Revista de Políticas Públicas

Nº 149 verano 2018

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Director Responsable: Leonidas Montes L.

Editor: Ernesto Ayala M.

Asistente Editorial: Joaquín Trujillo S.

Estudios Públicos es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

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Edición digital: Pedro Sepúlveda y David Parra.

Contenido

LICITACIÓN DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. COMPETENCIA Y REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA PORTUARIA*

Aldo González

Carolina Moreno

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA Y COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Felipe González

Esperanza Johnson

DESIGUALDAD, ELITES Y ENCUENTRO. ALGUNOS DESAFÍOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN CHILE*

Catalina Siles

EXPERIENCIAS DE POLÍTICA MONETARIA EN ECONOMÍAS PEQUEÑAS Y ABIERTAS: CHILE 2012-2016*

Rodrigo Vergara

CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA. CONMEMORACIÓN DE UN MITO Y MEMORIA COLECTIVA*

Orlando Figes

EL FUTURO SOCIALISTA EXISTE Y FUNCIONA: LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA IZQUIERDA CHILENA HASTA 1973*

Joaquín Fermandois

REVOLUCIÓN RUSA Y AMÉRICA LATINA: UNA PROMESA INCUMPLIDA*

Evguenia Fediakova

EL FIN DEL SOCIALISMO SOVIÉTICO, LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA: LA HISTORIA DE UNA DOBLE DERROTA*

Rafael Pedemonte

LECTURAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Patricio Tapia

NOTAS SOBRE LA NUEVA NOVELA*

Matías Rivas

EL HOMBRE VELADO*

Roberto Merino

ALGUNAS LECTURAS SENTIMENTALES*

Álvaro Bisama

DESAFÍOS EN AUTONOMÍA Y RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Miriam Henríquez Viñas

IDENTIDAD MAPUCHE EN TIEMPOS DE URBANIZACIÓN

Eduardo Valenzuela

Daniela Aranis

EL MERCADO AL BANQUILLO*

Sebastián Edwards

EL IRREVOCABLE LAZO ENTRE MERCADO Y MODERNIDAD

Danilo Martuccelli

LIBERALISMOS ALTERNATIVOS: PEÑA VERSUS SANDEL

Renato Cristi

ARTÍCULO

LICITACIÓN DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. COMPETENCIA Y REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA PORTUARIA*

Aldo González

Universidad de Chile

Carolina Moreno

Metro S.A.

Aldo González. Doctor en economía por la Universidad de Toulouse. Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Email: agonzalez@econ.uchile.cl.

Carolina Moreno. Ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Máster en economía por la Universidad de Toulouse. Subgerente de medios de pago en Metro S.A. Email: carolina.moreno.droguett@gmail.com.

* Los autores agradecen los comentarios del coeditor Ronald Fischer y de los árbitros anónimos de Estudios Públicos.

Resumen: El artículo examina los dilemas regulatorios inherentes a los procesos de licitación de terminales portuarios de San Antonio y Valparaíso, llevados a cabo entre los años 2010 y 2013. A pesar de que las tarifas de los servicios básicos portuarios estaban sujetas a regulación, se optó por la competencia entre terminales como mecanismo preferido para controlar el poder de mercado de los concesionarios incumbentes. Esta competencia entre terminales ha permitido relajar las restricciones de carácter vertical que fueron establecidas en las primeras licitaciones, si bien las restricciones a la integración horizontal se mantienen. Finalmente, se exponen algunas conclusiones para tener en cuenta en futuras licitaciones portuarias.

Palabras clave: puertos, concesiones, regulación de mercados, políticas de competencia.

Recibido: septiembre 2017; aceptado: enero 2018.

JEL: L13, L43, L51.

PORT TERMINAL CONCESSIONS IN CENTRAL CHILE. COMPETITION AND REGULATION IN THE PORT INDUSTRY

Abstract: This article looks at the regulatory dilemmas involved in the port terminal tendering processes in San Antonio and Valparaíso between 2010 and 2013. While basic port service fees were subject to regulation, competition between terminals was chosen as the preferred mechanism for controlling the market power of incumbents. This competition between terminals has enabled the vertical restrictions established in the earliest tendering processes to be relaxed, although restrictions on horizontal integration have been maintained. The article ends with some conclusions to guide future port concession processes.

Keywords: Ports, concessions, market regulation, competition policy.

Received: September 2017; accepted: January 2018.

JEL: L13, L43, L51.

1. INTRODUCCIÓN

La infraestructura portuaria es un elemento crucial para el desarrollo del comercio entre países y es particularmente relevante para economías que han basado su estrategia de crecimiento en el impulso exportador. En Chile, en el año 2013, las exportaciones de bienes representaron alrededor del 28 por ciento del PIB[1], y el 96 por ciento de ellas fueron trasladadas por vía marítima.[2] Por su parte, respecto de las importaciones del mismo año, el 93 por ciento fue movilizado a través de los puertos.[3]

Dada la importancia de la actividad portuaria para el desarrollo del país, en 1997 Chile realizó una reforma en el sistema portuario estatal cuyos ejes principales fueron: la descentralización, la promoción de la inversión privada en infraestructura portuaria y la competencia, tanto entre puertos como al interior de los mismos. Para ello, se crearon diez empresas portuarias autónomas, de propiedad estatal, las cuales tienen la responsabilidad de desarrollar la actividad portuaria en sus respectivas zonas.

En este contexto, una de las tareas de mayor importancia y complejidad que deben ejecutar las empresas portuarias es la licitación de frentes de atraque para naves. En los puertos de la zona central del país —San Antonio y Valparaíso—, que movilizan el 60 por ciento de la carga a nivel nacional, se han realizado a la fecha dos procesos de licitación de terminales: el de 1999 y el de 2011. En este artículo examinamos el último proceso de licitación de terminales portuarios de la zona central de Chile.

El lanzamiento de nuevas concesiones de terminales planteaba una serie de interrogantes con incidencia en la competencia y en la provisión eficiente de servicios portuarios. En primer lugar, se debía decidir el momento de lanzar las licitaciones y en paralelo resolver el problema de la interacción entre ambos proyectos. Si bien la creciente demanda de carga de contenedores en la región hacía necesario incrementar la capacidad de los puertos, no era evidente que los dos proyectos fueran rentables simultáneamente. Esta última razón indujo a las empresas portuarias públicas a iniciar una carrera por copar primero el mercado.

En segundo lugar, se debían fijar las restricciones estructurales —horizontales y verticales— de las nuevas concesiones. El tema más controversial era si se permitía a los dos concesionarios incumbentes participar en la licitación por los nuevos terminales. A nivel vertical, la pregunta era si se mantenía el límite del 40 por ciento o 60 por ciento de propiedad en una concesión —fijado en 1999 y 2006, respectivamente— por parte de empresas navieras u otras relacionadas con la actividad portuaria. Finalmente, se debía resolver sobre la variable de adjudicación de las concesiones, teniendo como alternativas el mayor pago al fisco y el menor índice tarifario por los servicios portuarios.

Según se explica en el artículo, ha existido una política explícita de favorecer la competencia entre terminales de carga, con el objetivo de controlar el poder de mercado de los concesionarios. Esta política, materializada a través de la aplicación de restricciones horizontales en las concesiones, ha permitido que las tarifas por servicios portuarios se determinen más por la rivalidad entre los concesionarios que por los límites máximos definidos en la licitación. En forma paralela, la mayor competencia ha llevado a las autoridades a relajar las restricciones de carácter vertical que fueron establecidas en las primeras licitaciones.

Se ha optado por dejar que las empresas portuarias públicas compitan con sus proyectos de terminales y que sea el mercado, es decir, los interesados en invertir, el que evalúe las bondades de cada proyecto. Esta opción es coherente con el espíritu de la ley que promueve la descentralización de las decisiones estratégicas y la competencia entre los puertos. En la definición de esa política, las instituciones relacionadas con la libre competencia —la Comisión Preventiva Central, inicialmente, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), después— han tenido un rol protagónico.

El artículo se desarrolla de la siguiente forma: luego de esta introducción, la sección 2 describe las principales características del modelo portuario chileno, el cual fue moldeado por la ley de 1997 y en el que también intervienen los organismos antimonopolios. En la tercera sección se realiza un breve recuento de las primeras licitaciones de terminales en San Antonio y Valparaíso, llevadas a cabo en 1999. La sección 4 examina en detalle el segundo proceso de licitaciones en ambos puertos de la zona central, que concluyó el año 2013. Se plantean los dilemas regulatorios y de competencia inherentes a las decisiones del proceso, explicándose la racionalidad de las opciones tomadas por los diversos órganos que participaron en el proceso. Y en la sección 5 se entregan las conclusiones y se plantean los temas relevantes que deben resolverse en los próximos procesos de licitación.

2. EL MODELO PORTUARIO CHILENO

En 1997 se reforma el sistema portuario estatal de Chile, planteándose como objetivos incrementar la inversión en infraestructura, promover la competencia entre puertos y mejorar la eficiencia operacional de los terminales.[4]

En esta dirección, una medida fundamental fue la descentralización. Se crearon diez empresas portuarias, continuadoras de la antigua Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), a las cuales se las dotó de autonomía y patrimonio propio. Cada empresa está dirigida por un directorio, el cual se encuentra sujeto a las reglas de las sociedades anónimas. El Estado, como propietario de los puertos, se relaciona con los directorios a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y el holding que constituye el Sistema de Empresas del Estado (SEP). Esta última entidad realiza el control de gestión de las empresas portuarias en cuanto a cumplimiento de metas, planes de inversión y supervisión del gobierno corporativo.

Un segundo elemento central de la reforma fue establecer que las actividades portuarias deben ser realizadas por agentes privados, debidamente habilitados para dichos efectos a través de concesiones, las cuales son asignadas mediante licitación.[5] Las inversiones en terminales portuarios deben ser financiadas por los concesionarios, y las empresas portuarias estatales no pueden subsidiarlos en esta materia, salvo que no haya interesados en las licitaciones.[6] Todos los costos de inversión y operación en que incurren los concesionarios en explotar los terminales deben ser cubiertos únicamente con las tarifas cobradas a los usuarios. A través de este modelo de gestión se buscaba incentivar una mayor inversión privada y poder así reducir las carencias en infraestructura, las que constituían una de las principales debilidades del sector a esa fecha.

Las empresas deben formular un plan de inversiones, el cual determina los usos asociados a las distintas áreas del recinto portuario y las fechas referenciales en las cuales se deben ejecutar las inversiones.[7] Además, son responsables de hacer cumplir el contrato de concesión y de administrar la infraestructura común del puerto.[8]

El objetivo de competencia está presente en la ley, estableciéndose de modo explícito que es función del directorio de las empresas portuarias promover la competencia al interior de los puertos. En cuanto a la estructura vertical de los servicios portuarios, se favorece el sistema multioperado de terminales, bajo el cual múltiples empresas pueden realizar las tareas de estiba, desestiba y porteo de carga en los frentes de atraque. Sin embargo, se permite la integración vertical o mono-operación de terminales siempre que en la región exista otro frente estatal multioperado capaz de atender la nave de diseño o, bien, que las instituciones de libre competencia así lo autoricen. De este modo, la ley, junto con promover una mayor participación e inversión privada, definió el mercado relevante de la actividad portuaria a nivel geográfico y de acuerdo al tipo de infraestructura básica disponible: capacidad para atender a la nave de diseño y tipo de carga.

En paralelo a lo mandatado por la ley, los organismos de libre competencia han cumplido un rol relevante en establecer las condiciones estructurales —horizontales y verticales— bajo las cuales se concesionan los frentes de atraque en los principales puertos del país, tal como se describirá en la próxima sección.

3. PRIMERAS LICITACIONES EN LA ZONA CENTRAL

Las primeras licitaciones desarrolladas en el marco de la nueva ley se realizaron entre los años 1999 y 2000 en los principales puertos de la zona central de Chile: San Antonio, Valparaíso y San Vicente-Talcahuano.[9] En concordancia con los objetivos planteados en la ley, se deseaba que la inversión privada en los terminales incrementara la eficiencia operacional en los puertos y redujera las tarifas a usuarios, mejorando así la competitividad del sector portuario en su conjunto. Por esta razón, se decidió asignar los puertos bajo la modalidad de mono-operador, en la que existe integración vertical completa entre la propiedad de los terminales y las actividades de transferencia y movimiento de carga. Se considera que este tipo de integración es eficiente, pues se logran mayores velocidades de transferencia con grúas especializadas, las cuales permiten coordinar mejor las labores de carga y descarga según las naves que arriben y sus tamaños.[10]

Dado que hasta entonces el sistema portuario no operaba en niveles aceptables de eficiencia, no se tenía noción de cuál era el precio de mercado de dichos servicios. Se esperaba que la licitación diera una señal del nivel eficiente de precios por los servicios portuarios.

El criterio de adjudicación fue la mínima tarifa máxima ofrecida sujeta a un piso establecido por cada empresa portuaria, equivalente al 70 por ciento de los valores pre-existentes. Es decir, aquel proponente que ofreciera el menor precio máximo por los servicios portuarios, respetando el piso tarifario definido, se quedaría con la administración del frente licitado. En caso de empate en este criterio, la igualdad se rompería considerando el mayor pago ofrecido al Estado.

La tarifa considerada como criterio de adjudicación fue un índice equivalente al promedio ponderado de las tarifas de los cuatro servicios esenciales de la faena portuaria: (1) muellaje de la nave, (2) muellaje de la carga, (3) transferencia de contenedores y (4) transferencia de carga fraccionada. Para los demás servicios portuarios, las tarifas quedaron a la libre elección del concesionario.

Adicionalmente, se estableció que el índice tarifario ofertado sería fijo durante todo el periodo de concesión.[11] Por lo tanto, los concesionarios no pueden traspasar incrementos de costos a tarifas y su única forma de enfrentar eventuales alzas de costos es a través de mejoras en la productividad. Las reducciones de costos, por su parte, serían traspasadas a usuarios al menos parcialmente, en caso de que los precios que fije un concesionario estén limitados más por el competidor que por la tarifa máxima.

Las condiciones de integración vertical y horizontal bajo las cuales se licitarían los terminales portuarios fueron definidas por la institución de libre competencia de la época a petición de las empresas portuarias.[12] A nivel horizontal, se estableció que un operador que controle más del 15 por ciento de la propiedad de un frente de atraque no podría participar con más del 15 por ciento de la propiedad de otro frente de atraque en la misma región. El límite a la integración horizontal buscaba que se desarrollase la competencia entre terminales de empresas localizadas en una misma región del país. Para ese propósito se requería que los concesionarios que sirven un mismo hinterland[13] no tuviesen un mismo grupo controlador.

A nivel vertical, la restricción estableció que el conjunto de usuarios relevantes de los servicios portuarios no podía tener más del 40 por ciento del capital de una empresa concesionaria de terminales. Por usuario relevante se entiende a una empresa que participa en el negocio naviero, importador, exportador o de transporte de carga, que posea más del 15 por ciento del tonelaje de carga en la región respectiva o más del 25 por ciento en el terminal concesionado. La restricción vertical perseguía que un usuario relevante de un terminal no utilizase su control sobre la infraestructura para bloquear a competidores en el mercado naviero. Si bien el Dictamen n.º 1045 es aplicable a las concesiones de los frentes de atraque de los puertos que realizaron la consulta en ese entonces, sentó un precedente para las concesiones de los terminales portuarios estatales en todo el país.

Las licitaciones de primera generación despertaron un gran interés en el sector privado, lo que se manifestó en la cantidad de ofertas recibidas: 21 por el Terminal de Valparaíso y 7 por el Terminal de San Antonio. Como en ambos puertos las mejores ofertas se pegaron al piso tarifario, se debió recurrir al mayor pago al Estado como mecanismo de desempate.

Para ambos puertos de la Región Valparaíso, el grupo SAAM fue el que ofreció más por los dos terminales. Pero al ajustarse a las restricciones de integración horizontal antes mencionadas, optó por el de San Antonio, por lo que Valparaíso fue adjudicado a Ultramar, que hizo la segunda mayor oferta por dicho terminal.

Observando el desenlace de la licitación, se pueden extraer las siguientes conclusiones respecto al impacto de las restricciones de piso tarifario e integración horizontal que se impusieron:

En ausencia de un piso tarifario probablemente se habría obtenido una menor tarifa, puesto que más de una empresa ofertó un valor equivalente al piso tarifario fijado por la autoridad. Es decir, los costos medios previstos por los postulantes, considerando el traspaso de infraestructura existente y todas las inversiones requeridas para operar el terminal durante el plazo de la concesión, eran iguales o menores al piso tarifario fijado por la autoridad. Por consiguiente, sin la restricción, los usuarios habrían gozado de menores tarifas por uso de los terminales. Dentro de los costos medios está incluida la infraestructura existente al momento de la licitación y traspasada al concesionario, la cual se cobra en forma de canon anual a quien se adjudique la licitación.

Como contrapartida, el fisco logró recaudar recursos al competir los interesados por el mayor pago al Estado. Tal monto no se habría generado sin la existencia del piso tarifario, puesto que toda la renta se habría disipado en forma de menor tarifa. Éste es un ejemplo de lo que se denomina taxation by regulation, con lo cual la autoridad recauda fondos a través del poder de mercado que le confiere el manejar una infraestructura esencial.[14]

El efecto de la restricción horizontal es más incierto. A priori se podría afirmar que sin ella el grupo SAAM se habría adjudicado los dos puertos, pues ofertó un mayor monto por ambos en la ronda de desempate. Sin embargo, tales ofertas fueron hechas por SAAM bajo la presencia de la restricción y seguramente no son las mismas que SAAM habría presentado bajo el escenario en que fuera factible adjudicarse ambos terminales. Como SAAM sabía que sólo podía obtener una concesión, no había mayor costo en sobre ofertar en ambos puertos, porque al final debía optar —y pagar— sólo por uno.

Finalmente, la restricción vertical implicó que el grupo SAAM, que estaba integrado verticalmente con la naviera CSAV, sumara en la propiedad del terminal al grupo norteamericano SSA Holding International, con el 50 por ciento de la propiedad, de modo de satisfacer la limitación.

Tabla 1. RESULTADOS DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRIMERA RONDA DE LICITACIONES

Puerto

Terminal

Índice tarifario US$/Ton miles

Canon anual US$ miles

Pago inicial US$ miles

Pago por desempate US$ miles

Valparaíso

Frente 1

7,29

5.700

10.000

90.600

San Antonio

Molo Sur

7,05

7.619

10.000

121.252

Terminal Norte

2,72

246

1.000

8.369

Fuente: SEP 2006.

4. SEGUNDO PROCESO DE LICITACIONES

Luego de realizadas las primeras licitaciones y materializadas las inversiones, cada puerto de la Región de Valparaíso quedó dotado de un terminal concesionado: San Antonio Terminal Internacional (STI), en San Antonio, y Terminal Pacífico Sur (TPS), en Valparaíso, además de un terminal público o espigón en cada caso.

En el gráfico 1 se ilustra la carga de contenedores movilizada por cada uno de los cuatro terminales. Se observa que el crecimiento del tráfico es absorbido sólo por los terminales concesionados STI y TPS. La participación de los espigones de Valparaíso (EPV) y San Antonio (EPSA) fue decreciendo sistemáticamente, tanto en términos absolutos como relativos. En el año 2000, los terminales públicos de los puertos de San Antonio y Valparaíso movilizaban el 21,4 y el 5,6 por ciento, respectivamente, de la carga total de contenedores de la región. En el 2011, dicha cifra se redujo al 2,8 y 0,5 por ciento, respectivamente.

La principal razón que explica la caída sostenida de la carga en contenedores movilizada por los espigones era la precariedad de su infraestructura. En particular, el calado de ambos terminales restringía fuertemente el tamaño de naves que podían recalar. En efecto, las naves panamax y post-panamax, actualmente utilizadas en la industria, tienen un calado de 11 y 13,6 metros, cada una, lo que hacía imposible su atención en los espigones de Valparaíso y San Antonio, que tenían un calado de 8,8 y 9,4 metros, respectivamente.

Tabla 2. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Puerto

Terminal

Longitud

[m]

Calado máximo [m]

Áreas respaldo

[ha]

San Antonio

STI

769

11,4 - 13,5

31

EPSA

662

9,4

26

Valparaíso

TPS

984

11,4 - 13,2

16

EPV

610

8,8

14

Fuente: Elaboración propia en base a información pública de Empresas Portuarias y TDLC.

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DE LA CARGA POR CONTENEDORES TRANSFERIDA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Fuente: Estadísticas SEP.

Adicionalmente, al tratarse de terminales multi-operados, no se lograron los niveles de eficiencia en las labores portuarias que poseen los terminales mono-operados. Tal como se observa en el gráfico 2, para el año 2011, la velocidad de transferencia observada en los terminales concesionados estaba muy por encima de sus equivalentes públicos, los cuales no mostraron mejoras en la eficiencia de atención de naves a lo largo del tiempo. Como resultado, la obsolescencia operacional de los terminales públicos no los hacía aptos para absorber el crecimiento de la demanda y, por ende, para competir con los terminales concesionados.

Gráfico 2. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO (TONELADAS/HORA)

Fuente: Estadísticas SEP.

De este modo, el fuerte crecimiento de la carga de contenedores en los puertos de la Zona Central, por sobre el 14 por ciento anual promedio entre los años 2000-2008, hacía necesario ampliar y mejorar la capacidad de transferencia de carga de sus puertos. La capacidad de un terminal depende de diversos factores, siendo los más importantes los frentes de atraque, el número de grúas y las áreas de respaldo. En los puertos de la V Región, el factor crítico era el número total de frentes de atraque.

Al año 2008, los terminales concesionados disponían de una capacidad estimada total de 2.014.050 TEU/año.[15] Sin embargo, tanto STI como TPS contaban con la posibilidad de ejecutar proyectos de ampliación que permitían incrementar su capacidad, hasta llegar a un total de 2.320.000 TEU/año y 2.490.000 TEU/año, respectivamente, considerando a los espigones de ambos puertos.[16]

En cuanto a la demanda, la carga en contenedores en la región en el 2008 alcanzaba 1.688.000 TEU. Utilizando tasas de crecimiento de la carga entre el 8 por ciento y el 9 por ciento anual, se proyectaba que para el año 2014 se producirían escenarios de congestión en los puertos de la región, los que impactarían negativamente la eficiencia de los terminales.[17] Dado que los proyectos de infraestructura portuaria pueden tomar cinco años hasta su materialización final, se hacía necesario abordar las inversiones de nuevos terminales con prontitud.

La licitación de nuevos terminales imponía una serie de definiciones relevantes previas que incidirían en la estructura de la industria y en la licitación misma. En las definiciones participaban distintas instituciones públicas con atribuciones en la industria portuaria, cuyos objetivos y visiones no necesariamente eran convergentes.

La primera interrogante era respecto al timing de la licitación: ¿Cuándo era el momento indicado para agregar mayor capacidad? Y relacionada con ella: ¿Cuál es la secuencia de inversiones a seguir? Tanto San Antonio como Valparaíso tenían sus propios proyectos de inversión en nuevos terminales de carga. En consecuencia, había que definir si era preferible lanzar primero un proyecto y después el otro o ambos simultáneamente.

Luego estaban las definiciones respecto a los límites a la integración horizontal y vertical. Al momento de la licitación seguían parcialmente vigentes las instrucciones del Dictamen n.º 1045. La decisión más relevante era si a los actuales concesionarios —STI y TPS— les estaba permitido participar en la licitación de nuevos terminales y luego adjudicárselos. Finalmente, se debía resolver el mecanismo de adjudicación en la licitación. La pregunta era si se emplearía el mismo criterio que en el proceso previo; es decir, mínima tarifa máxima —sujeta o no a un piso— y luego algún criterio de desempate, u otro mecanismo alternativo.

4.1. Timing de las decisiones

Formalmente, la decisión sobre el momento de lanzar una nueva licitación recae en cada empresa portuaria. La ley les confiere a las empresas la decisión de cuándo licitar un nuevo terminal portuario, sujeto a las restricciones impuestas por la misma normativa y por los organismos relacionados con la libre competencia. Si bien la necesidad de invertir era evidente, no era del todo obvio cuál era el año óptimo de agregar más capacidad.

Un primer criterio de decisión es invertir cuando el terminal sea rentable privadamente. Esto es, cuando los costos de inversión y operación de un nuevo terminal puedan ser cubiertos con las tarifas por servicios prestados a las naves, durante el período de la concesión. Dado que por ley los concesionarios de terminales no pueden recibir subsidios y las tarifas son determinadas en la licitación o establecidas en competencia con los otros operadores, el utilizar el criterio de rentabilidad privada es un buen test de mercado para la licitación.

Otro mecanismo de decisión es el de la rentabilidad social, el cual puede diferir de la rentabilidad privada debido a la existencia de beneficios o costos que no sean capturados por la empresa que invierte en el terminal. Si el ingreso de un nuevo operador reduce las tarifas a todos los usuarios o disminuye la congestión, se producen beneficios percibidos por los usuarios, que deben computarse como beneficio social, los cuales no son capturados en la evaluación privada. De modo contrario, la carga que el nuevo terminal quite a los operadores existentes es parte del beneficio privado de quien ingresa, pero no del social.

Existen otros criterios, de carácter más técnico, que recomiendan invertir en infraestructura adicional cuando la calidad del servicio se deteriora, de modo tal de que cae por debajo de algún valor límite preestablecido. En el caso de los frentes de atraque de naves, la falta de infraestructura se traduce en congestión en la operación, aumentando los tiempos de espera y atención de las naves.

El momento de inversión afectaba también a los incumbentes —en este caso, STI y TPS—, los que tenían evidentes intereses en que se retrasara la entrada de nuevos operadores en el mercado. Ambos operadores se oponían a las nuevas concesiones, señalando que no era necesario ampliar todavía la capacidad de los puertos de la región, pues no se preveían eventos de congestión en los próximos siete años. También se argumentaba que las inversiones que ellos realizaron en frentes de atraque fueron ejecutadas bajo un escenario que se estaría alterando con el ingreso de nuevos terminales.[18]

Al respecto, los contratos de concesión de los terminales de STI y TPS no contenían cláusulas que limitaran el lanzamiento de nuevas concesiones de terminales de contenedores en ambos puertos. Solamente se establecía que si existía una nueva concesión dentro de un plazo de diez años, ésta debía ser adjudicada en base a mayor pago al Estado y no mediante menor tarifa al usuario. El Estado, a través de las empresas portuarias, no se autoimpuso restricción alguna respecto al momento de concesionar nuevos terminales. La cláusula sobre el mecanismo de licitación debe entenderse como un resguardo mínimo otorgado a los primeros inversionistas respecto a las condiciones de competencia futura. Debe mencionarse que la restricción de autofinanciamiento de los terminales portuarios, señalada en la ley, es en sí misma una garantía de que el Estado solamente concesionará cuando las condiciones del mercado así lo recomienden.

Adicionalmente, la decisión sobre el momento de inversión de un puerto está relacionada con la decisión tomada por el puerto rival. En efecto, al competir ambos puertos en un mismo mercado, la rentabilidad privada y social de un nuevo terminal depende de si en el otro puerto se construye un terminal también. Mientras más capacidad instalada exista en ambos puertos, menos atractivo será invertir en un nuevo terminal.

Aunque la creciente demanda por transferencia de carga hacía evidente la construcción de un nuevo terminal, no era claro que el mercado soportara dos nuevos terminales. Es decir, cada proyecto individual podía no resultar rentable si además se ejecutaba el otro de forma simultánea. Si las previsiones ex ante indicaban que existía espacio para solamente un nuevo terminal, la pregunta era cuál de los dos proyectos debía licitarse primero.

Bajo un enfoque más planificador, se debería comparar la rentabilidad social de ambos proyectos, evaluando las inversiones de estos últimos y las capacidades y calidad de servicio ofrecidas por cada uno.

Una opción más descentralizada era dejar que las empresas portuarias decidieran cuándo lanzar sus concesiones. Ahora bien, si había espacio para sólo un proyecto, era obvio que ambas portuarias querrían anticiparse y materializar el suyo, lanzándose en un carrera por copar primero el mercado.[19] Si bien el objetivo de las empresas portuarias públicas es más amplio que la maximización de utilidades, ellas buscan mostrar logros en su gestión y, obviamente, el lanzamiento de un nuevo terminal de carga es coherente con tal propósito. Por otro lado, las ciudades que albergan a los respectivos puertos también presionan por que la infraestructura portuaria crezca en la medida en que se generan más fuentes de trabajo y se desarrolla una serie de actividades comerciales aledañas a la actividad portuaria.[20]

El gobierno central, a través del holding de empresas públicas (SEP) y de los ministerios sectoriales, adoptó un papel protagónico en la decisión y no dejó que ésta descansara exclusivamente en cada empresa portuaria. Se pensó que la opción de planificación centralizada podía evitar escenarios de sobreinversión, escogiendo la mejor alternativa desde el punto de vista del bienestar social. Sin embargo, tal solución presentaba desventajas, ya que, al no existir un test de mercado, era muy discrecional discriminar en favor de uno u otro procedimiento. Además, iba en contra del modelo de gestión portuaria consagrado en la ley, que fijaba como objetivos la descentralización de las decisiones estratégicas y la competencia entre las empresas portuarias.

Finalmente se optó por la licitación simultánea de los dos terminales. Desde el punto de vista de la economía política no se favorecía a ninguno de los puertos y se dejaba al mercado, es decir, a los potenciales inversionistas interesados, la evaluación respecto a la bondad económica de los proyectos. Se esperaba que el mercado, primero, comparara cuál de los dos proyectos —San Antonio o Valparaíso— era más atractivo y, segundo, si era rentable que ambos proyectos fueran ejecutados al mismo tiempo. Dada la simultaneidad de la licitación, esta solución no estaba exenta de riesgos. Si el mercado no soportaba dos nuevos terminales, se podría producir un resultado indeseable, como una licitación desierta en ambos puertos.

Para entender por qué la licitación simultánea podía conducir a una ausencia de interesados, a pesar de que exista total certeza de que un terminal sí era rentable, considere el siguiente ejemplo. En la tabla 3, se presenta de modo simplificado una hipotética matriz con los pagos obtenidos por quienes participan en la licitación de un terminal, bajo el supuesto de que hay espacio para uno solo en el mercado. Como se observa, el beneficio por invertir en un terminal, dependerá de si hay también inversión en el otro, reflejando así la interacción entre los proyectos de ambos puertos. En ausencia de ofertas, el pago obtenido por cada uno es cero. Si hay ofertas en el puerto 1 y no en el 2, el primero obtendrá un pago positivo y el otro cero. Lo análogo sucede si hay sólo ofertas en 2. Finalmente, si en los dos puertos hay ofertas para invertir, las empresas obtienen un retorno negativo. De acuerdo a la teoría, este juego tiene dos equilibrios de Nash, que son los dos casos asimétricos en que se construye un terminal en uno y no en el otro.[21] Como las licitaciones son simultáneas, no es evidente a priori cuál será el resultado del juego, pudiendo producirse cualquiera de los cuatro posibles escenarios. Desde el punto de vista social, dos de los posibles resultados no son deseables. En uno de ellos hay sobreinversión, cada participante realiza una oferta asumiendo que no hay oferta por el terminal del otro puerto, y luego lamentan haber ofrecido. En el otro, dado el temor a caer en el escenario de sobreinversión, nadie realiza ofertas y no se produce inversión alguna.

Tabla 3. MATRIZ DE PAGOS CON UN SOLO PROYECTO RENTABLE

Oferta

No oferta

Oferta

( -20, -50)

(40, 0)

No oferta

( 0, 10)

(0, 0)

El riesgo de ausencia de ofertas no ocurriría en el caso de que ambos proyectos sean rentables, independientemente de si hay inversión o no en el otro puerto. La tabla 4 muestra la matriz de pagos para este escenario. La diferencia con la tabla 3 es que, en caso de haber ofertas en ambos puertos, los inversionistas obtienen retornos positivos, aun cuando menores a los que obtendrían si no se presentaran ofertas por el otro. A diferencia del caso anterior, el equilibrio de Nash en este juego es único y corresponde a aquél en que en ambos puertos hay ofertas. De ser éste el caso, quien participase, por ejemplo, en la licitación del puerto de San Antonio, realizaría su oferta bajo el escenario cierto de que en Valparaíso existirá también un nuevo terminal.

Tabla 4. MATRIZ DE PAGOS CON LOS DOS PROYECTOS RENTABLES

Oferta

No oferta

Oferta

(10, 30)

(40, 0)

No oferta

(0, 70)

(0, 0)

4.2. Restricciones a la integración horizontal

Una de las decisiones más relevantes sobre las inversiones en nuevos terminales era si se permitía a los operadores incumbentes —SAAM y Ultramar— participar o no en las licitaciones. En el primer proceso, las instituciones de libre competencia resolvieron no permitir la integración horizontal, como forma de garantizar la competencia entre los principales puertos del país.[22] Como paso previo a determinar la conveniencia de mantener la restricción horizontal se debía determinar el mercado relevante, el cual para la industria portuaria tiene dos dimensiones: el tipo de carga y el alcance geográfico.

En términos habituales, la carga puede distinguirse en a) carga general, la cual corresponde a mercancía que es transportada en contenedores o bien de modo fraccionado, y b) la carga a granel, que a su vez se puede clasificar en a granel líquido y sólido. Se considera que no hay sustitución entre puertos especializados en ambos tipos de carga, pues requieren de infraestructura diferente para el proceso de transferencia desde o hacia las naves. Por lo tanto, un puerto granelero no puede considerarse como un sustituto equivalente de uno especializado en carga de contenedores, perteneciendo cada uno a mercados relevantes distintos. Si bien es posible enviar a granel dentro de contenedores, no es económicamente eficiente realizarlo para grandes volúmenes.

En la carga denominada general, hay sustitución entre el transporte de modo fraccionado y mediante contenedores. La tendencia observada a nivel internacional —y también en nuestro país— es que un mayor porcentaje de la carga general está siendo movilizada vía contenedores.[23] Hay tipos de carga general, como automóviles o productos hortofrutícolas, que seguirán siendo transportados de modo fraccionado; sin embargo, los puertos especializados en contenedores son aptos para transferir carga fraccionada. De este modo se define el mercado relevante a nivel de producto, como terminales para transferencia de carga en contenedores o, en forma más amplia, para carga general.

Respecto al mercado geográfico, si bien la ley establece un mercado relevante a nivel de región administrativa, correspondía evaluar esta definición en la eventualidad de que la oferta se haya modificado durante los diez años desde la vigencia de la ley.

El TDLC optó por no innovar respecto al alcance del mercado relevante.[24] En la Zona Central existe escasez de aguas abrigadas para acoger puertos, donde los únicos puertos públicos para atender carga de contenedores son San Antonio y Valparaíso. Los puertos privados de acceso abierto, localizados en la bahía de Quintero en la V Región, están especializados en transferir carga a granel y por lo tanto no cuentan con la infraestructura necesaria para dar servicio a naves de contenedores.[25] Si bien existen puertos aptos para transferir carga de contenedores en Coquimbo y en la VIII Región (San Vicente-Talcahuano y Coronel), la distancia de éstos hacia los centros de origen y destino de la carga no los hace competidores equivalentes a los terminales ubicados en los dos puertos públicos de la V Región.

Por consiguiente, de mantenerse la restricción horizontal se garantizaba la entrada de un tercer y eventualmente un cuarto operador, lo que suponía generar aún mayor competencia en los puertos de la V Región. La contrapartida era sacrificar, por una parte, potenciales eficiencias operacionales derivadas de las economías de escala de operar conjuntamente espacios comunes y terminales adyacentes; por otra, reducir la competencia en las licitaciones propiamente tal, al limitar la cantidad de potenciales participantes.

Los argumentos a favor de levantar las restricciones de integración horizontal descansaban en que ya existía una fuerte competencia entre los terminales concesionados STI y TPS, lo cual se reflejaba en dos hechos. En primer lugar, en los cambios entre puertos de operación realizados por diversas navieras en el período 2000-2009. En segundo lugar, en que las tarifas efectivas aplicadas por los concesionarios eran menores a las tarifas reguladas. Según se observa en el gráfico 3, las tarifas reales cobradas en los servicios regulados —para el terminal concesionado de Valparaíso— se alejaban de las máximas permitidas por el índice tarifario regulado. Similar diferencia se presentaba en el terminal concesionado de San Antonio, lo cual sería una señal de que las tarifas estaban siendo determinadas más por la competencia que por la regulación.

Gráfico 3. TARIFAS POR SERVICIOS REGULADOS EN TERMINAL TPS PUERTO DE VALPARAÍSO

Fuente: Fisher (2012).

Aun cuando efectivamente se han observado indicios de rivalidad en el tiempo, la tensión competitiva entre ambos terminales ha dependido del excedente de capacidad de éstos. En efecto, si la carga crecía, las posibilidades de quitar navieras al competidor se reducirían debido a que el terminal no contaría con espacio para acomodarlas. En este contexto, en caso de contar con un nuevo terminal, la pregunta relevante es: ¿Quién tendría mayores incentivos para capturar más carga? Un nuevo operador o quien ya estaba en el mercado. Si las tarifas que cobra un terminal a las navieras son uniformes, quien ya tiene carga ve reducido su margen con los clientes actuales, si para capturar nuevos debe reducir sus tarifas. Un operador nuevo, en cambio, no sufre de dicho efecto y, por lo tanto, no se inhibirá a capturar navieras por la vía de ofrecer menores tarifas.

Se planteó también que sería ineficiente e injusto excluir a los operadores incumbentes de participar en la licitación de los nuevos terminales. Si el objetivo es que el proceso de licitación sea lo más competitivo posible, sería entonces contraproducente dejar fuera a priori a algunos de los participantes. Por otro lado, si el objetivo es introducir más competencia entre los terminales de carga, pero también aprovechar las eventuales economías de escala de la integración horizontal, se podría dejar que el mercado —a través de la licitación— se pronunciara sobre la conveniencia de la integración aguas abajo.

El argumento anterior merece algunas calificaciones. En términos de la estructura vertical de la industria existen dos mercados. El de aguas arriba, que son las áreas abrigadas para construir terminales de carga, y el de aguas abajo, que son la operación de los terminales mismos. Estos mercados se encuentran interrelacionados, toda vez que para competir en el negocio de la transferencia de carga se requiere de un terminal con aguas abrigadas. Como las aguas abrigadas son un insumo escaso, la ley les entregó su tuición a las empresas portuarias. Ellas deciden cuándo lanzarlas al mercado, y la ley les impone que el mecanismo de asignación es la licitación.

¿Hay razones de eficiencia que justifiquen restringir la participación en el mercado aguas arriba? Si el mercado de aguas abajo fuera perfectamente competitivo, es decir, si los operadores de terminales fueran tomadores de precio, entonces sería eficiente asignar el insumo aguas arriba mediante una licitación, por ejemplo, por mayor pago al Estado, sin restricciones. Sin embargo, si aguas abajo los operadores tienen poder de mercado, entonces una licitación en base a mayor oferta monetaria no necesariamente conduce al óptimo social, y sí se podrían justificar restricciones en la participación del mercado aguas arriba.

Un operador nuevo ofertará en la licitación en base a los beneficios que espere obtener del negocio de operar terminales. Mientras más eficiente sea en realizar dicha labor, más podrá ofrecer en la licitación y más probable será el adjudicársela. La oferta que realice un operador incumbente también dependerá de su eficiencia en atender más naves, pero además reflejará las rentas que éste pierda por enfrentar más competencia. La máxima oferta del incumbente corresponderá a la diferencia de ingresos entre que él invierta y opere el nuevo terminal frente a que el terminal lo opere un nuevo actor. Este último término puede ser negativo, si la entrada del nuevo actor reduce los precios producto de la mayor competencia en el mercado. Por lo tanto, la alta disposición a pagar del incumbente por obtener la concesión puede estar reflejando una potencial pérdida de rentas ante la competencia más que una mayor eficiencia operativa.

El problema asociado al fenómeno de selección adversa que puede surgir en una licitación de este tipo es que puede bloquear la entrada de competidores potencialmente más eficientes. En consecuencia, si el principal objetivo del regulador es introducir más competencia por la vía de favorecer la entrada de un nuevo operador, entonces se justifica permitir la participación en la licitación sólo a nuevos operadores. Esta recomendación es una aplicación de la conocida teoría de los second best, de Lipsey y Lancaster (1956), la cual señala que en un mercado en el que existen distorsiones, el agregar una distorsión adicional puede mejorar los resultados en términos de bienestar. En el caso de la licitación de terminales, la imperfección en la competencia entre operadores hace óptimo prohibir la participación de incumbentes en el mercado aguas arriba.

La selección adversa de una licitación por mayor pago al Estado podría evitarse si la licitación se realiza en base a menor tarifa al usuario. En este caso, las eventuales eficiencias operativas derivadas de las economías de escala debieran reflejarse en menores precios a los consumidores, lo cual sí resultaría socialmente beneficioso. Existen, sin embargo, dificultades asociadas al uso de la licitación por menor tarifa en un contexto de la integración horizontal. Una competencia por menor tarifa puede llevar a que un operador tenga dos terminales sujetos a distintas tarifas máximas. Si estas tarifas se hayan activas, entonces el operador puede desviar navieras del terminal de menor tarifa al de mayor tarifa; fenómeno que puede exacerbarse si el operador está integrado verticalmente y da prioridad a su naviera relacionada en el terminal de menor tarifa. Si este hecho no puede evitarse por la vía de la fiscalización, entonces la menor tarifa ofertada no es traspasada al consumidor y deja de ser un mecanismo eficiente para adjudicar la licitación.

Teniendo estos puntos a la vista, en el año 2009 el TDLC finalmente zanjó el tema prohibiendo todo tipo de integración horizontal.[26] Se establecieron limitaciones más estrictas que las definidas en 1999, cuando se permitía hasta el 15 por ciento de propiedad cruzada entre terminales. Se resolvió que quien se adjudicase uno de los terminales no podía participar en la propiedad de otro terminal concesionado dentro de los puertos de la región.[27]

Uno de los riesgos de limitar la integración horizontal era que no existiesen interesados en alguno de los terminales, sobre todo en el de Valparaíso. Por el contrario, al permitir la integración, era muy probable que los actuales incumbentes hicieran ofertas por los nuevos terminales localizados en sus respectivos puertos. Al respecto, el tribunal resolvió que la ausencia de interesados en la licitación de alguno de los terminales sería reflejo de que el proyecto no es atractivo y, por lo tanto, se debe realizar una licitación posteriormente. En un escenario de crecimiento de la demanda, el postergar la licitación torna el proyecto de terminal más rentable.

4.3. Restricciones a la integración vertical

Según se explicó, las primeras concesiones fueron adjudicadas bajo la restricción vertical establecida por el Decreto n.º 1045, que ordenaba que ningún usuario relevante de los terminales de carga podía participar en más del 40 por ciento de la propiedad de un terminal concesionado. Esta restricción afectaba principalmente a las empresas navieras, pero también a otros proveedores de servicios portuarios, como agencias de naves, importadores, exportadores, consignatarios, entre otros.

En las primeras concesiones, la restricción vertical tuvo implicancias concretas solamente para el concesionario STI del puerto de San Antonio, cuyo controlador era la empresa naviera CSAV. Para cumplir con la restricción, esta compañía debió vender parte del capital accionario de la concesión al operador norteamericano SSA Marines. Luego, el año 2005 y a petición del concesionario, el tribunal autorizó relajar el límite de la restricción vertical, pasando del 40 por ciento al 60 por ciento.[28]

Los límites a la integración vertical se basaban en los riesgos de que una empresa naviera, al controlar un terminal, pudiera bloquear el acceso a sus competidores a dicha infraestructura y, así, monopolizar el mercado del transporte naviero en las rutas que conectan los puertos de la Zona Central de Chile con el resto de los países. A este bloqueo de mercado se lo conoce como foreclosure en la práctica antimonopolios, y es un riesgo inherente a la integración vertical en las denominadas facilidades esenciales.

El riesgo de bloqueo podría en principio ser enfrentado por la vía de la regulación y la fiscalización. Por ley, los terminales concesionados son de uso público y, por lo tanto, el titular de una concesión no puede negar el acceso a terceros. Los reglamentos de uso de los terminales establecen que los concesionarios no pueden discriminar en tarifas ni en condiciones de prestación de servicios entre sus usuarios. Por otro lado, las Empresas Públicas Portuarias, que administran los contratos de concesión, serían las encargadas de monitorear posibles faltas por discriminación.

Sin embargo, la supervisión puede no ser del todo efectiva, toda vez que es costosa e imperfecta, pues muchas acciones discriminatorias son difíciles de observar o, bien, de demostrar. Las empresas cuentan con espacios de discrecionalidad que les permiten, por ejemplo, dar prioridad a su empresa relacionada, sin que ello sea percibido por los afectados o sin que estos últimos puedan demostrarlo ante un organismo arbitral. La separación vertical es una solución generalmente impuesta cuando la infraestructura considerada esencial presenta características de monopolio natural y, además, es difícil controlar los riesgos de actos discriminatorios en contra de usuarios no integrados.

Ahora bien, la existencia de dos y posiblemente más operadores de terminales en la región central de Chile pone en cuestión la calificación de tal infraestructura como facilidad esencial. Es cierto que la entrada para proveer frentes de atraque es costosa y depende de las empresas portuarias estatales últimamente, al menos en la Zona Central de Chile. Sin embargo, la prohibición de integración horizontal entre terminales dificulta las estrategias de foreclosure que puedan aplicar los operadores integrados. En la medida en que no existan restricciones de capacidad, si hay más alternativas de terminales, los incentivos al bloqueo se ven reducidos, puesto que las empresas navieras pueden optar por otros concesionarios para operar.

De este modo, la restricción a la integración vertical del 40 por ciento impuesta en las primeras licitaciones, cuando sólo había competencia entre dos terminales concesionados, podría no justificarse cuando se avanzaba a un escenario donde serán tres o incluso cuatro terminales los que compitan por la misma carga. El tribunal optó finalmente por mover el límite de integración vertical hasta el 60 por ciento, dejando a los nuevos concesionarios en condiciones similares a las autorizadas el año 2005 al operador STI, del terminal de San Antonio.

Es importante destacar que, a nivel internacional, existen muy pocos ejemplos de limitaciones a la integración vertical en la industria portuaria similares a las existentes en Chile. Tampoco se han registrado eventos de discriminación por parte de terminales integrados con navieras en contra de terceros, aspecto que fue resaltado por la empresa estatal EPSA en su consulta en relación a la licitación del sitio n.º 9 del Puerto de San Antonio.

4.4. Variable de adjudicación

La elección de la variable de adjudicación es un tema de relevancia, puesto que ella, junto con ser el mecanismo discriminador que selecciona a quien se le otorga la concesión, tiene implicancias distributivas con respecto a quien captura las rentas o beneficios derivados de los nuevos proyectos.

Las opciones para la variable de adjudicación del proceso de licitación eran dos: menor índice tarifario y mayor pago al Estado. También, y tal como se hizo en el proceso de 1999, se podía utilizar una combinación de ambas. Si se empleaba la primera opción, los excedentes del proyecto se traspasan a los usuarios de los terminales en forma de menor tarifa. Si se usa la segunda opción, las rentas pasaban a ser recaudación fiscal.

Si se estima que con tres o cuatro terminales sirviendo un mismo mercado relevante existiría un grado suficiente de competencia entre terminales, podría ser innecesario el regular la tarifa máxima por la vía de la licitación. En tal caso, una mejor opción sería emplear mayor pago al Estado, el cual depende de las rentas esperadas del o los nuevos operadores bajo un escenario de competencia con los otros terminales. Sin embargo, tal solución presenta algunos inconvenientes. El primero tiene que ver con la asimetría regulatoria. Los operadores incumbentes —STI y TPS—, que están sometidos a tarifa máxima producto de la licitación de 1999, tendrían que competir con operadores sin regulación tarifaria. En principio, tal asimetría no sería problemática, toda vez que la competencia llevaría a que los precios de los terminales no regulados no se alejen de aquéllos que sí tienen regulación. Sin embargo, puede ser un problema en casos de exceso de demanda, pues los operadores sujetos a regulación no pueden cobrar más que la tarifa regulada, mientras que los no regulados podrían racionar el exceso de demanda cobrando un precio más alto.[29]

El segundo inconveniente de utilizar el mayor pago al Estado como mecanismo de adjudicación es la imposibilidad de regular la tarifa de nuevos servicios. En efecto, licitar en base a menor tarifa permite regular nuevos servicios portuarios, no incluidos en el índice tarifario de las primeras licitaciones. De este modo, la nueva licitación constituía una oportunidad para controlar las tarifas de servicios cuya importancia no estaba prevista en la primera etapa de licitaciones.

El tribunal dictaminó que la variable para adjudicar las licitaciones de terminales fuera la de menor índice tarifario ofrecido. El índice debía ser construido de modo tal que incluyese los servicios indispensables para el atraque de las naves y la transferencia de la carga. Los ponderadores de las tarifas de cada servicio deben reflejar el peso de cada prestación en los ingresos totales de las empresas concesionarias.

Las empresas portuarias construyeron un índice que introdujo tres tarifas adicionales a las ya reguladas en las licitaciones de 1999. Estas son las tarifas asociadas a los servicios de transferencia de contenedor refrigerado (TTCr), de transferencia de carga fraccionada horto-frutícola (TTFh) y por transferencia de a granel (TTG).

Tabla 5. TARIFAS REGULADAS PARA TERMINALES CONCESIONADOS EN SAN ANTONIO Y VALPARAÍSO

Tarifa

Unidad

Descripción

Licitación

Licitación

1999

2009

TMN

US$/MT-ES-HR

Uso de muelle a la nave

X

X

TTC

US$/TEU

Transferencia contenedores

X

X

TMC

US$/TON

Uso de muelle a la carga

X

X

TTF

US$/TON

Transferencia carga fraccionada

X

X

TTCr

US$/TEU

Transferencia contenedor

refrigerado

X

TTFh

US$/TON

Transferencia fracc. horto-

frutícola

X

TTG

US$/TON

Transferencia carga a granel

X

Fuente: TDLC (2009)

4.5. Desenlace de las licitaciones

En mayo del 2011 se abrieron las ofertas por las licitaciones de ambos terminales. En el Puerto de San Antonio se presentaron tres ofertas, y la ganadora fue la del grupo Puerto Lirquén. En Valparaíso no hubo interesados por el terminal n.º 2, por lo que la licitación se declaró desierta.

La tarifa ofertada por la empresa ganadora en San Antonio estuvo muy por debajo de las tarifas máximas reguladas de los terminales de STI y TPS (ver tabla 6). Las tarifas reales que aplicaban los concesionarios en operación, incluyendo los nuevos servicios sujetos a regulación, se estimaban en 10 por ciento superior a las que arrojó la licitación. Por lo tanto, la entrada de un nuevo terminal, con su nueva tarifa máxima controlará el potencial ejercicio de poder de mercado de los terminales incumbentes sobre los tres servicios no regulados hasta el momento, y tenderá a reducir los precios pagados por los usuarios de terminales portuarios.

Tabla 6. TARIFAS OFERTADAS EN LICITACIÓN DE TERMINAL DEL PUERTO DE SAN ANTONIO

Oferente

Índice tarifario ofrecido

[US$/Ton]

Puerto de Lirquén S.A.

7,766

Empresas Navieras S.A.

7,885

Consorcio OHL Concesiones

7,990

Tarifa Máxima Vigente STI

9,562

Tarifa Máxima Vigente TPS

9,980

De acuerdo a las interrogantes planteadas en el proceso de licitación en ambos puertos de la Zona Central de Chile, los resultados indicaban que había espacio para un solo nuevo terminal y que el mejor proyecto entre ambos era el del puerto de San Antonio.

4.6. Nueva licitación

Ante la falta de interesados en el proceso del año 2011, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) solicitó al TDLC el levantamiento de la restricción de integración horizontal, de modo de convocar a una nueva licitación. Al permitir que los incumbentes pudieran participar de la licitación, en particular TPS, el otro concesionario en el puerto de Valparaíso, se hacía más probable que se adjudicara el nuevo terminal.

El tribunal accedió a levantar la restricción horizontal para la concesión del terminal n.º 2 del puerto de Valparaíso, estableciendo las siguientes condiciones para el nuevo proceso:

i) Que el criterio de adjudicación sea la mínima tarifa máxima por los servicios regulados.

ii) Que las ofertas se presenten en dos grupos, separando a los entrantes de los incumbentes. Si la mejor oferta proviene de un incumbente, el entrante con la mejor oferta tiene la posibilidad de igualar la oferta del incumbente y adjudicarse el terminal.

iii) En el evento de que un incumbente se adjudique el terminal, se exceptuará de cumplir la regla de integración horizontal, pero ésta se mantendrá activa para todos los demás incumbentes.

De este modo, el TDLC privilegió la entrada de un nuevo actor, pero estableció un mecanismo para que el terminal se adjudicase a todo evento en la medida en que hubiese al menos un incumbente interesado.

Dado el fallido proceso de licitación anterior, se pensaba que los incumbentes podían ser los únicos interesados en participar de una nueva licitación; sin embargo, en abril de 2013 el terminal se adjudicó al concesionario español OHL, uno de los oferentes hasta entonces ajenos al mercado en la región.

La tarifa ofertada por OHL de 6,8 US$/ton resultó ser la más baja ofrecida entre los operadores de la región, lo que reflejaría que el ingreso del nuevo terminal reducirá efectivamente los precios pagados por los usuarios de terminales portuarios. Entre las razones que explicarían el éxito en la licitación del terminal n.° 2 de Valparaíso, sólo dos años después del fracaso de la misma, estaría la mayor flexibilidad del proyecto de desarrollo exigido por EPV y las estimaciones de demanda más auspiciosas, dada la recuperación de la carga luego de la crisis subprime.

5. CONCLUSIONES Y TEMAS FUTUROS

El segundo proceso de licitación de terminales portuarios de la Zona Central de Chile ha puesto a prueba el diseño institucional ideado para los puertos estatales en la ley de 1997. Los objetivos de atraer inversión en infraestructura portuaria, en un marco de racionalidad y de control de poder de mercado de los concesionarios, han sido satisfechos.

La limitación a la integración horizontal entre terminales resuelta por las instituciones de libre competencia en las primeras licitaciones ha ejercido un rol fundamental en controlar el poder de mercado de los concesionarios de frentes de atraque. Las tarifas por servicios básicos portuarios han estado determinadas más por la rivalidad entre empresas concesionarias que por las tarifas máximas determinadas en los procesos de licitación. Tal política de separación horizontal —que se ha mantenido, al menos parcialmente, para las nuevas licitaciones— ha llevado a las autoridades a relajar las restricciones de carácter vertical que fueron establecidas en las primeras licitaciones.

Se ha permitido que las empresas portuarias públicas compitan con sus proyectos de terminales y que sea el mercado, es decir, los interesados en invertir, el que evalúe las bondades de cada proyecto. Los resultados de la segunda licitación, en la que sólo hubo interés por uno de los proyectos, reflejan que el test del mercado ha operado. En este sentido, se ha seguido la política de descentralización y competencia entre puertos establecida en la ley de 1997.

A continuación se plantean los temas futuros que se deben enfrentar en la industria portuaria en materias de competencia y regulación de servicios, y que probablemente surgirán en la próxima licitación del terminal a gran escala en la Región de Valparaíso.

5.1. Integración vertical

Hay dos niveles de integración vertical sujetos a alguna restricción especial en la industria portuaria. El primero es la integración entre provisión de frentes de atraque y las actividades de descarga o carga de las naves, porteo y almacenamiento. El segundo es la integración entre los frentes de atraque y el transporte naviero. En el primer tipo de integración, la ley establece que los frentes de atraque deberán operar bajo un sistema multi-operador; es decir, puede haber integración, pero se debe permitir que terceras empresas también puedan realizar labores de descarga en los muelles.

Se puede optar por la mono-operación en terminales licitados, siempre que exista otro terminal equivalente en la misma región que funcione bajo multi-operación o que lo autorice el organismo antimonopolios. La tendencia mundial en operación de terminales es hacia la mono-operación, debido a la mayor eficiencia operacional lograda en las actividades de transferencia de carga desde y hacia las naves en los terminales, cuando es una misma empresa la que administra el terminal y realiza las labores de carga y descarga. En este sentido, parece recomendable eliminar la condición impuesta en la ley dada la inferioridad técnica del régimen de multi-operación de terminales. En términos prácticos, todos los terminales concesionados en Chile, desde la aplicación de la ley, operan bajo la modalidad de mono-operación, lo cual ha sido autorizado por el tribunal especializado en libre competencia.

En cuanto a la integración terminal-naviera, en la actualidad la condición más restrictiva aplicada a nivel del país es del 40 por ciento y en los puertos de la Zona Central es del 60 por ciento. La limitación a la integración vertical entre estas dos actividades tiene una mayor justificación en casos en los que el terminal es monopólico. A medida que exista más competencia entre terminales, menos justificable es la restricción a la integración, pues las navieras tendrán opciones en caso de ser discriminadas. La Zona Central del país contará con cuatro terminales independientes, de los cuales dos —Puerto Central y TCVAL— no tendrán integración hacia la actividad naviera, por lo que el impacto de la limitación del 60 por ciento puede ser acotado.[30] Incluso, el TDLC ha llegado a suprimir las restricciones a la integración vertical en casos donde el terminal posee una reducida participación dentro del mercado relevante.[31]

5.2. Integración horizontal

La competencia entre terminales pertenecientes a un mismo puerto o que sirven un hinterland similar ha jugado un rol clave en el desarrollo del sector. El propósito de la promoción de la competencia en la industria, expresado en la ley, se ha manifestado en prohibir que una misma empresa controle dos o más terminales pertenecientes a un mismo mercado. Pese a que en 2012 el TDLC hizo un levantamiento condicional de las restricciones horizontales, se estima que la política de separación debe mantenerse.

La política de integración horizontal puede ser revisada en caso de que se construya un nuevo puerto en la Zona Central, cuya capacidad sea notablemente superior a los terminales existentes en ese momento. El actual proyecto del puerto de gran escala de San Antonio considera una capacidad inicial de 1.500.000 TEU/año, ampliable a 3.000.000 TEU/año, la que estaría muy por sobre las capacidades entre los 900.000 y los 1.300.000 TEU/año con que contarían los otros terminales de la zona.

Si los terminales menores resultan no ser competidores equivalentes del nuevo terminal portuario, es posible revisar la limitación a la integración, permitiendo eventuales fusiones entre terminales de un mismo puerto. Las posibles ganancias de eficiencia de fusionar dos terminales serían la operación conjunta de los sitios de atraque y las economías de escala derivadas de la mayor actividad.

5.3. Regulación de tarifas

La existencia de competencia entre terminales pone también en cuestionamiento la necesidad de regular las tarifas de los servicios básicos provistos por los terminales. Si estas tarifas son determinadas por la competencia entre concesionarios, la fijación de precios máximos puede ser redundante. Ahora bien, la tarifa o índice tarifario máximo cumple dos objetivos simultáneamente: controlar el poder de mercado de los terminales y servir como variable de adjudicación en la licitación por el terminal. El beneficio del doble propósito resulta más evidente cuando la concesión del terminal es un monopolio y la competencia por la cancha entre participantes en la licitación lleva a ofrecer tarifas eficientes por los servicios. Cuando ya existe competencia suficiente entre terminales, la primera finalidad se pierde y la segunda se hace menos nítida. En tal caso, una licitación en base a mayor pago al Estado puede ser una solución.

5.4. Interacción entre concesiones

Junto con la interacción entre licitaciones simultáneas de terminales de puertos que sirven un mismo hinterland, existe también una interacción entre concesiones en un mismo puerto, pero que son lanzadas diferidamente en el tiempo.

Los ingresos que obtenga una empresa por explotar un terminal dependerán, entre otras variables, del momento en que nuevos terminales ingresen en el mismo mercado relevante. Siempre será de interés para las empresas que desean participar en una licitación saber cuándo se lanzaría la siguiente concesión o, bien, cuáles son las condiciones que gatillarían su lanzamiento. El temor de los concesionarios es enfrentar escenarios de exceso de capacidad tempranamente, que erosionen sus ingresos. Las empresas portuarias estatales han aplicado medidas para mitigar este riesgo en sus licitaciones de terminales. En el primer proceso (1999), se garantizó que si una nueva licitación se realizaba antes de diez años, debía ser por máximo pago al Estado y no menor tarifa. En el segundo proceso (2011), la empresa de San Antonio se comprometió a no lanzar una nueva concesión de terminal por un plazo de cinco años. Se debe tener presente que esta última medida compromete solamente al puerto de San Antonio y no al de Valparaíso.

Ahora bien, la ley de puertos, al prohibir que se apliquen subsidios a los terminales concesionados, impone una condición de racionalidad a la inversión en nuevos frentes de atraque, siendo solamente posible construir un nuevo terminal si éste se autofinancia. Nótese que tal restricción es similar a la enfrentada por cualquier empresa que está presente en un mercado desrregulado. La entrada de un competidor se produce cuando las condiciones del mercado —demanda, costos— son tales que es rentable invertir e ingresar.[32]

REFERENCIAS

Banco Mundial. 2013. Base de Datos. https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=CL&view=chart

Comisión Preventiva Central. 1998. “Dictamen n.º 1045: Solicitud de empresas portuarias sobre aplicación de los artículos 14 y 23 de la Ley 19.542 Rol 102-98”.

Comisión Preventiva Central. 2003. “Dictamen n.º 1268: Solicitud de la Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano”.

Fischer, Ronald. 2012. “Participación del actual concesionario en la nueva licitación del Puerto de Valparaíso”. Informe presentado ante el TDLC.

Fischer, Ronald & Pablo Serra. 2007. “Efectos de la privatización de los servicios públicos en Chile”. Serie de Estudios Económicos y Sociales, agosto. Banco Interamericano de Desarrollo.

González, Aldo. 2011. “Demandas por pérdidas de ingresos en las concesiones de obras públicas en Chile”. Revista de Regulación e Infraestructura de Transporte 6.

Lipsey, Richard & K. Lancaster. 1956. “The General Theory of Second Best”. The Review of Economic Studies 24 (1): 11-32.

Posner, Richard. 1971. “Theories of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics and Management Science 2 (1, Spring): 22-50.

SEP. 2006. Modernización Portuaria en Chile. Bitácora 1998-2005. Santiago: Dirección de Empresas Portuarias.

Servicio Nacional de Aduanas. 2015. Anuario Estadístico 2014.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 2006. Dictamen n.º 11.

———. 2009. “Informe n.º 5. Respecto de las condiciones para la licitación pública del frente de atraque n.º 2 del Puerto de Valparaíso”.

———. 2009. “Informe n.º 6. Respecto de las condiciones para la licitación pública del frente de atraque Costanera-Espigón del Puerto de San Antonio”. EP

1 Ver cifras Banco Mundial (2013).

2 Valores calculados respecto de las toneladas movilizadas por vía marítima, de acuerdo a los datos registrados por el Servicio Nacional de Aduanas.

3 Misma fuente.

4 La reforma se materializa a partir de la Ley 19.542, que moderniza el sector portuario estatal.

5 Modelo conocido como “landlord”, con el que el Estado cede la administración de los servicios portuarios, incluida la operación de los frentes de atraque a privados.

6 El artículo 19 de la Ley 19.542 señala que, en caso de no haber interesados en la licitación o que las ofertas recibidas no se adecuen a las bases, las empresas portuarias estatales pueden realizar las inversiones en los frentes de atraque con recursos propios.

7 La ley señala que en cada una de las empresas existirá un “plan maestro” y un “calendario referencial de inversiones” para cada puerto y terminales de su competencia. Éstos deben ser aprobados por los respectivos directorios, mantenerse actualizados y ser de conocimiento público.

8 Los caminos de acceso y circulación dentro del puerto, así como las obras de abrigo para naves, son parte de la infraestructura común del puerto.

9 En 1999, más del 60 por ciento de la carga total transferida por los puertos estatales era movilizada por los Puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente-Talcahuano. Un mayor detalle sobre el primer proceso de licitaciones se encuentra en Fischer y Serra (2007).

10 El mejor ejemplo de mono-operación son las grúas Gantry o Pórtico, que operan en rieles instalados sobre la superficie del terminal, lo que les permite desplazarse para atender las naves. Un sistema de multi-operación no sería factible con este tipo de grúas, pues son inversiones altamente irreversibles y dedicadas al terminal donde se encuentran.

11 Salvo los reajustes de acuerdo al USPPI (sigla en inglés de “Índice de Precios al Productor de Estados Unidos” para mercancías terminadas), IPC u otros que se estipulen en el contrato de concesión.

12 Las empresas portuarias de San Antonio, Valparaíso y San Vicente-Talcahuano realizaron la consulta sobre integración vertical y horizontal a la Comisión Preventiva Central, la que emitió el Dictamen n.º 1045 de 1998.

13 Se define como hinterland, o área de influencia de un puerto, al espacio geográfico del cual se originan o recibe las cargas que son transferidas por dicho puerto.

14 Término acuñado por Posner (1971).

15 TEU es una unidad de medida volumétrica de carga empleada en el transporte marítimo. Equivale al volumen de un contenedor estandarizado de 20 pies de longitud.

16 La ampliación del contrato de TPS a 30 años está sujeta al proyecto de inversión que actualmente considera la extensión del sitio 3 del Terminal 1 en 120 metros (este proyecto corresponde a una modificación respecto de la propuesta original comprometida en el contrato de concesión), mientras que en el caso de STI se debe extender el Molo Sur en 131 metros.

17 La comparación en base anual entre oferta y demanda puede resultar errónea pues, el arribo de naves no se distribuye uniformemente en el tiempo. Si hay estacionalidad en la carga, los escenarios de congestión pueden ocurrir con anterioridad a lo estimado por la proyección anual.

18 Ver intervención de STI en la consulta “Condiciones para la licitación pública del frente de atraque Costanera-Espigón del puerto de San Antonio”, realizada por EPSA ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Informe n.º 6 (2009), página 24.

19 Consultas ante el TDLC sobre la licitación de terminales. EPSA la presentó el 12 noviembre del 2008, y EPV, el 24 de octubre del 2008.

20 Esta rivalidad es notable en el caso de Valparaíso y San Antonio, que desde décadas se disputan ser el primer puerto del país en carga movilizada.

21 Existe un tercer equilibrio en estrategias mixtas, en el que con cierta probabilidad, estrictamente mayor a cero y menor a uno, se entregan ofertas en cada uno de los puertos.

22 El Dictamen n.º 1045 permitía hasta el 15 por ciento de participación cruzada entre terminales del mismo mercado relevante.

23 De acuerdo a información contenida en el Informe n.º 5 y n.º 6, de 2009, del TDLC, la carga general movilizada en contenedores en los puertos de San Antonio y Valparaíso pasó del 74 por ciento el año 2000 al 86 por el 2008. Se espera que dicha tendencia creciente de los contenedores se mantenga en el tiempo.

24 Ver Informe n.º 5 y n.º 6, de 2009, del TDLC.

25 En la actualidad estos puertos son los terminales de Oxiquim, Quintero y Ventanas.

26 Informe n.º 5 y n.º 6, de 2009, del TDLC.

27 Se permite que los concesionarios incumbentes participen en la licitación de los nuevos terminales, pero, en caso de adjudicarse uno de ellos, deben renunciar a la concesión que ya explotan.

28 Resolución n.º 11, de 2006, del TDLC.

29 En el Puerto de San Antonio, los terminales de contenedores han sido empleados para descargar carga de a granel cuando el terminal especializado (Panul) tiene su capacidad copada. Las tarifas cobradas por el primero no están reguladas y son sustantivamente mayores que las del puerto especializado, las que se encuentran sujetas a regulación.

30 Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) es el nombre del Terminal n.º 2 del Puerto de Valparaíso, que se adjudicó la compañía OHL. Al momento de las licitaciones, TPS no estaba integrado con una compañía naviera relevante en el transporte de carga de contenedores. A finales de 2016, el grupo naviero Mediterranean Shipping Company (MSC) adquirió el 39 por ciento del terminal TPS.

31 Ver Dictamen 1268/2003 de la Comisión Preventiva Central sobre condiciones de licitación en Terminal de puerto San Vicente -Talcahuano.

32 Más argumentos sobre la pertinencia de resguardos ante concesiones competitivas se encuentran en González (2011).

ARTÍCULO

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA Y COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Felipe González

Pontificia Universidad Católica de Chile

Esperanza Johnson

Universidad de Chicago

Felipe González. PhD en economía por la Universidad de California, Berkeley. Profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Email: fagonza4@uc.cl.

Esperanza Johnson. Magíster en economía por la PUC y magíster en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Candidata a PhD en economía por la Universidad de Chicago. Email: esperanza@uchicago.edu.

Resumen. Con el objetivo de mejorar la inclusión del sistema educacional superior chileno, en junio de 2012 se incorporó al sistema de admisión universitario el llamado “puntaje ranking”. Este artículo estudia el desempeño académico y las decisiones de migración de establecimiento de los estudiantes afectados por esta política, y presenta dos resultados consistentes con cambios en el comportamiento de estudiantes y establecimientos. Primero, al comparar las notas de enseñanza media con las de octavo básico antes y después del puntaje ranking, se documenta un aumento en las notas de estudiantes de educación secundaria. Y segundo, luego del anuncio del puntaje ranking, se observa migración entre establecimientos de los estudiantes que más podrían beneficiarse con este traslado. En conjunto, estos resultados sugieren que el puntaje ranking incentivó a estudiantes y establecimientos a cambiar su comportamiento para maximizar los beneficios provenientes de esta política.

Palabras clave: enseñanza media, puntaje ranking, admisión universitaria, incentivos.

Recibido: enero 2018; aceptado: marzo 2018.

UNIVERSITY INCLUSION POLICIES AND STRATEGIC BEHAVIOUR IN SECONDARY EDUCATION

Abstract: In June 2012, the so-called “ranking score”, which measures students’ school performance relative to that of others in the same establishment, was incorporated into the university admissions system to enhance the inclusiveness of Chilean higher education. This article studies academic performance and changes of school among students affected by the policy and presents two findings indicative of changes in the behaviour of students and schools themselves. First, comparing students’ grades at the secondary level (the last four years of school before university) with those of the final primary year before and after the ranking score system reveals a rise in students’ grades at the secondary level. Second, following the announcement of the ranking score system, students standing to benefit most from changing school were found to be more likely to do this. Taken together, these findings suggest that the ranking score system has encouraged students and schools to change their behaviour to maximize the benefits from this policy.

Keywords: secondary education, ranking score, university admission, incentives.

Received: January 2018; accepted: March 2018.

1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de mejorar la inclusión en el sistema educacional superior chileno, en junio del año 2012 el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) incorporó el ranking de notas en educación secundaria al sistema de admisión universitario. Aunque esta política intenta beneficiar a los mejores estudiantes de cada establecimiento, su efecto real depende del comportamiento de todos los integrantes del sistema de educación secundaria. Para una completa evaluación de esta política, es necesario estudiar los cambios en el comportamiento de establecimientos y alumnos, luego de su implementación. ¿Observamos cambios en el desempeño de los principales actores de la educación secundaria? ¿Cómo se relacionan estos cambios con el objetivo principal de la política? Creemos que responder estas preguntas es importante para mejorar el diseño de este tipo de políticas públicas y así maximizar sus beneficios y minimizar sus efectos negativos.

Este artículo evalúa si la introducción de esta política de inclusión, conocida como “puntaje ranking”, provocó cambios en el comportamiento de los actores de la educación secundaria. En particular, evaluamos la posibilidad de cambios en las notas de enseñanza media y la migración de estudiantes entre establecimientos educacionales, movimientos que podrían describirse como “comportamientos estratégicos” a los incentivos introducidos por la política de inclusión. Debido a la forma en que se aplicó el ranking inicialmente, los estudiantes pueden beneficiarse tanto del aumento de las notas como de la migración.[1] En este sentido, la reacción de un agente al cambio en la estructura de incentivos con el objetivo de mejorar su bienestar puede entenderse como un “comportamiento estratégico”.

Para evaluar la posibilidad de estos cambios de comportamiento, utilizamos datos administrativos del Ministerio de Educación de Chile. En particular, hacemos uso de las bases de datos de notas, matrícula y asistencia mensual de los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio para el período 2007-2015.[2] Además de estos datos, hacemos uso extensivo de la posición de los alumnos de cuarto medio respecto a la zona de bonificación por ranking de notas; es decir, el rango de notas en el cual el estudiante accede al bono por ranking. Al comienzo de su último año académico, los estudiantes de cuarto medio tienen una buena estimación de la probabilidad de obtener una bonificación por ranking. Algunos estudiantes se encuentran dentro de la zona de bonificación, otros tendrán que esforzarse para alcanzar estos puntos extras y otros, sin importar lo que hagan en ese establecimiento, nunca podrán obtener los beneficios de la política. Este simple hecho significa que la política debiese introducir incentivos distintos dependiendo de la situación académica de los estudiantes.[3]

Con los datos anteriormente descritos, utilizamos dos metodologías para evaluar cambios en el comportamiento. En primer lugar, para estudiar cambios en la distribución de notas, comparamos las calificaciones de enseñanza media —es decir, primero a cuarto medio— con las de octavo básico, antes (2007-2011) y después (2012-2015) de la introducción del puntaje ranking, en una estimación de diferencias-en-diferencias con errores agrupados por establecimiento. Y en segundo lugar, para analizar la posibilidad de una migración de alumnos como respuesta estratégica a la política, estimamos la probabilidad de migrar en función de la posición de cada uno de los alumnos de cuarto medio respecto a la zona de bonificación por ranking.[4] La zona de bonificación comienza en una nota específica que, al ser una función de las notas de cohortes pasadas, se encuentra predeterminada desde el punto de vista de un estudiante. Además, este análisis utiliza también la modificación del puntaje ranking en agosto del 2014, la cual disminuye significativamente los beneficios derivados de la migración de establecimiento.[5]

Los resultados de este trabajo sugieren la existencia de cambios importantes luego de la introducción del puntaje ranking en junio del 2012. Por un lado, los datos revelan un aumento significativo en las notas de enseñanza media a partir del 2012. Más precisamente, encontramos un alza de aproximadamente una décima en el promedio de notas de enseñanza media después del 2012 (ejemplo, de 5,1 a 5,2). Este aumento es más grande en cuarto medio que en primero medio, mayor en establecimientos públicos que privados, similar en establecimientos con bajo y alto Simce, y similar entre establecimientos con muchos y pocos alumnos que rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Este aumento en las notas puede, teóricamente, tener su origen tanto en un mayor esfuerzo de los alumnos para alcanzar más puntos en el proceso de admisión universitaria o puede deberse a una “inflación” de las notas proveniente del establecimiento, con el objetivo de mejorar la posición relativa de sus alumnos. Un análisis del aumento de las notas en cuarto medio, a través de la distribución de notas a fines de tercero medio, sugiere que la inflación es relativamente más importante.[6]

Por otro lado, observamos, además, una migración de alumnos de cuarto medio consistente con los movimientos en los incentivos que introduce el ranking año a año. El primer resultado muestra que, al terminar tercero medio, la probabilidad de migrar de establecimiento a final del año es significativamente más alta entre aquellos estudiantes con incentivos a migrar. Además, observamos patrones similares al estudiar cambios de establecimientos dentro del año escolar en cuartos medios. Estos resultados se mantienen incluso si controlamos por el desempeño académico de los estudiantes (usando puntajes Simce) y si controlamos por efectos fijos (por establecimiento). Más aún, el aumento en migración que encontramos en los años 2012-2014 disminuye significativamente luego de las modificaciones del 2014, las cuales limitan los beneficios de la migración. En su conjunto, concluimos que la migración entre establecimientos se mueve de manera consistente con los incentivos introducidos por el ranking, y estimamos que aproximadamente 1.400 alumnos se cambiaron de establecimiento el año posterior a la introducción del ranking, esto como consecuencia de dicha política: 1.000 al final de tercero medio y 400 cuando cursaban cuarto medio.

Los resultados de este trabajo enfatizan la importancia de estudiar teórica y empíricamente los incentivos introducidos por una política, los cuales siempre tienen el potencial de modificar el comportamiento de los agentes. Si los cambios en los incentivos generan o no cambios de comportamiento es una pregunta empírica que debe analizarse cuidadosamente, para así poder evaluar la política en su plenitud. En este caso, una evaluación del puntaje ranking como política de inclusión social estaría incompleta sin considerar los cambios de los principales actores de la educación secundaria que hemos documentado. Es así como esperamos que este artículo contribuya más genéricamente a discutir potenciales comportamientos estratégicos de agentes, con el fin de diseñar una política.

La siguiente sección (2) describe cómo la introducción del puntaje ranking modifica los incentivos de los principales actores de la educación secundaria. La sección 3 describe los datos administrativos que utilizamos y la construcción de variables claves en nuestro análisis. La sección 4 evalúa los cambios en las notas de enseñanza media antes y después de la política. La sección 5 hace lo propio con la migración entre establecimientos educacionales. Finalmente, la sección 6 concluye.

2. INCENTIVOS DEL RANKING EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

En el año 2002, el Ministerio de Educación junto al Consejo de Rectores (Cruch) deciden cambiar el sistema de admisión universitario, reemplazando la Prueba de Aptitud Académica por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que se hace efectivo desde el proceso del año 2004. Con la incorporación de la PSU, la entrada al sistema universitario depende del resultado en las pruebas incluidas en esta nueva herramienta y del promedio de notas de enseñanza media (NEM) de cada estudiante.

El 14 junio del 2012, el Cruch anunció la incorporación de un nuevo factor al proceso de selección universitaria llamado puntaje ranking de notas, el cual es efectivo desde el proceso de admisión del año 2013. El puntaje ranking captura la posición relativa del estudiante en su “contexto educativo” y pretende ser un mecanismo que aumente la equidad en el proceso de acceso a la educación superior, beneficiando a aquellos estudiantes que, frente a oportunidades educativas equivalentes, obtengan mejores resultados.

2.1. Descripción del puntaje ranking

En junio de 2012, se incorporó el puntaje ranking al proceso de selección universitaria, el que compara el desempeño de un estudiante en un contexto educativo específico, con estudiantes de las tres generaciones anteriores en ese mismo contexto educativo. Originalmente, el contexto educativo estaba definido como el establecimiento de egreso, pero eso cambió en el año 2014, tal y como detallamos más adelante.

El puntaje ranking no constituye un ranking propiamente tal, porque no ordena a los alumnos de una forma sistemática y no incluye de manera directa la posición del estudiante respecto a su generación de egreso, sino que compara las notas de un estudiante con las tres generaciones anteriores egresadas del mismo establecimiento. Esta comparación tiene como objetivo eliminar la competencia entre alumnos de una misma generación. En particular, se comparan las notas de los estudiantes con dos estadísticos de las tres generaciones anteriores; es decir, estadísticos del “contexto educativo”:

—Promedio de notas en el contexto educativo: Se considera el promedio final de enseñanza media de las tres últimas generaciones y con estas tres notas se calcula un promedio simple.

—Máximo de notas: Se considera el estudiante con el mayor promedio de egreso de las tres últimas generaciones y con estas tres notas se calcula un promedio simple del máximo.

Una vez calculados estos dos estadísticos, que están predeterminados desde el punto de vista de los estudiantes, el puntaje ranking se calcula como una bonificación creciente respecto al puntaje NEM, en base a una función del promedio de enseñanza media del estudiante y el promedio de notas y máximo del contexto educativo de egreso del estudiante. La figura 1 ilustra esta función, donde x1 representa el promedio de las tres generaciones pasadas, y x2, la nota máxima promedio en esas mismas generaciones.

Como muestra la figura 1, si el NEM del estudiante está bajo el promedio del contexto educativo, entonces el puntaje ranking es equivalente al puntaje NEM. Ahora bien, si el NEM del estudiante está por sobre el promedio, pero bajo el máximo del contexto educativo, éste recibe una bonificación por sobre el puntaje NEM, y así su puntaje ranking pasa a ser mayor que su NEM, en proporción creciente por cuanto más se aleje del promedio. Además, si el NEM es mayor al máximo de las tres generaciones anteriores de su contexto educativo, el puntaje ranking es equivalente al máximo de 850 puntos.[7] Esta bonificación en puntos PSU introduce incentivos que podrían afectar el comportamiento de los agentes.

Es importante enfatizar que la bonificación que entrega el puntaje ranking no depende solamente del desempeño relativo del estudiante dentro de su contexto educativo, sino también de las características de este contexto. Es posible que dos estudiantes, en la misma posición relativa en su generación y con el mismo NEM, tengan puntajes ranking distintos debido a las características de su contexto educativo.[8]

Figura 1. PUNTAJE RANKING

En una primera etapa del puntaje ranking se consideraban sólo los estadísticos del contexto educativo de egreso para calcular las bonificaciones por ranking. Sin embargo, en agosto de 2014 se introdujeron modificaciones al cálculo del puntaje ranking para reflejar la trayectoria escolar completa del estudiante y no solamente el establecimiento de egreso. La modificación entró en vigencia en el proceso de admisión del año 2016 y tenía como motivación explícita limitar los beneficios de un comportamiento estratégico asociado a la potencial migración entre establecimientos educacionales.

Esta modificación en la política se tradujo en que, tras 2014, para cada contexto educativo al que el estudiante perteneció durante la enseñanza media, se calcula el promedio ponderado considerando los cursos en los que el estudiante se desempeñó. Además, se considera una población de referencia que incluye las tres últimas generaciones que asistieron a los mismos cursos en el contexto educativo que el estudiante. Dada esa población de referencia, se computa el promedio de notas y el máximo para cada contexto educativo al que el estudiante perteneció durante la educación media. Con estos indicadores, se calcula un puntaje ranking para cada contexto educativo siguiendo la fórmula antes descrita. Por último, se calcula el puntaje ranking final usando un promedio ponderado de los puntajes ranking por contexto educativo, según la cantidad de cursos realizados en cada contexto.

Finalmente, en marzo del 2017, se aprobó una última modificación a la normativa del puntaje ranking. Esta establece que el puntaje ranking se calcula únicamente en el primer proceso de admisión en el cual el estudiante participa y luego se mantiene para otros posibles procesos. De esta manera, el contexto educativo queda fijo según el año de egreso del estudiante.

En este artículo estudiamos distintas etapas de la política en análisis. En primer lugar, nos concentramos en el período comprendido entre la inclusión del puntaje ranking y el anuncio de agosto de 2014, cuando el puntaje ranking genera nuevos incentivos tanto para los establecimientos como para los estudiantes secundarios. Y en segundo lugar, estudiamos el período de la política posterior a los cambios anunciados en 2014, cuando los beneficios a la migración entre establecimientos son menores.

2.2. Incentivos introducidos por el puntaje ranking

La bonificación que entrega el puntaje ranking es atractiva para los estudiantes, porque aumenta sus posibilidades de entrar a la educación superior y a su carrera de preferencia. Como se describió en la sección pasada, aquellos estudiantes con notas de educación media mayores que el promedio de su contexto educativo, obtienen más puntos por su NEM, dado su buen desempeño relativo: relativo al establecimiento del que egresaron antes del año 2014 y, después de esa fecha, relativo a todos los establecimientos a los que asistieron.

Consideremos el caso de un estudiante a comienzos de cuarto medio. Éste tiene incentivos adicionales para mejorar su desempeño, siempre y cuando pueda obtener un NEM mayor al promedio de su contexto educativo, y mientras su promedio sea menor al máximo del mismo contexto. La figura 2 describe la bonificación por sobre el puntaje NEM que tendrían los estudiantes a principios de cuarto medio, según el NEM acumulado hasta ese punto. En esta figura, x1 representa el promedio de las tres generaciones pasadas, x2, la nota máxima promedio considerando esas mismas generaciones y x0 representa el promedio de notas mínimo que un estudiante debe tener a comienzos de cuarto medio para que sea posible alcanzar la zona de bonificación mediante un aumento de su promedio en este último año.[9]

El puntaje ranking introduce incentivos diferenciales según el promedio acumulado que tienen los estudiantes al comienzo de cuarto medio. Estos incentivos nos permiten clasificar a los estudiantes dependiendo de su posición con respecto a la bonificación. En primer lugar, los estudiantes que pertenecen a la zona de bonificación son aquellos con notas (parciales) de enseñanza media, entre x1 y x2, y tienen incentivos adicionales a mejorar sus notas para así obtener mayor puntaje gracias a la bonificación, como se ve en la figura 2.

Figura 2. INCENTIVOS Y POSICIÓN EN EL ÍNDICE

En segundo lugar, aquellos estudiantes con promedio mayor al máximo histórico x2, no reciben incentivos adicionales a mejorar sus notas después de la introducción del puntaje ranking, porque un mayor promedio sólo aumentaría el puntaje NEM que reciben, pero no su puntaje ranking (que, como se explicó, ya está en el máximo de 850). En tercer lugar, los estudiantes que pueden acceder a la zona de bonificación tienen un promedio (parcial) de enseñanza media entre x0 y x1. Éstos no reciben bonificación por sobre el puntaje NEM, como muestra la figura 2, pero podrían hacerlo si su desempeño en cuarto medio es tal que su NEM queda por sobre x1. De esta manera, el incentivo a aumentar sus notas existe, aunque es posiblemente más bajo que el de los estudiantes con promedio acumulado entre x1 y x2, y más alto que aquellos con un promedio acumulado mayor que x2. Por último, los estudiantes con un promedio acumulado bajo x0 no pueden acceder a la zona de bonificación y, por ello, no tienen incentivos adicionales a aumentar sus notas.

2.3. Posibles comportamientos estratégicos

El puntaje ranking introduce diferentes incentivos para los estudiantes, según su posición respecto a la zona de bonificación por ranking. De esta forma, la incorporación del puntaje ranking puede haber tenido un impacto en el esfuerzo que ejercen los estudiantes. Pero también es posible que el puntaje ranking incentive comportamientos estratégicos que permitan beneficiarse de la bonificación que el puntaje ranking entrega. Esta preocupación por comportamientos estratégicos la manifestó el Ministerio de Educación antes de la introducción de la política:

[el puntaje ranking] podría generar incentivos a conductas estratégicas tanto de parte de los establecimientos, como de los mismos estudiantes. Aumentos en las notas, reducción de las diferencias entre las notas más altas y las más bajas o cambios de establecimiento en el último año son situaciones que podrían darse con el objetivo de mejorar los puntajes de ranking. (Mineduc 2012)

2.3.1. Cambios en la distribución de notas

Los establecimientos se benefician del rendimiento de sus estudiantes y del resultado de éstos en el proceso de admisión a la educación superior. Por lo tanto, es posible que incurran en conductas estratégicas para aumentar la probabilidad de éxito de sus estudiantes.

Frente a la inclusión del puntaje ranking, es posible que algunos establecimientos hayan reaccionado subiendo las notas de todos los estudiantes que participaron del proceso de admisión del año 2013. La lógica detrás de esto, que llamamos “inflación de notas”, es que, dado que los indicadores del contexto educativo que se consideran en el cálculo del puntaje ranking están fijos, es posible mejorar el desempeño relativo de los estudiantes que egresan subiendo sus notas, con lo que optimizan su NEM. Esto se debe a que el puntaje ranking aumentó significativamente la ponderación de las notas de enseñanza media al momento de postular a la educación superior. Sin embargo, ésta es una estrategia de corto plazo, porque, dada la función que define la bonificación del puntaje ranking, vemos que un aumento del NEM de una generación respecto a las anteriores beneficia a esa generación en particular pero perjudica a las siguientes, ya que la bonificación del puntaje ranking se calcula en base al desempeño pasado del contexto educativo.

De esta manera, debiésemos esperar un aumento similar en las notas de todas las generaciones de educación media después de la inclusión del puntaje ranking, con el fin de no perjudicar a los estudiantes de las generaciones futuras. Así, la comparación entre generaciones sería similar al escenario antes del cambio, ya que lo que importa es la posición relativa de los estudiantes de la generación que egresa respecto a las tres generaciones anteriores. Por lo tanto, no es claro que los establecimientos reaccionen aumentando las notas de sus estudiantes; en caso de ocurrir dicho fenómeno, debiesen tender a hacerlo para todas las generaciones que egresaron desde el año 2012.[10]

De igual manera, es teóricamente posible observar un aumento en el promedio de notas de enseñanza media que provenga de un mayor esfuerzo por parte de los alumnos que se benefician de la bonificación. Nuestro análisis empírico intenta dar luces respecto a la existencia de cambios en las notas de enseñanza media y el potencial mecanismo detrás de estos posibles cambios.

2.3.2. Migración de estudiantes entre establecimientos

El puntaje ranking también pudo incentivar cambios de establecimiento por parte de los estudiantes, con el fin de obtener una mayor bonificación. En principio, estudiantes que pertenecían al grupo bajo “x0” o entre “x0” y “x1” podían cambiarse a un establecimiento donde sus notas eran mejores en relación con el contexto educativo, y así obtener la bonificación del puntaje ranking. Este incentivo estuvo presente hasta la modificación que se anunció en agosto de 2014, porque después de ésta el cálculo del puntaje ranking considera todos los contextos educativos a los que el estudiante perteneció, lo que limita significativamente el puntaje ranking adicional proveniente de un cambio de establecimiento.[11]

Tras la incorporación del puntaje ranking, se generó una controversia respecto a los cambios de establecimiento en cuarto medio de algunos estudiantes como supuesta consecuencia del puntaje ranking. Existe evidencia anecdótica que avala esta respuesta estratégica. Éste es el caso de cinco liceos de excelencia que en conjunto perdieron cerca de 400 estudiantes de cuarto medio entre marzo y octubre de 2014.[12]

3. DATOS

3.1. Bases administrativas

Para estudiar cambios en la distribución de notas, utilizamos las bases de rendimiento académico del universo de estudiantes en enseñanza media entre los años 2007 y 2015. Para estudiar la migración entre establecimientos, nos enfocamos sólo en establecimientos municipales y particular subvencionados en los años 2012-2015, omitiendo el 2011, debido al impacto del movimiento estudiantil en la asistencia de los alumnos. La omisión de los establecimientos particulares pagados del análisis de migración se debe a que éstos no están obligados a reportar asistencia mensual, que constituye la base de datos desde la cual inferimos cambios de establecimiento dentro del año académico.

