somos eventos que deban resignarse a no tener el reconocimiento, por ejemplo, de la viudez de una vida en común (sea sólo convivencia o relaciones homosexuales). Ni las mujeres somos contenedoras de fetos, mucho menos podemos hipotecar nuestras condiciones de vida que implican derecho a educación y salud. La igualdad pasa por establecer ese marco que reconoce derechos sociales —la burocracia querida por Weber—, a fin de que cada cual tenga voz y aseguradas condiciones básicas para poder llevar una vida a cabo. Soy consciente de lo lejos que estamos en Chile y de las obliteraciones constitucionales a las que aluden los académicos citados a pie de página, pero quizá la derecha deba comenzar cuestionándose el lugar en donde quedó atada la posibilidad de pensar en términos igualitarios. Habría de desarticular el modo de acción de una Concertación que constata que —al decir de Rodrigo Karmy— “todos los conceptos concertacionistas han sido, efectivamente, conceptos pinochetistas secularizados”.[11] Esto muestra la gran verdad que nos indica la lectura de García-Huidobro: la Concertación no ha ocupado su chance, no ha actuado responsablemente para frenar la falta de igualdad heredada de la dictadura. El argumento de que la derecha debe tener mejor voluntad no es muy distinto del que describe Renato Cristi sobre Jaime Guzmán,[12] quien dice que el aporte del jurista fue agregar valores a un sistema económico liberal. No podemos esperar a una buena voluntad que puede o no significar reconocimiento. Es necesario que la fuerza política se tome de una buena vez la chance de establecer el marco de reconocimiento necesario para la sociedad a la que pertenecemos. Esto sólo parece posible bajo una nueva constitución.

Pensar la solución a la desigualdad de la derecha sólo como reflexiones en torno a la definición de familia, habitar y descentralización no acaba nuestro problema. Pensar en la sensibilidad de un grupo respecto de la igualdad implica que un grupo esté por encima del otro. Hay uno que puede ser dueño y el otro no. Si queremos cambiar el ethos, el habitar, se debe reconocer la existencia plural mediante el reconocimiento de derechos sociales institucionalmente, y no sólo respecto de nuestra moralidad.

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1 Joaquín García-Huidobro, “La difícil relación de la derecha con la igualdad”, Estudios Públicos 147 (2017): 130-131.

2 Octavio Paz, El laberinto de la soledad (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1998). Respecto del tema de la alteridad, sigo aquí a Enrique Dussel. Su planteamiento mantiene la estructura de lo que se llama sujetos subalternos, es decir, bajo la dominación de otro. Respecto de la identidad latinoamericana y la necesidad de pensar nuevas subjetividades, se puede ver Carolina Bruna, “Identity in Latin American”, en The Enciclopedia of Postcolonial Studies, editada por Sangeeta Ray, Henry Schwarz, José Luis Villacañas Berlanga, Alberto Moreiras y April Shemak (London: Blackwell, 2016), artículo que se puede consultar en http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781444334982_chunk_g978144433498213_ss1-1#citation.

3 Respecto de este tema la bibliografía es abundante en varios campos, mostrando que la desigualdad en Chile es un problema constituyente de nuestra identidad. Por mencionar algunos: los libros de Fernando Atria, La constitución tramposa (Santiago: LOM, 2013); Veinte años después: neoliberalismo con rostro humano (Santiago: Catalonia, 2013); Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM, 2014); y de Fernando Muñoz, Hegemonía y nueva constitución. Dominación, subalternidad y proceso constituyente (Valdivia: Ediciones UACh, 2016).

4 Max Weber, Economía y sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 2002), 251.

5 Carl Schmitt, “Teología política”, en Teólogo de la política, prólogo y selección de textos Héctor Orestes Aguilar (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 21-54.

6 Aun cuando no es el tema de acá, es importante indicar que hay vasta bibliografía que muestra el interés de Weber por la teleología del ser humano, por su humanidad, y cómo la democracia contribuye a ella. Se puede ver Carlos Herrera, “La herencia weberiana en la república de Weimar”, Res Publica 20 (2008): 95-118; Stephen Turner y Regis Factor, Max Weber: Lawyer as Social Thinker (London: Routledge, 1994); Charles Turner, Modernity and Politics in the Work of Max Weber (London: Routledge, 1985).

7 Respecto del concepto de chance y cómo éste implica la ética de la responsabilidad de hacer algo por el otro, ha resultado inspirador y una influencia para este texto Kari Palonen, “The State as a ‘Chance’ Concept: Max Weber’s De-substantialization and Neutralisation of the Concept”. En Max Weber Studies 11, n.º 1 (2011): 89-117. El propio Weber es bien preciso en este punto en La “objetividad” del conocimiento en la ciencia social y en la política social (Madrid: Alianza, 2009), 128. Dice allí: “Aun existiendo una completa identidad formal entre las normas jurídicas vigentes, puede cambiar el significado cultural de las situaciones reguladas jurídicamente y, con ello, puede cambiar el significado de las propias normas”. Juego acá paralelamente con un concepto polémico como es el de chance (oportunidad). Schmitt se irá en picada contra Weber a raíz de la arbitrariedad del concepto (ver Schmitt, “Legalidad y legitimidad”, en Teólogo de la política, 247-344).

8 Citado por Charles Turner, Modernity and Politics in the Work of Max Weber (London: Routledge, 1985): “‘self-determination’ of the personality by sollen remained a basic law for him all his life… Another conviction that remained with Weber all his life was also expressed by Kant and the early Fichte (…) namely, that the purpose of political and social institutions is the development of an autonomous personality”. Aun cuando Turner dice estar citando a Marianne Weber, indica como referencia a esta cita lo siguiente: Max Weber, Roscher and Knies (New York Free Press, 1975).

9 Max Weber, “Empresas rurales de colonos argentinos”, en Trabajo y Sociedad XIII, n.° 14 (2010), disponible en http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/14_WEBER_Colonos_argentinos.pdf.

10 Ibídem, 7.

11 Rodrigo Karmy, “Chile pastoral. La transitología y su destrucción popular”, en El Desconcierto, 5 de septiembre de 2016. http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/09/05/chile-pastoral-la-transitologia-y-su-destruccion-popular/.

12 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán (Santiago: LOM, 2011). Me permito aclarar que esa precisión la hace Cristi simplemente indicando que Jaime Guzmán le había puesto algo de su propia visión moral del mundo (religiosa) al sistema económico. El argumento de Cristi va a mostrar un supuesto republicanismo a la par de un gobierno autoritario.

CONFERENCIA

INCONGRUENCIAS EN LOS USOS DE LOS IDEARIOS DE LIBERTAD E IGUALDAD*

Carlos Ruiz Encina

Universidad de Chile

Carlos Ruiz Encina. Sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Email: cruizencina@uchile.cl.

* Versión revisada de la conferencia realizada en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP.

Resumen: Para el autor de esta conferencia, en el Chile de la transición, ni el desarrollo del mercado ha significado más libertad, ni el desarrollo del Estado ha significado mayores posibilidades de igualdad para la población. Esto, porque, más allá de adoptar los grandes discursos de legitimación del último siglo —liberalismo económico y socialdemocracia—, los resultados concretos de la sociedad construida en más de 25 años de régimen democrático reflejarían un divorcio entre política y sociedad. El autor propone, entonces, el estatuto de la política en la construcción de la sociedad como paradigma de libertad y democracia.

Palabras clave: política, liberalismo económico, socialdemocracia, transición chilena, desigualdad.

INCONSISTENCIES IN THE USE OF THE IDEAS OF FREEDOM AND EQUALITY

Abstract: The development of the market in post-dictatorship Chile has not brought greater freedom, in the view of the author of this lecture, and nor has the development of the State given the population greater opportunities for equality. This is because politics has become increasingly divorced from that society even as it has adopted the last century’s great legitimation discourses, economic liberalism and social democracy. The discussion proposed by the author concerns the status of politics in the construction of society as a paradigm of freedom and democracy.

Keywords: politics, economic liberalism, social democracy, Chilean transition to democracy, inequality.

EL PAPEL Y LOS ALCANCES DE LA POLÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD. LOS MODOS DE LA DISCUSIÓN

A partir de los ideologismos que inundan la cuestión de la desigualdad, los discursos de legitimación en boga y las naturalizaciones más extendidas, una discusión acerca del carácter político de la desigualdad tiene que comenzar señalando las relaciones no siempre directas entre éstos, con la finalidad de situar el problema en discusión.

La pregunta por la pertinencia de atribuir una naturaleza política a la desigualdad social contiene el dilema implícito acerca de si esta última no es más bien un asunto del mercado, asunto en el cual la primera no debiera intervenir. Si no, entonces, ¿por qué hacerse tal pregunta? Esto, a su vez, contiene otro implícito, sostenido por las ideologías vigentes: dado que la desigualdad social es un asunto del reino de la libertad y del universo del individuo, entonces, sobre él no debe actuar regulación, intervención ni planificación alguna, acciones estas últimas usualmente atribuidas al ámbito estatal e, incluso, a la política en general. De modo que, frente a las ideologías más proclives al mercado, la pregunta acerca de si es la desigualdad un problema político, remite a abrir los supuestos de dichos ideologismos e inquirir acerca de los alcances y el papel de la política en la sociedad.

La cuestión estriba —de forma más general— en el estatuto de la política en la sociedad y su rol en la construcción de la sociedad. En específico, se trata del papel de la política en la producción de la diferenciación social, de la desigualdad. Como contraparte, ello nos lleva a la cuestión de la autonomía de la economía (entendida como mercado, a la usanza) respecto de la política. En definitiva, se trata también, en forma concomitante, del estatuto del mercado en la sociedad.

Con la modernidad, en una sociedad secularizada y presidida por la razón, ¿la construcción de la sociedad debe ser pensada? ¿Es un asunto racional? ¿Debiese, en este sentido, ser la política el espacio de deliberación racional, democrático y justo para ello?

De gran relevancia, esta discusión se ancla en la base de la construcción de alternativas políticas y, con ello, en la de los procesos de construcción de la cultura política. En la actual situación deficitaria de extendida desidentificación con la política por parte de la sociedad, se trata de una cuestión que actúa sobre los vacíos de la cultura política vigente y, con eso, en los déficits de sentido de la propia política y su crisis de legitimidad. Como una preocupación responsable ante esta situación, cabe consignar un renacimiento de lo político en el debate de ciertos sectores más lúcidos de la derecha chilena, que es lo que anima esta discusión.

DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y ORDEN. LA DESIGUALDAD Y SU LEGITIMACIÓN

El problema de la desigualdad, para los sociólogos, forma parte de uno más general, a saber, aquél de los modos de diferenciación social que tienen lugar en la producción de una sociedad concreta. De ahí, el desarrollo de un cúmulo de teorías de la diferenciación social, que aquí no viene al caso repasar.

El interés por estas cuestiones es de naturaleza política; una naturaleza que a menudo ocultan los enfoques técnicos, asépticos políticamente hablando, usualmente expresados en catálogos generales de divisiones sociales existentes, escasa o nulamente jerarquizadas, que no apuntan a las relaciones e interdependencias que existen entre ellas. Se suele restringir el retrato a simples descripciones, que ignoran las formas de producción de dichas diferenciaciones sociales, y se abstraen así de esfuerzos comprensivos e interpretativos que aborden la sociogénesis de estos procesos. El problema está en las relaciones de poder que subyacen en la producción del conjunto de jerárquicas diferenciaciones sociales que hacen a la sociedad en cada momento dado. El hecho de que los factores y los modos que intervienen en ello no sean siempre los mismos tiene que ver con esas relaciones de poder históricamente cambiantes: con las transformaciones históricas en las fuentes de poder y su incidencia en los modos de producción de la diferenciación social y, en particular, de las modalidades de desigualdad vigentes en cada momento.

De ahí que las distintas teorías de la diferenciación social desarrollan, en cada etapa, una estrecha relación con la producción y legitimación del orden social. Como se sabe, todas las sociedades relativamente complejas se caracterizan por la desigualdad en la distribución de la riqueza material y social, aun cuando ello ocurra en distintos grados y formas. Y esas distintas estructuras de desigualdad económica y social se han acompañado, de modo sistemático, de algún tipo de formulación ideológica —y teórica en tiempos contemporáneos— que pretende explicar y justificar la desigual distribución de los recursos existentes en la sociedad. De ahí que existe una vinculación entre los modos de comprensión de las diferencias sociales y las pretensiones de construcción del orden social.

La idea del origen natural de las desigualdades sociales que impera en la sociedad tradicional infundía a las relaciones sociales un carácter preconcebido e inmutable, que excluía cualquier deliberación al respecto por parte del pensamiento social. Es decir, se trataba de una apreciación de las desigualdades sociales acompañada de expandidas y arraigadas justificaciones morales y religiosas. Pero aquellas sociedades y la rigidez social de sus sistemas de diferenciación social sucumben bajo los dinámicos tiempos que, entre los siglos XVII y XIX, corren con el avance de un industrialismo capitalista que se asocia al advenimiento de la modernidad. Con esos cambios llega la crítica de los sistemas tradicionales de creencias, que por casi dos milenios explicaron y legitimaron las desigualdades sociales. Llega el supuesto de que los seres humanos nacen iguales, y con él las explicaciones del pensamiento social sobre la desigualdad. Descartado el origen de la desigualdad derivado de una condición “natural” de los individuos, hay que buscar en otra parte la explicación de las desigualdades. Si ésta no tiene un origen “natural”, ¿qué hace desiguales socialmente a los individuos?, ¿por qué unos dominan a otros? Desde entonces, tales preguntas pasan a constituirse en la base de los problemas centrales de la teoría social y política.

En el pensamiento político, los contractualistas formulan las primeras respuestas. Hobbes apunta a que la vida en el estado de naturaleza constituye un peligro, que resulta marcada por la guerra entre los hombres. En tal perspectiva, la solución a este “problema del orden” es la sumisión al Estado, sin la cual no habría más que caos. A la idea del Estado hobbesiano, Locke, en una línea que se juzga liberal, agrega que la autoridad del Estado es la que mejor puede garantizar los “derechos naturales” a la vida, la libertad y la propiedad. Más tarde, Rousseau precisa que, sin que se pueda alcanzar la libertad absoluta, la democracia directa, expresada por medio de la “voluntad general”, es un sistema político capaz de proporcionar la mayor protección al individuo. Se forjan así los fundamentos de la idea de que todos los “ciudadanos” tienen derechos políticos, tal y como se expresa en el sufragio universal y las instituciones democráticas. Un contractualismo en cuya base está el principio de una relación de protección y obediencia entre el Estado y la ciudadanía.

Con el ocaso de la sociedad tradicional y el avance del industrialismo crece el énfasis en la racionalidad del orden social moderno. Al mismo tiempo, se corroe el viejo reconocimiento social de las normas de la costumbre, y se expande el cálculo racional como fundamento de la nueva conducta económica en las sociedades capitalistas. La expansión de los mercados y los cambios en los procesos de producción avanza junto con la erosión de los derechos consuetudinarios en el dominio del comercio y la manufactura. A un tiempo, los cambios políticos que crean el individuo formalmente libre también producen al trabajador sin tierra, con el derecho a vender lo único que posee: su capacidad de trabajar. El trabajo se convierte en mercancía. Unas “libertades burguesas” que Marx critica en el siglo XIX, apuntando a los modos de legitimación del orden social en ascenso: el poder del Estado resulta inseparable del poder económico, y el “individuo soberano” de esta era deviene condición necesaria para la moderna explotación capitalista. Tal igualdad política resulta imprescindible para coexistir con las desigualdades materiales, puesto que, al definir las desigualdades vinculadas al sistema moderno de producción, distribución e intercambio como “no políticas”, la ideología burguesa las legitima (Marx 1967).

La idea de modernidad asociada al desarrollo del industrialismo capitalista incluye también los modos de control y regulación de las formas de sociedad que se le vinculan, con lo cual el Estado nacional se erige como uno de los más característicos, marcado por el desarrollo de organizaciones y sistemas reflexivamente controlados con capacidad de actuar sobre el mundo social, los que intervienen de modo decisivo en la constitución de las diferencias sociales. Las desigualdades relacionadas con las estructuras de producción, distribución e intercambio se tornan centrales en este panorama, aunque las formas anteriores de diferenciación social no desaparecen de inmediato. Al contrario, su persistencia le imprime mayor complejidad al problema al hacer inteligible la construcción de la sociedad, dada tal prolongación de instituciones precapitalistas que resulta, por lo demás, especialmente relevante en sociedades como las latinoamericanas. Las desigualdades consuetudinarias, en particular las que se relacionan con los estatus adscritos al origen familiar, el género, el fenotipo o la edad, persisten como una suerte de “legado moral” de las instituciones precapitalistas. Los grados que alcanza esta determinación política en el acceso a la riqueza, y con ello en la diferenciación social, relativizan el peso de mecanismos propios de situaciones de mercado en este sentido.[1]

En la actualidad, también se produce esta relación entre las pretensiones de construcción del orden social y las formulaciones teóricas e ideológicas en torno a la diferenciación social. Economistas como Hayek señalan que la persecución del interés propio en la sociedad propicia la innovación y el avance tecnológico, echando las bases de las doctrinas neoliberales. En esta línea, el capitalismo resulta dinámico porque es desigual y los intentos dirigidos a anular dicha desigualdad —o sea, a propiciar la igualdad— significan una limitación a la iniciativa individual que, en tal perspectiva, constituye el motor económico principal de la abundancia y el desarrollo material de la sociedad. Dichos argumentos tienen su paralelo en la teoría funcionalista de la estratificación, de raíces en el funcionalismo estructural parsoniano, para la cual, en las sociedades industriales avanzadas, los individuos deben ser inducidos a prepararse para ocupar posiciones que exigen mayores niveles de cualificación, y a cambio deben recibir una compensación proporcional a ello.[2]

Se postula que en las sociedades industriales, propias de una compleja división del trabajo, se produce un nuevo consenso sobre la igualdad, que sustituye al tradicional, anclado en la costumbre y las percepciones religiosas, no racionales, de la riqueza; que es expresivo de la racionalidad de la sociedad moderna. Los diferentes grupos no aparecen como antagónicos: son “estratos” socioeconómicos más que “clases”. Así, la desigualdad en las sociedades modernas se legitimaría en virtud de un consenso de valores sobre la importancia societal de determinadas funciones consideradas fundamentales para el progreso económico y social. En tanto discurso de legitimación o justificación moral de la desigualdad económica, esta formulación se afirma en un presupuesto fundamental: la existencia de una situación de igualdad de oportunidades; un axioma central del pensamiento liberal, con el que empalma la elaboración de Rawls (1979; 1993) y una filosofía moral que busca hacerlo compatible con las desigualdades reales. De ahí la centralidad de las condiciones y la posibilidad de la igualdad de oportunidades en la construcción del orden social actual y su legitimación, en tanto poderosa justificación de la desigualdad. Si todos tienen las mismas oportunidades de ser desiguales, el resultado desigual parece justo y justificado como reflejo de las desigualdades entre los talentos personales y no de procesos sociales prefigurados. Se trata de la explicación y justificación de las desigualdades materiales en una sociedad que reconoce política y jurídicamente la igualdad.

Si para Marx la desigualdad de clase se funda en el acceso diferente a la propiedad y al control de los recursos productivos, y es la base de una situación que no es consensual sino eminentemente conflictiva, también los “teóricos del conflicto” —como el propio Weber o Dahrendorf (1962)— relevan la importancia del poder y la coerción en la explicación de la desigualdad, e identifican las clases sociales como los “actores” principales de las sociedades industriales, aunque no pronostican la ruptura del orden social.

ANTECEDENTES Y CONTEXTOS DE LA DISCUSIÓN SOBRE LOS ALCANCES DE LA POLÍTICA

En la sociedad moderna, la cuestión de la diferenciación social —las desigualdades— y el orden social remite al problema del estatuto del mercado en la sociedad. ¿Debe éste tener una supremacía sin restricciones o debe, en cambio, tener una posición subordinada en la sociedad? Es un debate de largas raíces, especialmente agitado en el período entreguerras, y se relaciona con las preguntas que hoy se reiteran a partir de las experiencias del llamado neoliberalismo. ¿Es posible amansar la furia del mercado —y las disparidades sociales que produce— en una sociedad situada bajo una dinámica económica cada vez más global? Para quienes el aumento de la riqueza y del progreso social sólo es posible en una sociedad en que domine el mercado, tal dilema ni siquiera existe. Pero es un largo debate, que agrega progresivamente nuevas complejidades, evitando una clausura simple de esta cuestión.

La pregunta se reformula: ¿cómo compatibilizar el desarrollo del mercado con el interés general? Sus raíces pueden rastrearse, al menos, a fines del siglo XVIII, a la revolución industrial inglesa y la revolución política francesa, fundantes de los paradigmas económicos y políticos de la modernidad. Entre tales elaboraciones, aparece en Alemania, después de la Comuna de París, un modelo en que el Estado interviene en diversos asuntos de interés común, coexistiendo con la propiedad privada, manteniendo bienes de propiedad social. Un tipo de propiedad que no sólo es la única propiedad de quienes carecen de propiedades, es decir, los más pobres, sino que además tiene pretensiones de erigirse en instrumento y espacio de cohesión institucional (Álvarez-Uría 2005).

Esta discusión es el antecedente de los debates actuales, y adquiere especial intensidad en la crisis de la sociedad europea de entreguerras, cuando la crisis económica, la revuelta obrera y el desplome de la clase media someten a una enorme presión al orden vigente. De esa crisis centroeuropea, la discusión se traslada a Inglaterra y luego se arraiga, como pensamiento del siglo XX, en los Estados Unidos. Si ya en Weber hay una preocupación temprana por la planificación a través de políticas sociales —que apunta a los problemas de la integración social y a la desigualdad como una amenaza a la primera, al mismo tiempo que advierte sobre los excesos del poder burocrático que aprecia en credos autoritarios de un extremo y otro—, llega con Polanyi, en realidad, la discusión abierta y el cuestionamiento del estatuto del mercado en la sociedad. Un debate que transcurrirá bajo el contexto de la solución keynesiana a la cuestión del desempleo.

El ideal de una sociedad de mercado alcanza una primera formulación bajo el liberalismo manchesteriano. Como utopía económica se abre paso ya a finales del siglo XVIII con los representantes de la economía política escocesa, extendiéndose sobre los países occidentales en el siglo XIX, buscando una primacía autonomizada del mercado en la sociedad, para que domine toda la vida social. Para Polanyi, tal utopía desarticuló las viejas instituciones sociales heredadas y posibilitó, en la primera mitad del siglo XX, los Estados totalitarios bajo el fascismo. De tal modo, para entender el nacionalsocialismo alemán, hay que remontarse a la Inglaterra de Ricardo. En La gran transformación, Polanyi (1992) examina las condiciones sociohistóricas que favorecen el ascenso del mercado a un sitial hegemónico en las sociedades capitalistas; un marco social e intelectual que es preciso recuperar para situar las preocupaciones del presente.

En aquellas condiciones, grandes sucesos se mezclan en la agitada primera mitad del siglo XX, como el debate sobre la Revolución Rusa y las posibilidades de desarrollo de una economía sin mercado; la gran crisis del 29, el New Deal norteamericano y las propuestas de Keynes; la oposición antikeynesiana de la escuela austríaca de economía y las bases del ideario neoliberal; y el propio avance de los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, la gran crisis y reconstrucción de la civilización occidental. Polanyi y otros intelectuales como Norbert Elias y Karl Mannheim, que asistían al horror de la Primera Guerra Mundial, al derrumbe del viejo Imperio Austrohúngaro, al ocaso del precario parlamentarismo de la Alemania posterior a Versalles y al inicio de los movimientos revolucionarios y los totalitarismos, abordan estas cuestiones en tiempos de gran incertidumbre.

La Revolución Rusa instalaba no sólo el problema del cambio anticapitalista, sino también, relativo a nuestra discusión, la cuestión del cálculo económico. Sobre el futuro del socialismo ruso, Weber advertía tempranamente las dificultades que traería el peso de la larga tradición autocrática zarista, por lo que esta aventura retrasaría —en lugar de adelantar— la llegada del socialismo. La advertencia weberiana estaba en línea con su idea de la necesidad del dinero para una planificación económica racionalizada; argumento que los economistas austríacos avanzan más allá de la preocupación de Weber, para afirmar la imposibilidad del socialismo en cualquier sociedad. Ya antes de que estalle el curso revolucionario ruso, Ludwig von Mises publica la Teoría del dinero y del crédito, en 1912, y, luego, un artículo en el Archive für Sozialwissenschaft und Socialpolitik, la clásica revista fundada por Weber, en 1920, planteando la imposibilidad de una economía socialista en una forma trascendente y vinculada a la discusión que hoy nos ocupa. El Estado, al fijar arbitrariamente los precios torna inviable —sostenía— el cálculo económico, porque las necesidades de la población se expresan a través de la demanda efectiva, pero el único medio de acceder a tal demanda es el mercado. Sin el mercado, ni libertad de compraventa, ni competencia libre, no hay precios, y sin precios que reflejen las prioridades e intereses de los consumidores no es posible el desarrollo de una racionalidad económica que responda al interés general. Mises impugnaba el socialismo en nombre de la revolución marginalista, desde una nueva teoría económica que ubica al empresario en un sitial central y en la que la libre elección del consumidor eclipsa al trabajo como fuente de la riqueza.

Polanyi (2008) critica esta formulación por tautológica y reclama una vía entre el liberalismo de los austríacos y el colectivismo soviético. El problema estriba —apunta— en situar de modo reflexivo la cuestión del lugar de la economía en la sociedad, algo que tanto el economicismo liberal como el estalinismo impiden abordar. Tras la Gran Depresión de 1929, el debate entre Polanyi y Mises cobra nueva importancia. Las opciones políticas se cerraban en torno al socialismo soviético, el fascismo, el reformismo socialdemócrata y el liberalismo. Si la opción socialdemócrata se asocia en un inicio a Roosevelt y su New Deal, abocado a compatibilizar planificación y libertad, Keynes formula la necesidad de una institución capaz de un “control deliberado de la moneda y del crédito”, en la idea de que, ya antes de la crisis, las sociedades industriales transitaban de un capitalismo de pequeñas empresas familiares a un capitalismo socializado, marcado por la emergencia de grandes corporaciones privadas. El reformismo de Polanyi, como el de Mannheim, apuntaba a una economía alternativa tanto al liberalismo económico, como al fascismo y al sistema soviético.

¿Cómo articular la planificación con libertad, la lucha en favor de la igualdad con las libertades de los individuos? Éste era el dilema que animó una elaboración que buscaba superar el individualismo liberal, defendido por Mises y Hayek, que asociaba a la civilización occidental con la sociedad de mercado, que veía en la planificación un control central que no sólo excluía la libertad de los individuos, sino que además llevaría inevitablemente a la agonía de una técnica que se desarrolla —según tal visión— en la medida en que exista libre competencia. Pero la revolución keynesiana se impone en esa oportunidad sobre los economistas liberales seguidores de la escuela austríaca de economía. Si Hayek alega la necesidad de garantizar las condiciones para un equilibrio entre la producción de bienes y consumo —en la idea de que en los precios anida la posibilidad de un conocimiento racional del mercado por los individuos, invocando “la mano invisible” de Smith como fuente de un orden estable—, Keynes, en lugar de partir de tal estabilidad —regida por la libre concurrencia y la confianza en el curso espontáneo del mercado—, formula una economía de la crisis. Invierte los términos de los austríacos, alega que el mercado es incapaz de resolver por sí solo los desajustes que genera, lo que plantea la necesidad de una instancia externa que introduzca desde fuera del mercado la regulación económica. Critica, entonces, a Mises por una aversión a la política y al Estado; es decir, al intervencionismo.

Los embates del liberalismo, en un inicio dirigidos hacia el marxismo ortodoxo, giran hacia esta formulación keynesiana orientada a legitimar, en nombre del interés general y a partir de las categorías económicas, el recurso al intervencionismo. En 1938, en un encuentro en París realizado a propósito de las inquietudes del periodista y ensayista norteamericano Walter Lippmann, encuentro que luego se conocerá como el Coloquio Lippmann, se coincidía en la necesidad de articular un nuevo liberalismo. De ahí que, en esa oportunidad, se acuñe el célebre término “neoliberalismo”. Hayek y Robbins trazan los ejes trascendentes: sólo el mecanismo de los precios, operando en mercados libres, permite una utilización óptima de los recursos productivos orientada a la satisfacción máxima de los deseos humanos; la responsabilidad del Estado estriba en establecer el marco jurídico para tal libre desarrollo económico; otros fines sociales pueden ser atendidos con cargo a la renta nacional que, con esa finalidad, puede ser sustraída al consumo, siempre que tal transferencia cuente con un consentimiento transparente.[3] De este modo, ante la amenaza del comunismo y el totalitarismo, la clave técnica invocada es el mecanismo de los precios. La apelación es a la necesidad de recurrir a la “iniciativa individual para buscar la ganancia, asumiendo con ello las responsabilidades y riesgos” (Wapshott 2013). El debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo y en las economías planificadas se plantea ahora en torno a “el mecanismo de los precios”.

