Revista de Políticas Públicas

Nº 151 invierno 2018

www.cepchile.cl

Contenido

VOUCHER Y CIERRE DE ESCUELAS EN CHILE

Ricardo D. Paredes

Matías Fresard

RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO COMPETITIVO EN LOS APORTES SOCIALES DE LAS EMPRESAS

Magdalena Aninat

Isidora Fuenzalida

REGULARIZACIÓN DE DERECHOS CONSUETUDINARIOS DE AGUAS: CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA VACILANTE DE LA CORTE SUPREMA

Alejandro Vergara Blanco

ARISTÓTELES Y LA FILOSOFÍA ACTUAL*

Alejandro G. Vigo

CHILOÉ, EL LABERINTO DESCONOCIDO

Juan Manuel Vial

UNA TAREA URGENTE*

Enrique Barros Bourie

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: LOS APORTES DE LA FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO PRESUPUESTARIO, LA EVALUACIÓN Y EL PRESUPUESTO POR RESULTADO

Heidi Berner Herrera

MUCHAS VIDAS Y UNA SOLA MUERTE

Ascanio Cavallo

RUIZ, EL CRÍTICO

Ascanio Cavallo

ARTÍCULO

VOUCHER Y CIERRE DE ESCUELAS EN CHILE

Ricardo D. Paredes

Duoc UC

Matías Fresard

Duoc UC

Ricardo Paredes. Rector de Duoc UC y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Email: rparedesm@duoc.cl.

Matías Fresard. Egresado del magíster en análisis económico de la Universidad de Chile. Investigador de la Subdirección de Estudios, Duoc UC. Email: mfresard@duoc.cl.

Resumen: Existe controversia acerca del efecto del sistema de vouchers sobre el aprendizaje, particularmente en el régimen escolar chileno. Por un lado, se arguye que la competencia de las escuelas por capturar y retener más alumnos, con padres que escogen las mejores, generaría un efecto virtuoso en el aprendizaje. Por otro, se dice que los padres no elegirían bien, las escuelas no reaccionarían a la competencia ni el propio Estado limitaría el cierre y la reasignación natural de alumnos. Para contribuir con evidencia en esta discusión, este artículo identifica factores relacionados con el cierre de escuelas en Chile y lo que ocurre con el destino de los alumnos de las escuelas cerradas. Con antecedentes de rendimiento por alumno y funcionamiento de escuelas para el período que va desde el año 2002 hasta el 2012, los resultados sugieren que la cantidad de alumnos por nivel se correlaciona en alto grado y negativamente con la probabilidad de cierre; que hay un quiebre estructural en la probabilidad de cierre al nivel de 42 alumnos por nivel, lo que presumiblemente está determinado por la calidad, y que, frente a la caída de alumnos, las escuelas municipales cierran menos que las escuelas particulares subvencionadas y las particulares pagadas, lo que es consistente con sus mayores restricciones políticas. Finalmente, hallamos que los alumnos cuyas escuelas cierran se tienden a mover a otras mejores, lo que desde el punto de vista de la recomposición de la matrícula es una consecuencia virtuosa.

Palabras clave: aprendizaje, cierre de escuelas, sistema de vouchers, escuelas municipales, escuelas subvencionadas.

Recibido: marzo 2018; aceptado: junio 2018.

Clasificación JEL: C24, I21, J24, L25.

VOUCHERS AND SCHOOL CLOSURES IN CHILE

Abstract: There is controversy about the effect of the voucher system on learning, particularly in the Chilean school system. On the one hand, it is argued that competition between schools to capture and retain more students, with parents choosing the best, should generate a virtuous learning effect. On the other, it is said that parents do not choose well, schools do not react to competition and the State itself limits school closures and the natural reallocation of students. To bring some evidence to the debate, this article identifies factors relating to school closures in Chile and what ultimately happens to the students from the closed schools. Drawing on information about individual student performance and school operation for the period from 2002 to 2012, the results suggest that the number of students per level correlates heavily and negatively with the likelihood of closure; that there is a structural break in the likelihood of closure at the level of 42 students per level, which is presumably determined by quality; and that when the numbers of students drop, municipal schools are less likely to close than subsidized and unsubsidized private schools, which is consistent with the greater political constraints on them. Lastly, we find that students whose schools close tend to move on to better ones, which from the viewpoint of the recomposition of school enrollment is a virtuous consequence.

Keywords: learning, school closure, voucher system, municipal schools, subsidized schools.

Received: March 2018; accepted: June 2018.

JEL classification: C24, I21, J24, L25.

1. INTRODUCCIÓN

Para que un sistema de vouchers sea educacionalmente efectivo se requiere, entre otras condiciones, que las escuelas de peor rendimiento pierdan alumnos y eventualmente cierren, mientras que las de mejor rendimiento, los ganen (Beyer 2000). Que las escuelas peores cierren tiene un lado negativo para los niños y sus familias, en lo que respecta a los costos de traslado y la pérdida de redes. Por ello, los cierres de escuela son resistidos y están condicionados a factores políticos. Es esperable, así, que la probabilidad de cierre de las escuelas caiga cuando haya menos escuelas alternativas o cuando ellas son públicas.

La discusión de política pública en Chile, uno de los países con el sistema de vouchers más extendido en el mundo, ha dado espacio a un conjunto de medidas que, en la práctica, limitan su funcionamiento. Aedo y Sapelli (2000) revisan un conjunto de trabajos a esa época, remarcando que una de las ventajas más claras del sistema de vouchers es haber aumentado la competencia entre escuelas. Ello habría generado incentivos para dar un mejor servicio educativo, ampliando las posibilidades de elección de las familias de ingresos bajos y medios.

Por su parte, la posición más influyente de la última década sostiene que el sistema de vouchers ha sido negativo para el aprendizaje, porque sobredimensionaría las evaluaciones, exacerbaría la competencia entre alumnos y tendría consecuencias adversas sobre segregación escolar (Corvalán et al. 2015). A partir de lo que ha sido principalmente una hipótesis, en la última década el Estado de Chile ha venido aplicando medidas que van en contra de la esencia del funcionamiento descentralizado de vouchers, tales como el término al copago por parte de los padres, el que se relaciona con la posibilidad de elección; el término del lucro en las escuelas, que limita la diversidad de escuelas, y otras que incluso implican limitaciones a la divulgación de resultados de test de aprendizajes o limitaciones al cierre de las escuelas mal evaluadas. Más aún, el cierre de escuelas se ha considerado como una consecuencia adversa del funcionamiento del sistema de vouchers (ver, por ejemplo, Corvalán et al. 2015), lo que está muy desalineado con un conjunto de estudios que siguieron el pionero trabajo de Aedo y Sapelli (2000).

Parte importante de la discusión en países que tienen sistemas de vouchers restringidos también se relaciona con el cierre de escuelas, particularmente si no son capaces de cumplir estándares de calidad (Chumacero y Paredes, 2012). En Chile, ello se ha mezclado con un problema de sustentabilidad financiera, sustentabilidad que por cierto es más precaria en un régimen de vouchers y resulta particularmente crítica para las escuelas que pierden alumnos a causa de su baja calidad.

En este trabajo dimensionamos la magnitud del cierre de escuelas en Chile e identificamos los factores que se relacionan con la probabilidad de cierre. Para ello, utilizamos una metodología que contempla la posibilidad de un quiebre estructural en base al tamaño de la escuela, lo que le da flexibilidad al modelo y evita, de existir tal quiebre, sesgos de estimación. Hallamos que existe un quiebre estructural al nivel de 42 alumnos por nivel, pasado el cual la probabilidad de cierre cae significativamente. Hallamos también que, condicional al tamaño, no se aprecia una relación estable entre la probabilidad de cierre y el rendimiento de la escuela. Sin embargo, y más relevante respecto de las prescripciones de política, encontramos que los alumnos de las escuelas que cierran migran mayoritariamente a mejores escuelas.

Más allá de esta introducción, el resto del trabajo se estructura en tres secciones. La sección 2 entrega los elementos centrales del funcionamiento del sistema educacional en Chile y hace una breve revisión de la literatura sobre vouchers. La sección 3 describe los datos, presenta la metodología para la estimación sobre cierre de escuelas y reporta los resultados. La sección 4 concluye.

2. ANTECEDENTES

2.1. El sistema de vouchers en Chile

La reforma del sistema educativo chileno, de principios de los ochenta, generó básicamente tres categorías de escuela, de acuerdo a su financiamiento. En primer lugar, las escuelas municipales. En segundo lugar, las particulares subvencionadas. Estas dos son financiadas por el Estado vía vouchers, que se determinan de acuerdo al nivel de asistencia promedio de cada alumno durante los últimos tres meses. Y en tercer lugar, se definieron los colegios particulares pagados, los que no reciben aportes del Estado y se financian únicamente a través de matrículas, mensualidades y donaciones de terceros. Estos tres tipos de escuela tienen diferencias significativas, incluyendo la distinta administración. Las escuelas municipales son administradas por la municipalidad o corporaciones municipales; los colegios particulares subvencionados y los particulares pagados, por instituciones que pueden tener o no fines de lucro (Aedo y Sapelli 2000). También aplican a cada cual distintos regímenes laborales, siendo más difícil el despido en las escuelas municipales. Junto con esto, a las escuelas municipales —con mínimas excepciones— se les impidió, hasta el año 2017, seleccionar a sus alumnos, a menos de que se vean enfrentadas a un exceso de demanda. Esta diferenciación ha generado controversias sobre los efectos en segregación y aprendizaje, las que han derivado en nuevas regulaciones, las que incluso contemplan el término del sistema de vouchers (Paredes et al. 2013; Zubizarreta et al. 2014).

2.2. La literatura

La literatura sobre las consecuencias del sistema de vouchers en el aprendizaje es amplia. En el plano internacional, Levin (1998) y Neal (2002) analizan varias experiencias y concluyen con una visión crítica sobre su efecto en el aprendizaje, que atribuyen a la incapacidad del sistema de disciplinar a las escuelas, porque las personas no procesarían bien la información, lo que sería en un alto grado en las de menor ingreso y educación. En la misma línea, Kisida y Wolf (2010), Hastings y Weinstein (2008), Dronkers y Avram (2015) sugieren que la falta de información limita la operación de un sistema de vouchers. Así, Hastings et al. (2007) muestran que la entrega de información impacta de manera positiva en el rendimiento académico de la escuela escogida.

Para Chile, Carnoy y McEwan (2001), McEwan y Carnoy (2000) y Elacqua y Fabrega (2004) atribuyen los pobres resultados en aprendizaje en el sistema completo a la baja capacidad de los padres de elegir escuelas de mejor calidad. Ello es, en parte, apoyado por encuestas de conocimiento del Simce (ver, por ejemplo, CEP 2006), que muestran que menos del 50 por ciento de los padres conoce los resultados de los test estandarizados, y menos del 1 por ciento considera esos resultados como el factor más incidente a la hora de elegir una escuela. Sin embargo, Gallego et al. (2008) destacan que la elección de los padres pone énfasis en calidad y distancia, creciendo la importancia de la primera y disminuyendo la segunda a medida que aumenta el ingreso familiar. Chumacero et al. (2011) confirman esos hallazgos a través de un modelo de elección de escuela más cercana y concluyen que la distancia y la calidad son los atributos más relevantes en la elección de la escuela. Gómez et al. (2012) analizan el efecto que tuvo sobre la decisión de los padres el informar públicamente los resultados por escuela. Hallan un efecto positivo de la información, pero destacan que, aun en el tiempo cuando dicha información no era pública, los padres también actuaban “como si” supieran sobre diferenciales de calidad.

Más recientemente, Arteaga et al. (2018) desarrollan un modelo de elección de escuela restringiendo el conjunto de preferencias relevantes y usando directamente la georreferenciación de establecimientos y hogares. Aunque centran su foco en el efecto de la segregación del sistema de copago, confirman que la distancia, el pago y la calidad son factores relevantes en la elección de escuelas por parte de los padres. Concluyen, además, que el factor que más incide en la segregación escolar —una de las consecuencias atribuidas al sistema de vouchers por varios autores— no es la capacidad de pago, sino el currículo de las escuelas.

En resumen, la literatura es relativamente crítica de la capacidad de los padres para elegir escuela; crítica, al menos, en señalar que dicha elección es acotada y mediada por el ingreso familiar. Para el caso de Chile, la literatura más reciente halla un efecto claro de la calidad en la elección de escuelas, sin perjuicio de la capacidad diferenciada, entre familias, de procesar la información y definir acorde a ella. De cualquier modo, incluso los hallazgos más recientes, en los que se observa que la elección de escuela está en parte determinada por la calidad, no dan luces sobre cuánta información es necesaria para que observemos un efecto positivo en los aprendizajes. Podría ser suficiente que un pequeño porcentaje de los padres reaccione a las diferencias de calidad, de tal suerte que pueda provocar efectos significativos en la sustentabilidad financiera de las escuelas. Así, si producto de una baja marginal de estudiantes se gatillara una crisis financiera y el cierre de la escuela, ello podría tener un efecto inmediato y significativo. Por el contrario, si la salida de alumnos deteriora la capacidad de proveer calidad pero ello no involucra un cierre, una baja relevancia de la calidad de la escuela en la decisión de los padres podría potenciar los efectos adversos sobre todo el sistema.

Una línea de literatura que sortea la pregunta respecto a cuál es el nivel límite de información necesaria para que existan efectos significativos en el aprendizaje se enfoca directamente en el efecto de la competencia entre escuelas. Borland y Howsen (1992) y Couch et al. (1993), pioneros al considerar distintas medidas de competencia, verifican una relación positiva entre ellas y el resultado académico. Hoxby (1994; 2001) halla que la mayor competencia, provista por las escuelas privadas, aumenta la eficiencia de las públicas. Sander (1999), usando una metodología de estimación algo más completa, encuentra que la competencia generada por escuelas privadas no impacta el resultado de las públicas. Ladd y Fiske (2001), para Nueva Zelanda, hallan que las condiciones competitivas provocadas por la reforma en ese país redujeron el aprendizaje. Böhlmark y Lindahl (2008) estudian la competencia entre escuelas privadas y públicas al interior de la comunas en Suecia después de creado un sistema de vouchers. Encuentran que un aumento en la participación de las escuelas privadas mejora los resultados de las escuelas públicas a corto plazo, pero no dan con evidencia para el mediano y largo plazo, concluyendo que el efecto de esta competencia es discreto en producir efectos positivos y duraderos.

Para Chile, McEwan y Carnoy (2000), también utilizando datos de corte transversal, analizan el efecto de la competencia —medida como porcentaje de la matrícula de escuelas particulares en la comuna— en el rendimiento de las escuelas para cuarto básico entre 1988 y 1996. Sus resultados sugieren un efecto negativo en las escuelas municipalizadas y que este efecto es mayor en aquellas comunas con una mayor participación de escuelas privadas subvencionadas. Hsieh y Urquiola (2003) hallan que el aprendizaje disminuye a medida que aumenta la presencia de escuelas privadas subvencionadas en la comuna, resultado que se replica con otras variables dependientes utilizadas para el mismo estudio (tasa de repitencia, promedio de escolaridad de los alumnos). Gallego (2002) utiliza como proxy de la variable competencia el porcentaje de matricula privada a nivel comunal, y como instrumentos, la proporción de población urbana y la cantidad de estudiantes matriculados por comuna. Observa una relación positiva entre competencia y resultados educativos sólo para las escuelas privadas subvencionadas, y destaca que la diferencia con los resultados previos puede obedecer a no considerar la posible endogeneidad de la variable competencia.

En un trabajo más reciente, Gallegos et al. (2016) critican las medidas de competencia utilizadas en la literatura que emplea datos de corte transversal, sugiriendo que sesgan hacia abajo cualquier efecto de la competencia en el aprendizaje. Si la decisión de localizar una escuela es libre, debiera terminar igualándose transversalmente los aprendizajes. La forma en que proponen estudiar el efecto de la competencia es usar una variable diferente, aprovechando un cambio institucional que efectivamente permite observar el efecto de la competencia. Los resultados sugieren que una mayor competencia aumenta significativamente el rendimiento educacional de escuelas tanto privadas como municipales. El efecto, sin embargo, resulta sustancialmente mayor en el caso de las escuelas privadas, lo que lo atribuyen a la mayor flexibilidad e incentivos directos que hay para las escuelas privadas de tener una mejor gestión financiera.

Sobre el cierre de escuelas, hay, sustancialmente, menos trabajos; además, ellos se centran en elementos sociológicos, ya que el cierre es una decisión que excede ampliamente lo económico. Phipps (1993) analiza el efecto de distintas interacciones entre la comunidad y la directiva de la escuela respecto a las decisiones de cierre en los Estados Unidos. Destaca los costos asociados a clausurar una escuela, por la pérdida de un bien público usado por toda la comunidad, el cambio en el estándar de vida de esa comunidad, los mayores requerimientos de viaje, y el efecto adverso en la identidad local. Concluye que los representantes de la comunidad se tienden a involucrar, a un mayor grado, sólo en el caso de que la vida de toda la comunidad estuviera relacionada con la escuela, y que los miembros de la directiva intentan usar sus poderes y capacidades para disminuir lo más posible los costos asociados al cierre.

Pandey et al. (2009) sugieren que la probabilidad de cierre depende de ciertas características de cada escuela, tales como la razón alumno-profesor, la cantidad de profesores, el salario de los mismos, el porcentaje de alumnos negros y católicos, si se trata de fundaciones sin fines de lucro, y el tamaño. Hallan que las escuelas más nuevas, de menor tamaño, tienen menor probabilidad de cierre y que el hecho de ser escuelas religiosas o “high-school-only” no son factores estadísticamente significativos en diferenciar su probabilidad de cierre.

Billger y Beck (2009) analizan escuelas rurales en Illinois. Hallan que la cantidad de alumnos promedio para las escuelas secundarias que no cerraron era de 689, más del triple del promedio de las que sí cerraron (que era de 202). Al mismo tiempo, las escuelas que cesaron sus actividades tendían a encontrarse en las comunidades con menores niveles de ingresos. Sus resultados muestran que la cantidad de alumnos está correlacionada negativamente con la probabilidad de cierre y que el que la escuela se encuentre en una zona rural aumenta el riesgo de cierre. Billger (2010) postula diferentes razones por las cuales una escuela decide cerrar. Enfocándose principalmente en escuelas primarias (elementary school) y secundarias (high school) de Illinois y usando probit, plantea una prociclicidad del cierre de escuelas, y que este cierre aumenta con la proporción de alumnos negros y de bajos recursos. Sugiere que, condicional a la tasa de pobreza, empleabilidad agrícola, población inmigrante, logros escolares, población educada y tasa de desempleo, la baja cantidad de alumnos y el aumento en costos no necesariamente se relacionan con el cierre.

Para Chile, Grau et al. (2015) sugieren que los cierres de escuelas inciden en la probabilidad de que el alumno baje su rendimiento en la nueva escuela a la que debe asistir. El cierre de escuela aumenta en 30 por ciento (1,5 puntos porcentuales) la probabilidad de que el alumno repita en la nueva institución.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

3.1. Cierre de escuelas

La base de datos empleada tiene un formato panel y corresponde a una unión entre las bases Simce, test de aprendizaje estandarizado y bases del Mineduc, la cual tiene información sobre todas las escuelas existentes. El período considerado es 2002 a 2013, lo que permite un seguimiento de los alumnos por un tiempo significativo. Las bases Simce contienen los puntajes de los test y características sociodemográficas de los alumnos y de sus familias. Así, disponemos de información de escuelas, rendimiento de cada alumno y de sus características sociodemográficos, incluyendo el nivel de ingresos de los padres.

La base de escuelas permite, a través de un código identificador (RBD), seguirlas a través del tiempo. Utilizamos un conteo de dos etapas, con el fin de identificar las escuelas que han cerrado en el período estudiado. Para la primera etapa, utilizamos el RBD; si este código “desaparece”, por más de dos años, entonces marcamos la escuela como potencialmente cerrada. Con el propósito de eliminar errores de cambio o errores de RBD, la segunda etapa considera todas las escuelas potencialmente cerradas. Para cada una de ellas, calculamos el mayor porcentaje de alumnos que se cambiaron a una escuela con un código diferente. Si más del 80 por ciento de los alumnos de la escuela supuestamente cerrada aparece bajo una misma escuela pero con otro código, asumimos que esa escuela no cerró, sino que sólo cambió su código. Si el máximo porcentaje de alumnos que aparecen, bajo otro código, es inferior a 80 por ciento, entonces asumimos que efectivamente la escuela cerró.

Del conteo de escuelas cerradas (tabla 1), se aprecia que en relación al total de escuelas de su tipo, los colegios particulares pagados tienen un porcentaje de cierre sustancialmente mayor al de las escuelas privadas subvencionadas y municipales.[1]

TABLA 1. ESCUELAS CERRADAS POR DEPENDENCIA

Año de cierre

Tipo de dependencia

Total

Municipal

Particular

subvencionado

Particular pagado

Cerrados

%

Cerrados

%

Cerrados

%

2002

108

1,88

27

0,92

51

8,46

186

2003

94

1,65

46

1,46

43

7,29

183

2004

123

2,17

40

1,24

20

3,58

183

2005

184

3,25

28

0,83

11

2,39

223

2006

109

1,97

43

1,23

6

1,34

158

2007

112

2,04

55

1,56

17

3,79

184

2008

81

1,50

57

1,59

7

1,56

145

2009

159

2,95

41

1,13

7

1,59

207

2010

200

3,78

49

1,34

11

2,47

260

2011

149

2,89

112

3,04

10

2,29

271

2012

94

1,84

73

1,97

11

2,59

178

Total

1.413

571

194

2.178

Por su parte, como se observa en la tabla 2, de las escuelas que cerraron la gran mayoría poseía menos de 10 alumnos por nivel el año de cierre. Esa tabla indica, también, que las escuelas que cerraron están sobrerrepresentadas en escuelas de bajo puntaje Simce.

TABLA 2. CIERRE POR TAMAÑO Y RESULTADOS ACADÉMICOS

Tamaño

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51 o más

Total de escuelas

41,78%

10,92%

8,98%

7,36%

4,91%

26,05%

Escuelas cerradas

75,21%

7,94%

4,77%

3,35%

2,11%

6,06%

Simce

1-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

Total

Lenguaje

0,017%

0,086%

2,745%

62,61%

29,80%

4,726%

0,017%

Matemáticas

0,035%

0,195%

3,762%

65,72%

26,01%

4,027%

0,248%

Cerradas

Lenguaje

0,152%

0,610%

9,146%

51,83%

31,40%

6,707%

0,152%

Matemáticas

0,308%

1,541%

12,33%

53,78%

25,27%

6,626%

0,154%

La descripción previa sugiere que las peores escuelas pierden alumnos y cierran. Sin embargo, pudiera ser que las escuelas con menos alumnos sean menos sustentables financieramente; o sea, que su cierre no tenga que ver con la calidad, sino con el aislamiento geográfico, con la ruralidad. En tal caso, la supervivencia de la escuela debiera ser cuidada. Naturalmente, calidad y número de alumnos se relacionan bajo un esquema de vouchers, por lo que estimaciones condicionadas son de utilidad y es lo que hacemos a continuación.

3.2. Factores asociados al cierre de escuelas

Un factor de preocupación, que es esperable que esté detrás del cierre de las escuelas, es la calidad. La relación de la calidad con el cierre, en un sistema de vouchers, se debiera dar a través de la caída de estudiantes. Así, la vinculación empírica más directa es entre cierre y número de estudiantes, lo que determina el tamaño. Por su parte, la relación entre tamaño y cierre puede no ser lineal. La decisión de cierre debiera tener que ver con un umbral bajo el cual no es financieramente sostenible la mantención de una escuela.

Las estimaciones de relaciones condicionadas tienen el potencial de aislar los efectos de distintos factores, de forma que podemos identificar empíricamente la importancia de cada uno de ellos. La ausencia de una teoría asentada y el propósito de investigar sobre dichas correlaciones nos lleva a considerar un modelo probit simple, que considera, entre otras, las variables calidad (medida a través de los resultados medios de los test estandarizados), matrícula por nivel, dependencia e ingreso familiar de los alumnos. La variable dependiente cierre corresponde a una dummy que indica si la escuela cerró en el periodo de estudio.

Una preocupación particular por esta estimación es la posibilidad, ciertamente derivada de la lógica financiera, de que exista un quiebre de matrícula bajo el cual la viabilidad financiera de una escuela (que fundamentalmente depende de los ingresos vía voucher) cae fuertemente. En simple, se espera que la relación entre tamaño y probabilidad de cierre sea no lineal y que, de presentar un quiebre, se requiere un método de estimación que contemple esa posibilidad.

Como en este caso no conocemos el eventual punto de quiebre, requerimos una metodología, en la línea de la propuesta por Hansen (2000) para modelos lineales o la propuesta por Wongsosaputro et al. (2011), ya que eliminan el posible sesgo en la estimación, lo que se exacerba en el caso de la estimación probit. Específicamente, este modelo estimado, considerando la estructura de panel, considera la estimación probit para dos submuestras:

En donde π ∈ [0,1] corresponde al porcentaje de la muestra antes del punto de quiebre, que es desconocido, y πN representa el punto del quiebre. Una manera de testear los posibles puntos de quiebre es utilizar una expresión modificada del test Log-likelihood Ratio (LR), como:

Donde l_1(.) y l_2(.) corresponden a las funciones log-likelihood de la primera y segunda estimación, respectivamente.

Nos centraremos en el test LR, ya que sólo se necesita del modelo restringido para calcularlo. Para ello estimamos el modelo probit asumiendo la hipótesis nula de que no existe un quiebre estructural en la estimación, con lo cual se obtiene la probabilidad estimada de cierre para cada escuela y los residuos de la estimación. Luego, se realizan dos estimaciones, según las observaciones bajo y sobre el porcentaje (π) de la muestra que se está evaluando.

Los resultados del test de quiebre estructural, que siguen el método de Andrews, indican que los datos son consistentes con la existencia de éste, que corresponde a 42 alumnos por nivel y que, superando ese nivel, la probabilidad de cierre cae drásticamente.[2] Los resultados de las estimaciones, para los dos regímenes, antes y después del quiebre, se presentan en la tabla 3.

Figura 1. ESTIMACIÓN DEL QUIEBRE ESTRUCTURAL EN UN MODELO PROBIT – CANTIDAD DE ALUMNOS POR NIVEL

TABLA 3. EFECTO FIJO RESPECTO AL CIERRE DE ESCUELA ANTES Y DESPUÉS DEL QUIEBRE ESTRUCTURAL

Menos de 42

alumnos por nivel

42 o más

alumnos por nivel

Matrícula por nivel

-0,000535

0,0003579***

(0,00064)

(0,00008)

Matrícula por nivel^2

0,00000467

-0,00000059***

(0,00000)

(0,0000000)

Escuela subvencionada

0,0249464

0,0126581

(0,11993)

(,05006)

Colegio particular pagado

-0,0323318

-0,0794297

(0,12175)

(0,05649)

Matrícula por nivel / Escuelasubvencionada

-0,0001799

0,000063

(0,00051)

(0,00008)

Matrícula por nivel / Colegio p. pagado

0,0010571

0,0007125*

(0,00121)

(0,00033)

Puntaje Simce promedio de matemáticas

0,00032

-0,0002081

(0,00084)

(0,00045)

Puntaje Simce promedio de matemáticas^2

-0,00000227

0,000000318

(0,00000)

(0,000000)

Puntaje Simce promedio de lenguaje

0,0011471

0,0005247

(0,00084)

(0,00046)

Puntaje Simce promedio de lenguaje^2

-0,00000257

-0,00000135

(0,00000)

(0,00000)

Ingreso familiar promedio

0,000000232***

6,46e-8***

(0,000000)

(0,000000)

Matrícula por nivel (urbano)

0,00355***

0,0001876

(0,00188)

(0,00037)

Constante

-0,45088

-0,8970294*

(0,3605722)

(0,3905985)

Control por efecto fijo (año)

Sí

Sí

Observaciones

15192

24578

Pseudo R^2

0,0595

0,0387

χ^2

391,92

165,22

Errores estándar en paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01.

La importancia del quiebre estructural se hace especialmente visible en la figura 1. El hecho de que el quiebre se produzca al nivel de 42 alumnos por nivel (puntaje que acumula algo más del 50 por ciento de las escuelas) muestra, en primer lugar, que hasta ese puntaje los alumnos adicionales reducen la probabilidad de cierre. Más importante, pasado un tamaño, por así decirlo, “crítico”, la probabilidad de cierre cae significativamente.

En cuanto al resto de las variables consideradas, ni el puntaje Simce en lenguaje ni en matemáticas presentan significancia estadística. Esto sugiere que la calidad de la escuela no parece afectar directamente la decisión de cierre, aunque ella sí pudiera hacerlo por la vía de la reducción de la matrícula. De hecho, una estimación que excluye la variable “matrícula” por nivel, lineal y al cuadrado, muestra una correlación condicional negativa entre el puntaje Simce de lenguaje y la probabilidad de cierre.

Por su parte, los coeficientes de las variables interactivas, entre matrícula y colegio particular y escuela particular subvencionada, son positivas y significativas, reflejando que las escuelas municipales (base) responden sustancialmente menos con cierres a las caídas en su matrícula. Ello es consistente con la idea según la cual, detrás de la decisión de cierre, el factor político es sustancialmente mayor en el caso de las escuelas públicas. En particular, la resistencia de los padres al cierre induciría más a los encargados de las escuelas públicas a postergar la decisión de cierre.

Una especificación diferente podría, en cierta forma, abordar el hecho de que el tamaño de la escuela quizá está determinado por la capacidad de recibir alumnos. Estimamos así la misma especificación previa, pero ahora considerando la tasa de desocupación de las escuelas en remplazo de la matrícula por nivel. La tasa de desocupación refleja el déficit de estudiantes respecto de lo planificado. Los resultados confirman la existencia del quiebre en el mismo sentido que lo hace el tamaño. En efecto, en la figura 2 se muestra que el punto de quiebre se da cuando la capacidad no utilizada supera el 49 por ciento.[3]

Figura 2. ESTIMACIÓN DEL QUIEBRE ESTRUCTURAL EN UN MODELO PROBIT. TASA DE DESOCUPACIÓN DE COLEGIO

3.3. ¿Qué ocurre con los alumnos desplazados?

Una pregunta esencial, respecto del efecto que tiene el cierre de escuelas sobre la potencialidad de incrementar el aprendizaje, es ver qué pasa con los alumnos desplazados, lo que se relaciona con cuán buenas son las escuelas que cierran comparadas con aquellas que los reciben. Para aislar los efectos de la composición sociodemográfica de las escuelas, tomamos los residuos de una típica regresión de rendimiento (véase Drago y Paredes 2011) y que estimada para el período 2002-2010 considera, como determinantes del puntaje Simce, el ingreso familiar, la educación de los padres y el haber pasado por educación preescolar, entre otras. De esta regresión excluimos todas las variables de la escuela, con lo que los residuos entregan una proxy del aprendizaje en la escuela que no está explicado por el background socioeconómico.

Con los residuos determinamos un ranking de todas las escuelas de nuestra muestra, y de esta manera determinamos si el cambio de escuela es o no positivo en términos de exponer a los alumnos a un ambiente de mayor desafío y aprendizaje. Los resultados de la tabla 4 muestran que la gran mayoría de los alumnos, al cambiarse porque la escuela cierra —y para todos los años—, lo hace a una mejor escuela.

Tabla 4. MEJORAS ASOCIADAS AL TRASLADO DESDE ESCUELAS CERRADAS

Simce lenguaje

Simce matemáticas

Mejor

Peor o igual

Mejor

Peor o igual

2002-2003

Cantidad

14.670

5.044

14.772

4.942

Porcentaje

74,41%

25,59%

74,93%

25,07%

2003-2004

Cantidad

7.926

4.167

7.513

4.580

Porcentaje

65,54%

34,46%

62,13%

37,87%

2004-2005

Cantidad

7.771

2.359

7.682

2.448

Porcentaje

76,71%

23,29%

75,83%

24,17%

2005-2006

Cantidad

8.966

2.953

9.304

2.615

Porcentaje

75,22%

24,78%

78,06%

21,94%

2006-2007

Cantidad

8.538

1.664

8.596

1.606

Porcentaje

83,69%

16,31%

84,26%

15,74%

2007-2008

Cantidad

7.705

3.687

8.054

3.338

Porcentaje

67,64%

32,36%

70,7

29,3

2008-2009

Cantidad

5.890

1.095

6.055

930

Porcentaje

84,32%

15,68%

86,69

13,31

2009-2010

Cantidad

5.468

4.355

6.942

2.881

Porcentaje

55,67%

44,33%

70,67%

29,33%

4. CONCLUSIONES

Los resultados de la experiencia chilena muestran, en primer lugar, que el cierre de escuelas difiere según su tipo, siendo las escuelas públicas sustancialmente menos sensibles a cerrar debido a un bajo número de alumnos. Ello es consistente con distintas hipótesis que no han sido el propósito de explorar aquí, entre las que se incluye la sobrerrepresentación de escuelas públicas en zonas aisladas —y, por lo tanto, la necesidad social de mantenerlas abiertas—, así como la existencia de motivaciones estrictamente políticas, que impide tomar decisiones dolorosas pero necesarias, y que comprometen la educación de generaciones.

En segundo lugar, los datos muestran que, a diferencia de lo afirmado por Billger (2010), el tamaño de la escuela es un factor determinante en su cierre. Esta diferencia en las conclusiones puede obedecer a que, en el caso de Estados Unidos, los alumnos tienden a asistir a la escuela más cercana a sus hogares y no se espera que la elección de los padres determine la viabilidad financiera de la escuela.

En tercer lugar, hallamos que existe un quiebre estructural en el cierre de escuelas, y que ese quiebre se representa en un número crítico de alumnos bajo el cual la pérdida adicional de alumnos reduce fuertemente la viabilidad de los establecimientos.

Finalmente, hallamos una recomposición positiva del cierre de escuelas. Las que se cierran obligan a una reubicación de sus estudiantes, los que en general terminan haciéndolo en escuelas en las que reciben un mayor aprendizaje, y, presumiblemente, tienen mayor exigencia. A su vez, ello podría explicar aumentos de fracaso escolar generados por el cambio de escuela que han sido reportados en la literatura. No obstante, esto sería consistente con un efecto positivo del cierre de escuelas sobre el sistema escolar.

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ANEXO

Tabla A1. CANTIDAD DE ESCUELAS QUE ABRIERON SEGÚN TIPO DE DEPENDENCIA

Año de apertura

Tipo de dependencia

Total

Municipal

Particular

subvencionado

Particular

pagado

Entradas

%

Entradas

%

Entradas

%

2002

2003

56

0,91

447

0,76

44

4,73

547

2004

29

0,48

229

5,28

16

1,86

274

2005

48

0,79

240

5,11

15

1,97

303

2006

16

0,27

241

4,86

11

1,50

268

2007

12

0,20

216

4,22

14

1,92

242

2008

10

0,17

236

4,43

12

1,65

258

2009

23

0,40

310

5,52

12

1,79

345

2010

7

0,12

173

3,01

6

0,89

186

2011

12

0,22

151

2,59

5

0,76

168

2012

17

0,31

312

5,17

11

1,76

340

2013

4

0,07

192

3,15

7

1,16

203

Total

234

2.747

153

3.134

1 En la tabla A1 del Anexo se muestra las escuelas que abrieron en cada año, para lo que se utilizó el mismo método descrito para contabilizar el cierre. La mayor cantidad de escuelas que entraron, tanto en términos absolutos como relativos, son particulares subvencionadas, lo que refleja un cambio estructural descrito en varios trabajos (por ejemplo, Paredes y Pinto 2009).

2 Los valores de este test son obtenidos de Andrews (1993) (tablas 11 y 12), para Π = [0,01; 0,99].

3 La cantidad máxima de matrículas para cada colegio se definió como la cantidad máxima de alumnos que presenta cada colegio a lo largo del periodo de estudio más el 10 por ciento de dicha cantidad.

ARTÍCULO

RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO COMPETITIVO EN LOS APORTES SOCIALES DE LAS EMPRESAS

Magdalena Aninat

Universidad Adolfo Ibáñez

Isidora Fuenzalida

Consultora independiente

Magdalena Aninat. Periodista de la Universidad Católica. Directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Email: magdalena.aninat@uai.cl.

Isidora Fuenzalida. Socióloga de la Universidad Católica. Coordinadora de investigación del Cefis UAI hasta junio de 2018, rol con el que fue coautora de este artículo. Email: isidorafuenzalida@gmail.com.

Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias de José Luis Opazo, Verónica Devenin y de los dos árbitros anónimos de Estudios Públicos. Las autoras señalan que son las únicas responsables de las omisiones y errores del artículo.

Resumen: Considerando que hoy las empresas aportan el 84 por ciento de las donaciones registradas en Chile, es relevante que las contribuciones sociales corporativas generen valor para la sociedad. La literatura destaca que la adopción de un enfoque estratégico en los aportes sociales corporativos permite alinear la competitividad de las empresas con la generación de beneficios sociales de mayor valor, al comprometer al donante en una mirada de largo plazo. Este enfoque permite, también, concebir el ámbito de la acción filantrópica como parte de las dimensiones sociales del contexto en que participa. Mediante el uso de una encuesta, este artículo comprueba que sí existe una correlación entre el análisis del contexto competitivo para la definición de los aportes sociales corporativos y la adopción de un enfoque estratégico en la filantropía corporativa. Asimismo, permite identificar que existe una tendencia positiva entre empresas que realizan análisis de contexto competitivo para definir sus aportes sociales e indicadores de valorización de mercado.

Palabras clave: filantropía, responsabilidad social de la empresa, filantropía estratégica, análisis del contexto, beneficio social.

Recibido: abril 2018; aceptado: junio 2018.

Clasificación JEL: D64; L19; M14.

THE IMPORTANCE OF COMPETITIVE ENVIRONMENT ANALYSIS FOR FIRMS’ SOCIAL CONTRIBUTIONS

Abstract: Considering that businesses currently account for 84 per cent of recorded donations in Chile, it is important that corporate social contributions should generate value for society. The literature points out that adopting a strategic approach to corporate social contributions makes it possible to align firms’ competitiveness with the generation of higher-value social benefits by engaging the donor on a long-term view. This approach also means that the sphere of philanthropic action can be conceived as one of the social dimensions of the environment in which the firm operates. Using survey information, this article shows that there is a correlation between competitive environment analysis for the purposes of decision-making about corporate social contributions and adoption of a strategic approach to corporate philanthropy. It also reveals that there is a positive correlation between firms’ carrying out competitive environment analyses to determine their social contributions and market valuation indicators.

Keywords: philanthropy, corporate social responsibility, strategic philanthropy, context analysis, social benefit.

Received: April 2018; accepted: June 2018.

JEL classification: D64; L19; M14.

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las empresas han destinado crecientes recursos a mejorar las relaciones con sus distintos grupos de interés, desarrollando inversiones sociales y reportes sobre sus aportes al bienestar social (Wang et al. 2008, 143). En este sentido se ha visto ampliado el rol empresarial de la mera provisión de bienes y servicios, o de fuente de empleo. El sector empresarial ha ido respondiendo a una expectativa pública que, desde los años sesenta, ha aumentado la exigencia a asumir una mayor responsabilidad en el bienestar de sus trabajadores, comunidades y otros stakeholders, incluso si ello significa sacrificar parte de las utilidades obtenidas (Carroll y Shabana 2010, 85). En este escenario surgió la responsabilidad social empresarial, que en su concepto amplio entiende que la empresa, como parte integral de la sociedad, requiere de consentimiento público para operar y, por ende, tiene la responsabilidad de servir constructivamente a las necesidades de la sociedad (Van Marrewijk 2003, 97). Posteriormente, el término dio pie a una serie de conceptos relacionados, como el de sostenibilidad corporativa, que emerge hacia el año 2000, y otros como ciudadanía corporativa, ética empresarial, o triple bottom line. Estas expresiones, con sus diferencias específicas, se sobreponen o enmarcan en el de responsabilidad social empresarial, ya que se refieren, en general, a actividades voluntarias que demuestran la inclusión de aspectos sociales y medioambientales en la operación del negocio y en la interacción con sus grupos de interés, a la vez que integran temas de fondo, como valor, balance y rendición de cuentas (Van Marrewijk y Werre 2003, 107; Schwartz y Carroll 2008, 172).

Sin embargo, la discusión respecto de la pertinencia de este tipo de práctica en las empresas distingue dos tipos de posturas. Por una parte, en 1970 Milton Friedman señaló que “la única responsabilidad de las empresas es generar utilidades para sus accionistas cumpliendo las normas éticas y legales para ello” (Friedman 1970). Destinar parte de los recursos de la empresa a ámbitos del desarrollo social, señaló Friedman, atentaba contra la libertad de los accionistas de definir el destino de ellos. En esa misma línea, otros autores han señalado que adoptar políticas sociales y medioambientales puede destruir valor para los accionistas, debido a un costo de agencia, donde los ejecutivos reciben beneficios privados por adoptar estas políticas (prestigio personal, redes) pese a los costos que implica para la organización (Eccles et al. 2011, 2835 y 2853).

Otra línea argumental ha sostenido que es posible desarrollar modelos que permitan cumplir la máxima do well by doing good —tener buenos resultados haciendo el bien— (Godfrey 2005, 777; Porter y Kramer 2002, 3), identificando diversos efectos positivos que justificarían la adopción de políticas de sostenibilidad y el desarrollo de contribuciones sociales por parte de las empresas. Se ha señalado que estas políticas tienen un efecto en lograr una mayor atracción de talento y mayor productividad de sus colaboradores, mayor atracción de capital de inversión y de clientes y, en general, una percepción positiva de sus stakeholders, creando un capital moral para la empresa, que asegura ventaja competitiva y le permite mitigar la disposición a sancionarla ante eventos negativos (Smith 2003, 61-63; Godfrey 2005, 789).

Esta discusión sobre la pertinencia o no de la empresa de realizar acciones de responsabilidad social empresarial ha observado con especial énfasis el tema de la filantropía corporativa (por utilizar el término más extendido en la literatura). Carroll propone un modelo piramidal para definir el concepto de responsabilidad social corporativa: las responsabilidades filantrópicas (“contribuir con recursos a la comunidad y mejorar su calidad de vida”) están situadas en los estamentos más altos de los que componen la pirámide de la responsabilidad social corporativa, seguidas por las responsabilidades éticas, legales y económicas situadas en orden descendente como base de la pirámide (Carroll 1991, 42). De este modo, el autor plantea que las responsabilidades filantrópicas corresponden al componente más discrecional y voluntario de la responsabilidad social empresarial.

Pese a esta discusión, en el mundo académico y empresarial —tanto a nivel internacional como en Chile— ha crecido la adhesión a reconocer la responsabilidad social empresarial como factor relevante para asegurar la sostenibilidad y también la rentabilidad empresarial, articulando el business case bajo cuatro líneas de argumentos: reducir costos y riesgos; fortalecer la legitimidad y reputación; construir ventajas competitivas, y, por último, crear espacios de ventaja mutua —win-win— a través de una creación sinérgica de valor (Kurucz et al. 2008, 85-92). Sin embargo, diversos autores han hecho notar que, dados los costos que genera la responsabilidad social empresarial o la adopción de la visión de sostenibilidad, incluyendo su elemento discrecional (filantropía corporativa), el impacto sobre el negocio no siempre es positivo y sólo generará valor a la empresa en el tiempo en la medida en que se realice en forma estratégica y en su nivel óptimo (Wang et al. 2008, 144; Eccles et al. 2011, 2854). Ello requiere invertir los recursos —donaciones, conocimiento, voluntariado, redes— en aquellas acciones que demuestran una convergencia entre los objetivos económicos de la firma y los objetivos sociales de sus stakeholders (Kurucz et al. 2008, 91; Thorne y Ferrell 2002, 690; Carroll y Shabana 2010, 100).

Definir una estrategia de aportes sociales, que genere beneficio significativo para la sociedad y al mismo tiempo valor para el negocio, ocurre en la medida en que se logra definir el dónde y el cómo correctos, creando un círculo virtuoso entre las actividades filantrópicas y la ventaja competitiva (Porter y Kramer 2002, 66). La literatura señala que esta visión implica seleccionar como ámbito de acción filantrópica aquel o aquellos que sean parte de las dimensiones sociales de su contexto competitivo; es decir, enfocarse en factores sociales relevantes de su entorno, que afecten significativamente elementos subyacentes de la competitividad del negocio en las áreas en que la compañía opera (Porter y Kramer 2006, 6). Por lo mismo, cada estrategia será única para cada empresa, según su contexto competitivo (Smith 2003, 67). En esta línea, identificar los puntos de intersección bajo una mirada de mutua dependencia entre empresa y sociedad requiere, en primer lugar, realizar un análisis interno-externo (revisión del impacto social de la cadena de valor)[1] y un segundo nivel de análisis externo-interno respecto de las dimensiones sociales que afectan el contexto competitivo de la empresa (Porter y Kramer 2006, 5-9).

En la última década, diversos estudios han mostrado, a nivel internacional, una creciente adopción de la filantropía corporativa a nivel estratégico (Thorne y Ferrell 2002, 692; Carroll y Shabana 2010, 102), proceso en el cual las firmas deben adaptar aspectos organizacionales internos para su implementación (Brammer et al. 2006, 236).[2] Esta adopción del enfoque estratégico favorece el posicionamiento de la empresa a ojos de sus stakeholders (File y Prince 1998, 1.529; Saiia et al. 2003, 186) y tiene efectos también en su desempeño financiero. Eccles et al. (2011) han explorado en Estados Unidos los positivos efectos financieros en las empresas con altos niveles de sostenibilidad, mientras Wang et al. han dado cuenta de los efectos positivos para la rentabilidad empresarial en empresas con un nivel óptimo de filantropía corporativa (Wang et al. 2008). Asimismo, otros autores han identificado los efectos positivos en la productividad y en la percepción de los stakeholders (Smith 2003, 61-63; Godfrey 2005, 789).

En Chile es posible identificar una creciente adhesión al concepto de responsabilidad social y de sostenibilidad empresarial.[3] Junto con ello, los aportes sociales corporativos son especialmente relevantes para el ecosistema local: en las donaciones registradas ante el Servicio de Impuestos Internos, las empresas —principalmente las grandes— aparecen como las responsables del 84 por ciento de los recursos (Irarrázaval et al. 2017, 32-35). Sin embargo, un estudio reciente del Cefis UAI muestra que, entre las empresas que registran aportes sociales, sólo el 17 por ciento lo hace con un enfoque estratégico; esto es, seleccionan las áreas de destino de su donación porque están relacionadas a elementos del contexto competitivo o cadena de valor de la empresa (Aninat y Fuenzalida 2017, 46).

Pese a su relevancia, el desarrollo de la investigación académica sobre la adopción de enfoque estratégico es aún reducido, como también lo es la identificación específica de factores que facilitan su implementación para lograr la confluencia entre ventaja competitiva y valor social.

A partir de un análisis de la práctica empresarial, este artículo contribuye a la investigación existente, en la medida en que explora la relación entre el análisis del contexto competitivo en la toma de decisiones de los aportes sociales y la implementación de un enfoque de filantropía estratégica, reafirmando una relación positiva y entregando con ello luces para implementar un enfoque que genere un mayor valor social, alineado con el desarrollo empresarial. Junto con ello, el artículo indaga en la relación entre análisis del contexto competitivo para los aportes sociales y la valorización de mercado de las empresas, aportando nuevos elementos para desarrollar una relación integrada entre empresa y sociedad.

En primer lugar, se establece el marco conceptual. En éste se examinan los enfoques en la filantropía corporativa y los conceptos de la literatura que permiten identificar la relevancia del análisis del contexto competitivo para el desarrollo de un enfoque estratégico en los aportes sociales de las empresas. Luego, se plantean dos hipótesis, las que son testeadas sobre los resultados de una encuesta aplicada a la unidad de análisis (empresas que transan en la Bolsa de Santiago y que registran aportes sociales entre los años 2013 y 2015), utilizando, para ello, un estudio factorial exploratorio, validado mediante otro de fiabilidad. Finalmente, los resultados presentados son discutidos y se identifican temas relevantes para futuras investigaciones.

2. MARCO CONCEPTUAL

La organización empresarial debe respetar la responsabilidad fiduciaria de sus inversionistas, pero también, como institución social legítima, tiene un rol crítico que jugar en la mantención de la infraestructura social en la que se desarrolla. En palabras del empresario colombiano Manuel Carvajal Sinisterra: “No puede haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su desempeño. Por eso, el empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la solución de los problemas sociales” (1960).[4]

Se ha señalado que la filantropía estratégica —término acuñado por Post y Waddock en 1995— es un oxímoron: ¿cómo una empresa puede impulsar sus intereses estratégicos, de creación de riqueza, al tiempo que dona recursos que aparentemente no le entregan nada a cambio? (Godfrey 2005, 779). La filantropía estratégica se define como la donación de recursos empresariales para abordar asuntos de la comunidad que no son propios del negocio, pero que también benefician la posición estratégica de la empresa y, en último término, su rentabilidad (Saiia et al. 2003, 170). Autores que adhieren a este concepto destacan que, pese a que la empresa no recibe a cambio un valor tangible o cuantificable en el corto plazo, las actividades filantrópicas y de responsabilidad social empresarial generan activos intangibles estratégicos que permiten favorecer el ambiente institucional para el desarrollo empresarial (Porter y Kramer 2002, 2).

De este modo, la filantropía estratégica emerge como el camino para aquella empresa que busca lograr un resultado sinérgico, al enfocar recursos corporativos a problemas sociales o temáticas que resuenan con los valores claves y la misión de la empresa. No sólo pone el acento en el beneficio para el negocio, sino que además tiene la fortaleza de maximizar el aporte que entrega a la sociedad, al incorporar una mirada de largo plazo y al involucrar integralmente al negocio en todos sus recursos (en el entendido de que una compañía dispone de distintos recursos: financieros, pero también tiempo, redes y expertise o conocimiento). En este enfoque, el acento está en el impacto social logrado en el tiempo, antes que en la comunicación inmediata de sus resultados. “La prueba de fuego de la buena filantropía corporativa —señalan Porter y Kramer (2002, 12)— es que el deseo de cambio social es tan beneficioso para la compañía que la empresa persistirá en lograr ese cambio, incluso si nadie sabe de ello”.

Se opone entonces al enfoque altruista, entendido como donar sin esperar recompensa (Burlingame y Frishkoff, 1996, en Saiia et al. 2003, 170), una aproximación más apropiada para el accionista de la empresa y su libertad individual —siguiendo lo planteado por Milton Friedman (1970)—, pero menos apropiado a la responsabilidad fiduciaria de la organización. Se trata de un modelo en el que las empresas entregan recursos motivados por el deseo de “ser un buen ciudadano” sin esperar una retribución a cambio, y tienden a enfocarse en causas de alta relevancia social o pública, pero no vinculadas o afectadas por las operaciones de la empresa (Porter y Kramer 2002, 13).

Por otra parte, se ha reconocido que este tipo de acciones filantrópicas sirven como instrumento para fortalecer la legitimidad corporativa y reputacional (Chen et al., 2008, 131), dando pie a un enfoque de legitimidad social, con un foco en la retribución de la opinión pública o de inversionistas interesados en determinadas acciones filantrópicas. Este enfoque busca apoyar causas favorecidas por los empleados, clientes o líderes de la comunidad, con un énfasis en asociar las contribuciones sociales como herramienta de relacionamiento y negociación con la comunidad, y en algunos casos con el fin de mitigar y anticipar efectos adversos de la instalación o de la operación de la empresa. Sin embargo, el énfasis en el foco reputacional o de licencia para operar sucede en forma generalmente reactiva. En la práctica, se concreta con una serie de acciones paliativas o defensivas de corto plazo, que responden a las demandas de cada stakeholder, o en causas de gran efecto comunicacional (el denominado cause-related marketing), en general relegadas a un encargado de la compañía que trabaja en forma separada de otras gerencias. Esto produce que el impacto social se difumine en múltiples acciones y se diluya la capacidad de fortalecer la competitividad de la empresa en el largo plazo, así como el impacto social de estas acciones. Este enfoque entiende la relación entre empresa y la sociedad como una tensión permanente que es necesario aplacar más que una mutua dependencia que deba fortalecerse (Porter y Kramer 2006, 4-5).

La diferencia entre los tres enfoques (altruista, reputacional o estratégico)[5] radica en cómo se conciben los aportes sociales y la responsabilidad social empresarial: como una acción individual del tomador de decisión a nivel organizacional (dueño o alta gerencia); como respuesta reactiva a demandas externas (ya sea para construir goodwill reputacional o licencia para operar); o bien como una estrategia interna de desarrollo sostenible del negocio. En este último enfoque, el diseño de los aportes sociales y su vínculo con la filantropía estratégica será única para cada empresa en base a sus valores internos y a las necesidades sociales que existan en el contexto competitivo de su operatividad (Smith 2003, 67; Porter y Kramer 2006, 5).

Tabla 1. DIFERENCIAS PRINCIPALES EN LOS TIPOS DE ENFOQUE EN FILANTROPÍA CORPORATIVA

Tipo de enfoque

Concepción de los aportes sociales

Definición de ámbito social al cual destinan los aportes

Principal beneficiado

Participación en toma de decisiones

Importancia del efecto comunicacional de los aportes sociales

Altruista

Acción individual del tomador de decisión

Ámbitos de relevancia pública o para la sociedad

Sociedad

Dueño o alta gerencia

Baja

Legitimidad social

Reacción a demandas externas

Ámbitos de relevancia para sus stakeholders

Posición estratégica empresa

Gerencia de relacionamiento con stakeholders

Alta

Estratégico

Estrategia interna para la sostenibilidad del negocio

Ámbitos de relevancia para la sociedad y la comunidad, y el contexto competitivo de la

empresa

Posición estratégica empresa + sociedad

Participación de varias gerencias

Indiferente

Fuente: Elaboración de las autoras.

3. HIPÓTESIS

Como se señaló en la introducción, este artículo busca aportar a los vacíos identificados por la literatura en términos de modelos de implementación de una filantropía estratégica (Thorne y Ferrell 2000, 703). Para este fin, evalúa la existencia de relaciones entre el análisis del contexto competitivo en la toma de decisiones de los aportes sociales, por una parte, y la implementación de un enfoque de filantropía estratégica, por la otra.

De esta manera, es relevante distinguir que la filantropía estratégica no consiste sólo en implementar una estrategia en los aportes sociales, ordenada en los procedimientos y métodos para entregar donaciones. Más bien, la filantropía estratégica indica que los recursos corporativos que se donan tienen sentido e impacto en la firma, así como en la comunidad que recibe esos recursos (Post y Waddock 1995 en Saiia et al. 2003, 185-186). En base a lo dicho, adoptar un enfoque estratégico requiere implementar sistemas a nivel de gestión en la organización, que incorporen el profesionalismo en la función de donar con el mismo rigor que otras funciones de la empresa, al tiempo que un vínculo entre la identidad de la compañía y su filantropía (Maas y Liket 2010, 447). Diversos autores[6] han identificado una serie de factores que permiten implementar o maximizar una filantropía estratégica:

– el involucramiento de varias gerencias de primera línea en la definición de los aportes sociales de la empresa;

– la necesidad de incorporar sistemas y criterios, que permitan seleccionar a los mejores destinatarios;

– acciones de señalización para abrir pasos a otros donantes, que permitan sumar apoyos mutuos para una misma institución beneficiaria o generar esfuerzos colectivos a un mismo ámbito;

– la relevancia de colaborar con las entidades donatarias, para mejorar su desempeño y fortalecimiento institucional;

– establecer alianzas de mediano o largo plazo, que entreguen el tiempo necesario para lograr un mejoramiento significativo de las organizaciones donatarias;

– la relevancia de fortalecer el conocimiento y la práctica;

– la promoción de la innovación social;

– la medición de resultados del valor social generado.