Además de las bases anteriores, utilizamos también la matrícula anual, que especifica el establecimiento al que pertenece el estudiante y otros datos demográficos de interés. De esta manera, para cada estudiante observamos su promedio final de notas para cada nivel de educación media y, por lo tanto, sus notas de enseñanza media (NEM), su asistencia a nivel mensual y el establecimiento en el que está en cada mes y año de la enseñanza media. El NEM —parcial— de los estudiantes a comienzos de cuarto medio junto con el promedio de su contexto educativo nos permiten identificar su posición respecto a la bonificación por ranking (ver figura 2). Finalmente, usamos el puntaje Simce que obtuvo cada estudiante durante la educación básica y media como indicador de desempeño, lo que permite comparar alumnos entre establecimientos.

3.2. Estadísticas descriptivas

El cuadro 1 presenta los estadísticos descriptivos de la muestra de estudiantes y establecimientos que utilizamos en nuestro análisis. La primera base corresponde a los promedios de notas por establecimiento, desde octavo básico a cuarto medio, para todos los años desde el año 2007 hasta el 2015 (por ejemplo, establecimiento A, octavo básico, año 2012). La segunda base corresponde a todos los estudiantes de cuarto medio que tienen información disponible de asistencia mensual y promedio de notas para todos los años previos de enseñanza media. Con esta última información, calculamos la posición del estudiante con respecto a la bonificación por ranking. El cuadro 1 reporta el número de establecimientos y estudiantes para cada una de estas bases de datos.

Cuadro 1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA MUESTRA

Establecimientos

Estudiantes

Año escolar

Análisis

notas

(8vo-4to medio)

Análisis

migración

(4to medio)

Análisis

notas

(8vo-4to medio)

Análisis

migración

(4to medio)

2007

6.296

–

893.915

–

2008

6.318

–

887.000

–

2009

6.376

–

876.173

–

2010

6.397

–

873.807

–

2011

6.383

–

847.735

–

2012

6.436

2.181

844.312

142.008

2013

6.417

2.198

839.057

141.835

2014

6.415

2.240

844.774

140.879

2015

6.379

2.304

848.286

144.276

Fuente: Construcción propia con base en datos administrativos provenientes del Ministerio de Educación de Chile.

La figura 3 presenta una serie de tiempo con el promedio final y la nota máxima promedio de octavo básico y el NEM, y otros estadísticos de interés, desde el año 2007 hasta el 2015. En el panel A se puede ver que las notas promedio se mantienen relativamente estables hasta el año 2011, y que la tendencia es que el promedio final de octavo básico sea mayor que el NEM. Sin embargo, esta tendencia cambia tras la introducción del puntaje ranking el año 2012. A partir de ese año el NEM comienza a ser cada vez mayor y ya en el año 2014 sobrepasa levemente al promedio de octavo básico. La desviación estándar de la distribución se mantiene constante, y los percentiles se mueven de manera similar a la media, sugiriendo que la distribución no cambió su forma, sólo se movió hacia la derecha. Aunque sugerentes, estos patrones no significan necesariamente que los establecimientos hayan reaccionado modificando la forma en que evalúan a sus estudiantes para así beneficiarse del puntaje ranking. Es igualmente posible que los estudiantes hayan mejorado su desempeño académico debido al incentivo al esfuerzo introducido por el puntaje ranking. En la siguiente sección evaluamos empíricamente cuál de estas alternativas parece más plausible. La figura 3b muestra que la nota máxima promedio en enseñanza media se ha mantenido relativamente estable en 6,6 aunque con un leve incremento a partir del año 2014.

Figura 3. CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE NOTAS EN ENSEÑANZA MEDIA

La figura 4 presenta patrones de migración de establecimiento para tres tipos de estudiantes: aquellos que están sobre el promedio del contexto educativo, y aquellos que están bajo el promedio y pueden —o no— alcanzar la bonificación por ranking. El panel (a) muestra los cambios entre años, que en promedio fluctúan alrededor del 2 por ciento de los alumnos. El panel (b) muestra los cambios dentro del año escolar, que en promedio oscilan alrededor del 0,2 por ciento. Este panel también destaca con líneas verticales el período con incentivos introducidos por el puntaje ranking.[13] Como mencionamos en la sección anterior, los incentivos introducidos por el puntaje ranking pueden afectar de manera desigual a estudiantes con distinto desempeño relativo. La sección 5 presenta una metodología para testear esta hipótesis de migración diferencial, dependiendo de la posición respecto a la bonificación por ranking.

Figura 4. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE ESTABLECIMIENTOS

a) Cambio de establecimiento entre años

b) Cambio de establecimiento dentro del año

Nota: En ambas figuras el eje y representa el porcentaje de alumnos en el país que cambia de establecimiento.

4. NOTAS EN ENSEÑANZA MEDIA

En esta sección evaluamos si hubo o no un cambio en la distribución de notas en enseñanza media como consecuencia de la introducción del puntaje ranking en el año 2012. Luego de presentar nuestra estrategia de evaluación, discutiremos la importancia relativa de potenciales explicaciones detrás de los cambios observados.

4.1. Metodología

Para testear la existencia de un potencial cambio en la distribución de notas en enseñanza media luego de la introducción del puntaje ranking, estimamos la siguiente regresión usando mínimos cuadrados ordinarios:

Nijt = b(EnsMediai*PtjeRankingt) + dij + gt + eijt (1)

donde Nijt es la media del promedio de notas de los alumnos cursando el nivel i, en el establecimiento j, durante el año t (ejemplo: segundo medio, establecimiento A, año 2012). Además, EnsMedia es un indicador que toma el valor de uno para todos los niveles de enseñanza media, mientras que PtjeRanking es un indicador para el período con la política de puntaje ranking, es decir, desde el año 2012 en adelante. La categoría omitida, y por lo tanto el grupo de comparación en esta regresión, es octavo básico. Finalmente, dij y gt corresponden a efectos fijos por establecimiento-nivel y año, los cuales se hacen cargo de las diferencias en promedios de notas entre establecimientos, niveles, y años. El término eijt es un error con media cero que permitimos tenga una correlación arbitraria dentro de cada establecimiento educacional.

La ecuación (1) compara la media de la distribución del promedio de notas de los alumnos de octavo básico, con los de enseñanza media dentro de un mismo establecimiento a través del tiempo. Es decir, nuestra estrategia de identificación corresponde a una estimación de diferencias-en-diferencias. Esta estrategia descansa en el supuesto de tendencias paralelas entre ambos grupos. La figura 3 muestra tendencias paralelas en el período antes de la implementación de la política, evidencia que sugiere que el supuesto de tendencias paralelas en el período después de la política es razonable. Un potencial cambio en la distribución de notas en enseñanza media se traduce en un coeficiente b distinto de cero y estadísticamente significativo. Este parámetro mide cuánto difieren las notas en enseñanza media cuando las comparamos con las de octavo básico después de la introducción del puntaje ranking. En ese sentido, si las notas de octavo básico también están cambiado producto de la política, el coeficiente b estaría midiendo el cambio diferencial que tuvo la política en la enseñanza media.

4.2. Resultados

El cuadro 2 presenta la estimación de la ecuación (1), que corresponde a la diferencia estadística de los patrones que observamos en la figura 3a. Los coeficientes estimados sugieren que la relación entre las notas de octavo básico y enseñanza media cambia significativamente tras la incorporación del puntaje ranking. En particular, las notas en enseñanza media parecen haber aumentado en 0,9 décimas (columna 1), aumento que es relativamente mayor en establecimientos municipales (columna 2) y particulares subvencionados (columna 3) que en particulares pagados (columna 4). Estos resultados son similares al incluir efectos fijos por establecimiento en el período 2012-2015, con un coeficiente de 0,087 (valor p<0,01).[14]

Cuadro 2. CAMBIO EN NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA

La variable dependiente es el valor promedio de las notas de los alumnos en un establecimiento-nivel-año

Todos

(1)

Municipal

(2)

Particular

subvenc.

(3)

Particular

pagado

(4)

Ens. Media × Ptje. Ranking

0,085*** (0,003)

0,100*** (0,006)

0,079*** (0,004)

0,046*** (0,006)

E.F. establecimiento-nivel

x

x

x

x

E.F. año

x

x

x

x

Establecimientos

6.887

3.397

3.012

449

Observaciones

131.133

45.855

67.581

17.086

Nota: Cada observación corresponde al valor promedio de las notas en un establecimiento-nivel-año (ej. establecimiento A, 3ero medio, 2008). La categoría omitida es 8vo básico. El período de observación corresponde a los años 2007–2015. “Ptje. Ranking” corresponde al período entre los años 2012–2015. En paréntesis presentamos los errores estándar agrupados a nivel de establecimiento.

Significancia estadística: *p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01.

Para testear la heterogeneidad de este aumento en distintos establecimientos, utilizamos la misma estrategia anterior, pero restringiendo la estimación a establecimientos con ciertas características; por ejemplo, particulares subvencionados, de alto puntaje Simce, bajo puntaje Simce, etcétera. El cuadro 3 revela que el aumento de notas en enseñanza media es relativamente estable entre establecimientos de distinto rendimiento académico, medido como la posición del establecimiento en la distribución de puntajes Simce. De igual manera, el aumento es similar en establecimientos donde un bajo porcentaje de alumnos rinde la prueba de selección universitaria (PSU, columna 5) y donde un alto porcentaje rinde esta prueba (columna 6).[15] Esta última distinción es importante, porque sugiere que nuestras estimaciones no se explican por establecimientos que más se beneficiarían de subir las notas. De igual manera, observamos un aumento similar en establecimientos con menos de 40 alumnos en enseñanza media (0,087), entre 40 y 90 alumnos (0,088), y más de 90 alumnos (0,088). Este aumento de notas es también similar en establecimientos con apoderados de distintos niveles socioeconómicos.[16]

Cuadro 3. HETEROGENEIDAD EN EL CAMBIO EN NOTAS

La variable dependiente es el valor promedio de las notas de los alumnos en un establecimiento-nivel-año

Simce

cuartil 1

(1)

Simce cuartil 2

(2)

Simce cuartil 3

(3)

Simce cuartil 4

(4)

Pocos alumnos rinden PSU

(5)

Muchos alumnos rinden PSU

(6)

Ens. Media × Ptje. Ranking

0,079***

(0,014)

0,102***

(0,010)

0,081*** (0,007)

0,081*** (0,004)

0,094*** (0,005)

0,084*** (0,004)

E.F. establecimiento-nivel

x

x

x

x

x

x

E.F. año

x

x

x

x

x

x

Establecimientos

1.524

1.560

1.527

2.276

906

5.981

Observaciones

16.716

20.494

28.362

65.561

37.848

93.286

Notas: Cada observación corresponde al valor promedio de las notas en un establecimiento-nivel-año (ej. establecimiento A, 3ero medio, 2008). La categoría omitida es 8vo básico. El período de observación corresponde a los años 2007–2015. “Ptje. Ranking” corresponde al período entre los años 2012–2015. En paréntesis presentamos los errores estándar agrupados a nivel de establecimiento.

Significancia estadística: *p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01.

La figura 5 muestra el aumento de notas por nivel de enseñanza media, a través de graficar los coeficientes estimados de una versión de la regresión (1) en la cual dejamos que el parámetro b varíe por año. Como podemos ver, la introducción del puntaje ranking está asociada a un aumento en las notas de todos los niveles de enseñanza media, crecimiento que es mayor en tercero y cuarto medio. El aumento desigual del promedio de notas en los distintos grados de enseñanza media sugiere que los estudiantes de distintos niveles podrían percibir los incentivos del puntaje ranking de manera desigual, o, bien, que los establecimientos reaccionan de forma diferente según el nivel en el que se encuentran sus alumnos.

Figura 5. CAMBIO EN NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA

Nota: Estas figuras presentan los coeficientes estimados b de una versión de la regresión (1) en que dejamos que el parámetro b varíe para cada año. En estas estimaciones la categoría base es siempre el año 2010. Los errores estándar están nuevamente agrupados por establecimiento.

4.3. ¿Qué explica el cambio de notas en enseñanza media?

Es posible que el aumento en las notas en enseñanza media esté relacionado con mayores esfuerzos de los estudiantes o con cambios en la forma en que evalúan los establecimientos. Llamamos “inflación de notas” a este último caso. Para poder distinguir entre estas posibles explicaciones, analizamos el aumento en las notas a través de su distribución. Si el esfuerzo es relativamente más importante, esperamos que el aumento en las notas sea mayor entre aquellos estudiantes que más se beneficiarían del esfuerzo; es decir, aquellos que están en la zona de bonificación o relativamente cerca de ésta.[17]

La figura 6 grafica la diferencia entre las notas de cuarto medio y la nota acumulada de primero a tercero medio para distintos tipos de alumnos. En particular, el punto correspondiente al cero en el eje vertical y cero en el eje horizontal corresponde a aquellos estudiantes que habrían tenido en cuarto medio un promedio igual al acumulado hasta tercero medio e igual al promedio de enseñanza media de su contexto educativo. Por otro lado, el punto correspondiente al 0,4 en el eje vertical y 1 en el eje horizontal corresponde a alumnos que subieron en 4 décimas sus notas en cuarto medio (por ejemplo, 6,0 en tercero medio y 6,4 en cuarto medio) y además lograron 1 punto (10 décimas) por sobre el promedio de su contexto educativo. La figura muestra la relación entre este cambio de notas entre tercer y cuarto medio y la posición de los alumnos respecto a la bonificación por ranking. Además, se muestra cómo esta relación cambió después de la incorporación del puntaje ranking. Esta simple comparación de promedios por tipo de alumno muestra que el aumento de notas es similar para todos los estudiantes, independiente de los incentivos desiguales que enfrentan. Dicho de otra manera, las notas de todos los alumnos aumentaron en una magnitud similar tras la incorporación del puntaje ranking. De hecho, las notas parecen haber aumentado menos entre los alumnos que obtienen o podrían obtener la bonificación. En este sentido, estos resultados constituyen evidencia sugestiva a favor de la inflación de notas y no del esfuerzo.

Figura 6. ¿INFLACIÓN DE NOTAS O ESFUERZO?

Nota: El eje y corresponde al promedio de la diferencia entre las notas de 4to medio y las notas de 1ero-3ero medio para alumnos que se encuentran a cierta distancia de la bonificación por puntaje ranking (eje x).

5. MIGRACIÓN ENTRE ESTABLECIMIENTOS

En esta sección evaluamos la existencia de un segundo comportamiento estratégico luego de la introducción del puntaje ranking: una migración de alumnos entre establecimientos educacionales. Para ello, utilizamos la “distancia” de los alumnos a la bonificación por ranking en un modelo de corte transversal en distintos períodos de la política.

5.1. Metodología

Para evaluar la relación entre la introducción del puntaje ranking y cambios de establecimiento educacional, utilizamos la posición de los estudiantes de cuarto medio al comienzo del año escolar con respecto al promedio del contexto educativo. La motivación detrás de esta estrategia empírica es que esta posición determina la posibilidad de un estudiante de obtener puntos de bonificación por ranking.

Econométricamente, estimamos la siguiente regresión usando mínimos cuadrados ordinarios:

Mijt = at + bt Nijt + ct Sijt + dt xijt + pit + eijt (2)

donde Mijt es un indicador que toma el valor de uno para los estudiantes i que migraron de establecimiento j en el período t, at corresponde a un intercepto, xijt es un vector de variables de control, pit corresponde a efectos fijos por establecimiento educacional en el período t y eijt a un error con media cero. Para evitar confundir el efecto del ranking con el desempeño académico de los alumnos y los efectos retrasados de la movilización estudiantil, las regresiones incluyen controles por Simce y participación en protestas.[18]

Las dos variables de interés son Nijt y Sijt, que corresponden a indicadores que toman el valor de uno si el estudiante i se encuentra bajo el promedio del contexto educativo y no puede alcanzar la bonificación en el caso de Nijt (es decir, está bajo x0 en la figura 2) o sí puede alcanzar la bonificación en el caso de Sijt (es decir, está sobre x1 en la figura 2). La categoría omitida son aquellos alumnos que comienzan cuarto medio obteniendo una bonificación por ranking (sobre x1 en la figura 2).[19] Estimamos la regresión (ecuación 2) para cada año entre el 2012 y el 2015 y observamos los movimientos en los coeficientes para estudiar los efectos del ranking.

Si la política de ranking afectó la decisión de migrar entre establecimientos esperamos que bt sea positivo y mayor a ct durante los años 2012 a 2014, y que la diferencia (bt - ct) disminuya en el 2015. Debido a que la decisión de migrar como consecuencia del ranking es una decisión estratégica, si mejora la situación del alumno que migra, esperamos una migración mayor entre alumnos que no pueden alcanzar la bonificación, pero que podrían alcanzarla en otro establecimiento; es decir: bt > ct > 0. La desigualdad ct > 0 se debe a que esperamos una migración aun menor entre los alumnos que están obteniendo la bonificación en su establecimiento actual. La desigualdad bt > ct en el período 2012-2014 la esperamos debido a que el ranking sólo toma en consideración el establecimiento de egreso entre julio 2012 y agosto 2014, lo que implica que éste es el período con mayores incentivos para migrar. Luego de agosto 2014, los incentivos a migrar son menores, ya que se anuncia que se considerarán, como se explicó, todos los establecimientos donde el alumno estuvo durante la enseñanza media; es decir, b_2015 < bt para t < 2015.

5.2. Resultados

Exploramos la relación entre la introducción del puntaje ranking y la migración de estudiantes para el caso de los estudiantes de cuarto medio, estimando dos versiones de la ecuación (2). La primera versión considera cambios de establecimiento entre años y la segunda versión considera cambios dentro del año.

En el caso de la migración de estudiantes entre años, se consideran los cambios desde el establecimiento en el cual el estudiante termina tercero medio hacia el que comienza cuarto medio. Estos cambios se analizan de forma independiente para los períodos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015, donde el período 2011/2012 no está afectado por el puntaje ranking. El período 2012/2013 es el primero después del anuncio de la incorporación del puntaje ranking, tras el cual los estudiantes de tercero medio tuvieron cerca de seis meses para decidir si migrar o no a un nuevo establecimiento. Luego el período 2013/2014 está sujeto a los mismos incentivos del período anterior, con la diferencia de que el puntaje ranking fue incorporado hace más tiempo. Finalmente, en el período 2014/2015 los estudiantes ya conocen las modificaciones que se hicieron en agosto del 2014, pero éstas no son efectivas hasta el proceso de admisión del 2016. El cuadro 4 presenta los resultados de la estimación de la ecuación (2) para estos períodos.

Cuadro 4. CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO ENTRE AÑOS

Variable dependiente: cambio de establecimiento entre años. Estudiantes: 4tos medios

Índice ranking

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

No puede alcanzar

bonificación

0,002*

(0,001)

0,007*** (0,002)

0,005*** (0,001)

0,004***

(0,001)

Sí puede alcanzar

bonificación

0,002

(0,001)

0,003***

(0,001)

0,003**

(0,001)

0,003***

(0,001)

Controles

Participación en

mov. estudiantil

-0,063**

(0,026)

Simce cuartil 1

-0,018***

(0,002)

-0,015***

(0,002)

-0,010***

(0,002)

-0,009***

(0,002)

Simce cuartil 2

-0,011***

(0,002)

-0,010***

(0,001)

-0,008***

(0,002)

-0,007***

(0,001)

Simce cuartil 3

-0,006***

(0,001)

-0,003***

(0,001)

-0,004***

(0,001)

-0,004***

(0,001)

Efecto fijo establecimiento

x

x

x

x

Promedio var. dependiente

0,023

0,021

0,020

0,020

Desv. estándar var. dependiente

0,151

0,144

0,141

0,141

R-cuadrado

0,089

0,105

0,090

0,111

Estudiantes

109.034

111.349

119.340

116.498

Nota: El grupo de comparación (categoría omitida en la regresión) son aquellos estudiantes que están en una posición de recibir bonificación por puntaje ranking. En paréntesis presentamos los errores estándar agrupados a nivel de establecimiento educacional.

Significancia estadística: *p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01.

Los resultados son consistentes con los diferentes incentivos que tienen los estudiantes según su desempeño relativo. En primer lugar, la introducción del puntaje ranking está asociada con cambios significativos en la tasa de migración de estudiantes entre años. Además, estos cambios varían según la posición relativa de los estudiantes, porque aquellos que están bajo el promedio de su establecimiento tienden a migrar más de establecimiento en el período 2013/2014. Lo anterior se disipa en el período 2014/2015, cuando los beneficios de migrar se reducen debido a la modificación introducida en agosto del 2014.

Al mismo tiempo, aquellos estudiantes que están por sobre el promedio migran menos en todos los períodos después de la incorporación del puntaje ranking. Específicamente, los estudiantes que están bajo el promedio de su establecimiento y no pueden alcanzar la bonificación migran 0,7 por ciento más en el período 2012/2013 que aquellos que están en la zona de bonificación, resultado que controla por el desempeño académico. Este número es significativamente más grande que en el período 2011/2012, y disminuye casi a la mitad en el período 2014/2015. De esta manera, los datos sugieren que el puntaje ranking está asociado a cambios de establecimiento que potencialmente beneficiarían a aquellos estudiantes para los que no es posible obtener la bonificación de este nuevo factor en su actual contexto educativo.

Cuadro 5. CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL AÑO

Variable dependiente: cambio de establecimiento dentro del año. Estudiantes: 4tos medios

Índice ranking

2012

2013

2014

2015

No puede alcanzar

bonificación

0,002

(0,001)

0,004*

(0,002)

0,003*** (0,001)

0,002**

(0,001)

Sí puede alcanzar

bonificación

0,001

(0,001)

0,001

(0,001)

-0,001

(0,001)

0,001

(0,001)

Controles

Simce cuartil 1

-0,003

(0,002)

-0,004

(0,002)

-0,023***

(0,004)

-0,006***

(0,001)

Simce cuartil 2

-0,003**

(0,001)

-0,001

(0,002)

-0,018***

(0,003)

-0,004***

(0,001)

Simce cuartil 3

-0,002

(0,001)

-0,002

(0,002)

-0,012***

(0,002)

-0,002***

(0,001)

Efecto fijo establecimiento

x

x

x

x

Promedio var. dependiente

0,042

0,074

0,018

0,013

Desv. estándar var. dependiente

0,200

0,262

0,132

0,115

R-cuadrado

0,530

0,652

0,289

0,162

Estudiantes

117.874

114.855

120.056

117.087

Nota: El grupo de comparación (categoría omitida en la regresión) son aquellos estudiantes que están en una posición de recibir bonificación por puntaje ranking. En paréntesis presentamos los errores estándar agrupados a nivel de establecimiento educacional.

Significancia estadística: *p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01.

Los resultados del análisis de cambios de establecimientos dentro del año, expresados en el cuadro 5, son muy similares a los presentados en el análisis anterior. Estos resultados sugieren que la introducción del puntaje ranking está asociada a cambios en la tasa de migración de estudiantes, la cual varía según el desempeño relativo de los estudiantes de la manera que se espera si el ranking está afectando el comportamiento.

En su conjunto, los cuadros 4 y 5 constituyen evidencia consistente con la hipótesis de que la política de puntaje ranking incentivó a un grupo de estudiantes a migrar de establecimiento educacional. No sólo migraron los estudiantes del grupo que más se podría beneficiar de la política, sino que también los patrones de migración siguen los movimientos en los incentivos de la política: (1) hay un aumento en la migración de este grupo en el período 2012/2013 que es mayor que en el período 2011/2012, y (2) hay disminución paulatina y significativa de la migración de este grupo en los años siguientes. El hecho de que estos patrones sean similares al estudiar la migración de establecimiento entre años y dentro del año reafirma la robustez de los resultados. La mayor migración entre años que dentro del año es también consistente con el mayor costo de migrar dentro del año.

Los alumnos que deciden migran deben también considerar su potencial posición en el establecimiento de destino. En ese sentido, es posible que los alumnos con mejor habilidad académica, pero en una mala posición de índice, tengan más incentivos a migrar que aquéllos en una mala posición pero con menores habilidades académicas. Algunos patrones en los datos sugieren que esto podría ser cierto. Por ejemplo, encontramos que dentro del conjunto de estudiantes que no está obteniendo la bonificación por puntaje ranking es más probable que migren aquéllos con mejor rendimiento relativo en la prueba Simce. Aunque alumnos con mejor Simce pueden diferir en otras dimensiones, estos patrones sugieren que la posición potencial podría ser un factor adicional que afecte la decisión de migrar.

5.3. Caracterización de estudiantes que migran entre establecimientos

¿Cuáles son las características de los estudiantes que migraron de establecimiento en respuesta al puntaje ranking? Esta pregunta es difícil de responder empíricamente debido a que sólo observamos estudiantes que migran de establecimientos, sin conocer la razón detrás de esta decisión. Para resolver este problema, nuestra estrategia es comparar variables observables de alumnos migrantes y no migrantes en establecimientos donde hubo un aumento anormal de migración en el año 2014, algo que estaría aparentemente motivado por el puntaje ranking. Este aumento corresponde a la migración de cerca de 400 alumnos de los siguientes establecimientos municipales en Santiago: Liceo de Aplicación, Liceo 7 de Providencia, Liceo 1, Instituto Nacional y Liceo Tajamar de Providencia. Como comparación, también analizaremos a migrantes y no migrantes en otros establecimientos municipales de Santiago donde no hubo un aumento anormal en migración.

El cuadro 6 presenta las diferencias entre estudiantes que migraron durante el año 2014 y los que no lo hicieron en estos cinco establecimientos municipales en Santiago. Como podemos observar en las tres primeras columnas, los un poco más de 400 estudiantes que migraron son relativamente similares a los estudiantes que no migraron en estos mismos establecimientos en términos de ingreso del hogar, conexión a internet en el hogar, asistencia a clases y participación en el movimiento estudiantil de 2011. Sin embargo, los migrantes tienen un promedio de notas aproximadamente una décima menor, diferencia que es estadísticamente significativa y consistente con los incentivos a la migración que hemos enfatizado. Más aún, cuando analizamos el promedio de notas de estos estudiantes migrantes en el establecimiento de destino, observamos que es tres décimas mayor (0,26 puntos, valor p<0,01). Este aumento, que llamamos “ganancia en notas” en el cuadro 6, es consistente con una migración estratégica para ganar décimas.

Cuadro 6. ESTUDIANTES QUE MIGRARON DE ESTABLECIMIENTO

La variable dependiente es el valor promedio de las notas de los alumnos en un establecimiento-nivel-año

Establecimientos con

estudiantes que migraron

durante el 2014 en respuesta al puntaje ranking

Otros establecimientos

municipales en Santiago

Migrantes

(1)

No-migrantes

(2)

Diferencia

(1) – (2)

Migrantes

(3)

No-migrantes

(4)

Diferencia

(3) – (4)

Ingreso mensual del hogar ($Ch)

702.598

691.121

11.476

592.462

534.128

58.334***

Participación en mov. estudiantil (0-1)

0,90

0,89

0,01

0,58

0,58

0,00

Conexión a internet en hogar (0-1)

0,83

0,85

-0,02

0,77

0,74

0,03

Asistencia anual a clases ( %)

92,3

92,9

-0,6**

92,8

92,3

0,5*

Notas en establecimiento de origen

5,75

5,84

-0,09***

5,79

5,58

0,21***

Ganancia en notas

0,54

0,28

0,26***

0,16

0,14

0,02

Total de alumnos

409

1.590

–

616

5.803

–

Nota: Este análisis incluye sólo a estudiantes de cuarto medio en el año 2014 matriculados en establecimientos municipales en la provincia de Santiago. Las columnas 1-3 incluyen sólo a establecimientos con alumnos que migraron entre establecimientos en respuesta al puntaje ranking en el 2014 (ver pie de página 12). Los alumnos “migrantes” son aquellos que se trasladaron de establecimiento en respuesta a la política. Todas las variables están medidas antes de la introducción del puntaje ranking en el año 2012 excepto “Ganancia en notas”, que corresponde a la diferencia entre el promedio de notas en el nuevo establecimiento y el promedio de notas en el antiguo establecimiento.

Significancia estadística: *p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01.

Para poder comprender estas diferencias de mejor manera, las últimas tres columnas de este cuadro presentan los mismos cálculos entre migrantes y no migrantes en otros establecimientos municipales en Santiago. Estas nuevas diferencias son relativamente similares, con la excepción del promedio de notas, donde vemos que los estudiantes que migraron tienen un promedio de notas mayor que los no migrantes. De igual manera, vemos que estos migrantes no lograron aumentar su promedio de notas (0,02 puntos, estadísticamente igual a cero).

En su conjunto, estas estadísticas descriptivas sugieren que los estudiantes que migraron en respuesta al puntaje ranking son similares en términos socioeconómicos a los que no migraron —con la excepción de su promedio de notas— y la migración les trajo beneficios a través del aumento de su promedio de notas en tres décimas (por ejemplo, de 5,6 a 5,9).

6. COMENTARIOS FINALES

Los resultados presentados en este artículo sugieren la existencia de comportamientos estratégicos entre establecimientos y estudiantes de la educación secundaria, originados como consecuencia de la introducción de la política de inclusión conocida como puntaje ranking. Por un lado, hemos presentado evidencia de un aumento significativo en las notas de enseñanza media luego de la introducción del ranking, la que parece provenir de un comportamiento estratégico de los establecimientos a la hora de evaluar a sus alumnos. Por otro lado, también hemos mostrado que el puntaje ranking, al cambiar la estructura de incentivos de los estudiantes secundarios, provocó una migración estratégica entre establecimientos. Estos últimos resultados sugieren entonces que calcular el ranking con referencia al establecimiento de egreso fue un error en el diseño inicial de la política.

¿Qué implican estos resultados para una evaluación de esta política de inclusión? Aunque creemos que es extremadamente difícil determinar si estos comportamientos estratégicos son positivos o negativos para el bienestar de todos los alumnos del sistema de educación secundaria, intentaremos dar algunas luces. La dificultad en la evaluación radica en que, aun cuando un grupo de alumnos puede haberse beneficiado de su comportamiento estratégico, esto inevitablemente afectará a otros estudiantes de la educación secundaria, tanto directamente a través de los cupos en la educación terciaria, como indirectamente a través de las externalidades intertemporales que provocará la inflación de notas para generaciones futuras.

Algunos puntos que consideramos relevantes para una evaluación general de la política son los siguientes. En primer lugar, encontramos diferencias significativas en el aumento de notas por tipo de establecimiento, lo que probablemente tiene efectos redistributivos que podrían disminuir la inclusividad de la política. Sin embargo, la opción de migrar de establecimiento existe sólo si hay un establecimiento al cual migrar a una distancia geográfica relativamente corta. Este último efecto sugiere que los estudiantes en zonas con mayor oferta educacional secundaria serán los más beneficiados por la política, lo que crea efectos redistributivos contrarios al objetivo inicial.

En segundo lugar, tanto el aumento en las notas de enseñanza media como la migración de alumnos son efectos de la política que creemos deben considerarse como transitorios. Dada la comparación intertemporal entre cohortes en un mismo establecimiento, el aumento en las notas por parte de un establecimiento sólo puede ocurrir en el corto plazo. De igual manera, la modificación que limita los beneficios de la migración entre establecimientos hace que los efectos observados sean extremadamente pequeños en el largo plazo. En ese sentido, consideramos que la modificación del año 2014 que entró en vigencia en el proceso de admisión del 2016 apunta en la dirección correcta.

REFERENCIAS

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Diamond, Rebecca & Petra Persson. 2017. “The Long-Term Consequences of Teacher Discretion in Grading High-Stakes Tests”. NBER Working Paper 22207.

González, Felipe. 2018. “Collective Action in Networks: Evidence from the Chilean Student Movement”. Documento de Trabajo 509, Instituto de Economía, PUC.

Larroulet, Cristián. 2011. “Análisis de la movilidad escolar en Chile”. Tesis de magíster. Instituto de Economía, PUC.

Mineduc, Centro de Estudios. 2012. Serie Evidencias, Año 1, n.º 7.

Pattison, Evangeleen, Eric Grodsky & Chandra Muller. 2013. “Is the Sky Falling? Grade Inflation and the Signaling Power of Grades”. Educational Researcher 42 (5): 259-265.

Zapata, Isidora. 2010. “El impacto del paro de profesores en la matrícula de los establecimientos municipales”. Tesis de magíster. Instituto de Economía, PUC. EP

1 Como mencionamos en la sección 2, el ranking es en realidad una comparación de la situación contemporánea de una cohorte con la situación histórica de otras cohortes en el mismo establecimiento.

2 Evitamos cualquier comparación que pueda estar contaminada estadísticamente por la irrupción del movimiento estudiantil del año 2011. Para más información acerca del movimiento estudiantil y la educación secundaria en Chile, ver González (2018).

3 Es posible que los estudiantes no cuenten con la información o el tiempo para beneficiarse al máximo de la política de ranking a través de potenciales comportamientos estratégicos. Si hay o no una respuesta es, en ese sentido, últimamente una pregunta empírica.

4 Otros estudios han mostrado reacciones de migración entre establecimientos tanto en educación primaria como secundaria en Chile frente a cambios en la estructura de incentivos. Ver, por ejemplo, Zapata (2010) y Larroulet (2011), para el caso de Chile, y Cullen et al. (2013), para el caso de estudiantes en el estado de Texas en Estados Unidos.

5 De hecho, esta modificación a la política estuvo motivada por evidencia anecdótica de migración estratégica como respuesta a la introducción del puntaje ranking.

6 Las notas contienen información relevante para estudiantes, establecimientos, familias y otros. Por lo tanto, la inflación de las notas es particularmente relevante si ésta reduce su valor informativo (Pattison et al. 2013). Diamond y Persson (2017) muestran cómo cambios en las notas pueden incluso influir en el ingreso en el largo plazo.

7 Además, la bonificación que entrega el puntaje ranking está restringida a que ésta no pueda superar al puntaje NEM por más de 150 puntos. Sin embargo, en la práctica esta restricción no afecta a ningún estudiante en nuestro análisis empírico.

8 Sin embargo, al tomar el promedio de tres generaciones anteriores se eliminan variaciones idiosincráticas en los estadísticos del contexto educativo. Esto significa que aumentos o disminuciones anormales en las notas de una generación tienen efectos limitados en las generaciones futuras.

9 Este promedio se calcula considerando la nota máxima de las tres últimas generaciones.

10 Sin embargo, es posible que los establecimientos reaccionen de manera miope y aumenten las notas para sus alumnos de cuarto medio, sin considerar el efecto intertemporal introducido por la estructura de la bonificación del puntaje ranking.

11 Adicionalmente, debido a la mayor ponderación del NEM, el puntaje ranking puede haber incentivado a los alumnos a elegir establecimientos que ofrezcan notas más altas. Este efecto potencial puede estimarse con un modelo de elección de establecimientos donde las notas son un atributo a considerar por los alumnos. Sin embargo, explorar este margen está fuera de los objetivos de este artículo.

12 El Liceo de Aplicación perdió 50 estudiantes; el Liceo 7 de Providencia, 55 alumnas; en el Liceo 1 se retiraron 106 alumnas; en el Instituto Nacional, 160 estudiantes, y 26 alumnas del Liceo Tajamar de Providencia. Fuente: Canal 13, confirmada numéricamente por nosotros con datos administrativos.

13 El patrón de cambio de establecimiento entre mujeres y hombres, y entre dependencias es similar antes y después del puntaje ranking.

14 Si bien es posible que la nota máxima en enseñanza media también esté afectada por el puntaje ranking, nuestra capacidad para analizar este estadístico está limitada, debido a que no se cumple el supuesto de tendencias paralelas en nuestra estrategia de diferencias-en-diferencias. De cualquier modo, observamos que la nota máxima promedio se mantuvo constante en 6,6 luego del 2012 (figura 3b).

15 Para calcular el porcentaje de alumnos que rinde la PSU en cada establecimiento, utilizamos la base administrativa del Demre en el año 2010 y dividimos el total de alumnos que rinde la prueba por el total de alumnos con NEM en el mismo establecimiento.

16 El aumento es de 0,80, 0,86, 0,96, y 0,75 décimas para establecimientos con ingreso del hogar entre los percentiles 0-25, 25-50, 50-75 y 75-100 de la distribución de ingreso, respectivamente.

17 Esta afirmación asume que la función de esfuerzo tiene retornos lineales. Además, es importante notar que aun si encontráramos un aumento consistente con un mayor esfuerzo de los estudiantes, no podríamos necesariamente descartar la existencia de inflación de notas. En este sentido, separar los resultados en comportamiento de los estudiantes y establecimientos es una tarea inherentemente difícil, debido a que ambos influyen simultáneamente en el equilibrio observado.

18 Las medidas de participación en protestas corresponden al porcentaje de ausentismo escolar adicional desde el comienzo de las movilizaciones en mayo de 2011 hasta octubre del mismo año. Para más información acerca de esta medida, ver González (2018).

19 Para simplificar el análisis omitimos de la regresión a los pocos alumnos que se encuentran en una posición por sobre el máximo del contexto educativo (es decir, sobre x2 en la figura 2).

ARTÍCULO

DESIGUALDAD, ELITES Y ENCUENTRO. ALGUNOS DESAFÍOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN CHILE*

Catalina Siles

Instituto de Estudios de la Sociedad

Catalina Siles. Historiadora de la Universidad de los Andes. Magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica y estudiante del doctorado en sociología en la misma institución. Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Email: csiles@ieschile.cl.

* La autora agradece los comentarios y sugerencias de los árbitros anónimos y editores de Estudios Públicos, y particularmente al equipo del IES, en especial a Claudio Alvarado, Josefina Araos, Daniel Mansuy, Santiago Ortúzar, Josefina Poblete y Manfred Svensson por su colaboración en las distintas etapas de este artículo.

Resumen: Este artículo arguye que la desigualdad se ha convertido en uno de los principales desafíos para la cohesión social en Chile. De acuerdo a la literatura que se cita, las aspiraciones democráticas modernas exigen, entre otras cosas, cierta equidad en la distribución de los bienes socialmente relevantes, de modo tal que todos los ciudadanos puedan sentirse parte de un proyecto comunitario. Bajo el punto de vista de la autora, el proceso de modernización chileno de las últimas décadas, si bien ha logrado significativos avances en muchas materias, no ha alcanzado resultados trascendentes en la disminución de la desigualdad, la que presenta nuevas formas y características. Esta desigualdad, entre sus consecuencias, provocaría el distanciamiento de las elites del resto del entramado social, con efectos en los vínculos sociales que articulan la comunidad política.

Palabras clave: cohesión social, modernización, desigualdad, elites.

Recibido: noviembre 2017; aceptado: marzo 2018.

INEQUALITY, ELITES AND COMMON GROUND. SOME CHALLENGES FOR SOCIAL COHESION IN CHILE

Abstract: This article argues that inequality has become one of the main challenges for social cohesion in Chile. According to the literature cited, one of the things that modern democratic aspirations require is a degree of equity in the distribution of socially important goods so that all citizens can feel part of a community project. As the author sees it, while the modernization process of recent decades in Chile has brought about substantial advances in many areas, it has not achieved a significant reduction in inequality, with this having taken on new forms and characteristics. She argues that one of the consequences of this inequality has been the distancing of elites from the rest of the social fabric, with effects on the social ties that go to form the political community

Keywords: social cohesion, modernization, inequality, elites.

Received: November 2017; accepted: March 2018.

Mientras más parecidas llegan a ser las condiciones,

tanto más manifiestan los hombres

esta disposición recíproca a ayudarse.

Alexis de Tocqueville, La democracia en América[1]

1. INTRODUCCIÓN

Según Tocqueville, la modernidad supuso, entre otras cosas, una transformación de los vínculos sociales.[2] El nuevo orden social, que impulsó la revolución democrática, modificó los fundamentos de la cohesión de nuestras sociedades, que debían resolverse ahora bajo una nueva lógica. Así, para el pensador francés, la democracia consistía fundamentalmente en el “desarrollo gradual y progresivo de la igualdad”.[3] Y era, por tanto, este principio el que debía sustentar las nuevas estructuras y formas de organización de nuestras sociedades.

Este movimiento democrático, tal como lo anticipó Tocqueville, ha sido ambivalente. La progresiva complejización de la sociedad, los procesos de individuación, la expansión del Estado y del mercado, el avance tecnológico, el surgimiento de las metrópolis y los procesos de globalización, entre otros, han tenido resultados paradójicos. Por un lado, se advierte un sostenido desarrollo material de gran parte de la población; la integración y participación de amplios sectores que por siglos se vieron excluidos de los procesos políticos, económicos y sociales, y el reconocimiento de garantías y derechos individuales. Pero, por otro lado, la aparición de nuevas formas de desigualdad social, el debilitamiento de espacios tradicionales de asociación y diversos conflictos derivados de una mayor diversidad social, entre otros, han generado sensaciones problemáticas y el temor a la posibilidad de fragmentación social.

No sorprende, entonces, que la cohesión social sea un tema central en la discusión de las ciencias sociales y en el debate político contemporáneo.[4] La pregunta que sustenta esta reflexión puede formularse del modo siguiente: ¿Cómo es posible que sociedades cada vez más complejas y diferenciadas logren constituirse como una (relativa) unidad? Esta interrogante, tan difícil de responder de forma unívoca, no ha estado exenta de debates. Por de pronto, el concepto de cohesión social pone de manifiesto una de las principales paradojas de la modernidad. Por un lado, se observa una creciente valoración de la diversidad y la autonomía individual al interior de nuestras sociedades que entra en tensión con el componente coercitivo que implicaría la cohesión social. Pero, por otro, las tendencias disgregadoras de esta misma pluralidad han provocado efectos anómicos y han mostrado la consecuente necesidad que tiene toda comunidad política de encontrar el modo de permanecer unida para funcionar. Hacer compatibles ambas aspiraciones —unidad y diversidad— se ha convertido en un desafío contemporáneo fundamental.

En este sentido, parte importante del debate en torno a la cohesión social guarda relación con el contenido de esta categoría; es decir, respecto a los elementos en los que radicaría este mecanismo aglutinador. Pues si en las sociedades tradicionales, que se caracterizaban por su homogeneidad, este asunto parecía estar resuelto, en las sociedades modernas, construidas en torno a la diferencia y la pluralidad, el problema presenta mayores complejidades.[5] En términos generales, existen dos grandes corrientes de interpretación en torno a este punto: la primera postula que el fundamento de la cohesión social residiría en las redes contractuales que surgen a partir de las preferencias y necesidades individuales y la interdependencia funcional de los sujetos; es decir, se trataría de un mecanismo más bien procedimental.[6] La segunda, en cambio, enfatiza que es el conjunto de contenidos normativos —comunidad de fines y valores— lo que generaría un sentido de pertenencia entre los miembros de una determinada sociedad.[7]

Este ensayo se inscribe en esta última corriente interpretativa, aunque de un modo específico: desde la teoría del vínculo social, que ubica la cohesión social en la relación que se da entre los miembros de la sociedad, que permite generar redes de confianza y cooperación, y finalmente un proyecto compartido.[8] En concreto, seguimos la tesis de la escuela inaugurada por el sociólogo chileno Pedro Morandé, y seguida por Eduardo Valenzuela y Carlos Cousiño, quienes señalan que en el caso de América Latina el vínculo social descansa primordialmente en el plano de la cultura; vale decir, en la experiencia del encuentro o en las relaciones comunitarias, antes que en el papel del Estado o del mercado.[9] En este sentido, la copresencialidad, o el contacto social entre los diversos miembros de la sociedad, resultaría fundamental en la generación de vínculos de solidaridad y de pertenencia a algo “común”, fenómeno que las relaciones basadas en la sola interdependencia funcional no alcanzan a concitar.[10]

Acá volvemos, entonces, al tema de la igualdad. Ésta sería uno de los aglutinadores normativos o simbólicos en los órdenes democráticos —como ya había afirmado Tocqueville en La democracia en América—,[11] facilitando un sentido de pertenencia, una comunidad de fines y valores, necesaria para la cohesión social. En palabras de Judith Maxwell: “La cohesión social implica construir valores compartidos y comunidades de interpretación, reducir las disparidades en riqueza e ingresos, y en general permitir a las personas tener la sensación de que están involucradas en una empresa común, enfrentando desafíos compartidos y que son miembros de la misma comunidad”.[12] Bajo esta perspectiva, los problemas de cohesión tendrían una importante relación —aunque en ningún caso unívoca— con la existencia de altos grados de desigualdad, lo que podría traducirse en una polarización de los grupos sociales, con todos los efectos disruptivos que ello implica. Siguiendo esta línea, el sociólogo Eduardo Valenzuela señala que una de las perspectivas fundamentales para observar la cohesión social remite al que sería el cimiento estructural de las sociedades democráticas, esto es, la equidad (o igualdad).[13] Ésta última se entiende como la capacidad de la sociedad para distribuir de forma razonablemente equilibrada el poder y los distintos bienes sociales relevantes (materiales e inmateriales), mediante una serie de arreglos institucionales orientados a ese propósito;[14] ello, de modo tal que se aseguren cierto nivel de bienestar y de cercanía entre todos sus miembros, que les permitan sentirse partícipes de un proyecto común.

El objetivo de este ensayo es introducir la relación entre igualdad y cohesión social en la comprensión del escenario actual de Chile. Proponemos que el cuestionamiento al “modelo” que se ha expandido en la sociedad chilena puede tener que ver, en parte, con la persistencia de una desigualdad que el proceso de modernización, iniciado en dictadura y consolidado por la Concertación, no ha podido resolver.[15] Así, a pesar del notable progreso en las condiciones de vida generales de la población, han permanecido formas de desigualdad y segmentación problemáticas para las generaciones que no ven cumplidas las aspiraciones que esa modernización prometió. Aunque los efectos de tal escenario sobre la cohesión social podrían observarse desde distintos ámbitos, este ensayo sigue la tesis de Christopher Lasch en La revolución de las elites,[16] enfocándose principalmente en el potencial distanciamiento de las elites económicas[17] del resto del entramado social. En el contexto de un importante crecimiento económico y de un discurso marcado de meritocracia, es posible observar una transformación en la estructura de la desigualdad, modificando la composición y la relación entre los diversos grupos sociales. Entre otros fenómenos, se percibe una alta concentración de “capital” —bienes materiales e inmateriales— en la elite económica chilena —que adquiere una preeminencia bajo el nuevo orden social centrado en el mercado—, que podría traducirse en un distanciamiento material y simbólico del resto de sus conciudadanos. Esto podría dificultar la posibilidad de construir y sentirse parte de un proyecto común, debilitando así los niveles de cohesión social.

El texto se divide en dos partes. La primera, sitúa el análisis en un marco teórico más amplio sobre la relevancia de la cohesión social y, siguiendo a Tocqueville, el impacto de los altos niveles de desigualdad sobre los vínculos sociales. Asimismo, se hace referencia a los desafíos que, en este sentido, los procesos de modernización capitalistas han supuesto. En particular, se pone énfasis en que posibles efectos de estas transformaciones económicas son el distanciamiento de las elites en distintos ámbitos y una baja interacción social entre los distintos grupos, que tienden a debilitar las normas de reciprocidad sobre las cuales se asienta la unidad de una determinada sociedad. Como veremos, acá no se sostiene que el distanciamiento sea un fenómeno nuevo, sino que ha adoptado nuevas formas, como producto de una estructura social distinta. Pero que, aun cuando se trate de un fenómeno histórico persistente, éste puede volverse más problemático en un contexto democrático con las aspiraciones meritocráticas que caracterizan a la sociedad contemporánea. La segunda parte se refiere concretamente al caso de Chile, que en las últimas décadas ha experimentado intensas transformaciones modernizadoras, no exentas de tensiones. Una de ellas es la persistente desigualdad en el acceso a los bienes socialmente relevantes —como intentaremos mostrar— y sus consecuencias en las formas de estratificación social, lo que podría traducirse en la disociación entre las elites económicas y el resto del entramado social, y su consecuente crisis de legitimidad.

2. “SOCIEDAD DE MERCADO”, DESIGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL

En La democracia en América, Tocqueville advierte la siguiente paradoja: al mismo tiempo que la era moderna supone una mayor igualdad de condiciones —eso es justamente lo que le maravilla de la sociedad norteamericana—, uno de los peligros a los que tiende el modelo capitalista industrial es a formar una aristocracia en el seno de una democracia. En sus palabras, “así, a medida que la masa de la nación gira hacia la democracia, la clase particular que se ocupa de la industria se vuelve más aristocrática. Los hombres se muestran cada vez más semejantes en una y cada vez más diferentes en la otra, y la desigualdad aumenta en la pequeña sociedad en la misma proporción que decrece en la grande”.[18] De este modo, entre el empresario y el obrero —por ocupar sus propias categorías— puede llegar a formarse un abismo que los desvincule permanentemente, pues ya no existe nada en común entre ambos.[19] Cuando se da ese supuesto, sólo permanecen unidos como eslabones extremos de una larga cadena que los hace mutuamente dependientes por sus intereses propios, pero sin un contacto —un vínculo real— entre sí. Por contraste, cuando existe mayor igualdad de condiciones, la semejanza entre los hombres —que permanecía escondida en las sociedades estamentales— se muestra de modo más patente, lo que facilita las relaciones y solidaridad mutua.

En atención a eso, Tocqueville insiste en cuidar que la desigualdad permanente de condiciones, propia del Antiguo Régimen, no se instale en las nuevas democracias. Con esto el pensador francés no se refiere a que deba existir una igualdad total o aritmética entre los miembros de una sociedad, sino, más bien, una que les permita verse y reconocerse entre sí como semejantes. Una “igualdad relacional”, diría Rosanvallon,[20] a través de un equilibrio de poder (cualquiera sea su fuente), en el que las diferencias no respondan a una jerarquía infranqueable, rígida y hereditaria, sino a aspectos circunstanciales, móviles y equitativos. De esta forma, continúa el argumento, nadie puede sentirse superior a los demás y concentrar una cuota tan importante de recursos de distinta índole, que le permita establecerse permanentemente en una posición de privilegio. A fin de cuentas, excesivos diferenciales de poder en una determinada configuración social pueden generar un distanciamiento y apartamiento de ciertos grupos, con las consecuentes tensiones al interior de la comunidad.[21] Cuando esto sucede, se produce una pérdida de confianza y legitimidad en el orden establecido que debilita los niveles de cohesión social, a veces con altos grados de conflictividad.

Tocqueville señala, además, que en los órdenes sociales democráticos la concentración del dinero puede constituir un peligro para los anhelos de igualdad que caracterizan a estas sociedades. Así, afirma que “en los países donde el dinero proporciona poder, la importancia de los hombres está en relación más o menos directa con las riquezas que poseen”.[22] Es decir, la riqueza se convierte en el fundamento más importante de los privilegios de la “nueva aristocracia”.

Es justamente eso lo que advierte después, en el siglo XX, Karl Polanyi en La gran transformación,[23] a propósito de los procesos de modernización capitalistas.[24] En su análisis, el autor se detiene en los efectos desocializadores del establecimiento de una “sociedad de mercado” —distinta de una economía de mercado—, en la que el mercado y el dinero se convierten en el elemento rector de la vida social.[25] Una sociedad cuyas operaciones sociales se coordinan mayoritariamente a través de interacciones mercantiles pierde, según Polanyi, un aspecto esencial de la cohesión social: la comunidad de fines y valores. Se favorece la atomización de las relaciones sociales, los vínculos entre las personas pierden su contenido personal y comunitario, y se vuelven funcionales exclusivamente a intereses particulares.

Asimismo, si bien el establecimiento de una “sociedad de mercado” usualmente pone más dinero en poder de todas las personas, lo hace de manera que podría llegar a ser profundamente desigual, acentuando las distinciones basales entre los diversos sectores sociales y erosionando los niveles de integración. El mercado autorregulado, siendo una forma muy abstracta de coordinación de vínculos sociales, tiene, sin embargo, muchas dificultades para reunir toda la información relevante para una distribución equitativa de los bienes.[26] En concreto, no considera las diferencias extramercantiles (producto de variables individuales, como las capacidades personales, y estructurales, como el nivel socioeconómico de origen), las que tienden a reproducirse a través del propio mercado.

Cabe agregar que la “colonización” del mercado de cada vez mayores ámbitos de la vida social[27] permite que el dinero se convierta en el principio que determina el reparto de la inmensa mayoría de los bienes socialmente relevantes[28] —materiales y simbólicos—, o de las diversas formas de “capital”, en términos de Bourdieu, sobre los cuales se basa nuestra configuración social. De este modo, quienes poseen más dinero suelen contar con los recursos necesarios, no sólo para desplegar sus capacidades personales, sino también para participar en los distintos espacios de la vida comunitaria. Y a la inversa, quienes no están dotados monetariamente quedan en una posición de marcada exclusión, tanto de los asuntos públicos como de los bienes elementales para llevar una vida plenamente humana. Así, el costo que se pagaría por el incremento (dispar) de las condiciones de vida de las personas es una “dislocación social”,[29] en que las minorías privilegiadas pasarían a llevar una vida fundamentalmente ajena a la que desarrollan los demás grupos sociales.

De acuerdo a los autores que acá hemos seguido, el temor que expresaba Tocqueville no parece ser infundado: la desigualdad social en las democracias capitalistas, como en el caso de Estados Unidos, parece haber adoptado nuevas formas en lugar de resolverse. En concreto, pareciera que esta desigualdad se ha traducido —dada la alta concentración de capitales en la cúpula de la estructura social— en un excesivo distanciamiento de la elite del resto del entramado social, contradiciendo las expectativas democráticas.

Desigualdad y distanciamiento de la elite económica

De modo amplio, las elites pueden entenderse como aquellos grupos minoritarios determinantes en las decisiones estratégicas que configuran las condiciones de vida de una sociedad.[30] Tal como explican las distintas perspectivas teóricas al respecto, desde la aproximación clásica formulada por Mosca y Pareto[31] hasta nuestros días, ellas constituirían un fenómeno universal. Sin embargo, según el contexto histórico, las elites cambian su composición, así como también el sustento de su legitimidad y el modo en que se vinculan con el resto del entramado social, todo lo cual responde, entre otros aspectos, a los fundamentos simbólicos de una determinada sociedad. En este sentido, como es sabido, una las primeras pretensiones de la modernidad es que toda diferenciación social sea vista como contingente y no como un orden “natural” de la sociedad,[32] que asigna a cada uno su rol en la estructura social. Las distinciones entre unos y otros dejan, por tanto, de responder a un fundamento adscriptivo, permitiendo que, en primera instancia, todos puedan reconocerse y relacionarse en cuanto iguales.[33]

Este principio está en la base del cuestionamiento que caracteriza a las elites contemporáneas, particularmente a las económicas, sobre las que se refiere este ensayo. La transformación económica de las democracias capitalistas no sólo no supuso una disminución de la desigualdad, sino que además consolidó a una elite que hoy aparece fuertemente deslegitimada. Esto, entre otras cosas, debido a una alta concentración de recursos sumada a una escasa movilidad social en su interior, semilla de un aislamiento progresivo que se expresa en formas de vida muy diferentes de las de la gran mayoría, pero también en el desinterés de la elite respecto de aquello que se define como lo “común”, y que ha sido destacado ya por autores como Christopher Lasch y Charles Murray para el caso de Estados Unidos.[34] Ésta es justamente la crítica detrás del famoso eslogan “somos el 99 por ciento”, utilizado inicialmente por el movimiento estadounidense Occupy Wall Street  el año 2011, y que se extendió por numerosos países para denunciar la indignación de la mayoría de la población frente al uno por ciento que determina la vida económica y política a través de un enorme control sobre los recursos del país, pero sin considerar los intereses comunes.[35] El contexto institucional que dio al dinero un papel fundamental en la distribución de los bienes, articulándose como el principal coordinador de las relaciones sociales, habría sido también importante en el fortalecimiento de esta elite desvinculada de los demás grupos sociales.

Si lo anterior es plausible, en lugar de acercarse al resto de sus conciudadanos como parte del proceso democrático, pareciera que se mantiene una suerte de abismo entre las elites y el resto de los sectores sociales. Y si esto es así, proponemos, podría llegar a tener consecuencias sobre la posibilidad de construir un proyecto común, generando finalmente un debilitamiento de la cohesión social. Como advertimos en la introducción, este ensayo no sostiene que el distanciamiento sea un fenómeno nuevo ni tampoco mayor a otros momentos históricos, sino que ha adoptado nuevas formas, debido a la transformación del orden social. Si en las sociedades tradicionales, cuya estructura social se basaba en relaciones estamentales, el distanciamiento entre los grupos sociales se expresaba en términos de una rígida jerarquía y escasa movilidad social —conformando una “comunidad de desiguales”, como diría José Bengoa—,[36] hoy podría decirse que la distancia se presenta más bien en términos de “capital” —en el sentido complejo del concepto que hemos seguido hasta el momento—, con implicancias tanto materiales como simbólicas. Esto se traduce, entre otras cosas, en la dificultad de generar experiencias compartidas y en un escaso interés por un bien común.

Charles Murray, por ejemplo, en su reciente libro Coming Apart, describe el surgimiento, durante los últimos 50 años, de una nueva clase alta en los Estados Unidos, que ha tendido a distanciarse del modo de vida norteamericano, hasta el punto de volverse culturalmente irreconocible para el ciudadano común y corriente. Se trata de un grupo más rico, con una alta formación universitaria y profesional, segregado y fuertemente endogámico. Pero, además, sostiene Murray, lo caracteriza una creciente ignorancia respecto del país que manejan.[37] En esta línea, avanza la crítica de Christopher Lasch a la nueva elite formada en el contexto de las “sociedades de mercado”. Para el autor de La revolución de las elites, si bien siempre han existido grupos privilegiados, estos nunca habían estado tan peligrosamente aislados de su alrededor, de la vida común de los ciudadanos, como en la actualidad.[38]

Aunque el argumento pueda ser discutible,[39] tiene su fundamento. Entre los factores que influyen en la desvinculación que se denuncia, se aprecian realidades características de la sociedad creada en las últimas décadas bajo las transformaciones económicas capitalistas. Así es posible mencionar, en primer lugar, el explosivo aumento de la riqueza en estos sectores. Esta acumulación de capital económico se torna problemática en la medida en que intensifica las divisiones sociales.[40] En efecto, la distancia en términos de ingreso que se produce entre los percentiles superiores de la escala social con el resto de la población resulta bastante llamativa. El problema, sin embargo, no es sólo que los ricos tengan mucho dinero, sino que el dinero los aísle de la vida común. Y si esto es plausible, este distanciamiento no se expresa solamente en términos materiales —en la desigualdad de ingresos—, sino que también simbólicos, en la medida en que el capital económico permite, o por lo menos acentúa, la acumulación de otras formas de capital sobre las cuales se fundamenta la estratificación social, como el cultural y social.[41]

Así, las grandes diferencias socioeconómicas se traducen en múltiples ámbitos de la vida social. Por un lado, hay una marcada desigualdad de acceso a servicios básicos y oportunidades vitales que parecen estar restringidas a un sector minoritario de la sociedad. A esto se vincula la segregación espacial de los principales centros urbanos, que han reducido de modo dramático su capacidad de integración.[42] La experiencia de la ciudad parece ser radicalmente distinta para los habitantes de un sector y otro: muros materiales y simbólicos tienden a generar vidas desvinculadas, con intereses, preocupaciones, necesidades y anhelos muy distintos, y donde la posibilidad de encuentro y de contacto presencial con el otro en cuanto igual se reduce al mínimo en no pocas ocasiones. Asimismo, se percibe una diferenciación en el trato de acuerdo al estatus social de las personas, como también desigualdad en la participación e influencia en los diversos espacios de poder al interior de la sociedad.[43] Estas desigualdades parecen reproducirse y perpetuarse a través de diversos mecanismos institucionales, culturales y estructurales, acentuando la sensación de injusticia.[44]

Lasch sostiene, además, que la clase privilegiada actual ha perdido el sentido de responsabilidad cívica que había caracterizado a la elite tradicional, la que, afincada en un determinado lugar por generaciones, solía establecer vínculos más estables y un mayor compromiso con la comunidad local.[45] La transnacionalización del mercado del capital y las tendencias globalizadoras han dado origen a una elite cosmopolita que ha trasladado las lealtades locales al plano internacional, al punto de que ésta pareciera tener más en común con las elites globales que con sus conciudadanos.

En definitiva, la modernización parece tener sus ambigüedades, expresadas, en el último tiempo, en este distanciamiento de la elite, el que la aparta de manera problemática de aquellas formas de vida y organización, experiencias, realidades y visiones compartidas por la mayoría de los ciudadanos.[46] Y al removerse de la vida común, difícilmente puede la elite comprender el país sobre el que ejerce su liderazgo.[47] Este cuadro general ciertamente puede darse en mayor o menor grado dependiendo de la sociedad particular de que se trate. Nuestra tesis es que en el caso chileno las dificultades sugeridas se presentan de manera importante, tal como veremos a continuación.

3. EL CASO CHILENO

La transformación operada por la modernización capitalista de la sociedad chilena, y en concreto la transformación de las elites socioeconómicas del país, guarda algunas similitudes con los procesos globales descritos, aunque posee sus propias particularidades. El caso chileno es interesante, justamente, por ser un ejemplo paradigmático de modernización por vía del mercado. El modelo de desarrollo que se implantó desde mediados de la década de los 1970, durante el régimen de Pinochet, gracias al impulso de los Chicago Boys, y que se consolidó durante el periodo de la Concertación, ha sido caracterizado por varios autores[48] por un acentuado liberalismo económico que supuso una expansión del mercado como elemento central de integración social.

Este proceso no estuvo exento de tensiones políticas y sociales.[49] El resultado del modelo establecido fue un notable crecimiento económico en Chile durante las últimas cuatro décadas. La significativa disminución de la pobreza y de los problemas asociados a ella, como el analfabetismo, la desnutrición, la indigencia; el aumento del bienestar material de amplios sectores de la población que hasta entonces se hallaban muy ajenos a él, y los buenos resultados en índices de medición como el PIB y el ingreso per cápita son indesmentibles. La incorporación de Chile al grupo de países de la OCDE es reflejo del avance sostenido que experimentó el país durante este periodo.

Sin embargo, en el último tiempo, se ha ido tomando también conciencia de la alta concentración de la riqueza en los percentiles superiores,[50] que se manifiesta en elevados niveles de desigualdad y segregación social.[51] Chile se ubica en el segundo lugar (después de México) en la lista de los índices de desigualdad de los países que conforman la OCDE, con un coeficiente de Gini de 0,45;[52] brechas salariales de 29 veces entre el primer y el último decil,[53] y donde la participación del 1 por ciento más rico del país es de 30,5 por ciento del ingreso total.[54] Al mismo tiempo, los datos de la encuesta Casen 2015 señalan que actualmente alrededor de 2 millones de chilenos no cuentan con un ingreso mínimo para suplir sus necesidades básicas, y que son más de 3,5 millones los que viven en una situación de pobreza multidimensional. Esto incluye factores relacionados con la vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad social y redes. Además, la encuesta señala que 4 de cada 10 chilenos se encuentran en situación de vulnerabilidad; es decir, existe una alta tasa de entrada y salida de la pobreza y la indigencia.[55]

La desigualdad ha sido un problema endémico en Chile como en el resto de América Latina, y en este sentido cualquier idealización del pasado carece de sustento.[56] Sin embargo, la transformación modernizadora de los años 80 tuvo sus propios efectos, cambiando la fisonomía de los distintos grupos sociales en Chile, los vínculos entre ellos y sus modos de relacionarse. Estos, como acabamos de señalar, de algún modo se vieron afectados por las diferencias socioeconómicas (y sus consecuencias materiales y simbólicas) que adquirieron una naturaleza distinta bajo el nuevo paradigma institucional. En efecto, la expansión del mercado y de la privatización de ciertos bienes públicos implicó, entre otras cosas, que las oportunidades, el acceso a ciertos bienes socialmente relevantes y la calidad de vida de los chilenos estén determinados en un grado muy significativo por su capacidad de pago, acentuando el desequilibrio en las ventajas y desventajas entre un sector y otro de la población.[57] En el caso de la elite económica[58] —que es la que nos interesa analizar en este artículo—, este nuevo sistema posibilitó la emergencia de un nuevo y potente liderazgo del mundo empresarial y tecnocrático, que se unió a la existente elite tradicional reconvertida desde la reforma agraria, y que comenzó a operar a partir de nuevas lógicas y códigos, propios de la transformación económica ocurrida.[59]

La modernización chilena de las últimas décadas a la que nos hemos referido en este apartado no sólo consolida esta fusión y cambia la composición de la elite económica, también, y tal vez más profundamente, contribuye a modificar sus prácticas sociales, la comprensión de sí misma y el entendimiento de su función social, dando origen a un nuevo ethos o “modo de ser”.[60]

Desigualdad y distanciamiento de la elite económica en Chile

Como ya hemos señalado, en un contexto de mercantilización como sería el caso de Chile, el dinero adquiere una gran centralidad en la vida social, permitiendo el acceso a otro tipo de bienes relevantes, de orden tanto material como simbólico. Una distribución muy desigual del capital económico se traduce en un acceso también desigual a otros “capitales” relevantes de índole cultural, social y simbólica,[61] y sobre los cuales se basa la estructura social. El problema, como apuntamos en este trabajo siguiendo la tesis de Lasch, es que la concentración de estos capitales genera formas de desigualdad que permiten que los grupos más aventajados se distancien y desvinculen del resto del entramado social, llevando vidas completamente ajenas a las de sus conciudadanos, y erosionando los niveles de cohesión social.

Veamos cómo en ciertos ejemplos de desigualdad en Chile pueden reconocerse potenciales distanciamientos de la elite.

La acumulación y concentración de las riquezas supone un problema no menor: a las cifras citadas anteriormente, que señalan que el 1 por ciento más rico del país concentra más de un cuarto del ingreso total, se suma el dato de que el diez por ciento de mayores ingresos recibe el 47 por ciento del total, mientras que el 20 por ciento inferior cuenta sólo con el 3,4 por ciento.[62] No se trata solamente de un problema de desigualdad material, sino que también de la potencial dificultad de integración social derivada de tales niveles de diferencia. Los efectos políticos de este fenómeno son advertidos por Daniel Mansuy: “¿Qué comunidad efectiva puede haber allí donde hay tanta diferencia? ¿Qué tipo de acción común, qué tipo de política, puede fundarse desde distancias tan marcadas? ¿Qué soporte tiene esa comunidad para enfrentar una crisis grave?”[63] A pesar de compartir un territorio común, muchas veces pareciera que vivimos en países distintos, con experiencias muy disímiles, y eso tiene sus consecuencias.

La riqueza permite, a su vez, el acceso a otro tipo de capital fundamental que es la educación, y que, como ha sido destacado en diversas investigaciones sobre estratificación social,[64] actualmente constituye un elemento central de distinción y reproducción de las elites. De este modo, si bien la educación es considerada como un medio de movilidad social, paradójicamente ella resulta ser, al mismo tiempo, un mecanismo de distinción y jerarquización muy relevante. La acentuada segregación y segmentación del sistema escolar chileno contribuye a la mantención y reproducción intergeneracional de la elite socioeconómica.[65] A través de estas exclusivas instituciones, sus miembros obtienen no sólo competencias y resultados académicos relevantes para un buen desempeño profesional, sino también redes de contacto, espacios de socialización y códigos éticos, estéticos y conductuales. Estos últimos constituyen una fuente importante de estatus y prestigio —capital social y simbólico—, que identifica a la elite como grupo a la vez que la diferencia de los demás, y hace más probable la obtención de altas posiciones de influencia en distintos ámbitos.[66]

Este escenario no es exclusivo del nivel escolar. Algo similar sucede con las universidades. Aunque en ellas hay más diversidad, y los datos muestran que contribuyen a la movilidad social, también es posible observar que el origen social influye de forma relevante en las posibilidades de éxito en el acceso, en el desempeño y en el resultado en el proceso de obtener un título.[67] Así, el ingreso al sistema universitario no está desligado del origen socioeconómico de los estudiantes, impidiendo resolver el problema de la segregación y que se traduce en la producción y reproducción de otras desigualdades en los niveles de empleabilidad, rentas y oportunidades de trayectoria profesional.[68] Un trabajo de Seth Zimmerman, economista de la Universidad de Chicago, deja en evidencia el efecto que ejercen el origen familiar, el colegio y la universidad en las oportunidades de formar parte de la elite empresarial y económica en Chile.[69] La investigación revela cómo el hecho de ingresar a derecho, ingeniería comercial o ingeniería civil en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica aumenta en 50 por ciento las posibilidades de obtener una posición de liderazgo en el mundo empresarial (altos cargos ejecutivos o gerenciales, o una posición en el directorio); pero sólo si, además, fueron alumnos de algún colegio privado de elite.[70] En definitiva, el autor señala que, al momento de postular a un alto cargo en el mundo de los negocios, tanto o más importante como la formación académica y la adquisición de ciertas competencias es el capital social que adquieren tempranamente los miembros de una elite que tiende a ser muy selectiva, a través de una red de contactos y vínculos personales que, sin ser determinante, condiciona, en un grado no menor, una trayectoria profesional exitosa y una alta posición social.

El lugar de residencia, como parte del capital económico, se convierte también en un factor importante de distinción social. Esto tiene como correlato altos grados de segregación urbana —principalmente en Santiago—, lo que constituye, tal vez, el indicio más patente de la potencial fragmentación social en la capital. Las diferencias en la calidad de vida son sustantivas: la calidad del barrio y de la vivienda;[71] el nivel de las prestaciones de salud,[72] seguridad social y educación; en suma, la posibilidad de acceder a ciertos bienes sociales relevantes que exigen un alto nivel de ingresos evidencia que la separación entre ambos sectores no es solamente física, sino que además se expresa en las formas de vida, percepciones, preocupaciones e intereses. En definitiva, la segregación espacial de algún modo explica y manifiesta otras formas de apartamiento social, económico, político y cultural; distanciamiento que puede ser especialmente problemático en una sociedad democrática, al erosionar los mecanismos de cohesión social.

El informe Desarrollo humano en Chile (2015), elaborado por el PNUD, da cuenta de ese múltiple distanciamiento. Así, por ejemplo, mientras que el 45 por ciento de la ciudadanía considera que es necesario que las cosas en el país cambien radicalmente, sólo el 19 por ciento de la elite piensa lo mismo.[73] En cuanto a la participación del mercado en la vida social, el 59 por ciento manifiesta que no debería permitirse que las empresas privadas hagan negocios u obtengan ganancias en áreas como la salud, la educación y los servicios básicos; al mismo tiempo que ese mismo porcentaje aboga por una mayor presencia estatal en estos ámbitos.[74] Además, a diferencia de lo que podría creerse, no es la desigualdad de ingresos la que genera mayor molestia en la ciudadanía (aunque no deja de ser relevante), sino cuestiones relacionadas pero no necesariamente dependientes de ella, como la desigualdad en el trato, ventajas y privilegios que se generan a partir de ella.[75]

Estas diferencias se profundizan aún más si consideramos que en Chile existe una baja movilidad social desde y hacia el estrato superior. Las posiciones extremas de la estructura social están más distanciadas y aisladas del resto.[76] En este sentido, Florencia Torche señala que el caso chileno “puede verse como la combinación de dos regímenes de desigualdad y movilidad distintos. La alta concentración de recursos económicos determina fuertes barreras a la movilidad entre la elite y los sectores bajos, y una distribución de los recursos más igualitaria entre las clases medias y bajas resulta en una mayor fluidez entre ellas”.[77] En otras palabras, la estructura social se configura en torno a un estrato superior relativamente hermético, persistente y distante a la vez del resto del entramado social que es mucho más uniforme en su composición. Escenario semejante al descrito por Lasch en La rebelión de las elites.

Torche destaca la gran capacidad de reproducción intergeneracional de la elite a través de la herencia, que lega el patrimonio material y simbólico —riqueza y estatus—, y los lazos de parentesco.[78] La relevante presencia de mecanismos adscriptivos en la estratificación social en Chile se traducen en una baja movilidad hacia y desde la elite que perpetúa la desigualdad:

En una sociedad muy desigual, los incentivos de la movilidad son altos para todos, pero los recursos necesarios para actualizarlos están tan desigualmente distribuidos que la competencia beneficiará necesariamente a aquellos con orígenes sociales aventajados. El resultado de alta desigualdad será entonces la rígida reproducción de la estructura social, por tanto, una baja movilidad social.[79]

4. CONCLUSIÓN

En su obra Politización y monetarización en América Latina, Eduardo Valenzuela y Carlos Cousiño profundizan en la importancia del encuentro. Es decir, de que el vínculo social esté fundado, al menos en parte, en la experiencia común entre las personas. En este sentido, sostienen que “toda sociedad necesita de medios de integración no contractuales: cualquier pretensión que ignora la experiencia como esfera vinculante está condenada a producir un remedo de sociedad, una ficción que es contradicha permanentemente por la realidad”.[80] Es indudable que nuestras complejas sociedades modernas se articulan, de cierto modo, en torno a las diferencias funcionales y las relaciones contractuales; sin embargo, el contrato no constituye el punto de partida de la vida social, pues no alcanza a sostener el vínculo entre sus miembros, que en el ethos latinoamericano ha descansado históricamente en la “presencia”, aunque de modos distintos.

Recordar esta tesis puede ser importante, pues el encuentro, la posibilidad del reconocimiento mutuo, sigue siendo fundamental en las sociedades democráticas, las que, como dijimos, sustentan su legitimidad en la convivencia entre ciudadanos que son considerados y se relacionan como iguales. La igualdad es una de las características distintivas de la modernidad: “La igualdad entendida como relación; como la vitalidad de una experiencia compartida, como una cualidad de proximidad, como una facilidad de intercambio”.[81] De ahí que los altos niveles de desigualdad se vuelvan más significativos que en otros contextos y se expliciten como problemáticos, pues ellos impiden justamente la configuración de ese espacio común. Si para los grupos más pobres la desigualdad puede significar grados de exclusión social y marginalidad, para las elites se ha traducido en la concentración de ventajas y privilegios, y en un distanciamiento que, como acá hemos querido esbozar, puede desafiar los fundamentos de la cohesión social. En última instancia, las elites son influyentes en las decisiones estratégicas del país, lo que hace que su distanciamiento sea especialmente problemático.

En definitiva, lo que este ensayo quiere mostrar es que la desigualdad en Chile tiene implicancias no sólo en el plano de la justicia, sino también en el de la articulación de esa vida compartida tan esencial para las sociedades democráticas.

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1 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América (Madrid: Ediciones Akal, 2007), vol. II, parte III, cap. 4.

2 Alexis de Tocqueville, La democracia en América.

3 Ibídem, “Introducción”, 37.

4 Sobre la evolución conceptual de la cohesión social, véase: Carlos Peña, “El concepto de cohesión social. Debates teóricos y usos políticos”, en Redes, Estado y mercados. Soportes de la cohesión social latinoamericana, ed. Eugenio Tironi (Santiago: Uqbar Editores, 2008), 29-95.

5 Sobre esta distinción, véase: Ferdinand Tönnies, Comunidad y sociedad (Buenos Aires: Losada, 1927).

6 Herbert Spencer, The Man versus the State (Londres: Penguin Book, 1969).

7 Emile Durkheim, La división del trabajo social (Madrid: Ediciones Akal, 2001).

8 Esta tesis ha sido retomada por autores como Robert D. Putnam en Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (Nueva York: Simon & Schuster, 2000).

9 Pedro Morandé, Cultura y modernización en América Latina (Santiago: IES, 2017); Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina (Santiago: IES, 2011); Eduardo Tironi y Sebastián Pérez Bannen, “La cohesión social latinoamericana”, en Tironi, Redes, Estado y mercados, 377-407.

10 Guillermo Wormald et al., “Cultura de cohesión e integración en las ciudades chilenas”, Revista Invi 27, n.º 76 (2012): 120-122.

11 Tocqueville, La democracia en América. vol. II, parte II, cap. 1.

12 Judith Maxwell, “Social Dimensions of Economic Growth”, Eric J. Hansen Memorial Lecture Series 3, University of Alberta, January 25 (1996).

13 Si bien equidad e igualdad son conceptos distintos, creo que en este caso remiten al mismo contenido; es decir, a un equilibrio en la distribución de bienes y oportunidades y, por tanto, pueden ser utilizados como sinónimos.

14 Eduardo Valenzuela, “Desorganización, solidaridad y movilidad”, en Vínculos, creencias e ilusiones, ed. Eduardo Valenzuela et al. (Santiago: Uqbar, 2008), 17-60. Sobre la evolución del principio de igualdad en la historia moderna, véase: Pierre Rosanvallon, La sociedad de iguales (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2012).

15 Hablar de cuestionamiento no implica sostener que hay un rechazo al modelo, sino más bien que en la actualidad existe una mayor disposición a hacerle demandas al sistema, disposición que no existía antes. Aun así, sobre este punto hay puntos de vista opuestos. Entre quienes defienden el cuestionamiento crítico al modelo, aunque desde diferentes veredas políticas, véase Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio (Santiago: IES, 2016), 133-135, y Giorgio Boccardo y Carlos Ruiz, Los chilenos bajo el neoliberalismo: Clases y conflicto social (Santiago: El Buen Aire S.A., 2014). Entre quienes critican esta tesis, véase Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017).

16 Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (Nueva York: WW Norton & Company, 1996).

17 Para efectos de este ensayo, la categoría de “elite económica” hace referencia a un grupo minoritario de personas que poseen categorías ocupacionales de empresarios, altos ejecutivos y profesionales, pero que, además, provienen de ciertos colegios tradicionales, cuentan con amplias redes sociales y son propietarios de algún medio de producción o diversos bienes inmuebles. Es decir, además de la riqueza, sus miembros participan de otros mecanismos de distinción estatutaria que otorgan el parentesco, pautas culturales, creencias y valores, estilos de vida, entre otros. La posición social de la elite, entonces, se relaciona tanto con aspectos materiales como simbólicos. Véase: Tak Wing Chan y John H. Goldthorpe, “Class and Status: The Conceptual Distinction and Its Empirical Relevance”, American Sociological Review 72, n.º 4 (2007): 512-32; María Angélica Thumala, Riqueza y piedad: el catolicismo de la elite económica chilena (Santiago: Debate, 2007).

18 Tocqueville, La democracia en América, vol. II, parte II, cap. 20.

19 “Ni el primero se compromete a proteger ni el segundo a defender, y no están ligados de una manera permanente ni por el hábito ni por el deber. La aristocracia que instauran los negocios prácticamente nunca se establece en medio de la población industrial que dirige. Su objetivo no es gobernarla, sino servirse de ella”. Ibídem, vol. II, parte II, cap. 20.

20 Rosanvallon, La sociedad de iguales.

21 Norbert Elias y John L. Scotson, Establecidos y marginados (México D.F: FCE, 2016).

22 Tocqueville, Igualdad social y libertad política. Antología esencial, edición de Pierre Gibert (Barcelona: Página Indómita, 2015), 124.

23 Karl Polanyi, La gran transformación (Madrid: FCE, 2003); Don Slater y Fran Tonkiss, Market Society: Markets and Modern Social Theory (Malden: Blackwell Publishers, 2001).

24 La teoría social ha señalado distintos mecanismos como aquellos que caracterizan la modernización de la sociedad. Muchas veces estos mecanismos son complementarios, pero en ocasiones constituyen explicaciones del fenómeno que rivalizan entre sí. Así, se ha caracterizado la modernidad a partir de la especialización funcional, de la industrialización, de la burocratización y de la masificación social, entre otros. El énfasis que aquí se pone —porque correspondería al caso chileno, como veremos más adelante— es que la modernización puede ser descrita en algunos casos especialmente como un proceso de mercantilización, en el que el mercado y el dinero adquieren una centralidad para la integración que en otros contextos no posee.

25 Polanyi distingue la sociedad de mercado de la economía de mercado, en cuanto los mecanismos económicos gestionan no sólo la economía, sino que también la mayor parte de los ámbitos de la vida civil. En este sentido, es necesario advertir que el mercado, por cierto, puede constituir una fuente de cohesión social. El mercado, en principio, ayuda a satisfacer necesidades básicas y producir bienestar generalizado, lo que implica mayores niveles de cohesión. También puede contribuir a generar expectativas de futuro, lo que motiva un esfuerzo conjunto por parte de todos los miembros de la sociedad para alcanzar determinadas metas. Asimismo, el mercado del trabajo, por ejemplo, es capaz de proveer de bienes materiales y emocionales a los individuos y, en ciertos casos, generar fuertes lazos de solidaridad entre ellos y las organizaciones. Sin embargo, el mercado también es capaz de producir efectos desintegradores; por ejemplo, cuando el mercado laboral es inseguro y excluyente; cuando no se recibe el retorno esperado por el esfuerzo; cuando el mercado ofrece bienes deseables pero inaccesibles a la mayor parte de la población, o cuando genera un sistema de estratificación percibido como cerrado, injusto o incapaz de proveer un desarrollo futuro. Véase: Nicolás Somma y Eduardo Valenzuela. “Las paradojas de la cohesión social en América Latina”, Revista del CLAD Reforma y Democracia 61 (2015): 49-50.

26 Polanyi (La gran transformación) señala que de esto procede la necesidad de establecer límites sociales y políticos al mercado; vale decir, es justamente tarea de las instituciones sociales hacer visibles estas desigualdades y regularlas.

27 Para Jürgen Habermas (Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1999), si bien es cierto que la sociedad contemporánea puede describirse a partir de procesos de especialización funcional, es probablemente ingenuo desconocer que ello no desemboca aún en una sociedad “acéntrica”, como postula Luhmann, porque ciertos mecanismos funcionales, como el dinero, la burocracia y el poder, tienden a colonizar ámbitos de la vida social que, a juicio de Habermas, sería deseable que estuvieran integrados mediante comunicaciones discursivas; es decir, a través de procesos de deliberación conscientes.

28 Michael Sandel señala: “Mientras más capacidad adquisitiva tenga el dinero, mientras más pueda comprar, más relevante es la tenencia o falta de éste”. Lo que el dinero no puede comprar (Madrid: Debate, 2013), 5.

29 Polanyi, La gran transformación.

30 Algunas aproximaciones actuales a la teoría de las elites pueden encontrarse en Michael Hartmann, The Sociology of Elites (Londres: Routledge, 2007); Shamus Khan, “The Sociology of Elites”, Annual Review of Sociology 38, n.º 1 (2012): 361-77.

31 Gaetano Mosca, La clase política (1896); Wilfredo Pareto, Auge y caída de las elites (1920).

32 Charles Taylor, Imaginarios sociales modernos (Barcelona: Paidós, 2006), 31.

33 “En un pueblo aristocrático, cada casta tiene sus opiniones, sentimientos, derechos, costumbres y existencia aparte. Así, los hombres que la componen en nada se parecen a todos los restantes, no tienen la misma forma de pensar ni de sentir y sólo difícilmente creen que forman parte de la misma humanidad”. Tocqueville, La democracia en América, vol. II, parte III, cap. 1.

34 Estados Unidos se vio afectado por un alza en sus niveles de desigualdad a partir de la década de los 80.

35 Joseph E. Stiglitz, El precio de la desigualdad (Madrid: Taurus, 2015).

36 José Bengoa, en Historia rural de Chile (Santiago: LOM Ediciones, 2015), elabora esta expresión para referirse a un tipo de estructura social que en Chile se daba de modo paradigmático en la hacienda.

37 Charles Murray, Coming Apart: The State of White America, 1960-2010 (Nueva York: Three Rivers Press, 2013).

38 Lasch, The Revolt, 3.

39 Harry G. Frankfurt, On Inequality (Nueva Jersey: Princeton University Press, 2015); William Watson, The Inequality Trap: Fighting Capitalism Instead of Poverty (Toronto: University of Toronto Press, 2015).

40 En el caso de América Latina, además, se ha instalado un modelo particular de mercado que Ross Schneider llama “capitalismo jerárquico”; esto es, una forma de capitalismo caracterizado por una profunda penetración de corporaciones multinacionales; grandes y diversificados conglomerados familiares; un mercado laboral segmentado, y un bajo nivel educativo. Ben Ross Schneider, Hierarchical Capitalism in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

41 Pierre Bourdieu, “Las formas del capital”, en Poder, derecho y clases sociales (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001); Bourdieu, La distinción (Madrid: Taurus, 1988).

42 Sobre este tema, véase: Mike Savage et al., Urban Sociology, Capitalism and Modernity (Hampshire: Palgrave, 2003).

43 Chan y Goldthorpe, “Class and Status”.

44 La percepción de injusticia guarda relación con el tipo de desigualdades que están o no legitimadas en el discurso social. En las sociedades democráticas capitalistas se espera que la posición de cada sujeto esté determinada por su trabajo y esfuerzo personal, y no por privilegios adquiridos. Es decir, opera un principio de justicia basado en la meritocracia. Sobre esto, véase la nota 43. Pero a esto hay que añadir que la legitimidad del sistema está vinculada también con lo que Elizabeth Anderson denomina la “igualdad democrática”, donde todos los ciudadanos cuenten con los recursos mínimos necesarios para participar en la vida de la comunidad política y lograr un reconocimiento recíproco. Véase: Elizabeth Anderson, “¿Cuál es el punto de la igualdad?”, en Igualitarismo: una discusión necesaria, ed. Javier Gallegos y Thomas Bullemore (Santiago: CEP, 2016), 45-104. En relación a esto, para el caso de Chile, véase: PNUD, Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (Santiago: PNUD, 2017) 28-31; 223-254.

45 Lasch, The Revolt, 4.

46 A todo esto se suma un asunto que parece típicamente moderno, que es interesante tener en cuenta y es el hecho de que el discurso meritocrático parece legitimar la lógica imperante, y la posición de cada cual en la estructura social. Este discurso llevado al extremo, según Lasch, ha permitido a las elites desligarse de las obligaciones y responsabilidades que su posición les exige, desvinculándose aún más del resto de la sociedad. Véase, por ejemplo: Lasch, The Revolt, 37-44; Pierre Rosanvallon, La sociedad de iguales, 87. Sin embargo, ¿cuán ciertas son las creencias meritocráticas? Shamus Khan, en un trabajo etnográfico sobre la elite norteamericana (Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2010), señala que ella olvida que las condiciones sociales que permiten gozar de ciertos privilegios están altamente vinculados a características adscriptivas —el origen social— más que meritocráticas. El problema es que subestimar las condiciones de posibilidad que permiten a una elite ocupar una alta posición social disminuye la disposición a contribuir (o retribuir) a la sociedad, por ejemplo, a través del pago de impuestos o la inversión en bienes públicos, y, sobre todo, naturaliza lo que Khan denomina “desigualdad democrática”; es decir, la idea de que las inequidades actuales responden a características personales y no a desventajas de origen, perpetuando un sistema que crea desigualdades permanentes.

47 Murray, Coming Apart.

48 Guillermo Wormald y Daniel Brieba, “Institutional change and development in Chilean market society”, en Institutions Count: Their Role and Significance in Latin American Development, eds. Alejandro Portes y Lori D. Smith (University of California Press, 2012); Cousiño y Valenzuela, Politización y monetarización; Eduardo Valenzuela, La rebelión de los jóvenes (Santiago: Ediciones SUR, 1984).

49 Este proceso de modernización modificó profundamente la sociedad chilena en su estructura y marco institucional. Fundamentalmente, se privatizaron importantes sectores y actividades económicas y sociales del país, como gran parte de la industria, la banca, la energía y el transporte aéreo. Algo semejante ocurrió con los servicios públicos (agua, gas, telefonía, electricidad), el sistema de seguridad social, la educación y la salud. Lo anterior hizo posible la extensión de la lógica mercantil, incluso hacia ámbitos que tradicionalmente eran ajenos a ella. Sobre visiones particulares de estos procesos y sus consecuencias, véase: Manuel Gárate, La revolución capitalista de Chile (1973-2003) (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012); Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile (Santiago: Flacso, 1984); Boccardo y Ruiz, Los chilenos; Andrés Solimano, Capitalismo a la chilena y la prosperidad de las elites (Santiago: Catalonia, 2012).

50 Javier E. Rodríguez, Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política (Santiago: Dibam y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2017), 221-253.

51 Un panorama global sobre la estructura de la desigualdad en Chile está en el estudio del PNUD, Desiguales. Un contrapunto a esta postura puede verse en Claudio Sapelli, Chile: ¿Más equitativo? Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer, hoy y mañana (Santiago: Ediciones UC, 2016).

52 Según los datos de la OCDE para el 2015. El cálculo es en base a ingresos por hogar equivalente (ajustado por tamaño del hogar) después de impuestos y transferencias. Disponible en: http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm.

53 Además, según los datos de la encuesta Casen 2015, el ingreso autónomo per cápita del quinto quintil es de $ 859.330, triplicando el del quintil anterior y siendo casi 12 veces mayor que el del primero. Ministerio de Desarrollo Social, Informe de desarrollo social 2015, disponible en: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS_INAL_FCM_3.pdf.

54 Ramón López E. et al., “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Serie de Documentos de Trabajo 379, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2013).

55 Ministerio de Desarrollo Social, Informe de desarrollo social 2015.

56 PNUD, Desiguales, capítulo 3; Rodríguez, Desarrollo y desigualdad en Chile.

57 Las economías monetarias cambian significativamente las condiciones de vida de la población en general, pero esas transformaciones se producen a ritmos muy distintos, lo que genera un desequilibrio. Así, mientras en los grupos más aventajados perciben estos cambios de forma acelerada y casi inmediata, los menos aventajados demoran más tiempo en percibir estos beneficios, más aún cuando hay una distancia muy marcada entre unos y otros.

58 Sobre cómo ha sido abordada la elite económica en Chile en la investigación social, véase el análisis de Jorge Atria et al. “Investigando a la élite económica: Lecciones y desafíos a partir del caso de Chile”, Cultura-hombre-sociedad 27, n.º 2 (2017): 5-36. Este artículo caracteriza a la elite económica chilena como un grupo extremadamente liberal en lo económico, que percibe el mayor porcentaje de recursos entre países en que se ha estudiado la concentración de ingreso en la región y que se encuentra muy cohesionado, en especial a través de gremios empresariales, canalizando efectivamente sus intereses en distintas reformas y negociaciones con el sector público. Es también un grupo altamente clausurado en términos de movilidad social, homogéneo y relativamente conservador en términos religiosos, y concentrado geográficamente en un área bien delimitada de la capital. También resultan interesantes los libros de Pedro Güell y Alfredo Joignant, Notables, tecnócratas y mandarines: elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010) (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011) y el ya mencionado de Thumala, Riqueza y piedad.