A pesar del avance de la solución keynesiana, la trascendencia del Coloquio Lippmann radica en que cohesiona la determinación de un grupo de intelectuales en la defensa de la primacía del mercado en la sociedad que, más que centrarse en el viejo liberalismo, se plantea la elaboración de un liberalismo de nuevo cuño. Al año siguiente se creaba, en el mismo París, el Centre International d’études pour la Renovation du Liberalisme, una organización que resulta el precedente directo de la más conocida Sociedad Mont-Pelerin, que surge en torno a Hayek en 1947.

En este nuevo liberalismo hay una concepción del hombre como tal. Polemizando con Mises, Polanyi contrasta la asociación del individuo con el homo oeconomicus de origen en la tradición de la economía política escocesa, y con el yo psicológico de la tradición psicoanalítica. Tal como Keynes, Mannheim o Norbert Elias, insiste en un yo conformado por las interacciones y las instituciones sociales. Mannheim recupera la concepción de la subjetividad de Malinowski en su célebre Los argonautas del Pacífico occidental, en el que discute con el psicoanálisis sobre el complejo de Edipo y releva la primacía de los factores culturales en el moldeamiento de los individuos sobre aquellos económicos y estrictamente psicológicos. En igual línea situaba Elias las diferencias conceptuales entre civilización y cultura en El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, de 1939 (Elias 1987). El mercado no quedaba por encima de la sociedad. Pero, apelando a la tradición de la centralidad del “hombre económico”, este nuevo liberalismo hace de la elección del consumidor un factor psicológico inherente a la condición humana, que está en la base de la economía, y en especial del sistema de precios, trazando una naturalización de las relaciones de mercado que tendrá una enorme expansión posterior.

Mannheim aprecia en aquellos años treinta un curso de cambio social acelerado desde la vieja sociedad liberal, amparada en la democracia de minorías, a una sociedad de masas. La política de gobernantes aristócratas y electorados restringidos, presupuestos modestos y divisas estables se desplomaba tras el desastre de la Primera Guerra Mundial y el ascenso bolchevique en Rusia. Nuevas expectativas sobre una democracia capaz de procurar mayor seguridad e igualdad, y capaz de acabar con las barreras tradicionales entre el sistema político y la iniciativa empresarial, chocaban en Europa con los vestigios semioligárquicos en el Estado y las jerarquías sociales. En la sociología, crecía la atención sobre los rasgos y dilemas de la nueva “sociedad de masas”. El avance industrial y el desarrollo tecnológico se acompañaban de una crisis de la cultura, cifrada en la ausencia de “capas sociales sublimadoras” a cargo de “conformar de modo primario las fuerzas espirituales y anímicas” (Remmling 1982). Opuesto a los pensadores proclives al elitismo tradicional, Mannheim aprecia como indetenible el proceso de democratización de masas, y advierte las complejas necesidades de orientación. Declaraba así cerrado el ciclo del liberalismo clásico, y abría el dilema de la democracia en tiempos de la sociedad de masas, cuyo nacimiento implicaba cambios sociales incompatibles con la tradición liberal. El debate abarcaba la cuestión de los valores. El asunto era ir más allá de una sociedad de mercado sometida a los criterios de rentabilidad económica, cuyo afán de lucro desatado generaba pesadas fracturas sociales. En plena Segunda Guerra Mundial, las tareas que seguían a la devastación definían así el dilema de la “reconstrucción” de la democracia.

Las interpretaciones individualistas y economicistas de la vida social hallaban apoyo en las formulaciones de otro activo pensador en estos debates. A mediados de esos años treinta, entre Hayek y el joven filósofo austríaco Karl Popper surgía una alianza intelectual liberal, que proyectaría la obra de ambos al centro del ascenso del ideario neoliberal a fines de los años sesenta. Junto a la gravitación de Hayek en la crítica al “control central” de la economía y sus implicancias en términos de ineficiencia y autoritarismo, se introducía una dimensión relativa al “conocimiento científico”, que aborda las tensiones entre planificación, ciencia y libertad. Las ideas de Hayek (1937; 1941) al respecto reciben con Popper un impulso que alcanza la epistemología de las ciencias sociales.

En Camino de servidumbre, Hayek (2008) sintetiza sus críticas a la planificación, provenga de las experiencias socialistas o del occidente socialdemócrata, con una vehemencia que contrasta con el clima posbélico. Entonces, el mayor proyecto de planificación llegaba desde Estados Unidos. El “Plan de recuperación económica para Europa”, conocido como Plan Marshall, se aprobó en el Congreso norteamericano forzado por el golpe de Estado comunista en Praga a inicios de 1948, con el fin de evitar la extensión de la influencia soviética. No sólo la lucha contra el hambre y la pobreza, sino que la reconstrucción de Europa contó con la ayuda norteamericana, aunque en un clima en que ya despunta la Guerra Fría. Desanimado por este ambiente, Hayek deja la discusión británica y desde el Chicago de los años cincuenta formula una teoría social y política más allá de su trabajo económico técnico, que deviene en la mayor síntesis de la derecha de posguerra (Anderson 2008). En Los fundamentos de la libertad (1960), luego en Derecho, legislación y libertad (1973-1979), proyecta una idea de libertad que opone la tradición empirista británica —que asume la evolución política como un curso espontáneo de gradual progreso institucional, asociable al de la economía de mercado o del derecho consuetudinario— al racionalismo francés, donde las instituciones sociales son susceptibles de construcción premeditada. Si la primera línea lleva a la libertad; la segunda la niega. Si Locke se erige en un eje para la auténtica libertad, Hobbes, visto como racionalista político, en el otro extremo estimula las ensoñaciones posteriores del positivismo jurídico; un constructivismo social que, como amenaza para este liberalismo, se imbrica con los riesgos de la democracia moderna. Hayek advierte que la igualdad ante la ley es un principio muy distinto al de la igualdad en la elaboración de la ley, en cuya confusión el segundo aplasta al primero, pues la idea de soberanía popular cobija la posibilidad de que el derecho público de las mayorías legislativas anule saberes heredados del derecho consuetudinario privado, transgrediendo los límites en torno a la propiedad individual y la persona. De ahí que, para garantizar el gobierno basado en el rigor de la ley, no en la licencia del consentimiento, sea preciso limitar la capacidad de injerencia general de estas asambleas; si bien la democracia es el modo de cambio más pacífico y efectivo para educar a las masas, tales ventajas no la convierten en un fin en sí mismo, ya que, en caso extremo, un régimen autoritario que reprima el sufragio popular pero respete el imperio de la ley podría garantizar mejor la libertad que un régimen democrático susceptible a las tentaciones de la redistribución social.

Ante el triunfo keynesiano, se insistía en limitar la incidencia de la política en la sociedad, y este nuevo liberalismo sobrevive aquella adversidad. En los años sesenta, con Friedman y el enfoque monetarista, dicho liberalismo logra adquirir capacidad política y de determinación sobre los modelos de desarrollo, y bajo la crisis de los Estados de bienestar se proyecta como una salida. Su ímpetu apunta nuevamente a la fórmula keynesiana, cifrando como el efecto más peligroso de esta fórmula a la interferencia estatal en la inflación. Ataca una acción estatal destinada a controlar los precios para garantizar acceso social. Desde esos orígenes de monetaristas de Chicago, el ideal de “autorregulación del mercado” apunta a “matar al dragón inflacionista”, fundando un credo, luego extendido, de que es más importante mantener bajos niveles de inflación que lograr pleno empleo, lo que afecta cualquier pretensión redistributiva. Más ampliamente, se apunta a la necesidad de introducir formas de mercado en los espacios que la sociedad del bienestar había cubierto con servicios públicos. Se propaga el discurso de la ineficiencia de los servicios estatales y, luego, la legitimación de su privatización posterior.

No extraña el hecho de que, de la mano de la recuperación de estos idearios liberales sobre una concepción economicista de la vida social, se restituyan en los años ochenta los enfoques asociados a la teoría de la elección racional en la sociología y en la ciencia política, que recuperan un individualismo metodológico que relativiza el peso de las estructuras sociales. Su aplicación a los estudios sociales y políticos es una reposición del hombre económico y la primacía de un nuevo economicismo. Tal tendencia al uso del enfoque económico en la explicación de fenómenos no económicos se ampara en varios supuestos, anidados en lo que sus defensores entienden por comportamiento racional, como la idea de que el individuo tiene un plan coherente e intenta maximizar la satisfacción de sus preferencias, a la vez que busca minimizar los costes. De ahí que tal racionalidad implica la existencia de un orden de preferencias en el individuo ante las diversas opciones, entre las cuales se infiere una “función de utilidad”. Más allá de lo polémico de estos y otros supuestos subyacentes en tales formulaciones, lo relevante para nuestra discusión es que ellas se extienden sobre el análisis de la vida social y los comportamientos políticos, hasta hacerse dominantes. Aunque los antecedentes de este uso del hombre económico como unidad epistemológica son cifrados, por algunos, en Hobbes y su idea de un mundo poblado de agentes racionales e interesados; o en Adam Smith, que empleó su razonamiento económico para explicar la acción política; o en las reformas utilitaristas de inicios del siglo XIX, que invocaban una lógica económica; lo cierto es que no es sino en nuestros tiempos que comienza a emplearse un enfoque económico para abarcar facetas muy disímiles de la vida social.

Más allá de sus adversarios keynesianos, las críticas al enfoque neoliberal abarcan una relevante línea de pensamiento sociológico y también liberal, que se desarrolla por todo el siglo XX hasta nuestros días, y afirma, más allá del sujeto del economicismo liberal, las bases sociales de la subjetividad. Ello introdujo la cuestión de cómo concebir las instituciones mediadoras en la formación de la personalidad social en una sociedad democrática. Un dilema al que no es ajeno, incluso, un liberalismo político que critica el carácter de esa formulación austriaca por economicista e individualista, y su posterior expresión monetarista; y que por eso alega un carácter político antes que económico del ser humano. Hay en Aron, por ejemplo, una defensa de enfoques no economicistas en las ciencias sociales, desde una aproximación genuinamente liberal a la política.[4]

En una formulación de similar orientación, Arendt reclama la primacía de la política como espacio de la vida humana. Su opuesta, la esfera privada —entendida ya sea bajo la forma clásica de la vida familiar dentro del hogar o, bien, bajo la forma moderna de instituciones privadas de la llamada “sociedad civil” o del “mercado”—, la entiende precisamente como aquel ámbito de la vida que se resta de la coexistencia con los demás, que se retira del encuentro con otros y que, por tanto, busca garantizar, bajo criterios valóricos, ideológicos o legales, cierto orden o reglas de convivencia que serían inaplicables a la irreductible contingencia de la esfera pública. Para Arendt (2009), el individuo reducido a la lógica de la necesidad en la que los hombres sobreviven no alcanza la posibilidad de la libertad en la que los hombres, en el espacio público, arriesgan sus vidas. De esto se desprende que la esfera privada es constitutivamente apolítica o, más bien, anti-política, mientras que es sólo en la esfera pública donde la política puede realmente acontecer. Lo que hay aquí es una concepción de la esfera pública para una comprensión distinta de la política. La esfera pública no es un espacio donde el consenso, la armonía y la paz estén garantizados, menos aún un espacio que por algún designio providencial esté destinado al acuerdo y a la formación de una identidad fija y resuelta. Pero es en esa esfera donde, para Arendt, se puede desplegar y afirmar la condición propiamente humana, esto es, el espacio donde cada ser humano puede expresar su discurso y realizar una acción efectivamente dotada de sentido y valor; en tanto discurso y acción son inconcebibles en completo aislamiento, y nunca logran alcanzar la profundidad y la potencia de la que son capaces cuando no se es escuchado y visto por otros. De ahí que en la esfera privada no puede haber discurso y acción propiamente políticos; allí las condiciones de su despliegue están limitadas a un intercambio privado. Sólo confrontados a la diferencia y a la pluralidad es posible que discurso y acción tengan un sentido y un efecto políticos.

Arendt aboga así por una politización de la sociedad no como restricción de libertad, sino todo lo contrario. De ahí también su desconfianza en el Estado como poder burocrático, que simplemente reemplaza la primacía de las estructuras de poder del ámbito privado por otras nuevas, igualmente perversas. No plantea el dilema como oposición entre mercado y Estado, puesto que el Estado también, en caso de ser capturado —en cierta similitud a la crítica de Hayek al corporativismo—, disuelve la esfera pública deliberativa. Así, no es la socialdemocracia una solución satisfactoria. Pero es claro que subyace aquí una perspectiva ontológica del ser muy distinta a aquélla de los anotados economistas austríacos.

Es una idea distinta de libertad. No se reduce al individuo, ni limita su razón a la dinámica de fijación de precios, sino que se extiende a la sociedad, que, organizada en polis, es reflexiva sobre su destino. Es una idea de libertad ligada a la tradición kantiana, entendida como autodeterminación y no la simple ausencia de coerciones, como ocurre en la formulación negativa de Hayek. En la polis, y sólo en ella, cada individuo alcanza su libertad, por cuanto es capaz de orientarse más allá de sus necesidades. La sociedad no aparece, entonces, como simple sumatoria de los individuos particulares, sino como deliberación pública y racional.

Si el ser humano es político antes que privado, la desigualdad aparece entonces como problema político. Del otro lado del Atlántico, en un debate más tardío pero trascendente, C. Wright Mills (1986) reprocha a la discusión planteada por este liberalismo económico el hecho de que no considere el papel de los grupos que ocupan posiciones de poder en el ámbito económico y político.[5] Se abría así la interpelación por el carácter social de las élites. Se inquiere por el interés tras el programa hayekiano, como voluntad —colectiva, según hemos visto— de despolitización. Por esto mismo, Raymond Aron reclama desde el propio liberalismo político que las reformas propugnadas por los seguidores de la escuela austriaca sólo podrían llevarse a cabo bajo una restricción inaudita de la esfera pública —esa que defiende Arendt como esencial a la libertad—, y, por ende, sólo podría defender su concepción de libertad cancelando la de quienes la entienden de otro modo (Aron 1991).

DESIGUALDAD, ESTADO Y MERCADO. LAS CONDICIONES DE LA DISCUSIÓN ACTUAL[6]

Tal como se ha señalado, la pregunta sobre la naturaleza política de la desigualdad remite al estatuto del mercado en la sociedad. En otros términos, hace referencia al sometimiento de la economía a la política, y arrastra la preocupación por el hecho de que ello resulte posible preservando la libertad, sin que exista una asociación entre regulación o planificación y autoritarismo. Plantea, en fin, el dilema de cómo compatibilizar el libre mercado con el interés general. Empero, aparte de sus espinosos antecedentes intelectuales y políticos, las condiciones de la discusión actual en nuestra experiencia aportan su propia dosis de complejidad a esta cuestión.

Uno de los idearios más recurrentes en el proceso de transición a la democracia en Chile ha sido aquél que se establece en torno al debate entre Estado y mercado. Ante un curso de privatización heredado de la etapa autoritaria, se argüía la necesidad de anteponer el Estado, como sinónimo, si no directamente de igualdad, al menos de reducción de las extremas desigualdades heredadas, que resultaban de difícil legitimación en la etapa democrática. Con ello se fundaron relevantes idearios y discursos de legitimación, sobre los que se buscaba cifrar el sentido de la distinción no sólo entre la perspectiva socialdemócrata y la neoliberal, sino, más allá, también entre demócratas y defensores del autoritarismo, y hasta entre izquierda y derecha mismas. Sin embargo, la experiencia indica que, a más de dos décadas y media de esta recuperación estatal concebida, la desigualdad no remonta significativamente, y aunque en los últimos años ha disminuido en términos de distribución del ingreso sigue siendo una de las más altas de América Latina y de los países OCDE.[7] En efecto, después de los tres primeros lustros de crecimiento sostenido del gasto social estatal desde el fin de la noche dictatorial —especialmente en las áreas de salud, educación o vivienda, en que se multiplican en varias veces los volúmenes heredados— resulta que la desigualdad, especialmente en términos de la concentración de la riqueza y el poder, empeora o se mantiene mal. Las disparidades habidas ubican a la experiencia chilena entre las peores de la región, incluso a escala mundial. Ello en plena experiencia democrática. Este dilema no puede dejar de llamar la atención, y sus efectos se propagan hasta el ámbito de la política. La asociación simple entre Estado e igualdad no sólo tambalea con esta experiencia, sino que extiende sus extravíos sobre las pretensiones de construcción de cultura política que se buscaban cifrar en ella.

El problema no se reduce, por lo demás, a una situación de incapacidad estatal por detener la expansión de las brechas sociales a raíz de un aumento de la pobreza. La paradoja aparente estriba en el hecho de que la pobreza disminuye precisamente en este período. O sea, con oscilaciones, las desigualdades se mantienen relativamente altas (PNUD 2017), al mismo tiempo que la pobreza disminuye. El problema está en otra parte. La concentración de la propiedad y del ingreso se desata en pleno período democrático, constituyéndose en las bases más relevantes del crecimiento de la desigualdad en medio de un contexto de crecimiento económico y de elevación general —aunque muy desigual, valga insistir— de los ingresos.

Peor aún, en el centro de la extendida desidentificación actual con la política, y de agudo divorcio entre Estado y sociedad, está el hecho de que en una medida importante muchos de esos cursos de concentrada acumulación de la riqueza ocurren al amparo del propio Estado. Las subvenciones estatales que crecen en este lapso se destinan en gran parte a subvencionar las ganancias de un enjambre de empresas, que crecen en los nichos de acumulación regulados que han dejado unos servicios públicos que, para ello, se mantienen convenientemente desmantelados y en estado crítico. Esta suerte de capitalismo de servicio público, entonces, crece en paralelo y en forma orgánicamente dependiente con tal expansión del gasto estatal, precisamente, en las áreas de atención social.

No es difícil advertir la cantidad de incongruencias que esta experiencia histórico-concreta plantea respecto a los idearios invocados, especialmente en términos del pensamiento socialdemócrata y del propio liberalismo económico. Más allá de los ideologismos que impiden verlo, resulta que gran parte de ese acrecentado Estado ha terminado subvencionando —en democracia— acumulaciones privadas como prestadoras de servicios sociales en la educación, la salud, la vivienda “social” y otras esferas.

La paradoja —ideológica— crece al constatar que los niveles de concentración de la propiedad y de la riqueza que un proceso de estas características estimula no sólo se convierten en una de las explicaciones principales de la desigualdad actual, dada la concentración que produce, sino que además terminan arrojando unas modalidades de dicha concentración que actúan en contra de la propia competitividad —traicionando a Smith—, la innovación y otras características relativas a la “destrucción creativa” que Schumpeter atribuye a la competencia capitalista.[8]

De este modo, en contra de extendidas vulgatas tanto de izquierda como de derecha, el neoliberalismo chileno no resulta necesariamente en menos Estado, y tampoco ocurre aquello de que a más Estado habría menos mercado, entendido como esfera económica privada. Lo cierto es que hay otro Estado, y que a su amparo han surgido nuevas formas de diferenciación social y se ha profundizado la concentración de la riqueza y del poder.[9]

Si para unos el Estado aparecía como un centro de contención del mercado, la experiencia desvanece tal ilusión. Para otros, si el Estado era sinónimo de restricción de libertades, del desarrollo del individuo y de las oportunidades, resulta que respecto de tales libertades y oportunidades, situadas en un ideal de mercado —entendido como esfera competitiva y multiplicadora de ellas—, ocurre otra paradoja ideológica, pues se trata de intereses privados que crecen al amparo del intervencionismo estatal, de la constitución de nichos de acumulación regulados por esta peculiar forma de planificación.[10] Es decir, a través de la cooptación de la iniciativa estatal en nombre de la libertad, se termina capturando el mercado, anulando la competencia y, por tanto, restringiendo toda posibilidad de que represente un espacio de realización de la invocada libertad creativa del individuo.

La concentración así estimulada no redunda en más oportunidades ni en alguna igualdad referida a ellas. No sólo ocurre un fomento estatal de la desigualdad en la distribución del ingreso, sino que también la acumulación de carácter privado que ello promueve opera en forma contraria a la igualdad de oportunidades. Es una expansión mercantil orgánicamente vinculada a una planificación estatal. De modo que tampoco hay una multiplicación ni una equitativa distribución de las oportunidades de emprendimiento, sino su concentración en pocas manos, en detrimento de la libertad de competencia. Tal expansión de las esferas privadas no reporta más mercado, en el sentido clásico de su acepción.

En definitiva, no parece haber más libertad. Pero no sólo de emprendimiento empresarial. Tampoco a nivel del individuo que, sin capacidad de tal emprendimiento, sufre sus estragos en la base de la sociedad. Pues la misma expansión de los mercados sobre los derechos sociales no sólo impacta en una extrema mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida social, al privatizar extendidamente cuestiones como la salud, la educación o las pensiones, sino que, asimismo, introduce unos enormes y conocidos niveles de incertidumbre en los individuos, propios de una pérdida de soberanía sobre sus propias vidas. En definitiva, también hay una pérdida general de libertad a nivel de la vida cotidiana, de la reproducción individual.

En suma, ocurre que, si bien más Estado no significa una expansión de lo público, tampoco una expansión privada significa una ampliación del mercado, de la competencia, las oportunidades y las libertades supuestamente asociadas a ello. Es decir, más esfera privada no significa más mercado ni oportunidades y libertades para todos. Al fin y al cabo, en nuestra experiencia reciente, ambas construcciones ideológicas —de las que dicen asimilarse a los respectivos ethos socialdemócratas y liberales criollos— resultan incongruentes, en grado sumo, con el sentido original de los preceptos en que dicen ampararse.

INCONGRUENCIAS IDEOLÓGICAS Y CRISIS DE LA CULTURA POLÍTICA

Según se observa, estamos ante profundas incongruencias en el uso del ideario liberal y socialdemócrata, entre un Estado que no trae igualdad y un mercado que no trae libertad, y que cuentan entre sus efectos el ahondamiento de la crisis actual de la cultura política, como expresión de una extendida desidentificación de la sociedad con la política y con el Estado. A fin de cuentas, la pretendida racionalidad —tan debatida, como vimos— no aparece por ningún lado, y, con ello, tampoco la posibilidad de que estos idearios invocados actúen con alguna incidencia en los procesos concretos de construcción de sentido que operan a nivel de los individuos.

En semejante andar, aparece el hecho de que la simple defensa del Estado no es alternativa, a pesar de una izquierda que apela ciegamente a ello. Ha sido más mercado, y en una forma que, además, no ha sido más libertad, como tampoco más individuo. Acaso, peor aún, no ha sido tampoco más justicia, más democracia ni más ciudadanía.

La crisis de legitimidad actual de la política tiene que ver con ello. Más aún, la crisis general de las élites, incluida la económica. La incongruencia entre la permanente apelación a los idearios de libertad e igualdad y los resultados concretos de la sociedad construida en más de 25 años de régimen democrático redunda —como se señalaba— en un divorcio entre política y sociedad, y en una deslegitimación generalizada de la primera, que tiende a ser vetada como esfera de diálogo y resolución de diferencias ideológicas, pero sobre todo como esfera de construcción de sentido para los proyectos de vida de los integrantes de la segunda. No sólo aparecen cuestionados principios como la igualdad —incluso la de oportunidades—, sino que también la justicia y la propia participación democrática. De tal suerte que, en función de su reproducción social, los individuos tienden a proyectar su vida en ausencia de marcos de sentido vinculados a estas pretendidas instituciones sociales y normativas ligadas a la esfera de la política.

Es imposible atender seriamente la crisis de legitimidad de la política chilena sin encarar los perniciosos efectos de la utilización espuria de estas banderas en la actualidad. Es necesario asumir que no es posible trasladar mecánicamente la dicotomía entre igualdad y libertad a la experiencia chilena, pues, en base a la experiencia histórica reciente, tan ajeno aparece el pensamiento socialdemócrata a la Concertación, como el liberalismo a la derecha, pese a que los invocan, respectivamente, como bases de sus idearios y programas políticos.

Por ello, estas tradiciones teóricas están vacantes. Hay una utopía izquierdista del Estado, como una de la derecha sobre el mercado que no son más que mecanicismos abstractos. El problema es que esto resulta indicativo de un vacío en la cultura política y, con ello, de urgencias para su refundación, para la reconstrucción de su anclaje en la sociedad y de su legitimidad. Del mismo modo, estas incongruencias anotadas remiten a la incapacidad de las fuerzas políticas que gestan la transición a la democracia para realizar un debate sustantivo sobre los límites de la modernización que instala la dictadura, y, más aún, para emprender las reformas necesarias para abrir nuevos ciclos de desarrollo y bienestar para el país.

Es el agotamiento de los términos al uso de la contraposición entre Estado y mercado como base de la cultura política de la transición a la democracia. De ahí la despolitización y el vacío ideológico, la vacancia política de la “modernidad” chilena. La propia crítica de Weber a la falsa modernidad y su atención sobre la permanencia de formas estamentales contrapuestas al genuino liberalismo político no pueden resultar más atingentes. Otro tanto cabe anotar de la reubicación de las nociones de lo público más allá de lo estatal y de lo privado más allá del mercado, que aborda especialmente la obra de Arendt.

La discusión debe ubicarse en la connotación política que adquiere hoy. Los principales actores de la política chilena de las últimas décadas omiten las críticas y advertencias que los mismos idearios y pensadores invocados alzan como banderas. Por ejemplo, no se mira (i) la defensa de Rawls acerca del valor funcional de la desigualdad, valor amparado en una competencia y una equidad de derechos y oportunidades, no en diferenciación estamental; (ii) la propia crítica de Smith a la concentración como limitación al mercado o la crítica de Hayek —no muy popular en Chile— al corporativismo —léase “estamentos”— en función de la libertad; y (iii) la recuperación del sentido originario de la idea de Schumpeter que supone, en la competencia efectiva, una “destrucción creativa” como motor económico, contraria a la acumulación basada en nichos regulados, y a la consiguiente contraposición entre rentismo y emprendimiento.

Pero el problema es la política y eso requiere otras recuperaciones. Como la preocupación de Arendt, en su crítica al totalitarismo, por una política concebida como libre contraposición y concurso de proyectos. Volver a Aron y su propuesta de la democracia como consenso o pacto social no determinado (en nuestro caso, agréguese, por entelequia tecnocrática alguna). Es una discusión que emana de las preocupaciones por la fractura social a que llegan las experiencias económicas liberales extremas. De ahí el llamado de Polanyi contra la mercantilización excesiva y sus limitaciones a la integración social.

REPENSAR LA POLÍTICA COMO LIBERTAD Y COMO DERECHO A LA SOCIEDAD

Los estrechos límites a la imaginación política que nos ofrecen los marcos de la transición se reflejan en esta famélica concepción de dos componentes fundamentales del ideario de la modernidad: libertad e igualdad. La libertad se nos presenta reducida a la libertad del individuo, desconociendo toda epistemología que reconozca su condición societal; es decir, perdiendo de vista los determinantes sociales que inciden en la capacidad de ejercer la libertad, en especial aquellas dimensiones de la libertad que sólo pueden realizarse colectivamente.

De esta forma, libertad se reduce a un principio negativo, una especie de “derecho al aislamiento” que invocaba la crítica de Marx. Ya Isaiah Berlin advertía a mediados del siglo pasado sobre los riesgos que la expansión de la libertad positiva representaba para la libertad negativa (Berlin 2004). Los derroteros del neoliberalismo alertan no sólo sobre el ensombrecimiento de la idea de libertad; también lo hacen respecto de sus efectos sobre la idea misma de racionalidad en las bases del pensamiento moderno. Tras reducir la libertad a la mera experiencia individual, se la asocia con el comportamiento del individuo relativo a sus preferencias ante el mercado, es decir, relacionado con los precios. Se limita así la razón a los precios, con lo que se arrasa la racionalidad como principio secular.

Así, se gesta una derecha intransigente, cuyo ideal de libertad es opuesto a la idea misma de la política, pues se opone a la deliberación como racionalidad socialmente construida. En otras palabras, se trata de una libertad que se opone, por tanto, a la democracia como tal. No tiene nada de sorprendente que la libertad de esta derecha pueda lograrse bajo regímenes autoritarios; un paradigma ante el cual lo social sólo aparece como un modo compensatorio, de ahí el “Estado subsidiario” en la concepción al uso. Un ideal de cosas que niega cualquier tipo de deliberación social sobre el problema de la construcción de la sociedad, en especial los distintos tipos de libertades que los individuos puedan levantar como más importantes que otras; como, por ejemplo, la libertad para participar de una sociedad con políticas que enfrenten la desigualdad o, incluso, de perseguir una experiencia abiertamente igualitaria. Pues, como se sabe, las prioridades cambian con la condición social.