Sin embargo, un factor anterior a la implementación de la filantropía estratégica es la definición de una estrategia interna con una visión de sostenibilidad del negocio. Elemento clave es el análisis del contexto competitivo para definir hacia cuáles necesidades sociales enfocará la empresa sus acciones filantrópicas. Una visión completa del entorno facilita la adopción de un enfoque estratégico.

En el ámbito competitivo, Porter (1990, 78) distingue una serie de elementos interrelacionados necesarios para un ambiente favorable a la productividad de negocios. Ellos son:

– condiciones factoriales o insumos necesarios para la producción, vinculados a la educación en ámbitos que tienen relación con la compañía, a la calidad de vida de los territorios donde opera, al manejo sustentable de los recursos naturales relacionados con su forma de operar y al conocimiento técnico o científico relativo al negocio (en suma, los recursos humanos y naturales);

– condiciones de demanda (valorización de productos y sofisticación de clientes y estándares); esto es, lo vinculado al conocimiento, valorización, calidad y estándares de los servicios y productos de la compañía, junto con la educación sobre el consumo responsable de sus productos o servicios;

– contexto para la estrategia y competencia (regulaciones, competitividad, propiedad intelectual), que se relacionan con la regulación e incentivos de libre competencia (transparencia, propiedad intelectual, reducción de corrupción, antimonopolio, etcétera);

– industrias relacionadas y de soporte (proveedores y desarrollo de clusters); esto es, lo vinculado al desarrollo de la economía local y de proveedores locales en zonas donde opera la compañía.

La debilidad, en cualquier parte de este contexto, puede erosionar la competitividad de una región o país como ubicación para negocios (Porter y Kramer 2002, 5). El valor del análisis del contexto competitivo se erige, entonces, como factor esencial para adoptar un enfoque estratégico de aportes sociales. Sin embargo, la clave es reconocer que, en el ámbito de sus aportes sociales, las empresas no pueden abordar cada área del contexto competitivo, por lo cual se hace necesario identificar las áreas sociales con mayor valor estratégico, esto es, con mayor potencial para generar valor para la sociedad y para su propia competitividad (Porter y Kramer, 2002, 12; 2006, 9). Es por eso que la forma de implementación requiere el desarrollo de un proceso de análisis de oportunidades en el contexto competitivo de la empresa, y, en este escenario, la participación de las distintas gerencias y del gobierno corporativo cobra especial relevancia (Aninat y Fuenzalida 2017, 45) y facilita luego la implementación de un enfoque estratégico en sus distintos elementos.

En este marco, este artículo busca comprender si existe una relación entre el análisis del contexto competitivo con los distintos elementos que permiten implementar la filantropía estratégica.

Las hipótesis de trabajo son las siguientes:

i) Hipótesis 1 (implementación): Las empresas que llevan a cabo un análisis del contexto competitivo para la toma de decisiones de los aportes sociales adoptan un mayor nivel de estrategia en los procedimientos para la implementación de estos aportes.

En segundo término, y tal como se señaló anteriormente, indagamos también en la relación entre análisis del contexto competitivo para los aportes sociales y la valorización de las empresas bajo una óptica de mercado, aportando nuevos argumentos para desarrollar una relación integrada entre empresa y sociedad. Este enfoque win-win en las contribuciones sociales requiere demostrar el valor generado para la empresa. Si bien se ha identificado la generación de valor en términos de atracción y aseguramiento de recursos necesarios para la productividad (talento humano, inversionistas, capital moral entre stakeholders, reduciendo conflictos y controversias, capacidad de innovación), su cuantificación ha sido un desafío en la investigación académica. Por ello es significativo el aporte del estudio de Eccles et al. (2011), en el cual analizaron los resultados de rentabilidad en 18 años de un grupo de 180 empresas en Estados Unidos, diferenciando entre empresas con un alto nivel de sostenibilidad y empresas con un bajo nivel de sostenibilidad. En Eccles et al. se demuestra que las empresas con alto nivel de sostenibilidad logran un desempeño financiero más alto —mayor valor accionario y mayor retorno sobre la inversión medido en return-on-equity (ROE) y return-on-assets (ROA)— que las con bajo nivel de sostenibilidad, dando cuenta de que la integración temprana de políticas de sostenibilidad en el modelo de negocio y su estrategia puede ser una fuente de ventaja competitiva en el largo plazo (Eccles et al. 2011, 2835-2836). En esta misma línea, el estudio de Wang et al. —desarrollado en las principales empresas donantes en Estados Unidos— logra mostrar que, en la medida en que la filantropía ayuda a asegurar recursos críticos de varios stakeholders y reduce los riesgos de exposición de las compañías, se genera en el tiempo retorno financiero (Wang et al. 2008, 144). Dado que entendemos la filantropía corporativa como un elemento discrecional y voluntario que corona la práctica de responsabilidad social empresarial (hoy contenida en el concepto de sostenibilidad empresarial), buscamos analizar si existe también esta relación entre un análisis del contexto competitivo en los aportes sociales, por un lado, y mayor valoración de mercado de las empresas, por el otro.

ii) Hipótesis 2 (valorización): Existe una relación positiva entre el análisis del contexto competitivo para la toma de decisiones de los aportes sociales y la valorización de mercado de las empresas.

Con estos elementos, nuestro artículo intenta evaluar la relevancia que tiene la realización de un análisis del contexto competitivo en la toma de decisiones de los aportes sociales, cuando se busca adoptar un enfoque estratégico, que genere valor para la empresa y para la sociedad.

4. METODOLOGÍA

Para comprobar las hipótesis, se toma como unidad de análisis las sociedades anónimas abiertas inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros en Chile. Se acotó la muestra a un solo país (Chile) para no introducir variables del contexto normativo, competitivo y cultural en las unidades observadas. Se definió analizar este tipo de empresas debido al alto componente de business exposure, es decir, su amplia apertura y grado de vulnerabilidad hacia su entorno social. Lo anterior deriva del hecho de estar bajo escrutinio por un amplio rango de grupos de interés o stakeholders —incluyendo a los accionistas minoritarios— que manifiestan expectativas sobre la conducción y el comportamiento de las firmas. En este tipo de empresas, los aportes sociales de la compañía se entienden como una respuesta propia de la interpretación que los directivos hacen de la exposición de la compañía en el ámbito institucional y a la comunidad en general (Saiia et al. 2003, 175).

4.1. Muestra

Para la identificación de la muestra, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión:

– Empresas donantes. Según registros del Servicio de Impuestos Internos, solicitados de acuerdo a la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, se identificaron a las empresas que habían realizado donaciones sociales acogidas en la legislación chilena entre los años 2013 y 2015.

– Empresas que publicaron en sus memorias o reportes de sustentabilidad, entre los años 2013 y 2015, alguna acción vinculada a la inversión social o contribuciones sociales. Al efecto, se realizó una revisión de tales documentos para todas las empresas nacionales, abiertas a la Bolsa de Comercio registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), utilizando los siguientes criterios de búsqueda: “dona”, “donación(es)”, “aporte(s) social(es)”, “ayuda social”, “apoyo”, “comunidad”, “fundación”, siempre y cuando hicieran referencia a alguna donación o contribución social concreta.

El resultado del proceso permitió identificar un universo de estudio de 129 empresas que cumplían con algunos de los dos criterios presentados. Entre ellas, el 84 por ciento contaba con registros de donación acogidas a la legislación chilena entre el 2013 y 2015, mientras que el 67 por ciento declaraba algún tipo de acción relativa a donaciones o contribuciones sociales en sus memorias o reportes de sustentabilidad en el mismo horizonte temporal.

4.2. Instrumento

En base a la revisión literaria se elaboró una encuesta que fue estructurada para evaluar el enfoque subyacente a las donaciones y contribuciones sociales que realizan las empresas, la relevancia del análisis del contexto competitivo en la definición de aportes sociales y recolección de información respecto de la presencia de factores que permiten efectuar o maximizar la implementación de una filantropía estratégica (destinados al análisis de la hipótesis 1, implementación).

El cuestionario construido constó de 39 preguntas, con categorías de respuesta principalmente en escala Likert, además de algunas preguntas abiertas sobre percepciones. El instrumento fue testeado en actores vinculados al mundo empresarial y sustentabilidad, de manera de validar el uso del vocabulario y el tiempo de aplicación.

El diseño muestral fue de carácter censal (dada la finitud y tamaño del universo) y su aplicación fue realizada vía online, entre los meses de septiembre y diciembre de 2015. Se logró la participación efectiva de 54 firmas (42 por ciento del universo identificado), en su mayoría empresas grandes de diversos sectores económicos (72 por ciento de las cuales clasifican en el rango superior de facturación del SII, y 82 por ciento de las cuales cuenta con más de 200 empleados).

La encuesta fue contestada por un representante de la empresa designado por la misma institución, pero se exigió que estuviera a cargo de la toma de decisiones sobre donaciones o contribuciones sociales. La encuesta fue respondida por: el gerente general (18 por ciento); el gerente o encargado del área de sostenibilidad o responsabilidad social empresarial (50 por ciento); gerente o encargado de asuntos públicos, marketing o comunicaciones (22 por ciento); gerente o encargado de administración y finanzas (6 por ciento), y gerente o encargado de recursos humanos (4 por ciento).

Considerando que el instrumento de recolección de información fue autorreportado y que la participación de las empresas fue voluntaria, es posible que exista un sesgo en los resultados asociado a las características específicas de las empresas que accedieron a participar.

4.3. Escala de análisis

Para el análisis de las hipótesis se utilizó como variable principal una escala de estrategia en el estudio del contexto competitivo para la toma de decisiones de los aportes sociales. Esta escala fue construida a partir de 10 preguntas del cuestionario, en las que se evaluó el nivel de relevancia con que fueron consideradas al momento de definir el foco de los aportes sociales y los elementos interrelacionados necesarios para un ambiente favorable a la productividad de negocios. Estos elementos, definidos como interrelacionados y necesarios en base a Porter (Porter 1990, 78; Porter y Kramer 2006, 9), se presentan a continuación:

– Educación y capacitación en ámbitos que tienen relación con la compañía.

– Calidad de vida de los territorios donde operan y viven los trabajadores de la compañía.

– Manejo sustentable de los recursos naturales relacionados con la compañía.

– Conocimiento técnico o investigación científica relacionado con la compañía.

– Conocimiento y valorización de los productos o servicios de la compañía.

– Educación sobre el consumo responsable de los productos o servicios de la compañía.

– Calidad y estándares de los productos o servicios de la compañía.

– Regulación e incentivos de libre competencia (transparencia, propiedad intelectual, reducción de corrupción, antimonopolio, etcétera).

– Economía local en zonas donde opera la compañía.

– Desarrollo de proveedores locales.

Las preguntas tuvieron como posibles respuestas una escala Likert del 1 al 4, a partir de las cuales se construyó una escala mediante análisis factorial exploratorio, y validado con análisis de fiabilidad utilizando alpha de Cronbach de 0,898,[7] con 10 elementos. Este resultado permitió una reducción de los 10 elementos a una sola dimensión, por lo que cada una de las preguntas tiene un peso equivalente.

Los resultados entregaron una escala cuyos valores posibles se encontraban en el rango del 1 al 4, en el que 1 representa el nivel más bajo de incorporación de elementos de la cadena de valor y contexto competitivo, y 4 el nivel más alto. Posteriormente esta escala fue estandarizada, por lo que los resultados presentados muestran los valores de esta escala con media 0 y desviación estándar 1. La escala estandarizada, de varianza 1 y media 0, toma la forma similar a la normal, con asimetría levemente negativa y curtosis levemente positiva.[8]

Esta escala fue sometida a test de diferencia de medias, para muestras independientes y para cada uno de los análisis requeridos en las dos hipótesis. La escala fue calculada para 48 de los 54 casos que respondieron la encuesta, ya que se excluyeron seis empresas que no contestaron al menos una de las 10 preguntas que la componen.

4.4. Información secundaria

Para la hipótesis 2 (valorización) se realizó un análisis de información secundaria, con el objetivo de revisar la participación de las empresas en un índice confiable y público, indicativo de la valorización de mercado de las empresas, que permitiera su análisis frente a la escala de estrategia en el de contexto competitivo para la toma de decisiones que hacen los aportes sociales.

En base a juicio de experto, se seleccionó como indicador la presencia en el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago, reconocido como el principal índice bursátil de Chile e indicador de rentabilidad en términos de valorización accionaria de mercado. Dados que su finalidad es valorar las variaciones de precio de los títulos con mayor liquidez o presencia en el mercado y que su elaboración es sobre un número restringido (40 empresas, cuya base se renueva anualmente), este índice permitía para los fines del estudio contar con una base de comparación objetiva y externa al estudio mismo, pero atingente a la unidad de análisis. Para este estudio se identificó a las empresas del universo con presencia en este índice durante el año 2015.

5. RESULTADOS

Tal como se ha señalado, el artículo plantea el análisis del contexto competitivo como factor necesario para establecer una filantropía estratégica, considerando el enfoque estratégico como aquel que facilita que los aportes sociales de las empresas generen mayor valor para la sociedad y para la empresa. Por ello, en primer lugar, proponemos estudiar la relación entre el análisis del contexto competitivo para los aportes sociales con factores que permiten su implementación estratégica, y, en segundo lugar, la relación entre este uso con un indicador de valorización económica de las empresas.

Entonces:

5.1. Hipótesis 1 (implementación)

Las empresas que llevan a cabo un análisis del contexto competitivo para la toma de decisiones de los aportes sociales cuentan con un mayor nivel de estrategia en los procedimientos para la implementación de los mismos.

La literatura de filantropía estratégica señala ciertos factores en la implementación de los aportes sociales, los cuales son relevantes en la medida en que permiten maximizar el aporte al desarrollo social de las contribuciones empresariales. Estos factores —que se describen a continuación— se abordaron en la encuesta a las empresas y se analizaron utilizando la escala de análisis competitivo para los aportes sociales, con el fin de dar respuesta a la hipótesis 1 (implementación).

La literatura señala la relevancia de la participación de la alta gerencia de la empresa en el enfoque estratégico. Eccles et al. señalan que en aquellas empresas que consideran los objetivos sociales y medioambientales como centrales para su estrategia y operaciones, el directorio es más propenso a tener responsabilidad directa sobre estos temas (2011, 2838). Saiia et al. señalan que cuando la alta gerencia inicia la integración de los aportes sociales en la orientación general de la compañía, sólo entonces, los aportes sociales dejan de ser funcionales y se crea la posibilidad de que una estrategia filantrópica se convierta efectivamente en una filantropía estratégica (2003, 182). En suma, el énfasis que este enfoque tiene en focalizar la filantropía corporativa en el contexto competitivo de la empresa requiere que la toma de decisiones no quede delegada en las gerencias orientadas a comunicaciones o atención a stakeholders (por ejemplo, asuntos públicos). Más bien, es necesario integrar a las distintas gerencias —que tienen la capacidad de identificar áreas relevantes para focalizar estos recursos—, en un proceso liderado por el gerente general y orientado a desarrollar una estrategia focalizada en mejorar el contexto de la compañía (Porter y Kramer 2002, 12).

En línea con lo señalado, los resultados de la encuesta, sometidos a la escala de análisis del contexto competitivo para los aportes sociales, permiten identificar que las empresas donde participan tres o más gerencias en la toma de decisiones sobre el foco de las donaciones obtienen un puntaje mayor en la escala, en comparación con aquellas empresas en que participan dos o menos. Esta diferencia es estadísticamente significativa al 95 por ciento de confianza.

Tabla 2. PARTICIPACIÓN DE DISTINTAS GERENCIAS DE LA EMPRESA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS APORTES SOCIALES

Participación de gerencias de la empresa

3 o más

2 o menos

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,26 (0,75)

-0,29 (1,15)

0,56**

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

De esta forma comprobamos que en las empresas donde hay una participación de un mayor número de gerencias en la toma de decisiones sobre los aportes sociales se consideran más elementos en la toma de decisiones sobre el foco de sus aportes sociales.

Los autores Porter y Kramer (1999; 2002, 9-11) definen una serie de factores específicos que permiten maximizar el valor social que generan los aportes filantrópicos corporativos. Estos elementos, denominados por los autores como maximizadores de filantropía estratégica, incluyen, en primer término, la necesidad de incorporar sistemas y criterios que permitan seleccionar a los mejores destinatarios (lo que requiere diferenciar entre organizaciones beneficiarias de alto conocimiento público de aquéllas con alta capacidad de gestión que logran mayor impacto social). Los autores señalan también la necesidad de desarrollar acciones de señalización para abrir pasos a otros donantes, las cuales permitan sumar apoyos mutuos para una misma institución beneficiaria o generar esfuerzos colectivos en un mismo ámbito, mitigando el problema del free rider y maximizando resultados sociales. Asimismo, los autores destacan la relevancia de colaborar con las entidades donatarias para mejorar su desempeño, de manera de lograr que sean más efectivas, a través de un apoyo dirigido a lograr su fortalecimiento institucional y, también, mediante alianzas de mediano o largo plazo, que entreguen el tiempo necesario para lograr un significativo mejoramiento de las organizaciones donatarias, elemento señalado también por Austin et al. bajo la denominación de estrategia integrativa (2005, 5).

Junto con lo anterior, Porter y Kramer (1999; 2002, 11-12) identifican la importancia de fortalecer el conocimiento y la práctica. La innovación, argumentan, conduce a la productividad en el sector sin fines de lucro tanto como en el sector comercial. Promover, entonces, el desarrollo del conocimiento y la innovación requiere que las empresas que buscan maximizar su filantropía estratégica realicen acciones para impulsar la investigación, la transferencia y la difusión de conocimiento de innovación social en temáticas relacionadas con sus aportes sociales.

Un último elemento maximizador del valor generado por los aportes sociales corporativos es la medición de resultados respecto de los efectos generados por éstos (Porter y Kramer 2002, 13). Al medir los resultados de impacto social de los aportes filantrópicos para la toma de decisiones, se evita desperdiciar recursos, se maximizan los beneficios y se evitan posibles costos en la sociedad. Para ello, es necesario recopilar y analizar datos relacionados con el impacto social, así como el efecto reputacional en distintos stakeholders (Maas y Liket 2010, 446).

Al utilizar la escala de análisis competitivo para los aportes sociales y evaluar su comportamiento (promedio) respecto de los factores de implementación o maximizadores de filantropía estratégica recogidos en la encuesta a las empresas que operan en Chile, es posible comprobar lo siguiente:

Las empresas chilenas que, para seleccionar a la institución beneficiaria, utilizan criterios estratégicos —es decir, consideran elementos vinculados a la capacidad de gestión o experiencia (eficiencia administrativa o resultados anteriores logrados) de la entidad beneficiaria— obtienen un puntaje significativamente mayor conforme a la escala de estrategia en el análisis del contexto competitivo, respecto de las empresas que utilizan otros criterios asociados a legitimidad social (visibilidad y capacidad comunicacional) o a altruismo (filosofía o misión social de la entidad beneficiaria o, bien, conocimiento o relación con los directivos de la entidad beneficiaria).

Tabla 3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS

Criterios estratégicos

Otros criterios

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,05 (0,96)

-0,38 (1,27)

0,43

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

Con esto se cumple que, en términos de tendencia, las empresas que utilizan criterios que permiten seleccionar a lo que se entiende como mejores destinatarios toman también en cuenta mayores elementos del contexto competitivo, al momento de la toma de decisiones sobre el foco de sus aportes sociales.

Por otra parte, las empresas que han promovido la participación de otras empresas, ya sea del mismo o de otro sector, obtienen un puntaje mayor en la escala respecto a las que no lo han hecho. Esta diferencia es significativa al 90 por ciento de confianza.

Así, comprobamos que las empresas que han realizado acciones de señalización para sumar a otras compañías en el apoyo de instituciones beneficiarias consideran mayores elementos del contexto competitivo en la toma de decisiones sobre el foco de sus aportes sociales.

Tabla 4. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS EMPRESAS EN APOYO A UNA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA

Empresas que han incentivado o convocado a otras empresas a sumar apoyos a una institución beneficiaria

Sí

No

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,53 (1,42)

-0,10 (0,53)

0,64*

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

En otro aspecto, se analizó también el comportamiento de empresas que han establecido una alianza con una institución beneficiaria a mediano plazo (por al menos dos años), en cuyo marco se han realizado acciones que ayudan a mejorar su desempeño en áreas como el fortalecimiento institucional, el intercambio de conocimientos o el equipo profesional conjunto para el desarrollo de iniciativas. Las empresas que, al responder, dijeron haber establecido este tipo de alianzas cuentan con un promedio en la escala de análisis del contexto competitivo estadísticamente mayor que aquellas que no cuentan con este tipo de alianzas. Esta diferencia es significativa al 99 por ciento de confianza.

Tabla 5. EMPRESAS QUE HAN ESTABLECIDO ALIANZAS CON INSTITUCIONES BENEFICIARIAS

Empresas que han establecido alianza

con instituciones beneficiarias

Sí

No

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,38 (0,7)

-0,85 (1,11)

1,24***

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

Con esto se cumple la tesis según la cual las empresas que colaboran y se comprometen a mejorar el desempeño de las instituciones beneficiarias han tomado en cuenta mayores elementos del contexto competitivo en la toma de decisiones sobre el foco de sus aportes sociales.

Respecto a las empresas que han incentivado iniciativas sociales innovadoras a través de reconocimientos o mentoría, hay que señalar que ellas obtienen un puntaje mayor en la escala de estrategia en el análisis del contexto competitivo. Esta diferencia es significativa al 95 por ciento de confianza.

Tabla 6. INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL

Empresas que han entregado premios,

reconocimiento o mentoría a emprendimientos sociales innovadores

Sí

No

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,45 (0,68)

-0,19 (1,06)

0,64**

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

De esta forma, se observa que las empresas que promueven la innovación social a través de su desarrollo o reconocimiento, efectivamente, han tomado en cuenta mayores elementos del contexto competitivo en la toma de decisiones sobre el foco de sus aportes sociales.

Por último, las empresas que han evaluado los resultados de sus aportes sociales —ya sea a nivel de los beneficios sociales logrados directamente por los proyectos financiados, de los resultados comunicacionales (en prensa u otros canales) o de los resultados obtenidos en algún stakeholder de la empresa— obtienen un puntaje mayor en la escala de estrategia en el análisis del contexto competitivo. Esta diferencia es significativa al 95 por ciento de confianza.

En suma, es posible establecer la existencia de la hipótesis 1 (implementación), según la cual las empresas que realizan análisis de su contexto competitivo en la toma de decisiones sobre sus aportes sociales muestran un mayor nivel de estrategia en prácticamente todos los factores analizados: participación de mayor número de altos directivos de la empresa; selección de los mejores destinatarios; acciones de señalización para abrir paso a otros donantes; colaboración para mejorar el desempeño de la entidad donataria, y promoción del desarrollo de la innovación social, todos ellos factores relevantes del enfoque estratégico en los aportes sociales. Las diferencias observadas son estadísticamente significativas, al menos al 90 por ciento de confianza. Asimismo, el análisis sobre la selección de los mejores destinatarios también muestra una diferencia relevante a nivel de tendencias.

Tabla 7. MEDICIÓN DE RESULTADOS DE APORTES SOCIALES

Empresas que han medido resultados

de los aportes sociales

Sí

No

Diferencia

Promedio escala de análisis del contexto competitivo

0,24 (0,89)

-0,40 (1,06)

0,64**

N=48. *p<0,10 **p<0,05 ***p<0,01.

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

5.2. Hipótesis 2 (valorización)

Existe una relación positiva entre el análisis del contexto competitivo para la toma de decisiones de los aportes sociales y la valorización de mercado de las empresas.

Como se mencionara anteriormente, estudios internacionales han demostrado los efectos en rentabilidad que genera en el mediano y largo plazo la incorporación de altos niveles de sostenibilidad. Eccles et al. (2011, 2849 -2850) muestran que, en empresas abiertas a bolsa en Estados Unidos, aquéllas con altos indicadores de sostenibilidad logran en el tiempo una rentabilidad bursátil acumulada significativamente mayor en comparación con empresas con baja sostenibilidad.

La sostenibilidad es un concepto que se enmarca o sobrepone al de responsabilidad social empresarial, y la filantropía corporativa es el elemento más discrecional y voluntario que corona la responsabilidad social. En este ámbito, Wang et al. comprueban que la filantropía corporativa mejora la performance financiera de las empresas al permitirles mayor control sobre recursos de sus stakeholders (Wang et al. 2008, 156). En este marco, es posible plantear que existe una relación positiva entre un enfoque estratégico (vía análisis del contexto competitivo en los aportes sociales) y la valoración bursátil de las compañías.

La hipótesis 2 (valorización) se investiga desde un indicador objetivo, público y externo al estudio, indicativo de la valorización de mercado de las empresas, cual es la presencia de las empresas donantes en el IPSA de la Bolsa de Santiago durante el año 2015, examinado en base a su relación en la escala de análisis del contexto competitivo para sus aportes sociales. Las empresas IPSA tienen un puntaje mayor en esta escala en comparación con aquellas que no están presentes en este índice.

Tabla 8. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS EN EL ÍNDICE IPSA

Presencia en el IPSA

Sí

No

Diferencia

Promedio escala de análisis del

contexto competitivo

0,21 (0,60)

-0,08 (1,10)

0,29

N=48. *p<0,10 **p<0,05

Errores estándares robustos entre paréntesis.

Valores estandarizados en escala del contexto competitivo.

Así, en términos de tendencia, se cumple la hipótesis 2 (valorización), ya que se observa que las empresas de mayor valorización de mercado —según participación en el IPSA— han tomado en cuenta más elementos del contexto competitivo en la toma de decisiones sobre sus aportes sociales.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El enfoque estratégico se ha presentado como aquel que permite maximizar el valor que los aportes sociales de las empresas generan a la sociedad y que, al mismo tiempo, fortalece la estrategia competitiva del negocio. Bajo este doble objetivo, se justifica su desarrollo ante el juicio de los diferentes tipos de shareholders (controladores y minoritarios). Asimismo, el enfoque estratégico permite a las empresas desarrollar un sistema de aportes sociales corporativos dentro de un contexto en el que se les exige mayor productividad, se les aumentan las exigencias regulatorias y en el que la expectativa pública exige mayor coherencia entre las acciones de responsabilidad social y las estrategias productivas del negocio. De hecho, si estos aportes son guiados por los valores centrales y perdurables de la empresa serán genuinos y con mayor propensión a ser percibidos como tales, lo que permitirá a la empresa proyectar una “consistencia identitaria” ante un escenario de múltiples stakeholders (Godfrey 2005, 795).

Considerando que las empresas son responsables del 84 por ciento de las donaciones registradas en Chile, es importante que las contribuciones sociales corporativas generen un valor destacado para la sociedad. Esto es especialmente relevante cuando el sistema de incentivos tributarios a las donaciones establece reducciones significativas al costo de la donación para los contribuyentes de primera categoría, estableciendo un cofinanciamiento indirecto por parte del Estado y un costo fiscal asociado a las donaciones privadas.[9]

El análisis de este estudio, en torno a los componentes del enfoque estratégico en los aportes sociales corporativos, busca poner en discusión una agenda que promueva un alineamiento sinérgico al enfocar recursos corporativos a problemas sociales o a temáticas que resuenan con los valores claves y la misión de la empresa y, con ello, generen una mirada de largo plazo y de resultados sociales más relevantes para la sociedad.

El enfoque estratégico está basado en reconocer que los recursos que la empresa dispone son financieros, pero también de know how y redes. Bajo esta perspectiva, se maximiza el valor de los aportes sociales cuando el foco elegido tiene que ver con las competencias propias de la empresa y con un ámbito de convergencia de intereses entre aquello relevante, beneficioso para la sociedad, y aquello necesario para la compañía, logrando un compromiso de largo aliento que facilita lograr un impacto social significativo (Porter y Kramer 2002, 3).

Considerando los vacíos que existen en torno a los componentes de un enfoque estratégico, este artículo contribuye a identificar importantes elementos para la adopción de un enfoque estratégico, al indagar en las relaciones entre el análisis del contexto competitivo y la adopción e implementación de elementos propios del enfoque estratégico. Los resultados demuestran que existe una relación positiva entre el análisis del contexto competitivo y la adopción e implementación de elementos propios del enfoque estratégico. Se concluye, entonces, que el análisis del contexto competitivo podría determinar la adopción de un enfoque estratégico, lo que debiera ser confirmado en futuras investigaciones de causalidad.

Asimismo, el artículo identifica también una relación positiva entre el análisis del contexto competitivo en los aportes sociales, por una parte, y un indicador de valorización bursátil de las empresas, por la otra. De esta forma, manifiesta la relevancia del análisis del contexto competitivo para adoptar un enfoque estratégico en los aportes sociales y, con ello, beneficiar, a la vez, tanto a la sociedad como a la empresa.

El estudio presenta ciertas limitaciones. Uno de los instrumentos de recolección de la información (la encuesta a empresas) es autorreportado y su participación fue voluntaria, por lo que es posible que exista un sesgo en las respuestas o en las características específicas de las empresas que participaron. Por otro lado, el análisis se vería enriquecido si se contara con mayores indicadores para medir niveles de rentabilidad financiera de las empresas y así observar su correlación con el análisis del contexto competitivo.

Asimismo, sería deseable explorar posibles relaciones de causalidad entre las variables implicadas en este estudio, para lo cual sería necesario recolectar variables de control que permitan comprender la dirección de esta relación, como también indagar en la existencia de otras variables que estén correlacionadas con el análisis del contexto competitivo, identificables como variables omitidas en el análisis causal multivariado.

Con todo, este artículo corresponde a un primer esfuerzo en esa dirección, considerando la escasez de datos públicos sistematizados e integrados respecto de los donantes en Chile y de la práctica de aportes sociales de parte del sector empresarial.

Materia de futuras investigaciones será indagar en la diferencia de resultados de impacto social que logran las empresas con enfoque estratégico respecto de aquellas que adoptan otro tipo de enfoques. Asimismo, es de interés estudiar el nivel de integración de los aportes sociales en las estrategias de sostenibilidad de las empresas, y los efectos en otras variables relacionadas con la valorización de distintos tipos de empresas (por ejemplo, aquéllas de alta relación con comunidades versus proveedoras generales de servicios).

Finalmente, se hace necesario estudiar una posible diferenciación de las políticas de incentivos tributarios a las donaciones sociales de empresas que permita impulsar, en este tipo de donante, factores relacionados con la implementación de la filantropía estratégica, en especial aquellas que fomentan la innovación social, las alianzas de largo plazo y los estudios de impacto social. De esta forma, se pueden establecer políticas que permitan incentivar la adopción de un enfoque que ayude a asegurar mayor valor para la sociedad y para las empresas.

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1 En esta misma línea, Porter y Kramer acuñaron posteriormente el concepto de “valor compartido”, en el cual plantean que el propósito de las empresas debe ser redefinido y enfocarse en las conexiones entre el progreso económico y el de la sociedad, encontrando oportunidades de crecimiento para las empresas y también mayores beneficios para la sociedad, al reconcebir productos y mercados, redefinir la productividad en la cadena de valor y el desarrollo de un cluster local (Porter y Kramer 2011, 4-5).

2 El estudio de Brammer et al. (2006) analiza elementos de implementación que determinan la filantropía estratégica en base a un análisis en empresas abiertas a la Bolsa de Londres.

3 En Chile también ha existido una instalación del concepto de sostenibilidad en las últimas décadas, reemplazando el concepto de responsabilidad social empresarial por una visión más integral hacia las variables ambientales, sociales y de gobernanza (llamadas aspectos ASG). De hecho, se ha desarrollado una serie de acciones en este sentido: la creación del Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile) en la Bolsa de Comercio de Santiago, que en su segunda versión, de 2016, incluyó a 21 compañías; la instalación en Chile de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas; la constitución del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Economía, y la Norma de Carácter General n.° 385 para Sociedades Anónimas Abiertas del año 2015, que obliga a publicar las prácticas de gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible, de forma que los inversionistas tengan suficiente información para tomar decisiones y remitirlas a la SVS (Aninat y Fuenzalida 2017, 13).

4 Véase http://www.fundacioncarvajal.org.co/lo-que-nos-inspira/.

5 El estudio del Cefis UAI señala que las empresas encuestadas que operan en Chile, respecto de sus aportes sociales, el 33 por ciento opera bajo un enfoque altruista; el 50 por ciento, bajo un enfoque de legitimidad social, y el 17 por ciento, bajo un enfoque estratégico (Aninat y Fuenzalida 2017, 46).

6 Varios de estos elementos son identificados por Porter y Kramer (1999; 2002, 9-11) que denominan “maximizadores de la filantropía estratégica”.

7 Alpha de Cronbach sobre 0,7 es considerado altamente confiable y consistente.

8 Para más detalles de los momentos de la distribución, contactarse con alguna de las autoras.

9 Cabe recordar que existen más de 50 cuerpos legales y normativas que regulan las donaciones en Chile y, según la legislación que utilice el donante, puede obtener un crédito tributario por hasta el 50 por ciento de la donación y acoger el 50 por ciento restante a ser reconocido como gasto o, simplemente, llevarlo a gasto. Siempre con un tope general del 5 por ciento de la renta líquida imponible.

ARTÍCULO

REGULARIZACIÓN DE DERECHOS CONSUETUDINARIOS DE AGUAS: CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA VACILANTE DE LA CORTE SUPREMA

Alejandro Vergara Blanco

Pontificia Universidad Católica de Chile

Alejandro Vergara Blanco. Profesor titular de derecho administrativo y de teoría del derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del Centro de Derecho y Gestión de Aguas y director del Programa de Derecho Administrativo Económico, ambos de la misma universidad. Email: alvergar@uc.cl.

El autor desea consignar sus agradecimientos al editor por sus numerosas sugerencias y a los árbitros anónimos de Estudios Públicos, en especial a uno de ellos, quien propuso la sistematización definitiva del artículo.

Resumen: Este artículo revisa el régimen jurídico que ampara los usos y derechos consuetudinarios de aguas, así como su formalización, para luego mostrar el sorprendente giro jurisprudencial que a partir de diciembre de 2014 realizó la Tercera Sala de la Corte Suprema respecto de la regularización de tales derechos. Se describen las consecuencias de este giro y se desarrollan argumentos de fondo sobre la materia. Se critica, además, el vacilante comportamiento jurisprudencial durante los últimos años, caracterizado por constantes zigzagueos tanto de los ministros como de la sala. A partir de este estudio de caso, se ofrecen algunas reflexiones sobre política pública jurisdiccional, certeza jurídica y dispersión jurisprudencial.

Palabras clave: derechos de agua, Código de Aguas, regulación de derechos, jurisprudencia, Corte Suprema, incerteza jurídica, dispersión jurisprudencial.

Recibido: abril 2018; aceptado: julio 2018.

REGULARIZING CUSTOMARY WATER RIGHTS: A CRITICISM OF THE UNSETTLED JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT

Abstract: This article reviews the legal regime covering customary water rights and uses and their formalization, then goes on to show the surprising jurisprudential turn taken by the Third Chamber of the Supreme Court since December 2014 with regard to the regularization of these customary rights. It describes the consequences of this shift and advances arguments dealing with the underlying issues. It also criticizes the unsettled approach to jurisprudence in recent years, with constant changes of direction by both ministers and the court. This case study is used as a basis for some reflections on public policy as it relates to jurisdiction, on legal certainty and on dispersed jurisprudence.

Keywords: water rights, Water Code, regulation of rights, jurisprudence, Supreme Court, legal uncertainty, dispersed jurisprudence.

Received: April 2018; accepted: July 2018.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo argumenta, en materia de regularización de derechos consuetudinarios, (i) que la Corte Suprema desde 2014 ha reemplazado la jurisprudencia uniforme que existía anteriormente por una jurisprudencia vacilante — repitiendo en algunos casos su criterio previo a 2014 y en otros rechazándolo—; (ii) que desde un punto de vista jurídico el nuevo criterio jurisprudencial que supuestamente sólo intenta reinterpretar las normas atinentes más bien las quebranta, dado que el derecho vigente consagra un explícito reconocimiento de los derechos de aguas de origen costumbrista y que no es posible racionalmente extraer de sus términos o factum las exigencias que inventa la nueva jurisprudencia; y (iii) que la jurisprudencia actual, y la conducta de la Corte Suprema en esta materia, crea una doble incertidumbre: tanto por este nuevo criterio de fondo en la materia, que deja heridas a esas titularidades consuetudinarias, como por la conducta vacilante que resulta de los constantes zigzagueos de la Corte y de algunos de los ministros.

La regularización de los derechos consuetudinarios de aguas es una temática socialmente relevante, dado que la mayoría de los derechos de aprovechamiento de aguas en Chile tiene origen costumbrista, los que están en manos de agricultores, indígenas y de una variada gama de usuarios rurales de aguas.[1]

El tema de fondo que analizo en este trabajo se configura a partir del siguiente factum o hipótesis de hecho típica: centenares de agricultores, indígenas u otros usuarios de aguas han gozado de una protección constitucional de sus usos y derechos, aun cuando tales derechos tienen un origen consuetudinario (esto es, en un uso muy antiguo o ancestral); ello, en virtud de una disposición legal de 1979 (en estricto rigor, de un decreto ley), que estableció una presunción de propiedad sobre esos usos y derechos consuetudinarios, lo que fue reafirmado por la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981. Lo más relevante es que tales usuarios de aguas no han tenido nunca que solicitarle a la autoridad administrativa la constitución de su título, pues tales títulos han surgido del reconocimiento legal del uso consuetudinario. El legislador decidió además someter tales usos y derechos a un régimen registral, disponiendo el procedimiento destinado a reconocerlos, el cual se denomina “regularización”, circunstancia que en realidad es una adecuación a la nueva normativa nacida en los años 1979 y 1980, con lo cual no se crean dichos derechos, sino que se reconocen. Por diversas razones prácticas, es conveniente regularizar o formalizar esos títulos, y la legislación provee de un mecanismo de regularización al efecto; pero la ley no ha establecido plazo alguno para que esos usuarios regularicen sus títulos, y el resultado práctico es que aún hoy existen miles de titulares de derechos de origen consuetudinario, cuyo uso del agua comenzó en fechas anteriores a las señaladas (1979, 1980 y 1981), en que sus sucesores han seguido usando tales aguas amparados en esa poderosa presunción legal, sin regularizar sus títulos.[2]

Durante muchos años, cada vez que un titular de esos derechos solicitaba su regularización, ésta se tramitaba en un procedimiento pacífico, con intervención de la administración y de los tribunales. De ese modo se regularizaron centenares de derechos de aguas. Pero en diciembre de 2014 todo cambió, específicamente a partir del giro jurisprudencial de que doy cuenta en este escrito. Esta nueva tendencia afecta gravemente los derechos de las personas que son titulares de estos derechos así reconocidos, unido a las costosas tramitaciones y a la usualmente lenta respuesta de la administración burocrática.

También examino, a partir de argumentos de dogmática jurídica (esto es, sobre la base del análisis del derecho vigente), las posiciones que la Corte Suprema —de una manera dividida, pero mayoritaria— ha venido sosteniendo desde fines de 2014 en materia de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, momento a partir del cual protagonizó un brusco giro respecto de la jurisprudencia anterior. Podremos observar que, desde esa fecha y hasta agosto[3] de 2018, se ha producido una situación jurisprudencial zigzagueante, consecuencia de la conducta de algunos ministros y abogados integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Se ha producido así una alta inestabilidad en las decisiones, con frecuentes contradicciones de los votos de un mismo ministro o abogado integrante entre causas exactamente iguales, sin existir ninguna razón aparente que explique esos cambios intempestivos de posición. No califico en este trabajo las consecuencias institucionales o disciplinarias que podría tener esta conducta vacilante, pues va más allá de mi objetivo; sin perjuicio de mis reflexiones finales sobre el valor de la estabilidad jurisprudencial.

1. EL RECONOCIMIENTO DE LOS USOS COSTUMBRISTAS DE AGUAS

1.1. Un derecho consuetudinario de aguas en un país hiperlegalista y de acendrado centralismo administrativo

El reconocimiento de los derechos de origen consuetudinario en los sistemas jurídicos modernos es uno de los mayores homenajes a la libertad de los ciudadanos y una excepción al monopolio del legislador.[4] Es una suerte de expansión de la libertad individual y colectiva al reconocer cierta autogestión normativa de la sociedad. En nuestro país son pocos los ejemplos; un caso paradigmático es el de los derechos de aguas de origen consuetudinario, los que fueron reconocidos como tales por el legislador en 1979.

Los derechos consuetudinarios de aguas (usualmente de agricultores, indígenas, industrias forestales y frutícolas, vinícolas y otros usuarios rurales) surgen como tales a partir de un uso costumbrista o ancestral y son reconocidos por ley (art. 7 DL 2.603 de 1979) y garantizados por la Constitución (art. 19 n.° 24 inciso final). Estas dos reglas son la base de la existencia de tales derechos, a las cuales cabe agregar el artículo 2 transitorio del Código de Aguas (art. 2T, en adelante CA), que contempla una regulación del procedimiento atinente, cuyo objetivo es la “regularización” o formalización de los títulos de derechos de aguas. Existen pocas reglas más importantes que ésta en la regulación de los usos consuetudinarios, pues son la base de su existencia y reconocimiento.[5]

Estos derechos nacen de un uso costumbrista; de un factum que origina un derecho no registral (informal, si se quiere), pero de titularidades reconocidas y plenamente protegidas. Su existencia y ejercicio práctico está fuera de toda duda; es cosa de mirar la geografía física y humana de nuestro país. Lo único que falta respecto de esos derechos es su “formalización”, esto es, su escrituración y registro; o su “perfeccionamiento”, incorporando a sus títulos el detalle de las características esenciales de todo derecho formalizado de aguas: caudal, lugar de extracción o naturaleza (ya sea de uso consuntivo o no consuntivo; de ejercicio eventual o permanente; superficial o subterráneo; en fin, de uso continuo, discontinuo o alternado). En ningún caso la falta de tales formalidades pone en cuestión ni la existencia ni tampoco el legítimo ejercicio de esos derechos. De ahí que un título informal de aguas (costumbrista) sea entonces tan legítimo, garantizado y protegido como uno formalizado. La razón es muy simple: los derechos consuetudinarios existen socialmente antes de su regulación legal, la cual sólo reconoce y somete esa realidad a una nueva formalidad con el objetivo de dar mayor certeza, certidumbre y seguridad.

Los usos efectivos de aguas como derechos adquieren legitimidad por el reconocimiento que les brinda el citado artículo 7 DL 2.603 de 1979, que establece dos presunciones de titularidad de derecho de aguas a quien utilizaba efectivamente las aguas en la fecha de esa norma. Pero eso no cierra el proceso de consolidación de esos derechos consuetudinarios, sino que es conveniente dotarlos de un título formal e inscribirlos en los registros correspondientes. Existe para ello una triple fase de reconocimiento, subsistencia y ajustes, como se ha dicho en doctrina.[6]

1.2. La regularización de los derechos reconocidos y sus requisitos

La “regularización”, entonces, resulta ser una herramienta procedimental de ajuste para estos derechos. Los requisitos que señala el artículo 2 transitorio del CA para obtener tal regularización son los siguientes:

i) que el ejercicio de este derecho (el uso efectivo de las aguas en un terreno específico) se debe haber estado produciendo a la fecha de entrada en vigor del CA (es decir, el 29 de octubre de 1981);

ii) que se hayan cumplido al menos cinco años ininterrumpidos de ese uso efectivo del agua,[7] y

iii) que la utilización se haya efectuado libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno.

Entonces, entre los requisitos para la regularización de los derechos de aguas expuestos es esencial el uso efectivo del agua, el que está vinculado a un hito cronológico: la entrada en vigor del CA. La ley no establece otras limitaciones o requisitos. Así:

i) no existe un plazo para solicitar la regularización, de lo que se deriva que se puede realizar en cualquier tiempo, mientras una nueva ley no diga lo contrario, y

ii) no establece la ley exigencia alguna respecto de los adquirentes de estos derechos de aguas, en su condición de derechos reales, por lo que en tal aspecto se regirán por las reglas del Código de Aguas y, supletoriamente, por el Código Civil (materia en la cual este último código es legítimamente supletorio, dados los términos del artículo 6 del CA).

1.3. La posesión de todo derecho real y la suma de posesiones para los efectos de solicitar la regularización por adquirentes posteriores al año 1981

El tema de la suma de posesiones, sin embargo, ha devenido neurálgico, y en torno a éste se ha generado el cambio jurisprudencial que comento en este trabajo.

Entonces, el primer y esencial requisito para toda regularización es el uso efectivo de las aguas a la fecha de entrada en vigor del CA (29 de octubre de 1981). Al respecto, dada la calidad de derecho real de todo derecho de aguas (art. 6 CA), son estos derechos aquellos poseídos de manera ficta por sus titulares, y por todos los sucesores de la titularidad, desde esa fecha hasta la actualidad; en otras palabras, no son las aguas las jurídicamente poseídas, sino el derecho. Además, el uso efectivo del agua a que se refiere la ley no es algo que se produzca en términos personales por el titular de ese derecho (como si tuviese que tocar el agua con sus manos), sino que el uso efectivo se produce en un terreno, inmueble o bien raíz específico, en relación al cual tiene lugar el reconocimiento de este derecho, ello derivado de su calidad de derecho real (art. 6 CA) y no personal. Para comprender este factum basta una lectura de la regla de oro de estos derechos: el artículo 7 DL 2.603 de 1979, que dispone:

Se presumirá dueño de derecho de aprovechamiento a quien lo sea del inmueble que se encuentre actualmente utilizando dichos derechos.

En caso de no ser aplicable la norma precedente, se presumirá que es titular del derecho de aprovechamiento quien se encuentre actualmente haciendo uso efectivo del agua.

Tanto la posesión de un derecho como el derecho mismo se pueden transferir a nuevos titulares, los cuales pasarán a ser titulares del derecho así reconocido y en el momento que lo deseen (pues no hay una fecha que la ley haya establecido para ello) podrán solicitar la regularización de esos derechos. En efecto, cualquier titular actual del derecho consuetudinario puede solicitar su regularización, en el tiempo que desee, debiendo probar que en esa lejana fecha existía un uso efectivo del agua y, además, que ese uso se mantiene en la actualidad.

El derecho de aguas así reconocido en 1981, y materia de posesión por sus antiguos titulares, se puede transferir o transmitir y a este cómputo se puede agregar la posesión del derecho (y uso del agua) de los antecesores en su titularidad, aplicando la figura de la suma de posesiones, que permite agregar el tiempo de posesión del antecesor, siguiendo la regla del artículo 717 inciso 2 del Código Civil, que señala:

Podrá agregarse (…) a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores.

O sea, una cadena o sumatoria de posesiones que es admitida pero que debe ser probada.

1.4. Coherencia del modelo regulatorio de los usos consuetudinarios de aguas con la influyente teoría de la posesión de Savigny

Lo más notorio de esta regulación de los usos consuetudinarios de aguas es el valor que se les otorga tanto a los usos como a la posesión por la vía de la costumbre. Además, cabe destacar la protección que se les presta a tales derechos, reconociéndolos y considerándolos plenos por sí mismos, aun cuando no estén regularizados.

Al respecto, podemos recalcar la coherencia de tal regulación con lo que a inicios del siglo XIX postulaba Savigny, quien, en su primera obra jurídica significativa dedicada precisamente a la posesión,[8] adopta la posición de un jurista “realista” (no formalista), apegado a los hechos, a la práctica de los usos y costumbres legítimos, tesis que ha influido ampliamente en la construcción de la dogmática de los derechos reales.[9] Él observa que la posesión es la tenencia de una cosa, sin perjuicio de lo cual tiene un contenido jurídico pleno; ese fenómeno de tenencia de la posesión es idéntico al problema jurídico actual de la posesión del título de los usos consuetudinarios de aguas reconocidos en 1979.

¿Cómo enfrenta Savigny esta tenencia, ese uso llamado posesión? La separa jurídicamente de la propiedad y la considera en sí misma como un derecho, la cual: (i) está conectada a la propiedad, pues quien posee puede llegar a ser propietario por la vía de la usucapión (prescripción), y (ii) puede ser defendida y garantizada de la molestia de terceros por sí misma, mediante acciones posesorias.

Si observamos el caso de los usos consuetudinarios de aguas, descubriremos que tanto el artículo 7 DL 2.603 de 1979, como el artículo 19 n.° 24 inciso final de la Constitución de 1980 y el artículo 181 del Código de Aguas de 1981 protegen esos usos como tales, como hechos, como factum, dándoles la misma garantía que los derechos de propiedad, sin serlo; esto es, protegen una tenencia a la Savigny: sin necesidad de obligar a sus titulares a formalizarlos, inscribirlos o de llegar a ser como otro tipo de derechos de aguas que nacen formalizados (como es el caso de los derechos de aguas constituidos por concesión o acto de autoridad, según señala el artículo 22 del Código de Aguas). Los derechos de agua consuetudinarios, entonces, nacen “des-formalizados” y pueden continuar su vida jurídica en tales condiciones sin riesgo (salvo que las formalidades lleguen a ser elementos más relevantes que la esencia de un derecho, lo que no es el caso actual en nuestra legislación).

1.5. El cómputo del plazo de cinco años ininterrumpidos de uso efectivo del agua

El cómputo del plazo de cinco años ininterrumpidos de uso efectivo del agua es un requisito que merece destacarse también. Éste puede observarse en la jurisprudencia, la doctrina y en su contexto legislativo, pues es conexo al problema que reviso y, en algunas ocasiones, una misma sentencia revisa tanto este requisito como el que concierne al uso efectivo de las aguas.

1.5.1. A nivel jurisprudencial

El cómputo de este plazo de cinco años fue abordado de diversas maneras, entre las cuales cabe mencionar los siguientes criterios jurisprudenciales: (i) Se ha dicho que el referido plazo de cinco años debe contarse desde la fecha en que comenzó el uso de las aguas y que debía encontrarse cumplido a la fecha de entrada en vigencia del Código de 1981.[10] (ii) También se ha señalado que dicho plazo simplemente se cuenta desde la fecha en que hubiera comenzado a producirse el uso respectivo[11] (aquí no se requiere que los cinco años se encuentren cumplidos el 29 de octubre de 1981, como ocurre en el caso anterior). (iii) Asimismo, se ha fallado que dicho plazo debe contarse desde la fecha de entrada en vigencia del Código de 1981.[12] (iv) Se ha dicho que este plazo debe encontrarse cumplido a la fecha de la respectiva solicitud de regularización.[13] (v) Finalmente, se ha señalado que dicho plazo debe haberse iniciado antes del 29 de octubre de 1981.[14]

1.5.2. A nivel doctrinal

Esta discusión también se produjo en el ámbito doctrinario, del que pueden mencionarse las siguientes posiciones: (i) Se ha señalado que el artículo 2 transitorio del CA establece que la fecha de entrada en vigencia del Código de 1981 marca el último plazo a partir del cual debió iniciarse el uso de las aguas.[15] ii) Se considera que el plazo de cinco años de uso ininterrumpido debe ser contado hacia atrás, desde la entrada en vigencia del Código de 1981.[16]

Ahora bien, la Dirección General de Aguas (DGA), en un acto de orden interno, señala que el derecho de aprovechamiento debe haber estado siendo utilizado cinco años antes de entrar en vigencia el CA de 1981; es decir, del 29 de octubre de 1976 hacia atrás.[17] A pesar de que estas últimas expresiones no parecen del todo claras y precisas, se entiende que la opinión de la autoridad administrativa en esta materia es que el plazo de cinco años requerido en este procedimiento regularizador debe encontrarse cumplido al 29 de octubre de 1981, por lo que el uso respectivo debió haberse iniciado, a más tardar, el 29 de octubre de 1976.

1.5.3. Necesaria vinculación del artículo 2 transitorio del CA con el artículo 7 DL 2.603 para resolver situación del plazo

Puede percibirse que en cuanto a este aspecto del cómputo del plazo se han manifestado, entonces, tres posibilidades interpretativas: (i) El uso de cinco años exigido al regularizador debe encontrarse cumplido al año 1981, más específicamente, a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981, por lo que se cuenta desde dicho año hacia atrás. (ii) El uso de cinco años exigido al regularizador puede comenzar con posterioridad o a partir de la entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981. O (iii), el uso exigido al regularizador debe ser actual a la época de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981; es decir, debe haber comenzado con anterioridad a ello y estar sucediendo a esa fecha, y completar, en lo que corresponda, el plazo de cinco años hacia delante.

Teniendo en consideración el estatuto jurídico completo de la regularización de los usos consuetudinarios, diremos que, a nuestro juicio,[18] es esta última la opción interpretativa que cabe aplicar en materia de cómputo del plazo de cinco años establecido en el artículo 2 transitorio del CA. Sin perjuicio de ello, cabe reconocer que la primera de las alternativas enunciadas cuenta con el beneplácito de la generalidad de la jurisprudencia y de la propia DGA, y, además, parece una opción racional. Ahora bien, la segunda opción no resiste mayor análisis, ya que resulta absolutamente incorrecta y desajustada, pues el objeto de los procedimientos regularizadores son los usos y derechos preexistentes al Código de Aguas de 1981 y no los que comiencen a ejercerse con posterioridad al mismo.

El tercer criterio enunciado es el que mejor nos permite encuadrar la problemática en la normativa aplicable al caso. Como se ve, además del artículo 2 transitorio del CA, este tema debe vincularse obligatoriamente con el artículo 7 DL 2.603, el cual contiene la esencia, la base sustantiva del reconocimiento a los usos consuetudinarios, y dicha disposición no señala ni exige plazo alguno al uso de las aguas. Tal plazo vino sólo a ser establecido por la norma transitoria en comento, la cual reguló y estableció la vía procedimental del reconocimiento consagrado en el artículo 7 DL 2.603.

Así, la idea matriz es que los usos efectivos de las aguas que se hubieren iniciado con anterioridad al Código de 1981 son reconocidos como derechos. Si los titulares desean regularizar tales derechos deben reunir, como mínimo, un plazo de cinco años de uso, pero, debido a que el referido artículo 7 DL 2.603 no exige plazo alguno, no procede exigir que tal plazo esté totalmente cumplido al año 1981, sino que lo que resulta obligatorio es que el uso en cuestión se haya iniciado antes de tal fecha. En este caso, si a la época de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981 falta un período para completar el plazo de cinco años, el correspondiente uso podrá continuarse ejerciendo con posterioridad a ello hasta cumplir el requisito aludido, y poder impetrar, por tanto, la regularización e inscripción del derecho como tal.