59 Zeitlin y Ratcliff, en su obra Landlords and Capitalists: The Dominant Class of Chile (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1988), se refieren a los orígenes de la estructura interna de esta elite socioeconómica. El proceso se inicia a mediados del siglo XX, mediante el ensamblaje entre dos sectores estratégicos: la elite hacendada tradicional y el nuevo empresariado industrial, a través de vínculos económicos y de los lazos de parentesco. Esta fusión de redes e intereses económicos y sociales permitió a las familias que constituían esta unidad social no sólo la acumulación de altos grados de poder económico, político y social, sino que también su reproducción y afianzamiento como grupo.

60 Luis Barros y Ximena Vergara, El modo de ser aristocrático: el caso de la oligarquía chilena hacia 1900 (Santiago: Aconcagua, 1978). Las diferencias entre la “elite tradicional” y la que se formó en este periodo pueden observarse en el notable trabajo de María Rosaria Stabili, El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960) (Santiago: Editorial Andrés Bello, 2003).

61 Bourdieu, La distinción; Bourdieu, “Las formas del capital”. En el caso del capital simbólico, Bourdieu lo define como el prestigio o estatus asociado a ciertas características.

62 Claudia Sanhueza y Ricardo Mayer, “Top Incomes in Chile Using 50 Years of Household Surveys: 1957-2007”, Estudios de Economía 38, n.º 1 (2011): 169-93, y Tasha Fairfield y Michel Jorratt, “Top Income Shares, Business Profits, and Effective Tax Rates in Contemporary Chile”, Review of Income and Wealth 62 (2016): S120-S144.

63 Mansuy, Nos fuimos quedando, 134.

64 Emilio Moya y Javier Hernández, “El rol de los colegios de elite en la reproducción intergeneracional de la elite chilena”, Revista Austral de Ciencias Sociales 26 (2014): 59-82; Sebastián Madrid, “‘Diversidad sin diversidad’: Los colegios particulares pagados de elite y la formación de la clase dominante en una sociedad de mercado”, en Mercado escolar y oportunidad escolar: libertad, diversidad y desigualdad, ed. Javier Corvalán et al. (Santiago: Ediciones UC, 2016), 269-300.

65 Juan Pablo Valenzuela et al. “Segregación escolar en Chile”, en ¿Fin de ciclo? Cambios en la gobernanza del sistema educativo, ed. Sergio Martinic y Gregory Elacqua (Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile y Unesco, 2010), 209-229.

66 Ibídem.

67 Sergio Urzúa, “Rentabilidad de la educación superior en Chile”, Estudios Públicos 125 (2012): 1-43; Óscar Espinoza y Luis Eduardo González, “Equidad en el sistema de educación superior de Chile: acceso, permanencia, desempeño y resultados”, en La educación superior de Chile: Transformación, desarrollo y crisis, ed. Andrés Bernasconi (Santiago: Ediciones UC, 2015), 519-–578.

68 Núñez y Gutiérrez, por ejemplo, han estudiado cómo el origen social puede ser un factor determinante en el mercado laboral, manifestándose concretamente en la brecha de sueldos de los trabajadores, a pesar de contar con la misma certificación académica: Javier Núñez y Roberto Gutiérrez, “Class Discrimination and Meritocracy in the Labor Market: Evidence from Chile”, Estudios de Economía 31, n.º 2 (2004): 113-32.

69 Seth Zimmerman, “Making Top Managers: The Role of Elite Universities and Elite Peers”, manuscrito no publicado, Yale University (2013).

70 Por colegios de elite se comprende en este estudio a los siguientes establecimientos: el St. George, The Grange, Verbo Divino, Manquehue, Tabancura, San Ignacio de El Bosque y el Craighouse.

71 Sobre el tema de la segregación espacial, véase, por ejemplo: Francisco Sabatini et al., “Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”, EURE 27, n.º 82 (2001): 21-42; Claudio A. Agostini et al., “Segregación residencial de ingresos en el Gran Santiago, 1992-2002: una estimación robusta”, EURE 42, n.º 127 (2016).

72 El sistema de salud actual, compuesto por dos subsistemas, ha desarrollado un modelo altamente segregado, en el que el nivel y calidad de las prestaciones que recibe cada persona dependen de sus recursos económicos individuales.

73 PNUD, Desarrollo humano en Chile. Los tiempos de la politización (2015), 212.

74 Ibídem, 213.

75 Rodrigo Márquez, “La distancia entre la ciudadanía y las elites. Una mirada desde el informe Desarrollo humano en Chile”, Estudios Públicos 140 (2015): 83-106.

76 Vicente Espinoza et al., “Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: el caso de Chile”, Revista Lavboratorio 25 (2013): 169-91.

77 Florencia Torche, “Desigual pero fluido: El patrón chileno de movilidad en perspectiva comparada”, Expansiva 57 (2005): 19.

78 Ibídem. Sobre este tema, véase también: Sebastián Huneeus, Matrimonio y patrimonio: estrategias matrimoniales de la elite chilena en el siglo XXI (Santiago: Uqbar Editores, 2013).

79 Torche, “Desigual pero fluido”, 5.

80 Cousiño y Valenzuela, Politización y monetarización, 196.

81 Rosanvallon, La sociedad de iguales, 52.

CONFERENCIA

EXPERIENCIAS DE POLÍTICA MONETARIA EN ECONOMÍAS PEQUEÑAS Y ABIERTAS: CHILE 2012-2016*

Rodrigo Vergara

Centro de Estudios Públicos

Rodrigo Vergara. PhD en economía por Harvard University. Profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidente del Banco Central entre 2011 y 2016. Investigador del Centro de Estudios Públicos. Email: rvergara@cepchile.cl.

* Este artículo corresponde a una versión corregida y extendida del discurso que el autor dio el 21 de abril de 2017, con ocasión de recibir el premio Club Monetario 2016. El autor agradece los comentarios de Sebastián Claro y la valiosa colaboración de Catalina Morales.

Resumen: En esta conferencia, el autor reflexiona sobre los desafíos de la política monetaria en economías pequeñas y abiertas como la chilena. A modo de ilustración, se refiere en particular a la política monetaria que se siguió en Chile durante su mandato como presidente del Banco Central, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016. Tangencialmente, describe también las políticas que siguieron otros países de la región y cómo ellas se asemejan o difieren de la chilena en distintos aspectos.

Palabras clave: política monetaria, banco central, estabilidad financiera, inflación.

MONETARY POLICY IN SMALL OPEN ECONOMIES: CHILE 2012-2016

Abstract: The author of this lecture reflects on monetary policy challenges in small open economies like Chile. By way of illustration, he refers in particular to the monetary policy followed in Chile during his term as chairman of the Central Bank, between December 2011 and December 2016. He also touches on the policies that were followed by other countries in the region and on the various ways in which they resembled and differed from Chilean policy.

Keywords: monetary policy, central banking, financial stability, inflation.

1. INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de este artículo es reflexionar sobre política monetaria en economías pequeñas y abiertas como la chilena. Me voy a referir en particular a la política monetaria que se siguió en Chile durante mi mandato como presidente del Banco Central; esto es, en los cinco años que van entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016. Pero además voy a referirme, tangencialmente, a las políticas que siguieron otros países de la región y cómo ellas se asemejan o difieren de la chilena en distintos aspectos. Luego de esta breve introducción, en la sección que sigue se entregan antecedentes económicos del periodo. A continuación, en la sección 3, se hace un análisis sobre la política monetaria en Chile, con especial foco en lo sucedido en el período ya mencionado. La sección 4 contiene reflexiones sobre estabilidad financiera, un tema de gran preocupación y ocupación de los bancos centrales alrededor del mundo, que se hizo más visible recientemente debido a la crisis financiera global de 2008-2009. La sección 5 concluye.

2. ANTECEDENTES

Chile tiene hace más de 15 años un esquema pleno de metas de inflación. Incluso se podría decir que, desde que posee autonomía (a fines de 1989) hasta el año 2000, el Banco Central tuvo un esquema que en muchos aspectos fue uno de esta naturaleza, en cuanto se fijaron metas para dicha variable. Durante esos años las metas fueron cayendo hasta llegar al 3 por ciento actual a principios de la década pasada (gráfico 1). Lo interesante es que siempre dichas metas se fueron cumpliendo. En algunos casos correspondían a un rango y en otros, a un punto, pero siempre se estuvo cerca de ellas. Esto tiene mucho que ver, por cierto, con la credibilidad acumulada por la institución desde entonces. Con todo, se sostiene que el esquema pleno de metas de inflación parte en 2000, porque previo a ello había algunas condiciones que no se cumplían, entre ellas, quizás la más importante, la no existencia de otros objetivos competitivos. Recordemos que hasta 1999 hubo un tipo de cambio semifijo o de bandas cambiarias, lo que implicaba que había también un objetivo en este ámbito.

Gráfico 1. INFLACIÓN Y METAS DE INFLACIÓN EN CHILE

Fuente: Banco Central de Chile.

En el caso de Chile, la meta a partir de 2001 es de 3 por ciento con un rango de tolerancia de 1 por ciento, lo que quiere decir que se espera que la inflación esté la mayor parte del tiempo en dicho rango. Es interesante este punto, porque si bien la inflación promedio en Chile desde 2001 a 2016 ha sido 3,3 por ciento, lo que es muy cercano a la meta del Banco Central, también es cierto que una buena parte del tiempo ha estado fuera de dicho rango. En efecto, el 48 por ciento del tiempo ha sido así (gráfico 1). Los agentes económicos han entendido que los shocks que sufre una economía pequeña y abierta como la chilena, que además es exportadora de materias primas, conducen a una gran volatilidad de la inflación, y que lo importante es que en promedio esté cerca de la meta. De hecho, hay muchos países que no se ponen rangos tan específicos como lo hacemos nosotros, y, si lo hacen, muchas veces no se ponen límites de tiempo en que la inflación debe acercarse a la meta (recordemos que en el caso de Chile dicho límite es de dos años). Muchos hablan de un objetivo de inflación de, por ejemplo, 2 por ciento, en el “mediano plazo” sin establecer un período específico. Entre ellos están países símbolo de metas de inflación, como Nueva Zelanda, Australia y Suecia (cuadro 1). Ello da mayor flexibilidad a la política, aunque también, debe reconocerse, que podría traducirse en menor credibilidad de la meta. Me parece que es un tema interesante de estudiar y analizar a futuro.[1]

Cuadro 1. HORIZONTES DE META DE INFLACIÓN

País

Plazo meta de inflación

Brasil

1 año

Chile

2 años

Colombia

2 años

Australia

“On average over time“

Noruega

“Over time“

Nueva Zelanda

“On average over the medium term“

Suecia

“Over the medium term“

Zona Euro

“Over the medium term“

USA

“Over the longer run“

Perú

En el tiempo

México

Mediano plazo

Fuente: Banco Central de cada país.

Quiero detenerme un momento en el tema de la meta y su cumplimiento. Ya vimos que en Chile se ha cumplido, lo que se ha traducido en una gran reputación del Banco Central en esta materia. No ha sido así en todos los países. En el cuadro 2 se observa la meta de inflación y el promedio de inflación efectiva desde que se adoptó dicha meta para los países de la Alianza del Pacífico y Brasil. Es evidente que quedamos muy bien parados en dicha comparación. Desde que adoptamos este esquema, en promedio, nuestra inflación ha sido sólo de tres décimas por arriba de la meta. En el país que nos sigue, Colombia, la diferencia es más del doble, de ocho décimas. En los otros países aquí considerados la diferencia supera un punto porcentual (gráfico 2).

Cuadro 2. META DE INFLACIÓN VERSUS INFLACIÓN EFECTIVA

Meta

Rango

Año de

implementación

Inflación promedio del período

(a dic. 2016)

Chile

3,0

2,0 - 4,0

2001

3,3

Perú

2,0

1,0 - 3,0

2006

3,1

Colombia

3,0

2,0 - 4,0

2010

3,8

México

3,0

2,0 - 4,0

2002

4,1

Brasil

4,5

2,5 - 6,5

2006

6,0

Fuente: Banco Central de cada país y OECD.

Gráfico 2. DIFERENCIA ENTRE LA INFLACIÓN EFECTIVA Y LA META DE INFLACIÓN

Fuente: Banco Central de cada país y OECD.

En un esquema de metas de inflación lo clave es la expectativa de inflación del mercado en el horizonte de política, lo que evidentemente está relacionado, entre otras cosas, con la historia de cumplimiento de las metas. Esta expectativa se mide, entre otras fuentes, mediante la Encuesta de Expectativas Económicas que hace el Banco Central. Ya hablamos que en algunos casos el horizonte de política puede ser difuso, pero no en el caso de Chile: se ha definido de dos años. ¿Qué significa esto? Que a dos años las expectativas de inflación deben estar en la meta. Si no es así, la política debe modificarse para que las expectativas vuelvan a la meta. Así, por ejemplo, si las expectativas de inflación a dos años superan la meta, entonces se requiere una política monetaria más restrictiva y viceversa. Tal como demuestran los estudios teóricos sobre metas de inflación, en una regla de Taylor (Taylor 1993), más que la inflación actual, lo clave es la inflación proyectada o esperada por el mercado a cierto plazo (Svensson 1997) en relación a la meta de inflación. En otras palabras, se trata de una regla de política que mira al futuro y no al pasado para determinar sus acciones. En la práctica, esto funciona a través de las proyecciones que hace el propio Banco Central con sus modelos. Si al utilizar la tasa de política monetaria (TPM) actual los modelos indican que la inflación estará desviada de la meta en el horizonte de proyección, entonces cabe hacer un cambio de política. Otra forma de ponerlo es que el modelo entrega la trayectoria de la TPM coherente con una inflación de 3 por ciento a dos años. Si dicha trayectoria no es coherente con la actual, entonces cabría modificar la trayectoria esperada para la TPM, lo que probablemente implicará empezar desde ya.

Al referirnos al caso chileno es importante recalcar que durante todo el período que va entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 las expectativas de inflación a dos años estuvieron ancladas en el 3 por ciento. Ello demuestra la credibilidad del instituto emisor. En otras palabras, el mercado apostaba a que el Banco Central haría lo que fuera necesario para cumplir dicha meta. Hacer lo que sea necesario en estos casos es aplicar la dosis adecuada de política monetaria. El gráfico 3 exhibe la proyección de inflación del mercado a dos años. Como se puede ver, en la práctica es una constante de 3 por ciento durante el período. También se ha dibujado la inflación esperada a un año, que por cierto es más volátil, pero que también está cerca del 3 por ciento, con algunos episodios donde la desviación es algo mayor. Es evidente que las expectativas a un año son más volátiles, porque la economía está sujeta a una serie de shocks con efectos de corto plazo. Como muchos de estos shocks son de oferta no tiene mucho sentido compensarlos, al menos totalmente, con política monetaria. Incluso si se tiene la convicción de que el shock de oferta tendrá efectos de segunda vuelta y, luego, sí cabe una reacción de política monetaria, ésta no tendrá todo el efecto deseado en el plazo de un solo año. En otras palabras, sería absurdo pretender estabilizar la inflación a un año en un país como Chile, y creo que, en términos prácticos, en casi en cualquier país del mundo. Volvemos aquí a la pregunta ya planteada: ¿es dos años el plazo adecuado?, ¿sería más razonable movernos a un esquema más flexible, donde se hablara de mediano plazo y no de un plazo específico? Dejo esa pregunta para el análisis y las reflexiones que se puedan hacer a futuro.

Gráfico 3. CHILE: EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

Fuente: Banco Central de Chile, Encuesta de Expectativas Económicas.

Un punto importante que se debe aclarar aquí: que la inflación esperada a dos años sea de 3 por ciento no significa por supuesto que efectivamente la inflación a dos años será 3 por ciento. Obviamente habrá errores de predicción. Lo fundamental es que la predicción sea 3 por ciento y también, cómo no, que a largo plazo se cumpla la meta, porque si no es así se perderá credibilidad en la misma.

Si tomamos un horizonte más largo, como el que se aprecia en el gráfico 4, vemos que hay cuatro períodos con algún desanclaje de expectativas inflacionarias. El primero, al comienzo de la implementación de las metas de inflación plenas en 2001. No me parece particularmente relevante porque se venía de una meta, para el año previo, de 3,5 por ciento y, por lo tanto, es posible que simplemente se esperaba que esa cifra se mantuviera. Rápidamente la expectativa se fue a 3 por ciento. Después, hay dos breves períodos donde las expectativas fueron levemente distintas a la meta: a comienzos de 2004, cuando fueron algo menores, y a comienzos de 2011, donde fueron algo mayores. El período más complejo desde que tenemos metas de inflación plenamente vigentes, cuando las expectativas de inflación en Chile se desanclaron claramente, fue en 2008. En ese entonces las expectativas a dos años llegaron casi a un punto porcentual por sobre la meta. Se trata de una diferencia significativa, que además se prolongó por un tiempo relevante (prácticamente un año). Debemos recordar que en esa época la inflación efectiva superó el 7 por ciento por más de un año, e incluso llegó a un peak de 9,9 por ciento.

Gráfico 4. CHILE: EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN A DOS AÑOS

Fuente: Banco Central de Chile, Encuesta de Expectativas Económicas.

Además de la Encuesta de Expectativas Económicas, existen otras mediciones para tomar el pulso del mercado, como la Encuesta de Operadores Financieros, del propio Banco Central, o los precios de mercado. Algunas de estas otras mediciones de expectativas muestran algo más de volatilidad, pero todas son coherentes con expectativas de inflación a dos años ancladas en 3 por ciento.[2] En general, se puede decir que todas las fuentes de información disponibles coinciden en que el año 2008 fue el período con mayor desanclaje de expectativas de inflación desde que se tiene un esquema de metas de inflación en Chile.

Es necesario hacer aquí un argumento referido a la importancia de la actividad en la política monetaria. Es evidente que desde el punto de vista del bienestar el crecimiento es fundamental, definitivamente más que la inflación si vemos estas dos variables aisladamente. ¿Por qué entonces el Banco Central no tiene un doble objetivo: inflación y crecimiento? En la práctica de la política monetaria, el crecimiento tiene gran relevancia. De hecho, para el logro del objetivo inflacionario la política monetaria busca suavizar el ciclo económico; esto es, hacer menos fuertes las expansiones y menos contractiva la parte baja del ciclo. En un modelo en el que la capacidad ociosa (la conocida brecha del producto) afecta la inflación, el crecimiento es un objetivo intermedio de la política monetaria. En otras palabras, la política monetaria sí considera el crecimiento económico en sus decisiones. La experiencia chilena de 2012-2016 está llena de esos ejemplos, tal como lo veremos más adelante. Más en general, los esquemas de metas de inflación tienen el apellido de “flexible” (Svensson 2009), precisamente para dejar claro que se requiere flexibilidad con el objetivo de hacerse cargo de los temas de crecimiento en el corto plazo. En otras palabras, no sólo se busca suavizar la inflación, sino también el ciclo. Por cierto en un modelo neokeynesiano, como los que usan la gran mayoría de los bancos centrales del mundo, ambas variables están relacionadas.

Dado lo anterior, la pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué no incluir el crecimiento o el empleo explícitamente como objetivo? Yo diría que hay dos argumentos, relacionados entre sí. En primer lugar, en el largo plazo, el crecimiento y el empleo no dependen de la política monetaria sino de otros factores; factores reales como la productividad, la inversión o la demografía. La política monetaria tiene poder para suavizar el ciclo, pero no para ir más allá. Por lo tanto, el crecimiento como objetivo explícito podría llevar a una confusión sobre lo que puede y no puede hacer un Banco Central. En segundo lugar, el poner explícitamente una meta de crecimiento o de empleo podría generar mayor presión política sobre el Banco Central para ir más allá de lo que se puede hacer para suavizar el ciclo.[3]

Un último tema antes de entrar en más detalle de la experiencia chilena reciente dice relación con la política cambiaria, tema que estará presente en todo el análisis que viene. En Chile, se tiene una política cambiaria de tipo de cambio flexible, pero en la que el Banco Central se reserva el derecho a intervenir si el tipo de cambio se aleja —por un margen significativo y por un período prolongado— de sus niveles de equilibrio de largo plazo.[4] Las últimas intervenciones fueron en 2008 y 2011, donde se adquirieron montos significativos de reservas en un escenario donde las presiones a la apreciación del peso eran importantes. A partir de fines de 2011 no ha habido intervenciones cambiarias y se ha dejado flotar libremente el tipo de cambio de acuerdo a las fuerzas del mercado. Por cierto que sí hubo presiones importantes para intervenir, en particular durante 2012 y la primera parte de 2013, cuando los sectores exportadores se sentían perjudicados por un tipo de cambio que consideraban bajo. Incluso hubo algunas presiones en el sentido opuesto, cuando el tipo de cambio subió fuertemente en 2013-2015.

3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN CHILE: 2012-2016

3.1. Período 2012-2013: alto crecimiento y baja inflación

Desde el punto de vista de un banquero central no hay mejor escenario posible que aquél en que la inflación es baja (aunque no “tan baja”, porque también trae problemas y si se prolonga podría no cumplirse la meta de inflación)[5] y el crecimiento es elevado. Esto sucedió en 2012 y 2013. El primer año el crecimiento fue 5,3 por ciento y la inflación, 1,5 por ciento a diciembre. La baja inflación estuvo influenciada por un tipo de cambio nominal que se mantuvo, en lo grueso, estable durante ese año y un tipo de cambio real que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012 cayó 7 por ciento. Durante 2013, el crecimiento cayó a 4 por ciento, con una trayectoria pareja y una desaceleración algo mayor a fines de año. La inflación por su parte se mantuvo bajo la meta de 3 por ciento hasta noviembre, con un mínimo de 0,9 en mayo, subiendo a 3 por ciento en diciembre.

Gráfico 5. CHILE: INFLACIÓN (IPC) Y TASA DE POLÍTICA MONETARIA (TPM)

Fuente: Banco Central de Chile.

En el panel superior del gráfico 5 se observa la trayectoria de la inflación y la TPM durante este período. En el inferior se observan ambos índices para el período 2014-2016. Se aprecia que durante 2012, con una inflación baja, la política monetaria se mantuvo con tasas que eran relativamente elevadas, verificándose sólo una disminución de 25 puntos base (de 5,25 a 5 por ciento) en enero de ese año. La razón para mantener la tasa en niveles elevados fue que las altas cifras de crecimiento que venía exhibiendo la economía (en los dos años previos había crecido 6 por ciento promedio anual y en 2012 lo hizo sobre 5; la demanda interna, por su parte, había crecido por arriba de 10 por ciento en promedio entre 2010 y 2012) implicaban un cierre de brechas de capacidad que, con una menor tasa de interés, generaría presión sobre los precios e inflaciones mayores a la meta en el horizonte de proyección. Vemos, entonces, como consideraciones con respecto a la suavización del ciclo económico estuvieron presentes en este análisis, lo que ratifica que no es correcto sostener que el crecimiento no es parte del esquema de política monetaria.

De alguna forma, éste es un episodio que demuestra la filosofía de la política monetaria en un esquema de metas de inflación. Más que la inflación del momento, lo relevante es la proyección de esta variable, para lo cual son claves las brechas de capacidad existentes así como las proyectadas. El gráfico 6 muestra la TPM y la actividad. En el panel superior se observa que en 2012 y una buena parte de 2013 la economía sigue con una actividad muy dinámica y la tasa de política se mantiene en 5 por ciento. En el panel inferior (2014-2016) ambas bajan.

En general, el período 2012 y 2013 fue de relativa tranquilidad para la política monetaria: el elevado crecimiento y la inflación controlada conformaban un escenario macroeconómico robusto. A ello se sumaban cuentas fiscales que habían mejorado ostensiblemente en los años recientes y que, en promedio, en esos dos años marcaron un equilibrio.

Había, sí, algunas preocupaciones. Una de ellas era un déficit en cuenta corriente, que llegó a 4 por ciento del PIB en promedio en ambos años. Otra, relacionada con la anterior, fue la apreciación real del tipo de cambio. Tal como se mencionó, el tema cambiario estuvo presente en parte importante del período y hubo voces que pedían la intervención del Banco Central. La apreciación de su consejo fue que no había elementos que justificaran una intervención, que sería costosa y posiblemente tendría poca efectividad. Tampoco se estimó que el tipo de cambio estuviera alejado de sus fundamentos de largo plazo, al menos de forma significativa.

Gráfico 6. CHILE: TASA DE POLÍTICA MONETARIA (TPM) Y ACTIVIDAD (IMACEC)

Fuente: Banco Central de Chile.

Todo este panorama empezó a cambiar en mayo de 2013, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, hizo el famoso discurso en que habló de una reducción en el ritmo de compra de activos por parte del banco central norteamericano (Bernanke 2013). Este episodio, conocido posteriormente como el “Taper Tantrum”, llevó a una fuerte alza de las tasas de interés en Estados Unidos.[6] Junto con ello, salieron capitales del mundo emergente y se produjo una depreciación de muchas de sus monedas, entre ellas, y con más fuerza que otras, el peso chileno. En el gráfico 7 se muestra un índice del tipo de cambio nominal en varios países de América Latina. En el panel superior se ve lo que sucedió entre fines de 2011 y fines de 2013. Hasta mediados de 2013, con la excepción del real brasileño, todas estas monedas se apreciaron. A partir de entonces se observa una tendencia a la depreciación, con la excepción del peso mexicano que lo hizo más tarde. En el panel inferior se observa la misma evolución pero desde fines de 2013 en adelante. Se ve claramente que las monedas, incluido el peso chileno, se deprecian con fuerza en este período, pero que esta última se deprecia antes que el resto de las monedas y también se estabiliza antes. Podemos decir, entonces, que el ajuste cambiario en Chile fue más rápido que en otros países. Nótese que esto también contribuyó a que el déficit en cuenta corriente se ajustara más rápido que en otras partes.[7]

Gráfico 7. EVOLUCIÓN DE MONEDAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Fuente: Banco Central de Chile.

Entre abril y diciembre de 2013, el peso chileno se depreció 12 por ciento. Una de las consecuencias fue el alza en la inflación de transables (pasa desde cifras negativas a fines de 2012 a sobre 2 por ciento a fines de 2013) y con ello la inflación total comenzó a subir gradualmente, para llegar a fines de año a 3 por ciento (gráfico 8).[8]
Por cierto, una de las consecuencias de esto fue que los reclamos por el bajo tipo de cambio cesaron rápidamente.

Gráfico 8. CHILE: INFLACIÓN BIENES TRANSABLES Y NO TRANSABLES

Fuente: Banco Central de Chile.

Pero junto con esto a mediados de 2013 comenzó a visualizarse otro fenómeno. El superciclo de las materias primas empezó a llegar a su fin, con diferente temporalidad en las distintas materias primas. El precio del cobre, después de llegar a un máximo en 2011, comenzó a caer. En 2012 bajó en 10 por ciento y en 2013, otro tanto. En los próximos años seguiría cayendo. Ello generó un efecto en la inversión minera y, con ello, en el total de la inversión.[9]

A mediados de 2013, el Banco Central visualizó que vendría una desaceleración de la economía y comenzó a dar señales respecto a que eventualmente implementaría una política monetaria más expansiva. En julio introdujo un sesgo en su comunicado. En octubre bajó la TPM en 25 puntos base, lo que repitió en la reunión de noviembre, para llevar la TPM a 4,5 por ciento.

La inflación se mantenía por debajo de la meta, pero estaba subiendo y la depreciación hacía prever que podría seguir aumentando. Ello efectivamente ocurrió. Lo que no estaba previsto, no obstante, era que el tipo de cambio se seguiría depreciando con fuerza, lo que tendría un efecto adicional sobre la inflación. Con todo, este episodio marca el inicio de un período de mayor expansión monetaria en un escenario en que la inflación subía, pero la actividad se desaceleraba.

3.2. Período 2014-2016: sube la inflación y baja el crecimiento

A partir de 2014 empieza un período de bajo crecimiento en la economía chilena que se prolonga hasta hoy. La baja en la inversión minera, menores términos de intercambio y una economía mundial débil explican en parte este fenómeno. También hay elementos domésticos que no se pueden soslayar, que se tradujeron en una baja en la confianza tanto de consumidores como de empresarios, que cayó a niveles similares a los de la recesión de 2009. Ello fue sorprendente, dado que entre 2014 y 2016 la economía no entró en recesión y la tasa de desempleo se mantuvo relativamente baja.[10] La inversión fue el componente de la demanda que más se resintió. En la primera parte de este período, esto se explicó fundamentalmente por la menor inversión minera. Sin embrago, ya a partir de la segunda mitad de 2014 comenzó a cobrar relevancia lo que en un recuadro de un IPoM se denominó “shock autónomo”, refiriéndose a aquella parte de la confianza que no podía ser explicada por un cambio en las condiciones macroeconómicas.[11] El concepto “shock autónomo” pasó entonces a ser parte de la discusión habitual cuando se debatía sobre la desaceleración y sus causas. Estrictamente hablando, éste sólo se refería a factores no habituales para explicar la caída de la confianza, sin hacer ninguna atribución específica. Dado que, a su vez, la confianza afecta la inversión, entonces se destacaba que se trataba de uno de los factores adicionales que estaban afectando la inversión. Muchos asociaron este shock autónomo al programa de reformas del Gobierno, aunque en dicho recuadro no había un análisis de determinantes posibles.

En materia de precios, se acentuó la volatilidad en los mercados externos y continuó la baja del precio del cobre, lo que llevó a depreciaciones adicionales del peso. En 2014, el peso se depreció en 16 por ciento en términos nominales y en 2015, otro 15 (gráfico 7). El efecto sobre la inflación de transables fue relativamente rápido (gráfico 8) y la inflación, con vaivenes, se aceleró. A fines de 2014, la inflación terminó en 4,6 por ciento y a fines de 2015, en 4,4, ambas cifras por sobre la meta. De hecho, la inflación había subido por arriba del 4 por ciento en abril de 2014 y se mantuvo en dichos valores (o cerca de ellos)[12] hasta agosto de 2016 (gráfico 1). Esto es, la inflación estuvo sobre la meta por más de dos años.

¿Cuál fue la reacción de política monetaria? La respuesta fue clara: mantener la calma y hacer una política más expansiva a pesar de la mayor inflación. Durante 2014, la TPM se bajó en seis oportunidades, para llevarla a 3 por ciento. Quizás el caso más emblemático fue octubre de 2014, en que la inflación llegó a su máximo en este período (5,7 por ciento) y el Banco Central en el mismo mes bajó la TPM.[13] La razón para este accionar era que se trataba de shocks de oferta y, por lo tanto, con efectos por una sola vez en los precios. Así, la inflación estaría por sobre la meta por un tiempo, pero luego volvería a ella. La tasa de interés se bajaba porque en un escenario de menor crecimiento las brechas de capacidad se ampliaban y sostendrían una baja de la inflación a la meta a futuro. No tenía sentido hacer una política contractiva, aun con inflación elevada, porque se afectaría la demanda y la actividad más allá de lo razonable y necesario para llevar la inflación a su meta en el horizonte de dos años. Debe recordarse que, en promedio, entre 2014 y 2016 tanto la demanda como el PIB crecieron menos de 2 por ciento (gráfico 9). Nuevamente vemos en este episodio al crecimiento jugando un rol relevante y en el sentido opuesto del episodio del período previo.

Gráfico 9. CHILE: PIB Y DEMANDA INTERNA

Fuente: Banco Central de Chile.

Es importante destacar que en ese tiempo se pensó que la inflación volvería antes de lo previsto a la meta. Sorprendieron, sin embargo, las sucesivas depreciaciones. Como se mencionó, hubo depreciaciones importantes del peso en 2013, 2014 y 2015, además de una adicional a fines de 2015 y principios de 2016. Así, cuando se pensaba que la inflación cedía, venía una nueva depreciación y un nuevo efecto sobre la inflación, lo que hacía que ésta persistiera por más tiempo que el esperado por arriba de la meta.

Gráfico 10. TASA DE POLÍTICA MONETARIA (TPM) E INFLACIÓN (IPC) EN CHILE Y PERÚ

Fuente: Bancos Centrales de Chile y Perú.

Como es bien sabido en la literatura de metas de inflación, los shocks de oferta o de costos en general no debieran combatirse con una política monetaria más restrictiva con igual intensidad que los shocks de demanda.[14] La situación, no obstante, se complica si se producen efectos de segunda vuelta, esto es, que la propia inflación retroalimente más inflación (Cuevas y Topak 2008). El problema de que se produzcan estos efectos de segunda vuelta es que ellos pueden tener una consecuencia negativa sobre las expectativas que, como vimos, son clave en este esquema. A fines de 2015 la situación se hizo algo más compleja, porque había antecedentes de que se empezaban a manifestar efectos de segunda vuelta. En ese contexto, se subió dos veces en 25 puntos base la TPM para llevarla de 3 a 3,5 por ciento, de forma de dejarle claro al mercado que el Banco Central haría lo que fuera necesario para mantener la convergencia de la inflación y, luego, las expectativas en la meta en el horizonte de proyección. Esa mera señal disipó cualquier duda o riesgo de efectos de segunda vuelta, suficiente desde el punto de vista del objetivo buscado.

Gráfico 11. TASA DE POLÍTICA MONETARIA (TPM) E INFLACIÓN (IPC) EN COLOMBIA Y MÉXICO

Fuente: Bancos Centrales de Colombia y México.

Debe destacarse que algo similar ocurrió en otros países de la región, pero ellos requirieron alzas mucho más significativas de sus tasas de política (gráficos 10, 11 y 12). De nuevo, esto habla de la gran credibilidad con que cuenta el Banco Central de Chile, ya que tuvo la posibilidad de hacer un ajuste menor, mantener la política monetaria en un rango ampliamente expansivo y reducir al máximo la probabilidad de efectos de segunda vuelta. En el gráfico 13 se observa la TPM a fines de 2016 de los países de la Alianza del Pacífico más Brasil. Chile es el que entonces tenía la TPM más baja por bastante margen (y todavía es así). No sólo eso, las tasas de largo plazo también eran, por una diferencia significativa, las más bajas de la región (gráfico 14).

En síntesis, en este segundo período se siguió una política monetaria altamente expansiva en vista de la debilidad en la actividad, a pesar de que la inflación efectiva, debido a la depreciación del peso, superó la meta por un tiempo prolongado. Con el leve ajuste de 2015 se logró mantener las expectativas de inflación ancladas en 3 por ciento y acotar los efectos de segunda vuelta, que sí se vieron con fuerza en otros países de la región.

3.3. Una breve discusión sobre el coeficiente de traspaso (pass through)

Como se desprende de la discusión anterior, una variable clave en la inflación, al menos en el corto plazo, es la evolución del tipo de cambio. En el período en cuestión hubo inflaciones sobre la meta por un período prolongado, que tienen su explicación en las depreciaciones cambiarias que se observaron a partir de 2013. A pesar de ello, la literatura reciente sobre el coeficiente de traspaso (CT) muestra que éste ha disminuido en las últimas décadas. En otras palabras, un aumento en el tipo de cambio tiene un efecto sobre la inflación, pero este efecto es menor que el que se observaba hace años. Una de las explicaciones que se le han dado a este fenómeno es la credibilidad de los bancos centrales, particularmente de aquéllos autónomos con metas de inflación. De esta manera, si estas instituciones están dispuestas a hacer lo necesario para no tener desbordes inflacionarios, las expectativas inflacionarias y finalmente la inflación se contienen. Otros argumentos dicen relación con la globalización de las cadenas de producción, el cambio en la composición de las importaciones a sectores con menor coeficiente de traspaso (menos materias primas y más bienes manufacturados), la creciente relevancia de los países emergentes, en particular China, en el comercio mundial, entre otros.[15]

Gráfico 12. TASA DE POLÍTICA MONETARIA (TPM) E INFLACIÓN (IPC) EN BRASIL

Fuente: Banco Central de Brasil.

Gráfico 13. TASA DE POLÍTICA MONETARIA A DICIEMBRE 2016

Fuente: Banco Central de cada país.

¿Por qué, entonces, se usa como argumento la depreciación para explicar la inflación sobre la meta entre 2014 y 2016? Porque si bien el coeficiente de traspaso es menor, la depreciación fue lo suficientemente importante para afectar inflaciones que, además, hoy son más bajas. Estudios del Banco Central han estimado para Chile un coeficiente de traspaso del orden de 0,15[16], lo que implica que una depreciación de 15 por ciento, que es aproximadamente la que hubo en 2014 y 2015, tiene un efecto de 2,3 puntos porcentuales en la inflación. Ello es suficiente para sacar a la inflación del rango meta. Albagli et al. (2015) encuentran que el CT para un grupo de países de América Latina es en torno a 0,19, muy superior al de economías avanzadas exportadoras de materias primas (0,07), pero no tan distinto al de otros países emergentes exportadores de materias primas (0,16).

Gráfico 14. TASAS DE BONOS DEL GOBIERNO A 10 AÑOS A DICIEMBRE 2016

Fuentes: Bancos Centrales de Chile, Colombia y México; Ministerio de Economía y Finanzas de Perú; Bloomberg en el caso de Brasil.

En síntesis, aunque el CT es hoy menor que hace unas décadas,[17] en Chile, como en otros países de América Latina, la depreciación fue lo suficientemente fuerte entre 2013 y 2015 (en algunos casos hasta 2016) para llevar a la inflación por arriba de los rangos metas. En el caso de Chile, el exceso sobre el rango meta fue muy inferior al de países como Colombia, Perú, México y Brasil.

3.4. La brecha del producto

Una de las variables clave en los modelos neokeynesianos para explicar la inflación es la brecha del producto; esto es, la diferencia entre el producto efectivo y el potencial. Una brecha positiva indica una sobreutilización de la capacidad instalada y, luego, mayores presiones sobre los precios. Sucede lo inverso cuando la brecha es negativa.

La brecha del producto entra en la denominada regla de Taylor (1993), que es una regla de política monetaria que liga la tasa de interés de política con la brecha y otras variables.[18]

De ahí que parte importante de la discusión de política monetaria tenga que ver con esta brecha. No obstante, el problema práctico con que se encuentran los bancos centrales es que la brecha del producto se calcula como la diferencia entre una variable observada (producto efectivo) y una variable no observada (producto potencial).[19] La parte no observada se estima, pero, como cualquier estimación, está sujeta a errores. Por lo tanto, la brecha también está sujeta a errores. Por ejemplo, cuando en 2007 la inflación se aceleró y llegó al 7 por ciento, las estimaciones de la brecha en ese entonces arrojaban que ésta era cercana a cero. Sin embargo, cuando las estimaciones se rehicieron más adelante se llegó a la conclusión de que era bastante positiva, lo que de alguna manera permite explicar más fácilmente las elevadas inflaciones de esa época.

Dado este problema, los bancos centrales miran diversas variables que complementan la estimación de la brecha. Entre esas variables están el crecimiento, el gasto, el desempleo, el empleo, los salarios, entre otras. Estos indicadores permiten a la autoridad monetaria completar la visión que se tiene sobre presiones inflacionarias. Por ejemplo, cuando en 2013 se empieza a bajar la TPM fue porque se estimaba una brecha que se empezaba a cerrar y pasaba a ser negativa.[20] Ello se complementaba con una desaceleración que la economía mostró a partir de la segunda parte del año y con indicadores que mostraban la pérdida de dinamismo del empleo.

Con todo, cabe señalar que nada de esto es matemático o exacto, por lo que siempre en estas decisiones está presente el juicio de los miembros del Consejo. Como dice el propio documento que explica los modelos que usa el Banco Central de Chile,[21] por muy sofisticados que sean los modelos, ellos no sustituyen, más bien complementan, el juicio de los que están a cargo de la política.

4. ESTABILIDAD FINANCIERA[22]

La crisis de 2008-2009 reveló una serie de debilidades del sistema financiero global, que estaban presentes en el marco regulatorio y de supervisión, en particular en las economías más desarrolladas del mundo.

Dichas debilidades[23] se explican, posiblemente, por el rápido proceso de globalización y desarrollo de nuevos mercados y productos financieros durante las últimas décadas. Aunque ello tuvo muchos elementos positivos en términos de eficiencia de mercado, también es cierto que los sistemas de regulación y supervisión fueron ineficaces para monitorear o prevenir situaciones críticas de relevancia sistémica. Con el fin de reforzar la resiliencia de los mercados, la agenda regulatoria global se ha enfocado en enfrentar estas debilidades durante los últimos años. De esta manera, se ha realizado una revisión integral del funcionamiento de los sistemas financieros, así como del marco regulatorio y de supervisión en que operan. Formalmente, esto se ha llevado a cabo a través de iniciativas impulsadas por el foro G20, que buscan establecer una serie de estándares en diferentes áreas del mercado financiero, iniciativas que involucraron a los ministerios de Finanzas, bancos centrales y organismos de regulación y supervisión financiera de los mismos países, así como a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) a través de sus comités, el Financial Stability Board (FSB) y la International Organization of Securities Commissions (IOSCO).[24]

Estas iniciativas se orientan especialmente a perfeccionar el funcionamiento global de los mercados, generando estándares comunes para las entidades que operan en ellos, apoyando de esta forma la estabilidad y el desarrollo de la economía. Además, después de la crisis se ha puesto un énfasis especial en acabar con el problema del “too big to fail”, a través de una serie de recomendaciones y compromisos y de una mayor coordinación entre jurisdicciones. Todo esto apunta a minimizar el uso de dinero de los contribuyentes para salvar instituciones financieras.

Como consecuencia de estas iniciativas y de la propia experiencia generada por la crisis financiera internacional, varias jurisdicciones han implementado regulaciones nuevas y más estrictas, tanto en la banca como en la infraestructura del mercado financiero. Por ejemplo, en Estados Unidos se promulgó la ley Dodd-Frank, que trajo cambios sustanciales en la regulación financiera y donde destaca la “Volker rule”, que prohíbe el trading por cuenta propia (es decir, transar en el mercado con posiciones de la propia institución y no de terceros), mientras que el capítulo VII.l impone una serie de restricciones a las transacciones con derivados. En Europa se creó la European Market Infrastructure Regulation (EMIR), con el objetivo de promover la estabilidad en los mercados de derivados en la Unión Europea, y que, entre otras cosas, considera un procedimiento para reconocer como equivalente el marco jurídico y de supervisión de países que no pertenecen a la UE.

El sistema financiero chileno no se vio afectado en lo fundamental por la crisis internacional del 2008-2009, más allá de algunos problemas puntuales de liquidez en moneda extranjera, para los que el Banco Central tomó las medidas necesarias. La simplicidad de nuestro sistema bancario, junto con una regulación y supervisión acuciosa, y una macroeconomía en orden, entre otros factores, explican por qué no fuimos afectados por los mismos problemas que enfrentó la banca en el mundo desarrollado. Sin embargo, dicha crisis nos llevó a repensar el tema de la estabilidad financiera y a tomar medidas para reducir la probabilidad de sufrir los efectos que tuvieron otras jurisdicciones.

Es así como el tema de la estabilidad financiera ha sido destacado por el Banco Central de Chile como uno de sus focos fundamentales en los últimos años. Debe recordarse que este banco tiene un objetivo explícito de preservar la estabilidad financiera a través del mandato, establecido en su Ley Orgánica Constitucional (LOC), de velar por la estabilidad del sistema de pagos internos y externos. Entre los aspectos que involucra esta regulación se incluyen las posiciones activas y pasivas de los bancos, la determinación del encaje bancario y reserva técnica, las características de los contratos de derivados de los bancos, normas de funcionamiento de las cámaras de compensación, regulación de los emisores y operadores de medios de pagos, conceder créditos de urgencia[25], etcétera.[26]

La mayor intensidad en este tema se ha reflejado de manera clara en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) y en cómo éste ha ido adquiriendo mayor relevancia. El IEF, que se publica semestralmente desde el año 2004, analiza el sistema financiero y advierte a los mercados de su situación, así como de los principales riesgos que han surgido desde el informe anterior. Dado el interés especial del instituto emisor en el sistema de pagos, el informe se enfoca naturalmente, pero no de manera exclusiva, en la banca. Como los bancos están al centro del sistema financiero, interactúan con muchos otros agentes financieros, tales como los fondos de pensiones y los fondos mutuos. Por tanto, también se monitorean y reportan los principales eventos y riesgos que enfrentan estos actores del mercado. A la vez, se analiza el comportamiento de ciertos precios claves, lo que incluye no sólo diversos márgenes de colocación y liquidez, sino también las acciones y, más recientemente, los precios inmobiliarios. Hay que tener en cuenta que el sistema financiero se hace cada vez más complejo, lo que ha implicado esfuerzos para estar al día en esta creciente complejidad, incorporando al análisis nuevos precios, segmentos y agentes del mercado. Se complementa el estudio de la oferta de servicios financieros con una encuesta financiera de hogares, que hace seguimiento a la posición financiera y el endeudamiento de las familias.[27]

La entrega de información al mercado sobre el estado del sistema financiero chileno y la percepción con respecto a la potencial formación de riesgos en algunos segmentos tiene un rol macroprudencial. A través de un estrecho intercambio con otros reguladores y supervisores, las advertencias del Banco Central pueden ser influyentes, a pesar de que en muchos aspectos éste no ejerce regulación directa sobre muchas instituciones financieras. Un ejemplo: en el IEF de diciembre de 2012 se manifestó preocupación por lo que estaba pasando con los precios inmobiliarios en Chile y se planteó al mercado, sin dejar lugar a dudas, que la tendencia observada no debía extrapolarse al futuro. Tras esta advertencia se ha visto cierto endurecimiento de las condiciones de préstamo en el mercado hipotecario, que se refleja en que una menor proporción de los créditos otorgados tiene un ratio LTV[28] superior al 80 por ciento. Más aún, compartían las aprensiones del Banco Central los supervisores del Consejo de Estabilidad Financiera. Así, a comienzos del 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) emitió una nueva propuesta de regulación de las provisiones de créditos hipotecarios, en la que las asocia al ratio LTV del préstamo y al comportamiento de pagos, regulación que entró en vigor en enero del 2016.

En 2015, y luego de un proceso de análisis y consulta que duró dos años, el Banco Central implementó una nueva normativa de liquidez de la banca en conjunto con la SBIF, con el objetivo de incorporar los desarrollos y consensos internacionales sobre la regulación del riesgo de liquidez, en especial respecto de aquellos que surgen como consecuencia de las lecciones de la crisis financiera internacional y que están plasmados en las normas de liquidez de los Acuerdos de Basilea. Asimismo, durante estos años se dio un particular énfasis a las políticas macroprudenciales, las que, aunque han existido por años, han tomado un significativo impulso recientemente.[29]

No se puede dejar de lado en este recuento el enorme avance que el Banco Central ha hecho en materia de estadísticas financieras, tales como precios de viviendas, cuentas nacionales por sector institucional, tasas de interés por sectores, medidas de descalces cambiarios en el sector corporativo, estadísticas sobre el “shadow banking”, participación en distintas iniciativas para el intercambio de información financiera entre el Banco Central y los otros reguladores y supervisores e información desagregada sobre derivados, entre otros.

En materia de sistema de pagos, ha habido numerosas iniciativas tendientes a perfeccionarlo, hacerlo más robusto y adaptarse a estándares internacionales cada vez más exigentes.[30]

A nivel más amplio, cabe destacar la instauración del mencionado Consejo de Estabilidad Financiera en 2011, inicialmente creado por decreto para luego pasar a ser ley en 2014. Dicho consejo, que incluye al Ministerio de Hacienda, a las superintendencias y al Banco Central, tiene por objetivo “facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información entre sus participantes, en materias relativas a la prevención y al manejo de situaciones que puedan importar riesgos para el sistema financiero, con el objeto de contribuir de este modo a cautelar la estabilidad financiera de la economía chilena”.

Por último, es relevante mencionar que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de bancos que incluye la adopción de los estándares de Basilea III en materia de capital, cambios al gobierno corporativo de la SBIF y perfeccionamientos a los mecanismos de resolución bancarios.

5. CONCLUSIONES

El quinquenio que va entre 2012 y 2016 fue interesante y complejo para el Banco Central. Partió con un elevado crecimiento y baja inflación, para moverse, por las razones descritas, a mayor inflación y bajo crecimiento. La reacción de política monetaria fue la adecuada para los momentos que se vivían. Se bajó la TPM y se mantuvo una política monetaria expansiva a pesar de la mayor inflación, debido a que se trataba de un shock de oferta y era esperable que la inflación bajara en un contexto de menor dinamismo de la actividad. La inflación finalmente volvió a la meta en la segunda parte de 2016. Por cierto, ayudó el que la moneda no se siguió depreciando. De hecho, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 el peso chileno tuvo una apreciación nominal de 5 por ciento. Lo que sucedió con la inflación dio la razón al Banco Central, en cuanto a que era importante permitir la depreciación del peso aun sabiendo que la consecuencia era una mayor inflación transitoria. No fue fácil porque hubo muchas críticas en la medida en que la inflación se mantuvo por sobre la meta por más tiempo que el previsto. Pero haber pretendido defender el tipo de cambio con mayores tasas de interés no sólo no hubiera sido óptimo desde el punto de vista de la política, ya que el nuevo escenario requería de un tipo de cambio real más elevado, sino que también hubiera tenido costos indeseados sobre la actividad y, por lo demás, no hay ninguna seguridad respecto a que hubiera sido efectivo.

Estimo que si el esquema de política es correcto y claro, y si además existe credibilidad, se termina logrando el objetivo inflacionario. Recuérdese que el esquema es flexible, por lo que existe espacio para ir adaptándose a las circunstancias que plantea el escenario económico, lo que, por cierto, ayuda, pero es un factor que hay que saber administrar.

Finalmente, todo el periodo estuvo marcado por los fuertes cambios internacionales en materia de regulación financiera. Aunque en Chile no hubo crisis financiera, sí se aprendió de las experiencias de otras latitudes. La regulación se ha ido adaptando gradualmente para cumplir con las nuevas normas internacionales.

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1 Para un análisis conceptual del esquema de metas de inflación en Chile, ver Banco Central (2007).

2 La Encuesta de Operadores Financieros, que también realiza el Banco Central desde 2009, pero que se hace sólo a operadores de mercado, se ha desviado en algunas ocasiones, sólo muy marginalmente, de 3 por ciento para la inflación esperada en el segundo año. Concretamente, en el período entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 el máximo promedio mensual es 3,2 y el mínimo, 2,8. La compensación inflacionaria medida por los swaps, por su parte, es más volátil, pero sólo hay un mes en que el promedio de dicha inflación esperada es menor que 2,5 por ciento y sólo otro mes que es mayor a 3,5. En 2008 estuvo, no obstante, nueve meses seguidos por arriba de 3,5 por ciento y llegó incluso a superar el 5 por ciento.

3 Esto se relaciona con la denominada inconsistencia dinámica en política monetaria (Barro y Gordon 1983).

4 Nivel de equilibrio que, por cierto, es muy difícil de determinar. El instituto emisor tiene distintos modelos para estos efectos.

5 En los últimos años, este caso de inflación muy baja ha estado presente en un buen número de países desarrollados.

6 Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a diez años subieron en los meses siguientes más de 100 puntos base.

7 Para 2014, el déficit ya había bajado a 1,7 por ciento del PIB.

8 Para un análisis del efecto de la depreciación en la inflación, ver Albagli et al. (2015)

9 Una de las mayores discusiones recientes ha sido respecto de cuánto de la caída de la inversión a partir de 2014 se debe a este fenómeno y a factores exógenos, y cuánto a factores internos, en particular relacionados con las reformas implementadas por la administración que asume en marzo de 2014. Ver Recuadro V.I. en el Informe de Política Monetaria (IPoM), junio de 2015.

10 Aunque al final del período se empezaron a observar algunas señales de mayor debilidad del mercado laboral, como una mayor participación de trabajadores por cuenta propia, mayor cantidad de trabajos a tiempo parcial, etcétera. Ver Szederkenyi y Vergara (2017) para un análisis de la evolución cuantitativa de los trabajadores asalariados y los por cuenta propia.

11 Informe de Política Monetaria, junio de 2015, Recuadro V.I.

12 Hubo tres meses en ese período en que la inflación cayó a 4 por ciento y uno, a 3,9.

13 Aunque, se debe reconocer, aún no se conocía la cifra de inflación en el momento cuando se realizó la reunión de política monetaria. En todo caso, la inflación en doce meses a septiembre, que sí se conocía, había sido de 4,9 por ciento.

14 La razón es que, por lo general, los shocks de costos tienen un efecto negativo en el producto, lo que amplía la brecha (negativa) del producto, reduciendo las presiones inflacionarias. Ver, por ejemplo, Clarida et al. (1999).

15 Ver Campa y Goldberg (2005), Taylor (2000), Bailliu et al. (2010).

16 Informe de Política Monetaria, marzo de 2016, Recuadro IV.I.

17 Claro (2017), no obstante, ve una mayor correlación entre inflación y tipo de cambio en los últimos años en Chile, al compararse con la primera década de los 2000. Esto no es inconsistente con la literatura que indica un menor coeficiente de traspaso en el tiempo, ya que en general se refiere a la situación actual en comparación con las tres últimas décadas del siglo pasado.

18 Entre otras, fundamentalmente con la diferencia entre la inflación efectiva y la meta.

19 En estricto rigor, el cálculo del PIB también puede estar sujeto a errores, pero suponemos que ellos son menores en relación a los del PIB potencial.

20 Nótese que tanto la brecha actual como las proyecciones de dicha brecha son importantes.

21 Banco Central 2003.

22 Esta sección se basa fundamentalmente en Vergara (2016).

23 Para más detalle ver Vergara (2015).

24 G20 (2009), BCBS (2010 y 2011), FSB (2011) y CPMI-IOSCO (2012).

25 Esto último (créditos de urgencia) dice relación con el rol de prestamista en última instancia del Banco Central.

26 Ver Raddatz (2015) para detalles.

27 Ver Vergara (2015b).

28 Ratio entre la deuda o crédito y el valor del activo.

29 Para más detalles y aplicaciones específicas en Chile, ver Raddatz y Vergara (2016).

30 Para una discusión ver Vergara (2015b).

simposio “cien años de la revolución rusa”

Orlando Figes

Cien años de la Revolución Rusa. Conmemoración de un mito

y memoria colectiva 139

Joaquín Fermandois

El futuro socialista existe y funciona: la Revolución Rusa

y la izquierda chilena hasta 1973 169

Evguenia Fediakova

Revolución Rusa y América Latina: una promesa incumplida 205

Rafael Pedemonte

El fin del socialismo soviético, la Revolución Cubana

y la Izquierda Latinoamericana: la historia de una doble derrota 231

Patricio Tapia

Lecturas de la Revolución Rusa 257

CONFERENCIA

CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA. CONMEMORACIÓN DE UN MITO Y MEMORIA COLECTIVA*

Orlando Figes

Universidad de Londres

Orlando Figes. Doctor en historia por la Universidad de Cambridge. Profesor en el Birkbeck College, Universidad de Londres. Su vasta obra considera, entre otros libros, La Revolución Rusa 1891-1924. La tragedia de un pueblo (1996), El baile de Natacha. Una historia cultural rusa (2002), Los que susurran. La represión en la Rusia de Stalin (2007) y Revolutionary Russia 1891-1991. A History (2014). Email: ubra122@mail.bbk.ac.uk

* Versión traducida de la conferencia que el profesor Figes dio en el Centro de Estudios Públicos el martes 3 de octubre de 2017, en el marco del simposio organizado por Estudios Públicos para conmemorar los cien años de la Revolución Rusa. La revista agradece a Magdalena Merbilhaa su colaboración en organizar la visita del profesor Figes al CEP.

Resumen: En esta conferencia, el autor arguye cómo el gobierno bolchevique instaurado después de la Revolución de Octubre, dada su falta de legitimidad, debió recurrir casi de inmediato a la mitificación de sus acciones y de la Revolución en general. Este esfuerzo mitificador, persistente en su afán por controlar la memoria colectiva, se mostró luego fundamental para sostener el régimen soviético. Éste cae, de hecho, cuando envejecen las razones que justifican su existencia.

Palabras clave: Revolución Rusa, bolcheviques, memoria colectiva, colectivismo, socialismo real, mitificación, romanticismo, utopía.

ONE HUNDRED YEARS ON FROM THE RUSSIAN REVOLUTION. COMMEMORATING A MYTH AND COLLECTIVE MEMORY

Abstract: In this lecture, the author argues that a lack of legitimacy forced the Bolshevik government inaugurated after the October Revolution to resort almost immediately to mystification of its actions and the Revolution in general. This mystification, insistent in its effort to control collective memory, later proved vital in upholding the Soviet regime, which would fall when the rationale for it grew dated.

Keywords: Russian Revolution, Bolsheviks, collective memory, collectivism, real socialism, mythologizing, romanticism, utopia.

INTRODUCCIÓN

Como lo sugiere el subtítulo de mi conferencia, no he venido a exponerles un simple relato sobre la Revolución Rusa, lo que podría resultar muy tedioso. Mi intención es valerme de la conmemoración del centenario de dicho evento para hablar acerca de cómo los rusos tenderán a conmemorar 1917, qué significa la Revolución de Octubre o, en términos más generales, el año 1917 para Rusia y qué puede rescatarse de esa historia de violencia revolucionaria para el presente y el futuro de Rusia. ¿Hay algún pasado rescatable de los eventos de 1917?

Para entender cómo Rusia va a enfrentar este aniversario, es necesario comenzar por observar cómo la Revolución ha sido conmemorada, porque si hay una idea que me gustaría que se llevaran de esta conferencia es el hecho de que los rusos no entienden tanto la Revolución y su historia, como el mito de la Revolución Rusa y la historia de ese mito.

Ellos se observan a sí mismos a través de un lente que fabrica leyendas que se remontan al mismísimo año 1917. Por ello, es necesario comenzar por explicar lo que vamos a discutir y observar cómo se fraguó ese mito y se estableció lo que yo describo como una capa sólida de memoria oficial o memoria mítica sobre la Revolución, que predetermina cuál es el uso que puede dársele al centenario que sirva para el futuro.

La idea que quisiera sugerir es que ese mito fue un aspecto medular de la Revolución Rusa desde el primer día, tal como lo ilustra la siguiente imagen (1).

Imagen 1. 23 de febrero de 1917 en el antiguo calendario ruso (8 de marzo en el occidental). Mujeres desfilando en el Día Internacional de la Mujer. Un día pacífico previo a la Revolución de Febrero.

No es que las mujeres que desfilaron ese 23 de febrero (u 8 de marzo) supieran que era el primer día de la Revolución, pero la imagen las muestra marchando como solían hacerlo cada 23 de febrero, una jornada importante en el calendario socialista, puesto que era el Día Internacional de la Mujer (el 23 de febrero en el antiguo calendario ruso, antes de que se alineara con el calendario occidental en 1918, correspondía al 8 de marzo en Occidente).

Era un día particularmente cálido, con aproximadamente menos 6 grados, muy superiores a los menos 30 grados que suelen registrarse en febrero en Petrogrado, o San Petersburgo. Eso probablemente hizo que se congregara una mayor cantidad de personas que en otras oportunidades y, como lo muestra la imagen, había mujeres de todas las clases sociales. Se trata básicamente de mujeres provenientes de oficinas, tiendas y empresas textiles del lado de Víborg, la zona norte de Petrogrado. Más tarde, durante ese mismo día, se les unirán muchos hombres. Incluso, podemos apreciar a un señor con un sombrero hongo, lo que transmite una idea de festividad.

Pero la pancarta dice: “Una mayor ración para las familias de los soldados, los defensores de la libertad y la paz del pueblo”. Esto nos transmite que ya se ha instalado el mito de que se trata de las familias de los verdaderos patriotas luchando por la paz del pueblo, no la paz del zar; no están peleando por la родина o nada parecido, a pesar de que la pancarta de más atrás menciona la palabra родина, que significa madre patria: “Alimentemos a los defensores de la Madre Patria”.

Las protestas, entonces, están claramente impregnadas de un lenguaje patriótico, que les confiere un propósito, una dirección y un significado. Durante los días siguientes, el 24 y 25 de febrero, con un clima benevolente, se congregó una multitud cada vez mayor en la avenida Nevski, la principal arteria de Petrogrado, y, como lo hacían por lo general en esa ciudad, dirigiéndose hacia la plaza Znamenskaya o “Plaza de la sublevación”, como suele denominarse hoy, donde se encontraba emplazada una estatua ecuestre de Alejandro III, el más autócrata de los autócratas rusos. Era una enorme mole a la que los manifestantes habían apodado hace mucho tiempo como El Hipopótamo, para ridiculizarla.

Los oradores políticos se encaramaron sobre la base de la estatua, proclamaron discursos, aparecieron banderas rojas sobre la estatua y claramente se produjo una apropiación de este símbolo de la autocracia por parte del movimiento de protesta. La policía estaba nerviosa, no sabía cómo proceder, y el 26 de febrero el zar, desde los cuarteles generales de Magiliov, ordenó al general Jabalov, comandante militar del distrito de Petrogrado, disparar si es necesario para reprimir a la multitud. Antes de ese primer disparo, nadie pensaba realmente que se trataba de una revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Cuándo un movimiento se transforma en una revolución? ¿Cuándo una protesta callejera se vuelve una revolución?

Alexander Schlatnikov, a la sazón el más alto cargo bolchevique en la capital, escribió a Lenin, que aún permanecía en Zurich: “Son sólo manifestaciones para reclamar una ración de pan; si les dan su ración de pan, los trabajadores volverán a sus hogares”. Estaba profundamente equivocado, pues el 26 de febrero algunos de los soldados más jóvenes se negaron a obedecer la orden de disparar sobre la multitud desarmada y uno de los comandantes cogió su arma y se puso a disparar. La multitud exaltada salió corriendo desde la avenida Nevski hacia los regimientos gritando “nos están disparando”, y los soldados decidieron acudir en apoyo de la gente. Algunos soldados fueron arrestados, pero al día siguiente hubo un amotinamiento en el que murieron varios altos oficiales. Los soldados salieron a las calles a defender al pueblo contra las fuerzas leales al zar y los francotiradores de la policía, y se produjo una especie de guerra civil con muchos enfrentamientos.

Éste es claramente el punto en que se inicia la Revolución Rusa. Lo que era una simple muchedumbre comenzó a organizarse con sus propios símbolos, sus propias ideas de liberación y en función de la topografía de la ciudad. Esta multitud avanzó de forma natural hacia el Palacio Táuride, que se encontraba cerca de algunos regimientos, pero que había sido tradicionalmente foco de manifestaciones porque en él se había reunido la Duma[1] por primera vez en 1906 y seguía sesionando en aquellos días de febrero.

En una de las alas de ese palacio, algunos miembros de la Duma establecieron un comité para la restauración del orden. Su principal preocupación era recuperar la confianza de los generales en el frente para que no fueran a enviar una fuerza contrarrevolucionaria. Al mismo tiempo, los generales del frente querían tener la seguridad de parte de los líderes de la Duma de que se harían cargo, al contrario de lo que estaba sucediendo en la otra ala del Palacio Táuride, donde los líderes soviéticos estaban formando el sóviet de Petrogrado, con líderes casi exclusivamente socialistas.

Los socialistas no buscaban el poder. Su ideología los llevaba a desear, en primer lugar, la instalación de un gobierno democrático que garantizara todo tipo de libertades. Los líderes de la Duma, en su mayoría liberales, formaron un gobierno provisional que fue anunciado en las puertas del Palacio Táuride ante la incredulidad de muchos de los presentes. ¿Por qué los socialistas se habían tomado el poder? ¿Por qué había un gobierno provisional cuyo líder era el príncipe Georgi Yevgénievich Lvov, un dirigente muy activo durante los años de la guerra y antes? Algunos se decían: “¿Hemos hecho todo esto para remplazar al zar con un príncipe?”, porque para ese entonces el zar ya estaba a punto de abdicar.

Por lo tanto, el problema de la legitimidad estuvo presente desde un primer momento, y no debemos perder de vista esa importante idea pues se vuelve muy relevante después de octubre de 1917. Había muchas personas en ese comité temporal de la Duma, entre ellos, Pável Miliukov, que sería el ministro de relaciones exteriores del gobierno provisional. Él pensaba que debía hacerse todo lo posible para preservar la monarquía, en una suerte de modelo constitucional para salvaguardar la legitimidad del gobierno de la Duma que se iba a formar, así como de las elecciones para la asamblea constituyente que proyectaban.

Como sabemos, eso no sucedió. El zar abdicó y desde un inicio la cuestión de la legitimidad se transformó en un problema agudo para el gobierno. Su principal temor estaba centrado en los soldados, pues eran ellos quienes habían realizado la revolución. Aquí tenemos otro ejemplo de construcción de mito, pues ellos realmente habían llevado a cabo la revolución, sentían que encarnaban la revolución y que debían recibir todo tipo de garantías antes de volver a sus cuarteles. Es por eso que el 28 de febrero, en el salón Catalina del Palacio Táuride, atiborrado de soldados, esta nueva asamblea de sóviets dictaminó cuáles eran las garantías que exigían para que los soldados volvieran a las cuarteles, donde la más importante de ellas fue que los soldados no obedecieran ninguna orden de superiores militares que no contaran con el respaldo de los líderes de los sóviets. De manera que fue como si los soldados, a través del sóviet, ya estuvieran a la cabeza del gobierno provisional y los mandos militares fueran sus rehenes. Volvieron a su guarnición, pero nunca confiaron realmente en el gobierno provisional. Se veían a sí mismos como artífices de la revolución dispuestos a defenderla en cualquier momento si sentían que ésta se veía amenazada.

La siguiente imagen (2) es un ejemplo precoz de retoque fotográfico y de construcción de mitos. Muestra, después de los días de lucha de febrero, a la muchedumbre que comienza a suprimir las insignias y los emblemas monárquicos. Vemos una especie de zapatería, y están sacando el símbolo de los Romanov con la corona sobre la cabeza de un águila. Esto ocurrió en varias zonas de la ciudad y del país. Luego vemos cómo alguien, un soldado quizás, posiblemente también en 1917 —no es posible fechar esta fotografía—, superpuso la imagen de un soldado como diciendo “nosotros estuvimos ahí, es nuestra revolución”.

Así, tal como lo he sugerido, la construcción de mitos está presente desde un comienzo y es un componente clave de lo que las personas piensan que están realizando durante esta situación revolucionaria entre febrero y octubre. Gran parte de esa construcción de mitos, de esa ideología de la revolución, estaba contenida en canciones revolucionarias, pancartas y eslóganes, como los que pueden apreciarse en la siguiente imagen (3).

Imagen 2. 1917. En la ciudad de Tomsk, dependientes remueven el emblema de los Romanov, un águila con una corona sobre la cabeza, de una zapatería. El soldado, que mira a la cámara, fue montado más tarde sobre la fotografía.

En ella se observa la muchedumbre presente en el entierro de las víctimas de la Revolución de Febrero, en marzo de 1917, en el Campo de Marte de Petrogrado. Alrededor de 1.500 personas fallecieron en los enfrentamientos de febrero y aproximadamente 150 fueron enterradas en una fosa común al son de cantos y desfiles, cantos con un gran contenido revolucionario referidos a sus héroes caídos. Se creó una especie de panteón de santos revolucionarios. Algunos de ellos eran suboficiales, personas como Kirpichnikov, que era un revolucionario socialista que había sido uno de los organizadores de la manifestación durante los días de febrero. Nos hemos olvidado de esos nombres, pero en esa época la gente hacía tarjetas postales con el rostro de personas como Kirpichnikov, que habían liderado los alzamientos. Había cantos para ensalzar a estos héroes y consignas como la que vemos en un primer plano de esta foto: “Seremos firmes, defenderemos nuestra revolución de los contrarrevolucionarios”, que en aquella primavera era una referencia a los alemanes. En otras palabras, lo que la pancarta proclama es que tenían que seguir luchando, porque si no defendían la revolución contra los alemanes estos invadirían Rusia y volverían a imponer a los emperadores germánicos, y los Romanov y todos sus pares regresarían al poder.

Imagen 3. 1917, marzo. Una muchedumbre se hace presente en el entierro de las víctimas de la Revolución de Febrero, en el Campo de Marte de Petrogrado.

En el primer plano de la fotografía se aprecia una pancarta con una pieza clásica de la iconografía socialista que representa la libertad o, en algunos casos, Rusia, encarnada en una figura femenina, como Marianne en la Revolución Francesa, y con un sol sobre su cabeza. Es una clásica imagen revolucionaria, donde la revolución aparece como una proyección desde las tinieblas hacia la luz, desde las mazmorras hacia las tierras soleadas del socialismo y la libertad. Y esto se transformará en un elemento esencial de la propaganda bolchevique y del realismo socialista en los años treinta. Pero es importante señalar que no son ellos los que lo inventan. Esto proviene de una visión socialista incluso previa a 1917. Por eso, el Primero de Mayo de 1917 se convertiría en una nueva demostración de la eufórica esperanza puesta en la liberación del pueblo, especialmente porque en Rusia coincidiría con Pascua de Resurrección. La gente decía Cristo se ha alzado, Rusia se ha alzado, una nueva Rusia está surgiendo, y esto vino a reforzar esta suerte de poder religioso, de mitología que estaba siendo creada por los revolucionarios en torno a la idea de la liberación.

Si nos trasladamos a octubre, el tema de la legitimidad y de la construcción de mitos se vuelve más apremiante, porque los bolcheviques no tenían una auténtica legitimidad y lo sabían. Podían hablar sobre la dictadura del proletariado, podían referirse a la clase trabajadora en términos abstractos, pero sabían —y lo confiesan en los primeros años del poder soviético— que los eventos de octubre habían sido una insurrección, no una revolución. Durante los primeros cinco o seis años, de hecho, se refirieron a la insurrección, y no a la Revolución de Octubre, ya que admitían que no era necesario que fuera una revolución en todo el sentido de la palabra, porque nadie defendía al gobierno provisional en octubre.

La idea que quiero transmitirles es que Kaminov y Zenov advirtieron a Lenin y Trotski en octubre que si se tomaban el poder por la fuerza —idea que Lenin defendía a rajatabla— se verían obligados a gobernar a través del terror y de una guerra civil. Cuando efectivamente se desató la guerra civil, Lenin señaló que ella había comenzado antes de octubre, que la toma del poder había sido un acto preventivo para impedir que los contrarrevolucionarios se hicieran con el poder estatal. Su concepción global de la revolución es que no se requiere una revolución social, sino el poder estatal que luego permitirá gestionar una revolución social a través de una guerra civil.

Así, la guerra civil comenzó cuando se tomaron el poder. El 25 de octubre Kérenski tuvo que escapar, pues todas las líneas telefónicas del Palacio de Invierno fueron cortadas y tampoco contaban con telégrafos. La mitología bolchevique dice que lo hizo vestido de mujer porque les gusta presentarlo como un ser afeminado. No creo que sea verdad, pero sí es verídico que ni siquiera pudo solicitar un taxi, por lo que tuvo que robar un vehículo de la embajada de los Estados Unidos y abandonar la capital en un transporte en el que flameaba la bandera estadounidense, para dirigirse hacia el frente del norte en busca de tropas que lo ayudaran a defender el gobierno provisional contra los bolcheviques. Allí, algunas fuerzas cosacas ya estaban combatiendo a los bolcheviques desde el día siguiente a la toma del poder.

LA ILEGITIMIDAD Y EL MITO

Se desató, pues, la guerra civil y los bolcheviques la ganaron hacia 1920, pero lo hacen con un costo enorme para la economía del país, con la devastación causada por la guerra y el comunismo, que se traduce en una economía planificada y militarizada, y la expropiación de todas las fuerzas del país para alimentar, vestir y armar al Ejército Rojo, que en 1920 cuenta ya con cinco millones de soldados.

Desde febrero y marzo de 1918 deben lidiar con alzamientos de trabajadores que se oponen al racionamiento y a la disciplina laboral que están imponiendo en el país. También se ven enfrentados a cientos de alzamientos campesinos en la primavera, que en 1920 culminan en revueltas campesinas en todo el país. Incluso son abandonados por quienes constituían su honor y gloria, como Trotski los había denominado en 1917, los marinos de Kronstadt, que habían liderado el alzamiento en julio de 1917 y que habían jugado un rol clave en la insurrección de octubre. Pues bien, en 1921 estos marinos están hartos con los bolcheviques y organizan un gran amotinamiento que es aplastado con sangre por los bolcheviques, que se abalanzan sobre ellos cruzando el hielo, bombardeando la base naval de Kronstadt, arrestando a los que aún no habían logrado matar o evitando que escaparan a Finlandia. Y, por supuesto, también enfrentan problemas a nivel nacional, como el hecho de que tienen que reconquistar Ucrania y reconquistar gran parte del antiguo imperio ruso. En suma, tienen problemas de falta de legitimidad.

Si miramos la siguiente imagen (4), del 7 de noviembre de 1919, podemos ver la Plaza Roja, los muros del Kremlin y un desfile.

Pero el desfile no son las masas. Son los soldados del Ejército Rojo y los mismos bolcheviques. En otras palabras, los bolcheviques, una vez concluida la guerra civil, se enfrentan al problema de crear un mito fundacional que asiente la idea de que la revolución y la guerra civil eran movimientos populares, que los bolcheviques habían accedido al poder, si no por los votos, sí como representantes de un extendido movimiento social. Ya sabemos que la última votación fue la de la asamblea constituyente, realizada justo después de la toma del poder por parte de los bolcheviques, el último Parlamento genuinamente democrático de Rusia. En esa elección, celebrada a mediados de noviembre de 1917, los bolcheviques obtuvieron sólo el 10 por ciento de los votos y optaron por cerrar la asamblea constituyente por la fuerza.

Imagen 4. 7 de noviembre de 1919. Desfile conmemorativo de la Revolución de Octubre en la Plaza Roja de Moscú, frente a los muros del Kremlin.

Puesto que tienen ese problema de legitimidad, los bolcheviques deben recurrir a la propaganda, a la construcción de leyendas, para crear un mito fundacional que describa la Revolución de Octubre como un evento masivo y la guerra civil, como una causada gracias al movimiento de masas que los respaldaba.

En 1920, el gobierno produce una recreación “teatral” de los eventos de 1917 que culmina en la toma del Palacio de Invierno. La realizan en la Plaza del Palacio de Petrogrado, como aún se denomina el lugar, y concurre un elenco de miles de personas y un público de más de 100 mil personas que contemplan la escena. Todo es convenientemente filmado.[2] En esta recreación, como podemos ver, figura Kérenski deambulando como una especie de Napoleón al que se intenta pintar como un personaje pomposo y tonto. Kérenski siempre había querido ser un actor y hacía discursos muy dramáticos. Muchas veces se desmayaba en el momento preciso para darles más efecto a sus palabras. Vemos también que, por algún motivo, el gobierno provisional de 1917 está apoyado por personas que parecen provenir del siglo dieciocho. Luego tenemos a los especuladores bancarios, unos personajes con bolsas de dinero sacando provecho de la Revolución, y a continuación un texto que dice: “Bajo el yugo de los capitalistas”. Puede verse también a los trabajadores oprimidos saliendo de sus mazmorras, trabajando para los banqueros capitalistas, sufriendo tal como sus mujeres sufren, todo en una especie de gran desfile de masas. Más tarde aparecen más cortesanos de Kérenski, tratando de sacarle el dinero a la gente: son los capitalistas. Luego aparece el alzamiento de julio de 1917, cuando los marinos de Kronstadt y un grupo de trabajadores trataron de forzar a los sóviets a que se tomaran el poder, y éstos no lo hacen porque estaban aún liderados por los revolucionarios socialistas y los mencheviques, y los bolcheviques no sabían si tenían que brindarles o no apoyo. El cortometraje sigue con una pancarta que dice “Larga vida a los campesinos y los soldados”, y después viene la catástrofe, el colapso. Toda la toma del Palacio de Invierno es retratada como un gran movimiento de masas, en el que el pueblo resulta triunfante.

LENIN Y EL DÉCIMO ANIVERSARIO

El mito o la idea de que octubre fue un evento masivo, un evento popular, nunca se acomodó muy bien con el otro componente del mito revolucionario soviético; a saber, que éste fue producto del genio de Lenin. Es difícil quedarse con ambas versiones, pues o se trata de una revolución de las masas o se trata de la revolución de Lenin. Ahí es cuando entra Eisenstein, quien realiza su famosa película Octubre, para el décimo aniversario de la Revolución en 1927, y soluciona muy bien este dilema en una famosa escena (imagen 5). Es el momento cuando Lenin regresa de Zurich en un tren blindado. Recuerden que los alemanes querían enviar a Lenin y a otros socialistas contrarios a la guerra de vuelta a Rusia y los suben en este tren blindado que atraviesa todo Escandinavia para llegar a la estación de Finlandia, en San Petersburgo. Sabemos por los registros históricos que los alemanes siguieron financiando a los bolcheviques hasta 1918. Lenin sale de este tren y, según la película de Eisenstein, se encarama sobre el carro blindado para arengar a las masas reunidas. Eisenstein transmite entonces, de manera brillante, la idea de la unión de Lenin y las masas con unos proyectores inexistentes, un haz de luz que hace un barrido sobre la muchedumbre fundiéndola con Lenin, como si se hubiera producido una especie de exaltación religiosa que opera como fusión entre Lenin y el pueblo.

Imagen 5. 1927. Famosa imagen de la película Octubre, dirigida por Serguéi Eisenstein, donde se ve a Lenin, sobre el tren blindado que lo trajo desde Zurich, dirigiéndose a las masas reunidas.

Esta película es probablemente la pieza más famosa de construcción de mitos sobre la Revolución. Fue encargada por la Comisión del Aniversario de Octubre de la Presidencia del Comité Central, que es básicamente la instancia ejecutiva de todos los sóviets rusos, comisión que también le encargó a Pudovkin, un director vanguardista al igual que Eisenstein, realizar el largometraje El fin de San Petersburgo, en el que predomina la idea de una revolución masiva. En su película, Eisenstein no utilizó actores profesionales, sino que recurrió a gente común y corriente; por ello, la persona que hace de Lenin es un pésimo actor pero se le parece físicamente, un trabajador denominado Mikanderov. Los habitantes de Leningrado también son utilizados en la película, y el comisionado que encargó este trabajo, Nikolái Podvoiski —un miembro prominente del Comité Militar Revolucionario—, como fue un personaje importante en la insurrección de octubre, se encarna a sí mismo en el largometraje.

La culminación de esta película, con su idea de que octubre fue un evento masivo, es el asalto del Palacio de Invierno con la famosa escena en la que Eisenstein muestra al pueblo, representado literalmente por decenas de miles de personas, asaltando el palacio, ingresando con sus armas, encaramándose sobre las rejas principales y ascendiendo por la escalera Jordana hacia el cuarto Malaquita, donde los restantes ministros del gobierno provisional estaban esperando su arresto. Es una operación militar con armas y disparos.

Ahora bien, en primer lugar, en los hechos la multitud no ingresó por la reja; segundo lugar, no subieron por la escalera Jordana: lo hicieron por la escalera de Octubre, como se denominó posteriormente, pero Eisenstein quería utilizar esta gran escalera procesional. No creo que toda la multitud retratada en la película haya efectivamente tomado parte en la insurrección. Trotski cifra en aproximadamente 20 a 25 mil el número de participantes activos en la insurrección de octubre, y creo que es una estimación razonable si se cuentan todas las personas que estaban en las calles, como las patrullas, los guardias rojos, las personas en actitud de defensa de las instalaciones importantes. El verdadero asalto del Palacio de Invierno, que fue dirigido por Vladímir Antónov-Ovséyenko, consistió más en un arresto domiciliario que un asalto. No había realmente nadie defendiendo a los ministros del gobierno provisional. Había unos pocos cosacos y cadetes, pero no habían recibido alimentos en todo el día y a las 10:40 horas de la noche, cuando comenzó el asalto, la mayoría había regresado a sus hogares por comida. Así es que fue más parecido a un arresto domiciliario y es muy probable que durante la filmación de la película se hayan causado más destrozos al palacio que cuando fue asaltado. En efecto, en 1927, cuando realizaron la película aún existía uno de esos pequeños personajes que trabajan en el palacio recogiendo colillas de cigarros y sacándoles brillo a los muebles y que probablemente llevaba 30 años realizando esa tarea. Él le dijo a Eisenstein: “Tu gente, los bolcheviques, cuando vinieron la primera vez, eran más ordenados”. Entonces se trata de una fantástica construcción de mito, que persuadió a la mayoría de la gente, incluso en Occidente, de que realmente se había tratado de un levantamiento popular.

Imagen 6. 1937. Fotograma de la película Lenin en octubre, dirigida por Mijaíl Romm. En ella Lenin aparece como un títere cuyas acciones son controladas por el auténtico genio de la Revolución de Octubre, el hombre a sus espaldas: Stalin.

Esta película estaba programada para el aniversario de 1927, pero nunca vio la luz en esa fecha. Adivinen por qué. Porque en gran parte del material aparecía Trotski, quien había sido el cerebro del Comité Militar Revolucionario y, desde muchos puntos de vista, la persona que había liderado el sóviet de Petrogrado. Posiblemente desempeñó un papel más importante que Lenin en la organización de la insurrección, si bien no en la decisión de llevarla a cabo. Pero para 1927 había caído en desgracia, había sido expulsado del partido y enviado al exilio, por lo que el pobre Eisenstein tuvo que pasarse otro año recortando a Trotski y procurando que la película conservara aún alguna coherencia. Por lo tanto, sólo fue exhibida en 1928 en unas pocas salas, y en 1933 la película fue lisa y llanamente censurada, porque no mostraba a Stalin, y ello por una razón muy simple: Stalin no había jugado ningún rol relevante en la insurrección de octubre. Un cronista menchevique lo denominó “el borrón gris” de la Revolución, porque nadie podía recordar lo que había hecho. Por ello, para el vigésimo aniversario de la Revolución en Octubre, en 1937, un año bastante ominoso, Stalin encargó a Mijaíl Romm una película titulada Lenin en octubre (imagen 6). Es muy cómica. Básicamente, muestra a Lenin como un títere cuyas acciones están controladas por el auténtico genio de la Revolución, el hombre que está de pie a sus espaldas: Stalin.

Imagen 7. Vladímir Antónov-Ovséyenko, líder del “asalto” al Palacio de Invierno en octubre de 1917, aparece aquí retratado junto a su segunda esposa y su hija. El 4 noviembre de 1937, tres días antes de la celebración del vigésimo aniversario de la Revolución, fue arrestado y, más tarde, ejecutado.

Como ustedes saben, 1937 era un período de terror en el cual gran parte de la historia soviética es reescrita. El hombre que lideró la insurrección de octubre, el que arrestó a los ministros del gobierno provisional, Vladímir Antónov-Ovséyenko, es retratado en la siguiente imagen (7) en medio de un grupo que incluye a su segunda esposa y su hija. El 4 de noviembre de 1937, tres días antes del vigésimo aniversario de la Revolución, Antónov-Ovséyenko es arrestado y ejecutado. Su esposa es arrestada el mismo día y enviada al gulag.

LA SEGUNDA GUERRA Y LA RENOVACIÓN DEL MITO

La Segunda Guerra Mundial cambió por completo el sentido del mito de octubre. Me atrevo a decir que el discurso de Stalin en la Plaza Roja del 7 de noviembre 1941, para el desfile del Día de la Revolución, fue probablemente la última vez en que se citó o movilizó la idea de Octubre y de la guerra civil con fines míticos, en servicio de los bolcheviques. Se le había recomendado a Stalin no autorizar el desfile el Día de la Revolución porque los alemanes estaban bombardeando intensamente la ciudad de Moscú y existía el peligro de que fueran alcanzados por las bombas, pero él consideró importante realizarlo debido a su significado simbólico. Por lo tanto, se llevó a cabo el desfile frente al mausoleo de Lenin, pero no sobre éste, sino en una estación subterránea del metro por razones de seguridad. Stalin realizó un discurso que es difundido masivamente por radio e impreso en todos los periódicos disponibles. En él evoca la memoria de 1918 y el primer aniversario de la Revolución: “Ustedes saben, en la guerra civil estábamos rodeados por catorce fuerzas hostiles, por los poderes capitalistas occidentales y no contábamos con un ejército, no teníamos nada pero superamos la prueba y salimos victoriosos. Debemos recobrar nuevamente ese espíritu para combatir ahora”.

Así, en 1945 y tras la victoria soviética, el sentido ha cambiado completamente, porque lo que se celebra ahora no es la revolución sino la victoria. Es el hecho de que la Revolución ha creado una sociedad, un poderío industrial y militar capaz de salvar a la humanidad y derrotar a Hitler. Eso es lo que se comienza a conmemorar y que se transforma en el nuevo mito fundacional de la Unión Soviética de la postguerra. La victoria contra el nazismo es utilizada para justificar todo lo sucedido desde 1917. Y éste es un mito que solía escucharse mucho y aún se escucha a menudo, no sólo entre los izquierdistas occidentales, sino también entre los liberales y conservadores; a saber, que Stalin construyó los tanques que derrotaron a Hitler. La idea de que la victoria de 1945 justifica todo lo realizado desde octubre de 1917 es clave para el mito fundacional de la Unión Soviética, porque los tanques y toda la maquinaria que derrotó a Hitler estaban basados en la revolución industrial que había sido organizada por el partido, hecha posible por la colectivización. Y el terror que acompañó este proceso es algo que debemos aceptar porque los logros globales de la industrialización soviética son muy significativos.

Ahora bien, la gente hablaba sobre el terror en 1945, pero éste es el mensaje que se transmitía desde las esferas oficiales. La mayoría de las personas que tenían un recuerdo directo de la Revolución y de la guerra civil, probablemente, estaban muertas o eran muy ancianas, por lo tanto ya no tenía mucho sentido seguir apelando a esa memoria. Ésta podía seguir existiendo en el trasfondo, pero para la población que sobrevive a la guerra es mucho más significativa la idea del sacrificio, sacrificio por el país, por los esfuerzos bélicos, por la victoria, y ese sacrificio en sangre es una suerte de vino sagrado de la Revolución. Posee una fuerza emocional muy poderosa debido al sufrimiento experimentado por el pueblo soviético. Muchas personas perdieron a sus padres, hijos, hermanos, esposas; muchos sufrieron y ese sufrimiento colectivo les permite a las personas darles un sentido a sus vidas identificando su propio sufrimiento con el logro colectivo de la victoria en la guerra. Me atrevería incluso a decir que después de 1945 la memoria de la Revolución ya no es significativa, ya no constituye la memoria principal de la gente en los años de postguerra. De ahí en adelante, todo gira en torno a la guerra.

Puedo ilustrar esta idea con una anécdota. Cuando fui por primera vez a Moscú en 1984 como estudiante de postgrado pensé que aún podía encontrarme con individuos que me relataran experiencias de la guerra civil, que era mi investigación de entonces, y contacté a algunas personas que estaban un poco nerviosas de hablar conmigo sobre temas históricos (estábamos en 1984, no en 2004). A pesar de que no me contaron nada muy revelador, lo que más me llamó la atención fue que todo giraba en torno a la Segunda Guerra Mundial. Los recuerdos de la guerra habían sepultado cualquier otra memoria del mito revolucionario original.

Imagen 8. Moscú, 1972. Cadetes de la Academia de Comandos de Guardias de Altas Fronteras de la KGB desfilan en el aniversario número 55 de la Revolución de Octubre por la Plaza Roja. Créditos: Lev Polikashin, archivo RIA Novosti, CC-BY-SA 3.0.

EL COLAPSO DEL MITO

Para los años sesenta y setenta, esta militarización del mito revolucionario y su leyenda está muy marcada en el pueblo soviético. La siguiente imagen (8) es del desfile del Día de la Revolución en la Plaza Roja, el 7 de noviembre de 1972, para el aniversario número 55 de la insurrección. Aunque los héroes de la guerra civil se utilizan como telón de fondo en lo fundamental, ya está configurado lo que venimos observando desde los años sesenta y seguimos viendo en los setenta, ochenta. Todos hemos sido testigos de las imágenes en la televisión, el reportaje del Día de la Revolución y no es un evento precisamente revolucionario. Su énfasis, más bien, es el poderío militar soviético, los misiles nucleares y todo lo que lo acompaña. ¿Qué está sucediendo y qué significa?

Pienso que la necesidad de reinventar la revolución en este contexto militarizado y luego la crisis de este mito y el final del poder soviético es, esencialmente, un problema generacional. Como lo señalo en mi libro más reciente, Rusia Revolucionaria, 1891-1991, mi intención fue mirar la Revolución en un período extenso, porque quise pensar en qué es una revolución valiéndome de las palabras de los propios líderes soviéticos, que aseguraban estar continuando la Revolución de Lenin. Y creo que fue útil pensar en esos términos porque tal vez sólo podamos explicar las acciones revolucionarias de Gorbachov de la perestroika y la glasnost si pensamos que se trataba genuinamente de un leninista. Si no hubiera sido un revolucionario no hubiera intentado algo tan osado.

Esto me llevó también a pensar cuánto tiempo puede durar una revolución. Y llegué a la conclusión de que sólo puede durar tres generaciones, porque si en 1945 la memoria de 1917 y de la guerra civil realmente tiene poca relevancia, en los años ochenta, aplicando la misma lógica, para los jóvenes soviéticos la guerra tiene poca o ninguna relevancia. Puede que aún haya ancianos desfilando el Primero de Mayo, el Día de la Aviación o en cualquier conmemoración de veteranos que uno pueda pensar, con todas sus medallas, pero a los jóvenes no les interesa, lo ven como una historia anticuada. Están más interesados en los Beatles y los Rolling Stones y todo lo que Occidente pueda ofrecerles. Ya no quieren seguir escuchando estas viejas historias. Creo que esto pone en aprieto al sistema soviético, porque saben que el mito de Octubre y el de la guerra ya no tienen el mismo poder de imantación, ya no ejercen la misma fuerza. Entonces realizan todo tipo de informes sobre el problema de la juventud, la degeneración de la juventud, que la juventud ya no está activa y qué se yo. Y bajo Brézhnev adoptan el estilo basado en las promesas económicas, y, al igual que en 1963, el PCUS elabora un programa que contiene promesas como, por ejemplo, que superarán el desarrollo de Occidente, idea que tendrá corta vida.