Semejante es el curso que sufre la igualdad cuando se la reduce al igual derecho a participar de la libertad negativa. Es sabido que las bases estructurales e institucionales de una comunidad socioeconómica refieren al hecho de que no coexistan varios países al interior de uno. Ese es el tema de la igualdad, es decir, el establecimiento de distancias mínimas y razonables, que no pueden ser fijadas para siempre, sino que emanan del consenso social, entre los miembros de una sociedad. Ello va mucho más allá de las visiones que reducen el tema de la igualdad en las sociedades a la igualdad de oportunidades (Dubet 2010). Si la equidad supone una base individual, la igualdad exige redistribución de poder y riqueza, es decir, exige intervención de un ente distribuidor, que es el Estado.

Pero un Estado, para tal tarea, requiere un carácter democrático. En otras palabras, un Estado, para alcanzar tal objetivo, requiere evitar un restrictivo carácter burocrático, susceptible de una captura por intereses corporativos. Tal búsqueda de la primacía del interés general requiere primar sobre los procesos de construcción del Estado. Y ello sólo es posible a través de la expansión de la política, en un proceso apuntado a convertir a la acción estatal en un espacio de articulación de las diferencias legítimas presentes en la sociedad. Pues, al contrario, si la ausencia de equidad destruye las vidas individuales, la ausencia de igualdad destruye la vida de las sociedades, transforma una sociedad en varios mundos yuxtapuestos que no se reconocen como parte de un espacio o un proyecto común.

En definitiva, hay que replantearse críticamente la forma en que los basamentos ideológicos de la modernidad fueron asumidos políticamente en la experiencia chilena. Si más Estado no ha significado menos mercado, ni este último más oportunidades, libertades ni desarrollo del individuo, es porque la única garantía de ello está en la democracia y en más ciudadanía, bienes que no se han expandido precisamente. Por el contrario, las constricciones a la democracia y a la ciudadanía, a la política en definitiva, han operado facilitando estos desarrollos del Estado y el mercado en formas incongruentes con los propios idearios que invocan sus discursos de legitimación.

Una esfera política genuinamente democrática debe abrir la búsqueda de equilibrios socialmente aceptables entre el rol de los individuos y aquél de los grupos sociales y las organizaciones políticas, como representación de dichos intereses, en la construcción genuina de consensos. Y eso implica, de forma inevitable, reconstruir la polis; una tarea pendiente de la transición chilena a la democracia, evitando para ello, entre otras cosas, volver a la manida reducción de lo público a lo estatal, ensanchando los horizontes de lo primero necesariamente más allá del Estado.

La utopía conservadora y elitista de la posibilidad de una política —y una economía— sin sociedad que primó en la transición, en el momento de concebir la política democrática, y que hasta hoy prima sobre una esfera política ensimismada, terminó apelando al individualismo como única forma del individuo. Sin embargo, si esto pareció posible en unos inicios marcados por la desarticulación social heredada del período autoritario, producto de las transformaciones económicas e institucionales efectuadas bajo la dictadura, que alteraron las bases de sustentación de la mayor parte de los actores sociales subalternos más protagónicos del siglo XX chileno, luego, desde el “quietismo” social de los años noventa, brotó un heterogéneo y variopinto malestar social, una sociedad fruto de las propias transformaciones neoliberales, que no encuentra cabida en las referencias políticas de la transición (Ruiz 2015).

La democracia entendida como proceso amplio de deliberación y de soberana construcción de una racionalidad común legítimamente sancionada permite distinguir entre un Estado democrático y uno simplemente burocrático, el que, como el vigente, a pesar de erigirse en nombre de la democracia se basa en una constricción de tales deliberación y racionalidad. La extrema concentración del ingreso, la riqueza y las oportunidades que ocurre en la experiencia democrática reciente en Chile es expresión de procesos de colonización del Estado por parte de intereses particulares en extremo excluyentes, cuya naturaleza rentista se ampara precisamente en la posibilidad de la captura de la acción estatal; un curso que requiere de pesadas constricciones sobre los alcances de la ciudadanía y el espacio público.

Si, por una parte, la tesis del Estado como centro de todo, relativa a los socialdemócratas, se abstrae del carácter social restrictivo del Estado, producto de las alianzas sociales que dominan sus procesos de construcción en cada momento histórico; por la otra, la libertad individual del mercado alegada por el liberalismo —y su correlato de racionalidad fundada en la conducta individual de elección— apela a una libertad y una racionalidad no deliberadas socialmente. Ello supone dificultades prácticas para ambos idearios, que resultan profusamente evadidas en nuestra experiencia política por sus representantes criollos. Las diferentes restricciones que uno y otro efectúan a la expansión irrestricta de la política siempre han requerido, en todas las experiencias, de complejas exigencias a la imaginación para alcanzar consensos capaces de alguna legitimidad social suficiente; unas dificultades que en la experiencia chilena se optó por ignorar, al amparo de una simple desarticulación social heredada por todo fundamento de la llamada “gobernabilidad democrática”; un panorama en que la intelectualidad cortesana se acomodó al agotamiento de la imaginación política.

Por el contrario, la crisis actual requiere de una expansión de la esfera de la política, capaz de conducir a la expansión social de la libertad, la deliberación y la razón. Es decir, de una recuperación de las promesas incumplidas de la modernidad, su radicalización. Una deliberación que permita incluir las diversas aspiraciones de igualdad y su resolución democrática, las demandas de inclusión y la introducción de los propios principios éticos de la democracia en el funcionamiento de los mercados. Se trata de un sometimiento de la economía a la política genuinamente democrática. La resolución del problema de la desigualdad queda así en manos de una política genuinamente democrática, de una ciudadanía libre de ejercer una amplia concurrencia de idearios, en formas no predeterminadas, sino entregadas a los consensos resultantes. De este modo, la solución del problema de la desigualdad se imbrica con la resolución del problema del derecho de los individuos a la sociedad, con el derecho común de humanidad. Y ello remite a la autodeterminación de la sociedad como paradigma de la razón y la libertad, a la que sólo se puede aspirar a través de la política democrática. En tal sentido, política es libertad.

REFERENCIAS

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1 Ver las referencias clásicas en Weber (1964).

2 Una formulación clásica en Davis y Moore (1972).

3 Según la síntesis de Baudin (1952), citada por Álvarez-Uría (2005).

4 Al respecto, ver Aron (1991).

5 Véase Wright Mills (1940) o bien, sobre los enfoques del objeto en cuestión, Gerth y Wright Mills (1971).

6 Para un mayor desarrollo de estos temas ver Ruiz (2017).

7 El Índice de Gini toma valores de 0 a 100 (o de 0 a 1, según como se exprese), siendo 0 el máximo nivel de igualdad y 100 el máximo nivel de desigualdad de distribución de los ingresos de la población. Pese a que este indicador tiene dificultades para registrar las grandes fortunas, en 1990-2000 el Índice de Gini se eleva de 52,1 a 54,9, y posteriormente decrece hasta alcanzar un valor de 47,6 en 2015 (PNUD 2017). Chile es el segundo país más desigual de la OCDE después de México (de 37 países, 35 registran un Índice de Gini bajo los 40 puntos, en tanto 18 lo hacen bajo los 30 puntos). Ver http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. En América del Sur, año 2013, Chile sólo es superado por Colombia y Brasil (Banco Mundial). Ver https://datos.bancomundial.org.

8 En el caso de la educación superior es claro cómo, a partir de estos subsidios estatales, lo que se estimula no es la calidad, sino la proliferación de una lucrativa oferta cara y mala (las excepciones son muy acotadas).

9 Pese a que la desigualdad de ingresos disminuye ligeramente, el problema central en Chile es la concentración de la riqueza, el poder y el prestigio social. Según un estudio de The Boston Consulting Group, el patrimonio total de los hogares chilenos se expandió 7,69 por ciento en 2016 frente al año anterior, alcanzando una cifra de US$ 393.080 millones. De esa cifra, el 7 por ciento se encuentra invertido en el extranjero. Un informe del PNUD (2017) señala que alrededor del 75 por ciento de los ministros, el 60 por ciento de los senadores y más del 40 por ciento de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de élite, estudió carreras universitarias de élite, o ambas cosas.

10 Un informe del PNUD (2017, 38) concluye: “Los gobiernos democráticos desde 1990 privilegiaron la expansión del gasto público en educación, salud y vivienda. Pero el acceso a estos servicios es segmentado por clases sociales, desde servicios gratuitos provistos por el Estado para los más pobres a servicios de calidad que las clases altas compran en el mercado. (…) La población más pobre accede a servicios que le entrega gratuitamente el Estado en instituciones públicas y que tienen problemas de calidad (educación) o de largas esperas (salud), los sectores medios acceden preferentemente a servicios privados de mejor calidad, que son cofinanciados por ellos y el Estado (educación particular subvencionada, atención de libre elección en Fonasa), y los grupos de altos ingresos adquieren servicios privados de mayor calidad y costo, sin mediar financiamiento público. En los países de la OCDE la distribución está mucho menos segmentada; las transferencias públicas se distribuyen de modo más parejo entre la población”.

Carlos Ruiz Encina, “Incongruencias en los usos de los idearios de libertad e igualdad”, Estudios Públicos 147 (2017).

COMENTARIO

TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA*

María Luisa Méndez

Universidad Diego Portales

María Luisa Méndez. Doctora en sociología por la Universidad de Manchester. Profesora en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Inves-tigadora del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social (Conicyt/Fondap/151130009). Email: marialuisa.mendez@udp.cl.

* Versión revisada del comentario realizado en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP.

Resumen: En este comentario a la conferencia de Carlos Ruiz Encina, su autora propone tres puntos: (1) realizar algunos apuntes respecto de la necesidad de establecer distinciones internas en el concepto de desigualdad utilizado por Ruiz; (2) problematizar la idea de una teoría social subordinada a idearios políticos, y (3) comentar la propuesta de reconstruir la polis como posibilidad de una crítica a la desigualdad.

Palabras clave: desigualdad, teoría social, política.

SOCIAL AND POLITICAL THEORY

Abstract: The author of this commentary on Carlos Ruiz’s lecture: (1) identifies a need to establish internal distinctions within Ruiz’s concept of inequality; (2) qualifies the idea of a social theory subordinated to political thinking; (3) comments on the proposal to reconstruct the polis as a potential critique of inequality.

Keywords: inequality, social theory, politics.

Leer este texto sugiere pensar que la desigualdad —condición permanente de las sociedades contemporáneas— ha sido, es y seguirá siendo un problema político. En el texto se propone que diversos idearios políticos justifican y legitiman particulares formas de comprender la desigualdad y su relación con la política. Frente a la pregunta sobre si la desigualdad es un problema político, Ruiz muestra que idearios de derecha han intentado darle legitimidad a la visión según la cual la desigualdad es un resultado del desarrollo de atributos individuales; por lo tanto, frente a iguales condiciones de inicio (igualdad de oportunidades), la desigualdad que resulte se debe a diferencias individuales y, por consiguiente, no debe ser vista como un problema de dicha naturaleza. Frente a la misma pregunta, Ruiz también se refiere a la forma en que discursos de izquierda entienden la desigualdad en tanto problema político para y desde el Estado, el cual según esa visión sería aparentemente el único garante de igualdad.

Comparto buena parte de los argumentos que se plantean en el texto, especialmente las críticas que se hacen de los idearios anteriormente mencionados, y en particular de la división entre Estado y mercado, el primero responsable de la igualdad y el otro de la libertad. Asimismo, concuerdo con la forma en que Ruiz muestra que el mercado no actúa ni cumple con las expectativas de libertad que se tienen de él, sino que se comporta como un espacio excluyente, segregador y también dependiente de un Estado subsidiario. En otras palabras, distante de la imagen idealizada de que el mercado es el principal promotor de la libertad individual para buscar los propios proyectos de vida y, dentro de ello, mejorar la posición en la estructura social.

En la conclusión y la propuesta final de su artículo, se señala que el actual vacío en la cultura política lleva a pensar que ni el Estado subsidiario ni el mercado concentrador (y por cierto sus idearios legitimantes) serán capaces de actuar políticamente sobre la desigualdad: sólo más democracia, más ciudadanía, más espacio público y más consensos resultantes podrán actuar sobre el problema de la desigualdad.

Como señalé previamente, y compartiendo buena parte de los argumentos que se despliegan en el texto, centraré, sin embargo, mis comentarios en tres ideas esgrimidas en él, las cuales, a mi juicio, son particularmente interesantes y provocadoras, pero que podrían ser más detalladas y profundizadas. En primer lugar, haré algunos comentarios respecto a la necesidad de establecer ciertas distinciones internas en el concepto de desigualdad que a mi juicio están aún implícitas o invisibilizadas en el texto. En segundo lugar, quiero problematizar la forma en que se presenta el lugar de la teoría social; esto es, como subordinada a idearios políticos. Finalmente, me gustaría hacer algunos comentarios sobre la expectativa de reconstruir la polis como depositaria de una crítica política efectiva hacia la desigualdad.

1.

Un primer comentario sobre el problema de la desigualdad en el texto es la forma en que ésta se concibe. Si bien es posible discernir que la idea de desigualdad primordial en el artículo es aquélla de orden económico o material, no se ofrece de forma explícita una problematización sobre el concepto, no al menos en la forma en que autores como Amartya Sen o Pierre Rosanvallon, por nombrar algunos, han propuesto. Queda, así, por establecer a qué tipo de igualdad/desigualdad se está haciendo referencia.

En la actualidad efectivamente libertad e igualdad son presentadas como valores en tensión, cuando en el albor de la modernidad estos valores no eran disociables. La igualdad, como recuerda Rosanvallon (2011), cuenta con tres figuras en torno a las cuales se hace efectiva: la igualdad como posición relativa de los individuos, la igualdad como regla de interacción entre las personas y, finalmente, la igualdad como principio de constitución de lo que les es común. Esto es lo que el autor describe como las tres figuras del lazo social.

La demanda de mayor igualdad, por ende, no sólo se refiere a la reducción de las brechas económicas, sino que también a aquéllas que limitan lo que Rosanvallon concibe como “modalidades de la igualdad-relación”; vale decir, aspectos como igualdad en la condición de semejantes (esto es, la similitud como un valor central en la lucha por la igualdad); el respeto por la independencia entendida como no subordinación en el intercambio, y la igualdad como ejercicio de la ciudadanía en la participación política o en la construcción de lo común. A lo anterior, me gustaría agregar la dimensión interaccional, como un aspecto central en lo que Kathya Araujo (2013) describe como una demanda de igualdad en el trato, cuando desarrolla su problematización de las actuales desigualdades interaccionales (es decir, la expectativa de que el otro me trate como un igual).

Así, para Rosanvallon, el aumento de las desigualdades contemporáneas llevaría aparejada una cierta erosión del lazo social, en la medida en que hace evidente la distancia entre lo que comúnmente se entiende como ciudadanía política (por ejemplo, la expansión de cierto tipo de derechos) y lo que el autor entiende como ciudadanía social o la forma en que los individuos en una determinada sociedad pueden o no concebirse y relacionarse como iguales. Esta última, la ciudadanía social, no necesariamente avanza de la mano ni de la forma en que la primera sí puede estar haciéndolo. Más bien, se constata que, frente a crecientes niveles de desigualdad, la ciudadanía política retrocede.

En dicho ámbito es donde, a mi juicio, este artículo podría ampliar la noción de desigualdad que lleva implícita. Comparto que la dimensión material de la desigualdad, particularmente en países como Chile, está al centro de la comprensión en torno a la cual sus otras expresiones pudiesen girar. Sin embargo, creo que es preciso separar las esferas donde se despliega la desigualdad. Por ejemplo, la esfera interaccional o de similitud en el trato ha cobrado una independencia notable en las últimas décadas, lo cual puede estar también a la base de las dificultades para comprender cómo opera la legitimación de la desigualdad a nivel microsocial, cuestión a la que volveré cuando me refiera al tercer punto de mis comentarios, que trata de los desafíos para reconstruir una polis que piense políticamente la desigualdad.

2.

Un segundo aspecto sobre el cual quisiera reflexionar a partir de la propuesta de Ruiz es aquél sobre la subordinación o funcionalidad de la teoría social a la justificación de la desigualdad. En sus palabras, hay una estrecha e histórica “relación entre las pretensiones de construcción del orden social y las construcciones teóricas e ideológicas en torno a la diferenciación social”. Según ello, ciertas formulaciones teóricas —especialmente las funcionalistas, aunque no queda del todo claro si exclusivamente ellas— serían equivalentes a idearios y discursos de legitimación que en distintos momentos contribuyen a justificar la desigual distribución de los recursos valorados socialmente. Así, en el texto, Ruiz incluye las teorías sociales dentro del paquete de dispositivos legitimantes cuyos componentes ideológicos proveen de formas de comprensión, legitimación cultural y normalización de los mecanismos que amparan la concentración de los recursos y las posiciones socialmente valoradas.

En otras palabras, Ruiz propone que las teorías de la diferenciación social y el ideario liberal serían juez y parte en la descripción de la desigualdad como un proceso inevitable de la diferenciación social. En lo que Ruiz designa como sociogénesis de la desigualdad y su persistencia estaría el efecto de algún tipo de formulación ideológica y teórica que aspira a explicar y justificar la desigual distribución de los recursos existentes. El argumento que resulta más crítico aquí es aquel en que la desigualdad es vista como una condición funcional de la competencia.

Su argumento para el caso de Chile es que hay también un conjunto de idearios o discursos de legitimación de la desigualdad que han buscado acentuar la tensión entre Estado y mercado o entre igualdad y libertad/competencia. En estas visiones, habría primado una idea que ve a la desigualdad como un problema político restringido solamente al aseguramiento de igualdad de oportunidades; es decir, a que no existan distorsiones que impidan que los individuos puedan desarrollar sus potencialidades. Con ello, las posiciones de llegada podrían ser desiguales y no necesariamente injustas dado que se corrigen las distorsiones al origen. Así, la desigualdad no parece un problema político respecto de los resultados (Dubet 2011), sino sólo respecto de las oportunidades o condiciones; mayor intervención sobre la desigualdad expresada en posiciones asimétricas en la estructura social, por el contrario, podría frenar el desarrollo de esfuerzos y talentos individuales.

Como reconoce Ruiz, el problema de la desigualdad está antecedido en sociología por la pregunta por la diferenciación social, y la inquietud sobre si las diferencias sociales entre grupos, colectivos, etcétera, se deben exclusivamente a atributos o preferencias individuales o si, en torno a estas diferenciaciones, hay lo que Dubet (2011) define como estructuración jerárquica en torno a las diferencias sociales. En otras palabras, desigualdad social. Efectivamente, buena parte de la tradición de estudios de clase social o de estratificación social se han preguntado por la legitimación de las asimetrías, jerarquías y desigualdades sociales. Esto es en parte lo que autores como Weber, o más actualmente Bourdieu, han señalado cuando hablan de la dimensión simbólica de la desigualdad, aquel sistema que sostiene la estructura social, que les da un sentido a las posiciones, a la distribución de recursos, entre otros.

Si bien comparto en términos generales esta forma de situar los contenidos legitimantes del orden social, cabe hacerse dos preguntas. Por una parte, una pregunta simple e ingenua, en cierto modo, es aquella sobre si la capacidad legitimante es sólo una condición de las teorías de la diferenciación funcional o si es un atributo que comparten otras perspectivas teóricas. Es decir, si sólo un tipo de teorías devienen ideología o si es una condición más ampliamente compartida. Una segunda pregunta tiene que ver con los grados de autonomía de la teoría social respecto de la pregunta por la desigualdad. Si bien tradicionalmente se tiende a señalar que la sociología se separa en enfoques críticos y no críticos, en los que unos problematizan la desigualdad social en cuanto a su producción histórica, política y económica, y otros la asumen como un dato inevitable de la modernidad y de la mayor división del trabajo, lo cierto es que teóricos clásicos como Marx, Weber o Durkheim veían las relaciones sociales como fundamentalmente desiguales y a ello atribuían diversas problemáticas. El hecho de que algunas perspectivas vean a la desigualdad como una condición inevitable de la mayor división del trabajo, ¿las convierte inmediatamente en dispositivos legitimantes, en idearios políticos? Quizás aquí sería interesante problematizar el proceso mediante el cual estos dispositivos adquieren este atributo y funcionalidad.

3.

Un tercer y último comentario se refiere a los desafíos para la rearticulación de la polis en tanto lugar de problematización de la desigualdad. Dada la crítica que Ruiz hace al mercado, principalmente a su incapacidad para proveer de mayor libertad y justicia —pero también la crítica a un Estado que no trae consigo mayor igualdad—, Ruiz dirige las expectativas hacia la democracia y las posibilidades de inducir sus principios éticos “en el funcionamiento de los mercados, y con ello el sometimiento de la economía a la política genuinamente democrática” (Ruiz 2017). Desde esta óptica, la desigualdad es principalmente un problema político del cual se hace cargo una ciudadanía “libre de concurrencia de idearios” y que se orienta hacia consensos no predeterminados. Sin embargo, lo que el texto a mi juicio prueba es que la estructura social y las diferentes formas de desigualdad son previas a los idearios o las teorías sociales que los justifican. Por lo tanto, la ciudadanía concurriría a esta deliberación de todas formas inmersa en complejas trenzas de asimetrías materiales, simbólicas, interaccionales que eventualmente podrían limitar su deliberación política.

Los individuos aparecen en el texto de Ruiz como depositarios finales del buen ciudadano, como los únicos actores genuinamente democráticos. Sin embargo, los individuos también son parte del problema de la justificación, legitimación o consentimiento a la desigualdad. La reconstrucción de la polis debe tener esto en cuenta. Muchos autores han señalado que la emergencia de descontentos sociales susceptibles de ser ampliamente mayoritarios pueden estar simultáneamente unidos a una pasividad práctica frente al sistema general de las desigualdades. Es decir, que puede haber, en palabras de Rosanvallon, un “rechazo global de una forma existente de sociedad que linda con una forma de aceptación de los mecanismos que la producen” (Rosanvallon 2011, 22). Mi opinión es que, independientemente del mayor o menor contenido justificatorio de una determinada teoría social, las personas se orientan individual y colectivamente por sus saberes prácticos y tienen visiones sobre cómo es y debiese ser la vida social. La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Bajo qué condiciones de desigualdad es posible reconstruir la polis?

Me gustaría agregar, para finalizar, que el desafío de la teoría social sigue siendo contribuir a democratizar las formas de definir la realidad y las formas de intentar actuar en ella —en el sentido que sugiere Boltanski (2008) cuando señala que la sociología está llamada a hacer frente a la realidad inaceptable—; de combinar aspectos propiamente descriptivos con otros que corresponden a planos normativos. Es decir, estar lejos de ser un actor subordinado, una voz vicaria de otros idearios.

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CONFERENCIA

¿IGUALDAD O IGUALITARISMO? DOS PERSPECTIVAS ACERCA DE LA JUSTICIA*

Felipe Schwember

Universidad Adolfo Ibáñez

Felipe Schwember. Licenciado en derecho y en filosofía por la Universidad Católica de Chile. Doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Profesor del Centro de Investigación en Teoría Social y Política de la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. Email: felipe.schwember@uai.cl.

* Versión revisada de la conferencia realizada en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP. El autor expresa: “Agradezco los comentarios, correcciones y sugerencias de Alejandro Vigo, Gonzalo Cordero, Miguel González y Marcel Oppliger. El presente trabajo es parte del proyecto Fondecyt regular (Chile) n.º 1160982 titulado ‘Crítica y recepción de las utopías y del utopismo en el liberalismo libertario y en el liberalismo socialdemócrata del siglo XX: Popper, Hayek, Nozick y Rawls’”.

Resumen: En el presente trabajo se examinan someramente algunas de las premisas sobre las que descansan las teorías igualitaristas más aceptadas. Se examinan también algunos de los argumentos que suelen esgrimirse desde diferentes frentes en favor del igualitarismo o en contra de la economía de mercado. Contra todos ellos se defiende una teoría histórica de la propiedad inspirada en la teoría de la propiedad de Kant y en la teoría del título válido de Robert Nozick. Se sostendrá, empero, que, bien entendida, la teoría del título válido exige la instauración de un Estado subsidiario, lo que, en esa misma medida, conduce a posiciones “suficientaristas”.

Palabras clave: liberalismo, igualitarismo, justicia distributiva, justo título, “suficientarismo”.

EQUALITY OR EGALITARIANISM? TWO PERSPECTIVES ON JUSTICE

Abstract: In this paper it will be briefly discussed some of the premises on which some of the most accepted theories egalitarians rest on. It will be also examined some of the arguments usually be put forward on several fronts in favour of egalitarianism or against the free market economy. Against all of them it will be supported a historical theory of property inspired in Kant’s theory of property and in Nozick’s entitlement theory. It will be argued, however, that properly understood, the entitlement theory requires the establishment of a subsidiary State, which, to the some extent, leads to suficientarianism.

Keywords: liberalism, egalitarianism, distributive justice, entitlement, suficientarianism.

1. INTRODUCCIÓN: RECONOCIMIENTO, DESIGUALDAD Y DESIGUALDAD MATERIAL

El concepto de igualdad tiene tantos sentidos que cualquier reflexión acerca de su importancia para la teoría y práctica política necesita comenzar con el esbozo de al menos ciertas distinciones elementales.

En un primer sentido, “igualdad” hace referencia a la igualdad ante la ley o al deber de dispensar igualdad de trato a las personas. En este sentido, la “igualdad” se opone a los privilegios, a la lex privata en virtud de la cual alguien es beneficiario de un trato diferente y mejor del que se dispensa al común de la gente. Se opone también a la discriminación arbitraria; esto es, al trato indebido que se le da a alguien en razón de su raza, sexo, confesión religiosa, clase social o cualquier otro rasgo, innato o adquirido, que sea irrelevante a la hora de juzgar los merecimientos de una persona.

Esta última forma de desigualdad puede extremarse de modo tal que no sólo se escatime a una persona el trato que como tal se le debe en una circunstancia concreta (por ejemplo, a la hora de decidir si se la contrata o no para un trabajo), sino que se le niegue como persona en general. Éste es el caso más extremo de desigualdad, pues supone cosificar al otro o al menos la pretensión de reificarlo totalmente (Honneth 2007).

Fichte ha tratado brillantemente este problema al momento de elaborar su propia teoría del derecho (1971, §§ 3 y 4). En ella defiende que el reconocimiento recíproco —esto es, el trato por el que dos individuos se demuestran respeto a la racionalidad y dignidad del otro— constituye el acto por el cual se instaura cualquier relación jurídica.

Tomada como “reconocimiento recíproco”, la igualdad constituye no sólo el acto fundante de toda relación jurídica, sino, más aún, una condición de posibilidad del arribo a la propia autoconciencia, del despliegue y actualización de los rasgos propiamente humanos, pues para llegar a ser verdaderamente un individuo racional necesito que los demás me traten como persona.

Se contraponen por tanto a esta segunda noción de igualdad, a la igualdad como “reconocimiento”, aquellas concepciones que sostienen que existen “por naturaleza” individuos inferiores a otros o, en fin, aquellas concepciones que tienden a estigmatizar o criminalizar a ciertas personas o grupos de personas, desdibujando su humanidad de modo de alentar el odio en su contra; seguramente, no puede odiarse con suficiente encono a alguien a menos que se lo considere como lo totalmente otro, lo radicalmente distinto de mi persona.

Respetar la igualdad como “reconocimiento” significa, entonces, respetar la igual humanidad del otro. En este sentido, por tanto, la igualdad no es sólo un aspecto particular, más o menos deseable del derecho, sino que también su condición de posibilidad más elemental.

Aunque Fichte no parece considerar que el reconocimiento de una persona pueda ser parcial (o se considera a alguien persona o no se lo reconoce, pero no hay puntos intermedios en esto), su idea del reconocimiento recíproco ha sido adoptada, a través de Hegel, en la filosofía posterior que ha considerado que “la lucha por el reconocimiento” puede ofrecer una perspectiva fructífera para entender el significado de muchas de las luchas sociales y políticas contemporáneas (Honneth 1997).

Así, por ejemplo, las luchas en favor de la extensión de los derechos que llevan a cabo minorías (étnicas, sexuales, etc.) se podrían entender como luchas por el reconocimiento de otros miembros de la sociedad. Se trataría, en estos casos, de remediar el déficit de reconocimiento que padecen los individuos que pertenecen a dichos grupos y a los que se menosprecia precisamente por formar parte de ellos.