1.6. La regularización está sujeta a un régimen jurídico permanente y no temporal

Ya está dicho que las reglas sustanciales aplicables a la materia de la regularización de derechos de aguas consuetudinarios son los Arts. 7 DL 2.603 de 1979 y 2 transitorio del CA. Ambas normas son el trasunto de la aceptación de la costumbre en la materia (siguiendo el criterio del artículo 2 del Código Civil) y constituyen un régimen jurídico permanente y, en ningún caso, dados los términos tan enfáticos y asertivos de ambas disposiciones legales, puede llegar a postularse que se trataría de un régimen jurídico temporal; ello por el dato más básico: el enunciado de tales normas no fija período temporal alguno para ejercer el derecho (o la libertad) de solicitar la regularización de los derechos de aguas consuetudinarios.

Dos aspectos podrían llamar a dudas: por una parte, la vigencia actual del artículo 7 DL 2.603 de 1979 y, por otra, el carácter “transitorio” del artículo 2 transitorio del CA (que se suele confundir con las leyes “temporales”).

1.6.1. La actual vigencia del artículo 7 DL 2.603 de 1979

El DL 2.603 de 1979 es la regla vigente que de modo sustantivo reconoce los derechos consuetudinarios. Como norma ordinaria y permanente, ninguna duda puede caber con respecto a su actual vigencia; ello, por varias razones:[19]

i) Porque el artículo 181 CA, relativo al amparo de los derechos de aguas, vigente desde 1981, contiene una expresa remisión al referido artículo 7 DL 2.603 de 1979, precisamente reconociendo la fuerza de su “presunción de dueño” de derechos de aprovechamiento de aguas. Dice tal artículo 181 inciso 1 CA:

El titular de un derecho de aprovechamiento o quien goce de la presunción a que se refiere el artículo 7º del decreto ley Nº 2.603, de 1979, que estimare estar siendo perjudicado en el aprovechamiento de las aguas, por obras o hechos recientes, podrá ocurrir ante el Juez competente a fin de que se le ampare en su derecho.

Esta disposición se refiere a la propiedad sobre el derecho de aguas no inscrito, la que es permanente y sujeta no sólo a esta protección procesal, sino también a la intangibilidad que garantiza el artículo 19 n.° 24 inciso final de la Constitución.

ii) La derogación contenida en el artículo 308 CA no cubre, ni podría cubrir, el DL 2.603 de 1979. Dice tal artículo: “Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que tratan sobre las materias contenidas en el presente código, y en especial las siguientes…”, y mencionando a continuación varias leyes.

Es ésta una cláusula de derogación orgánica bastante ambigua, pero, en lo que respecta al DL 2.603, esta derogación no le alcanza, por cuanto, por una parte, no aparece mencionado en dicho precepto y, por otra, y lo que es sustantivo, el señalado DL 2.603 reglamenta otras materias, diversas de aquéllas reguladas en el CA. En estas materias, el DL 2.603 es especial frente al CA; de lo que es prueba el que este Código no establezca presunciones de dominio de derechos de aguas.

Incluso más, no tenía fuerza suficiente para derogarlo, pues el propio CA fue dictado en virtud de una facultad conferida por el artículo 2 DL 2.603 de 1979, prorrogada por el DL 3.337 de 1980 y renovada por el DL 3.549 de 1981. El CA es un DFL (cuya constitucionalidad, incluso, por referirse a garantías constitucionales, merecía dudas; no obstante, ha sido modificado por leyes posteriores, las que, entonces, lo ratifican tácitamente). En consecuencia, mal puede un cuerpo normativo derogar la norma en cuya virtud fue dictado.

1.6.2. Un régimen jurídico permanente en una norma “transitoria”

No se deben confundir las leyes temporales con las normas transitorias. Como señalo antes, la regla procesal que regula el procedimiento de regularización de los derechos consuetudinarios de modo permanente (pues no establece fecha alguna de vigencia) es el artículo 2 transitorio del CA.

Se podría llegar a confundir las particularidades de una ley de carácter o eficacia temporal (esto es, aquella que fija ella misma, de un modo explícito, una duración limitada de vigencia para su mandato) con la ubicación de una ley ordinaria (esto es, aquella que establece una relación permanente entre su presupuesto de hecho y sus efectos jurídicos). Esta clasificación de las leyes entre ordinarias y temporales es usual en teoría de la legislación,[20] y en nada altera el carácter ordinario de una norma por el solo hecho de que el legislador la ha llamado “transitoria” o la ha situado en un apartado en que sitúa las que llama “normas transitorias”. El desorden legislativo en esta materia es usual, y ocurre en Chile y en el derecho comparado (en donde ha habido intentos de sistematización o de ordenamiento dogmático).[21]

Por lo tanto, en el caso del artículo 2 transitorio del CA ha de estarse a los términos explícitos de esa norma, la que no indica fijación temporal alguna para su propia vigencia; de ahí que esta norma podrá ser invocada mientras ella esté vigente y no haya sido derogada, dado su carácter ordinario y permanente. Además, no sólo no hay dudas a partir de su propio texto de que no es una norma temporal, sino que, en caso de que se quisiese fijar una temporalidad para la misma, no existiría criterio alguno para hacerlo.

1.7. Corolario: Los usos consuetudinarios de aguas son unos derechos plenamente válidos, sin plazo legal para ser regularizados

A partir del desarrollo anterior, no hay dudas entonces de la plena validez de los usos y derechos consuetudinarios de aguas, de la plena vigencia de las normas sustantiva y procesal que los rigen y de que no existe plazo alguno para que los titulares de esos derechos puedan realizar esa regularización.

Todo esto ha formado, por décadas, la práctica administrativa de la Dirección General de Aguas de tramitar estas solicitudes de regularización por parte de los titulares,[22] y aun promoviendo a través de fondos públicos tales regularizaciones, como es el caso de la práctica administrativa usual de la Comisión Nacional de Riego.

Sin embargo, ésta ha venido a ser amagada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, a partir de diciembre de 2014, según explico más adelante.

2. EL VALOR DE LA POSESIÓN Y USO ANCESTRAL DEL AGUA EN LA JURISPRUDENCIA TRADICIONAL DE LA CORTE SUPREMA (HASTA JULIO DE 2014)

La línea jurisprudencial tradicional de la Corte Suprema, y uniforme hasta julio de 2014, había venido aceptando la suma de posesiones en las regularizaciones de derechos consuetudinarios de aguas; criterio que había sido mantenido de modo consistente y fundado, por largos años. De hecho, se había profundizado desde 2004, en varios casos relevantes, en especial relativos a derechos de aguas de indígenas y agricultores. Una revisión detenida de la jurisprudencia de la década de 2004 hasta julio de 2014 muestra que la Corte no sólo aplicó criterios uniformes y coherentes con la legislación y los hechos, en los cuales cabía reconocer y proteger tales usos efectivos y costumbristas, sino que también aceptó para su regularización la suma de posesiones, atendida la naturaleza de su origen y el uso de las aguas. Véase en el Anexo 9.1 la enumeración de todos los casos, los que podemos distinguir entre casos de indígenas y agricultores.

2.1. El caso de los usos y derechos de indígenas

Respecto de los usos ancestrales por indígenas, en “Comunidad Atacameña Toconce con Essan” (2004) y en el famosísimo caso “Agua Mineral Chusmiza con Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza Usmagama” (2009) la Corte Suprema declaró el entero reconocimiento como derechos plenos de esos usos ancestrales, con una unión evidente de posesiones históricas para la prueba del uso del agua. En ambos casos, la Corte consideró y le dio valor a la prueba de “usos ancestrales” y efectivos por generaciones de indígenas para reconocerlos como derechos; son los propios indígenas quienes solicitaron la regularización (en “Toconce con Essan”) o se opusieron a una solicitud que les afectaba (en “Agua Mineral Chusmiza”), invocando sus usos efectivos de las aguas desde tiempos inmemoriales.

Los usos ancestrales fueron reconocidos como derechos en el DL 2.603 de 1997 y la Constitución Política de 1980, y se constituyen, naturalmente, por una suma de posesiones de las diversas generaciones de indígenas; es decir, abuelos, padres, nietos, y así sucesivamente, han usado el agua, en un lugar específico, originándose el actual derecho real.

Habría sido un despropósito negarle la regularización de un derecho consuetudinario o ancestral de aguas al solicitante, por el hecho de ser parte de una nueva generación de indígenas y por no haber realizado él mismo un “uso personal” del agua, como lo hacían sus ancestros. Nunca en esta antigua línea jurisprudencial se realizó la exigencia del uso “personal” del agua por el solicitante, tanto en 1981 como al solicitar la regularización, pues ello habría significado que al fallecimiento de una generación de indígenas ya no podrían sus sucesores regularizar sus derechos ancestrales. El mismo criterio debiese aplicarse para todo tipo de usuarios, sean indígenas o no, como reviso a continuación.

2.2. El caso de los usos agrícolas

Diversos casos se refieren a usos de aguas con fines agrícolas como “Espinoza con Endesa” (2005); “Agrícola Victoria con Endesa” (2007); “Agrícola Forestal Los Olivos” (2009); “Garrido Aedo con DOH” (2011); “Sociedad Agrícola Pangue” (2011); “Agrícola Santa Lucía Ranch” (2012); “Sociedad Agrícola el Piedrero” (2013), y “Sociedad Agrícola el Porvenir” (2016). Su situación es la misma, pues tratándose los derechos de aguas de derechos reales la Corte Suprema acepta la suma de posesiones, entre sucesivos sucesores de títulos de derechos antiguos.

En “AES Gener con DGA” (2011) —que cita como precedentes a “Comunidad Atacameña Toconce” (2004) y “Garrido con DOH” (2011)—, la Corte Suprema enfatiza en su considerando 16 que “los usos consuetudinarios son genuinos derechos que hay que respetar como tales, situación reconocida incluso a nivel constitucional” y, en coherencia con ello, procede a validar la suma de posesiones de tales derechos.

Lo sigue en especial “Sociedad Agrícola El Piedrero con Endesa” (2013), sentencia redactada con gran detalle, que se refiere a los “usos desde tiempos inmemoriales”, suficientemente probados en la causa; cita como precedentes buena parte de las sentencias anteriores y, en fin, señala respecto de la suma de posesiones (considerando 13), que, “al tenor de la doctrina señalada, aparece lícito y posible que los usuarios de derechos de aprovechamiento no inscritos agreguen a la propia la posesión de sus antecesores”.

Son sentencias matrices de esta línea jurisprudencial las de “Toconce” (2004) y “Espinoza” (2005), ambas redactadas por el ministro Urbano Marín, cuya huella argumental, traspasada de sentencia en sentencia, subsiste hasta en las más recientes; por ejemplo, en “Sociedad Agrícola el Porvenir con DGA” (2016).

Esta sólida línea jurisprudencial se desarrolla en coherencia con los hechos (el factum de la materia), en línea con las fuentes —la costumbre, aceptada por la ley vigente—, y también en concordancia con la doctrina de los autores, que ella cita profusamente. Esta jurisprudencia tradicional se caracteriza por:

i) El valor que le asigna a los usos y derechos consuetudinarios de aguas; esto es, aquéllos originados en el uso ancestral del agua.

ii) La comprensión, respeto y protección de los derechos de aguas consuetudinarios, sobre las consecuencias del uso ancestral y efectivo del agua por largos años, como fuente de posesión y reconocimiento jurídico de derechos de aguas.

iii) La aceptación de la suma de posesiones de esos derechos reales entre sus diversos titulares consecutivos para permitir así la regularización o formalización de tales títulos de aguas por sus actuales titulares.

iv) Constituir una racional interpretación de las leyes atinentes y por conectarse de manera coherente con el factum de todo uso costumbrista del agua.

Gráfico 1. RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DESDE PRINCIPIOS DE 2004 HASTA JULIO 2014, EN DERECHOS CONSUETUDINARIOS DE AGUA

3. GIRO JURISPRUDENCIAL DE FINES DE 2014 Y CUATRO AÑOS DE VACILACIONES O ZIGZAGUEO

En efecto, la Corte Suprema (o, de una manera más precisa, su Tercera Sala), desde diciembre de 2014 y hasta agosto de 2018 (última fecha de este análisis), cambió radical, inesperada y negativamente el criterio que ella misma (con la intervención de otras salas y otros ministros) había construido con anterioridad, al menos desde la vigencia del Código de Aguas de 1981, en materia de regularización de derechos consuetudinarios de aguas. Cabe observar de cerca la génesis del cambio y antecedentes coetáneos.[23]

3.1. El criterio tradicional y el cambio

La jurisprudencia de la Corte Suprema venía declarando, por muchos años y hasta fines de 2014 (véase Anexo 9.1), de manera sostenida, en sentencias unánimes y sin votos disidentes, sin zigzagueo alguno, que era posible que los titulares de derechos consuetudinarios de aguas pudiesen, al regularizarlos, sumar a la propia la posesión de los anteriores titulares de los mismos, utilizando una institución jurídica perteneciente a los derechos reales, como es la suma o agregación de posesión del título.[24] Ello había configurado una sólida base jurídica legal, jurisprudencial y doctrinaria en cuanto a los usos consuetudinarios de aguas, con conciencia por esos jueces de seguir los precedentes (así lo consignan las respectivas sentencias); aplicando a casos de agricultores, indígenas y usuarios diversos el razonable criterio legal de agregar las posesiones anteriores para el cómputo de plazo requerido para regularizar este derecho real. La carga de la prueba pesaba sobre el regularizador, quien debía comprobar no sólo el uso efectivo y actual del agua, sino también el uso requerido de cinco años a través de la suma de posesiones anteriores, si es necesario (sin perjuicio de la dificultad que hoy ello representa, por haber transcurrido más de tres décadas desde la entrada en vigor del Código de Aguas).

Pero, en diciembre de 2014 la Corte Suprema dictó una sentencia contradictoria con esa línea en el caso “Inversiones de la Cerda con Endesa” (2014). La que en un principio pareció una rara y solitaria sentencia pasó a ser el hito a partir del cual se alteró la uniforme casuística anterior. Pareció un simple desliz de la Corte Suprema, pero meses después, a fines de 2015, se comenzó a notar un radical giro jurisprudencial. En verdad fue un descalabro, pues hasta agosto de 2018 se sumaron 17 casos más (totalizando así 18), cuya última muestra es “Soto Valdivia” (2018). Todas ellas contradijeron la vigorosa línea anterior de la Corte Suprema en esta materia (véase Anexo 9.2).

Una crónica sucinta del período que va desde diciembre de 2014 a agosto de 2018 es la siguiente:

i) Se ha mantenido de manera paralela en la Tercera Sala de la Corte Suprema la línea jurisprudencial más antigua, ofreciendo así aquella sala un espectáculo lamentable para la suerte de los justiciables: el resultado en uno u otro sentido ha dependido de la integración que la sala tenga el día de la vista y acuerdo de la causa, por lo que la sentencia que se emita puede ser de una u otra línea jurisprudencial.

ii) En las causas de la nueva línea se han consignado votos disidentes de los ministros que sostienen la línea paralela (en caso de integrar la sala).

iii) La conducta culmen es la de ministros que se contradicen en causas idénticas, una y otra vez, en un zigzagueo respecto de sus propios votos y redacciones anteriores, de lo que resulta que no es posible saber cuál es la posición que sustenta o sustentará ese mismo ministro en una próxima causa sobre la materia.

Entonces, la situación actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema es en extremo vacilante y dividida, existiendo dos líneas jurisprudenciales paralelas, pues aún se ha mantenido la línea anterior en cinco casos (véase Anexo 9.3), aun cuando la más persistente desde 2014 por mayoría de votos en la Tercera Sala de la Corte Suprema (donde están radicados los temas de aguas), es la nueva doctrina.

3.2. Génesis y crónica detallada de la nueva línea jurisprudencial de la Corte Suprema en regularización de derechos de aguas

Las 18 sentencias de la nueva línea jurisprudencial que niegan la posibilidad de que los nuevos adquirentes de antiguos derechos de aguas —originados en usos consuetudinarios— puedan realizar la regularización de sus títulos producen graves efectos prácticos sobre el principio de la certeza jurídica.

Un elemento común en casi todas las sentencias que dieron origen a esta doctrina en 2014 es que la redacción del fallo ha provenido de abogados integrantes que fueron circulando en la Tercera Sala entre 2014 y 2016, y a los cuales adhirieron algunos ministros. Las sentencias del antiguo criterio, en cambio, fueron todas redactadas por ministros titulares. Curiosamente, uno de esos abogados integrantes (el actual ministro Prado, que fue abogado integrante hasta abril de 2017, momento en que pasó a ser ministro titular ocupando el cupo dejado por el ex ministro Pierry) fue el redactor de la sentencia que dio origen a esta nueva línea jurisprudencial, “Inversiones de la Cerda” (2014). Sin embargo, más tarde cambiaría de opinión una y otra vez, zigzagueando tres veces más. En efecto, en “Vera Urra” (2017) da un primer giro sobre su voto anterior redactando un fundado fallo para la línea tradicional; luego cambia nuevamente de opinión en “Zúñiga Lara” (2017), pero disiente en “Soto Valdivia” (2018) retornando a la línea tradicional a través de un fundado voto en que de modo sorprendente contradice fundamentos que él mismo había redactado en sentencias anteriores. En fin, en “Toconce con SQM” (2018) sus criterios se dispersan aún más, pues en un críptico voto disidente confunde el uso particular con el uso comunitario o ancestral de las aguas por una comunidad indígena. Cabe señalar que en todos estos casos la base fáctica es idéntica.

3.2.1. Recuento del giro jurisprudencial

Un recuento de lo ocurrido desde diciembre de 2014 es el siguiente:

i) Con “Inversiones de la Cerda Olivo Limitada con Empresa Nacional de Electricidad S.A.” (2014), la Corte Suprema por vez primera rompe el limpio precedente anterior. Su redactor: un abogado integrante (Prado).

ii) Un año después, en noviembre de 2015, en “Inversiones y Asesorías FTM Limitada con Empresa Nacional de Electricidad S.A.” (2015) se ofrece un nuevo fallo, que extiende el descalabro ya iniciado; cita, además, de manera descuidada las sentencias de los roles n.° 1084-04 y n.° 5342-06, haciéndolas parecer falsamente como precedentes, aunque en realidad se las contradice. Su redactor: otro ocasional abogado integrante.

iii) Lo sigue “Vidal González, Francisco con Empresa Nacional de Electricidad S.A.” (2015), que cita como precedente el caso “Inversiones de la Cerda Olivo con Endesa” (2014). Redactor: otro abogado integrante, distinto a los anteriores, que simplemente copia texto de la sentencia anterior.

iv) Los restantes casos continúan la nueva línea jurisprudencial: “Arturo Amenábar Vives con Dirección General de Aguas” (2016); “Rojas Gil con Dirección General de Aguas” (2016) y “Agrícola Alianza S.A. con Empresa Nacional de Electricidad S.A.” (2016). En estos dos últimos casos se cita las sentencias de los roles n.º 1084-2004 y n.° 16.578-2014 y se las hace parecer como precedentes, pero en realidad se las contradice completamente. Redactores: otros abogados integrantes distintos a todos los anteriores. En los casos posteriores, desde “Rivera con Endesa” (2016) y hasta “Syngenta con Aguas del Altiplano” (2017), sus redactores son nuevos y distintos abogados integrantes, y en alguna ocasión ministros de la sala, pero todos siguen el texto de “Inversiones con Endesa” (2015).

3.2.2. Votos disidentes que mantienen la línea tradicional

No obstante, en gran parte de los casos de 2016 y 2017 de la nueva línea jurisprudencial existen votos disidentes; votos que, si bien escuetos en sus desarrollos, siguen la tradición jurisprudencial anterior.

En efecto, en los casos “Sociedad Agrícola La Italiana con DGA” (2016), “Pérez con DGA” (2016), “Amenábar con DGA” (2016) y “Syngenta con Aguas del Altiplano” (2017) consignan sus votos disidentes los ministros Egnem y Muñoz (Sergio) cada vez que integran la sala. También se ha unido a los disidentes tradicionales el ministro Prado, aunque con algún zigzagueo adicional, en especial en “Soto Valdivia” (2018).

Estos ministros señalan que “de la lectura del artículo 2 transitorio del Código de Aguas no es posible desprender que contemple como presupuesto indispensable para acceder a la regularización allí dispuesta la circunstancia que el regularizador haya hecho uso personalmente del derecho de aprovechamiento de aguas a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas”. Citan, además, la importante presunción del artículo 7 DL 2.603, de 1979, y la existente doctrina de los autores de Derecho de Aguas.

3.2.3. Una corte dividida: consolidación de dos líneas paralelas en 2017 y 2018

Cabe consignar que entre diciembre de 2014 y mayo de 2018 la Corte Suprema ha emitido, de forma paralela y contradictoria a esta nueva línea, cinco fallos que siguen sosteniendo la antigua doctrina.[25] Son los casos “Sociedad Agrícola El Porvenir” (2016); “Díaz con Mulluri” (2017); “Vera Urra” (2017); “Matta con Aguas del Altiplano” (2017) y “Toconce con SQM” (2018). De esta manera el antiguo criterio aún no es completamente sustituido y en la práctica depende de la integración de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Además, por ejemplo, en “Development con DGA” (2014), que es la summa de los criterios uniformes anteriores, la Corte Suprema no sólo acogió el criterio de observar y respetar el uso efectivo anterior a 1981, sino que también validó la suma de posesiones de los antecesores y sucesores del derecho real de aguas.

Si observamos el panorama completo de los últimos dos años (todo 2017 y hasta agosto de 2018), en que la Corte Suprema se enfrentó en nueve ocasiones a causas idénticas de regularización de derechos de aguas, el resultado es el siguiente: en cuatro casos falló a favor de la posición tradicional, y en cinco casos falló a favor de la nueva tendencia, contraria a la anterior. Esto constituye, entonces, una clara dispersión jurisprudencial.

3.3. Una muestra: los casos de 2017 en que se acepta la suma de posesión de derechos de aguas

i) En “Díaz con Comunidad Indígena de Mulluri” (2017), relativa a una comunidad indígena, generó un vuelco en el criterio negativo a las regularizaciones que venía sosteniendo la Corte y acepta la regularización de estos derechos consuetudinarios por parte de la comunidad indígena Mulluri sobre aguas que se “vienen usando hace más de 50 años y por generaciones anteriores”. Según la Corte (considerando décimo), se cumple con todas las exigencias estipuladas por el artículo 2 transitorio del CA, sin exigirse a las diversas generaciones de indígenas en ningún momento el tan repetido uso personal a que se refieren sentencias de la línea jurisprudencial paralela. Lo curioso aquí es que el caso se decidió por la unanimidad de la Tercera Sala, con votos incluidos de los ministros Sandoval, Aránguiz, Valderrama y abogado integrante Quintanilla, todos, férreos opositores a la regularización según sus votaciones anteriores y posteriores. Sólo el ministro Muñoz, participante de la misma votación, había votado a favor de las regularizaciones.

ii) En “Vera con DGA” (2017), la Corte Suprema nuevamente accede a una solicitud de regularización en un caso en el que el solicitante no ha sido quien ha efectuado el uso de las aguas de manera personal, señalando en el considerando duodécimo que, “entre los requisitos de fondo exigidos por el precepto transcrito, el aspecto sustancial que conforma todo el sistema regulatorio se refiere a la utilización de las aguas por un poseedor no inscrito”, no distinguiendo si aquel poseedor debe ser el mismo solicitante de regularización. Aún más, en el considerando siguiente señala expresamente, y luego de citar doctrina, que “aparece lícito y posible que los usuarios de derechos de aprovechamiento no inscritos agreguen a la propia la posesión de sus antecesores, considerando especialmente que el objeto del inciso segundo del artículo 2 transitorio es el de regularizar derechos de aprovechamiento no inscritos”.

El razonamiento de esta sentencia podría indicarnos un regreso a la doctrina tradicional que había sostenido la Corte Suprema desde vieja data, pues fue redactada por el actual ministro Prado, que así se desdecía de los anteriores votos en que, como abogado integrante, había firmado para la línea jurisprudencial contraria. Sin embargo, la sentencia fue pronunciada con el voto disidente de dos ministros sostenedores de la tesis contraria, Sandoval y Aránguiz, quienes en la redacción del voto insisten en la necesidad de un uso personal de las aguas.

iii) En “Matta con Aguas del Altiplano” (2017), la Corte se pronunció a favor de la regularización. Destaca en este fallo el considerando octavo, el cual se refiere en específico al estatuto de los derechos consuetudinarios a la luz del DL 2.603 y el art. 19 n.° 24 de la Constitución, por cuanto la propiedad alcanza a este tipo de derechos, siendo el 2 transitorio del CA un mecanismo legal para regularizar tales usos. Continúa el considerando noveno señalando que, de acuerdo al artículo 7 del DL 2.603, se infiere que el propósito de esta norma es “que los usos de agua que cumplan determinados requisitos, constituyan derechos” y que, en virtud del 2 transitorio del CA, la intención del legislador ha sido “que tales usos se validen a través de su inscripción en el Registro Conservatorio Respectivo”. Haciendo énfasis en que estos derechos no están siendo constituidos, pues ya existen y su propiedad no se discute.

Luego, en el considerando undécimo, se reafirma que en relación con la exigida utilización de las aguas lo único que se requiere es que a la fecha de entrada en vigencia el CA el derecho de aprovechamiento haya estado amparado por la presunción del artículo 7 del DL 2.603, “no siendo necesario que el regularizador haya estado personalmente haciendo uso de ese derecho a la fecha de entrada en vigencia el actual Código de Aguas”, resultando procedente que “el peticionario continuador legal en el aprovechamiento del derecho a regularizar, pueda adicionar a su tiempo de uso ininterrumpido el de sus antecesores”.

Finalmente, esta sentencia remarca en el considerando decimosegundo aquel precepto olvidado por la línea jurisprudencial de la Corte Suprema que rechaza la regularización: me refiero al inciso segundo del artículo 7 de DL 2.603, que establece una presunción aplicable a quien actualmente se encuentre utilizando las aguas o “a la época en que se invoca la presunción, indefectiblemente debe concluirse que no es necesario que el interesado haya estado personalmente haciendo uso del derecho a la entrada en vigencia del Código de Aguas”.

Esta última sentencia llama aún más la atención, por cuanto ha sido pronunciada por la unanimidad de la sala, aun cuando dos de sus integrantes, en sus votaciones pasadas, fueron partidarios de la línea que rechaza las regularizaciones bajo el argumento de la transitoriedad y del uso personal.

iv) En “Toconce con SQM” (2018), la Corte se pronuncia a favor de la regularización, pero su tendencia pro indígena esta vez la recubre con un desarrollo fundado en la Ley Indígena, en su conexión con la legislación de aguas.

3.4. Otra muestra: los casos de 2017 y 2018 en que no se acepta la suma de posesión de derechos de aguas

La tendencia al rechazo de las regularizaciones también se mantuvo durante 2017 y 2018:

i) “Syngenta con Aguas del Altiplano” (2017) es un falso caso de regularización, podríamos decir, pues no había necesidad de invocar los argumentos de fondo dado que, como bien lo dice en su prevención el ministro Muñoz, cabía rechazar la regularización por un descuido del solicitante: la falta de prueba en el uso de las aguas en las fechas correspondientes.

ii) “Chambe con Aguas del Altiplano” (2017) sigue el criterio de la nueva línea.

iii) En “Medina Maturana con DGA” (2017), se rechaza la solicitud de regularización basándose en la argumentación usual, señalando en el considerando octavo que “la transitoriedad de la disposición impide considerar su aplicación a usos originados con posterioridad a aquella data, pues tal interpretación conspira con su naturaleza, pues la transforma en un precepto de carácter permanente, convirtiendo así una situación excepcional en una forma general de regularización, cuestión que es improcedente”. Luego, el considerando siguiente se refiere al requisito creado por la Corte Suprema respecto al uso personal de las aguas: “Que realice personalmente el solicitante de regularización”.[26]

iv) En “Zúñiga con DGA” (2017), se acoge un recurso contra una sentencia que había accedido a la solicitud regularizadora principalmente gracias al argumento sostenido en el considerando séptimo, según el cual la regularización requiere “una utilización ininterrumpida por cinco años al menos del recurso hídrico, desde antes de la vigencia del actual estatuto legal sobre la materia. Esta exigencia sólo puede ser entendida como comprensiva del uso que de las mismas efectuaba personalmente el solicitante de regularización a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas y en los cinco años anteriores, esto es, con exclusión de cualquier uso anterior efectuado por terceros distintos”.

v) En “Soto Valdivia” (2018), también se rechaza la solicitud de regularización, repitiendo los mismos argumentos. Se insiste en el argumento-interpretación del carácter “transitorio” de la norma contenida en el art. 2T del CA, para finalmente sostener que se infringe la norma del 2 transitorio del CA cuando se agrega la posesión regulada por el artículo 717 del Código Civil, toda vez que éste sería un régimen excepcional que no recibe aplicación en esta materia. La razón de ello está dada por el tenor literal de la norma que se sostiene, en cuanto ella se referiría a los derechos de aprovechamiento que “estén siendo utilizados a la fecha de entrada del código”, los cuales pueden ser regularizados en el evento de que los respectivos “usuarios hayan cumplido cinco años de uso ininterrumpido”. Sin contener la norma “ningún elemento que permita entender que el mecanismo por ella reglamentado pueda beneficiar a personas distintas de quien hacía uso de las aguas al 29 de octubre de 1981 y, por el contrario, de su propio texto aparece que la exigencia legal en análisis abarca, exclusivamente, la utilización personal que de ellas hacía el solicitante de regularización a esa fecha”.[27]

4. Análisis y crítica del cambio jurisprudencial

4.1. Una explicación del cambio: radicación de los temas de aguas en la Tercera Sala desde finales de 2014

Puede explicarse en parte el cambio jurisprudencial por la radicación de los temas de aguas en la Tercera Sala de la Corte Suprema desde fines de 2014, según el auto acordado que fija la distribución de materias entre las distintas salas de la Corte.[28] El cambio jurisprudencial coincide entonces con la entrada en escena de los ministros integrantes de esa sala —Sandoval, Pierry y Aránguiz—, todos quienes aparecen en causas relativas a la materia a partir de diciembre de 2014,[29] y quienes, desde el primer caso que conocieron, se presentan como opositores a la línea jurisprudencial anterior.

A fines de 2014, entonces, dejan de conocer estas causas algunos de los ministros que con mayor frecuencia tuvieron intervención a favor de la suma de posesión en la regularización en el periodo anterior (hasta julio de 2014, fecha de la última sentencia anterior). La excepción es el ministro Rodríguez, quien siguió conociendo de estos temas, pero paradójicamente comenzó en el nuevo periodo (desde diciembre de 2014 en adelante) a emitir votos en contra de su antiguo parecer. De una manera similar actuó el ministro Silva, quien al parecer comenzó a dudar de su punto de vista al presentar votos contradictorios: uno a favor y otro en contra, lo cual puede verse más adelante en los gráficos respectivos.

Destaca en el periodo que parte en diciembre de 2014, entonces, la presencia de los ministros Sandoval, Pierry y Aránguiz, miembros permanentes de la Tercera Sala. Estos ministros parecieran votar en bloque, siendo seguidos en su razonamiento por otros ministros ocasionales o por abogados integrantes (y muchas veces redactores), a menos que aparezca en el panorama, como analizo más adelante, la ministra Egnem, quien es la más férrea disidente en la materia, el ministro Muñoz u ocasionalmente el ministro Prado, en medio de uno de sus zigzagueos.

Entonces son unos nuevos jueces de la Corte Suprema los que comienzan a conocer las causas de aguas a fines de 2014 y desde ahí todo cambiará.

4.2. Los efectos del cambio jurisprudencial

Este nuevo criterio, como es natural, ha venido sembrando incerteza en los titulares de esos derechos consuetudinarios de aguas, usualmente agricultores e indígenas (aunque estos últimos, como muestro más adelante, suelen tener un trato especial en la jurisprudencia). Esta incerteza no ha provenido esta vez de la sequía o de alguna acción de facto de un usurpador de aguas; ni de un cambio regulatorio negativo, obra del legislador; ni de la actuación arbitraria de algún órgano de la administración, sino que, paradójicamente, tal incerteza ha provenido de la propia Corte Suprema, la que es considerada un bastión de la juridicidad, en donde los particulares buscan razonabilidad y seguridad jurídica, justicia en otras palabras. Pues, como muestro más adelante, todas las demás fuentes del derecho en esta materia han sido desconocidas en estas sentencias, una por una: la ley vigente, la costumbre, la doctrina de los autores y todo el caudal de jurisprudencia anterior a 2014 de ese mismo alto tribunal.

Los fundamentos que ofrecen las sentencias de este cambio jurisprudencial son sorprendentes, dado que, conforme argumento más adelante, la nueva línea jurisprudencial carece de razonabilidad jurídica y pareciera sustentarse más bien en intuiciones y apreciaciones discutibles e incluso superficiales de sus sostenedores. A lo anterior se agrega otro aspecto negativo. Este cambio se ha producido en medio de una conducta doblemente zigzagueante en causas idénticas; tanto por parte de una de las salas de la Corte Suprema, la que como órgano jurisdiccional está sujeta a estándares democráticos (entre los cuales, la ausencia de cambios intempestivos es muy relevante: la política de precedentes sostenidos en el tiempo), como por parte de algunos de sus ministros, que han cambiado de posición una y otra vez. En este trabajo muestro la evidencia de tales vacilaciones.

4.3. El argumento contrafáctico de las sentencias y la incerteza que producen

En esta retahíla de sentencias de la nueva línea jurisprudencial (todas las cuales tienen una redacción casi idéntica) se usa como argumento extra legem el hecho de haber transcurrido más de treinta años desde 1981 sin que estas situaciones se hayan regularizado, lo que se tilda de “irregular” (como si lo consuetudinario fuese ilegítimo). Ésta es una de las razones para privar de tal regularización a quien precisamente se lo pide. Los argumentos se han presentado de la siguiente manera:

i) Recalca la Corte el hecho de que el tema está regulado en una disposición “sólo” transitoria (art. 2 transitorio del CA), como si un mandato legal que está contenido en una disposición llamada “transitoria” fuese de menor calidad regulatoria. Se esgrime como obstáculo el supuesto carácter provisorio de la norma, sin parar mientes dichos sentenciadores en que las disposiciones transitorias, en técnica legislativa, no dicen necesaria relación con su corta o larga vigencia, o duración, sino con su aptitud para regular situaciones “de tránsito” entre dos regímenes, uno antiguo y uno nuevo, cuyo es el caso. Este tema lo analizo en la sección 1.6.2.

Pues, aunque parezca extraño, este artículo 2 transitorio del CA es una disposición de “tránsito” que se ha aplicado de manera muy prolongada, sin ilegitimidad jurídica alguna, sin perjuicio de no existir en el régimen jurídico vigente otra norma que regule esa situación.[30] Si el artículo 2 transitorio del CA ha permanecido vigente por más de treinta años se ha debido a la inexistencia de un plazo de cierre para su aplicación; de ahí que hoy permanece abierta la posibilidad de recurrir a la vía procedimental que tal disposición legal consagra, y ello será así mientras no sea derogada o modificada por otra ley.

ii) Señala la Corte, de un modo superficial, casi coloquial, sin fundar en derecho su aserto, que habrían transcurrido “demasiados” años desde 1981, olvidando que la ley no establece plazo para la regularización. Se agrega así a las sentencias una opinión no jurídica, voluntarista, del puro sentimiento y la impresión que le causa al juez el hecho de haber transcurrido ¡tanto! tiempo desde 1981 hasta ahora como para que se siga utilizando esta herramienta regularizadora. Los autores de esas sentencias tienen la errónea impresión de que por el transcurso del tiempo se hubiese producido el efecto de hacer “desaparecer” el mandato legal, lo que es contradictorio con la plena vigencia de ese artículo 2 transitorio del CA según ya se señaló. Esto es gravemente equivocado de parte de la Corte, pues deja de aplicar una norma vigente sin un fundamento jurídico plausible, sino en base a una pura intuición no contrastada con la información fidedigna de tratarse de una ley plenamente vigente.

iii) El extremo del giro jurisprudencial es que, según la Corte, el solicitante actual debería probar un uso “personal”, tanto en 1981 como ahora; esto es in personam, olvidando esos redactores que el derecho de aguas es un derecho real y que esa exigencia —inventada y fruto de la pura fantasía de la Corte— es absolutamente imposible en el caso de personas jurídicas.

Pareciera que hay pura intuición y falta de argumentos razonables en estas sentencias. En efecto, el artículo 2 transitorio del CA establece varios requisitos, pero estas sentencias han creado uno nuevo para rechazar las regularizaciones: que el uso exigido con anterioridad a 1981 debiese ser realizado “personalmente” por un mismo individuo y, además, mantenerse ese uso personal en la actualidad (aun cuando hayan transcurrido 35 años). Nada indica que la ley haya exigido eso; sería por lo demás completamente desajustado a la calidad de “real” (esto es, no personal) del derecho de aprovechamiento de aguas, e imposible de cumplir para quienes no tengan su domicilio en el lugar de uso de las aguas.

Se afirma: “Es necesario que el solicitante de regularización haya hecho uso personal del derecho de aprovechamiento de aguas” (sic).[31] Esto es una lectura errónea del artículo 2 transitorio del CA, pues se refiere textualmente a la “utilización” (ejercicio) del derecho y no a un supuesto “uso personal” (¿físico?) de las aguas.

Este criterio de exigir el uso personal al mismo solicitante de regularización no parece razonable ni ajustado a la realidad de las cosas. Sus consecuencias serían las siguientes: en el caso de que una persona natural, propietaria de un inmueble, respecto del cual se haya “reconocido” un derecho de aguas en 1979 (DL 2.603), 1980 (Constitución) y 1981 (CA), si falleciera con posterioridad, siguiendo el increíble criterio de esas sentencias ya no podrían ser regularizados esos derechos de aguas y se perderían irremisiblemente. Como quien fallece ya no podrá seguir usando tales aguas “personalmente” —como lo requiere ahora la Corte Suprema— tal derecho cabría darlo por “irregularizable”, pues sus herederos nunca podrán probar un uso “personal” de las aguas en 1981. En el caso de que la propiedad inmueble en que se usaban las aguas fuese una persona jurídica o una comunidad (una comunidad hereditaria, por ejemplo) se llegaría al absurdo de que, como el uso no es “personal”, también cabría declarar esos derechos como irregularizables.

Es relevante recalcar que el artículo 2 transitorio del CA es una regla de mera “formalización”, no de “existencia” o de “legitimación” del derecho. Si bien, por certeza, es conveniente que los derechos consuetudinarios se formalicen o regularicen, cabe consignar que la ley vigente no lo exige perentoriamente ni establece plazo alguno, ni sanción a su falta, ni contempla caducidad o extinción por no regularizar. Los únicos requisitos son los señalados en el artículo 2 transitorio del CA entre los cuales no aparece la exigencia de un uso “personal”, ni para el año 1981 ni al momento de solicitar tal regularización.

Este inusitado cambio jurisprudencial vino a borrar la doctrina del famoso caso “Chusmiza” (2009), a través del cual la Corte Suprema, precisamente en función de la aplicación de los artículos 7 DL 2.603 de 1979 y 2 transitorio del CA, reconoció los derechos de aguas de los indígenas, basados en el uso ancestral o consuetudinario, a los que en ningún caso se les exigió el desajustado criterio del uso “personal” de las aguas.

4.4. El efecto no extintivo de este criterio jurisprudencial

Lo que producen estas sentencias, al denegar la posibilidad de regularizar o formalizar los derechos consuetudinarios, es incerteza; sin embargo, no tienen efectos extintivos en los derechos consuetudinarios de aguas. Queda entonces la siguiente tranquilidad —relativa— para los perdidosos en estas causas: el hecho de que estas sentencias hayan rechazado la posibilidad de “regularización” de estos derechos consuetudinarios no implica, ni podrá implicar nunca, un efecto extintivo de los mismos derechos. Aquellos titulares de derechos de aguas a los que la Corte Suprema les impidió regularizar sus títulos pueden seguir legítimamente usando las aguas de un modo consuetudinario, pues el desconocimiento al estatuto jurídico de los derechos de aguas consuetudinarios que la Corte Suprema realiza sólo está impidiendo que sean regularizados; esto es, los está condenando a mantenerse en su situación de “informalidad”. Sus titulares podrán continuar usando las aguas, legítimamente, como lo vienen haciendo desde hace décadas —como es el caso de miles de agricultores, indígenas y particulares—, en virtud de una fuente del derecho que la Corte Suprema ha olvidado en sus sentencias aquí cuestionadas: la costumbre.

Por lo demás, esta regularización se podría reintentar en cualquier instante al no tener ese trámite plazo legal ni caducidad alguna asociada. Ningún efecto tendrá aquí la cosa juzgada de estas sentencias, que vale para el intento regularizador frustrado; pero no priva de uno futuro a sus titulares. En otras palabras, estas sentencias de la Corte Suprema no tienen un efecto extintivo de esos derechos de los particulares, los que están garantizados por la Constitución. Ni esas sentencias lo declaran así, ni podrían declararlo. En este sentido, los jueces que firmaron estas inesperadas sentencias pueden respirar tranquilos, pues su error no ha privado (sin indemnización, como lo garantiza la Constitución) de sus derechos a los usuarios de aguas que en estos casos intentaban regularizar o formalizar. Tales solicitantes sólo han perdido su tiempo y recursos al intentar en una ocasión formalizar o regularizar sus derechos nacidos de la costumbre. Podrán seguir usando las aguas como lo han hecho hasta ahora, pero dudarán de aventurarse a un nuevo procedimiento regularizatorio; de igual modo que lo están dudando todos aquellos que han conocido la noticia de estas sentencias.

Pues ese efecto disuasivo a regularizar es precisamente una consecuencia que ya está produciendo la equivocada línea jurisprudencial. Esto es exactamente lo contrario a lo que se señala en algunos considerandos de estas sentencias (sin darse cuenta de lo equivocado de tal argumento). Igualmente dañino es el hecho de condenar estos derechos a la informalidad, pues les está privando de certeza o seguridad jurídica. Esa incerteza en general no es un problema práctico en aquellos casos en que el aprovechamiento de las aguas se produce de manera colectiva, a través de una bocatoma común y bajo la distribución de una organización de usuarios, pues la certeza se la proporcionan recíprocamente los usuarios consuetudinarios entre sí. El problema mayor se producirá en el caso de los usuarios individuales. Sus efectos son similares a la anarquía o al vacío regulatorio; una paradoja en vista de que dichas sentencias parecen buscar certeza, pero es precisamente lo que no producen.

4.5. La pervivencia de los derechos no formales

En caso de que los usos consuetudinarios de aguas no lleguen a regularizarse, esa falta de formalización (inscripción) que se mantiene no afecta su subsistencia. En efecto:

i) Pueden seguir siendo protegidos mediante las acciones posesorias típicas de toda posesión (reguladas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil), así como la acción especial de amparo que contiene el Código de Aguas y la acción constitucional de protección (art. 20 de la Constitución).

ii) Los derechos consuetudinarios, dado que son reconocidos por la ley y la Constitución, no se extinguen ni podrían extinguirse por la falta de regularización o formalización (ni por la subsecuente falta de inscripción), pues la falta de regularización no es causal de extinción.

De ahí que respecto de los usos consuetudinarios cabe distinguir: por una parte, su existencia, pervivencia y reconocimiento, y, por otra, su regularización. Aquello es esencial; esto es un accesorio, importante para la certeza, pero no para su subsistencia.

La plena existencia y ejercicio actual de miles de derechos, surgidos en usos consuetudinarios, reconocidos y protegidos por la ley y la Constitución es la prueba más fehaciente. A esos derechos les prestó protección tradicionalmente la antigua línea jurisprudencial.

5. ESTADÍSTICA DE VOTOS DE MINISTROS Y ABOGADOS INTEGRANTES (2014-2018) EN CAUSAS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS

El cambio jurisprudencial deja de manifiesto una dispersión en la materia que se comprueba al revisar las votaciones individuales por parte de ministros y abogados integrantes.[32] De la observación de esas conductas quizás sea posible obtener alguna explicación de las vacilaciones institucionales que muestra la Corte Suprema como órgano jurisdiccional.

5.1. Aumento de la conflictividad en la materia

La revisión de los datos que se exponen considera todas las causas relativas a la regularización que han sido recopiladas, en un periodo que abarca desde 2004 a 2014 (primer período) y desde diciembre de 2014 a agosto de 2018 (segundo período). El resultado, una vez revisadas las bases de datos digitales de jurisprudencia de esos dos períodos, refleja que la Corte Suprema se ha pronunciado en un total de 38 ocasiones sobre la suma de posesiones en la regularización de derechos consuetudinarios de aguas. En el primer período, de casi una década, hubo sólo 15 sentencias relativas a la regularización; en el segundo período, de tan solo tres años y medio, el número prácticamente se duplicó. Esto ciertamente da señales del aumento de conflictividad en la materia.

Gráfico 2. CIFRA TOTAL DE SENTENCIAS DE REGULARIZACIÓN HASTA AGOSTO DE 2018

5.2. La unanimidad se altera en 2014

La unanimidad o las disidencias son indicativas de lo arraigada o no que se encuentra una tendencia jurisprudencial en la Corte Suprema. Hasta 2014 había sólo unanimidad y es en el año 2014, junto con el cambio jurisprudencial, que se comienzan a producir las disidencias. Así, al revisar los dos períodos, aparece que todas las sentencias del primer periodo (2004 a 2014) aceptan de manera unánime la suma de posesión en la regularización[33] (gráfico 1). Por el contrario, en el segundo periodo, sólo en 5 ocasiones se aceptó la regularización, versus 18 rechazos, y con múltiples votos disidentes (gráfico 3).

En el período de diciembre de 2014 a agosto de 2018, más de un tercio de las sentencias (37,5 por ciento) se decidieron por unanimidad, y casi dos tercios (62,5 por ciento) se decidieron con al menos un voto de disidencia. La disidencia es liderada consistentemente por la ministra Egnem y por el ministro Muñoz.

Gráfico 3. DECISIONES UNÁNIMES O CON DISIDENCIAS SOBRE REGULARIZACIÓN EN CORTE SUPREMA DESDE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2018[34]

El gráfico 3 también muestra que en los casos en que la Corte Suprema ha rechazado la regularización de derechos de aguas hay una alta proporción de causas con disidencia y una baja proporción de causas unánimes.

De este simple ejercicio es posible evidenciar la clara tendencia existente con anterioridad a 2014, en cuanto a la unanimidad para aceptar la accesión de posesión en la regularización de derechos consuetudinarios de aguas. Este patrón se condice con una de las tesis sostenidas por uno de los pocos estudios referidos a las conductas de los jueces de la Corte Suprema chilena.[35] Pardow y Carbonell estudian las coaliciones de la Tercera Sala, y muestran que el 90 por ciento de sus sentencias se decide por la unanimidad de la sala. Pero en la materia de aguas que reviso en este recuento tan alto porcentaje de sentencias unánimes sólo ocurrió hasta diciembre de 2014, etapa en que el porcentaje de disidencia cambia y se sitúa en 69,6%, al punto de equipararse con la realidad norteamericana,[36] ya que los votos disidentes de la Corte Suprema de ese país alcanzan el 62 por ciento.

5.3. La dispersión de votos de ministros y abogados integrantes en el tema

Con el fin de observar la conducta de los jueces en este tema, en los siguientes gráficos se han desglosado las votaciones de cada sentencia en votos unitarios por cada ministro o abogado integrante (AI), para así determinar el número de participación que ha tenido cada uno e identificar a aquellos jueces presentes en ambos períodos en sus respectivas votaciones. En el gráfico 4, aparecen todos los ministros y abogados integrantes que intervinieron en alguna causa de la temática, con indicación del número de votos (y participación) que han tenido en el período 2004-2014.

Gráfico 4. PERÍODO DE UNANIMIDADES, DESDE 2004 A JULIO 2014. NÚMERO DE VOTOS TOTALES DE CADA MINISTRO Y ABOGADO INTEGRANTE (AI)

Es posible observar la clara y contundente tendencia a aceptar la accesión de posesión en la regularización, incluso por parte de ministros que sólo tuvieron una única oportunidad de fallar esta materia. Destacan por tener una mayor participación en estas causas durante este primer período los ministros Segura, Silva, Rodríguez, Araya, Dolmestch y Ballesteros. Existe, así, una total aceptación a la suma de posesiones en la regularización en el primer período jurisprudencial.

Gráfico 5. PERÍODO DE VACILACIONES, DESDE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2018. NÚMERO DE VOTOS TOTALES DE CADA MINISTRO Y ABOGADO INTEGRANTE (AI)

Eso cambia en el período siguiente. El gráfico 5 contiene las votaciones de todos los ministros y abogados integrantes intervinientes en causas relativas a la temática tratada desde diciembre de 2014 a mayo de 2018.

5.4. Ministros que cambian sus votos

Aun cuando se ha señalado que la ministra Egnem ha sido la más consistente disidente frente a la nueva tendencia, de igual manera lo hace el ministro Muñoz, a pesar de un único caso, de finales de 2017, en el cual emite por primera vez un voto en contra de la regularización.[37] El que primero fue abogado integrante y luego, a partir de 2017, ministro Prado y el abogado integrante Quintanilla cambian sus votos una y otra vez, de manera dispersa y zigzagueante. La ministra Sandoval emite dos votos a favor en sendas causas en que opera una tendencia pro indígena; una decidida por unanimidad (caso “Mulluri”, 2017) y otra por mayoría (“Toconce con SQM”, 2018). Existen ministros que han intervenido en ambos períodos; a saber, los abogados integrantes Bates, Gómez, Lagos y Rodríguez, y los ministros Brito, Ballesteros, Carreño, Silva y Fuentes. Su conducta se muestra a continuación en los gráficos 6 y 7.

Ambos gráficos (números 6 y 7) muestran el cambio que ha existido en la posición sostenida por estos ministros, especialmente porque es posible ver que en el primer período (gráfico 6) todos votaron exclusivamente aceptando la suma de posesión en la regularización, y en el segundo período aparecen votando en contra. Los ministros Brito, Ballesteros y los abogados integrantes Rodríguez y Bates pasan de emitir votos sólo a favor (hasta 2014) a votar sólo en contra, en tanto que los ministros Carreño y Silva y los abogados integrantes Gómez y Lagos siguen emitiendo alguno que otro voto a favor. Sólo el ministro Fuentes está en ambos periodos con un voto a favor de aceptarla.

Gráfico 6. PERÍODO DE UNANIMIDADES, DESDE 2004 HASTA JULIO 2014. SÓLO VOTACIONES DE MINISTROS Y AI PRESENTES EN AMBOS PERIODOS

La Tercera Sala, en el caso “Mulluri” (2017), altera su propia tendencia fallando a favor de la regularización por la unanimidad de sus ministros; a saber, Sandoval, Aránguiz, Muñoz, Valderrama y el abogado integrante Quintanilla, quienes en su mayoría rechazan la suma de posesión en las regularizaciones de derechos consuetudinarios de aguas, salvo el ministro Muñoz, quien en el análisis de comportamiento judicial ha sido de una tendencia afín a permitir la suma de posesión para todo tipo de solicitantes (individuos indígenas o no indígenas). Este fenómeno podría deberse al hecho de ser esos ministros de la mayoría “seguidores” del razonamiento o votación de los ministros que lideran la sala, especialmente en el segundo período, y que parece ser encabezado por los ministros Sandoval, Pierry y Aránguiz[38] (si bien en este caso imperó el criterio pro indígena, como muestro más adelante).

Gráfico 7. PERÍODO DE VACILACIONES, DESDE DICIEMBRE DE 2014 HASTA AGOSTO 2018. VOTACIONES DE MINISTROS Y AI PRESENTES EN AMBOS PERIODOS

5.5. La conducta de los abogados integrantes

Sobre la posible incidencia de los abogados integrantes de la Corte Suprema en este constante zigzagueo, de la revisión de los gráficos es posible ver que en el segundo periodo los abogados integrantes que zigzaguean en su votación son Prado (hasta 2017), Quintanilla, Gómez, Lagos y Matus.

En el caso de Prado, votó en siete oportunidades, dos aceptando la regularización y rechazándola en cinco; él formó parte de la mayoría en seis casos y sólo en una fue minoría (en 2018 junto a la ministra Egnem). Además, en “Vera Urra” (2017) pareciera haber sido factor decisivo, pues se encuentra entre la coalición Sandoval-Aránguiz (ambos siempre votan en contra), y la coalición Egnem-Muñoz (ambos a favor), uniéndose a estos últimos en esa ocasión. Sin embargo, siempre que estaba la coalición Pierry-Sandoval (ambos siempre en contra), Prado se unía a ellos, como si fuese seguidor de Pierry, zigzagueando así constantemente.

Gráfico 8. LA TENDENCIA PRO INDÍGENA. VOTACIONES DESDE DICIEMBRE 2014 DE LOS MINISTROS PARTICIPANTES EN LOS CASOS “MULLURI” (2017) Y “TOCONCE” (2018)

En el caso de Quintanilla, ha votado tres veces a favor y cinco en contra, siendo parte de la mayoría siempre, dando la impresión de ser un mero seguidor. Gómez, por su parte, votó en tres ocasiones, dos a favor y una en contra, siendo parte de la minoría en las tres ocasiones, dos con Egnem y una con Pierry. Finalmente Lagos ha votado en cinco ocasiones, dos a favor y tres en contra, con cuatro mayorías y una minoría (junto a la ministra Egnem). Los otros abogados integrantes del periodo no han sido revisados, pues han sido consistentes en el rechazo a la regularización sin mostrar un vaivén en sus decisiones. Ciertamente un análisis de la incidencia de estos abogados integrantes entre coaliciones daría para un estudio en sí mismo.

6. A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS NO LAS AFECTA LA NUEVA TENDENCIA

Un comportamiento pro indígena se ha manifestado en los casos “Mulluri” (2017) y “Toconce” (2018), en donde aparecen cuatro ministros y dos abogados integrantes de tendencia opositora ahora a favor de la suma de posesión en la regularización, aceptándola ahora, es evidente, por el mero hecho de tratarse de una comunidad indígena. Esto es muy notorio en “Mulluri” (2017), en que la sentencia ni siquiera se detiene a analizar el hecho del uso personalísimo tan ampliamente defendido por los mismos ministros firmantes en el resto de las causas desde 2014; tampoco sin entrar al análisis de la existencia de la suma de posesiones en el caso, y reconociendo, en cambio, explícitamente una posesión anterior e inmemorial de las aguas por parte de los indígenas y sus antecesores, con total inconsistencia con los otros fallos firmados por ellos mismos. En “Toconce” (2018), la redacción de la sentencia es cuidadosa y fundamentada, y evita esa incoherencia tan patente en “Mulluri”; se esfuerza en fundamentar ahora su criterio pro indígena mediante una desarrollada argumentación, en base a la aplicación de las disposiciones relativas a aguas de la Ley Indígena, logrando una correcta sentencia. Se distancia el críptico, escueto e infundado voto del ministro Prado. Esto se muestra en el gráfico 8, que incluye sólo las votaciones que han tenido los ministros intervinientes en los casos “Mulluri” (2017) y “Toconce” (2018) a favor del criterio que llamo pro indígena.