Bueno, ¿qué ha sucedido desde 1991? Con el colapso del comunismo creo que el legado de esta mitología se transformó en un tema muy complejo porque generaba muchas divisiones. Naturalmente, el Partido Comunista seguía siendo el partido más grande y organizado del país y aún representaba al sector más anciano de la población, pero los jóvenes, que estaban hartos, no querían saber nada del comunismo. Muchos se volvieron monarquistas, nacionalistas, fascistas. Surgió todo tipo de ideas para intentar llenar el vacío creado por el derrumbe del comunismo, y a Yeltsin le correspondió la ardua tarea de tratar de unir a una nación bajo un esquema federal. El problema al que se enfrentó es que Rusia nunca había sido una nación, pues se había desarrollado como un imperio. El país no tenía un sentido propio de nación y sigue careciendo de él. Tiene una visión más bien imperialista de sí mismo, como pudimos comprobarlo con la invasión de Crimea. Necesitaban nuevos símbolos para intentar unificar a la nación. No podían volver a los símbolos de 1917 ni querían volver a los símbolos imperiales.

Intentaron crear nuevos símbolos, pero no generaron ninguna adhesión. Se deshicieron del Día de la Revolución, el 7 de noviembre, y trataron de remplazarlo con algo que denominaron Día de la Reconciliación o algo así, pero nadie entendió su propósito y se asumió simplemente como un feriado más. Luego se hizo esta mezcla posmoderna de símbolos e ideas en la que, por ejemplo, la gente de Leningrado votó por renombrar su ciudad como San Petersburgo, pero todavía estaba ubicada en el distrito de Leningrado. Así, había un municipio con la bandera de San Petersburgo y la bandera de Rusia que a estas alturas ya era la nueva bandera rusa, pero a su costado estaba la bandera roja con la hoz y el martillo. En cuanto al himno nacional soviético, lo suprimieron y luego lo restituyeron, pero sin las letras alusivas a los soviéticos. Hubo mucha confusión y parte de ella persiste.

Es un problema con el que nunca han sabido realmente lidiar y parte importante de él es la memoria colectiva. Nunca hubo realmente suficiente tiempo en la era de Gorbachov y Yeltsin para que una memoria colectiva floreciera libremente y permitiera redefinir la identidad de Rusia y en qué había consistido la Revolución. En realidad, durante el período de la glasnost prácticamente no se discutió sobre la Revolución. Todo estaba centrado en la era de Stalin y sus atrocidades. No hubo mucha discusión sobre qué significó la Revolución; no se preguntaron: ¿fue el momento en que se fundó el Estado soviético?; ¿cómo vemos el futuro? Había cierta confusión e ignorancia, porque la gente básicamente había sido educada en las escuelas soviéticas, bajo la propaganda oficial y no sabía mucho acerca de lo que se conocía como las lagunas de la historia soviética. La gente ni siquiera sabía mucho acerca de la insurrección del Kronstadt, las revueltas campesinas u otros hitos relevantes. Había muchos pasajes de su historia que nunca les habían sido enseñados y que ignoraban casi por completo.

Así las cosas, cabe preguntarse qué va a suceder en noviembre de 2017, fecha en que Rusia conmemora el centenario de 1917. Por razones que espero haber dejado claras en esta conferencia, la fecha no es motivo de celebración. No es un momento con el cual el gobierno quiera lidiar en absoluto y la sociedad en su conjunto no tiene claridad respecto a qué carácter darle. No hay una visión consensuada sobre 1917 y, por ende, pienso que se optará por un evento muy discreto. Desde un comienzo, Putin dejó en claro que ésa era su idea. En 2014, cuando se le preguntó su opinión sobre lo que sucedería en estas fechas respondió que ello requeriría algo así como “una profunda y objetiva evaluación profesional”. Luego, en diciembre de 2016, el gobierno anunció la formación de una comisión liderada por Anatoli Tarkunov, director del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, un think tank que organiza conferencias bastante aburridas. De hecho, yo debería estar allá esta semana, pero en lugar de ello preferí venir aquí. El gobierno decidió, entonces, que no se involucraría y en marzo de este año uno de los portavoces de Putin señaló a The New York Times que el gobierno no participaría en la conmemoración. En consecuencia, no hay una visión oficial.

Si volvemos a reflexionar sobre ello, las razones son bastante claras. En primer lugar, es un tema que genera divisiones y sobre el cual no hay consenso. En la prensa rusa hay muchos artículos sobre cómo los rusos están aún combatiendo ideológicamente la guerra civil, y así están los descendientes de aquellos que creen en la causa del Ejército Blanco y los descendientes de aquellos que creen en la causa del Ejército Rojo. Para algunos, la Revolución fue el comienzo de una gran civilización, la Unión Soviética, con la que aún se identifican, y para otros fue una catástrofe nacional, el fin del imperio ruso, el momento en que Rusia se vio obligada a abandonar la guerra. Y para muchos, en la extrema derecha de esa visión nacionalista, fue como una puñalada en la espalda y responsabilizan de esta traición a los masones, a los judíos, a los extranjeros.

Putin se mueve de alguna forma en las dos bandas. Por un lado, se alinea con los comunistas, como cuando hubo un intento por sacar el cuerpo de Lenin del mausoleo y dijo que eso sería negativo, porque sería como decirle a mucha gente que había creído en la Revolución que su sacrificio había sido en vano. Por otro lado, es conocida su admiración por, entre otros, el general Denikin del Ejército Blanco, la principal fuerza contraria a los bolcheviques. Y en los últimos años, también, se han conmemorado con estatuas a varios generales del Ejército Blanco, algo que en alguna medida comenzó con Putin. En 2005, él organizó la repatriación de los restos mortales del general Denikin, refugiado y fallecido en los Estados Unidos, gracias a lo cual fue enterrado en una gran ceremonia religiosa en el Monasterio Donskoi de Moscú.

La segunda razón es que la Revolución es el último problema con el que Putin quisiera tener que lidiar en este momento. La revolución lo aterroriza, especialmente la revolución en Ucrania. Es algo que no quisiera ver replicado en Moscú, y ya sabemos que el gobierno siente que es un fenómeno del cual se salvó milagrosamente luego de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en la plaza Bolótnaya, de Moscú, en 2013.

Pero creo que la razón fundamental es que finalmente resulta muy poco claro qué lección pueden extraer los rusos de 1917. Cuando los franceses celebraron el centenario de su Revolución, en 1889, construyeron la Torre Eiffel. Era el símbolo de los valores republicanos, y ello se dio en un momento en que el gobierno francés, bajo la Tercera República, estaba muy confiado respecto de los valores republicanos y democráticos del sistema y reivindicaba su legado, no sólo a partir de la Revolución Francesa, sino que también de la Ilustración que la sustentaba. Antes de la celebración del centenario se realizaron conmemoraciones de Rousseau, Voltaire y otros. Era pues un momento de gran confianza en los valores de la Revolución. Pasaron por alto el terror de la Revolución, pero sabemos que todas las revoluciones conllevan cierto grado de terror que debemos obviar si queremos transformarlas en un referente nacional. Pues bien, los rusos no pueden hacer eso. Creo que no hay nada que puedan extraer de 1917, por lo menos de octubre. Desperdiciaron la oportunidad en febrero, momento del cual podrían sacar muchas enseñanzas. El período entre febrero y octubre de 1917 tiene un enorme potencial, grandes posibilidades políticas, pero es un momento de poder popular y eso es exactamente lo que el gobierno desea evitar.

También podría decirse que la mayoría de los rusos están hartos de la Revolución y que no quieren celebrarla de ninguna forma. ¿Pero qué otra lección podrían extraer los rusos de 1917? ¿El socialismo? Ya no es un Estado socialista. ¿La justicia social? Es uno de los Estados con mayor desigualdad, ciertamente en Europa. ¿La industrialización? Han construido fábricas que ahora están en ruinas. ¿El internacionalismo? No son internacionalistas. Son nacionalistas. Cada poder para sí mismo, en lo que a los rusos concierne.

Por lo tanto, es muy poco lo que pueden extraer como lección y creo que, a fin de cuentas, se quedarán con algo en línea del mensaje que ha transmitido Vladimir Medinski, que es el ministro de Cultura, que se llama a sí mismo historiador, aunque tengo dudas de aquello. Él ha estado escribiendo respecto a que la Revolución fue una tragedia, aunque no en el sentido en que utilizo esa palabra en mi libro, que es el sentido griego del concepto, donde todo puede suceder y es la historia de las personas la que precipita su perdición. Para Medinski, las revoluciones son intrínsecamente malas, implican sólo destrucción, división, guerra civil. Él sostiene que lo que debemos aprender de las revoluciones es que son nefastas y que lo que se requiere es un gobierno fuerte, y que los hechos de 1917 muestran es que es una muy mala idea entregarles cualquier cuota de poder a los liberales.

El otro concepto que se desprende del mensaje de Medinski —y aquí habla como el historiador oficial del Kremlin que él encarna— es una idea insustancial de reconciliación nacional, la idea de que lo que los rusos deben aprender de la Revolución es la necesidad de ceder y reconciliarse. En esta cruzada la iglesia rusa también está haciendo su parte. La iglesia es muy rica y poderosa en Rusia y está desarrollando una gran labor para conmemorar a sacerdotes victimizados por la Revolución. Han abierto una Iglesia de la Reconciliación en el Monasterio Sretensky, que, simbólicamente en este revoltijo posmoderno, está ubicada al costado de la Lubianka, histórica sede de la KGB.

El gobierno ruso también anunció que está planificando la construcción de un monumento de reconciliación nacional. El lugar en que va a ser erigido fue anunciado de manera extraña antes de iniciarse su construcción, que de seguro se hará de manera expedita antes del 7 de noviembre y será horrible. El lugar escogido para el monumento fue, provocativamente, Crimea. No sólo Crimea, sino el punto donde se encuentra el puente que une Crimea y Rusia. Por supuesto, la justificación es que la guerra civil concluyó en Crimea. Ahí fue donde el Ejército Blanco finalmente se desbandó; por lo tanto, se trata de un lugar simbólico para la reconciliación. Pero creo que se trata claramente de un proyecto nacionalista para reivindicar Crimea, “la tierra por la que luchamos, por la que vertimos nuestra sangre, nuestra tierra”.

Quiero volver al tema de la memoria colectiva. Básicamente, lo que desearía plantear como tema para la discusión es que Rusia realmente no tiene un pasado que rescatar a partir de la Revolución. Tiene una gran confusión respecto de su historia revolucionaria, acerca de lo que debiera hacer con ella y acerca de los valores y las lecciones que debiera extraer de ella. Producto de lo anterior, los rusos incurren en una serie de actitudes políticas preocupantes, en el sentido de que las encuestas muestran de manera consistente que la mayoría de los rusos anhelan un líder fuerte como Stalin y que piensan que la mayoría de las políticas implementadas por Stalin estaban justificadas y eran necesarias. Una encuesta que considero especialmente desconcertante fue realizada hace aproximadamente ocho años en tres ciudades. Se le preguntó a la gente lo que pensaban acerca de la Cheka (la policía política secreta que fundó Lenin), y el 70 por ciento de los encuestados opinó que ésta había defendido a la sociedad. A pesar de reconocer que alrededor de 10 a 20 millones de personas inocentes habían sido asesinadas por la política de terror de la NKVD,[3] seguían pensando que “defendía la sociedad”. En un programa de debate televisivo en el cual se discutió acerca de la colectivización, algunos panelistas relataron los terribles costos que supuso en términos de hambruna y otros males, pero luego se realizaron encuestas para ver qué pensaba la gente, y resulta inverosímil que, pese a toda la evidencia entregada respecto de los costos de la colectivización, más del 90 por ciento de los televidentes pensaba que la colectivización había sido necesaria.

¿Será esto una especie de patología rusa, de veneración de la violencia estatal? No lo creo, no está en su ADN. Pienso que debemos reflexionar sobre lo que les he hablado en esta charla: la construcción de mitos. En Rusia, las personas no han tenido acceso a una investigación histórica libre, no ha existido tampoco el espacio para la discusión y el debate histórico en los medios estatales ni en la televisión. El público puede acceder a información, pero tiene que procurársela por su propia cuenta. La mayoría no lo hace. Prefiere leer los periódicos, mirar la televisión, y lo que reciben es pura propaganda del Kremlin.

Lo que está en juego es el poder de la memoria oficial o de la construcción de mitos; la capacidad de suprimir la memoria colectiva, memoria que se forma en una sociedad con libertad de expresión y libertad de reunión, sin censura respecto a lo que la gente puede decir en términos de investigación histórica. Esto significa que la esfera de la memoria individual, lo que las personas recuerdan por su experiencia directa o por las ideas que han recibido de sus familias y de sus raíces en la sociedad, no posee una estructura adecuada, una estructura conceptual donde pueda ser encajada. Disponen de un par de autores, como Solzhenitsyn y otros a los que podrán acceder, pero, fuera de eso, la estructura que han recibido proviene de esta poderosa máquina creadora de mitos. Éste es el verdadero problema de Rusia, que recién comienza, si es que ha comenzado: cómo llegar a cierto acuerdo con su pasado revolucionario.

ALGUNAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO

Pregunta: Hay un momento, entre febrero y octubre de 1917, en que los bolcheviques toman el poder y hay una cierta ebullición democrática. Está la Duma, que ha sido elegida, hay un gobierno provisorio liberal muy preocupado de elaborar una constitución y de juntar una asamblea constituyente para que esa constitución se escriba, hay una inquietud democrática profunda y real. Es la pequeña semilla de una democracia, que rápidamente es aplastada por los bolcheviques. ¿No hay allí algo que los rusos de hoy podrían rescatar, como una forma de construir una memoria colectiva un poco más democrática, más constitucional?

Orlando Figes: Sinceramente, no creo que haya hoy en Rusia alguna reflexión importante en torno a lo que pudiera constituir una base fundacional del liberalismo y constitucionalismo. Una reflexión sobre los eventos de febrero de 1917 podría ser, efectivamente, un punto de partida para esta reflexión. Los historiadores conciben el período entre febrero y octubre de 1917 definitivamente como un momento con muchas potencialidades democráticas. Se podría caracterizar la instauración del gobierno provisional como un golpe de Estado parlamentario en una situación de caos para establecer algún tipo de orden antes de que sea elegida una asamblea constituyente. Pero, en cierto sentido, la forma en que tomó el poder fue ilegítima, aunque luego trató de basar su legitimidad en la Duma. Pero ése es el dilema de todas las revoluciones: no se puede tomar el poder en una situación revolucionaria sin ensuciarse las manos. Aunque ese origen, a su vez, daña tu legitimidad. La posibilidad real en términos de un legado liberal, constitucional, en rigor, no es la Duma, sino la asamblea constituyente, de no haber sido clausurada a la fuerza por los bolcheviques el 5 y 6 de enero. El centenario de ese acontecimiento a comienzos del año que viene[4] probablemente pase desapercibido, pero fue el primer y último momento en el cual Rusia tuvo un Parlamento verdaderamente democrático.

Ahora bien, creo que hay un problema mayor respecto de ese tema si analizamos lo que sucedió en 1917 y que explica por qué el liberalismo colapsa tan rápido. Tiene que ver con la debilidad, en general, del liberalismo en Rusia. Los kadetes, es decir, los demócratas constitucionalistas, son el principal partido liberal y dominan la primera Duma, pero no son realmente un partido liberal en el sentido occidental. Son un partido radical. Cuentan entre sus dirigentes con numerosos profesores, abogados, profesionales, pero apoyan un programa agrario socialista en la primera Duma, que promueve la expropiación obligatoria de las tierras. Lo único que separa a los kadetes de los socialistas es que los primeros quieren compensar a los terratenientes por la expropiación de sus tierras. Se trata de una importante distinción. Los liberales rusos tenían un lema muy decidor: “Sin enemigos a la izquierda”. Por ende, apuntan a formar un frente popular y eso fue un gran problema para el gobierno provisional. ¿Cómo constituir un gobierno con los liberales y tener una base popular al mismo tiempo? Se probó imposible. Las divisiones eran tan profundas que resultó imposible formar un gobierno democrático que integrara a la vez elementos liberales de la intelligentsia —que no fueran de la clase obrera o campesinos— y a los partidos socialistas. No es que el gobierno provisional fuera suprimido rápidamente en octubre de 1917. Es el hecho de que en marzo de 1917 el socialismo se ha vuelto hegemónico. El concepto de socialismo tiene una popularidad universal, como la palabra democracia. Es una situación hegemónica que nadie puede cuestionar. Los kadetes lo intentan, pero en las elecciones de septiembre de la Duma, donde contaban con el apoyo de profesores y abogados en las principales ciudades, sólo obtienen el dos por ciento. Porque no se pueden ganar elecciones a no ser que se utilice un lenguaje socialista. Por lo tanto, éste es el problema y es sintomático de las divisiones existentes.

Por supuesto, el socialismo ha muerto en Rusia. En sus primeros años Putin realizó una política al estilo de Stolypin[5], que es una especie de conservadurismo liberal, en el cual, por un lado, se apoya la monarquía y, por otro, se avanza hacia reformas políticas que separan a la oposición revolucionaria de los elementos más liberales de la sociedad y se resuelve el problema de la tenencia de tierras mediante el loteo y la privatización. Es una suerte de liberalismo, si se quiere. Entonces, en sus primeros años de gobierno, Putin veía en Stolypin un posible modelo para Rusia pero no duró mucho. No creo que hoy nadie esté preocupado de Stolypin; sin embargo, su concepto de nacionalismo es relevante y la idea de hacer de Rusia una gran potencia, pregonada en numerosas ocasiones por Stolypin, sigue siendo parte del discurso conservador de Putin. Creo que el régimen ha abandonado cualquier idea de reforma; no le interesa el reformismo, menos aún el reformismo económico, pues eso alienaría su base de poder tecnocrático. Por lo tanto, precisamente debido a este pasado revolucionario, no creo que se pueda rescatar mucho del legado liberal en Rusia.

Pregunta: ¿Todas las revoluciones necesitan un mito o fue esto un fenómeno particular de la Revolución Rusa?

Orlando Figes: Pienso que sí, porque, por definición, todas las revoluciones son ilegítimas, por ende, necesitan un mito fundacional que las legitime. La Revolución de 1688 en Inglaterra se transformó en la Gloriosa Revolución en 1689, un año después de que se estableciera la soberanía parlamentaria. La Revolución Francesa fabrica su propia mitología desde el primer día y la Revolución Rusa hizo lo mismo. Por lo tanto, es probable que todas las revoluciones lo hagan. Pienso que la mitología de la Revolución Rusa fue especialmente potente debido a la cultura religiosa de Rusia y al poder del simbolismo político. Tomemos, por ejemplo, el simbolismo de la estrella roja. Ya en 1918 un editorial del periódico Pravda señala que la estrella roja representa a Pravda, diosa de la verdad y la justicia que lucha contra el mal. Así, los símbolos de la Revolución se superponen a esta especie de iconografía religiosa, a este folclor.

Pregunta: En este preciso momento, el presidente y el secretario de mi centro de alumnos en la Escuela de Derecho están viajando al encuentro organizado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Éste no tendrá lugar en Moscú, sino en Sochi y Vladivostok, pero naturalmente el viaje no sería completo si no incluyera una visita al mausoleo del camarada Lenin. La pregunta es si usted tiene una explicación de por qué la Revolución es aún tan llamativa, tal vez no para la población rusa, pero sí para la izquierda en general en todo el mundo.

Orlando Figes: Creo que lo que persiste es el romanticismo de la Revolución, son las posibilidades que abre. No sé lo que sucede en Chile, pero en el Reino Unido han aparecido algunos libros escritos por viejos autores izquierdistas y trotskistas, como Tariq Ali, China Míeville y algunos autores de novelas fantásticas, y todos se refieren al potencial del pueblo en 1917. Saben lo que sucedió, ya no siguen negando que millones murieron producto del terror de las políticas soviéticas, pero siguen diciendo “sí, pero octubre” o, “sí, pero todo podría haber sido diferente”, o “la culpa es de Stalin, no quizás de Lenin”... El romanticismo de la revolución es decir que no podemos descartar la revolución como una posibilidad, no debe despreciarse la energía que puede crear, es reaccionario negar esa posibilidad. Por lo tanto, existe esta simpatía romántica por la revolución que está particularmente ligada a Rusia, debido a este otro gran mito, que también podría ser tema para otra conferencia completa: el mito del alma rusa. Puede que los rusos estén rezagados en el plano material, pero tienen algo especial, que es una misión moral superior, cualidades espirituales, la creencia en el colectivismo, algo que ha sido definido de muchas formas distintas. Esta idea del alma rusa encarnada por Gógol y los eslavófilos que lo siguieron y se convirtió en parte del atractivo internacional de la Revolución, la idea de que la Tercera Internacional salvará a la humanidad, la misión especial que Rusia tiene en el mundo. Por lo tanto, pienso que parte del romanticismo de la izquierda sobre la Revolución es un romanticismo sobre Rusia en general. Los rusos son un pueblo elegido, que posee una suerte de antídoto contra la decadencia, la corrupción y el materialismo del capitalismo occidental. EP

1 Se conoce como Duma a la asamblea legislativa creada bajo el régimen imperial del zar Nicolás II en 1906. Fue disuelta en 1917. Recién volvió a reconstituirse en 1993, como cámara baja del Parlamento de la Federación Rusa (n. del e.).

2 Parte de esta filmación puede verse hoy en YouTube, bajo el título de “Storming the Winter Palace (1920)”: https://www.youtube.com/watch?v=fLihunxEzwE.

3 Abreviatura para el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, departamento de seguridad interior de la URSS, que siguió a la Cheka y más tarde se convertiría en la KGB. Entre otros asuntos, manejaba los gulag, campos de prisioneros políticos (n. del e.).

4 Figes se refiere a 2018 (n. del e.).

5 Piotr Arkádievich Stolypin (1862-1911) fue el tercer primer ministro del Imperio Ruso, entre 1906 y 1911. Es considerado un monarquista que, con visión de Estado, fue consciente de que ciertas reformas, como la agraria, eran necesarias para modernizar el imperio y controlar los espíritus revolucionarios.

ENSAYO

EL FUTURO SOCIALISTA EXISTE Y FUNCIONA: LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA IZQUIERDA CHILENA HASTA 1973*

Joaquín Fermandois

Universidad Católica de Chile

Joaquín Fermandois H. Profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos. Estudios de postgrado en Alemania Federal y España. Beca Guggenheim 1989. Email: jfermand@uc.cl.

* Este ensayo fue preparado con ocasión del seminario “Revolución Rusa en América Latina y Chile”, celebrado en el Centro de Estudios Públicos, el 17 de octubre de 2017.

Resumen: En este ensayo, el autor sostiene que si bien el surgimiento de la izquierda chilena obedeció a un proceso interno del país, que tuvo su origen a finales del siglo XIX, la influencia de la Revolución Rusa y de la URSS es, más tarde, innegable, ya que puso en vista un horizonte concreto al que aspirar, e incorporó a Chile al debate ideológico mundial, del cual la Guerra Fría fue una de sus etapas.

Palabras clave: Partido Comunista de Chile, Partido Socialista de Chile, Revolución Rusa, URSS, Guerra Fría.

THE SOCIALIST FUTURE IS HERE AND IT WORKS: THE RUSSIAN REVOLUTION AND THE CHILEAN LEFT BEFORE 1973

Abstract: This essay argues that although the Chilean left emerged from a domestic process originating in the late nineteenth century, the Russian Revolution and the USSR had an undeniable influence later by bringing into view a concrete prospect to aspire to and drawing Chile into the global ideological debate, of which the Cold War was one stage.

Keywords: Communist Party of Chile, Socialist Party of Chile, Russian Revolution, USSR, Cold War.

El cuerpo político de Chile, aquello que se llama la polity, ha estado desde siempre vinculado al desarrollo de grandes corrientes de ideas y sentimientos políticos —definidos en un sentido amplio— globales. Reproducción, producción y creación —en el país como muchas sociedades a lo largo de nuestra Tierra— han ido adquiriendo un lenguaje universal que también refleja formas propias de interpretar sus dilemas.

De esta manera, la izquierda chilena —al menos aquella crítica del sistema en su conjunto— surgió asistida por una referencia lingüística que proviene del núcleo ideológico del siglo XIX europeo, tal cual en otras partes de América. Ello ocurría antes de la Revolución Rusa y, como se explicará después, aun sin que en Chile hubiera existido algo así como un marxismo revolucionario. La izquierda política y concreta, en tanto, tal como se fue desarrollando paulatinamente a lo largo del siglo, sacó una parte sustancial de su fuerza anímica de los resultados de la Revolución Rusa, la que hizo creer que había nacido un nuevo tipo de sociedad, esencialmente mejor para la mayoría de los habitantes, sobre todo para aquellos que eran excluidos. El impulso provenía de la creencia de que, con todas las dificultades que pudiese haber, el futuro pertenecía a este nuevo tipo de organización social que había surgido. La Revolución se constituyó así en un factor de precipitación de un fervor y una actividad abnegada en pos de un nuevo y superior modelo de organización humana.

REVOLUCIÓN ANTES QUE LA REVOLUCIÓN

La Revolución Rusa estaba presente en Chile antes de la revolución, al menos en su potencial. Anarquistas y socialistas que obedecían a una persuasión política antisistema tenían una presencia desde fines del siglo XIX.[1] Fue la gradual adopción de un proceso político que provenía desde la extrema izquierda europea, aunque hay que tener cuidado con esta definición. Correspondía a una voluntad de cambio social que implicaba orientarse hacia un modelo revolucionario radical, que quizás correspondía al jacobino, aunque no se contentaba con éste. Llamarlo marxista sería apropiado, siempre que no pensemos en la obra concreta de Marx y Engels como articuladores de un lenguaje específico de estos sectores. Por lo demás, no estaban representados en sólidos partidos políticos, sino que a través de una multitud de organizaciones ligadas a las demandas sociales de gremios y sindicatos; en fin, a todo aquello que después —con la exageración del caso— se llamará movimiento obrero.[2]

Las vías de esta influencia se han estudiado, aunque es muy difícil concretarlas. Se ha aducido, por ejemplo, que una vía habría estado en los exiliados alemanes post 1848 o en anarquistas italianos y españoles arribados a estas costas después de alguna estadía en Buenos Aires. No hay ninguna prueba que pueda documentar con solidez este canal, aunque habrá jugado un papel. Es probable que la acción directa de algunos hombres, entre inmigrantes y exiliados, entregaba ideas, lenguaje y espíritu para transformar reclamos sordos en un discurso político de cambio radical. Creo que esta receptividad era natural en un país como Chile, según se probó, pues, para la emancipación, hacia el 1800, ya estaba abierto a emociones euroamericanas, incluyendo además la rapidez extraordinaria de la difusión informativa producto de la revolución industrial. Con la existencia de los cables submarinos, ya desde mediados del XIX, se intensificó la simultaneidad de las percepciones que hizo brotar con cierta espontaneidad a este movimiento obrero, cuyos líderes recogían ávidamente las consignas de sus congéneres europeos y americanos. La rapidez con que se expandió la idea de la “Masacre del Primero de Mayo” en Chicago como efeméride de identificación de los obreros del mundo es una de las tantas manifestaciones de este vínculo. Revoluciones y conatos revolucionarios en Europa ejercían siempre algún poder sobre la imaginación de posibles émulos locales. La idea de la huelga general sería imposible sin esta referencia. La Revolución Rusa de 1905, de tanto simbolismo político en los afanes revolucionarios del siglo XX —en la ideología soviética posterior la referencia de 1905 tendría un papel fundamental, así como en el Komintern y los partidos comunistas y revolucionarios del siglo XX—, fue claramente percibida como una alborada en Chile. El mismo Luis Emilio Recabarren cita en 1906 la posibilidad de la Revolución Rusa como una marca para todo el movimiento obrero:

Una de las páginas que en los tiempos de hoy ha sido escrita con caracteres indelebles, infinitos, fundidos en sangre de hombres, con carne machucada con plomo y hierro es sin duda la que ostenta el relato de la gran jornada, de la jornada obrera del 22 de enero de 1905, en las calles de San Petersburgo, al frente del Palacio de Invierno del Zar de Rusia. Allí hay una acción sublime y noble que está fresca, que está viva en nuestra retina, que habla todavía. Era un pueblo todo, mezclado el andrajo y la decencia, la intelectualidad y la ignorancia, que acudía de rodillas a los pies del déspota a implorar gimiendo un cambio de justicia. El plomo de los sayones llenaba al pueblo que así humildemente pedía la respuesta de aquel asesino. La humildad sencilla de ese pueblo, así tan cobardemente ultrajado, se tornó en fiereza, y en energía indomable. Y el pueblo arremetió, sin sentir lástima por los suyos contra los esbirros, tratando de abrirse paso para elevar el castigo al tirano. Pero su pueblo no alcanzó a llegar. Desgraciadamente no tuvo la fuerza suficiente para realizar ese anhelo tan justo. El domingo 22 de enero de 1905 guarda para nosotros la esencia de la sangre virgen que ese pueblo derramara para exterminar la esclavitud que domina a los hombres. Por eso que en su primer aniversario, cuando aún todavía las bravas legiones de Rusia azotan la tiranía, nosotros los esclavos de acá, solidarizando con ellos, elevamos nuestra voz, sacudimos nuestra palabra, deseando que ella llegue al corazón de aquellos hermanos para infundirles más fe en este negro presente, que animen más sus energías y esperanzas.[3]

En este sentido hubo una mirada interrogativa y quizás admirativa a la Revolución Rusa, y que no era expresión más que de este fenómeno de la política mundial, en el cual al final prácticamente toda la modernidad fue incluida y del que Chile fue un ejemplo descollante, al menos en la manera en que las formas políticas pueden empapar la búsqueda de identidad hasta en los últimos rincones del planeta.[4]

Este sentimiento político no se articuló en un sector de forma clara. Convivía casi sin fronteras con otro discurso, que podía afirmar la inevitabilidad histórica propia a la emoción del marxismo y su teoría acerca del devenir de la sociedad moderna entendida como capitalismo, pero que procedía de fuentes del reformismo social, más que por influencia directa, por adaptación espontánea a una especie de socialdemocracia sans phrase, que aquí sí encontró esa figuración concreta en el Partido Demócrata fundado en 1887 por Malaquías Concha. Éste no podía ser más diferente al tipo humano del anarquista y podría haber estado también próximo a una reforma del parlamentarismo; sin embargo, su obra era impulsada por la fuerza de las acciones de los grupos sindicales, en donde a veces brillaba un ansia por la opción directa, lo cual, en todo caso, legitimaba la necesidad de una persuasión reformista como los demócratas.[5]

Los caracteres violentos e incluso sanguinarios que adquirieron algunos movimientos huelguísticos como los de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne de 1905 y, finalmente, el símbolo más potente hasta 1973, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique no serían comprensibles sin una cierta inspiración en la práctica radical y quizás revolucionaria de la Europa de fines del siglo XIX y comienzos del XX.[6] Lo mismo vale para una reacción antirrevolucionaria que recoge su lenguaje de la política moderna y, si bien no crea lo que se podría llamar un partido expresamente contrarrevolucionario que tienda a transformar la idea de suprimir toda revuelta como un principio político fundamental, instala, sin embargo, una persuasión que es inseparable de la modernidad, en especial de la crisis ideológica del siglo XX. De esta manera, ya en la primera década del siglo XX —por cierto, antes de la Revolución Rusa— estaban instaladas en Chile tanto una disposición revolucionaria como una antirrevolucionaria.[7]

En efecto, las dos tentaciones no alcanzan a empapar el corazón del sistema político, aunque ayudaron a instalar el tema del subdesarrollo —entonces llamado como la cuestión social— como un problema fundamental de la política chilena en esos días.[8] La discusión colaboró también a construir una clase dirigente de los movimientos sociales —obreros, artesanos, empleados de baja clase media— que se movilizaban o eran movilizados y que requerían de un lenguaje propio la modernidad; es decir, un vínculo con la política mundial en cuanto correa de transmisión, aunque no se debe descartar la existencia de espontaneidad al respecto. Con todo, aun sin una masa crítica de intelligentsia que pueda organizarlo y darle vida pública como actor, existe un movimiento reivindicativo. Como se verá más adelante con algunas sociedades que carecían de esta base cultural, se creó e hizo poderosa esta persuasión de tipo marxista que jugó un papel capital para el surgimiento de esta intelligentsia, como en Camboya en las décadas de 1960 y 1970, y quizás con Sendero Luminoso, en Perú, en las décadas de 1980 y 1990. Hay muchos más ejemplos.

En el caso chileno, la principal fuerza de cohesión del sistema político fue la temprana institucionalización del país, aunque, por cierto, éste es un tema debatido cada día con más intensidad, y me temo que respecto del cual nunca habrá un real acuerdo.[9] Con todo, me atrevo a repetir que en Chile la institucionalización precedió a la movilización.[10] Es decir, se creó un sistema con las reglas de un juego bastante cerrado, si bien flexible en sus inicios, que luego mostró su potencial plástico a lo largo de la historia de Chile. Es allí donde convergían las diversas formas políticas que nacían. Esto no sucedía necesariamente de buena gana ni era garantía de estabilidad. Ha sido, en todo caso, una tendencia o inercia de la vida pública en Chile, toda jalonada por quiebres, donde la crisis nacional de la década de 1970 es la más mencionada, la más espectacular y la más profunda.

A esta mecánica, en general, se fue sometiendo la izquierda aparecida en Chile a fines del XIX y que eclosionaría con gran presencia a partir de la década de 1920. Al comienzo sería un componente silencioso en la instalación del debate acerca de la cuestión social, en la aparición del tema del desarrollo versus subdesarrollo. Esta nueva izquierda brincó sobre un lenguaje que ya no nos abandonaría por más de un siglo. Fue parte entonces de una democratización política, en cuanto que nuevos grupos se incorporaron al foro público y a la demanda de poder, acompañados por las exigencias de mejorías económicas y sociales. Fue parte del proceso democrático sin tener una conciencia cabal de lo que aquí llamamos “modelo occidental” (o sea, el de la democracia moderna).

Antes de la Primera Guerra Mundial, el horizonte en el que podían inspirarse estos nuevos grupos estaba fundamentalmente compuesto por la experiencia del llamado movimiento obrero; es decir, por luchas que estaban siempre al borde de la legitimidad institucional y que, en algunas ocasiones, eran derechamente insurreccionales. Algunos grandes momentos, como la Comuna de Paris (1871), tenían una presencia algo legendaria, y al parecer algunos de sus participantes arribaron exiliados o refugiados al Cono Sur.[11] Su leyenda resonó en la izquierda militante por largas décadas del siglo XX y se puede respirar en el Chile de 1940:

Sólo la gloriosa y heroica Comuna de París de 1871 pudo servir de modelo para la Revolución Socialista de Octubre de 1917. Pero su existencia demasiado breve no ha dejado huellas tan hondas para que sobre su base se pudiera organizar la triunfante revolución socialista, la sociedad socialista. No se puede menospreciar la significación de la experiencia de la Comuna de París, particularmente la significación creadora de las nuevas ideas, cuya expresión ella fue. Pero las proporciones de su actividad dentro de las fronteras de una sola ciudad y lo inacabado de su labor no dieron suficientes directrices para la Revolución de Octubre de 1917.[12]

Es probable que en esto exista “construcción de memoria” y no que la Comuna necesariamente haya sido imagen viva hacia el 1900 en Chile; me parece, sin embargo, que esta presencia es permanente.

Como decía antes, el anarquismo europeo y norteamericano, en especial el de raigambre mediterránea, tuvo también presencia en Chile y fue relativamente fuerte hasta el comienzo de la década de 1920.[13] Era también expresivo como contraimagen de violencia, exagerada por sus adversarios como es usual en estos casos. La Revolución Rusa de 1905 tuvo un temprano apologista, aunque con referencias rápidas, en Luis Emilio Recabarren. No había un modelo global concreto salvo la idea de que el mundo, encabezado por un proletariado revolucionario y por las masas oprimidas, marchaba hacia el socialismo o hacia un orden racional e igualitario, que dejara atrás al capitalismo y la miseria.

IMPACTO DE LA GRAN GUERRA

La Primera Guerra Mundial, como muchos conflictos —incluyendo las guerras napoleónicas que detonaron las independencias americanas—, constituyó un acelerador extraordinario de acontecimientos y sublevación de los espíritus. Sin embargo, no es especular demasiado el sostener que iba a sobrevenir de todas maneras aquello que a mí me gusta denominar marxismo revolucionario, como fenómeno distinto, aunque no necesariamente antípoda, del socialismo evolutivo o reformista. Esta división de las corrientes antisistemas euroamericanas, y potencialmente global, se iba a producir de todas maneras. La persuasión leninista ya existía antes de 1914 (así como lo que iba a ser el fascismo) y tenía mucha lógica en sí misma, ya que heredaba tendencias revolucionarias del XIX originadas en último término en la Revolución Francesa. La izquierda chilena las iba a absorber forzosamente porque, finalmente, el mismo cuerpo político de Chile se había creado por un movimiento global a comienzos del XIX.

Antes de ver las consecuencias colosales de la guerra y el panorama político chileno en la izquierda, hay que enumerar otros aspectos que se relacionan con esta precipitación que produjo la Gran Guerra. Primero, fue, desde luego, la deslegitimación del orden no sólo internacional, sino que también interno de las sociedades en el mundo de anteguerra, que hacía más propenso a los países a las convulsiones sociales y políticas. El segundo aspecto está en que la guerra fue también un fenómeno comunicacional en el cual participaron sectores interesados a lo largo de todo el mundo, y particularmente en Chile fue un tema popular.[14] No se trataba únicamente de la curiosidad por las batallas y ofensivas como una justa deportiva —o por la que se tomaba partido según las simpatías—, sino que además las ideas por las que se combatía no se limitaban al escenario europeo. Esto tuvo una enorme repercusión en los imperios coloniales a lo largo de Asia, pero también tuvo una reproducción en nuestra América y, por cierto, en Chile, donde los movimientos reivindicatorios tenían larga data y podían llegar a ser ardorosos. En un tercer aspecto, se absorbió con bastante fuerza una nueva concepción de economía política, que ponía el acento en el papel del Estado para la administración económica y social y que puso en tela de juicio al liberalismo económico del XIX. Esto no habría sino de aumentar durante las décadas de 1920 y 1930, empapando en algún grado mayor o menor a la mayoría de los sectores.[15] Esta noción del Estado, como un manejo del futuro, todavía chocaba con los fines ideales del marxismo revolucionario y su idea de que encabezarían el fin del Estado, y, todavía más, con las nociones anarquistas que iban contra toda autoridad. Constituían, con todo, un acicate poderoso para apurar un cambio social y, desde una perspectiva antisistema, podía constituir un ariete para efectuar una transformación en las relaciones de propiedad. Aquí se perfila el Chile que llegaría hasta 1973.

1917, ¿DIVISORA DE AGUAS?

Un acontecimiento trascendental para la izquierda chilena —y desde luego global; las realidades son inseparables— fue la Revolución Rusa de 1917.[16] Como la Francia del XVIII, la Rusia bolchevique —después Unión Soviética— pasaría a constituirse como el símbolo de la revolución radical en el siglo XX (por más que hacia fines de siglo se produjo un eclipse revolucionario quizá definitivo). Con todo, la existencia de una sociedad diferente, de una aventura de cambio radical que se consolida además en una gran potencia europea en lo que a poder “duro” se refiere, cambió no sólo el panorama ideológico de casi todo el resto del siglo, sino que por algunas décadas también echaría las bases de un nuevo sistema internacional, de competencia de Estado y rivalidad de sistemas, a los cuales se emulaba o se los discutía (aunque cabía también la duda entre ambos o el afán de síntesis).

La Revolución Rusa en los años que siguen inmediatamente a 1917 tuvo de manera instantánea como subproducto lo que luego se llamaría el comunismo a lo largo del mundo, en especial en Europa, en América y en Asia Oriental.[17] No constituyó una acción consciente de Lenin y los suyos, aunque también pusieron su parte. Reflejaba la preexistencia de una persuasión política antisistema o francamente revolucionaria, acicateada además por las privaciones de la guerra, que terminó por provocar el sinsentido de ella misma y un ambiente general de revuelta y rebelión, que acompañó el final del conflicto y el comienzo de la postguerra.

Las semillas del proceso de descolonización que sigue a 1945, ya plantadas por el nacionalismo anticolonialista desde fines del XIX, junto con el discurso político que acompañó a los vencedores, en especial el discurso de autodeterminación del presidente Wilson, actuaron como acicate. Esto se vio con fuerza en el mundo árabe y en Asia Oriental. También, como subproducto de lo mismo, acontece la formación de organizaciones políticas que emulaban el modelo revolucionario, muchas de las cuales se sumaron luego a la Internacional Comunista y siguieron las aguas de Moscú. El sentimiento rebelde o revolucionario de anteguerra encontró en su gran mayoría una materialización en el llamado “comunismo internacional”, que al final llegó a ser férreamente controlado por Moscú, aunque también reflejaba reacciones nacionales propias a una variedad.[18] Piénsese que mientras Marx era casi desconocido en China antes de 1914, el Partido Comunista Chino se fundó en 1921 y a los pocos años era uno de los polos revolucionarios en una larga guerra civil con los nacionalistas —una ideología moderna también— que configuraría a la China del siglo XX, y que, por lo demás, será una semilla de la China actual. En este sentido, los acontecimientos que suceden, tanto en América como en Chile, son tanto reflejo de un fenómeno global como de una historia nacional; es lo que en otra parte he llamado la política mundial.[19]

CATALIZADOR CHILENO Y SOVIÉTICO

En Chile había habido un remanso después de los terribles sucesos de Santa María de Iquique en 1907. La tensión subyacente, y a veces más manifiesta, seguía, sin embargo, su curso. El desarrollo del anarquismo y de una organización preleninista como el Partido Obrero Socialista, en 1912, indicaban una de las posibles direcciones de la política nacional. Además de las tensiones consabidas, el Norte Grande había llegado a ser una fuente de protesta, sentimientos y de expresiones radicales, lo que también arraigaría en la zona en una larga descendencia.[20] La guerra, con las dislocaciones económicas que trajo a Chile, acentuó conflictos por las demandas sociales, y el país recibió de pleno la inquietud social y política que comenzaría a desarrollarse en el mundo por razones diferentes pero conectadas con la aceleración del tiempo que siempre se produce en un conflicto de esta profundidad. El mismo León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, surgió como caudillo popular y populista mediante una elección senatorial en 1915, en la provincia de Tarapacá.[21]

Es en esta atmósfera en donde la Revolución Rusa encontró terreno fértil para ser recibida y, al mismo tiempo, fue un motor para la idea de un cambio radical, quizás apocalíptico, aunque en América escasamente se tradujo en intentos revolucionarios inspirados en ella. Sin embargo, no se puede menospreciar el papel que el hechizo emanador del nuevo Estado soviético produjo en quienes estaban movidos por persuasiones análogas. Ahora existía un caso concreto de un nuevo tipo de sociedad radicalmente distinta que —se suponía— había barrido con los opresores y creaba un sistema de iguales para los oprimidos.[22] Anunciaba, además, un camino ineluctable, aunque arduo y quizás sangriento, pero con una meta a la que se llegaría en algún momento no muy distante, un proceso infalible que conduciría al socialismo y a una sociedad nueva:

Lleva apenas poco más de un mes el régimen maximalista, y podemos decir que ha avanzado más de un siglo en tan corto tiempo. Francia, a 130 años de la gran revolución, no ha recorrido tan hermoso camino con horas tan difíciles. El inmenso territorio ruso, que antes gobernaba un hombre bajo el régimen del látigo, emplomado, hoy está subdividido por regiones que se han dado su propia constitución liberada de todos los despotismos y crueldades de otros tiempos; la tierra que antes era propiedad de los aristócratas, grandes duques burgueses, etcétera… ahora es de la comunidad; es propiedad y patrimonio común. El sueño, la utopía de esos locos llamados socialistas pasa a ser hoy no sólo una realidad, sino que la fuente de todo progreso y felicidad humana; esto era lo más temido por la clase capitalista de Rusia y de todas partes.[23]

En Rusia, la revolución y la guerra civil destruyeron las instituciones, quedando sólo el partido y el Estado por éste ocupado. En Chile, en cambio, existían instituciones que habían creado prácticas no pensadas para los nuevos grupos, a las cuales estos se habían sumado por lógica, por tolerancia o por activismo. El sistema no había experimentado todavía un sismo comparable a la Gran Guerra como en Rusia, ni una violencia desgarradora como era la de China del fin del imperio. Jamás se puso tampoco en tela de juicio el monopolio de las armas y, salvo momentos que ya se verán, las fuerzas armadas no se disgregaron, al tiempo que constituían un contrapeso adicional al que hacían las instituciones frente a las posibilidades revolucionarias. Sin embargo, tanto el entusiasmo por la revolución como el horror por la misma —sintetizado por la ejecución de la familia imperial— le dio alas a algo que siempre había existido: el temor antirrevolucionario, ahora magnificado con las exageraciones del caso.

No hay nada que ejemplifique mejor esta situación que las elecciones de 1920, que significarían un punto de inflexión decisivo en la historia de Chile, tanto quizá como las de 1970.[24] Aquí viene la paradoja si en la primera fecha ya estaba apaciguado un gran conflicto en nuestra América —la Revolución Mexicana—, éste, sin embargo, en Chile y otros países de la región sólo fue una noticia de impacto, un evento colosal, si se quiere, que puede haber tenido algún tipo de analogía pero que no produjo una utopía centrada en él. En contrapartida, la Revolución Rusa produjo, como en gran parte del mundo de manera casi instantánea, una utopía y una antiutopía (distopía), como polos distintivos de la cultura política, aunque todavía sin marcarla por completo. En la mencionada justa electoral, los dos candidatos principales, y un tercero más marginal, se jugaron por la carta de la revolución y la contrarrevolución, pensando, expresamente, en la Revolución Rusa. Este hecho es muy indicativo de la relación de Chile con el desarrollo global. El candidato conservador Luis Barros Borgoño —que presentó un programa reformista nada desdeñable ante la insatisfacción que persistía— aseguraba que de ganar Alessandri, como no podría cumplir con sus promesas, las masas se sublevarían tal como había sucedido en Rusia. Arturo Alessandri sostenía que el triunfo de la “oligarquía” desesperaría a las masas y efectuarían una revolución como en Rusia. El tercer candidato, de poca relevancia en el momento pero que fundaría una persuasión polar en el siglo, Luis Emilio Recabarren, se había convertido en un admirador de la Revolución Rusa y luego fundaría el Partido Comunista, orientado hacia el Komintern.[25] Este foco en los sucesos europeos y en el comunismo fue algo muy particular de Chile, quizás más que otros países de la región.[26]

QUIEBRE INSTITUCIONAL Y PROTAGONISMO DE LA IZQUIERDA

En 1920 la participación electoral, en términos de números, no fue distinta a la de otras elecciones: 200 mil votantes aproximadamente.[27] Sin embargo, despertó un gran eco en el país, aunque no produjo reformas de ninguna especie. Dejó a los ánimos marchando en un instinto de rebelión, significó una importante crítica al sistema que llegaría a la calle y se traduciría en una ardiente discusión.

La revolución militar de 1924, el llamado Movimiento Militar, del cual surgiría el segundo caudillo de la primera mitad del siglo, Carlos Ibáñez, no estaba desconectado de todas las querellas ideológicas que se hacían sentir con gran peso en el país.[28] La idea de una reforma social aparecía como una avanzada de época e identificaba a muchos sectores, desde militares hasta católicos, y, por cierto, le dio vuelo a anarquistas, socialistas y a otros movimientos de metas revolucionarias; entre ellos, el Partido Comunista, de fuerzas oscilantes pero ya adherido casi inextinguiblemente a un mundo sindical, fluctuando entre el combate legal, la movilización y algunos aprestos de tipo revolucionarios. Éste experimentaba una creciente influencia organizativa desde Moscú, desde donde, de vez en cuando, llegaban algunos aportes, aunque no alcanzaban a explicar la fuerte presencia comunista o de la izquierda militante en la vida pública del país.

La conmoción institucional de este período fue intensa: dos aplastamientos sangrientos de huelgas movilizadas (San Gregorio en 1921 y la Coruña en 1925, que fueron las últimas matanzas de tipo social y obrero); dos golpes militares y un retorno frágil a lo que se podía considerar —para la época— una democracia plena; un autogolpe y el surgimiento de la primera dictadura de desarrollo del siglo; la promulgación de la Constitución vigente hasta 1973, aunque, en lo político, practicada sólo desde fines de 1932; una elección presidencial prácticamente con un solo candidato, algo parecido a la aprobación de la Constitución de 1980; la Gran Depresión de 1929, que terminó en un levantamiento de capas medias a altas que impulsó Ibáñez; una nueva elección presidencial y el derrocamiento del Presidente por parte de una nueva junta de militares socialistas, lo que se llamó la República Socialista; en el intertanto, una revuelta de la marinería que pudo tener consecuencias revolucionarias; una seguidilla de golpes y contragolpes hasta el cansancio de los mismos uniformados y del país, y el retorno al sistema constitucional en lo que sería el inicio de los años en que Chile llegó a ser una democracia reconocida internacionalmente, al menos en América y quizás en Europa.[29]

Pues bien, todo esto es incomprensible fuera del clima ideológico recargado por la Revolución Rusa, sin sus émulos o aquellos que, de alguna u otra forma, admiraban algunos aspectos de la Revolución o creían que, en algún grado, se orientaba hacia el futuro. Y, por otro lado se daba una reacción airada e inquieta, que en algunos actores se tradujo en la idea de una reforma social y económica que contuviera la posibilidad revolucionaria. Desde el Movimiento Militar en adelante, este último rasgo dominaba, en gran medida, el ambiente. La existencia, por un lado, de la Unión Soviética, y, por otro lado y en menor grado, la de la Italia fascista, primero, y la de la Alemania nazi, después, indicaron los polos de atracción que tendrían influencia a lo largo del globo, y también en Chile. Lo más llamativo fue la formación de un partido pro soviético, el que, desde un comienzo, alcanzaría un poder considerable en organizaciones sociales y que, desde 1931, se instalará en el sistema político, aunque teniendo que esquivar un grado de persecución legal, al considerarse que quería reemplazar al orden constituido. Sus defensores han alegado siempre que era un movimiento chileno surgido de las necesidades de la historia de Chile; sus críticos apuntaron —y apuntan— a la orientación moscovita, a la vez que un presunto financiamiento y una obediencia al centro moscovita, lo que era parcialmente cierto. Quizás habría que definirlo como una autoidentificación con un modelo que entregaba un impulso vital para ese sentimiento, tan de las ideologías totalitarias del siglo XX, según el cual el futuro les pertenecía, de que eran la avanzada hacia un mundo necesario, en general, mejor e incluso perfecto. En todo caso, se reprodujo en Chile lo que se podría llamar la “crisis ideológica mundial”, que confirió un carácter peculiar a un largo período y a lugares durante el siglo XX.

Se olvida que la relación con la política mundial y, desde luego, con las consecuencias de la Revolución Rusa, la constitución de la Unión Soviética y el surgimiento de un comunismo orientado hacia Moscú, en Europa, América y Asia Oriental, demostró la fuerte irradiación de aquella ciudad desde ese año sísmico de 1917. Tan importante como esto es que también consistía en una probabilidad inherente a la historia de la modernidad y, por lo tanto, de las sociedades que habían estado fuera del radio cultural de Occidente, que se integraban a una contemporaneidad asumiendo estas persuasiones ideológicas con una fuerza que, a veces, ni de lejos existía en su núcleo de origen, como llegó a ser el caso de China. Por contrapartida, actores de ese mundo asumieron un lenguaje contrarrevolucionario que inevitablemente se movía en la estela de la crisis ideológica mundial.

De esta manera, la Unión Soviética —como Estado y como proyección real o temida del comunismo— era un actor indirecto y muchas veces completamente mudo, latente, en la escena política chilena. Desde el punto de vista de la política exterior del país, era impensable entablar relaciones con un país que estaba proscrito del sistema internacional, aunque, a decir verdad, las principales potencias europeas mantenían relaciones con Moscú, y Estados Unidos hizo lo mismo a partir de 1933. México (1924), Brasil y Argentina (1946) lo hicieron también en el período de entreguerras. La orientación fundamental chilena seguía siendo Europa, aunque la Primera Guerra Mundial obligó a integrar a Estados Unidos como un actor decisivo, el cual influía no sólo en la economía, sino que también en la cultura de masas que se expandía.[30] Sin embargo, hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial la mirada del gobierno chileno estuvo más orientada hacia el escenario europeo.

La presencia de la Unión Soviética y del comunismo internacional no venía tanto por cauces oficiales, sino porque su simple realidad había reorganizado en gran medida el mapa político al interior del país. Se señaló que las reformas, a partir de 1924, estaban también pensadas como una alternativa ante una transformación revolucionaria, idea que sería clave en grandes sectores políticos hasta la elección de 1964. Los criterios de economía política que empezaban a tomarse la escena a partir de la década de 1920 estaban muy orientados hacia la noción de un “Estado organizado”, aunque se expresara desde una perspectiva muy diferente a la comunista. No era raro que se pusieran, en esta comparación, a la Italia fascista junto a la Unión Soviética como manifestaciones de la idea de economía dirigida. Más adelante se incluyó el ejemplo poderoso del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, el cual dejó huella en América Latina y en Chile.[31] Luego, incluso, se incluirá a la Alemania nazi, y no necesariamente desde una perspectiva simpatizante, sólo como ejemplo de una nueva economía política.

Y algo de cierto había en que se daba un aire de época, lo que también podía parecer como una suerte de legitimación de estos regímenes. Todo esto, si se exceptúa a los sistemas fascistas, se hacía más fuerte todavía si se miran los testimonios de los actores de la izquierda. Coincidía, además, con que la Gran Depresión de 1929 golpeó con fuerza extraordinaria a Chile e hizo que se diera un salto cualitativo importante en el dirigismo estatal, así como en la idea de que no se podía volver atrás en el incremento de poder a la gestión fiscal y burocrática.[32] Por lo mismo, Eduardo Frei, en la década de 1930, avizorando un tercer camino entre comunismo y capitalismo, escribió sobre el Estado claramente influenciado por la experiencia comunista y fascista en Europa:

el Estado moderno es más peligroso que cualesquiera otro de los tiranos que ha nacido en la historia. Tiene medios tan poderosos de control como no los soñó rey alguno, por temible que fuera, y llega su acción en forma tan compleja, tan delicada y tan brutal, a veces hasta los últimos rincones en que se esconde el pensamiento o la voluntad libre de los hombres, que en el fondo puede manejarlos, cambiarlos y modificarlos hasta la constitución íntima de su ser. No hay particular que pueda pretender oponerse a su voluntad, ni grupo de individuos que prescindan de él en sus acciones.[33]

Con los dolores de parto de la nueva democracia, en el Chile que emerge en 1932 —y cuyo último estertor es en 1973— hubo un reordenamiento político-ideológico de mucho significado y persistencia.[34] Surgió una polaridad marxismo-antimarxismo que duraría hasta fines de la década de 1980. Esto no quiere decir que todo el mundo político o intelectual estuviera dividido en dos bandos; se trata sólo de que los polos externos del arco pueden ser definidos de esa forma (en los años 1972 y 1973 sí se puede afirmar que hay una división tajante, que alcanza de lleno al cuerpo social, aunque, como sucede en la sociedad humana, jamás alcanza absolutamente a todos). El polo marxista lo era en realidad a medias. Había en él un difuso sentimiento de rebeldía mezclado con nacionalismo de izquierda, que se combinaba con una retórica encendida, junto a acomodamientos prácticos que identificarían al socialismo chileno, a veces de inclinaciones revolucionarias, a veces reformistas. Rara vez se explicitaba un camino que reflejase a la Segunda Internacional, salvo alguna fracción a mediados de la década de 1940.

Habiéndose repetido en Chile la división de la izquierda ante la Revolución Rusa, no surgió en ella una clara diferenciación frente al modelo bolchevique. Si bien en muchos aspectos no se apoyaba la experiencia soviética, tampoco surgiría una distancia (exceptuando ciertos momentos como durante el pacto nazi-soviético). Se parece, en esto, al socialismo italiano de tipo maximalista: ni revolucionario en los hechos ni claramente definido contra la revolución. Sólo había algo claro: estar contra el sistema, aunque también algunas veces, y con algún sentido práctico, sentirse cómodo dentro del sistema o incluso, hasta mediados de la década de 1950, participar en algunos ministerios. Esta sensibilidad, por cierto, no era exclusiva del socialismo o de los varios grupos en los cuales se fraccionaba continuamente, sino que de un amplio espectro de la clase política e intelectual, sensibilidad que influía en una percepción pública abierta, por simpatía, hacia el fenómeno soviético. Simpatía que tenía alzas y bajas.

COMUNISMO CHILENO: DE STALIN Y DEL PARTIDO COMO PUEBLO ESENCIAL

Así como en muchas partes de Europa, de Asia y de América, en Chile surgió un partido pro soviético que tenía raíces propias, pero que, al mismo tiempo, no podía resistir no participar de una religión política que abrasaba la imaginación de una capa de la población mundial. Ya me he referido a un temprano deslumbramiento por los bolcheviques. A comienzos de la década de 1930, emergió un Partido Comunista en Chile de una decidida y absoluta adhesión al modelo soviético —lo que se ha llamado su “estalinización”— y a las grandes directrices del gobierno y del partido en Moscú, aunque, en lo básico, estaba enraizado en la experiencia chilena.[35] La diferencia respecto a los otros partidos comunistas del mundo es que el chileno sería, en proporción, el más poderoso de América Latina (relativo a su sistema político). Azar o necesidad, el segundo caso fue el de la Cuba del primer Batista. No se trataba del oro de Moscú, pero tampoco de una planta originaria del Chile profundo, en el sentido de un nacionalismo romántico. Era sencillamente la participación chilena en la política mundial en el contexto de un planeta intercomunicado, globalizado, si se quiere.

El comunismo chileno llegaría a ejercer un influjo bien extraordinario en el sistema social, cultural y, por cierto, político. Tenía todas las características de un partido misional, cimentado en una ideología radical y con gran disciplina para llevar a cabo políticas de adecuación, pero que también fueran descolocando al sistema, con un horizonte siempre más allá del orden existente. No es imposible que, aun sin la Unión Soviética y el comunismo mundial, hubiera existido algo análogo al comunismo chileno que realmente existió, pero la orientación santiaguina hacia Moscú le dio una seguridad en sí mismo y lo ayudó a fortalecerse más allá del “oro de Moscú”.

Ello le permitió mantener una frente erguida y superar momentos ridículos o vergonzosos —como el complicado apoyo al pacto nazi-soviético, la invasión de Hungría o la de Checoslovaquia— sin alterar ni la organización ni la lealtad ni adhesión activa de sus miembros, y ni siquiera su caudal electoral. En disciplina, abnegación, organización y fe inconmovible en una meta socialista mundial orientada al modelo revolucionario o al Estado soviético, el partido mostró los mismos rasgos de cualquier otro congénere de la época del Komintern, sobreviviendo con mucho espíritu a la disolución de éste. Incluso fue indiferente a la lenta transformación de otros partidos comunistas masivos y simbólicos, como el caso francés y, sobre todo, el italiano; así al menos hasta la década de los 1980, cuando enfrentó una de las peores conmociones que puede recibir una agrupación política.

El Partido Comunista Chileno (PCCh) era una hechura de Moscú, pero estaba hipotecado por la experiencia soviética. Recibía desde sus remotos orígenes aportes económicos y materiales de la Unión Soviética, y, después de 1945, del sistema educacional soviético, que abrió sus puertas para que militantes de este partido completaran su formación tanto política como profesional en diversas universidades soviéticas. Estos aportes parecen haber sido extremadamente irregulares en las primeras décadas, aunque es probable que hayan sido más sistemáticos después de la Segunda Guerra Mundial (como lo indican las cifras que se conocen de las décadas de 1960 y 1970).[36] Su organización, a partir de lo que se ha llamado estalinización —a mi juicio, sólo un cambio de grado de lo que era el partido “nuevo tipo” de Lenin (no capto esta expresión)—, evoluciona hacia un sistema jerárquico, con una participación controlada, manejada por una disciplina de poder socializada como comentario a los textos fundantes: el llamado marxismo-leninismo y su teoría del partido como la vanguardia de la clase obrera, el partido como una suerte de pueblo esencial, diferente del pueblo real. Asimismo, el PCCh era también una especie de subcultura política y quizás un Estado dentro de un Estado, debido a su organización de célula y a que, como todo partido comunista desde Lenin, era una organización secreta al mismo tiempo que pública, lo que potencialmente creaba un elemento disruptivo de la legalidad. La celebración de los éxitos de la Unión Soviética, de su progreso, de la felicidad de sus habitantes, mostraba una realidad que podía tener algunas dificultades, pero que era, sin embargo, la garantía más cierta de un futuro esplendoroso bajo el socialismo y el comunismo.[37] Como parte de la parafernalia de identificación se dio un fenómeno, no sólo en el comunismo pero más marcado en él, que llego a la vida cotidiana en, por ejemplo, la adopción de nombres de pila como Lenin, Stalin o Iván (suponiendo, en este último caso, que lo ruso implicaba necesariamente ser comunista) y Krupskaia para las mujeres.[38] Más adelante se agregó el nombre de Mao, aunque tras la ruptura con Moscú hubo muchos cambios de nombre. No fue un fenómeno únicamente del comunismo, pero la correlación con él es muy grande.

El comunismo supo convivir en un sistema democrático, pero al mismo tiempo su impulso vital estaba orientado hacia un modelo totalitario, modelo en el cual se creía con ardor e incluía todo tipo de sacrificios. Se podía ser parte del sistema, pero una vez en el poder se estaba condenado a ejecutar el programa socialista modelado en los sistemas marxistas, el moscovita, el primero de todos, apegado a una disposición ética, además, imposible de transar. Se creó una estructura tanto organizacional como mental que sería su camisa de fuerza, donde no había espacio para las dudas y que castigaba ferozmente toda herejía y, desde luego, a los herejes, de modo que hacía muy difícil la vida para un ex comunista.[39] Era como una religión que perdona al pagano, pero no al que abjura de la fe y la obediencia. Sus intelectuales y artistas podían ser libres en su creación mientras no tocaran lo político (hubo poca imposición del realismo socialista, por ejemplo), y ciertamente no podían proponer ninguna idea que se apartara de la ortodoxia decidida por el partido o de la visión internacional que éste sostuviera. Neruda, por ejemplo, poco y nada interesado en el pensamiento político, no tenía problema en seguir toda la línea del Partido y en escribir ditirambos y apologías de todo tipo ante la experiencia soviética, incluyendo todos los giros bruscos que podía tener. La adhesión al estalinismo y la posterior condena de éste no parecían afectar la vida diaria ni las ideas o sensibilidad del Partido, de sus intelectuales y de sus artistas. Las memorias de Neruda son un ejemplo sublime de este tipo de actitud.

Se trataba de una legión dispuesta al sacrificio y con una extraordinaria capacidad de sobrevivencia. Lo demostró durante la vigencia de la Ley de Defensa de la Democracia, cuyo real vigor se extendió por alrededor de un año y medio. Ella, por lo demás, parecía encajar perfectamente en un Estado de derecho si se compara con la realidad política y legal de cualquier país marxista del siglo XX. La relativa hegemonía que gozaba el comunismo, en el campo de las ideas políticas, se demuestra en el éxito que tuvo al bautizarla como Ley Maldita, a pesar de que empalidecía comparada con la realidad de la Unión Soviética y de Europa Oriental.

GUERRA FRÍA Y NUEVOS HORIZONTES REVOLUCIONARIOS

Después de terminada la Guerra Fría se ha tendido a reificar a esta misma, a utilizarla como desiderátum que todo lo explica. Bajo ella se supone una suerte de división o reparto mundial entre EE.UU. y la URSS. Aunque hayan sido real y simbólicamente los grandes actores, nada más alejado de la realidad, y el mismo caso de Chile, entre tantos otros, es una demostración de que las cosas no fueron así. Por ello es mejor considerar a la Guerra Fría como un período del sistema internacional, que va de 1945 a 1989, en el que esas dos potencias fueron los grandes actores y simbolizaban sistemas contrapuestos.[40] Sólo finalizó, entre otras causas —porque todo fenómeno histórico obedece a varias—, cuando uno de ellos asumió el paradigma de su rival como fuente de legitimación. Esto último es lo que sucedió con la Perestroika.

Chile establece relaciones diplomáticas con la URSS a fines de 1944, como gesto ante la coalición victoriosa, pero también, en menor medida, como concesión a una demanda antigua de parte del Partido Comunista. Hay que decir que Argentina y Brasil las tuvieron siempre, bajo los más distintos gobiernos, cercanas o tensas, pero jamás las rompieron, ni Moscú mostró signo de hostilidad por gobiernos militares anticomunistas, aunque sí en un comienzo identificó al peronismo como “fascismo”. En cambio, en el caso de Chile, las fases de relaciones o rupturas con el bloque soviético estuvieron muy mediadas —aunque no del todo— por la evolución interna del país, por la evaluación de sus propios actores y, en 1973, por la evaluación ideológica de Moscú. González Videla las rompió en 1947, por razones más bien internas, y Frei las reanudó en parte para demostrar ante su público que era “independiente”. Había otros motivos también aceptables para todos los actores internos, como cierta razón de Estado.[41]

La crisis ideológica mundial del siglo XX tuvo una primera manifestación dramática en la década de 1930, lo que generó un correlato casi perfecto en Chile, al menos en el plano simbólico signado por la cultura política en una democracia. El arco de la política chilena reflejaba casi de manera calcada a la política francesa de esa década. Después de la fundación de la URSS, siempre existió un paralelismo interesante entre el comunismo chileno y el francés, y, por un tiempo, el de Alemania Oriental, que fue un contertulio importante de los chilenos. Los comunistas chilenos apoyaban ciertamente todas las revoluciones antioccidentales, tanto porque se sentían partícipes de una misma sensibilidad y proyecto, como porque eran coherentes en lo internacional con lo que manifestaba la Unión Soviética. Los comunistas condenaron a la Yugoslavia de Tito porque se separó del bloque soviético y después mantuvieron una actitud reticente con la política internacional de Belgrado, aunque en la época de la Unidad Popular hubo relaciones aproximadamente buenas entre los dos gobiernos. Lo mismo aconteció con el caso de la China de Mao: un gran entusiasmo al que siguió una plaga de críticas.

Una reticencia muda, por lo menos ante el público, se reprodujo en el comunismo ante la Revolución Cubana. Cierto que ponía en entredicho la estrategia institucional del comunismo chileno para alcanzar una sociedad socialista según el modelo soviético. Es probable, sin embargo, que más fuerte haya sido la adhesión a Moscú —que tenía relaciones que, con algo de exageración, se podrían caracterizar como de amor y odio con el régimen de Castro— la que haya determinado estos cambios. Incluso, me atrevería a decir que era Moscú la que les insinuaba a los chilenos que hicieran alguna crítica oblicua a las tácticas castristas, ya que ellos no podían expresarlas. Existe una aceptación del resultado de la Revolución Cubana como una sociedad socialista y, además, un aliado de la Unión Soviética, pero no es la receptora de los mayores halagos del comunismo chileno. Sólo a partir de 1970, y más que nada después del golpe, habrá una casi conciliación con la experiencia castrista.

La veneración del comunismo chileno por la Unión Soviética y el bloque que se llamaba socialista era un elemento fundamental de su propia seguridad y autoafirmación, según las cuales el mundo marchaba en la dirección prevista por el socialismo científico. Las páginas de El Siglo, los artículos de la revista Principios y los discursos de la jerarquía del partido, como también los de tantos militantes, estaban salpicados constantemente de elogios a la experiencia soviética. En 1969, el PCCh recogió una idea-fuerza que circulaba no solamente en el comunismo a lo largo del mundo, sino que además era propia del marxismo como expresión militante: “La correlación de fuerzas en el mundo estaba cambiando a favor del socialismo y contra el capitalismo”. Con ella se indicaba que Chile no tenía más alternativa que sumarse rápidamente a esta corriente.[42] El comunismo chileno tenía ciertamente raíces nacionales, y en este ensayo hemos insistido en que hay una larga historia que lo ancla a finales del XIX. Sin embargo, como en tantas partes, la fuerza del comunismo o marxismo revolucionario estaba inextricablemente vinculada al auge de las ideologías radicales. La fuerza provenía de la experiencia marxista de la Unión Soviética, convertida en un polo de poder en el mundo frente a otro que venía a ser la fuente del mal, lo cual formaba una bipolaridad de la cual se extraía entusiasmo y esperanza de escatología secular.

La visión acerca de la Unión Soviética y de los países llamados socialistas estaba no solamente llena de entusiasmo, sino que también llegaba a ser cursi y objeto de burla en Chile. Esto quizá limitaba el alcance que podía tener el Partido y su entusiasmo ideológico en muchos sectores de la población, pero, según todas las evidencias, no hizo mella en el comunismo ni en la izquierda chilena en general, hasta 1973. Incluso, no se veía dudar de esta orientación en los años de la Unidad Popular cuando este tema emergía y, al mismo tiempo, se daba la paradoja de un cierto entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los ditirambos a la Unión Soviética, de los cuales la poesía de Neruda es sólo la expresión más culta, se intercalaban constantemente en el lenguaje del comunismo. Toda la vida soviética era una constante comprobación de que su socialismo constituía una liberación y una potenciación del ser humano, hasta crear ese “hombre nuevo”, que sería una de las consignas más importantes de la Unidad Popular.

LA OTRA IZQUIERDA

Como fue común a lo largo del siglo, después de la Revolución Rusa se produjo una división en la izquierda entre admiradores, críticos y detractores. Siempre hubo una izquierda que quería algo distinto a lo que había en la Unión Soviética. Disconforme también con el camino de la socialdemocracia, demandaba un tipo de revolución más pura, a veces menos sanguinaria o menos dictatorial.[43] Después del discurso de Khruschev, en 1956, pudo haber una cierta conciliación, aunque el comunismo emanado desde Moscú comenzó a perder ese destello mágico que las ideologías totalitarias habían tenido en su primera fase. Más que el exterminio de comunistas en la URSS, en la década de 1930, fue el pacto nazi-soviético, del 23 de agosto de 1939, lo que provocó las iras de muchos socialistas (aunque había razones internas también). Después de 1945, la izquierda comenzó a identificarse con procesos de descolonización que, por motivos prácticos, llamaremos tercermundistas.

No debe quedar ignorado, en este sentido, el halo ambiguo que emitía el peronismo, que dividió a la política chilena de una manera diferente a la polaridad marxismo-antimarxismo. Los comunistas y los socialistas del tipo de Salvador Allende lo condenaron como “fascismo”. Después del derrocamiento del argentino, en 1955, lentamente comenzó una reevaluación de su fórmula, aunque llena de contradicciones, como no podía ser de otra forma en un fenómeno tan multifacético como el peronismo. Hubo un sector de la izquierda —entre ellos el futuro canciller de Allende, Clodomiro Almeyda— que lo veía como una fuerza progresista.

Precisamente, la idea de que existían regímenes rotulados de progresistas —y progresistas en todo el mundo— comenzó a ejercer influencia en la imaginación de la izquierda. No sólo los intelectuales de izquierda encontraban aspectos admirables en estos regímenes nuevos en Asía o en África, o en el nacionalismo árabe (que además tocaba fibras importantes en Chile), sin importar que todos eran simples dictaduras a las que no osaban llamarlas así. Frente al caso de la Yugoslavia de Tito, los comunistas siguieron fielmente los dictámenes de Moscú. Esto facilitó que socialistas y otros sectores de izquierda pudieran, a su vez, identificarse con el régimen de Tito en razón de su cualidad de comunismo más libertario, el que, aunque era independiente de Moscú e internacionalmente bajó el nivel de hostilidad hacia Estados Unidos (por momentos, incluso, puede considerársele un aliado), siguió, así y todo, siendo un sistema totalitario, con una progresiva liberalización en los viajes y la posibilidad de emigración y de retorno, así como de alguna actividad en la economía privada. Ello le confirió una cierta faz liberal.

Luego, la admiración se trasladó a la Revolución Argelina, fieramente antioccidental y en prosecución del socialismo.[44] Sabemos que ello no era así y que de democrática no tuvo nada. Como tantas luchas por la independencia, al igual que la hispanoamericana a comienzos del XIX, hubo técnicas sanguinarias en ambos lados. Todo esto fue, sin embargo, empequeñecido por el surgimiento de la Revolución Cubana y de un régimen marxista carismático, personalista, con la figura de Fidel Castro ejerciendo gran magnetismo sobre la región y más allá de ella.[45] Ello no hizo más que reforzar y sellar la representación: casi la totalidad de la izquierda se identificaba con ella. De paso, significó, en líneas generales, una identificación con todos los modelos marxistas, aunque las principales mediaciones eran Moscú y La Habana:

Argelia y Cuba son los dos más grandes procesos revolucionarios del mundo subdesarrollado y colonial, que han llegado a encauzarse dentro de una exacta identidad de fines y acciones, hasta llegar a constituir experiencias universales que se formulan con carácter de ejemplo para el proceso revolucionario mundial.[46]

En el curso de la década de 1960 emergió un nuevo modelo, la República Democrática Alemana, el régimen comunista de Berlín, impuesto por los soviéticos después de 1945.[47] Entre el comunismo de Berlín y la izquierda de Chile se dio un enamoramiento mutuo, si bien no tuvo un rango público ni un influjo comparable al de Moscú para los comunistas o equiparable al de La Habana sobre los socialistas. Pero los complementaba.[48] En todo caso, esta relación reforzó la tendencia del socialismo a unirse al comunismo y a rechazar a la democracia chilena, salvo que se encaminara rápidamente hacia un régimen de tipo socialista. En otras palabras, como en tantos momentos, ya sea por un impulso propio o histórico, o por el influjo de estos movimientos revolucionarios, el Socialista pasó a ser un partido de conciencia antisistema. Ello hacía imposible toda coalición negociada con fuerzas políticas significativas no marxistas. Al persistir este cuadro, la polarización al interior de Chile estaba sellada. Se obligaba a las fuerzas no marxistas a sostener una coalición mayoritaria, lo que también resultaba poco realista y no sucedió salvo en los años de la Unidad Popular. La posición socialista implicaba, además, un rechazo absoluto de toda vía “reformista”, palabra que era pronunciada con un marcado acento despectivo, como carente de un verdadero fin revolucionario, como aludiendo a un socialismo que sería funcional a los intereses del imperialismo. El desgaste visible del modelo comunista en Europa todavía no era acompañado por una crítica al marxismo desde la izquierda tradicional, sino que llegaba a Chile vestido del aire rebelde de los años 1960, de donde se tomaba en serio su fin revolucionario pero se desestimada el aspecto lúdico que también poseía.

MODELO INTERNACIONAL Y RADICALIZACIÓN

Es cierto que mientras La Habana proponía revoluciones y apostaba a ellas incluso en Chile, Moscú prefería un camino gradual y no quería comprometerse en afirmar nuevas experiencias revolucionarias. Ahora sabemos bien que estaba en el límite de sus fuerzas. El caso del régimen de Alemania Oriental fue distinto, porque había surgido de la leyenda de unidad entre comunistas y socialistas, y el único lugar donde hallaron otro sistema político con dos partidos marxista-leninistas fue en Chile. Su poder fue limitado, pero el influjo subjetivo sería una parte de la ecuación. Las relaciones de Allende con ese régimen, así como su defensa del Muro de Berlín, no eran más que demostraciones prácticas de su importancia. Moscú, en tanto, en la medida en que estaba interesado en el Cono Sur, no estaba descontento con el gobierno de Frei y se podría haber avenido a una continuidad; incluso, habría hecho lo mismo ante un triunfo de Jorge Alessandri.

El triunfo de Salvador Allende y los siguientes tres años demostraron un entusiasmo visible tanto de Moscú como de La Habana por la llamada “experiencia chilena” o vía chilena al socialismo. Castro, incluso, dio indicaciones al MIR y a otros grupos extremistas radicales, socialistas, de que detuvieran todo intento de lucha armada —que ya se producía—, para no interferir con la estrategia de Salvador Allende de lograr una mayoría que llevara a un cambio institucional en Chile.[49] Moscú, a su vez, aumentó la ayuda que ya había otorgado a Frei e incrementó el apoyo financiero a los partidos de izquierda, incluyendo ahora a los socialistas que antes eran mirados con alguna desconfianza, más por temor a que fueran “trotskistas” a que fueran “reformistas”.[50] Castro en su espectacular visita a Chile quedó preocupado por la fuerza de la oposición y porque consideraba, con razón, que el liderazgo de la Unidad Popular no estaba unificado. Apoyó a Allende en varias instancias y disuadió también a los socialistas de tomar posiciones más extremas, pero claramente puso un veto a toda salida negociada que detuviera lo que él llamó, con razón, el “proceso revolucionario”.

Esto sería incompresible sin ver el otro lado de la cuestión: la izquierda chilena había llegado a una unanimidad en que el socialismo estaba realizado o realizándose sólo en esos modelos, y que esto era, al menos, la mitad de su fuerza y creencia ideológica, y de su visión de mundo, que era también un impulso moral. Poseía una confianza, que habría que decir que era ciega, en la voluntad de la Unión Soviética de apoyar a la Unidad Popular. En contra del argumento de que la Unión Soviética abandonó o ignoró las necesidades chilenas, hay que establecer que dentro de sus posibilidades no hizo poco para ayudar a la Unidad Popular, pero siempre fue explícita en que su asistencia tenía un límite. No consideraba al Chile de Allende como un país socialista, sino uno “en vías del socialismo”, lo cual venía a significar que no estaba comprometiendo una ayuda que, a la postre, tampoco podía entregar. El subsidio que otorgaba Cuba fue muy oneroso para Moscú, si bien le trajo grandes réditos políticos. No podía repetir la experiencia. Sólo a partir del 11 de septiembre hay una atención más fuerte y concentrada en torno al caso chileno, con gran ayuda a las fuerzas políticas chilenas, algo que era también bastante más barato que ayudar a una economía en la quiebra más absoluta.

En términos culturales, para la izquierda chilena lo fundamental fue esa mirada al mundo socialista representado por la Unión Soviética, la Cuba de Castro y el régimen de la República Democrática Alemana, como encarnaciones de un modelo final, aunque para muchos miembros de la Unidad Popular no coincidieran en el método para alcanzarlo. En este último punto había un ánimo ambivalente al interior de la militancia y los dirigentes de la Unidad Popular. En la oposición, en tanto, aparecía otro ánimo ambivalente, que se debatía entre defender la Constitución y llamar a métodos extra-constitucionales para impedir la entronización de un sistema totalitario. Pero desde el punto de vista de la Unidad Popular, insistimos, se trató de un episodio originado en una fascinación —fenómeno bastante global como se ha insistido en estas líneas— con la posibilidad de alcanzar un nuevo orden en la sociedad humana que transformara al país y “sus estructuras”, modelado según el norte de la experiencia revolucionaria del siglo XX.

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1 Sobre este origen incierto del anarquismo, véase Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la idea” en Chile, 1893-1915 (Santiago: LOM, 2007), 25-29.

2 Algunos trabajos que abordan el movimiento obrero chileno son Sergio Grez Toso, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) (Santiago: Dibam, 1997); Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931) (Santiago: Dibam, 1993); Alan Angell, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile (México: Era, 1974); Peter DeShazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile: 1902-1927 (Madison: University of Wisconsin Press, 1983); Mario Garcés, “Movimiento obrero en la década del treinta y el Frente Popular”, tesis de licenciatura en historia, Universidad Católica de Chile (Santiago, 1985); Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932) (Santiago: LOM, 2001); Cristián Gazmuri, ed., El Chile del Centenario, los ensayistas de la crisis (Santiago: Instituto de Historia UC, 2003). Hay que tener presente las observaciones de Mario Góngora al respecto, en Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Editorial Universitaria, 2006), 129-160. Para un relato vívido acerca de los hechos y la crítica de la nación, ver Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), vol. I, tomo II (Santiago: Santillana, 1981), 495-551.

3 Luis Emilio Recabarren, “Enero 22”, La Vanguardia, 22 de enero de 1906, en Recabarren. Escritos de prensa 1906-1913. Tomo II, recopilado por Ximena Cruzat y Eduardo Devés (Santiago: Nuestra América, 1986), 9.

4 Joaquín Fermandois, Mundo y fin de mundo. Chile y la política mundial 1900-2004 (Santiago: Ediciones Universidad Católica, 2004).

5 Sergio Grez Toso, El Partido Democrático de Chile. Auge y ocaso de una organización política popular (1887-1927) (Santiago: LOM, 2016).

6 Eduardo Devés, Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María de Iquique, 1907 (Santiago: LOM, 1997); Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900 (Santiago: LOM, 1993). Véase, además, Góngora, Ensayo histórico, 129-142.

7 Marcelo Casals Araya, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964 (Santiago: LOM, 2016), 55-92. Este libro estudia sólo una de las caras del fenómeno.

8 Grez Toso, De la “regeneración del pueblo”; Gazmuri, El Chile del centenario; Ximena Cruzat y Ana Tironi, “El pensamiento frente a la cuestión social en Chile”, en El pensamiento en Chile: 1830-1910, editado por Mario Berríos Caro (Santiago: Nuestra América, 1987), 127-154; Alejandro San Francisco et al., Historia de Chile 1960-2010. Tomo I. Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del siglo XX (Santiago: Ediciones CEUSS, 2016), 149-157; Julio Pinto, Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923) (Santiago: LOM, 2007); Sergio Grez Toso, La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902) (Santiago: Dibam, 1995).

9 Julio Heise González, 150 años de evolución institucional (Santiago: Andrés Bello, 1979); Simon Collier, Chile: la construcción de una república 1830-1865, política e ideas (Santiago: Ediciones Universidad Católica, 2008); Simon Collier, Ideas e independencia chilena, 1808-1833 (Santiago: Andrés Bello, 1977); Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico (Santiago: Editorial Sudamericana, 2006).

10 Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013), 1-40.

11 Ramón Subercaseaux se refiere constantemente a la amenaza revolucionaria, sobre todo al comentar la Comuna de París de 1871. En Memorias de ochenta años. Recuerdos personales. Críticas, reminiscencias históricas. Viajes, anécdotas (Santiago: Nascimento, 1936), 272.

12 Emiliano Yaroslavski, “La Revolución Rusa y su lugar en la historia de la humanidad. En el XXVIII aniversario de la Revolución”, Principios 53 (1945): 26.

13 Grez Toso, Los anarquistas.

14 Fermandois, Mundo y fin de mundo.

15 Ver Mario Góngora, “Libertad política y concepto económico de gobierno hacia 1915-1935”, Historia 20 (1985): 11-46; Fernando Silva V., “Un contrapunto de medio siglo”, en Historia de Chile, de Sergio Villalobos et al. (Santiago: Editorial Universitaria, 1977), 765-869.

16 Santiago Aránguiz, “Rusia roja de los soviets: recepción de la revolución rusa, del bolchevismo y de la cultura política soviética en el mundo obrero revolucionario chileno (1917-1927)”, tesis para optar al grado de doctor en historia, Universidad Católica de Chile (Santiago, 2012).

17 Para un reconocimiento explícito y entusiasta de la importancia de la Revolución Rusa en el nacimiento del PC chileno, véase Galo González Díaz, “Prólogo a la primera edición”, en Ricardo Fonseca: combatiente ejemplar, de Luis Corvalán Lepe (Santiago: Austral, 1971 [1952]).

18 María Soledad Gómez Chamorro, “Factores nacionales e internacionales de la política interna del Partido Comunista de Chile (1922-1952)”, en El Partido Comunista en Chile. Una historia presente, editado por Augusto Varas et al. (Santiago: Catalonia, 2010), 75-120.

19 El concepto de política mundial lo abordo en Fermandois, Mundo y fin de mundo, 17; Joaquín Fermandois, “La política mundial o las formas de identificación en la era planetaria”, en Conferencias presidenciales de humanidades, editado por Andrea Llona y Juanita Rojas (Santiago: Presidencia de la República, 2005), 443-464. De la literatura de 2017, muy relevantes son los capítulos de Stefan Rinke y Michael Wildt, “Revolutions and Counter-Revolutions. An Introduction”, y de Stefan Rinke, “‘The Birth Years’ of Revolution: Latin American Debates about the Global Challenges of 1917-1919”, contenidos en Revolutions and Counter-Revolutions. 1917 and its Aftermath from a Global Perspective, editado por Rinke y Wildt (Frankfurt, N.Y: Campus Verlag, 2017)

20 Julio Pinto Vallejos, “Socialismo y salitre: Recabarren, Tarapacá y la formación del Partido Obrero Socialista”, Historia 32 (1999): 315-366.

21 Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma?

22 Fermandois, La revolución inconclusa, 65-68.

23 Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria librando al mundo de la guerra I”, Adelante, 5 de febrero de 1918, citado en Eduardo Devés y Ximena Cruzat, Luis Emilio Recabarren. Escritos de prensa (Santiago: Ariadna, 2015), 548-549.

24 Sobre los hechos de la elección de 1920, véase René Millar, La elección presidencial de 1920. Tendencias y prácticas políticas en el Chile parlamentario (Santiago: Editorial Universitaria, 1982).

25 Augusto Varas, “Ideal socialista y teoría marxista en Chile: Recabarren y el Komintern”, en El Partido Comunista en Chile, editado por Varas, Riquelme y Casals, 51-74.

26 Sobre las elecciones de 1920, véase René Millar y Joaquín Fernández Abara, “La elección presidencial de 1920. La rebelión del ‘cielito lindo’”, en Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile. 1920-2000, editado por Alejandro San Francisco (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario - Instituto de Historia UC, 2005), 3-38; Fernando Estenssoro, “La temprana valoración de la Revolución Bolchevique en Chile. 1918-1920”, tesis de licenciatura en historia, Universidad Católica de Chile, 1992.

27 Luis Durán, “Visión cuantitativa de la trayectoria electoral del Partido Comunista de Chile: 1903-1973”, en El Partido Comunista en Chile, editado por Varas, Riquelme y Casals, 227-243.

28 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973). Volumen III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925) (Santiago: Editorial Zig-Zag, 1996).

29 Para una visión panorámica de este período convulsionado de la década de 1920, e inicios de 1930, ver los trabajos de Vial, Volumen III; Silva, “Un contrapunto”. Sobre el nacimiento y desarrollo del Partido Socialista, ver Paul Drake, Socialismo y populismo. Chile 1936-1973 (Valparaíso: Instituto de Historia. Vicerrectoría Académica Universidad Católica de Valparaíso, 1992).

30 Véase Stefan Rinke, Encuentros con el yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile 1889-1990 (Santiago: Dibam, 2013). También sobre la influencia cultural, el texto de Fernando Purcell, ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile, 1910-1950 (Santiago: Taurus, 2012).

31 Ejemplo de esto se puede avizorar en las palabras de Eduardo Frei Montalva, “Socialismo de Estado”, El Diario Ilustrado, 30 de agosto de 1934, 3.

32 Joaquín Fermandois, Abismo y cimiento: Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932-1938 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997).

33 Frei Montalva, “Socialismo de Estado”.

34 Sobre el sistema político en este período, ver Tomás Moulian, “El régimen de gobierno 1933-1973”, Documento de Trabajo 406, Flacso, 1989; Tomás Moulian, La forja de ilusiones. El sistema de partidos, 1932-1973 (Santiago: Universidad Arcis - Flacso, 1993).

35 Sobre el proceso de bolchevización estaliniana, ver Olga Ulianova, “El PC chileno durante la dictadura de Ibáñez (1927-1931). Primera clandestinidad y ‘bolchevización’ estaliniana”, en Chile en los archivos soviéticos 1922-1991. Tomo 1. Komintern y Chile 1922-1931, editado por Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Santiago: Dibam, 2005), 215-258.

36 Un trabajo en esta línea es el de Olga Ulianova y Evguenia Fediakova, “Algunos aspectos de la ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría”, Estudios Públicos 72 (1998): 113-148.

37 Dos trabajos que abordan la influencia en el imaginario político chileno de la URSS en el PCCh son Evguenia Fediakova, “Rusia soviética en el imaginario político chileno 1917-1939”, en Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos, editado por Manuel Loyola y Jorge Rojas Flores (Santiago: Valus, 2000); Santiago Aránguiz, “El Partido Comunista chileno y la Revolución de Octubre: ‘Herencia viva’ de la cultura política soviética (1935-1970)”, en 1912-2012. El siglo de los comunistas chilenos, editado por Olga Ulianova, Manuel Loyola y Rolando Álvarez (Santiago: IDEA, 2012), 219-240.

38 Alfonso Salgado, “Antroponimia leninista: Santiago de Chile, 1914-1973”, en Seminario Simon Collier 2009 (Santiago: Instituto de Historia UC, 2010), 159-200.

39 Esto se refleja en el caso del periodista Marcos Chamudes, quien acusaba una persecución comunista que buscaba desprestigiarlo social y políticamente. Marcos Chamudes, La reincidencia tiene su hora (Santiago: s/e, 1976); Marcos Chamudes, Chile una advertencia americana. Semimemorias de un periodista chileno que durante 40 años fue actor y testigo de la vida política de su país (Santiago: PEC, 1972). Los descargos del periodista a la propaganda comunista se encuentran en el texto, también de Marcos Chamudes, El libro blanco de mi leyenda negra (Santiago: PEC, 1964). En este último trabajo, el periodista acusa a los comunistas de ser “traficantes del escándalo”, ya que lo usaban como arma predilecta para su persecución (página 5).

40 Algunos trabajos recientes sobre la Guerra Fría en Chile: en el caso de la vertiente internacional de la Guerra Fría, véase Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana (Santiago: Ediciones UDP, 2013); Tanya Harmer y Alfredo Riquelme, eds., Chile y la Guerra Fría global (Santiago: RIL - Instituto de Historia UC, 2014); Kristian Gustafson, Hostile Intent: U. S. Covert Operations in Chile, 1964-1974 (Washington D.C.: Potomac Books, 2007); Alfredo Joignant y Patricio Navia, comp., Ecos mundiales del Golpe de Estado. Escritos sobre el 11 de septiembre de 1973 (Santiago: Ediciones UDP, 2013); Fernando Purcell y Alfredo Riquelme, eds., Ampliando miradas: Chile y su historia en un tiempo global (Santiago: Dibam, 2013); Carlos Huneeus, La Guerra Fría chilena: Gabriel González Videla y la ley maldita (Santiago: Debate, 2009).

41 Cristián Garay y Ángel Soto, Gabriel González Videla: “No a los totalitarios, ya sean rojos, pardos o amarillos” (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2013); Fermandois, La revolución inconclusa, 235-256.