La “lucha por el reconocimiento” puede entenderse de diversas formas, por lo que a su extensión se refiere. Aquí no me detendré en este problema. Sólo diré que, me parece, muchas de esas reivindicaciones tienen por objeto erradicar o desactivar las mecanismos de discriminación imperantes en alguna sociedad, ya sea que se trate de mecanismos formales (es decir, consagrados en la ley) o informales (prácticas sociales), y que son causa de injusticias históricas. En este sentido, creo que tales teorías se pueden entender más como un intento de articular una justificación en favor del deber de procurar una reparación a las víctimas de tales injusticias que como un alegato en favor de la igualdad material propiamente tal.

Esta distinción nos permite arribar al tercer sentido de “igualdad/desigualdad” que es posible distinguir y que constituye el objeto principal de esta exposición. Me refiero a la igualdad material o económica. En la discusión contemporánea se ha llamado la atención acerca de la relación que existe entre esta forma de desigualdad y el reconocimiento debido a otros (Fraser y Honneth 2006).

Ya el propio Fichte creía que el concepto de reconocimiento que él introdujo para fundamentar el derecho permitía ir más allá de lo que podemos denominar la igualdad formal para avanzar hacia una concepción material de la igualdad. El reconocimiento recíproco es el fundamento, a su entender, de cualquier institución jurídica, y la propiedad, evidentemente, no es la excepción. Por tanto Fichte entiende que sólo existe realmente propiedad desde el momento en que tú me reconoces —en el sentido de “me concedes”— lo que yo vaya a tener como propio a cambio de que yo haga lo mismo con lo que vayas a tener tú. No es de extrañar que su teoría del derecho termine en una concepción fuertemente igualitaria en este tercer sentido de que he hablado, es decir, en lo que concierne a la igualdad material o económica.

Pongo nuevamente a Fichte como ejemplo porque en su filosofía anticipa, hasta cierto punto, algunas de las posiciones más prominentes del debate contemporáneo acerca de la justicia. Entre ellas ha habido, como decía, una importante discusión en torno a la relación entre justicia distributiva y reconocimiento. Se ha discutido si acaso el problema del reconocimiento es o no diferente del problema estrictamente distributivo o —para ponerlo en términos de lo que aquí nos convoca— si acaso es o no realmente diferente del problema de la (des)igualdad material o, más precisamente, de los grados de desigualdad material que son moralmente admisibles.

Gran parte de las dificultades que presenta esta discusión tiene que ver con la porosidad de las categorías de “reconocimiento” y “distribución”, y con la ambigüedad que en la práctica presentan. Con todo, permítaseme que haga una distinción, al menos provisional, entre la desigualdad material que es resultado del déficit de reconocimiento de aquella que obedece a otras razones, digamos, puramente distributivas. O, más precisamente, permítaseme asumir que algunas desigualdades materiales son consecuencia de un déficit de reconocimiento mientras que otras no lo son.

Quizá podría argumentarse que no existe desigualdad económica que no sea consecuencia del déficit de reconocimiento, sea que éste se exprese de modo formal (en las leyes que, por ejemplo, imponen prohibiciones arbitrarias a unos en favor de otros) o informal; o, en fin, podría argumentarse que la desigualdad que existe por esta causa es marginal.

Concedo de buen grado que eso puede ser así. Pero como de todos modos ésa no es la premisa de la que han partido las teorías igualitaristas más difundidas actualmente, yo también prescindiré, al menos momentáneamente, de ella a la hora de examinar críticamente tales teorías.

Por tanto, me referiré, en primer lugar, a las desigualdades materiales que no son consecuencia directa de un déficit de reconocimiento, con el fin de elaborar una crítica a las teorías igualitaristas contemporáneas. Como espero dejar de manifiesto, los presupuestos de tales teorías adolecen de graves problemas que, a mi juicio, dejan la carga de la prueba del lado de quienes las profesan.

Enseguida, me referiré a la teoría de la justicia que, creo, es la correcta o, al menos, mejor que las teorías igualitaristas anglosajonas que hoy gozan de tan amplia aceptación. Siguiendo a Robert Nozick, denominaré a esta teoría “histórica” y desde la perspectiva abierta por ella abordaré dos cuestiones adicionales: el problema de la necesidad y el problema del “lucro”, tan recurrente en Chile desde 2011. Sostendré que, bien entendida, una teoría histórica como la de Nozick debiera comprometerse con el alivio de aquellos que padecen necesidad y que ese compromiso debiera traducirse en la defensa de un Estado subsidiario. Abordaré, luego, algunas de las premisas que, creo, subyacen al eslogan en contra del lucro para desestimarlas. Sostendré que en los tratos libremente celebrados existe un reconocimiento mutuo y que dicho reconocimiento se expresa, precisamente, en el pago que las partes se hacen recíprocamente.

Espero que en el hilo de toda la exposición quede claro que la teoría de la justicia que aquí defenderé permite, hasta cierto punto, explicar —en el sentido de validar o refrendar— las demandas de igualdad originadas en un déficit de reconocimiento, especialmente cuando dicho déficit ha ido unido a una injusticia histórica. El ethos de tolerancia en el que descansa la teoría liberal de la justicia que aquí defiendo contribuye a desmontar los mecanismos de discriminación, ya directamente, en la medida en que defiende una estricta igualdad de trato, ya indirectamente, en la medida en que priva de refuerzo legal e institucional a las prácticas de discriminación social.

Espero, en fin, que quede claro que, conforme al paradigma definido por la teoría de la justicia aquí defendida, la situación ideal es que tales déficit de reconocimiento se remedien en el sentido de que las diferencias que los suscitan lleguen a ser irrelevantes (por ejemplo, que ya nadie repare en el color de la piel, la religión o la orientación sexual de la otra persona a la hora de decidir si debe tener tratos con ella o no). Me gustaría pensar que la teoría liberal de la justicia que aquí presento contribuiría a alcanzar ese estado de cosas, en la medida en que delimita las bases para el respeto mutuo y permite a los individuos elegir libremente su modo de vida mientras no impidan a los demás hacer lo propio. Ese es, después de todo, el desiderátum de toda utopía liberal.

2. LAS TEORÍAS IGUALITARISTAS CONTEMPORÁNEAS

En el mundo filosófico anglosajón se ha producido una abundante literatura en favor de la igualdad material. Tan vasta es que seguramente no exageraría quien dijera que el problema de la igualdad material ha llegado a ser una subespecialidad por derecho propio dentro de la filosofía política.[1]

Con todo, y pese a su variedad, todas esas teorías parten básicamente de alguna de las siguientes dos asunciones que pueden rastrearse hasta la filosofía de John Rawls —cuando no a la de Rousseau— y que, creo, son erróneas. La primera es que las desigualdades que son resultado de las contingencias naturales (como la posición social y las diferencias de talentos) son arbitrarias desde el punto de vista moral y que, en consecuencia, deben compensarse.

La segunda es tratar los bienes que son producto de la cooperación social como si estos fueran propiedad colectiva. Me refiero, evidentemente, a la crítica que Nozick dirige a las teorías distributivas no históricas de tratar los bienes como si fueran maná caído del cielo.

2.1. El problema de la “lotería natural”

Veamos a la primera de estas asunciones. En su célebre Teoría de la justicia, Rawls afirma:

Primeramente podemos observar que el principio de diferencia [es decir, el segundo de los principios de justicia de su propia teoría] da algún valor a las consideraciones particularizadas por el principio de compensación. Este principio afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación; y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. (Rawls 2003, 103)

Un poco más adelante, añade: “Nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favorable en la sociedad” (Rawls 2003, 104). O, para decirlo aun con otras palabras, tales aspectos “del mundo social” parecen, desde un punto de vista moral, “arbitrarios” (Rawls 2003, 28).

Esta concepción suscita diferentes dificultades. Una tiene que ver con el problema del merecimiento. ¿Qué significa aquí que las dotes naturales no sean “merecidas”? Y, además, ¿ante quién deberían serlo, exactamente?

Por una parte, la afirmación de Rawls es cierta, evidentemente: nadie merece a priori una posición mejor que la de otro. Sin embargo, por otra, es falsa, en la medida en que tiende a moralizar una situación —la distribución de las dotes naturales— que no es objeto de elección alguna y, por consiguiente, no susceptible de juicio moral.

Quizás la dificultad estriba, respecto del caso concreto que preocupa a Rawls de la posición social y las dotes naturales, en la oposición binaria “merecido-inmerecido” (o “arbitrario-justificado”), que no resulta la más feliz para examinar la situación a que da lugar la “distribución natural”. Las dotes naturales no son ni merecidas ni inmerecidas, sino tan sólo “no merecidas”, lo que es diferente. Eso significa, en buenas cuentas, que resulta improcedente exigir a alguien que dé una justificación moral de la posesión de sus propios talentos, habilidades o posición social. Esto es imposible y, como reza el adagio, “nadie está obligado a lo imposible”. Sin embargo, el hecho de que sea “no merecido” quiere decir también que el uso ulterior de los propios talentos y habilidades es susceptible de juicio moral: podemos comportarnos de mejor o peor manera respecto de ellas (y aquí uno podría pensar en ciertas enseñanzas tradicionales, como, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro u otras semejantes).[2]

Pero además hay otro problema con la perspectiva adoptada por Rawls. El esfuerzo, los hábitos, etcétera, que explican la constancia, disciplina y esfuerzo diferencial para lograr una mejor posición, ¿deben ser considerados como dotes naturales inmerecidas y arbitrarias o no? Si uno imagina que ese esfuerzo tiene, al menos parcialmente, que ser explicado por la educación recibida, el entorno social, el propio temperamento, ¿no debieran entonces considerarse tal disciplina, esfuerzo, etcétera, como, a su vez, no merecidos?[3] No es de extrañar que Nozick haya dicho que la estrategia de Rawls de argumentar en favor de la igualdad apelando a la arbitrariedad de las dotes naturales, etcétera, resulte peligrosa por lo que a la preservación y respeto de la autonomía de los individuos se refiere:

Esta línea de argumentación puede bloquear la introducción de decisiones y acciones autónomas de una persona (y sus resultados) sólo atribuyendo todo lo que es valioso en la persona a ciertas clases de factores completamente “externos”. De esta manera, denigrar la autonomía de una persona y la genuina responsabilidad de sus acciones es una línea arriesgada de tomar para una teoría que, de otra manera, desea reforzar la dignidad y el respeto propio de seres autónomos. (Nozick 1988, 211)

No obstante, no quiero ser injusto con Rawls. Él mismo dice, después de todo, que:

La distribución natural no es ni justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Éstos son hechos meramente naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a estos hechos. (Rawls 2003, 104)

Esto, sin embargo, probablemente sea una prueba de que él trata este asunto de modo más bien confuso. Pero el tratamiento moderado —o ambiguo, si se prefiere— que da Rawls al problema de la legitimidad de las dotes naturales termina en posturas disparatadas en sus epígonos. Me refiero a los así llamados “igualitaristas de la suerte”, que se sienten en la necesidad de corregir lo que consideran una especie de “injusticia cósmica”, proponiendo para ese fin medidas como la subvención de los surfistas jóvenes que pueden trabajar pero no quieren hacerlo (Van Parijs 1996, 117 y ss.) (respecto de gente en situación como ésa, ¿no es acaso más justa la postura de San Pablo que dice que el que no quiera trabajar que no coma?); la subvención de los gustos caros de aquellos que no se los pueden costear, en el entendido de que nadie tiene, a fin de cuentas, la culpa de sus propios gustos (Cohen 2011, 20 y ss.) (¿y se supone que a esto lo debemos considerar una especie de marxismo?), y otras posturas por el estilo.

Las posturas igualitaristas desarrolladas al amparo de estas premisas —el así llamado igualitarismo de la suerte— han caído en tales inverosimilitudes, en tales extravagancias, que no es de extrañar que otra autora de vocación igualitaria (y más cercana a Rawls) haya dicho que toda la literatura igualitarista del último tiempo podría haber sido escrita por autores secretamente conservadores que querían desprestigiar al igualitarismo (Anderson 2016, 45). Ciertamente, no deja de ser significativo que una filósofa que comparte los fines del igualitarismo haya expresado un juicio tan lapidario en contra del igualitarismo de la suerte.

La otra dificultad que enfrentan posturas como las de Rawls tiene que ver, como decíamos, con el presupuesto que subyace a la idea de que las diferencias naturales resultan arbitrarias; esto es, que tales diferencias no pueden ser justificadas desde un punto de vista moral. La pregunta que esta exigencia inmediatamente suscita es: ¿justificables ante quién? ¿Ante los demás, tal vez? Ésta es la asunción que subyace a la afirmación de Rawls, puesto que él afirma que el principio de diferencia “representa (...) el acuerdo de considerar la distribución de talentos naturales, en ciertos aspectos, como un acervo común, y de participar en los beneficios de esta distribución, cualesquiera que sean” (Rawls 2003, 104).[4] Pero, ¿por qué uno debería poder dar cuenta de sus propios talentos o dotes naturales a los otros? ¿Es éste verdaderamente un deber que se sigue de la necesidad de la cooperación social? Por otra parte, ¿esta asunción no nos obliga a considerar las dotes naturales como bienes colectivos?[5] La afirmación de Rawls de que los talentos naturales deben ser considerados “en ciertos aspectos” como parte de un “acervo común”, convierte el uso y aprovechamiento de dichos talentos en una cuestión de interés público. Así, tanto la diligencia como la negligencia de los individuos dejan de ser un problema puramente personal para pasar a ser un bien colectivo, pues a todos concierne el uso de los bienes colectivos.

Podrían mencionarse otras dificultades que se siguen del hecho de considerar los talentos naturales como arbitrarios e inmerecidos. El primero tiene que ver con el papel que le cabe al mérito en la distribución de los bienes. Rawls sostiene que el mérito moral no puede ofrecer tal criterio. Creo que lleva razón, pero no por los motivos que él aduce. Creo que el problema tiene que ver con el hecho de que Rawls está pensando en una noción unificada, digamos así, del mérito.

Evidentemente, cualquier concepción unificada de mérito como criterio de intercambio —por ejemplo, el esfuerzo, la virtud moral, el talento, etcétera— sería no sólo incompatible con una teoría liberal de la justicia, sino, además, impracticable.[6] Sin embargo, el mérito aún puede adoptarse como criterio de distribución si, como en el caso de una economía libre, se abandona la idea de adoptar una noción unificada de mérito y, en su lugar, se deja a cada individuo juzgar el mérito y valor de las contribuciones de los demás.

¿Podría endilgarse esta concepción del mérito a Rawls para evitarle, al menos, este problema? Tal vez no, pues independientemente de las razones sistemáticas que pudieran existir, un sistema que distribuya únicamente en base a las meras preferencias individuales todavía necesita reconocer el mérito de aquel que ha sabido satisfacer mejor las preferencias de otros.[7]

Otro problema adicional es el de las medidas que se pueden tomar para remediar esta pretendida arbitrariedad cósmica. En algún pasaje Rawls llega a decir que la teoría de la justicia debe anular “los accidentes de los dones naturales y las contingencias de las circunstancias sociales”.[8] La pregunta que esto suscita es: “¿Qué tan lejos se puede llegar en la consecución de dicha anulación? ¿En qué punto entraría ésta en contradicción con el principio de la igual distribución de libertades, principio que en la teoría de Rawls tiene prioridad lexicográfica sobre el principio de la igualdad? Si, por tomar la desafortunada analogía de un ministro del actual gobierno, un niño tiene patines y otro no, ¿se le deben quitar los patines al primero para anular las diferencias inmerecidas?

Adviértase que un rawlsiano aún puede apelar in extremis a la prioridad de la libertad para evitar estas consecuencias contraintuitivas.[9] Es decir, Rawls aún podría evitar esta conclusión a que su propia teoría abre camino sólo porque no es un autor estrictamente igualitarista. Para un igualitarista estricto, si no hay posibilidad de proporcionar un par de patines al niño que no los tiene, es perfectamente lícito quitárselos entonces al que sí tiene. Es decir, el igualitarismo puede, en rigor, alcanzar sus fines mejorando las condiciones de los que están peor como, si eso no es factible, empeorando la situación de los que están mejor.[10] Esta conclusión mezquina demuestra que el igualitarismo estricto sólo resulta plausible cuando se lo combina con algún otro principio (por ejemplo, el de utilidad o el de la prioridad de la libertad, u otro cualquiera).[11]

2.2. Del “excedente cooperativo” a la comunidad adventicia de bienes

Revisemos ahora la siguiente asunción. Me refiero a la concepción subyacente que invariablemente adoptan los autores igualitaristas de los más diversos signos a la hora de pensar en el problema de la justicia, es decir, a la idea —o a la mera asunción, como ocurre en muchos casos— de que los bienes que son producto de la cooperación social forman una suerte de patrimonio común que debe ser luego repartido.

Rawls justifica esta aproximación cuando afirma que la cooperación social produce un “excedente cooperativo” cuya correcta distribución debe ser dilucidada por la teoría de la justicia. Es de suponer, por otra parte, que la línea de base que permite deslindar contribución propia del excedente cooperativo es muy baja, pues, a la larga, todos los bienes terminan siendo considerados como partes de una bolsa común que luego debe ser repartida. Permítaseme que llame a esta concepción como “comunidad adventicia de bienes”, por contraposición a la concepción, predominante en la filosofía medieval y moderna, de que los bienes eran originariamente comunes y formaban, por consiguiente, una “comunidad originaria de bienes”. En esta última, y como su nombre lo indica, los bienes eran desde un principio comunitarios —y “comunitarios” puede interpretarse de diferentes maneras—; en la adventicia se entiende, en cambio, que los bienes llegan a ser —en virtud de la cooperación social— “comunitarios”.

Un par de ejemplos servirán para ilustrar ambas representaciones y subrayar su función en las teorías igualitaristas y, más en general, en las teorías abolicionistas de la propiedad privada (es decir, “comunistas”, en un sentido amplio). Cualquier teoría que parta de alguna de estas dos representaciones acerca del origen de la titularidad de los bienes se verá forzada a adoptar una perspectiva centralista de la justicia y, por lo mismo, una preferencia por el igualitarismo en lo que a la distribución de bienes se refiere.

Por ejemplo, Proudhon en ¿Qué es la propiedad?, al momento de referirse a la prima occupatio que muchas teorías modernas de la justicia y de la propiedad veían como el modo legítimo de adquirir el dominio, dice:

Examinemos, sin embargo, la cuestión según la plantea Grotius. “En su origen, todas cosas eran comunes e indivisibles: constituían el patrimonio de todos…”. No leamos más: Grotius refiere cómo esta comunidad primitiva acabó por la ambición y la concupiscencia, como a la edad de oro sucedió la de hierro, etc. De modo que la propiedad tendría su origen primero en la guerra y la conquista, después en los tratados y en los contratos. Pero, o estos pactos distribuyeron los bienes por partes iguales, conforme la comunidad primitiva, única regla de distribución que los primeros hombres podían conocer, y entonces la cuestión del origen de la propiedad se presenta en estos términos: ¿cómo ha desaparecido la igualdad poco tiempo después?; o esos tratados y contratos fueron impuestos por la violencia y aceptados por debilidad. (Proudhon 1985, 62)

De esta concepción acerca de la situación inicial de los bienes como objeto de un patrimonio común se sigue la consecuencia de que “la ocupación (…) impide la propiedad” (Proudhon 1985, 82). Más aún, resulta perfectamente posible sostener que, en realidad, “todo ocupante es (…) necesariamente poseedor o usufructuario” y que, como tal, “está bajo la inspección de la sociedad, y sometido a la condición del trabajo y a la ley de igualdad” (Proudhon 1985, 82).

Kropotkin, por su parte, afirma lo siguiente:

Todo se entrelaza: ciencia e industria, saber y aplicación. Los descubrimientos y las realizaciones prácticas que conducen a nuevas invenciones, el trabajo intelectual y el trabajo manual, la idea y los brazos. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en la conjunción del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parte de ese inmenso todo y dice: “Esto es sólo mío y no de todos”? (Kropotkin 2010, 30)[12]

Nozick ha levantado una contundente crítica a lo que aquí he llamado comunidad adventicia de bienes. ¿Por qué —se pregunta— la cooperación social habría de producir un problema distributivo? (Nozick 1988, 184). Rawls —entre tantos otros— trata los bienes como si todos hubieran concurrido indistintamente a su producción y como si, además, las contribuciones particulares fueran además indiscernibles. Pero, ¿no resulta esta suposición arbitraria? ¿No se podría suponer que en todo el proceso de producción cada individuo ha recibido una contraprestación equivalente por su parte? El que un bien sea resultado de una producción conjunta no significa que la determinación de la contribución de cada cual sea indiscernible. Es de suponer que la contribución del operario que apretó las tuercas puede ser evaluada y retribuida del mismo modo que la contribución del ingeniero que diseñó los planos, etcétera. Ya me referiré de inmediato al problema de la evaluación, de lo que podemos denominar el “justo precio” de cada contribución. Por el momento baste concluir, siguiendo a Nozick, que, si es posible determinar el valor de cada contribución, no hay razón para asumir la comunidad adventicia de bienes que Rawls parece adoptar.

Pero éste no es el único problema que suscita la aproximación de Rawls y de otros igualitarios que también tienden a considerar los bienes como si por defecto conformaran un patrimonio común. El otro problema, tal vez peor, es que tratan además los bienes como si estos cayeran, dice Nozick, como maná del cielo (Nozick 1988, 197 y 216). Esta representación tiene su reflejo en la metáfora de la torta de la que tanto le gusta hablar a los igualitaristas: los bienes productos de la cooperación social serían como una torta y el problema es saber cómo repartirla o, si está mal repartida, rectificar la distribución.[13]

Sin embargo, como los bienes no aparecen espontáneamente, la metáfora de la torta de cumpleaños es perversa, porque desacopla la producción de estos bienes de los esfuerzos que otros han realizado para llevarla a cabo. Ante la persistencia con que los igualitaristas han ignorado esta crítica de Nozick,[14] ¿resultaría muy arbitrario suponer que lo que se oculta detrás de su teoría de la comunidad adventicia no es otra cosa que la convicción de los igualitaristas de que los bienes son originariamente comunes? No me referiré aquí a la hipótesis de la comunidad originaria de bienes. Me contentaré con decir que, si mi suposición fuera cierta, el igualitarismo se vería en graves aprietos para sostener su propia posición: la teoría de la comunidad originaria es seguramente más difícil de sostener que la teoría de la comunidad adventicia de bienes.

3. LIBERTAD, JUSTICIA Y MERCADO

La afirmación de que la distribución de mercado es justa resulta ahora mismo chocante para gran parte de la opinión pública en Chile. Supongo que ello es así por, al menos, dos razones. Primero, porque los que simpatizamos con la economía libre hemos abandonado su defensa, fundamentalmente, a los economistas. No es que los economistas hayan sido malos defensores. No quiero decir eso. Creo que el problema es que en algún momento la opinión pública demandaba una justificación del mercado que fuera distinta de la mera utilidad, especialmente en el contexto del destape de varios casos de colusión.

La segunda razón, vinculada con la anterior, es el descrédito que casos como los señalados acarrearon al mercado, que desde entonces comenzó a ser ampliamente considerado como un sistema de anarquía comercial en el que los actores más poderosos se aprovechan sistemáticamente de los actores menos poderosos (básicamente, los consumidores) para poder aumentar ilegítimamente sus ganancias. Esto puso en tela de juicio, a la larga, el hecho mismo de ganar dinero, pues llegado un punto es difícil distinguir entre las ganancias que podríamos llamar legítimas y el margen ilegítimo que los productores, empresarios, entre otros, obtienen de modo fraudulento a través de la colusión u otras prácticas semejantes.

Por este derrotero, la condena del mercado como mecanismo de asignación de bienes se consuma cuando se concluye que, en realidad, esas prácticas no son aisladas, sino que son sistemáticas y responden a la misma lógica del mercado, que alienta la avaricia, la codicia, el egoísmo y otras disposiciones igualmente viciosas. Así, al día de hoy, desde el punto de vista de la opinión pública, y pese a los resonantes éxitos que se ha anotado en nuestro país durante los últimos 30 o 40 años, la economía de mercado se encuentra moralmente en bancarrota. No se trata sólo, creo, de que la gente piense que la prosperidad alcanza muy lentamente a los que tienen menos, sino que, más aún, sencillamente no considera decente seguir participando de un sistema tan pretendidamente inmoral. Esta reacción es normal. Después de todo, la mayoría de la gente no estaría dispuesta, seguramente, a enriquecerse a costa del prójimo, o no al menos de modo sistemático. Al final, es de suponer, se hastiaría. En este contexto, la apelación a la utilidad y eficiencia del mercado no sólo resulta fútil, sino incluso contraproducente.

La situación es desalentadora, no únicamente porque la gente parece haber olvidado las injusticias a que de modo invariable da lugar un creciente estatismo, sino porque además corre el riesgo de recordarlas cuando ya sea tarde, cuando la prosperidad que trajo el sistema de mercado quede atrás y los defensores del socialismo u otras formas de estatismo intenten granjearse la adhesión de los ciudadanos alegando que el fracaso de sus propias políticas se deba al sabotaje de los capitalistas, a la gradualidad de sus propias reformas, al imperialismo norteamericano, a la conquista de América o a todas esas cosas juntas.

¿Por dónde partir, entonces?

Creo que lo primero es combatir la caricatura que les gusta difundir a los enemigos de la economía de mercado; esto es, que el mercado es un sistema de anarquía comercial que favorece al más fuerte y alienta la aparición de disposiciones viciosas.

Sin embargo —y por mucho que les pese a los difusores de tales caricaturas—, allí donde no existen ciertas reglas, como dice Hayek, generales, universales y abstractas, no puede haber mercado. El mercado es un epifenómeno de tales reglas y, más precisamente, de las reglas que permiten el intercambio libre.

Como muchos probablemente considerarán que incurre en un oxímoron quien niega que los intercambios libres sean anárquicos, habrá que añadir inmediatamente a la explicación anterior que nadie tiene libertad para perjudicar a otros, y que la existencia misma del mercado depende de esa restricción. Quienes niegan que esa restricción sea relevante confunden el mercado con el pillaje. Pero —y como debería ser evidente— en un mundo donde el pillaje fuera lícito o el fraude fuera universalmente practicado, no podría haber mercados, pues no podría haber tampoco intercambios libres.

De este modo, podemos decir que el principio fundamental del mercado libre es que cada individuo tiene derecho a cerrar los acuerdos que estime pertinentes en la medida en que con ello no perjudique a otros. Así, no son adquisiciones realizadas en un mercado libre, por ejemplo, las anexiones de territorios africanos a los imperios coloniales europeos durante el siglo XIX, por mucho que la demanda de materias primas se hiciera sentir con fuerza en los productores europeos de la época. Había mercados allí donde esas materias primas se vendían, pero no en África donde eran mal habidas. Tampoco son tratos realizados en un mercado libre los acuerdos que alguien se resigna a celebrar con la mafia para evitar represalias, el chantaje ni otros por el estilo.

Con todo, la formulación que he dado —cada individuo tiene derecho a cerrar los acuerdos que estime pertinente en la medida en que con ello no perjudique a otros— todavía adolece de ciertas ambigüedades que intentaré ir aclarando de a poco. Mientras, quiero llamar la atención acerca de la compatibilidad que existe entre esa regla y esta otra, más general: cada uno tiene libertad para obrar del modo que estime conveniente mientras con ello no perjudique a los demás o, si se quiere, más sucintamente, la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás.

No creo que sea necesario detenerme a justificar esta regla más general. El socialismo, como proyecto moderno que pretende corregir y ampliar el liberalismo, tiene una vocación emancipadora y, al menos en principio, estará de acuerdo con ella. Mis diferencias con el socialismo tienen que ver con qué es lo que debe entenderse por “libertad”. No me ocuparé del socialismo, pues, creo, varias de las críticas que he dirigido al igualitarismo se aplican también a él. Los cabos sueltos por lo que al socialismo se refiere los ataré en breve, cuando toque el problema del lucro y del justo precio. En consecuencia, creo que este principio sólo podría incomodar a un conservador; esto es, a alguien que crea que un orden político debe ocuparse no solamente de arbitrar reglas para hacer posible la convivencia pacífica, sino, además, de promover una determinada concepción de la felicidad, incluso a despecho de la opinión de los propios ciudadanos. Por esta razón —y como ponen de manifiesto las diferencias con las posturas que aquí he llamado “conservadoras”—, creo que la corrección del principio que he formulado descansa, en último término, en la idea de que los individuos deben tener derecho a decidir soberanamente cómo conducirán sus vidas y en la de que, a fin de cuentas, una condición de posibilidad del sentido de la propia vida es que se permita a cada uno vivir la suya según su propio juicio y opinión. Volveré sobre algunos de estos problemas al final.