Cabe señalar que de no ser por la presencia del ministro Muñoz, quien aporta seis votos a favor de la suma de posesión aceptando la regularización, todos los otros integrantes se han opuesto a la regularización en muchas ocasiones: desde dos veces (en el caso del AI Matus), hasta cinco, seis, trece y dieciocho veces (en el caso de la ministra Sandoval). Pareciera que nos encontramos meramente ante un fallo pro indígena, y que no sería entonces una tendencia a seguir para el resto de las causas “no indígenas”. El origen de la tendencia anterior a 2014, en que se aceptaba la accesión de posesión, quedó marcado precisamente por una causa de usos de aguas de indígenas: “Toconce” (2004). Ella fue después reforzada por otra causa de usos de aguas de indígenas: “Chusmiza” (2009), si bien en esa época se fallaban de manera pareja los casos de usos de aguas tanto de indígenas como de usuarios no indígenas.

Pareciera que se trata de un criterio pro indígena larvado, que es usual en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, en que se suele aplicar pero de un modo ostensible: es un “principio de derecho” dirigido a favorecer a los indígenas.[39] Lo característico de este evidente criterio pro indígena es la falta de explicitación o reconocimiento directo del mismo por parte de la Corte Suprema chilena, pues en apariencia se aplican las mismas reglas generales, pero no se las sujeta al zigzagueo observable en causas de agricultores u otros usuarios no indígenas.

El tema de la tendencia o principio jurídico pro indígena puede deberse al estatuto jurídico especial que tienen las poblaciones indígenas a nivel internacional como grupos sujetos de protección, toda vez que son reconocidos como vulnerables y susceptibles de discriminación. Por lo mismo, el Convenio 169 de la OIT establece en el artículo 2 que es responsabilidad de los gobiernos desarrollar acciones para proteger los derechos de esos pueblos, y el artículo 15 establece que los derechos de estos a los recursos naturales en sus tierras deberán protegerse especialmente. Esto se une al artículo 64 de la Ley Indígena, que establece la especial protección de las aguas de las comunidades aimaras y atacameñas.[40] Ello haría pensar que efectivamente las comunidades indígenas se encuentran en una posición favorable y la Corte Suprema pareciera tenerlo muy presente. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento sobre el acceso al agua en las Américas, se refiere bastante a la situación del acceso al agua de las comunidades indígenas, mostrando jurisprudencia de la Corte Interamericana en la que se reconoce el derecho de los integrantes de pueblos indígenas y tribales a ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, de la misma forma en que tienen derecho a ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente.[41]

7. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA JUDICIAL VACILANTE

La crítica de fondo a una línea jurisprudencial es algo usual en la literatura propiamente jurídica; de ahí que en este escrito analizo los argumentos que se desarrollan en las sentencias respectivas. A ello dedico buena parte de este trabajo. Pero, además, agrego algunos gráficos que permiten una observación y comprobación estadística de la conducta muchas veces errática de los ministros y abogados integrantes de la Corte Suprema en este tema. Estas vacilaciones de la jurisprudencia se contraponen con la necesidad de buscar una política de precedentes, que permita cierta predictibilidad. Ello se conecta con los análisis etnográficos o de sociología judicial. Sólo entrego la evidencia estadística y algunas razones para preferir una jurisprudencia de precedentes, dado que permite una cierta predictibilidad.[42]

7.1. El minusvalor democrático de una jurisdicción vacilante y sin precedentes constantes

El pleno de la Corte Suprema suele ser muy activo aprobando diversas “políticas” a través de diversos auto acordados, los que abarcan distintas materias. Tales políticas son definidas por la propia Corte como marcos de actuación para todos los jueces y tribunales, unipersonales y colegiados (pues cabe recordar que cada sala de la Corte Suprema es en sí misma un tribunal). Quizás una política que promueva una jurisprudencia en base a precedentes constantes, que no dañe la independencia de cada juez, sería un gran aporte a la democracia, la que clama por la igualdad ante la justicia, hoy gravemente quebrantada en los casos que muestro en este trabajo. Ello pareciera que es la principal conclusión que es posible obtener cuando se estudia la regularización de los derechos consuetudinarios de aguas ante la jurisprudencia.

No debe confundirse la tradicional “independencia” que todos los jueces invocan con el rol democrático y garantista de las respuestas jurisdiccionales coherentes que espera la sociedad. Pues lo que cabe evitar es un escenario de sentencias cambiantes, vacilantes o zigzagueantes. Esa independencia que invoca cada juez para fallar según su conciencia no puede transformarse en un lamentable espectáculo de constantes zigzagueos respecto de sus propios votos anteriores en causas idénticas. La tolerancia por parte del propio pleno de la Corte Suprema de estas conductas, al no regular de algún modo estas “espontaneidades” de sus ministros y abogados integrantes, se ha transformado en alguna medida en una suerte de descuido jurisdiccional del valor de los precedentes o de la necesidad de una jurisprudencia constante. Pues cabe distinguir los deberes jurisdiccionales del Poder Judicial (que son notorios en la actividad del pleno de la Corte Suprema) de los deberes jurisprudenciales (que reposan en cada juez o en cada tribunal). La jurisdicción (esto es, la actividad global de los jueces) se basa en dos ideas matrices: la exclusividad y la inexcusabilidad con que deben resolver todo tipo de conflictos.[43] En base a ellas se logra el mayor aporte que los jueces ofrecen cada día a la sociedad democrática: su pacificación. Hay algunas virtudes en las respuestas que se espera de los jueces: que sean prontas, que no haya prejuzgamiento según sean las partes, que haya independencia, etcétera. Pero entre medio existe una necesidad, paralela con la virtud de la justicia: la certeza. Pues, cuando las respuestas de los tribunales son consistentes o similares, surcando una línea o un camino de precedentes, y si son mantenidas en el tiempo parecieran lograr el ideal de la coherencia institucional, y de ese modo interpretan mejor al pueblo, produciendo en la sociedad una sensación de tranquilidad. Eso es lo que se espera de la conducta de los jueces. Pero lo que producen los cambios repentinos y zigzagueantes de jurisprudencia es la sensación contraria, de intranquilidad. Incluso de desconfianza institucional.

Si bien formalmente en nuestra tradición jurídica no se ha desarrollado una cultura de precedentes (sobre todo a partir de una lectura errónea del artículo 3 inciso 2 del Código Civil y una noción excesiva de la independencia de cada juez),[44] ello podría ser recomendable. Una jurisprudencia de precedentes es, en primer lugar, coherente con la igualdad ante el derecho, la que es una garantía constitucional. El hecho de que los diversos particulares, ante unos mismos hechos básicamente idénticos, sean juzgados con una mano judicial distinta, que sean tratados con criterios judiciales diferentes es una evidente afectación a esa garantía. Eso, en términos institucionales, tiene un hálito de arbitrariedad. Los jueces, en especial quienes integran la Corte Suprema, deben intentar evitar cambios bruscos de criterios. Pero los jueces suelen ser vacilantes, y parecieran no darse cuenta que, con ello, rompen un valor y una conducta que se espera de ellos: el respeto de los precedentes. Por ello, cabe observar los efectos que los cambios bruscos de precedentes tienen en la sociedad. Pareciera que la jurisprudencia de precedentes más o menos sostenidos en el tiempo tiene unas consecuencias sociales positivas, y los jueces debieran promoverla. Además, los precedentes dan certeza a los ciudadanos y contribuyen a una más perfecta conciencia de que en democracia la ley no es la única fuente del derecho, si bien es la más importante por su generalidad y posibilidad de coacción y que a ella deben ajustarse los particulares, autoridades y jueces en primer término. Pero la ley, que es un enunciado, un texto, no es autoejecutable, no se ejecuta a sí misma; para que la ley sea carne y espíritu de la sociedad es necesario agregar a la jurisprudencia, que es la que interpreta, aplica o adjudica el derecho legal. Cuando las sentencias de casos individuales son conocidas, a partir de lo que dice de ellas la prensa o por las críticas de los juristas, la sociedad puede conocerlas y tener la sensación de que debe amoldar su conducta a esa interpretación del derecho. Muchas veces lo que dice una sentencia, o una seguidilla de sentencias uniformes (esto es, un precedente), puede ser muy relevante para la conformación del espíritu jurídico que se anida en la sociedad. Y una sociedad va a tener una sensación de mayor certeza del derecho en la medida en que las respuestas jurisprudenciales no sean bruscamente cambiantes.

7.2. Certeza jurídica y dispersión jurisprudencial en regularizaciones de derechos consuetudinarios de aguas

Entonces, en materia de regularizaciones de derechos de aguas, no es sólo el criterio de exigir un uso personal de las mismas (criterio impracticable y no exigido por la ley a un derecho real) el que ha provocado incerteza jurídica a los usuarios de agua, sino que también la dispersión jurisprudencial en sí misma. En la praxis, los titulares de esos derechos consuetudinarios son empujados habitualmente a formalizar sus derechos, ya sea por la necesidad de lograr mayor certeza registral de los mismos o por impulsos regulatorios; pero paradójicamente la jurisprudencia ha sembrado una doble incerteza: el criterio de fondo y sus vacilaciones.

La aceptación o rechazo de las regularizaciones de derechos de aguas por la Corte Suprema, en causas idénticas, dependen casi únicamente de la integración de la Tercera Sala. Incluso a veces, en causas idénticas, unos mismos ministros se inclinan por uno u otro criterio, sin que hayamos podido descubrir de la lectura de esos fallos las razones jurídicas de esos ministros para justificar esos cambios de parecer. Salvo el criterio pro indígena, que reviso en la sección 6.

Cabe una mirada autocrítica del mismo órgano jurisdiccional a su conducta, cualquiera que sea la línea jurisprudencial de fondo que prospere, respecto de lo cual la Corte Suprema tiene un mandato democrático que debe respetar, y debiese buscar un mecanismo para evitar vacilaciones constantes. Pero, pareciera que, mientras subsista la figura de los abogados integrantes, junto al cambio permanente en la conformación de las salas y la tolerancia a los zigzagueos constantes e incomprensibles que a veces se observan (lo que queda a la vista en este estudio), ello no será solucionado. Para iniciar el cambio, los ministros de una sala debiesen tener una gran regularidad y permanencia en su integración. De ese modo la conducta institucional de la Corte Suprema estará más acorde con la respuesta democrática que todos esperamos: una conducta de precedentes sin cambios bruscos ni de vacilaciones o zigzagueos constantes.

8. CONCLUSIONES

En cuanto al tema de fondo: la accesión de posesiones de derechos de aguas consuetudinarios, puede concluirse que:

i) Los derechos de aguas de agricultores e indígenas, entre otros usuarios rurales, tienden a ser de carácter consuetudinario y costumbrista (por provenir de un conocido factum: el uso de una misma agua, sostenido en el tiempo, tolerado por todos y con la conciencia de cada cual de actuar correctamente. Estos derechos, a partir de un uso muchas veces ancestral, son reconocidos por la ley y garantizados por la Constitución. Para todos, existe un procedimiento regularizador al que se puede someter el usuario de las aguas (no es obligatorio en la regulación vigente), y que se encuentra contenido en el artículo 2 transitorio del Código de Aguas (CA). Este artículo constituye una herramienta procedimental de ajuste, y requiere dos requisitos: que se trate de un uso efectivo de las aguas, a la fecha de entrada en vigencia del CA (29 de octubre de 1981), y que se hayan cumplido al menos cinco años de uso ininterrumpido, contados desde la fecha en que hubiere principiado.

ii) Hasta julio de 2014 existía una clara tendencia a aceptar la regularización de derechos de aguas en la Corte Suprema, sin importar la integración de la sala que conociera del asunto. Este criterio cambió a partir de diciembre de 2014 con una tendencia a rechazarla, aunque se ha mostrado como una tendencia irregular.

iii) La nueva tendencia que en las regularizaciones de derechos de aguas ha dominado en la Corte Suprema desde 2014 a 2018 ha incorporado la exigencia de uso personal de las aguas (tanto en 1981 como en la actualidad) por el mismo solicitante (criterio impracticable y no exigido por la ley a ningún derecho real). Ello ha provocado incerteza jurídica a los titulares de derechos de agua cuyo título proviene de ese factum propio de nuestro país: de la costumbre o tradición ancestral, derechos éstos que se van transfiriendo o heredando. La notoria dispersión jurisprudencial que se observa al respecto produce en sí misma incerteza a esos justiciables.

iv) Es admirable que los jueces para resolver un caso complejo o en aquellas situaciones en que se perciba la existencia de una “laguna legal” vayan “más allá de las leyes”, en pos de un ideal de justicia compartido por la sociedad de su tiempo, esto es, de algún principio jurídico pleno de valores que reemplace la ausencia de ley. Pero esa búsqueda de algún principio o valor no es el imperativo de la conducta de los jueces que han sostenido la nueva línea jurisprudencial en materia de regularización de derechos consuetudinarios de aguas, desde 2014 a 2018, al negar a sus titulares la formalización de sus derechos, sino que lo han hecho —como fluye de los argumentos que deslizan en tales sentencias— simplemente a partir de una “intuición” (“han pasado treinta y cinco años”; “es mucho para una disposición transitoria”), seguida de un error interpretativo. De ahí que esta línea jurisprudencial contra legem ha resultado catastrófica para los titulares de derechos de aguas.

En cuanto a los aspectos institucionales (zigzagueos y tendencia pro indígena), se puede decir que:

v) La forma en que resuelva la Tercera Sala depende en gran medida de la conformación o integración de la misma, ya que es posible identificar dos bloques opuestos de ministros o abogados integrantes. Así, lideran las mayorías por rechazar la accesión de posesión los ministros Sandoval y Aránguiz. Por el otro lado, los ministros Egnem y Muñoz —aunque desde 2017 se ha agregado el ministro Prado, con algún zigzagueo— aparecen manifestándose a favor de la misma. La aceptación o rechazo de las regularizaciones de derechos de aguas por la Corte Suprema, en causas idénticas, depende hoy, en consecuencia, de la integración de la sala respectiva. Incluso a veces unos mismos ministros se inclinan por uno u otro criterio, sin que hayamos podido descubrir de la lectura de esos fallos las razones jurídicas de esos ministros para justificar el cambio de parecer.

vi) Es curioso que una de las primeras sentencias, al inicio de la línea jurisprudencial tradicional de la Corte Suprema, que aceptaba la regularización de derechos consuetudinarios, haya sido dictada en un famoso caso indígena —“Chusmiza” (2009)— y que, en medio de las últimas vacilaciones, la Corte Suprema haya preferido esa línea en otros casos que resultaron ser pro indígena: “Mulluri” (2017) y “Toconce” (2018). Esta conducta pro indígena es el trasunto de un principio general de derecho creado así por la Corte Suprema, de modo larvado, a beneficio de los indígenas, frente a los cuales claramente se muestra siempre protectora; de ahí que los usuarios de aguas indígenas no han estado expuestos a las vacilaciones de la jurisprudencia como ha sido el caso de los demás usuarios de aguas. Ello es curioso, pues existen ministros que sólo para el caso de los indígenas variaron su criterio. Pero ese modo larvado de construir la jurisprudencia no parece adecuado, pues en este tipo de casos no hay razón alguna para romper la igualdad ante la ley, debiendo dar el mismo trato jurisprudencial a todos los ciudadanos.

En cuanto a una política pública jurisdiccional que enfrente los zigzagueos o vacilaciones de la jurisprudencia, se puede señalar que:

vii) Todo lo anterior es de una relevancia superlativa en cualquier consideración de políticas públicas jurisdiccionales, lo cual no sólo debe ser preocupación de los gobiernos, de los académicos o de los centros de pensamiento, sino que también del máximo órgano de la justicia de nuestro país: la Corte Suprema en pleno. Los jueces aportan a nuestra democracia no sólo el valor social de la pacificación a través de cada sentencia, sino que además la certeza en la adjudicación del derecho, y ello pareciera que sólo es posible, adicionalmente, a través de una cultura de precedentes.

9. ANEXO: SENTENCIAS ANALIZADAS

Este anexo contiene listados exhaustivos de todas las sentencias de casación emitidas por la Corte Suprema sobre la materia.[45] (Notas entre corchetes).

9.1. Casos de línea jurisprudencial uniforme desde 2004 a julio 2014 (que acepta suma de posesiones en regularización de derechos de aguas) [15 casos]

— “Comunidad Atacameña Toconce con Essan”. Corte Suprema, 22 de marzo de 2004. Rol n.° 986-2003. Cuarta Sala. Ministros: Benquis, Álvarez, Marín (redactor), Medina; abogado integrante: Carrasco. [Caso indígena, relevante].

— “Espinoza con Endesa”. Corte Suprema, 27 de abril de 2005. Rol n.° 1084-04. Cuarta Sala. Ministros: Marín (redactor), Benquis, Pérez, Álvarez y Medina. [Caso relevante].

— “Carbone Salinas con Comunidad de aguas Canal de Azapa”. Corte Suprema, 30 de noviembre de 2006. Rol n.° 4157-2005. Tercera Sala. Ministros: Juica, Gálvez (voto disidente) y Fiscal Judicial Maldonado (voto disidente); abogados integrantes: Álvarez y Castro (redactor). [Votos disidentes no se relacionan con la suma de posesiones].

— “Agrícola Victoria S.A con Endesa”. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2007. Rol n.° 5342-06. Tercera sala. Ministros: Gálvez, Carreño, Araneda (redactora); abogados integrantes: Castro y Gómez. [Sigue texto de sentencia “Espinoza con Endesa” (2005)].

— “Sociedad Agrícola Forestal los Olivos Ltda. con DGA”. Corte Suprema, 30 de julio de 2009. Rol n.° 313-2008. Tercera Sala. Ministros: Brito, Carreño, Oyarzún, Araneda; abogado integrante: Chaigneau (redactor).

— “Agua Mineral Chusmiza S.A.I.C. con Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza Usmagama”. Corte Suprema, 25 de noviembre de 2009. Rol n.° 2840-2008. Segunda Sala. Ministros: Segura, Rodríguez (redactor), Ballesteros y Dolmestch; abogado integrante: Bates. [cita doctrina: Vergara (1998)] [Caso indígena, relevante].

— “Garrido Aedo, Luis Alberto con DOH”. Corte Suprema, 12 de mayo de 2011. Rol n.° 7410-2008. Segunda Sala. Ministros: Rodríguez, Ballesteros, Dolmestch y Künsemüller; abogado integrante: Chaigneau (redactor).

— “Sociedad Agrícola Pangue con DGA”. Corte Suprema, 28 de julio de 2011. Rol n.° 1689 2009. Segunda Sala. Ministros: Rodríguez, Ballesteros, Dolmestch (redactor); abogados integrantes Bates y Lagos.

— “AES Gener con DGA”. Corte Suprema, 18 de agosto de 2011. Rol n.° 654-2009. Segunda Sala. Ministros: Segura, Rodríguez (redactor), Ballesteros, Dolmestch y Künsemüller. [Citas precedentes: “Toconce con Essan” (2003) y “Garrido Aedo con DOH” (2008); cita doctrina: Vergara (1998); cita relevante: dictamen CGR n.° 1408-92].

— “Junta de Vecinos La Vega de Cabildo con Oyanedel Araya, Amador”. Corte Suprema, 10 de septiembre de 2012. Rol n.° 37284 2012. Segunda Sala. Ministros: Juica, Dolmestch, Künsemüller, Brito (redactor) y abogado integrante Bates.

— “Agrícola Santa Lucía Ranch Limitada con Endesa”. Corte Suprema, 10 de diciembre de 2012. Rol n.° 2315-2011. Primera Sala. Ministros: Segura, Araya, Silva y Maggi; abogado integrante: Prieto (redactor)

— “Sucesión Pastén Huerta con DGA”. Corte Suprema, 27 de marzo de 2013. Rol n.° 7381-2011. Primera Sala. Ministros: Segura, Araya, Silva, Fuentes; abogado integrante: Vial del Río (redactor).

— “Sociedad Agrícola el Piedrero con Endesa”. Corte Suprema, 26 de agosto de 2013. Rol n.° 1442-2012. Primera Sala. Ministros: Segura (redactor), Silva, Araya; abogados integrantes: Prieto y Lecaros Zegers. [Sentencia redactada con gran detalle; cita doctrina: Muñoz Escudero (2011); caso relevante].

— “Empresa Eléctrica del Norte Grande con Empresa de Aguas del Altiplano”. Corte Suprema, 2 septiembre de 2013. Rol n.° 9197-2011. Primera Sala. Ministros: Segura, Araya, Silva, Maggi; abogado integrante: Lagos (redactor). [Cita y sigue precedentes: “Toconce” (2004), “Agrícola Victoria” (2007), “Garrido Aedo” (2008) y “AES Gener” (2009); cita doctrina: Muñoz Escudero (2011)].

— “Development and Contracting Company S.A. con DGA”. Corte Suprema, 14 de julio de 2014. Rol n.° 17241-2013. Tercera Sala. Ministros: Carreño (redactor), Ballesteros, Sandoval; abogados integrantes: Baraona y Bates. [La sentencia rechaza la regularización por falta de prueba, pero acepta la suma de posesión (por esa razón no se considera en gráfico 4); cita caso anterior: “Norte Grande con Altiplano” (2013); cita doctrina: Muñoz Escudero (2011)].

9.2. Sentencias del giro jurisprudencial desde diciembre 2014 a agosto 2018 (que rechazan la suma de posesiones en regularización de derechos de aguas) [18 casos]

— “Inversiones de la Cerda Olivo Limitada con Endesa”. Corte Suprema, 4 de diciembre de 2014. Rol n.° 16578-2014. Tercera Sala. Ministros: Ballesteros, Pierry, Sandoval; abogados integrantes: Bates, Piedrabuena (redactor). [Caso relevante].

— “Inversiones y Asesorías FTM Limitada con Endesa”. Corte Suprema, 9 de noviembre de 2015. Rol n.° 996-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Egnem (voto disidente), Pierry; abogados integrantes: Prado (redactor) y Quintanilla.

— “Vidal González, Francisco con Endesa”. Corte Suprema, 10 de diciembre de 2015. Rol n.° 6339-2015. Tercera Sala. Ministros Sandoval, Silva, Aránguiz, Pierry; abogado integrante: Pizarro (redactor).

— “Rojas Gil con Dirección General de Aguas”. Corte Suprema, 11 de enero de 2016.- Rol n.° 13706-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Egnem (voto disidente), Pierry (redactor); abogados integrantes: Prado, Quintanilla.

— “Agrícola Alianza S.A. con Endesa”. Corte Suprema, 12 de enero de 2016, Rol n.° 10769-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Egnem (voto disidente), Valderrama; abogado integrante: Pizarro (redactor).

— “Rivera Cerda, Miguel con Endesa”. Corte Suprema, 28 de enero de 2016. Rol n.° 10.293-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz (redactor), Egnem (voto disidente); Pierry; abogado integrante: Rodríguez.

— “Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria Limitada con DGA”. Corte Suprema, 14 marzo 2016. Rol n.º 19.686-2015. Tercera Sala. Ministros: Pierry, Sandoval (redactora), Aránguiz, Dahm; abogado integrante: Prado.

— “Agrícola UAC Limitada con Guggiana Femenías, Raúl y otra”. Corte Suprema, 5 de julio de 2016. Rol n.° 15553-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Egnem (redactor y voto disidente), Pierry; abogado integrante: Quintanilla.

— “Agrícola y Comercial El Mirador S.A. con DGA”. Corte Suprema, 6 de julio de 2016. Rol n.° 10582 2015. Tercera Sala. Ministros: Aránguiz, Egnem (voto disidente y redactora), Valderrama; abogados integrantes: Lagos y Gómez (voto disidente).

— “Agrícola San Vicente Limitada con DGA”. Corte Suprema, 21 de julio de 2016. Rol n.º 3.974-2015. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Pierry; abogados integrantes: Prado y Matus (redactor).

— “Sociedad Agrícola La Italiana Limitada con DGA”. Corte Suprema, 25 de julio de 2016. Rol n.º 188-2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Pierry, Egnem (voto disidente y redactora); abogado integrante: Quintanilla.

— “Pérez Ulloa, Cecilia con DGA”. Corte Suprema, 24 de noviembre de 2016. Rol n.º 47.597-2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Egnem (voto disidente), Muñoz (voto disidente); abogado integrante: Quintanilla (redactor).

— “Amenábar Vives, Arturo con DGA”. Corte Suprema, 29 de noviembre de 2016. Rol n.º 17.089-2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Egnem (redactora y voto disidente), Valderrama; abogado integrante: Lagos (voto disidente).

— “Syngenta S.A. con Aguas del Altiplano S.A.”. Corte Suprema, 9 de enero de 2017. Rol n.º 65.410-2016. Tercera Sala. Ministros: Muñoz (prevención/disidencia), Sandoval, Valderrama; abogados integrantes: Lagos, Figueroa (redactor).

— “Chambe Salas, Elvira con Aguas del Altiplano”. Corte Suprema, 22 de mayo de 2017. Rol n.° 38826 2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz, Egnem (voto disidente) y Muñoz (voto disidente); abogado integrante: Rodríguez (redactor).

— “Medina Maturana, Mario con DGA”. Corte Suprema, 12 de octubre de 2017. Rol n.° 2916-2017. Tercera Sala. Ministros: Cerda, Muñoz, Valderrama (redactor); abogados integrantes: Lagos y Matus.

— “Zúñiga Lara, Marcela con DGA”. Corte Suprema, 27 de diciembre de 2017. Rol n.° 19124-2017. Tercera Sala. Ministros: Aránguiz, Brito, Egnem, Sandoval y Prado (redactor).

— “Soto Valdivia, Juan con Junta de Vigilancia del río Maule”. Corte Suprema, 10 de mayo de 2018. Rol n.° 35.661-2017. Tercera Sala. Ministros: Egnem (disidente), Prado (disidente), Sandoval. Abogados integrantes: Pizarro (redactor) y Rodríguez.

9.3. Sentencias de 2016 a 2018 que aceptan suma de posesiones, y que, de manera paralela a la nueva tendencia de las sentencias (9.2.), mantienen criterio tradicional de las sentencias (9.1.) [5 casos]

— “Sociedad Agrícola El Porvenir S.A. con DGA”. Corte Suprema, 26 de abril de 2016. Rol n.° 37109-2015. Primera Sala de febrero. Ministros: Carreño, Pierry (redactor y voto disidente), Silva, Egnem; abogado integrante: Gómez (voto disidente). [Sigue caso “Norte Grande con Altiplano” (2013); cita doctrina: Muñoz Escudero (2011); voto disidente cita los seis casos de 2014 y 2015 de la línea jurisprudencial paralela, y dice: “lo sostenido en las motivaciones anteriores por esta disidencia ha sido el criterio invariable que ha adoptado la Tercera Sala de esta Corte”; voto disidente cita erróneamente el caso “Minera RNC” (2014) como inicio de la nueva línea, pero en aquel caso el rechazo de la regularización fue por falta de prueba de la posesión. La nueva línea, en realidad, se inició en “Inversiones de la Cerda” (2014)].

— “Díaz Farías Luis y otros con Comunidad Indígena de Mulluri. Corte Suprema, 6 de junio de 2017. Rol n.° 45848-2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval, Aránguiz (redactor), Muñoz, Valderrama; abogado integrante: Quintanilla. [Cita los casos “Espinoza con Endesa” (2005) y “Agrícola Victoria con Endesa” (2007) y “Chusmiza” (2009); caso indígena]

— “Vera Urra, Patricio con DGA”. Corte Suprema, 25 de septiembre de 2017. Rol n.° 95094-2016. Tercera Sala. Ministros: Sandoval (voto disidente), Aránguiz (voto disidente), Egnem y Muñoz; abogado integrante: Prado (redactor). [Cita doctrina: Muñoz Escudero (2011); caso relevante].

— “Matta Pacheco, Olga con Aguas del Altiplano S.A.”. Corte Suprema, 28 de diciembre de 2017. Rol n.° 36354-2017. Tercera Sala. Ministros: Egnem, Fuentes, Muñoz; abogados integrantes: Quintanilla (redactor) y Lagos. [Cita doctrina: Muñoz Escudero (2011)].

— “Comunidad Indígena Atacameña de Toconce con Soquimich, SQM, y otros”. Corte Suprema, 2 de agosto de 2018. Rol n.° 44.255-2017. Tercera Sala. Ministros: Sandoval (redactora), Muñoz (prevención) y Prado (voto disidente); abogados integrantes: Quintanilla y Matus. [Cita los casos “Espinoza” (2005) y “Agrícola Victoria” (2007)]

9.4. Casos en que se rechaza la regularización por una razón distinta a la suma de posesiones: por no ser concluyente la prueba de uso efectivo y otros [3 casos]

— “Development and Contracting Company S.A. con DGA”. Corte Suprema, 14 de julio de 2014. [Citado al final de 9.1].

— “Minera RMC Las Barracas S.A. con DGA”. Corte Suprema, 31 de julio de 2014. Rol n.° 2727-2014. Tercera Sala. Ministros: Ballesteros, Carreño, Pierry, Egnem (redactora) y Sandoval. [Casación].

— “Syngenta S.A. con Aguas del Altiplano S.A.”. Corte Suprema, 9 de enero de 2017. Rol n.º 65.410-2016. Tercera Sala. Ministros: Muñoz (prevención/disidencia), Sandoval, Valderrama; abogados integrantes: Lagos, Figueroa (redactor). [Casación; ministro Muñoz previene que sólo rechaza regularización por falta de prueba de uso y no por doctrina del resto de la sala].

9.5. Casos de regularización de derechos de comunidades indígenas o en que éstas son parte [4 casos]

— “Comunidad Atacameña Toconce con Essan”. Corte Suprema, 22 de marzo de 2004. [Citado en sección 9.1].

— “Agua Mineral Chusmiza S.A.I.C. con Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza Usmagama”. Corte Suprema, 25 de noviembre de 2009. [Citado supra en 9.1].

— “Díaz Farías Luis y otros con Comunidad Indígena de Mulluri”. Corte Suprema, 6 de junio de 2017. [Citado en sección 9.3].

— “Comunidad Indígena Atacameña de Toconce con Soquimich, SQM, y otros”. Corte Suprema, 2 de agosto de 2018. [Citado en sección 9.3].

9.6. Cuadro de redactores de sentencias de suma de posesiones en la regularización de derechos de aguas

Año

Sala

Causa

Redactor

Acepta

Rechaza

2004

4ta

Toconce con Essan

Urbano Marín

√

2005

4ta

Espinoza con Endesa

Urbano Marín

√

2006

3a

Carbone S. con

Comunidad Aguas Azapa

Fernando Castro (AI)

√

2007

3a

Agrícola Victoria con Endesa

Sonia Araneda

√

2009

3a

Forestal Los Olivos con DGA

Alberto Chaigneau (AI)

√

2009

2a

Agua Mineral Chusmiza con Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza Usmagama

Jaime Rodríguez

√

2011

2a

Garrido Aedo con DOH

Alberto Chaigneau

√

2011

2a

Soc. Agrícola Pangue

Hugo Dolmestch

√

2011

2a

Aes Gener con DGA

Jaime Rodríguez

√

2012

2a

Junta de Vecinos La Vega Cabildo con Oyanedel

Haroldo Brito

√

2012

1a

Agrícola Sta. Lucía con Endesa

Alfredo Prieto (AI)

√

2013

1a

Sucesión Pastén Huerta con DGA

Víctor Vial del Río (AI)

√

2013

1a

Soc. Agrícola El Piedrero con Endesa

Nibaldo Segura

√

2013

1a

Empresa Eléctrica del Norte Grande con Aguas del Altiplano

Jorge Lagos (AI)

√

2014

3a

Development and

Contracting Company con DGA

Héctor Carreño

√

2014

3a

Inversiones de la Cerda con Endesa

Guillermo

Piedrabuena (AI)

X

2015

3a

Inversiones FTM con Endesa

Arturo Prado (AI)

X

2015

3a

Vidal González con Endesa

Carlos Pizarro (AI)

X

2016

3a

Rojas Gil con DGA

Pedro Pierry

X

2016

3a

Agrícola Alianza

Carlos Pizarro (AI)

X

2016

3a

Rivera Cerda con Endesa

Carlos Aránguiz

X

2016

3a

Puerto Terrestre Los

Andes con DGA

María Eugenia

Sandoval

X

Año

Sala

Causa

Redactor

Acepta

Rechaza

2016

1a feb

Sociedad Agrícola El

Porvenir con DGA

Pedro Pierry

X

2016

3a

Agrícola UAC con

Guggiana Femenías, Raúl

Rosa Egnem

√

2016

3a

Agrícola El Mirador con DGA

Rosa Egnem

√

2016

3a

Agrícola San Vicente con DGA

Jean Pierre Matus (AI)

X

2016

3a

Agrícola La Italiana con DGA

Rosa Egnem

√

2016

3a

Pérez Ulloa, Cecilia con DGA

Álvaro Quintanilla (AI)

X

2016

3a

Amenábar Vives, Arturo con DGA

Rosa Egnem

√

2017

3a

Syngenta con Aguas del Altiplano

Juan Figueroa (AI)

X

2017

3a

Chambe Salas, Elvira con Aguas del Altiplano

Jaime Rodríguez (AI)

X

2017

3a

Luis Díaz Farías con

Comunidad Indígena Mulluri

Carlos Aránguiz

√

2017

3a

Medina Maturana, Mario con DGA

Manuel Valderrama

X

2017

3a

Vera Urra, Patricio con DGA

Arturo Prado

√

2017

3a

Matta Pacheco, Olga con Aguas del Altiplano

Álvaro Quintanilla(AI)

√

2017

3a

Zúñiga Lara, Marcela con DGA

Arturo Prado

X

2018

3a

Soto Valdivia, Juan y otra con Junta de Vigilancia Río Maule

Pizarro Wilson (AI)

X

2018

3a

Comunidad Indígena

Atacameña de Toconce con SQM S.A.

María Eugenia

Sandoval

√

9.7. Votos por ministros en causas que aceptan la regularización (2004-2018)

CAUSAS CS orden cronológico

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 4

integrante 5

(2004) Toconce con Essan

Benquis √

Álvarez √

Marín √

Medina √

Carrasco (AI) √

(2005) Espinoza con Endesa

Benquis √

Álvarez √

Marín √

Medina √

Pérez √

(2006) Carbone Salinas con Comunidad de Aguas de Azapa

Gálvez X

Juica √

Maldonado (FJ) X

Castro (AI) √

Álvarez (AI) √

(2007) Agrícola Victoria con Endesa

Gálvez √

Carreño √

Araneda √

Castro (AI) √

Gómez (AI) √

(2009) Agua mineral Chusmiza con Com. Indígena Aymara

de Chusmiza Usmagama

Segura √

Rodríguez √

Ballesteros √

Dolmestch √

Bates (AI) √

(2011) Garrido Aedo con DOH y otros

Rodríguez √

Ballesteros √

Dolmestch √

Künsemüller √

Chaigneau (AI) √

(2011) Sociedad Agrícola Pangue

Dolmestch √

Rodríguez √

Ballesteros √

Bates (AI) √

Lagos (AI) √

(2009) Agrícola Forestal Los Olivos con DGA

Brito √

Carreño √

Oyarzún √

Araneda √

Chaigneau (AI) √

(2011) Aes Gener con DGA

Segura √

Ballesteros √

Dolmestch √

Rodríguez √

Künsemüller √

(2012) Junta de Vecinos La Vega de Cabildo con

Amador Oyanedel Araya

Dolmestch √

Juica √

Kúnsemúller √

Brito √

Bates (AI) √

(2012) Agrícola Santa Lucía con Endesa

Segura √

Araya √

Silva √

Maggi √

(AI)Prieto √

(2013) Sucesión Pastén Huerta con DGA

Segura √

Araya √

Silva √

Fuentes √

Vial del Río (AI) √

(2013) Sociedad Agrícola el Piedrero con Endesa

Segura √

Araya √

Silva √

Prieto (AI) √

Lecaros (AI) √

(2013) Empresa Eléctrica del Norte Grande con Aguas del Altiplano

Segura √

Araya √

Silva √

Maggi √

Lagos (AI) √

(2016) Sociedad Agrícola El Porvenir

Carreño √

Pierry A X

Silva √

Egnem √

Gómez (AI) X

(2017) Luis Días Farías y otros con Comunidad Indígena Mulluri

Sandoval X

Aránguiz √

Muñoz √

Valderrama √

Quintanilla (AI) √

(2017) Patricio Vera Urra con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Muñoz √

Prado (AI) √

(2017) Olga Matta Pacheco con Aguas del Altiplano S.A.

Muñoz √

Fuentes √

Egnem √

Quintanilla (AI) √

Lagos (AI) √

(2018) Comunidad Indígena Atacameña de Toconce con SQM S.A.

Muñoz √

Sandoval √

Prado X

Quintanilla (AI) √

Matus (AI) √

9.8. Votos por Ministros en causas que rechazan la regularización (2004-2018)

CAUSAS CS orden cronológico

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 4

integrante 5

(2014) Developments and Contracting Company con DGA

Carreño X

Ballesteros X

Sandoval X

Baraona (AI) X

Bates (AI) X

(2014) Inversiones Cerda Olivo con Endesa

Sandoval X

Pierry X

Ballesteros X

Bates (AI) X

Piedrabuena (AI) X

(2015) Inversiones y Asesorías FTM Ltda. con Endesa

Sandoval X

Egnem √

Pierry X

Prado (AI) X

Quintanilla (AI) X

(2015) Vidal González, Francisco con Endesa

Sandoval X

Silva X

Aránguiz X

Pierry X

Pizarro (AI) X

(2016) Rojas Gil con DGA

Sandoval X

Egnem √

Pierry X

Prado (AI) X

Quintanilla (AI) X

(2016) Agrícola Alianza con Endesa

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Valderrama X

Pizarro (AI) X

(2016) Rivera Cerda con Endesa

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Pierry X

Rodríguez (AI) X

(2016) Puerto Terrestre Los Andes Sociedad C. Ltda. con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Pierry X

Dahm X

Prado (AI) X

(2016) Agrícola UAC con Raúl Guggiana Femenías

Pierry X

Egnem √

Sandoval X

Aránguiz X

Quintanilla (AI) X

(2016) Agrícola El Mirador con DGA

Aránguiz X

Egnem √

Valderrama X

Lagos (AI) X

Gómez (AI) √

(2016) Agrícola San Vicente Ltda. con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Pierry X

Matus (AI) X

Prado X

(2016) Sociedad Agrícola La Italiana con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Pierry X

Quintanilla (AI) X

(2016) Cecilia Pérez Ulloa con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Muñoz √

Quintanilla (AI) X

(2016) Arturo Amenábar Vives con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Valderrama X

Lagos (AI) √

(2016) Syngenta con Aguas del Altiplano

Muñoz √

Sandoval X

Valderrama X

Lagos (AI) X

Figueroa (AI) X

(2017) Elvira Chambe Salas con Aguas del Altiplano

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Rodríguez (AI) X

Gómez (AI) √

(2017) Mario Medina con S-Identificar

Cerda X

Muñoz X

Valderrama X

Lagos (AI) X

Matus (AI) X

(2017) Marcela Zúñiga Lara con DGA

Sandoval X

Aránguiz X

Egnem √

Brito X

Prado X

(2018) Juan Soto y otra con Junta de Vigilancia Río Maule

Sandoval X

Prado√

Egnem √

Rodríguez (AI) X

Pizarro (AI) X

10. BIBLIOGRAFÍA

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1 Se ha estimado que a la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas, en 1981, una cantidad cercana al 70 por ciento de los usos efectivos de aguas correspondía a usos consuetudinarios, los cuales carecían de títulos inscritos. En Banco Mundial, Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos (Santiago: Documento del Banco Mundial, Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Región para América Latina y el Caribe, 2011), que es el informe más actualizado sobre la situación de los recursos hídricos, se consigna que sería el 80 por ciento. Este documento señala en la página 48: “La DGA estima que de unos 350.000 derechos de aguas legítimos solamente alrededor de 70.000 están inscritos en el Registro de Propiedad de Derechos de Aguas del Conservador de Bienes Raíces (20 por ciento), lo que demuestra un desfase importante entre el régimen catastral y la realidad”.

De una consulta realizada por transparencia a la Dirección General de Aguas sobre la existencia de un porcentaje o información cuantificada respecto al número de derechos de aprovechamiento no inscritos, hemos obtenido como respuesta, el día 27 de abril de 2018: “De acuerdo al artículo 122 del Código de Aguas, que establece el catastro público de aguas como un registro público de derechos de aprovechamiento de agua no inscritos en los registros conservadores de bienes raíces, susceptibles de regularización en virtud del artículo 2° transitorio del Código, no se ha implementado el señalado registro, así como no se le menciona en el DS 1.220 de 1998 que aprueba el Reglamento del Catastro Público de Aguas”. Realizada la misma consulta a la Comisión Nacional de Riego (CNR), nos informó el día 25 de abril: “(…) no se dispone de información sobre dicha estimación o cuantificación de derechos de aguas no inscritos”, remitiéndonos información sobre diagnósticos realizados por la propia CNR en algunas cuencas y territorios específicos. Finalmente, esta misma consulta se dirigió a la Confederación de Canalistas de Chile, obteniendo la siguiente respuesta, el día 30 de mayo de 2018: “Se han realizado encuestas parciales, a nivel de muestreo, llegando a la conclusión que, de los actuales derechos de aprovechamiento de aguas, un valor superior al 45 por ciento no se encontrarían inscritos en los conservadores de bienes raíces”.

2 El proyecto de modificación del Código de Aguas que desde 2011 se tramita en el Congreso Nacional (Boletín 7543-12) intentó introducir una caducidad respecto de los derechos que no se regularicen en un plazo determinado, lo que ha sido muy polémico, por la precarización a que deja sometidos tales derechos. Véase la crítica y denuncia de Alejandro Vergara, “Modificación al Código de Aguas: desprotección y caducidad de derechos ancestrales”, en, del mismo autor, Derecho de aguas: Identidad y transformaciones (Santiago: Ediciones UC, 2017), 255-257.

3 Si bien el presente artículo fue aceptado en julio de 2018, durante su proceso de edición, el autor incorporó información hasta agosto del mismo año. (N. del E.)

4 El reconocimiento de la costumbre ha sido excepcional, dado que el sistema de fuentes en Chile ha sido legalista. Una muestra de ello es el artículo 2 del Código Civil, el cual señala: “La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella”, lo que equivale a decir que sólo la ley constituye derecho. Pero esa descripción del fenómeno de las fuentes del derecho realizado a mediados del siglo XIX ha variado significativamente, no sólo por las variadas remisiones legislativas a la costumbre, sino porque también, a partir de la propia jurisprudencia, hoy podemos considerar que la ley ha perdido ese monopolio a manos de los principios (que son, en realidad, un trasunto de la costumbre). El tema de la conexión de la costumbre con los principios corresponde a la teoría del derecho y no lo abordo en este sitio.

5 El tema de los derechos consuetudinarios fue objeto hace veinte años de un artículo en esta misma revista al que cabe remitirse, pues ahí se explica su estatuto jurídico. Ver Alejandro Vergara, “Estatuto jurídico, tipología y problemas actuales de los derechos de aprovechamiento de aguas. En especial, de su regularización y catastro”, Estudios Públicos 69 (1998): 155-205.

6 Sobre el tema de la regularización de derechos de aguas existe una literatura especializada, en la que nunca apareció la argumentación de la nueva línea jurisprudencial. Véanse los trabajos de Alejandro Vergara, “Estatuto jurídico”; Alejandro Vergara, Derecho de aguas (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1998); Christian Neumann, “Del procedimiento especial de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas conforme al artículo 2° transitorio del Código de Aguas”, Revista de Derecho Administrativo Económico 2, n.° 1 (2000): 211-246; Gonzalo Muñoz, “Problemas que plantean las regularizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas”, Revista de Derecho Administrativo Económico 3, n.° 2 (2001): 565-576; Gonzalo Muñoz, “Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas”, en Código de Aguas Comentado, editado por Alejandro Vergara (Santiago: Abeledo Perrot, 2011), 1165-1188; en especial la tesis doctoral de Daniela Rivera, Usos y derechos consuetudinarios de aguas. Su reconocimiento, subsistencia y ajuste (Santiago: Thomson Reuters, 2013), 277-278; y Alejandro Vergara, Crisis institucional del agua. Descripción del modelo jurídico, crítica a la burocracia y necesidad de tribunales especiales (Santiago: Ediciones UC, 2015), 46-49.

7 Esta exigencia originó varias discusiones doctrinales y jurisprudenciales. Las analizo brevemente más adelante (sección 1.5). Pareciera que es motivo de pocas controversias en la actualidad; ver al respecto los análisis que ofrecen Gonzalo Muñoz, “Problemas”, 568-569, y Neumann, “Del procedimiento”, 226.

8 Karl Friedrich von Savigny, Das Recht des Besitzes. Eine Civilistiche Abhandlung (1803) [El derecho de posesión. Una monografía civilista], la que alcanzó seis ediciones, siendo la sexta, de 1865, con reimpresiones recientes.

9 Ver Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, Curso de derecho civil. Los bienes y los derechos reales (Santiago: Editorial Nascimento, 1974), 445-448.

10 En varios casos la Corte Suprema se ha pronunciado en tal sentido: “Sociedad Agrícola y Ganadera El Tranque Limitada con Asociación de Canalistas del Embalse de Recoleta” (1995); “Sucesión Franco Ahumada con Junta de Vigilancia Río Huasco y otro” (1997); “Sociedad Transroden Ltda. y otra con Sociedad de Inversiones Myne Ltda.” (2001); “Comunidad Atacameña Toconce con Essan S.A.” (2004); “Sociedad Agrícola El Sobrante Limitada con Comunidad de Aguas Canal Chimba Sur” (2004); “Pacic con Comunidad Indígena Aymara Chusmiza y Usmagama” (2008). Esta jurisprudencia no la analizo en este trabajo (de ahí que no está colacionada en el Anexo) pues se refiere a otro de los requisitos de la regularización: el cómputo de los cinco años.

11 En caso “Sociedad Legal Minera Santa Dorila Primera de Las Arenitas” (1997).

12 En caso “Asecio con Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca y otros” (2001).

13 Se han pronunciado en tal sentido: “Acuña con Gallardo” (1992); “Tunis y otro con Sociedad El Trapiche S.A.” (1994); “Pérez Llona, Gonzalo y Ricardo” (1996).

14 Caso “Comunidad de Aguas del Canal Tomé Alto y Otros con Sociedad Jaime Prohens y Compañía Limitada” (1998).

15 Gonzalo Muñoz, “Problemas”, 568-569.

16 Neumann, “Del procedimiento”, 226.

17 Dirección General de Aguas. Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos. S. I. T. n.° 156 (Ministerio de Obras Públicas de Chile, 2008), 126.

18 Coincidiendo en este sentido con lo expresado por Gonzalo Muñoz, “Problemas”, 568.

19 Lo que también se aplica a otros artículos de tal DL, como sus artículos 4 y 6. Ver Dictamen n.° 14.716 (1992). También, Alejandro Vergara, “Reconocimiento de usos consuetudinarios de aguas”, en Código de Aguas comentado (Santiago: Abeledo Perrot, 2011), XXI-XXII.

20 Ver, para Chile, un desarrollo sobre las disposiciones transitorias, y las diferentes clases de ellas, según su contenido y con ejemplos, en Alejandro Vergara. “Formación de la ley y técnica legislativa”, en Diagnóstico histórico jurídico del Poder Legislativo en Chile: 1960-1990 (Valparaíso: Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad de Valparaíso, 1993), 189-192; y Alan Bronfman, “La división de las leyes”, en La técnica legislativa ante la elaboración de la ley (Valparaíso: Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad de Valparaíso, 1998), 186-190. Para España: Carles Viver i Pi-Sunyer, “La parte final de las leyes”, en La forma de las leyes. 10 estudios de técnica legislativa, de Gretel —Grupo de Estudios de Técnica Legislativa— (Barcelona: Bosch, 1986), 135-172, y para Francia: Jacques Héron, Principes du droit transitoire (París: Dalloz, 1996).

21 Ver el extenso y detallado trabajo de Gweltaz Éveillard, Les dispositions transitoires en droit public français (París: Dalloz, 2007).

22 Ver los dos siguientes actos administrativos de orden interno, bien explícitos al respecto, y en base a los cuales se tramitan tales solicitudes al interior del órgano administrativo competente: Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Instructivo artículo 2 transitorio del Código de Aguas. Ord. n.° 725 de 5 noviembre 1999, que aprueba Minuta n.° 165, de 28 de octubre de 1999, y Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Manual de normas y procedimientos para la administración de recursos hídricos, 2008. S. I. T. n.° 156. Ambos documentos conforman un hilo de continuidad de décadas, y no sólo reconocen explícitamente la suma de posesiones, sino que además dan instrucciones específicas para la tramitación de tales solicitudes.

23 En 2016, 2017 y 2018 realicé sobre este cambio jurisprudencial cuatro comentarios que ahora refundo, actualizo y sistematizo. Esta reunión me permite observar la conducta judicial respecto de este tema en todo el período de casi cuatro años, lo que muestro en diversos gráficos más adelante. Véase Alejandro Vergara, “Regularización de derechos consuetudinarios de aguas y suma de posesiones en todo derecho real”, El Mercurio Legal, 3 febrero 2016; “Regularización de derechos consuetudinarios de aguas: el valor de la posesión y uso ancestral del agua (parte II)”, El Mercurio Legal, 22 febrero 2017; “Regularización de derechos consuetudinarios de aguas: génesis y efectos de una nueva línea jurisprudencial (parte III)”, El Mercurio Legal, 13 abril 2017, y, “Regularización de derechos consuetudinarios de aguas: dispersión jurisprudencial en 2017 (parte IV)”, El Mercurio Legal, 10 enero 2018. Los tres primeros trabajos fueron también reproducidos en Alejandro Vergara, “Derecho de aguas: Identidad y transformaciones”, 258-278; la nota final de página 278 fue, como se ve, una vana esperanza.

24 Ofrezco en el Anexo 9.1 una relación exhaustiva de los casos anteriores. Si se observa, en toda la década anterior (desde 2004 a 2014) la jurisprudencia fue uniforme en cuanto a aceptar la accesión de posesiones. No existen registros completos de la jurisprudencia anterior a 2004, pero pueden verse algunas sentencias publicadas en la Revista de Derecho de Aguas (que circuló los años 1990 a 1998) o los escasos casos de la materia que publicó la Revista de Derecho y Jurisprudencia. En ninguno de los casos ahí publicados se había generado la discusión jurídica que se planteó en la jurisprudencia a partir de diciembre de 2014.

25 Ver Anexo 9.3.

26 Esta sentencia fue pronunciada por la unanimidad de la sala (lo que ha ocurrido en contadas ocasiones), la cual estaba integrada también por el ministro Sergio Muñoz, quien se había mostrado partidario de aceptar la regularización.

27 Cabe destacar que en esta sentencia la ministra Egnem manifiesta su consistente y sistemático voto en contra.

28 La radicación de las causas de aguas en las distintas salas de la Corte Suprema, en los últimos años, es la siguiente: 1°) por auto acordado de 24 de julio de 2009 se radicaron en la Segunda Sala; 2°) luego, por auto acordado contenido en el acta 68-2012 del 4 de junio de 2012, se radicaron en la Primera Sala, y 3°) por auto acordado de 26 de diciembre de 2014, contenido en el acta 233-2014, se radican en la Tercera Sala, la que desde entonces se ha mantenido.

29 Véase Anexo, en que ofrezco la relación de causas, sentencias y ministros.

30 Como es sólito en la doctrina de la materia, esta “transitoriedad” del artículo 2T del Código de Aguas no tiene nada que ver con una especie de caducidad de esa norma de ley, como si estuviese sometida a una eventual extinción. Esta transitoriedad, como lo dice con razón Luis Simón Figueroa del Río, Asignación y distribución de las aguas terrestres (Santiago: Universidad Gabriela Mistral, 1995), 74, “se debe a que desde su vigencia no se pueden crear nuevos hechos regidos por él, ya que el empleo de las aguas tuvo que iniciarse antes”.

31 Considerando 18, caso “Inversiones y Asesoría FTM” (2015), copiado en todas las sentencias que siguieron esta jurisprudencia.

32 En esta parte he contado con la colaboración de Nicole Ávila Meza, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), diplomada en derecho de recursos naturales, mención aguas, e investigadora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC. Ella ha estado a cargo de la recopilación de jurisprudencia y análisis de votos para la generación de gráficos, de lo cual le estoy muy agradecido. Debo reconocer además que el análisis jurisprudencial fue posible gracias a la recopilación de sentencias de la materia de aguas, dictadas por las cortes de apelaciones y Corte Suprema entre 2006 y 2016, realizada por dicho Centro de Derecho y Gestión de Aguas.

33 Sólo una sentencia del primer período presenta dos votos disidentes; sin embargo, dichos votos no dicen relación con la suma de posesiones, sino con un motivo diverso que no altera este análisis.

34 Véase en los anexos 9.7 y 9.8 los casos específicos en que las sentencias son unánimes o con disidencias, con el detalle de los ministros y abogados integrantes que fallan a favor o en contra.

35 Diego Pardow y Flavia Carbonell, “Buscando al juez mediano: estudio sobre la formación de coaliciones en la Tercera Sala de la Corte Suprema”, en Revista de Ciencia Política (2018, en prensa).

36 Lee Epstein, William Landes & Richard Posner, Why (and when) Judges Dissent: A Theoretical and Empirical Analysis (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 510, 2010). En este trabajo, los autores estudian por qué los jueces de una Corte Suprema altamente politizada como la norteamericana disienten, tomando como base de estudio las sentencias con disidencia de tres años diferentes, correspondientes a tres presidencias de la Corte Suprema distintas. Estimando el porcentaje de resoluciones con disidencias en 62 por ciento.

37 Ver causa “Mario Medina con DGA” (2017). Pareciera ser una inadvertencia del ministro Muñoz, pues es contradictorio con todas las demás sentencias, prevenciones y disidencias en que claramente se muestra favorable a la tendencia tradicional.

38 Según las conclusiones de Pardow y Carbonell, “Buscando al juez”.

39 Cass Sunstein, After the Rights Revolution: Reconceiving The Regulatory State (Cambridge: Harvard University Press, 1990). Cito según traducción: La revolución de los derechos: Redefiniendo el Estado regulador (Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016), 183.

40 Lo que a juicio de un autor las desafecta del régimen general de las aguas como bienes nacionales de uso público. Así opina Rodrigo Muñoz, “Aguas Indígenas: Categoría excepcional”, Revista de Derecho Administrativo Económico 3, n.° 2 (2000): 425-428. Pero eso no es lo que ocurre, pues las aguas siguen siendo bienes públicos, y de lo que se trata es de un “reconocimiento” de derechos de aguas de los indígenas, lo que no muda la naturaleza de las aguas como públicas; como lo digo y fundamento en Vergara, “Estatuto jurídico”, 181.

41 Ver Capítulo IV. A, “Acceso al agua en las Américas. Una aproximación al derecho humano al agua en el sistema interamericano”, en Informe Anual 2015, del CIDH.