42 Algo en esta línea también es mencionado por Luis Corvalán en “Unidad Popular para conquistar el poder. Informe al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista (23 de noviembre de 1970)”, en La izquierda chilena 1969-1973. Documentos para el estudio de su línea estratégica. Tomo I, editado por Víctor Farías (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2000), 148. Allí explica que “el imperialismo no ha podido cambiar a su favor la correlación de fuerzas. No ha podido apagar el faro de la Revolución Cubana ni poner de rodillas al pueblo vietnamita. Por el contrario, en uno y otro caso ha sufrido contundentes palizas”.

43 Julio César Jobet criticaba la finalidad totalitaria de la URSS y el comunismo, asimilándolo a la tiranía. Para un ejemplo de las críticas del socialismo hacia el PCCh, ver Julio César Jobet, “El socialismo científico y la libertad”, en La izquierda chilena 1969-1973, editado por Víctor Farías, 412-425 (original en Alejandro Chelén y Julio César Jobet, Pensamiento teórico y político del Partido Socialista de Chile (Santiago: s/e, 1972), 412-425.

44 Manuel Espinoza Orellana, “El socialismo frente a la realidad nacional e internacional”, Arauco 45 (1963).

45 Joaquín Fermandois, “Chile y la cuestión cubana, 1959-1964”, Historia 17 (1982): 113-200; Thomas Wright, Latin America in the Era of the Cuban Revolution (Westport, Conneticut: Praeger, 2001).

46 Espinoza Orellana, “El socialismo frente”, 30.

47 Fermandois, La revolución inconclusa, 196-203.

48 Ibídem, 196-207.

49 Fermandois, La revolución inconclusa, 298.

50 Ulianova y Fediakova, “Algunos aspectos de la ayuda financiera”, 145.

ENSAYO

REVOLUCIÓN RUSA Y AMÉRICA LATINA: UNA PROMESA INCUMPLIDA*

Evguenia Fediakova

Universidad de Santiago

Evguenia Fediakova. PhD en ciencias políticas por la Academia de Ciencias de Rusia y máster en historia por la Universidad Lomonosov. Investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Email: evguenia.fediakova@usach.cl.

* Este ensayo fue preparado con ocasión del seminario “Revolución Rusa en América Latina y Chile”, celebrado en el Centro de Estudios Públicos, el 17 de octubre de 2017.

Resumen: Este trabajo analiza la recepción que la Revolución Rusa tuvo por parte de intelectuales, partidos y movimientos sociales en América Latina. Ella generó una promesa utópica y de cariz religioso sobre la puesta en práctica de una nueva sociedad, sin injusticias ni oprimidos, ilusión que, si bien rara vez se enfrentó a la realidad de la URSS, sí sirvió de detonante para importantes movimientos políticos que el siglo XX conoció en este lado del mundo.

Palabras clave: Revolución Rusa, Revolución de Octubre, URSS, Latinoamérica, partidos comunistas, intelectuales latinoamericanos.

THE RUSSIAN REVOLUTION AND LATIN AMERICA: AN UNFULFILLED PROMISE

Abstract: This paper analyses the reception given to the Russian Revolution by intellectuals, parties and social movements in Latin America. The Revolution promised a utopia of religious complexion in the form of a new society free of injustice and oppression, and although this promise was rarely compared to the actual situation in the USSR, it did serve as a trigger for major political movements on this side of the world during the twentieth century.

Keywords: Russian Revolution, October Revolution, USSR, Latin America, communist parties, Latin American intellectuals.

Rusia de Lenin es un símbolo. Canaliza pasiones más que ideas.

François Furet

INTRODUCCIÓN

Eric Hobsbawm sostuvo que “la Revolución Rusa, o la revolución bolchevique, ha sido un acontecimiento tan crucial para este siglo (el XX),[1] como lo era la Revolución Francesa del 1789 para el devenir del siglo XIX” y cuyo impacto ha sido mucho más profundo y duradero que el de Francia (Hobsbawm 2007, 63).

Cuando vivía en la Unión Soviética, observando las majestuosas celebraciones, con las cuales cada 7 de noviembre[2] se festejaban los aniversarios de la Gran Revolución de Octubre, siempre me preguntaba con qué magnitud se iba a celebrar el centenario de la revolución. La URSS desapareció, la ideología comunista en Rusia quedó marginada, y hoy, salvo el mundo académico y algunos medios de comunicación, en Rusia reina el silencio casi total sobre este “principal acontecimiento del siglo XX”, como lo sostenía antaño la propaganda oficial soviética. Parece que el mundo entero expresa más interés y le otorga más importancia a la memoria del centenario de la revolución que el que le dedica la propia sociedad rusa.

Y eso es comprensible. Las primeras generaciones de los soviéticos vivían, se sacrificaban, construían y morían por la revolución socialista mundial. Sus hijos vivían, se sacrificaban, morían para defender y salvar al “primer país socialista del mundo” (y a la democracia europea también) en 1941-1945. Sus nietos vieron la falsedad, la hipocresía, la decadencia y, al final, el derrumbe del comunismo y de la Unión Soviética desde adentro. La magia y el mito de la Gran Revolución murieron.

No obstante, desde afuera, la mayoría de los millones de “humillados y ofendidos” del mundo que se sintieron identificados con la causa bolchevique no conocía las realidades del socialismo real de la URSS. Ellos concebían a la Revolución de Octubre de una manera emocional, pasional, imaginaria; es decir, creyente. Para ellos, la Revolución Rusa era un acto de fe que iba mucho más allá de la creación de un Partido Comunista, era mucho más que las cambiantes políticas del Komintern,[3] era mucho más que la política exterior de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Creemos que el mayor impacto que provocó la Revolución de Octubre no consistió necesariamente en los cambios económicos, sociales o institucionales que ella realizó, sino en las percepciones espirituales, culturales y a veces irracionales que ella provocó; es decir, en cómo incidió en la esfera del imaginario colectivo.

El objetivo de este ensayo es justamente demostrar el impacto emocional y cultural que provocó la Revolución de Octubre de 1917 en las sociedades y mentalidades latinoamericanas. No es nuestro interés analizar en este espacio distintas etapas del funcionamiento del Komintern y el significado que tenía cada una de éstas para el movimiento comunista en Latinoamérica.[4] Tampoco vamos a analizar las facetas de la política exterior de la URSS durante la Guerra Fría en el Cono Sur y el Caribe. Creemos que esto ya no es la Revolución en sí misma. Ya eran las políticas de un Estado que en su acción internacional tenía un doble lenguaje: el de Estado-nacional que defendía sus propios intereses y el del líder de la revolución mundial. En cambio, quisiéramos observar cómo la llegada de la Revolución cambió la percepción de la realidad de un contexto nacional específico, la percepción de un trabajador latinoamericano sobre sí mismo, la autosensación que elaboró la intelectualidad de América Latina frente al desafío de responder por su compromiso con la justicia, fraternidad y solidaridad que le despertó la Revolución Rusa.

Históricamente, el concepto de imaginario colectivo se ha vinculado con los campos de estudio de la psicología, literatura, historia del arte y la religión. Se refiere a la esfera de los sueños, quimeras y “pensamientos falsos” (ilusiones, como diría François Furet). El siglo XX, período de grandes conflictos ideológicos y sociales, convirtió al imaginario en un campo de estudio independiente, otorgándole la importante función de legitimar el sistema de poder y ser campo de lo político (Bazco 1984, 12). El siglo XX es también la etapa de la lucha ideológica y propagandística, la guerra de las ideas, de construcción de utopías y de todas aquellas representaciones que, si bien nacen en nuestra imaginación, tienen la capacidad de afectar profundamente el mundo real.

Por esta razón, el imaginario está correlacionado con la identidad colectiva. Es una manera de definir la relación con los “otros”, de formar imágenes de amigos y enemigos, de conservar y modelar los recuerdos pasados y proyectar los temores y esperanzas hacia el futuro. De esta manera, el imaginario aparece como una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva, el lugar de los conflictos sociales y una de las cuestiones que están en juego en estos conflictos (Bazco 1984, 28). Al mismo tiempo, el imaginario colectivo constituye la obra y el instrumento de nuestra conciencia y comportamiento: por una parte, es el resultado de la formación cultural y herencia identitaria de la sociedad, y, por otra, representa el instrumento de elaboración de una actitud o de una política hacia las realidades alejadas de nosotros en el tiempo, en el espacio o en su representación física o cultural (Loyola y Rojas 2000, 109).

La imagen y el impacto de la Revolución de Octubre de 1917, efectivamente, estremecieron y transformaron a Rusia y a toda la humanidad. Por primera vez en la historia del mundo triunfó una fuerza que colocó como la prioridad de su proyecto político y social la idea de que “un ser humano no es menor que el otro” y que todos tenían los derechos económicos, sociales, políticos, culturales iguales, sin importar su procedencia ni raza.[5] Tenemos que recordar que ésta no era la única revolución rusa del siglo, sino que la tercera y la más radical. Ésta culmina el período revolucionario comenzado por la revolución de 1905 (que dio a Rusia su primera constitución) y continuado por la revolución de febrero de 1917 (que acabó con la monarquía y prometió, sin cumplir, establecer la libertad, la paz y la democracia). Pero los bolcheviques, que triunfaron en octubre de 1917 con un programa mucho más prometedor, fueron quienes, por una parte, continuaron con las promesas de la libertad, la paz, repartición de la tierra para los campesinos, y, por la otra, ofrecieron los réditos del poder para los trabajadores, junto a justicia social, igualdad, fraternidad y respeto por la dignidad humana; todo esto no solamente para Rusia, sino que para la clase trabajadora de todo el planeta. Es la razón por la cual la caída del gobierno provisional “burgués” provocó tanto entusiasmo y admiración entre los mineros de Gran Bretaña, los socialistas de Alemania, Francia y Hungría, los anarquistas de España, muchos intelectuales de Europa y de Rusia misma. Por primera vez en el siglo XX el mundo se dividió en dos órdenes: el antiguo capitalista burgués, por un lado, y el nuevo, joven y revolucionario y comunista, por el otro.

En América Latina, la Revolución de Octubre también fue recibida con euforia por unos, y con mucho temor, por otros. Antes de la Revolución, Latinoamérica y Rusia sabían muy poco la una de la otra. Los vínculos directos y contactos permanentes eran escasos en comparación con los de Europa. La lejanía entre el continente latinoamericano y el enigmático país euroasiático, lo hacía parecer casi inaccesible e inimaginable. La escasa información que llegaba al continente iberoamericano procedía de las notas de las agencias de prensa extranjeras o de los inmigrantes judíos, polacos, alemanes, rusos que llegaban a América desde Europa. Por cierto, en América Latina y el Caribe hacia 1917 ya existían agrupaciones anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, primeras organizaciones obreras. Se conocían las obras de grandes escritores rusos como Tolstoi, Dostoievski y Chejov. Aparte de Marx y Engels, se leían y se estudiaban los trabajos de pensadores marxistas y anarquistas populistas, como Bakunin, Kropotkin y Plejánov. Pero estas obras se percibían también como provenientes de un mundo tan remoto, desconocido y extraño que parecía irreal.[6] El mundo ruso era un enigma, un mosaico incompleto de imágenes de un país que fue gobernado por un zarismo despótico y cruel, donde el pueblo, campesino, triste, místico y esclavo, expresaba su misteriosa alma en medio de enormes estepas blancas y frías en forma de exóticos ritos de la religión ortodoxa y las melancólicas melodías esteparias acompañadas por extraños gemidos de las balalaicas.

Tras estallar la Revolución de 1917, en América Latina se produjo el “descubrimiento de Rusia”. Junto con seguir leyendo las noticias de la guerra, la sociedad latinoamericana fue deteniendo su mirada sobre el gobierno de los “maximalistas”. La palabra “bolchevique” y su significado no han sido aprendidos aún. Las páginas de la prensa de Chile, Cuba, Brasil, Argentina se llenaron con las noticias y reportajes sobre este gigantesco país incógnito y remecido por la revolución. Muy pronto la revolución bolchevique provocó gran apoyo, interés y conmoción entre los estudiantes universitarios de Argentina (durante el movimiento por la reforma de la universidad del 1918), los anarquistas y socialistas de Cuba y los obreros de Chile. Desde los primeros meses posteriores al triunfo del partido de Lenin, el diario chileno El Despertar de los Trabajadores se declaró como un aliado incondicional de la lucha de los comunistas rusos. En febrero del 1918, Luis Emilio Recabarren publicó:

Es el caso inequívoco que debemos declarar de qué lado quedamos: si con los maximalistas que derrumban con la acción (no con las palabras) el militarismo y el capitalismo… o preferimos marchar engañados al lado de la burguesía… Doy, sin vacilar, mi voto de adhesión a los maximalistas que inician el camino de la paz y de la abolición del régimen burgués, capitalista y bárbaro.[7]

José Alien, el futuro secretario general del Partido Comunista Mexicano, por esos días señaló:

Esto no es un experimento, no es un simple cambio en el gobierno, es una plena transformación de todo, y eso va a realizarse, porque la fuerza del proletariado ruso está en el apoyo de todos los trabajadores del mundo. (Citado por Korolev y Kudachkin 1986, 20)

El Manifiesto del año 1918, aprobado por el congreso constituyente del Partido Socialista Internacional (futuro Comunista) de Argentina, dijo:

Los bolcheviques de Rusia son la vanguardia del socialismo mundial, que colocaron los cimientos de una nueva sociedad humanitaria que no conoce los privilegios de casta y sociales, ni despotismo y guerras. (Citado por Korolev y Kudachkin 1986, 20)

En febrero de 1918, Rusia soviética recibió un emotivo y fraternal saludo desde el México revolucionado. Escribe Emiliano Zapata:

Nosotros ganaríamos mucho y la causa de la justicia humana ganaría mucho si los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa hubiesen entendido que la causa de México revolucionario y Rusia libre es la causa de toda la humanidad, son los objetivos sublimes de todos los oprimidos del mundo… Ambas revoluciones están dirigidas en contra de los que León Tolstoy llama el “gran crimen”: en contra de la usurpación de la tierra que pertenecía a todos, igual como el agua y el aire, pero que a pesar de eso fue arrancada por un grupúsculo de poderosos con el apoyo de sus ejércitos y las leyes injustas. Por eso no es sorprendente que el proletariado de todo el mundo saluda a la Revolución Rusa y la admira. (Citado por Korolev y Kudachkin 1986, 21)

La poesía rusa estaba muy sensible a esta percepción de la revolución mundial. Un “soñador ucraniano”, un muchacho, protagonista de los versos de Mijail Svetlov, “Grenada” (1926), en la guerra civil de 1918-1923 se unió al Ejército Rojo para luchar no solamente por la Revolución Rusa, sino que además por una causa mayor, sin saber muy bien siquiera dónde estaba España:

Abandoné mi choza, me fui a combatir,

Para entregar en Grenada la tierra a los campesinos

¡Adiós, familia, adiós, amigos

Grenada, Grenada, Grenada mía![8]

Octubre de 1917 marcó profundamente la postura de los líderes obreros y socialistas que ya actuaban en América Latina. Hemos visto las expresiones del fundador del Partido Obrero Socialista de Chile, Luis Emilio Recabarren, que aceptó y celebró el triunfo de la Revolución. En 1922 viajó a Moscú para participar en el II Congreso del Komintern, declaró la transformación de su partido al comunista y su adhesión a la III Internacional. El líder del movimiento universitario de Cuba, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba en 1925, Julio Antonio Mella, inspirado por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, también experimentó una fuerte influencia de la revolución leninista, con su espíritu internacional y antiimperialista. Otra vez, en el imaginario colectivo la juventud cubana se adelantaba al conocimiento y racionalización. Como sostenía el futuro revolucionario José Martínez Sáez: “Nos deslumbraban la sencillez y la claridad aparentes de las teorías marxistas… todos los problemas cubanos podían explicarse por medio de la lucha de clases y el imperialismo yanqui” (citado en Aguilar 1992, 235).

Claramente, José Carlos Mariátegui, uno de los pensadores marxistas de Latinoamérica, no podía estar sino bajo el fuerte impacto de la revolución bolchevique. En 1922, durante uno de los momentos más álgidos de la Revolución Rusa, él estaba en Europa, casi en la frontera con Rusia. Anhelaba viajar al país de Lenin, pero no pudo por razones de salud. Participó en la formación del Partido Socialista de Perú en 1928, simpatizante con la III Internacional, pero su interpretación de la “realidad peruana”, con su énfasis en una revolución inminentemente socialista, que incorporara también los elementos del comunitarismo campesino e indígena, trasgredía los límites del marxismo ortodoxo del Komintern y no podía ser aceptada; mientras que, por otra parte, el aparato de la III Internacional producía otro tipo de intelectuales, como el argentino Vittorio Codovilla, jefe del Comisariado (Buró) Iberoamericano del Komintern en Buenos Aires, conocido por su lealtad incondicional a los dictámenes que llegaban desde Moscú.

Durante los años 20, los líderes y la prensa de la izquierda latinoamericana aceptaban plenamente la representación de la sociedad socialista como resultado de la destrucción total del mundo burgués y de la construcción de un universo distinto. Por esta razón, la imagen de Rusia que aparecía en las páginas de diarios comunistas fue en todo diferente al mundo que rodeaba a los trabajadores de Latinoamérica: diferente en la organización económica, en los fundamentos políticos, en el modo de vestirse de la gente, en sus modales, lenguaje, estilo de vida. La influencia que tenía la Revolución Rusa sobre los líderes socialistas y la clase trabajadora de América Latina dejaba una huella realmente profunda. En 1923, Recabarren escribió:

…Queda demostrado que toda la población trabajadora es la dueña del poder desde el momento que en sus manos está elegir los elementos de poder y en sus manos está anular el poder… En Rusia es una realidad, una verdadera realidad que el pueblo elige sus administradores, en Rusia es una verdadera realidad que el pueblo tiene derechos electorales. (Citado por Lowy 2007, 93)

Las fuerzas que los pueblos de Cuba, Bolivia, Chile, El Salvador percibían como enemigas —miseria, “burguesía aborrecible”, policía, “empresarios… los que me hicieron llevar piedras a la construcción del Vaticano moscovita” (Vergara 2013, 70)— en Rusia ya no existían aparentemente, creando en el imaginario de la izquierda latinoamericana la idea de que se creaba otra cultura, otra civilización, las cuales no solamente eran nuevas, sino que, además, pertenecían al pueblo.

No se trataba necesariamente de la democracia o de la lucha por ésta. Para la mayoría de los revolucionarios de esta época, la democracia no era un valor en sí; ella se asociaba con el poder de los pocos, con la oligarquía, con la comodidad de la burguesía, con la hipocresía y opresión, con el capitalismo. Y como el capitalismo y la burguesía tendrían que ser derrumbados, la democracia debía ser derrumbada también.

El mito de Rusia se construía en el contraste con la realidad de los países latinoamericanos; esto es, todos los males sociales que caracterizaban a la sociedad capitalista se creían estar resueltos en el lejano país revolucionario: la liberación de la mujer encarnaba la nueva moral y libertad; el acceso al arte simbolizaba la nueva cultura obrera y la nueva dignidad humana; el privilegio de la educación para los hijos de obreros era la causa justa, y la discriminación a la burguesía era símbolo de un castigo merecido, de igualdad y de restablecimiento de esa justicia social que durante tanto tiempo había sido violentada. Más tarde, en “Defensa del marxismo”, de 1936, Mariátegui se refería a la Revolución de Octubre como “el primer paso de la humanidad para establecer el sistema de fraternidad, paz y justicia” (citado en Korolev y Kudachkin 1986, 20). Con el pasar de pocos años, en casi todos países de América Latina se fundaron partidos comunistas, la mayoría de los cuales se adhirieron a la Internacional Comunista. Así, surgió el Partido Comunista de Argentina en 1918, el de México en 1919, el de Uruguay en 1920, los de Chile y Brasil en 1922, entre otros. Pronto el fenómeno revolucionario soviético adquirió una dimensión realmente global: “Al cabo de treinta años de la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, un tercio de la humanidad y todos los gobiernos entre el Elba y el mar de China vivían bajo el dominio de partidos comunistas” (Hobsbawm 2003, 125).

La influencia de la experiencia soviética era más real todavía si consideramos que había cierta ingenuidad en el idealismo y romanticismo que profesaban varios comunistas, socialistas y anarquistas latinoamericanos hacia la Rusia comunista. Ello se juntó con que fueron obligados a mirar a la primera sociedad socialista a través de un prisma específico, prisma mediante el cual los líderes del Komintern les mostraban la “realidad” soviética a sus afiliados extranjeros durante sus visitas a la Rusia de los soviets. El emigrante ruso en Argentina M. Komin-Alexandrovsky, delegado argentino al II Congreso de la Internacional Comunista, describía sus impresiones sobre la Rusia Soviética de 1921:

La intensificación de la producción en la Rusia soviética no se obtiene con la ayuda del garrote y de la violencia de un explotador, sino desarrollando entre los obreros la conciencia de sí mismos y la autodisciplina. Ningún otro país puede suministrar un ejemplo semejante. Este cambio psicológico en los obreros es únicamente posible en un Estado proletario y obra verdaderos milagros, estableciendo nuevos récords en la producción… (Citado en Tarcus 2017, 39)

El sindicalista Augusto Pellegrini, en su informe “Mi viaje a la Rusia de los Soviets”, de 1923, compara la realidad rusa y la situación en Argentina:

Mientras en nuestros países nos niegan el derecho de organización, allí ésta casi tiene casi fuerza de ley, y mientras en los países burgueses la policía, el ejército combaten, persiguen y destruyen las fuerzas del proletariado organizado, allí son la mejor garantía de su vida. (…) ¡Todo en Rusia es libertad, derecho, justicia y hasta privilegio para los productores! (Citado en Tarcus 2017, 99)

Como sostenía François Furet, la devoción por la Revolución de Octubre que sentían varios comunistas de América y Europa se debía también a su incapacidad de componer una opinión racional sobre algo que no tenía precedentes (Furet 1996, 114). No es casual que la palabra “milagro” sea una de las más frecuentes que encontramos en varios textos periodísticos, políticos o poéticos que se referían a la Rusia revolucionaria. No se hablaba mucho sobre la ausencia de libertad, sobre la desnutrición de los niños o la violencia en contra de los reales o supuestos “enemigos de la revolución” (sólo André Gide se atrevió a hablar públicamente sobre el “lado oscuro” de la idealizada realidad soviética). El brillo de la promesa de una vida justa y mejor hacía ciegos a los que la esperaban.

Por otra parte, en las décadas de los 20 y 30, incluso en los sectores más conservadores de las sociedades latinoamericanas, creció el interés (y no solamente el temor) al “experimento soviético”. Tras el repudio inicial y la condena a la violencia y destrucción de la Rusia antigua, los observadores del campo opuesto al de los bolcheviques comenzaron a concentrar su mirada en los aspectos morales y culturales de la revolución leninista. Se puso atención a los problemas del arte, la cultura, el teatro y las políticas educacionales del Estado soviético. Los círculos católicos se interesaron por las innovaciones que los bolcheviques incorporaron en la legislación familiar, cuidado de los hijos, constitución matrimonial, distribución de responsabilidades en la educación de los niños y el papel y el lugar de la mujer en la sociedad. Aparecieron interesantes publicaciones que proponían una mirada más profunda sobre el movimiento de octubre de 1917, que seguía la línea filosófica de análisis de la revolución que desarrollaron los filósofos rusos Berdiáyev, Losev y Fedotov.

Para varios de estos autores (rusos y latinoamericanos), la revolución bolchevique no fue una ruptura, sino un hecho propio —y hasta de continuidad— de la historia de Rusia, haciendo ciertos paralelos entre el marxismo soviético y la identidad nacional rusa. En este aspecto, la ideología del régimen soviético se presentaba como la continuación de la gran tradición cristiana ortodoxa, reemplazada por la ideología marxista:

El carácter fundamental del bolchevismo es una religión nueva, que toma en serio las tendencias modernas de la política y la economía como las cosas que dan sentido a la vida y reviste estas tendencias de exigencias éticas y de promesas para el futuro.[9]

Según esta visión, después de la destrucción de los templos, en Rusia se creó otro tipo de religión: la “fe” marxista, con su simbología laica de templos —edificios del partido—, himnos y banderas, rituales y fiestas sagradas —el 1 de mayo, el 8 de marzo, el Día de la Revolución el 7 de noviembre, el Día de Cumpleaños de Lenin el 22 de abril—. Esto se complementa con el “reino milenario” comunista y la adoración al cuerpo de Lenin, el cual, embalsamado, canonizado, fue puesto en el mausoleo sin enterrar; o, también, con la devoción a nuevos ídolos y mártires —Espartaco, jacobinos, líderes de las rebeliones campesinas rusas del siglo XVIII, héroes de la Comuna de París y de la guerra civil de la década de 1920—, y con la devoción a los discursos basados en los libros “infalibles”: El capital, de Karl Marx, obras de Lenin y Stalin. Más tarde lo confirmaba Nikolái Berdiáyev:

La causa del dinamismo único y eficiencia del marxismo consiste en el hecho de que contiene en sí todas las características de una religión. (…) El marxismo ha sido adaptado a las condiciones rusas y ha sido rusificado. La idea mesiánica del marxismo vinculada con la misión del proletariado se vinculaba y se identificaba con la idea mesiánica rusa. (Berdiáyev 1990, 305).

Esta idea nos lleva a un aspecto que no siempre es considerado por los historiadores de la revolución y de las ideologías, incluidos aquellos que estudian el impacto que tuvo la revolución bolchevique en el mundo y en América Latina.

Nos parece importante recalcar el rol de los intelectuales en los procesos revolucionarios del mundo (lo que, por cierto, no es algo nuevo en los estudios de las revoluciones). Es bien sabido que tanto en Rusia como en Europa y América Latina muchos intelectuales apoyaron la revolución bolchevique y militaban en partidos comunistas de sus respectivos países. Romain Rolland, Henry Barbusse, Pablo Picasso, Eric Hobsbawm, en Europa; Máximo Gorki, Alexandr Blok, Vladímir Mayakovski, Sergei Esenin, en Rusia; los muralistas Siqueiros y Rivera, los escritores Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, en América Latina, son sólo algunos ejemplos de los estrechos vínculos que existían entre la intelectualidad artística y académica con el comunismo.

En este sentido, es interesante llamar la atención a las palabras de Marta Vergara que citamos arriba sobre la construcción del “Vaticano moscovita”. Desde nuestra perspectiva, existe una gran coincidencia entre la intelligentsia revolucionaria de Rusia y los intelectuales comunistas de América Latina. Ambos grupos tenían un importante componente religioso, hijos, como eran, de una poderosa cultura cristiana, una ortodoxa y la otra, católica. Elementos de la cultura católica latinoamericana se combinaban con la religiosidad y misticismo del pueblo ruso y el sentido mesiánico de la revolución. Ambos movimientos sentían la vocación mesiánica de salvación y redención, dispuestos a ser crucificados ellos mismos para crear el reino de Dios ahora y en esta tierra.

Así describía el filósofo Nikolái Berdiáyev el carácter religioso del comunismo ruso: “El alma rusa se está quemando en búsqueda ardiente de la verdad, de la verdad absoluta y divina y de salvación de todo el mundo y de la resurrección común hacia la nueva vida” (Berdiáyev 1990, 105). El universalismo del comunismo ruso se debe a su conciencia mesiánica: “La conciencia mesiánica no es nacionalista… Es la conciencia universal. La conciencia mesiánica es la conciencia del pueblo escogido de Dios, en el cual el Mesías tiene que aparecer, y a través del cual el mundo deberá ser salvado” (Berdiáyev 1990, 105). Sin entender el carácter mesiánico de la Rusia comunista, no se puede entender la fuerza con la cual el mundo (tanto el de izquierda como el de derecha) fue absorbido por la idea de la revolución proletaria internacional.

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la “Revolución Rusa”, de octubre de 1917, nunca tuvo objetivos ni carácter nacional. Como bien señala Orlando Figes (2008), los líderes de esta revolución no se sentían necesariamente rusos. No solamente por la mezcla de los genes étnicos alemanes, suecos, judíos, rusos, mordvines que tenían en su sangre, sino que también porque eran personas cosmopolitas, ciudadanos del mundo que hablaban varios idiomas europeos, vivieron en distintas partes de Europa por años, conocían a los líderes de la II Internacional y siempre percibían a la revolución proletaria como un acontecimiento universal. Para ellos, la revolución socialista no tenía patria ni nacionalidad —según sostenía el propio Karl Marx, “el proletariado no tiene patria”—, y, consecuentemente, la Revolución de Octubre inmediatamente debería ser seguida por la revolución paneuropea y, después, por la mundial. América Latina ha sido incorporada desde un principio a este proyecto global, y los sectores socialistas, anarquistas, maximalistas que ya existían en la región rápidamente se convirtieron en receptores de una importante producción propagandística, educativa e informativa de la Internacional Comunista. En el documento llamado “El deber del proletariado de América del Sur”, de 1922, los líderes del Komintern llamaban:

Como en la Revolución Rusa, os prepararéis para transformar cualquier intento de guerra en lucha abierta de la clase obrera contra la burguesía. Como ella, llevaréis a cabo la acción contra el imperialismo preparando la dictadura proletaria que destruirá en toda América la dictadura burguesa. (Lowy 2007, 90)

Este fenómeno se replicaba en el mesianismo revolucionario de los comunistas latinoamericanos. Como sostenía Carlos Fuentes, ellos también eran:

los hijos de rígidas sociedades eclesiásticas. Ésta era carga de América Latina, pasar de una iglesia a otra, del catolicismo al marxismo, con todo su dogma y ritual. El comunismo, al igual que el catolicismo, representaba una fe universal y total. Moscú sustituyó a Roma como dogma e inspiración. (Citado por Bethell 1997, 78)

Y los partidos comunistas de todo el mundo, integrantes de la Internacional Comunista, estaban unidos por esta conciencia mesiánica de salvación, de pertenencia a un fenómeno global que tenía un propósito sagradamente digno: salvar a la humanidad del capitalismo y hacerla mejor y feliz. Este sentimiento de participación en un movimiento desinteresado y universal, quizás, explicaba la absoluta e incondicional lealtad que profesaban muchos de los comunistas europeos hacia la URSS, sin importar el terror estalinista ni la hipocresía y decadencia del “socialismo real”: “Hasta en los peores momentos, aun rechazados o víctimas de sospechas injustas (estos comunistas no podían concebir otra existencia que servir a la causa de Octubre del 1917), como si allí hubiese nacido en verdad el otro mundo” (Furet 1996, 123).

Pero también el mundo comunista del siglo XX sería imposible de comprender sin considerar esta sensación de pertenencia a “un movimiento global, cosmopolita y omnipresente de ser redentores del mundo entero…” (Ulianova y Riquelme 2005, 93). Al mismo tiempo, quizás este reconocimiento a Moscú como Vaticano del movimiento comunista internacional provocaba el hecho de que los partidos comunistas latinoamericanos percibieran como algo natural y lógico que el “centro jerárquico” comunista proporcionase el financiamiento para sus “parroquias anticlericales” y sus publicaciones, sin cuestionamiento alguno (Ulianova y Riquelme 2005, 42).

El mundo nuevo requería también al otro tipo de hombre, al “hombre nuevo”: un hombre (y mujer, por cierto) que tenía que ser totalmente abnegado y dedicado a la causa de la salvación de la humanidad, a la revolución; un hombre absolutamente comprometido con el partido; un hombre que debía ser, de hecho, un monje, un puritano que rechazaba la vida cotidiana, la familia, las “debilidades” humanas, para que no lo distrajesen de los fines de la revolución. “El Partido se anteponía a todo lo personal” (Hobsbawm 2003, 132).

Un verdadero revolucionario tenía que rechazar toda vida individual, pues su existencia pertenecía a la causa colectiva. Debía ser coherente, íntegro, austero, bondadoso, leal.[10] Una de las imágenes más impactantes del revolucionario de este tipo fue Rajmetov, quien rechazaba los “sentimentalismos” y el amor (y hasta dormía en un lecho de clavos puntas arriba, preparándose para eventuales torturas). Él era uno de los protagonistas de la fundacional novela de Nikolái Chernyshevski ¿Qué hacer? (1863), favorita de Vladimir Lenin. Más tarde, en las décadas de los 50 y 60, en muchos países latinoamericanos la imagen de la dedicación y del sacrificio por la causa justa, del martirologio por los fines sublimes, aparece al publicarse la traducción al español de una de las obras icónicas de la literatura revolucionaria soviética, la novela de Nikolái Ostrovski Así se templó el acero (1932), cuyo personaje central, Pavka Korchaguin —quien, a pesar del dolor y de una posible pérdida de movilidad debido a las heridas recibidas en la guerra civil, se levantaba y seguía levantándose para ir a trabajar por el deber que sentía frente a la revolución—, se convirtió en el modelo a seguir para miles de jóvenes latinoamericanos encantados por la Revolución Rusa, la Cubana y la figura de Ernesto Che Guevara.

No es casual que el “código moral del constructor del comunismo” de la Unión Soviética replicaba casi literalmente al decálogo de Moisés. “En Rusia no puede ser cualquiera afiliado al partido” (Tarcus 2017, 137): el verdadero comunista tenía que ser no hablador, sino sensato y parco, justo y ecuánime, abnegado y afable. No un vividor, sino honrado, desinteresado, ordenado y sobrio. Escribía un veinteañero comunista, el futuro historiador británico Eric Hobsbawm:

La libertad, la igualdad y sobre todo la fraternidad pueden hacerse realidad momentáneamente en aquellos estadios de las grandes revoluciones sociales que las revoluciones que las vivieron describen en términos normalmente reservados al romanticismo. Los revolucionarios no sólo se imponen un modelo de moralidad más elevado que el de cualquier santo sin excepción, sino que cuando llega el momento realmente lo llevan a la práctica… (Hobsbawm 2003, 133)

Un partido constituido por personas de este perfil no podía ser un partido de masas. Tenía que ser un grupo cerrado, una subcultura aparte, con sus propios códigos éticos, de lenguaje y de comportamiento, lo que creaba un sentimiento de pertenencia a la elite que conocía la “única y absoluta verdad”. Sus militantes “sabían” cómo tenía que ser el futuro. Como plantea Hobsbawm, el “partido de vanguardia leninista era una combinación de disciplina, eficiencia en el trabajo, absoluta identificación emocional y un sentido de dedicación total” (Hobsbawm 2003, 130). Además, el autosacrificio sin recompensa alguna ya estaba en su misión redentora de salvación: desde la muerte y el exilio de los decembristas de Rusia, los revolucionarios posteriores sabían que los esperaban la persecución, el destierro, la soledad, la cárcel, la tortura o la ejecución. La izquierda europea y latinoamericana ganó el respeto de sus sociedades no por seguir las indicaciones de la Unión Soviética, sino por su estoicismo y lealtad a los ideales, sin pedir nada a cambio.

Por otra parte, el modelo leninista del partido revolucionario revirtió toda la teoría de la revolución socialista de Karl Marx, al mismo tiempo que provocó la pregunta sobre la aplicabilidad del marxismo al contexto latinoamericano. La teoría marxista de la revolución socialista suponía que, para darse la situación revolucionaria, un país debería poseer un alto desarrollo económico e industrial, donde el conflicto social se produciría a raíz de las contradicciones internas del desarrollo capitalista. Ahora, como mostró la experiencia del partido de Lenin, teniendo un partido pequeño con el liderazgo fuerte, sumamente disciplinado, unificado, convencido de poseer “la verdad absoluta” y dispuesto a pagar cualquier costo (propio o externo) para imponer esta verdad al resto de la humanidad, no era necesario esperar la “maduración del capitalismo”. El modelo leninista parecía ser mucho más eficiente y operativo. Por cierto, el marxismo era una teoría europea por definición. Pero el atractivo del bolchevismo para los líderes obreros y campesinos de América Latina consistía justamente en eso: en Rusia, un país atrasado y de población mayoritariamente campesina, el partido bolchevique se atrevió a tomar el poder, para pasar inmediatamente a la construcción del socialismo, convirtiendo una sociedad semifeudal o colonial en una socialista, industrializada y desafiante al capitalismo. O sea, un pequeño grupo de personas cohesionadas, provisto de liderazgo fuerte y convicciones sólidas se mostró capaz de “mover las montañas”. Entonces, en América Latina la revolución socialista también era posible, sin que su fuerza hegemónica tuviese el apoyo de las masas.

Había factores que explicaban por qué un partido marxista leninista no podría encontrar el apoyo masivo en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. Una revolución del proletariado y para el proletariado difícilmente podría encontrar la base masiva en los países donde la clase obrera estaba recién en proceso de formación. Las condiciones de dependencia colonial, de dependencia económica, de subdesarrollo no permitían plantear la posibilidad de una “revolución socialista” masiva en Sudamérica y en el Caribe. También influían otros factores, como el predominio de los trabajadores de los sectores artesanos y rurales por sobre los obreros organizados, la fuerte competencia del catolicismo, fuertes represalias contra los simpatizantes de la izquierda, existencia (como en Perú, Bolivia, Argentina) de otros partidos políticos, populistas y nacionalistas, que, a diferencia de los partidos comunistas, no eran tan rígidos y eran más flexibles en sus alianzas, y, por cierto, los esfuerzos del aparato de Estado por incorporar a los sindicatos al sistema estatal a fin de controlarlos (Angell 1997, 79). Al menos desde la estrategia de formación de Frentes Populares (1935), los partidos comunistas de América Latina aceptaron los dictámenes del Komintern, que de hecho replicaban el programa de los mencheviques para Rusia antes del 1917: no tomar el poder político de inmediato, sino que formar las coaliciones políticas con los gobiernos y actores políticos moderados en espera de la maduración del capitalismo en sus respectivos países, el aumento del nivel de desarrollo y la formación de la estructura económica y social para la formación de la clase obrera, consciente y lista para llevar a cabo la revolución, pero no socialista, sino que la revolución burguesa y democrática. La socialista debería esperar aún más.

Sin embargo, como hemos dicho, el impacto de la Revolución de Octubre iba más allá de los debates teóricos entre los comunistas latinoamericanos, y entre ellos y las autoridades del Komintern. Los pueblos latinoamericanos percibían lo sucedido en Rusia a nivel emocional. El imaginario colectivo producía mayor efecto que las ideologías racionales. Por poco que supieran sobre Rusia, les parecía cercana por ser un país campesino, pobre, atrasado, donde la mayoría de la población vivía en humillación, miseria, dependencia económica y personal de un poderoso. Así describía la situación social en El Salvador del 1932 el mayor estadounidense A.R. Harris, agregado militar de EE.UU. para América Latina: “Imagino que la situación de El Salvador hoy es bastante parecida a la de Francia antes de la revolución, a la de Rusia antes de la revolución y a la de México antes de la revolución. La situación está madura para el comunismo, y los comunistas parecen haber descubierto eso” (Lowy 2007, 22).

Pese a que varios partidos comunistas de América Latina se adhirieron tempranamente a la Internacional Comunista, los líderes del Komintern no creían que la revolución en Latinoamérica podría anteceder a una revolución socialista en Europa (Angell 1997, 81). No tenían mucho conocimiento sobre los problemas vitales del continente, como el problema del campesinado, la desigualdad, la situación indígena. No era la política de la Unión Soviética hacia América Latina, ni la labor de los comisarios de la Internacional Comunista ni el programa de insurrección comunista los que hacían sublevarse a los salvadoreños en 1932, a los cubanos en 1933 y 1959 o a los guatemaltecos en 1952. En el caso de la rebelión en El Salvador, tan fuerte había sido el impacto del espíritu revolucionario del proletariado ruso que en este país caribeño, donde casi no existía el proletariado, los rebeldes campesinos constituyeron igualmente los “soviets” con el fin de llevar a cabo la revolución socialista (Angell 1997, 81). En el imaginario de los mineros, trabajadores ferroviarios y textiles del Cono Sur, azucareros y cafeteros de América Central, la visión de Rusia revolucionaria seguía siendo muy romántica e idealizada. El triunfo de los bolcheviques y la Revolución Rusa eran símbolos, sueños pero casi nunca la realidad concreta.

En 1918, el legendario poeta ruso Aleksandr Blok escribe su famoso poema revolucionario “Doce”. Es la elaboración de un verso trágico y nervioso, en el que describe la marcha de los doce guardias rojos por las calles de Petrogrado,[11] observando los cambios y dramas que acompañaban la Revolución. Los soldados son presentados como “apóstoles” del pueblo revolucionario, con sus miedos, dolores y alegrías, con sus esperanzas y victorias enarboladas en sus fusiles y banderas rojas. Esta marcha es liderada por la figura de un revolucionario eterno: Jesucristo, que va adelante coronado de rosas blancas. Los mismos motivos encontramos en el poema del iquiqueño Daniel de la Vega, quien en 1922 escribe, dirigiéndose a Rusia:

A su encuentro Jesús vendrá en breve

Como un rosal luminoso y humano

Entre la sombra y el hambre y la nieve

Florecerá el corazón tolstoyano. (…)

Anda tú hacia ella, ruda flauta mía

Y con tu alabado de ardiente supremos

De la que aquí estamos aguardando el día

Y que en avalancha nos levantaremos.[12]

Sin tener la posibilidad de conocer el país, la Unión Soviética, de tan remota, les parecía una tierra prometida para los olvidados e invisibles. Así, por ejemplo, en medio del gran terror estalinista, un poeta antofagastino (que seguramente no tenía mucha información sobre qué es lo que pasaba en la URSS) escribía en su poema:

Así llegaste a Rusia. Ardiente y vencedora

Revolución de Octubre.

Atravesando el cielo rojo de la vida

Habitando en la esperanza más alta de las multitudes

Asomándote el corazón castigado y generoso de los pobres

Barriendo las fronteras y uniendo en un solo puño

Las manos caídas y confusas de los explotados.[13]

Como es bien sabido, el segundo mito fundacional más importante en la historia de la Unión Soviética, después de la Revolución de Octubre, es la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria (que es como en Rusia se conoce a la Segunda Guerra Mundial). Y para muchas personas soviéticas, para la izquierda del mundo y de América Latina esta victoria ha sido resultado, continuación y consolidación de la Revolución de 1917. Sin la Revolución de Octubre, esta victoria hubiera sido imposible, pues en el imaginario colectivo de izquierda el socialismo triunfó sobre el nazismo (y el heroísmo del pueblo soviético, por tanto, también era socialista). Como tal, esta victoria no podía ser interpretada de una manera del todo racional, sino que como algo que provenía de otro mundo, heroico y sublime. Escribe Pablo Neruda en su “Tercer canto de amor a Stalingrado”, poema sobre el triunfo de los soviéticos en la batalla por esta ciudad:

¡Oh! Milagros

Milagros de la sangre

Milagros de acero y de Partido

Milagros de nuestro nuevo mundo.

(Neruda 1954, 35)

Volvemos a plantear que el principal impulso a los intentos revolucionarios de América Latina no fue tanto el comunismo en sí como el hecho propio del triunfo de la revolución bolchevique. Este triunfo pudo prometer que las “manos caídas” podían levantarse, ofreciéndoles por primera vez a los pobres del mundo la alternatividad, la promesa de que la victoria era posible. Por primera vez en la historia del mundo para los “explotados” latinoamericanos aparecía una opción de vida y desarrollo: la alternativa socialista que se establecía en el país más pobre de Europa; la alternativa que podía convertir a este país en uno de los más poderosos del mundo y cuya ideología, enfrentada al capitalismo, se expandía rápidamente por todo el universo (Maidanik 1998, 39). El impulso de la revolución bolchevique permitió a miles de latinoamericanos atreverse a levantarse contra los “malditos problemas de la época” e intentar salir de la miseria, la humillación y la obediencia. Este mismo espíritu inspiró más tarde a los movimientos por la descolonización y por la liberación nacional. Obviamente, la misma alternatividad les daba prestigio y respeto a los miembros de los partidos comunistas en sus respectivos países latinoamericanos: eran parte coherente y comprometida de una fuerza universal (la revolución bolchevique), cuyo objetivo consistía en salvar a los oprimidos de la opresión. Así también, no fue la teoría leninista de la formación del partido y de la toma del poder, sino que la espiritualidad revolucionaria y la promesa de empoderar a las masas pobres y antaño “invisibles” aquello que inspiró más tarde a los pensadores de la “teología de liberación”.

Pero la Revolución de Octubre tuvo su “espejo”. Sin lugar a dudas, otra revolución que mostró una enorme importancia para América Latina y para el mundo en general fue la Cubana. Es curioso que los comunistas cubanos no reconocieran a la revolución en el momento de su estallido, tal como los bolcheviques no vieron venir la explosiva Revolución de Febrero de 1917. Es curioso que el movimiento 26 de Julio, no necesariamente marxista o comunista en su origen y tampoco dirigido desde la Unión Soviética, dado el contexto de la Guerra Fría, haya sido rápidamente reconocido como una “victoria del comunismo”. Y es curioso, por lo tanto, que el mismo contexto de la confrontación bipolar entre la URSS y Estados Unidos hiciera a Fidel Castro declarar en Moscú en 1963 que “sin la Revolución de Octubre la Revolución Cubana no fuese posible” (Castro 1963).

No es nuestra intención analizar el impacto que tuvo en América Latina la entrada de los “barbudos” a La Habana en enero del 1959. Nos parece importante, sí, llamar la atención sobre la influencia recíproca que tuvo la revolución caribeña en la sociedad soviética, que ya estaba cansada de tantas promesas de la llegada pronta del comunismo, de las represalias estalinistas, de la guerra y del trabajo a puro entusiasmo. La sociedad de la URSS salía de un terrible período de terror estalinista, que dejó a toda la gente soviética en confusión, preguntando por qué una revolución con fines tan sublimes y demandas éticas tan elevadas terminaba con tantas muertes, campos de concentración y la formación de una “cultura del terror”. Nadie en la Unión Soviética sabía mucho sobre Cuba, pero su revolución despertó en la juventud soviética nuevas esperanzas de que volviera la pureza y la sinceridad a los líderes revolucionarios, ya que, como dijeron los escritores disidentes soviéticos Petr Vayl y Aleksandr Genis, se creía “en su carácter honesto y poético” (2013, 34).

Según nos contaban nuestros profesores, en 1959, al recibirse la noticia de la caía del régimen de Batista, se desató una fiesta y un verdadero carnaval estudiantil en las aulas de la Universidad Lomonosov de Moscú. En la sociedad soviética, donde la ilusión sobre la cercanía de la revolución mundial comenzaba a desvanecerse, la victoria de Castro y el Che Guevara sirvió como un ejemplo perfecto para demostrar que el Partido Comunista de la URSS tenía razón, que la revolución mundial ya venía y podía triunfar, si no en Europa, sí en el Tercer Mundo. Así reflexionaban los ex estudiantes soviéticos de los 60: “La Revolución Cubana se convirtió fácilmente en la metáfora de la Revolución de Octubre, porque el golpe revolucionario en sí fue sometido a las leyes del arte y de la dialéctica. Triunfó el Hombre Nuevo creado por la Revolución” (Maidanik 1998, 56).

Posteriormente, todo intento revolucionario en América Latina —Chile en 1970, Nicaragua en 1979— fue utilizado por el PCUS para objetivos internos, con el fin de mantener en los jóvenes la fe en la revolución proletaria global. Sin embargo, estos acontecimientos nunca tuvieron en la URSS un impacto tan importante como el que tuvo la Revolución Cubana. Ésta tampoco cumplió su promesa: con el pasar de los años y en la medida en que se ligaban entre sí el gobierno de la Unión Soviética y el cubano ya declarado marxista, en la medida en que aumentaba la crisis alimentaria en la URSS, mientras Moscú seguía proporcionando ayuda a Cuba, en la sociedad soviética volvieron a surgir sospechas sobre la pureza de la revolución y la sinceridad de sus líderes, hasta desarrollar una fuerte desconfianza del sistema político cubano y una decepción respecto a que Cuba podría haber revivido los ideales de la Revolución de Octubre de 1917.

¿Cuál fue la importancia y sentido de la Revolución Rusa? ¿Califica como una catástrofe que costó millones de vidas y que acabó con la milenaria cultura de Rusia? ¿O efectivamente constituyó una promesa de salvación, liberación y construcción de una sociedad justa y fraternal? No podemos dar ahora una respuesta definitiva. Como sostienen algunos historiadores, todavía ha transcurrido muy poco tiempo para formular el juicio consensuado y definitivo sobre el sentido verdadero de la revolución bolchevique. Pero nos parece que efectivamente la Revolución de Octubre hizo su aporte para el mundo.

Como dijo Furet, su proyecto era atractivo. En el mundo capitalista de principios del siglo XX, la idea de la igualdad y justicia social ganó inmediatamente popularidad e interés, tanto en círculos obreros, como entre los intelectuales. La Rusia soviética ofreció al mundo un experimento de ingeniería social que no tenía precedentes en la historia de la humanidad. Y esta promesa de erradicar la desigualdad, acabar con la pobreza y explotación, fue escuchada en América Latina con una atención especial.

La Revolución de Octubre, basada en la idea de la igualdad de todas las naciones, dio un enorme impulso a los pueblos colonizados para comenzar la lucha contra el colonialismo y la independencia nacional. La Revolución de Octubre abrió los canales de una movilidad social jamás antes vista en la historia del mundo, abriendo posibilidades para la educación, cultura, participación, reconocimiento, visibilidad ciudadana para los millones de personas que habían sido privadas de estos derechos civiles durante siglos. El costo de estas aperturas fue altísimo, y no es casual que las visiones críticas que expresaban Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci hacia las políticas leninistas fueran silenciadas.

Sin embargo, es importante considerar que ya a mediados del siglo XX varios intelectuales de izquierda aclaraban las diferencias entre la Revolución de Octubre y la realidad de la Unión Soviética. Muchos intelectuales y personeros políticos, como André Gide, Eric Hobsbawm y Ernesto Guevara, viajaron a la URSS. Pero la realidad de una sociedad que pretendía ser la “alternativa al Primer Mundo” no correspondió a sus expectativas en absoluto. El “primer país socialista” no era lo que prometía la Revolución de 1917. La promesa de construir un mundo justo y feliz, donde el poder perteneciera a los trabajadores, no se cumplió. Pero tan fuerte ha sido el impacto de la Revolución de Octubre, tan poderosa su imagen y tan atractivos sus principios éticos y sociales, que muchos comunistas han conservado lealtad a sus ideales de por vida, sin importar si mantuvieron su militancia en el partido o no, sin importar su desilusión con el estalinismo y la Unión Soviética. La promesa de la Revolución de Octubre era crear una sociedad de respeto al ser humano, de dignidad, igualdad social y apoyo mutuo entre los ciudadanos. Crear una sociedad de cercanía, confianza y fraternidad entre los prójimos. La promesa de la Revolución de 1917 fue mucho más que su resultado, la Unión Soviética, cuyo modelo económico y social al fin y al cabo no correspondió a los ideales de Octubre.

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1 El paréntesis aclaratorio es mío.

2 En cierta ocasión, un analista irónico observó: “En la Unión Soviética nada es cierto: hasta la Revolución de Octubre se celebra el mes de noviembre”.

3 Se conoce como Komintern a la III Internacional Comunista, de 1919 (N.delE.).

4 Sobre este tema, véanse los trabajos de A. Varas (1991), O. Ulianova y A. Riquelme (2005), entre otros.

5 Es importante recalcar que estamos hablando de imágenes y percepciones que proyectaba la Rusia soviética, y no del costo humano real que la sociedad rusa tuvo que pagar para implementar estas ideas mediante la violencia de la Revolución y la Guerra Civil que se dio entre 1918 y 1922.

6 Quizás con menor intensidad en México o Argentina, pero con mucho mayor intensidad en Cuba o en Chile.

7 El Despertar de los Trabajadores, 3 de febrero de 1918.

8 Se trata de la provincia de Granada, en el sur de España, cuyo nombre normativo, al igual que el de la ciudad, en el siglo XIX, se pronunciaba como Grenada.

9 El Diario Ilustrado, 23 de agosto de 1933.

10 No estamos hablando de los apparatchiki del Comité Central del PCUS o de los burócratas del Secretariado Sudamericano del Komintern, acostumbrados a los viajes all inclusive a Moscú.

11 Petrogrado es el nombre que tuvo San Petersburgo entre 1914 y 1924, antes de llamarse Leningrado (N. del E.).

12 El Despertar de los Trabajadores, 2 de abril de 1922.

13 El Frente Popular, 1 de diciembre de 1937.

ENSAYO

EL FIN DEL SOCIALISMO SOVIÉTICO, LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA: LA HISTORIA DE UNA DOBLE DERROTA*

Rafael Pedemonte

Universidad de Gante

Rafael Pedemonte. Doctor en historia por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Gante, Bélgica. Email: rafaelpedemonte@gmail.com.

* Este ensayo fue preparado con ocasión del seminario “La Revolución Rusa y su influencia en América Latina y Chile”, celebrado en el Centro de Estudios Públicos, el 17 de octubre de 2017.

Resumen: La caída de la Unión Soviética generó un proceso inevitable de reevaluación ideológica en el seno de los partidos comunistas de América Latina, proceso que fue particularmente dramático en el caso cubano. Luego de que, a comienzos de la década de 1970, la administración castrista reforzara sus lazos con el Kremlin y recibiera a cambio una asistencia esencial para la supervivencia de su proyecto socialista, las reformas de la era Gorbachov llevaron a la dirigencia cubana a iniciar un profundo proceso de “rectificación”, que significó reapropiarse aceleradamente de las referencias locales de la revolución (Martí, Che Guevara), en desmedro de los “clásicos” del marxismo ortodoxo. Una reescritura similar llevaron adelante otras organizaciones tradicionalmente fieles a Moscú, como el Partido Comunista de Chile.

Palabras clave: Unión Soviética, comunismo, Revolución Cubana, Mijaíl Gorbachov, Nueva Izquierda Latinoamericana.

THE END OF SOVIET SOCIALISM, THE CUBAN REVOLUTION AND THE LATIN AMERICAN LEFT: THE HISTORY OF A TWOFOLD DEFEAT

Abstract: The fall of the Soviet Union inevitably led to ideological reassessment in the communist parties of Latin America, a process that was particularly dramatic in Cuba. After the Castro administration strengthened its ties to the Kremlin in the early 1970s, receiving in return assistance essential to the survival of its socialist project, the Gorbachev era reforms led the Cuban leadership to begin a far-reaching “correction” involving the rapid reappropriation of local revolutionary emblems (Martí, Che Guevara) at the expense of the “classic” ones of orthodox Marxism. The past was similarly revisited by other organizations traditionally loyal to Moscow, such as the Communist Party of Chile.

Keywords: Soviet Union, communism, Cuban Revolution, Mikhail Gorbachev, Latin American New Left.

¡NO MÁS CUBAS EN AMÉRICA LATINA!

Luego de una fase de serias discrepancias estratégicas y políticas entre la Unión Soviética y la directiva revolucionaria cubana, el fin de la década de 1960 inauguró un proceso de convergencias crecientes, dando paso a la consolidación de una sólida alianza Cuba-URSS. El año 1971 constituyó en este proceso una fecha clave, que inició un periodo que se ha dado a conocer como el Quinquenio Gris (Fornet 2007), y que, mediante un sinnúmero de síntomas elocuentes, hizo evidente la inserción definitiva de La Habana en la esfera geopolítica dominada por el Kremlin. Sacrificando considerables recursos para proteger a la “Isla de la libertad” y favorecer de paso su estabilidad económica, Moscú optó finalmente, no sin vacilaciones, por preservar la fidelidad de los “compañeros” cubanos para así poder exhibir un triunfo único en la historia de la Guerra Fría: disponer de un aliado de peso en el seno mismo de la “zona de influencia” (Kaufman 1976) del “enemigo norteamericano”. Este Quinquenio Gris (1971-1976),[1] denominación recurrente que pretende dar cuenta de las restricciones impuestas por la adopción de un modelo cultural e ideológico inspirado en el esquema de la URSS, vio surgir una serie de signos que contribuyeron a afianzar la amistad cubano-soviética: La Habana ingresó al Comecon (Consejo de Ayuda Mutua Económica), entidad de cooperación económica del mundo socialista, en 1972; los acuerdos de cooperación se multiplicaron y diversificaron, haciéndose cada vez más generosos en beneficio del gobierno castrista (Latrèche 2011, 132); Leonid Brezhnev se convirtió en el primer líder del Partido Comunista de la URSS (PCUS) en visitar América Latina cuando, en 1974, desembarcó en Cuba; el idioma ruso se impuso como una disciplina obligatoria en los programas escolares, mientras que los cursos para aprender la lengua de Tolstoi se difundían mediante programas radiales y televisivos (Cino Colina 2010, 24-27); se tendió a adoptar en el ámbito cultural códigos estéticos normativos similares a los restrictivos principios del “realismo socialista”, conllevando a la marginalización de los artistas más vanguardistas y menos inclinados a la exaltación ideológica, como Antón Arrufat, Pablo Armando Fernández, José Lezama Lima y un largo etcétera. En fin, a partir de ese momento ya no cabía duda de que Cuba se había convertido en un devoto representante del campo liderado por la URSS.[2]

En lo que concierne a la URSS, desde una óptica latinoamericana, las autoridades parecían por el momento conformarse con su imponente presencia en la isla caribeña, manteniendo una visible prudencia en el resto del continente, y entablando incluso estrechas vinculaciones con regímenes abiertamente anticomunistas. Mucho se ha dicho ya sobre la actitud retraída con que Moscú siguió los eventos del Chile de Salvador Allende (1970-1973). Temiendo intensificar las tensiones con los Estados Unidos en tiempos de la détente y evitando volver a comprometerse económicamente con un país distante,[3] las autoridades soviéticas optaron —a pesar de las presiones de los dirigentes chilenos, incluido del propio Presidente Allende, quien viajó a la URSS en diciembre de 1972 para negociar, sin éxito, el otorgamiento de una serie de créditos— por limitar la asistencia destinada al proyecto de la Unidad Popular. Consolidada la entente con Cuba, la URSS ya no tenía como prioridad seguir demostrando la aplicabilidad universal de su modelo mediante la multiplicación de aliados latinoamericanos, políticamente inestables y geográficamente alejados. Incluso el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 —potente reactivación del sueño revolucionario en América Latina, luego de una larga fase de derrotas dramáticas para las guerrillas del subcontinente— fue recibido con discreción. La victoria de los revolucionarios nicaragüenses sorprendió a los dirigentes moscovitas, quienes, basados en consideraciones pragmáticas, desarrollaron a partir de 1979 una política de asistencia (si bien en ningún caso marginal) menos decisiva de lo esperado (Paszyn 2000, 8-55).

Mientras la realpolitik se imponía a la hora de definir una estrategia con los gobiernos latinoamericanos afines, la URSS no tuvo escrúpulos en solidificar sus lazos con gobiernos autoritarios y enemigos de las ideas de izquierda, como las dictaduras en Argentina (1976-1983) y en Brasil (1964-1985). El caso de las relaciones con Buenos Aires es llamativo. A pesar de la retórica anticomunista de Jorge Rafael Videla y de sus seguidores, los soviéticos entablaron con la Casa Rosada estrechas relaciones en el ámbito comercial. En 1981, por ejemplo, la URSS absorbió 33,7 por ciento de las exportaciones argentinas en respuesta al embargo cerealero impuesto por los Estados Unidos a raíz de la invasión a Afganistán (1979). El afianzamiento de las vinculaciones económicas fue también acompañado de una suerte de “alianza diplomática”, evidente cuando en 1977 los representantes soviéticos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazaron un proyecto destinado a autorizar una encuesta en territorio argentino, o cuando en 1982 Moscú entregó su apoyo irrestricto a Argentina en el contexto de la Guerra de las Malvinas (Vacs 1984, 78-86).

En este contexto, el pragmatismo de la URSS, sumado a la represión creciente en el Cono Sur (Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay) contra los militantes comunistas defensores del modelo del Este, marcó una era de retirada progresiva de las influencias ideológicas de la URSS en América Latina. Cuba, por cierto, seguía representando durante los años setenta una notable excepción. El inicio de la década de 1980 tampoco dejó entrever una eventual atenuación de los lazos con Moscú, aunque la progresiva introducción de tendencias reformistas en el seno del Partido Comunista de la URSS (PCUS) y la desaparición física de la “vieja guardia” soviética (Yuri Andropov, Konstantín Chernenko) anunciaron una reestructuración de las prioridades internacionales del Kremlin. Este nuevo cuadro —determinado por los aires de cambio instalados por el nuevo jefe del PCUS, Mijaíl Gorbachov— afectaría inevitablemente la solidez de la asociación con el gobierno castrista, una tendencia perceptible desde mucho antes de que el “coloso del Este” se derrumbara. Como veremos ahora, la Cuba socialista, a pesar de los incontables sacrificios materiales generados por la desaparición del “hermano mayor”, desmintió todos los pronósticos y logró sobrevivir en un contexto hostil. Pero la resistencia del gobierno sin Moscú implicó necesariamente la búsqueda de una nueva y más autónoma legitimidad ideológica, basada en una suerte de renegación de la antigua adscripción al “socialismo ortodoxo” encarnado por la superpotencia ausente.

MIJAÍL GORBACHOV Y EL COMIENZO DEL FIN

En términos generales, el programa internacional de Gorbachov se encontraba menos anclado en factores ideológicos, lo que llevó al interior del PCUS a un cuestionamiento de las alianzas tradicionales, sobre todo de las más onerosas, en función de una postura de mayor pragmatismo. Los propios expertos soviéticos desvelaban sin tapujos las consecuencias de la postura de la nueva administración, anunciando tiempos difíciles para los tradicionales aliados internacionales y, en particular, para el gobierno cubano. Siguiendo a Karen Brutents, consejero influyente del círculo de internacionalistas de Gorbachov, la URSS decidió “desterrar” de sus prácticas diplomáticas “el mesianismo ideológico, la confrontación global con los Estados Unidos y sus aliados, el armamentismo excesivo” (Brutents 1992, 74). Ante esta perspectiva, la inquietud de los dirigentes de la isla quedó dramáticamente ejemplificada en el elocuente discurso de Fidel Castro con ocasión de la visita de Gorbachov a Cuba en 1989, uno de los últimos signos de esperanza para los cubanos inquietos: “Lo menos que podemos expresar en este día, desde lo más profundo de nuestros corazones, es nuestro deseo de éxito al compañero Gorbachov (…) porque ese éxito no sólo lo deseamos, sino que lo necesitamos” (Castro 1989). En efecto, pocos países en el orbe sufrieron más que Cuba la paulatina retirada de los soviéticos.

Desde la fecha de la asunción del nuevo líder del PCUS (1985) y de la puesta en práctica de la Glásnost, una política que implicaba un mayor acceso público a información antes catalogada como confidencial, las reticencias hacia el voluntarismo internacional se agudizaron. Los gastos militares en el extranjero constituían uno de aquellos secretos meticulosamente conservados hasta que, en 1986, el Politburó reveló, ante la consternación de muchos, los datos oficiales: el costo anual de la asistencia militar a Cuba llegaba a 25 millones de rublos, cifra sólo superada por Vietnam (40 millones) y más de cuatro veces más elevada que el desembolso destinado a Siria (Zubok 2007, 299). En una era de crisis económica, cuando muchos habitantes soviéticos experimentaban a diario estrecheces de todo tipo, le difusión de esta información no hizo más que exacerbar los ánimos, empujando a muchos a exigir el cese de los “subsidios”. La “cuestión cubana”, en particular, generó entre 1985 y 1991 —año del inesperado derrumbe de la URSS— un arduo debate interno, siendo incluso un tema de divergencia en el seno mismo de la administración. El medio intelectual también permaneció dividido. Mientras que destacados comentaristas como Víctor Volsky y Sergo Mikoyan,[4] entusiastas observadores de los procesos políticos en América Latina, integraban el “lobby cubano” en Moscú (Pavlov 1994, 177), otros simplemente exigían la interrupción inmediata de la ayuda hacia la Revolución Cubana, argumentando, por ejemplo, que no era posible mantener la solidaridad con “el último estaliniano”, en referencia a Fidel Castro (Mikoyan 1992, 121).

Si bien Mijaíl Gorbachov nunca manifestó una real voluntad de interrumpir drásticamente la ayuda hacia el gobierno de los hermanos Castro, a quienes parece haber estimado en lo personal, era evidente que su renovado posicionamiento internacional daría paso a una redefinición de la postura hacia América Latina. Como bien lo subraya uno de los más minuciosos analistas de la política exterior soviética, Vladislav Zubok (gracias a un impresionante arsenal de fuentes rusas), la nueva concepción de “lo global” conduciría inevitablemente al debilitamiento de los antiguos dogmas ideológicos y a su reemplazo por una postura menos hostil hacia Occidente. De esta forma, las autoridades del Kremlin comenzaron a cuestionarse la pertinencia de conservar un discurso inflexible y desarrollaron uno nuevo, basado en el abandono de la retórica bipolar heredera de los tiempos estalinianos y en la renuncia de las apuestas riesgosas destinadas a debilitar la influencia del modelo norteamericano (Zubok 2007, 278-287). La defensa de Cuba desde los distantes años 60, que pudo incluso haber provocado un conflicto de consecuencias apocalípticas (la crisis de los misiles en 1962), obedecía en definitiva a una lógica que el equipo de Gorbachov ya no estaba dispuesto a mantener.

No cabe duda de que cuando Jrushchov tomó la decisión de embarcarse en una alianza costosa con una isla de no más de siete millones de habitantes ubicada a cerca de 100 kilómetros del “enemigo del norte”, una de sus intenciones primordiales era erosionar la dominación estadounidense en su territorio de influencia. Este compromiso —que no podría explicarse sin tomar en consideración la personalidad vehemente e impulsiva de Jrushchov, así como su convicción apasionada de que nada podría detener el triunfo final de la revolución mundial (Taubman 2003, 640)— resulta aún más sorprendente si notamos que las autoridades castristas no fueron para nada unos aliados dóciles. Por el contrario, durante gran parte de los años 60, Fidel Castro, y en particular el argentino Ernesto Che Guevara, no cesaron de criticar la política de Moscú, profesando un militantismo revolucionario más radical, que se oponía a la política soviética de acercamiento internacional. En efecto, mientras los líderes cubanos alentaban las acciones de las guerrillas en el continente latinoamericano, el Kremlin prefería construir redes diplomáticas con gobiernos “progresistas” (entre ellos, la “Revolución en Libertad” de Eduardo Frei en Chile) y no verse involucrado en tentativas de “exportar la revolución”.

Si a pesar de todos aquellos obstáculos Moscú estaba dispuesto a defender el “primer territorio libre de América” era porque la URSS seguía actuando bajo la óptica de un mundo en constante confrontación con el capitalismo. Por ende, valía la pena hacer sacrificios o idear peligrosos emplazamientos para atacar a los Estados Unidos (ante la imposibilidad de un enfrentamiento directo) mediante “golpes geopolíticos”, como la conversión de Cuba en un país socialista. A la luz de lo que nos revela el historiador Vladislav Zubok, podemos observar que este estado de ánimo ya no se hallaba presente en la visión estratégica de la URSS gorbachoviana, lo que necesariamente acarrearía una reevaluación de la amplia asistencia otorgada a La Habana y elevaría las voces de quienes ya no veían la necesidad de seguir sosteniendo a un partner lejano y oneroso. Veremos ahora que, ante los signos que anunciaban una nueva era, Fidel Castro, con su agudo instinto político, midió tempranamente las consecuencias que el new thinking soviético generaría en su propio país y comenzó a prepararse para que la “liberalización” del “hermano mayor” no contagiara los espíritus de la dirección cubana.

CUBA ANTE LA CRISIS SOVIÉTICA: “SOCIALISMO O MUERTE”

En un diálogo de enero 1989 con su amigo Gabriel García Márquez, observador más bien optimista de la renovación ideológica iniciada en la URSS, Fidel Castro le manifestó al escritor colombiano sus aprensiones sobre lo que estaba sucediendo en el campo socialista: “No estoy en contra de los principios de la Perestroika (…), pero es una política muy riesgosa que está dirigiendo el mundo socialista hacia el capitalismo”. “Quizás es el comienzo del verdadero socialismo, el socialismo con rostro humano”, le respondió el autor de Cien años de soledad. “No, créeme Gabo, esto va a ser un desastre” (Skierka 2004, 255). En realidad, las dudas de Fidel Castro antecedían largamente esta conversación citada. Ellas aparecen ya desde el año 1986, cuando la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) optó por dar inicio al proceso conocido como “Rectificación”, una respuesta evidente a los intentos reformadores desencadenados en la URSS. Ante la inminencia de un debilitamiento del comunismo mundial, Castro y los suyos reaccionaron para revelar, aunque sin criticar explícitamente a la URSS, sus diferencias con el camino trazado por el joven secretario general del PCUS. La “rectificación de errores y tendencias negativas” fue un proceso complejo destinado a interrumpir las reformas que se habían introducido desde 1976, autorizando, en restringidas oportunidades, las iniciativas económicas individuales. Fue también una manera de marcar una distancia con un líder soviético que gozaba de enorme popularidad en Cuba,[5] en particular, en el seno de las juventudes del PCC (Kapcia 2009, 41), y de “re-cubanizar” la revolución, apartándose del espejo soviético que durante gran parte de los 70-80 se había erigido en modelo paradigmático. En efecto, en oposición al mercado regulado que se estaba imponiendo sin vuelta atrás en la URSS, los dirigentes cubanos buscaban reintroducir las nociones de austeridad igualitaria y de sacrificios morales encarnadas en la figura del Che Guevara, quien había teorizado estas cuestiones en la década de 1960. Empezaba así un acelerado proceso de distanciamiento con el socialismo mundial, acompañado de una evidente “autoctonización” del proceso cubano basada en la reivindicación de referencias revolucionarias locales.

Los debates concitados por la rectificación fueron relativamente abiertos, permitiendo a muchos observadores tomar conciencia de los posibles efectos de las nuevas tendencias soviéticas y fortaleciendo la confianza colectiva (fenómeno que se vio alimentado gracias a las recientes victorias obtenidas por el contingente militar cubano en África) mediante un retorno a las raíces de los primeros años revolucionarios. Pero si bien la rectificación fue sin lugar a dudas una respuesta a las crecientes influencias de la Perestroika, las diferencias entre Cuba y la URSS aún no eran evocadas explícitamente. Por otra parte, no hay indicios de que Fidel Castro mantuviera una mala relación con Gorbachov, quien, a pesar de su voluntad de reestructuración internacional, seguía prometiendo que la asistencia de su país no se interrumpiría. Además, las autoridades de la isla estaban perfectamente conscientes de los desastrosos efectos que una eventual retirada soviética de Cuba produciría en la economía y, por extensión, en la legitimidad y supervivencia del gobierno revolucionario. Se trataba de un equilibro delicado, ya que La Habana debía hacer todo lo posible para no ahuyentar a los aliados del Este, mientras simultáneamente buscaba propulsar un proceso político llamado a evitar la crisis del “socialismo a la cubana”.

Pero en la medida en que las reformas iban avanzando en la URSS, la prudencia inicial dejó de imponerse para dar paso a una crítica abierta de la “claudicación” soviética. Esta tendencia fue reforzada por las acusaciones, cada día más numerosas y despiadadas, que ciertos sectores de la opinión publica en la URSS reservaban al gobierno de los Castro. El paroxismo de este clima de tensión llegó cuando, en agosto 1989, el periódico Granma anunció el fin de la circulación de dos revistas provenientes de la URSS, Sputnik y Novedades de Moscú, ambas acusadas de propagar un estilo de vida burgués y occidentalizado (Rodríguez 2012, 51). A partir de ese momento, la escalada de recriminaciones mutuas resultó casi imposible de controlar. Los soviéticos tampoco parecían querer cuidar las apariencias, lo que quedó elocuentemente demostrado cuando, a comienzos de 1990, una delegación de políticos y periodistas se reunió con representantes de la diáspora cubana en Miami, entre ellos el muy activo opositor Jorge Más Canosa. Como se lo confiara Carlos Aldana, secretario del PCC, a Yuri Pavlov, la reunión no cayó nada bien en La Habana: “Vuestra participación en la conferencia de Miami les hace el juego a los enemigos de la Revolución Cubana” (Pavlov 1994, 161). En ese cuadro sensible, el “Líder Máximo” comenzó a evocar la idea de “dos tipos de socialismo”, una forma de deslegitimar la experiencia soviética y de reprocharle su complacencia hacia el “imperialismo”, que debía contrastarse con la “inflexibilidad” ideológica de las convicciones cubanas (Skierka 2004, 247). Fidel Castro empezaba ya a preparar a su gente para una batalla que se anunciaba dolorosa y a la cual tendrían que hacer frente sin la fidelidad acostumbrada del hermano mayor. Así lo dejaba entender cuando en el tradicional discurso del 26 de julio en 1989 hizo mención a la existencia de “dos tipos de comunistas”, los que “pueden dejarse matar fácilmente, ¡y los comunistas que no nos dejamos matar fácilmente!” (Gaínza 1989). Ya nadie dudaba de que los cubanos estaban ahora llamados a librar un combate decisivo y que para ganarlo tendrían que recurrir, como veremos ahora, al fervor revolucionario de los “auténticos” ancestros del socialismo cubano.

EL REGRESO A LOS ORÍGENES REVOLUCIONARIOS: REEVALUACIÓN IDEOLÓGICA Y “SOCIALISMO AUTÓCTONO”

Más allá de las querellas políticas, la crisis del socialismo mundial propulsó en Cuba un replanteamiento de la identidad revolucionaria y un profundo cuestionamiento de la excesiva identificación con el modelo soviético. El rol de la URSS como líder del comunismo mundial comenzó a erosionarse en la medida en que los caribeños constataron que Moscú buscaba un acercamiento con los Estados Unidos, en desmedro incluso de las alianzas tradicionales (Smith 1992, 152). Esta voluntad parecía confirmarse con el retiro progresivo de la asistencia soviética a las guerrillas centroamericanas —en particular a las de El Salvador y Guatemala—, así como al gobierno revolucionario de los sandinistas en Nicaragua (Pavlov 1994, 148-149). Todo ello no anunciaba nada promisorio para las autoridades de la isla, para quienes la ausencia de la URSS representaba una angustiante noticia. El intento de golpe de Estado en la URSS en agosto de 1991 acentuó el repudio interno hacia el autoritarismo, debilitando el extenuado “lobby pro cubano” que aún luchaba por sobrevivir en Moscú. La temida pero esperada decisión, anunciada por Gorbachov en septiembre de 1991, de negociar la salida de Cuba de las tropas soviéticas generó un gran impacto internacional, seguido de una fuerte indignación en La Habana y de la obvia exultación de Miami y Washington (Pavlov 1994, 230-232).

Un comentario de Fidel Castro publicado en el Granma ilustraba adecuadamente la ira de los dirigentes, a la vez que introducía una autocrítica reveladora de los pasos a seguir. Según Castro, la partida de los soviéticos era como “darles luz verde” a los enemigos del norte para que atacaran la isla. Recordaba luego la “primera traición” de Moscú, cuando Jrushchov optó por retirar sus misiles en 1962 sin consultar previamente a las autoridades del territorio en el que estaban implantados (Pavlov 1994, 233-234). Esta referencia al pasado es elocuente. A partir de ahora, habiendo comprobado la inconsistencia de la URSS por partida doble, Cuba tendría que retrotraerse a los primeros años, cuando la revolución aún hundía sus raíces en su propia historia y antes de que una alianza definitiva hubiese sido entablada con la potencia del Este. La Revolución Cubana no sólo tendría que aprender a vivir sin ayuda exterior, sino que también tendría que despojarse de las vestiduras ideológicas “universalistas” y emprender un camino propio hacia el verdadero socialismo.

Las críticas hacia los excesos de identificación con el modelo del Este arreciaron en la esfera pública, estimuladas por el propio Fidel Castro, quien evocaba, por ejemplo, “nuestro error de deificación de la URSS” (Pavlov 1994, 246). Teniendo así el visto bueno del Comandante, el medio intelectual comenzó a interrogarse sobre las bases adecuadas sobre las cuales la situación presente debía erigirse. Una obra colectiva aparecida en 1994, El derrumbe del modelo eurosoviético, constituye un adecuado reflejo de este espíritu. En ella, el doctor Ramón Sánchez Noda aclara desde el principio que ante el escenario actual es indispensable “reasumir trincheras verdaderamente revolucionarias” y “desembarazarnos de las posiciones dogmáticas”, a saber, el marxismo ortodoxo preconizado por la extinta Unión Soviética. En clara ruptura con la historia postrevolucionaria de la URSS, el autor se alegra al constatar que, al reivindicar el pensamiento de Marx, de Lenin, pero también de Fidel y del Che, “reapareció el hilo conductor que nos permitió escapar de ese laberinto” (Sánchez Noda 1994, 3). Mediante estas palabras introductorias, el pensador cubano pretende posicionar a los revolucionarios locales (Guevara, Fidel Castro, entre otros) en el mismo nivel que los “clásicos”, insistiendo sobre la necesidad de desarrollar un proceso renovado cimentado “en sus raíces históricas, y por decisión inalterable de nuestro pueblo” (Sánchez Noda 1994, 5).

La alusión al guerrillero Ernesto Guevara no es casual. Constituye, en realidad, uno de los aspectos más notables del replanteamiento ideológico de esta nueva fase revolucionaria, marcada por las agravadas consecuencias de lo que se conoce como “Periodo Especial en Tiempos de Crisis”. Desde el año 1960, cuando el Che redactó su famosa obra, La guerra de guerrillas, el argentino se había erigido en el principal adversario de la adopción de un cuerpo doctrinario inspirado en los influjos de los nuevos aliados soviéticos. Su teoría del “foquismo”, de hecho, se oponía drásticamente a las prioridades de las administraciones soviéticas en tiempos de Jrushchov y Leonid Brezhnev, así como negaba un elemento básico del pensamiento marxista oficial: la preponderancia del Partido Comunista para la formación de una auténtica conciencia revolucionaria. Para el Che Guevara no era necesario que las masas hubiesen sido adoctrinadas para desencadenar el proceso insurreccional, ya que el “foco”, es decir, el núcleo campesino liderado por una vanguardia armada, podía imponer las condiciones para una profunda transformación social (Guevara 2010, 33). Pero más allá de estas herejías doctrinarias, el Che tampoco evitaba criticar, a veces en durísimos términos, la pasividad de los soviéticos, como cuando en su célebre discurso de Argel en 1965 cuestionó duramente a los países socialistas, “cómplices de la explotación imperialista”, por su política hacia el Tercer Mundo (Reid-Henry 2009, 304). No debiera extrañarnos, por ende, que la literatura guevarista haya tendido a desaparecer de los estantes en los años 70 y comienzos de los 80 (Kapcia 2009, 108), cuando la cooperación con el Kremlin alcanzó su apogeo.

Algo similar ocurrió incluso con el “apóstol de la patria”, José Martí (1853-1895), cuya figura —tan ensalzada tanto por la oficialidad cubana como por los exiliados de Miami— fue relegada a la de una suerte de precursor histórico de los avances actuales (Kapcia 2000, 178), dejando así de personalizar, como en un primer momento, el cuerpo filosófico constitutivo del proceso revolucionario. El paradigma soviético, que desplazaba el pensamiento autóctono, se había impuesto irremisiblemente. Pero a comienzos de los 90, cuando, como hemos observado, se hacía urgente recuperar el fervor de un pasado autónomo, tanto el Che como Martí fueron reactualizados a manera de manifestación de “cubanidad” (Miller 2003, 150) y puestos nuevamente en el tapete para servir de pruebas fehacientes del carácter independiente de la Revolución Cubana.

Más que un esfuerzo simbólico, esta reivindicación adquirió también una dimensión institucional que merece ser destacada. La Constitución de 1976, largamente ajustada en función del modelo soviético, definía al PCC como una organización “marxista-leninista”; sin embargo, un cambio fue introducido en 1992, cuando en este mismo artículo 5 se antepuso a la definición anterior un adjetivo significativo: “martiano y marxista-leninista” (Pavlov 2012, 232). También quedaba inscrito en la carta magna que “el ideario de José Martí y las ideas socio-políticas de Marx, Engels y Lenin” constituían la fuerza impulsora de la revolución. Resulta sumamente revelador del momento crucial que estaba atravesando el proyecto ideológico cubano que el nombre de Martí, un intelectual y luchador que no se inscribe en la tradición marxista, precediera al de los “clásicos” del socialismo, desplegando un fuerte componente nacionalista. Ya nadie podía dudar de que ahora la prioridad debía ser otorgada a “lo autóctono” (Zanetti 2009, 92), mientras que la filiación universal, sin ser negada, pasaba a un segundo plano.

Vale la pena señalar que la permanencia de Cuba como uno de los pocos bastiones del socialismo en el mundo, ante la expansión de las fuerzas hostiles (incluido en la antigua aliada Nicaragua que abandonó, mediante elecciones, el proyecto revolucionario sandinista en 1990), creó un sentido de responsabilidad casi mesiánico. Con el derrumbe de la esfera del Este, el papel de la isla adquiría una dimensión insospechada, de resonancias globales. Pocos expresaron mejor que el profesor Arnaldo Silva León la nueva misión de los comunistas cubanos, de quienes dependía, “tal vez decisivamente, el futuro del socialismo para la humanidad de ese Tercer Mundo”. Por ello, insiste Silva León, lo que vive Cuba “es más que una lucha meramente nacional, es internacional”; y prometía casi con un grito de guerra: “No les fallaremos” (Silva León 1994, 138).

Por otro lado, bajo estas nuevas premisas la manera de estudiar el marxismo también debía repensarse, ya que la “caída del coloso” evidenciaba que la “lógica universal sólo puede existir a través de las lógicas particulares y singulares de los procesos históricos concretos”. De ahí que la propia teoría política necesitara “renovarse de manera específica en cada contexto” y sin ser diseñada “en abstracto”. La lección parece haber sido particularmente bien asumida por el filósofo, ex becario de la Universidad Estatal de Moscú, José Ramón Fabelo Corzo, quien concluía en un artículo de 1994: “Es hora de dar fin al modelo único y a-histórico del socialismo” (Fabelo Corzo 1994, 17). Lo interesante aquí es que mediante este tipo de reflexiones, los pensadores de los noventa volvían a evocar los debates de la segunda mitad de los años sesenta, cuando aún había un amplio margen para proponer una visión “heterodoxa” del marxismo, basada en las ideas de pensadores críticos de izquierda, como Louis Althusser, Georg Lukács y, por supuesto, el propio Che Guevara. Las constataciones de Fabelo Corzo, por ejemplo, hacían eco de la estridente “polémica de los manuales” de 1966, durante la cual se puso en tela de juicio las doctrinas totalizadoras del pensamiento soviético contemporáneo y de sus defensores en Cuba.

Aquella controversia, desarrollada en la revista Teoría y Práctica, enfrentó a dos corrientes en torno a la pertinencia de importar manuales soviéticos para la enseñanza teórica en las Escuelas de Instrucción Revolucionarias (EIR) de la isla: los llamados “dogmáticos”, defensores de un camino basado en el modelo de la URSS, y una joven generación de pensadores pertenecientes a la Universidad de La Habana. Uno de ellos, Aurelio Alonso, reaccionó contra la idea, evocada en un número anterior de la revista, de que era necesario extraer “lo universal contenido en los manuales” soviéticos (Pérez y De la Uz 1966, 14-15). El joven filósofo criticó también las construcciones “reproducidas religiosamente” y el uso del marxismo concebido como “juguete teórico”. En definitiva, para Alonso y sus compañeros era preferible privilegiar una estructura de pensamiento crítica fundada en una “rigurosa valoración histórica”, “que crea, que critica, que transforma”; es decir, que se moldea en función de los anclajes locales y de las particularidades de la historia y de las tradiciones de cada realidad (Alonso 1966, 13-14). El grupo de Alonso, que durante la segunda mitad de los años 60 gozó de gran visibilidad gracias a la publicación de la revista Pensamiento Crítico y fue decididamente respaldado por Fidel Castro,[6] terminó, sin embargo, siendo parcialmente acallado cuando se inició el famoso Quinquenio Gris.[7]

No cabe duda de que esta visión crítica hacia lo soviético no experimentó el mismo rechazo a inicios de los 90, cuando era exactamente este distanciamiento con respecto a la URSS postrevolucionaria lo que se buscaba incentivar. Cómo no pensar en los principales representantes de la generación de Pensamiento Crítico cuando leemos el ensayo de Rubén Zardoya, para quien el marxismo que estaba en crisis era el que “hurga en las obras de los clásicos como en un cofre de piratas, en busca de definiciones (…) sin preocuparse apenas de que satisfagan las más elementales exigencias de la propia lógica que se absolutiza” (Zardoya 1994, 23). En este nuevo contexto, los filósofos “críticos” como Fernando Martínez Heredia y el propio Alonso volvieron lógicamente a imponerse en el debate intelectual, sin abandonar, por cierto, sus aprensiones en torno al modelo de la extinta URSS.[8] No es casualidad que hasta hace pocos años, Aurelio Alonso, hoy anciano y aureolado de un gran prestigio, seguía insistiendo en la necesidad de “reinventar el socialismo” cubano y de cuestionar “de modo integral” el “viejo modelo” (Alonso 2007).

La ruptura con el pasado soviético afectó prácticamente todos los aspectos de la vida política y cotidiana de la isla, desde la presencia cultural a los intercambios humanos, generando, para algunos, un trauma identitario de difícil resolución. El idioma ruso, el que, como vimos, se enseñaba incluso mediante cursos difundidos por la radio —gracias a los cientos de miles de cubanos que tuvieron la posibilidad de formarse en la URSS—, desapareció. Ya en 1989 se dieron instrucciones de interrumpir las clases de ruso en los colegios para que fueran remplazadas por el inglés. Lo mismo sucedió en las universidades, donde algunos profesores, como Xiomara García, debieron iniciar a avanzada edad formaciones de inglés para “ponerse al día” después de toda una vida transmitiendo el idioma de Dostoievski (García 2015). Fidel Castro ofrecería en el Granma una elocuente explicación a este giro, apuntando al atraso soviético, donde hay que “esperar diez a quince años” antes de que se traduzcan los buenos trabajos (Pavlov 1994, 247).

Como una serie de buenos estudios literarios y cinematográficos lo han demostrado recientemente, el impacto cultural que produjo el desmoronamiento de la amistad cubano-soviética dejó a pocos indiferentes. La abrupta interrupción de los intercambios y de la importación de innumerables productos provenientes del mundo del Este (electrodomésticos, libros, vehículos, comida enlatada, revistas de buen diseño y un largo etcétera) engendró un sentimiento de “nostalgia”, aún perceptible, marcado por el recuerdo de una era de “abundancia” que hoy parece simplemente obsoleta. Como lo subraya Damaris Puñales-Alpízar, una de las más asiduas estudiosas de las huellas dejadas por la URSS en suelo cubano, la escasez relativa de contactos con otras realidades nacionales y la cotidiana presencia —estética, gastronómica, técnica, humana— de la URSS engendró en amplias capas de la sociedad un afecto hacia los referentes venidos del Este, configurando una perdurable “comunidad sentimental soviético-cubana” (Puñales-Alpízar 2012, 19-24). Esto se ha traducido, para muchos, en una dolorosa fractura emocional, muy visible en nuestros días en las abundantes producciones culturales que intentan penetrar en los efectos de la violenta desaparición del “hermano soviético” (Pedemonte 2017, 136-141).[9]

Más allá de sus esperadas repercusiones en Cuba, los efectos desmoralizadores de la caída del socialismo mundial también se dejaron sentir en el resto de las naciones latinoamericanas, donde, para muchos militantes fieles a la URSS, el colapso condujo a una pérdida irreversible de un paradigma (Castañeda 1993, 244). Es tiempo de interrogarnos, mediante el ejemplo de Chile, sobre la dimensión continental de la pérdida del “horizonte” soviético y sobre la re-estructuración de la izquierda ante la desaparición de un referente —a veces endiosado, otras veces duramente acusado—, en torno al cual muchas organizaciones comunistas definieron su ADN ideológico.

LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA Y EL DOBLE ENTIERRO DEL MODELO SOVIÉTICO

El Partido Comunista de Chile (PCCh) fue por muchos años uno de los más estrictos adeptos de la Unión Soviética (Friedman 2015, 156). En ella sus militantes hallaron un faro ideológico que iluminaba el tortuoso camino por el cual transcurrió en el medio político local. La abrumadora mayoría de las decisiones internacionales adoptadas por el “hermano mayor” fueron respaldadas con ahínco por los comunistas locales, incluidas las intervenciones en Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). Así, mientras tensiones crecientes dividían el marxismo internacional, el PCCh optó con sincera convicción respaldar a sus aliados del Este. Como lo recuerda el militante Alejandro Toro Herrera, ya en 1959, cuando incipientes signos de la ruptura sino-soviética se veían brotar, su organización no vaciló en posicionarse detrás de la URSS. El propio Toro Herrera redactaría más tarde un artículo para condenar las “calumnias” de los maoístas y llamar la atención sobre el carácter “revisionista” y “egoísta” del gigante asiático (Toro Herrera 2014, 25-26).[10] De la misma manera, en la medida en que las divergencias entre la Cuba castrista y la URSS se hacían visibles, sobre todo hacia mediados de los años sesenta, el PCCh tampoco dudó en subrayar su adecuación a la doctrina de la “coexistencia pacífica” frente al radicalismo cubano, que tendía a acentuar su respaldo a la “vía insurreccional” defendida por ciertos movimientos latinoamericanos. En respuesta a su irrestricta fidelidad, los comunistas chilenos recibieron una importante asistencia de Moscú que, desde 1955, se expresó en aportes financieros, pero que también incluyó una serie de beneficios no monetarios, como viajes de formación, becas de estudio, envío de material cultural destinado a los Institutos Chileno-Soviéticos de Cultura, etcétera (Ulianova y Fediakova 1998, 141-142).