Pues bien, en el entendido de que los individuos son libres para decidir por sí mismos sin otra restricción que el derecho equivalente de los otros, ¿cuándo es justo un intercambio? Respondo: cuando es voluntario.

Alguien —que no fuera contractualista, evidentemente— podría intentar impugnar esta equivalencia entre voluntariedad y justicia mediante un ejemplo: el trabajador asalariado que acepta de mala gana una oferta de trabajo porque no tiene una mejor alternativa.

Pues bien, la pregunta es: ¿Por qué habríamos de decir que este acuerdo no es justo? Casos como éste son difíciles y tienen varias aristas y me referiré a algunas de ellas después. Por ahora sólo quiero discutir una posible línea de argumentación que me parece insostenible, a saber, aquella que arguye que el trato sería voluntario pero injusto porque el salario que se acuerda es objetivamente bajo en relación con el trabajo realizado. Esta línea de argumentación suscita la dificultad de dar con un baremo o medida del valor (de cambio) del trabajo (o de un servicio o de un bien) con independencia de la apreciación que del mismo tengan las partes.

Pero, ¿qué criterio diferente o independiente de la voluntad de cada contratante puede ofrecerse para juzgar la rectitud de un acuerdo? Si decimos, por ejemplo, que es la cantidad de trabajo “socialmente necesario”, ¿cómo debe interpretarse la fórmula “socialmente necesario” al margen del conjunto de preferencias de la gente?

El problema, por consiguiente, no es si existe un precio justo “objetivo” que pueda determinarse haciendo abstracción de las preferencias de los contratantes, sino, tan sólo, si éstos han obrado voluntariamente, pues es el querer de las partes el que reduce bienes o servicios heterogéneos a un denominador común. Por tanto, en el caso del trabajador asalariado la pregunta no es si el salario es “justo” de acuerdo con algún criterio abstracto, sino si este último ha contratado voluntariamente hic et nunc. Si así ha sido, entonces el salario es justo. El único modo de impugnar la validez de un contrato sería, entonces, probando que “en realidad” el trabajador no ha consentido voluntariamente en él. Volveré enseguida sobre este problema y sobre lo que se ha llamado “sueldo ético”.

Permítaseme, entonces, recapitular todo lo que he dicho hasta el momento en la formulación de las siguientes reglas, que se inspiran en las teorías de la justicia de Kant y de Nozick:

•Todos los individuos son naturalmente libres.

•La medida de la libertad de cada uno es el respeto de la libertad de los demás.

•Todo individuo, por tanto, tiene derecho a obrar como considere que es mejor siempre y cuando con ello no perjudique a otros.

La aplicación de estas tres reglas al uso de los bienes y servicios produce estas otras reglas:

•La apropiación de una cosa que no tiene dueño es lícita.[15]

•Las transferencias que tengan lugar por medio de intercambios voluntarios son lícitas.[16]

Habrá quienes consideren que estas reglas son frías, impersonales y constituyen una forma de consagrar el individualismo. Otros lamentarán, por el mismo motivo, que no reflejen los principios de solidaridad que debiera existir entre los miembros de una sociedad.

Sin embargo, objeciones como ésas olvidan el agobio que puede significar intentar establecer legalmente lazos de solidaridad entre individuos que no tienen relaciones afectivas de ningún tipo entre sí. La familia, por ejemplo, es un pésimo modelo de construcción de una sociedad como la nuestra, en que viven miles o incluso millones de personas, pues la familia efectivamente se mantiene unida por lazos de afecto que sobrepasan con mucho a las reglas de respeto mutuo en las que se basa el derecho. Por eso Hegel, por ejemplo, decía que la importancia del derecho se deja sentir entre los miembros de una familia únicamente cuando la familia se disuelve (por ejemplo, al disputar los herederos por la división de la herencia, al tener lugar un divorcio, al abandonar el padre a los hijos y demandarle éstos alimentos, etcétera). Antes de eso el derecho no se deja sentir porque el afecto y amor mutuos suplen toda necesidad, liman las asperezas y avienen continuamente a los miembros de una familia.

En este sentido, no hay continuidad entre la familia y la sociedad civil, y el intento por homogeneizar sus reglas resulta siempre asfixiante para los que lo padecen. Por eso, como decía Aristóteles, la familia no es una ciudad en miniatura ni la ciudad una casa a gran escala.

Por otra parte, las pretendidas frialdad e inhumanidad de estas reglas permiten no sólo que cada uno disponga de un ámbito de libertad individual para llevar a cabo su proyecto de vida como estime conveniente, sino, que además, como observa Hayek, permiten recabar la colaboración de otros sin necesidad de que nos pongamos previamente de acuerdo acerca de los fines últimos de la cooperación social. Por eso, los que tenemos simpatías liberales nos identificamos con estas reglas que permiten a cada uno escoger el modo de vida que prefiera, mantener las relaciones de afecto a que le inclinen sus preferencias y, en fin, poder prescindir del permiso de cualquier otro para decidir qué hacer, cómo, con quién, cuándo, etcétera.

Las libertades económicas son parte integrante de este conjunto de libertades. Los chilenos ahora las subestimamos porque aún contamos con ellas y, supongo, las damos por descontadas. Pero, imaginémonos que el proceso de establecer un sistema de educación superior público, gratuito y de calidad —es decir, el proceso de estatizar la educación— nos conduce al escenario de establecer cupos de postulantes para las distintas carreras. Supongamos, además, que yo quiero ser geólogo y soy el n+1 de los n cupos que abrió el Estado. Supongamos además que usted es geólogo y está dispuesto a enseñarme a cambio del pago de ciertos honorarios. En ese escenario, pese a estar ambos de acuerdo, el Estado no permitiría que cerráramos el trato. O usted tendría que enseñarme de modo clandestino (eso será una consecuencia inevitable de que ahora este trato que celebramos sea proscrito) o yo tendría que correr el riesgo de hacer la inversión para después tener unos conocimientos que no puedo acreditar, pues el Estado no me dará certificación alguna. ¿No sería este escenario injusto? ¿Y no es significativo que esta injusticia sólo pueda ser evitada mediante un sistema educacional abierto; esto es, un sistema en que alumnos y profesores (o alumnos y universidades) tienen la posibilidad de elegir libremente qué estudiar, cuándo, bajo qué condiciones?).

Alguno querrá tal vez acusarme de alarmista, de hacer campaña del terror, de recurrir a la falacia de la pendiente resbaladiza y otras cosas por el estilo. Evidentemente, en la práctica hay grados y niveles intermedios. La libertad puede estar restringida en unos sentidos pero no en otros. Aquí sólo quiero llamar la atención sobre las consecuencias que se siguen de ciertos principios. Si el lucro es deleznable y tenemos universalmente derecho a ciertas prestaciones de calidad provistas por el Estado, ¿por qué no se puede entonces proscribir derechamente toda la oferta privada de esas prestaciones? ¿Por qué no dar al Estado el monopolio de la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el vestido, las comunicaciones, el transporte y la alimentación? ¿Por qué no decir, en último término, que si dos personas convienen libremente en un trato no podrán cerrarlo porque ya no se les reconocerá ese derecho? ¿Qué argumentos tienen los detractores del lucro ante esta consecuencia de su propia postura? Si sólo lo quieren prohibir para ciertas actividades, pero no para otras, ¿entonces por qué dicen que el lucro es malo? Si sólo los detienen consideraciones económicas —por ejemplo, que su propuesta nos abocaría a la quiebra—, ¿por qué habrían ahora de rebajarse a avenirse a vulgares argumentos economicistas? ¿No era cierto acaso el fiat iustitia et pereat mundus?

4. ALIENACIÓN, AFÁN DE LUCRO Y JUSTO PRECIO

El mercado, idealmente, es el reflejo de todas las elecciones que libre y voluntariamente han realizado los individuos. Es, además, un mecanismo descentralizado de asignación de valor económico, pues, idealmente, estos valores reflejarán las preferencias de los individuos.

Se suelen escuchar quejas acerca de la inmoralidad que supone la diferencia de ingresos: unos ganan mucho mientras que otros ganan poco. Por ejemplo, los futbolistas en relación con los profesores de filosofía.

Estas quejas, sin embargo, pasan por alto el hecho de que el sueldo que gana un futbolista de las grandes ligas es mayor al de un filósofo destacado —supongamos, Habermas—, porque el común de la gente prefiere destinar parte de su dinero y su tiempo a ver un clásico del fútbol antes de que escuchar una conferencia de Habermas.

¿Es deplorable que así sea? No me lo parece, aun cuando crea que la filosofía sea mucho más importante y edificante que el fútbol. Como esta convicción acerca de la superioridad de la filosofía coexiste con otras —como que se debe permitir a las personas tomar sus propias decisiones; que la filosofía, como cualquier otra actividad, sólo resulta edificante cuando es realizada de modo libre y voluntario o, en fin, que el valor económico es tan sólo un aspecto del valor de las cosas y no representa, por lo mismo, todo el valor de algo (por ejemplo, su valor cultural o estético)—, no me parece deplorable que un jugador de las grandes ligas gane más dinero que un filósofo porque la gente prefiere el fútbol a la filosofía.

Aquellos que desearían organizar la sociedad desde alguna perspectiva unificada tienden a considerar la distribución del mercado como defectuosa y necesitada, por lo mismo, de alguna corrección. Así, por ejemplo, algunos seguramente consideran que la gente no sabe realmente lo que le conviene y querrían disponer las cosas de tal modo que los violinistas ganaran más dinero que los cantantes de hip-hop, o desearían inducir a la gente a escuchar un tipo particular de música obligando a las emisoras a transmitirla, y otras cosas por el estilo.

Es paradójico que esa visión aristocrática y paternalista, que supone que el grueso de la gente está equivocada acerca de lo que resulta mejor para ella sea sostenida en ocasiones por personas que reclaman por el presunto déficit democrático de nuestra propia sociedad.

Por alguna razón, la gente caería en la más abyecta alienación desde el momento mismo en que pisa un centro comercial pero se eleva a las alturas de los grandes estadistas a la hora de participar de consejos ciudadanos, asambleas y cosas por el estilo. Pero, ¿no resulta contradictorio afirmar, por una parte, que los agentes están alienados y no saben lo que quieren en una instancia, pero tomarlos como competentes y juiciosos en otra? ¿No se trata acaso de los mismos agentes?

Algunos querrán sostener —abandonando con ello la argumentación anterior para ensayar una nueva— que existe una diferencia: en las asambleas ciudadanas y otras instancias deliberativas, los individuos adoptarían un punto de vista universal o “ciudadano” o “público” (o algo por el estilo), mientras que al comprar y vender se estarían necesariamente comportando de modo mezquino, interesado, usándose mutuamente.

Entiendo que muchas de las reservas en contra del mercado tienen que ver con esta supuesta instrumentalización en que incurrirían los individuos a la hora de contratar. Así, mientras la democracia sería una instancia de respeto y reconocimiento mutuo, el mercado sería por definición una instancia de instrumentalización mutua.

Supongo que esa representación del mercado es la que subyace, en lo esencial, al eslogan contra el lucro, pues lo que se alega es, más o menos, que no se debe lucrar con derechos como, por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación o el transporte; y que al lucrar yo estoy utilizando a otro, explotando su necesidad, procurándome una ganancia por medio de prestaciones que son tan fundamentales que deberían ser provistas a todos gratuitamente, ya sea porque conducen a la felicidad o son condición de ella, porque tienden a evitar una distribución desequilibrada del poder, o porque permiten la consecución de cualquier otro fin que se estima socialmente valioso.

El moralismo de esta afirmación es tanto que seguramente no se la puede sostener sin hipocresía. ¿Cómo piensan procurarse los bienes aquellos que la profesan? Como no creo que los detractores del lucro estén al mismo tiempo en contra de la división del trabajo, supongo que no esperan procurarse todo ellos mismos y, en consecuencia, están dispuestos a que exista un sistema de intercambio basado únicamente en la generosidad (el mero trueque no sirve, evidentemente, pues al permitir el cambio de un bien por otro se corre el riesgo de que los contratantes lo hagan esperando ganar algo con él, esto es, lucrar). Si no, la única alternativa que queda es un sistema centralizado de asignación de bienes. Pero entonces, ¿cuál sería el incentivo para trabajar? ¿La generosidad universal? ¿Qué pasaría con aquellos que intenten contratar por su cuenta? ¿Se los toleraría? Y, por repetir los argumentos de Von Mises y Hayek, ¿cómo se sabrá qué producir, cuánto y a quién dárselo?

No sé cuál de las dos posibilidades resulta más inverosímil. De todos modos, es deprimente que alguien considere seriamente la segunda después del espectáculo ofrecido por los “socialismos reales” durante el siglo XX.

Pero más allá de estas consideraciones, el argumento en contra del lucro es o falso o ininteligible sin otras tesis auxiliares sumamente controvertidas. Falso, porque al pagar a alguien por un servicio que me presta yo, precisamente, no lo estoy sólo instrumentalizando o, como diría Kant, utilizando como un mero medio. De hecho, al acordar libremente con él un trato y cumplir con mi parte del mismo estoy, al revés, tributándole el reconocimiento que como persona se merece en esta circunstancia concreta.[17]

Piénsese en las tres siguientes situaciones: en una usted es taxista. Yo le apunto con una pistola y le exijo que me lleve a mi destino; en la segunda le pido que me lleve a mi destino y una vez allí me voy sin pagarle; en la tercera le pido que me lleve, usted lo hace y yo le pago por ello. Pues bien, ¿en cuál de ellas he obrado yo mal contra usted? Evidentemente en aquellas en que no le he pagado. He obrado bien únicamente en la tercera, esto es, en aquella en que usted ha lucrado conmigo o gracias a mí. ¿Cuál es la diferencia entre todas esas situaciones? En las dos primeras yo lo he usado a usted como un mero medio. En la tercera lo he tratado como un medio pero no como un mero medio. ¿Por qué? Porque le he pagado. El pago expresa aquí mi reconocimiento a su libertad, su trabajo, su propiedad. Evidentemente, hablar del lucro de forma indiscriminada encubre esta diferencia entre usar y meramente usar a alguien. Sólo el segundo caso es inmoral o ilícito. Por esta razón, el argumento contra el lucro es falso.

Supongo que el detractor del lucro podría replicar que no se refiere a cualquier ganancia, sino a la ganancia excesiva. Después de todo, si usted me cobrara cien mil pesos por llevarme dos cuadras más allá, me habría usado como un mero medio. Su ganancia habría sido excesiva. Esto nos remite, nuevamente, al problema del “justo precio”. Pero, como ya adelantaba, ¿cómo resolver cuál es el justo precio de algo más allá de las preferencias (agregadas) de los individuos? Creo que, descartada las “horas de trabajo socialmente necesarias”, sólo queda un factor posible: la necesidad.

5. LIBERTAD, NECESIDAD Y ESTADO

He comenzado el apartado anterior señalando que el mercado “idealmente” es el reflejo de todas las elecciones que libre y voluntariamente han realizado los individuos.

Ahora quisiera detenerme en el adverbio “idealmente”, que me permitirá introducir importantes matices en mi argumentación.

¿Por qué he utilizado ese adverbio? Básicamente, porque soy consciente de que la condición que he formulado para la rectitud de los intercambios —es decir, la voluntariedad— no se cumple de modo cabal en todos los casos.

Comencemos con un ejemplo extremo: un asaltante me amenaza con un arma y me pide que le entregue el dinero que llevo conmigo. Yo, de mala gana, lo hago. Pues bien, en este caso, ¿he obrado voluntariamente? Desde cierto punto de vista sí, pues al final he accedido a entregarle el dinero al asaltante. Yo he decidido realizar el acto. Pero por otra parte es evidente que no he obrado voluntariamente, pues en la práctica no me quedaba más opción. He obrado de mala gana. Pues bien, en realidad he obrado en parte voluntaria y en parte involuntariamente, y seguramente más del segundo modo que del primero.

Lo cierto es que muchas veces —quizás la mayoría— obramos en parte voluntaria y en parte involuntariamente. Esto es lo que Aristóteles llamaba los actos mixtos de voluntario con involuntario.[18] El ejemplo que él pone es el del capitán de navío que, en la tormenta, se ve en la necesidad de arrojar la carga por la borda para no naufragar. En cierto sentido el acto es voluntario, pues el capitán ha querido y decidido arrojar la carga. En otro, dice Aristóteles, es involuntario, pues, en términos absolutos, el capitán no quiere tirar la carga.

Apliquemos esta distinción a un ejemplo menos extremo que el del asaltante: el del trabajador asalariado mencionado antes. El trabajador que acepta trabajar por un sueldo de subsistencia, ¿de qué modo obra? Creo que lo más sensato es reconocer que obra, como decían los escolásticos, con voluntad imperfecta, esto es, en parte voluntaria y en parte involuntariamente.

¿Cómo afecta esta categoría intermedia, este tertium quid entre lo voluntario y lo involuntario, a lo que aquí he venido sosteniendo?

El principio general es que los intercambios o, en términos más generales, los acuerdos son justos si es que son voluntarios (volenti non fit iniuria, al que consiente no se le hace daño).[19]

A partir de este principio y de la constatación de que la voluntariedad tiene grados, podemos ahora formular la siguiente regla general: “Mientras menos perfecta la voluntad, menos justo el acuerdo”. Esto es, mientras mayor la involuntariedad —expresada en reticencia, resignación o lo que corresponda—, menos justo es el acuerdo.

Pues bien, ahora tendré el atrevimiento de introducir ciertas correcciones en la teoría de la justicia de Nozick, de modo que refleje el hecho de que la voluntad en ciertas circunstancias es imperfecta.

Al formular su teoría de la justicia, Nozick afirma que nadie tiene derecho a un bien sino en virtud de una apropiación originaria lícita, de los intercambios voluntarios o de la restitución y/o indemnización que se le deba como consecuencia de la comisión de un delito en su contra. Cierra su teoría insistiendo en que nadie tiene derecho a un bien excepto por aplicaciones repetidas de las reglas anteriores.

Estas reglas generales son, evidentemente, ciertas. El derecho privado no es, en lo esencial, más que un desarrollo y determinación de estos principios generales. El problema de la teoría de la justicia de Nozick radica, a mi juicio, no en esas reglas, sino en la insistencia en que no hay más títulos legítimos de adquisición.

En razón de lo dicho acerca de los grados de voluntariedad, esta regla debe ser abandonada en favor de esta otra (o alguna equivalente):

• “Los que padecen necesidad tienen derecho a los bienes suficientes que les permitan aliviar esa necesidad”.

Nozick clausura su teoría de la justicia de tal modo que corta todos los vasos comunicantes entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva.[20] La constatación de que la voluntariedad sea susceptible de grados permite restablecer los puentes entre una y otra forma de justicia y hacerse cargo del problema de la necesidad, lo que Nozick hace de modo muy parcial y, a fin de cuentas, insatisfactorio.[21]

Pues bien, hay que aliviar la situación de los individuos que padecen necesidad. Pero, ¿quién debe asumir esa tarea?

Es cierto, por ejemplo, que los empresarios tienen un deber moral de mejorar, en la medida de sus posibilidades, las condiciones de sus trabajadores. Así, deben intentar establecer condiciones que permitan a sus trabajadores consentir en el trato que cierran con él o con la empresa con voluntad perfecta o, en su defecto, lo más perfecta posible. Sin embargo, no creo que la responsabilidad moral por la mejora de la condición general de los trabajadores recaiga, en último término, en los empresarios, en tanto que tales. En el caso de que los empresarios robaran sistemáticamente al trabajador el valor de su trabajo —esto es, pagaran por él a sus trabajadores menos del justo precio—, su obligación sería la de restituirles el valor de lo injustamente apropiado, pero no mejorar sus condiciones generales, pues quien restituye no está, en realidad, mejorando la posición de otro.

Supongo, por tanto, que aquellos que entienden que el empresario en particular tiene el deber de mejorar las condiciones del trabajador, lo creen porque entienden que el primero se queda con parte del valor del trabajo del segundo o los defrauda sistemáticamente de cualquier otro modo. Pero, ¿hasta qué punto puede considerarse verosímil la idea de que el empresario se queda con la plusvalía de la fuerza de trabajo de sus trabajadores? Si el criterio para medir el valor de cambio de los bienes es la “estimación común” (o, si se prefiere, la oferta y la demanda) y no las horas de trabajo socialmente necesarias para producir un bien, entonces la idea del robo sistemático de la plusvalía a los trabajadores no puede sino ser falsa.

Si la teoría del valor trabajo es falsa —y lo es—, entonces, el “sueldo ético” —esto es, lo que podríamos decir que el empresario está moralmente obligado a pagar— es el precio de mercado. Y si ese sueldo es bajo, la diferencia necesaria para dejar a esa gente por sobre el umbral de la necesidad debe ser proporcionada, no por el empresario, sino por el Estado a través de los programas que disponga para ese fin, con cargo a las rentas generales. Dicho de otro modo, ese coste debe soportarlo la sociedad en su conjunto o, más precisamente, los miembros de la sociedad que tengan mejor situación económica.

Bajo el modelo aquí esbozado, la sociedad, a través del Estado, debiera preocuparse de los que padecen necesidad. No es necesario que el Estado asuma las tareas que le impone este deber directamente. Además de los argumentos de eficiencia que a este respecto se pudieran esgrimir, existe una razón de principio: la razón para admitir la actividad del Estado más allá de las labores de defensa y jurisdicción tiene que ver con la creación de las condiciones que garanticen que los individuos puedan contratar con voluntad perfecta. Y así como este principio abre la puerta a la expansión del Estado más allá del Estado mínimo, al mismo tiempo le cierra la puerta a cualquier Estado mayor que el Estado subsidiario, en la medida en que le fija ciertos límites infranqueables a la extensión de sus competencias: dicha extensión se prolonga hasta allí donde los individuos pueden valerse por sí mismos, pues se la otorgan precisamente con ese fin. Las prestaciones y servicios que el Estado debe procurar a los individuos deben, por ello, ser concebidos como transitorios y motivados por razones de emergencia; deben ser concebidos de tal modo que se ha de esperar de ellos su paulatina desaparición, aun cuando, por otro lado, pueda ocurrir que esa desaparición nunca ocurra en los hechos.

Lo que no podría suceder es que el Estado, ya sea por iniciativa de sus agentes y funcionarios, ya por clamor popular, reclamara para sí la realización de actividades que exceden el alivio de la necesidad. Menos aún le resultaría lícito reclamar el monopolio de actividades diferentes de la defensa y jurisdicción con vistas a la promoción de algún fin político cualquiera como, por ejemplo, la igualdad. La razón de ello —ya adelantada— es que ese monopolio exigiría tarde o temprano prohibir los acuerdos e intercambios que dos personas libre y voluntariamente quieran celebrar.

El Estado subsidiario es el único compatible con los principios formulados más arriba. Por consiguiente, el Estado subsidiario es el único que puede legítimamente imponerse a los individuos.[22]

Pues bien, y en este esquema, ¿dónde ha quedado la igualdad económica?

Permítaseme plantear antes la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que ver la necesidad con la igualdad o, más precisamente, con el igualitarismo?

Rousseau cree que existe una relación esencial entre ambas y por eso afirma que la consecución de la igualdad política exige, por lo que a la riqueza concierne, “que ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para ser constreñido a venderse” (Rousseau 2000, 76).

Sin embargo, si un ciudadano no padece necesidad, ¿por qué se iba a ver obligado a venderse? Si ningún ciudadano padece necesidad, ¿por qué iba a ser necesario fijar un límite máximo a lo que otros pueden tener? ¿Y no revela todo ello, en fin, que la igualdad, como afirma Raz, nos importa, no por ella misma, sino por otras preocupaciones que subyacen a los principios igualitarios, como el hambre, la necesidad, etcétera? (Raz 1988, 240).

Es importante subrayar que, aunque puedan estar vinculados en ciertos respectos, la eliminación de la igualdad es un fin político diferente de la eliminación de la necesidad. Aquí he intentado abogar por el segundo en contra del primero. He intentado demostrar que el alivio de la necesidad es no sólo compatible, sino demandado precisamente por los principios más generales de justicia. He intentado demostrar, además, que éste no es el caso en lo que a la igualdad económica respecta. Por tanto, en todo aquello que necesidad e igualdad económica no estén directamente vinculadas, la igualdad económica debe ser abandonada como objetivo político compatible con la justicia.

6. CONCLUSIONES

No se me oculta que alguien podría intentar objetar mi posición “suficientarista” —por emplear el anglicismo al uso— pidiéndome que trazara la línea en que acaba la necesidad. Pues bien, no tengo ningún problema en conceder que la definición de ese umbral resulta problemática y que merece ser objeto de diferentes discusiones políticas. Pero la definición de ese umbral no puede hacerse en abstracto, con prescindencia del asunto de que se trate, las condiciones de una sociedad, circunstancias varias.

Tarde o temprano, toda filosofía se enfrenta a esta dificultad: que no puede ser resuelta por principios a priori o por reglas generales. Hay que decidir prudencialmente, y, llegado este punto, lo más que pueden hacer los principios por nosotros es orientarnos.

Así, por ejemplo, si un igualitarista no comulga con un igualitarismo estricto, ¿dónde debe fijar la línea en que la desigualdad es tolerable de la que no? Lo mismo vale para un “prioritarista” y para todos los demás “ismos” que respecto de este problema, o cualquier otro, puedan aparecer en filosofía política.[23]

Los principios que aquí he defendido promueven un Estado subsidiario y no paternalista. Ese Estado —y no otro— creo que es el único que respeta la libertad de los individuos, esto es, su libertad para determinar soberanamente el modo de vida que quieran llevar mientras con ello permitan a los demás hacer lo mismo. Por ese motivo, este Estado debiera constituir el modelo que sirva de orientación general al diseño de las instituciones y políticas públicas. El que luego haya que determinar las instituciones concretas y su funcionamiento es no sólo inevitable, sino, además, deseable. Esa indeterminación abre el espacio para la discusión política y a modos particulares de realizar la libertad a nivel social.

Hasta el momento, estos principios no han sido defendidos de modo consistente por ningún partido político en nuestro país. Tenemos, por la derecha, partidos conservadores que defienden el libre mercado y, por la izquierda, partidos progresistas que defienden la libertad en todos los otros ámbitos. No creo que a la larga sea posible defender el libre mercado y mantener una actitud paternalista en los temas morales. Quienes lo han hecho así han permitido que la defensa del mercado libre quede, paradójicamente, asociada a las posturas más reaccionarias y autoritarias en lo que a moral sexual, derecho de familia y demás problemas afines se refiere. Con ello han renunciado al potencial emancipatorio que tiene el liberalismo económico, el cual ha quedado identificado con las agendas paternalistas que, en muchos casos, se oponen derechamente al reconocimiento de ciertos grupos y, en ese sentido, a la igualdad de trato.

No creo, por otro lado, que resulte tampoco consistente defender el derecho de los individuos a llevar el estilo de vida que quieran (por ejemplo, a contraer matrimonio con personas del mismo sexo), pero a la vez limitarles o prohibirles incluso la celebración de otros acuerdos en otros ámbitos de la vida.

Como en este momento el curso de los acontecimientos parece favorecer el avance de la última forma de inconsistencia, me ha parecido oportuno quebrar algunas lanzas en favor de la libertad económica.

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Zaitchik, Alan. 1997. “On Deserving to Deserve”. Philosophy and Public Affairs 6 (4): 370-388. EP

1 Para una visión sinóptica de la discusión acerca del igualitarismo, ver Hirose (2015).

2 Existe un cuento sufí que relata la historia de tres niños que salieron una mañana a recoger nueces. Cuando llegó el momento de hacer la distribución cayeron en cuenta de que estaban en un problema, porque habían dejado todas las nueces que cada uno había recogido en una misma cesta. Como no podían ponerse de acuerdo acerca de cuántas le correspondían a cada uno, decidieron ir donde el anciano más sabio del pueblo y le dijeron: “Reparte estas nueces entre nosotros tal como Alá lo haría”. El sabio entonces procedió a dar 10 nueces a uno, 30 a otro y 60 al tercer chico. Entonces el segundo de ellos se quejó de la desigual repartición y dijo: “Pero te pedimos que repartieras tal como lo habría hecho Alá”. El sabio entonces respondió: “Y eso es precisamente lo que he hecho”. Si uno quiere descartar la hipótesis de que Dios es injusto, entonces no le queda más remedio que conjeturar acerca de las razones por las que Dios haría una repartición semejante. Habida cuenta de las múltiples distopías que se han escrito acerca de las sociedades que han intentado construirse sobre la igualdad estricta, uno podría especular que Dios ha hecho esa distribución desigual para evitar sociedades como ésas. Conjugar libertad e igualdad no es fácil, y Rawls tiene el mérito de haber elaborado una teoría que ofrece una alternativa al respecto.