42 Tema recurrente entre nosotros, a tal punto, que el nuevo presidente de la Corte Suprema, para del período 2018-2020, Haroldo Brito, en su primera entrevista, señaló: “La predictibilidad de la resolución (…) es una cuestión particularmente deseable” (El Mercurio C-4, 1 de marzo de 2018). Dicha predictibilidad, resulta obvio, es lo opuesto al zigzagueo que se observa en esta materia.

43 La exclusividad es la base de la autonomía judicial, pues sólo a los tribunales corresponde el rol de poner término de modo irrecurrible a los conflictos que ocurren en nuestra sociedad. La inexcusabilidad obliga a los jueces a resolver todos los conflictos que llegan a su conocimiento. No pueden, pues, excusarse de dictar sentencia “ni aun por falta de ley”, dice la Constitución.

44 El artículo 3 inciso 2 del Código Civil señala: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”, pero pareciera que ello está dirigido a las partes y a los justiciables en general, lo que no obsta a una cultura de precedentes; lo mismo sucede con la independencia ministerial de los jueces; temas que sólo menciono y que no puedo profundizar.

45 Esta jurisprudencia es posible revisarla en: www.poderjudicial.cl o en www.thomsonreuters.cl.

CONFERENCIA

ARISTÓTELES Y LA FILOSOFÍA ACTUAL*

Alejandro G. Vigo

Universidad de Navarra

Alejandro G. Vigo. Doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra (Pamplona). Email: avigo@unav.es.

* Conferencia dictada en el Centro de Estudios Públicos, el miércoles 2 de mayo de 2018. El profesor Vigo preparó este trabajo a raíz de que la Unesco declaró 2016 como el año de Aristóteles, por conmemorarse 2.400 años del nacimiento del filósofo en la ciudad macedonia de Estagira, en el año 384 a. C.

Resumen: Este trabajo ofrece un breve sumario de algunas de las principales vertientes de la presencia de Aristóteles en el debate filosófico contemporáneo, tanto en el ámbito de la filosofía teórica, con especial atención a la ontología, como en el ámbito de la filosofía práctica, con especial atención a la teoría de la acción y la teoría de la racionalidad práctica. Esto permite mostrar hasta qué punto Aristóteles continúa siendo un punto de referencia determinante en buena parte de las discusiones actuales sobre problemas centrales de la filosofía, más allá de las diferencias de escuelas que, en ocasiones, se suponen irreconciliablemente enfrentadas.

Palabras clave: Aristóteles, filosofía continental, filosofía analítica, ontología, filosofía práctica, teoría de la acción.

ARISTOTLE AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY

Abstract: This study provides a brief summary of some of the main respects in which Aristotle is present in the contemporary philosophical debate, both in the sphere of theoretical philosophy, with particular attention to ontology, and in that of practical philosophy, with particular attention to action theory and practical rationality theory. The exercise reveals the extent to which Aristotle remains a crucial touchstone in many current discussions of some central problems of philosophy, notwithstanding differences between schools that are, on occasion, thought to be irreconcilably opposed.

Keywords: Aristotle, continental philosophy, analytic philosophy, ontology, practical philosophy, action theory.

1. INTRODUCCIÓN

Para una amplia mayoría del público no dedicado profesionalmente a la filosofía, el nombre de Aristóteles aparece inmediatamente vinculado a toda una larga y venerable tradición de pensamiento, que se remonta a los orígenes griegos de la cultura occidental y alcanza su más alto esplendor en la tardía Edad Media, pero que entra en un pronunciado declive ya en el Renacimiento y la temprana Modernidad, para quedar definitivamente oscurecida en tiempos posteriores. Una narrativa muy difundida suele distinguir dos fases sucesivas en el proceso de desplazamiento del pensamiento aristotélico del centro de la escena científica y filosófica. La primera corresponde a la caída en descrédito de la física aristotélica, que había alcanzado un predominio epistemológico poco menos que completo a partir del siglo XIII, con el advenimiento de la nueva ciencia matemática de la naturaleza, en los albores de la Modernidad. La segunda fase corresponde a la crisis final del pensamiento metafísico tradicional, el cual alcanza su consumación y, con ello, también su autosupresión en los sistemas del Idealismo Alemán y, más específicamente, en el sistema hegeliano, para dar lugar, en las últimas décadas del siglo XIX, al surgimiento y el auge del positivismo.

Si se tiene en cuenta este trasfondo, y si se considera, además, el destacado protagonismo actual del discurso postmoderno acerca del fin de la metafísica, que, extendido mucho más allá de la esfera propia de la filosofía académica, ha llegado a constituir en las últimas décadas un motivo recurrente en el debate cultural del presente, se podría tener fácilmente la impresión de que el interés por Aristóteles no podría tener hoy más que un alcance puramente histórico o, si se prefiere, arqueológico, pero en todo caso sólo residual. Los homenajes motivados por la declaración de la Unesco tendrían entonces, podría pensarse, un objetivo legítimo, pero lejano a las preocupaciones filosóficas del presente, concernientes al mero fomento del turismo cultural.

Ahora bien, por mucho que se reconozca la amplia influencia de las narrativas mencionadas, tal impresión de irrelevancia actual resultaría completamente engañosa. En efecto, si algo ha puesto de manifiesto el desarrollo de la filosofía contemporánea, sobre todo desde comienzos del siglo XX, ha sido justamente la permanente vigencia de Aristóteles como punto de referencia de las más diversas posiciones y como interlocutor privilegiado en muchos, por no decir la gran mayoría, de los debates que han ocupado el centro del interés filosófico del presente.

Hablar de una renovada vigencia de Aristóteles como punto de referencia e interlocutor filosófico en el siglo XX puede resultar sorprendente, si se tiene en cuenta que se trata de un siglo signado por fuertes crisis y por intentos radicales de puesta en cuestión de toda la tradición filosófica y cultural de Occidente. Sin embargo, en ese convulsionado panorama cultural y filosófico, la presencia de Aristóteles no sólo no se vio debilitada, sino que incluso resultó fortalecida, precisamente, en virtud de la dinámica propia del desarrollo que experimentó el pensamiento filosófico, ya desde las primeras décadas del siglo.

Por cierto, Aristóteles tampoco estuvo ausente, en modo alguno, en el debate filosófico del siglo XIX, incluso después de la crisis del hegelianismo y el auge del positivismo, con su fuerte tendencia al naturalismo y el psicologismo. Baste pensar aquí, por ejemplo, en la figura de F. Brentano, cuyo papel mediador, de fundamental importancia, se vincula, además, con el origen de una de las líneas de recepción de Aristóteles más poderosas y productivas en el siglo siguiente, especialmente, a través de Heidegger. Pero, además de la presencia de Brentano y otros representantes del pensamiento neoescolástico —tales como, por ejemplo, C. Braig, un autor que ejerció también una fuerte influencia en el Heidegger de los comienzos—, en el siglo XIX tenemos nada menos que el origen de la ciencia filológica y, con ello, también de la filología aristotélica. De hecho, hay en la segunda mitad del siglo XIX toda una serie de importantes figuras que combinan armónicamente el carácter de filósofos constructivos con el de historiadores de la filosofía y, particularmente, de especialistas, filológicamente calificados, en Aristóteles. Además del propio Brentano, hay que mencionar aquí, entre otros, los nombres de F. A. Trendelenburg y F. Ravaisson.[1]

En cualquier caso, lo cierto es que en el siglo XX la recuperación, apropiación y transformación del pensamiento aristotélico adquiere un renovado impulso, al compás de la propia transformación del pensamiento filosófico que tuvo lugar ya desde las primeras décadas del siglo, con el surgimiento de las dos corrientes que iban a ser dominantes de allí en más, a saber: la corriente analítica, por un lado, y la corriente fenomenológica y hermenéutica, por el otro, sin olvidar tampoco el importante papel desempeñado por el pensamiento neokantiano, aunque en este último caso la presencia de Aristóteles, a diferencia de Platón, no fue tan profusa ni tan determinante.[2]

En lo que sigue me propongo ofrecer, de modo escueto y muy selectivo, una síntesis de lo que, creo, son algunos de los momentos más representativos de la presencia de Aristóteles en el debate actual, tanto en el ámbito de la filosofía teórica como en el de la filosofía práctica. No haré, en cambio, referencia alguna al estado actual de la investigación especializada del pensamiento aristotélico, cuya abundancia y diferenciación han alcanzado cotas realmente sorprendentes en el último medio siglo. No me referiré a ella sino ocasionalmente, porque lo que me interesa es poner de relieve la persistente vigencia de Aristóteles como un interlocutor filosófico de primer rango, capaz de ofrecer perspectivas de interés también con vistas al estado actual de la discusión en diversas áreas fundamentales. En efecto, como lo ha enfatizado acertadamente H.-G. Gadamer, es en esa misteriosa capacidad de interactuar de modo productivo con el presente, y no en la mera venerabilidad histórica, donde ha de buscarse el rasgo distintivo de aquello que puede alcanzar el rango de lo clásico.[3]

Ahora bien, aun dejando de lado casi toda referencia específica a la investigación especializada, se abre aquí, de todos modos, un amplísimo panorama de temas, problemas y discusiones en las cuales la confrontación con el pensamiento de Aristóteles ha jugado un papel importante y, a veces, incluso protagónico. No hace falta decir que no podré abarcar ni siquiera muy superficialmente todo ese vasto panorama.[4] Mi aporte será, pues, muy modesto. Voy a ordenar mi exposición de los aspectos que quisiera tratar por medio de un esquema de dos ejes, uno temático y uno histórico-doctrinal. En el eje temático consideraré la presencia de Aristóteles, por un lado, en la discusión ontológica o bien lógico-ontológica y, por otro lado, en la discusión relativa a los temas centrales de la filosofía práctica, esto es, en la teoría de la acción y la racionalidad práctica y en la teoría del bien humano y las virtudes. En el eje histórico-doctrinal, voy a partir de la distinción habitual, aunque muy discutible en su alcance (desde luego), entre la tradición llamada analítica, por un lado, y la tradición llamada continental o centroeuropea, como prefiero decir, por el otro. Seré, como he dicho, muy breve y necesariamente esquemático.

2. LA TEMÁTICA LÓGICO-ONTOLÓGICA

La lógica escolar (Schullogik) durante la mayor parte del siglo XIX fue, en lo esencial, una lógica de los conceptos y una teoría del juicio de corte aristotélico, con su correspondiente prolongación sistemática dada por una teoría de la inferencia en la cual la silogística ocupaba el centro de la atención. Pero, como se sabe, el tranquilo reinado de la lógica tradicional pronto resultó quebrado con el advenimiento de la lógica proposicional y su matematización, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. El cambio de paradigma lógico llegó asociado a toda una nueva manera de enfocar también los problemas ontológicos. Piénsese, por mencionar sólo uno de los desarrollos más importantes, en la concepción del atomismo lógico procedente del primer Wittgenstein y continuada luego por B. Russell. Sin embargo, la nueva situación de la lógica y la ontología, a comienzos del siglo XX, no trajo consigo, en modo alguno, una lisa y llana desaparición de la presencia de Aristóteles en este campo temático. De modos muy diversos, tanto en la tradición analítica como en la continental, Aristóteles continuó vigente como uno de los interlocutores principales en el debate. Para mostrar esto de modo algo más concreto, me referiré brevemente a algunos de los desarrollos más importantes en cada una de ambas tradiciones.

2.1. Aristóteles y la ontología analítica

Mencioné antes la nueva lógica proposicional y tesis ontológicas asociadas a ella, como la del atomismo lógico. Se trata, en estos casos, de ontologías que se orientan a partir de la noción de “estados de cosas”, asociada a la idea de “proposición” (Satz), que había ingresado en la lógica del siglo XIX a partir de B. Bolzano, el introductor de la noción de “proposición en sí” (Satz an sich), y de R. H. Lotze, el propagador de esa idea en la tradición de la lógica antipsicologista alemana. La nueva orientación lógica a partir de la proposición, tomada en muchos casos como una unidad mínima no analizada o, incluso, no analizable, con el correspondiente abandono de la orientación básica a partir del enunciado de la forma S-P, trae consigo, en el plano ontológico, cuando menos, una fuerte relativización de la importancia del esquema “objeto + determinación”, de cuño aristotélico. A ello se añadió posteriormente, como momento complementario de la puesta en cuestión de las premisas básicas del aristotelismo (lógico-)ontológico, la crítica a los presupuestos modales del esencialismo, asociado a la orientación a partir del esquema “objeto + determinación”, tal como dicha puesta en cuestión tiene lugar en autores como W. v. O. Quine, entre otros.

Ahora bien, de diversos modos, se produjo muy pronto una reacción de orientación aristotelizante ante esta nueva situación, tanto en el frente lógico como en el ontológico, y en ambos casos por motivos estrechamente vinculados. En el frente lógico, por cierto, dicha reacción no consistió —ni podía consistir, por cierto— en un rechazo de la nueva lógica matemática y del cálculo proposicional, tal como fue desarrollado de modo sistemático, por primera vez, por A. Whitehead y B. Russell en los Principia Mathematica. La reacción apuntó, más bien, a restringir los alcances del impacto que dicho descubrimiento podría tener sobre el modo de interpretar los fenómenos del sentido, la referencia y la verdad, tal como éstos se dan y se comprenden, de modo pre-reflexivo, ya en el plano correspondiente al uso habitual del lenguaje natural. En este contexto, hay que recordar, ante todo, el famoso debate entre P. Strawson y B. Russell.[5] Frente a las radicales consecuencias que Russell extraía del nuevo modelo cuantificacional, entre otras cosas, por medio de la así llamada Teoría de las Descripciones, Strawson defendió la diferencia funcional entre referencia identificadora y atribución predicativa, que resulta, a su juicio, irrenunciable, a la hora de dar cuenta de fenómenos como el significado, la referencia y la verdad, tal como éstos tienen lugar en el discurso ordinario. La diferencia funcional entre referir y atribuir, tal como opera allí donde aseveramos algo de un objeto particular, se conecta, desde el punto de vista de la estructura del enunciado S-P, con las diversas funciones que desempeñan el término S y el término P. En este punto, la posición de Strawson puede caracterizarse, en sentido amplio del término, como aristotélica, en la medida en que reivindica la validez de la orientación a partir del enunciado de la forma S-P, al menos, allí donde se trata de hacer justicia al modo en que operan la referencia y la atribución en el contexto de la aserción, tal como ésta tiene lugar en el uso habitual del lenguaje. No en vano, el propio Strawson identifica a Aristóteles, junto con Kant, como uno de los antecedentes de su propio proyecto filosófico de una metafísica descriptiva, y no revisionista, en la cual nuestra habilidad para referir e identificar particulares por medio del uso del lenguaje juega un papel crucial.[6]

Algo comparable ocurrió también en el frente ontológico, ya que ni el abandono de la ontología orientada a partir del esquema “objeto + determinación” ni tampoco la crítica al esencialismo y sus presupuestos modales quedaron sin respuesta. Como se ha dicho ya, el propio Strawson elaboró una ontología que se orienta a partir de ese mismo esquema básico, aunque Strawson vincula su posición, al mismo tiempo, con un planteo metódico de corte cuasi trascendental, que conecta también con su interpretación de la filosofía teórica de Kant.[7] En lo que concierne al problema del esencialismo de corte aristotélico, la reacción más influyente frente a su puesta en cuestión por parte de Quine y otros se encuentra, como nadie ignora, en la obra de S. A. Kripke.[8] Kripke elabora su concepción esencialista sobre la base de la noción de “designación rígida”, conectada con la idea de identidad en todo mundo posible, aplicada tanto a los nombres propios como a los designadores comunes que remiten a propiedades esenciales. Así, por ejemplo, las especies naturales son casos en los que los correspondientes designadores son rígidos. De este modo, Kripke restablece una noción metafísica de necesidad, que se distingue de toda noción meramente epistémica, entendida como necesidad apriorística. En tal sentido, Kripke sostiene que hay verdades necesarias que son conocidas a posteriori, como ocurre con los casos de “agua es H_2O” o bien de “Héspero es Fósforo”, en los que ambos términos son nombres propios de Venus, por contraste con las correspondientes descripciones “la estrella matutina” y “la estrella vespertina”, que no son designadores rígidos. Inversamente, argumenta Kripke, hay verdades contingentes que se conocen a priori, como, por ejemplo, “el metro patrón de París tiene un metro de largo”, que es contingente, porque no vale en todo mundo posible, pero se conoce a priori, dada la convención que fija el correspondiente standard. Siguiendo a Kripke, tuvo lugar una suerte de renacimiento del esencialismo aristotélico en el ámbito de la ontología analítica; sobre todo, en la forma del tipo particular de concepción que se suele caracterizar por referencia a la tesis de la así llamada “dependencia sortal de la identidad”. Según dicha tesis, la identidad de un objeto está asociada al conjunto de las propiedades esenciales, por referencia a las cuales tiene lugar su identificación. Esa forma de identificación resulta básica respecto de cualquier otra posible. Así, para decirlo por medio de un ejemplo de origen aristotélico, cuando se dice que “lo blanco es culto”, lo que en verdad se quiere decir es que “la misma cosa que es blanca es culta”, y tal cosa a la que implícitamente se hace referencia debe poder ser identificada, ella misma, por medio de un correspondiente designador rígido, ya sea un término sortal (por ejemplo, “hombre”) o bien un nombre propio (por ejemplo, “Sócrates”). Entre los representantes más conocidos de este tipo de posición hay que mencionar, sin duda, a D. Wiggins, discípulo directo de Strawson.[9] Wiggins estudió filosofía griega y a Aristóteles, en particular, con G. E. L. Owen y tiene una clara conciencia del carácter básicamente aristotélico de su posición, de modo que remite constantemente a los escritos de Aristóteles. Como era de esperar, este tipo de concepción impactó fuertemente en la propia investigación aristotélica y dio lugar a diversos trabajos que buscan reconstruir la concepción metafísica de Aristóteles echando mano del instrumentario de la teoría de la dependencia sortal de la identidad.[10]

2.2. La ontología aristotélica y la tradición continental

También del lado de la tradición continental la presencia de Aristóteles en el debate ontológico es profusa, si se quiere, más aún que en el caso de la tradición analítica. Naturalmente, se podría mencionar una cantidad de autores que permanecen, de modo expreso, dentro de la tradición de la ontología aristotélica, en particular, en las variantes propias del neoescolasticismo. Pero, dado que en tales casos los aspectos de continuidad resultan obvios, prefiero referirme selectivamente a otras posiciones, si se quiere, más influyentes aún, en el debate del siglo XX como tal. Aquí sobresale, sin lugar a dudas, el nombre de M. Heidegger. Pero conviene hacer también alguna referencia a los casos de N. Hartmann y E. Husserl.

Como se sabe, en el desarrollo de su pensamiento, Hartmann evolucionó desde una posición neokantiana hacia una más próxima a la fenomenología. En dicho tránsito, la recuperación de algunas de las intuiciones aristotélicas, sobre todo en el ámbito de la teoría de las categorías, juega un papel fundamental. Hartmann abandona la idea del conocimiento como construcción o posición del objeto, tal como había sido elaborada, sobre todo, por H. Cohen. En su teoría del conocimiento, elaborada a comienzos de los años 20,[11] Hartmann asume que la relación de conocimiento es irreductible y presupone la referencia a aquello que está dado ya como existente (vorhanden). Posteriormente, en su ontología, publicada en cuatro tomos entre 1935 y 1950,[12] Hartmann desarrolla una concepción completa de las categorías, los diversos modos de ser y la modalidad. Hartmann concede “ser” o “existencia” (Dasein) tanto a lo real (Realität) como a lo ideal (Idealität) y piensa la complexión ontológica de todo lo existente como una articulación de dos momentos, que aparecen entrelazados de diversos modos, a saber: el “ser ahí” o “existencia” (Dasein), como tal, y el “ser así o asá” o, si se prefiere, el “ser tal o cual cosa” (Sosein). Así, Hartmann sigue, a su manera, la distinción tradicional, de origen aristotélico remoto, entre existencia y esencia, aunque evita la identificación tradicional de la existencia con lo real y la esencia con lo ideal, justamente, en la medida en que afirma la presencia de ambos momentos, Dasein y Sosein, en todo lo que es, sea real o ideal.[13] En cambio, en su teoría de la modalidad, Hartmann abandona el esquema tradicional aristotélico y se acerca a una posición del tipo de la megárica, en la medida en que rechaza que, en el ámbito de lo real, pueda haber posibilidades que permanezcan siempre inactualizadas. Sobre esa base, en el ámbito de las modalidades del ser, Hartmann invierte el esquema modal tradicional, de origen aristotélico (es decir, de la necesidad se sigue la realidad y de ésta, a su vez, la posibilidad), y asume, en cambio, el esquema megárico, opuesto al primero (es decir, de la posibilidad se sigue la realidad y de ésta, a su vez, la necesidad).[14] Frente a este giro de carácter determinista, algunos defensores del indeterminismo epistemológico y ontológico encontraron en el propio Aristóteles, y por la misma época, los puntos de partida necesarios para el desarrollo de lo que iba a ser una revolución en el ámbito de la lógica. Más concretamente, se trata del descubrimiento por parte del gran lógico polaco J. Łukasiewicz de la así llamada “lógica trivalente”, que opera con tres valores de verdad: verdadero, falso e indeterminado, frente a la lógica bivalente tradicional, que sólo conoce la alternativa entre lo verdadero y lo falso. Para el desarrollo de la trivalencia, Łukasiewicz se orientó a partir del famosísimo tratamiento aristotélico de los enunciados referidos a hechos futuros contingentes en el capítulo 9 del tratado De interpretatione. Łukasiewicz complementó su defensa del indeterminismo con una crítica radical al modo en el cual Aristóteles intenta establecer la validez irrestricta del Principio de (No) Contradicción.[15]

Que la influencia de Aristóteles en la fenomenología ha sido decisiva es cosa sabida, sobre todo, por causa del papel que su pensamiento ha jugado en los comienzos filosóficos de M. Heidegger. Mucho menos atención ha recibido, en cambio, la vertiente aristotélica operante en el pensamiento de Husserl, a pesar de que, sobre todo, en el ámbito de la lógica trascendental y la ontología formal su presencia y su importancia resultan, a mi modo de ver, innegables y decisivas. En el caso de Husserl, la presencia de dicha vertiente no parece derivar de una confrontación demasiado directa o intensiva con el pensamiento de Aristóteles, sino que constituye, más bien, el resultado de una apropiación creativa y una transformación consciente de algunos motivos centrales de la lógica y la ontología tradicionales, de cuño aristotélico. La apropiación de posiciones aristotélicas tiene lugar, en Husserl, sobre todo en conexión con el desarrollo de una teoría de las categorías y con el intento de reconstrucción genética de las formas lógicas elementales, tal como Husserl lo lleva a cabo en obras como Lógica formal y trascendental, de 1929, y Experiencia y juicio, de 1939.[16] Husserl otorga una relevancia ontológica fundamental para su proyecto de una ontología formal a la problemática de las formas lógicas, tal como las consideró la tradición, que son, en su forma básica y primaria, las formas del enunciado apofántico. Y lo hace así, porque considera que “apofántica formal” y “ontología formal” son disciplinas que se identifican por su objeto, aunque lo abordan desde diferentes respectos. Muchas veces se enfatiza, con razón, que Husserl está bajo la influencia de la tradición antipsicologista que, a través de Lotze, remonta a Bolzano, lo cual se pondría de manifiesto en su apropiación de la noción de “proposición en sí” (Satz an sich) y en su adopción de la idea de una ontología de los “estados de cosas” (Sachverhalte). Todo ello es cierto, sin duda. Pero demasiado a menudo se omite mencionar que, desde el punto de vista genético, Husserl no considera a los “estados de cosas”, que funcionan como correlatos de los juicios, como entidades ideales dadas, sin más, de antemano. Aquí la crítica del joven M. Scheler y otros autores es claramente errónea. Por el contrario, Husserl considera los “estados de cosas” como entidades categoriales de carácter derivado, cuya constitución puede explicarse por recurso a las correspondientes pre-estructuraciones configuradas de modo pasivo en el nivel de la receptividad sensible: las así llamadas “situaciones objetivas” (Sachlagen). Por lo mismo, Husserl no parte simplemente de proposiciones dadas de antemano, que luego son simplemente aseveradas o negadas o preguntadas, sino que intenta dar cuenta de su constitución originaria a partir de la experiencia antepredicativa. Y lo hace de modo tal que, en dicho intento de explicación, concede claramente la prioridad constitutiva, entre todas las demás formas categoriales, al juicio predicativo elemental de la forma S-P. En el tratamiento de Experiencia y juicio, tal intento de explicación genética se lleva a cabo bajo referencia expresa a la caracterización aristotélica del enunciado declarativo (lógos apophantikós) en términos de “composición” (sýnthesis) y “división” (diaíresis). Al igual que Heidegger, Husserl interpreta la fórmula “composición y división” como una fórmula unitaria que pretende dar cuenta de la estructura de todo enunciado de la forma S-P, con independencia de su cualidad de afirmativo o negativo, y no, según lo había hecho habitualmente la tradición, como una referencia a la oposición entre afirmación y negación.

Por último, hay que mencionar el caso de M. Heidegger, que en sus textos de referencia autobiográfica, como nadie ignora, ha identificado, una y otra vez, la concepción aristotélica del ser —tal como la conoció a través de C. Braig y, sobre todo, de F. Brentano— como el origen de la que sería la única pregunta que habría movido su pensamiento, desde los tiempos de colegio, en adelante: la pregunta por el sentido del ser. Ahora bien, hay motivos de sobra para dudar de la corrección de esta presentación autobiográfica, que parece diseñada a dar lugar a la estilización de la propia figura como un “pensador de un solo pensamiento”. A la luz de lo que hoy sabemos, la versión autobiográfica de Heidegger, en esta forma lineal, no se sostiene, pues hay un largo interregno de algo menos de diez años, en los cuales Heidegger se ha convertido en un convencido seguidor de Lotze, a través de Lask, y, como tal, ha abandonado la orientación aristotélica de la metafísica tradicional a partir de la noción de ser como hilo conductor de la problemática filosófica. En ese interregno, que abarca desde 1912 hasta 1919, por lo menos, Heidegger opera, en cambio, con el esquema lotziano de los dos hemisferios de todo lo pensable: el del “ser” (Sein), por un lado, y el del “valer” (Gelten), por el otro. Dicho de otro modo: Heidegger acepta en estos años las premisas fundamentales de la “lógica de la validez” (Geltungslogik) lotziana, a la que más tarde, ya en la época de Ser y tiempo (1927), criticará ferozmente, por valerse acríticamente de la noción de validez como si fuera una especie de comodín, que termina convirtiéndose en un “fetiche verbal”. De este modo, puede decirse que en algún momento, a comienzos o mediados de los años veinte, Heidegger recupera la orientación tradicional a partir de la noción de ser, en la cual ve ahora, sobre todo, un potencial crítico: la lógica antipsicologista de cuño lotziano recae acríticamente en el platonismo, sin preguntarse por el sentido de ser de la idealidad. Por ende, piensa ahora Heidegger, para aclarar el tan debatido problema del “ser del sentido”, que mantiene en vilo la discusión entre psicologismo y antipsicologismo en el ámbito de la filosofía de la lógica, resulta imprescindible plantear primero la pregunta por “el sentido del ser”.

Así, en los años de gestación de Ser y tiempo, su obra principal y una de las dos o tres más importantes de todo el siglo XX, Heidegger recupera, en un contexto de reflexión nuevo y mucho más elaborado, la conexión de base con el planteo aristotélico de la problemática filosófica, que había marcado sus intereses ya desde los tiempos de colegio. Y es un hecho innegable que, en las lecciones dictadas en los años veinte, que coinciden con la fase de gestación de Ser y tiempo, Aristóteles vuelve a ser la figura omnipresente y completamente dominante en la reflexión heideggeriana.[17] En esta nueva confrontación con Aristóteles, la temática ontológica queda vinculada, además, con una apropiación transformadora, de carácter ontologizante, de las estructuras subyacentes a la filosofía práctica aristotélica, leídas en clave de lo que en Ser y tiempo se presenta como una ontología fundamental. Se trata, más precisamente, de la búsqueda de un repertorio categorial específico para dar cuenta de la absoluta peculiaridad ontológica de la existencia humana, dejando completamente a un lado, a la hora de intentar interpretar el ser del tipo de ente que somos nosotros mismos, el repertorio de categorías cósicas con las que operó, de hecho, la ontología tradicional, al dar por supuesta su aplicabilidad universal. Dentro de este nuevo proyecto filosófico, el Aristóteles filósofo de la vida y la sabiduría práctica (phrónesis) es leído por Heidegger como alternativa ontológica liberadora, frente al Aristóteles esclerosado de la tradición filosófica, es decir, frente al Aristóteles que quedó reducido al rango de mero filósofo de la sustancia.

3. LA PRESENCIA DEL ARISTÓTELES PRÁCTICO

Aunque su presencia en el debate lógico y ontológico del siglo XX ha sido muy amplia, es probablemente en el ámbito de la filosofía práctica donde el pensamiento de Aristóteles ha tenido mayor protagonismo. Tanto en la teoría y la psicología de la acción como en la ética y la filosofía política, Aristóteles ha jugado un papel destacadísimo, y de modo comparable tanto en el ámbito analítico como en el continental. Puede decirse que, en cierta medida, el Aristóteles práctico es un patrimonio compartido de todas las tradiciones filosóficas dominantes, aunque, naturalmente, el modo de apropiarse de su pensamiento pueda ser, en cada caso, muy divergente, en ocasiones, incluso opuesto. Por lo mismo, se podría abundar aquí en un conjunto muy amplio de consideraciones, pero me restringiré, una vez más, a algunos aspectos que me parecen especialmente destacables. Y lo haré, sobre todo, desde el punto de vista que corresponde a la teoría de la acción y la teoría de la racionalidad práctica, pues se trata de un ámbito temático en el cual la presencia de Aristóteles ha sido especialmente relevante en tiempos recientes, pero que no siempre resulta muy conocido para el público no especializado. No entraré específicamente, en cambio, en el campo de la ética y la filosofía política. Por caso, no haré alusión a la defensa de una concepción aristotélica de la virtud, la racionalidad y la política como la que lleva a cabo el llamado “comunitarismo”, ni a las influyentes concepciones elaboradas por sus representantes más aristotelizantes, tales como A. McIntyre.[18]

3.1. El Aristóteles práctico y la filosofía analítica de la acción

No es exagerado decir que no pocos de los representantes más importantes de la filosofía analítica de la acción y la teoría analítica de la racionalidad práctica pueden ser considerados continuadores de la concepción aristotélica. Para avalar este aserto, se puede mencionar nombres como los de G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright, A. Kenny y D. Davidson, entre otros. Para dar cuenta del protagonismo que adquirió Aristóteles en este particular ámbito temático, se puede hacer referencia a dos aspectos principales, a saber: por un lado, la concepción de la acción intencional y, por otro, la teoría del razonamiento práctico.

En lo concerniente a la acción intencional, hay que mencionar, sobre todo, la concepción elaborada por Anscombe en su clásica monografía dedicada a la noción de intención.[19] De la concepción presentada en esta obra, de concisión y poder analítico igualmente admirables, el propio Davidson ha dicho que constituía, al momento de su aparición, el tratamiento de la acción más importante desde Aristóteles. Pero se trata, además, de un tratamiento que presenta una combinación altamente creativa de motivos aristotélicos y wittgensteinianos. La noción de acción intencional, como un acto que se elige y lleva a cabo bajo una cierta descripción, la cual contiene una referencia a los motivos del agente, recoge algunos de los principales elementos de la concepción aristotélica de la acción, como una articulación de sentido dotada de estructura teleológica, y de la proaíresis como una capacidad de elección o decisión, deliberativamente mediada, de determinados medios (acción) con vistas a un cierto fin que se desea alcanzar. El aspecto wittgensteiniano de la concepción de Anscombe se revela, entre otras cosas, en su rechazo de la posibilidad de tratar los estados disposicionales que dan cuenta de los motivos de la acción (es decir, deseos, preferencias, intenciones) como causas de la acción que tiene lugar en correspondencia con ellos. De hecho, Anscombe distingue nítidamente —entre las posibles respuestas a la pregunta “por qué” referida a acciones— las respuestas que aluden a causas (causes), como se dan en el caso de acciones no intencionales (por ejemplo, volcar la taza de café), por un lado, y las que aluden a razones (reasons), que son las propias de las acciones intencionales, por el otro. Según esto, las razones no cuentan como causas. Por su parte, Davidson en un famoso ensayo sobre el tema,[20] reacciona contra esta última tesis y sostiene que la explicación por referencia a razones, vale decir, la racionalización, debe verse como una especie peculiar de explicación causal. Con esto, a mi juicio, Davidson profundiza los rasgos aristotélicos de su concepción de la acción, distanciándose de la ortodoxia wittgensteiniana, pues también Aristóteles concibe los estados disposicionales que explican la acción como sus causas primarias. La diferencia con Aristóteles estriba, sin embargo, en el modo en el cual Davidson entiende la causalidad como tal, ya que en este punto su concepción se aproxima mucho más al modelo de D. Hume.

En lo que concierne al razonamiento práctico, y a la hora de explicar la estructura de la motivación de la acción, tanto Anscombe como Davidson recurren a la concepción aristotélica del así llamado “silogismo práctico”. Pero también lo hacen, de diversos modos, Von Wright[21] y Kenny[22]. La recepción de la concepción aristotélica del silogismo práctico es compleja, profusa y bastante confusa, porque se suelen superponer aquí cosas muy diferentes: el genuino silogismo práctico, el que yo llamo silogismo deliberativo, y el especial caso de silogismo deliberativo que es el silogismo técnico, que Kenny estudia en detalle. La distinción entre silogismo práctico y silogismo deliberativo —que me parece crucial— no siempre se toma en cuenta debidamente, lo cual acarrea múltiples confusiones, entre otras cosas, con respecto al estatuto de la conclusión del silogismo práctico, de la cual Aristóteles afirma, reiteradamente, que es la acción misma, y no una proposición o un enunciado sobre la acción. Pero, como quiera que sea, el aporte de la concepción aristotélica, tanto para la teoría del razonamiento práctico (es decir, la teoría de la deliberación) como para la teoría relativa a la motivación y la producción de la acción (es decir, el silogismo práctico como tal), es crucial y contiene hallazgos de valor permanente, desde el punto de vista sistemático. También en el ámbito específico de la teoría de la racionalidad práctica, los aportes de la concepción aristotélica han probado su valor permanente. Baste con mencionar la enorme influencia que la concepción aristotélica ha tenido sobre la discusión de fenómenos centrales, tales como los vinculados con la irracionalidad interna y, en particular, la acción incontinente.[23]

3.2. El Aristóteles práctico en la tradición continental

La inflexión de la recepción analítica de la concepción aristotélica de la acción intencional y el razonamiento práctico apunta predominantemente “hacia abajo”; vale decir, tiene la mira fundamentalmente en la caracterización de la acción intencional individual y la explicación de su producción. Hace menos énfasis, en cambio, en las condiciones que dan cuenta de la inserción de toda acción particular y todo razonamiento práctico particular en un contexto más amplio de comprensión, que en último término posee un carácter tendencialmente totalizador. La excepción ha sido aquí, hasta cierto punto, Davidson, quien en el desarrollo de su concepción de la acción, el lenguaje y la interpretación fue acentuando de modo cada vez más marcado los aspectos de carácter holístico. Con ello, Davidson fue aproximándose de hecho, como él mismo lo reconoció posteriormente, al punto de vista más característico de las teorías hermenéuticas de la racionalidad, en particular, la elaborada por Gadamer. En tal sentido, el punto de partida de la recepción del Aristóteles práctico en la tradición hermenéutica continental fue, en cierto modo, el inverso: en el centro de la mira estuvo aquí, desde un comienzo, el carácter totalizador del acceso comprensivo que el agente tiene al mundo y a sí mismo, precisamente, en la medida en que puede contar como un genuino agente, esto es, como sujeto de praxis. Esta peculiar inflexión de la recepción hermenéutica del Aristóteles práctico en la tradición continental viene determinada fundamentalmente, como nadie ignora, por la concepción elaborada por Heidegger, cuya influencia ha sido aquí, como en muchos otros aspectos, completamente decisiva, ya sea para bien o para mal. La línea que va del propio Heidegger hasta autores tales como P. Ricoeur, R. Rorty, Ch. Taylor —estos últimos dos “continentales” en sede analítica, puede decirse— y G. Vattimo, pasando por el propio Gadamer, ha gozado de una influencia enorme en las últimas décadas del siglo XX. La recepción heideggeriana de Aristóteles ha tenido aquí, sin lugar a dudas, un papel decisivo como desencadenante de una amplia gama de desarrollos filosóficos independientes. Es imposible abordar aquí todo esto, siquiera de modo sumario. Me limito, pues, tan sólo a un par de breves observaciones sobre los casos del propio Heidegger, primero, y de Gadamer y Ricoeur, luego.

En el caso de Heidegger, ya he mencionado los trabajos pioneros de Franco Volpi, quien abrió toda una vía de investigación centrada en la cuestión del papel que juega la apropiación transformadora de Aristóteles por parte de Heidegger en el proceso de elaboración de la posición filosófica presentada en Ser y tiempo. En su libro de 1984,[24] Volpi enfocaba la cuestión de la relación de Heidegger con Aristóteles todavía de un modo más general, que recogía, en cierto modo, la propia insistencia de Heidegger en la cuestión del ser como factor de continuidad de su pensamiento con la tradición filosófica. En cierto modo, el libro de 1984 continuaba la línea de trabajo abierta en la investigación de 1976 sobre Heidegger y Brentano.[25] En cambio, en una serie de brillantes trabajos publicados con posterioridad a la aparición del libro de 1984, lo que Volpi pone en el centro de la atención es, más bien, el modo en el cual Heidegger se apropia de la filosofía práctica de Aristóteles, por vía de una operación hermenéutica que lleva a cabo una radical ontologización de las estructuras de la vida humana tematizadas por Aristóteles, poniéndola así al servicio de su propia concepción, tal como ésta cristaliza en Ser y tiempo, bajo la forma de una “ontología fundamental”.[26] Como nadie ignora, ambos temas, la cuestión del ser y la ontología de la vida humana, están, en Heidegger, intrínsecamente conectados, en la medida en que, en su diagnóstico acerca del desarrollo de la metafísica occidental, Heidegger asume y denuncia la radical inadecuación del repertorio tradicional de categorías, tomado de la ontología de la sustancia, para hacer justicia, en el plano de la interpretación ontológica, a la peculiar constitución de ser del ente que somos nosotros mismos, es decir, el Dasein, en el vocabulario de Ser y tiempo. Así, la búsqueda de un repertorio específico de categorías de la vida, tomando como guía la filosofía práctica aristotélica, constituye un caso ejemplar de un tipo de operación hermenéutica que caracteriza el modo habitual en el que Heidegger dialoga con la tradición filosófica, y que en el caso de Aristóteles puede describirse del siguiente modo: con Aristóteles contra Aristóteles, es decir, con el Aristóteles posible, el filósofo de la vida humana y de la sabiduría práctica que advierte la imposibilidad de reducir la vida humana al ámbito de la ontología de cosas, contra el Aristóteles realmente existente, el Aristóteles de la tradición metafísica, es decir, el filósofo de la sustancia, que elabora por primera vez un repertorio categorial que, posteriormente esclerosado y traspuesto por vía de generalización, conduce finalmente, a través de una larguísima y enrevesada historia de recepción, al estrechamiento y la nivelación de la idea del ser que imperan en la “ontología de la presencia”. Frente a esto, a juicio de Heidegger, es justamente el Aristóteles práctico el que, leído en clave ontológico-fundamental, abre, en cambio, nuevas posibilidades al pensar que busca liberar a la idea del ser de tal estrechamiento y tal nivelación. Así, por ejemplo, la recepción heideggeriana de la phrónesis aristotélica, en términos de una teoría radicalizada de la (auto)comprensión, permite poner de manifiesto que el comprender(se) constituye un rasgo constitutivo del existir, dotado de un carácter anticipativo-totalizador y, a la vez, esencialmente autorreferencial. En todas sus posibles formas de realización mundana, el “tener que ver con el ente” presupone, por fuerza, como una suerte de reverso estructural el “hacerse cargo de sí (de cierto modo)” por parte del “sujeto” de dicha experiencia. Es, pues, en su carácter intrínsecamente autorreferencial donde Heidegger identifica el rasgo definitorio de lo que Aristóteles entiende como praxis, en el sentido más propio del término. Este notable acierto interpretativo explica, en buena medida, que la concepción aristotélica, sobre todo, a través de la propia recepción heideggeriana, haya podido tener un impacto enorme sobre toda una variedad de posiciones contemporáneas que intentan dar cuenta de los rasgos diferenciales de la genuina agencia.

Por su parte, Gadamer, como nadie ignora, continúa de modo expreso la concepción de la comprensión elaborada por Heidegger, pero lo hace de un modo marcadamente creativo, que se caracteriza por la introducción de una serie de motivos de carácter, por así decir, moderador. Gadamer retiene la idea heideggeriana según la cual la comprensión es un rasgo constitutivo del existir, y no un fenómeno particular vinculado con determinado tipo de actividad práctico-mundana o, menos aún, con un tipo específico de acceso científico al mundo, por caso, el propio de las Ciencias del Espíritu, al modo en el que las entendió la tradición que remonta a Dilthey y Schleiermacher. Al mismo tiempo, Gadamer mantiene también la tesis del carácter anticipativo-totalizador y también esencialmente autorreferencial de toda comprensión. Pero, dentro de su propia elaboración de una concepción general de la comprensión, Gadamer lleva a cabo también, de modo expreso, una rehabilitación de la relevancia hermenéutica de Aristóteles; en particular, de la idea aristotélica de la phrónesis, la “prudencia” o “sabiduría práctica”, en la cual Gadamer identifica una forma de racionalidad que pone en el centro del interés los aspectos vinculados con las condiciones que posibilitan las prestaciones de interpretación y aplicación que subyacen al trato comprensivo con el ámbito de lo particular.[27] Como se sabe, esta recuperación hermenéutica de la phrónesis aristotélica por parte de Gadamer proporcionó uno de los puntos de partida fundamentales al amplio movimiento de la así llamada “rehabilitación de la filosofía práctica” (Rehabilitierung der praktischen Philosophie), que dominó la escena filosófica alemana a comienzos de los setenta y se extendió luego a otros países, especialmente a Italia, entre otras cosas, gracias a la tarea de mediación llevada a cabo por el propio Franco Volpi.

Finalmente, una muy breve referencia al caso de Ricoeur. Ya en la concepción hermenéutica de la acción como texto que Ricoeur elabora en la fase más temprana de su producción filosófica independiente, la importancia de la concepción aristotélica, reconocida también a través de la mediación de Heidegger y Gadamer, resulta notoria.[28] Pero es especialmente en la concepción presentada en el primer volumen de la monumental obra Tiempo y relato donde la recepción de la poética aristotélica adquiere, junto a la recepción de San Agustín, un protagonismo central.[29] Aquí, la caracterización aristotélica de la representación trágica como “imitación que recrea la vida”, es decir, como mímesis de la praxis, queda puesta al servicio de la elaboración de una concepción del sí mismo y la apropiación comprensiva de sí que pone en el centro de la atención el motivo de la así llamada “unidad narrativa de la vida”. La concepción narrativa de la identidad elaborada por Ricoeur ha tenido, como se sabe, una enorme influencia, que desborda con mucho el ámbito de la discusión filosófica, para penetrar en el de disciplinas tales como la crítica literaria y la psicología. Su difusión constituye, al mismo tiempo, un documento más de la inagotable productividad de motivos básicos procedentes del pensamiento de Aristóteles.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

A pesar del carácter altamente parcial y selectivo del panorama que he procurado ofrecer, espero que el lector pueda formarse a partir de él una idea aproximada de la medida en la que el pensamiento de Aristóteles ha estado, presente, de diversos modos, en el centro mismo de la escena, en buena parte de los desarrollos y los debates más característicos de la filosofía actual, en particular, tal como ésta se desarrolló a lo largo del siglo XX. Como nadie ignora, los enfrentamientos de escuelas o estilos y, en particular, la en ocasiones enconada polémica entre analíticos y continentales determinaron en buena medida el tono, a menudo hostil, en el cual se desarrolló la filosofía de la época. Pese a ello, el pensamiento de Aristóteles estuvo en condiciones de interpelar a muchos de los representantes más connotados de posiciones que, en sus variantes más extremas, se presentaban como carentes de todo punto de contacto y, por lo mismo, incapaces de entrar en un diálogo productivo.

En el contexto de un enfrentamiento tan agudizado, justamente la referencia compartida al pensamiento de Aristóteles ha podido abrir no pocos caminos de cooperación que contribuyeron a la paulatina superación de los prejuicios. En efecto, la investigación especializada del pensamiento de Aristóteles fue, desde la segunda mitad del siglo XX, un ámbito de convergencia de pensadores procedentes de diversas tradiciones, no sólo la analítica y la continental, sino que también la escolástica. En el ámbito de la teoría de la acción, la teoría de la racionalidad y la hermenéutica se han dado también, como se vio, desarrollos comparables. Y hay buenas razones para sostener que también aquí Aristóteles ha jugado un papel mediador muy importante en la apertura de posibles vías de convergencia. El impresionante vigor de su pensamiento no sólo ha soportado la prueba del tiempo, sino que, en rigor, hay que decir sólo ha podido desplegarse plenamente gracias a ella, en el curso de una historia que lleva ya más de 2.400 años. Y nada hace pensar que esa historia de productividad poco menos que inigualable, si se excluye el caso de su maestro Platón, vaya a quedar finalmente interrumpida en un futuro cercano.

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1 Para el redescubrimiento de Aristóteles en el siglo XIX, ver la colección de ensayos publicada en D. Thouard (editor), Aristote au XIXe siècle (Villenueve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2004). Los trabajos reunidos revelan, además, el papel que juega Aristóteles como punto de referencia e interlocutor de autores tan diversos como Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Dilthey y Comte, entre otros.

2 Una excepción es el caso de E. Lask, otro de los autores que influyeron decisivamente en el joven Heidegger. Para la recepción laskiana de Aristóteles, me permito remitir a la reconstrucción en A. G. Vigo, “Hylemorphisme trascendental et alétheiologie. La présence d’Aristote dans la théorie des cátegories et du jugement de Emil Lask”, en Thouard, Aristote au XIXe siècle, 327-351.

3 Compárese H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Tübingen: Mohr, 1960), 260 y ss.

4 Para una muy buena presentación de conjunto de los principales momentos de la presencia de Aristóteles en el siglo XX, puede verse E. Berti, Aristotele nel Novecento (Roma-Bari: Laterza, 1992).

5 Para la polémica entre ambos autores, ver B. Russell, “On Denoting”, Mind 14, n.º 56 (1905); B. Russell, “Mr. Strawson on Referring”, Mind 64, n.º 263 (1957); y P. Strawson, “On Referring”, Mind 59, n.º 235 (1950).

6 Ver el libro de 1959 de P. Strawson, Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics (Londres y Nueva York: Routledge, 1996), 9 y ss. Para el tratamiento de la estructura S-P, ver, en la misma obra, 137-179.

7 Para la interpretación de Kant por parte de Strawson, ver, de 1966, The Bounds of Sense. An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason (Londres y Nueva York: Routledge, 2006).

8 Ver de S. A. Kripke, Naming and Necessity (Cambridge: Harvard University Press, 2001), originalmente publicado en 1972.

9 Ver D. Wiggins, Identity and Spacio-Temporal Continuity (Oxford: Blackwell, 1967); Sameness and Substance (Oxford: Blackwell, 1980), y su segunda edición renovada (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

10 A este respecto, se puede citar, entre otras, la obra de C. Rapp, Identität, Persistenz und Substantialität. Untersuchung zum Verhältnis von sortalen Termen und Aristotelischer Substanz (Freiburg y München: Alber, 1996). Ver también M. Th. Liske, Aristoteles und der aristotelische Essentialismus. Individuum, Art, Gattung (Freiburg y München: Alber, 1985);

11 Ver N. Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis (Berlín: Walter de Gruyter, 1965), original de 1921.

12 Ver N. Hartmann, Ontologie, 4. vols. (Berlín: Walter de Gruyter, 1935-1950).

13 Ver N. Hartmann, Ontologie, vol. I: Grundlegung der Ontologie (Berlín: Walter de Gruyter, 1935), en especial los capítulos 18 y 19.

14 Ver N. Hartmann, Ontologie, vol. II: Möglichkeit und Wirklichkeit (Berlín: Walter de Gruyter, 1938), en especial los capítulos 12 a 14.

15 Por otra parte, Łukasiewicz desarrolló la primera reconstrucción de la silogística aristotélica que satisface las exigencias de la actual lógica formal, la cual incluye, además, un tratamiento crítico de la silogística modal. Para una breve presentación de la ocupación de Łukasiewicz con Aristóteles, me permito remitir a A. G. Vigo, “Jan Łukasiewicz y la lógica aristotélica”, en Sobre el Principio de Contradicción en Aristóteles, de J. Łukasiewicz, traducción al español de R. Rovira (Madrid: Encuentro, 2015), 5-19.

16 Ver E. Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (1929), en Husserliana vol. XVII, editado por P. Janssen (La Haya: Kluwer, 1974); y Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik (1939), editado por L. Landgrebe (Hamburgo: Meiner, 1985).

17 Para el papel que juega la confrontación con el pensamiento de Aristóteles en los años de gestación de Ser y tiempo, hay que remitir a los trabajos pioneros de Franco Volpi. Ver, en particular, el libro Heidegger e Aristotele (Padova: Daphne Editrice, 1984), al que se suma toda una serie de otros trabajos dedicados a aspectos de detalle. La línea de investigación abierta originalmente por Volpi ha sido seguida posteriormente por una legión de intérpretes del pensamiento de Heidegger.

18 Ver especialmente A. McIntyre, After Virtue (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), original de 1981; Whose Justice? Which Rationality? (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1988); y Three Rival Versions of Moral Inquiry. Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1990).

19 Ver G. E. M. Anscombe, Intention (Oxford: Blackwell, 1963).

20 Ver D. Davidson, “Actions, Reasons and Causes” (1963), en Essays on Actions and Events (Oxford: Clarendon Press, 1980), 3-19.

21 Ver especialmente G. H. von Wright, “Practical Inference” (1963) y “On the so-called Practical Inference” (1972), en Practical Reason. Philosophical Papers I (Oxford: Blackwell, 1983), 1-17 y 18-35, respectivamente. En el libro de 1971, Explanation and Understanding (Ithaca: Cornell University Press, 2004), Von Wright desarrolla una concepción metodológica de las ciencias humanas basada en su propia teoría de la inferencia práctica.

22 Ver A. Kenny, Action, Emotion, and Will (Londres y Nueva York: Routledge, 2003); y Aristotle’s Theory of the Will (New Haven: Yale University Press, 1979).

23 En este punto, baste con remitir, a título de ejemplo, a las contribuciones de autores como el propio D. Davidson y A. Mele. En particular, ver D. Davidson, “How is Weakness of the Will Possible?” (1979), en Essays on Actions and Events, de D. Davidson (Oxford: Clarendon Press, 1980), 21-42; y A. Mele, Irrationality. An Essay on Akrasia, Self-Deception, and Self-Control (Oxford: Oxford University Press, 1987).

24 Ver nota 17.

25 Ver F. Volpi, Heidegger e Brentano. L’aristotelismo e il problema de la univocità dell’essere nella formazione filosofica del giovane Martin Heidegger (Padova: Daphne Editrice, 1976).

26 Ver, entre otros, F. Volpi, “Dasein comme praxis”, en “Dasein comme praxis. L’assimilation et la radicalization heideggerienne de la philosophie pratique d’Aristote”, a su vez en Heidegger et l’idée de la phénoménologie, de AA.VV (Dordrecht, Boston y Londres: Kluwer, 1988), 1-41; “Sein und Zeit: Homologien zur Nikomachischen Ethik”, Philosophisches Jahrbuch 96 (1989): 225-240; y “¿Es posible aún una ética? Heidegger y la filosofía práctica”, Seminarios de Filosofía 9 (1996): 45-73.

27 Ver Gadamer, Wahrheit und Methode, en particular: “Zweiter Teil”, capítulo 2, Ab. 2: “Wiedergewinnung des hermeneutischen Grundproblems” (“Recuperación del problema hermenéutico fundamental”), cuyo apartado b) se titula: “Die hermeneutische Aktualität des Aristoteles” (“La actualidad hermenéutica de Aristóteles”).

28 A este respecto, ver P. Ricoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II (París: Ed. Du Seuil, 1986), que reúne ensayos de los años setenta y comienzos de los ochenta.

29 Ver P. Ricoeur, Temps et récit, vol. I: L’intrigue et le récit historique (París: Ed. Du Seuil, 1983), especialmente “Premiére partie”, capítulo 2: “La mise en intrigue. Une lecture de la Poétique d’Aristote”.

ENSAYO

CHILOÉ, EL LABERINTO DESCONOCIDO

Juan Manuel Vial

Crítico literario

Juan Manuel Vial. Periodista, crítico literario y traductor. Columnista de La Tercera. Email: vialjuanmanuel@gmail.com.

Resumen: El interés que en los últimos años ha despertado Chiloé entre los chilenos del continente se restringe al turismo, a cierta visión folclorizante y a eventuales apariciones del archipiélago en la coyuntura noticiosa. Pero, en rigor, es poco lo que sabemos de la singular historia de una zona descrita por Benjamín Subercaseaux como “un extraordinario laberinto”. Este ensayo sondea algunas memorias y fuentes literarias con el fin de mitigar, en parte al menos, el desconocimiento que envuelve a Chiloé.

Palabras clave: Chiloé, John Byron, Benjamín Subercaseaux, Recta Provincia, brujos, finis terrae.

CHILOE, THE UNDISCOVERED LABYRINTH

Abstract: The attention paid by the inhabitants of continental Chile to Chiloe in recent years has been confined to tourism, a vague interest in its folklore and occasional stories about the archipelago in the media. Really, though, we know very little about the remarkable history of an area described by Benjamín Subercaseaux as “an extraordinary labyrinth”. This essay explores some memories and literary sources with a view to alleviating, at least in part, the ignorance surrounding Chiloe.

Keywords: Chiloe, John Byron, Benjamín Subercaseaux, Recta Provincia, sorcerers, finis terrae.