Después del golpe de Estado de 1973, muchos comunistas encontrarían refugio en la URSS, donde gozaron de una situación privilegiada, permitiéndoles llevar a cabo una amplia campaña de solidaridad y de denuncia contra las atrocidades que se estaban cometiendo en Chile. Si bien la postura del PCCh —cuya dirección exterior se había instalado en Moscú— se hacía cada vez más beligerante, para incorporar finalmente la resistencia armada como una forma adecuada de lucha contra la dictadura, su fidelidad no estuvo en tela de juicio, alineándose con el Kremlin en su lucha contra el eurocomunismo (Riquelme 2009, 119). Pero lo interesante aquí es que, incluso para un partido que había hecho de la URSS una inspiración incontestada, la desintegración de esta última provocó un dramático impacto que se acompañaría, como en el caso cubano, de cierto replanteamiento ideológico. Se planteó incluso la posibilidad, a mediados de 1991, de excluir el término “marxismo-leninismo” de los principios partidarios, y, si bien esto no aconteció, observamos un esfuerzo evidente de parte del PCCh por recuperar sus raíces nacionales. El secretario general Volodia Teitelboim, por ejemplo, se esforzó por desprenderse de la tradicional obsecuencia hacia la historia soviética para rescatar el pasado local de su partido: al insistir sobre el hecho de que el “PC no es una creación exógena”, sino que “nació antes de la Revolución Rusa” (Riquelme 2009, 260), Teitelboim pretendía encauzar su organización en un nuevo camino ideológico legitimado por una narrativa anclada en las luchas nacionales y, por ende, emancipada de la precedente identidad militante, por tan largo tiempo indisociable de las preconizaciones soviéticas. Tal como en Cuba, donde después de la caída de la URSS Martí y el Che volvieron a erigirse en los auténticos guías de la revolución, este trance amargo implicó igualmente la reivindicación sistemática del verdadero fundador del comunismo chileno: Luis Emilio Recabarren. El nuevo programa del PCCh, publicado en noviembre de 1991, a pocas semanas de la declaración definitiva de disolución de la URSS, distinguía su propia historia de la del triunfo bolchevique, destacando así el nacimiento del Partido Obrero Socialista (1912) como el genuino hito fundador de la tradición comunista criolla: “Este, y no otro es nuestro origen” (Riquelme 2009, 270).

En términos electorales, el colapso soviético deslegitimó el proyecto político del PCCh a los ojos de muchos ciudadanos que no lograrían disociarlo del modelo que acababa de derrumbarse. El paso a la oposición durante el primer gobierno democrático postdictadura militar, dirigido por el democratacristiano Patricio Aylwin (1990-1994), en 1991, marginalizó definitivamente al partido del poder, conllevando a un magro resultado en las presidenciales de 1993, cuando su candidato, Eugenio Pizarro, obtendría tan sólo el 4,7 por ciento de los votos, incluso superado por dos outsiders, José Piñera y Manfred Max Neef. Entraba así el comunismo chileno en una era de aislamiento político que recordaba los años anteriores al Frente Popular (Riquelme 2009, 288). Esta debacle no sería revertida en 1999, cuando Gladys Marín, a pesar de las expectativas, apenas superaría el 3 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales.

A diferencia de los antiguos aliados comunistas de los días de la UP, los actores que, desde la izquierda, cimentaron el camino democrático bajo las banderas de la Concertación de Partidos por la Democracia provenían de las corrientes críticas del marxismo, aprehensivas de la política exterior soviética. En efecto, los militantes socialistas que asumieron responsabilidades ejecutivas a partir de 1990, tal como los antiguos representantes del MAPU, se caracterizaron en los años sesenta por adoptar una visión reticente al modelo propuesto por la URSS. Una figura como Ricardo Núñez, por ejemplo, quien se convirtió en presidente del Partido Socialista unificado, antes había sido el líder del ala “renovada” del partido, más alejada de la URSS que la corriente de Clodomiro Almeyda. En los años sesenta y setenta, Núñez y otros no ocultaron sus inquietudes hacia la superpotencia del Este, mientras indagaban en las lecturas de autores desechados por la oficialidad soviética (Núñez 2013, 55, 80). En términos generales, el Partido Socialista Chileno (PSCh) nunca había manifestado una estricta disciplina pro URSS, prefiriendo presentarse como una alternativa entre los proyectos encarnados por los dos “gigantes” (Cancino 2013, 117-120) y cuyo horizonte en los sesenta y setenta parecía perfilarse cada vez más como reflejo de la Revolución Cubana.

Se ha hablado mucho también del papel crucial jugado por la “generación MAPU” en los primeros años de administración concertacionista. Personajes como Enrique Correa, Eugenio Tironi, Jaime Gazmuri, José Miguel Insulza, José Joaquín Brunner u Óscar Guillermo Garretón contribuyeron decididamente a forjar el destino democrático por el que Chile transitaría tras los 17 años de Augusto Pinochet en el poder. Provenientes de una tradición cristiana (el MAPU se escindió en 1969 del Partido Demócrata Cristiano), para los jóvenes MAPU de los sesenta —al igual que para sus colegas socialistas— la URSS nunca constituyó un modelo a imitar. En vez de familiarizarse con los manuales soviéticos ortodoxos, estos militantes preferían adentrarse en los escritos de pensadores alternativos del marxismo, como Louis Althusser, cuyas obras controvertidas fueron traducidas en Chile por una de sus discípulas (también ex integrante del PDC), Marta Harnecker. Como queda establecido en su programa de finales de 1972, desde el punto de vista del sistema mundial, el MAPU había optado por no tomar partido en la feroz contienda China-URSS, mientras que simultáneamente negaba la pertinencia de la “coexistencia pacífica” como “principio estratégico internacional” (Valier 1974, 8).

Vemos así que, con la marginalización del PCCh a comienzos de los noventa, la tradición de izquierda de quienes estaban asumiendo las riendas del poder en el Chile postdictadura era crítica del marxismo y reticente a aceptar el rol conductor de la URSS. El drama de la “caída de las catedrales” (Guastavino 1990) tuvo entonces un cariz doble: mientras el bloque del Este se desmembraba, pocos en la cúpula de la jerarquía administrativa de Chile observaban este inapelable desenlace con nostalgia.

En América Latina, globalmente, para la izquierda menos proclive a la renovación liberal, la desaparición de la URSS como paradigma revolucionario real favoreció la atracción creciente que ejercía el ejemplo de Cuba, una isla que, a pesar de los severos embates, logró preservar el legado del socialismo. Los comunistas chilenos, que habían atravesado en la década de 1960 una etapa de profundas divergencias estratégicas con el modelo castrista, fortalecieron su compromiso con La Habana ante la evidencia de la inesperada supervivencia de la administración de Fidel Castro. A pocos días del triunfo del No a Pinochet en el plebiscito de 1988, un documento oficial del PCCh analizaba la adopción de una “vía pacífica” hacia el socialismo, doctrina defendida con convicción por el partido en los años 60 y durante el gobierno de la UP, evocando críticamente las “ilusiones legalistas” estimuladas por “los hábitos de la democracia burguesa”. Lo que podría haber evitado este error estratégico, continúa el texto, es haber asimilado de mejor manera las enseñanzas de la Revolución Cubana: “No nos apropiamos a fondo y desde el comienzo de sus grandes lecciones” (Riquelme 2009, 166).

Superada la fase más aguda de la crisis de la izquierda a comienzos de los años noventa (Webber 2017, 10-13), Cuba ha logrado seguir inspirando a los revolucionarios latinoamericanos. Desde 1999, cuando el venezolano Hugo Chávez accedió por primera vez a la presidencia, una ola de gobiernos reformistas ha sacudido el territorio del subcontinente (Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, José Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua, Mauricio Funes en El Salvador, a los que habría que sumar una serie de pequeños Estados caribeños), todos articulados, en parte, gracias a la personalidad y liderazgo regional del nuevo Mandatario. Para Chávez, un militar cristiano con una visión ideológica difícil de definir, Cuba representaba un ejemplo inspirador que contribuyó a guiar los primeros pasos del gobierno revolucionario. Aunque sin ocultar sus diferencias con el castrismo, y respetando el calendario electoral, no cabe duda de que la presencia de la Cuba socialista y la experiencia de Fidel Castro ayudaron a perfilar el camino del chavismo. Hugo Chávez estuvo por primera vez en La Habana en 1994, poco después de ser liberado tras su tentativa frustrada de golpe de Estado en 1992, fue acogido por el “Líder Máximo” en el aeropuerto y efectuó un polémico discurso en el que se refirió a Cuba como un “bastión de la dignidad latinoamericana” (Jones 2008, 192-193). Los lazos se intensificaron después de la asunción del mando de Chávez, quien optó por establecer una serie de acuerdos generosos, fortalecidos con la creación del ALBA (Sánchez 2007, 22-33), una organización internacional que dio cuerpo a las tendencias de izquierda en el subcontinente.

Pero mientras Chávez multiplicaba sus elogios hacia Cuba e incluso hacia el líder histórico de la China socialista, Mao (Gott 2011, 189), no encontramos similares expresiones respecto al modelo soviético. Las grandes figuras de la URSS no parecen ocupar el ideario chavista; es más, cuando se trata de asimilar el marxismo, el comandante prefirió adentrarse en los escritos del Che Guevara, de Gramsci o del propio Mao (Harnecker 2002, 9, 100). Pero el suyo es sobre todo un proyecto ideológico (calificado de “socialista” sólo a partir de 2005) enraizado en las condiciones y referencias locales, con constantes alusiones al “árbol de tres raíces” (Harnecker 2002, 14): Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora (Gott 2011, 91-116). En un guiño a sus aliados cubanos, José Martí también se ha ubicado en un sitial privilegiado del panteón heroico del chavismo. En cuanto a la URSS, cuando el líder venezolano se refería a esta experiencia, lo hacía más bien para acentuar sus discrepancias y ver en los errores del modelo soviético una enseñanza provechosa para la construcción de su particular vía revolucionaria. En enero de 2007, en Río de Janeiro, Chávez se esforzó por definir lo que había bautizado como “socialismo del siglo XXI”, un esquema explícitamente diferente al sistema de la URSS, un experimento “fracasado”, ya que “no era democrático y no daba poder al pueblo”. Chávez concluía este discurso con una declaración reveladora de su ambición programática: “Tenemos que construir un modelo socialista que no copie modelos de otros países” (Harris 2009, 39).

De la misma manera, los principales estandartes de la “nueva izquierda” en América Latina han adoptado también un modelo profundamente enraizado en las peculiaridades de cada nación, abandonando la pretensión, recurrente durante la Guerra Fría (Westad 2007), de adaptar en el escenario local un sistema alógeno. Rafael Correa (2007-2017) parece estar más influido por un pensamiento social cristiano, muy presente en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), donde realizó su doctorado; la Bolivia de Evo Morales hunde sus raíces ideológicas en el katarismo y diversas reivindicaciones indigenistas;[11] Sánchez Ceren en El Salvador y Daniel Ortega en Nicaragua han asumido el poder con un programa que poco tiene que ver con los móviles de las luchas revolucionarias que lideraron en tiempos de la Guerra Fría. En todos ellos, la referencia soviética se halla ausente, revelando adecuadamente una de las características más sobresalientes de la izquierda del continente: la emancipación definitiva respecto a los paradigmas globales para la elaboración de sus propios proyectos “revolucionarios”.

La abrupta caída de la Unión Soviética generó sin duda una situación dramática para las esperanzas del socialismo latinoamericano, que tuvo que replantear sus posicionamientos en función del nuevo cuadro global, mientras que propulsó una voluntad decidida a pensar la doctrina política en consonancia con los rasgos del país. Vimos cómo los intelectuales cubanos, impulsados por la crítica amarga y despiadadamente abierta de Fidel Castro, elaboraron nuevas definiciones ideológicas, desafiantes hacia la anacrónica valoración del sistema de la URSS. Este proceso fue acompañado de una reivindicación sistemática (y podríamos decir que crucial para la supervivencia del socialismo cubano) de las figuras que encarnan la autenticidad de la revolución, en particular José Martí y Ernesto Guevara. Una tendencia similar puede ser identificada en el caso de los partidos que tradicionalmente manifestaban mayor fidelidad hacia el ejemplo de la URSS, como el PCCh.

En los dos decenios pasados, cuando una ola de gobiernos autocalificados de “revolucionarios” se implantaron en numerosos países del continente latinoamericano, constatamos que las alusiones hacia la experiencia soviética han sido prácticamente inexistentes y que, cuando ella se mencionaba, fue más bien para subrayar las insuficiencias de un modelo derrumbado y así legitimar un proyecto autónomo de izquierda, liberado de la “tutela” que muchos partidos marxistas asumían sin pudor en los decenios de la Guerra Fría. Así, en un periodo sorprendentemente breve, la URSS no sólo ha desaparecido del escenario mundial; nos encontramos también ante la configuración de una doble derrota de un modelo que alimentó por casi un siglo las aspiraciones de tantos revolucionarios a lo largo y ancho de la Tierra: por un lado, el fracaso definitivo de la experiencia política y, por otro, la extinción de su poderoso arrastre ideológico.

REFERENCIAS

Alonso, Aurelio. 1966. “Manual… o no manual: diálogo necesario”. Teoría y Práctica 30: 12-18.

———. 2007. “Hay que ‘reinventar’ el socialismo en Cuba”. La Jornada, 17 de diciembre. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/17/index.php?section=mundo&article=027e1mun

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1 Otros, como el escritor cubano Pablo Armando Fernández o el poeta César López, prefieren hablar de “Decenio Negro” (Fernández 2012, 152).

2 Autores como Piero Gleijeses (2002) o Antoni Kapcia (2009) intentan, sin embargo, relativizar la fidelidad del aliado cubano, invocando sobre todo la autonomía con la que La Habana actuó en las luchas de independencia africanas, especialmente en Angola, donde los combatientes cubanos alcanzaron la inédita cifra de casi 500 mil en el periodo 1975-1989. Es cierto que en muchos aspectos el gobierno de Fidel Castro mantuvo una postura relativamente autónoma, pero lo mismo podría decirse de otros “países satélites”, como Polonia y la Rumania de Ceauşescu. El tono laudatorio con que los dirigentes cubanos se referían a la URSS, así como el establecimiento de un sistema institucional cada vez más parecido al dominante en el mundo del Este demuestran que —aunque sin duda a regañadientes— el castrismo había aceptado el liderazgo soviético dentro del sistema socialista mundial, lo que contrastaba nítidamente con los constantes desafíos de los cubanos a la autoridad de la URSS, durante los años 60.

3 De visita en Moscú, el secretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, recibió una respuesta incontrarrestable a sus solicitudes de asistencia al gobierno de Allende. Para justificar su circunspección, Leonid Brezhnev le habría dicho al delegado chileno: “Mire, considere usted que Chile es el país más distante de la URSS, que no hay otro país que quede tan lejos como el de ustedes” (Politzer 1990, 112).

4 El padre de Sergo Mikoyan, Anastás Mikoyan, una de las figuras políticas más relevantes de la historia de la URSS, fue quien lideró la primera misión oficial soviética a Cuba en 1960, efectuada con el objeto de evaluar la disposición de las autoridades revolucionarias y, eventualmente, definir un programa de asistencia con el gobierno castrista. Sus impresiones, transmitidas poco después de su estadía a Nikita Jrushchov, fueron muy positivas, influyendo así de manera decisiva en el desarrollo de las relaciones cubano-soviéticas (Khrouchtchev 1971, 464).

5 Fidel Castro pudo comprobar por sí mismo la sorprendente popularidad de Mijaíl Gorbachov cuando este último aterrizó en el aeropuerto de La Habana en abril de 1989 y fue acompañado hasta su hotel por un cortejo de cerca de 500.000 cubanos expectantes.

6 Fidel Castro criticó en más de una oportunidad lo que se conocía como “manualismo”, en referencia a la confianza excesiva otorgada a los textos importados de la URSS.

7 En agosto de 1971, se optó por suspender la circulación de la revista Pensamiento Crítico, dando inicio a un periodo en el que, según las palabras de Fernando Martínez Heredia, “las necesidades del Estado parecían más decisivas que los criterios ideológicos” (Fornet 2013, 256).

8 Una anécdota ilustra correctamente el estado de espíritu de Fernando Martínez Heredia respecto a la URSS. Cuando hace un par de años lo contactamos para intentar obtener una entrevista que nos permitiera hablar de la Unión Soviética, el respetado intelectual cubano se negó, arguyendo que “no tengo vivencias personales” pertinentes para abordar este tema.

9 Recomendamos el revelador documental de Enrique Colina, Los bolos en Cuba y una eterna amistad (2011).

10 Debemos recordar, sin embargo, que un grupo menor de militantes comunistas optaría por seguir la vía maoísta y fundar una nueva organización, Espartaco, que más tarde daría origen al Partido Comunista Revolucionario (Johnson 1970, 247-257).

11 Álvaro García Linera, el perenne vicepresidente de Evo Morales, considerado como el “teórico” del gobierno, posee un pensamiento político ecléctico e indefinible bajo los cánones conocidos. Pero cuando se trata de aludir a los “clásicos”, García Linera prefiere, al igual que Hugo Chávez, acudir a Mao o al italiano Antonio Gramsci, sin mencionar el pensamiento soviético postrevolucionario (Webber 2017, 162-163).

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Éric Aunoble, La Révolution russe, une histoire française (París: La Fabrique, 2016);

Mark D. Steinberg, The Russian Revolution (Londres & New York: Oxford University Press, 2017);

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Sean McMeekin, The Russian Revolution: A New History (New York: Basic Books, 2017);

Vicente Blasco Ibáñez, La Revolución Rusa de 1917 (Madrid: Silex, 2017);

León Trotski, Historia de la Revolución Rusa (Santiago: LOM, 2017);

Yuri Slezkine, The House of Government: A Saga of the Russian Revolution (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2017).

RESEÑA

LECTURAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Patricio Tapia

Patricio Tapia. Crítico. Estudió derecho para luego dedicarse al periodismo cultural. Email: patricio.tapia.ptp@gmail.com.

Con admirable desapasionamiento, los egiptólogos pueden disertar sobre un mundo de hace tres mil años, un mundo animado por fuerzas misteriosas, de obras colosales al costo de una esclavitud despiadada, una era en la que los dioses están presentes, encarnados en sus faraones, con interludios monoteístas y arrebatos iconoclastas de adversarios implacables. El paso del tiempo, un largo tiempo, ha limado todas las asperezas de esos delirios, sufrimientos y esperanzas. Tal vez sea posible que algún día se pueda hablar de la Revolución Rusa como se habla del Antiguo Egipto.

Eso aún no ocurre. Por una parte, los sucesos no son tan lejanos: apenas cien años; por otra, ellos despertaron tales vehemencias ideológicas que condujeron a una suerte de cosmovisiones en competencia y luego a la división geopolítica del planeta (los gobiernos comunistas cubrieron un tercio de la superficie terrestre), siempre amenazado con la dominación o la destrucción mutua cuando la guerra dejara de ser “fría”. Los hechos de 1917 moldearon la historia mundial del siglo XX.

Aunque la caída de la Unión Soviética (1989-1991) pudo llevar a pensar que el examen de la revolución sería un ejercicio arqueológico, como la egiptología, el interés en ella ha sido constante y se vio acrecentado en años recientes por la llegada de su centenario. Justamente esta conmemoración impulsó la publicación de un conjunto de libros nuevos o nuevas ediciones de textos ya existentes sobre el tema. Los autores van desde testigos o participantes (Trotski, Blasco Ibáñez) hasta estudiosos que abordan diversas perspectivas de la revolución (Smele, Aunoble, Slezkine) o bien otros que, después de haberse ocupado de dimensiones específicas de ella, entregan ahora sus obras generales o de síntesis (Steinberg, Smith, McMeekin). Gran parte de estos autores evitan el error que señalaba León Trotski en el prólogo de su Historia de la Revolución Rusa (Santiago: LOM, 2017): intentar presentarse como absolutamente neutrales.

La indiferencia, por supuesto, no ha sido la característica distintiva de algunos de los historiadores más destacados de la revolución. Si están las claras inclinaciones de los ya clásicos E. H. Carr (a favor) y Leonard Schapiro (en contra), la cercanía del centenario trajo al lector en castellano la obra de un firme detractor, Richard Pipes, con la traducción de su imponente La Revolución Rusa (1990; Debate, 2016), que a pesar del tiempo transcurrido y de su ardorosa reprobación de la revuelta bolchevique y su legado, posiblemente, sigue siendo la mejor historia política del período.

Tomas de posición semejantes están presentes también en las obras más nuevas. Si Pipes rechazaba la perspectiva de la revolución como resultado de movimientos sociales y la veía como un golpe de Estado, Sean McMeekin en su “nueva” historia, The Russian Revolution: A New History (New York: Basic Books, 2017), concuerda y profundiza en esa línea; como Pipes, su enfoque es abiertamente anticomunista; a diferencia de Pipes, para quien la revolución reflejaba la descomposición de la autocracia zarista basada en una tradición centenaria de colectivismo y régimen patrimonial, McMeekin no ve casi diferencias entre el imperio ruso y sus equivalentes europeos, sino una confluencia de infelices casualidades.

En sus respectivas obras —ya se entrará en más detalles sobre ellas—, Stephen Smith y Mark Steinberg reflexionan sobre el legado de la revolución de manera menos negativa y lúgubre. Steinberg confiesa alguna simpatía y apego emocional a cierto altruismo revolucionario como una posible inspiración; llega a preguntarse si despertaran de entre los muertos “los idealistas de aquellos días”, si ellos podrían reconocerse en las protestas del mundo actual. Smith, por su parte, en el probablemente más acabado, reflexivo y sensato de los nuevos libros, concluye que la revolución planteó “cuestiones fundamentales sobre justicia, igualdad y la libertad” que aún están presentes. A pesar de que la revolución y la guerra civil provocaron grandes calamidades para el pueblo ruso, sostiene que no se comprenderá el año 1917 “si no hacemos un esfuerzo imaginativo por recuperar la esperanza, el idealismo, el heroísmo, la ira, el miedo y la desesperación que lo motivaron: el ardiente deseo de paz, el profundo resentimiento de un orden social dividido entre los que tienen y los desposeídos, la ira ante las injusticias que atravesaron la sociedad rusa”.

Mientras más cercanos a los hechos, más explicables son las inclinaciones. El escritor español Vicente Blasco Ibáñez demuestra no simpatizar en absoluto con el movimiento obrero en La Revolución Rusa de 1917 (Madrid: Silex, 2017), libro recientemente editado en base a su gran reportaje sobre la Primera Guerra, una de sus obras mayores y a la vez más desconocidas. Su interés por el tema fue circunstancial y determinado por la inmediatez. Blasco Ibáñez estaba recién de vuelta de su aventura americana —por Argentina, con un rotundo fracaso— para instalarse en París cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Decide emprender una obra ambiciosa y exhaustiva —que luego se conocería como Crónica de la Guerra Europea de 1914— que gozó de mucho éxito, por su información detallada y acuciosa, por la variedad de sus testimonios. Durante el conflicto fue publicando su “crónica” por fascículos coleccionables usando su propia editorial, llegando a configurar una obra de nueve tomos, de la cual ahora el ensayista José Manuel Lechado ha extraído el material dedicado a la Revolución Rusa: los sucesos desde marzo de 1917 hasta los primeros meses de 1918, contemplando información útil (como cuadros sobre el reparto etnográfico o religioso de la población rusa) a la vez que comentarios llamativos, como, por ejemplo, la primera aparición de un tal Lenin.

Junto con lo anterior, la Revolución Rusa tiene la curiosidad de que uno de sus historiadores tempranos más importantes fue también uno de sus protagonistas: León Trotski. Además de ser una figura central en la organización de la Revolución Rusa, él estuvo en lo más alto del poder soviético entre 1917 y 1925, como Comisario de Asuntos Exteriores (firmará el Tratado de Brest-Litovsk) y luego Comisario de Guerra (encargado de la creación y dirección del Ejército Rojo).

Después de la guerra civil, sin embargo, Trotski entró en conflicto con otros dirigentes y tras sus diversos intentos de oponerse a la burocracia partidista dejó los asuntos de gobierno, fue expulsado del Partido, deportado en 1928 a la ciudad de Alma-Ata (Kazajistán) y, en 1929, expulsado de la Unión Soviética. Justamente su Historia de la Revolución Rusa, iniciada en 1929 y terminada en 1932, fue escrita en el exilio en una isla de Turquía. Casi apenas publicada apareció en castellano, pues en los años veinte vivió en Rusia el sindicalista marxista español Andreu Nin, quien trabajaría junto a Trotski y, al tomar partido por éste, también fue expulsado del país. Su relación con Trotski variará hasta la ruptura, pero cuando fue cercana tradujo varios de sus escritos, entre ellos, la Historia de la Revolución Rusa, recuperado en 2017 por la editorial chilena LOM.

El libro de Trotski tiene muchas virtudes, no siendo la menor su estilo trepidante, con aceleraciones y reposos, como la transcripción de una narración. Su historia comienza con las peculiaridades del desarrollo de Rusia, los efectos de la guerra y de la decadencia del zarismo, para terminar con los eventos de 1917: la revolución de febrero, las jornadas de julio y, finalmente, la conquista del poder en octubre. En su relato, el bolchevismo aparece como una agrupación viva, con luchas y crisis internas, no el cuerpo monolítico que presentó el estalinismo posterior. No obstante su cercanía y su experiencia de primera mano (o quizá por ellas), Marc Ferro afirmaría que Trotski falsea en parte su papel, disminuyendo su protagonismo. Que tanto Trotski como Nin murieran asesinados por el estalinismo indica que ésta no sería una historia con final feliz.

VAIVENES DE LA HISTORIA

Entre la visión enaltecedora de la Revolución de Octubre —como una grandiosa sublevación, históricamente inevitable, impulsada por el proletariado para que una vanguardia comunista lograra establecer finalmente una sociedad sin clases— y la visión acusatoria —un período de caos y perturbación, del cual se aprovechó un grupo oportunista confabulándose para tomar el poder y más tarde desatar un reino de terror— hay varias posibilidades intermedias y muchas de ellas fueron adoptadas.

Es probable que en cada país del mundo se pudiera compendiar las distintas percepciones en la recepción de la Revolución Rusa. De un país concreto, Francia (por lo demás muy importante en cuanto destino de muchos rusos exiliados tras el triunfo e instalación soviéticos), se ocupa la cautivadora investigación de Éric Aunoble La Révolution russe, une histoire française (París: La Fabrique, 2016). El autor examina no sólo la historiografía, sino que también las polémicas ideológicas y culturales que han entrado en juego a partir de la Revolución Rusa, vinculadas a su vez a los cambios tanto en la política como en los ámbitos académicos.

Desde el principio, la percepción dominante entre los franceses de los hechos fue una visión más bien negativa de los bolcheviques, una percepción vista por el prisma de la guerra (y el enemigo alemán). Los historiadores tardaron en retomar el tema las dos décadas siguientes. Se acercaron a través de testimonios de quienes participaron o bien a través de polémicas. Los conservadores vieron la revolución como un golpe antiliberal, mientras que alguna izquierda tomó una línea antibolchevique que reproducía el punto de vista menchevique y su crítica a Lenin. Ambas perspectivas fueron contrarrestadas por el Partido Comunista Francés (PCF), mediante historias de la revolución encargadas por el Kremlin, en las que se enfatizaba la centralidad del partido bolchevique en el proceso revolucionario, aislando las opiniones divergentes. El valor de tales obras solía ser insignificante, pero el PCF logró moldear su lectura de la revolución.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el filosovietismo favorece la acción del PCF, uno de cuyos miembros, el historiador Jean Bruhat, publica un libro de divulgación, marcado por un fuerte determinismo. Por el otro bando, intelectuales anticomunistas como Raymond Aron y Boris Souvarine endurecerían los sentimientos antibolcheviques existentes sin ampliar el alcance del debate.

A diferencia de los Estados Unidos, en que la Guerra Fría inspiró una nueva generación de historiadores soviéticos y departamentos especializados, en Francia eso no ocurrió. Una de las razones habría sido la popularidad de los métodos de los Annales, pues, según Aunoble, un enfoque de larga duración no era muy adecuado para analizar esos temas. Algo distinto ocurría en la cultura popular y Aunoble presta bastante atención a las representaciones de la revolución en novelas y películas. Mientras en el período de entreguerras esas representaciones exhibían inclinaciones ideológicas, desde la década de los cincuenta se fueron despolitizando, sirviendo Rusia como un telón de fondo para sus tramas.

En las décadas siguientes, el inicio de la “desestalinización” y el acceso a los archivos soviéticos permitieron a académicos como Marc Ferro y François-Xavier Coquin modificar las explicaciones ideológicas. El giro hacia esta “historia verdaderamente científica” ocurrió cuando el Partido Comunista Francés también estaba perdiendo su control sobre la izquierda por los acontecimientos de 1968, un cambio que llevó a la izquierda a abandonar el estalinismo por el maoísmo y a un interés en el Tercer Mundo.

Con el colapso de la Unión Soviética el campo de estudios sufrió otro cambio. François Furet, Nicolas Werth y Stéphane Courtois avanzaron en una crítica en la que no sólo detectan el germen totalitario en el comunismo, sino que además profetizan la deriva de toda revolución en crímenes masivos. Estos argumentos trajeron comparaciones entre fascismo y comunismo, insistiendo en que la premisa ideológica de éste había sido totalitaria de origen. La Revolución Rusa se convirtió en un “crimen” (palabra muy usada por Furet) para abarcar todo el sistema soviético, no sólo el estalinismo.

Oscilaciones no muy distintas han ocurrido en los países de lengua inglesa. Como en Francia, también en ellos los estudios sobre el mundo soviético como disciplina académica se desarrollaron mayormente desde la década de los sesenta en adelante, alcanzando su punto más alto en las décadas de los ochenta y noventa, pues la apertura y posterior caída de la Unión Soviética permitieron el acceso a material de archivo previamente imposible de consultar. Esa generación de historiadores, aunque no simpatizaran necesariamente con los bolcheviques, confirmaron la amplitud y profundidad popular de los levantamientos de 1917. En una serie de estudios que pusieron la mirada más allá de los acontecimientos en San Petersburgo y Moscú se analizaron las actuaciones y roles de determinados grupos (trabajadores de las fábricas, los campesinos, los soldados); se descubrieron desarrollos revolucionarios en las áreas no rusas del imperio donde las demandas sociales y económicas se mezclaron con las demandas de liberación nacional; finalmente, también se incorporaron al análisis elementos de orden simbólico o cultural.

Todas estas aproximaciones (en general consideradas como historia social, una de cuyas más destacadas representantes es Sheila Fitzpatrick) fueron cuestionadas por las interpretaciones que se centraron casi exclusivamente en la naturaleza conspirativa del “golpe de octubre” y en el papel del violento terror rojo en la consolidación del gobierno revolucionario, la más ilustre de las cuales fue la de Pipes. Él sostuvo la ilegitimidad básica de la toma del poder por parte de los bolcheviques. Argüía contra la visión soviética, pero también contra los historiadores sociales que se habían opuesto a la caracterización de la Revolución de Octubre como un “golpe” (según ellos, en los meses cruciales de 1917, los bolcheviques habían logrado un apoyo popular mucho mayor). Pipes ni siquiera los mencionó en su libro.

La historia social, sin embargo, se haría presente en una obra de conjunto muy poco después de la de Pipes: La Revolución Rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo (1996; Edhasa, 2000), de Orlando Figes, la que, si bien no agrega casi nada al relato político de Pipes, incorpora al “pueblo ruso”, trazando, por cierto, el dibujo de una “tragedia”: un movimiento inicialmente liberador transformado en una pesadilla totalitaria.

TRES ACERCAMIENTOS

Transcurrido un cuarto de siglo (un poco más, un poco menos) desde los libros de Pipes y Figes, las distintas tensiones y las distintas interpretaciones de la historia política y social en torno a la revolución persisten en tres obras que pretenden entregar una visión de conjunto, aparecidas en razón de su centenario: los libros de Mark Steinberg, S. A. Smith y Sean McMeekin.

Si bien no se contaba entre los historiadores sociales que se opusieron a Pipes en las controversias de los setenta y ochenta, pues sus trabajos son posteriores, la labor de Mark Steinberg se podría inscribir en ese campo, con libros previos sobre la imaginación proletaria y sobre las “voces” revolucionarias. Su libro más reciente, The Russian Revolution (Londres & New York: Oxford University Press, 2017), plantea una historia de la revolución como una conjunción de experiencias en un período de experimentaciones que cruzaban naciones y clases. El objetivo que se propone es explorar el significado de la “libertad” de 1917 y, para lograrlo, exhuma numerosas “voces” que presentan perspectivas diversas, imagina incluso que podemos caminar por las calles durante esos primeros meses de revolución y hablar con esa gente: los obreros, las mujeres, los campesinos, los soldados. El autor mira momentos conocidos: la Revolución de 1905, el estallido de la Primera Guerra en 1914, las revoluciones de 1917, parte de la guerra civil, pero refractados a través de esas personas o a través de lugares (por ejemplo, “la calle”). Analiza la violencia popular y cómo la prensa vio la “oscuridad” de esos tiempos. En otro apartado se centra en una narración de la revolución a través de una serie de retratos de determinados protagonistas. Algunos son más familiares, como Trotski, la feminista Alexandra Kollontai, el escritor judío Isaac Babel o el poeta Vladimir Mayakovski, pero otros lo son menos, como el activista musulmán uzbeko Mahmud Khoja Behbudi o el intelectual socialdemócrata ucraniano Volodymyr Vynnychenko. La idea es, a través de ellos, arrojar alguna luz sobre cuestiones de nacionalidad, religión e identidad étnica en las distintas partes del Imperio Ruso.

El caleidoscópico estudio de Steinberg sobre la “experiencia vivida” se basa en parte importante en la prensa popular contemporánea y en los informes de gente que estuvo allí. También en libros poco conocidos, como Revolución y cultura (1917), del escritor simbolista Andréi Bely, que describe el ímpetu revolucionario como una fuerza de la naturaleza: un manantial, una nube o un trueno.

Un segundo autor, abocado a la historia social (aunque no implicado en las polémicas estadounidenses, porque es inglés), es S. A. Smith, quien cuenta con libros previos sobre los trabajadores fabriles en Petrogrado, una historia comparativa entre las revoluciones en Rusia y China, entre otros. En Russia in Revolution: An Empire in Crisis (Londres & New York: Oxford University Press, 2017) entrega un libro presidido por una imparcialidad no aséptica, matizada por el juicio equilibrado y el rigor intelectual, evaluando la evidencia, sopesando puntos de vista. En su introducción escribe: “[He] tratado de evitar la moralización y escribir con simpatía sobre aquellos por quienes siento cierta aversión y, a la inversa, escribir críticamente sobre aquellos a los que estoy más positivamente dispuesto”. El autor coloca la Revolución de 1917 en un campo histórico más amplio que se extiende desde 1890 hasta la consolidación del ascenso de Stalin al poder en 1928. Para él, las raíces de las revoluciones de 1905 y 1917 estaban en el choque entre la presión modernizadora de la sociedad rusa y la barrera representada por el régimen zarista. La Revolución de Octubre fue consecuencia tanto del fracaso reformista como de la presión de la Primera Guerra Mundial. Smith centra su libro en el ámbito social y económico, más que en el político e individual, aunque destaca la importancia de Lenin.

La dimensión imperial es otro de los logros de Smith, analizando eventos más allá de las calles de Petrogrado o Moscú. Sus perspectivas geográficas y sociales son amplias: entrega una idea de lo que pasaba en lugares como Ucrania y ciudades como Bakú y Lodz; y observa a distintos sujetos: las mujeres, los campesinos y las minorías nacionales. De esta manera, se ocupa de cómo se desarrolló el apoyo inicial de los bolcheviques al derecho a la autodeterminación: trece nuevos Estados se crearon fuera de Rusia entre octubre de 1917 y diciembre de 1918; en noviembre de 1917, ellos invitaban a los musulmanes a “ordenar su vida nacional ‘de forma libre y sin obstáculos’”. Pero también Smith señala lo que no funcionó al respecto: cómo, por ejemplo, tuvieron que mantener a Ucrania por medios militares y no políticos.

El libro examina la revolución, pero también su preludio y sus secuelas, de manera que resulta ser una introducción inmejorable no sólo a la historia revolucionaria, sino también al zarismo tardío, la guerra civil (para él, entre 1918-21) y los años de la Nueva Política Económica (o NEP, por su nombre original: Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika, 1921-28), el período en que los bolcheviques permitieron temporalmente, sin sentirse del todo cómodos, que la “anarquía del mercado” desempeñara un rol en la economía. El autor atribuye a los bolcheviques logros como mejoras en los niveles de vida de trabajadores y campesinos, los esfuerzos emancipatorios respecto de las mujeres y las minorías nacionales, una reforma radical de la educación y el gran aumento en la alfabetización de adultos, por ejemplo. En su recuento del período de surgimiento y desarrollo del Estado soviético durante la guerra civil y los años que siguieron, Smith critica a los historiadores que ven al totalitarismo como algo inherente al bolchevismo y la violencia de guerra civil como una estrategia deliberada para imponer una dictadura. Si no escatima detalles de la violencia roja, la ve en parte como una reacción a la violencia blanca contrarrevolucionaria.

Una tercera aproximación es la de Sean McMeekin en su mencionado libro The Russian Revolution: A New History. Si la Revolución Rusa se representa típicamente como el resultado inevitable del levantamiento de un sector más o menos amplio de la población debido a la convergencia de una serie de circunstancias: un zar incompetente, la guerra mundial, el hambre relacionada con la guerra y la industrialización inconclusa, McMeekin no cree en casi nada de eso. Lejos del desastre sin esperanza que refiere la mayoría de las historias, la economía de Rusia, señala, estaba creciendo antes de la guerra a una tasa del 10 por ciento anual (la compara con China en el siglo XXI). La hambruna anterior a la revolución como resultado de la guerra, dice McMeekin, fue insignificante, según las estadísticas económicas; la verdadera hambruna sería después, con el Terror Rojo, alcanzando su punto más alto en 1921. El hecho fundamental de Rusia en 1917 es que “era un país en guerra” y resulta que se estaba desempeñando bien en el campo de batalla después de los contratiempos de 1915, en que perdieron territorios. “A pesar de los dolores del crecimiento, el desarrollo económico desigual y las agitaciones del fervor revolucionario, la Rusia imperial en 1900 era una empresa en funcionamiento, su propio tamaño y poder eran motivo de orgullo para la mayoría, si no para todos los súbditos del zar”. Éste, Nicolás II, usualmente caracterizado como un inepto, es en parte rehabilitado, siendo su error fundamental, de acuerdo a McMeekin, confiar en sus consejeros liberales, que lo instaron a ir a la guerra y luego conspiraron para sacarlo del poder.

La “nueva historia” de McMeekin traza la historia de Rusia desde el ascenso de Nicolás II hasta 1922. El autor quiere “redescubrir la revolución tal como ocurrió en tiempo real, desde la perspectiva de actores clave que no sabían, mientras actuaban, cómo seguiría la historia”. En cuanto investigador, sus intereses tienden hacia los aspectos políticos, diplomáticos, especialmente militares (su tema principal es el curso de acción de Rusia en la Primera Guerra Mundial) y de relaciones internacionales, aunque su libro es particularmente interesante en los temas económicos. Pero el enfoque de McMeekin resulta ser demasiado estrecho, evitando el análisis de las fuerzas sociales y políticas más profundas requeridas para cualquier estudio amplio de la revolución: desde la gran extensión de su territorio hasta la situación de un conjunto de sujetos (como Pipes, él omite en su bibliografía toda historia social salvo la de Figes). El anticomunismo de McMeekin es evidente en todo el libro y a veces parece pasado de revoluciones (si la expresión es válida). Dos ejemplos: en la introducción previene contra un “gusano político”, el retorno de Marx basado en las tesis del economista Thomas Piketty, así como en la popularidad de “abiertamente declarados” socialistas como el que fuera candidato presidencial a los Estados Unidos, Bernie Sanders; hacia el final entrega la advertencia sobre el hecho de que “la popularidad del socialismo maximalista al estilo marxista está volviendo a crecer en los Estados Unidos y otros países ‘capitalistas’”.

Los distintos puntos de vista de estas tres historias entregan distintas respuestas a una serie de discusiones y controversias: por ejemplo, la “inevitabilidad” de la revolución. Para Smith no había nada predestinado en relación con el colapso de la autocracia zarista. Lo mismo opina McMeekin. Pero mientras Smith privilegia los procesos históricos a gran escala (económicos, sociales y políticos) por sobre los actores individuales y las circunstancias contingentes, el enfoque de McMeekin sugiere que la revolución se trata menos de tales procesos que del oportunismo. En ocasiones, su firme rechazo del determinismo histórico parece una reacción excesiva a la ortodoxia marxista. Probablemente la revolución no era inevitable, pero exagera al minimizar factores de más largo plazo.

Las coincidencias y discrepancias de estas historias son tan demostrativas de sus perspectivas más generales, como las fechas finales por las que optan en sus recuentos. El tratado de Rapallo (entre Alemania y Rusia), en 1922, lo es para McMeekin. Para Steinberg es 1921, cuando aún no acaba la guerra civil y hay una especie de final abierto. Para Smith es 1928: la revolución está “suspendida” por la Nueva Política Económica. De esta suerte, Smith no considera el estalinismo (1928-53) como resultado necesario de la revolución. Al excluirlo de su relato presenta la “revolución desde arriba” de Stalin (1928-32) como una ruptura: el Primer Plan Quinquenal, la colectivización y la expropiación, la deportación o ejecución de los agricultores más prósperos no forman parte del proceso. Smith sabe lo que viene después: el terror estalinista con su carga adicional de sufrimiento a los soviéticos y el sofocamiento de gran parte de los avances emancipatorios. Y sabiéndolo, su balance no puede ser sino sombrío, lo que no le impide una visión positiva (que comparte con Steinberg) del potencial liberador y del florecimiento de la actividad política democrática de masas que se desarrolló durante la revolución. La visión conservadora de McMeekin, en cambio, le impide ver en ella cualquier manifestación de idealismo o generosidad. En lugar de una sociedad en crisis al estallar la guerra, dirigida por un incompetente reaccionario que no está dispuesto a comprender la necesidad de un cambio, Rusia aparece a sus ojos como un coloso económico. La única falla del zar habría sido escuchar a los liberales, culpables de todo lo que ocurrió más tarde.

HECHOS E INTERPRETACIONES

En su mayor parte, las crisis y movimientos, los sucesos, los nombres de personas y lugares son consistentes entre los relatos de los diferentes historiadores, pero debido a sus diversas perspectivas suelen dar diversas explicaciones e interpretaciones a la pregunta de por qué esos eventos sucedieron como sucedieron.

De esta suerte, los hechos serían básicamente los siguientes: un antecedente de 1917 fue la revolución de 1905, provocada por la represión del “domingo sangriento”, cuando la organización obrera en asambleas o sóviets llevó al zar a firmar un compromiso constitucional, que sería incumplido. Una contingencia crucial fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, que exacerbó los problemas y creó las condiciones para un estallido de descontento popular con huelgas y motines. Rusia, ya convulsionada por su participación como aliada de Gran Bretaña y Francia en la guerra, experimentaría dos revoluciones en 1917. La primera, en febrero, resultó en el derrocamiento del zar Nicolás II y la instalación de un Gobierno Provisional que compartía el poder entre los socialistas (divididos en moderados y extremos) y las llamadas facciones “burguesas”. La segunda, en octubre, fue esencialmente un golpe fomentado por los bolcheviques y Lenin. Entre ambas revueltas, se produjeron las llamadas “jornadas de julio”, en las que soldados y obreros se manifestaron para la toma del poder, pero los bolcheviques no actuaron entonces.

En cuanto a los orígenes de la Revolución Rusa, a menudo se atribuyen al atraso del país. Trotski refiere en su historia su lento desarrollo, el atraso económico, el primitivismo de las formas sociales y el bajo nivel de cultura. Pero, argumenta, fue precisamente el impacto de la modernización y desarrollo desigual lo que ayudó a sentar las bases de la crisis zarista y la aparición de nuevas fuerzas sociales. Smith y Steinberg ofrecen un análisis detallado de este proceso de cambio social, el crecimiento de la organización de los trabajadores y la forma en que la idea de “poder soviético” se desarrolló desde “abajo”. Steinberg observa el uso generalizado del lenguaje de clase entre los trabajadores para articular y expresar sus puntos de vista.

Suele considerarse la primera revolución de 1917, la de febrero, como la auténtica, aparentemente más pacífica y que habría surgido de protestas espontáneas y logrado un gobierno aceptado. McMeekin cree que fue casi un accidente, prácticamente determinado por el clima: un día menos frío. Con ella, durante unos meses, Rusia fue uno de los países más libres del mundo: el Gobierno Provisional acabó con la pena de muerte, la deportación y la policía secreta; se proclamó igualdad de derechos para todos; hubo libertad de prensa y reunión. El creciente apoyo para los bolcheviques se basaba en que ellos se opusieron a la guerra, a la vez que exigían tierras para los campesinos y el control de las fábricas por los trabajadores.

Uno de los aspectos en que los puntos de vista suelen dividirse es en relación a cómo se considera la toma del poder por los bolcheviques en octubre: como una insurrección apoyada popularmente o como un golpe de Estado. Durante las “jornadas de julio”, con Kérenski como jefe del gobierno, los bolcheviques quedaron bajo sospecha por intentar derrocar la revolución. Kérenski no supo actuar y cometió el error de intentar tomar la capital. Lenin, Trotski y otros bolcheviques planificaron deponer el Gobierno Provisional en octubre de 1917. McMeekin no tiene duda en considerarlo un golpe por parte de un grupo de conspiradores y, como su declarado maestro Pipes, apunta a Lenin prácticamente como un agente alemán (y aprovecha de despojarlo de su papel habitual como protagonista central). También Stephen Smith habla de “golpe” para describir los hechos de octubre, pero considera que no fue una conspiración y que los bolcheviques gozaron de un apoyo masivo cuando el Gobierno Provisional casi no lo tenía. Según Smith, el derrocamiento fue disfrazado como una operación defensiva contra los “planes contrarrevolucionarios” del Gobierno Provisional. En su historia, Trotski señala algo parecido: el fingimiento defensivo del atacante. La toma del poder en San Petersburgo encontró muy poca resistencia, y algo mayor en Moscú.

La justificación era entregar “todo el poder a los sóviets”, pero pronto los bolcheviques lo monopolizaron, si bien la participación de algunos socialistas revolucionarios evitaba que aparecieran como una dictadura de partido único. A fines de 1917, con gran participación popular, se realizaron las elecciones para una nueva Asamblea Constituyente, en que la mayoría fue obtenida por los Socialistas Revolucionarios, en tanto que los bolcheviques lograron un poco más de la mitad de su apoyo. La asamblea se reunió en enero de 1918, pero fue clausurada por los bolcheviques. La democracia fue efímera, la supresión de ella fue una de las razones, entre otras (la firma del tratado de Brest-Litovsk con Alemania, fue otra), que desencadenó la guerra civil.

GUERRAS CIVILES

La Revolución Rusa podría entenderse también como un conjunto de revueltas, guerras civiles y nacionales. Las revoluciones de febrero y octubre de 1917 fueron inicialmente urbanas, pero también hubo unas rurales y regionales, además de una serie de revoluciones nacionales antiimperialistas de minorías no rusas en la periferia del imperio. Todas ellas se vincularon. Normalmente se habla de un conflicto armado múltiple que tuvo lugar entre 1917 y 1922. Pero Jonathan D. Smele, en The “Russian” Civil Wars (Londres & Nueva York: Hurst / Oxford University Press, 2016), sostiene que fueron varias guerras y no una, y que cubren un período mayor. Su tesis es que, incluso en los relatos más amplios sobre la era revolucionaria, la guerra civil recibe una atención inadecuada como un apéndice de la Revolución de 1917, mientras que la guerra civil fue, de hecho, un componente decisivo.

Todo esto es un proceso complejo, difícil de narrar y eso es lo que intenta Smele. Su relato comienza en Asia Central: el levantamiento en el verano de 1916 de los “basmachí” contra un intento de movilizar a los hombres para la guerra marcó el inicio. Este levantamiento fue reprimido por una fuerza expedicionaria del ejército zarista, que resultó en la muerte de alrededor 50.000 civiles, junto con la destrucción total de aldeas y tierras. No fue sino una década después, ocasión en que el último de los rebeldes “basmachí” luchó cerca de la frontera afgana, cuando se completó la pacificación de la mayoría de las regiones de lo que se había convertido en la Unión Soviética.

El autor destaca las continuidades entre los períodos anteriores y posteriores a 1917, más que las discontinuidades. Su trabajo busca mostrar que no fueron “diez días” de 1917 (según la fórmula de John Reed) los necesarios para la toma del poder de los bolcheviques, sino “diez años” de conflictos. Las facciones “roja” (bolchevique) y “blanca” (antibolchevique) se involucraron en estas guerras, pero las razones por las que lo hacían no se pueden reducir a la disyuntiva “revolución” y “contrarrevolución”. Tanto el ejército rojo como los ejércitos blancos sufrieron las acciones de guerrillas campesinas, el llamado ejército verde, compuesto por campesinos que rechazaban el reclutamiento en ambos ejércitos y las requisas forzadas. Por otra parte, los pogromos y la cuestión judía reciben atención (los peores pogromos ocurrieron en 1918-19). El libro entrega en cada página mucha información y sus notas (más de 900, una cuarta parte del texto) contienen suplementos indispensables. Es una completa historia de las guerras que convulsionaron el imperio ruso durante esa década de complejos conflictos entrelazados.

Es un misterio cuántas muertes, la mayoría de hambre, frío y enfermedad (tifus, gripe española), produjeron todas estas guerras civiles. Smele indica que tan sólo entre 1917 y 1921 fueron unos 10,5 millones de personas las que perdieron la vida.

EL FIN DE UNA SECTA

Para comprender el triunfo y la tragedia de la Revolución Rusa, la publicación de Yuri Slezkine The House of Government: A Saga of the Russian Revolution (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2017) es la más impresionante, la más novedosa, la más estimulante y probablemente la más discutible de la historias. Su libro es el estudio de un culto apocalíptico, porque, según su autor, el bolchevismo (y su origen: el marxismo) constituye algo así como un movimiento religioso milenarista. Su rango de tiempo cubre desde los revolucionarios clandestinos en Rusia antes de 1917 hasta las grandes purgas de los años 30 y 40, en que murieron muchos de esos antiguos revolucionarios.

Lo curioso, lo sorprendente, es la forma en que Slezkine lleva a cabo su trabajo. En algún momento describe su obra como una especie de “saga familiar”, y, efectivamente, tiene algo de novela decimonónica, aunque su modelo literario más claro (según demuestra uno de sus epígrafes) probablemente es La vida, instrucciones de uso (1978), de Georges Perec, la novela que observa a los habitantes de un bloque de departamentos en París, como en un corte transversal al edificio. Porque para explicar cómo se configuró la situación rusa el autor decidió un acercamiento microscópico a un lugar concreto: la “Casa de Gobierno”, también conocida como “Casa del Malecón”, un enorme complejo residencial diseñado a finales de 1920 por el arquitecto Boris Iofan.

No deja de ser arriesgado pretender dar cuenta del auge y caída del bolchevismo a través de la historia detallada de un edificio y sus residentes. Construido a orillas del río Moscú, casi enfrente del Kremlin, era moderno, incluso lujoso en su época. Estaba destinado principalmente a albergar a altos funcionarios del gobierno soviético y consistía en más de 500 departamentos. Sus inquilinos comenzaron a mudarse allí en 1931 y pronto serían más de 2.500. Entre los 700 cabezas de familia, había viejos bolcheviques y sus esposas, hijos, pupilos y toda una gama de familia extendida no siempre de manera convencional. Iban desde periodistas que cubrieron acontecimientos importantes a funcionarios culturales, ministros, expertos en temas internacionales y héroes militares. La vida familiar, por su lado, era variopinta: podían vivir muy cerca la ex esposa e hijos con la nueva esposa e hijos; muchas familias tenían hijos adoptados que podían haber sido rescatados de una hambruna propia de las guerras civiles o bien hijos de parientes o amigos arrestados o asesinados en las purgas, las que afectaron notoriamente a la Casa de Gobierno.

Hay tres tensiones en su libro, señala Slezkine: una “analítica” (el bolchevismo entendido como religión milenarista), a la que se suman una literaria y otra épica. El autor no es el primero en argumentar que el bolchevismo se entiende mejor como una forma de fe religiosa. Muchas veces el marxismo ha sido categorizado como una religión secular y el bolchevismo, comparado con sectas fanáticas (en los años 20 Bertrand Russell lo comparó con el Islam), pero, en las manos de Slezkine, la analogía no es nunca burda y sirve para reflexiones de más amplio alcance. Dado que gran parte de la cosmovisión bolchevique se forjó mucho antes de la Revolución de Octubre, el autor profundiza en sus orígenes y difusión entre la intelectualidad rusa a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta historia ocupa bastante de la primera parte del libro. Los bolcheviques envolvieron la fe en la lógica, como el marxismo fusionaba misticismo y racionalismo científico.

Al igual que otras sectas, los bolcheviques tuvieron una cohesión intensa, nacida de la persecución inicial: unidos en la cárcel, en el exilio, en los lugares escondidos de encuentro. La principal diferencia, sin embargo, fue que obtuvieron en una etapa temprana de su existencia un gran poder. Pero, a diferencia de otras religiones milenaristas, la secta bolchevique fue incapaz de propagar su fe más allá de la primera generación.

El libro de Slezkine es una obra de historia, sin duda, pero también una obra literaria. Además de un análisis del experimento bolchevique, es también una exploración del mundo espiritual de los primeros comunistas y una interpretación literario-cultural del bolchevismo: una serie de novelas, poemas y obras teatrales estaban en la educación sentimental de los habitantes del edificio, eran “clásicos” (Shakespeare, Balzac, Dickens, Heine) que suministraron el lenguaje y los conceptos a través de los cuales muchos de ellos comprendieron la realidad. Si leían muchísima literatura rusa y universal (y poco a Marx), no escribían menos: el libro sería imposible sin la gran cantidad de documentos personales que ellos dejaron: cartas, diarios, memorias.

La muestra es realmente fascinante. En el edificio vivieron, entre muchos otros: algunos parientes de Stalin, la familia de Nikolái Bujarin después de que éste fuera arrestado, un joven Nikita Jrushchov, Maria Denisova (la escultora que alguna vez fue musa del poeta Vladimir Mayakovski), Boris Zbarski (el embalsamador de Lenin), Boris Shumiatski (jefe de la industria cinematográfica soviética), Filipp Goloshchokin (encargado, en 1918, de la ejecución del zar y su familia), Matvei Berman (jefe del sistema gulag en los años 30). El lugar albergaba a los verdugos y a las víctimas de Stalin, categorías que en algunos casos podían llegar a coincidir.

Los inquilinos de la Casa de Gobierno fueron diezmados en la Gran Purga de fines de los años 30, lo que llevó al apodo de la “Casa de Detención Preliminar”. Agentes de la policía venían de noche por los cabezas de familia, sus departamentos eran sellados y la familia restante debía mudarse a otra parte del edificio, a veces con una familia en la misma situación, para finalmente ser desalojados. En el último tercio del libro, una oleada de detenciones, encarcelamientos y ejecuciones arrasa con muchas de las personas con las que el lector se había familiarizado. Según Slezkine, en los años 30 y 40, cerca de 800 residentes fueron desalojados de sus departamentos: 344 de ellos fueron fusilados y el resto, condenados a distintas formas de prisión. Los que sobrevivieron a esas purgas debieron intentar hacerlo a la Segunda Guerra Mundial: la Casa de Gobierno fue prácticamente vaciada después de los bombardeos y la proximidad de las tropas alemanas en 1941. Los residentes restantes fueron llamados al ejército o evacuados al Este; una quinta parte de ellos nunca regresó.

Slezkine en algún momento considera a la Casa de Gobierno como “un lugar donde los revolucionarios vinieron a su hogar y la revolución vino a morir”.

LA REVOLUCIÓN, MORALEJA O ENIGMA

La revolución, despojada de los antiguos aires de grandeza que la vulgata marxista aportaba respecto a su supuesta necesidad histórica, luce menos como una fatalidad que como un accidente. Los bolcheviques finalmente triunfaron, pero a un alto precio: se reprimió la participación democrática y la violencia se convirtió en el modo de conducta usual. Las guerras civiles terminaron por destruir toda implicación popular y transformó a un partido de revolucionarios en una burocracia inflexible.

Dependiendo de la perspectiva del historiador, puede interpretar lo sucedido como una moraleja a enseñar: cuidado, éstas son las cosas que ocurren cuando se intenta cambiar el mundo; o bien como un enigma a dilucidar: ¿qué fue lo que ocurrió?, ¿qué es lo que se estropeó, para que una revolución recibida con entusiasmo por casi todo el pueblo ruso llegara en poco tiempo a poner a la “nación más libre del mundo” bajo una tiranía?

Por variadas que sean las perspectivas de las historias de la Revolución Rusa, todas ellas han de constatar que la dictadura del proletariado no llevó a la utopía comunista, sino al Estado policial paranoico y cruel del estalinismo. ¿Había una continuidad desde la revolución al gulag? Como señala Stephen Smith, es difícil, si no imposible, separar la comprensión de lo que realmente sucedió en 1917 de sus consecuencias: la creación de un Estado violento y represivo cuyo experimento del socialismo como sistema político y económico terminó en un oscuro fracaso. Pero, como sostiene también Smith, la Revolución Rusa fue motivada por el deseo de libertad; por de pronto, liberarse de la miseria y la opresión. Quienquiera que diga amar la libertad, debiera considerarlo.

BIBLIOGRAFÍA

Aunoble, Éric. La Révolution russe, une histoire française. París: La Fabrique, 2016.

Blasco Ibáñez, Vicente. La Revolución Rusa de 1917. Madrid: Silex, 2017.

Figes, Orlando. La Revolución Rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo [1996]. Barcelona: Edhasa, 2000.

Pipes, Richard. La Revolución Rusa [1990]. Barcelona: Debate, 2016.

McMeekin, Sean. The Russian Revolution: A New History. New York: Basic Books, 2017.

Slezkine, Yuri. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2017.

Smele, Jonathan D. The “Russian” Civil Wars. Londres & Nueva York: Hurst / Oxford University Press, 2016.

Smith, S.A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis. Londres & New York: Oxford University Press, 2017.

Steinberg, Mark D. The Russian Revolution. Londres & New York: Oxford University Press, 2017.

Trotski, León. 2017. Historia de la Revolución Rusa [1932-33]. Santiago: LOM, 2017. EP

Juan Luis Martínez, La nueva novela (Santiago: Ediciones Archivo 2016).

PRESENTACIÓN

NOTAS SOBRE LA NUEVA NOVELA*

Matías Rivas

Universidad Diego Portales

Matías Rivas. Poeta. Columnista. Director de publicaciones de la Universidad Diego Portales. Autor, entre otros libros, de Un muerto equivocado (2011), Tragedias oportunas (2016) e Interrupciones, diario de lecturas (2016). Email: matias.rivas1011@gmail.com.

* Presentación realizada en el Centro de Estudios Públicos el 30 de noviembre de 2016, durante el seminario “Arte y poesía. Juan Luis Martínez”, organizado a partir de la publicación de la tercera edición de La nueva novela.

Es difícil hablar de Juan Luis Martínez, sobre todo teniendo en cuenta su voluntad estética y personal de silenciarse y borrar su biografía. Martínez quiso tener una identidad velada. Quiso ser un poeta anónimo y, a la vez, un creador exquisito de varios registros. Trabajó en silencio toda su vida, sin aspavientos; pero intuyo que lo hizo con plena conciencia de que su obra era también la creación de un mito, la fundación de una nueva manera de entender la literatura y, por extensión, de asumirla en la realidad.

Desde joven estuvo lejos de las convenciones, en conflicto con la autoridad. Esta rebeldía será una huella en su obra, en calidad de parodia, de interrogante ante verdades científicas o de directo desacato a los preceptos de la escritura. Su postura fue de vanguardia, puntuda, consciente de sí misma. Martínez —hay que decirlo, aunque suene raro en estos tiempos de reciclaje y escepticismo extremo— buscó la originalidad en su obra: la encontró en los procedimientos y consiguió la inspiración para lograr textos que alumbran a sus lectores. La nueva novela es un libro indiscutible, excepcional. Está fuera de cualquier categoría conocida, no obstante ser una enciclopedia de citas e imágenes, un manual de diversas poéticas, una caja llena de deliberados equívocos y tergiversaciones.

La originalidad es el horizonte de todo poeta y es un mandato que Martínez enfrentó con libertad, con una noción excéntrica de la tradición. En vez de buscar su singularidad exclusivamente en un uso particular del lenguaje, prefirió trenzar varias formas de asumir el idioma con imágenes para obtener los diversos tipos de escritura que conviven en La nueva novela. Hay poemas en los que el texto y la imagen van ligados; existen otros poemas en los que el diseño de la página es fundamental; están los que son poemas exclusivamente visuales y también los que tienen versos y estrofas. Lo que une a todo esto es una estética fría, limpia, blanca, que cuestiona el concepto de autoría. Los versos no riman pero sí remecen por su ajustada nitidez, por su falta de énfasis, por su pureza.

Juan Luis Martínez define un estilo literario a través de la resta: menos adjetivos, menos exclamaciones, menos sentimentalismos; en cambio, entrega frases simples y directas, sin palabras oscuras, similares a las proposiciones matemáticas. Y con imágenes. En vez de las descripciones en las que abundan los poetas tradicionales, y que los hacen gastar ingentes cantidades de palabras, Martínez incluye la escritura visual, económica y sintética, ambigua y alucinada. También incluye la voz de otros mediante breves citas que le evitan al poeta glosar, redactar o asumir aquello que ya fue escrito a la perfección por un autor determinado. Cada cita en La nueva novela es una alusión y, al mismo tiempo, una demostración de cómo restarse como autor. Juan Luis Martínez enseña que se puede escribir sin hacerlo. Algunos de los poemas que componen La nueva novela consisten en una serie especial de referencias seleccionadas, las que, al mezclarse, dan vida a un texto de radical singularidad, construido con fragmentos de discursos ajenos. Restarse —antes que nada— implicó para Juan Luis Martínez abandonar el plano de los significados obvios, de lo que se puede o no decir, para radicarse en el plano de los significantes, es decir, del sonido y las formas, del espacio reflejado en la página en blanco.

Por último, restarse fue una ética para él. Nunca hizo de su historia personal un tema poético, ni se refirió a sus hazañas, pese a que tuvo decenas. Lo suyo fue el ocultamiento, el pudor cultivado junto a la timidez. Dio escasas entrevistas y nunca practicó el agasajo del ego a través de la retórica satisfecha. Hizo de su retiro en Villa Alemana una manera de abrir un espacio literario. Su silencio tuvo una resonancia elocuente durante años. Era un silencio crítico ante la vanguardia y la poesía que se convertía en espectáculo, en credo y militancia.

La nueva novela es un libro único que contiene un sistema poético de correspondencias entre sus partes. Este sistema involucra una forma de leer, de aproximarse a la literatura, a la tradición, a la historia y a la política. Martínez elaboró una cosmogonía, un universo poético y visual, donde las partes que lo componen funcionan de manera individual y, al mismo tiempo, son piezas de una serie. En La nueva novela, el orden, la edición del volumen, sus capítulos, su diseño general y particular componen un objeto poético único: un libro que es metáfora de un cosmos y de la privacidad. Un libro articulado desde el más perfecto irracionalismo, en el que se despliega un relato sobre la pérdida, la familia y el amor, los animales y las palabras. Una novela que refiere a los alcances de la imaginación y del humor, que se plantea desde su portada en adelante como un juego de equívocos.

La educación literaria de Juan Luis Martínez —fuera de todo recinto pedagógico, alejado de la burocracia del conocimiento— explica, al menos en parte, la libertad con que leyó a otros autores. El mejor reflejo de esa libertad era su biblioteca, en la que convivían libros de lingüística con textos sobre ocultismo, la poesía de vanguardia francesa con Wittgenstein, Lewis Carroll con el I Ching. Martínez accedía a estos libros con la intención de disfrutar de la lectura y de capturar frases para utilizarlas, ya sea en calidad de citas o para someterlas a procedimientos de distorsión o desvío. Sin ir más lejos, Guy Debord, el teórico situacionista, no aparece mencionado en La nueva novela, aunque su presencia es evidente a nivel teórico, pues fue él quien se refirió al concepto del plagio para reivindicarlo, fue él quien hizo de la apropiación una técnica. Fueron Debord y sus secuaces, a fines de los 50 y 60, quienes ocuparon la tergiversación para socavar el sentido de textos ajenos y hacerlos propios (todos ellos, dicho sea de paso, vienen de Walter Benjamin y su libro-artefacto-mito: me refiero al Libro de los pasajes, su sueño de escritura a partir de citas de otros textos).

El sistema poético de Martínez da un paso más allá, definitivo, ante el gesto antipoético de Parra. Martínez desecha la emulación de la lengua hablada y el color local. Martínez buscó hasta encontrar un lenguaje desapegado de las emociones inmediatas, que fuera capaz de sostener la ambigüedad y el juego. Se trata de un lenguaje falsamente objetivo. Barthes denominó “lo neutro” a esta clave para salir del callejón ideológico y sentimental inscrito en la lengua. Lo neutro —y aquí cito a Barthes— “describe faltas, fantasmas, imposibilidades”. Es un lenguaje que se presenta desnudo y concreto, en oposición al ímpetu narcisista catapultado por el “yo” metafísico apegado al adjetivo. El lenguaje que aparece en La nueva novela es la fuga del yo, la huella de su vacío congelado en palabras luminosas.

Por supuesto que la fascinación de Félix Guattari por la obra de Juan Luis Martínez se comprende si consideramos las múltiples entradas y conexiones que La nueva novela posee como objeto poético de índole rizomática. Se trata de un libro que lee y actualiza las vanguardias; que se hace cargo del insoluble problema moral de la opacidad de la transparencia, y que hace de la política un tema remitido al plano del lenguaje. ¿Cómo no iba a estar interesado Félix Guattari con un largo poema integrado por piezas literarias y plásticas que exploran los crucigramas mentales y las preguntas imposibles? ¿Cómo lo hace Martínez para poner ante el lector la retórica de la locura y el desarreglo de los sentidos, y al mismo tiempo conservar un aura de frialdad, de objetividad, de ascetismo? Una respuesta hipotética podría ser: Martínez, como un patinador eximio, se desplaza a la perfección sobre las superficies del idioma. Pasa en vuelo rasante sobre los significados de las palabras. Lo suyo es obtener de las palabras la electricidad de sus formas y sonidos; de las imágenes, extraer el dibujo esencial, el diagrama que las define y las pone en correspondencia con otras imágenes. La forma de extraer este dibujo esencial es por medio de un riguroso paso por la fotocopiadora, hasta dejar en los huesos a las fotos mismas: en vez de densidad, vemos imágenes porosas, llenas de granos, esenciales.

Tengo la impresión de que mis palabras se proyectan en varias direcciones. No concluyo ni cierro, ni siquiera logro capturar el fondo de La nueva novela. Tampoco era mi intención; preferiría atizar el enigma. La aparición de un libro misterioso por medio de una nueva edición es una especie de milagro. No sé hablar de cuestiones teológicas ni me interesa hacerlo. Discurrir, pensar, darse vueltas y vueltas para celebrar un libro que admiro y adoro ha sido mi respuesta más genuina ante esta aparición. Me consta que a Juan Luis Martínez le interesaba que pensaran en su obra; está escrita para que uno se obsesione con ella y vuelva sobre sus páginas. Es la sombra del I Ching que se yergue en este libro, es el fantasma del lector desprevenido que con inocencia se sorprende ante lo nuevo cimentado en las ruinas del pasado. La nueva novela se mantiene intacta. El tiempo, en vez de erosionarla, la ha conservado impecable. Leerla, seguir sus pistas y desvíos, examinar y gozar de su poesía son algunas de las posibilidades que se presentan a la hora de enfrentarse a este libro que seduce al lector con tanta pasión como ironía. EP

Juan Luis Martínez, La nueva novela (Santiago: Ediciones Archivo 2016).

PRESENTACIÓN

EL HOMBRE VELADO*

Roberto Merino

Universidad Diego Portales

Roberto Merino. Escritor. Cronista. Profesor en la Universidad Diego Portales. Entre sus últimos libros, se cuentan Pista resbaladiza (2014), Padres e hijos (2015) y Lihn. Ensayos biográficos (2016). Email: robertomerino@gmail.com.

* Presentación realizada en el Centro de Estudios Públicos el 30 de noviembre de 2016, durante el seminario “Arte y poesía. Juan Luis Martínez”, organizado a partir de la publicación de la tercera edición de La nueva novela.

Me encargaron darle un sesgo biográfico a esta presentación. Me parece difícil hacerlo estando aquí Eliana, Alita y María Luisa, la mujer y las hijas de Juan Luis Martínez, que son quienes más saben sobre el tema. Pero por otro lado creo que podría aportar algunos detalles, una visión un poco fragmentaria de mis encuentros con Juan Luis, que en un principio fueron encuentros literarios, previos al conocimiento de la persona.

Matías Rivas recordaba hace un instante esa frase tan propia de Juan Luis Martínez: “Me complace irradiar una identidad velada”, que aparece en la última y casi única entrevista que dio, la entrevista que le hizo María Ester Roblero para la Revista de Libros de El Mercurio.

Tendría que precisar que lo de la “identidad velada” no era para Juan Luis tan sólo una cuestión literaria, sino algo que también trascendía a la realidad diaria. Su mismo aspecto y su voz parecían velarse circunstancialmente. De esta manera lo conocí yo, o, más bien, así entré en contacto por primera vez con su nombre. En el primer Encuentro de Arte Joven que se hizo en el Instituto Cultural de Las Condes, en 1979, Juan Luis estaba anunciado en el programa, así como Raúl Zurita. Bueno, ninguno de los dos apareció. Entonces inicialmente para mí Juan Luis Martínez fue esta figura ausente con la cual me había formado ciertas expectativas. Se hablaba de él como si se compartiera un secreto, y nadie lograba explicar bien en qué consistía su obra poética.

Zurita leyó sus textos al año siguiente, pero Juan Luis Martínez no apareció nunca en las sucesivas versiones de ese encuentro. Esa práctica se repitió varias veces: era anunciado, pero no llegaba. A veces se lo veía en el público o conversando en los pasillos. No participaba: era la “identidad velada”. El tipo que estaba, que no estaba, que desaparecía, que usaba la ausencia como una forma de visibilidad.

Se hablaba mucho de sus libros, pero indirectamente, ya que era difícil encontrarlos. Cuando años después —en 1983— hice mi tesis en la universidad sobre La nueva novela, trabajé con fotocopias. A medio camino conocí el libro y lo hice con la emoción de encontrar algo que demandó mucha búsqueda. Alguna vez he hablado del modelo comercial con el que Martínez vendía sus libros: les ponía precios altos para que los lectores tuvieran que hacer un esfuerzo por tenerlos. Era una forma de seleccionar lectores, de reducir su número. Me imagino que en esta idea Juan Luis era tributario de Mallarmé, para quien en cierto modo una obra existía como existe una constelación y podía prescindir de los lectores.

El Encuentro de Arte Joven de Las Condes fue unas de esas instancias sociales y culturales a las que iba medio mundo durante los años centrales de la dictadura. El éxito de iniciativas de este tipo tenía que ver probablemente con la necesidad colectiva de reponer una densidad cultural mermada por la situación política. El 79 fue el año en que Rodrigo Lira salió de la zona universitaria de la poesía: en un par de meses ganó el concurso de la revista La Bicicleta, montó un espectáculo el día de su cumpleaños en la Biblioteca Vicuña Mackenna y causó cierto rumor de escándalo en Las Condes con su participación en una de las jornadas de poesía.

Ese 1979 fue también el año en que Zurita publicó Purgatorio y en el que Ignacio Valente proyectó a Zurita. Había en ese momento un notable espesor cultural proporcionado más que nada por las artes visuales y la poesía, si bien verificable en círculos restringidos. Se hablaba mucho de que había en Chile un apagón cultural y se discutía si era apagón o apagamiento, lo que a fin de cuentas resultaba una distinción escolástica. Pero el hecho es que, a pesar de esas alarmas, pasaban cosas, pasaban muchas cosas. Había gente cototuda operando. Coincidían, por ejemplo, Rodrigo Lira con Enrique Lihn, Eugenio Dittborn con Ronald Kay, Carlos Leppe, Carlos Altamirano, todos en su mayor época de creación.

Como decía, al final de ese año Rodrigo Lira fue ganador del concurso de poesía de la revista La Bicicleta, con Lihn como jurado, en tanto Claudio Bertoni obtuvo el segundo o tercer lugar (lo que significó su reaparición en Chile después de mucho tiempo de viajes, regresos y ostracismo). El año en que Juan Luis publicó La nueva novela, el 77, reapareció Nicanor Parra con Los sermones y prédicas del Cristo del Elqui. Estaba circulando igualmente París, situación irregular, de Enrique Lihn. El 78 me parece que Patricio Marchant había vuelto de Francia. Juan Luis publicó su segundo libro, La poesía chilena.

Había, entonces, eso que he llamado espesor cultural: coincidían en el plano local obras que tenían exigencias formales más o menos considerables, como las que he mencionado.

Además estaba Maquieira escribiendo La Tirana, Paulo Jolly, Gonzalo Muñoz (a quien después Juan Luis Martínez le publicó el libro Exit). Incluiría también a Erick Pohlhammer, quien hacía una poesía que tenía momentos de iluminación muy asombrosos. Por lo demás, era famoso: el 78 se presentó en el Caupolicán lleno y fue ovacionado tras la lectura de su poema “Los helicópteros”.

No existía una poesía oficial. Braulio Arenas era o había sido recientemente el poeta oficial del régimen, digamos, pero actuaba como tal en actos cívicos de colegios o se presentaba en Noche de gigantes con Don Francisco. Había una memoria viva de sus años en el surrealismo, pero no tenía un relieve como poeta oficial. Lo que sí existía era esta otra gente que estaba absolutamente involucrada en proyectos individuales, pero que armaban un sistema interconectado. Eso era notorio en el momento. Si bien es característica de los hechos históricos hacerse visibles cuando ha pasado el tiempo, en ese momento yo creo que había una sensación de reconocimiento de lo que sucedía.

Aun existiendo una cierta tradición experimental en la poesía chilena, y poetas bastante significativos en plena producción de obras demandantes, enrevesadas, me da la impresión de que la publicación de La nueva novela fue un acontecimiento desconcertante. Si uno revisa los recortes de prensa, las críticas, se dará cuenta de que no se hallaba la forma adecuada para describir el libro. ¿Qué era esta cuestión extraña? ¿En qué género había que ponerla? Porque se llamaba La nueva novela pero era poesía. O alguien dijo que era poesía. Y se presentaba como una estructura en sí misma, como un sistema de remisiones internas, citas apócrifas, citas veladas, apariciones y desapariciones del autor.

Martín Cerda fue uno de los lectores y comentadores perspicaces que tuvo La nueva novela. Martín fue durante los años de la dictadura —y lo venía siendo desde antes— una especie de catalizador o polinizador de lecturas. Llegó a hablar en la televisión sobre Juan Luis Martínez, me parece que en el 83, en un programa cultural nocturno del canal de Valparaíso que también veíamos en Santiago.

A despecho de su timidez, Juan Luis Martínez jugaba mucho a la desaparición, que paradojalmente es una forma de hacerse visible. Y esto se vincula a su relación con las entrevistas, una situación que lo incomodaba mucho y un género que le producía desconfianza filosófica. Recuerdo que en 1987 le dio una entrevista a Erick Pohlhammer para la revista Apsi, que era el lugar donde yo trabajaba. Ahí cometió un error Juan Luis porque Erick era una persona totalmente impredecible. Y en esa entrevista —que por lo demás era muy buena— incluyó cosas biográficas que a Juan Luis le molestaron. Claro, posiblemente había una sobrelectura de su parte al sentir amenazada la parte velada de su identidad.

Posteriormente, Claudia Donoso, quien también trabajaba en la Apsi, convenció a Juan Luis para hacerle una entrevista larga, me parece que con fines no periodísticos. El hecho es que empezaron a conversar y al rato Juan Luis se aproblemó con la grabadora y le pidió que mejor le mandara las preguntas para responderlas por escrito. Días después, Claudia le dictó las preguntas a gritos por teléfono desde Santiago. Uno de los dos, no recuerdo cuál, estaba en un teléfono público, por lo cual la comunicación se dio de manera muy inestable. Bueno, Juan Luis parece que anotó las preguntas y no las contestó nunca. Posteriormente, la Claudia supo que Juan Luis había incorporado sus preguntas a un nuevo libro que estaba haciendo; entonces, había sido él quien había entrevistado a la periodista.

Ése fue un acto de desaparición y además de suplantación.

Cuando Juan Luis murió, en 1993, hubo varias personas que recién al salir la noticia en el diario se dieron cuenta de que el señor que habían conocido en el Samoiedo —con el cual solían conversar— era un escritor conocido. Él nunca se identificó, digamos. El mismo Juan Luis me dijo que tenía algunos amigos en su barrio con los que conversaba siempre y que tampoco sabían nada de su identidad profunda, si podemos llamar así a su parte literaria.

***

El año 83 empecé a trabajar en mi tesis sobre La nueva novela con Carmen Foxley, quien entonces era profesora de teoría literaria en la Universidad de Chile. Trabajé con fotocopias porque no había manera de conseguir el libro. Alguien me prestó unas fotocopias empastadas. Me parece que fue Óscar Gacitúa.

Antes anduve indagando sobre el libro de Martínez. Las descripciones que me hicieron del libro antes de verlo fueron muy curiosas. Alguien me dijo que era como una película. Otra persona lo encontró equivalente a Alicia en el país de las maravillas, esa sensación de caer y pasar a otro mundo. Y todo eso tiene sentido. Esas explicaciones pueden sonar insuficientes, pero dan una imagen que uno puede recuperar al hojear el libro ahora. De hecho —si pensamos en la relación con Lewis Carroll—, el libro propone una aventura mental de alcances irracionales.

Mi tesis fue finalmente un tratado hiperteórico, basado parcialmente en el pragmatismo lingüístico. Conocí a Juan Luis Martínez un año después. En verdad, no había querido ir a verlo mientras escribía la tesis. Carmen Foxley tenía la idea de que era mejor no conocer a los autores de los cuales uno escribía. Ese escrúpulo sintonizaba con la cabeza de Juan Luis. El encuentro se produjo en la galería del Cine Arte en Viña, por intermedio de mi amigo Marcelo Jarpa, y fue un encuentro muy afectivo, sobre todo. Martínez era un tipo muy cariñoso, especialmente con la gente más joven, y yo en ese momento oficiaba como joven.

Fue poco después de ese primer encuentro cuando pasó esa anécdota famosa, o no sé qué tan famosa en realidad. Juan Luis me dejó invitado para que fuera a su casa a Villa Alemana el fin de semana siguiente. Y efectivamente fui, con Natalia Babarovic, que en esa época no había salido del colegio. Llegamos a la calle Fresia, de Villa Alemana, al final de la tarde, con la plata justa para la micro, y en la casa no había nadie y se empezó a hacer de noche y simplemente nunca llegó nadie. Entonces la Natalia vio un gato que entraba por una ventana y lo siguió. O sea, se metió por esa pequeña ventana, prendió las luces y me gritó desde adentro: “Ésta es la casa, porque hay unas huevás de Rimbaud, ésta tiene que ser”. El hecho es que nos quedamos a dormir sin saber nada de la familia. Si tenían auto, si no tenían, si circulaban de noche, si iban a llegar a las tres de la mañana y nos iban a pillar ahí. Fue todo muy raro. Al otro día dejé una carta explicando la situación y nos fuimos.

Después supimos que Juan Luis había venido a Santiago ese día y me había estado llamando a la casa de mis padres. O sea, nos cruzamos. Fue una confusión cotidiana tipo Kafka.

Juan Luis, como decía, era muy afectivo, muy afable, podía discutir sin enojarse, ateniéndose a la lógica de lo que se estaba hablando. A mí, muchas veces me refutó en conversaciones literarias y esas refutaciones con el tiempo me han hecho sentido. Eran cosas en las que yo estaba equivocado, como vincular el Igitur de Mallarmé a Los cantos de Maldoror. Bueno, tenía 22 años.

Ustedes saben que Martínez había tenido un pasado distinto, había sido un tipo medio díscolo cuando joven. Hay una mitología en relación con ese periodo de su vida, algo de lo que él hablaba dosificadamente. Contaba una historia muy linda de su juventud: una vez, en Viña, arrancando de los pacos se metió a una calle sin salida. Había al fondo un muro, saltó el muro y cayó a una especie de parque privado. Y de inmediato se vio acorralado por los perros del lugar. Estaba en el suelo rodeado de perros. En eso apareció el dueño de casa, que venía como en bata, y le dice: “¿Qué está haciendo aquí?”. “Estoy arrancando de los carabineros”. Entonces el señor saca a los perros e invita a Juan Luis a entrar a la casa. Terminaron jugando ajedrez y tomando whisky toda la tarde. Se hicieron amigos. Es curioso, no sé por qué cuento esta anécdota, pero se me ocurre que tiene que ver con algo que flota en el contexto de estas consideraciones.

El año 85, en el Goethe Institut, yo estuve en el público para la presentación de la segunda edición de La nueva novela. Fue una situación peculiar. Alguien del público le hizo una pregunta a Enrique Lihn —que era uno de los expositores— y Enrique Lihn no contestó, cambió de tema, y Federico Schopf le dijo: “Oye, no has contestado la pregunta”. Y Lihn le respondió: “Pero uno no tiene por qué contestar todas las preguntas”. Además, estaba Patricio Marchant en el público y levantó la mano para exponer una teoría de que en La nueva novela había ciertas cuestiones cabalísticas, codificadas y que era un libro judío. Ahí ardió Troya con Federico Schopf, hubo un conato de enfrentamiento. Me parece que Juan Luis no estaba en su propio lanzamiento. Muy propio de él.

Valente le dedicó una de sus críticas dominicales a esta segunda edición. Valente encontraba fría y deshumanizada la obra de Juan Luis. El día en que El Mercurio sacó esta crítica de Valente, también traía un texto contra Claude Simon, el Premio Nobel de ese año, que había pertenecido a la Nouveau Roman, o sea, a “la nueva novela”. Fue una extraña coincidencia ese número. El 85 fue el año del terremoto y de la Virgen de Villa Alemana y Juan Luis decía que la Virgen de Villa Alemana era él. Me contó también que en 1973 había tenido conversaciones con Muñoz Ferrada, el sismólogo, y que Muñoz Ferrada había predicho el golpe de Estado, pero parece que el golpe era evidente que venía. No era mucha la gracia. EP

Juan Luis Martínez, La nueva novela (Santiago: Ediciones Archivo 2016).

PRESENTACIÓN

ALGUNAS LECTURAS SENTIMENTALES*

Álvaro Bisama

Universidad Diego Portales

Álvaro Bisama. Escritor. Doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica. Autor, entre otros libros, de las novelas Estrellas muertas (2011), Ruido (2012), Taxidermia (2016) y El brujo (2016). Email: alvaro.bisama@udp.cl.

* Presentación realizada en el Centro de Estudios Públicos el 30 de noviembre de 2016, durante el seminario “Arte y poesía. Juan Luis Martínez”, organizado a partir de la publicación de la tercera edición de La nueva novela.

Hablar de un libro a veces supone revisar las lecturas que uno hizo de él. Por lo mismo, me gusta pensar que las que se pueden hacer de La nueva novela (1977) están lejos de acabarse. El libro fue concebido como una trampa y, como tal, cualquier prejuicio que tengamos arriesga ser destrozado apenas entremos de nuevo en sus páginas. Ahí está su gracia (y su maldición), capaz de perpetuarse a lo largo de los años como esas paradojas falsas que brillan dentro del volumen. Anoto esto por una razón sencilla: me interesa la fragilidad en la que La nueva novela deja a sus lectores, como si cierta perversión en su diseño hubiera contemplado la multiplicación viral de las interpretaciones posibles, una hipertrofia que quizás es la mejor de las bromas que Martínez propone.

Puede ser, puede que no también. Hay demasiados caminos donde perderse pero también donde encontrarse, pues el trabajo de Martínez es un patio de juegos abandonado que visitamos de adultos, movidos por quizás qué razones después de tantos años, al punto de que cualquier lectura que propongamos sea, antes que nada, un ejercicio sentimental. Así, las respuestas a las preguntas que encarna La nueva novela tienen que ver con la historia personal de quien se acerca a ella y cómo aquello le sirve al lector para revisar el paisaje de sus propias obsesiones.

O por lo menos eso me pasó a mí. Como todos, si bien tuve alguna vez entre mis manos la versión original del libro (prestada), empecé realmente a pensar en él cuando un amigo me pasó unas fotocopias que a su vez yo fotocopié y que luego perdí. Luego otra persona me prestó las suyas, que estaban sacadas de las de otra persona. En esos años el mundo estaba lleno de fotocopias de La nueva novela, parece. En cualquier caso, nunca supe de dónde venía el original, de quién era ni dónde había quedado. No importaba, había cierto deterioro heráldico en esas fotocopias. Las páginas estaban destruidas y defenestradas, y tenían manchas y sombras cubriendo los espacios en blanco. De hecho, en los bordes había anotaciones ajenas, una marginalia privada que las sucesivas reproducciones habían vuelto inentendible, un alfabeto líquido al lado de otro alfabeto líquido: el del mismo Martínez. Material degradado por la copia constante, esa versión fotocopiada poseía la textura de la urgencia, pero también la precariedad de un saber secreto, de una consigna mutante.

Por lo mismo, las primeras lecturas que hice de La nueva novela fueron divertidas. Hace veinte años lo pasé bien leyéndola. Fue puro goce. Mal que mal, yo crecí en Villa Alemana y suponía dónde estaba la casa de Martínez (uno de mis viejos amigos punk vivía por ahí), pero también se trataba de algo que excedía el paisaje del pueblo. Pura risa. Todo estaba ahí: la inteligencia y la broma, la enciclopedia falsa, la impostura de los saberes trucados. Así, me atraía el modo en que funcionaba su biblioteca dentro del libro; esa biblioteca de provincia que era capaz de contener al mundo y que se presentaba como el fantasma de unas vanguardias desaparecidas, puros monstruos de papel maché alimentados del fervor de otros tiempos. Por supuesto, comprendía eso porque mi biblioteca quizás también era así (o más bien yo quería que fuese así), al estar hecha de puros pedazos: un collage que sólo tenía sentido en la distancia radiactiva de la provincia, en el sarcasmo de participar desde ahí de la tradición para tratar de escribirla de nuevo. Ahí estaba el chiste, quizás; una broma funcionaba porque obligaba a tomar conciencia de nuestro lugar periférico como lectores y desde ahí ficcionaba una literatura imposible. La nueva novela construía su valor a partir de los procedimientos que justamente decretaban su excentricidad y anacronismo.

***

Mi segunda lectura fue más extrema, descorazonadora. No me acuerdo cuándo la hice. Hace quince años, quizás. La broma ya no tenía gracia o, mejor dicho, su gracia radicaba en revelar el vacío y la soledad que estaba detrás de todo discurso; el proponer una obra que se devoraba a sí misma, tensa en su anhelo de hundirse en el silencio para componer la condición elegíaca de los signos que abordaba. Porque no había nada ahí salvo una literatura que remitía a sus palabras fantasmas, una poesía construida desde la tensión neurótica que la obligaba a no decir nada que no fuese el empeño en presentarse como una casa vacía, un paisaje abandonado, una “negatividad”, que es como la describió Carla Cordua cuando la entrevisté y hablamos un poco de Martínez.

Entonces, la broma desaparecía y brotaba un nihilismo desconsolado. Mal que mal, el autor duplicaba su nombre para luego tarjarse y borrarse a la vez, convirtiendo su biografía en apenas una mención falsa en otra bibliografía imposible, la de un tal Juan de Dios Martínez que había escrito en 1942 un libro llamado La historia oculta de los gatos, editado por Nascimento.

Ésa era la condición terrible de La nueva novela, su costado punk, lo que la ataba al año 1977, a ese no future que se asomaba en cada página. La condición excéntrica del libro aumenta esa sensación. Desde lejos, Martínez hurgaba en los significados del silencio y el sinsentido, componía un epitafio de la tradición literaria y la razón, haciendo una apuesta perdida por la ética de las vanguardias cuando éstas eran sólo una nota al pie de página en los libros de arte, una voz inentendible que hablaba de lejos, un murmullo vuelto una mazamorra o una caricatura. Ésa era su épica deforme, su gesto radical. Que el libro contuviese un sinnúmero de referencias a la disolución de genealogías, núcleos familiares y cualquier tipo de lazo posible entre las personas sólo profundizaba esta idea. Lo de Martínez era un relato sobre la extinción del sentido, pero también sobre la ausencia de quienes podían encarnarlo de nuevo. Basta pensar, por ejemplo, en “La geografía”, un poema en el que la dedicatoria a Neruda contenía una nota que remitía a un paréntesis vacío a pie de página, a una escritura que sencillamente no estaba ahí.

Martínez era consciente de este asunto. Lo radicalizaría en La poesía chilena, un ataúd donde cabían los cadáveres del canon de nuestra literatura, un libro determinado por la certeza de que toda biblioteca nacional o familiar podía ser también un cementerio. Pero tampoco había nada nuevo ahí; eso ya estaba en La nueva novela, que abría con dos dedicatorias robadas a un ejemplar de la Antología del verdadero cuento en Chile, una colección de relatos cuyo editor era Miguel Serrano. Las dos dedicatorias, de las que Martínez se apropiaba para colocar en su propio libro, las había escrito Serrano. La primera era para el Conde Keyserling y la otra para un tal Carlos Ugalde.

Aquellas dedicatorias encarnaban el plan de Martínez, explicitaban sus técnicas de sabotaje. En 1939, Serrano armaba la antología de relatos para presentar un futuro posible para la literatura chilena. Ahí estaban Droguett, Braulio Arenas, Héctor Barreto y él mismo. La suma de todos ellos convocaba cierto anhelo utópico, la promesa de un país imaginario que va a ser descubierto desde el futuro. En 1977 esas dedicatorias, puestas en otro libro, cobraban un sentido nuevo: ese futuro había llegado, posiblemente fuese el lugar desde donde Martínez escribía. Visto de este modo, La nueva novela sí era una novela; su narrativa correspondía a un realismo exacerbado que había abandonado toda representación que no fuese la puesta en escena de sus materiales rotos, de sus procedimientos quebrados, de su mausoleo del sentido.

De una casa estropeada, en suma.

Leer a Martínez era habitar en esa casa. Era pasearse por ella. Era, como contó Roberto Merino, una biblioteca donde se entraba por la ventana, a hurtadillas, para pasar ahí la noche.