3 Zaitchik afirma que el razonamiento de Rawls acerca de las dotes naturales es recursivo y conduce al absurdo de que nadie merece nada. Sher ofrece una interpretación del argumento de Rawls que, cree, evita esta objeción de Zaitchik. Compárese Zaitchik (1977) y Sher (1987, 25 y ss.).

4 Y si ésta es efectivamente la asunción subyacente, ¿es tan claro que individuos racionales y mutuamente desinteresados e ignorantes de sus circunstancias particulares adoptarían el principio de diferencia? ¿Consentiría usted en dar a los demás derechos sobre su propia persona?

5 Rawls, entiende, sin embargo, que su teoría se aplica a la estructura básica de la sociedad (es decir, instituciones sociales) y no a los individuos particulares. ¿Evita esto críticas como las de Nozick? Difícilmente, en la medida en que el mismo Rawls ha retrotraído el problema de la distribución a los talentos y capacidades individuales. Después de todo, no hay talentos ni capacidades colectivas.

6 Hume llamaba ya la atención sobre este problema (1993, 59). Por otra parte, quizás no esté de más añadir que teorías de la justicia como la de Tomás de Aquino tampoco apelan a una noción unificada de mérito como criterio de distribución de los bienes.

7 Con todo, compárese también Rawls (2002, 107-109), donde hace distinciones importantes respecto del mérito.

8 “Una vez que nos decidimos a buscar una concepción de la justicia que anule los accidentes de los dones naturales y las contingencias de las circunstancias sociales, como elementos computables en la búsqueda de ventajas políticas y económicas, nos vemos conducidos a estos principios; expresan el resultado de no tomar en cuenta aquellos aspectos del mundo social que desde un punto de vista moral parecen arbitrarios” (Rawls 2003, 28. Énfasis añadido).

9 Eso es precisamente lo que Rawls hace (2002, 110-112).

10 Esto es lo que Parfit ha denominado la “objeción de la nivelación hacia abajo” (the levelling down objection). Compárese, por ejemplo, Parfit (1997, 210 y ss.).

11 A propósito de este problema —y sin perjuicio de la observación de Hume de que conduciría a la tiranía (Hume 1993, 60-61)—, pueden añadirse varios argumentos contra el igualitarismo estricto. Por ejemplo, abre camino a la ineficiencia como política pública, en la medida en que desacopla el bienestar de los individuos de la consecución de la igualdad; que, por lo mismo, tiende a empobrecer a la sociedad (si una sociedad no es muy próspera, cuando no rica, al igualitarismo no le quedará más remedio que igualar hacia abajo); que, además, el igualitarismo estricto constituye un fuerte disuasivo de la productividad, etcétera. Ésta, sin embargo, no es mi línea de argumentación principal.

12 Anderson adopta una concepción similar a la de Kropotkin (Anderson 2016, 84-85).

13 Kirzner llega a decir que no existe tal cosa como una torta. Véase Kirzner (1995, 57-61).

14 Compárese el ejemplo al que recurre Casal (2016, 281). En él se asume que los bienes son por definición comunes.

15 Es decir, en un principio los bienes son res nullius, no absoluta sino potencialmente (es decir, carecen en principio de dueño pero no por principio, de suerte que pueden llegar a ser propiedad de alguien). Puesto que, por otra parte, todos los individuos tienen una igual libertad a tomar bienes del mundo, no puede ocurrir que las sucesivas apropiaciones dejen a alguien sin nada. Nozick resuelve este problema diciendo que las apropiaciones originarias son lícitas cuando con ella no se empeora la situación de otros (estipulación de Locke), y que “empeorar” significa no suprimir las posibilidades de usar cosas de la misma clase de la que yo me apropio. La distinción de Kant entre posesión nouménica y posesión fenoménica permite ofrecer una solución parecida por lo que al estado de necesidad respecta.

16 Se entiende que los intercambios que no deben ir en perjuicio directo de otros en virtud del precepto general que dice que mi libertad termina donde empieza la de los demás.

17 Honneth, por ejemplo, admite este reconocimiento cuando afirma que la “equiparación de Lukács entre intercambio de mercancías y reificación” resulta poco convincente, “dado que, por cierto, en el intercambio económico generalmente el par en la interacción permanece presente al menos como persona jurídica” (Honneth 2007, 130).

18 Aristóteles, Ética a Nicómaco (2002, III, 1).

19 Respecto de este punto, compárese, por ejemplo, a Vitoria (2006, 92): “En las conmutaciones humanas no es suficiente para la justicia conmutativa el que por ambas partes sea algo absolutamente voluntario, sino que es necesario que no tenga mezclado algo de involuntario”.

20 Esto también se explica por la noción que tiene Nozick de voluntariedad. Véase (1988, 255).

21 Es falso, con todo, que la teoría del título válido de Nozick nos obligue a desentendernos de toda forma de necesidad. Lo que él llama la “estipulación de Locke” obliga a los individuos a hacerse cargo de la necesidad que sea consecuencia de sus adquisiciones originarias o derivativas. Asimismo, Nozick admite que puede haber una responsabilidad, incluso social, por injusticias históricas. Esto comprende, evidentemente, la necesidad que es consecuencia de ese tipo de injusticias.

22 Podría ocurrir, naturalmente, que algunos individuos que, por ejemplo, recelan de la provisión de servicios por parte de privados o no tienen temor del clientelismo político quisieran que el Estado y sólo el Estado los proveyera de ciertos servicios. En ese caso, creo que es justo permitirles acogerse a un régimen totalmente público, es decir, estatal. Lo que no pueden hacer, sin embargo, es intentar arrastrar a los demás consigo a ese régimen.

23 Compárese, por ejemplo, la respuesta de Kenworthy, un autor igualitarista, a esta dificultad: “John Nye asks: ‘What measure of inequality do Kenworthy and Anderson wish to observe that would lead them to say Ok. No more needs to be done?’ My response: There is no such precise measure or amount, and in my view it would be silly to offer one. My judgment about whether I would favor reducing the existing level of income inequality is based on how much it has increased and why, what seems feasible (taking into account, among other things, prior levels of inequality and levels achieved by other countries), and what the benefits and costs of reducing the existing level might be” (Wilkinson et al. 2009, 43).

Felipe Schwember, “¿Igualdad o igualitarismo? Dos perspectivas acerca de la justicia”, Estudios Públicos 147 (2017).

COMENTARIO

AGE OF LIBERALS*

Pablo Ortúzar Madrid

Instituto de Estudios de la Sociedad

Pablo Ortúzar Madrid. Antropólogo de la Universidad de Chile. Magíster en sociología por la misma casa de estudios. Director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Email: portuzar@ieschile.cl.

* Versión revisada del comentario realizado en el simposio “¿Es la desigualdad un problema político?”, llevado a cabo el martes 6 de septiembre de 2016 en el CEP.

Resumen: En este comentario, su autor sostiene que el liberalismo, más que una descripción de la realidad, es un programa político y, como tal, recurre a argumentos elaborados para explicar la necesidad de ciertas libertades e instituciones, pero falla en dar cuenta de aspectos de la sociedad que escapan a su limitado esquema.

Palabras clave: liberalismo, antropología, sociedad, Estado subsidiario.

AGE OF LIBERALS

Abstract: The author of this commentary argues that liberalism is less a description of reality than a political programme. As such, it uses very elaborate arguments to explain the need for certain freedoms and institutions, but fails to capture aspects of society that fall outside its limited purview.

Keywords: liberalism, anthropology, society, subsidiary State.

Cuando yo era niño, uno de los juegos de computador más populares era el Age of Empires. En él, uno estaba a cargo de desarrollar una civilización desde la caza y recolección hasta el imperio, para enfrentarla a otras, y debía tomar una serie de decisiones estratégicas para lograr un equilibrio entre los desarrollos urbano, social, político, económico, religioso y militar. Si uno lograba generar un “modelo de desarrollo” exitoso y tomaba buenas decisiones militares, podría dominar el juego y derrotar a los oponentes. La contienda terminaba cuando sólo quedaba un jugador.

Si los adultos hubieran podido escuchar nuestras conversaciones sobre estrategia, que abarcaban a veces buena parte de las clases y los recreos, probablemente habrían experimentado una profunda extrañeza, pues habrían tenido la impresión de que hablábamos sobre fenómenos humanos e históricos que les resultaban familiares (el desarrollo de las civilizaciones), pero desde una perspectiva totalmente ajena a las posibilidades humanas (la del planificador total), y apelando a reglas y límites que tampoco existían en el mundo real. Y es muy probable también que si alguno de esos adultos hubiera instalado el juego en su computador no sólo hubiese captado al poco tiempo aquello de lo que hablábamos, sino que también habría terminado por disfrutar esas conversaciones e incluso querido participar de ellas.

Cuento esta anécdota no porque haya olvidado lo que iba a decir y esté tratando de ganar algo de tiempo, sino porque cuando leo debates en el contexto de las teorías liberales tiendo a experimentar una extrañeza y una fascinación similar a la que los adultos de mi historia podrían haber experimentado con Age of Empires (y, por favor, no piensen que pretendo decir que mi posición es “adulta” y la que examino, “infantil”, ya que el asunto no tiene nada que ver con eso, como ya veremos). Cuando leo a Rawls, a Nozick o al profesor Schwember, tengo la impresión de que hablan sobre algo que me es familiar: la sociedad humana, los vínculos sociales, las obligaciones, el poder o la violencia. Sin embargo, la perspectiva que adoptan para abordar estos fenómenos y los límites y reglas que sus argumentos asumen me parecen sumamente ajenos y extraños, al mismo tiempo que inteligentes e interesantes.

¿De dónde viene esta extrañeza? ¿Qué es tan raro en el diseño del juego liberal? Hay dos elementos en él que resultan difícilmente defendibles como descriptores de la realidad, y que se encuentran muy vinculados: el contractualismo, por un lado, y el llamado “homo economicus”, por otro. El contractualismo presenta el hecho social como producto de un contrato mediante el cual los individuos retienen ciertos “derechos naturales” o libertades que resultan indisponibles por el colectivo social emergente. Esto supone, a su vez, que la validez de una norma depende del consentimiento de quien se vea obligado por ella. La antropología del “homo economicus”, por otro lado, presenta al ser humano como un maximizador de utilidades guiado en su acción principalmente por sus intereses. La suma de estos elementos termina describiendo la sociedad humana como una organización nacida de un contrato pactado de acuerdo a los intereses de las partes.

Tanto el contractualismo como la reducción de la motivación humana a los intereses racionales resultan propuestas absolutamente ficticias desde el punto de vista de la antropología social, así como desde la mirada de la mayoría de las ciencias humanas o sociales. La razón es simple: el ser humano es un animal que despliega su potencial mediante la mímesis conductual (imitando a otros seres humanos) y el desarrollo de su capacidad simbólica. Luego, los únicos individuos presociales serían los contados casos de “niños salvajes” criados por otros mamíferos. Y esos animales humanos no viven vidas humanas, sino animales, pues imitan la conducta de los animales que los acogen. Esto significa que las vidas propiamente humanas son siempre un fenómeno social, lo cual no significa que nuestra propia identidad —o nuestra subjetividad— sea una ilusión, sino que ella se construye necesariamente en relación con otros.

En cuanto al “homo economicus”, esta idea resulta insostenible porque cercena la motivación humana para reducirla a criterios de utilidad fijados arbitrariamente por quien pretende describir esa conducta. Cuando este reduccionismo intenta ser eludido definiendo la utilidad como aquello a lo que la persona atribuye utilidad (y así se dicen cosas como que la Madre Teresa maximizaba la salvación, al igual que Saddam Hussein el poder), esta teoría del comportamiento se vuelve trivial e irrelevante.

Ahora bien, dicho esto, es importante aclarar algo: la mayoría de los liberales, incluyendo al profesor Schwember, tiene perfecta conciencia de que estos modelos no describen la realidad. Luego, no vale como “refutación” del liberalismo señalarlo. Los únicos liberales que creen (o simulan creer) que describen la realidad desde estos modelos son personas que lo hacen por ingenuidad, fanatismo ideológico o interés político. Así, las ciencias sociales pueden ahorrarse el desprecio a las teorías liberales y a la economía política clásica a partir de esta fácil jugada. Lo que resulta interesante pensar es otra cosa: ¿por qué describen la realidad a partir de tales ficciones?

La respuesta es que el liberalismo no es tanto una teoría social como un programa político. Y lo que las teorías liberales discuten son, por ello, asuntos más bien programáticos. El mundo es descrito como si los individuos fueran anteriores a la sociedad para poder defender la libertad individual frente a los abusos del colectivo. Y la motivación es descrita como interés, pues lo que el liberalismo busca, tal como lo explica notablemente Albert Hirschman en su famoso libro[1], es apaciguar las pasiones incentivando los intereses. Así, la imagen del mundo propuesta por los liberales no corresponde a una descripción de la realidad, sino a un horizonte político: se busca crear un mundo donde la libertad individual se encuentre segura, y donde las personas interactúen libremente guiados por sus intereses, y no por las peligrosas pasiones.

Cómo es que surgió este programa político es un asunto muy interesante de discutir, aunque no sea éste el momento indicado. Si le hacemos caso a las tesis de Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela expresada en el libro Politización y monetarización en América Latina,[2] tendría que ver con la percepción de ruptura del vínculo social presencial (prerreflexivo, tradicional o como se prefiera llamarlo), producto de las guerras de religión europeas, en un primer momento, y la proletarización industrial, en otro. Dado que ese vínculo aparecía como roto en la presencia, debía ser reconstruido en el plano reflexivo, mediante instituciones. Luego, la pregunta por el diseño institucional adecuado para la reconstrucción del vínculo social, para esta reinvención de la sociedad sobre bases contractuales, se convierte en el gran objeto de discusión. Y la idea de reconstruir este mundo sobre la base de los intereses y no de las pasiones tiene que ver con el hecho de que los intereses siempre son negociables, y conducen a la gente por el aparentemente inocuo camino de la acumulación, mientras que las pasiones, debido a su carácter no transaccional, y tal como parece señalar la experiencia, son campo fértil para la guerra, la violencia y el asesinato.

Siendo esto así, el debate liberal suele girar en torno al diseño ideal del contrato social y al problema de la voluntad de las partes en relación con el consentimiento. Esto es cierto incluso en el caso de Marx, quien buscaba erradicar las desigualdades materiales que hacían que las personas no pudieran concurrir con igual libertad a la esfera del intercambio, y que él consideró que se generaban en la esfera de la producción. Los problemas emergen, por supuesto, cuando los diseños para construir y asegurar la “igual libertad” implican instrumentos de alto riesgo y fases transicionales en que el poder es concentrado y las libertades suprimidas en tal grado que se vuelve improbable que el proyecto llegue a su destino original. Esto fue advertido en su momento no sólo por los ricos y poderosos que buscaban mantener sus posiciones privilegiadas, sino también por anarquistas como Rudolph Rocker, quien acusaba a los revolucionarios franceses y a los marxistas de tomar sus armas prestadas del arsenal del absolutismo, refiriéndose a la utilización del Estado para tratar de implantar a la fuerza en la realidad los diseños abstractos creados dentro del esquema del gran juego liberal.

En la exposición del profesor Schwember que he venido a comentar, y créanme que eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo aunque no lo parezca, nos encontramos con una impecable refutación de ciertas posturas igualitaristas que hoy son aceptadas de manera acrítica por amplios sectores de la academia y de la opinión pública. Esta refutación es realizada dentro del gran juego liberal, con pleno respeto a sus reglas. Ya escuchamos lo persuasivo que resulta el argumento respecto a lo injusto que es moralizar la distribución de dotes naturales entre las personas y los riesgos para la libertad que implica tratar de corregir su distribución. Y lo mismo podemos decir del absurdo que supone tratar los bienes que resultan de la cooperación y la interacción social como si se tratara de bienes colectivos, simulando que la contribución de cada cual a su producción es indiscernible. No tengo nada que decir respecto a esos dos primeros elegantes y precisos movimientos.

En cambio, cuando el profesor Schwember, una vez que ha despejado a Rawls, salta hacia el plano de la realidad, parecen quedar unos cuantos cabos sueltos. Este salto tiene un preámbulo teórico. Primero se arguye, dentro del universo liberal, que un intercambio es justo siempre que sea voluntario. Luego, no existe un “justiprecio” ni para los bienes ni para el trabajo: el precio justo es el acordado voluntariamente. En consecuencia, el lucro, la ganancia obtenida a partir de acuerdos voluntarios, es perfectamente justo y razonable. Negar esto es negar la libertad humana y desconocer, desde el poder, la capacidad de pactar de las personas, tratándolas como incapaces.

Quienes quieren tratar a las personas como incapaces, asumiendo una visión paternalista y aristocrática, piensan que la gente no sabe lo que quiere o lo que le conviene. O bien, piensan que en tanto agentes de mercado son incapaces de remontarse a la perspectiva del bien común, pero que sí lo son en el contexto ciudadano de una asamblea. Así, en el mercado nos trataríamos simplemente como medios, mientras que en el contexto ciudadano nos trataríamos como fines. Tal alegato moral radical contra el mercado es reconocible, por ejemplo, en el trabajo del profesor Fernando Atria, pero tiene fuertes reminiscencias de la condena medieval a la usura (cuando, tal como explica Bartolomé Clavero en su excelente libro Antidora. Antropología católica de la economía moderna,[3] la iglesia católica condenaba incluso el deseo de obtener una ganancia por reciprocidad a un acto gratuito bajo la acusación de “usura mental”). En el caso de Atria, eso sí, él alega que no moraliza el mercado, pues permite su subsistencia para la producción e intercambio de todo aquello que no es importante para la “igual libertad” de las personas. El problema, claro, es llegar a determinar seriamente qué es aquello. Por lo demás, tolerar las relaciones de mercado en torno a lo que es irrelevante para la libertad no parece dejar de sostenerse sobre una condena moral del mercado.

Schwember fustiga entonces estas visiones señalando que acordar libremente con alguien un trato y cumplirlo es un acto de reconocimiento de la dignidad y la libertad del otro. Luego, lucrar no es meramente usar a alguien, sino usarlo de una forma que reconoce, al mismo tiempo, que el otro es un fin en sí mismo. Así, bajo condiciones ideales de mercado, nadie podría alegar abuso alguno.

El problema, ahora sí, comienza cuando salimos de las condiciones ideales. Y el profesor Schwember lo hace con aparente decisión, pero no con mucho éxito. Parte por admitir que la voluntariedad no es plena en muchos casos, sino que tiene grados, y que mientras menos perfecta es, menos justo es el acuerdo. Y de ello concluye que los que padecen necesidad tienen derecho a los bienes suficientes que les permitan aliviar esa necesidad, y que esa tarea debe quedar en manos de la sociedad, a través del Estado. El Estado, afirma, debe crear las condiciones que garanticen que los individuos puedan contratar con “voluntad perfecta”, prologándose dicha extensión sólo hasta el punto en que los individuos puedan valerse por sí mismos, y por el tiempo en que dicha intervención concebida como transitoria sea necesaria. Tal Estado, que Schwember llama “subsidiario”, no podría, entonces, reclamar para sí la realización de actividades que excedan el alivio de la necesidad. Y sería el único que legítimamente podría imponerse a los individuos. La desigualdad económica, una vez puestos los individuos en posición de pactar libremente, deviene, además, irrelevante.

En el cierre, el autor defiende su visión del Estado “subsidiario y no paternalista”, alegando que es el único que respeta la libertad de los individuos “para determinar soberanamente el modo de vida que quieran llevar mientras con ello permitan a los demás hacer lo mismo”, y criticando el hecho de que ningún partido político defienda esta visión en Chile, ya que la izquierda sería liberal en lo moral, pero conservadora en lo económico, y la derecha lo contrario. O se defiende el derecho de los individuos a celebrar los acuerdos que quieran en todos los ámbitos de la vida, o no se lo defiende en ninguno.

Sin embargo, tal como en el capítulo de Pinky y Cerebro en que ellos construyen un mundo igual al real, pero de papel maché, y luego convencen a todos los habitantes del planeta para que se trasladen a esa reproducción, el profesor Schwember nos convenció de que estábamos saliendo del mundo abstracto del gran juego liberal para internarnos en la realidad social, pero era un truco: nos llevó a un mundo paralelo idéntico al gran juego liberal. Y es que la realidad en que nos sumergimos luego de que el autor anunciara que iba a matizar su argumento —ya que “en la realidad no siempre decidimos con voluntad perfecta”— resulta tan poco real como el esquema anterior. Y no protege mejor la libertad individual.

Schwember las emprende noblemente contra la pretensión de algunos liberales-libertarios de hacerse los locos frente al problema de la desigualdad radical de condiciones, que pone a algunas personas en una posición de negociación muy desfavorable. Igualmente se enfrenta con aquellos que, bajo los supuestos del “homo economicus”, tratan de suplantar el consentimiento real por uno hipotético. Ambos golpes están relacionados: lo que el profesor busca afirmar es que si no hay consentimiento libre, éste no puede ser supuesto. Luego, no pueden ser simplemente pasadas por alto las condiciones de ese consentimiento. Y un verdadero liberal, alguien que pusiera la libertad individual como horizonte político, no debería pasar por alto esa advertencia.

Sin embargo, el esquema de realidad que usa el autor, como ya dijimos, es demasiado limitado. En él parece haber individuos capaces y Estado. Y nada más. Eso es lo que vuelve tan simple la solución propuesta, que podría resumirse en un “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Y también vuelve equívoco el uso del concepto de “subsidiariedad”.

Ya explicamos que los seres humanos se realizan como tales sólo en contextos sociales. Esto significa que llegamos a ser humanos participando en organizaciones humanas determinadas, muchas de las cuales no elegimos (como la familia o la nación) y de las cuales depende el despliegue de nuestras capacidades y, por supuesto, de nuestras libertades. La habilitación humana para llevar una vida individual libre en sociedad y la reproducción de las condiciones de posibilidad de esa habilitación se sostienen en una serie de organizaciones que el Estado no puede crear ni reemplazar, sino simplemente proteger e incentivar. A esto apunta el concepto de subsidiariedad. Los individuos capaces y el Estado, por supuesto, son muy importantes para el orden social, pero están lejos de agotarlo: hay niños, hay personas incapaces, hay familias y hay organizaciones civiles de todo tipo que no operan ni bajo la lógica del mercado ni bajo la lógica del Estado. Desconocer esta realidad en nombre de la autonomía individual radical o de la omnipotencia del Estado es un error teórico con enormes consecuencias políticas.

Una sociedad donde sólo hay Estado e individuos capaces que dependen del Estado para ser puestos en condiciones óptimas de consentimiento contractual, de modo de poder “hacer lo que quieran en todos los ámbitos”, es una especie de fantasía civilista que puede tener nefastas consecuencias para las libertades humanas. Y que, a pesar de lo que pudiera pensar el autor, no se aleja mucho de un “Estado de bienestar”. Esto porque un Estado encargado de liberar al individuo de todas las cargas que le impiden hacer “lo que realmente quiere en todos los ámbitos de la vida” es un Estado que no deja de operar como un padre, sólo que lo hace como un padre irresponsable, que no se preocupa de educar a sus hijos para la libertad, sino sólo de darles una buena mesada. El efecto de esta lógica, cuando se aplica a la política social, es la atomización, el individualismo y la irresponsabilidad. Y su resultado es que el Estado debe sistemáticamente asumir más y más funciones en aras de apoyar a individuos cada vez menos responsables. Y esos individuos, dependientes, egoístas y atomizados, no son capaces de ofrecer resistencia eventual alguna a los abusos del aparato burocrático. A esto se refería Tocqueville cuando temía por el devenir de Estados Unidos, y a esto se refiere la genial película distópica Wall-E, en la que un robot dedicado a recoger basura termina teniendo una vida interior y una libertad mucho más rica que los seres humanos reducidos a una especie de ganado retozante.

Creo que nadie puede, entonces, defender las libertades humanas sin ser un conservador en lo que toca a la defensa de las instituciones que las hacen posibles y que las sostienen. Y ese liberalismo, con el que me identifico, básicamente plantea que sin una sociedad robusta, sin un tejido social denso, no hay libertad posible. Pero una sociedad robusta está construida sobre obligaciones y deberes muchas veces no consentidos. No está constituida para la libertad y la autonomía radical de cada individuo, sino para el florecimiento de las libertades humanas en un contexto humano que es, por lo tanto, social. Y esto es lo mismo que decir que no es posible una sociedad humana sin una idea de la vida buena e instituciones determinadas que la hagan posible.

Muchos liberales, en el fondo, saben esto, pero no les gusta admitirlo. Y no les gusta porque se supone que su visión política está diseñada para evitar la guerra a muerte entre distintas visiones de lo que es una vida buena. Y aunque han estado dispuestos a grandes guerras y enfrentamientos para defender que una vida buena es aquella en la que pueden convivir distintas visiones de la vida buena, en tanto estén de acuerdo con ciertos principios básicos que hacen posible esa convivencia, siguen sin querer mirarse en el espejo de la política. Y es eso lo que, a ratos, los confunde, como cuando pretenden aplicar sin más las mismas reglas de tolerancia y pluralismo surgidas en Europa —para evitar que católicos, protestantes y judíos se aniquilaran— a miembros de pueblos que no forman parte de esa historia ni de las formas sociales surgidas a partir de ella. También es esa confusión la que los lleva a creer que una sociedad en la que el individuo es abandonado a su autonomía radical no terminará por descomponerse de manera violenta, en la medida en que las pasiones que el proyecto liberal trató de encerrar en una especie de caja de Pandora se vean liberadas, sin freno alguno, nuevamente.

A veces, cuando niño, era capaz de pasar largas horas en el computador jugando Age of Empires. En esos casos, comenzaba a sentir felicidad o rabia por cosas que pasaban en una realidad que no era real. Y muchas veces, sabiamente, mis padres me ordenaban abandonar el computador y salir a jugar afuera, a la calle. Y las habilidades necesarias para jugar en la calle con otros niños eran, por supuesto, muy distintas a las necesarias para jugar en el computador. Muy distintas, y muy necesarias también. Los liberales, creo yo, se encuentran en una situación parecida: les haría bien un poco de barro en los zapatos, algo de lluvia en el pelo y aprender a jugar otros juegos, con otras reglas, con otros jugadores. No porque su juego sea malo o aburrido, sino porque, quizás, es demasiado entretenido. EP

1 The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977).

2 Santiago: IES, 2012.

3 Milán: Giuffrè, 1991.

ENSAYO

EL CONCEPTO DE ACUMULACIÓN CIVILIZATORIA. ENTRE UNIVERSALISMO E IDENTIDAD CULTURAL*

Ernesto Ottone

Universidad Diego Portales

Ernesto Ottone. Sociólogo y doctor en ciencias políticas por Universidad de París III, La Sorbonne Nouvelle. Profesor titular en la Universidad Diego Portales y profesor adjunto en la Universidad de Chile. Email: ernesto.ottone@udp.cl.

* Versión abreviada de la ponencia realizada por el autor con ocasión de su ingreso como miembro de número a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Resumen: Frente al problema de si el Estado laico, la democracia y los derechos humanos deben convertirse en la medida universal de civilización o si, por el contrario, debemos dejar que prevalezca la identidad cultural que cada nación o grupo humano quiera defender para sí mismo, el autor de este ensayo postula que una y otra cosa son abstracciones rígidas, que la historia ha demostrado que ni el universalismo ni la identidad cultural poseen una forma inamovible. Ambas son permeables y se debe tener en cuenta esta realidad cuando se estén buscando las formas de un mundo más civilizado.

Palabras clave: Occidente, derechos universales, modernidad, cosmopolitismo, identidad cultural.

THE CONCEPT OF CIVILIZATIONAL ACCRETION BETWEEN UNIVERSALISM AND CULTURAL IDENTITY

Abstract: Addressing the problem of whether the secular State, democracy and human rights should become the universal measure of civilization or whether, conversely, the cultural identity that each nation or human group wishes to uphold for itself should be allowed to prevail, the author of this essay argues that both of these are rigid abstractions, with history showing that neither universalism nor cultural identity possesses an unchanging form, but that both are permeable. This fact should be borne in mind in the search for the forms of a more civilized world.

Keyword: West, universal rights, modernity, cosmopolitanism, cultural identity.

Existen buenas razones para considerar el siglo XX como un siglo corto.