Sospecho que la efímera actualidad que cobró Chiloé en la prensa nacional a mediados de 2016 no bastó para que los norteños nos interesáramos mayormente por un territorio que a lo lejos se percibe ajeno, misterioso o, en el mejor de los casos, folclorizado a más no poder. Lo que ocurra o deje de ocurrir en Chiloé —o lo que históricamente ha ocurrido con el transcurso de los siglos— nos tiene sin mayor cuidado. Pero hace dos años, la Isla Grande de Chiloé ardía en llamas. Todo comenzó un 1 de mayo con una serie de protestas sociales que mantuvieron a los chilotes en pie de guerra por casi tres semanas. Los manifestantes le exigían al gobierno medidas de socorro ante la inusual persistencia de la marea roja, un envenenamiento natural de moluscos que puede ser mortal para el hombre y que, en rigor, no es ni marea ni roja. Las imágenes que generó el fenómeno tóxico, considerado el peor de la historia, fueron en muchos sentidos apocalípticas: la estatua de la Pincoya ubicada al centro de la plaza de Castro apareció cubierta de pintura negra, los caminos quedaron cortados por innumerables barricadas ardientes y el desabastecimiento llegó a ser algo más que una amenaza. Millones de machas (Mesodesma donacium) vararon a lo largo de seis kilómetros de costa y salió a la luz un hecho que alertó a los medioambientalistas, y, de paso, esbozó el rostro de un culpable ante la violencia de la marea roja: en marzo de 2016, las autoridades navales dieron autorización para que algunos productores de salmón se deshicieran de nueve mil toneladas de pescados muertos en el mar de Chiloé. Dentro del imaginario colectivo, los desechos —podridos y contaminados con químicos— pasaron a ser los causantes de la feroz irrupción de la marea roja. Por su parte, la industria salmonera, que por tres décadas ha sido una fuerte proveedora de empleos en la región, venía pagando desde hacía un tiempo el precio de la codicia: muchas plantas han cerrado sus faenas debido a la sobreexplotación y cualquiera que haya navegado por la zona en los últimos 20 años —la belleza de los mares de Chiloé es reconocida por los veleristas de todo el mundo— ha podido comprobar que la depredación del paisaje chilote es en buena medida culpa suya. Las jaulas de salmones abandonadas son un peligro constante para quienes surcan esas aguas y una evidencia ostentosa de la explotación irresponsable.

Hace dos años, entonces, por medio de los encendidos reportes que varias veces al día transmitían los noticieros de televisión, los santiaguinos volvimos a oír de Chiloé. ¿Habremos entendido realmente algo de lo que allá ocurría? No olvidemos que esa misma televisión nos ha venido entregando por décadas una versión dislocada del archipiélago. Es lo que sostienen, valiéndose de cierta tarabilla, Mauricio Marino y Cipriano Osorio en Juicio a los brujos de Chiloé, libro en el que ya me detendré con mayor detalle:

Si observamos, por ejemplo, los canales nacionales de televisión, podemos constatar en forma reiterada la folclorización exótica de la sociedad y cultura chilota. Desde las telenovelas de ficción hasta las presentaciones estereotipadas de la música insular para la exportación; se muestra un Chiloé fantástico, lleno de magia en un contexto de vida apacible, tranquila, con aires tradicionales y costumbristas que de seguro a cualquier persona (que lo ve por televisión) lo “atrapa”, al punto que tiene ganas de conocerlo. Es una burda distorsión fuera de contexto que se ha hecho de la cultura insular, la “vedette cultural” de los últimos años; para satisfacer el deseo de conocer lo exótico, autóctono, místico, folclórico, etc. que muestra la televisión. Y si visitan Chiloé (turisteando), promovido por la televisión y el turismo, esperan que alguna familia chilota los invite a un curanto típico (como en la “tele”). Y lo máximo del folclorismo exótico sería tener la suerte de ver al Camahueto o acercarse y conocer alguna experiencia con brujos. Ni siquiera se muestra algún aspecto de la realidad con todos sus ingredientes. Pareciera que en Chiloé no hay problemas, no hay conflictos sociales, económicos, de identidad. Pareciera que en esta sociedad no hay necesidades, demandas, injusticia, explotación, discriminación, etc. Entonces: ¿de qué cultura chilota hablamos?, ¿la que nos muestra la televisión?, ¿aquella que recorremos “con aires mágicos”, como turistas? No cabe duda alguna de que avanzamos en la dominación sobre Chiloé consumiendo esta “puesta en escena recortada”, ya sea virtual o físicamente, a lo cual el isleño debe responder porque su situación de dependencia y dominado no le ofrece muchas alternativas.[1]

En Chile o una loca geografía, aquel libro provocador, cómico, inteligente, que fue publicado en 1940 y reeditado sucesivamente a lo largo de décadas, Benjamín Subercaseaux se admira de que Chiloé sea un lugar desconocido para los chilenos, quienes, “al avanzar hacia el sur y colonizar tan apartadas regiones como Aysén, Chile Chico, Última Esperanza y hasta la misma isla de Navarino, en el Beagle, olvidaron que, a un paso de Puerto Montt, se extendía una isla inmensa y casi virgen”.[2] Subercaseaux no ahonda en el hecho de que algunos de los confines que menciona fueron colonizados precisamente por nativos de Chiloé, pero su autoridad en cuanto a temas chilotes no flaquea por ello, ya que no sólo vivió en la Isla Grande (coincidentemente, parte de Chile o una loca geografía fue escrita en Tenaún, a unos cuarenta kilómetros de Dalcahue, en una casona imponente que hace poco fue rescatada de la ruina), sino que además navegó esos mares en su propio yate, y ésa, basta ojear un mapa para entender por qué, es la mejor manera de recorrer latitudes en las que “el geógrafo más notable no podrá retener ni siquiera una parte de este extraordinario laberinto”.[3] Nomás cruzar el canal de Chacao, advierte Subercaseaux, uno deja atrás “ese Chile tradicional y su modorra irresponsable”: por delante está “la tierra heroica, aquella que recibió más barcos exploradores que ninguna otra en el mundo”.[4]

El escritor estima que el desdén de los continentales por el archipiélago viene de antiguo, partiendo por los propios conquistadores, que miraron con sospecha esa tierra de bosques cerrados y amenazantes: “España no es un país arbolado ni gustan los españoles de esas complicaciones. Prefirieron, pues, el Chile central y llano”.[5] No obstante, entre los que se animaron a cruzar el canal de Chacao figuró nada menos que Alonso de Ercilla, “el primer poeta joven de Chile” según el decir de Enrique Lihn. A mediados del siglo XVI, Ercilla talló en un árbol parte de su experiencia chilota, o al menos es lo que asegura en unos famosos versos de La Araucana:

Pero yo, por cumplir el apetito,

que era poner el pie más adelante,

fingiendo que marcaba aquel distrito,

cosa al descubridor siempre importante,

corrí una media milla, do un escrito

quise dejar para señal bastante;

y en el tronco que vi de más grandeza

escribí con un cuchillo en la corteza:

Aquí llegó, donde otro no ha llegado,

don Alonso de Ercilla, que el primero,

en un pequeño barco deslastrado,

con solo diez pasó el desaguadero,

el año de cincuenta y ocho entrado

sobre mil quinientos, por febrero,

a las dos de la tarde, al postrer día,

volviendo a la dejada compañía.[6]

Cuatro siglos más tarde, otros dos poetas jóvenes, montados esta vez sobre sus correspondientes mampatos, cabalgaban por Chiloé en el mismo mes que lo hizo Ercilla. Así lo cuenta Luis Oyarzún en Diario íntimo:

Me asalta una visión de hace cinco años [1945]. Iba una tarde de febrero con Nicanor Parra en un paseo a caballo por Cucao, al oeste de la Isla Grande de Chiloé, y subíamos por un caminillo entre unos espesos bosques. Había llovido continuamente los días anteriores y el aire era impecable. Nos envolvía el olor de la madera viva y de las hojas que se pudrían en el suelo espeso. De pronto llegamos a la cumbre de la colina y vimos una pequeña bahía de mar tranquilo enmarcada por la selva, como un lago. Permanecimos un rato admirados y a mí me hizo bien contemplar esas dulces aguas después de haber visto y escuchado a las desgarradas olas que cubren de espuma a las rocas en forma de ídolos enormes de la gran playa cubierta de pangues inmensos, de tallos animales, amoratados.[7]

Subercaseaux fue un tipo dado a la libre especulación, en parte gracias al entrenamiento como psicólogo, antropólogo y sociólogo que adquirió de joven en La Sorbonne. No ha de extrañar que, por lo mismo, arriesgue una hipótesis acerca del origen del mampato, teoría que suena bastante sensata: “Las pobres cabalgaduras, ellas, se fueron a nado por esas aguas heladas. Tal vez por eso los caballos chilotes se quedaron tan pequeños y ateridos”.[8] Para establecerse en Chiloé, continúa,

…los españoles pusieron en práctica su viejo sistema del despojo y del menor esfuerzo, propio de visigodos y germanos, apropiándose de los pocos terrenos clareados que los indios cultivaban (…). Allí vegetaron, sin avanzar al interior, vecinos al mar, que es llano y generoso en alimentos. Sólo la visita de los piratas vino a perturbar más tarde esa paz idílica. Los holandeses, sobre todo, que permanecieron un buen tiempo en algunas partes de la isla, y les legaron, junto con algunas cabelleras rubias, la leyenda del barco fantasma (aquí se llamó Caleuche).[9]

A través de un párrafo revelador en su recorrido por Chile y su alocada geografía, Subercaseaux articula toda la admiración que le provoca el pueblo chilote, pueblo al que considera excepcional ya que en nada se asemeja al resto del país:

Chiloé —ignoro cuál sea la etimología de este nombre— parece ser un Chile aparte, algo esencialmente diferente a lo que hemos visto hasta aquí. Sus indios tienen un marcado tipo polinésico: son bajos, robustos, relevados de pecho y cortos de cuello. Su carácter suave y dócil. Muchos se mezclaron a los españoles, de manera que hoy día podemos hablar de un tipo chilote: bajito, activo, sonriente, buen marino y amigo de la paz, una especie de indonesio que, a mi modo de ver, es lo mejor que tenemos en materia de raza homogénea, moral y eficiente. ¡Qué agradable país sería el Chile central si estuviera poblado solamente por chilotes![10]

Pero el Estado chileno, siempre tan absorto en su propio ombligo, no les dio la debida protección a los habitantes del archipiélago, y Subercaseaux denuncia el abandono y la distancia que en su momento percibió:

Chiloé ha pasado a ser el “finis terrae” de Chile. Nadie se ocupa de los admirables esfuerzos de esta gente para subsistir. Cuando se les incendia alguna ciudad —y esto ocurre a menudo— las autoridades les envían alimentos y vestuarios en avión, como si fueran una colonia penal… lo demás queda a cargo del chilote. Recordemos, como un ejemplo, que el primer camino que unió Ancud y Castro fue labrado en la selva por un indio: Caicumeo. El gobierno lo premió dándole tierras; esto es, más selva que clarear a golpes de hacha.[11]

LA DESIDIA ANTE EL OCÉANO

A lo largo de los siglos, el archipiélago ha tenido un devenir histórico diferente al resto del territorio, partiendo por dos peculiaridades. La primera es que Chiloé siguió siendo leal a la corona española hasta 1826; o sea, por un lapso de ocho años luego de declarada la independencia (por aquella época, y durante las décadas que siguieron, los isleños se mostraron renuentes a aceptar el nuevo orden republicano). La segunda alude a que allá el mar forja la rutina diaria y el carácter de los habitantes, como en ningún otro lugar de Chile. Y aquí vale la pena detenernos un poco, ya que cada vez que los chilenos aseguramos ser un “país marino”, no estamos siendo lo suficientemente rigurosos. Marino y Osorio profundizan en este punto e informan que la mayoría de las actividades cotidianas de los chilotes se realizan en torno a lo que denominan bordemar. No ha de extrañar, por lo tanto, que la densidad poblacional más alta de Chiloé corresponda a las zonas costeras. En el bordemar se habita y allí se efectúan las actividades de recolección, pesca, horticultura y ganadería menor; allí también se fabrican las embarcaciones; las orillas son un centro de intercambio comercial, e inicio y término de la ruta de canales interiores del archipiélago. En el bordemar se construyen capillas e iglesias y se manifiesta la religiosidad popular. En suma, hablamos del lugar en donde el chilote logra la mayor optimización de su reproducción económica, social y cultural.[12]

Cuando Joaquín Edwards Bello denunció el proverbial desinterés que el chileno ha demostrado por el mar, no se refería, por supuesto, al chilote, el único poblador de un país costero que merece llamarse marino con propiedad. Edwards Bello ilustró su certera observación valiéndose de la estatua de Arturo Prat ubicada en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, frente a la Comandancia en Jefe de la Armada. Incomprensiblemente, el prócer figura mirando al cerro, de espalda al mar. Chile, concluyó el escritor, le ha dado históricamente la espalda al Océano Pacífico. Y los porteños, agrega Subercaseaux, “al mar no lo miran jamás”.[13] Este hecho vendría a ser “una confirmación fortuita de una impresión que me deja el chileno: la de ser un marino por fuerza, sin ninguna vocación para el mar”.[14] Años atrás oí en la radio a un experto en temas navales, ex marino, quejarse de que la escuadra chilena se movía en conjunto sólo 24 días al año. Por su parte, el chilote desciende de los pueblos de canoeros que por miles de años navegaron los furiosos y gélidos mares australes. Y como tal pudo emprender una hazaña mayor: la colonización de la Patagonia chilena y argentina durante los siglos XIX y XX. El lanchón chilote jugó un rol crucial en tal cometido y sigue siendo un símbolo flotante, mecánicamente perfecto, del temple del isleño.

En su famoso prólogo a Chile o una loca geografía, Gabriela Mistral hermana a Subercaseaux con Edwards Bello: “Mucho me temo que haga compañía en su soledad magnífica al bueno de Joaquín Edwards Bello, gran descontento en cuanto a gran exigidor de la chilenidad”.[15] Allí mismo, la Mistral le traspasó el mote de “tábano” a Edwards Bello, aludiendo al sobrenombre que recibió Sócrates gracias a su capacidad de hostigar a las masas. “Ahora va usted a sentarse bajo el mismo árbol del apóstol zumbón”, le advierte a Subercaseaux. “No le envidio la tormenta, pues habiendo picado sólo de paso al Buey Apis de la pedagogía criolla, yo saqué de mi ocurrencia varias lastimaduras… Pero, ¿dónde iríamos a parar si viviésemos atollados en el plasma oleaginoso de la complacencia o acabásemos por asfixiarnos, embetunados en la glosura pegajosa que es la autoadulación patriotera?”.[16]

Más allá de denunciar la desidia del chileno ante sus mares, Subercaseaux promueve el amor al océano valiéndose, a veces, de imágenes hermosas, de ciertos raptos poéticos y del vocabulario propio de la arenga:

Porque jamás he visto otra bandera que diga tanto de mares y de barcos como la nuestra. Hay un no sé qué en su estrella blanca, en el azul profundo y el rojo, que se destacan en forma tan limpia sobre la transparencia del cielo y del mar. Se diría que esta bandera huele a espumas, a cuello fresco y almidonado de marineros, a lienza inmaculada. No hay nada más “naval” que nuestro pabellón. Yo lo siento así. En tierra, lo veo sucio y colgante: un marino triste que no sabe qué hacer entre el polvo y la verdura. La bandera de Chile no quiere saber del verde, sino del azul. Quizá si este capítulo lo he escrito con el solo fin de hacerlo comprender a los jóvenes de tierra adentro: nuestra bandera ha nacido para los latigazos del viento en lo alto de una cofa; para ese crepitar desenfrenado que promete mucha ventolera de aguas, mucho cabello en desorden y mucha hazaña heroica en los mares esplendorosos de mi tierra.[17]

Al enfrentar por mar a la isla de Calbuco, que en muchos sentidos es como una introducción a Chiloé, Subercaseaux otea distraídamente la costa y los botes que regresan a puerto de las faenas de pesca.

Pero luego observamos algo muy extraño: en ellos no va ningún hombre; todas son mujeres. Robustas hembras empuñan valientemente el remo mientras algún perro, siempre de aspecto inverosímil, ladra interminablemente en la proa, como queriendo proteger a esas terribles vírgenes del mar. Las centollas rojizas, los verdosos y espinudos erizos, los negros choros brillan en el fondo de las embarcaciones. Alguna de estas mujeres alza un instante la cabeza y sonríe, luego levanta su cabellera con un rápido revés de mano y vuelve a remar con una furia cada vez renovada. Ya no les importa el barco que las dejó atrás. Su vida está ahí, en el botín precioso que es la razón única de su existencia.[18]

Y en párrafo seguido, concluye:

Es una extraña raza ésta de los chilotes (ya son chilotes en esta parte). Las mujeres se contentan con una casita y un cercado con unas pocas legumbres. El dinero les sirve solamente para comprar el vestido y los utensilios domésticos. Así, pues, son muy pobres en estas cosas, y muy ricas en otras: en el alimento que les procura el mar, y en la libertad maravillosa que les permite no depender de nadie, ni siquiera de los hombres.[19]

PIRATAS HOLANDESES CON DESCENDENCIA CHILOTA

Pocos escritores chilenos amaron tanto, ni dedicaron tantas páginas inolvidables al mar como Benjamín Subercaseaux. Tal vez Francisco Coloane, el gran narrador chilote, sea el que más se le parezca en cuanto a intensidad, profundidad y comprensión del universo oceánico. Curiosamente, ambos recibieron el Premio Nacional de Literatura consecutivamente: Subercaseaux en 1963, Coloane, al año siguiente. Ambos, además, fueron buenos navegantes y leyeron con fruición los reportes de los marineros que, siglos atrás, recalaron en Chiloé y dejaron para la posteridad un sorprendente retrato del pasado isleño. Entre ellos, hay dos que a mí me parecen fascinantes: el viaje de la expedición Brouwer y el naufragio de la fragata Wager.

A principios de mayo de 1643 arribó a Chiloé una escuadra de cinco buques holandeses que pretendían pactar con “los chileses” —nombre que el cronista les dio a los chilotes— algún tipo de alianza para debilitar el dominio de la corona española en los mares australes. El comandante de la expedición, Henry Brouwer, que a la fecha era nada menos que uno de los directores de la Compañía de las Indias Occidentales de Holanda, había propiciado el viaje con especial entusiasmo, sin sospechar, claro está, que dejaría sus huesos en aquellas latitudes a causa de una “larga enfermedad” de la que no existen mayores detalles. Se sabe, sin embargo, que el último deseo de Brouwer “fue que su cuerpo se enterrase en Valdivia; y en esa virtud se le extrajeron las entrañas y se sepultaron el 15, cerca de la bahía de Brouwer [Golfo de Ancud], y se embalsamó el cadáver para ser transportado a Valdivia”.[20] Si bien los acercamientos entre los navegantes y los indígenas no fructificaron como para articular un pacto permanente (tampoco existía en la zona el oro que los ávidos holandeses anhelaban encontrar), la bitácora de la correría ofrece una buena cantidad de datos atrayentes sobre el archipiélago y su gente. Como el de aquel cacique que, muy suelto de cuerpo, se presentó ante los corsarios cargando en una mano la cabeza de un español, “a quien había dado muerte como hacía catorce días, cuyo olor resultó sumamente desagradable para nosotros”.[21]

En cuanto a la rudeza del clima, asunto de vida o muerte para el navegante chilote, se menciona una tempestad aterradora ocurrida ocho años antes de la llegada de los extranjeros, en 1635: el vendaval bramó por cuarenta días seguidos, “con tal furia que estremecía la tierra y las montañas y derribaba cantidad de árboles de raíz”.[22] Otro apunte curioso guarda relación con las chilotas, modelos de laboriosidad y heroínas del posparto según apunta el testigo: “A pesar de que sus trajes no son a propósito para la frialdad del clima, gozan, por lo general, de excelente salud, de que hicimos frecuente experiencia a bordo, al ver que en ocasiones sus mujeres continuaban en sus ordinarias ocupaciones media hora después de haber desembarazado, cargando a sus chicuelos a la espalda; sus pechos son tan alargados, que pueden dar de mamar a sus hijos echados a la espalda. Rara vez se les ve ociosas, ocupadas constantemente en tejer los géneros para sus trajes”.[23] Hoy por hoy, especialmente en las islas de Mechuque y Buta Chauques, no es raro oír que los pelirrojos del lugar, que sí los hay, son descendientes de los corsarios de la expedición Brouwer.

El 6 de junio los holandeses pisaron Castro, asentamiento al “que entraron sin resistencia, habiendo huido todos sus habitantes, después de incendiar muchas de sus casas, destechado las iglesias y llevándose sus ornamentos con todos sus mejores enseres y utensilios domésticos para ocultarse en los bosques”.[24] Pese a la destrucción, la majestuosidad del entorno no escapó a la mirada del escribano: “La ciudad de Castro estuvo ubicada en un sitio magnífico, poblada de edificios sólidos, pero se halla ahora desolada; está situada en lo alto de un cerro con vistas deliciosas, rodeada de arboledas frutales de toda especie y con muchas hermosas vertientes; los campos de sus alrededores están muy bien cultivados, y al tiempo de nuestra llegada los frutos de la tierra se hallaban en su mayor parte todavía en el campo”.[25] Entre éstos, hubo uno que llamó la atención del cronista: el cáñamo o cannabis. Lamentablemente, no da más detalles al respecto.

Los invasores se hartaron de comer las manzanas que desde entonces se dan tan bien en la Isla Grande y quedaron muy sorprendidos con el guanaco:

Refieren los españoles, que, entre otras cualidades peculiares a las ovejas del Perú, es muy notable la de que pueden cargar con facilidad desde 50 hasta 75 libras, tal como lo hacen los camellos, a los que se asemejan bastante en su aspecto, excepto que carecen de gibas en el dorso. Son capaces (si ha de creerse a los españoles) de transportar a un hombre por espacio de cuatro o cinco leguas al día. Cuando se cansan, se echan al suelo, y no habrá forma de hacerlas levantarse con golpes o de cualquier otra manera, sino que hay que descargarlas. Si sus conductores pretenden obligarlas por golpes o de otro modo a que carguen más de lo que pueden, vuelven la cabeza y los escupen en la cara.[26]

Respecto del oro que esperaban encontrar en Chiloé, el reporte rezuma decepción. El testimonio que sigue corresponde a lo informado por un prisionero español:

Añadió igualmente que por entonces no era posible hallar oro o plata en Chiloé, si bien en años pasados se había extraído alguna cantidad de estos metales en sus minas; que desde el año 1633 esa extracción cesó por completo, a causa de una violenta epidemia que causó la muerte por lo menos de una tercera parte de sus habitantes, y que el resto, no encontrando la compensación suficiente en el trabajo de las minas, se había aplicado al abono y cultivo de sus tierras; de tal modo, que de tiempo atrás no se veía oro o plata acuñados o en polvo entre los españoles de allí; y si se les preguntaba por alguno de estos metales, su respuesta era que debían ir a buscarlos a Osorno y Valdivia [desafío que por supuesto los holandeses emprendieron], donde los había en abundancia; que, a esta causa, su comercio lo hacían por canjes, y así los buques que cada año iban de Concepción y Santiago (que eran sólo en número de tres) con paños de lana o hilo, vino, pimienta y hierro, llevaban de retorno frazadas, tablas, cáñamo, lino y otras cosas por el estilo. Las tablas las acarreaban de las montañas distantes siete u ocho leguas del mar, donde las labraban a fuerza de hacha solamente, sin sierras, no sin gran demora e increíble trabajo, productos que por entonces tenían poca o ninguna estima.[27]

EL ABUELO DE LORD BYRON RESUCITA EN CHILOÉ

Casi un siglo después de las correrías de los holandeses por Chiloé, un día 14 de mayo de 1741, el abuelo de Lord Byron naufragó a la edad de diecisiete años en el archipiélago Guayaneco, esto es, al sur del Golfo de Penas, a más de quinientos kilómetros del extremo meridional de la Isla Grande. Byron tripulaba en calidad de cadete la fragata Wager, miembro de una infausta expedición que, al mando de Lord Anson, pretendía asolar las posesiones de la corona española en las costas del Pacífico. Cinco años tardó el mozalbete en regresar a Inglaterra tras el desastre. Y dedicó extenuantes meses a huir, literalmente a remos, del páramo en donde zozobró la embarcación. Las pellejerías que soportó junto a otros tres supervivientes superan en espanto y miseria a cualquier versión novelada de la realidad. Bien lo sé, pues hace algún tiempo traduje el documento en que John Byron narró detalladamente la escalofriante experiencia. El título del libro, publicado en 1768, resulta en extremo fatigoso, mas el contenido es notable: Relato del Honorable John Byron (Comodoro de la última expedición alrededor del mundo) que contiene una exposición de las grandes penurias sufridas por él y sus compañeros en la costa de la Patagonia desde el año 1740 hasta su arribo a Inglaterra en 1746, con una descripción de Santiago de Chile y de las usanzas y costumbres de sus habitantes y además una relación de la pérdida de la fragata Wager, de la escuadra del almirante Anson. Enfrentado a este verdadero trabalenguas dieciochesco, espero haber dado con una solución amistosa: La pérdida de la fragata Wager. Naufragio y supervivencia en la Patagonia.

Arribar a Chiloé implicó para Byron algo más que salvar el pellejo y dar por terminadas las infamantes estrecheces que había pasado a lo largo de meses. La última tormenta antes de llegar a la Isla Grande fue especialmente tortuosa, mas los náufragos, a bordo de una improbable cáscara de nuez, percibían que de pisar tierra su suerte cambiaría para siempre. No se equivocaron:

Mantuvimos la canoa alejada del peligro hasta que llegamos a aguas tranquilas y desembarcamos en un lugar deshabitado de la isla de Chiloé. Allí permanecimos el día siguiente, bajo una fuerte nevazón, con la idea de recuperarnos un poco de la fatiga. Pero el frío era tan endemoniado que, al no tener zapatos ni medias, creímos que perderíamos los pies. El capitán Cheap estaba en muy mal estado. Y si se hubiese visto forzado avanzar algunas pocas leguas más sin descanso, no lo habría soportado. Quiso entonces Dios que, en buena medida, nuestros sufrimientos se acercaran a su fin.[28]

Byron vuelve a tomar contacto con la civilización —el desprecio y mal agradecimiento que demuestra por los chonos es notorio: “bestiales”[29] los llama, pese a que, a la postre, fueron ellos los que evitaron que sus nobles huesos se hicieran polvo en aquellos confines— y vuelve a confiar en la especie humana. La hospitalidad de los chilotes tuvo mucho que ver con eso.

Las observaciones que dejó Byron para la posteridad ofrecen diversos grados de interés, dependiendo, por supuesto, de quién sea el que las lee. Sus apreciaciones pueden ir desde lo pintoresco, pasando por lo ingenuo, hasta llegar a lo indiscutiblemente valioso. No obstante, en cualquiera de estas tres categorías, las revelaciones de Byron vienen a refrescar la admonición de Subercaseaux en cuanto a que los chilenos sabemos poco o nada sobre Chiloé. Existe, además, una curiosa concordancia entre ambos autores: los chilotes les parecieron bellos, algo en lo que los chilenos, aparentemente, no hemos reparado con especial entusiasmo hasta el día de hoy. “Son personas fuertes y bien constituidas, de rasgos extremadamente hermosos, tanto hombres como mujeres, y sumamente pulcras”,[30] sostuvo Byron.

A los pocos días de su llegada a la isla, los indios despacharon un mensajero a Castro para que informase al corregidor español de la presencia de los ingleses. Tres jornadas después,

el hombre regresó con una orden dirigida a los caciques principales: debíamos ser conducidos directamente a cierto lugar en donde habría una patrulla de soldados esperándonos. Los pobres indios demostraron una gran preocupación por nosotros al oír del mensajero los preparativos que se efectuaban para recibirnos, ya que les tenían pavor a los soldados españoles. Se manifestaron ansiosos por saber a qué país pertenecíamos. Les dijimos que éramos ingleses y que estábamos en guerra con España, ante lo cual se sintieron más encariñados que nunca con nosotros. Estoy seguro que, de haberse atrevido, nos habrían ocultado entre ellos para evitar así que enfrentásemos algún peligro. Tan lejos están de representar algo para España, que detestan el mismísimo apelativo de español. Y, bueno, esto no me sorprende: se les mantiene bajo tal nivel de sometimiento, bajo tal laboriosa esclavitud a fuerza de abusos y castigos, que me parece la cosa más absurda del mundo que los españoles pudieran confiar en la ayuda de esa gente cuando alguna emergencia así lo requiriese.[31]

A punto de llevarse a cabo el traslado, ocurre una situación con innegables ribetes de picaresca. Proveniente de Castro, se presenta ante los tres ingleses un cura jesuita. Al sacerdote no lo mueven la compasión ni la curiosidad ni el destino de aquellas almas impías: “La primera cosa que el buen padre hizo fue extraer de su bolsillo una botella de brandy y darnos un trago, con el propósito de abrir nuestros corazones. Hecho eso, fue de inmediato al meollo del asunto y preguntó si habíamos rescatado relojes o anillos del naufragio”.[32] El capitán Cheap logra ocultarle al jesuita su reloj de repetición de minutos de oro, pero, un tanto abusivamente, insta al subordinado Campbell para que entregue un reloj de plata. “Campbell accedió a regañadientes y poco después recibió a cambio un regalo miserable del padre, que no valía ni un cuarto de la montura del reloj”.[33] El episodio llegó más tarde a oídos del gobernador, “quien se mostró sumamente ofendido, pues suponía que si alguno de estos objetos le correspondían a alguien, era a él. Y no perdonó a los jesuitas”.[34]

Una vez en Castro, la tercera ciudad más antigua de lo que tiempo después llegaría a ser Chile, Byron repara en varias situaciones que dan para recomponer, en la medida en que la distancia lo permite, ciertos aspectos de la vida diaria que por entonces se llevaba en el principal asentamiento de Chiloé. En cuanto a los vecinos en general, el inglés asegura que eran “personas caritativas y bondadosas, aunque muy ignorantes y totalmente gobernadas por los frailes, que les hacen creer lo que a ellos les conviene”.[35] Un asunto a todas luces desconcertante es que, según el cronista, la lingua franca no era el castellano, sino la lengua de los indios. Incluso los españoles la preferían a la castiza, pues “decían que la encontraban más hermosa que la propia”.[36]

Las mujeres nunca dejan de ser bellas para Byron. Y en este caso específico, al no tratarse ya de indias puras, sino de criollas o mestizas, sus apreciaciones tienden a ser más detallistas:

(…) tenían rostros finos, varias de ellas eran muy hermosas; gozaban de buena voz y podían improvisar un poco acompañadas de una guitarra, pero también tenían la fea costumbre de fumar tabaco, que allá era un producto escaso y, por lo mismo, se consideraba un gran agasajo cuando se reunían. La dueña de casa se presentaba con una enorme pipa de madera atiborrada de tabaco, y, tras aplicarle dos o tres bocanadas enérgicas, metía la cabeza bajo su capa para que no escapase el humo, y entonces aspiraba. Transcurrido un instante, se veía el humo salir por su nariz y sus orejas. A continuación le entregaba la pipa a la dama siguiente, quien hacía otro tanto hasta que ésta circulaba por todas las concurrentes.[37]

Hubo ocasiones, sin embargo, en que las beldades de la zona decepcionaron a nuestro atento observador:

Las mujeres de mejor posición rara vez llevaban zapatos o medias en casa, reservando su uso sólo para ocasiones particulares. Con frecuencia las veía ir a la iglesia, que se alzaba frente a la casa del gobernador, caminando a pie pelado por el barro y el agua; en la puerta del templo se ponían las medias y los zapatos; al salir, volvían a quitárselos. Aunque por lo general eran guapas y tenían una complexión hermosa, varias de ellas se maquillaban de forma tan ridícula que, al verlas, resultaba imposible no reírse en sus caras.[38]

“Las mejores papas del mundo”, en el decir del náufrago, se preparaban de la siguiente manera: “siempre las asaban en un rescoldo, luego las raspaban y las servían durante las comidas en lugar de pan”.[39] En cuanto al comercio de otros productos, Byron destaca el oficio demostrado por los lugareños en la crianza de cerdos. Al parecer, se distinguían en ello, puesto que proveían a Chile y Perú de jamones. Otros bienes de la economía local: manteca de chancho, tablones de cedro, “cofrecitos tallados que las damas españolas requieren para guardar su labor”,[40] alfombras, colchas y ponchos “finamente bordados. Estos últimos los utilizan en Chile y Perú para cabalgar, tanto la gente de sociedad como la de origen modesto, pues se estima que son mucho más adecuados para el jinete que cualquier otro tipo de prenda”.[41]

Byron también da cuenta de una institución de la época que los lugareños llamaban “el barco anual de Lima”:

Los isleños nunca esperaban que llegara más de uno al año, aunque a veces sucedió que arribaron dos en ese lapso, y en otras ocasiones transcurrieron dos o tres años sin tener noticias de él. Cuando esto último sucedía, la gente se angustiaba bastante, pues el barco les traía trapos, telas, linos, sombreros, cintas, tabaco, azúcar, brandy y vino, mas éste se destinaba mayoritariamente al uso de las iglesias. El mate, una hierba de Paraguay que se utiliza en toda Sudamérica en vez de té, también era un artículo indispensable. La carga venía consignada principalmente a los jesuitas, quienes empleaban a más indios que todos los demás habitantes juntos y, evidentemente, concentraban el grueso del comercio. No existía el uso del dinero en la isla. Si alguien deseaba algunas yardas de lino, un poco de azúcar, de tabaco, o de cualquier otro bien proveniente de Perú, entregaba a cambio tantos tablones de cedro, tantos jamones o tantos ponchos.[42]

Pudibundo y cuidadoso, sin soltar nombres, Byron anota que frecuentó la casa de un viejo sacerdote, “considerado uno de los hombres más ricos de la isla”.[43] El venerable anciano tenía una sobrina, quien habría de heredar toda su riqueza. Gracias a los esfuerzos y desvelos del tío, la joven era un dechado de buena educación “y se le reconocía como una de las señoritas más preparadas de Chiloé”.[44] No obstante, Byron se ve en la obligación de precisar que la muchacha “era una buena persona, mas no podía decirse que fuera hermosa”.[45] Pero la encerrona ya estaba en marcha:

La joven me concedió el honor de fijarse en mí mucho más de lo que yo merecía, y le propuso al tío convertirme y luego le rogó su consentimiento para casarse conmigo. Como el viejo sentía adoración por ella, accedió de buena gana y, en mi siguiente visita, me informó de la propuesta de la joven y de su aprobación, conduciéndome al mismo tiempo a un cuarto en donde había varios baúles y cómodas, que procedió a abrir, enseñándome, primero, la gran cantidad de ropa elegante que poseía su sobrina, y luego, su propio vestuario, añadiendo que sería mío cuando él muriese. Entre otras cosas, me mostró una pieza de lino, de la cual, dijo, debían cortarse de inmediato camisas para mí. Reconozco que este último ítem me produjo una tentación enorme. Sin embargo, ya había resuelto declinar la oferta y pronuncié las mejores excusas que pude para no aceptar el honor que me concedían, pues a esa altura hablaba suficiente español como para darme a entender.[46]

EL CURA QUE VENDIÓ A PRECIO DE ORO SUS IMÁGENES SANTAS

En el año 2000, la Unesco declaró que dieciséis iglesias chilotas contaban con los atributos necesarios para ser consideradas como parte del patrimonio de la humanidad. Contrariamente a lo que la gran mayoría de los chilenos piensa, los templos no son en rigor una muestra de la devoción católica de los isleños, sino, más bien, un símbolo enmaderado de un sincretismo religioso bastante desconocido que en su momento contó incluso con la complicidad de algunos de los sacerdotes que ayudaron a edificarlos. Transcurridos los años, sin embargo, hubo momentos durante el siglo XIX en que la fe popular chocó abiertamente con la visión hegemónica de la alta jerarquía eclesiástica, y la tradición que hoy celebran tanto los nativos como los turistas y los expertos de la Unesco estuvo a punto de desaparecer.

En sí, las iglesias chilotas se remontan a los siglos XVII y XVIII, y tal vez sería justo partir mencionando el tema bajo la siguiente admonición: no todos los jesuitas radicados en Chiloé fueron de la misma catadura que el cura codicioso descrito por Byron, aquel que intentó rapiñar las únicas pertenencias de valor que habían logrado mantener consigo los náufragos. Los jesuitas llevaban casi un siglo dedicados a la evangelización del archipiélago al momento en que el inglés llegó a la Isla Grande. Y según Alberto Trivero,[47] autor de Fray Hilario Martínez: Siguiendo las huellas de su santería, los discípulos de Ignacio de Loyola no sólo se concentraron en el “proselitismo cristiano”.[48] Por medio de las llamadas “misiones circulares”, dos jesuitas recorrían cada año todos los rincones del archipiélago a bordo de una dalca inestable. Con ellos llevaban “su preciada santería”,[49] pero también administraban “el apoyo social, la medicina, la educación, el cariño”.[50] La misión evangelizadora, insiste el autor, no era el único objetivo de las misiones circulares. “A éstas, se asociaba la voluntad de socorrer a poblaciones humildes, acosadas por la alevosía de los encomenderos, por un lado, y por la pobreza y las enfermedades por otro”.[51]

El origen de las magníficas iglesias chilotas que hoy son patrimonio de la humanidad, nos informa Trivero, fue bastante modesto:

Hasta bien entrado el siglo XVIII, las capillas misionales eran simples rucas pajizas, a menudo embellecidas por alguna imagen sagrada de madera, obra rústica pero fascinadora de algún misionero o de algún humilde isleño. Sí, porque los jesuitas veían en la imaginería sagrada un instrumento de evangelización particularmente apreciado por la población indígena. De allí el esfuerzo de distribuir en todas las capillas del archipiélago la santería, lo cual hicieron, inicialmente, trayendo unas pocas imágenes de Perú y de España, y sucesivamente labrando ellos mismos las imágenes y enseñándoles a los artesanos este magnífico arte. Así dieron comienzo a la escuela de santería chilota, de tal forma que, finalmente, casi cada capilla misional tenía la imagen de su santo patrono y también otras que lo acompañaban.[52]

Luego de que los jesuitas fuesen expulsados del reino español en 1767, los encargados de continuar con la distintiva evangelización de los isleños fueron los franciscanos. Y entre ellos nadie cumplió la labor con tanto ahínco como fray Hilario Martínez, un gallego singular: fue misionero en Tahití, se retiró de la orden franciscana, volvió a ella y se estableció en Calbuco el año 1771. Martínez, que con el correr del tiempo construyó cinco capillas en el archipiélago, “traía consigo una colección de imágenes sagradas y también una niñita de cortos años, la cual era la luz de sus ojos: probablemente se trataba de una hija natural que el respeto hacia su memoria convertiría en una hija adoptiva”.[53] En 1777 se radicó en Tenaún, en donde edificó una iglesia. Pero a los pocos meses de su llegada, “su hijita le fue arrebatada y luego apareció muerta”.[54]

Evidentemente, al cura le sobraban razones para largarse del lugar tras el homicidio, y así lo hizo. Invitado por los Cinco Pueblos —una comunidad indígena formada por los habitantes de las islas de Caguach, Apiao, Alao, Chaulines y Tac—, Martínez se instaló en Caguach. Y, claro, en más de un sentido había dado en el clavo al huir despavorido de Tenaún: el tino del sacerdote, que estaba al tanto de los elementos en juego al momento de tomar su decisión, fue haber elegido con sumo cuidado el emplazamiento del templo que, con el correr de los años, llegaría a cobrar una importancia crucial en la religiosidad pagana del archipiélago:

(…) cuando fray Hilario se establece en Caguach e inserta en el nguillatún[55] la celebración del Nazareno, logra dos objetivos a la vez: aprovechar la importancia de Caguach en cuanto isla donde se celebraba el más importante de los nguillatún, para rápidamente asegurar a la devoción hacia el Nazareno una acogida generalizada entre los Cinco Pueblos, y probablemente en toda la comarca; cristianizar aquella que parecía ser la principal celebración pagana. Su propósito fue muy acertado: el nguillatún de la Pincoya se convirtió muy rápidamente en la principal celebración de todo el Chiloé indígena, y con el tiempo, no solamente de la sociedad indígena.[56]

Fray Hilario vendió, a precio exorbitante, su colección de ocho imágenes a las comunidades reunidas en Caguach, que pagaron el monto en cuotas anuales entre los años 1778 y 1782. En cifras de hoy en día, la suma bordea los 125 millones de pesos, una verdadera fortuna si consideramos la pobreza de los adquirientes y que en conjunto no superaban las seiscientas almas.[57] Según Trivero, no se sabe bien por qué el cura exigió tanto dinero, pero supone que el botín recaudado sirvió para erigir el templo caguachano y alimentar a quienes trabajaron en él. “Maravilla la extraordinaria prueba de fe y cariño que demostraron los Cinco Pueblos realizando un esfuerzo tan grande para poder dar vida a la capilla más importante de Chiloé, gracias a la cual dieciséis templos chilotes vinieron a constituirse en patrimonio de la humanidad”.[58] Trivero apunta al hecho de que la construcción de la iglesia de Caguach dio pie, más de 200 años después, a la distinción de la Unesco destinada a salvaguardar los dieciséis templos chilotes aludidos.

El vínculo entre el chilote y la santería, continúa Trivero, es peculiar, muy distinto al que propone la ortodoxia católica. Él observa “una relación de reciprocidad visceral y materna”.[59] Por una parte, al santo se le pide ayuda, y por el otro se le protege casi como a un niño, “y como a un niño se le viste”.[60] Cuando las celebraciones, que sin lugar a dudas rozan el paganismo, terminan en juerga, a la imagen sagrada se le voltea con la intención de que sus ojos no reparen situaciones indecorosas, como se haría con un menor de edad, pero no “por temor que el santo vea el comportamiento de los presentes o su borrachera, un comportamiento que no es estimado impropio por parte de los presentes”.[61]

Trivero admite que esta relación visceral que desarrollaron los fieles con las imágenes es poco ortodoxa y casi herética, y que por lo mismo puede ser vista con malos ojos por parte de la jerarquía eclesiástica. Pero a la vez advierte que cualquier medida en contra de esta manifestación de fe “puede llevar a la pérdida de la identidad de la misma comunidad, y con eso al progresivo abandono de la religiosidad, que es lo que ya está ocurriendo con las nuevas generaciones”.[62]

La fiesta del Nazareno de Caguach se lleva a cabo todos los años durante la última semana de agosto y es la celebración religiosa más importante de Chiloé. “Entender a Caguach”, sostiene Trivero, “significa entender el alma mestiza de Chiloé”.[63] Por “alma mestiza” el investigador se refiere al sincretismo ocurrido entre las creencias indígenas y el pensamiento jesuítico. La amalgama, por así llamarla, se dio sin la típica sumisión, “pues los jesuitas respetaban y valoraban el pensamiento indígena, siempre que no entrara en contraste con los elementos sustanciales de la doctrina cristiana”.[64] En suma, el indígena se convertía al cristianismo “manteniendo y reforzando su propia identidad étnica”.[65] La misa y la procesión de Caguach representan “la evolución del kamarikún-nguillatún y la devoción a la santería adquiere caracteres propios que la distinguen del resto del mundo cristiano: hay un cristianismo chilote, propio de la sociedad indígena”.[66]

En sus comienzos, a fines del siglo XVIII, la procesión se celebraba el 30 de agosto, día de Santa Rosa (los franciscanos provenían del convento de Santa Rosa de Ocopa, en Perú). Durante esa misma época del año, los mapuches acostumbraban a poner en marcha un nguillatún importante, “para festejar la llegada de la primavera, pedirle a la Divinidad abundancia de frutos y combinar matrimonios entre familias aliadas pero de islas diferentes, para respetar la tradición exogámica propia de su cultura. Hasta la actualidad la procesión del Nazareno mantiene muchos de los elementos propios del nguillatún: y no se trata de elementos marginales, sino sustanciales”.[67] Trivero afirma que fue la procesión del Nazareno la que se insertó en la celebración del nguillatún, y no al revés, recibiendo así un aura cristiana que antes no tenía. “Se trataba, evidentemente, de un nguillatún de gran importancia, que acomunaba a los Cinco Pueblos los cuales ya entonces le reconocían al rewe de Caguach una centralidad devocional común”.[68] El rewe, vale recordarlo, es la explanada sagrada en donde se desarrolla el nguillatún. En la Colonia casi todas las capillas chilotas fueron edificadas a un costado del rewe, para mantener y recalcar el carácter sagrado del lugar, convirtiéndolo a la cristiandad.

Tres décadas después de la expulsión de los jesuitas, los franciscanos habían duplicado en número los ochenta templos que dejó en pie la orden proscrita. Al mismo tiempo, estimularon una escuela autóctona dedicada a la construcción de imágenes sagradas.

Pero hacia mediados del siglo XIX, la imaginería chilota estuvo a punto de ser destruida por la jerarquía eclesiástica, que se oponía a las fiestas patronales. El obispado habló de “orgías”, “bacanales”, “bailes de enmascarados”, ceremonias en las que “se desahogan pasiones innobles recitando romances y haciendo descripciones siempre satíricas e injuriosas”.[69] Décadas después, en 1886, el obispo Molina era partidario de eliminar todas las fiestas populares de Chiloé y excomulgar a los curas que las permitiesen o acudiesen a ellas. En una circular dirigida a los párrocos, sostuvo que no se trataba de encuentros religiosos, sino “en sentido pagano”, dado que “las reuniones con mezcla de los dos sexos de todas edades, día y noche, con excesos de comida y bebida dan por resultado la embriaguez, la impureza”.[70] En 1889 la furia del obispo alcanzó a la festividad de Caguach, “donde la concurrencia era mayor y los deslices continuaban presentes”.[71]

En palabras de Trivero,

más que el aspecto estético de la santería chilota, preocupa a la Iglesia católica la forma casi idólatra que caracteriza la devoción misma hacia algunas imágenes particulares, llamadas “los poderosos”, a las cuales la fe popular atribuía poderes milagrosos. Un poder propio de la imagen en cuanto tal, y no de la virgen o el santo representado por aquella imagen. De allí que el Sínodo[72] decretó que había que alejar de las capillas y destruir todas aquellas imágenes “indecentes y notablemente imperfectas y defectuosas, [que] lejos de excitar la devoción y veneración de los fieles hacia los santos que representan obran efectos contrarios”.[73]

En consecuencia, decenas de imágenes fueron destruidas, particularmente en las iglesias en las que había presencia de sacerdotes. En otras ocasiones, los fieles las protegieron trasladándolas a sus propios hogares. Otro asunto jugó en contra de esta “furia iconoclasta”:[74] las capillas eran propiedad de las comunidades, lo mismo que el contenido de ellas, puesto que habían sido edificadas por éstas, sin ayuda externa. No obstante, según sostiene Renato Cárdenas en Patrimonio Cultural, “muchas iglesias de campo se quedaron sin sus poderosos y con ello terminaron las celebraciones votivas, y solamente aquellas comunidades que impidieron este atropello mantuvieron hasta hoy sus representaciones y sus fiestas patronales”.[75]

JOSÉ MANUEL DE MORALEDA DESAFÍA A LOS BRUJOS LOCALES

Las creencias espirituales de los isleños no se vieron únicamente estimuladas por el peculiar sincretismo que describe y defiende Trivero. En el libro Juicio a los brujos de Chiloé, Marino y Osorio refieren no sólo a la brujería y a su evolución en el archipiélago, sino que despliegan un panorama antropológico que en resumidas cuentas expone las particularidades del pensamiento mágico del chilote y contrapone su legitimidad e importancia ante cualquier enfoque folclorizante o globalizante. En la edición revisada de su estudio, sin embargo, los investigadores vuelven a preguntarse, tal vez con cierto ánimo derrotista, “si nuestra decisión inicial de hablar de los mitos y la magia de Chiloé había favorecido a la comprensión de la cultura popular del archipiélago o a la cultura dominante que usufructúa y reacomoda la realidad para justificar su propia dominación”.[76]

Marino y Osorio sostienen que la brujería de Chiloé tuvo tres fases sucesivas:

La primera, caracterizada por una fusión de los sistemas mágicos provenientes de los pueblos precolombinos (chono y huilliche) del archipiélago y aquellos introducidos por los conquistadores españoles. Etapa en la cual se recrea y potencia la brujería. Una segunda etapa (siglo XIX), en la cual se fortalece y consolida dicho sistema con un fuerte nivel de intervención político-social que altera seriamente “el orden político-institucional” establecido principalmente desde el Estado republicano. Es la etapa en la cual la brujería chilota adquiere un carácter público sin precedentes y con insospechadas consecuencias. Por último, tras un enfrentamiento sociopolítico con el poder político oficial (proceso judicial a la brujería), se origina una nueva etapa (y estrategia) caracterizada por la clandestinidad en el funcionamiento de este sistema, aunque manteniendo su presencia en el pensamiento y la acción de la población isleña.[77]

El año 1880 fue clave en esta historia: el intendente de la provincia de Chiloé, Luis Martiniano Rodríguez, las emprende judicialmente en contra de los miembros de la Recta Provincia, una organización dedicada a la brujería. Entre los antecedentes y datos que se conservan del proceso hay un total de nueve declaraciones de los acusados. También existen documentos internos de la entidad y fragmentos de algunas transcripciones del juicio aparecidas en la prensa de la época. El proceso, aunque colectivo e institucional, se realizó a través de causas particulares, con sumarios a cada uno de los imputados.[78] Y, entre ellos, destaca el de Mateo Coñoecar Coñoecar, puesto que es a partir de éste que Marino y Osorio distinguen una “transculturación” que se retrae a un siglo antes, específicamente al año 1786, que fue cuando el navegante español José Manuel de Moraleda arribó a Chiloé con la intención de cartografiar el archipiélago y las costas patagónicas.

Coñoecar declaró lo siguiente:

“Que por la tradición y por habérselo oído a su padre y otros más que ya son muertos, sabe que en un tiempo de que no tiene noticia, pero ya en la dominación española, llegó a Payos [Queilén] en un buque de sanación un individuo apellidado Moraleda con el objeto de conseguir algunos naturales para llevar a la península [España].

“No consiguió ninguno en ese lugar, por cuya causa se vino a Tenaún, donde tampoco encontró indios que lo siguieran. Ahí en ese punto se presentó Moraleda haciendo ver que era hechicero, transformándose en pescado, lobo, palomas y otros animales y mostrando con ello que por tal causa debían seguirlo los indios.

“Casualmente en el mismo punto había una llamada Chillpila, residente de Quetalco, que tenía fama de Hechicera y los mismos indios buscáronla para hacerla competir con Moraleda. Entre las varias pruebas que hizo esta, consiguió dejar en seco el buque de Moraleda en el mismo punto donde se hallaba anclado y después ponerlo a flote. Moraleda con esto se dio por vencido y en señal de reconocimiento, regaló a Chillpila un libro de hechicerías para que enseñara a los demás indígenas.

“Moraleda se retiró de ahí recalando en Quicaví como de paso y dejando a este mismo lugar con el nombre de España y Lima. La Chillpila llevó el libro a Quicaví para que aprendieran los indígenas y de ahí se organizaron las asociaciones en que ahora figura el declarante.

“Cree sí, que aún antes de la llegada de Moraleda, existían brujos en Chiloé, pero la única de quien queda conocimiento por la tradición es la llamada Chillpila. Advierte también que es tradición que la fundación que hizo esta mujer no tenía un carácter perverso que se le ha llegado a dar con el tiempo, pues en el tiempo transcurrido se han ido haciendo innovaciones, como las sentencias que se expiden para dar muerte o para hacer sufrir de otro modo a las personas”.[79]

El testimonio de Moraleda, por su parte, transcribe con lamentable precisión las nociones que siglos más tarde iban a formarse los chilenos sobre los chilotes, haciendo gala de una mentada ignorancia, de los prejuicios y de esa proverbial falta de interés en la cultura isleña:

“Los indios [de Chiloé] parecen menos malos que los chilenos, pero de estatura más corta; el carácter de estos es en general el de todos los de su casta. Así de esta América como la de setentrional, esto es inclinados a la idolatría, mui supersticiosos, disimulados, vengativos, ebrios i ociosos; sin embargo, a expensas del incesante penoso trabajo de los padres misioneros Franciscanos, relatan la doctrina cristiana tan bien o mejor que los españoles; pero tanto a los unos como a los otros no les es ella obstáculo para dejar estar imbuidos en una multitud de necias groseras supersticiones en que están, especialmente en orden a las enfermedades i demás desgracias que no son comunes; i la misma muerte, que casi siempre atribuyen los indios y muchas veces los españoles a maleficio, lo que intentan averiguar i remediar consultando a los machis (así llaman a los curanderos, supuestos adivinos), los cuales, después de muchos misteriosos ademanes, gesticulaciones ridículas, acompañados a veces de violentas contorsiones y destemplados ahullidos, hacen pronósticos de la enfermedad i su causa, dejando mui satisfecho de sus aciertos al idiota auditorio. Yo deseé presenciar una consulta de estos miserables fanáticos pretendidos adivinos, pero no lo conseguí, porque me creían a mí más machi, adivino o brujo que todos ellos y lejos de concurrir a mi deseo se ocultaban de mi vista temerosos”.[80]

Las investigaciones posteriores a los juicios y el análisis de relatos orales transmitidos por generaciones han ayudado a construir un conjunto de antecedentes que permiten responder, al menos en parte, preguntas fundamentales sobre el proceso de formación de la brujería, sus métodos y técnicas, y su funcionamiento organizacional. Los autores sostienen que los iniciados en la brujería deben estar relacionados previamente a ella, ya sea a través de un pariente (de sangre o político) que sea reconocido como brujo o curandero.[81]

La iniciación empieza con la selección de la persona que quiere ingresar (el pariente lo sugiere). Durante su aprendizaje el candidato es ayudado por un mentor en la enseñanza de los métodos y prácticas mágicas. Una vez considerado apto, es presentado a la Mayoría, máxima autoridad de la Recta Provincia. En la ceremonia de iniciación el estudiante debe superar tres pruebas. La primera es confeccionar un macuñ o chaleco para volar.[82] Mateo Coñoecar se refiere a esta prenda:

“[el macuñ] es una parte de la piel de los brujos que mueren y los que quieren tenerla la sacan del panteón a la izquierda del cuerpo en dirección del pecho hacia la barriga. Esa piel la curten con ciertas yerbas y enseguida los brujos se la cuelgan con unos cordones al lado izquierdo y con ella andan de noche produciendo una luz especial que los distingue”.[83]

La segunda consiste en extirparse el bautismo cristiano. Esto se realiza mediante un rito donde se recibe agua desde una cascada, sobre la cabeza, durante cuarenta días. Y en la tercera prueba se debe asesinar a un pariente como muestra definitiva de desapego a la familia.[84]

La cueva de Quicaví, centro de operaciones de la Recta Provincia, aún no ha sido hallada (así se nos dice en Juicio a los brujos de Chiloé), aunque existen algunas versiones sobre su ubicación y características. Nuevamente debemos regresar a las palabras de Mateo Coñoecar:

“Es una casa subterránea (…) que se halla situada en una quebrada inmediata a la casa en que vivió el finado José Marimán [brujo y Rey de la Recta Provincia], de donde hay un camino para llegar a ella. De la casa donde vive Aurora Quinchén [hechicera] también distancia de cuarenta metros. Esa habitación adentro está enmaderada, tiene una mesa, cuatro sillas principales y tres bancos de madera”.[85]

Hoy, cualquiera que se interese por el poder del embrujo en la sociedad chilota contemporánea puede indagar al respecto. Sólo basta preguntar un poco y, más temprano que tarde, se llegará a la persona indicada. A mí no me costó mucho: me cuentan que hace cerca de sesenta años un campesino que labraba su predio en Quicaví dio con la cueva que menciona Mateo Coñoecar; me cuentan que en las noches sin luna los brujos vuelan con su macuñ y que se reúnen en aquelarres dedicados a adorar al Maligno; me cuentan que en Quiao, en la orilla norte del lago Huillinco, ciertos individuos que uno veía desde el interior de un auto caminando a la vera del camino, arribaban a destino antes que los ocupantes del vehículo, en lugares en los que por supuesto, debido al bosque tupido, no existían atajos; me cuentan que don Yayo, allá mismo, era reconocido como brujo y que tenía entierros, es decir, tesoros ocultos bajo tierra; me cuentan que quien saca a la luz un entierro muere al cabo de un año, probablemente debido a los gases mefíticos que se concentran bajo tierra; me cuentan que, en razón de esos mismos gases, a veces se generan incendios espontáneos. La propia mujer que le compró el terreno a don Yayo, que en su entorno tenía fama de avaro, me cuenta que recibió de parte de una vecina chismosa el dato de dónde se encontraba el entierro. Una noche, dice, de regreso a su hogar, vio un calafate en llamas, justo en donde se suponía que estaba el tesoro del brujo Yayo. En opinión de Marino y Osorio, el tiempo demostró que desarticular a una determinada organización social no fue suficiente para eliminar un sistema de pensamiento y prácticas como la magia chilota.[86] El tiempo también ha dejado en claro que Chiloé, como se admiraba Benjamín Subercaseaux hace casi 80 años, sigue siendo terra incognita, o un finis terrae exótico del que poco o nada nos interesa saber. EP

1 Mauricio Marino y Cipriano Osorio, Juicio a los brujos de Chiloé (Santiago: Ediciones Tácitas, 2014), 212-13.

2 Benjamín Subercaseaux, Chile o una loca geografía (Santiago: Editorial Universitaria, 2010), 243-44.

3 Ibídem, 239.

4 Ibídem, 239-40.

5 Ibídem, 245.

6 Alonso de Ercilla, La Araucana (Santiago: Pehuén, 2001), 355.

7 Luis Oyarzún, Diario íntimo (Valparaíso: Editorial de la Universidad de Valparaíso, 2017), 39.

8 Subercaseaux, Una loca geografía, 245.

9 Ibídem.

10 Ibídem, 246.

11 Ibídem.

12 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 200-01.