***

Esto era lo que pensaba hasta hace poco, pero al volver a leer La nueva novela me di cuenta de que aquella interpretación ya no me funcionaba. Algo pasó. Quizás yo envejecí, cambié. Quizás el ruido de fondo de los expertos en la obra de Martínez me abrumó, porque justamente terminó pareciéndome más bien automático (y bastante lejos de la experiencia desconsoladora que había comentado con Cordua), del mismo modo que me pareció obvio el empecinamiento en destripar/descifrar todas las referencias que el libro exhibe, despojándolo de esa ambiciosa complejidad chanta que exhibe.

Llegué a esta conclusión cuando me topé de nuevo con la nota de Ezra Pound al censor de los Cantos pisanos, que está incluida en las últimas páginas del libro de Martínez. No recuerdo por qué antes no me había fijado en ella. Quizás me parecía un apéndice, una pieza que funcionaba de modo más o menos terminal. De hecho, La nueva novela la incluye ahí casi como despedida, es otro de los materiales que el volumen exhibe como un catastro de sus procedimientos. En la nota, Pound dice que no hay nada cifrado en los Cantos, que no tiene sentido leerlo en clave. Pero en ese punto ya ha finalizado el libro y no queda nada en pie: la familia ha desaparecido, el perro Sogol ya no cuida nada, el sentido de los poemas ha sido sobreleído hasta hacerse explotar. Entonces, lo de Pound es apenas un chiste crepuscular, otra negación de la negación, pues La nueva novela ya ha decretado su condición de obra política, las vanguardias se han estrellado contra lo real y cualquier revisión de la tradición se ha vuelto un ejercicio de nostalgia.

O de melancolía.

Gracias a esa nota dirigida a su censor, empecé a pensar en esa idea que Pound explota de modo radical en los Cantos pisanos: el poema es una especie de resumen total, un sistema en el que cabe todo y no hay distancia entre la historia y la literatura, ni separaciones entre lenguas o sistemas de escritura, todo condensado en un verso que se proyecta sobre sí mismo como si fueran las regiones de un planeta único y aterrador.

Eso está en La nueva novela, esa condición sintética, esa aspiración de falsa totalidad que a ratos llega a ser intolerable porque está en ella el temor que tiene cualquier biblioteca de provincia al enfrentarse al mundo. Ahí, en la ficción compuesta por Martínez existe una legión de referencias a diversos campos, pero también una colección de dedicatorias. Muchas veces, las dedicatorias funcionan como citas pues comparten un mismo espíritu, no hay nada que las divida. Están ahí Beckett, Blanchot, Tardieu, Neruda, Lewis Carroll, Eliot (parafraseado con un casi), Barthes (que aparece tachado), Yeats, Pizarnik, Picabia. También son mencionados Isabel Holger y Luis Martínez, los padres del autor.

Todas las citas componen otro laberinto dentro del laberinto, pero hay en ellas un gesto opuesto al nihilismo, la negatividad o la parodia. Nada nuevo ahí tampoco: es el universo de referencias en el cual La nueva novela aspira a participar. Es la comunidad invisible en la que Martínez habita, la paradoja conmovedora que define a su literatura: el autor que aspira a desaparecer siempre se está pensando en relación a los otros, nunca deja de agradecer a aquéllos de los cuales ha aprendido o robado, en una necesidad de diálogo que muchas veces luce desesperada. Con eso, el libro deja de cerrarse sobre sí mismo y se abre al mundo; y Martínez, quien aspira a no estar, a desaparecer o simplemente a no ser, sólo puede proponer una literatura pensada desde lo colectivo.

Pero que ya no es una broma. O sí lo es, pero tiene una gracia distinta. En una nota sobre Paterson, William Carlos Williams se refiere a su aspiración de que la voz del poema suene como una de las cataratas del paisaje local que aborda. “En mi imaginación este rugido es un discurso o una voz, un discurso en particular. El poema mismo es la respuesta”, dice. Ahora mismo, yo me pregunto cuál es el sonido al que aspira a parecerse la voz múltiple de La nueva novela. No lo tengo claro. No hay rugido. Es otra cosa, feroz y enternecedora, tramposa y a la vez lacónica. Quizás es el sonido de los pasos deslizándose por las bibliotecas perdidas de regiones, del papel que se rasga cuando se lo corta con los dedos, el murmullo de una comunidad que se escucha y quizás se encuentra cuando se atraviesa las páginas del libro. EP

Isabel Aninat, Verónica Figueroa y Ricardo González (editores), El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2017).

RESEÑA

DESAFÍOS EN AUTONOMÍA Y RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Miriam Henríquez Viñas

Universidad Alberto Hurtado

Miriam Henríquez Viñas. Abogado por la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado. Email: mhenriqu@uahurtado.cl.

Los artículos de los profesores Manuel Antonio Núñez (“Pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional. Formas de autonomía no territorial y territorial”, 2017) y de Salvador Millaleo (“Los derechos políticos de los pueblos indígenas y la encuesta mapuche del CEP”, 2017) se escribieron con una perspectiva constitucional e internacional en el libro El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile. Este libro fue editado por Isabel Aninat, Verónica Figueroa y Ricardo González, y publicado en 2017 por el Centro de Estudios Públicos (CEP). La obra colectiva recoge una serie de trabajos que interpretan, con un enfoque interdisciplinario, los resultados de las encuestas aplicadas por el CEP al pueblo mapuche en 2006 y 2016, con la finalidad de proponer reflexiones y recomendaciones de política pública indígena.

Los artículos recién mencionados abordan el reconocimiento político y constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, centrando su análisis en los derechos políticos, temática principal del constitucionalismo latinoamericano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

Una de las características materiales de las constituciones del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano es que plantean “la integración de los sectores marginados históricamente, como es el caso de los pueblos indígenas” (Viciano y Martínez 2011, 22). En este ámbito, destaca el amplio reconocimiento de derechos que provienen de las más distintas tradiciones —desde la democrática, hasta el indigenismo, pasando por el socialismo—, ideologías y cosmovisiones (Salazar 2013, 356).

En el sentido apuntado, la constitución boliviana de 2009 establece en su artículo 1 el Estado plurinacional; luego garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones (artículo 2); propone un amplio catálogo de derechos de los pueblos indígenas (artículo 30 y ss.); establece el pluralismo jurídico (artículo 178); asegura el reconocimiento de la autonomía indígena (artículos 289 y ss.); determina un sistema de jurisdicción indígena sin relación de subordinación con la jurisdicción ordinaria (artículos 179 II, 192 y 410); establece la elección de sus representantes políticos a través de sus formas propias de elección (artículo 211); y propone la creación de un Tribunal Constitucional Plurinacional con presencia de la jurisdicción indígena (artículo 179).

A su vez, la constitución ecuatoriana de 2008 prescribe en el ar-tículo 1 que Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional. Luego señala que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional (artículo 6 párrafo 2); más adelante consagra las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo, y que se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos (artículo 257); y, por último, establece la responsabilidad del Estado de proteger el patrimonio cultural que es configurado por la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador (artículo 380). Por su parte, los derechos colectivos están ampliamente recogidos en los artículos 57, 60 y 171. Esta carta también reconoce la justicia indígena en su artículo 171.

Por otro lado, las constituciones del modelo democrático constitucional —originario del constitucionalismo de posguerra que acompañó las olas democratizadoras, con impacto en algunos países latinoamericanos, como México, Argentina y Colombia— conforman un modelo complejo, que combina las tradiciones liberal, democrática y social. En tal contexto recogen un amplio catálogo de derechos fundamentales, como libertades, derechos políticos y sociales (Salazar 2013, 347-350), entre ellos, el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos.

Así, por ejemplo, la constitución colombiana de 1991 prevé normas de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (artículo 7); propone el reconocimiento de la oficialidad, en sus respectivos territorios, de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos y la enseñanza bilingüe en estas zonas (artículo 10); garantiza el derecho de los integrantes de los grupos étnicos a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural (artículo 68 inciso 5); entrega el derecho a la nacionalidad para los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos (artículo 96 n.º 2); establece la existencia de circunscripciones especiales para la elección de senadores por parte de las comunidades indígenas (artículo 171); determina la existencia de circunscripciones especiales para la elección de miembros a la Cámara de Representantes por parte de las comunidades indígenas (artículo 176); y asegura el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas y procedimientos, dentro de sus territorios (artículo 246).

Por otro lado, la constitución argentina, reformada en 1994, en su artículo 75 inciso 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Las citas a las normas constitucionales expuestas ilustran cómo los aspectos constitucionalizados, ya por la vía de enmiendas o de nuevos textos constitucionales, han ido desde el mínimo reconocimiento de la multiculturalidad del Estado hasta el establecimiento de derechos culturales de los pueblos indígenas. De esta forma, las cartas fundamentales latinoamericanas han reconocido:

a) a los pueblos indígenas como pueblos originarios y preexistentes;

b) la propiedad de sus tierras, como recurso material, cultural y soporte político de la existencia de aquéllos;

c) una serie de derechos tales, como los derechos a la identidad y cultura propia, el derecho a conservarla, desarrollarla y transmitirla; a la autodeterminación o autogobierno según sus usos y costumbres; a la administración privilegiada sobre los recursos naturales existentes en sus territorios; a la religión ancestral como factor de identificación étnico cultural; a tener formas propias de organización social; a la participación en la política local y nacional mediante la elección de sus propios representantes; a ser consultados cada vez que se promuevan medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos; y a adaptar la justicia a los sistemas indígenas utilizando sus usos y costumbres, entre otros derechos (Henríquez 2005, 129).

Es posible entonces constatar la gran heterogeneidad normativa en cuanto al alcance, contenido y formulación de las normas constitucionales que reconocen a los pueblos indígenas en las constituciones, lo que hace difícil identificar un modelo único replicable en esta materia (Aguilar et al. 2011, 60). Empero, el factor común en las cartas del nuevo constitucionalismo latinoamericano y en las cartas latinoamericanas del modelo democrático constitucional es que han abordado —con distintas cualidades, énfasis e intensidades— la cuestión indígena en un intento “por recuperar a los excluidos de entre los excluidos” (Gargarella 2013, 22).

No obstante, la constitución política de Chile ha permanecido ajena a esta tendencia latinoamericana y no ha recogido la pluralidad cultural, ni ha aceptado la multiculturalidad del Estado, ni ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas, y tampoco sus derechos o el deber del Estado de respetarlos. Esta afirmación no supone desconocer los adelantos que se han procurado en el tratamiento de la cuestión indígena, en los niveles legal, internacional y de programas gubernamentales.

Aunque han sido varios los intentos por incorporar el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el texto de la actual constitución chilena, ninguno de ellos ha logrado el consenso político necesario. Permanece, en consecuencia, pendiente. Las razones que se han expuesto para justificar los rechazos pueden resumirse en:

a) no es posible concebir un Estado con más de una nación;

b) no es viable que coexistan en un Estado unitario ordenamientos jurídicos distintos;

c) no es razonable, desde la dogmática de los derechos fundamentales, atribuir derechos a entes colectivos;

d) cualquier reconocimiento de derechos colectivos a grupos afectaría el principio de igualdad ante la ley; y

e) todo reconocimiento podría ser interpretado como la afirmación implícita de un derecho a la autodeterminación política de esos pueblos, con lo que se crearía un Estado dentro de otro. Este último sentido, Román se lo atribuye a los parlamentarios opositores a las distintas propuestas de modificación (Román 2014, 145).

Cabe apuntar que la referencia a lo “pendiente” es a un reconocimiento constitucional explícito, toda vez que por vía del artículo 5 inciso segundo de la Constitución se incorporan internamente los tratados, declaraciones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, plasmados, por un lado, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), y, por otro, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recapitulando, el primer proyecto de reforma a la Constitución sobre la temática fue presentado por el Presidente Patricio Aylwin (Boletín 513-07) el 7 de enero de 1991. En virtud de este proyecto se incorporaba al artículo 1 de la Constitución un inciso final que rezaba: “El Estado velará por una adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena”. Asimismo, modificaba el artículo 19 n.º 22, en el sentido de permitir el establecimiento de franquicias tributarias a favor de las comunidades indígenas, y reformaba el artículo 62, en cuanto a establecer como iniciativa exclusiva del Presidente de la República la promoción de leyes tendientes a la protección jurídica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indígenas. Fue la expresión “pueblos indígenas”, contemplada en las disposiciones reformadas, la que llevó a conflictos, puesto que por “pueblo indígena” se entendió un ente colectivo autónomo ubicado entre los individuos y el Estado, con facultad de autodeterminación. Como consecuencia del rechazo de la expresión “pueblos indígenas”, el Gobierno de la época decidió sustituir dicha mención simplemente por “indígenas”; empero, este cambio no bastó para lograr los acuerdos políticos necesarios para la aprobación de la reforma constitucional, la que se archivó el 9 de julio de 1997.

En mayo de 1999, el Ejecutivo solicitó el desarchivo del proyecto mencionado y su nueva tramitación por el Congreso Nacional. La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados acordó incorporar un inciso final al artículo 1 de la Constitución, cuyo texto decía: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a los demás sectores o grupos que conforman la nación chilena”. Luego del segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados votó el proyecto de reforma constitucional, que resultó rechazado por no reunir el quórum exigido.

También en el año 1999, los diputados Huenchumilla, Elgueta, García, Tuma, Hernández, Ojeda, Luksic, Bustos, Ceroni y Letelier presentaron una moción de reforma constitucional, que reconocía a los pueblos indígenas y les otorgaba participación política en el Estado (Boletín 2360-07, del 6 de julio de 1999). Esta propuesta no alcanzó tramitación en la Cámara de Diputados.

En el año 2000, la Concertación de Partidos por la Democracia, a través de los senadores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, presentó un proyecto de reforma constitucional que consideraba la cuestión indígena (Boletín 2534-07, del 6 de julio de 2000). El proyecto presentado constaba de tres artículos. El primero indicaba agregar como inciso final al artículo 1 el siguiente: “El Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena”; agregar como inciso final al número 22 del artículo 19 el siguiente: “La ley podrá también establecer los beneficios o franquicias determinadas a favor de las comunidades indígenas”; y agregar al artículo 62, como número 7 nuevo, el siguiente: “Establecer sistemas de protección jurídica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indígenas”.

Luego de un arduo debate en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ella aprobó un reconocimiento implícito a los pueblos indígenas a través de la mención constitucional de los mismos como objeto de tutela del Estado, con un marcado acento en la indivisibilidad de la nación chilena. El texto de la proposición se determinó de esta manera: intercalar en el artículo 1 de la carta fundamental, como incisos tercero y cuarto, nuevos, los siguientes: “La nación chilena es indivisible. El Estado reconoce la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la nación y declara su especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su identidad”.

Tal moción fue discutida, pero no alcanzó las mayorías necesarias para su aprobación. De este modo, la reforma constitucional de 2005 no recogió la cuestión indígena, quedando nuevamente diferida la respuesta del Estado de Chile en el nivel constitucional.

Una nueva propuesta de reforma constitucional tuvo su origen en un proyecto que refundió la moción de los senadores Espina, Allamand, Cantero, García y Romero, presentado a tramitación en septiembre de 2007 (Boletín 5522-07), y en el mensaje de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de noviembre del mismo año, Boletín 5324-07, y actualmente en tramitación.

El texto del proyecto plantea reemplazar el artículo 4 de la Constitución por el siguiente: “La nación chilena es una, indivisible y multicultural. Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio de Chile y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional. Los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”. Asimismo, intercalar en el actual artículo 5 el inciso primero: “Chile es una república democrática”; intercalar en el 19 n.º 2, entre las palabras “mujeres” y “son”, la siguiente frase: “cualquiera sea su origen étnico o racial”; y agregar en el artículo 19 n.º 24 inciso final: “La ley debe proteger la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes”.

Otro proyecto de enmienda constitucional, iniciado por moción del 11 de julio del 2012, por los diputados Arenas, Auth, Chahin, De Urresti, Jaramillo, Meza, Monckeberg, Teillier, Tuma y Vargas (Boletín 8438-07), y actualmente en tramitación, plantea: i) reconocer la existencia de los pueblos indígenas, estableciendo que estos son titulares de derechos colectivos garantizados por la Constitución, uno de los cuales es el derecho a la participación y representación política; y ii) reformar las disposiciones sobre la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, generando diez cargos de diputados y cuatro de senadores, estableciendo que ellos serán llenados por representantes de los distintos pueblos indígenas que en cada caso se indica, en base a una elección que se realizará simultáneamente con la elección parlamentaria. En estos casos, los electores serán las personas pertenecientes a cada etnia, en base a un Registro Electoral Indígena a cargo del Servicio Electoral, cuya regulación queda en manos de una ley orgánica constitucional. Estos diputados y senadores tendrán las mismas atribuciones, derechos y obligaciones del resto de los parlamentarios, con dos excepciones: la primera es que en el caso de los senadores su mandato durará cuatro años y la segunda es que, en caso de vacancia, los reemplazantes deberán definirse por elecciones complementarias. También se postula modificar las normas que regulan la conformación de los consejos regionales y de los concejos municipales, creando cupos supernumerarios que permitan asegurar a representantes indígenas en regiones. Esta misma institución debe ser creada en las comunas en las que exista más del 25 por ciento de población indígena censada.

Finalmente, cabe destacar el proceso de cambio constitucional llevado a cabo por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el que contempló de forma inédita un proceso constituyente indígena, específico y diferenciado del general. Éste consistió en recoger los temas que los pueblos indígenas de Chile consideran deben ser previstos en una nueva carta fundamental (proceso realizado entre agosto y diciembre de 2016) y someter estos resultados en 2017 a un proceso de consulta constituyente indígena, con el fin de elaborar los planteamientos que serán incluidos en un próximo proyecto de nueva constitución.

Analizado el panorama constitucional latinoamericano y chileno, cabe destacar que los artículos de los profesores Manuel Núñez y Salvador Millaleo ponen de relieve esta falta de reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos en la Constitución Política de la República de Chile, así como la conexión que existe entre la demanda de los movimientos indígenas por dicho reconocimiento y el estado de la opinión pública, según los resultados de la encuesta mapuche del CEP 2016. Ambos trabajos enfatizan el conflicto indígena y resaltan que el Estado chileno no ha encontrado soluciones eficaces al mismo o señalan que las propuestas institucionales han sido insuficientes. Los trabajos coinciden en que una respuesta posible a dicha situación de conflicto es la constitucionalización de la multiculturalidad y de los derechos colectivos políticos; sin embargo, previenen al unísono que las respuestas constitucionales que se planteen deben exceder de una mera retórica constitucional. En cierta medida, los autores encuentran parte de la solución en la constitucionalización de los derechos colectivos políticos, basados en la autodeterminación de los pueblos indígenas, fundamentalmente en las autonomías no territoriales y territoriales, y más particularmente en los cupos reservados para indígenas en alguna de las ramas del Congreso Nacional.

El punto de partida expuesto en su trabajo por Manuel Núñez, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, es que los ordenamientos políticos deben reconocer la existencia de una pluralidad de culturas y, luego, de una pluralidad de pueblos, es decir, el multiculturalismo. Ante la ausencia de un reconocimiento constitucional formal en Chile de los pueblos indígenas, el autor propone una serie de vías alternativas, tales como:

a) la constitucionalización a través del ius gentium y formas pacticias;

b) la constitucionalización a través del reconocimiento judicial; y

c) la constitucionalización a través de la reforma constitucional o del ejercicio del poder constituyente originario.

Respecto a la primera alternativa planteada, Núñez expone que “el legado de los tratados abre una vía para una nueva forma de acuerdos o pactos constitutivos que, fuera del léxico internacionalista y ya dentro del constitucional, ofrecen a largo plazo oportunidades de reconocimiento, reconciliación y mecanismos incrementales y regionales de acomodo que bien pueden desafiar en ventajas a los instrumentos constitucionales unilaterales de reconocimiento” (Núñez 2017, 122).

La segunda alternativa, posiblemente la menos simbólica —a juicio de Núñez—, consiste en “integrar, mediante procesos judiciales de interpretación, a las comunidades indígenas y sus derechos en el lenguaje de las constituciones vigentes” (Núñez 2017, 123). Esto se lograría mediante la recepción de los avances experimentados en el derecho internacional de los derechos humanos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, los que, por ejemplo, han reconocido el derecho a la consulta a los pueblos indígenas.

Por su parte, la tercera vía, sobre la que se ha dado cuenta en la primera parte de esta reseña, supone una reforma constitucional o la dictación de una nueva constitución. El contenido de los ámbitos de la regulación constitucional depende —en opinión de Núñez— de tres variables jurídicas: “La textura de las reglas constitucionales, los estándares internacionales y la experiencia comparada” (Núñez 2017, 124). Sin embargo, existe un mínimo que el autor estima necesario regular: “La autonomía en dos tipos o modalidades que son complementarias. La primera de ellas es la autonomía territorial y se refiere a las formas de descentralización o autogobierno dentro del país. La segunda es la llamada autonomía no territorial y alude a una variedad multiforme de técnicas de atribución de poder político a grupos determinados, donde la transferencia de poder no va asociada al control de un territorio específico” (Núñez 2017, 126). Núñez destaca que en el caso chileno parece aconsejable dirigir la mirada a las formas de autonomía no territorial, atendidos:

a) el carácter mixto de la población;

b) el predominio de los territorios compartidos con población no indígena; y

c) la concentración de la población indígena en las ciudades.

Apoyado en la encuesta mapuche CEP 2016, el articulista concluye que es necesario “descartar soluciones etnocentristas de autogobierno exclusivamente indígena” (Núñez 2017, 127).

Manuel Núñez presenta las distintas formas de autonomía no territorial y sugiere su preferencia por algunas de ellas:

a) el derecho de organización política, expresado a través de partidos o de organizaciones consuetudinarias propias reconocidas por el Estado; b) la capacidad de crear un derecho propio (usualmente consuetudinario) coercible frente a las instituciones estatales (como costumbre vinculante al menos en disputas entre miembros de una misma etnia) o propias (mediante la llamada justicia indígena); c) la capacidad de decidir sobre asuntos de naturaleza cultural, como la educación, la lengua o la religión; d) el derecho de participación en las instancias decisorias de políticas estatales nacionales o locales; e) la capacidad para hacerse representar ante asambleas o cuerpos colegiados con poderes de decisión, y f) la autoridad para opinar a través de cuerpos consultivos locales o nacionales. (Núñez 2017, 127)

Fundado en los resultados de la encuesta mapuche CEP 2016, el profesor Núñez se inclina por la opción de crear cupos reservados para indígenas, puntualmente en la Cámara de Diputados, y en número proporcional a la población indígena nacional, asunto que requeriría de ciertos ajustes constitucionales y legales en la mecánica electoral.

En lo que respecta a la autonomía territorial, Núñez expone la viabilidad de profundizar y avanzar tomando como punto de partida las instituciones conocidas. En tal sentido —y en su opinión—, la reforma municipal puede pasar por la reformulación de las comunas o por la puesta en valor de las unidades vecinales. Lo anterior podría ser reforzado con otros procesos de participación general, como las consultas y los plebiscitos comunales. Tales propuestas requerirían de cambios legales y habilitaciones constitucionales.

Por su parte, el artículo del profesor de la Universidad de Chile Salvador Millaleo busca destacar “cómo pueden los derechos colectivos políticos aportar a resolver la insuficiencia institucional del Estado de Chile para tratar con las conflictividades” (Millaleo 2017, 158).

Salvador Millaleo da cuenta pormenorizadamente de las características de los derechos colectivos, y los sitúa en el multiculturalismo democrático. El principal derecho colectivo político es —a su juicio— la autodeterminación; esto es, el derecho de los pueblos indígenas para determinar su propio futuro y sus propias formas de gobierno (Millaleo 2017, 176). En este contexto, el derecho a la libre determinación “se ejerce a través de autonomías y formas de autogobierno, pero incluye también derechos de participación y el derecho al propio sistema jurídico” (Millaleo 2017, 177).

El profesor Millaleo explica que

la autonomía indígena, en los países que la han incorporado, consiste en un poder legalmente fundado de un pueblo para ejercer funciones públicas, independientemente de otras fuentes de autoridad estatal, pero sujeto a un orden jurídico y a autoridades estatales comunes. La autonomía normalmente consistirá en la transferencia de poderes de gobierno a entidades organizadas de los pueblos indígenas sobre una base territorial, en cuanto esos pueblos están normalmente vinculados espiritualmente a una territorialidad determinable. Dentro de las autonomías territoriales pueden distinguirse entre regímenes autonómicos y el reconocimiento a entidades regionales indígenas. (Millaleo 2017, 177)

También define a las autonomías no territoriales como “la transferencia de poderes de gobierno a entidades indígenas sin una base territorial, sino bajo la orientación de un principio personal, de manera que dichas entidades pueden detentar y ejercer derechos correspondientes a los pueblos indígenas” (Millaleo 2017, 178).

Salvador Millaleo concluye que el reconocimiento de los derechos colectivos políticos de los pueblos indígenas requiere del reconocimiento de su libre determinación interna. En un sentido coincidente con el profesor Núñez, sugiere para Chile más bien la representación especial y formas de autonomías no territoriales. Respecto a la representación especial, señala la conveniencia de realizarla a través del sistema de escaños reservados antes que el de cuotas (Millaleo 2017, 190).

Finaliza expresando que ojalá la “combinación de la autonomía territorial, la no territorial y la representación especial como contenido normativo concreto del deseado reconocimiento constitucional pueda asentar las bases institucionales para la superación del conflicto” (Millaleo 2017, 190).

Para concluir, los desafíos expuestos en ambos artículos, en orden a la constitucionalización del reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, son:

a) atender a un cambio constitucional integral y no fragmentado de la Constitución;

b) comprender que de la riqueza de las reglas constitucionales no se sigue necesariamente un aumento en el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, debiendo considerarse normas subconstitucionales que aseguren una eficacia material;

c) distinguir lo puramente constitucional de lo legal, considerando los niveles de acuerdo político; y

d) apoyar toda decisión en datos empíricos y estadísticos objetivos para tomar el pulso a las intenciones ciudadanas, en cuyo marco destacan la valía y el aporte de la encuesta mapuche que, en dos ocasiones —2006 y 2016— ha aplicado el Centro de Estudios Públicos.

REFERENCIAS

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Aninat I., V. Figueroa & R. González, eds. 2017. El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Centro de Estudios Públicos. 2006. Encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy”. https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304094057/encCEP_may2006_mapuche.pdf

———. 2016. Encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy”. Marzo-mayo. https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160607/asocfile/20160607195127/encuestacep_mapuche_marzo_mayo2016.pdf

Gargarella, R. 2013. “Nuevo constitucionalismo latinoamericano y derechos indígenas. Una breve introducción”. Boletín Onteaiken 15: 22-32.

Henríquez, M. 2005. “Los pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional pendiente”. En Reforma Constitucional, coordinado por F. Zúñiga, 127-145. Santiago: LexisNexis.

Millaleo, S. 2017. “Los derechos políticos de los pueblos indígenas y la encuesta mapuche del CEP”. En Aninat, Figueroa & González 2017, 155-196.

Núñez, M. A. 2017. “Pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional. Formas de autonomía no territorial y territorial”. En Aninat, Figueroa & González 2017, 111-154.

Román, C. 2014. “Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile”. Revista de Derecho Público (número especial marzo): 137-147.

Salazar, P. 2013. “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva crítica)”. En El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, coordinado por D. Valadés & L. González, 345-387. México: UNAM.

Viciano, R. & R. Martínez. 2011. “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal”. Revista General de Derecho Público Comparado 9: 1-24. EP

Isabel Aninat, Verónica Figueroa y Ricardo González (editores), El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2017).

RESEÑA

IDENTIDAD MAPUCHE EN TIEMPOS DE URBANIZACIÓN

Eduardo Valenzuela

Universidad Católica de Chile

Daniela Aranis

Universidad Católica de Chile

Eduardo Valenzuela. Sociólogo. Académico del Instituto de Sociología y director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: evalenzc@uc.cl.

Daniela Aranis. Socióloga. Investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: dparanis@uc.cl.

Bajo el título El pueblo mapuche en el siglo XXI, el Centro de Estudios Públicos ha publicado una importante colección de artículos acerca de la situación del pueblo mapuche, muchos de los cuales están basados en evidencia recogida por el mismo centro en su encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy”. ¿Cuáles son efectivamente los cambios más importantes que enfrenta el pueblo mapuche de cara al siglo XXI? El artículo de Imilan (2017) en este mismo volumen analiza un aspecto crucial respecto de la creciente urbanización de la población mapuche y de las posibilidades de mantener la identidad étnica en un contexto urbano. La proporción de población mapuche que reside en zonas urbanas ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, tal como se aprecia con datos de la serie Casen (2015): en 1996 sólo el 46 por ciento de quienes se identificaron como mapuches residía en un sector urbano, pero veinte años después esta proporción se había elevado a 73 por ciento. En la misma Región de La Araucanía, la población mapuche urbana se ha doblado en igual período, para alcanzar una cifra de 40 por ciento. La urbanización ha estado siempre asociada a migración y desplazamientos internos desde el campo hacia la ciudad, pero también deben considerarse procesos más recientes de etnificación urbana (Imilan 2014), a través de los cuales una población con residencia urbana de antigua data toma conciencia de una identidad étnica que estuvo latente por mucho tiempo.

La evidencia migratoria para el caso mapuche es muy amplia, pero está poco cuantificada (Bello 2002). La hipótesis convencional sobre la migración mapuche sostuvo que provenía de la estrechez de la economía reduccional (6,1 hectáreas promedio por persona que fueron reduciéndose por traspaso y usurpación de tierras en el correr del siglo pasado). Esta hipótesis ha alimentado toda la política de devolución de tierras y de aumento de la extensión de tierra indígena de las últimas décadas. El programa de consolidación de la propiedad privada (más que de ampliación de la superficie) que se implementó bajo la dictadura no tuvo ningún impacto visible sobre la radicación indígena. Tampoco existe ninguna evaluación seria de las políticas de compra y traspaso de tierras indígenas de las últimas décadas, aunque debe destacarse, en el volumen reseñado, el análisis crítico que realiza Sebastián Donoso sobre la política de compra de predios en conflicto (Donoso 2017). Existe alguna evidencia, sin embargo, respecto a que los flujos migratorios actuales no están operando por expulsión, sino por atracción que la población rural siente por las ciudades, donde se concentran abrumadoramente mejores posibilidades de empleo y educación. Los jóvenes no se quedan en el campo aun cuando hubiere algunas posibilidades de progreso. Las alternativas que existen frente a la economía reduccional son mucho más amplias que en el pasado —donde no había prácticamente ninguna— y casi todas ellas ofrecen una mejor perspectiva de vida. Hace veinte años, por ejemplo, la proporción de mapuches jóvenes que vivía en el ámbito urbano en La Araucanía (21 por ciento) no se distinguía de los que vivían en el ámbito rural (20 por ciento), mientras que hoy existe una diferencia de 8 puntos porcentuales: 24 por ciento en la zona urbana y 16 en la rural, según estimaciones de la Casen (2015). El progreso educativo de los últimos años hace lo suyo: es poco probable que un joven mapuche con educación superior vuelva al campo. También hace veinte años, el 10 por ciento de mapuches que vivían en la ciudad poseían educación terciaria, mientras que hoy la proporción aumentó a 26 por ciento, al tiempo que las zonas rurales retienen solamente al 9 por ciento de población mapuche con educación superior.

El declive de la economía reduccional va de la mano con una tendencia hacia la disminución y envejecimiento de la población rural. En las últimas décadas, la edad promedio de los hogares mapuche ha aumentado de 33 a 41 años y el tamaño promedio de los hogares rurales descendió de 4,4 a 3,4 personas, aunque es posible que no haya nada específicamente indígena en estas cifras. El campo pierde aceleradamente población en edad de trabajar y la proporción de jefes de hogar de edad avanzada ha aumentado en las últimas décadas. Existe evidencia de que la superficie sembrada en tierras indígenas ha caído en el último tiempo y que la agricultura comercial se ha recogido todavía mucho más que lo que ha sido habitual en la economía reduccional indígena (Bengoa y Valenzuela 1981), que nunca pudo salir realmente del umbral de subsistencia. Las nuevas oportunidades de empleo y las transferencias de subsidios monetarios se han convertido, asimismo, en alternativas frente a una agricultura de subsistencia de bajo rendimiento económico. A diferencia de antaño, se puede conseguir trabajo remunerado en aldeas y ciudades aledañas al campo, que no requieren de ningún esfuerzo inmigratorio permanente ni desplazamientos hacia localidades remotas, como sucedía con la temporada de la fruta en la Zona Central, que recibió por años mucho trabajador mapuche, tanto como la albañilería en madera, que también atrajo —y continúa haciéndolo— migrantes temporales de origen mapuche hacia el centro del país. Los subsidios también se han instalado como una fuente significativa de ingresos monetarios en el campo mapuche. Cerda (2017), en este mismo volumen, llama la atención sobre los problemas de focalización de los subsidios que terminan por favorecer a población no pobre por encima de aquella pobre o indigente. Sus datos muestran que mapuches y no mapuches reciben montos de subsidio per cápita relativamente similares; sin embargo, la distribución de estos subsidios en el continuo urbano-rural es muy diferente. El 36 por ciento de los hogares en zonas rurales tiene el Subsidio Único Familiar, mientras que sólo el 17 por ciento de los hogares en zona urbana posee este subsidio. Además, un tercio de los hogares rurales tiene un miembro del hogar que recibe la Pensión Básica Solidaria de vejez o invalidez, 17 puntos porcentuales más que en los hogares urbanos. Esta drástica diferencia en la Pensión Básica Solidaria muestra el proceso de envejecimiento que está presentando la población rural mapuche.

Los temores acerca de la capacidad que tiene la economía mapuche de albergar y retener población indígena significativa, que han atravesado todo el período reduccional, pueden verse redoblados en la actualidad. La migración por razones educativas es quizás la fuente principal de desplazamientos, sobre todo con una masificación de la educación superior que obliga a trasladarse a grandes ciudades. También hace lo propio el cierre casi definitivo de las posibilidades de generar una agricultura comercial de cierta consideración en suelo mapuche, así como de producir una clase media indígena con base rural. Por contrapartida, debe advertirse acerca de las posibilidades de educación y empleo que ofrece la economía regional de La Araucanía, que modera la migración de antaño, casi toda orientada hacia la Región Metropolitana, que fue siempre más remota y, por ende, más definitiva e irreversible.

La migración por expulsión genera vínculos y en ocasiones la decidida intención de volver, mientras que aquella que sucede por atracción es más descuidada respecto del origen. El patrón de migración urbana está muy bien descrito por Imilan, como una “experiencia migratoria de tipo individual, apoyada en redes y organizaciones de base mapuche, pero de limitada extensión y en pocas oportunidades con vínculos con las comunidades de origen” (Imilan 2017, 87). Originalmente, los migrantes carecían de vivienda y entraban en la ciudad a través de oficios que les proporcionaban algún techo, como la panadería, la policía o la servidumbre doméstica. No se constituyeron barrios mapuches, ni hubo señales de diferenciación étnica en la ciudad. El patrón inmigratorio estuvo, a su vez, ligado a dos procesos de asimilación muy profundos: la desaparición de la lengua y la expansión del matrimonio mixto.

El deterioro de la lengua está descrito por Zúñiga y Olate (2017) en este mismo libro. El declive en la competencia activa en la lengua (habla mapuzugun aunque sea peor que el castellano) en los últimos diez años, según sus datos, es considerable: desde el 40 hasta el 25 por ciento en el área rural y desde el 13 hasta el 7 por ciento en el área urbana, aunque estos datos pueden estar afectados por el incremento de la identificación indígena en este mismo período, que seguramente se acrecienta por el lado de los que tienen menos dominio de la lengua. ¿Por qué sucede esto, sin embargo, también en áreas rurales, donde es poco probable que se haya producido una inflación de identificación indígena? Una posible razón de esta disminución es la radicación de la lengua en los mayores y los efectos del reemplazo generacional. Efectivamente, a medida que aumenta la edad, se incrementa la proporción de mapuches que hablan mapuzugun mejor o igual que el castellano, tanto en el ámbito urbano como rural (ELRI 2016; PNUD 2013). La diferencia es a tal punto contundente que solamente el 6 por ciento de los jóvenes mapuche entre 18 y 29 años entiende la lengua con facilidad, mientras que el 38 por ciento de los adultos mayores de 60 años comprenden la lengua. También llama la atención una caída de la participación frecuente en la ceremonia del nguillatun reportada en Imilan, desde el 23 hasta el 15 por ciento en el área rural, mientras que en el área urbana se mantiene en apenas 3 ciento. Los datos de la encuesta CEP muestran que la pervivencia de la lengua y de la cultura ancestral están radicadas casi enteramente en zonas rurales, y que incluso allí el alcance de estas expresiones de identidad es limitado. Además, éstas se encuentran en franco deterioro. Si la competencia activa en la lengua en el Wallmapu no alcanza a más del 25 por ciento de los mapuches, la participación activa en la ritualidad indígena bordearía una cifra similar según sea el criterio de medición. La capacidad de reproducir la lengua y la cultura se encuentra, por su parte, en un punto crítico. Según Zúñiga y Olate (2017), apenas el 14 por ciento de los mapuches en la zona rural habla mapuzugun con sus hijos pequeños; es decir, la transmisión familiar de la lengua está prácticamente interrumpida, lo que constituye el indicio más desfavorable respecto de las posibilidades de supervivencia de una lengua. Prácticamente toda la transmisión de la lengua y la cultura explícita se hace a través de instituciones y organizaciones secundarias, casi enteramente desprendida del soporte familiar. Estas dificultades de transmisión familiar pueden acentuarse con el envejecimiento poblacional en el campo, pero también con la prevalencia y aceptación del matrimonio mixto en el mundo mapuche.

Los datos censales disponibles señalan que alrededor de la mitad de los mapuches tiene una pareja no mapuche, lo que muestra una amplia apertura exogámica, que se acrecienta con la residencia urbana y el nivel de escolaridad, dos indicadores en creciente progreso. Según cifras del PNUD (2013), el 66 por ciento de los mapuches encuestados que vive en zonas urbanas tiene una pareja no mapuche, una cifra que desciende a 31 por ciento en zonas rurales (también ELRI 2016 ofrece una estadística similar). Un hallazgo relevante remite a la relación entre dominio de la lengua y matrimonio mixto. Aproximadamente, un tercio de los mapuches que están casados con mapuches entiende con facilidad la lengua, mientras que esto sucede sólo en el 11 por ciento de los que tienen pareja no mapuche (PNUD 2013). La probabilidad de transmitir la lengua en el seno de una pareja mixta disminuye considerablemente.

La aceptación del matrimonio mixto (que un hijo o hija se case con un no mapuche) ha sido muy amplia entre los mapuches, no ha variado en la última década y es prácticamente igual en áreas rurales como urbanas. Según Course (2017), en la sociedad rural tener padre y madre mapuche es un signo de mapuchidad que remite al fenotipo mapuche (“parecen mapuches”) y a la competencia lingüística (hablan mapuzugun). El matrimonio mixto champurrea al hijo, aunque su pertenencia a una comunidad indígena puede sostener definitivamente su identidad mapuche, a pesar de que subsiste la convicción de que el lado no mapuche (o winka) tiende a prevalecer (Course 2017). La particularidad del matrimonio mixto radica en que no interrumpe la identificación de los hijos como mapuches, según lo establece la hipótesis convencional de la asimilación, que indica que en parejas mixtas prevalece la identidad del grupo mayoritario. Utilizando datos censales, Unzueta y Valenzuela (2015) mostraron que alrededor de la mitad de los padres en pareja mixta identifican a sus hijos como mapuches y la otra mitad como no mapuches, descartando que exista alguna regla tajante en la clasificación de los hijos de tales parejas. También la experiencia urbana está relacionada con la ampliación definitiva de los contactos intergrupales. González y Mackenna (2017) han estudiado en este mismo volumen las redes de contacto en la población mapuche y observan diferencias entre población urbana y rural: “La mayoría de los confidentes de los mapuches urbanos son no mapuches” (González y Mackenna 2017, 53). El contacto intergrupal influye en la probabilidad de identificarse con el exogrupo, específicamente en la situación de que un mapuche se identifique al mismo tiempo como chileno, y no exclusivamente como mapuche, algo que sí sucede con mayor frecuencia en áreas rurales de bajo contacto intergrupal.

A pesar de todos estos signos inequívocos de menoscabo en la identidad étnica, la imagen del Wallmapu sigue viva en la conciencia mapuche. La encuesta CEP reporta de manera abundante la nostalgia por la sociedad rural, aunque en esto no hay algo exclusivamente indígena, sino una tendencia que atraviesa a toda la sociedad chilena, probablemente hastiada de los rigores de la vida urbana. A pesar de la evidencia, la mayor parte —incluyendo mapuches y no mapuches urbanos— considera que se vive mejor en el campo que en la ciudad. Cerda (2017), en este mismo volumen, ofrece datos que muestran que los ingresos ocupacionales de la población mapuche de la Región de La Araucanía son en alrededor del 23 por ciento menores que los de los mapuches que viven en el resto del país. Por otra parte, la encuesta indica que a los mapuches que viven en el campo no les gustaría que sus hijos se fueran a la ciudad, al tiempo que aquellos que viven en la ciudad desearían —sólo algo menos insistentemente— que sus hijos volvieran al campo (en una medida que sólo en este último caso favorece claramente a mapuches respecto de no mapuches). Volver al campo, por ejemplo, es algo que motiva a tres de cada cuatro mapuches urbanos tratándose de sí mismos, y todavía dos tercios lo consideran un horizonte deseable para sus hijos. Visto desde el mundo rural, sin embargo, muy pocos mapuches confían en que el campo pueda retener (y todavía menos acoger) a los jóvenes, pues piensan que terminarán inevitablemente yéndose, mientras que la ciudad es percibida casi inequívocamente como la ruina de la cultura, una desazón que ha atravesado el mundo rural mapuche durante toda la época reduccional.

La referencia al Wallmapu puede observarse más de cerca a través de lo que se denomina sentido del lugar, un lugar con el que alguien se siente identificado o con el que guarda particularmente apego. El sentido del lugar remite usualmente al lugar de origen (en mapuche, tuwün), pero puede abarcar también la residencia habitual, e incluso el lugar de solaz o veraneo como sucede con muchos de quienes habitan en grandes ciudades a la hora de identificar un espacio de apego. En el caso de la sociedad rural mapuche, el tuwün es un elemento de diferenciación entre el mapuche y el winka: el mapuche tiene un lugar de origen, mientras que el winka vive desarraigado (Di Giminiani 2012). Asimismo, el tuwün determina una manera de ser en el mundo que distingue a un mapuche de otro mapuche en razón justamente de su procedencia. El tuwün debe distinguirse del Wallmapu, es decir, del territorio histórico donde se desarrolló la cultura mapuche y que contiene la memoria de su lucha histórica contra el colonizador. Un estudio reciente sobre el sentido del lugar (ELRI 2016) ha mostrado que la proporción que conserva apego a algún lugar es algo mayor entre mapuches (50 por ciento) que entre no mapuches (40 por ciento). En la Región Metropolitana, específicamente, el 44 por ciento de los mapuches posee un sentido del lugar, mientras que solamente el 25 por ciento de los no mapuches identifica alguno.

¿Dónde se encuentra ese lugar de apego? Los datos indican que éste es abrumadoramente rural, cualquiera sea la población de referencia, confirmando que las localidades rurales suscitan muchísimo más apego que las ciudades. En el caso de la población mapuche se ha podido determinar que el 36 por ciento menciona algún lugar de apego en el Wallmapu, una cifra que alcanza al 28 por ciento de los mapuches que residen en la Región Metropolitana. Alrededor de uno de cada cuatro mapuches que ha migrado hacia la ciudad (al menos hacia la Capital Metropolitana que ofrece el modelo convencional de inmigración) conservaría una referencia simbólica al territorio original. La mayor parte de estos mapuches confirma que el lugar con el cual se sienten identificados (entre aquellos que mencionan un lugar de apego) es un sitio ancestral, lo que indicaría que uno de cada cinco inmigrantes mapuches conserva el sentido del tuwün. ¿Se trata solamente de una nostalgia por el mundo rural desconectada de todo contacto efectivo? El mismo estudio (ELRI 2016) ha mostrado que alrededor del 60 por ciento de los mapuches que actualmente residen en la Región Metropolitana nunca han vivido ni tienen contacto alguno con una comunidad indígena tradicional y aparecen enteramente desconectados con el Wallmapu. La otra parte, en cambio, mantiene alguna clase de contacto, sea porque ha vivido alguna vez en una comunidad y puede considerarse un inmigrante reciente o de primera generación, sea porque tiene familiares cercanos o sea porque incluso retiene algún derecho de propiedad en una comunidad indígena. Ahora bien, quienes identifican algún lugar del Wallmapu como propio son generalmente los mismos que tienen contacto con este lugar.

En la sociedad rural, la “mapuchidad” (en particular la diferencia entre mapuche y winka) está definida por la referencia a la tierra como algo enraizado (Di Giminiani 2012), que incluye sobre todo al tuwün como lugar ancestral. La mapuchidad se afirma en la continuidad entre la tierra y la gente (González 2016), lo que a su vez se sostiene en la descendencia (tener padre y madre mapuche), pero también en la residencia: es más mapuche quien vive en el campo respecto de quien lo hace en la ciudad. En el plano de la cultura, la mapuchidad se afirma en la lengua y en algunos pocos ritos que se conservan menos: nguillatun (ritual de fertilidad mapuche) y palín (deporte tradicional), y casi nada tratándose de los ritos de pasaje, como el lakutün (aproximadamente un bautizo mapuche) y el eluwün (funeral mapuche). Los datos entregados por la encuesta CEP confirman la importancia que se otorga a la lengua como elemento indispensable para mantener la cultura mapuche (primera mención, con 56 por ciento entre mapuches rurales, y una proporción semejante entre mapuches urbanos), pero también que no se otorga casi ninguna importancia a la participación en ceremonias y ritos ancestrales, y en lo que genéricamente se podría llamar “religión” (quinto lugar de precedencia, con alrededor del 15 por ciento de las menciones, también en el campo mapuche).

El lugar de la religión lo ocupa, en cambio, la disposición a conocer la historia del pueblo mapuche (segunda mención en importancia, alrededor de un tercio de menciones con acento entre mapuches rurales). El sentido de comunidad se puede actualizar a través de ritos de naturaleza religiosa (en el sentido clásico que le otorga Durkheim), pero también a través de la memoria, generalmente la memoria oral, que transmite de generación en generación los mitos de fundación o una determinada épica histórica, en lo que Hervieu-Léger (2005) llama el “hilo de la memoria” para definir justamente el hecho religioso. La historia de la resistencia secular del pueblo mapuche contra la colonización de su territorio y luego la expoliación de tierras puede jugar un rol preponderante en esta memoria, que actualmente se expresa también como memoria escrita a través de una intelectualidad pro indígena o derechamente indígena, en lo que se ha llamado “emergencia indígena” (Bengoa 2000). ¿Puede la memoria subsistir fuera de la actualización que le proporcionan las ceremonias y los ritos, es decir, como memoria puramente textual? Algunos autores sostienen que la mapuchidad se sostiene ontológicamente a través del vínculo con la tierra (González 2016), entendida sobre todo como tuwün más que como Wallmapu. Según los resultados de la encuesta CEP, vivir del trabajo de la tierra o en una comunidad indígena tradicional constituyen el tercer grupo de elementos más mencionados para afirmar la cultura mapuche, lo que entrega finalmente una tríada formada por lengua, memoria y tierra como base de la mapuchidad. La descendencia no juega un rol principal, al menos si se considera que casarse entre mapuches apenas recibe alguna mención, lo que confirma la amplia aceptación del matrimonio mixto, a pesar de sus consecuencias devastadoras sobre la transmisión de la lengua. En el otro extremo de la sangre, el reconocimiento constitucional de la diferencia étnica tampoco recibe ninguna mención relevante, lo que muestra que el soporte institucional de la cultura —aunque deseable— no juega un rol decisivo en la determinación de la identidad étnica, algo que puede cambiar, sin embargo, en la sociedad urbana a medida que se institucionalizan políticas de reconocimiento y discriminación positiva que movilizan mucha conciencia mapuche. La mapuchidad puede llegar a convertirse en una definición institucional, al punto de que la identidad se sustituya por la autoidentificación vaciada de toda sustancia cultural.

Las religiones establecidas quedan completamente aparte en la definición de la mapuchidad. La particularidad de la sociedad rural mapuche es la abultada proporción de mapuches que se identifican como evangélicos (38 por ciento en la encuesta CEP, el doble del promedio nacional y casi el mismo porcentaje que tiene la identificación católica). En áreas urbanas, la proporción de evangélicos retorna al promedio que corresponde a la población de menor nivel socio-económico. La identificación católica nunca ha ofrecido fricciones con la identidad étnica. El catolicismo sustituyó los antiguos ritos de pasaje (lakutün y eluwün) y se introdujo, por ende, en el tuwün como comunidad de residencia, descendencia y pertenencia en la comunidad (Di Giminiani 2012). El catolicismo careció siempre de un rito agrario y dejó intacto el nguillatun como ofrenda y rogativa de fertilidad de la tierra. La singularidad de la evangelización capuchina en la zona mapuche es la ausencia de grandes santuarios en todo el Wallmapu y la debilidad consiguiente en la devoción mariana con su énfasis en la cura milagrosa de las imágenes y la formación de una comunidad festiva. El catolicismo pudo implantarse en el tuwün, pero no logró trascender la comunidad de descendencia ni alcanzó a constituir una comunidad ritual por encima de la comunidad de origen.

El origen común se ha seguido afirmando invariablemente por una referencia a la tierra (mapuche = gente de la tierra), que se actualiza en un rito fundamentalmente agrario. Course define la diferencia entre católicos y evangélicos de esta manera: “Mientras ser católico significa que uno bebe alcohol y participa en eventos sociales como el palín, nguillatun y el eluwün, ser evangélico implica que uno se abstiene de participar en cualquiera de estas actividades” (Course 2017, 66). La renuencia evangélica a seguir las “maneras de la tierra” contrasta con su florecimiento en suelo mapuche. La evidencia indica, sin embargo, que la identificación mapuche no se resiente con la condición de evangélico, y debe afirmarse enfáticamente que no hay incompatibilidad entre ser mapuche y ser evangélico. El pentecostalismo penetra sobre todo a través de la eficacia de su rito de sanación (“oración de ungimiento”), que tiende a sustituir al de la machi, que en muchas comunidades ha desaparecido (también documentado por la encuesta CEP: el recurso a la machi ha disminuido de 25 a 16 por ciento en zona rural en apenas diez años). Según González (2016), ambas prácticas —sanación evangélica y machi— remiten a la posesión espiritual como causa eficiente de la enfermedad, lo que puede resolverse a través de la unción profética o del éxtasis chamánico. Course menciona el caso de quienes van y vienen entre el evangelismo y el catolicismo con el relato de Marta —“fui a esos evangélicos cuando estaba enferma” (Course 2017, 66)—, que retorna cuando le prohíben celebrar con alcohol y, por ende, participar en actividades comunitarias. La ausencia de un catolicismo mariano impide establecer un recurso eficaz de sanación (“milagro”), que queda en manos del soporte que puede ofrecer la machi o la comunidad terapéutica del evangelismo.

Ahora bien, el conjunto de estos comentarios apunta en una misma dirección: mostrar las posibilidades de la identificación mapuche en un contexto de declive de la economía rural y de una rápida urbanización. Algunos autores han sugerido que, fuera de su morada cultural, la identidad indígena sólo puede sostenerse políticamente en la conciencia explícita de sí misma que puede adquirir un determinado grupo (Mascareño 2007). Algunos procesos de etnificación urbana pueden estudiarse de esta manera, en especial entre jóvenes de segunda generación, completamente desconectados de todo contacto efectivo y de cualquier referencia simbólica al Wallmapu, y que, no obstante, adquieren conciencia de su condición étnica, generalmente, a través del reconocimiento (más que del desconocimiento) de terceros. La revitalización de la identidad indígena, que se expresa en reconocimiento político y en beneficios sociales, juega un rol considerable, mucho más amplio quizás que la discriminación, que suele ser de bajo calibre y poco reportada en todas las encuestas. Es diferente cobrar conciencia de la propia identidad cuando esta última está socialmente enaltecida en lugar de deteriorada. ¿Cuánto y cómo puede sostenerse, sin embargo, la identidad mapuche en tales condiciones de desarraigo? Lo más inquietante es el declive de la sociedad rural y el deterioro del tuwün, es decir, la incapacidad de afirmar el vínculo con la tierra a través de la pertenencia (por efectos de la migración) y de la descendencia (por disolución de las relaciones de parentesco y afinidad con aquellos que viven en las comunidades). El envejecimiento poblacional en el campo corta la trama de la transmisión cultural (en particular de la lengua), al tiempo que desaparecen las maneras de la tierra en un contexto de abandono progresivo de las labores del campo y de la economía agrícola. El tuwün se mantiene como una referencia viva para quienes habitan en las comunidades, pero lo es mucho menos para quienes emigran hacia las ciudades. Casi todo el proceso de etnificación urbana no tiene ya como referencia al tuwün. Lo que queda en pie es el Wallmapu, que ha adquirido cada vez mayor importancia en la conciencia mapuche, ya no como referencia al origen, sino como actualización de una memoria histórica de la unidad del pueblo en torno a la defensa de un territorio expoliado.

REFERENCIAS

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Cerda, R. 2017. “Situación socio-económica reciente de los mapuches: 2009-2015”. En Aninat, Figueroa & González 2017, 405-434.

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Mascareño, A. 2007. “Sociología de la cultura: La deconstrucción de lo mapuche”. Estudios Públicos 105: 61-112.

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Unzueta, B. & E. Valenzuela. 2015. “Parental Transmission of Ethnic Identification in Mixed Couples in Latin America: The Mapuche Case”. Ethnic and Racial Studies 38 (12): 2090-2107.

Zúñiga, F. & A. Olate. 2017. “El estado de la lengua mapuche, diez años después”. En Aninat, Figueroa & González 2017, 343-374. EP

Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017).

RESEÑA

EL MERCADO AL BANQUILLO*

Sebastián Edwards

UCLA

Sebastián Edwards. Economista y escritor. Henry Ford II Professor of International Economics en UCLA, Los Angeles. Email: sebastian.edwards@anderson.ucla.edu.

* Versión escrita y ampliada de los comentarios realizados durante el lanzamiento del libro de Carlos Peña en diciembre de 2017. Agradezco los comentarios de Leonidas Montes y de Ernesto Ayala.

Al terminar de leer Lo que el dinero sí puede comprar recordé el epílogo de José Ortega y Gasset a La historia de la filosofía, de Julián Marías. Escribió Ortega:

Y ahora, ¿qué más? Julián Marías ha acabado de hacer pasar ante nosotros la accidentada película que es la historia de la filosofía. Ha cumplido su tarea ejemplarmente.

Y recordé estas líneas porque en este libro Carlos Peña lo ha dicho todo, o quizás casi todo, sobre la relación entre el mercado, el dinero y la modernidad. Y lo ha dicho ejemplarmente.

Empecemos por el final: este es un libro importante. Un libro extraordinariamente bien escrito. Un libro que es, a la vez, fascinante e irritante, profundo y directo, complejo y lineal, simple y torcido, suave y abrupto. Es un libro que una vez comenzado no se quiere dejar, y cuando se termina uno quiere continuar leyéndolo. Este libro debiera ser lectura obligada para todo estudiante antes de graduarse de la universidad, independientemente de su disciplina. Deben leerlo nuevos abogados e ingenieros, sociólogos y profesores, arquitectos y médicos, artistas y contadores. Sobre todo, deben leerlo los economistas. Los bisoños y los antiguos. A todos ellos los haría pensar, y les señalaría cómo construir un argumento sofisticado, sin nunca perder de vista el objetivo final, sin hacer trampas ni tomar atajos.

Éste es un libro que admite múltiples lecturas. Se le puede leer como un tratado sociológico, o como una crítica a la economía como disciplina; como una queja sobre la labor de los economistas y su afán de dominar todas las ciencias sociales, o como una alegoría a la modernidad; como una defensa a la libertad de los seres humanos dentro de sociedades crecientemente complejas, o como un tratado de economía política que poco a poco va desmenuzando las ideas que se han debatido en Chile durante los últimos 30 años.

La primera pregunta, por tanto, es: ¿de qué trata este libro, exactamente? Más de alguien podría decir que es una crítica al mercado proveniente de alguien formado en la filosofía y la sociología. Pero basta adentrarse en el primer capítulo para entender que no es eso. El texto es demasiado complejo y profundo como para ser una simple diatriba. ¿Podría ser, entonces, como han dicho algunos comentaristas livianos, todo lo contrario? Una defensa del mercado, defensa quizás disfrazada de un reparo sutil, donde preguntas sucesivas van buscando sus propias respuestas. No. Tampoco se trata de eso. ¿Es, quizás, el objetivo del texto demostrar una vez más la erudición de Carlos Peña, su sentido de la ironía, su habilidad retórica? Cada lector tendrá que decidir por sí mismo cuál de éstos es el objetivo que le ve al libro. Pero, independientemente de cuál sea la respuesta, queda claro que es un libro polémico y fascinante, un libro que a los pocos días de ser publicado ya se comentaba en los salones, en los cafés y en las aulas.

LOS LÍMITES DEL MERCADO Y LA CORBATA VERDE

Al final, creo que la mejor descripción de la temática de este texto es que explora “los límites del mercado”. A lo largo de casi 300 páginas, Carlos Peña analiza si existen ámbitos en los cuales es imprudente, o inmoral, que el mercado opere. Desde hace unos años, una serie de analistas en Chile han argumentado que la mercantilización de áreas como la educación y la salud son una aberración impuesta a la sociedad por el modelo neoliberal lanzado por la dictadura. Otros —o quizás sean los mismos— han argumentado que el “consumismo” ha carcomido el alma de los chilenos, transformándolos en seres fríos y calculadores, cuya única preocupación es satisfacer necesidades espurias e impresionar a sus vecinos. Esta visión, que empezó como una queja casi subterránea en las aulas universitarias, se transformó en un clamor creciente durante las manifestaciones estudiantiles que explotaron el año 2011, y durante las demostraciones masivas de movimientos de protesta y reivindicación de los últimos años. Pero no sólo eso. Además, constituyó el eje del diagnóstico político de la segunda administración de Michelle Bachelet, y las bases de la campaña política de Alejandro Guillier. Desde luego, estos reclamos y críticas no son una exclusividad del caso chileno. Lo hemos visto en Europa, en otros países de América, e incluso en el continente asiático. Pero, a pesar de su universalidad, el texto de Carlos Peña está teñido con una paleta claramente chilena.

Lo que hace Peña, entonces, es usar una batería de argumentos, y recurrir a un enorme número de clásicos de la sociología, de la filosofía y de las ciencias económicas para discutir cuáles son, o debieran ser, los límites del mercado. ¿En qué áreas debiera prohibirse su operación? ¿Cuáles debieran ser las cortapisas impuestas al mercado y al intercambio comercial por parte de la política? ¿Cuáles son los límites al mercado que impone la moral? Al hilvanar esta conversación, Peña intentará discernir si el “consumismo” y el funcionamiento del mercado han tenido un efecto negativo sobre el desarrollo social y político en Chile. Como se sabe, el título —Lo que el dinero sí puede comprar— es un juego de palabras basado en el celebrado volumen del filósofo moral Michael Sandel What Money Can’t Buy, publicado por FSG en el año 2012.

A fin de cuentas, la conclusión de Peña es que el mercado no es tan cruel como pareciera, o como sus detractores han afirmado; el mercado tampoco es fundamentalmente inmoral; menos aún, un destructor de las sociedades, de la familia, de las tribus o del capital social acumulado durante generaciones. Al contrario, nos dice Peña, el mercado tiene un atributo enormemente liberador, un atributo que le permite a las personas ser autónomas, en el sentido de Kant, perseguir sus deseos más íntimos sin nunca tener que revelarlos en forma explícita, ni desnudar su alma frente a sus conciudadanos, permitiéndoles guardar en un recodo de su ser su verdadero temperamento, su personalidad más recóndita y sus ansiedades más profundas. El mercado no es un demonio; es una institución “útil”, que permite democratizar los deseos, las posiciones, los gustos y las inclinaciones de las distintas personas en sus respectivos entornos.

Para ilustrar la característica liberadora del mercado, Peña usa el ejemplo de la “corbata verde”, que Milton Friedman desarrollara en Capitalismo y libertad (1962). Es posible que en una determinada sociedad la inmensa mayoría de los hombres prefieran las corbatas azules, pero si existe un mercado, quien tenga preferencias diferentes y desee una corbata verde podrá obtenerla. Lo único requerido para que esto suceda es que el precio que cobra el fabricante más eficiente por la prenda color renacuajo esté por debajo del “máximo deseo a pagar” (willingness to pay) o “precio de reserva” del consumidor potencial. Vale la pena citar directamente lo que escribe Peña al respecto:

Si en un proceso democrático la mayoría quiere una corbata azul, usted no tendrá su corbata verde, no importa cuán importante sea para usted… Como se ve, el principal argumento en favor del mercado no es necesariamente la eficiencia, sino el hecho de que favorece la expansión y el ejercicio de la libertad concebida como la capacidad igual de los seres humanos de decidir el tipo de vida que quieren vivir [y qué color de corbata quieren usar].[1]

Lo anterior no significa, desde luego, y como se verá más adelante, que el mercado deba ser completamente libre y carecer de toda regulación. Tampoco significa que las leyes del mercado tengan que prevalecer por encima de las decisiones políticas de la sociedad. En esto Peña es sumamente claro, y se apoya en los pensamientos de una serie de autores, incluyendo a Karl Polanyi y George Simmel.

UNA ANÉCDOTA COMO APERITIVO

En mis cursos de posgrado en la UCLA tengo, cada año, 72 estudiantes que cursan el segundo año de su programa. En la primera clase les explico que, de acuerdo a los reglamentos de la universidad, tan sólo 30 de ellos podrán obtener las calificaciones máximas A o A menos. Esto, agrego, nos plantea un dilema que no es trivial de resolver. ¿Cómo distribuir entre los 72 alumnos, todos ansiosos por tener un desempeño excelente, tan sólo 30 calificaciones máximas?

Les explico que hay varias posibilidades. Podríamos, por ejemplo, distribuir las 30 calificaciones excelentes al azar, usando una tómbola o una lotería. Alternativamente, podríamos ocupar un argumento de “necesidad”, con el que aquellos estudiantes que necesitan subir su promedio de notas, para no caer a la categoría de “alumno con matrícula condicional”, obtendrían las mejores calificaciones. Otra alternativa sería usar un sistema arbitrario, con el que los estudiantes cuyos apellidos empiecen con ciertas letras elegidas en forma discrecional reciben las buenas notas. Otra posibilidad es seguir una tradición centenaria, y emplear un sistema basado en el mérito, con el que aquellos estudiantes que obtengan mayor puntaje en los exámenes puedan llevarse las calificaciones más apetecidas. O quizás, termino explicándoles, podríamos vender al mejor postor, en una subasta, las notas de excelencia. Bajo este sistema, quienes estuvieran dispuestos a pagar una cantidad de dinero más alta —quienes manifestaran un willingness to pay más elevado— podrían llevarse las A y A menos.

Llevo haciendo este planteamiento por cerca de 20 años. Nunca, durante este periodo, ni un solo estudiante ha sugerido que las notas sean subastadas y que las mejores calificaciones sean asignadas a quien quiera (o pueda) pagar una mayor cantidad. Más aún, todos están de acuerdo que el criterio adecuado es el basado en el mérito. Pero, claro, cada año, terminado el trimestre, aparece un puñado de alumnos argumentando que debieran recibir una calificación más alta por un tema de “necesidad”. Me explican que van a perder la beca, que tendrán que dejar de estudiar o que estarán en calidad de condicionales, lo cual afectará sus perspectivas de empleo futuro. Pero estos son siempre argumentos ex post.

Vale decir, aquí tenemos un ejemplo de un ámbito donde, de acuerdo al consenso, no cabe el mercado como mecanismo de asignación de la “escasez”. Las calificaciones en un curso universitario son un bien que el dinero “no” puede ni debe comprar. Algo similar se puede decir del voto en un sistema democrático. El voto es personal y secreto, y nadie en su sano juicio argumenta que los votos puedan venderse al mejor postor. (Sin embargo, más adelante, tendré algo que decir con respecto al enfoque económico y el “precio” de los votos).

El mérito de estos dos ejemplos es que van más allá de los casos obvios, como el que uno no debe vender a sus hijos, ni los secretos de la defensa nacional, ni las lealtades al club de fútbol de toda la vida. Estos son “bienes primarios”, en la teoría de John Rawls; bienes que escapan con claridad de los tentáculos de la mercantilización; bienes cuya sola existencia nos dice que hay, efectivamente, un límite al mercado.

CUESTIONES DE ESTILO

A lo largo del texto, Carlos Peña utiliza el estilo al que se han acostumbrado los lectores de sus columnas dominicales en El Mercurio. La frase corta, el comentario punzante, la cita a autores del canon de la filosofía y la sociología, un dejo de arrogancia intelectual, y la pregunta retórica que produce siempre una respuesta drástica, precisa y, a ratos, de autoridad. Tómese, por ejemplo, la siguiente pregunta aplicada a un argumento planteado por Michael Sandel:

¿A qué aspectos del sistema económico o político se aplica un argumento como ése [el argumento de Sandel]?

La verdad es que a pocos. (121)

La pregunta es directa, y la respuesta fulminante viene después de un punto aparte, en un párrafo propio. Un párrafo de tan sólo seis palabras. Sandel yerra, hace una aseveración muy particular, que no es aplicable a casos generales. Ni siquiera eso. El planteamiento de Sandel —nos insinúa Peña— es limitado, casi anecdótico, indigno quizás de un filósofo moral de estatura.

Pero no toda pregunta tiene como objetivo demoler al adversario intelectual. Hay momentos en que el propósito es pedagógico, organizar la discusión, darle un hilo conductor que le permita al lector seguir el argumento con mayor facilidad. Considérese lo siguiente:

¿Hay entonces para Durkheim cosas que el dinero no puede comprar? Por supuesto… (203)

La idea aquí es reafirmar el pensamiento de uno de los padres de la sociología, hacerle ver al lector que los argumentos de Durkheim son sofisticados y que vale la pena seguir pensándolos.

Una de las características de este libro que todo lector debe aplaudir es que incluye una lista de autores citados por Carlos Peña, con indicaciones de la página en que se los cita. Tener este tipo de índice onomástico es una práctica muy antigua en los libros académicos de origen anglosajón, pero lamentablemente es algo que ha estado ausente en las publicaciones en español, sean ellas originarias de América o de España.

Este índice nos permite saber cuáles son los autores más prominentes en el análisis de Carlos Peña, cuáles son aquéllos a los que se refiere con mayor frecuencia, y a quienes considera centrales para desarrollar su punto de vista. Para sorpresa de muchos lectores habituales de Peña, su querido Immanuel Kant está citado tan sólo en 13 oportunidades, un número que, como se verá, es exiguo en comparación con otros autores. De acuerdo al índice referido —que comienza en la página 283, luego de una larga bibliografía de 15 carillas—, el autor más citado es Michael Sandel, con 48 menciones. Otros pensadores que obtienen más de diez referencias son los siguientes (en un orden cualquiera): Karl Polanyi (29), Karl Marx (39), Frederick von Hayek (29), Emile Durkheim (25), Gary Becker (12), Aristóteles (13), Herbert Marcuse (10), J.J. Rousseau (17), Immanuel Kant (13) y George Simmel (19).

Esta lista es más que un simple catastro de carácter deportivo en el que se van anotando los partidos ganados, empatados y perdidos.[2] Nos proporciona una ventana al pensamiento de Peña, a sus prioridades, y a la forma en que el autor va armando el andamiaje de su argumento. Como plantearé más adelante, las ausencias de la lista —aquellos autores que debiendo estar incluidos no lo están— son asimismo interesantes, ya que también nos permiten escudriñar aún con mayor profundidad la mente de nuestro rector.

En lo que sigue, me concentraré en cuatro de los autores más citados —Michael Sandel, Gary Becker, Karl Polanyi y Karl Marx—, y discutiré el rol que ellos juegan en el libro de Peña. Además, comentaré la forma en la que, a mi juicio, su pensamiento ha influido en el gran debate sobre los límites del mercado.

MICHAEL SANDEL: UN HOMBRE DE PAJA[3]

Carlos Peña titula su libro como un contrapunto al exitoso best seller del filósofo Michel Sandel, What Money Can’t Buy. De esto puede colegirse que el texto de Peña es una refutación a Sandel. Pero la verdad es que, si bien Peña rebate al filósofo de Harvard, ambos libros no pueden ser más diferentes. El de Sandel no es un libro erudito ni académico; tampoco es un libro profundo. Esto lo aleja del de Peña. La diferencia resulta evidente de una simple comparación de sus bibliografías y del tipo de autores que en ellas son citados. En el libro de Peña aparecen, una y otra vez, prácticamente todos los clásicos de la filosofía moral, de la sociología moderna y de la teoría económica. Además, y para la irritación de algunos que consideran a Peña un tanto pedante, también aparece una larga lista de autores menores. En contraste, el libro de Sandel está desnudo. No contiene prácticamente ninguna cita erudita ni académica. Mientras Peña habla de Kant, de Aristóteles, de Marx y de Durkheim, Sandel no habla de ninguno de ellos. El único pensador citado en forma sistemática tanto por Peña como por Sandel es el economista Gary Becker, a quien me refiero más abajo.

El texto de Sandel es una colección de anécdotas, de casos específicos, de situaciones que le resultan incómodas, porque, en su opinión, en ellas el mercado ha llegado demasiado lejos. Por ejemplo, Sandel argumenta que es perjudicial remunerar monetariamente a los niños para que lean más libros. Objeta el hecho de que algunas personas puedan pagar para saltarse las filas e ingresar a un evento antes que el resto de los ciudadanos, o puedan abordar un avión sin hacer la espera de la mayoría de los mortales (como es el caso de quienes han pagado un boleto en clase ejecutiva). También le parece mal que parejas infértiles puedan pagarle a una mujer joven para que ésta lleve en el vientre a un futuro niño/a que ella no ha engendrado. Todas estas historias son importantes y plantean un punto de vista muy claro: hay áreas de la vida donde no caben ni el mercado ni la mercantilización. Son ámbitos en los cuales el dinero no debiera entrar, ya que al hacerlo altera la esencia misma de esas actividades o de esos bienes; disminuye las virtudes de la civilidad. Pero la argumentación de Sandel es anecdótica y no académica. Desde luego, ésta fue una decisión deliberada de él y sus editores. De lo que se trataba, justamente, era de escribir un libro popular, al alcance de todos, un libro que vendiera muchos ejemplares. Sandel ya había entregado —en las prestigiosas Tanner Lectures— la versión rigurosa de su pensamiento, versión en la que no faltaron las citas profundas y académicas.

La posición de Sandel está basada en dos puntos de vista: en primer lugar, al permitir que el mercado juegue un rol en la asignación de ciertos bienes o actividades, se estaría “corrompiendo” la esencia misma de ellos. Se los “envilece”.

Hay virtudes que son deseables por sí mismas y que debieran ser parte integral del tejido de toda sociedad. Estas virtudes incluyen la solidaridad, la decencia, la caridad, la empatía, la amistad y otras. Pagarles a los niños para que las cultiven y las adopten transforma a estas virtudes en “mercancías” y, por tanto, las corrompe. Dejan de ser un atributo de la civilidad y pasan a ser un bien transable, vil y vulgar. No se le puede pagar a la gente para que sea más bondadosa, para que sea mejor persona o buena onda, para que honre a su padre o a su madre o tenga un sentido patriótico; no se puede comprar la amistad, tampoco el amor. Todas estas virtudes, sobre las cuales han escrito a través de los siglos una infinidad de filósofos —incluyendo a Adam Smith en su libro Teoría de los sentimientos morales—, deben ser intrínsecas al ser humano, a la persona “buena”, y no deben ser sujetos del intercambio comercial.

Pero Sandel usa un segundo argumento al rechazar la intromisión del mercado en todas las esferas de la vida. Y este argumento tiene que ver con la justicia distributiva, con la capacidad de algunos para poder comprar ciertos bienes o participar de ciertas actividades, como, también, la de otros para no hacerlo. La desigualdad distributiva no es siempre central ni plantea un dilema moral profundo en todos los casos. Pero Sandel diría que hay una serie de actividades en las que la inequidad sí es determinante, incluyendo el acceso a ciertos servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y otros. En esos casos, la desigualdad de ingresos impide que ciertos individuos obtengan ciertos servicios públicos; en otros casos, la desigualdad impide que algunos individuos participen de experiencias que debieran estar abiertas a todos. Un ejemplo que nos da Sandel es presenciar a la Corte Suprema, institución que cumple labores de tribunal constitucional en los Estados Unidos, en plena función. La posibilidad de ser testigo presencial de los alegatos que en ella se hacen debiera estar abierta a todo ciudadano, y no sólo a quienes tienen dinero y pueden pagarle a alguien para que haga la larga y tediosa fila por ellos.

Carlos Peña reconoce, y se hace cargo, del primer argumento de Sandel, el argumento basado en la “corrupción” de ciertos bienes o actividades. Peña razona, en forma lógica y secuencial, y concluye que si bien hay una serie de actividades o bienes relacionados con las virtudes intrínsecas del ser humano, el mercado no las corrompe ni las envilece en forma absoluta. Lo importante es contrastar el grado de “depreciación” de esas actividades que genera el mercado con el grado de liberalización que éste produce.

Pero lo que Peña no hace —o no hace con profundidad— es considerar el segundo argumento de Sandel, el argumento de equidad. Este vacío es curioso, por decir lo menos, porque Peña sí ha escrito sobre la problemática de la desigualdad y tiene opiniones claras sobre ella.[4] Si bien esta ausencia no afecta el argumento final de Peña, sí confirma la idea de que, a pesar del título del libro, su análisis no es sobre Sandel y su texto. El filósofo de Harvard es una mera excusa, un “hombre de paja”. Peña está detrás de algo más grande, de influir en forma decisiva en el “gran debate chileno” de principio del siglo XXI; el debate sobre qué hacer con esta institución compleja, detestada, exitosa, temida y alabada que nos legó la dictadura.

GARY BECKER: EL PADRE DE TODAS LAS TRANSGRESIONES

En el libro de Sandel, Gary Becker —el profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de 1992— es el villano escogido. En cada una de las quejas del filósofo sobre los mercados, aparece Gary Becker como el propulsor de las ideas objetadas. Y como Sandel es el personaje principal en el libro de Peña, por simple transitividad Becker se transforma en uno de los personajes esenciales del libro del rector.[5]

En el año 1976, Becker publicó un libro que revolucionó las ciencias sociales: The Economic Approach to Human Behavior. Si bien se trataba de una colección de artículos ya publicados en diversas revistas científicas, el hecho de que fueran recolectados entre dos cubiertas de cartón permitió a una serie de académicos analizar en forma exhaustiva su pensamiento.

Este libro, más que ningún otro texto, ha sido responsable de que académicos en otras disciplinas acusen a los economistas de un imperialismo rampante, de un deseo por abarcar todos los temas y todos los problemas de la sociedad. Si bien este libro no es, como el libro de Peña, sobre los “límites del mercado”, sí trata sobre los “límites de la disciplina económica”.

Y lo que Becker argumenta es muy simple: la economía como ciencia prácticamente no tiene límites.

Según Becker, la economía es una disciplina útil para analizar en forma fructífera prácticamente todos los problemas sociales, incluso aquellos que tradicionalmente fueron considerados alejados de su órbita. En este texto, Becker usa las herramientas del enfoque económico para analizar en forma precisa y sumamente elegante problemas relacionados con la discriminación racial (capítulo 2); las decisiones políticas en un sistema democrático (capítulo 3); el crimen y el castigo (capítulo 4); comportamientos irracionales (capítulo 8); fertilidad (capítulo 9); “calidad” y “cantidad” de hijos (capítulo 10); teoría del matrimonio (capítulo 11); teoría de las interacciones sociales (capítulo 12), y análisis del altruismo y el egoísmo por medio de la simbiosis entre la economía y la sociobiología (capítulo 13).

La mejor manera de entender la posición de Becker es a través del capítulo introductorio de esta obra. En él, este autor argumenta que el “enfoque económico” es una metodología capaz de explicar prácticamente todo el comportamiento humano. Aclara, de entrada, que lo suyo no es normativo —vale decir, no pretende cambiar las políticas públicas, ni abogar por un sistema de organización social por encima de otro—. Lo que busca, nos precisa, es un enfoque “positivo”, que le permita explicar o dar cuenta de distintos comportamientos de los seres humanos en sociedad. De hecho, Becker critica a Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, por confundir lo que la gente “hace” con lo que la gente “debiera hacer”, lo normativo con lo positivo. Según Becker, esta limitación en el pensamiento de Bentham se tradujo en que muchas de sus ideas fueran circulares y casi tautológicas, y, por tanto, poco interesantes. Escribe Becker:

[Bentham] estaba especialmente interesado en lo que se “debía hacer” —era esencialmente un reformista— y no desarrolló una teoría sobre el comportamiento humano que tuviera muchas implicaciones sujetas a ser probadas [subject to be tested].[6]

En contraste con Bentham, lo que Becker busca es un sistema explicativo; a esas alturas de su carrera tiene poco interés por desarrollar un andamiaje prescriptivo. También, reconoce que hay ciertos aspectos de las ciencias sociales en los cuales la economía no es tan poderosa (aún) como otras disciplinas:

De más está decir que el enfoque económico no nos entrega iguales luces y entendimiento con respecto a todos los aspectos del comportamiento humano: por ejemplo, los determinantes de las guerras y de muchas otras decisiones políticas aún no han sido iluminadas por este enfoque.[7]

La mía fue la primera promoción de estudiantes del doctorado en Chicago —estoy hablando del año lectivo 1977-78— que tuvo que leer este libro de tapa a tapa en el curso de teoría de precios enseñado por el propio Gary Becker. A estas alturas, cuando ya han pasado 40 años de su publicación, es difícil imaginarse el impacto que tuvo en nosotros. Estábamos tan fascinados como escandalizados. Recuerdo como si fuera hoy cuando en ese curso —Econ 310— Becker habló sobre fertilidad. Dijo (obviamente, que después de todos estos años, estoy recordando): “En general los padres aman a sus hijos; los disfrutan, gozan viéndolos crecer. Pero esa satisfacción y goce no son instantáneos. Se van dando de a poco, a través del tiempo. Primero uno decide tenerlos, luego nacen y de ahí en adelante, en forma lenta, uno los disfruta”.

Hizo una pausa, nos miró con detención y sonrió. Luego agregó: “Bueno, los hijos también se sufren, pero eso es fácil de incluir en el modelo matemático sobre la fertilidad; el sufrimiento es, simplemente, un goce negativo”.

En seguida prosiguió: “En ese sentido, los hijos son como un bien durable, como un bien de línea blanca, como un bien que uno compra en un tienda de almacenes un día cualquiera, y cuyos servicios uno va apreciando y disfrutando lentamente a través de la vida; los hijos son como una televisión, como una máquina de cortar el pasto, como una lavadora de platos”.

Aquí el profesor hizo una pausa, y si mi memoria no me traiciona, se mesó los cabellos y esbozó una sonrisa un tanto irónica. Continuó: “Entonces, al analizar el tema de la fertilidad tenemos que decidir, como cientistas sociales, si vamos a considerar a los hijos como un refrigerador o como una lavadora”.

Al escucharlo me dio un ataque de risa, el que tuve que reprimir al darme cuenta de que Becker hablaba con absoluta seriedad. Pensé entonces en mi hija Magdalena, de tan sólo siete meses, y traté de decidir si era más parecida a una licuadora o a una aspiradora.

En el trimestre del invierno de 1978 Becker también disertó sobre el enfoque económico del suicidio. Al escucharlo muchos de nosotros nos sentimos perturbados. Esta reacción se vio amplificada cuando alumnos de cursos superiores nos informaron que su primera esposa se había quitado la vida hacía un par de años. Becker escribe en su libro:

Hasta cierto punto… la mayoría (si no todas) las muertes son un “suicidio” en el sentido de que podrían haberse postergado si más recursos se hubiesen invertido en alargar la vida.[8]

Al final, el “enfoque económico” de Becker es relativamente simple. Arguye que todas las actividades, incluso aquellas que no están sujetas a mercados formales, tienen una función de demanda de parte de los individuos. Y con esta función de demanda aparecen “precios” —implícitos o explícitos— que están íntimamente asociados con ésta. Si el mercado formal existe, ese precio será explícito y podrá ser visto por todos los participantes en ese mercado. Pero, nos dice Becker, cuando el mercado formal no existe, aún existirá un precio, o “precio sombra”, que determina el volumen o cantidad demandada de la actividad o bien en cuestión. Por ejemplo, si el precio del suicidio es bajo, habrá un número elevado de suicidios. Por el contrario, si el precio de suicidarse es alto, el número de éstos será reducido.

El corolario de este principio es tan sencillo como poderoso: si como sociedad queremos aumentar el nivel de cierta actividad —por ejemplo, la lectura entre los niños— todo lo que hay que hacer es descubrir algún procedimiento para reducir su precio sombra. Darles dinero en efectivo a los niños —la prescripción objetada por Sandel— es tan sólo una manera de reducir el precio de la lectura y aumentar su cantidad demandada. Pero hay, desde luego, otras maneras de reducir este precio. Por ejemplo, los libros pueden tener ilustraciones, estar publicados en formatos atractivos o tener tipografías más grandes.

De la misma manera se puede pensar con respecto a las elecciones en un sistema democrático. Becker en ningún momento argumentaría que los votos debieran ser sujetos a la mercantilización y ser comprados y vendidos. Pero lo que sí diría es lo siguiente: si un país está preocupado porque muy poca gente acude a las urnas, debe implementar políticas que reduzcan el “precio sombra” de votar. Esto puede hacerse por medio de la implementación, por ejemplo, del voto electrónico, el voto a distancia, el voto por correo, el voto por internet o el voto anticipado. En los países donde estas medidas han sido implementadas la participación electoral ha aumentado fuertemente, tal como lo hubiera previsto Becker.

A finales de 1978, me acerqué a Becker para pedirle mayor información y lecturas sobre el tema del suicidio. Después de una breve conversación, me recomendó que leyera el libro The Savage God,[9] de Al Álvarez. En esta obra, el escritor inglés proporciona una detallada historia social del acto de quitarse la vida, y explica cómo la actitud de la sociedad con respecto a los suicidas fue cambiando a través del tiempo.[10] En la época de los romanos, cuando alguien se suicidaba, sus bienes eran confiscados y traspasados al Estado. Éste era un impuesto al suicidio, impuesto que pagaban los deudos y no el suicida propiamente tal. En Inglaterra, durante siglos, los suicidas no podían ser sepultados en los cementerios. Más aún, en muchas localidades, eran enterrados en la intersección de dos caminos concurridos, para que de esa manera los carruajes pasaran sobre sus cuerpos, impidiendo que sus espíritus pudieran levantarse y penar a deudos o enemigos. Además, al ser una intersección, estaban enterrados bajo una cruz. Con el tiempo, estas prácticas fueron suprimiéndose, y poco a poco los suicidas fueron tratados como cualquier difunto. Desde un punto de vista del enfoque económico, esto significa que el “precio sombra” de cometer un suicidio ha disminuido, lo que explica, en parte, que su número haya aumentado a través del tiempo.[11] Esta explicación, que a muchos lectores de este ensayo, en pleno siglo XXI, puede parecerles ofensiva, es para un economista de formación neoclásica completamente normal, obvia y aceptable.

POLANYI Y MARX

En el texto de Carlos Peña, el húngaro Karl Polanyi y su libro La gran transformación, de 1944, juegan un rol importante. Ese texto, que en un comienzo fue prácticamente ignorado por todos los intelectuales, ha ido creciendo en influencia a través del tiempo, y hoy es lectura obligatoria por los críticos del mercado.

El punto central de Polanyi es la imposibilidad del “mercado autorregulado” como una construcción económico-social que resulte en un mayor bienestar para la sociedad. Si al mercado se le permite funcionar sin ninguna cortapisa, terminará siendo dominado por grandes empresas, por bancos multinacionales, por intereses espurios, los que una y otra vez abusarán de la gente común y corriente. Para que el mercado cumpla eficientemente y en forma justa el rol de asignador de recursos, es necesario que esté sujeto a un conjunto de regulaciones.

Hoy estas proposiciones parecen, para la mayoría de los analistas, incluyendo un número importante de economistas neoclásicos, bastante obvias. Como escribió Joseph Stiglitz en su introducción a la última edición del libro de Polanyi (énfasis agregado):

Hoy no hay un apoyo intelectual respetable por la proposición de que los mercados, por sí mismos, nos llevan a resultados eficientes o equitativos. Cuando la información en los mercados es incompleta —lo que sucede prácticamente siempre— existen intervenciones que en principio podrían mejorar la eficiencia de la asignación de recursos. Nos hemos movido, en general, a una posición más equilibrada, que reconoce tanto el poder como los límites de los mercados, y la necesidad de que los gobiernos jueguen un rol importante en la economía, aun cuando los límites de ese rol siguen estando en disputa. Existe un consenso general, por ejemplo, sobre la importancia de que los gobiernos regulen a los mercados financieros, pero no hay acuerdo sobre cuál es la mejor manera de hacerlo.[12]

Para Polanyi —y también para Stiglitz, y algunos de sus discípulos como Dani Rodrik—, la globalización es la gran causante de los abusos del capitalismo moderno. Según Polanyi, en un sistema en el que se permite la libre circulación de mercancías entre países, el capital es capaz de imponer sobre el trabajo condiciones mínimas, paupérrimas en realidad. Vale decir, mientras el capital con su movilidad —o por medio de amenazas de dejar un país para buscar rentas superiores en otros— logra una máxima tasa de retorno, el trabajo está sujeto a la ley del mínimo denominador. En su libro, Polanyi argumenta que la única manera de enfrentar esta situación es por medio de la creación de sindicatos fuertes y de un movimiento obrero articulado internacionalmente. Sus seguidores del siglo XXI reconocen, ciertamente, que en la época actual esto no es posible. El sustituto de este movimiento obrero internacional es, para ellos, ponerle atajo a la globalización propiamente tal por medio de políticas más o menos proteccionistas que van variando de país en país, de acuerdo a las preferencias políticas de sus ciudadanos.

Es importante reconocer que las esferas de análisis de Sandel y Polanyi son diferentes. A pesar de que, por un lado, la crítica del primero parece ser total, y afectar al sistema de mercado como un todo, en realidad no lo es. Es una queja específica, más moral que política, centrada en la invasión que el mercado ha hecho a ámbitos en los cuales tradicionalmente estuvo ausente. La crítica de Polanyi, por otro lado, es más general, más ambiciosa, mucho más global. Lo de Polanyi tiene que ver con el sistema político como un todo y con el hecho de que, en su opinión y de acuerdo a su análisis histórico, un capitalismo desenfrenado —el capitalismo que mercantiliza todo— desemboca necesariamente en dictaduras cruentas. Para Polanyi, como se dijo, la solución es limitar la globalización y desarrollar un fuerte movimiento obrero con sindicatos poderosos operando a lo largo y ancho de distintas industrias. Si bien nunca trató el tema, mi sospecha es que, si el sistema capitalista fuera adecuadamente regulado, la globalización se mantuviera controlada y el movimiento obrero tuviera poder, Polanyi no objetaría la existencia de un programa que premiara monetariamente a los niños que leyeran un mayor número de libros cada semana. Es interesante notar que, a pesar de que Polanyi acuñó el término “mercantilización” para referirse a que el intercambio comercial invadía cada vez más áreas de la sociedad, Sandel no cita al intelectual húngaro en su propio libro.

Si bien el libro de Polanyi tuvo muy pocos lectores en su primera edición —entre 1944 y 1945 vendió tan sólo 1.701 ejemplares—, influenció en esos años a ciertos académicos en la esfera de relaciones internacionales, y a algunos historiadores. En particular, varios de estos pensadores apoyaron la tesis de Polanyi que planteaba que un capitalismo no regulado terminaba, necesariamente, en regímenes políticos autoritarios como el fascismo y el nazismo. Más recientemente, sin embargo, un nuevo grupo de académicos han argumentado que Polanyi erró en sus análisis, al no contemplar los desarrollos en países de la entonces periferia, algunos como Australia y Nueva Zelandia, donde el capitalismo tuvo un nivel de regulación mínima y, pese a esto, la democracia representativa continuó funcionando sin mayores problemas durante la Gran Depresión e incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el hecho de que en 1956 Polanyi haya apoyado la invasión soviética a su país de origen, Hungría, le fue quitando credibilidad entre círculos de académicos e intelectuales.[13]

En Lo que el dinero sí puede comprar, Carlos Peña cita profusamente a Karl Marx. Debo reconocer que en un comienzo esto me pareció sorprendente e innecesario. En mi primera juventud, y bajo la tutela de profesores como Marta Harnecker y Theo Dos Santos, estudié con detención a Marx. Nuestras lecturas, como narré en mis memorias Conversación interrumpida[14], fueron exhaustivas y en gran parte fueron hechas a través del prisma de Louis Althusser. La fascinación inicial y las lecturas desprovistas de un ángulo crítico dieron paso, con el tiempo, a una evaluación escéptica sobre las contribuciones de Marx a la economía. Con el pasar de los años, he llegado a concluir que, si bien sus escritos contribuían a la polémica del momento, es poco —casi nada, en realidad— lo que ha sobrevivido como elemento importante en la teoría económica moderna. En ese sentido, es interesante comparar la teoría monetaria de Marx con la de David Hume, un autor que lo antecedió por más de un siglo. Mientras Hume es sofisticado, profundo y visionario, Marx es mecánico y reduccionista.