Hacia los años ochenta se producen modificaciones de una magnitud inesperada. Un cambio tecnológico profundo, particularmente en las comunicaciones, constituye la base de la contracción del espacio y el tiempo en los cuales se desarrolla la vida de las sociedades, la política y la economía. Se produce una transición veloz desde la sociedad industrial a la sociedad de la información, como la denomina Castells, la modernidad baja según Touraine, la sociedad del riesgo de acuerdo a Beck o los tiempos líquidos en palabras de Bauman.

Esa nueva realidad marcó entre 1985 y 1992 la caída del orden político internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial, el de la Guerra Fría, caracterizado por una estructura bipolar en la cual dos superpotencias, que representaban proyectos de sociedades contrapuestas, se disputaban la hegemonía mundial a través de conflictos y negociación de esos conflictos, deslocalizando los enfrentamientos y dándoles un significado ideológico más allá, en ocasiones, de sus causalidades más profundas.

Como señaló con agudeza Medina Echavarría:

[Existía] una situación en la que, como en la duradera estratificación del Ancien Régime, todos conocen exactamente el puesto que les corresponde y que de hecho ocupan. Todas las formas de conducta interna y externa, nacional o internacional sólo existen y son comprendidas en función del antagonismo fatalmente planteado. Hasta el punto en que, cuando en ciertos años algunos se definen como no alineados, no necesitan declarar su sentido ni preguntarse en qué consiste el abandono de la fila.[1]

Pese a todos sus avatares y grietas crecientes, ese orden parecía una realidad difícil de remover. Nadie previó que terminaría inesperadamente por el desmoronamiento de una de sus partes, la Unión Soviética, y con ello su estructura imperial, creando un estupor interpretativo que se constituyó en un nuevo llamado a la humildad de las ciencias sociales y su anoréxica capacidad predictiva.

De las muchas interpretaciones con relación a cómo se organizaría el orden internacional a posteriori, dos de ellas alcanzaron gran difusión.

La visión optimista, enmarcada en la idea del progreso de la Ilustración, se cristalizó de manera un tanto rústica en la visión de inspiración hegeliana y kojeviana de Francis Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre,[2] quien vio en el fin de la Guerra Fría el triunfo definitivo de la economía de mercado y la democracia liberal, un arribo definitivo a un mundo post-dialéctico, aquel que para Hegel se encarnaba en el Estado moderno racional y para Marx, en la desaparición del Estado y la llegada del comunismo. En este mundo armónico terminaba la historia entendida como una dialéctica de avances conflictivos y donde sólo quedarían guerras de retaguardia destinadas a desaparecer. El futuro sería el imperio de la razón.

La vida le hizo después reconocer la candidez de su análisis.

Desde una tradición más pesimista y conservadora Samuel Hun-tington, en su Choque de civilizaciones,[3] pensaba que la historia guerrera continuaría y se ahondaría a través de conflictos más duros e irreductibles a través de la guerra de las civilizaciones. Su pensamiento muestra una matriz analítica emparentada con el pensamiento de Oswald Spengler, pero aún más de Arnold Toynbee.

Él liga su concepto de civilizaciones a espacios culturales marcados sobre todo por el factor religioso, y los concibe como realidades extremadamente compactas llamadas a defender y propagar sus principios, lo que por cierto no augura un porvenir pacífico.

Si analizamos lo sucedido desde entonces, esta visión aparecería más apegada a la realidad. Pero ello es sólo a primera vista: el campo de conflictos ha sido mucho más complejo.

La ausencia de un orden internacional tan estructurado como el anterior no ha sido ni más ni menos deseable que el orden de la Guerra Fría. Sí ha adquirido otras características: nuevos tipos de conflicto, nuevos actores, nueva base tecnológica, nuevas alianzas y nuevas enemistades, pero nada como para sentir nostalgia del orden anterior.

Lo cierto es que la idea de civilizaciones compactas y homogéneas no se verifica en la realidad. Éstas no constituyen realidades cerradas, destinadas a enfrentarse fatalmente unas a otras.

La historia nos muestra una y mil veces que las civilizaciones son permeables, porosas, cambiantes, propensas al mestizaje cultural, al sincretismo; al traspaso de las costumbres, a las reinterpretaciones y las reapropiaciones entre aspectos de una y otra cultura, que hacen de ellas algo abierto en mayor o menor medida.

Tiene razón Jean Duvignaud cuando se pregunta si son silenciosos los pueblos dominados, si reciben pasivamente la cultura del vencedor:

Ávidos como están de ampararse de las herramientas del vencedor corrompen la imagen que éste se hace de sí mismo, semillas microscópicas invaden y modifican la conciencia del señor. ¿Es que los esclavos griegos, arrancados de su patria, a menudo también griega, no introdujeron pedazo a pedazo leyendas venidas de los confines del Asia, de los Balcanes, que se mezclaron con los mitos en base a los cuales más tarde los poetas harían el teatro? ¿Y a la vez Grecia vencida por Roma no aportará con sus aventureros, sus viajeros y sus comerciantes las semillas que germinarán en la cultura latina?[4]

En verdad los conflictos de ayer y de hoy, incluso aquellos que se revisten de portadores de un reclamo identitario o, al contrario, de una responsabilidad universalista, se mezclan siempre con razones menos ideales, con cosas muy concretas como el poder, la conquista territorial o el dominio económico.

El argumento civilizacional, cultural, identitario o religioso es muchas veces la cobertura emocional necesaria para la movilización bélica, aquello que le otorga en cierta medida “sus cartas de nobleza”. Por lo demás, algunas de las guerras más cruentas, de las acciones criminales más sangrientas tienen lugar al interior de un mismo ámbito cultural, vale decir, de un mismo espacio civilizacional.

En buena parte lo que sucede hoy es que, habiendo perdido fuerza el gigantesco eje ideológico de la Guerra Fría, la razón cultural que estaba subsumida por la razón política adquiere una fuerte presencia y reemplaza en cierta medida a esta última como lógica explicativa y movilizadora del conflicto.

La expresión más dura y conflictiva actual se da a través de lo que he llamado “construcciones identitarias antimodernas”, cuyo discurso plantea una eterna repetición de una tradición particular, negando todo valor al pensamiento del otro. Lo curioso es que no siempre se trata de un retorno a la tradición, sino —muchas veces— de una reconstrucción de esa tradición en clave fundamentalista, con el fin de usarla contra una modernidad que se asimila a lo occidental. El pasado que se invoca y en el que el discurso se atrinchera es muchas veces inventado, a lo menos parcialmente.

Al otro extremo de esta concepción están quienes en Occidente se consideran cruzados de una modernidad que asimilan a su propia versión de lo moderno, cuando no a sus intereses, y son capaces de invadir territorios, levantando nobles banderas de transferencias democráticas que apenas recubren sus ansias de obtener ventajas económicas o geopolíticas. Esos mismos discursos son capaces de agregar también invocaciones a un mandato divino, como sucedió en la invasión de Irak, donde cada quien actuaba en nombre de Dios, que curiosamente resultaba ser el mismo, el del libro.

Lo real es que las tensiones entre lo identitario y lo universal cruzan con distinta dimensiones y peso a todas las regiones del mundo, y constituyen un aspecto muy visible de la fase más negativa del proceso de globalización. Al interior de lo que conocemos por Occidente, también se manifiesta en expresiones xenófobas y nacionalistas laicas, que pueden combinarse o no con aspectos religiosos.

Es en Europa, no en otro lugar, donde se vivió una guerra sangrienta con todos estos componentes. Fue en la ex Yugoslavia, después de la Guerra Fría. Y si no queremos ir tan lejos, basta recordar que hoy existe allí una fuerte tensión con el fenómeno migratorio, así como entre Rusia y una Ucrania postsoviética profundamente erosionada.

Sin embargo, el centro de la atención está puesto actualmente en la versión más dura y guerrera del islamismo.

Se ha señalado que sus principales raíces se encuentran en los avatares de la historia, que han contribuido a que la versión más dogmática e incapaz de dialogar con una modernidad normativa tenga, en los países islámicos, una fuerza y una capacidad de acción tan grande.

En todas las religiones, con rarísimas excepciones, han existido interpretaciones guerreras, de un fundamentalismo agresivo que ha generado en momentos de la historia guerras y masacres. Pero de una u otra manera han ido prevaleciendo en ellas recorridos que las han llevado con mayor o menor dificultades a un diálogo posible, y a constituirse en parte de esa modernidad normativa que valora el Estado laico, la democracia y el pluralismo político.

La fortaleza de la versión guerrera del Islam, el islamismo, parecería obedecer en gran medida a una larga historia de subyugación y dominación colonial, que marcó durante siglos el desarrollo de la cultura árabe a partir de la derrota de su expansión territorial en el siglo XV.

Hasta entonces su desarrollo no era sólo comparable al del Occidente cristiano, sino que en algunos aspectos incluso era superior. Recordemos que mientras en Europa existía la caza de brujas y la Inquisición, en la España del siglo XII, el califato de Córdoba era tan tolerante que podían convivir sin problemas Maimónides e Ibn Arabi, vale decir, el máximo filósofo medieval hebreo y el máximo filósofo medieval islámico.

Sólo desde el siglo XV se consolidó una superioridad económica científica y militar de Occidente cristiano que, de la mano con el renacimiento cultural, cristalizaría en la alta modernidad y se convertiría en una fuerza dominante hasta el fenómeno colonial en el siglo XX. Tal proceso se acompañaría de un sentimiento de superioridad civilizatoria a partir del refinamiento de la vida cortesana, los modales, las prohibiciones y las normas de comportamiento social que tan bien describe Norbert Elias.[5]

Pero no sólo vino de Europa la dominación al mundo árabe, también la ejerció el Imperio Otomano, con el que compartía la fe islámica. Fueron siglos de humillación que no concluyeron con una guerra santa sino con movimientos nacionales modernos, partidarios de un Islam abierto al mundo y de Estados laicos, los que se fortalecieron y salieron de la dominación colonial usando los propios instrumentos de los colonizadores, a través de procesos de rebelión y negociación.

Ese renacimiento árabe de mediados del siglo XX, lejano a una interpretación guerrera del Islam, derivó sin embargo en regímenes autoritarios y corruptos que dejaron a sus pueblos a la deriva, disponibles para aceptar —no sólo en el mundo árabe, sino que también en el amplio mundo islámico— formas desesperadas de identidad y orgullo, canalizadas por grupos políticos capaces de popularizar a través de la modernidad instrumental las versiones más intolerantes del Islam, personificando en Occidente el mal absoluto, el Gran Satán.

Esta versión de identitarismo cerrado parte de un primer error, que es confundir el rol histórico del pensamiento de Occidente en la idea del universalismo con una visión excluyente. Al respecto, Amartya Sen nos recuerda que “Europa habría sido muy pobre —económica, cultural y científicamente— si hubiese opuesto resistencia a la globalización de las matemáticas, de las ciencias y de las tecnologías provenientes de China, India, Persia y el mundo árabe del segundo milenio”.[6]

Dante Alighieri, no sería el Dante, al igual que no poco de sus contemporáneos, si, como dice Braudel, “no se hubiera dejado contaminar por los autores árabes, cuya superioridad científica y filosófica los imponía como modelos”.[7]

Elementos de vida democrática existieron en numerosas regiones de India y elementos del Estado moderno en China. Pero, claro, el trayecto de lo universal tiene su tronco principal en Occidente, aun cuando, seamos claros, de un Occidente excéntrico, a lo menos geográficamente: podríamos decir del suroriente de Occidente, pues tiene su raíz en la antigua Grecia en relación al valor universal de la razón y la lógica; en Roma en relación al cuadro jurídico y la ciudadanía, y en el cristianismo, sobre todo a través de la promesa paulina que plantea la salvación de todos sin distinción.[8]

El recorrido de la idea de lo universal —para llegar a su punto más álgido con los filósofos de la Ilustración, con el pensamiento de Immanuel Kant como constructor de la modernidad junto a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condorcet, Jefferson, Locke, Hegel, Adam Smith y Tocqueville, entre otros, y los procesos políticos fundacionales de la Revolución Francesa, la Reforma Inglesa y la fundación de Estados Unidos de América— hubo de realizar antes un largo y pedregoso camino: el del Renacimiento, la Reforma, las guerras de religiones, la derrota del absolutismo, teniendo como bastión intelectual en su formación el pensamiento tolerante de Montaigne, Descartes, Erasmo y Spinoza, así como el de quienes generaron la autonomía relativa y desencantada del pensamiento político: Maquiavelo, Tomás Moro y Hobbes. El vínculo entre la idea de lo universal y la historia de Occidente fue cualquier cosa menos un largo río tranquilo. Su avance intelectual y político estuvo en tensión permanente con una historia dura, sangrienta, que no ha terminado y que ha sido escenario de esclavitud, colonialismo, racismo, discriminación, estructuras patriarcales, dictaduras, totalitarismos y genocidios.

Para no ilusionarnos con una universalidad ahistórica y marmórea, Norberto Bobbio nos recuerda que la mismísima “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948 “representa la conciencia histórica que la humanidad tiene de sus propios valores fundamentales en la segunda mitad del siglo XX, pero sus tablas no han sido esculpidas de una vez y para siempre”.[9]

Recordemos que la interpretación de esas reglas fue muy controvertida durante la Guerra Fría y no sólo por la superpotencia que se nos viene a la mente, sino por ambas.

Terminada la Guerra Fría las cosas no cambiaron mucho. En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, China y algunos países árabes se opusieron en nombre de su identidad cultural a la universalidad de los derechos que atañen a los individuos. Ni hablar de las conferencias sobre la mujer y de población, en las que han chocado con estruendo diferentes lecturas del universalismo.

¿Qué camino seguir entonces en el siglo XXI para lograr niveles más altos de exigibilidad de conductas que nos conduzcan a una globalización más cerca de la paz que de la violencia? ¿Cómo combinar valores universales con identidades culturales?

Tal conciliación es imposible si consideramos lo universal como sinónimo de una cultura superior inmodificable, ajena al tiempo y al espacio, ya sea porque su origen es transcendente o su superioridad, implacable y debe ser trasladada al otro como un todo, entrando en su historia a la fuerza, si así se requiere.

Es imposible también si se entiende la identidad cultural como algo estático, invariable, que se encarna en formas de convivencia excluyentes, en la repetición infinita de una singularidad exacerbada que es más dura que su propia historia, y que pretende adscribir a las personas a una pertenencia única que abjura de la diversidad, para degenerar en un comunitarismo sin ventanas.

Así considerados, efectivamente son conceptos llamados al enfrentamiento.

Para encontrar caminos que nos conduzcan a evitar la fatalidad de ese conflicto es necesario acudir a conceptos, más “débiles” en el sentido que los entiende Vattimo, más blandos, que permitan en quienes los hacen suyos inspiraciones y convicciones muy distintas entre sí.

En vez de una identidad cultural cerrada, que puede ser fruto más de una construcción que de la tradición, resulta preferible una identidad cultural abierta a la contaminación del otro, capaz de conservar tradiciones, costumbres y valores, pero también de perderlas o transformarlas. No siempre es malo perder tradiciones. No veo qué pueda tener de positivo la subordinación de la mujer y la existencia de las castas, por ejemplo.

Las identidades culturales abiertas, aquéllas capaces de aceptar el mestizaje, pueden no sólo convivir, sino conformar y enriquecer un universalismo histórico y cambiante. Una identidad así concebida debe reconocer la pertenencia múltiple y no unívoca del individuo, aquella que nos señala Amartya Sen:

Existe una gran cantidad de categorías a las cuales pertenecemos simultáneamente. Yo puedo ser al mismo tiempo asiático, ciudadano de la India, bengalí con ancestros en Bangladesh, residente en los Estados Unidos y Gran Bretaña, economista, filósofo en mis ratos libres, escritor, conocedor del sánscrito, laico, heterosexual y defensor de los gays y las lesbianas, con un estilo de vida no religioso, de familia hinduista no Brahman, que no cree en la vida después de la muerte y tampoco, en caso de que quieran saberlo, en una vida antes de la vida.[10]

Pasando a una dimensión más particular y concreta, resultan curiosos algunos aspectos identitarios que parecen no tener la pureza de origen que a veces uno cree.

El sociólogo inglés Sami Zubaida ha demostrado que los restaurantes indios son una invención de los bengalíes que llegaron a vivir a Londres, al igual que los platos que son los embajadores gastronómicos de la comida india. En el marco de la globalización tales restaurantes han sido exportados a la India, lo que ha estimulado a los hogares indios a cocinar su comida de acuerdo a las invenciones londinenses. Hoy se puede probar comida “india” incluso en India, lo que confirma lo mucho que tiene de mito la pureza de los orígenes.

La contraparte de esta identidad abierta se encuentra en una nueva aproximación del universalismo, que parte por decirlo así más desde abajo que desde arriba, aun cuando sin perder su derivación fundamental del pensamiento kantiano.

El sociólogo alemán Ulrich Beck rescató con audacia el concepto de cosmopolitismo, siguiendo a Kant como sinónimo de universalismo, para proponer un proceso de cosmopolitización capaz de asumir la diversidad histórica, buscando el melange de lo local, lo provincial, lo nacional, lo étnico y lo religioso, para decir que “la cosmopolitización sin provincialismo queda vacía y que el provincialismo sin cosmopolitización queda ciego”.[11]

Se trata entonces de un universalismo histórico, que se modifica en el tiempo, compuesto, que se aleja de un universalismo abstracto.

En base a estas dos visiones de identidad y universalismo puede construirse el concepto que he llamado “acumulación civilizatoria”. Entiendo por tal un conjunto de prácticas y valores reconocidos progresiva y transitoriamente como compartidos y compartibles, no porque respondan a la superioridad de una matriz cultural, sino porque la práctica histórica muestra que contribuyen a una convivencia pacífica, a relaciones más horizontales y justas, en las que se respetan las singularidades de los grupos pero a partir del respeto a la autonomía individual y de una dignidad inseparable de las personas.

Sin duda que ello puede aparecer algo ingenuo frente al mundo del poder y de los intereses económicos, que son decisivos en la estructuración de los asuntos globales. Pero yo no pretendo que este concepto reemplace la dureza del mundo de los intereses económicos y políticos. Esos intereses serán siempre determinantes. Pero un concepto de este tipo puede al menos contribuir a “dulcificar las costumbres”, como señalaba Montesquieu respecto al comercio, ayudar a descorrer los velos de nobleza con los que la rudeza política y económica cubren sus acciones, aislar a los pensamientos fanáticos portadores de verdades indiscutibles. Y tengo la convicción de que puede hacerle sentido a la mayoría de la gente, independientemente del espacio cultural en el que estén insertos.

Quisiera señalar que nuestra región, América Latina, tendría mucho que ganar con una concepción de este tipo como marca de la convivencia global. Nuestra historia no es ajena a dominaciones étnicas crueles, a la negación del otro, a discriminaciones, a una esclavitud extendida y larga en el tiempo, pero al mismo tiempo poseemos, quizás como nadie, un fuerte mestizaje, un valioso sincretismo cultural, la ventaja histórica de independencias tempranas y la creación de Estados laicos en los cuales, si bien subsistió el patrimonialismo particularista, tuvieron un temprano reconocimiento las ideas universalistas de la Ilustración. Desde hace muchos años que carecemos por completo de versiones guerreras de la religión; más bien, la religión es actualmente un factor de paz.

Nuestra histórica fragilidad democrática nos ha hecho tomarnos muy en serio, por otra parte, el tema de los derechos humanos. En los últimos decenios de manera no lineal pero importante, América Latina ha hecho también un aprendizaje formidable de las bondades de la solución pacífica de los conflictos. Esos elementos, que pueden ser una contribución regional a una cosmopolitización diversificada y no violenta, se deben cuidar como un bien precioso. Esta reflexión vale plenamente para nuestro Chile de hoy, para su vida interna, así como para su inserción internacional y rol en el mundo.

Hace ya algunos años el inolvidable escritor mexicano Carlos Fuentes dio una conferencia en La Moneda, y ante una pregunta cargada de identitarismo cerrado respondió:

La globalización es como Jano, la divinidad romana que tiene una cara buena y una cara mala.

Una cara mala es la cantidad de basura informativa que se nos arroja. Pero eso pone a prueba nuestra resistencia cultural. Ella no depende del aislamiento, no depende de decir “yo soy puro mexicano no tengo nada de indio ni de español”. No quiere decir eso. Quiere decir que estamos abiertos a la multitud de culturas que nos han formado, trátese de la filosofía griega, del Renacimiento, de las culturas indígenas, de las culturas africanas, de todo lo que ha hecho la cultura de la América indo-afro-europea.

Yo no tengo miedo porque sé que sabemos separar la basura de los buenos contenidos. Pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que no habríamos escrito nada sin William Faulkner, sin John Dos Passos. ¿Cómo vamos a negar la enorme potencia cultural de la música de Gershwin, del buen cine de Hollywood, del teatro de Europa, de Eugene O’Neill o de Arthur Miller? ¿Vamos a negar todo eso en nombre de nuestra pureza cultural latinoamericana, de nuestra virginidad cultural? No.[12]

Y llevado por el entusiasmo, concluyó con un arranque, es cierto, muy poco académico, y quizás más mexicano que cosmopolita, exclamando a voz en cuello: “Las vírgenes a los burdeles, nosotros a la calle”. EP

1 José Medina Echavarría, “América Latina en los escenarios posibles de la distensión”, Revista de la Cepal 2 (1976).

2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (Nueva York: The Free Press, 1992).

3 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Nueva York: Simon & Schuster, 1996).

4 Jean Duvignaud, “La contamination”, en Le métis culturel. Internationale de l’imaginaire 1 (1994).

5 Norbert Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (México: Fondo de Cultura Económica, 1968).

6 Amartya Sen, Identitá e violenza (Bari: La Terza, 2008).

7 Fernand Braudel, Le modéle italien (París: Fayard, 1994).

8 Ver François Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures (París: Fayard, 2008).

9 Citado en Ernesto Ottone, “Norberto Bobbio por Agustín Squella: un libro necesario”, Estudios Públicos 99 (2005).

10 Sen, Identitá e violenza.

11 Ulrich Beck, Cosmopolitan Vision (Cambridge: Polity Press, 2006).

12 Carlos Fuentes, “Transformaciones culturales”, conferencia en Palacio de La Moneda, Santiago de Chile, 2004. Se puede leer publicada en Carlos Fuentes, “Transformaciones culturales y una agenda latinoamericana”, Cuadernos del Foro de Valparaíso VII (sin fecha), 63 (https://issuu.com/miradordelaglobalizacion/docs/cuaderno_7foro).

Kathya Araujo, El miedo a los subordinados (Santiago: LOM, 2016).

RESEÑA

EL INDIVIDUO FRENTE A LA SOCIEDAD O EL WESTERN SOCIOLÓGICO

Modesto Gayo

Universidad Diego Portales

Modesto Gayo. Cientista político de la Universidad de Santiago de Compostela, magíster por la University of Manchester y doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Email: modesto.gayo@udp.cl.

1. LA POSDICTADURA Y LAS SOMBRAS DEL PASADO

A diferencia de la transición española, e incluso de la argentina, hay algo incómodo en la “transformación” política que tuvo lugar en Chile a fines de los años 80. Quedó en el aire la sensación de haberse consumado un equivalente a la transustanciación católica del vino en sangre, de haberse producido una forma de “gatopardismo”, de haber tenido que reconocer que lo sustancial del régimen político chileno es la continuidad de su “oligarquismo”; perdonando, sí, todos estos intentos de inventos léxicos. La transición chilena a la democracia trajo en su equipaje la alegría del fin de la dictadura, al menos para la mitad de sus ciudadanos-electores, junto a la tristeza producto de una profunda convicción de derrota irremediable. Eso implicaba que dictadura y democracia no eran más los antiguos enemigos de los años 20 y 30 del siglo XX, no eran más los opuestos que los liberales situaron frente al enemigo comunista. Con el paso de los años, fue haciendo inmersión en el agua la certeza de las bondades de la democratización, para verse ahora a través del lente del inmovilismo social, la desigualdad clasista y el elitismo. Todo ello puede parecer extraño al autocomplaciente empresariado nacional, a su satisfecha clase política y, por supuesto, a los sectores más adinerados de la sociedad, los conocidos ABC1 —según una popularizada nomenclatura marketera—, o a los residentes del cono de alta renta santiaguina; pero resulta a todas luces evidente a grandes masas, también las letradas, de la sociedad chilena actual y del pasado más reciente. Lo importante aquí no es si las cifras económicas han acompañado a los amigos de Milton Friedman, los geográficamente bautizados como Chicago Boys, o si la institucionalidad promovida por la Constitución del 80, en fraudulento plebiscito (Fuentes 2013), fue un éxito cuya durabilidad sirve de paladina demostración de acierto, o si el fin del gobierno de la Junta fue evidencia suficiente de la visión de futuro de sus líderes, alejándose a tiempo lo suficiente del poder. Quizás tener una visión compartida de todo este largo y traumático fin del siglo XX en el cono sur de América, y por supuesto en Chile, sea un sueño en una historia política que se fijó como meta transicional la reconciliación. Algo se avanzó en esta dirección. No es necesario hablar de todo ello aquí: los informes Valech, Rettig; el fin de los enclaves autoritarios y la de algún modo nueva constitución de 2005; y ahora el recién aprobado sistema electoral, el proyecto de nueva constitución, y un largo etcétera de intentos disparados a una diana movediza y quebrada cuya forma no termina de vislumbrarse claramente.

El libro El miedo a los subordinados, de la investigadora Kathya Araujo,[1] se inserta en una nutrida tradición de literatura en las ciencias sociales, y en particular en la sociología, que tiene como uno de sus propósitos centrales contribuir a dar una explicación que permita entender por qué los cambios no han sido suficientes para impedir la emergencia de críticas al sistema tan ácidas, profundas y sostenidas en el tiempo. A este respecto el ejemplo más señero es la secuencia de informes del PNUD, los que cada dos años vienen trazando una hoja de ruta guiada por la voluntad de desentrañar la subjetividad de los chilenos desde los años 90 en adelante, es decir, del Chile posdictadura, de un país que ha experimentado una larga transición. Muchas de las dificultades que los individuos enfrentaban fueron condensadas en el informe de 2002: la soledad biográfica, la carencia del sentido colectivo, el sufrimiento frente a las dificultades impuestas por una vida social cuya normatividad estaba en desarrollo o no pertenecía a sus ideales. Podríamos sintetizarlo: el individuo frente a lo colectivo, el desencaje subjetivo frente a una vida social que se padece. Entrelazado con este relato, es imprescindible traer a colación la contribución de Norbert Lechner y su libro Las sombras del mañana, de la misma época, que enfatizó igualmente las dificultades de la construcción subjetiva de un “nosotros” chileno. En otros términos, los cantos transicionales dejaron a este sujeto atrás, pero una importante parte de la reflexión sociológica con mayor visibilidad y ambición de divulgarse se dedicó precisamente a construir y diseccionar este objeto de estudio. Éste es el propósito del trabajo previo de Kathya Araujo y Danilo Martuccelli, también publicado por la editorial LOM en el año 2012, cuyo fin declarado era hacer un retrato de la individuación, o la situación del individuo, en la sociedad chilena actual (Araujo y Martuccelli 2012), en directa conexión con trabajos de Martuccelli, como el que realizó en colaboración con François de Singly (2012). Similares apuestas de indagación sobre la subjetividad mostraron los textos de Carlos Ruiz, De nuevo la sociedad (2015), o el trabajo de Alberto Mayol sobre el malestar, en El derrumbe del modelo (2012). En un sentido más amplio, pero también en diálogo con esa misma intención de exploración de la subjetividad, podrían mencionarse destacados ejemplos como los de Tomás Moulian y su Chile actual. Anatomía de un mito (2002), o de Jorge Larraín, en su Identidad chilena (2014). Los propósitos son sustantivamente disímiles entre estas aportaciones, pero el hilo común de la reconstrucción de la subjetividad de los chilenos es un elemento que no podemos soslayar para entender la tradición dentro de la cual escribe Araujo. A decir verdad, en la sociología nacional la subjetividad del individuo devino un tema político de primer orden y su restauración, un deber de cualquier futuro cívico-democrático. Por ello mismo, la dramatización de su fracaso se volvió imprescindible como elemento de crítica al régimen dictatorial y al presente republicano. También debido a esta posición de partida, cualquier avance institucional o socioeconómico de tipo estructural (mejora de rentas, desarrollo educativo y cultural, multiplicación de infraestructuras, entre otros) debe obtener reconocimiento no por su realidad objetiva, sino por el impacto que causa en dichas subjetividades. Lo que se hace y no impacta en la psique ciudadana es superficial a la mirada del exigente ojo humano. Por ello mismo, lo que se deja de hacer pudiera tampoco importar demasiado.