13 Subercaseaux, Una loca geografía, 142.

14 Ibídem, 146.

15 Ibídem, 22-23.

16 Ibídem, 23.

17 Ibídem, 159.

18 Ibídem, 236.

19 Subercaseaux, Una loca geografía, 236.

20 José Toribio Medina, Opúsculos varios. Tomo III (Santiago: Imprenta Universitaria, 1928), 103-04.

21 Ibídem, 103.

22 Ibídem.

23 Ibídem, 109.

24 Ibídem, 94.

25 Medina, Opúsculos varios, 95.

26 Ibídem, 94.

27 Ibídem, 100.

28 John Byron, La pérdida de la fragata Wager (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2017), 121.

29 Ibídem, 124.

30 Ibídem.

31 Ibídem, 125.

32 Ibídem, 126.

33 Byron, La pérdida, 127.

34 Ibídem, 127.

35 Ibídem, 133.

36 Ibídem.

37 Ibídem, 133-34.

38 Ibídem, 141.

39 Ibídem, 134.

40 Ibídem.

41 Ibídem, 134-35.

42 Byron, La pérdida, 135.

43 Ibídem, 137.

44 Ibídem, 137-38.

45 Ibídem, 138.

46 Ibídem.

47 Alberto Trivero Rivera nació en Torino el año 1946. Italiano de nacimiento, pero de origen chileno, el autor relata en el prólogo de Fray Hilario Martínez lo siguiente: “Aprendí a amar la santería chilota desde que me fui a vivir a Chiloé, en 1970. // El episodio más impactante se dio en febrero de 1974. Cuando la junta militar subió al poder, yo enseñaba en la escuela rural de Achao. Apenas se reanudaron las clases, después de la suspensión que hubo, un encargado del jefe de plaza reunió a todos los profesores y nos pidieron una declaración de apoyo incondicionado al régimen militar. Yo me negué, alegando que siendo italiano la ley chilena me prohibía entrometerme en un aspecto de política nacional. Creía haber sido lo suficientemente diplomático, pero no fue así: inmediatamente me apartaron de la escuela y a los pocos días me detuvieron. Fue la primera detención de otras que se repitieron, hasta que algunos carabineros que me tenían aprecio y simpatía me avisaron que era mejor que me ‘echara el pollo lo más pronto’, pues el jefe de plaza, el teniente Rastrillo, me la tenía jurada”.

48 Alberto Trivero Rivera, Fray Hilario Martínez: Siguiendo las huellas de su santería (Santiago: Ediciones Tácitas, 2016), 14.

49 Trivero, Fray Hilario, 14.

50 Ibídem, 14-15.

51 Ibídem, 15.

52 Ibídem, 15-16.

53 Ibídem, 19.

54 Ibídem, 20.

55 El nguillatún es una rogativa mapuche por medio de la cual se fortalece la unión de la comunidad, se agradecen las bonanzas recibidas y se solicita a los espíritus el futuro bienestar.

56 Trivero, Fray Hilario, 36-37.

57 Trivero, Fray Hilario, 22.

58 Ibídem, 24.

59 Ibídem, 25.

60 Ibídem.

61 Ibídem, 26.

62 Ibídem.

63 Ibídem, 31.

64 Ibídem.

65 Ibídem.

66 Ibídem, 31.

67 Ibídem, 34.

68 Ibídem.

69 Trivero, Fray Hilario, 46.

70 Ibídem, 47.

71 Ibídem.

72 “En 1851, se celebró en Ancud, hace pocos años erigida en diócesis (1845), el primer Sínodo Diocesano de Chile”. Trivero, Fray Hilario, 46.

73 Ibídem, 48.

74 Ibídem.

75 Citado en Trivero, Fray Hilario, 48.

76 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 18.

77 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 23-24.

78 Ibídem, 58.

79 “Proceso de los brujos de Chiloé”, Anales Chilenos de la Historia de la Medicina 1, año II (1960): 124, 163, citado en Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 32-33.

80 José de Moraleda, “Exploraciones de José de Moraleda” (1887), en Anuario Hidrográfico de Chile XI, 600, citado en Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 34.

81 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 70-71.

82 Ibídem, 71.

83 “Proceso de los brujos de Chiloé”, Anales Chilenos de la Historia de la Medicina 1, año II (1960), citado en Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 71.

84 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 71-72.

85 “Proceso de los brujos de Chiloé”, Anales Chilenos de la Historia de la Medicina 1, año II (1960), citado en Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 72.

86 Marino y Osorio, Juicio a los brujos, 54.

Isabel Aninat y Slaven Razmilic. Un Estado para la ciudadanía. Estudios para su modernización (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2018).

PRESENTACIÓN

UNA TAREA URGENTE*

Enrique Barros Bourie

Centro de Estudios Públicos

Enrique Barros Bourie. Abogado por la Universidad de Chile. Doctor por la U. de München. Profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP). Email: ebarros@ebarros.cl.

* Versión revisada de la presentación del libro Un Estado para la ciudadanía. Estudios para su modernización, que tuvo ocasión el martes 6 de marzo de 2018, en el CEP.

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Estamos muy agradecidos de que dos ministros claves para la gestión del Estado en el próximo gobierno, Felipe Larraín en Hacienda y Gonzalo Blumel en la Secretaría General de la Presidencia, hayan accedido a participar en la presentación de este libro, que expresa la larga vocación del Centro de Estudios Públicos por contribuir a que Chile goce de instituciones públicas fuertes.

Les agradecemos profundamente su presencia porque nos ilusiona que muestren así su compromiso con un propósito noble, que debiera convertirse en tarea permanente de la política en Chile.

Estamos muy conscientes de que la diferencia más importante entre los países que fracasan y los que prosperan es la calidad de sus instituciones. Esa fue nuestra mayor ventaja comparativa en el continente desde la época fundacional de la república. Y aunque es probable que aún lo siga siendo, el diagnóstico acerca de cómo está organizado el Estado chileno es más bien pesimista.

Este libro es la conclusión de un trabajo de dos años. Contiene análisis empíricos de la realidad del Estado chileno, así como la mirada de quienes han participado en modernizaciones exitosas en otros países.

Pero para que las ideas prosperen se requiere de un arte muy peculiar que es la política. A veces no se nos entiende, pero la tarea del Centro de Estudios Públicos no es participar como actores, sino con ideas y propuestas en el debate público. Así, la propuesta que hemos preparado sólo puede hacerse realidad mediante una acción política lúcida y decidida.

En circunstancias de que la propuesta y los estudios se dirigen a todo el país, esperamos que puedan ayudar a formar acuerdos sobre cuestiones muy esenciales para el futuro de Chile. Por eso, conscientemente, nos propusimos entregar las propuestas antes de las elecciones y los trabajos editados, antes de que asumiera el próximo gobierno. Al final del día, es tarea de estadistas hacer políticas de Estado que trasciendan la inmediatez de un período presidencial.

Ahora, en vísperas del nuevo gobierno, nos alegramos infinitamente de que los futuros ministros de Hacienda y de la Presidencia se hayan dado el tiempo para participar en la presentación. Sus posiciones en el próximo gobierno son claves para que Chile dé un paso hacia la modernización del Estado, la más grande y compleja organización que haya conocido la humanidad.

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En una sociedad democrática, la política define objetivos y orientaciones. Pero los propósitos son ilusiones perdidas si el Estado no es capaz de articularlos. Por eso, la modernización del Estado es una especie de metarreforma, porque sin ella, en el corto y largo plazo, naufragan las demás políticas públicas.

A su vez, la actitud crítica del ciudadano moderno provoca una limitada disposición a reconocer autoridades. Y los gobiernos suelen tener poco que ofrecer a las demandas de autenticidad, especialmente de los jóvenes. Entendemos que una metapolítica pública que diseñe el Estado, desde una moral de la responsabilidad y no de las ilusiones, es el mejor antídoto contra ese escepticismo que recorre el mundo y debilita las convicciones democráticas.

La necesidad de que nuestra sociedad sea más libre, creativa e inclusiva no depende sólo de políticas públicas, pero el correcto funcionamiento del Estado ciertamente ayuda o entorpece. Por cierto que, en materia de bienes públicos, no hay sustituto a un Estado bien ordenado. Pero también el funcionamiento de los mercados exige de reglas justas y eficientes, lo que, de paso, también exige adecuación de la legislación civil y comercial al estado de los tiempos.

Hoy por la mañana escuché una charla de Enrique Ostalé, a quien conocí como gerente de D&S y hoy es gerente regional para tres continentes de Walmart. El mundo que describe es uno dramáticamente distinto al que conocí hace sólo una década. La orientación al servicio y la cadena de información y gestión han cambiado dramáticamente. También las empresas chilenas se han modernizado y los chilenos somos otros. Pero, pese a algunos cambios acotados, el Estado chileno ha crecido inorgánicamente, sin una mirada estratégica. Por eso, decidimos emprender este trabajo.

3

Las propuestas y este libro no habrían sido posibles sin el trabajo incansable, espíritu público y honestidad intelectual de los coordinadores de la Comisión de Modernización del Estado y editores del libro, Isabel Aninat y Slaven Razmilic. Su trabajo fue esencial desde la formulación del proyecto presentado hace dos años al consejo del CEP. Ellos son el motor y el corazón de este proyecto. El apoyo de nuestro antiguo director Harald Beyer y de los demás investigadores y colaboradores fue el complemento decisivo.

La comisión organizada por el CEP contó con la participación de 29 académicos y profesionales de primera línea, con diferentes orientaciones políticas, muchos de ellos con una amplia experiencia pública. Durante más de un año, la comisión recibió borradores e interactuó con los expertos que ahora son autores de los trabajos publicados en este libro. Un grupo de sus miembros viajó con una intensa agenda a Nueva Zelandia para conocer de primera mano los arreglos institucionales que sacaron a ese país del borde del subdesarrollo a un orden institucional ejemplar.

Los trabajos fueron encomendados a profesionales chilenos que reúnen una formación académica de excepción, con experiencia práctica en el gobierno o en consultoría organizacional. Los expertos extranjeros han tenido participación directa en procesos modernizadores exitosos en Australia, Austria y Nueva Zelandia. Todos ellos, como decía, interactuaron con la comisión que aprobó las propuestas.

El CEP financió estos trabajos con su presupuesto ordinario y una contribución esencial que hicieron algunos donantes de la institución, que merecen un reconocimiento por su aporte filantrópico.

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Por cierto, no hay políticas públicas sanas sin una orientación más profunda, proveniente de un espíritu de benevolencia y no del mero cálculo político de corto plazo. Es lo que se espera de la función pública, en especial cuando se trata de cuestiones que pueden parecer tan alejadas de los sentimientos cotidianos. Pero el mayor error es pensar que se puede llegar a resultados sin pasar por el duro proceso de hacer lo necesario para que los propósitos puedan hacerse realidad.

Estamos conscientes de que el trabajo es incremental y de largo plazo. Pero la verdad es que es tarea permanente de toda organización revisar sus procedimientos. El problema con el Estado es que ha habido avances por aquí y por allá, pero nunca se ha encarado su modernización de manera sistemática.

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El contenido del libro es el soporte de las propuestas de la comisión:

• Contiene dos trabajos iniciales con las experiencias políticas de la reforma australiana y neozelandesa;

• estudia la estructura del gobierno chileno, como base analítica de las tareas pendientes; y, en particular, examina la conveniencia de que haya un centro de gobierno empoderado, y estudia críticamente, con base empírica, el sistema de Alta Dirección Pública;

• se revisa la función presupuestaria desde diversas perspectivas, partiendo con una explicación de la exitosa experiencia austríaca; a ello se suman trabajos sobre las entidades fiscales independientes y el fortalecimiento de la capacidad deliberativa de nuestro parlamento en estas materias;

• dos estudios basados en la experiencia analizan y formulan proposiciones para el espinudo tema del empleo público, que hoy muestra una crisis de proporciones;

• se trata la urgentísima tarea de homogeneizar las bases de infor-mación, tanto para medir resultados como para optimizar las decisiones;

• se plantean propuestas para fortalecer los mecanismos de control interno del gobierno, incluyendo los sistemas de compras públicas y la función de la Contraloría.

Todos estos trabajos confluyen en hacer al Estado más transparente, más eficiente y, ante todo, ponerlo al servicio de los ciudadanos. En este espíritu trabajamos en las propuestas y en este libro. EP

Isabel Aninat y Slaven Razmilic (coordinadores), Un Estado para la ciudadanía. Informe de la Comisión de Modernización del Estado (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2017).

Isabel Aninat y Slaven Razmilic (editores), Un Estado para la ciudadanía. Estudios para su modernización (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2018).

RESEÑA

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: LOS APORTES DE LA FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO PRESUPUESTARIO, LA EVALUACIÓN Y EL PRESUPUESTO POR RESULTADO

Heidi Berner Herrera

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Heidi Berner Herrera. Economista de la Universidad de Chile y magíster en administración pública de la Kennedy School of Government, Harvard University. Jefa de la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en 2006-2010. Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social en 2014-2018. Profesora en el magíster en políticas públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Email: heidi.berner.herrera@gmail.com.

1. INTRODUCCIÓN

La presente reseña tiene por objetivo analizar de manera detallada las propuestas elaboradas por la Comisión de Modernización del Estado que fue convocada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) entre julio de 2016 y octubre de 2017. En particular, este análisis se focalizará en aquellas propuestas que dicen relación con el perfeccionamiento de la gestión financiera, procesos de planificación estratégica y rendición de cuentas, y su complemento con la evaluación, control y transparencia del uso de los recursos públicos y sus resultados.

Para ello, se tomará en cuenta, en lo que corresponda, los artículos de Gerhard Steger (“Elaboración de presupuesto por resultados: lecciones de la reforma presupuestaria austriaca”) y de Hermann von Gersdorff (“El proceso presupuestario en Chile: opciones de reforma”), estudios que se escribieron para apoyar el trabajo de la Comisión convocada por el CEP. Sumo, además, “Budgeting in Chile”, elaborado por la OECD en 2017.[1]

Es importante señalar que el análisis se realizará considerando la experiencia de la autora como coordinadora de evaluaciones de impacto en la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile (Dipres); como jefa, más tarde, de la división de control de gestión de la misma Dipres, y, luego, como subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Ello le permite tener la mirada de quien realiza el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública, así como de una jefa de servicio que debe ejecutar un presupuesto y cumplir con las metas propuestas.

Se considera que, tal como lo plantea la Comisión convocada por CEP —en adelante la Comisión—, la modernización del Estado debe ser una tarea permanente, que involucre el perfeccionamiento continuo de la acción de los distintos ministerios y servicios, con miras a responder las necesidades y expectativas de los ciudadanos, con foco en la prestación de servicios orientada a mejorar sus niveles de satisfacción.

Todas las propuestas de modernización que se plantean en el ámbito de la gestión financiera, procesos de planificación estratégica y rendición de cuentas y evaluación, control y transparencia van justamente en la línea de un Estado en el que el perfeccionamiento continuo es una tarea primordial, y más que una reforma estructural del mismo.

En materia de gestión financiera se plantean propuestas de modernización en cuatro ámbitos: i) crear incentivos al ahorro en la gestión presupuestaria; ii) generar más espacios de flexibilidad en la ejecución del presupuesto; iii) reducir los trámites para agilizar la gestión y la ejecución presupuestaria, y iv) integrar temáticamente el proceso de formulación, discusión y supervisión del presupuesto.

En materia de gestión organizacional, se entregan cinco propuestas: i) introducir la planificación estratégica con énfasis en gestión de procesos y rendición de cuentas; ii) institucionalizar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, fortaleciendo su rol colaborador y preventivo; iii) continuar con las mejoras de ChileCompra; iv) reformar la institucionalidad y competencias del Tribunal de Compras Públicas, y v) implementar, en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), una plataforma de servicios compartidos para una mejor regulación.

En particular, para efectos de esta reseña, se analizará la propuesta de la introducción de la planificación estratégica con énfasis en gestión de procesos y rendición de cuentas, ya que ésta se relaciona íntegramente con las propuestas en el ámbito de gestión financiera y en el ámbito de evaluación, control y transparencia.

Las propuestas en este último ámbito de evaluación, control y transparencia son seis: i) institucionalizar la Comisión de Productividad y extender sus facultades, estableciendo la Agencia de Productividad y Evaluación; ii) promover modificaciones a la forma de control que ejerce la Contraloría General de la República (CGR); iii) rediseñar el sistema de control de gestión pública; iv) aumentar la transparencia y mejorar la calidad de la información de evaluación de desempeño; v) velar por la usabilidad de los datos que se transparentan, y vi) establecer plataformas comunes para la medición de satisfacción de los ciudadanos.

Considerando su relación con la gestión financiera y la rendición de cuentas, en esta reseña se abordarán con mayor profundidad las propuestas en materia de la creación de la Agencia de Productividad y Evaluación, el perfeccionamiento del sistema de control de gestión pública y de la calidad de la información de desempeño que se entrega.

Para analizar las propuestas antes mencionadas, se seguirá un orden distinto al planteado en el Informe de la Comisión, pues el punto de partida para generar una gestión financiera con incentivos al ahorro de recursos y mayor flexibilidad en el manejo presupuestario debe ser el contar con una planificación estratégica, que defina los principales productos —bienes y servicios— que se entregan y que estos productos puedan ser fácilmente vinculados con los recursos asignados a través de la Ley de Presupuestos de cada año, y evaluados en materia de eficacia, eficiencia y calidad (oportunidad y satisfacción en la entrega), de manera de hacer seguimiento al cumplimiento de las metas comprometidas, además de sus resultados de mediano y largo plazo (impacto).

2. INTRODUCIR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROCESOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El Informe de la Comisión plantea que, “en la actualidad, la mayoría de los servicios no tiene marcos que establezcan de manera clara, pública e integrada los objetivos que persiguen, los recursos que disponen para alcanzarlos y la forma en que estos medios se articulan en pos de ese objetivo”;[2] sin embargo, es preciso señalar que el proceso de formulación del presupuesto de cada año obliga a las instituciones públicas (subsecretarías y servicios) al establecimiento de sus definiciones estratégicas (formulario A-1), las que incluyen la misión institucional, junto a la identificación de sus objetivos estratégicos, productos estratégicos y los clientes, beneficiarios o usuarios a los cuales están destinados dichos productos. Esta obligación se establece a partir del año 2000, junto con el rediseño del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG),[3] que permitió comenzar con la implementación en las instituciones públicas de sistemas de gestión, dentro de los que se consideraba como fundamental el contar con un sistema de Planificación y Control de Gestión. Adicionalmente, desde el mismo año, las instituciones públicas comprometen anualmente indicadores y metas como parte del proceso de formulación presupuestaria (formulario H). Dichos indicadores buscan hacer seguimiento al cumplimiento de los productos estratégicos (bienes o servicios que se entregan), y ser parte del sistema de Planificación y Control de Gestión.

La revisión de las definiciones estratégicas se realiza anualmente, en búsqueda de su perfeccionamiento, considerando las prioridades gubernamentales trabajadas con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y las prioridades presupuestarias establecidas en el proyecto de Ley de Presupuestos, de modo que reflejen adecuadamente la gestión relevante de la institución y los recursos asignados.

Estas definiciones estratégicas son la base del sistema de Planificación y Control de Gestión, que, según ya se señaló, era parte de los sistemas de gestión del PMG. Para asegurar que el sistema de planificación y control de gestión de cada institución permitiera, además de medir los aspectos esenciales del desempeño a través de indicadores, la identificación de los procesos involucrados en la generación de cada uno de los productos estratégicos —como lo recomienda el Informe de la Comisión—, en 2005 se inició el proceso de certificación, bajo la norma ISO 9001, de los sistemas de gestión del PMG, utilizando para ello toda la estructura y organización de la ISO internacional, apoyando a los servicios públicos con instituciones especialistas en la preparación de un proceso de certificación, y con instituciones acreditadas para la certificación ISO. Posteriormente, en 2009 se incorporó al PMG la certificación bajo la norma ISO 9001 de los procesos relacionados con la provisión de bienes y servicios relevantes para el desempeño de la institución, considerando la perspectiva territorial y de género, como también los sistemas de gestión que eran parte del PMG.[4] En 2009, 42 servicios de los 198 que eran parte del PMG —y por tanto contaban con sistemas de planificación y control de gestión— se encontraban en la etapa de certificación de los procesos de producción de los bienes y servicios que entregaban.

Actualmente, el PMG no se basa en sistemas de gestión ni en la certificación bajo la norma ISO de los procesos que permiten la generación de cada uno de los productos estratégicos, aun cuando mantiene el establecimiento de indicadores y metas en el formulario H para vincular la evaluación de su cumplimiento con el incentivo asociado al PMG. Ésta puede ser una de las razones que llevan a la Comisión a plantear que no siempre las definiciones estratégicas contienen información relevante, y que ellas no se relacionan necesariamente con la gestión de los servicios, las acciones realizadas y los recursos asignados (106). Sin embargo, se debe reconocer que existe heterogeneidad en la calidad de las definiciones estratégicas elaboradas por los servicios, tanto respecto de la vinculación de los productos estratégicos con los programas presupuestarios y los recursos involucrados en su provisión, como en la definición de los indicadores de desempeño que permiten hacer seguimiento al logro de los productos definidos.

Por tanto, se comparte la propuesta de la Comisión que señala que los servicios deben realizar procesos de planificación estratégica, identificando los objetivos que permiten la generación de sus productos, los recursos involucrados y los resultados perseguidos (107). Sin embargo, su implementación debe considerar lo avanzado a partir de la elaboración de las definiciones estratégicas e indicadores que acompañan la formulación presupuestaria, además de exigir que estas definiciones estratégicas sean parte del sistema de planificación y control de gestión de cada institución. Para que esta exigencia sea efectiva, se debe vincular dicha planificación con el resto del sistema de control de gestión pública, y, en particular, a los mecanismos existentes para la evaluación del desempeño de los funcionarios, como PMG y los convenios de desempeño, no sólo de los altos directivos públicos, sino también los convenios de desempeño colectivo que involucran a todos los funcionarios.[5] Esto es especialmente relevante cuando se considera que la Ley 19.553, en su artículo 7 letra d), establece que las metas y sus indicadores, incorporados en el convenio de desempeño colectivo, deben estar vinculados con las definiciones de misión institucional, objetivos estratégicos y productos relevantes de cada ministerio o servicio, validadas en el sistema de planificación y control de gestión del PMG. Ello está en línea con la sugerencia de la Comisión respecto de que los convenios de desempeño colectivo se transforman en instrumentos útiles para la gestión.

3. REDISEÑAR EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

El Informe de la Comisión señala que “existe poca congruencia entre los productos estratégicos que persiguen los servicios y los programas presupuestarios que reconoce la Ley de Presupuestos” (127), y que esto se debería a la falta de coordinación en la formulación del presupuesto entre los equipos financieros y los de control de gestión, tanto al interior de la Dipres como en los propios ministerios y servicios. Esa situación es en parte realidad, sin embargo su causa no es tan clara.

Desde el año 2010 se reconoce que un aspecto a avanzar para obtener una mayor calidad y pertinencia de los indicadores de desempeño y metas que acompañan la formulación del presupuesto es establecer una relación más clara entre los productos estratégicos, los indicadores y los programas presupuestarios; es decir, fijar con mayor claridad la relación entre asignaciones financieras y niveles de producción.[6] Por tanto, otra causa de la inadecuada vinculación de los productos estratégicos con los programas presupuestarios es la diferencia en la definición de ambos conceptos. Por una parte, en el Decreto 854, del 29 de septiembre de 2004, se establece que el programa presupuestario corresponde a la división presupuestaria de los capítulos (servicios públicos), en relación con las funciones u objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos, lo que permite distintas formas de agrupación del gasto correspondiente a un programa presupuestario.[7] Por otra, la definición de producto estratégico establecida por la Dipres señala que corresponde a los bienes y servicios que la institución ofrece como respuestas a las necesidades de sus clientes, beneficiarios o usuarios. Los productos estratégicos se generan bajo la responsabilidad de la institución, ya sea por producción directa o por subcontratación.[8]

Sin embargo, pese a estas diferencias conceptuales, la Dipres ha venido trabajando con los ministerios y servicios en la misma línea de la recomendación señalada por la Comisión (128), avanzando gradualmente en que los programas presupuestarios sean consistentes con los productos estratégicos o viceversa, de modo de generar indicadores asociados a estos productos, con el fin de permitir un adecuado seguimiento, no sólo desde un punto de vista financiero (ejecución presupuestaria), sino también desde el punto de vista del cumplimiento de los resultados asociados a los productos (cobertura, resultados intermedios y finales, según corresponda).

Se debería esperar que este avance se reflejara especialmente en los presupuestos de los ministerios que involucran un mayor porcentaje del gasto. Al analizar el Ministerio de Educación, que representa el 23 por ciento del presupuesto en 2017, y, en particular, la Subsecretaría de Educación, con el 77 por ciento del presupuesto del Ministerio, es posible apreciar que este capítulo se divide en 12 programas presupuestarios en el presupuesto 2017, en algunos de los cuales el gasto en la entrega del servicio está en un programa presupuestario distinto de sus costos de operación. Ése es el caso, por ejemplo, del programa “subvenciones de los establecimientos educacionales” (que agrupa las múltiples subvenciones que puede recibir su establecimiento, de acuerdo a sus características y la de sus alumnos)[9] y del programa “gestión de subvenciones de establecimientos educacionales”.[10] Lo mismo ocurre en el caso de la educación superior, en la que existen tres programas presupuestarios relacionados con los bienes y servicios que se entregan a las instituciones de educación superior o sus estudiantes: Fortalecimiento de la Educación Pública,[11] Educación Superior[12] —que contiene el financiamiento de gratuidad y becas entre otras materias— y Gasto de Operación de Educación Superior.[13] Se considera un avance el diferenciar, en distintos programas presupuestarios, el gasto en bienes y servicios del gasto operacional, pues permite realizar un seguimiento de la eficiencia de la inversión, especialmente en materia de gastos administrativos como porcentaje del total realizado en la provisión de los bienes y servicios, tal como lo sugiere en su informe la OECD.

Sin embargo, al analizar las definiciones estratégicas asociadas a la Subsecretaría de Educación en 2017[14] se señala la existencia de cinco productos estratégicos: i) políticas y normas educativas, ii) gestión y apoyo educativo, iii) sistema de financiamiento, iv) servicios asistenciales y v) servicios de información. Estos productos involucran más de un programa presupuestario, como es el caso del producto sistema de financiamiento, que involucra los programas de Educación Superior y Gestión de Subvenciones de Establecimientos Educacionales, mientras que otros productos, como servicios asistenciales, sólo podrán asociarse al programa presupuestario Recursos Educativos,[15] aun cuando podrían existir otros programas asociados, pero claramente no es posible la identificación de estos programas presupuestarios.

Caso contrario es el del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que en su presupuesto del año 2017 posee siete programas presupuestarios,[16] y la Corporación Nacional Forestal (Conaf),[17] cinco programas presupuestarios, donde, en ambos casos, es posible vincular, de manera más clara, los recursos destinados en un programa presupuestario con los productos estratégicos,[18] aunque aún existen espacios de mejora. También, en ambas instituciones, el respectivo programa 01 incorpora los recursos destinados principalmente a la administración de cada institución, los que no pueden ser vinculados directamente con los otros programas presupuestarios.

El análisis anterior muestra que es necesario homogeneizar la definición y operacionalización de los distintos programas presupuestarios incorporados en la Ley de Presupuestos, de modo que sea posible vincular más adecuadamente los recursos con los objetivos estratégicos y los productos que entrega cada institución. Esto implica, en algunos casos, abrir una mayor cantidad de programas en el presupuesto. Ésta es una propuesta de la Comisión, también de la OECD, tanto en el ya citado “Budgeting in Chile”,[19] como en el documento “Selected budgeting issues in Chile: Performance budgeting, medium-term budgeting, budget flexibility”.[20]

Es importante que la revisión de los productos estratégicos y la creación o eliminación de programas presupuestarios se realicen en el marco de la planificación estratégica y el sistema de planificación y control de gestión. Este proceso debe ser la base de la gradual transformación de la estructura presupuestaria y de la implementación de un correcto sistema de control de gestión, que utilice tanto la información de desempeño generada por la Dipres como aquélla puesta a disposición por el Ministerio de Desarrollo Social.

Junto con esto, es importante tener presente que el sistema de control de gestión debe permitir, además de vincular los productos y subproductos estratégicos de cada institución con los recursos destinados, la elaboración de indicadores de desempeño de distintos niveles de resultados (insumo, proceso, producto, resultado intermedio y resultado final); junto con la medición de la satisfacción con los productos, es decir, con los bienes y servicios recibidos. Se está de acuerdo con lo planteado por la Comisión respecto a que se debe elaborar una metodología común y transparente para la medición de satisfacción ciudadana, la que debe realizarse de manera sistemática y con una periodicidad establecida. Sin embargo, no es claro que todo deba agruparse en una plataforma única asociada a la División de Gobierno Digital y Tecnologías (134), dado que la información de satisfacción de los usuarios debe ser parte del sistema de control de gestión, y, por tanto, puede ser recogida por cada servicio público, pero bajo las pautas y supervisión de la División de Gobierno Digital y Tecnologías.

Adicionalmente, el sistema de control de gestión debe definir productos y subproductos estratégicos que se vinculen fácilmente con los programas del presupuesto, los que, a su vez, deberían corresponder a programas nuevos y reformulados que son evaluados como parte de la formulación presupuestaria (evaluación ex ante), y a los que se les realiza una evaluación más tarde ex post de sus resultados. La vinculación con el programa presupuestario puede ser el programa presupuestario completo o los ítems del subtítulo 24, el cual identifica las acciones programáticas, según sea el nivel de agregación que se defina en el programa. A modo de ejemplo, el programa presupuestario 06 “Sistema de Protección Integral a la Infancia”, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, corresponde a un producto estratégico. En su subtítulo 24 es posible identificar en cada ítem y asignación un conjunto de acciones programáticas (o subproductos), las que a su vez pueden ser evaluadas y contar con indicadores de desempeño.

Por tanto, el rediseño del sistema de control de gestión pasa por perfeccionar su vinculación con la estructura programática del presupuesto, pero haciendo los cambios en la unidad de análisis y usando adecuadamente la información que entrega el sistema de evaluación y control de gestión actualmente vigente en Chile. Éste se compone de: evaluaciones ex ante de programas sociales nuevos o reformulados y de proyectos de inversión pública, a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS); la evaluación ex ante de los programas no sociales nuevos como también de ampliaciones y reformulaciones de programas existentes, realizadas por la Dipres; y la evaluación ex post de programas —que incluyen el diseño, gestión e impacto de los mismos— desarrollados por la misma Dipres, a través de evaluadores externos. Adicionalmente, se debe considerar que forman parte de este sistema los instrumentos de seguimiento o monitoreo del desempeño, en los que se incluyen la revisión del cumplimiento de metas gubernamentales por parte de la Segpres; el seguimiento de indicadores de desempeño con la revisión del cumplimiento de las metas respectivas, por parte de la Dipres; y el monitoreo de programas sociales realizado por la mencionada Subsecretaría de Evaluación Social del MDS.

4. ESTABLECER LA AGENCIA DE PRODUCTIVIDAD Y EVALUACIÓN

En lo que se refiere a la evaluación de resultados (intermedios y finales), hoy se cuenta con evaluaciones de impacto encargadas a evaluadores externos por la Dipres, en el marco de lo que normalmente se compromete en el Protocolo de Acuerdo con el Congreso y las evaluaciones de impacto que las propias instituciones licitan, a través de recursos considerados en el subtítulo 22, en la subasignación correspondiente a estudios.

La Comisión propone la creación de una Agencia de Productividad y Evaluación que goce de autonomía legal, para que se aboque a la evaluación ex post de políticas públicas, manteniendo en el poder ejecutivo el monitoreo permanente y la evaluación ex ante. Esta propuesta se explicaría dada “la dificultad del Ejecutivo de evaluarse a sí mismo con ecuanimidad (en particular cuando es frecuente que la Dipres se involucre profundamente en el diseño de los programas)” (121). Sin embargo, esta afirmación, en primer lugar, no toma en cuenta que las evaluaciones ex post de programas son mandatadas a través de licitaciones públicas, para efectuarse por instituciones académicas, centros de estudios y consultoras, con alta rigurosidad profesional. Por tanto, no se trata de una “autoevaluación del ejecutivo”. En segundo lugar, asume que la Dipres participa en el diseño del programa, lo que no es así, pues la División de Control de Gestión de la Dipres o la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social son las encargadas de evaluar los programas nuevos y reformulaciones planteados por los servicios, y no participan de su diseño.

Adicionalmente, se considera que para que los resultados de una evaluación ex post (incluyendo las evaluaciones de impacto) sean efectivos, éstos deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones del rediseño o término de un programa. Este proceso es inherente a las responsabilidades del poder ejecutivo, por lo que, si se entiende que el fin último es “evaluar para mejorar”, a juicio de esta autora la nueva institucionalidad de evaluación debe localizarse al interior del gobierno, pues debe tener la jerarquía y la posibilidad cierta de interactuar con las instituciones en el ciclo de definición de políticas y disponer de facultades para que las instituciones y programas evaluados se pronuncien respecto de las recomendaciones que entreguen las evaluaciones. La experiencia internacional muestra que los sistemas de evaluación exitosos están a cargo de una institución con liderazgo y alta capacidad técnica, validada por toda la administración pública. Los liderazgos que sobresalen han sido aquéllos situados en los círculos del centro de gobierno y del proceso presupuestario, lo que en muchos países es un rol de los ministerios de finanzas o similares.[21] Así, en casos como los de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, existe una función de evaluación incorporada en la institucionalidad a cargo de las finanzas públicas. En Canadá se trata del Treasury Board Secretariat; en Estados Unidos, de la Office of Management and Budget (OMB), y en el Reino Unido, el Treasury Board. Por tanto, lo que se propone es que exista un servicio público a cargo de las evaluaciones, que se relacione con el Ministerio de Hacienda, y posea la misma jerarquía institucional que hoy tiene la Dipres.

En relación con la propuesta de la Comisión, según la cual la Agencia debería elaborar anualmente “un plan de evaluación, de manera que su agenda esté programada con antelación y sea de conocimiento público”, y que dicho plan “sea fijado entre el Congreso, el Ejecutivo y la propia Agencia” (123), se considera que lo planteado ocurre hoy, al establecer los programas que anualmente serán evaluados de manera ex post como parte de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, generalmente en el Protocolo de Acuerdo. Adicionalmente, la información que surge de dichas evaluaciones es pública y presentada de manera sistematizada a través de resúmenes ejecutivos que acompañan al proyecto de Ley de Presupuestos, y, por tanto, permite al Congreso ejercer su rol fiscalizador.

5. AUMENTAR LA TRANSPARENCIA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La Comisión señala que la información que “actualmente publica la Dipres no es suficientemente detallada ni tampoco está adecuadamente presentada de modo de facilitar el uso de la información difundida” (130). Este problema, en parte, se debe a lo analizado en esta reseña respecto a la desvinculación que existe entre la información de desempeño y la estructura presupuestaria. Por tanto, con las propuestas analizadas y las sugerencias adicionales de esta autora en relación a la planificación estratégica y al rediseño del sistema de control de gestión y la estructura presupuestaria, este aspecto del problema estaría resuelto.

Sin embargo, se debe avanzar en que tanto la información de gasto como de desempeño sea presentada en formato de base de datos, tal que permita elaborar series de tiempo de indicadores claves, como costo unitario de los bienes y servicios provistos, o porcentaje de gastos administrativos.

Además, la Comisión propone que la ejecución del gasto público sea presentada con la mayor desagregación posible y en formatos que permitan al usuario agrupar y resumir información de acuerdo a sus propósitos (131). Estando de acuerdo con esta propuesta, se debe revisar que el nivel de desagregación no atente contra la adecuada vinculación de cada programa presupuestario con el producto estratégico o los subproductos a los cuales se les definirá un indicador de desempeño.

6. VELAR POR LA USABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE TRANSPARENTAN

Se está de acuerdo con la propuesta de la Comisión en relación con que “la publicación de los datos cuente con estándares mínimos de usabilidad y consistencia, siendo imprescindible presentar la información acumulada en el tiempo (series largas) y con la máxima desagregación territorial posible, si corresponde” (134).

Un avance en la usabilidad, sin duda, será contar con la vinculación de los programas presupuestarios con los productos estratégicos, tal como fue analizado en la sección de rediseño del sistema de control de gestión.

Adicionalmente, se considera que la información debería poder ser agrupada en distintas categorías. A la actual clasificación por tipo de gasto (como los habituales subtítulos de cada programa: personal, bienes y servicios, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, adquisición de activos financieros, iniciativas de inversión, etcétera), se deberían sumar agrupaciones conforme a otras categorías, como la población a la que se dirige el gasto —por ejemplo, infancia, jóvenes, adultos mayores, mujeres, entre otros—; los objetivos estratégicos que se persiguen; el tipo de bien o servicio que se entrega —transferencia monetaria, asistencia técnica, etcétera—, o por área geográfica, en la que se ejecuta el gasto (región o comuna).

Este tipo de agrupaciones es actualmente utilizado en la plataforma del Banco Integrado de Programas Sociales,[22] en la que a partir del proceso de seguimiento es posible agrupar programas por ámbito de acción, condiciones de beneficiarios, tipo de beneficios y ciclo de vida.

7. CREAR INCENTIVOS AL AHORRO EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

La Comisión plantea que actualmente “existe un claro desincentivo a los jefes de servicio a buscar espacios para ahorros y eventuales reasignaciones internas” (82). Sin embargo, esta premisa no considera que los jefes de servicios normalmente realizan reasignaciones durante el año, en acuerdo con la Dipres, para una más eficiente y adecuada ejecución del gasto.

Dado este supuesto desincentivo, la Comisión propone implementar “un sistema de ahorros compartidos a partir de ganancias de eficiencia en la gestión de compromisos de gasto permanente. En un año determinado, una vez cumplidas las metas de servicios o productos definidas en el presupuesto, el 50 por ciento de los eventuales excedentes en los subtítulos de gasto permanente del programa podrían ser parcialmente enterados al presupuesto del servicio del año subsiguiente” (83).

Esta autora no está de acuerdo con lo planteado por la Comisión, principalmente por cuatro razones. La primera: los gastos permanentes se encuentran asociados a leyes permanentes, que obligan a la entrega de un cierto bien o servicio a todos aquellos usuarios o beneficiarios que cumplan con los requisitos de elegibilidad (por ejemplo, para subvención escolar, pensión básica solidaria, entre otros). Estos recursos están normalmente identificados en el subtítulo 24, y su monto viene dado por la ley permanente que los creó. Por tanto, la generación de ahorro sólo podría venir por disminución de cobertura, lo que perjudicaría a las personas.

La segunda: el comprometer recursos entre un periodo presupuestario y otro para un uso que no está claramente identificado en la Ley de Presupuestos desconoce que el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos significa el priorizar el uso de recursos, y establecerlo en una ley, con aprobación del parlamento.

La tercera: puesto que los ahorros de gasto obtenidos podrían ocuparse en el presupuesto de años posteriores, se podría contravenir la regla fiscal y, por tanto, la promesa de entrega de esos ahorros no ser factible de implementarse. Así lo señala Steger al analizar el caso austríaco,[23] en el que ajustes fiscales, debido a las condiciones macroeconómicas, no permitieron entregar las reservas generadas por los ahorros.

Por último, la cuarta razón se refiere al incentivo perverso que pueden tener los servicios al comprometer, en términos de desempeño, menos de lo que es posible alcanzar con los recursos asignados a un cierto programa, de modo de cumplir la meta y obtener “ahorros”. Este último caso podría evitarse con la existencia del sistema de control de gestión que se discute en detalle en esta reseña.

Con todo, si se desea analizar estrategias para incentivar el ahorro, las mismas no deberían basarse en el gasto permanente, sino que en el gasto operacional, especialmente el identificado en el subtítulo 22.

8. GENERAR MÁS ESPACIOS DE FLEXIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Al analizar posibles formas de aumentar la flexibilidad en la ejecución presupuestaria de los servicios públicos es necesario partir de la base de que, en términos comparados con los países de la OECD, Chile posee una adecuada flexibilidad.[24] Si bien las reasignaciones deben ser aprobadas por la Dipres, lo cierto es que en la mayoría de los casos las propuestas surgen desde los propios servicios.

A pesar de lo anterior, la Comisión propone dos grandes medidas para aumentar la flexibilidad: i) reducir la desagregación del subtítulo 29 (adquisición de activos no financieros), dejándolo sólo a nivel de subtítulo, y ii) disminuir el número de asignaciones en los subtítulos 24 (transferencias corrientes) y 33 (transferencias de capital), apuntando a que tengan un menor nivel de detalle.

Respecto de la primera propuesta de la Comisión, no se está de acuerdo con reducir la desagregación del subtítulo 29, pues el gasto en tecnología (hardware y software) es cada vez más importante para la correcta entrega de los bienes y servicios, requiriéndose continuamente el desarrollo de diversas plataformas. Este desarrollo debe ser evaluado, de manera que no existan duplicaciones; y tal como lo plantea la Comisión, en esta evaluación debería participar a lo menos la Unidad de Modernización de la Segpres y la Dipres, y avanzar a que exista una Dirección de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información. Por tanto, la flexibilización del subtítulo 29 atentaría contra la correcta ejecución de las iniciativas a identificar en este subtítulo, que deberían ser sólo aquéllas que hayan sido debidamente evaluadas.

Respecto de la recomendación de agregar los subtítulos 24 (transferencias corrientes) y 33 (transferencias de capital), ella es inconsistente con lo planteado en relación con acceder a información con la mayor desagregación posible (en sección de transparencia y usabilidad de la información). Al mismo tiempo, el nivel de apertura en asignaciones de los subtítulos 24 y 33 debe evaluarse tomando en consideración la necesidad de reestructurar los programas presupuestarios para vincularlos con los productos y subproductos estratégicos. Así, en la mayoría de los casos, un programa presupuestario debería corresponder a un producto estratégico (por ejemplo, financiamiento de la educación superior), y los subproductos deberían identificarse a nivel de asignación al interior del subtítulo (por ejemplo: gratuidad, becas, crédito, entre otros).

Por otra parte, a la hora de evaluar la entrega de mayores niveles de flexibilidad en la ejecución del presupuesto de los servicios, es importante poner como primer requisito el cumplimiento de los resultados que se hayan definido en el sistema de control de gestión. En ese sentido, se debería revisar en detalle la experiencia, que existió entre 2004 y 2008, de entrega de mayor flexibilidad como premio a aquellos servicios que, junto con cumplir con el 100 por ciento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), cumplieron con la disciplina financiera, respetando, entre otras cosas, la programación de caja. En esos años la flexibilidad presupuestaria venía dada por: i) traspaso de recursos presupuestarios —originados en mayores ingresos o ahorros permanentes— de un año fiscal al siguiente, en la forma de un saldo inicial de caja por sobre la estimación del presupuesto aprobado, y ii) traspaso de recursos entre proyectos de inversión; es decir, flexibilidad para reasignar recursos de los ítems 61 al 74 del subtítulo 31 (antes denominado como inversión real, ahora como iniciativas de inversión), en la medida en que mantengan la recomendación técnico-económica favorable (RS) del Mideplan, actualmente Ministerio de Desarrollo Social, y hasta por el monto autorizado en la Ley de Presupuestos.[25] Durante este periodo, existieron servicios que utilizaron la flexibilidad tipo i. En el caso de la flexibilidad ii, ella fue utilizada independientemente del cumplimiento del PMG, dado que la reasignación de los proyectos de inversión permite una eficiente ejecución del presupuesto, dadas las contingencias que pueden ocurrir en la implementación de las iniciativas de inversión.

La modernización del Estado debe entenderse como un proceso de mejora continua y, en ese sentido, esta reseña ha buscado hacer un análisis de las propuestas de la Comisión considerando lo avanzado y los desafíos que debemos abordar para hacer más eficiente, eficaz y con mayor calidad la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía. Al mismo tiempo, propone herramientas que permitan el adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto desde un punto de vista financiero como de sus resultados.

BIBLIOGRAFÍA

Aninat, Isabel y Slaven Razmilic, coordinadores. Un Estado para la ciudadanía. Informe de la Comisión de Modernización del Estado. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2017.

———, editores. Un Estado para la ciudadanía. Estudios para su modernización. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2018.

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Dirección de Presupuestos. Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2006. Santiago: Ministerio de Hacienda, 2005. http://www.dipres.gob.cl/598/articles-37447_doc_pdf.pdf/.

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Von Gersdorff, Hermann. “El proceso presupuestario de Chile: opciones de reforma”. En Un Estado para la ciudadanía, editado por Aninat & Razmilic. EP

1 Camila Vammalle y Ana María Ruiz Rivadeneira, “Budgeting in Chile”, OECD Journal on Budgeting 2016, n.º 3 (2017).

2 Isabel Aninat y Slaven Razmilic (coordinadores), Un Estado para la ciudadanía. Informe de la Comisión de Modernización del Estado (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2017), 106. En adelante, las citas a este documento se harán tan sólo con el número de página entre paréntesis.

3 Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su origen en la Ley 19.553, de 1998, modificada por las leyes 19.618, 19.882 y 20.212, que asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios.

4 En Alberto Arenas y Heidi Berner, Presupuesto por resultados y la consolidación del Sistema de Evaluación y Control de Gestión del gobierno central (Santiago: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda de Chile, 2010), 40, 52 y 53.

5 La Ley 19.882, de 2003, que modificó el artículo 7° de la Ley 19.553, señala que los convenios de desempeño colectivo son un mecanismo de incentivo al cumplimiento de metas, con el que, a través de un convenio entre el jefe del servicio y el ministro del ramo, se definen metas a partir de indicadores de desempeño.

6 En Arenas y Berner, Presupuesto por resultados, 83.

7 La Ley de Presupuestos se estructura en “partidas” (en las que cada una corresponde a un ministerio o a una institución del Estado); que a su vez se dividen en “capítulos” (típicamente subsecretarías, servicios, direcciones, fondos o superintendencias); que a su vez se dividen en “programas presupuestarios”, al interior de los cuales cada gasto se clasifica en “subtítulos”, cada uno con sus respectivos “ítems”. Los subtítulos (gasto en personal, transferencias, inversión, entre otros) son comunes a todos los programas presupuestarios, lo que permite hacer comparaciones entre distintos programas, capítulos y partidas. (N. del E.)

8 Ver http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15219.html/.

9 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 20.

10 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 21.

11 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 29.

12 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 30.

13 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 31.

14 Ver http://www.dipres.gob.cl/597/articles-157545_doc_pdf.pdf.

15 Ley de Presupuestos 2017, partida 09, capítulo 01, programa 11.

16 Ley de Presupuestos 2017, partida 13, capítulo 04, programa 01 (Servicio Agrícola Ganadero), programa 04 (Inspección de Exportaciones Silvoagropecuarias), programa 05 (Desarrollo Ganadero), programa 06 (Vigilancia y Control Silvoagrícola), programa 07 (Control Fronterizo), programa 08 (Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables) y programa 09 (Laboratorios).

17 Ley de Presupuestos 2017, partida 13, capítulo 05, programa 01 (Corporación Nacional Forestal), programa 03 (Manejo del Fuego), programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas), programa 05 (Gestión Forestal) y programa 06 (Arborización Urbana).

18 Ver http://www.dipres.gob.cl/597/articles-157587_doc_pdf.pdf/ y http://www.dipres.gob.cl/597/articles-157588_doc_pdf.pdf/.

19 Vammalle y Ruiz Rivadeneira, “Budgeting in Chile”.

20 Ian Hawkesworth, Óscar Huerta Melchor y Marc Robinson, “Selected budgeting issues in Chile: Performance budgeting, medium-term budgeting, budget flexibility”, OECD Journal on Budgeting 12, n.º 3 (2013).

21 Ver Keith Mackay, “Institutionalization of Monitoring and Evaluation Systems to Improve Public Sector Management”, Evaluation Capacity Development Working Paper Series n.º 15, World Bank (Washington DC, 2006).

22 Ver http://www.programassociales.cl/programas/.

23 Gerhard Steger, “Elaboración de presupuesto por resultados: lecciones de la reforma presupuestaria austriaca”, en Un Estado para la ciudadanía. Estudios para su modernización, editado por Isabel Aninat y Slaven Razmilic (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2018), 489-532.

24 Ver Vammalle y Ruiz Rivadeneira, “Budgeting in Chile”.

25 Dirección de Presupuestos, Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2006 (Santiago: Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile, 2005), 151.

Raúl Ruiz, Diario. Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas (1993-2011), edición de Bruno Cuneo (Santiago: UDP, 2017).

RESEÑA

MUCHAS VIDAS Y UNA SOLA MUERTE

Ascanio Cavallo

Crítico de cine

Ascanio Cavallo. Periodista de la Universidad de Chile. Columnista político del diario La Tercera y crítico de cine de la revista Sábado de El Mercurio. Director de la Colección Cine de Uqbar Editores. Ex director del diario La Época y de revista Hoy. Entre sus libros figuran La historia oculta del régimen militar, con Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda (1988), y La historia oculta de la transición (1998). Email: ascanio.cavallo@tironiasociados.com.

La primera pregunta que emerge ante las 1.212 páginas del Diario. Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas (1993-2011), de Raúl Ruiz, primorosamente editadas por Bruno Cuneo (Santiago: UDP, 2017),[1] es si ofrecen algún acceso al mundo del más importante de los cineastas chilenos. La respuesta es sí, pero a condición de entender que se trata de un mundo laberíntico, amoblado no sólo con referencias, sino sobre todo con resonancias, ecos, repiques, rebotes que ni cinco mil páginas podrían agotar. El mundo de Ruiz fue un flujo tumultuoso de lo que Freud denominó, en su Interpretación de los sueños, “copiosas conexiones asociativas” y parece seguro que nadie llegará a conocerlo enteramente, con la excepción de Valeria Sarmiento, su esposa por más de cuatro décadas.

En Ruiz convergen dos figuras que la modernidad ha vuelto antitéticas: el intelectual y el artista. En su caso, ambas se revisten con una armadura de erudición. Es, por así decirlo, una modernización del humanismo renacentista, que vuelve a combinar el interés por la especulación intelectual (por ejemplo, el juego) con el de la ciencia (por ejemplo, la física), al mismo tiempo que promueve la indistinción entre materiales “nobles” y “vulgares”, siguiendo el rastro de Parra. Ruiz fue la cabeza más rara que haya producido Chile y el Diario ofrece una ventana hacia su interior.

Cuando apenas ha cumplido los 54 años, en diciembre de 1995, volando entre Taipei y Bangkok, se pregunta: “¿Cuántas películas me quedan por filmar? ¿La última?”.[2] Y luego agrega, como para que el lector salga del sobresalto: “Serenidad y tristeza”. No se puede descartar que en aquellos días estuviera bajo la influencia de Comédie des ombres, la única película que rodó en mandarín y que transcurría principalmente en un cementerio.

El proyecto era otra rareza: combinaba cuentos del filósofo chino del siglo IV a.C. Chuang Tseu (o Zhuangzi) con relatos folclóricos chilenos. Al fin, pasó a engrosar la nómina de obras inconclusas de Ruiz, que no es breve. Pero eso no se sabía en el momento en que regresaba de Taiwán, y en cambio a mediados de ese año había concluido el “confortable” rodaje de Tres vidas y una sola muerte, una de las cintas postreras de Marcello Mastroianni, y pronto iniciaría la preparación de Genealogías de un crimen, con Catherine Deneuve y Michel Piccoli, completando el período más estelar de su carrera.

No era un momento para andar pesimista, pero lo que el sombrío Ruiz recuerda es que durante el trabajo con Mastroianni comenzó a detectar un ligero temblor de manos. El Diario es, entre muchísimas otras cosas, el retrato de un hipocondríaco que, sin embargo, no lo teme demasiado a la muerte. Es un hombre extremadamente atento a las señales de su cuerpo. A los 52, cuando se inician estos escritos, su principal dolencia es la diabetes; más tarde, según pasan los años, se agregarán otras.

Ahora se conoce la respuesta a su pregunta: le quedaban todavía unas 35 películas completas, esto es, alrededor de un tercio de la filmografía que se ha logrado establecer tras su muerte, el 19 de agosto del 2011, con 70 años recién cumplidos.

¿Se puede ser hipocondríaco sin temerle a la muerte? Éste es un asunto que merecería mayor discusión, pero la hipocondría de Ruiz tiene un lado cómico. El 28 de junio de 1996 confiesa: “Hace un par de días me encontré con Pascal [Bonitzer] para modificar el guión. Hablamos de una cosa y de otra y de repente le dejé caer lo siguiente: ‘Tengo los síntomas de un cáncer a la garganta, pero, al mismo tiempo, los conozco y puede ser que me los esté inventando’. Me dijo que hace dos años él tenía los mismos síntomas y que resultaron ser angustia. Pero se ha alarmado” (I, 116).