Sin embargo, el enfoque de Marx que Carlos Peña rescata en este libro no es el del Marx “economista”, sino el del Marx “sociólogo”. De esta manera, Peña enfatiza las posiciones de Marx con respecto a la organización de la sociedad, a su segmentación, a sus dinámicas y a la organización de los consumidores, dejando de lado —ignorando dirán algunos— el aspecto productivo que es central a la teoría económica marxista. Si bien éste no es el lugar para profundizar sobre esta cuestión, es importante notar que en la teoría de Gary Becker la producción juega un rol central, especialmente la producción que se realiza dentro de cada hogar, al combinar bienes comprados en el mercado con el tiempo de sus moradores.

LENGUAJE Y CRÍTICA

Como ya se dijo, una de las lecturas posibles del libro de Carlos Peña es verlo como una queja (o crítica) al afán imperialista de los economistas por dominar todas las ciencias sociales. Es menester reconocer —y especialmente debe reconocerlo un economista que ha dedicado toda su vida a la labor académica— que existe entre los académicos de otras disciplinas una antipatía hacia los economistas. Es algo sabido y reconocido. Cada vez que en el Faculty Club uno conoce a algún colega de otro departamento, uno sabe que habrá una reacción especial, un gesto adusto, un reproche casi imperceptible, al enterarse de que uno es economista y está adscrito al departamento de economía o a la escuela de negocios.

Creo que en parte esta antipatía es justificada. Pero, al mismo tiempo, creo que también hay una falta de entendimiento, un malentendido que nace, en parte, por el uso que hacen los economistas del lenguaje.

Lo que es particularmente interesante —y aquí no me estoy refiriendo sólo al libro de Peña— es que este malentendido se ve acrecentado cuando la discusión se lleva a cabo en el idioma español. La razón de esto es que en la base misma de lo que Becker ha llamado el “enfoque económico” se encuentra una palabra que nos lleva a equívocos. En español se dice que los economistas creen que el objetivo central de todo individuo es maximizar su función de utilidad. El problema, desde luego, tiene que ver con la palabra utilidad, que en español muchas veces es sinónimo de “ganancia monetaria” o “renta”. En Chile, por ejemplo, se habla de las “utilidades de una empresa” para referirse a la diferencia neta entre sus ingresos y egresos. Es comprensible que cuando un economista dice que la mejor manera de explicar el comportamiento humano es suponer que todos los individuos quieren maximizar su “utilidad”, quien lo escuche se sienta incómodo, y piense que su interlocutor está reduciendo todos los aspectos de la vida humana a un tema puramente monetario y contable, a una diferencia entre el ingreso y los costos monetarios.

Sin embargo, lo que los economistas quieren decir es otra cosa. De hecho, la palabra utility en inglés, que es la palabra usada por los economistas para hablar de lo que define el comportamiento humano, no significa “ganancia monetaria” o “renta”. Una traducción más correcta sería decir que lo que los individuos buscan es maximizar su bienestar, bienestar que muchas veces está asociado a la felicidad de otros, al desempeño de la sociedad como un todo, al nivel de vida de amigos y familiares; en otras palabras, que está relacionado a cuestiones que van mucho más allá del entorno puramente individualista.

Uno de los puntos sobre los que Gary Becker insiste, una y otra vez, es que en las “funciones de utilidad” de las personas caben todo tipo de preferencias, de inclinaciones, de ideas y de deseos. De estas “funciones de utilidad” se pueden derivar actuaciones absolutamente consistentes con las virtudes humanas de las que habló Adam Smith en su libro Teoría de los sentimientos morales, o las planteadas por la Iglesia Católica o por una enorme cantidad de filósofos morales. De una función de utilidad puede emerger una actitud completamente solidaria; una preocupación por el bienestar de los demás, por la preservación del medio ambiente, por la justicia y la honorabilidad, por la paz y la tolerancia, por la inclusividad y la equidad. En ese sentido, y exagerando tan sólo un poco, se puede decir que, como aseveró Paul Feyerabend en el contexto de la filosofía de la ciencia, “todo es posible” o “anything goes”. De hecho, y como se dijo anteriormente, en los capítulos 12 y 13 de su libro de 1976, Gary Becker desarrolla modelos matemáticos y formales con los que explica todo tipo de interacciones sociales, incluyendo comportamientos altamente altruistas o preocupantemente egoístas. Vale decir, en ningún momento el enfoque económico elimina la posibilidad de este tipo de actuaciones. Lo que el enfoque económico hace es otra cosa: predecir que si el “precio sombra” de una acción altruista disminuye, habrá más altruismo.

Otra confusión lingüística, que no aparece directamente en el libro de Peña, pero que tiene una importancia central en las discusiones políticas chilenas de principios del siglo XXI, tiene que ver con el concepto económico de “consumo”. Sebastián Piñera se metió en serias dificultades políticas cuando a principios de su primera administración afirmó que la educación era un “bien de consumo”. La respuesta de los estudiantes, de los políticos de izquierda, de los observadores en general, fue que esta aseveración era profundamente incorrecta. Argumentaron que, en contraste con lo que dijo Piñera, la educación era un “derecho social”.

Pues, resulta que para un economista la educación puede ser simultáneamente un “bien de consumo” y un “derecho social”. El punto es el siguiente: cuando un economista habla de un bien de consumo lo está contrastando con lo que se llama un “bien de inversión”. Mientras el primero se disfruta en el momento mismo en que se obtiene —esto, independientemente de si se obtiene por medio de una adquisición monetaria o si es recibido como parte de los proyectos sociales de un gobierno—, el segundo (el bien de inversión) sólo es disfrutado mucho tiempo después, una vez que el proceso mismo de inversión ha terminado, y el proyecto en cuestión empieza a dar frutos. Un economista hubiera interpretado la palabra de Piñera como un planteamiento en el que se dice que el hecho de estudiar tiene ciertos aspectos que se disfrutan en el momento mismo en que se está estudiando —la camaradería, los nuevos conocimientos, el entusiasmo que producen nuevas ideas, la interacción con profesores generosos e iluminados—, y que hay ciertos efectos de la educación que sólo rinden fruto en el tiempo, en la medida en que el individuo va ejerciendo su profesión, y va avanzando en la misma.

Otra área, u otro concepto, en la que suele darse una confusión lingüística —área que sí está directamente relacionada con el libro de Carlos Peña— tiene que ver con “bienes públicos”. En general, para los lectores no especialistas en economía, un bien público es uno que es provisto por el Estado o al cual debieran tener acceso todos los ciudadanos; son bienes que tienen relación con lo que Habermas llamó “la esfera pública”. En Chile, la discusión sobre la reforma universitaria y sobre la gratuidad de la educación superior ha girado en torno al argumento de que muchas universidades que son privadas operan en la esfera de “lo público”; en este argumento el rector Carlos Peña ha tenido un rol central, al hablar de la misión, de la gobernanza y del objetivo último de la universidad que él mismo lidera.

En su libro, y al criticar ciertas ideas de Sandel, Carlos Peña habla de “bienes públicos” de la siguiente manera (el primer énfasis es mío):

El empleo de mecanismos de mercado para proveer bienes tradicionalmente públicos… descansa en la distinción entre la provisión de un bien y su financiamiento. Se ha llegado así a la conclusión de que un bien puede ser proveído por privados pero financiado con cargo a rentas generales o proveído por el Estado pero financiado con renta actual o futura de quienes acceden al bien... En el primer caso, por ejemplo, se sitúa la provisión de educación gratuita por parte de privados. (121-122)

Con respecto al mismo tema, Peña también escribe (el énfasis es mío):

El argumento de Sandel es menos relevante para la política de lo que parece y menos crítico de las políticas públicas de lo que aparenta. Él no se dirige ni a los mecanismos de mercado para proveer bienes públicos ni tampoco al empleo de sistemas contributivos para acceder a ciertos bienes que son los rasgos más propios de la modernización con tintes neoliberales a cuya crítica suele asociarse, erróneamente como veremos, su texto. (121)

Este uso del concepto del “bien público” en el texto de Peña es más cercano al de Habermas y la teoría crítica que al de los economistas. El rector no está hablando aquí de bienes sin rivalidad en el consumo, de bienes compartidos ni de bienes para los que, en el lenguaje de los economistas, las demandas se deben sumar en forma vertical y no, como se hace en forma habitual, horizontalmente. Para los economistas, un bien es “público” cuando se da la condición de que el consumo de una persona no impide que el bien se consuma por otra. Pero en los dos párrafos citados más arriba Peña está hablando de otra cosa, a la que también se refiere como “bien público”.

LAGUNAS, REPAROS Y EXTENSIONES

La obra de Carlos Peña es, como se ha dicho, enormemente erudita. Está repleta de citas y de alusiones a autores importantes, llena de síntesis sobre las ideas de los gigantes de las ciencias sociales, la economía y las humanidades. Por ello, resulta un poco absurdo pedirle que se hubiera referido a otros autores, que se hubiera adentrado en los laberintos de los pensamientos de otros académicos. Esta petición refleja una actitud golosa. Pero, como dicen, en pedir no hay engaño. Al terminar de leer este libro y reflexionar sobre él, me parece que hay algunos autores cuya inclusión en el análisis lo hubieran enriquecido.

Un primer autor cuya ausencia me sorprendió fue Robert Putnam y su análisis sobre el capital social en Italia. En su libro de 1993 Making Democracy Work, Putnam investigó por qué la productividad y el bienestar económico eran tanto más altos en el norte de Italia que en el sur de ese país. Su conclusión fue que mientras en el norte la confianza interpersonal era muy elevada, en el sur prácticamente no había “capital social”. En las zonas de Nápoles y de Sicilia cada familia se valía por sí misma, no confiaba en los vecinos, y, por tanto, no emprendía ningún proyecto que contemplara a la comunidad como un todo. El norte de Italia se parecía al sur de Alemania o de Suiza, mientras que el sur italiano tenía características similares a los países de América del Sur, y en particular a la Argentina. En un trabajo posterior, Bowling Alone, del año 2000, Putnam extiende su análisis al caso de los Estados Unidos, e ilustra cómo una serie de instituciones que permitían a los vecinos vivir experiencias comunes, que les permitían conocerse y confiar los unos en los otros, habían empezado a apagarse en las distintas ciudades de la Unión. Una de estas instituciones eran las ligas de palitroque (bowling), las que después de haber sido enormemente exitosas entre 1950 y 1975, y haber aglutinado a vecinos, a personas que vivían en la misma cuadra o en el mismo barrio, empezaron a desaparecer.

Con menos capital social hay menos confianza interpersonal, menos colaboración, menos solidaridad, menos externalidades positivas y una productividad más baja. Pero quizás el punto más importante fue constatar cuán fácil era destruir el capital humano en la sociedad moderna. En particular, los grandes proyectos inmobiliarios que arrasaban con barrios completos para poder construir grandes torres de departamentos, torres modernas con baños higiénicos y servicios de última generación, aniquilaron este capital social. Desde cierto punto de vista, estas torres significaban un avance urbanístico, pero al mismo tiempo despedazaban a los pequeños almacenes, eliminando los lugares de encuentro de los vecinos, lugares donde se cultivaba y reproducía la confianza interpersonal. Y sin este capital social estos barrios, que alguna vez fueron tranquilos y acogedores, amables y prometedores, se fueron transformando en barrios duros, con pocas posibilidades de empleos e ínfima colaboración entre los vecinos. Las nuevas estructuras habitacionales, construidas siguiendo principios estrictos de mercado, impedían un desarrollo social más amplio, más inclusivo. Un análisis del capital social en el contexto de Putnam provee, claramente, razones adicionales para pensar que hay ciertos límites para el mercado.

Si bien éste no es un libro sobre filosofía moral —tema en el que Carlos Peña se adentra en otras de sus obras y en muchas de sus columnas dominicales— sí es un libro en el que lo moralmente correcto juega un rol muy importante. Así, al ir armando el edificio de su pensamiento, Peña cita, aquí y allá, a los clásicos de esta disciplina. Creo que el texto se hubiera enriquecido con la adición del pensamiento del filósofo británico Derek Parfit. Este académico de Oxford, que falleció en enero de 2017, escribió muy poco, pero lo que puso sobre papel ha sido enormemente influyente. En su último libro —un esfuerzo enorme que consta de tres volúmenes—, titulado On what matters, Parfit intenta desarrollar una teoría general sobre “lo moral”, y argumenta que las filosofías de Bentham y de Kant no son antagónicas después de todo. Según Parfit, ambos filósofos intentaron subir la misma montaña, pero lo hicieron por caras diferentes. Lo que hace que este autor sea relevante para la discusión de Peña es que Bentham, con su utilitarismo a ultranza, es el filósofo más frecuentemente asociado al punto de vista económico neoclásico, y en particular al punto de vista que emana de la Universidad de Chicago.[15] De otro lado, Kant es el filósofo del deber, quien plantea la necesidad —el imperativo realmente— absoluta o categórica de vivir la vida de acuerdo a ciertas reglas. Si ambas posiciones pueden combinarse en una teoría general —cosa que otros filósofos modernos, como Thomas Scanlon, dudan—, sería posible interpretar las proposiciones centrales de la teoría económica, incluyendo aquéllas referidas a los límites del mercado, de una manera más amable y menos crítica.

La economista estadounidense Deirdre McCloskey ha publicado durante los últimos años una obra, en tres volúmenes, en la que trata de explicar cuáles fueron las principales fuerzas de lo que llama “el gran enriquecimiento”.[16] La pregunta para McCloskey es qué estuvo detrás del enorme aumento de ingreso y de la riqueza mundial a partir de 1800. Las respuestas tradicionales de los economistas e historiadores económicos han sido que a partir de ese momento el mundo pudo aprovechar una gran revolución tecnológica, y empezó a acumular capital —tanto físico como humano— y a mejorar la salud de las personas. Estos tres factores —mayor capital, mejores habilidades de la fuerza del trabajo y mayor productividad— constituyen hasta el día de hoy la tríada del crecimiento económico. De hecho, en cualquier país toda discusión sobre cómo acelerar la tasa de expansión económica en el largo plazo terminará centrándose en estos tres factores, a los que habitualmente se les suma tener “buenas instituciones”, incluyendo un estado de derecho apropiadamente definido. Para Deirdre McCloskey, el centrarse en estos tres elementos es casi una trivialidad. Es obvio que para producir se necesitan máquinas, trabajadores y algún tipo de tecnología. Por tanto, es evidente que, si queremos aumentar la producción, hay que expandir estos tres factores, ya sea uno a uno o los tres en su conjunto. También resulta innegable que estos tres factores se combinarán de una manera más eficiente si el marco institucional es más amable y más respetuoso del estado de derecho (rule of law).

Lo importante, dice McCloskey, es entender por qué este proceso de acumulación y de mejoras tecnológicas e institucionales sucedió exactamente cuando sucedió, y no antes o después. Y para ella la respuesta es que alrededor de 1800 la nueva clase burguesa que había surgido a fines del feudalismo considera una virtud el progresar, ser eficiente, esforzarse y trabajar más duro. Más específicamente, a partir de esa fecha los burgueses habrían empezado a celebrar el éxito de otros, a adoptar las ideas del prójimo, a colaborar para hacerlas aún más poderosas y tener un efecto más potente sobre el proceso productivo. Esto, nos dice McCloskey, estuvo acompañado entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX del desarrollo de un pensamiento liberal que celebraba el deseo de las personas de perseguir un proyecto individual, lo cual era posible de hacer debido al rápido desarrollo del mercado como institución, gracias a la “mano invisible”. Es justamente en este lugar donde la posición de McCloskey y la de Peña confluyen.

Pero las ideas de McCloskey no terminan ahí. Están también los grandes villanos en su historia: son los intelectuales que surgen a mediados del siglo XIX, y que empiezan a cercenar, boicotear y atacar desde todos los puntos de vista las virtudes del burgués. Así, lo que en un principio aparecía como virtuoso se transformó, sobre todo en los círculos intelectuales y académicos, en algo deplorable, detestable, que debía ser desterrado de la sociedad. Poco a poco la palabra burgués —o mejor dicho pequeño burgués— se transformó en un adjetivo negativo, en una suerte de insulto, en una muletilla que se usaba en forma jocosa para burlarse de algunos y de sus pretensiones.

La actitud “imperialista” de los economistas ha sido asociada, tradicionalmente, a una posición políticamente conservadora, cercana a la Universidad de Chicago. Esto es por el rol que jugaron en el desarrollo del “enfoque económico” los premios Nobel Milton Friedman, George Stigler y, particularmente, Gary Becker. Sin embargo, recientemente, George Akerlof, economista de la Universidad de California, Berkeley —un reducto claramente progresista—, y también Premio Nobel, desarrolló un enfoque que también pretende utilizar la metodología de la economía para analizar todo tipo de situaciones sociales. En su libro Identity Economics (Princeton University Press, 2010), Akerlof y su coautora, Rachel Kranton, arguyen que es posible ampliar el enfoque de Becker y generar mejores predicciones sobre el comportamiento humano. En particular, sostienen que al relajar uno de los principales supuestos de Becker —el que las preferencias de los individuos son estables en el tiempo y no se alteran de acuerdo a la situación que están viviendo— es posible darle aún mucho más poder de predicción al “enfoque económico”. Según estos autores, los individuos tienen más de una “identidad”, y su función de preferencias cambia de acuerdo a la “identidad” bajo la cual están viviendo en un momento particular.

Así, Carlos Peña tiene una identidad diferente cuando está actuando como rector a cuando es columnista, o cuando se desempeña como miembro de su familia o departe con un grupo de amigos de la época escolar. Estas identidades diferentes, al ser incorporadas en las funciones de preferencia, generan comportamientos que en un principio podrían parecer contradictorios, pero que si son analizados desde el punto de vista de Akerlof y Kranton no lo son. Así, por ejemplo, un individuo puede ser a veces consumista y a veces austero; a veces bromista y otras melancólico; a veces estudioso y otras amante del esparcimiento. Dentro de este contexto, el mercado juega un rol muy importante, al permitirles a los individuos poder manifestar sus distintas identidades en forma libre, autónoma y anónima.

LA TORTA DE FRIEDMAN Y CARLOS PEÑA

En diciembre de 2017, una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el periódico en línea El Mostrador entrevistó al economista Nicolás Grau, a quien sindicó como el “cerebro económico” detrás del programa del Frente Amplio. Ésta es una entrevista que vale la pena mirar y escuchar con detención.[17] En ella, Grau habla del alcance del mercado, y plantea que para su conglomerado éste no debiera inmiscuirse en las esferas de la educación, la salud y la vivienda. Pero esto no es lo importante de la entrevista; esto ya lo sabíamos. Lo interesante es que Grau dice que a él personalmente no le gusta el mercado en general, o en absoluto; no le gusta que las relaciones humanas se basen en el intercambio entre distintos individuos; él prefiere la solidaridad al intercambio. Y agrega (y aquí estoy parafraseando): “Pero, como a través de los años la izquierda no ha sido capaz de plantear un sistema alternativo al mercado, un sistema que lo reemplace en forma eficiente, vamos a tener que seguir viviendo con él”. Si bien en esta entrevista Grau no se refiere al libro de Peña, ni al desarrollo intelectual detrás de sus ideas, su planteamiento sobre la inexistencia de una verdadera alternativa al mercado es muy decidor. Es, en cierto modo, un apoyo a la tesis de Carlos Peña que viene de un lugar inesperado.

Durante la década de los sesenta, Milton Friedman ayudó a popularizar un dicho anglosajón del siglo XVI: “No puedes comerte la torta y quedarte con ella al mismo tiempo” (en inglés: “You cannot have the cake and eat it too”).

Este dicho ilustra en forma muy clara y visual el hecho de que en la vida real existe una serie de dilemas (en inglés: trade offs) que obligan a las personas, y en particular a los consumidores, a tomar decisiones: o me como la torta o me quedo con ella. Pero si me la como, ya no la tengo; y si decido quedarme con ella, no me la puedo comer.

Pero en este libro Carlos Peña logra lo casi imposible: consigue comerse la torta y quedarse con ella al mismo tiempo. Me explico: en el capítulo final, apropiadamente titulado “Algunas conclusiones”, sintetiza el tema de su libro como una especie de competencia entre “la economía” y “la política”. Se pregunta nuestro rector:

¿Será verdad que el mercado es superior a la política? (257)

La respuesta demora en llegar. Y cuando llega, llega de a pedacitos, con lentitud. Pero llega, y eso es lo importante. Luego de volver sobre el argumento de las corbatas azules y verdes de Milton Friedman, Peña nos dice:

Pero lo anterior [el ejemplo de la corbata verde] no significa que el mercado sea superior a la política… [M]ientras el mercado permite todas las preferencias [incluso las corbatas verdes] y las agrega o las suma, la política democrática obliga a esgrimir razones que se consideran ex ante admisibles por un conjunto de reglas equitativas e imparciales. A esto se le llama democracia en un sentido deliberativo y ella provee un mecanismo de decisión que el mercado no podría. (263)

El lector impaciente puede caer en la trampa que le ha tendido Peña, y pensar que al final la política ha ganado el match, que ha resultado vencedora, que se quedará con la medalla de oro y subirá a la tarima de los vencedores en el lugar más alto. Pero Peña tiene un as escondido bajo la manga, un argumento que demostrará que Milton Friedman no tenía toda la razón cuando habló de las tortas que se podían comer o se podían guardar. Nos pregunta al rector:

¿Significa lo anterior que la política es superior a un mecanismo de coordinación como el del mercado y que podríamos prescindir de este último? (265)

Ahora, en los minutos finales del partido, la respuesta llega enseguida, no se hace esperar. A renglón seguido nos dice Carlos Peña:

No, en absoluto. (265)

Y raudo, sin darse respiro, continúa:

El mercado provee bienes de mucha importancia para la vida democrática. Como hemos visto, al hacer más abstractas las relaciones sociales crea un espacio de libertad subjetiva, desangra las posiciones sociales haciéndolas más móviles, permite que las personas se editen a sí mismas mediante el consumo y, sobre todo, hace posible que la gente se relacione y coopere con otra sin necesidad de aplicar sus preferencias individuales. (265)

Y luego, con elegancia, viene el remate:

Pero si el mercado es imprescindible… Lo mismo vale para la democracia. La modernidad, se dijo al inicio este libro, es una época ambigua, los habitantes de ésta aspiran a conducir sus vidas conforme a sus preferencias, pero también quieren saber que comparten un mundo con otros, que pueden adoptar decisiones comunes en diálogo con ellos. (265)

Como dije al empezar este ensayo, el lector habitual de Carlos Peña se sentirá un tanto decepcionado al ver que Immanuel Kant no es el autor más citado de esta obra. Pero quien persevere y la lea hasta el final se sentirá reconfortado. Carlos Peña termina su magnífico libro recordándonos que fue justamente Kant quien dijo que lo que distinguía a la condición humana era su “sociable insociabilidad”. EP

1 Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017), 164. En adelante, este libro será citado tan sólo mencionando la o las páginas entre paréntesis.

2 Recuérdese el ensayo de Nabokov sobre el Quijote, en el que plantea las aventuras y cuitas de Sancho como un partido de tenis al que le va asignando resultados parciales.

3 El término “un hombre de paja” viene de la expresión en inglés a straw man, y refiere al hecho de que ocasionalmente un autor construye un adversario de paja, al que es fácil destruir o prenderle fuego. Estos hombres de paja más que nada son un recurso retórico para afirmar el argumento que uno quiere hacer. A veces, como pareciera ser el caso en el libro de Carlos Peña, el hombre de paja puede ser un autor prominente, famoso y respetado.

4 Véase, por ejemplo, su artículo “¿Cuánta desigualdad necesita la democracia?”, Estudios Públicos 147 (2017): 97-115.

5 Gary Becker fue mi profesor en la Universidad de Chicago. Con el tiempo llegamos a ser amigos, y durante algunos años fuimos colegas en el Consejo de Asesores Económicos del gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

6 Gary S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 8-9.

7 Ibídem, 9.

8 Ibídem, 10.

9 Existe una versión en castellano, recientemente editada en Chile: El dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio (Santiago: Hueders, 2015).

10 El primer capítulo de este libro es conmovedor. Relata la relación de Álvarez con la poeta Sylvia Plath. Con una prosa lastimera, y con un alto grado de dolor, Álvarez explica que él pudo haber hecho algo para evitar su suicidio.

11 Para ser más rigurosos, lo que debemos decir es que, con otras cosas constantes, el número de suicidios ha aumentado.

12 Joseph Stiglitz, “Foreword”, en The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, de Karl Polanyi (Boston: Beacon Press, 2001), viii.

13 Para un desarrollo más detallado de estos puntos, ver, por ejemplo, el artículo de Robert Kuttner “The Man from Red Viena”, The New York Review of Books, 21 de diciembre de 2017: 55-57.

14 Santiago: Ediciones UDP, 2016.

15 Esto es así, a pesar de las críticas que el propio Gary Becker le hace en la introducción a su libro sobre el comportamiento humano de 1976.

16 McCloskey fue mi profesor en la Universidad de Chicago en la segunda mitad de los años 70. En esa época era un varón, su nombre de pila era Donald y enseñaba un curso introductorio de teoría de precios y seminarios avanzados de historia económica.

17 “Entrevista en La Mesa de El Mostrador Mercados: Nicolás Grau, el cerebro económico del Frente Amplio: ‘Tenemos una estrategia para cambiar nuestra matriz productiva, algo que todos dicen pero que pocos hacen’”, El Mostrador Mercados, 11 de diciembre de 2017. http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/12/11/nicolas-grau-el-cerebro-economico-del-frente-amplio-y-cuco-de-los-empresarios-efectivamente-queremos-ser-como-corea-corea-del-sur/

Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017).

RESEÑA

EL IRREVOCABLE LAZO ENTRE MERCADO Y MODERNIDAD

Danilo Martuccelli

Université Paris Descartes

Danilo Martuccelli. Doctor en sociología por l’E.H.E.S.S. de París. Profesor de sociología en la Université Paris Descartes. Entre sus trabajos destacan Sociologías de la modernidad (1999), Gramáticas del individuo (2002), Forjado por la prueba (2006), Les sociétés et l’impossible (2014), Poderes sociales y jerarquías culturales (2015) y La condition sociale moderne (2017). Email: danilo.martuccelli@parisdescartes.fr.

Tal vez el principal mérito del libro de Carlos Peña sea el de ser un libro necesario. Lo es, al menos, desde la óptica que trataré de reseñar a continuación. La obra defiende, con pasión y con razón —las dos actitudes al unísono—, una tesis poco habitual en las ciencias sociales en América Latina: la indispensable función del mercado en el advenimiento de la modernidad y del individualismo. El solo hecho de enunciar esta tesis, y el autor lo sabe con creces, suscita inmediatamente las más enconadas reacciones en la región. En verdad, salvo en la cultura anglosajona, el elogio del mercado es una verdadera rareza. En América Latina es un escándalo. Lo es al punto de que, si los historiadores han mostrado, un poco por doquier, la función civilizatoria del mercado y de los mercaderes, esta tesis y esta mirada brillan por su relativa ausencia en la región.

El libro de Peña rehabilita, con talento, esta problemática y lo hace no a través de una nueva defensa —de índole política o económica— del mercado, sino a través de un análisis pormenorizado de la función y de los fundamentos del mercado en la modernidad. Aunque el libro tenga muchas aristas, ésta me parece ser la tesis principal, la más sólida y polémicamente desarrollada.

La obra está estructurada en tres grandes capítulos, cada uno de ellos articulado a través de interpretaciones, muchas veces altamente originales, de autores clásicos o contemporáneos (estos últimos, por lo general, precedidos por una interesante y poco frecuente descripción física de los mismos). Los capítulos 1 y 3 se abocan de manera explícita al desarrollo de la tesis del lazo entre el mercado y la modernidad, mientras que el capítulo 2 se detiene en la discusión, desde una mirada contemporánea, de problemas o críticas habitualmente dirigidas al mercado. La estructura del libro revela, con transparencia, la tesis del autor. Primero, la fuerza histórica del lazo entre modernidad y mercado. Segundo, las controversias morales y políticas que este vínculo no cesa de suscitar desde hace siglos. Tercero, un alegato para que el lector reconozca que no se puede ser moderno si no se acepta el mercado. Para decirlo en breve, el Peña-sociólogo, el Peña-editorialista y el Peña-abogado se articulan orgánicamente en el libro. Veamos en detalle cada una de estas tesis.

1.

Comencemos por el capítulo intermedio, aunque sólo sea porque sirve de soporte al título mismo del libro. Lo que el dinero sí puede comprar es en efecto también —pero no solamente y ni tan siquiera principalmente— una respuesta, polémica, al verdadero best seller mundial de Michael Sandel, Lo que el dinero no puede comprar. En el libro de Sandel, del cual Peña da una excelente presentación y una minuciosa lectura crítica, el tema central es la cuestión de los necesarios límites morales del mercado. Sandel ubica su reflexión en un momento histórico particular y desde una representación normativa específica; a saber, que las sociedades contemporáneas estarían sometidas a un proceso de mercantilización excesivo y desmedido. Aunque Sandel no emplee prácticamente, y curiosamente, el término de mercantilización, éste es el verdadero blanco de sus críticas. Peña trae a colación, con razón, el espectro de críticas clásicas en las que se inscribe el trabajo de Sandel, y se explaya al mostrar, con rigor lógico, un conjunto de contradicciones o falencias que constata en su obra. Volveremos en un momento sobre algunas de ellas, pero señalemos, desde ahora, que en su relectura crítica de ciertos temas álgidos actuales relacionados con el mercado y la sociedad Peña no se limita a la sola cuestión de la mercantilización. El capítulo 2 aborda también por lo menos otras dos grandes cuestiones: el tema de las desigualdades y el problema de la meritocracia.

¿Por qué comenzar esta reseña por el capítulo 2? Porque es probablemente la problemática que muchos lectores privilegiarán y las tesis con las cuales muchos estarán —o no— de acuerdo. La razón es simple: este capítulo exacerba la vocación propiamente polémica del libro. El Peña-editorialista, si puedo expresarme de esta manera, domina en este capítulo: los ejemplos y las discusiones, por rigurosas que sean —y lo son—, parecen al mismo tiempo indisociables de tomas de posición crítica hacia autores o agrupaciones políticas, nunca o muy rara vez explicitadas en el texto (sobre todo cuando se trata de autores o actores chilenos), pero que el lector puede a veces fácilmente entrever.

Levantemos el suspenso y entremos en el detalle de tres grandes interpretaciones críticas formuladas por el autor.

En primer lugar, la idea de la existencia de límites morales al mercado le parece a Peña un error de la parte de Sandel. Para el autor, el libro de Sandel no sólo aborda con cierto desorden temas que son muy distintos entre sí, sino que además lo hace a través de una lectura de índole moral que para Peña es un “retroceso” con respecto a interpretaciones de índole más estructural. Sin embargo, y habiendo reconocido lo anterior, no todo es desechable en el libro de Sandel (como parece finalmente sugerir Peña en su crítica apasionada). Muchos de los lectores del libro de Sandel recordarán, por ejemplo, una de las ilustraciones con las cuales se abre el texto: la proliferación, en los últimos años, de filas preferenciales para ciertos pasajeros en los trámites de aduana y de seguridad en los aeropuertos. A Sandel este “desborde” del mercado y este cuestionamiento de la igualdad le parecen injustificados, sobre todo cuando funcionarios son explícitamente destinados a garantizar un servicio diferencial, mediación económica mediante, a ciertos pasajeros. ¿Es legítimo que los pasajeros reciban un trato diferencial por parte de funcionarios públicos (agentes de aduana y policías) en función del precio de sus pasajes de avión? O, como sucede en ciertos aeropuertos, ¿que ciertos pasajeros puedan, siempre a través de una mediación económica, tener acceso a estas filas preferenciales? Para que cualquier lector lo entienda claramente, puesto que lo que está en cuestión es la ganancia de tiempo, ¿sería legítimo que en la circulación urbana algunas personas puedan pagar para tener acceso a vías rápidas y exclusivas con el fin de evitar los “tacos” en los cuales se verían enfrascados los otros automovilistas?

Por supuesto, se puede contraargumentar desde una lógica de mercado. A fin de cuentas, no se trataría sino de individuos-clientes que, en función de sus preferencias personales, deciden comprar un servicio porque valoran, más que otros individuos-clientes, su tiempo. Sobre este ejemplo en particular, Peña no se explaya en su libro y por ende sería un indebido proceso asociarlo a una u otra posición. Pero para Sandel, de manera explícita, este tipo de compras le parece moralmente indebido. Sin duda, que el término moral es equívoco, pero no por ello hay que desconocer lo que de justo anida en la tesis de Sandel; a saber, que en su despliegue el capitalismo es —también— una amenaza para la realización tanto de ciertos valores como de la igualdad. Sandel no critica el mercado sino sus excesos. Por supuesto, uno puede o no adherir a la lógica de la exposición de Sandel, y muchos considerarán que la idea de un “umbral” a partir del cual los beneficios del mercado se vuelven contra-productivos es una lectura ingenua o viciada. Pero ello no elimina ni la legitimidad de la pregunta ni la pertinencia de la inquietud del filósofo estadounidense; esto es, que el dinero puede conspirar contra ciertas modalidades de realización del individualismo a pesar de que, en la historia social de los dos últimos siglos, el vínculo entre ambos —mercado e individualismo— haya sido estrecho. Una tendencia histórica, sujeta por lo demás a controversia, no es una ley histórica.

En segundo lugar, Peña trae a colación el lazo fundamental entre el mercado y la meritocracia. La modernidad es, y no puede no ser, el triunfo del achievement sobre la adscription. O sea, la afirmación de las individualidades en la modernidad, vía el mercado, desemboca necesariamente en la entronización del mérito como gran principio de justicia. Peña sabe, esta vez como sociólogo, del carácter contundente de esta tesis y también sabe, esta vez como editorialista-polemista, de la irritación que este vínculo no cesa de suscitar en la sociedad chilena. Es contra esta “irritación”, que le parece absolutamente injustificada, porque es histórica y lógicamente inconsistente, contra la cual polemiza. No hay, desliza Peña, esta vez a través de una afirmación indisociablemente factual y normativa, sociedad moderna sin meritocracia. Pero al concentrarse en el recordatorio de la fuerza estructural de este lazo, el libro evita ciertos debates tanto o más álgidos. ¿Puede en verdad el modelo de la selección, por el solo mérito de las élites, convertirse en el modelo pivote de la justicia? ¿La necesaria meritocracia a la cual está adosada la enseñanza superior no engendra acaso problemas específicos y estructurales (comenzando por la “soberbia de los inteligentes”), muy distintos a los que planteó la expansión de la educación primaria y secundaria que fueron verdaderos pivotes de la igualdad? ¿Qué sucede en el modelo implícito de la justicia como competencia —propia a la meritocracia— con los que “pierden”, “fracasan” o “rechazan” la lógica de la carrera? ¿Cómo descuidar que estos actores constituyen, y no pueden no constituir, la mayoría de las personas? Sin regresar a las críticas, ampliamente conocidas, que la meritocracia enfrenta hace décadas (y que Peña conoce perfectamente), ¿qué parte del mérito diferencial de los individuos se debe a los colectivos de los cuales participan y forman parte? Peña tiene sin duda razón de recordar al lector el lazo estructural que la modernidad instituye entre el individualismo, el mérito y el mercado, y en este sentido el libro se propone “disolver” lo que para el autor no son sino falsas problemáticas, pero ello no debe obliterar los debates —altamente polémicos y legítimos— que acaecen en el universo de la justicia y que son irreductibles a la sola cuestión del mérito.

En tercer lugar, Peña trae a colación los lazos entre el mercado y la igualdad, recordándole al lector hasta qué punto, por ejemplo, la expansión del bienestar material ha sido dependiente de la eficiencia de los mercados, o, en un plano más político, hasta qué punto la expansión de la lógica del mercado conlleva una fuerza democratizadora en la sociedad. Una vez más, el libro circunscribe el debate en torno a lo que el autor considera son dimensiones decisivas de la modernidad, evitando discusiones que juzga abstrusas o simplemente mal informadas. Pero la articulación de estas realidades (progreso del bienestar, eficiencia económica, democracia) con el mercado, y éste con la igualdad, por estructural que se haya revelado en el seno de la modernidad, no por ello implica la existencia de vínculos infinitamente más complejos. Incluso, como una considerable literatura no cesa de señalarlo, la existencia de lazos reversibles, en la medida en que, por ejemplo, la penetración de la economía de mercado no conlleva, sino muy parcialmente, a la consolidación de la democracia en China; que se asiste a regresiones en el bienestar material a pesar de la eficiencia de los mercados; que la afirmación de la igualdad no es necesariamente concomitante con el incremento de la riqueza; y que incluso la expansión del mercado, tras la conquista, coincidió en una región como América Latina con la invención de la esclavitud. O sea, y el autor lo sabe bien, en las sociedades modernas el mercado se ha revelado como un factor necesario, pero no suficiente, para la expansión de la igualdad (o, para ser más precisos, para la expansión de una aspiración a la igualdad en lazo con el incremento del bienestar material). El Peña-sociólogo tiene razón en recordar los hechos, y en este sentido el libro tiene, aquí también, una pretensión casi terapéutica, la de eliminar del debate temáticas que le parecen al autor irrelevantes o falaces. Pero sobre esta base, el Peña-editorialista no se priva de su placer por la polémica al presentar la igualdad como la hija pródiga del mercado. Leyendo atentamente el libro, me parece que el lector puede incluso advertir hasta qué punto Peña se divirtió, mientras escribía, anticipando las reacciones que su libro suscitaría. Hay algo decididamente de enfant terrible en el autor.

2.

Habiendo establecido y reconocido lo anterior, ¿qué queda fuera de la mirada de Peña en este capítulo? Aunque no lo niegue, y sin duda no lo desestimaría, tal vez esto: las formas de realización personal que suponen reconocer, de manera distinta a como lo hace el mercado, el vínculo de los individuos entre sí y con los colectivos en el seno de la modernidad. Pero también, quizá, una atención más empática a la muy venerable tradición de la alienación; o, si se prefiere, del sinnúmero de patologías, efectos perversos o ambivalencias que suscita y no deja de suscitar el capitalismo. Al respecto, puede decirse de paso: tal vez no es un azar el que esta problemática, la del malestar frente a la modernización, haya sido introducida en Chile por Norbert Lechner, quien, dados sus orígenes alemanes, no podía sino ser particularmente sensible a esta tradición, puesto que si algo caracteriza a la intelectualidad alemana es justamente la oposición entre la razón instrumental y la cultura subjetiva. En su afán, por disipar lo que él entiende como formulaciones falaces, puesto que parten o dejan entrever la necesidad de tener que desembarazarse del mercado, Peña tiende por momentos a descalificar en exceso toda esta tradición crítica.

La pregunta es por qué. Aquí creo que el talante polemista —brillante— de Peña, el Peña-editorialista, se impone por sobre el análisis —profundo— que el Peña-sociólogo establece, como lo veremos en un momento, a propósito del vínculo entre el mercado, la modernidad y el individualismo. La fundamentación del lazo complejo entre estos términos y el justo reconocimiento de las inevitables consecuencias estructurales que esto conlleva cede el paso, no a una “defensa” del mercado, sino a la necesidad de tener que abandonar lo que para Peña no son sino formulaciones que tienden a denegar o evitar afrontar lo que el mercado le hace a la modernidad. Leyendo el libro, tal vez algún lector habrá pensado en esa anécdota de George Stephenson, uno de los inventores del tren a vapor, quien al ser preguntado sobre lo que pasaría si una vaca atravesara, en plena campiña, los rieles del tren, respondió de manera inmediata: tanto peor para la vaca. Hay algo de este talante modernizador en Peña: como Stephenson está convencido de la imperiosa necesidad de aceptar, sin tapujos ni mentiras, lo que el mercado impone en las sociedades modernas. Éste es el blanco principal de todas las críticas del autor. Peña detesta el moralismo, pero su libro, en su pasión polemista, tiene la fuerza de las mejores diatribas morales: develar la hipocresía, la mala fe o la falsa consciencia de todos aquellos que, usufructuando de los bienes del mercado y de los placeres del consumo, no cejan en el afán de denostarlo.

Pero al tomar esta perspectiva crítica, el libro adopta, sin justificarlo suficientemente, o sin hacerlo suficientemente transparente, una filosofía moral particular: el reconocimiento de la dimensión trágica de la existencia. Eso es, quizá, finalmente lo que realmente el dinero no puede comprar. La necesidad de reconocer, dentro de la modernidad, la imposibilidad del hombre para superar el mal —todo el mal— que es inherente a toda y cualquier estructura social. Por supuesto, es posible transformar las estructuras sociales para superar ciertos males (y es necesario conservar este objetivo si se cree en una cierta concepción de la política), pero ello no podrá nunca hacerse al precio de eludir enteramente el hecho de que la vida es trágica. Aunque Peña no señale este aspecto con la suficiente fuerza es, me parece, el corazón de su visión de la dinámica entre la vida individual y la vida colectiva. Aceptar las consecuencias inevitables del mercado (como de cualquier otra estructura social) forma parte, para Peña, de las sabidurías a las que la modernidad nos obliga. Es la falta de esta sabiduría existencial lo que, en el fondo, él denuncia en tantos críticos del mercado.

Tal vez, de haber reconocido con más transparencia esta posición, el autor habría podido advertir mejor una de las grandes especificidades de la sociedad estadounidense, que no es en absoluto ajena a su temática: a saber, que si Estados Unidos —en este punto sin duda más que Inglaterra, y muchísimo más que en otros países europeos, como Francia o Alemania— hizo del mercado el pivote del orden social es porque la cultura estadounidense carece, como pocas otras, de un sentimiento trágico de la existencia. En Estados Unidos, y casi sólo en este país, el dinero pudo y puede pretender ser una vía de acceso necesario —y a veces casi suficiente— a la felicidad. Peña no entreabre este debate a pesar de que, en el fondo, su visión crítica de los críticos del mercado se apoye, en mucho, sobre una sabiduría existencial particular. Si no lo hace es, tal vez, porque ello implicaría reconocer, mucho más de lo que el polemista está dispuesto a otorgar en algunos incisos rápidamente deslizados entre dos comas, que hay cosas que escapan al dinero.

3.

Si el capítulo 2 les permite a los lectores tomar posición, de manera esclarecida y controvertida, en debates mayores de las sociedades contemporáneas, ello no debe empero soslayar el hecho de que la tesis principal del libro se encuentra expuesta sobre todo en los capítulos 1 y 3. A distancia esta vez de cuestiones coyunturales y polémicas, el Peña-sociólogo apuntala aquí con vigor el lazo entre la modernidad y el mercado. En breve: no hay modernidad sin mercado. Para sustentar esta afirmación, el autor presenta, a través de lecturas originales de muchos autores clásicos —sociólogos, economistas, antropólogos—, algunas de ellas lejos de ser consensuales, la fuerza y la necesidad histórica del vínculo entre mercado y modernidad. En la literatura de las ciencias sociales latinoamericanas se trata sin duda de un aporte mayor. Si muchas de las cosas afirmadas en estos capítulos no son necesariamente desconocidas, no por ello fueron al menos temas voluntariamente descuidados. La modernidad fue y es un tema noble en las ciencias sociales en la región; el mercado fue y es un tema innoble. Los marxistas en América Latina, para no evocar sino a esta tradición, se guardaron bien de subrayar, por ejemplo, sin duda con mala fe, los elogios que Marx y Engels hicieron del rol del mercado (y el capitalismo) en el advenimiento del mundo moderno. El escaso reconocimiento del rol social y cultural de los comerciantes en la región sigue siendo una deuda pendiente en las ciencias sociales. Tras el libro de Peña, y esta vez gracias a la vocación polémica de la obra, será infinitamente más difícil obliterar estas dimensiones. Se hace necesario abocarse al estudio de la función efectiva que le corresponde al mercado en la historia del individualismo en América Latina.

Si el Peña-sociólogo toma la primacía en estos capítulos, los otros dos, el Peña-editorialista y sobre todo el Peña-abogado, no están empero muy lejos. El Peña-editorialista: con el fin de reforzar el carácter polémico de su tesis, el autor no duda en otorgarle una función dirimente —y por momentos unilateral— al mercado en el advenimiento de la modernidad. Sin duda, se podrá objetar que bajo esta modalidad la interpretación del mercado como matriz de la modernidad es excesiva, que otros factores importantes —en verdad consubstanciales a la modernidad— son minimizados, e incluso podría mostrarse que las lecturas propuestas de ciertas obras (por ejemplo, entre otras, la que se da a propósito de la función que el mercado tiene en la obra de Durkheim) deberían ser matizadas. Sobre todo, creo que sería necesario subrayar con mucha más fuerza de lo que lo hace el autor las múltiples ambivalencias —para decir lo menos— que la modernidad (¡y el mercado!) han suscitado en muchos de los autores que evoca; y que sería necesario darles un acento mayor a otros factores que, independientemente del mercado, o en sinergia con él, han sido insumos indispensables de la modernidad: la Ilustración, la ciencia moderna, el modernismo, pero también la diferenciación social, la ciudad, la secularización; todo esto, sin olvidar la pluralidad de raíces del individualismo occidental desde hace siglos —tradición cristiana, el Renacimiento, los derechos del hombre y del ciudadano— y que no pueden ser directamente asociadas, o reducidas, a la lógica del mercado.

La modernidad no es el mercado, ni se reduce a él. La modernidad es la aceptación de la ruptura de la totalidad, del lazo “orgánico” entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la historia y la biografía; la necesidad de afrontar una vida sin script (o sea, sin destino) y, por ende, una vida sometida a un incesante trabajo de evaluación y de conciencia. En el advenimiento histórico de la sociedad moderna, el mercado ha tenido sin duda una función dirimente (y contra todos los filisteos anti-mercado, Peña tiene razón en muchas de sus críticas). Pero la modernidad no es reductible al mercado. En el corazón de la modernidad se encuentra una tensión especifica entre la economía y la subjetividad, algo que Peña no solamente conoce, sino que explícitamente reconoce en su libro y que, al mismo tiempo, empero, tiende a desestimar. Es tal vez el precio necesario a pagar por una adhesión sin timideces al talante modernizador, el “tanto peor para las vacas”.

Sin embargo, en honor a la verdad, creo que todos estos necesarios matices introducidos no alteran en el fondo la fuerza de la tesis central del libro: la ruptura de la totalidad de la cual nace y se nutre la modernidad tiene históricamente, de una u otra manera, tarde o temprano, vínculos con el mercado. Ésta es la gran proposición del libro y es, por supuesto, un escándalo en el contexto de las ciencias sociales latinoamericanas. Para defender este escándalo —¡y con qué placer!— aparece el Peña-abogado. El libro subrepticiamente toma un cariz particular. Es falso, sin duda, decir que la dimensión factual cede a una dimensión normativa, pero es justo, creo, reconocer que, una vez mostrada la plausibilidad de la tesis de la necesidad de este vínculo, se pasa a un alegato que insiste en la necesidad de tener que enfrentar —sin escapatoria posible— las consecuencias de lo que el mercado le hace a la modernidad. El resto, aunque Peña no lo escriba pero lo piensa, es pura mala fe sartriana; una manera, durante mucho tiempo muy frecuente en las sociedades latinoamericanas, de mentirse a ellas mismas.

La vocación polémica del libro encuentra aquí su plena razón de ser. Peña lo dice de muchas maneras en su libro, pero es esta tesis y sus consecuencias lo que le parece debe ser hoy prioritariamente discutido en las ciencias sociales y, sin duda, en el espacio público en Chile. En este plano y con vistas a este objetivo, la libertad de tono del libro es encomiable. Es lo que hace de él un libro importante en las ciencias sociales de la región. Pocas veces, y con tanta contundencia, se ha propuesto una relectura informada y crítica, desde América Latina, de la función dirimente e irrevocable del mercado en la modernidad. En este sentido, y dados los desafíos a los cuales se enfrentan hoy las sociedades latinoamericanas, cada una desde coordenadas nacionales disímiles, no es exagerado decir que este libro tenía que ser escrito. Y tal vez, escrito como lo ha sido: articulando pasiones y razones; descartando y disipando “falsos” debates con el fin de imponer “necesarias” discusiones; expresando un gran placer en irritar a muchos y escandalizar a tantos otros; aunando, con talento, las voces del sociólogo, del editorialista y del abogado.

Peña tiene razón en lo que impone como horizonte central en la discusión. Ahora cada cual deberá darle una respuesta: qué se hace con lo que el mercado le hace a la modernidad. EP

Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar (Santiago: Taurus, 2017).

RESEÑA

LIBERALISMOS ALTERNATIVOS: PEÑA VERSUS SANDEL

Renato Cristi

Wilfrid Laurier University

Renato Cristi. PhD en filosofía por la Universidad de Toronto. Profesor emérito del Departamento de Filosofía en la Wilfrid Laurier University. Email: rcristi@wlu.ca.

El autor agradece los comentarios críticos de Arturo Fontaine, Óscar Muñoz Gomá y Miguel Vatter.

El reciente libro de Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar, es una profunda, reveladora y bien informada meditación acerca del mercado y el dinero. Con un brillo inigualable, Peña hace desfilar ante nosotros figuras clásicas y contemporáneas del pensamiento económico, político y sociológico, con el propósito de extraer de ellas ciertas ideas que, encadenadas en forma sistemática y precisa, constituyen la trama de este libro. La gran variedad de perspectivas y puntos de vista que Peña discute se subordinan a su tesis central: “No es posible concebir la sociedad moderna sin la extensión del mercado y la expansión del consumo” (Peña 2017, 25).[1] Los autores estudiados en el libro son todos testigos de la causa, pero hay uno en particular, Michael Sandel, que concita un interés especial en Peña y su ánimo inquisidor. En la contratapa se describe el libro como “una réplica contundente a las ideas de Michael Sandel sobre los límites morales del mercado” tal como vienen expuestas en su obra Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales del mercado (Sandel 2012). Me parece que esta réplica completa polémicamente su tesis central y, más que ningún otro tópico tratado en el libro, tiene la virtud de conferirle una unidad de propósito. Es de esperar que este comentario, que mira este libro por el ojo de la cerradura al concentrarme en la mirada de Peña sobre Sandel, no empobrezca su extraordinaria profusión y su gran aporte a la revitalización de la filosofía política en Chile hoy en día.

1.

El análisis de Lo que el dinero no puede comprar aparece en el capítulo central del libro y es negativo respecto a Sandel desde la partida. Peña lo introduce con un recuento del pensamiento de Karl Polanyi, a quien describe como “un crítico de la sociedad contemporánea mucho más fuerte y mejor dotado teóricamente que Michael Sandel” (Peña 2017, 85). Más adelante, confronta a Sandel con Durkheim para mostrar errores y debilidades en sus planteamientos (214). Estas fuertes descalificaciones anuncian una crítica más pormenorizada de sus argumentos.

Peña señala que el error principal de Sandel es enfatizar los límites morales del mercado e ignorar que el mercado “es expresión de importantes ideales morales y tiene además ciertos supuestos, igualmente morales, sobre los que reposa” (223). En la modernidad, el mercado y la economía dineraria han permitido “constituir la subjetividad moderna; expresar los ideales liberales; competir por lo signos de estatus y dar lugar a nuevas formas de sociabilidad y reconocimiento” (153). Son por ello condición de posibilidad de la autonomía, el logro más elevado que la modernidad ha permitido a los individuos. Escribe Peña:

(...) en la modernidad la fuente de toda legitimidad son las creencias y preferencias que los individuos, al forjar su vida, han ido discerniendo para sí. Las instituciones poseen en general mayor legitimidad en la medida que logran expresar mejor esas preferencias y deseos que los individuos han forjado para sus propias vidas. Y de todas las instituciones sociales conocidas, no cabe duda de que el mercado es la que mejor realiza ese ideal de reflejar lo más fidedignamente posible las preferencias de las personas cualesquiera que ellas sean. (224)[2]

El mercado cumple su función emancipadora permitiendo a los individuos manifestar su insobornable singularidad. No impone la necesidad de cultivar ninguna virtud en especial, ni promover alguna concepción del bien al que debe aspirarse, o del mal que debe evitarse. Abre un espacio que se sitúa, por así decirlo, más allá del bien y del mal, un lugar en donde los individuos pueden discernir y profesar libremente sus preferencias:

El mercado no posee una idea antecedente de virtud o de vida buena que promover (...) sino que se orienta por las preferencias, deseos y anhelos de las personas sin someterlos a control ni dirección moral alguna. (224)

Según Peña, Sandel dirige tres objeciones contra el mercado, dos de las cuales le parecen razonables dentro de ciertos límites, en tanto que rechaza de plano la tercera.

En primer lugar, Sandel objeta que el mercado serviría para maximizar la agregación de bienes, pero no para distribuirlos equitativamente. De este modo, “cuando todo depende del dinero, se crean desigualdades intolerables en el acceso a bienes fundamentales” (115-116). En lo fundamental, Peña se muestra de acuerdo con esta objeción, pues reconoce que “si se deja entregada la distribución de todos los bienes al mercado, habrá quienes no pueden acceder a ellos” (116). En todo caso, rechaza la idea de que esto pueda constituir el fundamento para un argumento moral, porque el ideal de la autonomía no entraría aquí en juego.

En segundo lugar, Sandel también objetaría que se afirme la voluntariedad incondicional de los contratos, porque “hay bienes cuya adquisición es tan urgente que cuando, para salvarlos, se consiente en un contrato, el consentimiento es sólo aparente” (116). Eso significa que “una desigualdad severa puede socavar el carácter voluntario de un intercambio” (117; el énfasis es mío). Peña, fundado en Pothier, Pufendorf y Aristóteles, disputa esta afirmación, pues considera que los actos que estén determinados por urgentes necesidades son de todos modos voluntarios. En tales casos “no se aplica (...) la fuerza o coacción como causal que anula el consentimiento porque ella requiere que provenga de alguien en particular y no del simple entorno” (119; el énfasis es mío). Me parece que Peña no da cuenta aquí de lo que efectivamente argumenta Sandel. Éste no afirma que las desigualdades severas puedan anular el consentimiento, sino sólo que lo socavan (“undermine” es la expresión que emplea). Esos acuerdos siguen siendo voluntarios, como piensa Peña, pero su voluntariedad ha sido debilitada o dañada, no anulada.

En general, los contratos no son instrumentos morales incondicionados, sino que deben ser sometidos a criterios que aseguren su legitimidad. Sandel define dos criterios de legitimidad: autonomía y reciprocidad. La autonomía es esencial para los contratos, porque debe asumirse que las obligaciones que imponen son autoimpuestas. De ahí deriva la fuerza moral vinculante que posee la relación contractual. El criterio de reciprocidad, por otra parte, es el contexto de la primera objeción que destaca Peña. Los contratos deben ser mutuamente beneficiosos para las partes. Pero es difícil que esta condición se cumpla si las partes contratantes no están en pie de igualdad con respecto a su capacidad negociadora (Sandel 1982, 106-107; Fried 1981).

Esta última consideración nos lleva a concluir que Peña bifurca indebidamente lo que Sandel trata, en verdad, como una objeción unitaria. Esto aparece claramente en Lo que el dinero no puede comprar cuando el filósofo norteamericano distingue las siguientes dos objeciones: una respecto a la equidad —en la que se funden las dos primeras imputaciones discriminadas por Peña— y otra con respecto a la corrupción que examino más adelante (Sandel 2012, 109-113). Es posible que Peña haya procedido de esta manera para restarle carácter moral al argumento de Sandel. Pero cuando este argumento se toma como un todo se confirma su impronta moral. Lo que Sandel busca revelar es el error de muchos economistas que consideran al mercado como una zona libre y neutral que no permite el acceso de la moralidad. Por el contrario, como constelación de contratos, el mercado opera bajo condicionamientos morales necesarios (aunque no suficientes) y debe someterse a esos condicionamientos.[3]

A pesar de este desacuerdo más bien superficial, Peña concuerda con Sandel en lo que respecta a esas objeciones si las tomamos como un todo. Y ambos están de acuerdo con Kant en lo relativo a la moralidad de los contratos. Es con respecto a la segunda objeción de Sandel (que Peña hace aparecer como tercera) donde el desacuerdo aparece como radical e imposible de zanjar. La formulación con la cual Peña sintetiza a Sandel es la siguiente: “Hay cierto tipo de bienes que cuando se cambian por dinero se deshacen o corrompen” (116). El desacuerdo reside aquí en que Sandel busca superar el punto de vista kantiano para internarse en un territorio acotado por el perfeccionismo hegeliano con respecto al cual el pensamiento de Peña parece refractario. Para examinar la superación (en el sentido de Aufhebung) del punto de vista kantiano, y por ende rawlsiano, es preciso dar cuenta de la manera como Sandel estructura un sofisticado argumento filosófico, que, en cierto modo, guarda correspondencia con el que elaboran Polanyi y Durkheim, desde la economía y la sociología, respectivamente.

2.

En su ensayo “Economics as a Moral Science”, Anthony Atkinson observa la nula presencia de la llamada “welfare economics”, o economía del bienestar, a partir de la década de 1970. Al mismo tiempo observa que los economistas frecuentemente expresan juicios normativos acerca del bienestar económico: “Las revistas académicas están repletas de juicios acerca del bienestar. Los economistas no se limitan a dar enunciados positivos (determinación de elasticidades o explicación de mecanismos), sino que elaboran juicios acerca del bienestar” (Atkinson 2009, 794). Atkinson afirma que el contexto normativo de esos juicios lo define el utilitarismo a pesar de las falencias de esa teoría moral. En su afán por maximizar la utilidad general, el utilitarismo desestima la distribución del bienestar. Esto ha significado que muchos economistas se hayan visto en la necesidad de considerar alternativas como la teoría de la justicia de Rawls o el concepto de capacidades de Sen (Atkinson 2009, 796).

El ensayo de Atkinson es el punto de partida que emplea Sandel para su ensayo “Market Reasoning as Moral Reasoning: Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy” (2013), el cual Peña cita. En coincidencia con Atkinson, Sandel reconoce que la teoría económica toma de hecho en cuenta la noción de bienestar social. Al mismo tiempo, esa literatura tiende a omitir toda referencia a la justicia distributiva. Con ello quedaría en evidencia que la teoría económica prevalente asume, al menos implícitamente, las tesis avanzadas por el utilitarismo, una moral agregativa y no distributiva. También en coincidencia con Atkinson, Sandel funda su crítica al utilitarismo en la teoría de la justicia de Rawls.

El acuerdo de Sandel con Rawls se funda en que ambos toman seriamente en cuenta la filosofía moral de Kant. Y ello porque la moral kantiana avanza una versión de la libertad liberal que enfatiza la autonomía y subordina a ella las preferencias de cada individuo. Kant concibe la autonomía de la siguiente manera: “Una voluntad libre y una voluntad obediente de la ley moral son una y la misma cosa” (Paton 1962, 114). Su propósito es salvaguardar a los individuos de ser usados como medios para el logro de fines sociales, todo lo deseables que se quiera. Su objeción anti-utilitaria busca restaurar la autoridad de la razón práctica. El utilitarismo subordina a los individuos a la obtención de fines sociales y no tiene objeciones llegado el momento de sacrificar a algunos en aras del bien comunitario. Pero para Kant hay acciones que son condenables a pesar de sus consecuencias beneficiosas para una mayoría. Como apunta Sandel, el inmenso placer colectivo de miles de romanos que asisten al Coliseo excede, pero no justifica, el sufrimiento de unos pocos cristianos devorados por las fieras (Sandel 2009, 37).

Para Kant, una comunidad perfecta es una en la que todos tratan a todos como fines en sí mismos. Se refiere a tal comunidad como “un reino de fines” (Paton 1962, 100-101). Esa noción puede no darse en la realidad, pero existe como una regla moral que presupone un uso intrínseco de la razón y no uno puramente instrumental. La moralidad comanda que tratemos a los otros de la misma manera en que nosotros deseamos ser tratados. Kant, por ejemplo, objetaría una política que experimentara forzosamente con ciertos individuos para lograr resultados de gran beneficio social. Esto trataría a esos individuos como medios para el logro de fines sociales a los que no consintieron. Esta objeción kantiana encuentra un eco en Rawls, quien escribe en A Theory of Justice: “Cada individuo posee una inviolabilidad fundada en la justicia que no puede ser superada ni siquiera por el bienestar de la sociedad como un todo (...) Los derechos que asegura la justicia no pueden quedar sujetos a la negociación política o al cálculo del interés social” (Rawls 1971, 3-4). Rawls monta así una defensa del liberalismo que reafirma el ideal de igual libertad. Sobre esta base piensa que el mercado capitalista puede ser reformado y regulado si se rescata la noción kantiana de la libertad como autonomía. Pero el mercado capitalista presupone una libertad preferencial; a saber, una libertad para satisfacer nuestras preferencias y aspirar así al bien privado y no al bien común. Para salvaguardar nuestra autonomía, y reconocer el bien común por sobre nuestras preferencias individuales, el mercado debe someterse a la regulación estatal y asegurar a todos el acceso a bienes públicos indivisibles.

Como lo interpreta Sandel, Kant comparte con los libertarios la idea de que el núcleo de la moralidad es la libertad. Pero se aparta de ellos en tanto que su noción de libertad es más exigente. La libertad preferencial que manifestamos al comprar y vender no es verdadera libertad. Nuestras preferencias no las elegimos, sino que nos vienen ya dadas. La verdadera libertad es la autonomía, y esto concuerda con nuestra dignidad como seres humanos. Satisfacer nuestras preferencias no es malo, pero no llamemos a eso libertad. Nuestras preferencias (deseos o pasiones) están determinadas por nuestra biología y pueden ser manipuladas por la propaganda (Sandel 2009, 108-109).

Peña ve las cosas de una manera distinta. Asocia la génesis moderna del ideal de autonomía con la emergencia del mercado capitalista. Piensa que para Kant la autonomía corresponde al ideal que define a los seres humanos como capaces de guiar sus vidas por fines que ellos mismos se han dado, y que es el ideal que determina “que cada uno es, por decirlo así, siervo de sí mismo” (190; el énfasis es mío). La relación entre el ideal de autonomía y el mercado consiste en que

el mercado es una estructura de plausibilidad de ese ideal en la medida que aspira (...) a que cada persona coopere con otras sin que deba existir un fin común a ambas. El mercado, (...) y este es el punto que Hayek (...) subraya una y otra vez, no tiene telos, en él hay muchas voluntades, cada una persiguiendo sus propios fines. (190)

El mercado que describe Peña no promueve una determinada virtud o concepción del bien, o determinado telos, y se aparta así del ideal perfeccionista. En esto puede verse un legítimo punto de contacto entre la autonomía kantiana y el mercado. La diferencia está en que cuando Hayek piensa en el mercado, el sí mismo del que somos siervos viene constituido por nuestras preferencias. Su ideal liberal entronca, en este respecto, con Hume, a quien, en su opinión, debemos “probablemente el único enunciado comprehensivo de la filosofía política y legal que más tarde llegó a ser conocida como liberalismo” (Hayek 1966, 340). Pero el liberalismo de Kant se opone frontalmente al liberalismo de Hume. El ideal kantiano de la autonomía tiene que ver con la capacidad del sí mismo de gobernar soberanamente su vida moral. Ello significa obedecer libremente la ley moral que dicta la razón práctica, y no tiene nada que ver con la libertad preferencial a que damos curso al comprar y vender en el mercado. Para Hume, el sí mismo que debemos obedecer son nuestras preferencias. Por el contrario, el ideal kantiano de la autonomía se opone a su dictum de que “la razón es y debe ser esclava de las pasiones”. El anti-perfeccionismo moral de Hayek lo aproxima a Kant, pero, cautivado por el mercado, no puede deshacerse de su adhesión al utilitarismo de Hume. El resultado, como señala Gray, es “una mezcolanza de kantismo, ética evolucionista y utilitarismo indirecto” (Gray 1998, 154), un peligro que también podría acechar a la filosofía moral de Peña.

3.

Regreso ahora a la segunda objeción elaborada por Sandel que, como se vio, está dirigida contra la idea de concebir al mercado como una zona moralmente neutra y libre. Él toma en cuenta el hecho de que muchos economistas no reconocen la importancia del fenómeno de la comodificación; es decir, la proyección del razonamiento mercantil y de los mecanismos de mercado a toda actividad humana (Sandel 2012, 120-125). Sandel formula dos presupuestos de la teoría económica neoliberal que hacen posible extender el mercado a todos los ámbitos de la vida humana: “Un presupuesto es la presunción de que exponer un bien al intercambio comercial no altera su significado; otro, que la virtud es una mercancía que se agota con el uso” (Sandel 2013, 138; Peña 2017, 144). Kenneth Arrow es quien explícitamente defiende estos dos presupuestos. Arrow piensa que la comercialización de una actividad no altera su naturaleza. Y también sostiene que la virtud es un recurso escaso que no conviene malgastar. En otras palabras, actuar con generosidad en lugar de ejercer el interés personal sería un desperdicio. Sandel cita también a otro conocido economista, Lawrence Summers, quien afirma: “Nuestro altruismo es limitado. Los economistas como yo pensamos que el altruismo es un bien valioso y escaso que requiere ser conservado” (Sandel 2012, 130). Para responder a Arrow y Summers, Sandel apela al sentido común que enseña que la generosidad y el altruismo se atrofian si no se ponen en ejercicio. Invoca también a Aristóteles, quien, en el libro II de la Ética a Nicómaco, sostiene que la manera de adquirir y perfeccionar nuestras virtudes es mediante su uso práctico (Sandel 2012,128).

Su respuesta a la primera observación de Arrow es más elaborada. Sandel toma en cuenta lo que sostiene Fred Hirsch, un economista que cuestiona la idea de que el “valor de un bien permanece siendo el mismo sea éste proveído por el mercado u otro medio” (Sandel 2013, 134). Las investigaciones de Hirsch, y también de Dan Ariely y el sociólogo Richard Tittmus, muestran que cuando “se realiza una actividad que se considere intrínsecamente valiosa, y se ofrece dinero por esa misma actividad, ello atenúa la motivación en la medida que deprecia o elimina el interés o compromiso intrínseco” (Sandel 2012, 122). Esto se da en el caso de la donación de sangre. Una comparación entre el sistema completamente voluntario en Gran Bretaña y el sistema en Estados Unidos, donde parte de la sangre es donada voluntariamente y parte es pagada, muestra que la práctica británica es más exitosa. Ello mostraría que existen límites para la realización de transacciones mercantiles, es decir, que habría cosas o actividades que el dinero no podría comprar.

Peña sumariamente descarta esta discusión porque la ve mal enfocada. Piensa que Sandel fija su atención en algo lateral e irrelevante, y que se refiere “a la transacción directa de ciertos bienes, a interacciones directas e inmediatas mediadas por el dinero” (123). Debido a ello

no se ocupa de analizar qué ocurre con la provisión privada de bienes públicos tradicionales que es la parte más explosiva de las políticas neoliberales. Los países que han ejecutado políticas liberales han, por ejemplo, utilizado mecanismos de mercado para construir carreteras o cárceles, hacer hospitales (...) organizar las pensiones, las prestaciones de salud o la provisión escolar. Y a ninguna de esas cosas se refiere Sandel. (124)

Peña tiene aquí en mente la práctica económica impulsada a partir de la refundación neoliberal en Chile en 1973. Hay que celebrar que Peña no razone aquí de modo abstracto y sitúe su argumento en las circunstancias históricas propias de Chile. Pero hay que tomar en cuenta que Sandel también sitúa su argumento en su experiencia concreta como ciudadano estadounidense. Ninguna de las políticas mencionadas por Peña con respecto a la salud, la educación y la previsión social hubiesen podido ser implementadas, a una escala semejante, en Estados Unidos, menos aún en Canadá y Europa. Los casos que considera Sandel son los que los economistas neoliberales de su país han discutido. Es necesario reconocer que con Trump como Presidente resulta plausible pensar que en Estados Unidos se podrían implementar algunas de las políticas neoliberales que se aplicaron en Chile al amparo de una dictadura. Aun así, las crecientes dificultades con que se ha topado su administración a la fecha para llevar a cabo esa política hacen pensar que un contexto político democrático no es un terreno apto para implementar una revolución neoliberal de la magnitud que tuvo la chilena.

4.

No resulta suficiente criticar a Sandel por no referirse a aquellas políticas públicas que hacen uso de mecanismos de mercado. Ese tipo de argumento no refuta realmente al adversario y deja su argumento intacto. Peña lo tiene claro y vuelve a la carga buscando reformular el argumento de Sandel. Procede de la siguiente manera: Lo que el proyecto de Sandel intenta mostrar —dice Peña— son “los límites del razonamiento económico. Pero no los límites que provienen de la estructura interna de ese razonamiento (...) sino de los límites externos, aquellos que imponen los objetos a que ese razonamiento y las reglas e instituciones inspiradas en él pretenden aplicarse” (129). Esta crítica supone su conformidad con el punto de vista de Gary Becker, para quien “lo propio de la economía no es el tipo de objetos y quehaceres a que se aplica (...) sino el enfoque que utiliza” (139). Dicho de otra manera, “lo que distingue a la economía como disciplina (...) no es la materia de que se ocupa, sino la aproximación intelectual a ella” (141). El punto de vista económico asume que sus agentes buscan maximizar sus utilidades, y que el mercado coordina esa búsqueda, no importando cuál sea el objeto de sus preferencias.

Lo que sella su desacuerdo con Sandel es su adhesión al anti-perfeccionismo moral. Peña resume el perfeccionismo moral de la siguiente manera: “Hay quienes piensan que la vida humana tiene un telos —un propósito o un fin— que le viene dado desde fuera de sí misma y al que los individuos deben, si quieren llevar una vida correcta, y no una vida torcida, servir y perseguir” (165). Se puede observar aquí su acuerdo con Rawls, quien rechaza el perfeccionismo, que denomina el “principio aristotélico” (Rawls 1971, 424-433), porque lo percibe proclive al natural elitismo de los antiguos y un peligro para el pluralismo moderno. Para Aristóteles, los seres humanos tenemos una misma finalidad supra-individual que nos guía, como si cada una de nuestras vidas fuese “conducida por un guión previamente escrito” (166). El pluralismo moderno nos muestra, en cambio, cómo se ha roto la gran cadena del ser y esto ha dejado a la vista una radical diversidad de guiones personales. Peña observa cómo ahora “la vida humana brota por todas partes mostrando las formas sublimes y toscas que ella puede adoptar” (166).

Cuando Becker afirma que lo que efectivamente caracteriza a la economía no es el objeto al que se refiere, sino el enfoque que utiliza, asume con ello el pluralismo moderno. Nuestras preferencias se han desencadenado en tanto que ya no se rigen por determinaciones externas y, por tanto, miran en múltiples direcciones. La única cadena admisible es el contrato. Al contratar atamos libre y arbitrariamente nuestras manos con el fin de transar nuestras preferencias en el mercado, que no es más que una red de contratos. Tiene razón Becker cuando señala que las relaciones mercantiles no crean otros vínculos que los contractuales. Se trata de “relaciones autointeresadas, acciones que se realizan sólo en atención a los incentivos, a la utilidad que reportarían al agente” (148). Por esta razón, los economistas neoclásicos han concebido su disciplina como aplicable a todos los ámbitos de la vida, desde automóviles y tostadoras hasta el matrimonio, las relaciones sexuales y la acción criminal. Becker se opone a la concepción tradicional que restringe la economía “a la asignación de bienes materiales”. Esta idea aún pervive por la “renuencia a someter ciertos tipos de comportamiento humano al frío cálculo económico” (Becker, citado en Sandel 2012, 49). Tal como lo percibe Peña, “lo que Sandel parece pensar es que la concepción neoclásica, al extender su comprensión de la forma en que funciona el mercado y el consumo hasta alcanzar todos los intersticios de la vida, empobrece nuestra experiencia moral” (Peña 2017, 129-130). Y ello porque, según Peña, Sandel juzga certera la descripción de Becker y adhiere a ella. Esto indica que el argumento de Sandel es “extrañamente dependiente del de Becker” (148). Y en ello reside precisamente su error, afirmación que viene a ser el golpe de gracia que Peña le propina a Sandel. Por su parte, un Peña victorioso confía en que “una descripción más cabal de lo que ocurre con el dinero y el mercado, (...) una descripción que eche mano a la antropología o la sociología, muestre que no es cierto que el mercado tenga las características que Sandel [y Becker, por tanto] ve en él” (149).

5.

Peña le encarga principalmente a Durkheim el rescate del mercado, como una práctica que puede crear vínculos y que no deteriora la sociabilidad humana. Pero antes de examinar cómo recurre a Durkheim para desbancar a Sandel, me parece necesario estudiar la razón de fondo de por qué Sandel es contrario a la comodificación que celebra Becker. Para entender cabalmente a Sandel, hay que tener en cuenta su decisión de superar el liberalismo contractualista de Kant y Rawls y aproximarse al liberalismo perfeccionista de Hegel y Taylor. Tiene presente, anecdóticamente, la repugnancia que experimenta Hegel al rechazar la definición comodificada del matrimonio que elabora Kant, quien lo entiende como “el contrato (Verbindung) entre dos personas de diferente sexo para la posesión recíproca de sus órganos sexuales” (Kant 1966, 91).[4] Esta repugnancia es una de las razones que conducen a Hegel a superar (Aufheben) el punto de vista de la moralidad para alcanzar la esfera de la eticidad o Sittlichkeit. Esta misma debe ser la reacción de Sandel y puede explicar por qué en una antología que edita, y que titula sugestivamente Liberalism and its Critics, incluye un texto de Charles Taylor en que precisamente expone la doctrina de la Sittlichkeit (Taylor 1984, 177-199). Al avanzar más allá de Kant para afincarse en la Sittlichkeit, Sandel descubre, en esa figura, una disposición supraindividual y substantiva en la que puede apoyarse la autonomía de los individuos.

Peña, por su parte, reafirma el “profundo poder liberador” del dinero y el mercado y piensa que la autonomía que aseguran no necesita de apoyos externos, sino puramente internos: “El mercado no sólo posee límites morales (que es la dimensión que subraya Sandel), también es expresión de importantes ideales morales y tiene además ciertos supuestos, igualmente morales, sobre los que reposa” (223). Peña concibe al mercado y al dinero como moralmente autosuficientes. Son instituciones que anuncian el nacimiento del ideal de la autonomía. Éste es el ideal moral que define a la modernidad y fuente última de toda legitimidad. En la modernidad, afirma Peña,

la fuente de toda legitimidad son las creencias y preferencias que los individuos, al forjar su vida, han ido discerniendo para sí. Las instituciones poseen en general mayor legitimidad en la medida que logran expresar mejor esas preferencias y deseos que los individuos han forjado para sus propias vidas. Y de todas las instituciones sociales, no cabe duda de que el mercado es la que mejor realiza ese ideal de reflejar lo más fidedignamente posible las preferencias de las personas cualesquiera ellas sean. El mercado no posee una idea antecedente de virtud o de vida buena que promover (...) sino que él se orienta por las preferencias, deseos y anhelos de las personas sin someterlos a control ni dirección moral alguna. (224)

Posiblemente sea éste el momento más electrizante de la exposición de Peña. Es el momento en que corre a abrazar al mercado y el dinero como las instituciones matrices de nuestra autonomía, instituciones que liberan nuestros hábitos de consumo de cualquier traza egoísta, uniendo a los shoppers en un abrazo solidario. Ha exorcizado así a Sandel, pájaro de mal agüero, que ve corrupción y vileza en el dinero, y le impone al mercado una moral extraña.

En este momento de verdadera unción aparecen, sin embargo, amenazantes nubes en el horizonte.

Se ha dicho que el mercado simplemente acicatearía el deseo, el anhelo sin fin de diferenciarse y poseer cosas. Y que sobre la base de ese deseo ilimitado, imposible de satisfacer, el orden social no se podría erigir. Al acoger todas las preferencias de las personas sin discriminación previa, y al acicatearlas incluso mediante la publicidad, el mercado horadaría las mismas bases que lo sostiene. (224)

Me parece que hay que leer en este texto un postrer reconocimiento a que la objeción moral de Sandel al mercado y la comodificación no puede ser completamente desplazada. Después de todo, Peña reconoce que es preciso adjudicarle límites al mercado para domesticarlo o pacificarlo, ya que no parece posible resistir la vertiginosa velocidad que les imprime a nuestras preferencias una vez que han sido desatadas. Pero esos límites no pueden ser externos. Para preservar el ideal de autonomía, y afirmar su antiperfeccionismo moral, Peña apela a Durkheim, quien también argumenta que “sería indispensable contar con reglas morales que [limiten] el intercambio” (225). Pero los límites auspiciados por Durkheim son diferentes:

A diferencia de Sandel, esos límites morales del mercado no son límites extrínsecos, relativos a los bienes que se pueden comprar o no, sino que aluden a ciertos bienes sobre los que el mercado reposa y a los que Durkheim llama “reglas no contractuales de los contratos”. La modernidad, advirtió Durkheim, produce individuación, pero ella requiere al mismo tiempo una cierta conciencia moral sustantiva, centrada en la propia idea de individuo, que modere los deseos y las preferencias. (225-6)

Los límites de Durkheim son “las reglas no contractuales de los contratos” que Peña repetidamente menciona a lo largo de su exposición (40, 94, 95, 179, 195, 228; también Peña 2015a, 281). Esos límites no contractuales expresan una “conciencia moral substantiva” y no son negociables en tanto que anteriores al contrato. Según Peña, Durkheim, en su memoria La división del trabajo social, presentó esas reglas como “el cemento que cohesionaba a las sociedades. Por decirlo así, el mercado moderno tenía como su condición de posibilidad o límite interno la conciencia moral (concebida, claro está, como un hecho social, una parte de la cultura que orientaba normativamente la acción)” (149-150). Así, para Durkheim, la modernidad “requería un vínculo que no era contractual ni mercantil” (94). Peña no puede dejar de notar la sorprendente similitud de la concepción que avanza Durkheim y lo sostenido por Sandel con respecto a cosas que no se pueden comprar o vender, en tanto que no corresponden a situaciones contractuales sino que se sitúan más allá de la figura del contrato. Pero el a priori de Durkheim cae dentro del formalismo neokantiano, y se separa así del a priori hegeliano, la Sittlichkeit, que es de naturaleza substantiva. Durkheim, a fin de cuentas, pertenece al círculo de neokantianos franceses. Fue discípulo de Boutroux y Renouvier, y amigo íntimo de Hamelin y Brunschwig (Rose 1981, 14).

Si Durkheim hubiese sido un pensador sistemático, constructor de un edificio monolítico de ideas filosóficas, el caso de Peña estaría consolidado. Pero ello no es así. Sus ideas son tributarias de diversas fuentes, no todas ellas consistentes entre sí. A la influencia de los neokantianos franceses habría que agregar la de Rousseau, la de economistas heterodoxos como Von Schmoller y Wagner, y la de Hegel, a través de Dilthey y Tönnies. Con respecto a Hegel, Peter Knapp busca demostrar que la idea hegeliana de Geist,[5] que denota “aquellos procesos objetivos y supraindividuales que conforman y constriñen la acción humana”, encuentra un eco en la intención de Durkheim de instalar “procesos objetivos y supraindividuales en el centro de la sociología como disciplina” (Knapp 1985, 4; Beiser 2005, 243). Éste es precisamente el significado de la Sittlichkeit y coincide con la idea de “reglas no contractuales de los contratos” que Peña le imputa a Durkheim. Coincide también con los límites éticos que fundamentan y enmarcan la moralidad de los contratos en Sandel, límites que suponen “la adhesión a una entidad supraindividual” (Peña 2015a, 284). No podría definirse mejor la función de la Sittlichkeit hegeliana que cuando Peña le adjudica a Durkheim “un intenso individualismo moral sostenido por vínculos sociales” (Peña 2015a, 285). Esta mediación hegeliana demostraría que entre el pensamiento social de Sandel y el de Durkheim habría más afinidades que diferencias, y que no es implausible encontrar paralelos entre ellos, como hace Mark Cladis, por ejemplo, quien identifica a Durkheim como un liberal comunitario y piensa que su noción de libertad corresponde a la “libertad situada” que Charles Taylor deriva de Hegel (Cladis 1992, 38). Su proximidad con Sandel se hace cada vez más manifiesta, enturbiando la clara contraposición que observa Peña.

Si esto es así, ¿por qué el rechazo tan marcado de Peña con respecto a Sandel? ¿Qué exactamente ve en Durkheim que no ve en Sandel? Peña, como hemos visto, no niega que se pueda encontrar una similitud entre las políticas que ambos favorecen. Pero si se diera esa similitud, nos dice, ella sería sólo aparente porque Durkheim no critica la expansión del mercado hacia otras esferas de la vida humana (152). Para él y los otros fundadores de la sociología, “el mercado y el intercambio tenían un sentido profundamente social” (152). En cambio, “la premisa de la argumentación de Sandel es que el mercado y el dinero deben alejarse de ciertas actividades humanas (como la educación o la salud) porque se trata de un mecanismo frío que no crea vínculos, cuyos actos se ejecutan por razones puramente individuales (...) que socavan la idea de lo público” (152).

Lo que Peña no toma en cuenta es que el republicanismo de Sandel se traduce en una política del bien común y en el ejercicio del autogobierno de la polis. Afirmar que su crítica a la comodificación responde a su idea de que el dinero y el mercado sean un mecanismo frío que erosiona los vínculos sociales deja a un lado aspectos importantes de su argumento. El punto de vista de la economía neoclásica concierne sólo a la utilidad y su maximización. Es posible que el contratar mercenarios para que combatan en nuestras guerras, el permitir el pago por los votos de los sufragantes, el facilitar la posibilidad de que los padres contraten a mujeres de escasos recursos como portadoras de sus embarazos, el que se aspire a privatizar los sistemas de educación, de salud y de prisiones maximice la utilidad social. Los mecanismos de mercado, reconoce Sandel, son indudablemente “instrumentos útiles para organizar la actividad productiva” (Sandel 2009, 265). Pero si el mercado va a “reformular las normas que gobiernan a las instituciones sociales, se necesita un debate público acerca de los límites morales del mercado” (Sandel 2009, 265). Para estos economistas, el bien común y la justicia social son expresiones vacías. Sólo tienen en vista el bien de cada individuo.

Si el autogobierno de la polis ha de ser efectivo e invite a todos a participar es necesario un cierto nivel de igualdad. Para lograrlo son indispensables políticas redistributivas que deben ser aceptadas por los ricos como su contribución al bien común. Según Sandel, la redistribución no debería focalizarse en expandir el acceso al consumo, sino en elevar “los impuestos a los adinerados para reconstruir servicios e instituciones públicas que aprovechen tanto ricos como pobres” (Sandel 2009, 267). El republicanismo dicta que no es cívicamente saludable que ricos y pobres vivan vidas segregadas que nunca no se topan. Las ciudades deben contar con lugares públicos que faciliten el encuentro cívico. Deben también contar con servicios públicos que atiendan a la educación, el transporte, los servicios de salud y las bibliotecas que son escuelas de civismo. La educación pública, en especial, debe inculcar virtudes cívicas, aunque más importante, en un sentido práctico, es lo que ocurre cuando “gente joven de diferentes clases económicas, tradiciones religiosas y comunidades étnicas se reúne en instituciones comunes” (Sandel 2009, 264). Durante su estadía en Chile en enero de 2016, Sandel se refirió a los palcos privados (corporate boxes) que han proliferado en los estadios deportivos de Estados Unidos. Esto ha significado que ricos y pobres ya no se sienten uno al lado del otro, sino que participen segregadamente en esos espectáculos deportivos. El dinero y el mercado han permitido lo que Sandel denomina la “palconización” de la vida en sociedad.[6] Esto no es bueno para la democracia, la que, aunque no demanda una igualdad perfecta, sí requiere que las personas de clases, etnias y culturas distintas se encuentren.

No consignar el imperativo del autogobierno y la política del bien común que auspicia Sandel es empobrecer su argumento acerca de la comodificación. Empobrecido de esta manera, no es extraño que Peña lo califique a continuación de pobre. Con respecto a Durkheim, Peña señala que éste no habría criticado la expansión del mercado y supuestamente habría apoyado la privatización de escuelas, universidades, hospitales, cárceles y carreteras. Pero no cita ningún texto en que aparezca Durkheim favoreciendo esa política privatizadora. Hay que tomar también en cuenta que el Estado, tal como lo entiende Durkheim, no es el Estado mínimo de Locke, Spencer o Nozick. En el prefacio a la segunda edición de La división del trabajo en la sociedad, Durkheim escribe: “Nada es más erróneo que el antagonismo que frecuentemente se establece entre la autoridad legal y la libertad individual. Muy por el contrario, la libertad (...) es ella misma un producto de la regulación” (Durkheim 1964, 3). Esto corresponde a una concepción republicana del Estado y la autoridad que Sandel podría subscribir.

6.

Es necesario destacar, por último, un gran mérito de este libro. Si bien el argumento de Peña analiza, define y compara principalmente las ideas de autores norteamericanos y europeos, la orientación y el sentido de sus análisis no son abstractos, sino que están anclados en circunstancias históricas concretas. Peña tiene bien plantados sus pies en el Chile de hoy, el Chile de la revolución neoliberal que se inicia en 1973 y el de la recuperación democrática a partir de 1990. Es esta experiencia la que le sirve como medida para decidir la selección de autores y tópicos a estudiar.

Pero desde ya hay que notar que este mérito puede constituir también una debilidad. En cierto sentido, Chile vive todavía bajo el peso ideológico de la catalaxia hayekiana; a saber, “la idea de que el mercado debe ensancharse y la política encogerse” (257). Peña podría parecer como adhiriendo a este legado. Cuando hablamos de política hablamos de política democrática. Para Hayek y el neoliberalismo, si la democracia es meramente instrumental, y, como tal, procede sólo a sumar las preferencias de los individuos, sin juzgarlas, no hay peligro de que ella pueda desembocar en el colectivismo. Para Peña si una democracia deja de ser puramente instrumental, “la colectividad tiene fines propios, independientes de los fines de los individuos” (260). Para evitar esto habría que darle la razón a Thatcher cuando afirma que la sociedad no existe, en el sentido de que la sociedad no es “un supersujeto, sustantivamente distinto a quienes lo componen” (261). Traer a colación al totalitarismo cuando se discute la democracia en Chile es, para bien o para mal, uno de los legados del neoliberalismo. En el caso de Peña, ello tiene profundas raíces filosóficas que son las que determinan sus objeciones al perfeccionismo que, en su opinión, significa “no perseguir los fines que los individuos tienen, sino los que deberían tener a la luz de alguna idea de la excelencia humana” (262). Sabemos que para Peña estos fines son nuestras preferencias. El mercado y el dinero son los canales que permiten que ellas se manifiesten, circulen y se transen públicamente, sin necesidad de abdicarlas. No es posible decir que el mercado es superior a la política. Pero tampoco la política democrática puede considerarse como “superior a un mecanismo de coordinación como el del mercado” (265). Peña coloca al mercado y la democracia en un pie de igualdad. Ambos son simples mecanismos instrumentales.

Es cierto que los ciudadanos de esta democracia instrumental pueden deliberar. Peña, citando a Rawls, asume que los ciudadanos “suponen que sus opiniones políticas pueden ser revisadas mediante la discusión con otros ciudadanos; y, por tanto, estas opiniones no son simplemente un resultado fijo de sus existentes intereses privados o no políticos” (Rawls 1997, 772; Peña 2017, 264). Debido a su convicción republicana, Sandel adhiere a una versión más robusta de la democracia deliberativa. La deliberación toma en cuenta las preferencias de los agentes económicos y no las trata como exógenas, de modo que acepta someterlas a escrutinio crítico. Los ciudadanos que deliberan democráticamente deben estar dispuestos a abdicar de sus preferencias en vista de una autonomía superior, la autonomía de la razón práctica. Algunas preferencias son objetables por ser, por ejemplo, productos de manipulación propagandística. Una democracia deliberativa debe descubrir y revelar esas preferencias distorsionadas (Sunstein 1993, 198-199). El republicanismo se encuentra a gran distancia del fetichismo de las preferencias, que las ve como exógenas y manifestaciones de nuestra autonomía. El republicanismo es distante también del atomismo social y su rechazo de un bien común, por ser ésta una idea que obligaría a concebir la sociedad como entidad cuasi-sustantiva con fines propios (Correa y Cristi 2016, 40-43).

Pareciera que Peña, al refutar a Sandel, lo hace desde una postura ideológica afín al neoliberalismo. Esto no es así. Es cierto que, como él mismo señala, “no es posible concebir la sociedad moderna sin la extensión del mercado y la expansión del consumo” (25). Pero es categórico en su reconocimiento de que ello no debe “conducir al exceso de pretender privar de autonomía a la política, concibiéndola nada más que como un remedo del mercado” (25). ¿Cómo explicar estas disonancias en su argumentación? En un brillante breve ensayo en el que Peña examina la evolución del pensamiento de Rawls, explica que éste, como respuesta a sus críticos, deja atrás su universalismo inicial y ahora hace su teoría “dependiente del contexto en el que se la formula” (Peña 2015b, 386). ¿Cómo describe Peña el resultado de esta transición? Señala que Rawls alcanza “un punto de vista que parece más inspirado en Hegel que en Kant” (Peña 2015b, 386). Creo que es posible decir que el pensamiento de Peña está en el proceso de experimentar una transición semejante, en tanto que su punto de vista aparece, por el momento, más inspirado en Hegel y Durkheim que en Kant y Rawls.

REFERENCIAS

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1 En adelante el libro reseñado será citado tan sólo con su número de página en paréntesis.

2 Compárese con página 190.

3 Una discusión distinta es la que se pregunta por la fuerza y eficacia moral de los contratos. Para un realista como Hobbes, la moralidad es insuficiente como reguladora de los contratos. Su tercera ley natural, que obliga a cumplir lo prometido, es palabrería vana sin el concurso de la legalidad (“And Covenants, without the Sword, are but Words” (Hoobes 1968, 223)). Para Hegel, la legalidad no basta y requiere el concurso de la eticidad (Sittlichkeit), una esfera que supera la moralidad sin, por supuesto, anularla.

4 Hegel escribe: “No se puede subsumir el matrimonio bajo el concepto de contrato, como vergonzosamente —hay que decirlo— lo ha hecho Kant” (Hegel 1975, 109). Una experiencia similar es la que examina Alvin Roth en un ensayo que cita Sandel (Roth 2007).

5 Para Hegel, la Sittlichkeit es el verdadero Geist (Hegel 1970, 327).

6 Durante su visita a Chile, Sandel se refirió al fenómeno de la “palconización de la vida en sociedad”. Ver https://www.youtube.com/watch?v=9ho8SYGMev8. Ver también una entrevista para radio Cooperativa: https://www.youtube.com/watch?v=xUkI5c-JRs0.