2. UNA AUTORIDAD TORCIDA O A PROPÓSITO DEL FRACASO DE LA LEGITIMIDAD

Como decimos, la apuesta por la subjetividad sirve como revulsivo a una cierta mirada sociológica que encuentra aquí un lugar seguro como poseedora de lo que considera un anclaje firme en una mirada peculiar. Para entender este punto en el texto que nos convoca, es oportuno en este lugar adelantar el retrato que la autora nos propone. De acuerdo con ella, en el Chile actual las jefaturas tendrían serias dificultades para ejercer la autoridad frente a sus subordinados, de los cuales se esperaría obediencia. El jefe debe decidir entre dos alternativas: ajustar su comportamiento a un ideal conciliador, lo que lo condenaría al fracaso, o desempeñar sus tareas de un modo autoritario, en ocasiones violento, recibiendo la censura de sus inferiores pero también su obediencia, lo que le reportaría buenos resultados y lo mantendría en el cargo. Siendo la eficacia en el mando una prioridad, las jefaturas chilenas, y se entiende que el resto de las latinoamericanas también, optarían por el segundo camino. La razón para que esto sucediese de este modo tendría un fundamento principal: “El motor oculto más importante del ejercicio de la autoridad en Chile es el miedo a los subordinados” (58). No obstante, debe quedar claro que el libro no habla de política, al menos no directamente, si bien la política está presente de forma latente en todas sus páginas. La propuesta metodológica define dos áreas de la vida cotidiana: la familia y el trabajo, y es a través del análisis de las jefaturas en ambas esferas cómo se constituyen las bases empíricas del estudio. Es aquí, por tanto, donde la crisis de las instituciones se erige como un argumento central. Es aquí donde emerge la amenaza de la falta de legitimidad, de una eventual carencia patética de autoridad a pesar de ocupar la posición que se entiende que nos dota sobrada o suficientemente de la misma, y tal viene siendo el caso de los padres o de las posiciones ejecutivas de variado nivel en las organizaciones del trabajo. Frente a su eventual “desnudez” o infortunio, el jefe se revuelve dando mandobles de voz a diestra y siniestra, para asegurar su supervivencia mediante una obediencia incómoda, pero obediencia al fin y al cabo, como una fórmula de éxito entre la resistencia pasiva de sus subordinados. Esta fórmula de jefatura autoritaria tendría antecedentes históricos en los modelos de la hacienda y el portaliano, pero su caracterización específica sería contemporánea, pues ni la historia, mediante la transmisión de pautas culturales, ni el tejido institucional bastarían para entender el ejercicio mismo de las jefaturas. En despliegue en las distintas esferas de la realidad, muestra un rostro poliédrico cuya diversidad sólo puede entenderse desde las circunstancias locales o particulares que el jefe debe enfrentar en su desempeño. Es por ello según la autora que, por desviado que sea, el real ejercicio de la autoridad en Chile debe entenderse como algo permanente y, de ese modo, se convierte en la justificación para constituir una teoría que responde a la circunstancia latinoamericana, en una versión que se hace eco de formas teóricas con vocación de descolonización, de alejamiento del eurocentrismo dominante en las ciencias sociales y, por qué no decirlo, en la cultura política de los ciudadanos alejados por completo de la vida académica e intelectual.

Esta teorización se entiende siempre en contraste con la realidad europea o “noroccidental”, donde aparentemente el ejercicio implicado en ser jefe estaría mejor ajustado a un ideal normativo de horizontalidad interpersonal y logro de objetivos. Para secundar la misma, recurre permanentemente a la figura del sociólogo alemán de comienzos del siglo XX Max Weber, en cuya teoría de la autoridad-dominación encuentra no sólo una manera de encarar el problema de la obediencia frente al mando, sino igualmente elementos que hace equivalentes a la historia de Europa de aquel momento y más allá. Por lo tanto, las diferencias con las categorías “tipo-ideales” weberianas son interpretadas como diferencias históricas entre las sociedades latinoamericanas, principalmente Chile, y las europeas. A este respecto, no se sabe con certeza qué época compara con cuál otra, lo que dota al texto de un halo de atemporalidad, el santo grial de los investigadores dedicados a una forma de teoría que tiene la ambición de ser dominante y que muy frecuentemente se parece o se hace equivalente al ensayismo.

Por eso mismo, este contraste resulta forzado. En otras palabras, la autora habla de la violencia en Chile durante el siglo XIX y de la Constitución de 1925. Pero por muy atribuladas y pisoteadas que las grandes masas de oprimidos de la época se sientan, cabe levantar la pregunta: ¿No es esta historia más pacífica, moderada y apacible que la vivida en Europa con los fascismos, la guerra civil española y las dictaduras sin fin que arribaron hasta los años 70? ¡Y para qué hablar de violencia y política! Es por ello que la impresión que va quedando con la lectura es que el modelo de sociedad europea es una ficción conveniente al argumento y no una entidad real. Digámoslo así: ¿Por qué a pesar del miedo a los subordinados la violencia política muestra niveles tan contenidos? ¿Por miedo a los subordinados? Entonces, si así fuese, eso faltó en Europa unas décadas atrás y ello hubiese ayudado a la democratización anticipada en países como España y Portugal. Asimismo, el recurrido modelo noroccidental, ¿se refiere también al que las potencias europeas y norteamericana aplicaron en sus respectivas colonias (de facto en el caso de EE.UU.)? ¿Estamos hablando de la persecución de la obediencia conciliada que representaron las estrategias políticas de los nacionalismos europeos del tipo IRA o ETA? ¿Está este acuerdo democrático conciliador y cohesivo bien representado por las agresiones de la policía española que tuvieron lugar tras la manifestación que llamaba a “rodear el parlamento” en Madrid? ¿Y la ultraderecha europea en alza es conciliadora? ¿Y Donald Trump? Si hubo miedo por parte de estas jefaturas, parece haber sido psicoanalítico y no político. Además, en Chile, lo que serviría para otros muchos casos: ¿Cómo entender el miedo en una sociedad en la que los enfrentamientos civiles los han ganado casi siempre la derecha y los sectores más pudientes? Si hay miedo, éste es el de los subordinados, fundado en sus historias reales de derrota, exclusión, huida y desamparo. Historias sin voz en general. El miedo del que habla la autora es un adelanto de un posible trauma, el desorden de los que deberían obedecer, la insumisión potencial de los sometidos, la rebelión de los sojuzgados, pero funciona como una tesis psicoanalítica construida sobre un jefe que es un arquetipo y no una persona real, y por lo tanto también en un conjunto argumentativo elevado sobre entidades semejantes, tipos ideales, modelos hacendales y portalianos.

Esto no es para afirmar que no hay temores, o que la relación jefe-subordinados es un asunto sencillo. Nada así será tipeado en estas páginas. Nada nos confirma igualmente que no haya miedo, aunque la desconfianza parece más extendida en las relaciones sociales, sobre todo cuando hablamos de ámbitos como el trabajo. El miedo puede ser más polémico y quizás por eso mismo más necesario para una reflexión que quiere mostrarse diferente, en un contexto en el que los bajos niveles de confianza interpersonal y de legitimidad institucional ya han sido un tema de amplio uso científico (Morales 2008; PNUD 2014; Aninat y González 2016).

3. LA POLÍTICA DEL MÉTODO O SOBRE LA PRESCINDENCIA DE LA METODOLOGÍA

Para sostener el argumento del libro, la autora nos presenta la naturaleza de la información (los datos) sobre la que se fundó empíricamente su estudio. En síntesis, nos encontramos con un conjunto de 32 entrevistas en profundidad semiestructuradas y 12 grupos de entre 4 y 6 personas de lo que denomina “conversación-dramatización”. En ambos casos, se intentó que hubiese paridad de hombres y mujeres, e igual de sectores medios (medios altos) y populares (o de menores recursos), y las personas debían tener entre 35 y 55 años. En todo caso, en el libro estas categorías de clasificación de los participantes no reciben un tratamiento sistemático, siendo más bien exhibidas cuando el argumento en desarrollo reclamaba la oportunidad de su presentación. En síntesis, si hubiese que optar entre una sociología de corte teórico ensayístico y una fundada en el tratamiento de datos, debemos sostener que el libro de la investigadora Araujo consiste en un largo ensayo sobre la teoría de la autoridad en ciencias sociales. A este respecto, es valioso, denso en lo argumentativo e interesante. Desde un punto de vista metodológico, mi opinión es muy diferente. Y lo es porque es un libro que evidentemente trata la información de manera oportunista, lo que plantea serias dudas sobre sus conclusiones. En otros términos, esto nos sitúa de pleno en el terreno de la política del método, o lo que aquí podemos entender como un uso de los métodos orientado no principalmente a probar nuestras hipótesis, o abierto a contradecirnos, sino a la generación de un argumento ya preconstituido con la apariencia de una tesis científica. Nunca existió la posibilidad de que el argumento fuese refutado: tanto es el empuje y la selección que hace la autora que ahoga todas las demás posibilidades. Veamos esto con más detalle, pues este problema tiene varias caras.

En primer lugar, existe en la construcción del argumento un fuerte riesgo de confusión entre subjetividad y hechos, y por tanto podríamos estar ante un ejercicio sociológico incompleto. Esto hace difícil aceptar la transición entre el ensayo —por valioso que éste sea, esfuerzo que constituye el cuerpo central del libro— y su valoración como una investigación sociológica empíricamente informada. La metodología ofrece dos dispositivos: las entrevistas en profundidad y los grupos de conversación, pero no sabemos nunca cuál fue el rendimiento real de cada uno de ellos. Esto impide reconocer sus limitaciones y lo que nos faltó saber para defender nuestra tesis. No cabe duda de que este silencio invita a la aceptación de la suficiencia de lo hecho, si bien es natural que el lector se sienta incómodo con la presencia de afirmaciones sin sustento en la información sobre la que se dice que se levantaron.

Esto afecta asimismo al tratamiento de las variables de clasificación, como el género (hombre/mujer) y la clase social (medio-alto/popular). ¿Género y clase para qué? Ninguna parece importar demasiado, o al menos el relato evita detenerse en variables que son utilizadas más como control que como verdaderas oportunidades de elaboración sociológica. Ello lleva a una insuficiente reflexión sobre la eventual significación de la posición de clase, la cual fundamentalmente se niega, pues la teoría de la individualización o “individuación” no parece permitir otra cosa. En este sentido, la sobreteoría conduce a omisiones y conclusiones forzadas. Es válido tener un punto de vista, pero no lo es tanto cuando la parcialidad de la mirada impide observar fenómenos relevantes como la desigualdad en un sentido más amplio. La liquidez de las jefaturas manifestada por la autora —hoy jefe, mañana subordinado, o jefe en una esfera de la vida y subordinado en otra— hace de las posiciones de supraordinación y subordinación figuras impersonales, débiles disfraces, ubicando a los individuos, al parecer en permanente movimiento, en jerarquías que sólo cuentan con ellos de manera circunscrita y ocasional. Es por ello que la interiorización de la posición de dominación se vuelve fragmentaria y necesariamente frágil. Pero, ¿son así las posiciones de clase reales? Nada sabemos.

Quizás ello sea así porque, simplificando un poco las cosas, no hay “jefes” en la muestra, y si los hay, no han sido identificados y están presentes de manera azarosa y no sistemática. Esta ausencia refuerza la idea de estar indagando en un arquetipo presente en un imaginario histórico, y no en el ejercicio real con el que por momentos parece comprometerse el libro. Asimismo, no hay reconocimiento de la complejidad de las familias actuales, en las que el orden tradicional pudiera estar en cuestión. Adicionalmente, por momentos hay largas argumentaciones cuyo fundamento son las experiencias y vivencias, junto con la capacidad de reflexión, de Araujo. Esto es porque, para la mayor parte del escrito, como ya anoté, los datos son secundarios u ocupan una posición subsidiaria o, en el mejor de los casos, complementaria a un relato que tiene otro origen. No obstante, si bien estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones, por ejemplo las contenidas entre las páginas 70 y 74, eso no significa que haya un respaldo suficiente para ellas en su investigación. Que los argumentos sean buenos no quiere decir que sean sociológicamente ciertos. Este fantasma recorre todo el libro: el lector a menudo se ve convencido por tesis con respecto a las cuales no le cabe más que hacer profesión de fe, ejercicio de sumisión que supongo le resulta más fácil a los acólitos de la teoría de la individualización o individuación, o a los seguidores de las llamadas sociologías del individuo (Martuccelli y De Singly 2012). Si bien está más allá del libro que estamos reseñando, esta duda debe de perseguir también a los protagonistas o promotores de dicha perspectiva teórica, pues Martuccelli y De Singly llegan a sostener que

a priori se podría pensar que los métodos cuantitativos no estarían en el lugar de posibilitar una sociología del individuo singular (…). El hecho de que los métodos cuantitativos puedan poner entre paréntesis a los individuos concretos no impide (…) la integración de esos métodos a una sociología del individuo (…). La encuesta por cuestionario permite también estudiar la relación personal con las prácticas, o sea, el sentido subjetivo de las conductas. (Martuccelli y De Singly 2012, 83)

No son mis palabras, pues yo no hago equivalentes lo cuantitativo y lo científico, dado que dicho automatismo me resulta del todo ajeno y absurdo. Tampoco creo que los citados autores lo crean así, pero su afirmación deja asomar un temor, el miedo al desvelamiento de la debilidad metodológica.

En segundo lugar, no hay claridad o fundamento suficiente que justifique lo que podríamos denominar la excepcionalidad del caso chileno. Esta diferencia aparece y desaparece a lo largo del texto. A veces Chile es tratado como un caso con entidad propia, lo que conduce a elaborar en los modelos de la hacienda (colonial) y portaliano (siglo XIX); mientras, por otro lado, lo chileno es frecuentemente subsumido en lo latinoamericano, como un ejemplo de una realidad más extensa, si bien siempre opuesta a las sociedades del mundo “noroccidental” (Europa, Estados Unidos). Para hacer equivalentes a Chile y el resto de Latinoamérica, o a cualquiera de ambos opuestos a los modelos noroccidentales europeos y estadounidense, esta investigación hubiese necesitado una perspectiva comparada para poder determinar cuán diferentes son estos casos. La reiteración de la diferencia en base a tipos ideales y datos tomados de manera poco sistemática parece que está en función de una agenda teórica, que tiene como propósito construir una distinción con el mundo antiguamente colonial, para posteriormente ofrecer como respuesta una teorización ajustada a las demandas de una realidad diferente, frente a la cual resultaría insuficiente y finalmente inadecuado adoptar propuestas de comprensión nacidas en otros contextos. A este respecto, en el libro hay una estrategia que posee raíces en las contribuciones de años precedentes de Araujo y autores afines, y que tiene por finalidad situarse en la vanguardia de una teorización de corte latinoamericanista, posicionándose como la primera entre iguales en un mundo todavía por explorar y comprender, y para lo cual urge tener un lente teórico propio. Se halla así como primera entre los post o anti-colonizadores, aprovechando el viento de popa del latinoamericanismo, hoy carente o huérfano de los viejos padres que lideraron el pensamiento de las ciencias sociales del continente sur de América.

Un tercer aspecto que plantea dificultades en el desarrollo argumental es el tratamiento colateral de las razones estructurales. Éstas son mencionadas en ocasiones, pero dejadas finalmente fuera de la explicación, la cual se constituye en base a los temores y cómo éstos trascienden los contextos históricos; emergen como elementos permanentes del ejercicio de autoridad. El temor combinado con la necesidad de la eficacia en el mando daría forma a una ecuación aditiva que tendría como resultado el autoritarismo. En otras palabras, esta versión torcida, contorsionada, violenta, ad hoc, local de jefatura viajaría subida al lomo del miedo, adoptando formas de acuerdo a las nuevas realidades de agresividad e incivilidad. Ahora y siempre, en la larga noche del autoritarismo en Latinoamérica, no alcanza a verse todavía la luz democrática al final del túnel. En esta lógica, las reformas estructurales han podido cambiar los equilibrios de poder en la forma de mayor capacidad de influencia y decisión de los hijos y los trabajadores, pero ello no habría hecho más que agudizar la tensión excesiva que se vive al mando de las familias y las burocracias. Sin embargo, a pesar de los asertos presentes en el libro, es muy poco lo que sabemos sobre la relación entre desenvolvimiento económico e institucional, por un lado, y democratización u “horizontalización” social, por el otro. A propósito de los cambios históricos, se sostiene que hay diferencias en el imaginario pero no en la constante: la violencia ejercida por la jefatura. Pero, como indicamos, no se contrasta esta violencia supuestamente existente con un fundamento empírico suficiente. Debemos entender que el imaginario, y por tanto las declaraciones de las personas entrevistadas, pudiera ir por detrás de la realidad. Pudieran ser impresiones del pasado, aprendidas en la escuela, la familia, los grupos de pares, la información de prensa, todos ellos propensos a la crítica fácil, base de la cohesión interpersonal.

Finalmente, hay algo que se les escapa a las metodologías como habitualmente son pensadas en sociología. Habría un espacio por rellenar, una dimensión incierta que no sería posible observar en plenitud. Hay por ello una penumbra, un debe que el libro puede tomar a favor o en contra. Éste viene constituido por el hecho de que, de acuerdo con Araujo, el temor puede ser inconsciente, y huelga decir que consciente también. A pesar de su presencia menor, es el primero sobre todo el que trata de escudriñar el libro: un miedo arraigado en el inconsciente, un temor tácito, no siempre observable con los lentes metodológicos utilizados y al uso hoy. Por eso mismo se trataría de un miedo “ensayado” como tesis, a menudo puesto con una insistencia que trata de convencernos de la presencia de algo tenue que se teme que pudiera no existir y menos demostrar de forma fehaciente. Como la autora afirma en relación con la esfera familiar, si bien de forma inversa, el miedo a los subordinados pudiera ser como el traje nuevo del emperador. Pero ahora los subordinados parecemos ser los lectores.

4. LA SOCIOLOGÍA PÚBLICA COMO COMPONENTE DEL ÁGORA POLÍTICA

La teoría de la individualización en la versión de Beck y Beck-Gernsheim (2002) hacía un canto a la llegada de un nuevo período histórico: la modernidad tardía o segunda modernidad. Una de sus principales características era que, por fin, el declive de los imaginarios tradicionales de clase, familia o religión permitía el desarrollo de un espacio fértil para el desenvolvimiento del individuo que aquella modernidad había prometido. Respondiendo a este quiebre histórico de las conciencias, la sociología debía dedicarse a indagar en las nuevas subjetividades nacientes. Digámoslo de otro modo: el declive del movimiento obrero y de las políticas del socialismo más en general, la flexibilización y multiplicación de los modelos familiares, y el fortalecimiento de la secularización dejaron al individuo en un aparente páramo al que debía dar respuesta. Este individuo abandonado a su suerte desarrolló, al menos supuestamente, un relato basado en un proyecto solitario, al estilo western. Ahora su biografía no sería el producto de las condiciones contextuales tradicionales, sino en gran medida el resultado de sus aciertos y desaciertos, aventuras y desventuras. Este individuo, quien no negó las circunstancias pero las puso entre paréntesis, emergió también como una figura propia del contexto neoliberal, y la atención científica a su naturaleza parecía querer capitanear la elaboración de la hoja de ruta de la nueva sociología. Los trabajos sobre esta subjetividad de las pasadas dos décadas en Chile podrían ser pensados como una suerte de marcha blanca que todavía está en camino.

Esta sociología ha tratado de ser un trabajo con dos ambiciones. Por un lado, ha dado la batalla académica, quizás hasta ahora con suerte variable, y podemos ver ejemplos de esta naturaleza principalmente en libros (Güell y Peters 2012) y revistas académicas (Araujo y Martuccelli 2015). Por otro lado, y ésta es la dimensión que a mi parecer es la más significativa al menos en Chile, ha tenido la voluntad de desarrollarse como una sociología de combate o crítica política, comunicando hallazgos científicos con el propósito inmediato de intervenir en el debate público. Por lo tanto, la sociología de la individuación chilena, la del “individuo agéntico”, se ha propuesto a sí misma como una versión de sociología pública orientada a formar parte de e informar el ágora política. En este sentido, el libro de Araujo menos es lo que nos dice verdaderamente sobre la familia y el trabajo, y mucho más sobre lo que casi calla: el autoritarismo presente en la sociedad chilena.

En este combate agorístico, caracterizado por el uso blando del poder y la palabra, la sociología tomó la posición del ciudadano, mientras áreas disciplinares como la ingeniería y la economía adoptaron posturas identificadas con el tomador de decisiones. El libro de Araujo es uno más entre el conjunto de los ya comentados de Moulian, Martuccelli, Mayol, entre otros. Al decir de Michael Burawoy (2005), el destacado sociólogo norteamericano que tanto hizo por promover la sociología pública, los estudios sociológicos con esta perspectiva contribuirían al desarrollo de una corriente cívica que tendría la voluntad de obstaculizar el creciente autoritarismo decisional y conservadurismo presentes en los regímenes democráticos, al menos desde los años setenta en adelante. El mundo se habría ido desplazando hacia la derecha y la sociología, a la izquierda. De un modo diferente, el libro de Araujo no creo que demuestre un efectivo movimiento a posiciones izquierdistas de la sociología, sino que es —lo que es igualmente significativo— una confirmación de la aceptación académica de que el mundo ha cambiado y ello requiere, en consecuencia, un cambio disciplinar ajustado a los tiempos. Esta mutación evolutiva conserva el ethos crítico de parte de la teoría sociológica, pero abandona bastiones tradicionales cuya erosión contribuye a confirmar, desprendiéndose con ello de conceptos ya clásicos (la clase social entre ellos) y demostradamente fructíferos, que fundamentaron la arquitectura de las controversias y la polémica social durante el último siglo. El ánimo de descollar de esta sociología del individuo lanza el bebé con el agua, o convierte a los demás en ciegos para poder ser el rey.

5. HACIA EL FINAL O ENCARANDO LA SEGUNDA TRANSICIÓN: MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y CRISIS NORMATIVA

El libro de Kathya Araujo es un libro político. La tesis central no es tanto el miedo de las jefaturas a los subordinados, sino la presencia del autoritarismo en la sociabilidad chilena. En teoría, ambos estarían inextricablemente unidos. Este interés se refleja a lo largo de todo el texto, pero se descubre particularmente en algunas partes que funcionan como icebergs expresivos, los que nos ayudan a entender la corriente subterránea que recorre el escrito. A modo de ejemplo, en medio de la exposición de los modelos hacendal y portaliano, Araujo observa: “Los ideales-tipo analizados hasta ahora han permitido acercarse a la estructura del autoritarismo y de los miedos en la cristalización de estos modelos de autoridad” (58). ¿No es esto político? ¿Qué tiene esto que ver con la familia y el trabajo de manera principal? ¿Cómo podemos entender este ejercicio metonímico mediante el cual la parte (lo familiar y laboral) habla por el todo (lo social, incluido especialmente lo político)?

Un primer aspecto de la respuesta pasa por entender que este libro y algunos de los otros mencionados (Mayol 2012; Fuentes 2013) difícilmente pueden entenderse sin su contexto social de escritura. Dicho en términos estructuralistas, no es que este libro no tenga autor, sino que el autor es tanto la historia social como el escritor mismo. El ciclo de aproximadamente la última década de movilizaciones sociales en Chile ha tenido como resultado no sólo cambios políticos, sino también la activación de un área de producción académica que no podría ser entendida sin aquéllas. El conjunto de marchas, paros, declaraciones off y online, cobertura de prensa nacional e internacional, compromiso de estudiantes y trabajadores, familias y líderes en progresión contribuyeron a la formación de un hervidero social que hizo evidente algo ya sabido pero quizás no siempre hecho manifiesto, constituyendo una dimensión muy importante de la política: el gobierno se orienta a contener a las masas. La gobernabilidad depende de ello.

Es justamente esta cuasi omisión de lo político lo que enfatiza precisamente esta dimensión de la vida social. No en vano centrarse en la familia y el trabajo no es una forma de huida de la política, sino una manera de subrayar el extraordinario enraizamiento de actitudes autoritarias, por ello desviadas, en la sociedad chilena. Esta distorsión de los ideales cívicos en un proyecto de democracia efectiva lastraría tanto la política que podríamos entender de manera restringida y tradicional, demostrado por las expresiones de movilización y descrédito de los partidos políticos, como la vida en esferas clave de nuestra cotidianidad como ciudadanos y personas. Es decir, los males de la partitocracia o del partidismo clientelar se verían reflejados igualmente en las esferas del trabajo y nuestra vida íntima. El autoritarismo y a menudo la violencia excesiva, escasamente racionalizada, conducirían a situaciones sociales de conflicto permanente que dificultarían a los individuos el desenvolvimiento de proyectos de vida plenos.

Esta presencia de una versión de la autoridad ciertamente deformada frente a un ideal de obediencia basado en un acuerdo normativo de amplio alcance ciudadano lleva aparejada una visión crítica sobre la historia política del Chile republicano, de su modernidad política postcolonial y en parte posthacendal. Pero antes de nada, pues el libro tiene propósitos de crítica a nuestra contemporaneidad, arrastra su argumento hasta decir calladamente que hay dosis importantes de fracaso en la última transición, lo que llevado al extremo podría devenir en una convicción de la institucionalización de una democracia aparente, más que sustantiva. Esto contribuye a hacer borrosa la distinción entre dictadura y democracia, y nos retrotrae en Chile necesariamente a tiempos del pinochetismo, e incluso más allá, pues, como queda dicho, el autoritarismo se convierte en un elemento que permea y coloniza la historia del país y, por similitud, del conjunto de sus vecinos latinoamericanos. No en vano, en la región la autoridad parece jugarse en la demostración de la eficacia en el logro de objetivos, y no en el despliegue de un comportamiento conciliador adoptado a una norma externa, a una normativa consensuada y socialmente horizontalizante: “La cuestión de la eficacia factual en el mando prima por sobre la cuestión de la creencia en la legitimidad de la autoridad” (195). Sin embargo, esta discusión, que pareciera hoy zanjada, estuvo presente en Europa hasta hace muy pocas décadas, por no hablar del presente, por ejemplo, en las presiones que sufre la Unión Europea en estos momentos. En definitiva, ¿no es esto lo que se discutía en los años setenta y ochenta del siglo pasado cuando se trataba de clarificar qué era más conveniente: la dictadura o la democracia (Maravall 1995)? De acuerdo a este propósito de elegir entre dos alternativas incompatibles, Araujo hace su diagnóstico del presente: “La autoridad, constantemente puesta en jaque en las interacciones intrafamiliares, abre así a un debate político, cotidiano y más o menos subterráneo, sobre la democracia y la dictadura: entre aquellos que reivindican todavía, pero ya a la defensiva, la autoridad-vertical de antaño y los que adhiriendo al ideal de la horizontalización de las relaciones sociales recurren, a pesar de todo y no sin vergüenza, a los viejos recursos del autoritarismo. En el ejercicio de la autoridad intrafamiliar, y en el miedo a los subordinados que ello revela, se juega hoy en Chile una etapa crucial de la transición a la democracia” (137).

Finalmente, este libro posee una gran virtud. Por su forma de escritura, que aquí podemos denominar “mántrica”, tiene como estrategia convencer al lector no por la evidencia que ofrece, como sería el caso del informe del PNUD, sino por la repetición constante de su tesis central: el temor que inspirarían en las jefaturas los que estarían llamados a obedecer, el reiterado “miedo a los subordinados”. Esta idea protagoniza un nuevo embate de la sociología del individuo o la individuación, de la subjetivación o del sujeto-individuo frente al mundo. Ello deviene un intento por restringir la comprensión del individuo a una versión semejante a la del conocido “homo economicus”, la que podríamos denominar “homo sociologicus”, reducido a la existencia individual y a sus respuestas presentes a entornos próximos o locales. Se desvanecen la historia y sus instituciones, apareciendo entre la polvareda de los debates previos la soledad del corredor de fondo.

REFERENCIAS

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Araujo, Kathya & Danilo Martuccelli. 2012. Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomos I y II. Santiago: LOM.

———. 2015. “La escuela y la cuestión del mérito: reflexiones desde la experiencia chilena”. Educação e Pesquisa 41 (especial de diciembre): 1503-1518.

Beck, Ulrich & Elisabeth Beck-Gernsheim. 2002. Individualization. London: Sage.

Burawoy, Michael. 2005. “For Public Sociology”. American Sociological Review 70: 4-28.

Fuentes, Claudio. 2013. El fraude. Crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980. Santiago: Hueders.

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Mayol, Alberto. 2012. El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Santiago: LOM.

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Moulian, Tomás. 2002. Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM.

PNUD. 2014. Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo. Santiago: PNUD.

Ruiz, Carlos. 2015. De nuevo la sociedad. Santiago: LOM. EP

1 Santiago: LOM, 2016. En adelante, el libro será citado sólo con el número de página entre paréntesis.