El porfiado cáncer “que nadie quiere ver” se esfuma en las páginas siguientes, aunque Ruiz suele sentirse rodeado por la muerte. La muerte es uno de sus principales tropos y su estética está cargada de una imaginación fúnebre, a veces cómica, a veces melancólica, pero siempre intensamente perturbadora.

Uno de los pasajes más duros del Diario ocurre en los primeros meses de 1998, cuando su padre, “el Capitán”, inicia su camino a la muerte. El primero de abril de ese año se registra esta seca entrada: “Llegué a las 13 hrs. Vi a mi padre agonizar. Murió a las 20 hrs.” (I, 270). Nueve días más tarde: “Ayer vinieron a almorzar Manuel Silva y José Román. Aparente alegría. En cada rincón de la casa acecha la muerte” (I, 274).

En las elusivas páginas que dedica a este suceso aparece el intenso afecto de Ruiz por el capitán de la marina mercante que le abrió el mundo en los años cuarenta y cincuenta, cuando el mundo estaba lejos de Chile, y de pronto se vuelve lamentable que el Diario sólo se inicie diez años después del rodaje de Les trois couronnes du matelot, una de sus películas más barrocas y brillantes, y también más secretamente ligada al “Capitán”.

En el 2008 muere también su madre, y esta vez Ruiz escribe más, combinación de inquietud y humor. En el lugar más banal de la casa, un corredor con forma de ele, siente que su madre muerta se hace presente. “¿Qué sentí? Casi nada: una presencia detrás de mí. Y un erizarse de los pelos de la nuca. Y un escalofrío. Y, por supuesto, miedo” (II, 529). Otras cosas raras ocurren, con el despertador, el teléfono, la cocina. Ruiz no duda: su madre está penando. Y entonces: “Mi tía dijo: ‘Siempre es así, pero nunca dura más de una semana’” (II, 530).

La muerte aparece en serio, con dureza, a partir de 2009, momento en el cual adquiere una brusca materialidad algo que el lector sabe pero tiende a olvidar en el océano de páginas: que el Diario se termina cuando muere su autor. Aunque no pierde lucidez ni energía, desde entonces la escritura se hace más breve y esporádica, como marcando el paulatino retroceso de su autor hacia su propio final: 26 páginas para ese año, que disminuyen a 14 en 2010 y a sólo 10 en lo que alcanza a vivir de 2011. La última anotación es del 5 de julio de 2011. Ruiz murió 45 días después, mientras preparaba uno de sus proyectos de mayor presupuesto, Las líneas de Wellington, que por recomendación de John Malkovich terminó dirigiendo Valeria Sarmiento.

*****

Chile es un problema sin solución. De todos los artistas e intelectuales que se fueron al exilio con el golpe de Estado, Ruiz es el único que no lo vivió como un sufrimiento. Su relación con Chile es fluctuante, pero es claro que considera que, si no se hubiese ido del país a los 32 años, su carrera fílmica no habría sido posible. “De las pocas cosas que no me arrepiento es de haber huido de América Latina, el continente de la gana y la tristeza (Keyserling dixit)” (1° de marzo de 2003: II, 128). Y más tarde, a fines del 2007: “Hace 34 años que salí de Chile. Veo a Valeria, veo a mi madre (a la que puedo ver todavía viva y muy viva). Las veo en situación de duelo. Lo peor podía esperarse en aquellos años y lo peor fue lo que fue. Fue mejor, mejor que mejor, en el buen y en el mal sentido. Sobre todo, fue” (II, 492).

Primero de febrero de 1997: “Un año en Chile bastaría para matarme. Ayer, mecánicamente quise salir y sólo de pensar en la cara de la gente divagando por la calle preferí volverme a acostar. Vuelvo a sentir la impresión de mi primer viaje después de nueve años de exilio: ‘pesadilla a la hora de la siesta’” (I, 136). 5 de mayo de 1998: “Qué raro, la idea de no ver nunca más a un chileno me alegra. ¿Qué querrá decir? Patria, putria, madrematria. El reír infernal de los chilenos y su sed de matar muriendo con tal de que nada quede. Chile habría declarado la guerra atómica por el puro placer de hacerlo” (I, 295).

Ese “temor a Chile” es tan penetrante, que lo siente con sólo subir al avión rumbo a Chile: “La misma sonrisa satisfecha y cínica de mis compatriotas. De nuevo la misma sensación de cada vez que voy a Chile: ¡de la que me salvé!” (8 de abril de 2003: II, 144).

La huella del exilio se siente con más fuerza en su crítica ambivalente de la transición política, que ejerce con el desapego consciente de un artista que sólo ve desde París sus peripecias y el papel que asume en ellas su partido, el Socialista. “En todo caso, la mayoría de los buenos saben que estamos en peligro y que nuestros enemigos son… nuestros amigos. El socialismo ha asesinado todo lo que de cerca o de lejos se parece a la privada empresa de crear arte. El muy mal llamado socialismo. Apocalipsis de pacotilla. ‘Callada canalla’ (como diría Braulio [Arenas] en sus delirios anti-UP). Igual no cambiaré. Estoy muy viejo para darme vuelta la chaqueta. Pero duele como el cepo la memorable traición de los míos. Ominami-O my money. Aylwin-Pinochet, Frei-Frei” (7 de febrero de 1994: I, 61). En verdad, su refriega con el PS es mucho más corrosiva en algunas de sus películas: Mémoire des apparences (1987) y La telenovela errante (1990), y el guión de Secretos (2007), que escribió para Valeria Sarmiento.

El 11 de enero del 2008: “Ayer cené con Roberto y un vestuarista y decorador que trabaja en diferentes teatros de ópera (Metropolitan, Bayreuth, Scala). Me dijo que aquí en Chile no ha conseguido trabajar. Indecisión, chuecura y envidia. Me aconsejó prudencia con las autoridades de la cultura en Chile” (II, 507).

La producción intelectual de la izquierda lo desquicia: “Leí, hojeé rápidamente, la revista Rocinante. El mismo regusto a lata de las revistas de la UP y la misma sensación de que están vendiendo una pomada (pero quién no la vende)” (2 de septiembre de 1999: I, 347). En la misma revista encuentra cinco años más tarde un análisis de Machuca, película a la que llama “unanimista”: “Sociología idiota, valga el pleonasmo”. Y en el apogeo del libro que inauguró la crítica de la transición —Chile, anatomía de un mito, de Tomás Moulian— se enfurece: “Leo a un malo llamado Moulian. Da que rabiar y te adormece (…) Durante el viaje a Sao Paulo leí algunas páginas de Moulian, cuya incoherencia me puso de mal humor” (5 de octubre de 1998: I, 300-1).

Ruiz salió al exilio sin una persecución evidente, pero en el filo de muchos peligros posibles. El cineasta alemán Peter Lilienthal consiguió que tomara un vuelo hacia Alemania junto con Antonio Skármeta, desde donde luego derivó a París. Regresó a Chile, no después del fin del régimen militar, sino mucho antes, en 1982, cuando incluso filmó uno de sus cortos más memorables, Carta de un cineasta o el retorno de un amateur de bibliotecas.

Desde entonces, viajó periódicamente a visitar a sus padres y, a veces, a filmar fragmentos sin un motivo predeterminado, como a veces hacía en distintos rincones del planeta. Después de 1990, sus visitas se hicieron más frecuentes —tres y hasta cuatro por año—, junto con los “proyectos chilenos” que resultaban intrigantes para toda la crítica de cine del mundo. Su estatuto había cambiado radicalmente: ya no era un cineasta del destierro, sino una figura “de culto”, uno de los pocos a los que Cahiers du Cinéma había dedicado un número especial y al que solicitaban las grandes estrellas (John Hurt, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Sharon Stone, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Emanuelle Béart, John Malkovich, Laetitia Casta) para ganar prestigio, como ocurre con Terrence Malick, Woody Allen o Pedro Almodóvar.

El problemazo de Chile nunca se resuelve. La enorme mayoría de sus películas contiene alguna referencia —un chiste, una canción, una voz, una imagen— que ha de ser enigmática para cualquier espectador que no sea de este país. Es su marca de fábrica. Hitchcock hacía un cameo en todas sus películas. Ruiz convierte a Chile en un cameo.

*****

Y entonces, ¿cómo nacían las películas de Ruiz? En el capítulo que le dedica dentro de ¿Qué es el cine moderno?, el crítico australiano Adrian Martin constata que “es imposible saber qué filmes ha visto Ruiz, qué libros ha leído, qué música escucha —usando sin duda estas cosas todo el tiempo como una matriz generativa para sus propias creaciones, también suprime las huellas de esa matriz”.[3]

El reclamo de Martin nace de la sospecha de que Ruiz lee mucho, ve mucho cine y oye mucha música. El Diario confirma tanto la imposibilidad como la sospecha. Ruiz lee mucho —incluso colecciona ediciones antiguas—, pero no sigue un patrón visible y todo indica que lee de manera sinóptica y diagonal. Los libros lo acompañan a todas partes y, desde luego, a los rodajes. El 24 de noviembre de 1993, mientras filma Fado majeur et mineur, se halla esta sorprendente reflexión: “Sabiendo que lo que leo durante la filmación suele determinar el carácter y hasta el sentido de las escenas, la elección de libros debería ser una tarea responsable. En cambio…” (I, 24).

Con todo, por debajo del torrente de libros que repasa permanecen constantes el filósofo y matemático inglés A.N. Whitehead y, al menos en el período de este Diario, el físico norteamericano David Bohm y el historiador italiano Carlo Ginzburg (que lo lleva a decir en octubre del 2001 que “las preocupaciones que me quitan el sueño son italianas: Santillana, Storoni Mazzolani, Agamben, Cacciari, Sciascia, Ginzburg, Macchia y, por supuesto, Praz (sin olvidar Elémire Zolla y Cristina Campo)” (I, 585). En la literatura, las grandes resonancias son Borges, Kafka, Thackeray, Faulkner, Pound. Y, a lo largo de muchos años, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, maestros del sueño y la paradoja que inspiran una y otra vez los retruécanos de Ruiz.

Cuando las enfermedades ya han ganado terreno, en enero de 2010 registra un conmovido homenaje a los textos clásicos: “Me ha hecho muy bien la lectura de los Pensamientos de Pascal (…) ¡qué fervor y qué serenidad! A veces pienso en sus cilicios, en la tortura de sus enfermedades y las torturas voluntarias. ¿Hay dolores que calmen, que distraigan de esos dolores? ¿Hay jerarquía en el dolor o es un continuo empantanarse, una molestosa impaciencia? Metástasis de la iconostasis” (II, 582).

También es un aficionado incontinente a la música. Un día cualquiera de compras en París, el 28 de febrero de 1997: Conlon Nancarrow, Bach por Stokowski, Reger en la versión de Scherzer, Eddy Duchin, Duke Ellington, Friml, la música de Ed Wood. Nuevamente, hay una obra que atraviesa los años: El clavecín bien temperado, de Bach, en las más diferentes versiones posibles.

Pero cuando se trata de la música que usará en sus películas, lo más importante es la colaboración con Jorge Arriagada, que desde 1977 estuvo presente en casi todas sus obras. Mientras estudia la música para Klimt, en abril del 2005 realiza esta importante anotación: “Como de costumbre, Jorge trabaja su música con una intuición general del film, pero sin componer escenas precisas, lo que, en el fondo, prefiero. Eso nos evita toda forma de jump and fall” (II, 357).

En cambio, no es un cinéfago. Ve películas en forma irregular —se siente culposo cuando deja de hacerlo— y no se subsume en las salas de arte y ensayo. Al contrario, suele ver blockbusters y a veces películas infantiles. En los casi 18 años del Diario no llega a hablar de 100 títulos.[4] Pero tiene una cultura y una memoria educada en los clásicos norteamericanos y en las rupturas europeas de los sesenta. Es lo que podría llamarse un “cinéfilo clásico”.

Cuando lo explica, curiosamente, se desliza hacia el amor: “…a mí me cuesta ver films en general y, por lo demás, no culpo a nadie de no tener ganas de ver los míos. En fin, casi. Amo a Valeria. Amo amarla. En fin, casi. Sí, la amo” (1° de diciembre de 1993: I, 36). El amor de Ruiz no se puede disociar de Valeria Sarmiento ni del cine. Después de ensayar decenas de definiciones en las 1.212 páginas, llega a una muy personal el 13 de octubre del 2004: “El cine es mi espejo turbulento” (II, 309).

El 24 de diciembre del 2002 cena en casa de una familia en la que una chica de 15 años desea ser cineasta: “Los padres querían que les hablara de las dificultades y los sufrimientos del cine, pero no pude. El cine debe ser la profesión más entretenida que existe” (II, 92).

Y la conclusión crucial, el 4 de octubre del 2004, en un período en que los problemas con Klimt lo hacen interrogarse con frecuencia por su oficio: “Hoy, día francamente primaveral en Viena. Extraña vida. No puedo quejarme. No puedo amarla. No puedo decir ‘no puede ser’, porque es. Estoy cumpliendo todo lo que siempre quise. Filmar ficciones en los países de donde vienen los autores que me gustan” (II, 306).

*****

En todo momento, cualquiera sea el punto que se escoja, Ruiz está elaborando no menos de cinco proyectos —a veces ocho, o diez— a un mismo tiempo. Muchos cineastas trabajan de la misma manera, con conciencia de que muchas de esas ideas caerán antes de nacer. Una nómina de los proyectos que Ruiz no llegó a realizar sería probablemente varias veces más abundante que su filmografía.

En 48 años de actividad, Ruiz realizó 119 películas (sin contar las inconclusas), lo que es un récord en el cine contemporáneo. Martin Scorsese, por ejemplo, lleva 57, y Woody Allen, 54, por nombrar a dos cineastas altamente productivos. En algunos años, como 1989, Ruiz llegó a realizar siete películas —cortos y largos— y de manera muy frecuente dos o tres por año.

En algún punto de los ochenta, cuando inició su colaboración con el productor portugués Paulo Branco (Le territoire, 1981), Ruiz tomó la decisión de aceptar lo que se le ofreciera, confiando, por un lado, en que su talento fílmico le permitiría siempre imponer su sello personal y, por otro, en que su propia obra sería un indicio para el tipo de cosas que debían proponerle. Su inspiración era el Luis Buñuel que se instaló en México y revolvió por dentro los géneros de ese cine.

No siempre pudo cumplir con esa intención. El Diario registra el tortuoso rodaje de su única película con Hollywood, Shattered image (1997): “Es un hecho que se me quitaron las ganas de hacer la película y que no volverán salvo milagro. Simplemente la manera de filmar le quita toda sorpresa a la filmación. No hay milagro posible. La más mínima invención es anulada antes de que tenga tiempo de formularla” (27 de agosto de 1997: I, 184). En esa película se arruinó todo. Cuando ve el primer montaje, Ruiz nota el reflejo de la cámara en un espejo. Anota: “Es increíble hasta qué punto Robby [Müller] fue poco profesional. Recuerdo bien que le pedí que se fijara en el reflejo. No quiso hacerlo. De alguna manera, quería que la película saliera mal” (I, 198). Es un apunte amargo, tratándose de uno de los más prestigiosos directores de fotografía del mundo.

Algo similar ocurre en su única incursión en el cine británico, a través de A closed book (2009), con guión del crítico, novelista y amigo Gilbert Adair: “Tengo la sensación de que hay una desconfianza generalizada en todos, en general, y en Gilbert, en particular. Mis ideas se fueron volando lejos. Lástima. Espero que sea el último film en este país de ‘los espantosos ingleses que odio todavía’” (18 de septiembre de 2008: II, 544).

En un par de ocasiones se enfrenta al propio Branco: por sus peticiones “al límite de lo inaceptable” en Ce jour-là (2002) y por la distribución de un montaje abreviado de Klimt (2005), que finalmente ha circulado en dos versiones: la de la producción y la de Ruiz.

También piensa que los productores arruinan su adaptación de Jean Giono, Les âmes fortes (2001). “El sábado (…) irrumpieron en la proyección. Siguió un almuerzo abominable, en el que mostraron todo lo que habían ocultado hasta aquí: pánico, ignorancia, tontería y maldad pura y simple” (I, 451). Y luego, reflexionando en La Habana, donde Valeria Sarmiento concluye una película: “Sensación de angustia que se va de a poco con el mojito. En nuestro oficio se come mucha mierda, pero mucha. No encuentro las ganas de seguir haciendo cine. Poco a poco me he dado cuenta de que lo único que interesa a los socios de esta empresa de Les âmes fortes es que yo no haga olas, que no diga, por ejemplo, que el film ha sido intervenido y distorsionado” (27 de marzo del 2001: II, 482).

También le molestan las exigencias de Isabelle Huppert en Comédie de l’innocence (2000). Uno de los episodios más graciosos ocurre con Salman Rushdie, de quien adapta El suelo bajo sus pies durante varios meses. Hasta el 17 de marzo del 2001: “Los cambios pedidos y ejecutados ya por Rushdie son pura y simplemente la totalidad del film. Se puede resumir su actitud en la proposición siguiente: sacar a su servidor del proyecto. Ninguna de mis ideas de puesta en escena es considerada aceptable” (I, 476-477).

La desagradable conclusión es que, tratándose de cine, nadie piensa en otra cosa que el éxito. El público está antes que la obra. Está antes y durante, porque si no la certifica como un éxito, la va asesinando en su proceso de existencia.

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Otra consecuencia indeseada de este modo de trabajar es que muchos proyectos quedan suspendidos o inconclusos, como lo experimentó muchas veces Orson Welles. Palomita blanca (1973-1992) fue afectada por las circunstancias políticas, pero ése no fue el caso de la recién recuperada La telenovela errante (1990-2017), ni del muy poco visto Tango del viudo (1967), su primer largo, que podría ser restaurado pronto. Edipo y Responso: Homage to Huub Bals (1989-2004) fueron terminadas después de 15 años; Miotte vu par Ruiz (2001) demoró siete; y su única película china, Comédie des ombres (1996), quedó inconclusa, igual que la chilena El pasaporte amarillo (2009).

Con una rara inadvertencia de su propia experiencia, cuando le piden desde Nápoles una conferencia sobre “Lo inconcluso” Ruiz piensa en los casos legendarios: Don Quixote, de Welles; Arruza, de Budd Boetticher… Un mes después, cuando va a exponer el mismo tema en Saint-Malo, ya se ha dado cuenta y empuja hacia la conclusión opuesta: no existen las películas terminadas (excepto quizás las de Bresson, dijo alguna vez), todas podrían derivar en otras.

Éste es uno de los aspectos capitales del cine de Ruiz: su lucha contra el concepto de “conflicto central” expresa su convicción de que tal conflicto no puede existir porque en el mundo real (o en el real de la psiquis) únicamente existen “conflictos descentrados”, que se abren a otros mundos, otros sujetos, otras historias. Su arte expresa una visión del mundo constituida por asociaciones, series, combinaciones, aperturas y —una de sus palabras favoritas— circulaciones.

Estas circulaciones no son abstractas: por ellas pasan las vidas infinitas de cada persona, que sin embargo tienen un cierre concluyente: una sola muerte. La muerte suspende el carrusel de la vida, y el agnóstico Ruiz no encuentra salida a esta constatación, ni siquiera en la física fantástica.

Nadie más ve el cine de esta manera. Y nadie más lo filma así. El cine de Ruiz es de una originalidad tan radical, que sólo con una enorme tenacidad pudo construir una filmografía tan voluptuosa en un medio donde las cosas se comprendían de otra manera. En noviembre de 1993, por ejemplo, recuerda “una discusión con John Hurt y su esposa, Joan, en Estremoz, hace dos años, en que John no conseguía entender cómo se podía hacer films con historia sin servirse de la premise” (I, 24). O esta afirmación, que sonará un poco más familiar para los cinéfilos: “…desde siempre, desde hace más de 30 años, considero al guión y a la buena actuación como los principales obstáculos para transmitir una emoción específicamente cinematográfica” (21 de julio de 1995: I, 97). Otra: “Si en poesía se puede decir que el lenguaje se va de vacaciones, en cine se puede decir que el mundo real se va de vacaciones” (22 de febrero del 2003: II, 126).

Está consciente de la relativa soledad a la que lo llevan sus definiciones: “El gusano que susurra ‘lo que haces en cine ya no se hace’ se construye un camino hacia la capital federal de mi corazón. Trato de detenerlo repitiendo: ‘De todas maneras lo que hago nunca se hizo demasiado’. Nada que hacer. Una nueva generación de cinéfilos se encoge de hombros frente a mis collages y caleidoscopios” (2 de diciembre de 1993: I, 36-37).

El 24 de septiembre de 2002, terminando el festival de San Sebastián: “Pasaron ayer las seis horas de Cofralandes y fueron vistas por poquísima gente. En el último episodio, que es el que me gusta más, no había nadie. (…) Hay que rendirse a la evidencia de que mis films no interesan nada. Los únicos curiosos, aparte de los amigos, eran franceses. He tratado de leer un poco, pero las comilonas me han abotargado el seso” (II, 62).

Esta jubilación melodramática tiene poco que ver con la posición que Ruiz alcanzó en las grandes ligas de la cultura europea. Fue un hombre que pudo registrar un cierto día cualquiera, digamos el 1° de diciembre de 2000, esta agenda: almuerzo con Santiago Amigorena y Salman Rushdie; tarde con Paolo Branco; y cena con Giorgio Agamben. O, en otro día cualquiera, almuerzo con el crítico Philip Lopate intervenido por el cineasta israelí Amos Gitai y el productor Tom Luddy, quien los arrastra a todos a un pícnic por el cumpleaños de Werner Herzog, donde ya están Otar Iosseliani, Elia Kazan “y otros” (5 de septiembre de 1999).

Y, como hijo de sus tiempos, añora también la fiebre de otras épocas, según anota en noviembre de 1997: “Nuestro oficio o arte está desapareciendo. Nada queda del entusiasmo de los años 60 por la remoción de un cine anquilosado. Hoy lo está más que nunca (comprendido el que yo hago). No hay magia en nuestro trabajo” (I, 204).

Hay que tomar con pinzas estas ráfagas de pesimismo. Un recuento no exhaustivo de sus juicios sobre sus propias películas deja ver el recuerdo feliz de L’hypothèse du tableau volé (1978), la película que lo instaló en la cultura francesa; la felicidad de los rodajes de Les trois couronnes du matelot (1983) y Le temps retrouvé (1999); la alegría de haber logrado excelentes resultados con bajísimos presupuestos en Le territoire (1981) y Viaggio clandestino – Vite de santi e di peccatori (1994); la memoria contenta del trabajoso documental Miotte vu par Ruiz (2002); el orgullo artístico por La chouette aveugle (1987) y Combat d’amour en songe (2000); los sentimientos personales envueltos en Le domaine perdu (2005); la satisfacción con los “proyectos chilenos”, Días de campo (2004) y las series Cofralandes (2002), La recta provincia (2007) y Litoral (2008); la melancolía por los días de Trois vies et une seule mort (1996), muy vinculada al recuerdo de Mastroianni...

La filmografía de Ruiz es la clamorosa victoria de un artista por sobre la rapacería y el facilismo.

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El “método” de Ruiz es lo más cercano a rumiar. Enfrentado a un proyecto cualquiera, piensa, lee, conversa, oye música, mira pinturas, divaga. Frente al desafío más grande de su carrera, adaptar la principal obra de Proust, pasa meses sin hallar la forma de abordarlo. Hasta el 21 de marzo de 1997: “Conversación con Emilio [del Solar].[5] En un momento me dice: ‘El tiempo recobrado es un texto místico’ y esta sola frase me abre los ojos: es lo único que me ha interesado en este libro, que leo con tanta dificultad desde hace dos años buscando encontrar un equivalente fílmico. Inmediatamente me levanto de la mesa y llamo a Paulo y en dos minutos nos ponemos de acuerdo. Será el próximo film” (I, 148).

Durante la primera mitad de 1998, los problemas que plantea la adaptación de Proust se toman el mundo de Ruiz. En paralelo, escribe poesía (en algún momento habla de unos 400 sonetos, más siete novelas a la espera) y se intensifica el sentimiento de la muerte. Pero Ruiz lleva sus notas en cuadernos livianos, y a menudo los pierde. Todas las ideas del proyecto escritas entre abril y septiembre de 1998 están entre esas pérdidas.

El 27 de septiembre: “Están casi todos los actores que dan que hablar, y no los he buscado verdaderamente. Se ha producido un torbellino de interés en torno a la cosa proustiana. Y aquí me encuentro, como siempre, sin la plata necesaria pero con el presupuesto más ‘consecuente’ que un latinoamericano haya tenido jamás” (I, 298).

Y al día siguiente: “Tengo en claro que he conseguido algo así como el equivalente visual del estilo de Proust y, al mismo tiempo, un condensado de mis propios tics de estilo. Todo lo que sé hacer en cine lo he puesto ahí (y no es poco)” (I, 300).

En noviembre, ya avanzado el rodaje: “…tengo la sensación (y no soy el único) de que la inspiración y la gracia han tocado a este film. Hacía años que no había sentido un film tan desde dentro. Todo en él me parece ahora evidente, emocionante. Es como hacer de nuevo mi primer film. Por otro lado, los resultados, desde un punto de vista técnico, son muy buenos. Ricardo [Aronovich] parece feliz de hacer libremente la luz que le gusta. La realidad es ésa. Todos han sabido servirse de la libertad que les doy” (I, 309).

Se trata, eso sí, de un caso excepcional. Valeria Sarmiento dice que no había visto a su marido tan contento desde Les trois couronnes du matelot, otra de sus obras maestras.

Pero antes de un año, en el rodaje de una de sus películas favoritas, Combat d’amour en songe (2000), hay otro momento parecido: “Dos días felices de filmación. Se produjo el déclic y la imaginación visual, que permite multiplicar el sentido, y la intensidad de las escenas escritas empezó a ponerse en marcha. Acácio [de Almeida] le perdió el miedo al uso de espejos y de split, mesmerizer y otros artefactos. Los actores entraron completamente en el juego” (I, 391).

Aunque a Ruiz le suscita sentimientos encontrados, la evolución del rodaje de Ce jour-là es cautivante. 15 de septiembre del 2002: “Anoche se precipitó la primera imagen de Ce jour-là: una gota de agua que cae sobre la mejilla de Livia cuando encuentra por primera vez al loco asesino y todas las posibles declinaciones de la gota de agua” (II, 61). 16 de octubre: “Tercer día de filmación en el café de Saint-Georges. Todavía no he tenido tiempo de hacer ‘cantar’ al decorado (…) Todavía no he conseguido darle un ritmo particular a los diálogos del café. Siempre termina por salir a flote el diálogo ligado, demasiado ligado” (II, 68). 9 de noviembre: “Ayer tuve un día que dio el tono a todo el film. Un verdadero salto en el vacío. Sin redes. Creo que está ganado. En el viaje de vuelta (…) tuve sueños en los que se mezclaban el film y otras imágenes terribles. No se filma el crimen impunemente” (II, 73).

La cuestión del déclic, el momento cuando todo fragua, es central en el “método” Ruiz. El Diario registra numerosos casos en que, durante el sueño, al despertar o en momentos inesperados, Ruiz ve el film, es decir, lo completa en su imaginación, aun cuando pueda al mismo tiempo estar tan incompleto como el guión de Nucingen Haus (2008): “Siempre me sorprendo al escribir las últimas páginas de un guión y darme cuenta de que no sospechaba tal final hasta horas antes, a veces minutos antes, de poner la palabra FIN. Empiezo a filmar en diez días” (II, 476).

En otros pocos casos hay un accidente desencadenante, como el 27 de noviembre del 2006, en el aeropuerto de Londres camino a Madrid: “Leí lo siguiente en Fantasmas y almas en pena de Lecouteux: alguien encuentra un fémur seco. Lo usa para hacer una flauta. La flauta canta y cantando pide venganza contra aquellos que lo han asesinado” (II, 453-4). Unas semanas más tarde, la imagen deviene central en el rodaje de La recta provincia (2007), la serie de cuatro capítulos que constituirá su más joyeuse reconciliación con Chile.

Todos los que trabajaron con Ruiz recuerdan sus repentinas ausencias del rodaje, de las que regresaba con diálogos nuevos, recién inventados, muchas veces para cambios radicales en la trama. Este lado de cineasta lúdico, improvisador, se combinó siempre de una extraña manera con el profesional que siempre llevaba su fotómetro para medir la luz circundante y que disponía ángulos y focos de la cámara con estricta seguridad.

Lo que Ruiz amaba más del cine eran los rodajes, los momentos que disfrutaba y, según parece, que también gozaban sus equipos. Catherine Deneuve consideró que “se hizo justicia” cuando supo que tendría un papel en Le temps retrouvé, Sharon Stone se ofreció para trabajar en A closed book y Michel Piccoli se entusiasmó con muchas de sus ideas no realizadas. Entre los fotógrafos, pasó a ser una leyenda después de trabajar con Henri Alekan en los 70. Y entre decoradores y vestuaristas era no menos que un titán.

Valeria Sarmiento puso en el comienzo y el final de la reconstituida La telenovela errante algunas imágenes del rodaje que dejan ver la gloria de la filmación. Mejor aún, dejó en el cierre de su película póstuma, La noche de enfrente (2011), la voz de Ruiz ordenando “¡Rompan filas!” y “¡Corten!”, un instante escalofriante que parece introducir a la película en otra dimensión, inabarcable, imposible.

Con todo, lo más importante en el caso de La noche de enfrente, cuyo rodaje termina tres meses antes de la muerte de Ruiz, es que el equipo advierte lo que está por suceder sin que el mismo director se dé cuenta de ello. Así relata ese homenaje, el 1° de mayo del 2011: “No es más que una pequeña libreta de notas escolares, en la que cada cual escribió algunas líneas de despedida. Y ahí está el problema. Me siento despedido, llorado, añorado. Gran consuelo, sin embargo: los miembros más modestos del equipo, los obreros, vestuaristas, maquilladoras y asistentes, usan como elogio la palabra ‘humilde’. Sonrisa y humildad. Yo no me veo ni muy sonriente ni muy humilde, pero parece que así me ven. Tanto mejor” (II, 602).

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El Diario deja muy en claro que Ruiz se consideraba, más que un cineasta, un artista. Hizo teatro, danza, ¡ópera!, instalaciones, novela, poesía, teoría y hasta algo de música. No aceptaba ser medido o comparado de manera liviana. En el matrimonio de Melvil Poupaud, el 11 de julio de 1999, se encuentra con un sobrino de Proust cuya familia había intentado frenar judicialmente el proyecto de Le temps retrouvé: “En un momento me dijo: ‘Lo que más lamento es que Visconti no haya hecho el film’. Yo le contesté: ‘Es mejor que lo haya hecho yo, primero porque soy mejor, y segundo porque Visconti era aristócrata y no tenía la distancia ni la oblicuidad de un pequeño burgués como usted y como yo” (I, 333).

Los elogios no lo dejan indiferente. El mismo Poupaud le cuenta, en diciembre de 1993, que el crítico y cineasta Luc Moullet lo considera su cineasta favorito y que ha visto La lechuza ciega más de 10 veces. “En fin, estas cosas suben el ánimo” (I, 49).

23 de marzo del 2000: “Leí el texto que [Charles] Tesson escribió sobre mis films y es impresionante la cantidad de films míos que ha visto. Me ha dicho cosas muy simpáticas, muy emocionado. No supe mucho qué contestar. A Emmanuelle [Béart] le dijo que sólo Fellini y Kurosawa lo habían impresionado tanto como su servidor. Ayuda en estos tiempos duros” (I, 403-4). Y, con más humor, el 10 de marzo de 1995: “Todos me repiten que soy ‘muy conocido en Taiwán’. Pero yo he escuchado eso antes en Palermo y en Atenas” (I, 69).

No es sólo esto: le importa tanto la valoración de algunos críticos, que traba amistad con ellos, hasta un punto que desborda la ya extraordinaria sociabilidad de Ruiz, su naturaleza de conversador y flâneur. La excepción resonante es Cahiers du Cinéma, a la que detesta, y es una lástima que el Diario no registre el momento y el motivo de su ruptura con la revista que lo consagró como uno de los cineastas canónicos en su legendario número monográfico de 1983. En cambio, siente simpatía por su eterno rival, Positif, y por su fundador: “Hablé con Michel Ciment, que había visto Une place parmi les vivants. Me dijo: ‘Conseguiste sorprenderme una vez más’” (22 de junio del 2003: II, 165).

Guy Scarpetta es un visitante frecuente de su casa. Durante el período de preparación de Le temps retrouvé, el invitado opina, discute y propone ideas acerca de Proust. No hay evidencia de que Ruiz las tome en cuenta. Pero el 28 de septiembre de 1999 anota: “He leído atentamente el artículo de Guy Scarpetta en Positif. Impresionante hasta qué punto ha seguido los meandros de mi trabajo en Le temps retrouvé” (I, 357). ¡Era que no!

En enero de 2003 da cuenta de una serie de entrevistas que le da a otro crítico amigo, Benoît Peeters: “…duró una hora y media. Evocamos los años de cineasta durante la UP” (II, 99). Después de su muerte, Scarpetta y Peeters publicaron un elegante libro constituido por algunos análisis sobre películas selectas y la extensa entrevista de Peeters.[6] Era que no.

En octubre de 1998: “Mientras esperaba a Matteo leí un par de capítulos del libro sobre Ozu de [Youssef] Ishaghpour. Me deprimí. En un momento descarta todo el cine occidental por dramático y subjetivo y, por lo tanto, no cine. Me sentí atacado. Esos libros permiten remover siempre mi fondo moralista y me hacen sentir culpable y frívolo” (I, 305). Seis meses después almuerza con Ishaghpour, que en los años siguientes escribirá algunos de los más agudos y favorables textos críticos sobre Ruiz.[7] Era que no.

En algún momento, los festivales europeos, en los que las películas de Ruiz han estado siempre presentes, parecen rebelarse: en 2005, Le domaine perdu es rechazada en Locarno, Berlín y Cannes, “lo que me cuesta entender, porque es una de las películas de las que estoy más contento” (II, 369). El mismo año Klimt es rechazada en Venecia: “No me queda más que aceptar que los enemigos existen” (II, 374). Tres años después, Venecia rechaza también Nucingen Haus: “De a poco me van marginalizando. Pero sigo resistiendo contra el cine Unesco-Benetton (…) La contienda es desigual” (II, 535).

Sería difícil imaginar estos (y otros muchos) rasgos de Ruiz sin que él mismo los hubiera dejado ver. No hay que atribuirlo al descuido: éste es un Diario extraordinariamente autoconsciente, sobre cuyo sentido se interroga el autor una y otra vez. En algún caso llega hasta el autorretrato, como el 22 de abril de 1996: “He leído algunas páginas de este diario tratando de ubicar el punto en que empiezo a volverme personaje. No hay tal punto: el personaje aparece y desaparece. ¿Quién es? De lo que leemos nos enteramos que lee mucho (no es cierto), que tiene una enorme curiosidad (trata de tenerla), que padece de inclinaciones a la pose (exacto, pero ¿qué pose?)” (II, 111).

Es un Diario que se extravía una y otra vez y que por eso produce un raro efecto de desequilibrio entre años y meses. El año con más volumen de páginas (146) es 2001, uno de los pocos en que sólo concluyó una película; el 2003, cuando terminó cuatro cintas, ocupa 130 páginas. Pero 1994 se agota en 13 páginas y el 2006, en 43, siendo años de alta producción fílmica. Aun teniendo en cuenta los fragmentos que no fue posible descifrar y los varios cuadernos perdidos, ¿cabría acaso esperar un documento más euclidiano de Raúl Ruiz?

El aspecto doloroso del Diario son los proyectos no realizados: las experiencias que pudieron ser las adaptaciones de Stevenson (Dr. Jekyll & Mr. Hyde) y Chesterton (El hombre que fue jueves) o, en un cineasta que admiró la forma histórica de Rossellini en Hechos de los Apóstoles, sus versiones de Port-Royal, Cagliostro y Sacher-Masoch.

Aunque nada resulta tan inspirador como un párrafo del 24 de abril del 2006 acerca de un proyecto para el cual quizás no exista un cineasta más adecuado: “Notas para La Gabriela: 1) Archivos de voces de radio. 2) Micrófonos (Marcos de Aguirre). 3) Maquillaje de época (Crema del Harem, Ponds, Glostora, gomina Brancato, jugo de limón). 4) Afiches de propaganda. 5) Cronologías varias. 6) Motores de autos de la época. 7) Motores de trenes. 8) Nieve, lluvia, viento. 9) Instrumentos médicos de la época. 10) Pregones. 11) Volantines. 12) Empedrados. 13) Teléfonos. Estructura en doble espiral y en friso” (II, 436).

El Diario de Ruiz es una obra literaria sólo a medias, en cuanto que su otra mitad son las películas, pero es la memoria creativa más interesante jamás producida por un cineasta, desde la austera Linterna mágica, de Ingmar Bergman, hasta la hilarante Mi último suspiro, de Luis Buñuel; desde las elusivas Memorias inmorales, de S.M. Eisenstein, hasta la cómica Cómo hice un centenar de películas en Hollywood y nunca perdí un centavo, de Roger Corman; desde la reflexiva Mi vida y mi cine, de Jean Renoir, hasta la chismosa Por dentro do Cinema Novo, de Paulo César Saraceni.

Hay que rechazar la tentación de decir que el Diario de Ruiz es su última gran película. No es así. El cine escrito es tan imposible como su contrario. En algún momento Ruiz declara su nostalgia por los Diarios (1969) fílmicos de Jonas Mekas, otro formidable cineasta con el que se admiraban mutuamente. Pero Ruiz decidió escribir y esa elección tiene ahora una resonancia diferente, el valor de un testamento que ni él mismo, ni sus lectores, llegarán a comprender enteramente, porque es una voz que sigue luchando contra lo indecible, la ausencia, la muerte, la maldita una sola muerte. EP

1 Este libro es complementario con otro anterior, una valiosa recapitulación de entrevistas y declaraciones también editada por Bruno Cuneo: Ruiz. Entrevistas escogidas, filmografía comentada (Santiago: UDP, 2013).

2 Raúl Ruiz, Diario. Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas (1993-2011). Edición de Bruno Cuneo (Santiago: UDP, 2017), volumen I, 105. En adelante, el Diario se citará tan sólo con el número de página entre paréntesis, antecedido del volumen.

3 Adrian Martin, ¿Qué es el cine moderno? (Santiago: Uqbar Editores, 2008), 133.

4 Ver “Ruiz, el crítico” en este mismo número de Estudios Públicos.

5 Junto con el poeta Waldo Rojas, vecino y compañero de juventud, el amigo chileno más influyente de Ruiz en París parece ser Emilio del Solar, matemático, músico e hijo del escritor Hernán del Solar, cuyos cuentos inspiran La noche de enfrente.

6 Guy Scarpetta y Benoît Peeters, Raoul Ruiz, le magicien (París: Les Impressions Nouvelles, 2015).

7 En verdad, Ishaghpour había mostrado su admiración por L’hypothèse du tableau volé en el número especial de Cahiers du Cinéma de 1983. Su texto se puede hallar en Valeria De los Ríos e Iván Pinto, eds., El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios (Santiago: Uqbar Editores, 2010).

DOCUMENTO

RUIZ, EL CRÍTICO

Ascanio Cavallo

Crítico de cine

Ascanio Cavallo. Periodista de la Universidad de Chile. Columnista político del diario La Tercera y crítico de cine de la revista Sábado de El Mercurio. Director de la Colección Cine de Uqbar Editores. Ex director del diario La Época y de revista Hoy. Entre sus libros figuran La historia oculta del régimen militar, con Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda (1988), y La historia oculta de la transición (1998). Email: ascanio.cavallo@ tironiasociados.com.

Estudios Públicos agradece a Valeria Sarmiento, viuda de Raúl Ruiz, la autorización para reproducir aquí estos extractos del Diario.

Resumen: La reciente publicación de Diario. Notas, recuerdos y secuencia de cosas vistas, de Raúl Ruiz, permite tener acceso a lo que el director pensaba de las películas que veía en su vida cotidiana. Ascanio Cavallo recopiló estas notas esparcidas a lo largo de los dos volúmenes que componen esta publicación.

Palabras clave: Raúl Ruiz, cine, diario.

RUIZ AS CRITIC

Abstract: The recent publication of Raúl Ruiz’s Diario. Notas, recuerdos y secuencia de cosas vistas has provided insights into what the director thought of the films he saw in his daily life. Ascanio Cavallo gleaned these scattered notes from the length of this two-volume publication.

Keywords: Raúl Ruiz, cinema, diary.

A lo largo de los dos volúmenes de su Diario[1], Raúl Ruiz registra breves comentarios de las películas que ve, algunas de ellas en salas de cine y la mayoría en formatos caseros. En muchos casos son revisiones de cintas que conoció en el pasado. La siguiente es una recopilación de los comentarios que registra, ordenados por sus fechas de realización:

Las manos de Orlac (Orlacs Hände, Robert Wiene, 1924): “Una de las fábulas más crueles y fascinantes de la historia del cine”. “Creo que se puede ir más lejos en la descomposición del cuerpo (justamente lo menos ajeno al resto del cuerpo son el tema y el pretexto del film)”.

Gunga Din (George Stevens, 1939): “Racismo y colonialismo insoportable. No llegué al fin”.

El ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941): “El final sigue siendo impresionante, sobre todo la escena en que su mujer lo deja y empieza a destruir la habitación y termina diciendo ‘Rosebud’”.

Los verdugos también mueren (Hangmen also Die, Fritz Lang, 1943): “Impresiona la virtuosidad del guión y de la puesta en escena. Los actores alemanes actúan en el más puro estilo expresionista y los americanos, que representan al pueblo checo, en una especie de realismo al límite del recto tono. Juegos de luz y de sombra expresionista de J. Wong Howe que debieron parecer extemporáneos en la época y que hoy parecen funcionales. Bellísimos”.

La venganza de la mujer pantera (Curse of the Cat People, Robert Wise y Gunther V. Fritsch, 1944): “Una réplica a La mujer pantera filmada a la manera de Tourneur. Atmósfera inquietante sin que nada lo sea particularmente. Un pueblito apacible de Estados Unidos. Una niñita soñadora. Una madre, antigua actriz, que vive con su hija, a la que acusa de impostora (‘mi verdadera hija murió a los 6 años’, dice, y la niñita soñadora tiene justamente 6 años)”.

El ladrón de cuerpos (The Body Snatcher, Robert Wise, 1945): “Impecable y con mucha carga poética. Exploración del lugar común mediante la multiplicación de elipsis (el asesinato de la mendiga ciega, mostrando la calle vacía y la voz de la mendiga que canta y simplemente deja de cantar)”.

En legítima defensa (Quai des Orfèvres, Henri-Georges Clouzot, 1947): “Admirable documento de época: París sucio, frío, inhóspito y gris. Pura poesía (…) y una enorme humanidad. Cariño por la gente, hasta los más odiosos”.

Arenas de Iwo Jima (Sands of Iwo Jima, Allan Dwan, 1949): “Admirable. Aprendí algunos trucos técnicos”.

La heredera (The Heiress, William Wyler, 1949): “De largo aliento y más Wyler que Wyler”.

Con las horas contadas (D.O.A., Rudolph Maté, 1949): “Curioso ejemplar de la serie B, con decorados exteriores en las calles con verdaderos transeúntes. Una historia al límite de lo onírico”.

Prisión (Fängelse, Ingmar Bergman, 1949): “Muchísimas ideas tiradas a la chuña, pero se siente lo que vendrá. La idea del mundo como infierno que tiene el profesor loco no es muy distinta de la que describe Swedenborg en Arcana Cælestia. El infierno es el mundo. La venida del demonio en gloria y majestad es inminente. Lo primero que va a hacer es juzgar al piloto que tiró la bomba atómica en Hiroshima como criminal de guerra. Prohibirá las bombas atómicas. Va a combatir la polución provocada por las industrias”.

La ronda (La ronde, Max Ophüls, 1950): “Admirable y algo hostigosa, pero hay mucho que aprender del ritmo, a la vez nonchalant y tendu”.

La muerte en un beso (In a Lonely Place, Nicholas Ray, 1950): “Como siempre, y sea cual sea el guionista, se las arregla para desorientar. La sospecha es más fuerte que la realidad. Humphrey Bogart está marcado de tal manera, que todo hace pensar que es un asesino, hasta tal punto que aunque no lo sea lo es”.

Infierno en las nubes (Flying Leathernecks, Nicholas Ray, 1951): “Algo deshilvanada. Perezosa. Los combates aéreos, confusos. Es evidente que la mezcla de actualidades y ficción funciona menos en colores”.

Los cuentos de Hoffmann (The Tales of Hoffmann, Michael Powell, 1951): “De un kitsch desarmante”.

Cuando me vaya (Tito Davison, 1954): “Lo recordaba de cuando tenía ocho años. Me habían quedado algunas imágenes fuertes. Descubrí con sorpresa que muchas imágenes-tableaux del film se las puede encontrar dispersas en muchas de mis películas (…). Al mismo tiempo el film es un ejemplo clarísimo de la estructura de un melodrama mexicano: no importa cuánto luches por conseguir algo. Si se te da es porque la divinidad lo habrá querido, independientemente de tus obras. En cierto sentido, más vale rogar y rezar que obrar (¿islam?, ¿protestantismo?)”.

Mr. Arkadin (Orson Welles, 1955): “Hacía unos cinco años que no la había vuelto a ver. Me gustó más. Se entiende su frescura de público porque transmite el poco interés por la intriga (problema que conozco) y sobre todo porque no hay personajes atractivos, sólo una situación en forma de círculo vicioso. En cierto sentido se la puede tomar como una alegoría de la Inquisición (Quiero saber todo sobre X, salvo que X soy yo mismo)”.

Más corazón que odio (The Searchers, John Ford, 1956): “La carga de racismo y colonialismo es tan grande que no deja ver la virtuosidad narrativa y la eficacia de la puesta en escena”.

Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958): “Impresionante. Riqueza de recursos. Exceso que da la impresión de estilo simple, depurado. Dépouillement par l’excés”.

Ben Hur (William Wyler, 1959): “No la había visto desde que salió, en los años 60. Impecable puesta en escena, salvo las bacanales, como siempre, con gusto a opereta. Diálogos ejemplares. Y hay discurso implícito. Los personajes empiezan a actuar como cristianos sin darse cuenta. Ben Hur se pregunta por qué salvó al centurión y el centurión se pregunta por qué salvó a Ben Hur”.

La jetée (Chris Marker, 1962): “Sigue conservando un aspecto enigmático, que se compone bien con el romanticismo (viaje en el tiempo, historia de amor, estupor en los rostros, blanco y negro contrastados). La idea implícita es que vivimos en un mundo de loops, de sinfines que se ligan entre ellos según frecuencias diferentes”.

El sirviente (The Servant, Joseph Losey, 1963): “Me pareció mucho menos surreal y más social, no estoy seguro qué sea mejor (…) Un poco como Godard, el exceso de percepción de los detalles me ha hecho perder la impresión de irrealidad mágica. De todas maneras un gran film”.

El llanto del ídolo (This Sporting Life, Lindsay Anderson, 1963): “Académico, pero curioso en la economía de los hechos mostrados”.

El desprecio (Le mépris, Jean-Luc Godard, 1963): “Sigo pensando que el film es sobre el desprecio del cine. Un emotivo homenaje a Fritz Lang”.

La Gorgona (The Gorgon, Terence Fisher, 1964): “Recuperé el gusto por el cine torvo e ingenuo que solía ver a fines de los años 50”.

Los códigos (Szyfry, Wojciech Has, 1966): “Película impresionante por su fuerza poética y su intransigencia”.

Los rojos y los blancos (Csillagodok, katonák, Miklós Jancsó, 1967): “He conseguido recuperar un poco de modestia, lo que me permite aceptar que tengo mucho que aprender de Jancsó” [La verá de nuevo].

Una historia inmortal (Histoire inmortelle, Orson Welles, 1968): “Esta vez me di cuenta del equilibrio poético del montaje. Hay algunos silencios muy inspirados por los que circula una corriente subterránea que yo llamaría ‘coral’. El eco de todas las historias contadas y ‘mentidas’ por los anónimos marineros. La luz algo aproximativa. Lo que había visto como pobreza (cheap) es rigor extremo”.

Malpertuis (Harry Kümel, 1971): “Me impresionó mucho más que la primera vez. Renuncia a toda progresión dramática para privilegiar la atmósfera”.

La puerta del cielo (Heaven’s Gate –The director’s cut, Michael Cimino, 1980): “Cuatro horas bastante sorprendentes. A ratos impresionante y sobre todo es muy bueno ver a un cineasta que se toma su tiempo en escenas en que se mofa de la narratividad obligatoria en nuestros días. Al salir quedé algo obnubilado”.

¿Qué hora es? (Che ora é, Ettore Scola, 1989): “Algunas escenas de buen cine y mucho remplissage”.

La nota azul (La note bleue, Andrzej Zulawsky, 1991): “Frenético y caótico, pero fascinante. Sólo que después de una media hora el tono tenso y galopante se vuelve monótono”.

El beso de la muerte (Kiss of Death, Barbet Schroeder, 1995): “Me dejó groggy y perplejo. La película me parece perfecta, pero transmite tal violencia y disgusto que no sé qué pensar”.

Marcianos al ataque (Mars Attacks!, Tim Burton, 1996): “Aburrida y ruidosa. Tim Burton es un gagman, pero no un cineasta. Ninguna preocupación por el conjunto de signos: recarga y descarga sin dejar ninguna posibilidad de ver, porque no hay nada que ver. Los elementos no se asocian ni disocian. Efecto discoteca. Valeria y yo volvimos deprimidos”.

El mundo perdido: Jurassic Park (The Lost World: Jurassic Park, Steven Spielberg, 1997): “Un horror. Infantilismo malsano, procaz”.

Cara a cara (Face/Off, John Woo, 1997): “Ingeniosa, pero con el énfasis de los dibujos animados. No hay ninguna razón para que los zombies de Cahiers du Cinéma se sobreexciten (por muertos que estén)”.

Hombres de negro (Men in Black, Barry Sonnenfeld, 1997): “A menudo, en las últimas películas de gran espectáculo, hay debajo de todo una idea loca que pronto es banalizada, pero que justifica el interés que despierta en el gran público. Aquí, los invasores de otros planetas están entre nosotros, pero son como trabajadores emigrados en espera de un permiso de trabajo”.

Pequeños inquilinos (The Borrowers, Peter Hewitt, 1997): “Pasamos un buen momento: efectos especiales extraordinarios. Poesía, cero”.

Contacto (Contact, Robert Zemeckis, 1997): “Perplejo por la fascinación que provocan los elementos adictivos y por el academicismo y la ausencia de emoción cinematográfica”.

La celebración (Festen, Thomas Vinterberg, 1998): “Película de adolescentes en que juegan las imágenes video a la manera de un film de familia”.

Shakespeare enamorado (Shakespeare in Love, John Madden, 1998): “Buen trabajo de Tom Stoppard, juego de espejos entre una comedia ‘a lo Shakespeare’ y el trabajo de escritura y montaje de Romeo y Julieta. Ligereza sospechosa”.

Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999): “Admirable a pesar de algunas faltas de gusto en la escena de la orgía (sobre todo el aspecto ‘misa negra’ revisada por Arias en el Folies Bergère, pero basta de maldades. Todo eso puede ser aplicado a mí con más pertinencia. Pero él era rico y yo no. Voilà)”.

Belleza americana (American Beauty, Sam Mendes, 1999): “Sin interés”.

Kedma (Amos Gitai, 2002): “Impresionante. Buena fisiología. El lugar y lo que tuvo lugar y lo que tiene lugar y siempre el lugar. ¿Qué es territorio sagrado? Enterrado, desterrado o encerrado y siempre aterrado. No hay territorio sin mesías”.

La sonrisa de mi madre (L’ora di religione, Marco Bellocchio, 2002): “Debe ser uno de los films que persiste con más intensidad en combinar un clima onírico con una perspectiva política. Una vez más sin conseguirlo. Y sin embargo era para seguirlo. Y sin embargo esa persistencia en el error es parte constitutiva del mundo de Bellocchio, el cineasta italiano más cerca de Pirandello”.

Sweet Sixteen (Ken Loach, 2002): “El Free Cinema está de vuelta: la misma indignación muy bien combinada con una atmósfera poética como las primeras películas de T. Richardson, de Karel Reisz y de… Ken Loach (…) El tránsito casi indiscernible de la infancia revoltosa al negocio del crimen. Poesía permanente”.

El arca rusa (Russkiy kovcheg, Alexander Sokurov, 2002): “Hoy he tenido [un] shock profundo: el film de Sokurov es un hito en la historia del cine”.

Tres noches de un sábado (Joaquín Eyzaguirre, 2002): “Me entretuvo por momentos, me interesó. Mucho material un poco demasiado encima, amontonado (…). El pecado original de todo el cine chileno y parte del latinoamericano es la falta de un principio dinámico de puesta en escena”.

El gran ladrón (The good thief, Neil Jordan, 2002): “Hay más cine que en las últimas películas que hemos visto, pero no puede compararse con Bob, le flambeur, de J.-P. Melville, que le sirve de modelo. Simplemente porque Bob, le flambeur es un film más elegante, en el sentido de la palabra que les dan los matemáticos a ciertas demostraciones”.

El americano (The Quiet American, Philip Noyce, 2002): “Hay una sola (partícula alegórica): en un momento hay un atentado y el indirecto responsable, un agente de la CIA, de manera ambigua trata de ayudar y al mismo tiempo distanciarse de los hechos (la política exterior americana de aquellos años). Un americano saca su pañuelo y trata de limpiar la sangre que mancha sus zapatos. La imagen tiene algo de solecismo visual, que tanto interesaba a Klossowski: un símbolo que por su ambigüedad acentúa el enigma”.

La guerra de los mundos (War of the Worlds, Steven Spielberg, 2005): “Una imagen que se me quedó: un tren de alta velocidad cruza la escena, el tren está en llamas”.

La vida de los otros (Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006): “Film académico, pero eficaz, sobre la Stasi y sus métodos para controlar el país. Buen manejo de la estructura en tres actos tal como la concibió y explicitó Ibsen: un policía rígido y de convicciones, cargado, transido de la panoplia de ideales comunistas: socialismo y tortura. Y luego sus ideales se van quebrando, horadados por pequeños incidentes. Sobre todo por el recuerdo sentimental de una infancia comunista, el recuerdo de poesías de Brecht, de la música de Eisler. La confrontación tácita con el poeta vigilado y perseguido. Novedades: el conflicto no es explícito y no pierde nunca su riqueza metafórica”.

Belle toujours (Manoel de Oliveira, 2006): “Fuimos con Valeria (…). Nos gustó mucho a los dos. A mí me comunicó las ganas de filmar sobre La casa gótica [de Wilhelm Jensen]”.

La Reina (The Queen, Stephen Frears, 2006): “Un verdadero festival de pintura académica y unos planos curiosos, pero todo lo que puede ser detestable y bien hecho”. EP

1 Raúl Ruiz, Diario. Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas (1993-2011), edición de Bruno Cuneo (Santiago: UDP, 2017). Este libro es reseñado por Cavallo en este mismo número de Estudios Públicos.